El coordinador de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura cordobesa, Antonio Repullo, ha asegurado este viernes que “Andalucía es hoy más social que nunca y Córdoba es un claro ejemplo de ello, como lo demuestran los más de 5.000 nuevos beneficiarios de la dependencia en esta provincia”, de modo que “se llega a más personas y haciéndolo mejor”.

Así lo ha resaltado el popular en un encuentro con Fepamic, entidad referente en inclusión social, empleo y atención a personas con discapacidad física y orgánica, junto al alcalde de Córdoba y miembro de la candidatura, José María Bellido, y la candidata número cuatro, Beatriz Jurado, al tiempo que ha valorado “el avance de las políticas sociales en Andalucía y, especialmente, en la provincia de Córdoba”.

Repullo ha subrayado que “Andalucía ha alcanzado cifras récord en el sistema de dependencia, superando las 338.000 personas beneficiarias y las 523.000 prestaciones, a la vez que se han reducido los tiempos de espera en más de dos años”.

“En la provincia más de 32.500 personas están siendo atendidas en el sistema de dependencia y se superan las 50.000 prestaciones activas”, ha aseverado, para apostillar que “sólo en el último año se han incorporado más de 5.000 nuevos beneficiarios en Córdoba, lo que demuestra que se llega a más personas y haciéndolo mejor”.

El popular también ha incidido en “el papel fundamental del empleo como herramienta de inclusión”. “En Córdoba, más de 40.000 personas con discapacidad se encuentran en edad laboral, un reto que se aborda con resultados; la tasa de empleo ha crecido hasta el 24,1%, seis puntos más que en 2018, y el desempleo ha descendido de forma significativa”, ha precisado.

En este contexto, ha reconocido la labor de Fepamic como “un interlocutor serio y un ejemplo de cómo la inclusión puede convertirse en una realidad tangible, generando oportunidades, empleo y autonomía para miles de personas”. Asimismo, ha destacado que “entidades como esta no sólo prestan servicios, sino que construyen un modelo de inclusión real, basado en la colaboración con administraciones y tejido social”. “Para el PP de Andalucía, la inclusión se concreta en atención, accesibilidad, empleo y colaboración con entidades”, ha remarcado.

El dirigente ha reafirmado “el compromiso institucional con el fortalecimiento de políticas públicas que integren atención social, accesibilidad y empleo, en coordinación con entidades del tercer sector”. “Desde la llegada de Juanma Moreno al gobierno de Andalucía, la financiación a estos centros se ha incrementado un 32%, algo que evidencia que la inclusión no puede quedarse en el discurso; necesita medidas concretas, coordinación y escucha activa a quienes trabajan cada día sobre el terreno”, ha afirmado.

En palabras de Repullo, “Andalucía es ejemplo de diálogo social y buena gestión, y camina con paso seguro, porque el cambio sigue”, a lo que ha añadido que “Juanma Moreno es garantía de gestión y lealtad con políticas que funcionan”.

Montero en Los Pedroches

En otro orden de cosas, Repullo se ha referido a la presencia de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en la Feria Agroganadera de Pozoblanco y se ha preguntado “cómo va a explicar a los 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato que su Gobierno mantiene bloqueada la obra de conexión de La Colada con Sierra Boyera, una obra fundamental para garantizar la disponibilidad de agua potable a la zona norte de Córdoba”.

El coordinador de campaña del PP de Andalucía ha recordado que “esta obra quedó paralizada en 2009 con el PSOE en la Junta de Andalucía”, si bien ha destacado que “el gobierno de Juanma Moreno ha retomado esta obra fundamental, ha puesto encima de la mesa una inversión de 13 millones de euros, y es el gobierno de Sánchez y el PSOE de Montero, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, quien tiene bloqueada la ejecución de las obras”.

Frente a esto, el popular ha recordado que “el compromiso del Gobierno andaluz con las infraestructuras hídricas en la provincia, con 52 millones de euros en inversiones para la ejecución de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales y Agrupaciones de Vertidos en varios puntos de la provincia”. “Nuestro compromiso con el agua, el bien más preciado, es total”, ha dicho.

El reconocimiento y prestaciones de la ley de Dependencia, los asuntos relacionados con la salud y los que versan sobre educación copan las quejas que llegaron al Defensor del Pueblo de Andalucía desde la provincia de Córdoba en el año 2025.

Según se expone en el Informe Anual 2025 del Defensor -consultado por este periódico-, durante el año pasado este organismo gestionó un total de 1.154 quejas sobre la provincia de Córdoba, de las que 898 se iniciaron en ese ejercicio.

En ese total, sobresalen las 252 quejas relacionadas con la Dependencia. Le siguen 119 quejas relacionadas con personal del sector público y, tras ellas, la salud (93) y la educación (85), copan las quejas mayoritarias que desde Córdoba han llegado al Defensor.

El listado que figura en el informe se completa en los grupos de mayores quejas con las relacionadas con la gestión de la discapacidad (72), la vivienda (65), el medio ambiente (56) y actuaciones en consumo (52).

El Informe Anual del Defensor, que fue presentado la última semana de marzo, analiza las principales actuaciones en cada uno de los ámbitos, señalando las quejas y expedientes abiertos, con los casos más destacados en cada provincia.

El Informe Anual del Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, correspondiente a 2025, que ha sido presentado este pasado miércoles, tiene en el reconocimiento del derecho y las ayudas a la Dependencia uno de los principales asuntos que copan las quejas que han llegado desde Córdoba hasta este organismo y sobre las que ha tramitado quejas y expedientes ante la institución competente, en este caso la Junta de Andalucía.

En este resumen anual, se señalan distintos casos de quejas llegadas desde la provincia de Córdoba y se denuncia que la espera media de los usuarios de Dependencia supera un plazo de más de dos años desde la solicitud. Además, entre los casos más destacados, hay algunos donde la espera es mayor de tres años sin obtener la resolución y situaciones en las que el usuario llegó a fallecer sin que se le reconociera el grado al que tenía derecho ni se prestara el recurso solicitado.

Sobre este caso, la oficina de Jesús Maeztu, recuerda “como muestra desafortunada, el fallecimiento a finales de 2025 de la vecina de 61 años de edad de una localidad de Córdoba, paciente oncológica, con metástasis cerebrales, pulmonares y abdominales, cuyo hijo nos explicaba que había solicitado el reconocimiento de su dependencia en abril de 2024 y cuyo expediente se vio enredado en los entresijos de la migración de datos, hasta ser valorada en noviembre de 2025, muy poco antes de fallecer sin grado ni recurso”.

Así, el informe del Defensor analiza en un apartado específico cómo el reconocimiento conjunto de la situación de Dependencia y el derecho a la prestación dejan un rastro de retraso y espera para los usuarios y sus familias. En el caso de la provincia cordobesa, pone varios ejemplos, como los casos “de la vecina de Priego de Córdoba que presentó su solicitud en septiembre de 2022 y fue valorada en mayo de 2024, sin tener resolución en enero de 2026” y también “la de Córdoba capital, con procedimiento iniciado en diciembre de 2023 y sin siquiera valorar en enero de 2026”.

