Las actuaciones medioambientales de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba en el último año completo del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, consultado por este periódico, señala que hubo más de un centenar de infracciones penales y 92 detenidos o investigados en este ámbito.

La estadística del Ministerio, que corresponde al año cerrado de 2024, contempla las actuaciones en seguridad ciudadana dentro del ámbito de la Conservación de la Naturaleza y ofrece los datos por provincias. Así, en la de Córdoba hubo un total de 1.412 actuaciones medioambientales de la Guardia Civil durante todo ese año.

Ese dato supone que la provincia de Córdoba fue la que registró un menor número de este tipo de actuaciones sobre la naturaleza de la Guardia Civil en toda Andalucía, ya que el resto de territorios sumaron más.

En ese recuento, la provincia de Almería sumó un total de 1.912 actuaciones, Jaén otras 2.135, Sevilla tuvo 2.201, Málaga registró 2.536, Huelva sumó 3.324, Granada otras 4.115 y Cádiz, la que más, con 5.062.

En Córdoba, la última estadística del Ministerio del Interior precisa que hubo 114 infracciones penales de las que tuvo conocimiento la Guardia Civil, que llegó a esclarecer 100 de ellas. Asimismo, hubo 92 personas detenidas o investigadas por delitos en el ámbito medioambiental.

Durante el año 2025, la Policía Nacional en Córdoba ha logrado identificar a más de 800 presuntos autores de delitos cometidos a través de la red, quienes han sido puestos a disposición judicial, esclareciendo delitos por un valor superior a los dos millones de euros.

Los resultados alcanzados por los agentes suponen un salto respecto a las cifras del año anterior, reflejando no solo un mayor número de casos resueltos, sino una mejora en la eficacia de nuestras estrategias de prevención, formación e investigación. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por los agentes durante este año, se ha contribuido de manera decisiva al esclarecimiento de delitos relacionados con la ciberdelincuencia, especialmente en el ámbito de las estafas cometidas a través de medios digitales, consolidando así su papel como referente en la provincia en la lucha contra las amenazas digitales y el fraude tecnológico.

Además de las labores de investigación, la Policía Nacional en Córdoba ha llevado a cabo numerosas acciones preventivas e informativas en materia de ciberdelincuencia a través de su participación en el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, que se desarrolla en numerosos centros de Córdoba y provincia, alertando a los menores, padres y madres y educadores de los peligros de la red y de cómo navegar de forma segura, así como el desarrollo del Plan Comercio Seguro llevado a cabo por la Policía Nacional, impartiendo charlas en diversos foros con el objetivo de concienciar a la ciudadanía y ofrecer herramientas prácticas para prevenir este tipo de delitos.

En un contexto en el que las cifras de ciberdelitos continúan siendo una preocupación prioritaria para la sociedad, la labor desarrollada por la Policía Nacional adquiere una relevancia creciente en la protección de la ciudadanía.

La Fiscalía de Córdoba ha abierto una investigación para determinar si habría un presunto delito patrimonial en la falta de protección de los restos del yacimiento arqueológico aparecido en el trazado de la futura Ronda Norte, sobre el que descargaron las fuertes precipitaciones del pasado 29 de octubre.

El Ministerio Fiscal ha ordenado a la Guardia Civil, a través del SEPRONA y con el apoyo de la dirección arqueológica del proyecto, realizar una inspección detallada del yacimiento. Además, ha solicitado informes a la Delegación de Cultura y a la Gerencia Municipal de Urbanismo para aclarar qué medidas preventivas se adoptaron, si correspondían a sus competencias y si se aplicaron de forma adecuada.

Se investiga si los hechos pudieran constituir un delito contra el Patrimonio Histórico, ya sea por dolo eventual o por imprudencia. El decreto fiscal recuerda que tanto la Delegación Territorial de Cultura como la Ponencia Técnica habían advertido, en resoluciones emitidas entre julio y octubre de 2025, de la necesidad urgente de proteger los vestigios ante la llegada de las lluvias otoñales. Los informes técnicos alertaban de la “fragilidad” del conjunto exhumado —formado por muros de tapial y pavimentos de mortero de cal extremadamente permeables— y recomendaban su cubrición inmediata para evitar deterioros.

El Ministerio Fiscal abrió diligencias el pasado 24 de noviembre, atendiendo una denuncia formulada por el PSOE y Hacemos Córdoba. Ahora tendrá que determinar si hay delito en el hecho de que los restos estuvieran a la intemperie cuando llegaron las lluvias, pese a que había un mandato expreso para cubrirlos de la Delegación de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía fechado el 3 de octubre.

Sin embargo, el episodio de precipitaciones del 29 de octubre descargó con fuerza sobre la zona donde se excavaba el yacimiento, que había revelado estructuras de enorme relevancia, incluida una basílica paleocristiana considerada única en la Península Ibérica. Pese a las advertencias reiteradas de especialistas y a una resolución de la Delegación de Cultura emitida 26 días antes de la tormenta, los restos permanecían descubiertos en el momento en que cayó la primera lluvia intensa del otoño.

Imágenes y testimonios recogidos entonces por este periódico mostraron acumulación de agua sobre los muros, fabricados con materiales de alta vulnerabilidad a la humedad. Aquella situación desencadenó críticas y abrió un debate público sobre la actuación de la Junta.

La postura de la Junta

Tras el episodio, el Gobierno Andaluz defendió que la cubrición provisional con geotextil —supervisada por el arqueólogo director— se había ejecutado el mismo día 29, si bien fotografías captadas por Cordópolis pusieron en cuestión dicha afirmación. Los restos quedaron correctamente protegidos a partir del 30 de octubre. La Junta sostuvo entonces que todo se había realizado siguiendo “las indicaciones de Cultura y del arqueólogo responsable” y dentro de los protocolos habituales.

Posteriormente se formalizó el contrato de consolidación y restauración del enclave. “El equipo de restauración ha tomado contacto con el enclave y ha vuelto a revisar la protección provisional, a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan iniciar las labores más delicadas”, señaló la Junta el 14 de noviembre, concidiendo con una segunda gran regada en la zona, tras el paso de la borrasca Claudia, aunque, esta vez, con la cubrición geotextil colocada.

Tres semanas después de aquella nota, el Gobierno Andaluz mantenía esta semana que los primeros trabajos de revisión, limpieza y consolidación acometidos tras el episodio de fuertes lluvias del 29 de octubre en el yacimiento arqueológico aparecido en el trazado de la futura Ronda Norte no han detectado daños en los restos excavados

La provincia de Córdoba ha registrado un aumento generalizado de las infracciones penales durante los primeros nueve meses de 2025, alcanzando un total de 25.237 delitos. Los datos, extraídos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, suponen un incremento del 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado tanto por la criminalidad convencional como por la ciberdelincuencia.

La criminalidad convencional sumó 19.042 infracciones, un 5,8% más que en 2024. El incremento más destacado corresponde a los delitos contra la vida, que son, afortunadamente, los que menos se cometen: los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa crecieron un 71,4%, hasta los 24 casos. También se registró un notable repunte en las agresiones sexuales con penetración, que aumentaron un 34,4% (43 casos).

Otros ascensos relevantes se dieron en tráfico de drogas (+20,2%, 143 casos), delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+9,7%, 317 casos) y robos con violencia e intimidación (+5,1%, 311 casos).

