El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) frente a una sentencia del Tribunal Supremo que no encontraba argumentos para indemnizar a una mujer que sufrió un trato vejatorio durante una detención en Córdoba.

La APDHA ha destacado la importancia de este proceso y su relación con la eficacia de los dictámenes de los órganos internacionales de derechos humanos. “El hecho de que esta admisión haya sido acordada por el Pleno del Tribunal Constitucional, y no por una de sus salas, constituye un indicador inequívoco de la especial trascendencia constitucional del asunto, al afectar directamente a la articulación entre el Derecho interno y el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, señalan.

El caso trae causa del asunto E.L.G., resuelto en 2019 por el Comité contra la Tortura, en el que se declararon vulneraciones de derechos fundamentales —relacionadas con la prohibición de malos tratos— y se instó al Estado español a proporcionar una reparación plena y efectiva, incluyendo indemnización por daños materiales y morales, rehabilitación y la adopción de medidas dirigidas a evitar la repetición de los hechos. Se trataba de una ciudadana que, con carácter previo a la detención, se encontraba bien y que a la salida tenía la nariz rota. Además en la comisaría se negaron a avisar a los servicios médicos por lo que tuvo que requerirlos desde su móvil la víctima. El estado no pudo dar ningún tipo de explicación sobre lo sucedido y se limitó a negar los hechos.

Pese a ello, el Tribunal Supremo concluyó que dichos dictámenes no podían fundamentar responsabilidad patrimonial del Estado. Más aún, no solo negó su carácter indemnizable, sino que privó a estos pronunciamientos de toda eficacia jurídica sustantiva, reduciéndolos en la práctica a meras recomendaciones sin capacidad para incidir en la decisión de los tribunales ni en la garantía de reparación de las víctimas. Ello a diferencia de lo que sucede con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Esta interpretación ha sido sostenida por el propio Estado en el procedimiento de seguimiento internacional. El Comité contra la Tortura ha constatado expresamente la falta de implementación de su decisión, manteniendo abierto el diálogo con España y recordando su obligación de actuar de buena fe y de garantizar una reparación completa, incluida la compensación económica, así como medidas efectivas de no repetición .

En este contexto, la admisión del recurso de amparo adquiere una relevancia extraordinaria. Si bien el Tribunal Constitucional había apuntado en resoluciones anteriores que los dictámenes de los comités de Naciones Unidas no carecen de valor, lo hizo sin entrar en el núcleo del problema . La presente admisión abre la vía para que, por primera vez, el Tribunal se pronuncie de forma expresa sobre su alcance jurídico y su eficacia real.

Este pronunciamiento se produce además en un momento especialmente significativo para el sistema internacional de derechos humanos. En un contexto global en el que algunas potencias muestran un progresivo distanciamiento respecto del Derecho Internacional, resulta fundamental que Estados como España refuercen su compromiso con los mecanismos internacionales y prediquen con el ejemplo, garantizando el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas en ese marco.

Paralelamente, comienzan a abrirse vías de avance en el plano normativo interno. En particular, el proyecto de reforma de LECrim en tramitación introduce la posibilidad de revisar sentencias firmes cuando un comité de Naciones Unidas haya declarado la vulneración de derechos reconocidos en tratados ratificados por España, acercando su tratamiento al de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este desarrollo legislativo evidencia que el debate está abierto y que existe margen para reforzar la eficacia de estos mecanismos.

Para la APDHA, este momento debe ser aprovechado no solo para consolidar esta evolución, sino también para impulsar medidas estructurales que garanticen la plena efectividad del sistema internacional de protección. En este sentido, la organización considera necesario avanzar hacia el reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico español del carácter vinculante de los dictámenes de los comités de naciones unidas, así como establecer mecanismos automáticos de ejecución y reparación para las víctimas.

Asimismo, resulta imprescindible reforzar los mecanismos internos de prevención, control y rendición de cuentas frente a las vulneraciones de derechos humanos, garantizando que los pronunciamientos internacionales tengan una traducción efectiva en la práctica administrativa y judicial.

La organización confía en que el Tribunal Constitucional esté a la altura de este desafío histórico y contribuya a fortalecer el sistema de garantías, tanto en el ámbito interno como en su conexión con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La delegación cordobesa de Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (Apdha Córdoba), que reconoce todos los años a personas y colectivos de la provincia que destacan en la defensa de los Derechos Humanos, ha decidido premiar este año a la asociación vecinal San Acisclo Valdeolleros, por su trayectoria en el fomento de una ciudadanía activa en defensa de sus derechos y una participación democrática de base en la ciudad de Córdoba.

