La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha informado sobre las manchas detectadas días atrás en el embalse de La Encantada, en la urbanización Las Jaras en la Sierra de Córdoba, y señala que están producidas por un proceso natural de floración de algas. La inspección de los técnicos de la CHG y los posteriores análisis de laboratorio descartan así que la causa sea un vertido, tal y como había denunciado Ecologistas en Acción Córdoba.

Según ha comunicado el organismo de cuenca, la floración de fitoplancton tiene origen en procesos de eutrofización (acumulación de nutrientes) de las masas de agua, que se ven favorecidos por el cambio climático. Estos fenómenos se producen con mayor frecuencia al finalizar la época invernal, con el aumento de temperaturas y, sobre todo, de la radiación solar. 

La proliferación algal se limita a zonas concretas del embalse, junto a las orillas de la margen derecha y la presa. La CHG ha comunicado los resultados de los análisis al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ante la que había presentado denuncia Ecologistas en Acción Córdoba.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizará un seguimiento periódico de la floración en la masa de agua, mediante inspección, recogida de muestras y a través de teledetección por satélite, dada la capacidad que presenta el fitoplancton para su observación por métodos ópticos.

La asociación ambientalista Ecologistas en Acción de Córdoba ha presentado sendas denuncias ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba y ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por unos vertidos aparecidos en el conocido como lago de La Encantada, en plena Sierra de Córdoba.

Las denuncias -a las que ha tenido acceso este periódico-, exponen que el pasado domingo 16 de febrero, el agua embalsada en La Encantada, ubicada en la urbanización de Las Jaras, aparecía “con grandes manchas de un líquido blanquecino de aspecto grasiento y espumoso”.

Dicho líquido se podía apreciar “flotando en la superficie y acumulado en los bordes junto a la presa y en algunas zonas de la orilla”. Para identificar mejor la ubicación, las denuncian se acompañan de las coordenadas de localización y de un mapa del lago de La Encantada, donde el principal punto donde se apreció el vertido se situaba cerca de la avenida Bellavista de la urbanización de Las Jaras.

Ecologistas en Acción señalan ante la Fiscalía y ante el Seprona que no ha podido identificar ni localizar el foco del vertido ni el punto desde donde pudiera salir el líquido grasiento hacia la superficie del lago.

Por ello, solicitan que la Fiscalía y el Seprona investiguen lo ocurrido, al considerar que podría tratarse de un hecho “grave y presuntamente constitutivo de ilícito penal”.

El lago o embalse de La Encantada, dependiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se construyó en el año 1976 sobre el cauce del río del mismo nombre, ideado como una construcción artificial y ubicado en la carretera CO-3405 entre Córdoba y Villaviciosa.

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba, Sadeco, ha encargado la retirada de fibrocementos con amianto y materiales contaminados para la ciudad de Córdoba, con un contrato que acaba de adjudicar a la empresa Demoliciones Córdoba SL, por un montante de 29.224 euros y un año de ejecución con posibilidad de otro año más.

Según consta en el pliego del contrato -consultado por este periódico-, el objetivo es la retirada de vertidos irregulares de materiales de aislamiento y de construcción que contienen amianto en el término municipal de Córdoba, incluidos los residuos que se encuentren contaminados en su presencia. Además, será objeto del contrato la retirada de estos materiales depositados en el Complejo Medioambiental de Córdoba Juan Revilla.

“Con frecuencia se producen vertidos ilegales en el término municipal de Córdoba, generalmente inferiores a 1 m3 , y es objeto del presente contrato disponer de un servicio que retire y gestione estos pequeños vertidos en un plazo reducido de tiempo, y por tanto evitar que puedan producir daños medioambientales, o personales y produzcan efecto llamada, provocando más vertidos ilegales de cualquier tipo”, explica la empresa municipal en el pliego del contrato.

Sadeco reconoce la necesidad de realizar labores de extracción, acopio y transporte para su posterior eliminación y gestión administrativa de vertidos incontrolados contaminados por la presencia de amianto en localizaciones competencia de Sadeco. “Todo ello correrá a cargo de la empresa adjudicataria, suministrando la mano de obra debidamente cualificada y equipada para la realización de estos trabajos de acuerdo con la normativa vigente”.

Además de la gestión y tratamiento de los residuos en vía urbana, se incluye la retirada y tratamiento de los residuos contaminados por la presencia de amianto en el Complejo Medioambiental de Córdoba Juan Revilla, instalación titularidad de Sadeco. Asimismo, el servicio deberá atender a las ubicaciones dentro de Córdoba capital y barriadas periféricas de Córdoba (Distrito Periurbano Este – Campiña y Distrito Periurbano Oeste - Sierra).

Las labores a realizar serán la recepción de la notificación de asistencia en la retirada de vertidos contaminados por amianto con obligación de contestación a Sadeco en el plazo máximo de 12 horas con la fecha de actuación prevista; la retirada y gestión de los residuos que contengan fibrocemento, incluyendo el transporte hasta vertedero autorizado; la tramitación de todos los permisos necesarios para el transporte y gestión de residuos según normativa vigente; la notificación de la gestión de la incidencia, indicando la trazabilidad del proceso llevado a cabo; y la generación del justificante de gestión de residuos anual de los residuos gestionados a Sadeco.

El trabajo deberá realizarse en un plazo inferior a cinco días naturales desde la petición de contratación de servicio, a excepción de recogidas de residuos con un peso mayor de 501 kg en las que sean necesaria la utilización de servicios especiales de retirada, para los que se amplía el periodo a siete días naturales.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha urgido este jueves al gobierno local de José María Bellido que “ponga punto y final a la falta de control sobre vertidos en las cuencas y aplique de inmediato un plan de inspección para cumplir la legalidad, así como a interponer medidas sancionadoras”.