“Un plazo superior a dos años desde la solicitud”

En el caso de la solicitud de revisión del grado de Dependencia, el Defensor constata por las quejas recibidas y la información solicitada sobre estas a la administración que, en la provincia de Córdoba “de los informes extraemos un plazo aproximado superior a dos años desde la solicitud”.

De hecho, durante 2025, las quejas sobre Dependencia supusieron el mayor grupo de denuncias trasladadas al Defensor desde Córdoba: a lo largo del año se gestionaron 252 quejas sobre este ámbito, de las 1.154 totales de todos los temas. Solo en 2025 se inició la tramitación de 898 quejas sobre la Dependencia.

El tiempo de espera superior a dos años se constata también en otras provincias como Sevilla, Málaga, Almería o Cádiz. Y el Defensor advierte, en relación con el conjunto de Andalucía, que “nos enfrentamos a más fallecimientos de andaluces y andaluzas con expedientes inconclusos y con la impotencia y la indignación de sus familias”.

El Defensor recuerda que el procedimiento dirigido al reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a sus prestaciones en Andalucía está sujeto a un plazo de tramitación ordinaria máximo de seis meses, dentro del cual la resolución que le ponga término habrá de haber sido dictada y notificada a la parte peticionaria.

El informe pone de manifiesto los cambios normativos que se han llevado a cabo en los últimos tiempos como el reconocimiento conjunto de la situación de dependencia y del derecho a prestación. Pero el Defensor indica que “este cambio trascendental -cuyo objetivo es la simplificación procedimental- ha supuesto que, junto a los procedimientos iniciados a partir del 16 de marzo de 2024, que siguen la dinámica descrita, coexistan los expedientes incoados previamente a dicha fecha con arreglo al proceder derogado que, o bien se acomodan a la nueva regulación de procedimiento único si la valoración aún no se había realizado, o bien habiendo recaído resolución de grado, continúan su tramitación con el procedimiento dirigido a que los Servicios Sociales Comunitarios efectúen la propuesta de PIA y/o a que se emita la resolución aprobando el recurso si ya había sido propuesto”.

Los procedimientos, además, se han visto afectados por un proceso de “migración de datos” a un aplicativo informático de gestión unificada, que no cuenta con pleno desarrollo y no permite realizar todas las gestiones, generando diferentes incidencias. “Las manifestaciones de los andaluces y andaluzas nos trasladan miles de testimonios de impotencia, como muestra fidedigna de lo que también reconocen desde la Administración autonómica”, concluye sobre este aspecto, con los informes emitidos al respecto.

El Defensor del Pueblo andaluz ha emitido una resolución por la que insta a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba a que, “sin más dilación”, se reconozca el grado de una mujer de 61 años, dependiente y paciente oncológica, que esperaba dicha resolución desde hacía meses y necesitaba la ayuda de otra persona para su vida diaria. Tras solicitar el reconocimiento de grado y tras pasar siete meses sin respuesta, la familia acudió al Defensor para elevar su queja.

Según la información difundida por la Oficina del Defensor, se pide que se realice la valoración y el dictado de la resolución sobre la situación de dependencia de la mujer y el reconocimiento del servicio o prestación correspondiente. Y recuerda que la norma establece que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses”.

Sobre el caso, explica que, en abril de 2024, la familia inició el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia de la mujer y del derecho de prestaciones del sistema de Dependencia. Sin embargo, siete meses después, sin haber obtenido resolución, elevaron su queja al Defensor exponiendo la situación y la falta de respuesta de la administración. Ante ello, desde esta institución requirieron información a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que, en un informe, “señaló que el expediente se encontraba en fase de validación de documentos, a realizar por la empresa adjudicataria de la grabación”.

Entretanto, la familia de la mujer exponía que no tenían conocimiento avances en la tramitación de la valoración de dependencia de la mujer. Y que esta, por otro lado, había sufrido un empeoramiento debido al progreso de su enfermedad.

Por todo ello, el Defensor urgía el deber de la administración de dar respuesta y a que, sin más demora, se impulsara la solicitud de reconocimiento del grado de dependencia y la prestación que la mujer necesitaba.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha resuelto urgir a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba para que, “sin más dilación” se reconozca el derecho de una mujer dependiente severa a revisar su programa de atención y su derecho de acceso al servicio de atención residencial, tras más de dos años de espera tras la solicitud de su familia, según ha difundido la oficina del Defensor.

La queja sobre esta situación llegó al Defensor del Pueblo en marzo de 2025, donde la familia exponía que la mujer tenía reconocida la situación de dependencia, en grado II, como “dependencia severa” y, por ello, disfrutaba del servicio de ayuda a domicilio. No obstante, “debido al empeoramiento de su situación” tuvo que ingresar en un centro de atención residencial de manera privada, a la vez que los familiares solicitaban la revisión de su grado de dependencia y del programa individual de atención, con el fin de modificar el recurso concedido por el servicio de atención residencial, todo ello “sin haber obtenido resolución en ninguno de los dos procedimientos”, según constata el Defensor.

Admitida a trámite la queja por esta institución, esta requirió un informe sobre el caso a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que, constató que existía “en su expediente la solicitud de revisión del recurso asignado de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema por la interesada”. E. igualmente, “consta que el expediente se encuentra en el trámite de asignación gestor / sin gestor asignado”.

Sobre ello, se abunda en que, “el expediente de la interesada se encuentra a la espera de ser citado por la empresa encargada de la gestión de este trámite (Call Center)”. Y, hasta que no se le asigne gestor y una cita, no tendría asignación, a su vez, de un “técnico de valoración competente por territorio, a efectos de que pueda realizar la visita de valoración, lo que esperemos se produzca a la mayor brevedad posible”.

Ante esto, el Defensor recuerda que la normativa establece que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”. Y, además, el nuevo procedimiento de la Junta de medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, “queda infringido su artículo 156.3 que fija en tres meses, el plazo máximo para resolver las solicitudes de revisión del programa individual de atención, con la debida notificación a las personas dependientes o sus representantes legales”.

Con todo ello, el Defensor ha formulado una resolución ante la Junta para recordar “los deberes legales” a los que debe atender este caso “y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento”. Por ello, insta a que, “sin más dilación, se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante, mediante el dictado de la resolución reconociendo el derecho de acceso al servicio de atención residencial, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente”.

Trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio ligado a la Dependencia en Córdoba han denunciado ante el Pleno del Ayuntamiento el recorte de derechos tanto a usuarios como a las propias empleadas de la empresa adjudicataria de este servicio municipal.

Como en otras ocasiones, las representantes de las trabajadoras han acudido al Pleno y esta vez han tomado la palabra, al abordar los grupos políticos una moción sobre este asunto que ha presentado Hacemos Córdoba. Como delegada sindical de CTA y en nombre de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, Mari Paz Ruiz, ha intervenido ante el plenario: “la empresa está quitando derechos a usuarios y trabajadoras, campando a su anchas sin que nadie les pare los pies”, ha denunciado.

