Catorce años después del inicio de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia contra una compleja organización criminal dedicada al fraude masivo del IVA en el sector de los hidrocarburos. El fallo, fechado el pasado 22 de diciembre de 2025, condena a 14 personas y absuelve a otras cinco, y sitúa en la cúspide de la trama a dos empresarios naturales de Villanueva de Córdoba, a quienes considera los auténticos cerebros del entramado.

Según la resolución de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, ambos dirigieron entre 2010 y 2012 un sistema de defraudación que causó un perjuicio a la Hacienda Pública de 49.823.979 euros. La tardanza del procedimiento, iniciado en 2011, ha sido determinante en la cuantía de las penas. Así, el tribunal ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que ha reducido de forma significativa las condenas de prisión.

La sentencia pone fin a un macrocausa judicial que se ha saldado con 14 condenas por distintos delitos -falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, principalmente- y cinco absoluciones al no quedar acreditada la participación consciente de algunos acusados. En la cúspide de la organización se sitúan los dos empresarios de Villanueva de Córdoba, condenados por falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. En el caso de uno de ellos, la Audiencia Nacional aprecia además un delito de falsedad en documento oficial. Las penas impuestas ascienden a cuatro años y ocho meses de prisión para este y a cuatro años y cinco meses, para el segundo empresario.

Junto a ellos, la resolución condena a otras dos personas por falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo; a dos más por falsedad documental y delitos fiscales; y a un último procesado por falsedad en documento mercantil. Por delitos de blanqueo de capitales han sido condenadas otras cinco personas. En el caso de una de ellas, que es natural de Córdoba capital, la sentencia le ha impuesto tres meses de prisión y una multa de 400.000 euros por su papel al frente de la mercantil de una de las mercantiles utilizada para simular operaciones de compraventa de oro con las que se trató de dar apariencia legal al dinero defraudado.

Asimismo, el tribunal ha condenado como cómplices de los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública a un primo de uno de los empresarios de Villanueva de Córdoba y a una mujer por su colaboración directa con los principales responsables de la trama. A los 14 condenados se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la de confesión, por lo que las condenas de prisión han oscilado entre los tres meses y los años de cárcel. Frente a estas condenas, la Audiencia Nacional ha absuelto libremente a cinco personas.

En el caso de los empresarios de Villanueva de Córdoba, ambos deberán afrontar multas que superan los 70 millones de euros cada uno, además de responder solidariamente por la devolución a la Hacienda Pública de los 49,8 millones de euros defraudados. El resto de condenados son de diferentes puntos de España, como Ciudad Real, Badajoz, Valencia, Barcelona y Orense, y del extranjero, como Chile, Italia y Bélgica.

Jefes en la sombra y uso de alias

Aunque la estructura empresarial se sostenía formalmente sobre testaferros, la Audiencia Nacional concluye que los dos empresarios de Villanueva de Córdoba dirigieron de manera efectiva todas las operaciones defraudatorias. Para evitar cualquier vinculación directa, ninguno firmaba documentos oficiales ni figuraba como responsable de las sociedades, y ambos utilizaron alias incluso dentro de las propias empresas. Uno de ellos se hacía llamar “Benigno”, presentándose como director financiero, mientras que el segundo operaba bajo el nombre de “Sabino”, supuesto responsable de logística. Desde esa posición, impartían instrucciones directas al personal administrativo y comercial, con pleno conocimiento de la ilegalidad de las operaciones.

La organización operó a través de dos sociedades instrumentales. Las empresas adquirían combustible en depósitos fiscales, donde la compra está exenta de IVA, y lo vendían posteriormente aplicando el impuesto. Sin embargo, el IVA cobrado nunca se ingresaba en Hacienda. Para justificar el impago, se utilizaban facturas falsas emitidas por sociedades fantasma que simulaban la prestación de servicios inexistentes, lo que permitía deducir gastos irreales. Este sistema les permitió vender el combustible por debajo del precio de coste, alterando el mercado y eliminando a la competencia legal.

El dinero obtenido mediante el fraude financió tanto gastos personales como operaciones de blanqueo. Parte de los fondos fue desviada a cuentas bancarias en Suiza y otra se empleó en la adquisición de vehículos de alta gama ocultos tras sociedades pantalla. Entre los bienes intervenidos figuran un Porsche Cayenne, un Porsche Panamera y varios Mercedes. La investigación dejó también escenas llamativas, como el hallazgo de 42.000 euros en efectivo escondidos en un paragüero en el domicilio del primo de Jose Luis, o la localización de un carné de conducir belga falsificado, con la fotografía de uno de los empresarios de Villanueva de Córdoba dentro de su vehículo.

La Fiscalía de Córdoba ha pedido tres años de prisión para tres empresarios a los que acusa de haber defraudado a la Seguridad Social más de 617.000 euros mediante un entramado de sociedades creado, presuntamente, para esquivar de forma reiterada el pago de las cotizaciones de sus trabajadores. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal reclama para cada uno una multa de 1,23 millones de euros, el doble de la cantidad supuestamente defraudada.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a la puesta en marcha de cuatro empresas que operaban en el mismo local y con la misma actividad. Cuando una de ellas comenzaba a acumular deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, los acusados activaban una nueva sociedad para continuar el negocio, dejando atrás las obligaciones impagadas. Un mecanismo que, para la Fiscalía, tenía como objetivo dificultar la actuación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva y evitar el cobro de las cuotas sociales.

El Ministerio Fiscal sostiene que los tres empresarios actuaron de manera coordinada, con un reparto de papeles muy definido. Uno de ellos era el gestor real y quien dirigía en la práctica todas las sociedades. Otro figuraba como administrador único y fundador, ejerciendo de testaferro para ocultar al verdadero responsable. El tercero aparecía como titular de los contratos de arrendamiento de los locales, una figura interpuesta que servía para ocultar la titularidad real del negocio y esquivar posibles embargos.

Al no concurrir atenuantes ni agravantes, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados, además de la prisión y la multa, la pérdida del derecho a obtener subvenciones y beneficios de la Seguridad Social durante el tiempo de la condena, así como la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.

El juicio a los tres acusados se celebrará la semana que viene en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA, con implantación en todo el territorio nacional y una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024. Se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en el sector de los hidrocarburos. En los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias se han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico. Los agentes han registrado inmuebles en Lucena y Montoro. En esta última localidad han arrestado a uno de los cabecillas de la trama.

En el marco de esta operación, denominada ‘Pamplinas Stars’, y que ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, han sido detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

Sucesión de operadoras fraudulentas y bajas en el Redef

La investigación de esta ‘macrotrama’ de defraudación arranca a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comienza a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023.

En aquel momento aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. La operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.

Esta primera operadora habría basado su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. En la investigación de la Agencia se puso de manifiesto que la operadora habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera.

Una vez que la Agencia Tributaria da de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024, la actividad defraudatoria continúa realizándose con una segunda operadora, que comienza a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024, pero en apenas un mes la Agencia también la da de baja en el registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado según los investigadores 123 millones de euros.

Finalmente, a mediados de diciembre de 2024 arranca la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta la Agencia también da de baja esta operadora del Redef.

Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continúan las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.

Una estructura con 38 sociedades, testaferros y asesorías legales

Finalmente, la Agencia Tributaria destapó una vasta y compleja estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad: servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.

Una parte de los fondos obtenidos por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef, al objeto de dar continuidad a la defraudación.

Esta mecánica permitía un rápido aumento de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional, de forma que el impacto del fraude en la Hacienda pública y sobre la competencia en el sector se concentraba en un escaso margen de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización.

Efectos intervenidos por importe superior a 21 millones de euros

Una vez obtenidos todos los elementos indiciarios para ello, el pasado 24 de noviembre se llevó a cabo la primera fase de explotación de la operación, con 18 entradas y registros en inmuebles de Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca), Montoro y Lucena (Córdoba), Marbella, Estepona y Mijas (Málaga) y Vigo (Pontevedra).

Tras concluir los registros se procedió al embargo preventivo de 82 vehículos de media, alta y muy alta gama con un valor de mercado estimado en tres millones de euros, así como de dos embarcaciones recreativas valoradas en más de 63.000 euros y un total de 48 inmuebles con un valor de mercado de 10,8 millones de euros.

Al mismo tiempo, se bloquearon cientos de cuentas bancarias por un importe global de más de seis millones de euros y criptoactivos custodiados por ‘exchanges’. También se han intervenido 42 relojes de gama alta, así como 12 bolsos y otros artículos de lujo con un valor estimado de más de 440.000 euros.

A su vez, se logró intervenir a la organización un importante volumen de dinero en efectivo, incluyendo más de 314.000 euros y billetes de hasta ocho países de África, América y Asia, al igual que dos obras de arte y 178 kilos de lingotes de oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio con una estimación de más de 350.000 euros para todos estos metales de alto valor económico.

En la operación, que continúa ahora en una segunda fase con el análisis de la abundante documentación obtenida, han participado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el Área Regional de Inspección en Madrid, Vigilancia Aduanera en Extremadura y la Unidad Central de Auditoría Informática, con el apoyo de las áreas regionales del SVA y las UAI de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid.

La relevancia del fraude cometido por las dos últimas organizaciones desmanteladas, en ambos casos del orden de los 300 millones de euros, pone de manifiesto la importancia de las modificaciones normativas y operativas desplegadas en los últimos años, incluyendo la más recientemente incorporada y que de forma inmediata obligará a los operadores a abonar o garantizar el IVA devengado como consecuencia de la salida del hidrocarburo del depósito fiscal con carácter previo a esa salida.

Agentes de la Agencia Tributaria han desarrollado en varios puntos de la provincia de Córdoba una operación contra el fraude de hidrocarburos, dirigida por un juzgado de la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes oficiales a este periódico.

La operación se ha saldado con la detención de varias personas y diversos registros domiciliarios. También se ha intervenido en varias gasolineras que habrían estado participando del presunto fraude. Según ha podido saber este periódico, el cabecilla de la trama estaría residiendo en un municipio de la provincia de Córdoba.

Esta operación ha sido dirigida de manera exclusiva por agentes de la Agencia Tributaria. No obstante, es paralela a otra más que se ha desarrollado de manera conjunta con la Policía Nacional en Madrid y la provincia de Ávila. De la misma manera, se persigue un presunto delito contra la Hacienda Pública.

La trama habría eludido el pago de impuestos en la venta de hidrocarburos para enriquecerse de manera ilícita, según las fuentes consultadas por este periódico. Por ejemplo, fruto de no ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el IVA repercutido, les permitía ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones tributarias.

Está previsto que la Agencia Tributaria dé a conocer en los próximos días el alcance de esta operación, que se ha llevado a cabo a nivel nacional. Se calcula un fraude millonario en impuestos que no habrían podido ser recaudados por la Hacienda Pública.

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha abierto entre los meses de octubre y noviembre dos expedientes a la semana de fraude por plantaciones de marihuana en Córdoba. Una cifra que pone de relieve el aumento de esta práctica que supone la manipulación de las instalaciones eléctricas afectando a todos los consumidores, ya que genera graves riesgos para la seguridad de las personas al quedar las redes desprotegidas.

Así lo explica Emilio Jiménez, director de la filial de redes de Endesa en Andalucía y Extremadura, que añade que, a cierre de noviembre, en 11 meses, Endesa ha abierto en Córdoba 3.575 expedientes de fraude, 65 de los cuales por plantaciones de marihuana.

La cuestión es que, de todos esos expedientes por plantaciones de marihuana, 21 se han registrado en solo dos meses, entre octubre y noviembre.

La energía defraudada por las plantaciones de marihuana en Córdoba supone el 16% del total de la energía defraudada que ha sido hasta el mes de noviembre de 23,6 millones de kilovatios hora, de esa cifra 3,7 millones de kilovatios hora están relacionados con plantaciones de marihuana, es decir el equivalente al consumo eléctrico de 1.000 viviendas durante un año.

Y es que una plantación de marihuana consume como 80 viviendas, como explica Emilio Jiménez. “Estas plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones ”indoor“, que utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día causan estragos en todas las instalaciones eléctricas, afectando a todos los vecinos”, señala. 

Los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 indican que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, de las que buena parte se cultivan en estas instalaciones indoor. Por este motivo la colaboración con las fuerzas del orden es fundamental para luchar contra esta problemática, trabajando de forma conjunta con Endesa para intentar paliar esta situación.

La colaboración ciudadana es también fundamental en estas situaciones, los avisos de sospecha de fraude se pueden hacer de manera anónima a través del correo electrónico: anomalias@enel.com, del teléfono 800760220 o rellenando un formulario web en la página de e-distribución.

Una mujer de 66 años, vecina de Córdoba, ha denunciado ante la Guardia Civil haber sido víctima de un fraude telefónico tras recibir una llamada en la que un supuesto empleado del BBVA la alertaba de movimientos sospechosos en su cuenta. Según el relato de la afectada, que adjunta las denuncias pertinentes ante el Instituto Armado y los documentos y e-mails que ha mantenido con su banco, los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2025, cuando un hombre que decía ser su asesor bancario se puso en contacto con ella para advertirle de que estaban retirando dinero de sus tarjetas de crédito.

Aprovechando la confianza que había logrado inspirarle, el estafador le solicitó las claves de sus tarjetas, con las que posteriormente realizó varias compras online por un importe total de 3.460 euros —1.780 euros con una tarjeta y 1.680 con otra—. Una vez terminadas las operaciones, la mujer sintió que podía haber sido víctima de una estafa, por lo que, de inmediato, según su testimonio, se comunicó con el servicio de atención del BBVA, desde donde le confirmaron que el interlocutor no trabajaba para la entidad y que efectivamente se habían efectuado cargos en sus cuentas en webs de venta de criptomonedas en países extranjeros.

Así, siguiendo las indicaciones del banco, interpuso una denuncia ante la Guardia Civil al día siguiente, 1 de julio de 2025, tras lo cual los agentes abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Pese a ello, el BBVA rechazó semanas después su reclamación para que no se le cargaran las cantidades defraudadas hasta que se cerrara la investigación.