En contraste, los delitos contra la propiedad mostraron descensos significativos. Las sustracciones de vehículos cayeron un 32% (168 casos), mientras que los robos con fuerza en domicilios se redujeron un 18,8% (674 casos).

La ciberdelincuencia se mantiene como uno de los principales motores del incremento delictivo en la provincia. El Balance de Criminalidad refleja 6.195 infracciones de este tipo, un 10,2% más. Las estafas informáticas concentraron la mayor parte de los casos (5.258), aunque el mayor crecimiento porcentual se registró en la categoría de otros ciberdelitos, que aumentaron un 27,3%.

La capital lidera el aumento

El municipio de Córdoba concentró la mayor parte de la actividad delictiva, con 14.053 infracciones y un incremento del 13,6%. La criminalidad convencional avanzó un 12,2% (11.024 casos), con subidas destacadas en agresiones sexuales con penetración (+38,9%, sumando 25 casos), lesiones por riña tumultuaria (+37%, 137 casos) y robos con fuerza en establecimientos (+16,8%, 432 casos).

También subió la ciberdelincuencia un 19,1% y los hurtos un 10% (con 3.321 investigaciones abiertas), mientras que el aumento de robos en viviendas fue de menor envergadura (un 4%, 291 investigaciones abiertas). Pese al aumento general, la ciudad registró descensos en las sustracciones de vehículos (-30,4%, 119 casos).

Puente Genil: el mayor repunte de la provincia

El análisis municipal del Ministerio del Interior revela comportamientos muy dispares en la provincia. La localidad de Puente Genil, que lleva meses en el punto de mira por el aumento de delitos, registró hasta septiembre una subida del 13%.

Esta localidad ha sumado dos homicidios en 2025, y otros cuatro en grado de tentativa. Sin embargo, han caído los delitos de lesiones y riña tumultuaria (-57%), y las sustracciones de vehículos (-87,5%) en porcentajes muy altos. También han caído los robos con violencia e intimidación, mientras suben los robos y hurtos sin violencia en todas sus acepciones. La subida en esta localidad se ha sustentado en el resto de delitos de criminalidad convencional, que, con 390 de las 642 causas investigadas, suponen casi la mitad. 

En Priego de Córdoba, las fuerzas y cuerpos de Seguridad han anotado un incremento del 4,7% en el total de infracciones (356 casos). En esta localidad, se duplicaron los robos con violencia e intimidación y otros ciberdelitos. Como dato positivo, los hurtos descendieron un 26,9%.

Lucena y Montilla: únicas localidades con descensos

Por su parte, Lucena y Montilla registraron caídas globales de criminalidad, del 8,3% (1.730 casos) y del 12% (417 casos), respectivamente. En Lucena destacaron los descensos en robos, especialmente los robos con fuerza en domicilios (-71,6%, 19 casos) y los hurtos (-26,5%). Sin embargo, las estafas informáticas aumentaron un 26,4%.

En Montilla, mientras las estafas informáticas bajaron un 30,6%, los delitos contra la libertad sexual crecieron un 150% (5 casos) y los robos con violencia e intimidación se duplicaron.

En cuanto a Cabra, el global se mantuvo en términos similares al año anterior (registró una subida del 1,1%), mientras que en Palma del Río, los delitos investigados subieron casi un 8%, con subidas porcentuales notables en robos con violencia e intimidación.

La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para lograr la detención de los diez fugitivos más buscados en España, entre ellos un vecino de Puente Genil (Córdoba), Juan Herrera Guerrero, de 53 años, que está reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores.

Según informa la Policía en un comunicado, los diez fugitivos son personas con distintos perfiles delictivos, reclamadas por delitos de especial gravedad como asesinato, agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas, trata de seres humanos o robos con violencia. Durante el año 2024 la Sección de Localización de Fugitivos ha participado en la detención de 460 prófugos de la justicia por distintas reclamaciones tanto nacionales como internacionales.

Las imágenes que se difunden de los fugitivos son fotogramas reales y se han añadido fotografías en las que, mediante inteligencia artificial, se recrean cambios que se hubieran podido realizar los prófugos para modificar su apariencia y evitar ser reconocido.

Para la localización de estos fugitivos, la colaboración ciudadana puede resultar fundamental, ya que son susceptibles de ser vistos a lo largo del país, en cuyo caso, cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo de forma confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es

También, en caso de que las informaciones que se reciban indiquen que pueden ser detectados fuera de nuestras fronteras, la Sección de Localización de Fugitivos cuenta con herramientas de cooperación internacional que resultan imprescindibles. Entre estas herramientas se cuenta con la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos -ENFAST-, que está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para emprender acciones inmediatas encaminadas a la localización y detención de fugitivos en el entorno europeo.

Los 10 más buscados

Daniel Vázquez Patiño, natural de A Coruña y de 46 años de edad. Se encuentra reclamado por abusos y agresiones sexuales a una menor de 10 años. Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, 1,70 m de altura, piel blanca y ojos marrones, está considerado altamente peligroso.

Jesús Manuel Heredia Heredia, alias “El Pantoja” y natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años. Está reclamado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, es líder del clan de “Los Pantoja”, está vinculado al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y se le considera discípulo de Abdellah El Haj, conocido como “el Messi del hachís”. De complexión obesa, 1,80 m de altura, piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas, está considerado como de alta peligrosidad.

Juan Herrera Guerrero, es natural de Puente Genil (Córdoba), de 53 años. Reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores. Mide 1,73 m, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas. Está considerado por los investigadores como altamente peligroso.

Juan Miguel García Santos, de Vilanova de Arousa (Pontevedra), de 51 años. Buscado por tráfico de drogas, es considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego y está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros. Está considerado de alta peligrosidad.

Manuel Rodríguez López, es de Barcelona y tiene 63 años. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Tiene una altura de 1,75 m, es de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos marrones. Se le considera muy peligroso.

Martiño Ramos Soto, natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Su complexión es delgada, tiene la piel morena y el cabello canoso y rizado, con ojos marrones. Está calificado como de alta peligrosidad.

José María Pavón Pereira, de Huelva y de 52 años de edad. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. Tiene complexión atlética, mide 1,65 m de altura, y su cabello es moreno, piel blanca y ojos negros. Considerado altamente peligroso.

Ionut Ramon Raducan, alias “Florin”. Es natural de la ciudad rumana de Tecuci y tiene 33 años de edad. Se encuentra condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, en un caso en el que obligó a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi (Madrid). De complexión atlética y una altura de 1,72 m, tiene el cabello castaño y la piel blanca. Se le considera de alta peligrosidad.

Julio Herrera Nieto, es de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se encontraría vinculado un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia y alrededores. Su complexión es atlética, y mide 1,73 m de altura, con ojos claros y es calvo. Está considerado de alta peligrosidad al estar vinculado con el uso de armas de fuego.

Sergio Jesús Mora Carrasco, alias “Yeyo”. De Huelva y con 48 años de edad, está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa y, acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72 m de altura con piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro. Se le considera altamente peligroso y tiene vínculos en España.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un varón a tres años de cárcel y multa de 2.400 euros por un delito de administración desleal sobre una comunidad de propietarios de un edificio de la capital cordobesa, tras incorporar a su patrimonio más de 69.000 euros de la misma, cantidad que tendrá que indemnizar.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado, a la vez que ha estimado parcialmente el recurso de la entidad mercantil declarada responsable civil directa, revocando la sentencia en el exclusivo sentido de fijar como dies a quo para el cálculo de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato del Seguro a cuyo incremento fue condenada la entidad el día 9 de mayo de 2022, manteniendo el resto en su integridad. Contra la resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En concreto, se da por probado que el varón, actuando como administrador único de una entidad dedicada a la administración de fincas, ha prestado sus servicios como tal a una comunidad de propietarios de la capital desde el año 2000 hasta el año 2019, 'teniendo libre disposición sobre la cuenta bancaria que dicha comunidad tenía abierta en una entidad“, de modo que ”podía realizar por tanto transferencias y reintegros“.