Así lo ha indicado Apdha Córdoba en una nota en la que ha detallado que el acto de entrega del galardón tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en la sede de la asociación en la barriada de Valdeolleros. Al colectivo le contemplan casi 50 años de historia, ya que nació oficialmente en 1976.

En este tiempo “muchas luchas se han impulsado desde la asociación, como los 23 años de tesón para conseguir el parque de la Asomadilla o el Plan Renfe, que incluso llevo a la imputación ante el Tribunal Supremo a algunos de sus miembros simplemente por ejercer su ciudadanía activa”, han señalado desde Apdha, que han apuntado que “otras conquistas muy trabajadas fueron el centro de salud, el polideportivo o Sala de Barrio, el centro de mayores, el centro cívico norte, o la construcción del instituto Ángel de Saavedra”.

Una de las principales razones de estos éxitos fue la capacidad de unidad de todos los colectivos del barrio: Asociación Vecinal, Centro de la mujer, Parroquia, Juventud Obrera Cristiana, Ampas, peñas, la Coordinadora de Enseñanza y Consejo de Distrito Norte.

Con el paso del tiempo nuevos desafíos han llegado a la barriada y han pasado a ser prioridades de la asociación, entre ellos están los “problemas de vivienda como los desahucios, el nivel de desempleo, los recortes en sanidad, la aporofobia hacia algunas partes del barrio o vecinos, además del individualismo y el aislamiento respecto a los demás que el sistema nos quiere imponer”.

En gran medida, gracias a la incorporación de mucha gente joven, el colectivo se ha adaptado a esos retos para seguir tratando de concienciar, además de denunciar y reclamar los derechos para las personas que habitan el barrio y hacerlo más habitable.

En esta nueva etapa, han seguido apostando por el trabajo en red con el resto de entidades sociales de la ciudad. “Tras el 15M, fueron los primeros en dar cobertura a la comisión que salió de Stop Desahucios en los barrios, además implantar el primer punto de información de la organización. También le han dado cobertura en su local a YayoFlautas, a la Coordinadora de Mujer de Valdeolleros, a la Mesa de Convergencia y Acción, a Juventud x el Clima, a la Red de Defensa Transfeminista (la RATA), a la Coordinadora en Defensa de las Pensiones, e incluso el grupo de baile de mujeres ecuatorianas”, ha resaltado Asociación Pro Derechos Humanos.

En la actualidad están realizando campañas sobre “la necesidad de refugios climáticos en el barrio (piscina pública, centro cívico norte y parque de la Asomadilla), sobre los recortes en servicios públicos como la limpieza, sobre la bajada de precio de los alquileres, las consecuencias que tienen los locales convertidos en infraviviendas y están inmersos en preparar una campaña sobre el centro de salud”. Además, cada año mantienen el cine de verano en la plaza Valdeolleros y la semana cultural, que en la última ocasión sirvió para hacer memoria histórica del barrio.

Por todos estos méritos, fue “una decisión sencilla” para la Apdha otorgar su reconocimiento a “los compañeros de la asociación vecinal San Acisclo Valdeolleros mediante la concesión del Premio de Derechos Humanos de 2025”.

Carlos Arce recibe a Cordópolis en un local de los bajos de un edificio de Las Moreras, uno de los más pobres de Córdoba y que, año tras año, repite en ese triste listado de la pobreza en Europa. Sobre este terreno trabaja la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Córdoba, al lado de los rostros de quienes en titulares e informes se diluyen e invisibilizan en esa etiqueta de personas en exclusión social.

Arce, profesor del Área de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público y Económico de la Universidad de Córdoba, lleva dos décadas trabajando con APDHA en Córdoba, donde es su delegado, pero también a nivel andaluz como especialista en migraciones. Cuenta que, en sus inicios, Julio Anguita fue un referente que le inspiró para dedicarse a cuestiones sociales y, ahora, experiencia profesional y de voluntariado se dan la mano en su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y la exclusión social.

De todo ello habla en esta charla, donde alerta del apagón que, como sociedad, hacemos sobre la realidad de los más vulnerables para no verla. Una realidad de pobreza extrema y crónica en determinados barrios, incluida una pobreza infantil insostenible para el desarrollo de esos niños y niñas. Una realidad de falta de oportunidades, de abandono escolar, de tasas de desempleo brutales y de imposibilidad de acceder a una vivienda digna, que cortan de raíz la vida de muchas personas. Una realidad también de discriminación contra los migrantes que llegan en busca de mejorar sus vidas, de discriminación, al fin y al cabo, contra los pobres, contra los excluidos.