Según su relato y documentación aportada, el 2 de julio, la mujer presentó formalmente en su sucursal bancaria una reclamación, adjuntando la denuncia, con la intención de que no le cobraran la cantidad presuntamente defraudada. Y el 7 de julio la entidad confirmó su recepción. Sin embargo, la entidad decidió iniciar el cobro, pese a estar los hechos bajo investigación: “A finales de julio me comunicaron verbalmente en mi sucursal que no estimaban mi reclamación y que tendría que abonar la cantidad robada, por lo que pedí fraccionar el pago”, relataba la afectada en el escrito remitido al Departamento de Fraudes del banco, facilitado también a este periódico.

Al Banco de España

Disconforme con el trato de la entidad, la víctima acudió a su abogada, que le recomendó iniciar una nueva reclamación, esta vez ante el Banco de España, un trámite que requiere disponer de la resolución formal del BBVA en la que constara el rechazo de su solicitud. Sin embargo, la mujer denuncia que la entidad estuvo más de un mes sin remitirle el documento, pese a haberlo solicitado en repetidas ocasiones, y mientras seguían cobrando las cantidades fraccionadas.

Asegura que, entre el 1 y el 4 de septiembre de 2025 acudió hasta en dos ocasiones a su sucursal, ubicada en la localidad almeriense de Carboneras, donde los empleados cursaron nuevas peticiones al Departamento de Fraudes sin obtener respuesta. “Estoy siendo víctima dos veces: primero del fraude, y después del desinterés de mi propio banco”, lamenta en su reclamación la mujer, que aseguraba sentirse “desprotegida” y “desatendida” por parte del BBVA, que, según explica inició el cobro de la cantidad defraudada aun cuando la investigación sigue abierta.

Finalmente, el 11 de septiembre, casi dos meses y medio después de la presunta estafa y tras dos mensualidades cobrándole los fraccionamientos, el banco envió un email con la información solicitada, en el que decía lo siguiente: “Buenos días, el dictamen de la reclamación ha sido resuelta desfavorable ya que la operación se ha realizado de forma segura, mediante procedimiento 3d secure o pin, por lo tanto, la operación está correctamente autenticada y no puede ser considerada fraude según normativa”.

Tras recibirlo, acudió la víctima a hablar con personal del Banco de España, que, según su relato, le han recomendado que notifique formalmente lo ocurrido para evitar que se produzcan nuevos fraudes similares al suyo, así como posibles “cobros indebidos”, y con el fin de que el organismo pueda evaluar la actuación de la entidad financiera.

La Guardia Civil, por su parte, mantiene abierta la investigación sobre el supuesto fraude telemático, aunque, hasta el momento, no se ha informado de detenciones relacionadas con el caso. El BBVA, consultado por este periódico el pasado 22 de octubre, respondió finalmente este viernes 31 asegurando que “la clienta no ha puesto una reclamación en la oficina de BBVA, adjuntando la denuncia a la policía”.

“La oficina ha intentado contactar con la clienta para informarle de este trámite. No obstante, de oficio, la hemos abierto ya para agilizar el caso. Una vez ponga la reclamación en el plazo de 15 días se le contestará por escrito”, ha indicado la entidad. La mujer, por su parte, niega haber recibido niguna llamada de BBVA referente al caso en los últimos días, e insiste en que ella acudió a su sucursal a interponer la reclamación con la denuncia de la Guardia Civil.

La Fiscalía Provincial de Córdoba, a instancias del Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba, ha abierto una investigación sobre tres facturas, supuestamente irregulares, abonadas por el Consistorio a un establecimiento, por un importe total que no supera los 600 euros y que se refieren a productos de limpieza, pero sin ello haya quedado acreditado por albaranes, que el establecimiento no ha entregado al Ayuntamiento, con lo que las facturas podrían corresponder, en realidad, a otros artículos.

Así lo ha precisado, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Villaviciosa, Gema González (PSOE), quien ha explicado que, al detectar, en su día, “que podía haber algo irregular en esas facturas”, determinó la apertura de “un procedimiento de investigación reservada” en el Ayuntamiento, que llevó a cabo la secretaria del Consistorio, que ha sido la encargada de realizar “entrevistas” a “personal del Ayuntamiento” y también a “concejales y personal del establecimiento donde se han hecho las compras”.

En base a esas declaraciones, “y a las pruebas documentales que se aportan, se concluyó que pudiera haber indicios de irregularidades”, de modo que la alcaldesa dio traslado del informe elaborado como resultado de la investigación interna “a la Fiscalía”, lo cual ocurrió a finales del pasado agosto, no habiendo tenido noticias “hasta que ayer saltó en prensa” la noticia, avanzada por 'ABC Córdoba' y 'Diario Córdoba', de que la Fiscalía había abierto la mencionada investigación.

González espera que ello lleve a conocer si esas facturas supuestamente irregulares suponen la comisión de algún delito, por lo que el Ayuntamiento se pone “a disposición de la Fiscalía”, asegurando la alcaldesa que es “la primera interesada en que esto quede aclarado cuanto antes”.

Se trata de conocer si ha sido correcto o no el uso dado a dinero público, precisando la alcaldesa que “aquí estamos hablando de que se han emitido por parte del establecimiento facturas sin acompañar de un detalle, de un albarán, de un ticket de compra”, y referidas a productos de limpieza, pero que pudieran ser otro tipo de artículos. “Eso es lo que se ha detectado en la investigación” interna que ordenó abrir la alcaldesa.

La Fiscalía Provincial de Córdoba, a través de su sección de delitos económicos, ha informado de la existencia de un procedimiento judicial de gran envergadura por un presunto fraude masivo a la Seguridad Social. La investigación, recogida en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado presentada este viernes en el inicio del año judicial, revela un complejo entramado que habría permitido cobrar de manera indebida diversas prestaciones públicas.

El caso afecta a 470 personas investigadas y se articula en una pieza principal y múltiples piezas separadas, dada la magnitud de los hechos. Según la documentación, el fraude se habría cometido mediante la creación de empresas instrumentales cuya única función era formalizar altas ficticias de trabajadores. Con esos contratos inexistentes, los beneficiarios accedían de manera irregular a prestaciones por desempleo, maternidad o incapacidad temporal.

El perjuicio económico estimado asciende a unos dos millones de euros, convirtiéndose en uno de los procedimientos más voluminosos que afronta actualmente la justicia cordobesa en materia de delitos contra la Seguridad Social.

La Fiscalía señala que este tipo de prácticas no solo suponen un grave daño para las arcas públicas, sino que también distorsionan el sistema de protección social al que acceden los ciudadanos de manera legítima.

La Guardia Civil ha investigado en Priego de Córdoba a tres personas de 55, 35 y 36 años de edad, vecinos todos ellos de Priego de Córdoba, como presuntos autores de un delito de estafa.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto de Priego de Córdoba, qué al parecer un varón de avanzada edad y con discapacidad había sido estafado. La información que tenían los agentes era que, tras hacerse con su tarjeta bancaria y el número pin, se habían hecho multitud de compras en establecimientos de Málaga y Priego de Córdoba, así como habían efectuado extracciones de dinero en cajeros automáticos, ascendiendo el total del dinero estafado a unos 11.000 euros.

Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil averiguar que los hechos habían ocurrido el pasado mes de junio, tras convencer a la víctima para que se trasladasen a la localidad de Málaga, donde, tras conseguir hacerse con la tarjeta bancaria y el número pin, efectuaron los pagos y las extracciones.

Las gestiones practicadas en las entidades bancarias unidas a los datos aportados por la víctima, permitieron identificar a los presuntos autores, tres personas de una misma familia, que tras ser localizados han sido investigados como presuntos autores de un delito de estafa.

Investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado en Córdoba más de 1.400 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año, lo que equivale a una media de más de ocho casos diarios, con un consumo de electricidad defraudado de más de 9,3 millones de kilovatios hora. La manipulación de las instalaciones eléctricas para cometer fraude es, según ha señalado recientemente la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), un problema en aumento en los últimos tiempos que perjudica a todos los consumidores y genera riesgos para la seguridad ciudadana.

Detrás del fraude eléctrico hay un riesgo evidente de electrocución e incendio que puede afectar no sólo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor. En los últimos años, se han registrado sucesos muy graves que han provocado heridos e incluso muertes por la alteración de las instalaciones eléctricas para el robo de electricidad

El fraude eléctrico implica además un coste económico para todos los consumidores a través de la factura, y tiene además efectos muy perniciosos sobre la calidad del suministro eléctrico.

Plantaciones de marihuana

Los principales causantes de estos problemas son las plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones “indoor”, que utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día que causan estragos en las instalaciones eléctricas.

Los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 indican que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, de las que buena parte se cultivan en estas instalaciones indoor. Cada uno de estos invernaderos bajo techo demanda una potencia que equivale al consumo de unas 80 viviendas de unos 100 m2.

Entre enero y junio se han desmantelado en Córdoba 32 plantaciones indoor, es decir 1 a la semana, en operaciones lideradas por las Fuerzas de Seguridad. El volumen de energía recuperado en estos fraudes asciende a de 1,4 millones de KWh, es decir, el 15% de la energía defraudada en Córdoba procede de plantaciones de marihuana.

La colaboración de Endesa con las Fuerzas de Seguridad es clave en la lucha contra el fraude y uno de los aspectos centrales del acuerdo firmado recientemente con la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional para profundizar en la prevención e investigación de los delitos que afectan a los servicios esenciales de producción, distribución y suministro de energía eléctrica.

La IA como aliado contra el fraude

Al margen de la colaboración con las Fuerzas de Seguridad, Endesa utiliza además desde 2017 modelos de Machine learning y Deep learning (aprendizaje automático y aprendizaje profundo) para ser más eficientes en el combate contra el robo de energía. Se parte del historial de inspecciones existente realizadas entre los doce millones de puntos de suministro, los patrones de consumo, la información sobre los equipos de medida, e incluso información meteorológica, datos que se utilizan para detectar de manera más certera la probabilidad de que haya un fraude.

El uso de la IA, combinada con la información que proporcionan innovaciones como los equipos de supervisión avanzada que se están instalando en la red de distribución, contribuyen a acotar mejor el origen del fraude dentro de un grupo de suministros. Una vez en campo, elementos como las pinzas amperimétricas o los videoscopios ayudan a los trabajadores a sacar a la luz el fraude.

España es el único país de nuestro entorno que no prevé pena de privación de libertad por el delito de fraude eléctrico a diferencia de Francia, Portugal, Italia o Alemania. En el marco legal español este delito no contempla agravantes ni computa para la reincidencia, con independencia de que se utilice para alimentar masivas plantaciones de cannabis o pueda estar detrás de incendios con graves consecuencias.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de las actaciones preventivas que se realizan en colaboración con los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba, sorprendió a tres personas utilizando dispositivos electrónicos de comunicación no autorizados durante la realización de las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducir de la clase B.

Los identificados ocultaban entre sus ropas y adheridos a sus cuerpos sistemas electrónicos compuestos por micro-cámaras conectadas a teléfonos móviles y micro-auriculares, mediante los cuales transmitían del examen al exterior y recibían por audio las respuestas correctas.

La Guardia Civil recuerda que esta conducta constituye una infracción muy grave conforme al artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, por el uso de dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente, en las pruebas para la obtención o recuperación de permisos y licencias de conducción, así como en otras autorizaciones administrativas para conducir,.

Los sanciones aplicables a los hechos son de 500 euros de multa y la prohibición de presentarse nuevamente a la prueba en un plazo no inferior a seis meses.

Estas actuaciones se enmarcan en el objetio de prevenir y erradicar el fraude en los exámenes para la obtención de permisos de conducción, garantizando la seguridad vial y la legaliad en los procesos administrativos.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha presidido este jueves la toma de posesión del nuevo director de la Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción (OAAC), Francisco de Paula Sánchez Zamorano.

Al acto, celebrado en la sede de la Cámara autonómica, también han asistido el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

Sánchez Zamorano ha tomado posesión del cargo después de que el pasado miércoles 9 de julio fuera elegido por el Pleno del Parlamento, con los votos de los grupos PP-A y Vox.

Jesús Aguirre ha dado la bienvenida al nuevo director de la OAAC, “un organismo necesario, imprescindible y que trabaja con ahínco en el fomento y el impulso de buenas prácticas en la gestión pública; así como en la denuncia de cualquier actividad ilegal que vaya en perjuicio de los intereses públicos andaluces”.

“Esta lucha por la corrupción y el fraude debe ser una apuesta común en la que predomine la coordinación y el consenso de todos los agentes implicados” ha continuado Aguirre, quien ha deseado una fructífera gestión al frente de este órgano al nuevo director, al mismo tiempo que le ha manifestado “toda la colaboración por parte del Parlamento de Andalucía ante esta tarea”.

El PP-A ha propuesto al magistrado cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), en sustitución de Ricardo Puyol Sánchez.

Sánchez Zamorano (Carcabuey, Córdoba, 1957), licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (Promoción 1974/1979), es magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba desde noviembre de 2014. Este cargo lo abandonará cuando Miguel Ángel Pareja tome posesión del mismo como su sucesor. Ha sido miembro electivo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1995-1999).

Ha sido colaborador honorario del departamento de Instituciones Jurídicas Públicas y Privadas de la Universidad de Córdoba; profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba, y miembro numerario de la ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico Jurídicos.

Por otro lado, el PP-A también ha propuesto a Rosario García Palacios, actual presidenta de Cruz Roja Andalucía, como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, en sustitución de Jesús Maeztu, que está de manera interina al frente de la institución desde septiembre de 2024.

En un audio, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha confirmado que en la mañana de este lunes ha registrado en el Parlamento la propuesta de García Palacios como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, y ha hecho un llamamiento al resto de grupos para que la apoyen.

“Una mujer de un perfil incontestable e inigualable, porque no solo es alguien que viene del mundo de la salud, una profesional de la salud en Andalucía, sino que también ha dedicado una parte muy importante de su vida al trabajo, a la defensa, y a la protección de las personas más vulnerables”, ha dicho Martín.