En una rueda de prensa, el edil ha insistido en “la necesidad de que el gobierno municipal adopte un plan de inspección sobre vertidos a cuencas y el inicio de medidas sancionadoras a los causantes porque, además de hacer cumplir la legalidad como obligación de las administraciones públicas, debe frenar el daño que estamos haciendo a nuestro medio ambiente y a nuestros enclaves naturales vinculados al agua”.

Dobladez ha recordado que “hace un mes se volvió a aprobar un decreto para el pago de una multa a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por realizar vertidos, en este caso de aguas residuales procedentes de la red de saneamiento de la Urbanización Las Jaras al dominio público hidráulico Arroyo de Don Lucas, careciendo de la preceptiva autorización, una multa que ascendió a 5.293,80 euros”.

“A ella se suma la abonada en junio de 10.001 euros por la realización de vertidos de aguas residuales procedentes de la población de Trassierra al cauce público del arroyo del Molino, vertidos que ya fueron sancionados previamente”, ha citado.

Según ha expuesto, “es una dinámica normalizada en los últimos años en los que, por la falta de control del Ayuntamiento, los vertidos que realizan algunos nos pasa factura a todos los cordobeses y cordobesas en multas recurrentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

También, ha apuntado que “la normativa considera que la competencia en la regulación de los vertidos residuales procedentes de viviendas es de los ayuntamientos, que son los que tienen que velar por el cumplimiento de la norma y arbitrar medidas para garantizar que no se producen vertidos”.

A las multas citadas anteriormente, Dobladez ha sumado “la de octubre de 2023, de más de 5.000 euros, por vertidos de aguas residuales en el Arroyo Pedroches; otra del mismo mes que obligó a aprobar una modificación de crédito de 21.000 euros por vertidos contaminantes en la Urbanización Campiñuela Baja, y en abril de 2022 por vertidos contaminantes en el cauce del Arroyo Molino en Trassierra y en los Baños de Popea, así como otra por vertidos en el cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba”.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha impuesto una sanción de 9.371,72 euros al Ayuntamiento de Córdoba como responsable del vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico en el entorno de la urbanización Las Jaras, en la Sierra de Córdoba. Establece una sanción de 8.823 euros y se suma la obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico con otros 548,72 euros. 

El expediente tramitado por la Confederación -al que ha tenido acceso este periódico-, da cuenta de la denuncia formulada por el Servicio de Calidad de Aguas del organismo de cuenca, con fechas 7 y 12 de diciembre de 2023. En él se constata “vertidos de aguas residuales, procedentes de la red de saneamiento de la urbanización Las Jaras, al dominio público hidráulico, arroyo de Don Lucas, careciendo de la preceptiva autorización de este Organismo de cuenca y resultando, a la vista del resultado analítico obtenido, un vertido contaminante con capacidad de afección a la calidad de las aguas, en el término municipal de Córdoba”.

La Confederación da cuenta, así mismo, que “se ha acreditado que el vertido procede de la red de saneamiento de la Urbanización Las Jaras, a cauce público, y tras los análisis practicados a las muestras tomadas, se ha comprobado su capacidad para deteriorar la calidad de las aguas del medio receptor al superarse los valores establecidos”.

Obligación legal de depurar las aguas

Igualmente, establece que “la culpabilidad se desprende del hecho de que corresponda al Ayuntamiento la obligación legal de depurar las aguas (artículo 25. 2 l LBRL 7/1985), sin que pueda hacer dejación de sus funciones o de la competencias legalmente atribuidas”.

Y califica los hechos probados como una “infracción administrativa leve”, estableciendo una sanción de 8.823 euros y la obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico con otros 548,72 euros. 

Inicialmente, el Ayuntamiento presentó una serie de descargos en el expediente, señalando que no estaba suficientemente probado que los vertidos objeto de la inspección fueran vertidos fuera de norma, o que pudieran provocar daño al medio, a la vez que indicaba que se están realizando actuaciones por el Consistorio para dar solución a la prestación del ciclo integral del agua en la Urbanización Las Jaras. 

En su informe, la Confederación señala que se ha comprobado que sí se trata de vertidos de aguas residuales, sin autorización y que han dañado al medio, por lo que impone finalmente la sanción.

Ante ello, el área de Gestión del Ayuntamiento ha emitido un informe por el que reconoce voluntariamente la responsabilidad del Ayuntamiento de Córdoba en los hechos denunciados en el expediente sancionador, mostrando su voluntad de proceder al pago voluntario de la sanción previo a la resolución sancionadora. Esta modalidad de pago voluntario reconociendo la infracción beneficia al infractor con la reducción de un 40% del montante.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha instado al Gobierno municipal de Bellido a adoptar un Plan de Inspección sobre vertidos a cuencas y el inicio de medidas sancionadoras a los causantes de las mismas. “Es urgente, además de hacer cumplir la legalidad, ejecutar esta obligación de las administraciones públicas para frenar el daño que estamos haciendo a nuestro medio ambiente y a nuestros enclaves naturales vinculados al agua”, ha espetado. 

El edil ha recordado que en junio de este año, la Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de acatar la sentencia por la que se impone una sanción al Ayuntamiento de Córdoba de 10.001 euros por la realización de vertidos de aguas residuales procedentes de la población de Trassierra al cauce público del arroyo del Molino. 