En el horizonte que persigue Carlos Arce está el despertar conciencias sobre todo eso, para cambiar las condiciones políticas, económicas y sociales que dejan en la cuneta a parte de los vecinos de una ciudad sin siquiera preguntarse por qué se les arrebatan sus derechos más fundamentales.

PREGUNTA (P). ¿Cómo explicamos qué es trabajar por los derechos humanos, que parece algo como lejano pero, cómo se hace eso en el día a día?

RESPUESTA (R). Bien, pues creo que es muy acertado lo que acabas de señalar, ese día a día. Trabajar por los derechos humanos no quiere decir trabajar en un colectivo social de forma profesional y, si me apuras, ni siquiera tener una militancia muy densa, de una forma muy implicada, con un colectivo social o una organización de la sociedad civil. Trabajar por los derechos humanos es creerte que todas las personas somos en esencia iguales de verdad, todas las personas debemos tener potencialmente el acceso a las mismas oportunidades y a una titularidad de ejercicio de derechos de la forma más igualitaria posible.

Y eso se hace en todo. Eso se hace en cómo educamos a nuestros hijos, eso se hace en cómo nos desarrollamos en nuestra profesión sea la que sea, me da igual desde la que necesite mayor titulación a la que necesite una titulación más básica. La forma que tenemos en conducirnos en nuestro trabajo, y en nuestras relacionales personales, sociales, vecinales…. Todo eso, si tenemos ese chip de que creemos que realmente todos somos iguales, de que todos tenemos los mismos derechos, es el primer paso y para mí el fundamental para trabajar por los derechos humanos. Porque, hablando de las redes sociales por ejemplo, el cómo nos gobernamos en nuestro devenir digital -si elegimos retuitear una cosa o no, hacer un comentario o no…-, ya estamos trabajando por los derechos humanos.

Entonces, para mí, eso es la base. Luego a partir de ahí, cada uno tiene su vocación o sus situaciones que le permiten implicarse más o menos en una realidad. Pero eso, es la esencia de trabajar en los derechos humanos. Porque, incluso puede haber personas súper implicadas teóricamente en estas realidades y después rascas un poco y te encuentras con alguna sorpresa.

La discriminación por género y la étnica son las más profundamente arraigadas socialmente

P. A lo mejor en nuestro propio vecindario cada uno de nosotros lo podemos hacer…

R. Efectivamente. Yo creo que todas las personas pueden tener en mente ese vecino, de tu casa, de tu barrio…en esencia eso que decimos: “Este tío, esta tía, es una buena persona”. Esa persona seguro que está trabajando por los derechos humanos.

P. ¿En la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) cómo se enfoca ese trabajo?

R. Somos un colectivo que trabajamos, principalmente, en la denuncia de la vulneración de los derechos humanos. Y principalmente en aquellas vulneraciones que afectan a los colectivos sociales más vulnerables. Esto no quiere decir que no hagamos trabajo de atención directa, que se hace. Pero ese trabajo de atención directa va dirigido a las personas que lo reciben y el resultado que tiene va a ser fantástico y deseado, pero la idea principal de ese trabajo es estar inmersos en la realidad social en los ámbitos donde se produce una mayor vulneración de derechos humanos, para conocer esa realidad de manera directa y después ponerla en conocimiento de la sociedad, que muchas veces tiende al apagón, a no querer conocer esas realidades.

Y después está esa labor de incidencia política en los poderes públicos, para que hagan políticas que transformen esas realidades. Y ya sobre violaciones flagrantes, pues una denuncia que puede ser vía medios de comunicación o en la medida de nuestras escasas posibilidades, acciones de carácter legal para combatir esas realidades.

P. Uno de los asuntos en los que lleva trabajando años es la pobreza: ¿qué diagnóstico hace de la pobreza aquí en Córdoba?

R. Nosotros, como diagnóstico base, insistimos mucho en que la pobreza no es un accidente natural, no es consecuencia de un terremoto, de un tsunami ni de una tormenta de granizo. La pobreza se produce porque hay unas determinadas estructuras sociales, políticas y económicas que, sí o sí, van a generar un porcentaje de la población que va a estar excluido de ese sistema. Y ese sistema se sostiene por una serie de decisiones políticas, económicas y con un apoyo social. Ese es un primer diagnóstico clarísimo para afrontar la pobreza, no como algo inevitable ni aleatorio. Hay unas causas concretas y lo que hay es que provocar una movilización social y política para transformar esa realidad.