Ha agregado que, de resultar elegida en el próximo Pleno del Parlamento, Rosario garcía se convertirá “en la primera mujer que desempeña el cargo de Defensora del Pueblo en Andalucía”. “Nos llena de orgullo ser el Grupo Popular quien proponga este perfil absolutamente incontestable y que debería reunir el apoyo unánime del resto de grupos”, ha dicho.

“Esperamos que el resto del grupo respalde nuestra propuesta, que no es partidista ni sectaria, sino independiente y llamada a buscar el consenso, un consenso por el que hemos trabajado durante mucho tiempo en este asunto desde el Grupo Popular”, ha expuesto Toni Martín.

Ha indicado que ese consenso se ha echado “en falta” en el Grupo Socialista, sobre todo, tras la “marcha de señor Juan Espadas” como secretario general del PSOE-A. “Lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando; hacemos un llamamiento al PSOE para que abandone posturas sectarias y de interés partidista y entienda que esta es una propuesta pensando en Andalucía y en todos los andaluces”.

Rosario García Palacios (1966) es diplomada en Enfermería por la Universidad de Cádiz; máster en Innovación e Investigación de cuidados en Salud, y experta universitaria en Gestión de Cuidados por la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Universidad de Granada. Es presidenta de Cruz Roja Andalucía desde 28 Abril de 2023.

En cuanto a su experiencia profesional, ha sido enfermera asistencial durante 17 años; profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad de Cádiz (7 años); docente de la Consejería de Salud (14 años), o docente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológia (4 años).

Como se recordará, en septiembre de 2024 quedó formalmente vacante el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz tras expirar el segundo mandato al frente de dicha institución de Jesús Maeztu, quien, no obstante, ha continuado ejerciendo sus funciones “hasta tanto no se proceda a la toma de posesión del titular designado para el siguiente mandato por el Parlamento” autonómico.

A mediados del pasado mes de mayo, PP-A y PSOE-A confirmaron “conversaciones” para acordar la renovación pendiente del Defensor del Pueblo.

La Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que dicho cargo “será elegido por el Parlamento para un período de cinco años”, y para su elección se requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, que en la asamblea andaluza, conformada por 109 diputados, se traduce en al menos 65 escaños.

De esta manera, la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en el Parlamento, de 58 diputados, no es suficiente por sí sola para elegir al nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, sino que requiere del apoyo de, al menos, siete parlamentarios más. En la presente legislatura, el Grupo Socialista cuenta con 30 diputados, Vox con 14, Por Andalucía con cinco y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía está conformado por dos parlamentarios.

La Audiencia Nacional acaba de condenar a un cordobés a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en una trama de evasión fiscal de oro y plata. Se da la circunstancia de que este procesado fue investigado por la Policía en otra causa: la del aceite de oliva virgen extra adulterado que finalizó a principios del año pasado con tres personas condenadas. Estas trasladaban el aceite comprado a una nave industrial situada en Aguilar de la Frontera y lo mezclaban con aceite de girasol.

Según los hechos probados de la sentencia a la que ha tenido acceso este medio, el procesado en la causa de evasión fiscal de oro y plata contactó con los responsables de dos mercantiles, quienes se dedicaban a la compraventa al por mayor de oro y plata. Estos mayoristas buscaban eludir el pago de sus obligaciones fiscales derivadas de las ganancias obtenidas entre los años 2010 y 2013. Para ello, el condenado convino con estos mayoristas la emisión de facturas falsas con un tripe objetivo. Por un lado, justificar el origen irregular del oro. Parte del mismo que adquirían los mayoristas provenía de cauces irregulares y de personas desconocidas. Las facturas falsas se utilizaban para simular adquisiciones al por mayor y así justificar el origen de este metal.

En segundo lugar, en las facturas también se indicaban cantidades más elevadas para simular un mayor gasto en la adquisición del metal. De esta manera, los mayoristas podían minorar sus beneficios declarados y rebajar el importe del Impuesto de Sociedades que debían pagar. Y, en tercer lugar, en relación con la plata, se emitieron facturas por supuestas adquisiciones gravadas por el IVA. Los mayoristas reclamaban la devolución de este IVA a sabiendas de que los emisores de las facturas simuladas no habían ingresado dichas cuotas en la Agencia Tributaria o directamente eludían su ingreso.

Para llevar a cabo la emisión de estas facturas falsas, el condenado se valió de más de una decena de entidades mercantiles, alguna de las cuales fueron adquiridas o constituidas a nombre de terceras personas. En algunos casos, esas personas desconocían los hechos y, en otros, sabían lo que estaba ocurriendo, pero, a cambio, recibían hasta 1.500 euros semanales.

Entre los dos mayoristas dejaron de ingresar 1.232.933,7 euros. A principio de enero de 2024, por esta causa fueron condenadas 12 personas físicas y cinco, jurídicas. El cordobés no asistió a este juicio y, una vez localizado, se celebró el plenario en la Audiencia Nacional, quien ha fallado que la falsedad en documento mercantil se produjo de manera continuada en el tiempo, propiciando un soporte para llevar a cabo la defraudación del Impuesto de Sociedades durante los años 2011, 2012 y 2013. Si bien estos hechos han quedado probados, el tribunal ha considerado que no ha quedado acreditado que el procesado fuera consciente de que dichas facturas serían empleadas específicamente para el fraude tributario.

En resumen, el delito consistió en la acción continuada de falsificar facturas mercantiles con el fin de facilitar a las empresas mayoristas de oro y plata la justificación de la adquisición irregular de metal y la disminución fraudulenta de sus beneficios fiscales, aunque sin que se probara la conciencia de Juan María sobre el uso específico de las facturas para el fraude tributario.

Durante el juicio oral, el procesado reconoció su participación en los hechos, lo que fue considerado como una atenuante analógica de confesión. Además de la pena de prisión, tendrá que abonar las costas procesales y una multa de 1.630 euros.

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, está utilizando la última tecnología y la inteligencia artificial (IA) para combatir el fraude eléctrico, lo que ha permitido duplicar la tasa de éxito de las inspecciones realizadas contra el fraude. Esto, según ha informado Endesa en una nota, ha permitido que en Córdoba el pasado año se abrieran más de 3.400 expedientes de fraude en la provincia, un 76% más que en 2023, lo que “pone de manifiesto la magnitud de un problema con graves consecuencias para la seguridad física de las personas, la calidad del suministro eléctrico y el importe de la factura que pagan todos los ciudadanos”.

Endesa ha precisado que “plantaciones de marihuana y grandes consumidores, desde industrias a negocios, concentran la mayor parte de la energía defraudada en un contexto de creciente profesionalización del fraude”.

La energía recuperada en los fraudes detectados el pasado año por la filial de distribución de Endesa en Córdoba “superó los 21,8 millones de Kwh, un 29% más que en 2023”.

En concreto, durante el pasado año Endesa desmanteló en Córdoba cada semana una instalación manipulada para alimentar plantaciones de marihuana en operativos en los que acompaña a las fuerzas de seguridad. Estas instalaciones, localizadas en edificios, naves, viviendas individuales o pisos, conocidas como plantaciones 'indoor', suponen un grave riesgo para su entorno.