En ese sentido, las trabajadoras han asegurado que “en otros ayuntamientos se fiscaliza el servicio y abren expediente sancionador a las empresas que no cumplen con los derechos de los usuarios ni de los trabajadores”. Por eso, ha reclamado que “este Ayuntamiento tiene el deber de velar por los derechos de los usuarios y fiscalizar a la empresa como correponde”.

Ruiz ha recordado que “el servicio se ha ido degradando en derechos laborales y lo digo con los 27 años de experiencia que tengo”, ha señalado sobre pérdida de derechos laborales, recortes salariales y cotizaciones, además de encontrarse con problemas ante bajas y sustituciones. “Los derechos se pierden a una velocidad pasmosa”.

“La plantilla está ya cansada y hemos dicho hasta aquí. No nos quedan más medidas legales que tomar. Y volvemos a solicitar una reunión con la concejala de Servicios Sociales, Eva Contador, para que podamos trasladar todos los problemas que tenemos y los pasos que vamos a dar”, ha pedido. Y ha solicitado “al Ayuntamiento y al alcalde -José María Bellido- que medie ante esto y se nos escuche”.

Posiciones de los grupos políticos

Por parte del gobierno local, la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, se ha comprometido a mantener una reunión con las representantes de las trabajadoras, si bien no ha entrado en el debate a ahondar sobre la situación que viven. Sobre el funcionamiento de la aplicación de la Ley de Dependencia, ha defendido la gestión de la Junta de Andalucía sobre los pasos para la atención de este servicio para reducir la lista de espera, si bien ha admitido la lista de espera que existe actualmente. “Hemos hecho todo lo que hemos podido en estos siete años”, ha dicho sobre la acción del PP en la Junta.

Hacemos Córdoba ha llevado al Pleno una moción en la que se reclamaba del Ayuntamiento de Córdoba “la supervisión estricta del cumplimiento del convenio y pliego de condiciones. En caso de persistencia en los incumplimientos, proceder a la resolución del contrato y consideración de gestión pública directa del servicio, dando seguridad y dignidad al trabajo”. Y, junto a ello, “exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento estricto de los plazos legales en la valoración y concesión de prestaciones por dependencia, con envergadura de saneamiento urgente del sistema. Solicitar un plan de choque que reduzca drásticamente las listas de espera, con fechas límite concretas para cada expediente”, cuestiones que ha defendido en el debate la edil Irene Ruiz, que ha acusado a la adjudicataria de “pisotear” a las trabajadoras.

Por parte del PSOE, el edil Ángel Ortiz ha criticado a la Junta por la aplicación de la ley Dependencia, con “engaños y mentiras”, mientras los usuarios sufren la lista de espera. “En Córdoba 4.500 personas siguen esperando la atención y hay quienes han fallecido sin tenerla”. Sobre la situación de las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio, se ha hecho eco de sus denuncias de “situaciones de acoso y presión laboral, incumplimiento del convenio y contratos, jornadas fragmentadas, etc”. Y ha reclamado que, en esta situación, “el Ayuntamiento no es un actor neutral, debe vigilar el cumplimiento de la prestación de este servicio esencial”.

Por parte de Vox, su portavoz, Paula Badanelli, ha mostrado la posición de su grupo del lado de las reivindicaciones de las trabajadoras y ha criticado la acción de “marketing” de la Junta de Andalucía sobre la aplicación de ley de Dependencia.

Facua Córdoba ha presentado una denuncia ante la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la que pone de manifiesto el incumplimiento sistemático por parte de la Junta de Andalucía de los plazos legales establecidos en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

María Rosa E. P., vecina de Córdoba capital, lleva esperando más de 15 meses una solicitud revisión del grado de dependencia y del Programa Individual de Atención (PIA), cuando el artículo 30 de la citada ley establece que el procedimiento debe resolverse en un plazo máximo de seis meses.

La afectada, una mujer de avanzada edad diagnosticada con Alzheimer, solicitó en julio de 2024 la revisión de su grado de dependencia —de nivel II (dependencia severa) a nivel III (gran dependencia)—, así como la modificación de su prestación, pasando de Centro de Día a Prestación Vinculada al Servicio, con el fin de poder costear una plaza en una residencia especializada.

Transcurridos quince meses, María Rosa todavía no ha recibido respuesta ni resolución alguna. A pesar de haber presentado varias reclamaciones formales, las contestaciones de la Administración autonómica se limitan a evasivas y a la confirmación de que los expedientes “están en cola”.

Para Facua Córdoba, este caso evidencia el colapso del sistema de atención a la dependencia en Andalucía, y lamenta que ningún responsable asuma las consecuencias de estos incumplimientos.

La asociación advierte además de que no se trata de un caso aislado. “Diversas asociaciones de familiares y plataformas de personas dependientes llevan años alertando de los retrasos crónicos y la falta de recursos en la gestión de la dependencia. Sin embargo, la Junta de Andalucía continúa incumpliendo los plazos legales, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias en un limbo administrativo”, indican.

Por último, Facua Córdoba insiste en que este caso pretende visibilizar un problema estructural que afecta a todo el sistema de atención a la dependencia en la comunidad andaluza. La asociación recuerda que la ciudadanía no pide favores a la Administración, sino el cumplimiento de la ley vigente.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha defendido este jueves la labor de la administración en la gestión de las solicitudes de dependencia en la provincia de Córdoba, a la vez que ha criticado los datos ofrecidos por IU.

En su intervención en la Cámara regional al ser preguntada por incidencias en la tramitación por el parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, la consejera ha subrayado que el andaluz es “el sistema más grande de la Dependencia de España”, a lo que ha agregado que “si se pierde algún expediente o hay una incidencia, se detecta y se subsana”.

Mientras, ha recordado que en la etapa del PSOE con IU en la Junta “un mismo expediente se grababa hasta cinco veces, se duplicaban, acababan en el limbo y ustedes callados”, a lo que ha añadido que de 2011 a 2014 “expulsaron intencionadamente a 34.000 personas del sistema”.

Además, ha reprochado que “en tres días han dado tres datos distintos” sobre los expedientes, al tiempo que ha mostrado en el Pleno listados de expedientes resueltos, del año 2023, con 8.663, que son “personas que están atendidas”, ha afirmado.

Según le ha espetado, “ustedes han engañado, han manipulado y han amedrentado”, remarcando que “si se puede perder un expediente y lo tiene localizado, dígamelo”. “Un expediente se puede perder en el sistema más grande de la dependencia, el de Andalucía, pero no se puede perder la vergüenza”, ha dicho López.

“Decenas de expedientes perdidos”

Por su parte, el parlamentario de Por Andalucía ha asegurado que tienen “decenas de expedientes que sabemos que se han perdido” en algunos pueblos, al tiempo que ha avanzado que seguirán “investigando para ver si hay en más provincias”.