Y, por supuesto, hay que dejar claro que la pobreza siempre es una vulneración de derechos humanos, dado que no es un accidente natural y que ser pobre te impide no solo ejercer esos derechos más obvios como tener una vivienda digna o tener un acceso a la educación adecuado, tener derecho al acceso al mercado laboral también de una forma adecuada, sino incluso derechos que pueden parecer que no tienen nada que ver con la pobreza. Por ejemplo la participación política, porque si tú miras los porcentajes de abstención electoral o de involucrarse en la sociedad civil de las personas que están en situación de pobreza o exclusión social, pues tienen unos porcentajes de abstención brutal, de ausencia casi total de participación en colectivos sociales o en diferentes instrumentos de participación social y política. Por lo tanto, la pobreza y la exclusión es una vulneración de derechos humanos que corroe transversalmente la capacidad de ser ciudadano o ciudadana.

P. ¿Quiénes la sufren?

R. Pues la sufren, se dice siempre, los colectivos más vulnerables de la sociedad. Y nos hartamos de decirlo así y muchas veces casi que acabamos despersonalizándolos. Pero son personas concretas y no es tan difícil identificarlas: si perteneces a una minoría étnica, que en el caso de España nuestra principal minoría étnica autóctona es, ser gitano; si eres una persona con discapacidad; si eres una persona que tus padres o tus abuelos han sido pobres o han sufrido exclusión social; si eres una persona que has nacido o has crecido en determinadas barriadas; si eres persona extranjera; si eres persona extranjera en situación documental irregular…. Y todo esto, con un plus añadido que es si eres mujer, porque si eres mujer en todo eso vas a tener tu plus. También si eres una persona que no tiene una orientación o identidad sexual normativa…. Todo eso son piezas que construyen el quién está en esa situación de pobreza o exclusión social.

Hacemos categorías de migrantes. La prueba del algodón fue Siria y Ucrania

P. Apuntaba el ser mujer. En esos perfiles siempre se dice que la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Por qué se dan esos condicionantes?

R. Al principio se empezó a hablar de discriminación y después se vio que el término se quedaba corto. Y empezaron a ponerle apellidos para poder comprender un concepto tan complejo. Y cada vez más se habla de discriminación múltiple, de discriminación de carácter transversal… Y, siempre, el factor dentro de esos factores múltiples de discriminación, siempre el hecho de ser mujer ‘puntúa’ y puntúa mucho.

La discriminación por razón de género, junto a la discriminación étnica, son la más profundamente arraigadas socialmente y se da de base en cualquier situación discriminatoria. Incluso, cuando estamos dentro de los colectivos vulnerables o más discriminados, hay una subdivisión donde siempre abajo están las mujeres; tanto como a las que se les exige una mayor implicación con el ámbito familiar y social, y para las que la vulneración de derechos es más intensa y la vulneración de acceso a derechos es más intensa. Eso es una realidad.

P. ¿Podemos decir que la pobreza es algo estructural? Hablaba antes casi de ‘heredar’ la pobreza cuando tus padres o tu familia lo son…

R. Con el actual sistema, ‘necesariamente’ debe existir una pobreza estructural. Tal y como está construido, siempre va a haber gente que caiga al barranco, como se dice coloquialmente. Entonces, mientras se siga en esta misma senda, va a haber un porcentaje de personas en exclusión social, estructural, de base, que no se va a poder corregir nunca jamás. Porque por el propio sistema, aunque lográramos sacar a un porcentaje relevante de los que están ya, mañana van a caer en esa situación…

P. ¿Pero el sistema lo necesita, los aparta?

R. Ya ahí no me atrevería a decir, pero hay mucha gente que diría que sí, sí intencionalmente. Pero incluso poniéndome en la parte más positiva, en que no es que lo desee, pero que lo ve como un ‘esto es así’. Esa frase de ‘siempre ha habido ricos y pobres’. Es una frase que parece muy simple, pero dice mucho; es dar por sentado que efectivamente el devenir normal de la sociedad, del sistema social y político, va a generar que haya ricos y que haya pobres.

Pero, en ese sentido, cuando se habla de estructural, parece que es algo que no se puede cambiar. Y ahí sí me gustaría matizar muy bien: si seguimos haciendo las cosas así, efectivamente habrá pobreza estructural. Ahora, no es obligatorio seguir haciendo las cosas así, que hay otras alternativa -sin hablar de revoluciones inalcanzables-, sino con una serie de cambios absolutamente asumibles, las bases de esa ‘estructuralidad’ se verían seriamente cuestionadas en positivo.