Al respecto, se ha expuesto que la comunidad tuvo conocimiento por los requerimientos de pago efectuados a esta por parte del Ayuntamiento de Córdoba de que “el acusado no había abonado impuestos, tasas, vado de cochera, agua y basura desde al menos los ejercicios 2006 a 2019, distrayendo de la cuenta las cantidades correspondientes a las mismas”.

De este modo, se señala que “se ha apoderado en beneficio propio además de dinero de la mencionada cuenta mediante reintegros, disposiciones y transferencias no justificadas a la de su despacho profesional y a la de la entidad de administración”.

A pesar de que con fecha 21 de octubre de 2019 el acusado remitió una comunicación a la comunidad en la que manifestaba su intención de regularizar en breve la deuda con el Ayuntamiento sin coste para la misma, no hay constancia que lo haya hecho a día de la fecha, siendo el importe total acreditado de las cantidades distraídas, según informe pericial, de 69.014,27 euros, se precisa en la sentencia.

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Priego de Córdoba, como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, por caza ilegal (furtivismo).

La patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Rute tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada por el representante de un coto de caza, ubicado en la zona sur de la provincia, de que una persona al parecer se estaba dedicando a abatir jabalíes en el acotado, sin la preceptiva autorización del titular del mismo.

Inmediatamente, la patrulla del Seprona de Rute, se trasladó al acotado indicado, donde tras comprobar lo denunciado iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de los hechos, la identificación y localización del presunto autor.

Las investigaciones efectuadas permitieron confirmar que el presunto autor había abatido un jabalí en el interior del acotado, del cual no era socio, sin la preceptiva autorización del titular. Asimismo, la Guardia Civil pudo saber que esta persona se dedicaba presuntamente a abatir jabalíes desde larga distancia, utilizando para ello medios de visión nocturna, abandonando posteriormente los animales abatidos en el lugar.

Ante ello, los efectivos de la patrulla del Seprona procedieron tras identificarlo y localizarlo, a su investigación como presunto autor de un delito de contra la flora y fauna, por cazar ilegalmente en un coto de caza sin autorización del titular.

Según testigos de los hechos, esta persona se dedicaba a realizar la caza ilegal de forma continuada, teniendo conocimiento de ello varios socios del acotado, procediéndose a la investigación de esta persona como responsable del supuesto delito cometido. Investigado y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Denuncias

Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico; daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos- y dos procedimientos administrativos –pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.

Lo pueden realizar a través, de la Sede Electrónica o de la página web de la Guardia Civil. No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.

Asimismo, se recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los juzgados de Córdoba ingresan una media cada día de casi ocho denuncias relacionados con la violencia de género. Así se desprende de la última estadística publicada por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, en su Informe trimestral sobre Violencia de Género publicado este miércoles señala que en el segundo trimestre de 2025 los juzgados de Córdoba recibieron un total de 687 denuncias y vieron 756 delitos en este ámbito.

De las 687 denuncias, 658 las recibieron por atestados policiales, mientras que cuatro fueron interpuestas por familiares, otras 16 contaron con la intervención directa de la Policía, en seis ocasiones los juzgados recibieron directamente el parte de lesiones sanitario y en otras tres ocasiones la denuncia directa ante ellos.

Mientras, la mayoría de los 756 delitos vistos se califican como delitos de lesiones y malos tratos en distintos artículos del Código Penal, sumando hasta 647 de ese total. Además, los juzgados ingresaron 30 casos por delitos de quebrantamiento de medidas y otros 29 casos lo fueron por quebrantamiento de penas.

122 órdenes de protección

En la estadística del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial sobre los juzgados de Córdoba también destaca que los juzgados recibieron 12 casos contra la libertad, otros diez por delitos contra la integridad moral y siete contra la intimidad y el derecho a la imagen.

Por otro lado, los juzgados vieron un total de 122 órdenes de protección. Sobre estas órdenes de protección, el informe muestra que en 21 ocasiones se trataba de un caso entre cónyuges, otros 13 eran excónyuges, 33 órdenes se pidieron entre personas con otra relación afectiva y 55 más con parejas que habían roto ya esa relación afectiva.

Los juzgados de violencia en Córdoba alcanzan el 96,4% de condenas entre el total de enjuiciados. Asimismo, los datos muestran también la ratio del 17,2% de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en la provincia de Córdoba, mientras la ratio de denuncias es del 8,9% por cada 1.000 habitantes.

Las víctimas de la violencia de género aumentan en Andalucía

Los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer de Andalucía registraron durante el segundo trimestre de este año 10.811 denuncias y atendieron a un total de 9.753 víctimas, lo que supone un aumento del 3,6 y del 3,4 por ciento respectivamente en relación con el mismo periodo del año anterior. Ocho de cada cien víctimas de este tipo de delitos prefirieron no prestar declaración.

El 'Informe trimestral sobre violencia de género', elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas entre marzo y junio de este año han aumentado respecto a las de hace un año.

Así, los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados en funciones de guardia registraron 2.565 solicitudes (un 3,9 por ciento más) y acordaron 1.938 órdenes de protección (un 1,4 por ciento más).

Más denuncias y más víctimas

Durante el segundo trimestre de 2025, los juzgados de violencia sobre la mujer de Andalucía recibieron un total de 10.811 denuncias, un 3,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 10.432.

Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 9.753, un 3,4 por ciento más que hace un año, cuando se contabilizaron 9.433. Un trimestre más, casi tres de cada cuatro víctimas (el 72,5%) tienen nacionalidad española, mientras que el 27,4 por ciento restante proceden de otros países.

El número de víctimas menores, hijos e hijas bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fue de 16, un 52 por ciento menos que el registrado en el mismo trimestre de 2024, durante el que se contabilizaron 34 menores.

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante mostraron variaciones interanuales mínimas durante el trimestre analizado. Así, una vez más, en casi tres de cada cuatro casos las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (189). Aunque el dato supone un aumento de estas denuncias con respecto al segundo trimestre de 2024, apenas alcanzaron el 1,74 por ciento del total de las presentadas.

Entre marzo y junio de 2025 aumentaron levemente las derivadas directamente de atestados policiales (1.285), que representaron el 11,88 por ciento del total.

Las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 982 (9,08%), mientras que las presentadas por terceros sumaron 476 y representaron el 4,4 por ciento del total.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,7 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2024 al situarse la media nacional en 19,2 frente a la media 18,5 de hace un año. Andalucía está por encima de la media nacional, ya que tiene una tasa de 21,8.

Por encima de la media nacional se situaron Canarias, con una ratio de 33,7 víctimas cada 10.000 mujeres; Baleares, 27,6; Comunidad Valenciana, con 24; Murcia, con 23,6; Navarra, con 23,5 y Andalucía, con 21,8.