“Es una dinámica normalizada en los últimos años en los que por la falta de control del Ayuntamiento, los vertidos que realizan algunos nos pasa factura a todos los cordobeses y cordobesas en multas recurrentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”, ha señalado Dobladez, quien ha comentado que no es la primera sanción que recibe el Ayuntamiento por este tipo de vertidos. 

La normativa, ha dicho, considera que la competencia en la regulación de los vertidos residuales procedentes de viviendas es de los ayuntamientos, que son los que tienen que velar por el cumplimiento de la norma y además arbitrar medidas para garantizar que no se producen vertidos. 

El capitular ha reseñado que en octubre de 2023 se firmó un decreto municipal en el que se reconoce la responsabilidad del Ayuntamiento de Córdoba en la sanción de más de 5.000 euros impuesta por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por vertidos de aguas residuales en el Arroyo Pedroches, susceptibles de producir contaminación y degradación del dominio público hidraúlico del citado arroyo, y que en el informe de la CHG se aprecia la existencia de grietas y perforaciones en la red de saneamiento. 

En ese mismo mes, otra sanción obligó a aprobar en un Pleno extraordinario una modificación de crédito de 21.000 euros para hacer frente al pago de otra sanción de la CHG por vertidos contaminantes en la Urbanización Campiñuela Baja. 

“Pero si hacemos memoria, no es la única sanción que ha recibido el Ayuntamiento de Córdoba en los últimos años como consecuencia de vertidos contaminantes a cauces públicos. Entre ellos, en abril del año 2022 se produjo una sanción por vertidos contaminantes, otra vez, en el cauce del Arroyo Molino en Trassierra y en los Baños de Popea, así como otra por vertidos en el cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, mientras que en noviembre del 2022, y en enero de 2023 se reciben sendas sanciones por vertidos ilegales en Campiñuela Baja”. 

Dobladez ha concluido que los informes de la Intervención vienen reiterando al Consistorio que debe analizar el origen de los vertidos y seguir los trámites que procedan para evitar la imposición de este tipo de sanciones.

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha denunciado que la entidad supramunicipal que preside Salvador Fuentes está vertiendo residuos y escombros sin tratar en una parcela privada de Las Jaras, en plena Sierra Morena cordobesa, procedentes de las obras de arreglo de la carretera CO-3405, lo que podría estar tipificado como un presunto delito contra el medio ambiente. 

Romero se ha hecho eco en una nota de prensa de las denuncias de los vecinos de la zona, que se quejan de la polvareda levantada, de la suciedad, de la afectación a la imagen de la sierra y a posibles consecuencias para la salud, ya que se tratan de restos de obras con alquitrán de la antigua carretera de Villaviciosa que están siendo depositados en una parcela privada, pero que no han sido tratados previamente.  

El socialista ha recordado que cuando se ejecuta una obra existe la obligación de llevar los escombros y residuos a empresas especializadas para su tratamiento y depósito, “máxime en una obra competente de la Diputación que está subcontratada, pese a que, al parecer, tenga el permiso del dueño de la parcela privada donde se están vertiendo los restos”.

Romero ha apelado a la “responsabilidad del Gobierno de la Diputación por no vigilar estas cosas” y ha apoyado a los vecinos que han manifestado su intención de detener el vertido con una denuncia en los juzgados.

Prácticamente 60.000 cordobeses siguen sin poder depurar las aguas residuales que generan y que vierten sin control alguno al medio ambiente. Según el último informe sobre el estado del medio ambiente en Andalucía, del que tomó conocimiento este lunes el Consejo de Gobierno, el 7,3% de los cordobeses siguen sin disponer de un servicio de agrupación de vertidos de aguas residuales y de una depuradora que evite que los residuos acaben contaminando los ríos. Córdoba está lejos de cumplir con el compromiso que adquirió la Junta de Andalucía en el año 2010 y España como estado ante la Unión Europea años atrás para depurar todas las aguas residuales y evitar la contaminación de ríos y acuíferos a causa de los depósitos de los hogares y las industrias.

De hecho, una de las grandes inversiones prevista por la Junta para el próximo ejercicio es la construcción de las depuradoras de la provincia que aún faltan por ejecutar. La Junta de Andalucía va a destinar 9.140.212 euros en la puesta en marcha de las Agrupaciones de Vertidos (AAVV) y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Fuente Tójar, El Guijo, Algallarín y Guadalcázar durante 2024. Aún así, no estarán construidas todas las necesarias.

Según los datos disponibles en la página web de la empresa provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), actualmente hay 47 depuradoras en funcionamiento a cargo de esta compañía pública, que dan servicio a más de 200.000 vecinos. Hay otros municipios que controlan sus propias depuradoras, aquellos más habitados, como es el caso de Lucena, Baena, Montilla o Puente Genil, por ejemplo.

Emproacsa señala que a día de hoy sigue habiendo 23 depuradoras pendientes de construcción. Algunas, como es el caso de la de Pozoblanco, la más importante, está pendiente de ampliación. En total, Emproacsa depura una media de 11 hectómetros cúbicos de aguas residuales al año.

En Córdoba capital, está en proyecto la construcción de una depuradora que dé servicio a toda la barriada de Trassierra y otra a Las Jaras. Recientemente, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba han firmado un acuerdo para redactar el proyecto que solucione uno de los problemas más graves con las aguas residuales en la zona de Sierra Morena. En la capital también existen problemas de vertidos en las parcelaciones irregulares.

El propio informe de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía señala que en Córdoba hay en marcha un total de 60 actuaciones para acabar con los vertidos de aguas residuales. Las obras están valoradas en unos 55 millones de euros en total.