Al hilo, ha advertido de una gestión de la Dependencia “absolutamente negligente”. “Contamos ahora mismo con 574 días que espera de media un andaluz para una resolución”, ha señalado, para afear que “en lugar de aumentar la financiación, lo que han hecho ha sido reducirla o dejarla exactamente tal y como estaba”.

Asimismo, ha apuntado que frente a “la simplificación administrativa, nos encontramos exactamente todo lo contrario”, porque “no han solucionado nada, sino que han generado más problemas”. “¿Qué ha pasado con los expedientes que denuncian muchas familias en la provincia que han desaparecido, consejera?”, ha cuestionado.

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha exigido este miércoles la dimisión de la delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, ante el “grave caos que se está produciendo en la tramitación de los expedientes relacionados con la Ley de la Dependencia” y que ha implicado la “pérdida masiva de expedientes”.

A este respecto y a través de una nota, Pérez ha aludido a cómo la pasada semana ya denunció públicamente que “el Gobierno andaluz del PP había extraviado cientos de expedientes correspondientes al año 2023”, lo que está provocando un “perjuicio enorme a decenas de familias que llevan esperando cerca de dos años para que se les reconozca o revise la ayuda a la dependencia de sus familiares”.

La reacción de la Junta entonces, como también ha recordado Pérez, llegó a través de la propia Dolores Sánchez, quien acusó a IU de “utilizar a las personas mayores con el único objetivo de difundir mentiras y crear bulos” sobre la Dependencia en Córdoba, “para sacar un puñado de votos”, asegurando que “esos expedientes no se han perdido” y que en Córdoba “tenemos récord histórico de personas atendidas, superando las 33.800 personas beneficiarias”, habiéndose “resuelto más de 8.600 expedientes correspondientes solo a solicitudes del año 2023”.

Sin embargo, y a juicio del líder de IU en Córdoba, “los hechos están demostrando todo lo contrario”, ya que “cada día son más las personas que se ponen en contacto con nosotros para confirmar que sus expedientes han desaparecido o se encuentran sin rastro en los centros de Servicios Sociales”.

Testimonio en Pedro Abad

Uno de los “numerosos casos” de los que ha tenido conocimiento IU “es el de una vecina de Pedro Abad (Córdoba), que acudió hace unos días a consultar el estado del expediente de su padre, tramitado en julio de 2024, y se encontró con que no aparecía en el sistema. La trabajadora social le sugirió iniciar de nuevo el procedimiento, a lo que la afectada se negó, presentando el justificante de la solicitud registrada el año pasado. La vecina ha advertido que, si no obtiene respuesta en los próximos días, acudirá a la vía judicial”.

Para Sebastián Pérez, “este nuevo ejemplo confirma que la delegada de Inclusión Social mintió y que el caos administrativo es un hecho de enorme gravedad”. Por ello, en IU consideran que “su continuidad al frente de la Delegación resulta insostenible”, y ha exigido su “dimisión inmediata”.

Pérez ha señalado, además, que esta situación vuelve a poner de manifiesto que el PP continúa con su línea de desmantelar los servicios públicos, tal y como está ocurriendo con la sanidad pública y con el caos generado en el programa de cribado del cáncer de mama“, y ha avanzado que desde IU ”todo este asunto será planteado en el Parlamento andaluz, y en cuantas instituciones sea necesario para que se esclarezcan estos graves hechos y se depuren las responsabilidades políticas oportunas“.

Finalmente, Sebastián Pérez ha hecho un llamamiento “a todas las personas que tramitaron expedientes de dependencia entre 2023 y 2024 para que acudan a sus centros de Servicios Sociales y verifiquen el estado de sus solicitudes, ya que todo apunta a que una gran parte de estos expedientes podrían haberse extraviado”.

La dirección provincial de IU Córdoba ha anunciado este miércoles que sus alcaldes, en concreto de los municipios de Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Fernán Núñez, Montalbán, Carcabuey, Cardeña, Doña Mencía, Fuente Palmera, Fuente Carreteros y Nueva Carteya, van a registrar un escrito dirigido a la delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, ante “la grave situación del sistema de Dependencia en la provincia”, sobre todo “tras constatar la pérdida de expedientes y solicitudes de altas o revisiones correspondientes a los años 2023 y 2024”.

En este sentido y a través de una nota, desde IU han criticado la “alarmante tardanza en la resolución de expedientes y en las revisiones de grado que están sufriendo los vecinos de numerosos municipios cordobeses”, pues “estamos recibiendo cada día llamadas y quejas de personas mayores y familias desesperadas porque sus solicitudes llevan más de un año sin respuesta”, y “es intolerable que la Junta esté vulnerando un derecho reconocido por ley”.

A juicio de la dirección provincial de IU, el Gobierno andaluz del PP “está incumpliendo la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, lo que supone una vulneración del derecho subjetivo que esta norma reconoce a las personas dependientes”.

“No se trata de un favor ni de una ayuda puntual, sino de un derecho que la Junta de Andalucía tiene la obligación de garantizar”, han subrayado desde IU, cuyas alcaldías en la provincia están “recibiendo constantes quejas vecinales por la falta de respuesta por parte de la Junta y por las instrucciones contradictorias que se están ofreciendo” desde la Administración autonómica.

Así, “hay personas a las que se les está pidiendo volver a solicitar la Dependencia desde cero porque, supuestamente, se han perdido los expedientes”, lo que, en opinión de IU, “es un despropósito absoluto y una muestra de la falta de respeto institucional hacia las personas más vulnerables”.

Por eso, los escritos que registrarán los alcaldes de IU reclamarán a la Delegación Territorial de Inclusión Social “que se cumplan los plazos establecidos por ley, evitando el perjuicio que la tardanza en la tramitación está generando a las personas dependientes y a sus familias”.

Además, se solicitará “que se informe del número de personas residentes en cada municipio que se encuentran pendientes de resolución definitiva para acceder al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), así como del número de personas que están a la espera de revisión de grado, pese a haber presentado sus solicitudes en 2023”.

Desde Izquierda Unida han subrayado que esta situación está provocando “un auténtico desamparo institucional, dejando a muchas familias sin los recursos esenciales que necesitan para garantizar la atención y el cuidado de sus mayores o personas dependientes”.

“La Junta de Andalucía está demostrando una falta total de planificación y sensibilidad. Exigimos transparencia, eficacia y un compromiso real con la Dependencia, porque detrás de cada expediente hay una persona y una familia que no puede esperar más”, han concluido desde IU Córdoba.

Izquierda Unida (IU) ha denunciado públicamente este martes que la Junta de Andalucía “ha perdido toda la documentación, todas las solicitudes y todas las revisiones de la ley de Dependencia del año 2023”, según ha dicho el coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez.

“A día de hoy, todas las personas y familiares que hayan solicitado por sus necesidades aplicar la ley de Dependencia en los municipios de la provincia de Córdoba, no se sabe muy bien qué es lo que está sucediendo con la documentación, porque al parecer el Gobierno andaluz del Partido Popular ha perdido todas las solicitudes y eso supone que todas las personas del año 2023 no constan en ningún registro”, ha afirmado.