P. Se actuaría sobre ¿qué causas sociales, qué causas económicas, que están en la raíz?

R. Hay un reparto estructural desigual de los recursos. Y hay un ejemplo paradigmático de ello que es la fiscalidad. Si uno ve cómo se grava el trabajo y cómo se grava el capital, evidentemente hay ahí ya una opción por favorecer las rentas del capital respecto a las rentas del trabajo. Hablando si me permites estrictamente desde esa perspectiva economicista, se está premiando a la gente que está en la parte de arriba fiscalmente. Incluso, el que es afortunado y tiene una nómina decente, puede estar tributando por un veintitantos por ciento, por un 18%, por un 30%...y si eres una persona que tu beneficio viene principalmente del capital, pues a lo mejor tienes una sicav (sociedad de inversión de capital variable) que tributa al 1, al 2 o al 3%.

¿Esto es así por un terremoto? No, es una opción política. No pasa nada. Igual que se ha decidido que esto fiscalmente sea así, se podría decidir lo contrario, gravar más el capital y gravar menos las rentas del trabajo que son las que tienen accesibles las capas sociales pobres. Pero esto es una decisión política, no es algo que la naturaleza nos lleve a que esto sea así.

P. Entiendo que es una decisión también política que esos recursos se puedan aplicar a los servicios públicos.

R. Efectivamente. Hay una decisión política sobre si reforzamos los servicios públicos, revertimos la situación de recorte o de privatización…. Hay dos opciones. Es una opción política, una decisión que se debe tomar, tanto los representantes políticos pero las personas que los elegimos también. En Madrid por ejemplo hay un gobierno (en la comunidad autónoma) que lleva muchos años y está revalidando mayorías absolutas, se le está premiando electoralmente. Entonces, si hay una precariedad de los servicios sanitarios en la comunidad autónoma de Madrid, por ejemplo, eso no está cobrando un precio electoral. Ahora, otro ejemplo, este famoso señor Milei, que salía con una motosierra diciendo que iba a desmantelar los servicios sociales en Argentina y que la justicia social es una aberración, pues ha ganado las elecciones.

Entonces, hay opciones. Puede haber otro señor u otra señora que proponga lo contrario, otro tipo de políticas. Y si la población considera que eso es oportuno, se le apoyará.

Los niveles de pobreza infantil son absolutamente horrorosos y vergonzantes

P. Aterrizando en Córdoba y en esa pobreza estructural, año tras año vemos que siempre están los mismos barrios entre los más pobres. ¿Es algo enquistado? ¿Se ha avanzado algo en los últimos tiempos?

R. Enlazo con lo que decía antes: si aplicas las mismas recetas una y otra vez, una y otra vez, no puede uno sorprenderse de que los resultados sean los mismos. Por ejemplo, se lleva denunciando casi de forma histórica la auténtica situación de anemia del parque de viviendas sociales, en general en todo el país y en Córdoba de forma particular. Las últimas promociones de vivienda social relevantes en esta ciudad datan de principios de los años 90. Ya vamos para los 35 años sin una promoción de vivienda social, no la VPO, sino de vivienda social dirigida a las personas más vulnerables. Estamos aquí en Las Moreras y vemos que las pocas viviendas sociales que hay están en una situación de deterioro, de abandono, brutal.

Esto con el ejemplo de la vivienda, que es la base para una vida digna. Entonces, si se sigue haciendo lo mismo, si no se construye más vivienda social, si la que hay está totalmente abandonada…no nos podemos sorprender de que sea imposible que las clases populares accedan a una vivienda digna y que las pocas viviendas que tienen asequibles sean dignas ya por su situación material.

P. Es un derecho básico y el acceso se le coarta totalmente. Si vemos que el acceso es casi imposible en el mercado libre, cuanto más para personas que necesitan esa vivienda social.

R. Ponemos el ejemplo de la vivienda porque es algo que se entiende transversalmente, porque a todo el mundo, salvo a unas cuantas personas privilegiadas, a todo el mundo le cuesta acceder a una vivienda. Pero es que las personas que están en situación de exclusión social no es que les cueste, es que en el mercado libre ni se lo plantean. Es que incluso las pocas ayudas que hay de acceso a la vivienda de alquiler en el mercado libre, una persona que recibe una ayuda durante un año para un alquiler, no encuentra quien le alquile. Teniendo el dinero público y sabiendo que lo va a recibir, pues cuando ven determinado perfil social, se encuentran con un ‘no’ para alquilar. Es la paradoja, que incluso teniendo los fondos, el dinero para alquilar la vivienda aunque sea temporalmente, pues no encuentran.

Si para el resto de la sociedad que no estamos en exclusión es un verdadero reto conseguir una vivienda digna, pues aquí (en estos barrios) ya están fuera del mercado libre. Y la única opción real que tendrían, que sería la vivienda social pública, llevamos 30 años sin construir. Nos parece uno de los derechos donde de forma más palmaria se ve que si no se hace nada o se hace siempre lo mismo, pues vamos a seguir perpetuando la situación de exclusión.