Madrid tuvo una media equivalente a la nacional (19,2) y por debajo de esa tasa se situaron Aragón, con 17,3; Cantabria, con 16; País Vasco y Cataluña, con 15,3; Castilla-La Mancha, con 14,9; Asturias, con 14,6; Extremadura, con 14,1; La Rioja, con 13,9; Galicia, con 13,3 y Castilla y León, con 11,9.

El número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fue de 820, lo que supone que tomaron esta decisión 8,4 de cada cien víctimas de violencia de género. De ellas, 541 eran españolas y 279 tenían otras nacionalidades.

Protección de las víctimas

Los datos relativos a las órdenes de protección apenas mostraron diferencia con los del segundo trimestre de 2024. Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 2.565 órdenes de protección, un 3,9 por ciento más que hace un año.

De ellas, 2.298 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 267 por los juzgados en funciones de guardia. Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 1.938, un 1,4 por ciento más que hace un año, lo que significa que se concedieron casi ocho de cada diez (el 75,55 %). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 1.714, el 74,58 por ciento de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 224, el 83,89 por ciento de las solicitudes registradas.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 3.733 medidas judiciales penales de protección de las víctimas.

En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (1.541) y de prohibición de comunicación (1.526), que representaron el 69,17 y el 68,54 por ciento sobre el total de órdenes de protección y de medidas cautelares penales adoptadas, respectivamente.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 1.361 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (492) y con la atribución de la vivienda (244).

Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 232 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas, 151 de la suspensión de la guardia y custodia y 50 suspensiones de la patria potestad. El número total de sentencias dictadas en el trimestre fue de 3.473. De ellas, 2.812 (el 80,96%) fueron condenatorias y 661 absolutorias.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,34 por ciento. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 88,88 por ciento de los casos y los Juzgados de lo Penal, en el 69,14 por ciento.

La Guardia Civil ha investigado en Córdoba a un vecino de la ciudad, como presunto autor de un delito contra la fauna, por la colocación de una red japonesa destinada a la captura ilegal de aves fringílidas.

La Guardia Civil observó durante un servicio de protección de la naturaleza y el medio ambiente, desarrollado por los extrarradios de Córdoba, la instalación de una red japonesa de unos 8 metros de longitud por 1,5 metros de altura, en cuyo interior se encontraba atrapado un ejemplar de verderón común (Chloris chloris), que fue liberado de inmediato.

Ante este hallazgo, los integrantes de la patrulla del Seprona decidieron inspeccionar la finca, lo que permitió localizar otros 12 ejemplares de jilguero (Carduelis carduelis) y otros dos ejemplares de chamarín (Serinus serinus), que permanecían enjaulados, procediendo los agentes a la liberación de todas las aves en presencia del presunto autor de los hechos y a la instrucción de las pertinentes diligencias por la comisión de un delito contra la fauna.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba y, en paralelo, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, para la posible incoación de expediente sancionador por la vía administrativa.

Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la captura de aves fringílidas mediante artes prohibidas constituye una práctica ilegal que conlleva sanciones administrativas y responsabilidades penales.

La provincia de Córdoba cerró el año 2024 con un total de 41 personas condenadas por delitos de carácter sexual, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la cifra más elevada de la última década y supone un repunte significativo respecto a los ejercicios anteriores.

En 2023 se registraron 28 condenados, mientras que en 2022 fueron 30. Con el salto hasta las 41 condenas en 2024, Córdoba experimenta un aumento del 46% en solo un año y alcanza el máximo de la serie desde 2017.

El histórico de los últimos ocho años muestra una evolución irregular. En 2017 la provincia contabilizó 34 condenados, un dato que descendió a 29 en 2018 y se mantuvo en niveles similares en 2019 (28) y 2020 (29). El primer gran repunte llegó en 2021, cuando se alcanzaron 36 condenas, pero después de la pandemia la curva volvió a bajar en 2022 (30) y 2023 (28).

La subida de 2024 sitúa a Córdoba por encima de la media del periodo y refleja una preocupación añadida en la lucha contra la violencia sexual, un fenómeno que en España ha estado en el centro del debate jurídico y político en los últimos años con la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del “solo sí es sí”.

Los datos del INE señalan además que este incremento de condenados en Córdoba no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en una tendencia general de repunte en varias provincias andaluzas, aunque con distinta intensidad.

Más de 4.000 personas condenadas el año pasado en Córdoba

En 2024, los tribunales de Córdoba dictaron sentencia condenatoria contra un total de 4.009 personas, lo que supone un aumento del 9,6% respecto al año anterior, cuando se registraron 3.657 condenados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de condenados en 2024, 411 eran ciudadanos extranjeros, lo que representa el 10,3% del conjunto. El dato es muy similar al de 2023, cuando se contabilizaron 381 extranjeros condenados, equivalentes al 10,4% del total. Esta estabilidad refleja que, pese al aumento general de condenas en la provincia, el peso relativo de la población extranjera en las estadísticas judiciales se ha mantenido prácticamente invariable.

El incremento de condenados en Córdoba en 2024 contrasta con la tendencia de cierta estabilidad de los años previos. La subida de más de 350 sentencias condenatorias en un solo ejercicio supone el mayor repunte desde la pandemia y coloca a la provincia en niveles no vistos en el último lustro.

La comparación con el conjunto nacional muestra que Córdoba sigue una dinámica paralela a la del resto de España, donde también se ha registrado un aumento de condenas en 2024, en un contexto marcado por el endurecimiento de los controles judiciales, la aplicación de nuevas normativas y el mayor número de causas en tramitación.

El índice de criminalidad en la provincia de Córdoba ha experimentado un aumento del 4,6% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo del año pasado, con especial subida de dos tipos de delitos: las tentativas de homicidios y las agresiones sexuales con penetración. El total de delitos de criminalidad ascendió a 12.743 en ese semestre.

Así se pone de manifiesto en la estadística que acaba de publicar el Ministerio del Interior respecto a la criminalidad entre enero y junio de este año y su comparativa con ese mismo semestre de 2024. Destaca que los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa aumentaron un 300%, al pasar de los cuatro registrados entre enero y junio del año pasado a los 16 de este año.

Asimismo, las agresiones sexuales con penetración ascendieron en ese periodo un 78,9%, al pasar de las 19 que hubo en el primer semestre del año pasado a las 34 que se han registrado en ese mismo periodo del año actual.

Los datos estadísticos del Ministerio del Interior también dejan ver cómo aumentaron los ciberdelitos un 33,4% y el tráfico de drogas, con un 21,8% más este año.

Bajan los robos de vehículos y en domicilios

Por contra, hubo delitos que bajaron en este primer semestre respecto al año pasado. En ese aspecto, destacan las sustracciones de vehículos, con un -29,7%, al pasar de las 148 registradas en 2024 a las 104 en el semestre de este año.

Asimismo, la estadística muestra un -20,7% en los robos con fuerza en domicilios, aunque los datos de robos generales en establecimientos, viviendas y otras instalaciones bajan un -11,2%.

En esta estadística de delitos se computan datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tras analizar “detalladamente la estadística del Ministerio del Interior”, ha alertado este lunes de que en los últimos cinco años se han “disparado” los delitos en la provincia de Córdoba, todo ello mientras que el “déficit” de agentes “se va agravando cada vez más”.

Según ha indicado la asociación en una nota, los datos son “muy reveladores” y ha detallado que “se ha estudiado la evolución de la criminalidad en la provincia de Córdoba desde 2019 hasta 2024, porque antes de ese periodo solo se publicaba la información de tres municipios --Córdoba, Lucena y Puente Genil--, y desde 2019 se añadieron Cabra, Montilla, Palma del Río y Priego de Córdoba”.