Impacto de las plantaciones

Endesa ha advertido que “la manipulación de las instalaciones eléctricas implica importantes riesgos para la salud de la persona que las realiza y de las que le rodean, ya que pueden derivar en incendios y electrocuciones, que pueden provocar daños muy graves e incluso la muerte”.

En zonas donde se concentran muchas plantaciones, “la demanda de electricidad se dispara a niveles industriales. Se han dado casos de edificios de viviendas que consumían como un hospital, una sobrecarga que hace saltar las protecciones de la red provocando cortes de suministro a todos los vecinos. El nivel de sobrecarga ha llegado a provocar incendios en las instalaciones”.

Un ejemplo son los 24 incendios registrados este año centros de transformación de e-distribución en Andalucía, por la saturación de la red derivada del fraude, y cuatro de estas infraestructuras se encuentran en Córdoba.

Estas plantaciones bajo techo, “controladas en su mayor parte por organizaciones criminales, generan, además de los peligros físicos por la manipulación de la instalación eléctrica, el deterioro de la seguridad ciudadana en las zonas donde se concentran, afectando a los vecinos y también a los trabajadores”.

Los trabajadores sobre el terreno de e-distribución y sus contratas “tienen que acudir encapuchados y acompañados por las fuerzas de seguridad a hacer su trabajo, para evitar su identificación, y han sufrido agresiones cuando procedían a desmantelar fraudes”.

El impacto de la manipulación de las instalaciones eléctricas “es además evidente en la calidad del suministro eléctrico. Las plantaciones 'indoor' de marihuana consumen grandes cantidades de energía para asegurarse las condiciones de luz, temperatura y ventilación adecuadas para acelerar los cultivos, y lo hacen mediante enganches ilegales a la red”.

Cada uno de estos invernaderos de marihuana demanda un volumen de electricidad que equivale al consumo de unas 80 viviendas de unos 100 metros cuadrados. El año pasado, las plantaciones desconectadas de la red en el área de e-distribución acapararon casi el 30% del volumen de fraude detectado por la compañía.

La vinculación entre estas plantaciones y la calidad del suministro eléctrico en determinadas zonas es tal que, tras las redadas realizadas por las fuerzas de seguridad para desmantelar cultivos de marihuana 'indoor', el consumo eléctrico se desploma y las incidencias llegan a reducirse un 90%.

No obstante, “los fuertes descensos en el consumo eléctrico que se registran tras las intervenciones policiales son sólo temporales y las conexiones ilegales vuelven a realizarse en cuestión de horas o días. La existencia de un marco penal más laxo que en otros países de nuestro entorno no contribuye a frenar la proliferación de enganches ilegales”.

En otros países, como Francia, Alemania o Italia, “se diferencia entre casos graves y leves, y el fraude eléctrico conlleva incluso penas de cárcel, mientras que en España el robo de energía conlleva pena de multa, no prevé agravantes ni computa para la reincidencia”.

Inspecciones y tecnología

La digitalización de la red, el despliegue de sensores y la implantación de los contadores inteligentes posibilitan la obtención de más información y el análisis de los datos mediante técnicas de 'machine learning' y 'deep learning' permite detectar desviaciones y comportamientos anómalos. Desde 2016, expertos en 'data science' y 'big data' se han incorporado en Endesa, para trabajar junto con los inspectores de campo y desarrollar y mejorar los modelos predictivos para combatir el fraude.

El pasado año, Endesa realizó en Córdoba más de 13.000 inspecciones para comprobar la existencia de fraude, muchas de ellas, resultado de las denuncias anónimas realizadas por los ciudadanos, los cuales pueden avisar de manera anónima cuando advierten alguna anomalía a través del correo electrónico 'anomalias@enel.com', del teléfono 800760220 o rellenando un formulario web en la página de e-distribución.

El caso Dorado deja de ser el caso Dorado. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, firmó el pasado viernes un auto en el que acota la investigación del conocido como caso Infraestructuras, en el que se trata de aclarar un presunto fraude cometido en este área municipal del Ayuntamiento en el año 2020. El magistrado, en un extenso escrito, ha decidido sobreseer la acusación que pesaba sobre el exconcejal de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos, David Dorado, al considerar que su papel en el presunto fraude investigado no fue decisivo para que se cometiera.

El juez reduce el número de investigados en una causa en la que sí que aprecia delitos, pero supuestamente cometidos por menos personas. De esta manera, mantiene procesada a la excoordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno (el único cargo político), y al principal investigado, un funcionario que actuaba como jefe de contratación de obras y de mantenimiento de edificios públicos. Junto a ellos aparecen otros tres empresarios que presuntamente se habrían beneficiado de los contratos supuestamente arbitrarios e irregulares concedidos.

En el auto, al que ha accedido este periódico, el magistrado sostiene la desimputación de David Dorado en que “cómo la participación en los hechos del concejal delegado queda difuminada en cuanto a su posible decisión política de impulsar la ejecución de la obra de iluminación de la avenida de Libia”, el principal contrato por el que se precipitó la investigación después de una denuncia pública, primero, de la exconcejala de IU Amparo Pernichi. “Su única intervención en los dos expedientes es la de firmar la autorización de pago previa presentación de facturas debidamente informadas; y no encontramos más indicios de su participación en los hechos que esa decisión manifestada de que se llevara a efecto la ejecución de dicha obra”, argumenta el magistrado.

“Sostener que pudiera haber existido un desinterés en el mismo sobre la forma en que se materializara en términos jurídicos tal decisión política, o una intención de que se llevara a efecto, incluso contra el mandato legal de prohibición de fraccionamiento, sería una hipótesis razonable; pero no cuenta de sustento indiciario alguno en el que fundamentar una imputación formal capaz de superar las exigencias de razonabilidad del juicio de imputación exigidas” en la ley “para el mantenimiento de la imputación en sede de fase intermedia del procedimiento abreviado”, concreta.

David Dorado llegó a ser detenido por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional en Córdoba, junto a la excoordinadora de Infraestructuras, el funcionario investigado y varios empresarios más. La mayor parte de los empresarios también son ahora desimputados, al considerar que muchos no se vieron beneficiados ya que fueron meras comparsas que presentaban sus ofertas para optar a obras que finalmente eran adjudicadas a quien, supuestamente, el principal investigado acababa adjudicando.

Dorado, defendido por el abogado Carlos Arias, fue apartado por su partido político y durante el pasado mandato acabó formando parte del grupo de concejales no adscritos, donde siempre mantuvo en el Pleno su inocencia en los hechos de los que fue acusado. El sobreseimiento de su acusación queda ahora pendiente de la petición de las acusaciones personadas en la causa y también de lo que considere en su calificación el Ministerio Fiscal.

Mientras, el juez que firma el auto decide que sigan la instrucción y que se mantenga la investigación sobre las cinco personas que siguen procesadas: el funcionario, la excoordinadora y tres empresarios amigos del funcionario, que presuntamente se adjudicaron contratos sospechosos. El magistrado también aporta luz sobre muchos de los 42 contratos bajo sospecha y también acota la investigación, viendo fraude en algunos y descartándolo en otros.