Sebastián Pérez ha explicado que, por las informaciones que han llegado a IU de los diferentes municipios de la provincia, “de forma informal, los trabajadores sociales están informando a las personas que ellos tienen constancia de forma personal que lo solicitaron en el 2023 y que están esperando la revisión o el alta en la ley de dependencia. Les están informando de que, al parecer, la Junta de Andalucía no les trae información, pero que esa documentación de esos registros y esas solicitudes no constan en ningún lado y que las han perdido, planteándole de forma muy grave el asunto en que tienen que volver a realizar la nueva solicitud o la nueva revisión de caso”.

“Eso supone de facto comenzar de nuevo todo el proceso por una cuestión muy simple, porque ahora actualmente la ley de Dependencia está en un retraso de unos dos años. Y eso significa que hoy, por desgracia, hay familiares de todos nosotros, personas dependientes que están falleciendo sin que la ayuda a domicilio se les haya concedido, ni que los grados de revisión que sean se estén solicitando estén se estén concediendo”, ha denunciado.

“Nuevo escándalo del Gobierno andaluz”

Para Pérez “estamos ante un nuevo escándalo de una gestión nefasta del gobierno andaluz, del Partido Popular, que de facto lo que está realizando es destrozar y cargarse la ley de Dependencia. Hoy, para las personas que en el año 2023, según sus derechos, solicitaron la ley de Dependencia, de facto, el Gobierno andaluz se la ha cargado. No existe”.

Ante ello, desde IU han exigido que “el Gobierno andaluz informe de qué es lo que está ocurriendo, porque lo más grave aún es que, al perder todos los registros, no saben a quién tienen que comunicarle que todas esas solicitudes se han realizado. Estamos hablando de miles de personas que hoy están esperando en sus casas un procedimiento y un derecho administrativo que tienen, el cual el gobierno andaluz lo está incumpliendo de forma sistemática”.

Para Izquierda Unida en Córdoba, se trataría de “un mismo modus operandi”, del Gobierno de la Junta “colapsando y destrozando los servicios públicos para que, finalmente, solo aquellas familias con capacidad económica puedan mantener a sus familiares. Estamos hablando de un drama familiar y un drama personal que a día de hoy es todo un auténtico escándalo”.

Interposición de recursos

Ante esta situación, desde Izquierda Unida han advertido que los familiares de personas que hayan solicitado en 2023 la Dependencia “pueden y deben plantear los diferentes recursos de alzada en sus diferentes municipios”.

En segundo término, invitan a que “planteen las reclamaciones” y en tercer término, desde el Grupo Parlamentario de IU anunciando que solicitarán “que haga las consideraciones y las iniciativas necesarias para que el Gobierno andaluz dé inmediatas explicaciones y no juegue como siempre a tratar de ocultar un asunto muy importante”.

“Estamos hablando que en la provincia de Córdoba, una provincia con una población muy envejecida con alta con un alto porcentaje de personas dependientes, de facto la ley de Dependencia no existe. Es un auténtico drama porque, detrás de todo esto, hay personas y familiares esperando en sus casas unas revisiones, unas solicitudes y unas altas que no les han llegado y que no les van a llegar nunca”, ha asegurado Sebastián Pérez.

Según ha afirmado el coordinador provincial de IU, esta situación “nos consta que está ocurriendo en la provincia de Córdoba” y ha exigido que la delegada de Servicios Sociales “dé explicaciones” y se vea “si este asunto se está extendiendo por toda Andalucía”.

Por último, desde IU aseguran que “valoran llevar a los tribunales de justicia” este asunto porque, a su juicio, “supone de facto, haberse cargado un derecho constitucional y un derecho fundamental como es en este caso la ley de Dependencia, que a día de hoy para las personas que lo solicitaron y pidieron revisión en el 2023 no existe porque han perdido toda la documentación y todas las solicitudes y no informan de eso a la ciudadanía andaluza, ni a la familia ni a las personas que han solicitado tal derecho”.

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, ha informado este jueves de la entrada en vigor de la nueva orden publicada en el BOJA el pasado 3 de septiembre que regula, por primera vez en Andalucía, la tramitación preferente en el acceso al reconocimiento de la dependencia para colectivos especialmente vulnerables.

“Se trata de un paso más en el nuevo modelo que estamos implantando en Andalucía para avanzar en la atención a la dependencia y garantizar la protección de quienes más lo necesitan”, ha señalado la delegada, quien ha destacado que la norma es fruto de un trabajo conjunto con profesionales, entidades y oficinas territoriales.

Entre los supuestos recogidos en la orden se encuentran la prioridad en la valoración para menores hasta los 14 años (antes solo hasta los 7), personas mayores de 90 años, pacientes de ELA, personas en situación de cuidados paliativos, entre otros. También se beneficiarán de esta Orden personas con discapacidad que finalizan su etapa educativa y precisan continuidad asistencial.

Esta medida se suma al nuevo sistema de simplificación administrativa que ha puesto en marcha la Junta y que permite unificar en un solo procedimiento la valoración y la asignación de recursos. También, “este Decreto ha permitido que los datos de los usuarios estén sólo en un sistema informático en vez de en los cinco que había anteriormente, con lo que se garantiza más rapidez y eficacia, evitando retrasos derivados de la gestión en distintas aplicaciones informáticas”, ha puntualizado Sánchez.

La delegada ha recordado que la financiación autonómica destinada a la dependencia ha alcanzado en 2025 los 2.331 millones de euros, lo que ha permitido a Andalucía registrar un récord histórico de prestaciones y personas beneficiarias a fecha de 31 de julio.

En este sentido, Sánchez ha insistido en que el sistema de la dependencia “requiere el esfuerzo compartido que marca la ley”, reclamando al Gobierno de España que cumpla con la aportación del 50% de la financiación, tal y como ya ocurre en comunidades como el País Vasco.

Sánchez ha explicado que en Córdoba se ha reforzado el personal con profesionales adicionales desde julio hasta diciembre, lo que está permitiendo agilizar valoraciones y resoluciones. “Estamos priorizando casos como personas mayores de 90 años o pacientes en cuidados paliativos, al tiempo que mantenemos la atención del resto de expedientes con la misma agilidad”, ha añadido.

Reivindicación de financiación al 50%

La delegada ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de España cumpla con la aportación del 50% en la financiación de la dependencia, tal y como establece la ley y ya ocurre en comunidades como el País Vasco.

Por último, ha subrayado que la Consejería “seguirá trabajando para reducir los tiempos de espera”, y ha reiterado que “Andalucía avanza en la mejora del sistema de dependencia con más derechos y mayor protección para las personas más vulnerables, creando un sistema más eficaz, más ágil y más humano”.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha dado a conocer una resolución tramitada ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba por la que insta a que “sin más dilación” se impulse la aprobación del nuevo programa individual de atención elaborado por los servicios sociales comunitarios para una mujer gran dependiente de 93 años, para la que se propuso una mayor intensidad del servicio de ayuda a domicilio.