Todos los años, España como estado se enfrenta a una multa superior a los 130 millones de euros por no depurar aguas residuales en los municipios de más de 2.000 habitantes del país. En el caso de Córdoba, de las 39 depuradoras en municipios de más de 2.000 habitantes, todas cumplen la normativa salvo cinco que se encuentran en la zona norte de la provincia. Una, la depuradora de Peñarroya-Pueblonuevo, vierte las aguas sobre el territorio del embalse de Sierra Boyera, hoy sin agua por la sequía y habitual suministrador de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches. Las otras cuatro depuradoras son las de Pozoblanco, El Viso-Villaralto, Añora-Dos Torres y Alcaracejos-Villanueva del Duque. Todas ellas vierten sobre el pantano de La Colada, contaminado, y todas ellas están señaladas en el informe como deficientes en sus funciones de depuración.

La organización ambientalista Ecologistas en Acción de Córdoba ha reclamado a las administraciones conocer qué vertidos de aguas residuales se han producido en la capital desde el año 2021, después de conocerse que ha habido varios expedientes sancionadores al Ayuntamiento por este motivo.

Ecologistas en Acción denunció en octubre pasado un vertido de aguas residuales al arroyo Pedroches “que podrían proceder del Club Mirabueno (La Pérgola de Mirabueno)” y, poco después, tuvieron conocimiento en información avanzada por este periódico de que la Confederación Hidrográfica ha incoado varios expedientes sancionadores y de restauración al Ayuntamiento de Córdoba por vertidos a cauces públicos en los últimos años. “Algunos de los expedientes, al parecer, han finalizado con la imposición de sanción y medida de restauración. Otros están en tramitación”.

Por todo ello, la organización ambientalista se ha dirigido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, con sendos escritos para reclamar toda la información al respecto de esos vertidos y las sanciones impuestas.

En su escrito -al que ha tenido acceso Cordópolis-, Ecologistas pide información sobre “todo lo actuado” en relación al vertido denunciado en arroyo Pedroches “y, de haberse incoado o incoarse expediente sancionador o de restauración como consecuencia de nuestra denuncia o relacionada con los extremos en ella contenidos”.

Lista de los expedientes sancionadores y detalles de los hechos

Junto a ello, solicitan “una lista de los expedientes sancionadores instruidos contra el Ayuntamiento de Córdoba en los años 2021, 2022 y 2023 con expresión de la fecha de la incoación del expediente; el punto de vertido; el tipo de vertido; los autores directos del vertido; los daños causados; la sanción y medida de restauración impuesta, de ser el caso; la fecha en la que se abonó la sanción y la fecha en la que se ejecutó la medida de restauración o la fecha en la que se archivó, de ser el caso”.

Si los expedientes están actualmente en tramitación, también se reclama la información que haya “en función del momento procedimental en el que se hallen y, en todo caso, la situación en la que actualmente se encuentran”.

Además, a Emacsa también se le reclama el informe de la Intervención Municipal en el que se conmina al Consistorio a analizar el origen de los vertidos y seguir los trámites que procedan para evitar la imposición de este tipo de sanciones. E, igualmente, cuantos informes técnicos o jurídicos obren en poder de este Ayuntamiento relacionados, directa o indirectamente, con los referidos expedientes sancionadores y de restauración por vertidos no autorizados en 2021, 2022 y 2023.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ana López ha instado al Gobierno municipal de Bellido a adoptar un Plan de Inspección sobre vertidos a cuencas en el término municipal de Córdoba y el inicio de medidas sancionadoras a los causantes “que no pueden dilatarse más, ya que estamos hablando no ya de saltarse la Ley, que es muy grave, y de las sanciones pecuniarias que salen del bolsillo de todos los cordobeses y cordobesas, sino también del daño que estamos haciendo a nuestro medio ambiente y a nuestros enclaves naturales vinculados al agua”. 

La edil ha informado de que el pasado 19 de octubre se firmó un decreto municipal en el que se reconoce la responsabilidad del Ayuntamiento de Córdoba en la sanción de más de 5.000 euros impuesta por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por vertidos de aguas residuales en el Arroyo Pedroches, susceptibles de producir contaminación y degradación del dominio público hidraúlico del citado arroyo. En el informe de la CHG se aprecia la existencia de grietas y perforaciones en la red de saneamiento. 

López ha indicado que en este mismo mes se ha aprobado en Pleno extraordinario una modificación de crédito de 21.000 euros para hacer frente al pago de otra sanción de CHG por vertidos contaminantes en la Urbanización Campiñuela Baja, sanción que había tenido entrada en el Ayuntamiento el 29 de septiembre de este año y que por la inexistencia de crédito suficiente obligaba a esta modificación para no entrar en vía ejecutiva con los consiguientes problemas que ello ocasionaría al Ayuntamiento. 

“Pero si hacemos memoria, no es la única sanción que ha recibido el Ayuntamiento de Córdoba en los últimos años como consecuencia de vertidos contaminantes a cauces públicos. Entre ellos, en abril del año 2022 se produjo una sanción por vertidos contaminantes en el cauce del Arroyo Molino en Trassierra y en los Baños de Popea, así como otra por vertidos en el cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, mientras que en noviembre del 2022, y en enero de 2023 se reciben sendas sanciones por vertidos ilegales en Campiñuela Baja”, ha precisado Ana López, que ha agregado que “podemos ir más atrás en el tiempo y encontraremos más sanciones de este tipo”. 