“Lamentablemente --han agregado-- Interior no publica los datos de muchas poblaciones como las de Baena, Peñarroya, Pozoblanco, La Carlota, Bujalance, Montoro y otras, que sin duda incrementarían en gran medida el número de delitos, pero la estadística disponible refleja claramente la situación actual”.

Así, “en los municipios competencia de la Guardia Civil, la criminalidad entre 2019 y 2024 ha crecido nada menos que un 39,4%, muy por encima del 23,9% provincial, el 20,7% autonómico y el 11,6% nacional. En esos porcentajes influye mucho la evolución de la cibercriminalidad, que se ha disparado en los últimos años, pero también ha aumentado mucho más en el ámbito de la Guardia Civil, un 349%, mientras que ha subido en la provincia el 242%, en Andalucía el 184% y en toda España el 113%”, ha señalado la AUGC.

En lo que respecta a la criminalidad convencional, que está más relacionada con la presencia policial en las calles y con el número de agentes disponibles en cada localidad, “preocupa mucho que en ese mismo periodo de 2019 a 2024 el número de delitos se haya incrementado un 11% en el ámbito provincial de la Guardia Civil, mientras que en la provincia de Córdoba ha subido un 3,2%, en la comunidad autónoma un 5,6% y en todo el país un 0,4%”.

Dentro de los municipios competencia de la Guardia Civil, la AUGC ha destacado Montilla, “con un aumento del 98,7% en el total de delitos registrados, seguido de Palma del Río con un crecimiento del 41,7%, Puente Genil con el 25,4% y Priego de Córdoba un 17,5%”. Además, han detallado que “el incremento de la cibercriminalidad es del 500% en Puente Genil y cercano al 300% en las otras tres localidades”. “La evolución de la criminalidad convencional es muy dispar: mientras que disminuye un 13,6% en Priego y un 5,4% en Puente Genil, en Montilla sube hasta el 73,4% y en Palma del Río aumenta un 41,7%”, han avisado.

Atendiendo a los tipos delictivos, la asociación ha asegurado que “en el ámbito provincial de la Guardia Civil despuntan los delitos de lesiones y riña tumultuaria con un aumento del 88%, mientras que las sustracciones de vehículos han crecido un 40%, los robos con fuerza en domicilios y establecimientos un 20%, y los delitos contra la libertad sexual un 23%”.

“Y analizando los municipios competencia de la Guardia Civil durante esos cinco años, sobresale negativamente Montilla, donde solo han disminuido los robos con violencia y las sustracciones de vehículos, mientras que se han incrementado un 233% los delitos de lesiones y riña tumultuaria, un 150% los delitos contra la libertad sexual, un 100% el tráfico de drogas, un 96% los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, y un 55% los hurtos”, según informa la AUGC.

Igualmente, han proseguido, “negativos son también los datos de Palma del Río, localidad en la que se han duplicado los delitos contra la libertad sexual, con una subida del 100% en las agresiones sexuales con penetración, y han aumentado un 68% los robos con fuerza en domicilios y un 55% los robos con violencia e intimidación”.

“En Puente Genil han crecido un 700% las sustracciones de vehículos, un 316% de los delitos de lesiones y riña tumultuaria, un 8,6% los robos con fuerza en domicilios y un 5,6% los hurtos. El municipio que ha registrado una evolución más positiva es Priego de Córdoba, en el que durante ese período solo se han incrementado los delitos de lesiones y riña tumultuaria un 25%”, según los datos aportados por AUGC.

Además, cabe destacar que “la cibercriminalidad se ha disparado en todas las poblaciones entre 2019 y 2024, destacando la subida del 505% en Puente Genil, seguida del 300% registrado en Priego, 298% en Palma del Río y 259% en Montilla”.

Ratio de criminalidad

“El número de delitos por cada 1.000 habitantes durante 2024 en la demarcación provincial de la Guardia Civil estuvo por debajo de la media provincial, autonómica y nacional. Mientras que en el ámbito de la Guardia Civil se registraron 32,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, en toda la provincia fueron 40,5, en Andalucía 47,3 y a nivel nacional 50,5”.

“De esos cuatro municipios es Palma del Río el que presenta una ratio mayor, 42,5 delitos por cada 1.000 habitantes, superando así el dato provincial. Le siguen Puente Genil con 36,8, Montilla con 28,7 y Priego de Córdoba con 20,6”. En cuanto a la criminalidad convencional, “también Palma del Río registra 33 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, por encima de las 30,8 de la provincia”. Y en lo referente a la cibercriminalidad, Puente Genil tiene 10,8 delitos por cada 1.000 habitantes, superando los datos provincial, autonómico y nacional“, han detallado.

Así las cosas, la AUGC asegura que “aunque la ratio de delitos por número de habitantes no sea tan elevada en algunos de esos municipios, no se debe restar importancia al problema existente, como parecen querer transmitir algunos regidores durante los últimos meses, porque las estadísticas son contundentes y la realidad es que la criminalidad no ha parado de crecer durante los últimos años en la demarcación provincial de la Guardia Civil, muy por encima del incremento provincial, autonómico y nacional, como ya se ha visto”.

“Endémico déficit”

Para la AUGC, estos “datos tan negativos están directamente relacionados con el endémico déficit de guardias civiles que padece la provincia de Córdoba, y que se va agravando cada vez más, con unas 165 vacantes sin cubrir, por lo que falta el 13% de la plantilla, y habiendo perdido un 5,8% de efectivos en los tres últimos años”.

Para concluir, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha recalcado que lleva “mucho tiempo denunciando que esa falta de guardias civiles afecta gravemente a la seguridad ciudadana, al tener la mayoría de las dependencias cerradas y con las escasas patrullas disponibles teniendo que asumir la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente”.

“La situación empeora mucho más ahora durante el verano, al reducirse la plantilla en un tercio por las vacaciones estivales y por las comisiones de servicio en otras provincias, quedando muchas unidades bajo mínimos”, han lamentado.

Unos números que han aumentado considerablemente con respecto a otros años. Y es que el Ministerio de Cultura ha desvelado que en Córdoba se han incautado 27.216 objetos por delitos contra la propiedad industrial. Estos datos están recogidos en la estadística correspondiente a 2024 sobre la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, publicada por el estamento anteriormente mencionado y el Ministerio del Interior, en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y recogidos en el Portal Estadístico de Criminalidad, en su apartado Datos/Propiedad Intelectual.

Y es que el Ministerio del Interior confirma que, además, ha habido nueve detenidos e investigados en la provincia de Córdoba, después de cinco hechos conocidos y tres esclarecidos. Unas cifras que en sucesos es menor con respecto a 2021 y 2020, pero ya muestra un ligero repunte después de años relativamente más calmados como es el caso de 2023 o 2022. Sin embargo, la estadística incide en los más de 27.000 objetos incautados, que es una cifra notablemente superior a los últimos cinco años, donde apenas superaban los 1.300.

Por otro lado, Córdoba no ha tenido una gran incidencia en los delitos contra la propiedad intelectual. De los tres hechos que se conocieron durante 2024, tan solo uno fue esclarecido, sin detenidos e investigados, y con un único objeto incautado. Muy diferente a lo ocurrido en el resto de Andalucía.