Según ha difundido la oficina del Defensor, la familia de la nonagenaria exponía que tenía reconocido el Grado III, de Gran Dependencia por el que ya disfrutaba del servicio de ayuda a domicilio, pero dada su situación, en noviembre de 2023 presentó solicitud para la revisión del programa individual de atención para adecuar la intensidad del servicio de ayuda a domicilio a su estado. Tras no recibir resolución de la Junta, se dirigió al Defensor, que admitió a trámite su queja.

Esta institución requirió información a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que, casi un año después de la solicitud presentada por la familia de la anciana, respondió que las solicitudes de revisión del programa individual de atención a dependientes “se están tramitando por su orden de incoación”.

Pasado el tiempo y sin tener noticia de la resolución - “la interesada nos informa que no se ha producido avance alguno en la tramitación de expediente de esta mujer de 93 años de edad y condición de gran dependiente”-,  personal de la oficina del Defensor volvió a constatar en febrero de 2025 que la propuesta del plan individual de atención con el aumento de la ayuda a domicilio estaba aún pendiente del dictado de la correspondiente resolución.

“Aluvión de peticiones”

En la tramitación de esta queja, la Junta argumenta ante el Defensor que “la publicación del RD 675/2023, de 18 de julio, ha supuesto un verdadero aluvión de miles de peticiones de revisión para la adecuación de las horas, habiéndose atendido esta revisión de noviembre de 2023 por su orden de entrada, pasando ahora, tal como se ha dicho a la siguiente fase de elaboración de la Propuesta por los Servicios Sociales, los cuales también han visto incrementar enormemente su carga de trabajo”.

Con todo, el Defensor acuerda instar a la Junta a que “sin más dilación se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante, mediante el dictado de la correspondiente resolución por la que se resuelva aprobar el nuevo programa individual de atención elaborado por los servicios sociales comunitarios y en el que se propuso una mayor intensidad del servicio de ayuda a domicilio, como modalidad de intervención más adecuada para la dependiente, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente”, dice el escrito de esta institución.

Asimismo, traslada “una vez más, nuestra profunda preocupación por la demora que afecta a los expedientes de dependencia, sobre todo cuando la persona dependiente tiene edad avanzada y delicado estado de salud, como es este caso”.

“En estos supuestos, el tiempo en la tramitación es una cuenta atrás en sus vidas, de ahí que debamos insistir en la importancia de cumplir con los plazos establecidos en la normativa o con una demora prudencial, evitando así que la persona solicitante llegue al término de su vida sin disfrutar de un derecho que le corresponde”.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha dado a conocer una resolución tramitada ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba por la que insta a que, “sin más dilación se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante”, en referencia a una persona dependiente de 90 años y que, a la fecha de la resolución del Defensor ya llevaba un año esperando la atención de ayuda a domicilio.

Según ha difundido la oficina del Defensor, la mujer que hacía llegar su queja, de 90 años, tenía reconocido el Grado I, de dependencia moderada, elaborándose en el mes de febrero de 2024 la propuesta de plan de atención individual (PIA) en el que se proponía el servicio de ayuda a domicilio con una intensidad de 20 horas mensuales. Pasados los meses sin recibir esa prestación, elevó una queja al Defensor.

Esta institución requirió información de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, respondiendo esta que “el expediente está pendiente de estudio para poder determinar su capacidad económica” y la prioridad de la actuación.

Un año después de iniciada la tramitación de la queja, la familia de la mujer nonagenaria aseguraba al Defensor que seguía sin recibir la ayuda a domicilio propuesta por los profesionales. “Reitera la pretensión de la dependiente, además muestra su preocupación por la avanzada edad de la afectada y su poca esperanza de una pronta resolución”.

Ante ello, el Defensor dictó una resolución “por la que se resuelva aprobar el nuevo programa individual de atención elaborado por los servicios sociales comunitarios y en el que se propuso la nueva intensidad de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, como modalidad de intervención más adecuada para la dependiente, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente”.

Asimismo, en la exposición de los hechos y consideraciones sobre este caso, el Defensor traslada “una vez más, nuestra profunda preocupación por la demora que afecta a los expedientes de dependencia, sobre todo cuando la persona dependiente tiene edad avanzada y delicado estado de salud, como es este caso. En estos supuestos, el tiempo en la tramitación es una cuenta atrás en sus vidas, de ahí que debamos insistir en la importación de cumplir con los plazos establecidos en la normativa o con una demora prudencial, evitando así que la persona solicitante llegue al término de su vida sin disfrutar de un derecho que le corresponde”.

Las cuestiones relacionadas con la salud y la dependencia suman casi el 40% de las reclamaciones relativas a políticas sobre las personas que llegaron al Defensor del Pueblo andaluz desde la provincia de Córdoba durante el pasado ejercicio 2024.

En la provincia de Córdoba, en relación a la sanidad y las quejas sobre la atención en salud, el informe señala que en la provincia de Córdoba estas reclamaciones ocuparon el 20,5% del total de las del ámbito de políticas sobre las personas, mientras que las relacionadas con la atención a la dependencia supusieron el 18,5%. Ambas sumaron, así, el 39% del total.

Así se desprende del informe anual que el Defensor ha presentado en el Parlamento de Andalucía, recogiendo todas las quejas y actuaciones que esta institución ha llevado a cabo durante el pasado año. Como síntesis general, las reclamaciones sobre políticas que afectan directamente a las personas han copado las quejas, con la salud, la dependencia y la vivienda en cabeza, sumando el 59% de las recibidas desde Córdoba.

El informe del Defensor indica que, durante el último año, “como en los precedentes, hemos seguido enfrentando desafíos como la sobrecarga del sistema de Atención Primaria, las interminables listas de espera o la falta de facultativos/as de determinadas especialidades, en particular en algunas áreas sanitarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía”.

Más de dos años de espera en Dependencia

En cuanto a Dependencia, con el 18,5% de las quejas de políticas sobre las personas, el informe indica que “los tiempos de respuesta para la valoración siguen siendo no inferiores a la anualidad y en numerosos casos resultan excesivos”, entre los que cita la provincia de Córdoba donde “encontramos tiempos de incluso dos años, con solicitudes pendientes que datan de 2022, no atendidas o atendidas en 2024, frente a la exigencia de este derecho subjetivo en seis meses”. 

En este sentido, el Defensor precisa que “la Delegación Territorial de Córdoba recoge en sus informes respuestas bastante más tempranas en la valoración para la revisión de grado, que, sin embargo, se truncan por el lento avance del volcado de datos desde el sistema transitorio, que retrasa el dictado de la resolución”.

En lo alusivo a las revisiones de grado, por otra parte, el Defensor constata que “hemos experimentado un fenómeno hasta ahora desconocido, que se concreta en la práctica equiparación entre el número de quejas fundadas en la dilación en la valoración inicial del grado de dependencia y las que se suscitan en torno a la revisión de la situación solicitada a instancia de parte por el empeoramiento”.