La socialista ha explicado que un informe de la Intervención conmina al Consistorio a analizar el origen de los vertidos y seguir los trámites que procedan para evitar la imposición de este tipo de sanciones, toda vez que el propio alcalde indica que no son vertidos producidos por el Ayuntamiento, empresas u organismos dependientes de éste, sino que corresponden a particulares y a urbanizaciones ilegales que carecen de infraestructuras que eviten esos vertidos. 

“Cabría en este punto recordarle a Bellido que tanto la Ley de Bases de Régimen Local como la Ley de Autonomía Local de Andalucía reconocen como competencia municipal el tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas, así como la Ley de Aguas en lo referente al vertido de aguas al dominio público hidráulico”, ha considerado la concejala, que ha insistido en que el Ayuntamiento es responsable de la labor de vigilancia y policía y, en su defecto, “de la pasividad municipal que emana”.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de que su grupo presentará al Pleno del jueves de esta semana un total de cuatro propuestas, entre ellas una para pedir al Gobierno central que compense a los consistorios y entidades locales por la aplicación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos.

En una rueda de prensa, junto a la teniente de alcalde delegada de Modernización Digital y Centro Histórico, Lourdes Morales, el concejal ha recordado que dicha moción “ya se vio en el Consistorio en noviembre del año 2022”.

Al respecto, ha defendido que hay que “incidir en la explicación de que la subida que se ha propuesto en Sadeco a aplicar en el próximo ejercicio se debe única y exclusivamente a la asunción integral por parte del Ayuntamiento del coste de ese impuesto”.

Según ha remarcado, “no está en nuestra política subir impuestos, pero nos vemos obligados a repercutir en el usuario este impuesto”, todo ello después de que “sí se solicitó por parte de la FEMP, por todos los grupos políticos y por todos los alcaldes que el Gobierno compensara a los ayuntamientos por este impuesto”.

Así, ha advertido de que “no ha habido ningún gesto del Gobierno de España del PSOE, en este sentido”, de modo que “se reitera la petición que ya se hizo en noviembre del año 2022, que se compense de alguna manera la repercusión de este impuesto”, ha insistido el edil.

Una segunda moción se refiere a la tenificación de los profesionales de la Abogacía y la Procuraduría en relación con “su protección social”, siendo “una situación que afecta a los colegios profesionales de abogados y procuradores de forma que no pueden incorporar las cuotas que han pagado durante los años de su ejercicio al final de su vida laboral al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de manera que les compute a la hora de la pensión”, algo que “es una reivindicación justa y que afecta a muchos abogados y procuradores cordobeses”, ha señalado.

Amnistía y trenes

La tercera moción, ha apuntado Torrico, es “contra la ley de amnistía, que nos afecta como cordobeses, andaluces y españoles”, y por la que “a cambio de mantener a Pedro Sánchez y al PSOE en el poder, no sólo es inconstitucional, sino inmoral”, por lo que creen que “los grupos políticos del Consistorio deben pronunciarse al respecto, porque no es sólo la ley de amnistía, porque después, si al final es investido Pedro Sánchez gracias a los votos de los independentistas, vendrá la desigualdad entre territorios y eso implicará desigualdad en la financiación entre territorios y que los cordobeses tengamos menos recursos para las necesidades que otros territorios”.

Y la cuarta proposición, “que se ha presentado en otros ayuntamientos de Andalucía”, es para “solicitar que el Gobierno central mejore la calidad del servicio de Alta Velocidad”, ha manifestado el portavoz, quien ha comentado que “todos los que somos usuarios, puntual o recurrentemente, de los servicios ferroviarios de Alta Velocidad, Avant o Media Distancia sabemos que un tren que llegue a su hora ahora mismo es como un reloj parado que acierta dos veces al día”.

En este sentido, ha aseverado que “hay un desbarajuste total en los servicios ferroviarios, no se cumplen los horarios, hay multitud de averías que implican la suspensión de trenes y es una situación que causa un perjuicio” a los ciudadanos, de ahí que considere que “el Ayuntamiento de Córdoba, como una de las ciudades más afectadas por estos retrasos en la red, debería pronunciarse”.

La plataforma ciudadana en Defensa del arroyo Pedroches ha presentado una denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por vertidos de aguas residuales al arroyo Pedroches, según ha informado a través de una nota de prensa.

Este colectivo presentó la denuncia el pasado martes por la mañana, por un vertido localizado en el tramo urbano de este arroyo cordobés.

Alertados por un particular, vecino de Córdoba, miembros de la pataforma ciudadana “han podido comprobar la existencia de una tubería por la que se vierten aguas residuales al Pedroches”, han señalado a través de una nota de prensa. El colectivo, de hecho, señala que “las aguas contaminantes podrían proceder de las instalaciones deportivas y de recreo” de un club deportivo de la zona, del que desconocen si tienen autorización para el vertido de aguas no depuradas por parte de la CHG.

“Este vertido de aguas fecales puede estar afectando negativamente a la importante y valiosa comunidad de ictiofauna del mencionado arroyo. El resultado, en conjunto, es un empobrecimiento de la biodiversidad en todo el tramo bajo del Pedroches, con repercusiones sobre especies de fauna silvestre especialmente protegidas, a lo que habría que añadir el riesgo sanitario por su fácil accesibilidad”, señalan.

Ante estos hechos, el colectivo reclama identificar a los presuntos responsables del vertido y la limpieza de la zona.  

“Desde la Plataforma Ciudadana en Defensa del Pedroches venimos denunciando los problemas que se acumulan en el Dominio Público Hidráulico (DPH) del arroyo Pedroches, cada vez más deteriorado por la escasez de precipitaciones, por su contaminación en diversos puntos, y, por la falta de actuaciones correctoras y protectoras del citado cauce público por parte de las administraciones públicas responsables, el Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”, han señalado a través de una nota de prensa.