P. ¿Esa falta de vivienda y en general la falta de oportunidades es algo enquistado, que atraviesa a barrios como Las Palmeras, Las Moreras o el Guadalquivir?

R. Aquí hablamos de falta de vivienda, pero también hablamos de fracaso escolar absolutamente transversal, hablamos de precariedad laboral, de unos niveles de desempleo brutales donde la única salida es la economía informal o la venta ambulante, el trabajo en el ámbito doméstico, en los sectores más precarizados…. Y del deterioro material de estas barriadas.

Pues, efectivamente, es una falta de oportunidades, de progresar como todos los seres humanos queremos hacer. La gente queremos estar mejor y estar bien, y si tenemos hijos que nuestros hijos estén bien… Pues esa vía hacia la inclusión y hacia el progreso está totalmente cercenada de base.

Quien supera todas esas dificultades son personas dignas de admiración y, de una forma ‘súper entendible’, en cuanto tienen la oportunidad, se van de ese entorno, porque es un entorno que es hostil. Si consigues, siendo un héroe o heroína salir con todo en contra, es totalmente humano que digas: parte de mi progreso es salir de este entorno.

P. Esa situación tiene unas víctimas muy vulnerables, que son los niños. ¿Qué situación tenemos de pobreza infantil?

R. Dentro de los colectivos vulnerables, hay sectores especialmente vulnerables. Y aquí, entre los niños y las niñas, como bien dices, incluso nos encontramos con problemas estructurales de acceso a una alimentación adecuada. Estamos hablando de alimentarse, de comer.

Cuando ahora en verano se cortan esas becas comedor, tenemos un problema para que los niños accedan al menos a una comida al día sana y nutritiva. Porque, de forma absolutamente paradójica, los niveles de obesidad infantil que hay en estas barriadas triplican y cuadruplican los niveles normales. ¿Por qué? Puede chocar que si hay problemas de alimentación haya obesidad. Pues sí, porque los alimentos que son más baratos son los más insanos. Un kilo de fruta puede costar 3 o 4 euros dependiendo de la fruta, y una bolsa de pan de leche o magdalenas de una marca blanca de un supermercado te cuesta 90 céntimos o un euro. ¿Cuál se toman? Aparte de la lucha que podamos tener o no con los niños y niñas de que tomen esos alimentos. Pero aparte de eso, entre las personas que están en situación de exclusión es que no hay otra. Es que con 3 o 4 euros estoy comprando seis naranjas y en una bolsa tengo 15 magdalenas y me cuesta el 25%, pues compro la bolsa de magdalenas. Pongo ese ejemplo, porque no estamos hablando de florituras, sino de la alimentación, de la comida. Y esos niños y niñas son las principales víctimas de esa situación de inseguridad alimentaria.

P. En estos barrios, las escuelas de verano se abren sobre todo por eso…

R. Efectivamente. Tristemente, aparte de que para que los niños tengan un mínimo desahogo, también hablamos de una cuestión alimentaria. Si se abren esas escuelas de verano existe la posibilidad de que todos los niños que asistan puedan tener como mínimo una comida decente al día.

Hay una auténtica situación de anemia en el parque de viviendas sociales

P. Hablando de los niños y la exclusión, siempre se cita el ascensor social que puede suponer la educación. Pero es otra de esas barreras ese absentismo y el abandono escolar.

R. Es brutal. Cuando llegó la pandemia, llegó ese gran apagón social absoluto. Ahí hay informes que lo atestiguan. Y cómo se cebó, esa situación que sufrieron todos los niños y adolescentes, con los chicos y chicas en exclusión social. Ahí se vio, como si fuera un experimento social, cómo dependiendo de dónde nazcas y de los recursos familiares que tengas, tu trayectoria académica o educativa va a ser una u otra. No porque ser pobre te haga menos válido genéticamente para el ámbito académico, es que no tienes las herramientas básicas. Es, como decías, esa herencia de la pobreza.