Los delitos de propiedad intelectual, por comunidades autónomas

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requisaron en Andalucía durante el pasado año un total de 587.599 artículos que vulneraban los derechos de propiedad intelectual, lo que supone el 95,1% del total nacional, que alcanzó las 617.843 unidades, con una valoración de 4,5 millones de euros. La mayoría de los artículos incautados en Andalucía, concretamente el 67,8%, se localizaron en naves, fábricas o almacenes, 398.875 objetos.

Andalucía encabeza las comunidades autónomas donde más investigaciones se abrieron, con un total de 69, seguida de Cataluña (34), Comunidad de Madrid (26) y Comunitat Valenciana (20). Además, en Andalucía fueron detenidas 77 personas por delitos relacionados con estos hechos.

Los datos recogen el total de las intervenciones policiales realizadas por Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Mossos d'Esquadra, así como por los cuerpos de policía local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).

Los delitos de odio investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Córdoba disminuyeron en el último año, según el 'Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2024’, divulgado este viernes, que también muestra un aumento en el número de casos esclarecidos y en el de personas investigadas o detenidas.

Concretamente, en la estadística difundida por el Ministerio del Interior consta que en Córdoba se conocieron el año pasado un total de 17 casos de delitos de odio. Son diez menos que los 27 de 2023, y dos más que los 15 que se denunciaron en 2022.

En total, hubo 16 víctimas relacionadas con estos hechos. Por ellos, se detuvo o investigó (la estadística no lo clarifica) a 10 personas. Es el número más alto del último trienio. En 2023 se investigó o detuvo a ocho personas, en 2022 fueron cuatro.

De todos los detenidos, cinco fueron arrestado por la discriminación por sexo o género u orientación sexual, mientras que dos fueron investigados por delitos ideológicos y tres por racismo y xenofobia.

Este último delito copa, junto la discriminación por orientación sexual, la mayoría de los hechos investigados. Hubo seis casos de racismo/xenofobia y otros seis de Lgtbifobia sobre la mesa de los diferentes cuerpos de seguridad en Córdoba durante el año pasado. Los agentes también investigaron cuatro delitos de odio referentes a la ideología y uno por discriminación sexual.

De los 17 hechos conocidos, 16 acabaron siendo esclarecidos por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Eso explica que haya 16 víctimas reconocidas.

Datos nacionales

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2024 un total de 1.955 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone una reducción del 13,8% respecto a 2023, según recoge el 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024'.

Los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 804 hechos, son los más numerosos, aunque han descendido un 6% respecto al año anterior. Le siguen los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (528 hechos), mientras que en tercer lugar se sitúan los delitos de discriminación por razón de sexo/género (181 hechos).

Como novedad, el informe recoge por primera vez los delitos de odio por islamofobia (13), de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

En cuanto a la variación interanual, los ámbitos que han registrado un mayor aumento son el antisemitismo, con un 60,9% de incremento, y la aporofobia, con una variación del 33,3%. Por el contrario, los delitos de odio relacionados con ideología y antigitanismo han sufrido un descenso de un 58,2 y un 51,3%, respectivamente.

En lo que se refiere a la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las lesiones (385) y las amenazas (358), seguidas por la promoción a la discriminación (217), el trato degradante (107) y las injurias (106).

Por comunidades autónomas, Navarra registra la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes (14), por delante de País Vasco (10,8) y las ciudades autónomas de Ceuta (8,4) y Melilla (8,1).

Perfiles de víctimas e investigados y detenidos

El informe señala que las Fuerzas de Seguridad del Estado esclarecieron en 2024 el 71,9% de los hechos, cuatro puntos más que en 2023, y detuvieron o investigaron a 905 personas, en su mayoría de sexo masculino (81,9%) y de edad comprendida entre 26 y 40 años, que representan el 28,1% del total.

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (59,9%), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (34,7%). Los menores de edad constituyen el 12,8% del total de victimizaciones.

En cuanto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,1% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (8,8%), por delante de Colombia (5,3%).

A la espera de que el Ministerio del Interior publique su estadística anual de delito de odio, este año se ha publicado la Encuesta sobre Delitos de Odio (2024): Víctimas y Testigos, que ofrece una visión detallada sobre la experiencia de las víctimas y, por primera vez de forma específica, de testigos de este tipo de incidentes en España. Así, aunque las cifras nacionales están fuertemente concentradas en Madrid, un análisis de los datos muestra a Córdoba como una de las provincias donde más testigos relatan haber presenciado delitos de odio.

El informe ha sido elaborado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) del Ministerio del Interior, y recoge el resultado de una encuesta anónima y voluntaria en formato web y papel que contó con la participación de 1.025 personas, en la que se definieron dos grupos principales: por un lado las víctimas, un total de 602 personas que reportaron haber sufrido al menos un delito de odio entre 2019 y 2024; y testigos, 778 personas que presenciaron al menos un delito de odio en el mismo periodo. En este último grupo, un número importante, 558, fueron tanto víctimas como testigos.

Al desglosar los datos para Andalucía, se observa que la comunidad autónoma, en general, presenta números significativamente menores en comparación con la provincia de Madrid, que concentra la mayor parte de las residencias de víctimas. En el caso de Córdoba, del total de víctimas, cuatro residen en la provincia, que sitúa en mitad de la tabla, por encima de Jaén (1), Almería (3) y Cádiz (3), y por debajo de Huelva (5), Málaga (8) y Sevilla (9). A su vez, Córdoba fue la provincia en la que se registraron dos de los incidentes de odio reconocidos en la encuesta.

No obstante, la singularidad de Córdoba en este informe reside en el grupo de Solo Testigos, que son aquellas personas que presenciaron delitos de odio pero no fueron víctimas directas. Así, de las 199 personas identificadas con este rol a nivel nacional, 11 personas (un notable 5,5%) residen en la provincia de Córdoba. A nivel andaluz, solo Sevilla supera este dato, con una población que triplica a la de Córdoba.

Además, el informe destaca que la mayoría de los testigos de este grupo en Córdoba, como en el resto de la muestra, reside en un ámbito urbano (92%). Del informe se infiere que, el hecho de que Córdoba tenga una proporción relativamente alta de personas que actúan como “solo testigos” podría indicar una mayor sensibilización ciudadana o una mayor disposición a observar y participar en la visibilización de estos fenómenos.

En la última estadística de delitos de odio, publicada en agosto de 2024, consta que en Córdoba se conocieron en 2023 un total de 27 casos de delitos de odio (por los 15 del 2022), se detuvo a ocho personas (el año anterior fueron cuatro) y se atendió a 26 víctimas.

El informe

El informe destaca, a nivel general, que tanto víctimas como testigos perciben un aumento significativo de los delitos de odio (91% de las víctimas y 83.4% de los testigos) y el discurso de odio (91.5% de las víctimas y 85.9% de los testigos) en los últimos 5 años. La mayoría de las víctimas (83.1%) y testigos (95%) saben que los delitos de odio están castigados en el Código Penal. Sin embargo, un gran número de ellos iidentifican erróneamente las características físicas como motivo de delito de odio, y las víctimas también mencionan la profesión.

Asimismo, la encuesta revela que existe un bajo conocimiento de los recursos disponibles: la mayoría de las víctimas no conoce la aplicación AlertCops, la ONDOD, ni las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, lo que es extensible a los testigos.