E pasado 10 de Junio de 2021, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, con el apoyo de todos los grupos políticos, aprobó una moción en la que se destacaba el valor ambiental y cultural del arroyo Pedroches, y se solicitaba al organismo competente dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

El Ayuntamiento de Córdoba deberá pagar 21.000 euros de sanción por vertidos de aguas residuales ocurridos en la zona de la Campiñuela Baja, en el término municipal de la capital. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) multó al Ayuntamiento por estos vertidos procedentes de la urbanización de la Campiñuela Baja. La sanción fue recibida en Capitulares en noviembre de 2022 y pese a recurrirla, ahora deberá abonarla.

De hecho, un Pleno extraordinario este viernes tiene previsto aprobar una modificación de crédito del presupuesto del año 2023, mediante la concesión de un suplemento de crédito por importe de 21.000 euros “al objeto de poder atender, en tiempo y forma el pago de determinadas sanciones impuestas a la Corporación Municipal por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”, según reza en el orden de día.

No es la primera sanción que recibe el Ayuntamiento por este tipo de vertidos. La normativa considera que la competencia en la regulación de los vertidos residuales procedentes de viviendas es de los ayuntamientos, que son los que tienen que velar por el cumplimiento de la norma y además arbitrar medidas para garantizar que no se producen vertidos. Y es por eso por lo que llegan sanciones, como ya ocurrió con la sanción por vertidos al arroyo del Molino y los Baños de Popea en el verano de 2022.

La Ley de Aguas (R.D.L. 1/2001) en su título VII para las que son competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, señala sanciones hasta 10.000 euros para infracciones leves, hasta 50.000 euros para infracciones menos graves, hasta 500.000 euros para infracciones graves y hasta 1.000.000 de euros para infracciones consideradas muy graves.

Este miércoles, varios vecinos de la Urbanización Las Jaras han detectado un nuevo vertido de aguas residuales al Lago de la Encantada, punto de abastecimiento de agua potable de la urbanización. Ya hubo una denuncia por estos mismos hechos el pasado mes de agosto, sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva.

Tras la puesta en conocimiento de los hechos a la Unidad de Seprona de Córdoba, para su remisión al puesto competente, solicitan nuevamente la apertura de diligencias de investigación al objeto de determinar la existencia de un presunto delito contra el medio ambiente tipificado en el artículo 325 y siguientes del Código Penal, según informan a través de una nota de prensa.

“No es la primera vez que ocurre un hecho como este y la administración continúa sin tomar medidas contundentes de cara a dar una solución a estos hechos que no sólo pueden afectar a la salud de los moradores de la urbanización sino atentar contra la flora, fauna y biodiversidad de la zona”, exponen en el comunicado público.

Igualmente solicitan la investigación de una posible inacción por los organismos responsables ante un problema de puede catalogarse como de “salud pública”.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer un vertido de aguas residuales en el lago de la Encantada de la urbanización de Las Jaras de la capital cordobesa.

Según han apuntado desde el Instituto Armado, los agentes se han trasladado este miércoles a recoger muestras en la zona y han hecho las comprobaciones oportunas, sin que por el momento haya identificados por este suceso.

Al respecto, la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba resolvió declarar como apta para el consumo humano el agua distribuida en la zona de abastecimiento de dicha urbanización hace una semana.

En concreto, el Gobierno regional informó de que se resolvió el 10 de agosto la declaración de no aptitud para el consumo del agua distribuida en dicha zona de abastecimiento ante el incumplimiento confirmado de los parámetros de aluminio y manganeso al superar el valor de no aptitud establecido en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Mientras, desde la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) informaron de que el miércoles pasado era el último día que acudían los camiones cisterna con agua a dicha urbanización, una vez normalizada la situación. Los vehículos han pasado dos veces al día desde el 10 de agosto y manteniéndose en la urbanización durante dos horas.

La empresa Agenagua, gestora del agua potable en la urbanización cordobesa de Las Jaras, ha enviado una notificación a los vecinos en la que les prohibe beber el líquido que saqle de sus grifos. Después de las últimas analíticas realizadas, se ha detectado la presencia de altos niveles de aluminio y manganeso en el agua potable que suministra a la urbanización de Las Jaras.

Adenagua ha informado que ha abierto un “plan de seguimiento, corrección” y control para que el agua vuelva a ser potable. Pero mientras tanto prohibe “el consumo humano” del agua.

Por otra parte, varios vecinos de la urbanización Las Jaras han denunciado, de nuevo, la existencia de vertidos incontrolados de aguas residuales incontrolados al Lago de la Encantada, zona de abastecimiento de agua potable de la urbanización. 

Este miércoles, una patrulla de agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) volvió a visitar la zona tras la tercera denuncia “después de que solo una Asociación ajena a la urbanización y un particular pusieran en conocimiento de la autoridad competente en 2021 unos hechos que pueden llegar a efectuar a la salud de los moradores de la zona”, según han informado a este periódico. 

“Particularmente alarmante resulta ser el que ni Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ni Ayuntamiento de Cordoba y ni siquiera la autoridad sanitaria haya tomado medidas cautelares en este asunto”, denuncian. 

“Igualmente preocupante es el comunicado emitido en el día de hoy por la empresa encargada de la gestión de la Red, prohibiendo el consumo de agua potable pero sin procurar ningún tipo de media alternativa, tal y como debe de recogerse en el protocolo de autocontrol que ha de regir el funcionamiento de la Red de Abastecimiento”, exponen. 

Vecinos de la zona denuncian la “inacción de la administración ante un caso que puede llegar a afectar a la salud de centenares de personas”, han asegurado.