El origen

Este asunto saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

La denuncia se centraba en los contratos dirigidos por el jefe de departamento responsable del Mantenimiento de Edificios Municipales y de los Colegios Públicos de la Delegación de Infraestructuras. A la vez, y esto es algo que se supo meses después, el entonces concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, encargó una auditoría sobre los contratos de otro departamento de Infraestructuras, el de Alumbrado Público. Esa auditoría derivó en una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Córdoba, que apreció indicios de delitos. Por tanto, el Caso Infraestructuras son dos: Mantenimiento y Alumbrado Público.

El primer caso: una denuncia que ha derivado en seis investigaciones

No fue hasta noviembre de 2021 cuando la Fiscalía concluyó la investigación a petición de IU y Podemos y halló indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras, trasladándolo al juzgado para abrir la instrucción del 'caso Infraestructuras'. Fue entonces cuando el alcalde anunció que el Ayuntamiento se personaría como parte afectada en dicho caso. Cordópolis pudo acceder al escrito de la Fiscalía sobre su investigación de los contratos, en los que apreció fraccionamiento, falsedad documental y vinculaciones familiares.

El Juzgado encargado de la investigación fue Instrucción 4, dirigido por José Luis Rodríguez Laínz, el magistrado más conocido de Córdoba. Suya fue también la instrucción del caso Bretón, el crimen más mediático de la ciudad. Rodríguez Laínz es un juez con fama de meticuloso. El magistrado desgranó la denuncia, que se centraba exclusivamente en los contratos del llamado Plan de Choque 2020 y encargó la investigación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los policías asumieron el trabajo e iniciaron una operación especial, que bautizaron con el aún misterioso nombre de Caronte (al parecer, en referencia al principal sospechoso, el funcionario jefe de Mantenimiento).

Rodríguez Laínz decidió dividir la causa en seis casos diferentes, al considerar que había indicios. De momento, ya han sido archivados dos, aunque otros cuatro siguen su curso en los diferentes tribunales, como el principal, en Instrucción 4, que ahora se acota.

El papel de una historiadora del arte que presuntamente validó dos falsificaciones de Sorolla y un Picasso que iban a ser vendidos en Córdoba es una de las claves de la investigación judicial abierta en los juzgados. La Policía Nacional ya advierte en sus pesquisas de que esta mujer podría ser parte de la trama, a la que se le imputan los delitos de estafa, falsificación documental, delito contra la propiedad intelectual y pertenencia a organización criminal.

Ella, por su parte, es la única de los cuatro investigados que ha testificado ante la Policía Nacional, ante la que ha alegado haber sido víctima de una presunta intimidación por parte de los otros implicados en el caso, según ha podido comprobar este periódico, que desveló este domingo que los cuadros que se ofrecían eran réplicas sin valor de Playa de Valencia y Niños en la playa, de Joaquín Sorolla, y de Le petit Pierrot, de Pablo Picasso.

La investigada, originaria de Jaén y con un máster en peritaje de obras de arte obtenido en Madrid en 2008, es, no obstante, una figura clave en la trama, ya que una firma que se le atribuye -y que ella asegura que es falsa- figura en los informes de autenticidad de las pinturas que sirvieron para que el comprador abonara 10.000 euros de fianza antes de investigar por su cuenta la autenticidad de las tres obras.

Además, siempre según el denunciante, llegó a hablar por teléfono con ella -quien niega esta conversación-, y afirma que esta historiadora del arte le “convenció” de que las obras eran originales, tras lo cual, asegura que pagó otros 10.000 euros a uno de los investigados que actuaba como intermediario.

La posible “falsificación” de su firma

No obstante, cuando el comprador descubrió que eran falsas, acudió a la Policía, y los agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana se pusieron en contacto con la historiadora para preguntarle sobre su presunta expertización de las obras pictóricas. En su declaración, según la información a la que ha podido acceder este periódico, la perito manifiesta que fue contactada para autentificar las obras de arte.

La historiadora del arte asegura que fue uno de los investigados, a quien se refiere como un hombre “de etnia gitana”, quien le hizo el encargo de autentificar las obras. Además, alega que, tras examinar las obras y percatarse de su falsedad, advirtió al Museo Sorolla para que estuvieran al tanto en caso de que alguien intentara venderlas como auténticas.

La investigada, que tiene antecedentes por reclamación judicial, declara haber sido víctima de presuntas “presiones” y “molestias” por parte de los otros involucrados, quienes, según ella, se dedican “al tráfico de obras de arte” y, en ocasiones, “recurren a la falsificación y manipulación” de documentos.

En relación con los informes de autenticidad, la tasadora manifestó a la policía que la rúbrica que aparece en los certificados no es la suya, ya que ella suele firmar con su sello y número de colegiada. La policía, de hecho, ha investigado si los informes fueron falseados o manipulados por los otros implicados, con el objetivo de dar credibilidad a la estafa, que está ya siendo investigada en sede judicial.

Un juzgado de Córdoba ha abierto una investigación para esclarecer la venta de dos falsificaciones de Joaquín Sorolla y una de Pablo Picasso. Por el momento hay cuatro personas investigadas por su papel en la transacción, tres hombres que participaron en la venta y una historiadora del arte. Todo ello, después de que la Policía Nacional tomara las riendas de la investigación a petición de la persona que quiso hacerse con los cuadros pensando que eran auténticos.

Según la información que ha podido obtener este periódico y que ha confirmado con fuentes cercanas a la investigación, los cuadros que se ofrecían eran réplicas sin valor de Playa de Valencia y Niños en la playa, de Joaquín Sorolla, y de Le petit Pierrot, de Pablo Picasso, y la transacción abortada comenzó a fraguarse hace un año.

Concretamente, en febrero de 2024, el denunciante se reunió con dos de los encartados en un hotel para examinar las tres obras y la documentación que supuestamente acreditaba su autenticidad. Al día siguiente, se llevó a cabo una nueva reunión donde supuestamente se entregaron 10.000 euros como depósito por los tres cuadros, aunque esta cantidad llegaría a los 30.000 euros en días sucesivos.

Siguiendo el relato del denunciante, en ese momento se redactó un documento donde se especificaba que la compra definitiva se realizaría el 18 de marzo de 2024 y se fijó el precio de 280.000 euros por la compra de los tres cuadros. Los vendedores entregaron presuntos peritajes de las obras, fechados el 5 de marzo de 2024, supuestamente elaborados por una historiadora del arte natural de Jaén. Posteriormente, el 5 de abril de 2024, se entregó más documentación, incluyendo presuntas copias de certificados de autenticidad de las obras de Sorolla y Picasso, con membretes de Sorolla Expertos y Picasso Authentification, que, según se demostró a posteriori, resultaron ser falsas.

Y es que, ante las dudas que le habían surgido, el comprador acudió a comprobar la autenticidad a Blanca Pons-Sorolla, experta en la obra de Joaquín Sorolla, quien le envió un correo electrónico confirmando que las dos obras atribuidas a Sorolla eran falsas.