Además, la mayoría de personas que han sido objeto de un delito de odio han sufrido más de uno y, de hecho, el 59.1% ha sufrido 10 o más delitos de esta naturaleza. Las motivaciones discriminatorias más frecuentes identificadas por las víctimas son la orientación sexual/identidad de género (68.6%) y el racismo/xenofobia (60.1%). Por su parte, las conductas delictivas más frecuentes sufridas por las víctimas son los comentarios o gestos ofensivos en persona (68.1% los sufrieron cinco o más veces) y las ofensas o amenazas por redes sociales o internet (67.4% las sufrieron 5 o más veces)

Por otro lado, el lugar más común donde ocurren los delitos de odio es la vía pública (41.9%) y, aunque nueve de cada diez víctimas cuenta que había testigos, la mayoría, el 40%, percibió que estos no hicieron nada.

La diputada nacional del PP por Córdoba Isabel Prieto ha advertido este jueves de que “en los años del PSOE en el Gobierno central se ha producido un aumento del 22,4% de la criminalidad en la provincia, aumentando los delitos de sangre, agresiones sexuales, violencia de género y la ocupación”.

En una rueda de prensa, la popular ha apuntado que, según datos de criminalidad convencional en la provincia, “desde el primer trimestre de 2018 al mismo periodo de 2025 se ha aumentado en 1.545 las infracciones cometidas”.

En este sentido, Prieto ha asegurado que “los delitos de ocupación han pasado de 175 en 2022 a 187 en 2024, consecuencia de la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno de Sánchez, a instancia de Bildu, que protege a los okupas y perjudica los derechos de los propietarios, incluso los que necesitan su vivienda para vivir en ella”.

La diputada ha recordado que el PP ha tramitado una proposición de ley en el Senado “para derogar esta legislación injusta y proteger a los ciudadanos de estos delitos, pero su tramitación está congelada en el Congreso de los Diputados, por orden del Gobierno”.

En cuanto a la violencia de género, ha dicho que “se ha producido un aumento del 76,3% de casos desde 2018 en la provincia, pero el Ministerio del Interior no ha aumentado los efectivos para atenderlos”. Así, “en las unidades Viogen en Córdoba hay 30 policías y 30 guardias civiles y de media cada agente tiene que atender a 613 víctimas”, ha señalado.

“Esta realidad pone de manifiesto que es necesario dotar de más recursos materiales y humanos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder luchar contra esta lacra, y durante estos años los recursos han sido completamente insuficientes, prueba de ello es que las patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y de la Policía tienen que dejar se hacer sus funciones de seguridad para hacer labores de Viogen”, ha explicado.

Otro dato es relativo al catálogo de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “no está cubierto en la provincia”, ha avisado, para resaltar que “faltan 147 efectivos de Guardia Civil y 54 de Policía Nacional para cubrir el catálogo”. “Nos preguntamos a qué se dedica el ministro de Interior, el más reprobado de la democracia”, ha cuestionado Prieto.

Mientras, ha asegurado que “el gobierno de Sánchez y Montero maltrata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen cada vez más cargas de trabajo con nuevas formas de delincuencia, en especial la delincuencia económica y ciberdelincuencia, y no dotan de los recursos necesarios”.

“Gobierno acabado”

Para la diputada del PP, “estamos ante un gobierno acabado, que no gestiona, que no se ocupa de los importante y que ahora está acorralado por los casos de corrupción”. “Un gobierno en descomposición que se mantiene por sus socios independentistas que están aprovechando la debilidad de Sánchez para sacar tajada”, ha declarado, para enfatizar que “es un gobierno fallido que va de caos en caos y que no puede legislar”.

Por tanto, ha defendido que “hay que dar la voz a los españoles en las urnas”, tras asegurar que “el PSOE y el gobierno de Sánchez está cercado por la corrupción”.

Prieto ha lamentado que “cada día hay un nuevo escándalo que salpica al entorno más cercano al presidente del Gobierno y que está suponiendo una vergüenza nacional e internacional para España”. “Los españoles, los cordobeses no merecemos esto”, ha subrayado.

Según ha expuesto, “Sánchez ha estado dedicado única y exclusivamente a mantenerse en el poder a costa de todo, a cualquier precio, y mientras tanto se han olvidado de lo importante: las cosas del día a día de los españoles”.

La diputada lo ha relacionado con “el caos ferroviario, el caos en el principal aeropuerto del país y el pésimo estado de las carreteras”, de manera que “han estado aferrados al poder a toda costa y se han olvidado de gestionar”, ha asegurado, añadiendo también la situación con políticas sociales como la Ley ELA.

“Los españoles merecemos un Gobierno decente con un proyecto honesto, sólido y de buena gestión que sólo puede venir de la mano del PP y de Alberto Núñez Feijóo”, ha mantenido la popular, quien ha pedido a Pedro Sánchez que “no dilate más la agonía y convoque elecciones ya”. “Hay que darle la voz a los ciudadanos”, ha remarcado.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal -asentada en la provincia de Córdoba-, dedicada al robo de cable de cobre por distintos puntos de la geografía nacional. Han sido detenidas 19 personas e investigadas otras 23 por supuestos delitos contra el patrimonio por robos con fuerza y receptación, así como delitos contra el medio ambiente.

De esta forma, se han logrado esclarecer 34 robos de cableado de cobre cometidos en las provincias Jaén, Valladolid, La Coruña, Zamora, Ávila, Segovia, Zaragoza, Soria y León. Además, se han recuperado 8.200 kilos de cobre sustraído.

La investigación comenzó en febrero de este año, de forma coordinada por agentes de equipos ROCA de las Comandancias de la Guardia Civil de Jaén y Valladolid, tras localizar un gran vertido de fundas de cableado de cobre en un paraje ubicado en el término municipal de Úbeda (Jaén).

De forma paralela se sumó la interceptación de varios vehículos -- dos en las proximidades de Valladolid y un tercero en Úbeda-- cargados con un total de 5.000 kilogramos de cableado de cobre sustraído. Además, utilizaban vehículos lanzadera para alertar de los posibles controles policiales. En un primer momento, la investigación se saldó con la detención de cinco personas.

Al continuar con las pesquisas, se descubrió que detrás de estos hechos, existía una organización criminal, asentada en la provincia de Córdoba, perfectamente estructurada y especializada en el robo de cableado de cobre, que se desplazaban por todo el territorio nacional.

Alquiler de furgonetas

La organización alquilaba furgonetas por periodos de 24 a 48 horas, con origen en la provincia de Córdoba, utilizadas para desplazarse hasta otras provincias del territorio nacional, donde recogían el material robado por otros miembros de la organización, llegando a recorrer hasta más de 1.000 kilómetros diarios.

Los investigadores observaron que estas furgonetas tenían una parada prolongada con el cableado robado en un punto intermedio antes de su vuelta al lugar de origen. Concretamente, paraban en un cortijo ubicado en una finca de la localidad de Úbeda, donde la organización contaba con infraestructura y maquinaria para la preparación del cobre, separando las vainas sobrantes del cableado sustraído.

Los desechos de este proceso eran transportados al anochecer hasta un paraje apartado donde eran vertidos. Este cortijo también era usado para el descanso de los conductores de las furgonetas, que circulaban por todo el territorio nacional transportando el material robado hasta esta localización.

Finalmente, el cobre una vez separado del cableado y sin marcas de trazabilidad que pudieran determinar su procedencia, era transportado por un camión de grandes dimensiones, desde la finca de Úbeda, hasta una empresa de reciclados, ubicada en la provincia de Granada, que compraba el cobre de forma ilícita, recepcionándolo sin asentarlo en los registros de entrada.