Yo siempre digo que las personas pobres no tienen derecho a tener un mal año, a equivocarse, a tener una adolescencia que se le vaya el santo al cielo y le vaya mal en los estudios…. El derecho que tiene el resto de la sociedad que no está en situación de exclusión a equivocarse, porque pueden dar un paso atrás y volver a empezar, aquí no existe. Porque inmediatamente el niño o la niña que está en situación de exclusión social que le empieza a ir mal por cualquier motivo en los estudios, todo le empuja a sacarlo del sistema educativo. Mientras que en cualquier otra familia, si el niño o la niña empieza a ir mal, los padres van al colegio, a pedir mil tutorías, a pagar clases extraescolares, los propios padres tienen una formación académica superior y empiezan a ayudar a los niños en casa… Todo. Y de todo eso, aquí no hay. Incluso las propias referencias que puedan tener los niños: si mi hermano progresa hacia niveles educativos superiores, si mis padres han estudiado también en ámbitos educativos superiores, si mis amigos hablan de ir a ámbitos superiores… toda esa corriente me va a empujar hacia arriba en el sistema educativo, a que yo siga. Y aquí es todo lo contrario.

P. No sé si ve como un camino a seguir los programas de intervención que se están haciendo desde la Universidad por ejemplo en Las Palmeras y que haya universitarios que puedan ser referentes en el barrio

R. Es fundamental. Lo que ocurre es que es una gota en el océano. Pero yo soy muy defensor de las gotas, prefiero una gota, genial. Sobre todo, en ese punto para demostrar que hay cosas que funcionan.

Hace algunos años, en mi facultad, en la Facultad de Derecho, el mejor expediente fue el de un alumno gitano. Pues son referentes. Oye, que esto no es una maldición bíblica ni es una cuestión genética, que si perteneces a una minoría étnica o si vienes de tal barrio no vas a progresar. Que se puede. Entonces esos referentes son fundamentales.

Lo único que pasa es que se necesita una base de mucha más inversión, mucho más tiempo y más perspectiva a largo plazo. Y hablamos de la Universidad, pero lo que está ocurriendo con los colegios de Infantil y Primaria de Las Palmeras…

P. Que se han cerrado, se han agrupado en uno único…

R. Claro, pero aún así me parece importantísimo y como miembro de la comunidad universitaria si me permites, por supuesto que uno de los agentes transformadores de la sociedad debe ser la Universidad. Debemos, no solo los compañeros y compañeras del ámbito de la educación, sino el resto, quienes investigamos….es un campo, el de la utilidad de la universidad para la transformación social.

Pero eso sí, que nadie deje de poner una gota por el hecho de que sea una gota. Porque entonces nos quedamos sin nada.

P. Esos desequilibrios o falta de oportunidades que se dan desde la infancia se convierten en un obstáculo complicado de salvar más adelante. ¿Tiene vuelta atrás o al final te ahoga esa corriente que decía de que está todo perdido?

R. Es como se dice como aprender un idioma, que mientras antes lo aprendas, si empiezas con uno o dos años, vas a poder ser potencialmente bilingüe y conforme vas cumpliendo años, cada vez te va a ser más difícil conseguir un nivel muy alto de un segundo idioma. Pues aquí estamos igual. Si se va haciendo mal desde el principio, cada vez va a costar más. Pero aún así, no hay una edad a partir de la cual debamos como sociedad tirar la toalla con las personas.

Incluso, en la perspectiva social que se tiene de la prisión, que podría ser como la certificación del fracaso social de una persona que acaba así. Una situación ilustrativa de que no te ha ido bien en la vida es que acabes en prisión. Pues, bueno, la propia Constitución española dice el principal objetivo de la prisión es la rehabilitación y la reinserción social.

Pero esto es una cosa que decimos, pero que no se cree nadie. Porque, a ver, qué político se presenta en unas elecciones diciendo ‘Voy a invertir no sé cuántos cientos de millones en las prisiones españolas para rehabilitar a las personas que han cometido un delito y por eso están privadas de libertad’. Le auguro un fracaso estrepitoso en las elecciones. Pero quiero poner ese ejemplo como el más claro. Pues ahí incluso, la propia Constitución -que no estamos hablando del Libro Rojo de Mao-, nos dice que no debemos tirar la toalla con las personas incluso ya con un recorrido no muy positivo.

Dicho esto, evidentemente, todo lo que no se haga en los primeros pasos, en las primeras etapas de la vida, después va a costar el triple. Por eso, me parece fundamental, que esos niveles de pobreza infantil en nuestra ciudad y nuestro país tan absolutamente horrorosos y vergonzantes como sociedad, deberían ser una prioridad política. Nos encontramos con debates, con temas que a cada uno le puede parecer más interesantes o no, pero la pobreza infantil, que sería una cosa de escarnio…Ves un debate de televisión de las elecciones generales y la pobreza infantil, si ocupa un segundo, ya nos podríamos dar por satisfechos.

La pobreza no es un accidente natural

P. Quería preguntarle también cómo afecta el urbanismo a la pobreza. Porque hablamos de pobreza y hablamos de barrios, y no sé si esa perspectiva urbanística se tiene o no en cuenta a la hora de generar guetos, al fin y al cabo.