Una experta en Sorolla desacredita los cuadros

La experta analizó las pinturas y determinó que sus dimensiones no coincidían con las originales del catálogo del Museo Sorolla, y añadió que eran falsificaciones de pequeño formato que han estado circulando desde 1992. La información chocaba de lleno con el hecho de que, presuntamente, las obras venían tanto con un peritaje de una experta como con certificados de autenticidad.

Con la nueva información encima de la mesa, el comprador siguió intentando recopilar pruebas de la falsedad de las obras, de manera que no acudió a la Policía Nacional hasta julio del año pasado. En ese intervalo de tiempo, según el denunciante, ya puso en conocimiento de los vendedores que los tres cuadros eran meras falsificaciones.

Finalmente, fue la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana-Grupo de Patrimonio Histórico la que tomó cartas en el asunto, e inició la identificación de los presuntos autores de la estafa, comprobando, además, que algunos de ellos tenían antecedentes penales por delitos similares.

Además, la policía analizó la documentación aportada por los vendedores y confirmó que los certificados de autenticidad de las obras de Sorolla y Picasso eran falsos. Para ello, solicitó la colaboración de expertos para analizar las obras de arte y determinar su autenticidad. Blanca Pons-Sorolla volvió entonces a dictaminar que las obras atribuidas a Sorolla eran falsificaciones. Asimismo, el Museo Casa Natal Picasso de Málaga confirmó que la obra de Picasso era una serigrafía comercial y no una pieza original.

Incautación de las obras

La Policía llamó a declarar a todos los investigados, aunque, de los cuatro, solo la historiadora del arte accedió a prestar declaración, negando cualquier participación en la presunta trama. Los otros tres se negaron a testificar ante los agentes.

Por su parte, las tres obras de arte falsificadas fueron intervenidas y depositadas en las dependencias del Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana. Se solicitó su depósito en el Museo de la Policía para su uso en docencia o para su destrucción, y se propuso que los cuatro implicados fueran investigados por los delitos de estafa, falsificación documental, delito contra la propiedad intelectual y pertenencia a organización criminal.

Los encartados son el propietario y vendedor de las obras, que cuenta con antecedentes por falsificación de moneda; el abogado del vendedor, que cuenta con antecedentes por estafa y blanqueo de capitales; el intermediario en la venta, con antecedentes por malos tratos en el ámbito familiar; y la historiadora del arte que supuestamente firmó los informes de autenticidad iniciales, con antecedentes por reclamación judicial.

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial, que ha iniciado la instrucción de una causa penal contra los cuatro investigados.

La Policía Nacional ha identificado a una web extranjera que vende entradas a precios inflados para acceder a la Mezquita-Catedral de Córdoba, lo que, según la legislación española, podría constituír un delito de estafa.

Según ha podido saber este periódico, un grupo operativo de la Policía Nacional ha investigado la posible venta fraudulenta de tickets para acceder al monumento, cuya entrada tiene un coste de 13 euros por persona. Según fuentes policiales, esta investigación les ha llevado hasta una web cuyo propietario es una empresa extranjera. Fue el Cabildo Catedral de Córdoba, que gestiona el templo, el que denunció los hechos el pasado mes de septiembre ante la Policía Nacional, que inició entonces una investigación.

El Cabildo señalaba en su denuncia haber atendido tanto a personas que acudían con tickets pagados a precios inflados para acceder a la Mezquita, que llegaban “a los 60 euros por persona”, como a quienes habían comprado entradas para días y horas en las que el monumento está cerrado.

Con la denuncia sobre la mesa, la Policía Nacional comenzó a investigar y descubrió una web que vendía la entrada a la Mezquita de Córdoba a un precio muy superior a lo habitual. Según la normativa española, eso podría ser constitutivo de estafa, si bien en el país en el que opera la empresa propietaria de la web, esto puede no ser un delito.

Por todo ello, una vez reunidas las pruebas, ha dado traslado de los hechos al juzgado competente para iniciar, en caso de que proceda, nuevas pesquisas sobre esta presunto fraude.

Los plazos y los precios

Cuando uno accede a la web oficial para comprar entradas de la Mezquita, alojada en la dirección www.mezquita-catedraldecordoba.es, se indica perfectamente el precio individual, 13 euros en régimen general. Esta entrada permite tanto el acceso al templo como a la Ruta de las Iglesias Fernandinas. Además, por 4 euros, se tiene acceso a una audioguía explicativa, lo que elevaría el coste de la visita a un total de 17 euros.

Eso sí, una vez se pulsa comprar, habitualmente sólo se permite sacar entradas para el mes en curso, en este caso febrero de 2025, dado que, como explicó el Cabildo este lunes, su agenda está a veces pendiente de actividades de carácter cultural y litúrgico que pueden obligar a cerrar el monumento en algún horario concreto, en cuyo caso siempre se contacta por correo electrónico con cualquier perjudicado.

Pues bien, en una búsqueda superficial, este periódico ha encontrado al menos tres webs que venden entradas para después del mes de febrero. Una, de origen andaluz, vende la entrada y la audioguía por 18,50 euros, y llega hasta agosto de 2025, ignorando la más que probable imposibilidad de sacar tickets en algunos días de Semana Santa coincidiendo con el paso de la Carrera Oficial.

Además, hay una segunda, con sede en Países Bajos, que también ignora esta posibilidad y permite comprar entradas hasta julio de 2025 a un precio de 23 euros por persona, con audioguía. Y, finalmente, hay una tercera que va más allá y que permite comprar la entrada incluso para el 24 de diciembre de 2025 a las 17:00, cuando el monumento está cerrado por ser la tarde previa a la Nochebuena. En esta web, de otra empresa andaluza, el precio de la entrada más la audioguía se dispara hasta los 29,99 euros.

No obstante, preguntado por este periódico, este lunes los responsables del Cabildo no precisaron con exactitud cómo funcionaban estos sistemas y, si lo que ocurría con webs de este tipo es que ofrecían una “reventa” de entradas. Lo que sí hicieron fue instar este lunes a los visitantes a verificar siempre que adquieren sus entradas a través de la web oficial, evitando así fraudes y problemas en su visita.

La Policía Nacional en el marco de una operación contra la ley de extranjería ha detenido a ocho personas, de las cuales cinco de ellas han sido por infracción a la ley de extranjería y tres por delitos contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros.

Las detenciones tuvieron lugar tras iniciarse una investigación policial por parte de agentes de la Policía Nacional de Lucena-Cabra, al tener conocimiento de que en diversos establecimientos de la localidad lucentina, estaban empleando a ciudadanos extranjeros en situación irregular y sin permiso de trabajo, así como, sin dar de alta en la seguridad social.

Tras realizar las primeras pesquisas, el pasado mes de octubre de 2024, agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, realizaron tres inspecciones en establecimientos comerciales dedicados a la hostelería y otro más en una empresa dedicada al reparto de comida a domicilio, todos ellos situados en la localidad de Lucena.

Dichas inspecciones se saldaron con la detención de cinco personas  por infracción a la ley de extranjería. Además 17 personas fueron identificadas estando ocho de ellas trabajando sin alta en la seguridad social y cinco de ellas eran ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo.

En estos días, se han detenido a tres personas más, responsables de los tres establecimientos comerciales que fueron objeto de la inspección, acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.