El cobre era procesado en la planta de reciclado, construida específicamente para el tratamiento de este tipo de cableado, quedando listo para su uso. Posteriormente era trasladado y distribuido por otras empresas de transporte nacionales e internacionales.

La explotación de esta operación se ha saldado con la entrada y registro, autorizado judicialmente, en la finca y cortijo donde se llevaban a cabo las labores de preparado del cobre, interviniéndose maquinaria para su procesado, sacas con desechos de vainas y aproximadamente 2.000 kilogramos de cobre pelado de telefonía.

Han sido puestos a disposición de la autoridad judicial un total de 42 personas por su vinculadas con esta organización criminal, inculpadas por supuesto delitos relacionados con el robo de cable de cobre. Todas ellas proceden de las provincias de Jaén, Valladolid, Córdoba y granada. Del total de personas que han sido puestas a disposición judicial, 19 lo han hecho como detenidos y 23 como investigados.

La investigación ha sido llevada a cabo de forma conjunta y coordinada en el marco de las operaciones denominadas Coariza-Garofaro, desarrolladas por los equipos ROCA de Baeza (Jaén) y ROCA de Valladolid.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Nacional contra el Robo de Cobre, cuyo objetivo principal es prevenir, detectar y perseguir de forma coordinada los delitos relacionados con la sustracción de metales, especialmente cobre, que afectan al funcionamiento de infraestructuras críticas como redes de telecomunicaciones, transporte, suministro eléctrico y servicios públicos esenciales.

Un juzgado de Córdoba ha condenado a un hombre a una multa de 300 euros y al pago de las costas del juicio por un delito leve de amenazas que tuvo lugar el pasado Año Nuevo en la capital cordobesa.

Según la sentencia a la que ha accedido este medio, el hombre acudió con otra persona a un establecimiento de la zona de Fleming, donde coincidió con el condenado, con quien no tiene buena relación por motivos políticos. En un momento determinado, el procesado se dirigió hacia la víctima y le dijo: “Te voy a poner la cara como un mapa; te tengo que reventar, rojo de mierda”.

Posteriormente, la víctima y su acompañante abandonaron el local y el condenado les siguió por varias calles, montado en su bicicleta, mientras continuaba profiriendo insultos y expresiones intimidatorias.

En el juicio, la víctima y su acompañante ratificaron la denuncia policial y el procesado admitió que se dirigió a ella y le llamó “tonto”. Además, un testigo manifestó que el acusado había proferido este insulto, que había calificado al denunciante como “subnormal” y que, “quizás, le dijo que le iba a dar una torta”.

A juicio del juez, los hechos han quedado probados y son constitutivos de un delito leve de amenazas, por lo que ha sido condenado a una multa de diez euros durante 30 días y al pago de las costas causadas por el juicio.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a otras seis en Pozoblanco (Córdoba), como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico ilícito de vehículos y usurpación de estado civil.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de enero de 2024, tras tener conocimiento la Guardia Civil a través de una denuncia presentada en el Puesto de Pozoblanco que un vecino de la localidad, tras solicitar una ayuda social, se había dado cuenta de que le constaban a su nombre, sin saberlo, tres vehículos de alta gama valorados en más de 200.000 euros.

El análisis realizado con la colaboración de la DGT de los expedientes de transferencia de los vehículos permitió detectar que los documentos empleados para justificar el cambio de titularidad de los mismos, así como los contratos de compra-venta de aquellos habían sido falsificados.

El avance de la investigación permitió averiguar que esta actividad ilícita había sido presuntamente realizada por un grupo delincuencial, perfectamente estructurado y jerarquizado, compuesto por ocho personas, que se dedicaba a captar personas sin recursos para obtener copia de su documentación y sus datos personales, los cuales eran empleados posteriormente para la creación de empresas pantalla, apertura de cuentas bancarias y la simulación de contratos de compra-venta de vehículos de alta gama, todo ello a cambio de una contraprestación económica.

24 cuentas bancarias

El desarrollo de la investigación permitió identificar a los ocho integrantes del grupo, detener a dos de ellos e investigar a los otros seis como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico ilícito de vehículos y usurpación de estado civil, así como acreditar la existencia de 24 cuentas bancarias, entre las que se encontrarían las abiertas de manera fraudulenta a nombre de las víctimas, así como las de los principales autores, cuatro vehículos de alta gama y dos empresas pantalla.

Se estima que el grupo delincuencial ahora desarticulado pudiera haber llevado a cabo varias operativas de blanqueo de capitales por valor de unos 150.000 euros.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha acogido este miércoles la primera sesión prevista del juicio relativo al conocido  'caso chalet', mediante el que están siendo investigados los expresidentes del Córdoba CF, Carlos González y Jesús León, por la utilización presuntamente de capital del club para la reforma de una casa que tenía el tinerfeño en Madrid, y que se llevó a cabo por parte de una empresa del montoreño. La Fiscalía pide penas de cárcel de casi 12 años y multas por valor de más de 20.000 euros. En este sentido, en la investigación se ha visto igualmente salpicada Isabel Madueño, esposa de León y quien fuera presidenta de la Fundación del Córdoba CF.

La misma ha sido una de las principales protagonistas en el primer día de la vista oral del juicio, dado que tanto su defensa como la de su esposo, han solicitado al juez la “nulidad de las pruebas”, relativas a una conversación con Jesús León a través de la aplicación Telegram, alegando que “no consta autorización expresa para ello” y que “el auto solo preveía la extracción de bases de datos y ficheros electrónicos”, además de que “no existían indicios previos que justificaran entrar en la intimidad de Isabel Madueño. No se valoró la proporcionalidad”. Asimismo, se puntualizó que se habían vulnerado derechos fundamentales de intimidad.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, en relación a este argumento, ha incidido en que “cuando las cartas que se tienen no son buenas, se intentan agarrar a cualquier garantía legal”, recordando a su vez que cuando se intervino en un registro al “entonces investigado” Jesús León, se le sustrajo un teléfono y se autorizó el volcado de la información. De este modo, “de ese volcado se obtienen las pruebas que la inculpan”, remarcando a su vez que a Isabel Madueño “no se la trae aquí solo por esta conversación, que es importante y es obtenida de manera legal, se la trae porque era la responsable de la Fundación del Córdoba CF”, detallando este que “falseó las cuentas de 2015, que se cierran con un agujero de un millón de euros” y que “volvió a falsear las cuentas del año 2017, y luego cuando su marido era presidente en 2018, intentó otro nuevo contrato para seguir falseando las cuentas de la fundación y ocultar ese millón de euros”.

Dicho último argumento fue contrariado por parte del letrado de Madueño, quien hizo hincapié en que “el único motivo por el que se acusa a mi defendida es por ser presidenta de la Fundación, que lo fue desde 2018”, ya que previamente era María del Mar Muñoz. Igualmente, se ha aludido a ciertos informes relativos a unos problemas de salud de la misma.

Así las cosas, hay que recordar que la Fiscalía solicita para Madueño un año de prisión y nueve meses de multa a 15 euros por día (4.050 euros) por delito societario en el ámbito de la Fundación del Córdoba CF SAD. Finalmente, en relación a todo esto, el juez decretó que la nulidad de las pruebas de las conversaciones telefónicas y los correos “se verá a la hora de dictar sentencia”.