Por eso, cree que “todo ello, en conjunción, supone un verdadero desequilibrio del sistema y agrava un momento de tránsito de por sí inestable, hasta el punto de que las revisiones de grado acumulan las mayores demoras, aunque no en todas las provincias por igual. Mención especial dedicamos también a las dilaciones en las valoraciones de la discapacidad y en cómo frustran los derechos de las personas con discapacidad. Unos derechos que no pueden ser invocados mientras tanto no se les haya reconocido el grado de discapacidad, dejando a estas personas en un limbo jurídico”.

Por otra parte, la gestión sobre asuntos relacionados con la discapacidad suma el 15,3% de las reclamaciones al Defensor desde Córdoba y el 14,8% son asuntos sobre vivienda.

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana Romero y el alcalde de Pedro Abad (Córdoba), el socialista Juan Antonio Reyes, han criticado este martes que la el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía “mantiene la Dependencia paralizada en el municipio desde mayo de 2024, fecha desde la que no se ha resuelto ni un solo expediente de ayuda, ni tampoco se ha sustanciado una valoración de grado”.

En una atención a medios en la Casa del Pueblo de Pedro Abad, Ana Romero ha asegurado que el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, “tiene absolutamente paralizada la Ley de Dependencia que, a fecha actual, acumula más de 600 días para resolver un caso y suma más de 30.000 expedientes a la espera en toda la comunidad”.

“Hay mayores que tienen algún hijo o alguna hija que les puede ayudar, pero hay otros absolutamente solos, que no tienen a nadie y que están falleciendo sin que les haya llegado el derecho a la Dependencia, 5.000 en toda Andalucía, lo que consideramos una política absolutamente inhumana”, según ha lamentado la parlamentaria socialista.

Romero ha negado el argumento del PP de que la culpa es por la falta de financiación, asegurando que “no es cierto”, porque “el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado en un 80% la financiación de la Dependencia respecto a lo que estaba poniendo Rajoy, mientras que la Junta lo ha subido solo un 20%”, por lo que ha reprochado que Andalucía, “siendo la tercera comunidad mejor financiada para la Dependencia, sea de las últimas en resolver, frente a otros territorios que resuelven los expedientes en meses”.

A juicio de Romero, “lo dice muy bien Maria Jesús Montero cuando se refiere a que Moreno puede parecer una persona educada, pero no es nada moderada, porque está aplicando las mismas políticas que está haciendo Ayuso contra los servicios públicos por ahorrarse dinero; ya lo dijeron, que no creen en la Dependencia porque no era sostenible económicamente, y lo están demostrando”.

Por su parte, el alcalde de Pedro Abad ha confirmado que la Junta de Andalucía “lleva desde mayo de 2024 sin resolver un solo caso de Dependencia” en el municipio, “ni tampoco realiza valoraciones de grado, lo que está originando graves problemas a las familias que necesitan cuidados para sus personas dependientes”.

Además, Juan Antonio Reyes ha criticado que “tampoco se están resolviendo las ayudas de urgencias desde el Instituto Provincial de Bienestar Social”, dependiente de la Diputación de Córdoba, en la que también gobierna el PP, por lo que ha anunciado que iniciarán movilizaciones de protesta.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha pedido este lunes “disculpas” por las personas que han fallecido en la comunidad autónoma en las listas de espera de la Dependencia sin recibir prestación alguna, tanto “ahora”, como antes con los gobiernos del PSOE-A.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha inaugurado junto a otras autoridades el V Congreso Andaluz de Coeducación, que organiza el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), López ha afirmado conocer “un informe del Defensor del Pueblo de la época del PSOE, donde fallecieron más de 1.500 personas”.

“No se sabía antes --ha asegurado--, porque para los gobiernos socialistas era más fácil ocultarlos que contarlos, así que, como ellos tienen esa actitud, yo tengo otra muy distinta”, de modo que, “por aquellos (fallecidos), y por los de ahora, yo pido disculpas, por los que no lo pidieron ellos, que deberían haberlo hecho, y por los que me toquen a mí”.

En cualquier caso, Loles López ha afirmado que con el actual Gobierno del PP en la Junta de Andalucía se han “batido récords en personas atendidas, con más de 296.000 personas atendidas”, mientras que “en épocas anteriores del Gobierno socialista se expulsaba a personas del sistema”.

Ahora también se han “batido récords en prestaciones, con más de 442.000 prestaciones”, y “hemos puesto, por primera vez en la historia, 134 millones de euros repartidos en toda Andalucía, precisamente para la construcción o reforma de centros de día, o centros para personas con discapacidad”, y ello después de que los socialistas “dejaron una herencia” de “1.275 días de espera”, es decir, de “tres años y medio de espera” para la Dependencia, “con lo cual, si partimos de lo que nos dejaron, la hemos reducido a la mitad”.

Bebé pendiente

Por otro lado, la consejera se ha referido al caso de una bebé andaluza de 19 meses, que, según ha informado el 'elDiario.es', padece una enfermedad ultra rara, con un 75% de discapacidad, y que lleva aguardando desde noviembre de 2023, cuando solicitó la ayuda a la Junta de Andalucía, la aprobación de una prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales.

Ante ello, Loles López ha dicho que “lo primero que tiene que hacer la Consejería es pedir disculpas, si ha habido algún error”, pues “somos personas y creo que lo más honesto es pedir disculpas, siempre”, ya que “no somos perfectos” y “los políticos también tenemos que pedir disculpas, somos personas y nos equivocamos, así que vaya por delante y, por supuesto, poner todos los recursos a disposición de esa niña y de esa familia. Pero, sobre la marcha, vamos, sin dudar y sin esperar ni un segundo”.

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha suscrito un acuerdo con la Fundación Hospital San Juan de Dios de Priego de Córdoba para la puesta en marcha de un proyecto de terapia ocupacional destinado a los pacientes de su centro residencial para personas mayores.

Este proyecto está destinado a 42 usuarios, quienes, tras ser evaluados con el índice de Barthel, muestran una dependencia de leve a moderada, tal y como ha explicado la delegada de Servicios Sociales de la institución provincial y presidenta del IPBS, Irene Aguilera, quien se ha desplazado este jueves a la sede de la fundación y ha incidido en que “estos residentes requieren de un apoyo adicional en su vida diaria, por lo que es prioritario ayudarles a recuperar y mantener la mayor autonomía posible a través de intervenciones personalizadas, adaptando las actividades a las necesidades de cada uno”.

La diputada ha recalcado que se trata, en definitiva, de que “estas personas reciban una atención integral y personalizada, promoviendo la participación activa y la calidad de vida en esta etapa de su vida. Así, el proyecto contempla una serie de actividades, bajo la supervisión de un terapeuta ocupacional, que persiguen el trabajo de habilidades cognitivas y motrices, utilizando una combinación de técnicas, como manualidades, juegos, ejercicios y otras dinámicas”. Del mismo modo, ha añadido Aguilera, “se persigue fomentar las interacciones sociales con ejercicios grupales que son una parte esencial del programa”.