Salvo 11 días de diciembre de 2022, el cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital tiene una profundidad máxima inferior al medio metro. En las últimas semanas la media está en 25 centímetros. Este viernes, en apenas siete centímetros. Pero es que entre octubre y noviembre del 2021 el río dejó de fluir. El sensor que afora el cauce del Guadalquivir en la zona de Casillas midió que el río iba a -30 centímetros de profundidad. Es decir, que no fluía.

La sequía es la que ha provocado una situación dramática en el río grande de Andalucía, donde se multiplican los problemas cuando el agua deja de fluir y el cauce desciende de manera muy importante. Y es lo que acaba de ocurrir en la última semana. El río baja con tan poca agua que por un lado se produce un proceso químico que hace que proliferen las algas. Y por otro realza los problemas en el momento en el que llega un vertido, por muy escaso que sea.

Desde principios de semana, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) están recogiendo muestras en el río. Al principio, varios ciudadanos detectaron unas manchas en el cauce que hicieron sospechar de que se trataba de un vertido. Las primeras pruebas certificaron que se había vuelto a repetir lo que ya ocurrió en el otoño del 2021: la escasez de agua hizo que aumentaran de manera muy notable la presencia de algas. El cauce del Guadalquivir a su paso por Córdoba es tan escaso que las aguas han comenzado a tener problemas de oxidación. Y eso a su vez ha disparado la presencia de algas de fitoplancton, que son las que le dan ese extraño color al río entre los puentes de Miraflores y de El Arenal.

Esa estanqueidad es la que ha provocado una presencia masiva de estas algas. Los técnicos de la Confederación, según ha podido saber este periódico, están vigilando el episodio a través de la fotodetección y en cada momento evalúan la situación por si se agravase. De momento, no consta que se haya producido una mortandad de peces por la falta de oxidación de las aguas.

Aparte, se investiga también un supuesto vertido ocurrido entre el miércoles y el jueves, con un origen aguas arriba a Córdoba capital. El vertido es muy visible en la zona del puente de Alcolea y ha llegado algo más diluido a la ciudad de Córdoba. Los técnicos de la Confederación están investigando el origen. En el caso en el que se identifique el origen de este vertido se dará parte al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La llegada de pequeños vertidos al Guadalquivir no es algo inusual. De hecho, algunas alcantarillas vierten en el río. Pero la extrema sequía hace que ahora mismo sea prácticamente imposible que estén vertiendo al río. Aguas arriba, y fuera del término municipal, también hay problemas de vertidos en algunas parcelaciones próximas al cauce e, incluso, de algunas fábricas, especialmente dedicadas a la producción de aceite de oliva. Ahora, por muy pequeño que sea el vertido, el cauce es tan escaso que el daño es importante.

La sequía del río hace aflorar su lecho. De momento, el agua sigue corriendo bajo el Puente Romano, aunque como un pequeño arroyo. Ahora mismo es posible cruzar el cauce mojándose apenas los tobillos. En otoño se llegó a secar este pequeño hilo de agua.

El Pacma pide una investigación

Este viernes, el Partido Animalista Pacma ha solicitado a la Junta de Andalucía que inicie una investigación “inmediata” para esclarecer el origen de los vertidos que han aparecido en río Guadalquivir a su paso por la provincia de Córdoba. “El quinto río más largo de la península ibérica y uno de los más caudalosos sufre, de nuevo, las consecuencias de la actividad humana. Se trata de la segunda vez en siete años que una mancha de contenido nocivo para el ecosistema se extiende poniendo entre las cuerdas a la fauna local, que se arremolina en los espacios en los que aún quedan aguas relativamente limpias”, han denunciado.  

“Si bien en 2017 se determinó que un vertido de orujo procedente de Pedro Abad fue el causante de una enorme mortandad entre los peces, de momento se desconoce el origen de la nueva mancha que podría poner en riesgo, una vez más, a la fauna y flora locales en un ecosistema de por sí deteriorado a causa del descuido general del río”, aseguran.  

Por ello, el presidente del Partido Animalista, Javier Luna, solicita a través de un comunicado de prensa que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, encargada de desarrollar y aplicar las políticas y estrategias en materia de gestión, conservación y uso sostenible de los recursos hídricos de la comunidad autónoma, se “preocupe” por abrir una investigación para depurar responsabilidades sobre este nuevo incidente y que “extreme” las medidas de prevención y reacción ante este tipo de sucesos.

Desde este miércoles, las aguas del río Guadalquivir, ya de por sí muy escasas, tienen una tonalidad distinta. Fuentes oficiales han confirmado a este periódico que el origen está en un vertido con un origen, de momento, desconocido, y que no se ha producido en el término municipal de Córdoba capital. Eso sí, la afección es clara en los tramos del Guadalquivir a su paso por la ciudad.

Según ha podido saber este periódico, en la tarde de este mismo jueves técnicos de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) han acudido al Guadalquivir para tratar de comprobar el alcance del vertido y activar el correspondiente protocolo en un episodio así. Otras fuentes señalan que las manchas en el río ya se ven antes incluso del puente de Alcolea. Muchas llegan al casco histórico de Córdoba, fluyen bajo el Puente Romano y sobrepasan el azud de Casillas.

No es la primera vez que un vertido de estas dimensiones afecta al río Guadalquivir. Tampoco es inusual la llegada de contaminación, sobre todo cuando las aguas bajan algo más crecidas que ahora mismo. En plena sequía, el río apenas fluye.