Las actividades se llevarán a cabo de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, en los salones de la Residencia y consistirán, entre otras, en la creación de un mini huerto, laboterapia y talleres varios (de lavandería, macetas de croché o lámparas navideñas).

Entretanto, la directora de la Residencia San Juan de Dios, Gloria Rivera, ha agradecido el apoyo e implicación de la Diputación de Córdoba “en una cuestión tan prioritaria como el bienestar de nuestros mayores. Gracias a este programa, estamos ayudando a motivarles, a crearles ilusión, a hacerles partícipes de tareas en las que se puedan sentir útiles y capaces”.

Por otra parte, la delegada de Servicios Sociales de la Diputación ha aprovechado su visita a Priego para informar sobre otro proyecto del que también se beneficiará este municipio y su comarca relativo a un servicio de fisioterapia para personas con discapacidad. Este programa está destinado concretamente a los niños y jóvenes que participan en el programa LUPA del centro Albasur, en la localidad prieguense.

Al respecto, la delegada Irene Aguilera ha destacado que “queremos contribuir a favorecer la independencia y autonomía de las estas personas que padecen algún tipo de discapacidad, a través de la fisioterapia.

Aguilera ha incidido en que “el importante incremento que ha experimentado el presupuesto de la Diputación en este ejercicio 2025 en materia de políticas sociales refleja el compromiso de la institución provincial por las personas más vulnerables, las que más lo necesitan”. “Ahora solo nos queda seguir trabajando en proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos en cualquier rincón de la provincia de Córdoba”, ha subrayado.

Una anciana dependiente de 85 años ha estado más de trece meses esperando que resolvieran el aumento de las horas de ayuda a domicilio que debe recibir, al empeorar su estado tras sufrir una fractura. Ante la espera, una familiar ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha emitido una resolución ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba para que “sin más dilación se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante”.

En la información proporcionada al Defensor, se explica que la mujer estaba calificada como dependiente moderada de grado I en mayo de 2022, cuando tenía 83 años y recibía por ello diez horas al mes de atención de ayuda a domicilio. Pero en agosto de 2023, la anciana sufrió una caída con fractura de cadera, necesitando un mayor número de horas del servicio.

Por ello, el 7 de septiembre de 2023 una sobrina de la mujer dependiente presentó la solicitud para la revisión del programa individual de atención a su tía, ya que en Grado I se recoge que podrá ser de 20 a 37 horas mensuales. Pero, pasado el tiempo, el Defensor recoge la “preocupación ante el tiempo que deberá esperar su tía para acceder al recurso, atendiendo a que es una persona octogenaria, soltera, sin hijos y que vive sola”.

Ante ello, el Defensor admitió a trámite la queja y requirió un informe a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que señala se procede a “incorporar en el sistema la revisión del PIA correspondiente, para que posteriormente se realice la visita del trabajador/a social en el domicilio, de manera que se proceda a valorar la situación de la persona dependiente nuevamente con el fin de reajustar, si así lo determina el personal técnico, el número de horas a prestar de Servicio de Atención Domiciliaria”.

“Atendiendo a las circunstancias expuestas por la promotora de la queja, esta Institución inició actuaciones ante la Diputación Provincial de Córdoba. En fecha 23 de septiembre de 2024 tiene entrada en esta Defensoría el informe solicitado de cuyo contenido destacamos que la dependiente tiene procedimiento para la revisión del grado de dependencia iniciado desde el mes de septiembre de 2023, habiéndose descargado el informe de condiciones de salud y pendiente de agendar para su valoración. En relación al procedimiento de revisión de PIA, nos informan que está elaborado el nuevo programa individual de atención y pendiente del dictado de la correspondiente resolución aprobatoria por parte de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba”, recoge el Defensor desgranando ya más de un año de espera de la anciana.

Y detalla que el pasado 13 de octubre de 2024, la familiar remitió “un nuevo escrito reiterando su pretensión y mostrándose desesperada ante la demora que afecta a los procedimientos relacionados con la dependencia, debido al empeoramiento del estado de salud de la dependiente y avanzada edad”. Asimismo, destaca que, en esos momentos, la anciana “disfruta de una intensidad inferior a la mínima establecida para las personas con condición de dependiente moderado en la normativa estatal”.

Por todo ello, el Defensor ha reclamado a la administración que “sin más dilación se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante, mediante el dictado de la correspondiente Resolución por la que se resuelva aprobar el nuevo programa individual de atención elaborado por los servicios sociales comunitarios y en el que se propuso la nueva intensidad de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, como modalidad de intervención más adecuada para la dependiente, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente”.

El Salón de Actos del Palacio de la Merced ha acogido este jueves la firma de la adenda a los convenios de Ayuda a Domicilio 2025, “firma que refleja el compromiso de la Diputación de Córdoba con las políticas sociales y que permitirá atender en la provincia a más de 9.300 personas dependientes, con una inversión superior a los 72 millones de euros”.

Así lo ha destacado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien ha manifestado, ante alcaldes y alcaldesas, que “para la institución este es un año especial, pues cumplimos 18 años de estrecha colaboración entre todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia para la prestación del servicio de ayuda a domicilio”.

El convenio se suscribe con los 69 municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes que prestan este servicio y, a este respecto, Fuentes ha señalado que “todos estos años hemos dado muestra de nuestro compromiso con el Sistema de Dependencia y de manera especial con el Servicio de Ayuda a Domicilio”.

“Un año más nos reunimos los alcaldes y alcaldesas de la provincia y esta Diputación Provincial para sellar nuestro compromiso con las políticas sociales, y nuestro deseo de seguir fortaleciéndolas de la mejor manera que sabemos hacer las corporaciones locales, desde la proximidad a nuestros vecinos”, según ha añadido Fuentes.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha agradecido su trabajo “a todos los que hacéis posible este gran proyecto, como son la Junta de Andalucía, el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), las empresas que prestan el servicio y todas y todos los trabajadores”.

Gracias a estos convenios, según ha precisado, “vamos a permitir dar cobertura a más de 9.300 personas con 4,4 millones de horas y una generación de empleo de 3.140 empleos directos” y, en este sentido, el presidente ha agradecido el compromiso de la Junta de Andalucía con la dependencia y ha destacado que este año la inversión ha crecido un 11%, “lo que supone siete millones más respecto al ejercicio anterior”.

El máximo representante de la institución provincial ha insistido en que “estamos ante una eficaz herramienta para el desarrollo económico y la lucha contra la despoblación en nuestros municipios, ya que se trata de una importante fuente de generación de empleo en nuestros municipios, con más de 3.000 puestos directos, y además de empleo estable, no estacional y cada día de mayor calidad y mejor retribuido, gracias a la última actualización del precio a 16,15 euros la hora”.

Por último, Salvador Fuentes ha destacado que se trata también “de una herramienta contra el envejecimiento de la población, pues procura cuidados de proximidad y supone un claro apoyo a las familias”.