Varias personas han subido imágenes a redes sociales en las que se ve cómo algunos peces se acumulan en la zona donde no están las manchas de contaminación. De momento, no se ha constatado una gran mortandad de la fauna de peces del Guadalquivir a su paso por Córdoba.

El último gran episodio de contaminación en el Guadalquivir a su paso por Córdoba se produjo en el año 2017. Entonces, el origen estuvo en un vertido de orujo procedente de Pedro Abad, que provocó una enorme mortandad en todo el cauce.

La Guardia Civil de Córdoba, a través del Servicio de Protección a la Naturaleza, investiga lo que ha podido provocar un vertido de aguas residuales al Arroyo Pedroche y que fue detectado el pasado martes por la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa). Según ha podido saber este periódico, el origen podría estar en el atasco provocado por una gran rama de cuatro metros de longitud que habría sido introducida en un aliviadero de aguas residuales que se ha desbordado.

De hecho, la Plataforma Ciudadana en Defensa del Arroyo Pedroches, que aglutina a colectivos sociales, vecinales, ambientalistas y ciudadanos a titular personal, ha puesto en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Córdoba, así como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el vertido de aguas residuales a través de una fisura existente junto una boca de alcantarilla situada junto al Arroyo Pedroche. La rama ha provocado que ese tramo del sistema de alcantarillado ha entrado en carga, es decir, ha colapsado y consiguientemente, se ha desbordado.

El tramo afectado corresponde a la parte final del arroyo Pedroche, en concreto, al tramo comprendido entre el viaducto del ferrocarril situado en un extremo del actual Parque de Levante (Barriada de Fátima), y la desembocadura del mismo en el Guadalquivir. En el agua que discurre por el tramo afectado por el vertido se puede apreciar la presencia de parámetros físicos característicos de las aguas residuales, como el color (turbidez) y el olor. “Efectivamente, resulta llamativo el fuerte contraste entre el agua transparente arroyo arriba del punto de vertido, con presencia de numerosa fauna de invertebrados, y el aspecto desolador e infecto del tramo afectado”, señalan desde la plataforma ciudadana.

Fuentes de Emacsa han confirmado la incidencia. Emacsa actuó este martes tanto en el colector como en su entorno más próximo en las inmediaciones del Arroyo Pedroche tras detectar en una de sus inspecciones rutinarias un alivio causado por un atasco intencionado del propio colector. El personal de Emacsa extrajo de manera inmediata una rama de grandes dimensiones que, por la configuración y dimensiones del colector, había sido introducido de manera intencionada y evitaba que el colector funcionara correctamente.

La rápida intervención de Emacsa propició que el vertido que se estaba registrando “cesara a las 20.30 del martes, el mismo día de la inspección a esta zona”, señalan las fuentes consultadas por este periódico. Una vez detenido el vertido, durante la jornada de este miércoles, el personal de esta empresa municipal ha seguido actuando sobre el propio colector para asegurar su óptimo funcionamiento y detectar si hubiese algún otro incidente de menor entidad. De esta manera, ha verificado que el colector y el aliviadero funcionan adecuadamente sin que exista ningún tipo de vertido. Además, Emacsa se encuentra actualmente realizando labores de limpieza en la zona afectada por el vertido.

“Hemos actuado en tiempo récord”, señalan las fuentes. El aliviadero ya se ha desatascado y el vertido ha cesado, confirman desde la empresa municipal de aguas de Córdoba, que aseguran que también han recibido una notificación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Fuentes de la plataforma han detectado que el vertido ha afectado a la fauna del arroyo. Así, han confirmado la muerte de varios ejemplares de varios calandinos, una especie de peces que están protegidos y que se encuentran amenazados.

Espacio fluvial sobresaliente

El conjunto del arroyo Pedroche incluido en el Inventario de Espacios Fluviales Sobresalientes de Andalucía, presentando una serie de valores culturales (acueducto y puente romano, antigua calzada romana Corduba-Emerita Augusta, molinos, etc.), paisajísticos y naturales. Considerando el conjunto de su cuenca, entre su fauna destaca, por ejemplo, la comunidad de peces autóctonos (cinco especies), una de las mejores de toda la Cuenca del Guadalquivir lo que hace que deba ser priorizada su conservación.

En junio de 2021, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, a instancia de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Arroyo Pedroche, aprobó una moción al objeto de solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica, la declaración del citado arroyo como reserva natural fluvial, justificado por la representación de bosque de galería en un estado de conservación favorable, la presencia de cinco especies de peces, cuatro de ellas endémicas en la Península Ibérica, y catalogadas todas como vulnerables a la extinción, así como una representación sobresaliente de odonatos, entre otros valores ambientales.

La asociación de vecinos La Palabra, del barrio cordobés de Las Moreras, y la formación política 'Andalucía Entre Tod@s', han denunciado este martes la aparición de un nuevo vertido de aguas fecales en el barrio.

Según han detallado, este nuevo vertimiento está localizado en Gabriel Celaya, 19, y de nuevo correspondería a aguas fecales, explica Manuel Ortega, presidente de 'Andalucía Entre Tod@s', que ha protestado junto a Ana Sánchez, de La Palabra, en la puerta del Ayuntamiento.

En este sentido, recuerdan que se trata de una situación “recurrente”. Esta asociación ya denunció casos similares de vertidos fecales en Las Moreras en 2020 y el pasado mes de agosto. Así, consideran que tanto la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como el Ayuntamiento de Córdoba “han de promover en el barrio un Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) para resolver el saneamiento integral”. 

Sin embargo, Manuel Ortega asegura que AVRA “no responde a los escritos”, mientras el servicio de Salud Pública Municipal es “como si no existiese”.