R. Sí, hay investigadores que hablan incluso de la arquitectura de la exclusión. Aquí, cualquier persona que se acerque a los barrios con más exclusión social de Córdoba, puede ver que repiten estructura, se parecen mucho Guadalquivir, Las Moreras, por ejemplo. Desde el punto de vista estructural, arquitectónico, son barrios muy parecidos. Son barrios, primero, que tienes una sensación de frontera cuando pasas a ellos y luego están preparados para que la vida se vuelque hacia dentro del barrio, no hacia fuera. Si me permites la expresión, como para fomentar la endogamia dentro de las relaciones sociales, económicas, comerciales incluso de la barriada, en vez de lo contrario.

Si uno va al centro, invita a entrar y salir, o como cualquier otro barrio, como Ciudad Jardín o La Viñuela, están construidos y tú no notas esa frontera. Aquí sí. Y después está esa estructura de patios, donde las entradas de los edificios no están en la calle, sino que tú entras a un pasaje por el que pasas a un patio y dentro de ese patio están las entradas de las viviendas.

Hay quien dice también que, desde una perspectiva policial, es una forma de poder controlar de una forma más sencilla, bloquear las entradas y salidas de un barrio y que con pocos efectivos policiales puedan controlarse seis manzanas de edificios…

Pero desde el punto de vista de la exclusión, por supuesto, son barrios diseñados para estar apartados del resto de la ciudad, algunos de una forma muy obvia como puede ser Las Palmeras, por ejemplo. Y después los que pueden estar más integrados en la ciudad como Las Moreras, están hechos para que ni la gente que no sea del barrio entre y también incluso para que la gente del barrio salga lo imprescindible.

P. Es el no querer ver o no querer mirar hacia ellos. Es el apagón que comentabas, que también se da en la vida digital…

R. En la vida digital es brutal. Te permite elegir tu mundo. Bueno, elegirlo tú las tres o cuatro primeras decisiones y luego ya el resto de algoritmos y herramientas digitales que hay de segmentación y perfilado, lo van a elegir por ti. Tú te abres una cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde quieras… y das tus primeros pasos de seguir a tales personas o hacer tales búsquedas, o empiezas a hacer búsquedas por primera vez en tu vida en Google…Y a partir de ahí ya, el espacio digital te entrega unas gafas y con esas gafas vas a mirar el resto de tu vida. Porque ya esos algoritmos te van a perfilar y según ese perfil, te van a arrimar información, datos, vídeos, imágenes, personas, etc que consideran o entienden que van con tu rollo. Porque a base de que tú interactúes más, ahí está el beneficio del espacio digital.

Y eso facilita muchísimo que tú te crees tu burbuja digital donde, salvo que seas una persona naturalmente interesada por los temas sociales, por los temas vinculados a la pobreza o con la vulneración de los derechos humanos, tú puedes pasar por el mundo sin que físicamente lo veas -porque quien quiera ver lo que ocurre en los barrios de nuestra ciudad con más problemas sociales, por lo que acabamos de decir antes tiene que meterse físicamente en ellos, y en los medios de comunicación tradicionales esto no ocupa portadas- y después en el ámbito digital tienes tu campana totalmente impermeable a ese tipo de informaciones. Por supuesto que puedes pasar por la vida sin tener la mínima constancia.

Aquí en Las Moreras, la frontera es que es brutal. Ahí está el centro comercial La Sierra, en una acera hay edificios y pisos que se vendieron en la burbuja inmobiliaria por una millonada y en la otra te encuentras con uno de los barrios más pobres de Europa. Pero nadie de aquí cruza la calle hacia allá y nadie de allí cruza la calle hacia aquí. Pues en el mundo digital se replica eso.

P. Quería preguntarle si habían notado si esas bolsas de pobreza han aumentado, por la precariedad laboral, por la falta de acceso a la vivienda.. Si hay ‘nuevos pobres’ de alguna manera.

R. Sí, pero, realmente hay un porcentaje de la pobreza más extrema que es, desafortunadamente, impermeable a bonanzas o crisis. Independientemente de cómo vayan las cosas, hay un porcentaje de personas a las que siempre le va mal. Porque aquí -Las Moreras-, en los años 2003 o 2004, aquí no había un periodo de bonanza, las cifras en Moreras, Guadalquivir o Palmeras no decían qué bien cómo está mejorando el barrio, en esos años hay muchísimo menos fracaso escolar, el porcentaje de gente en desempleo crónico ha bajado muchísimo…No. No.

Y eso, a nosotros nos gusta poner siempre el acento, nos parece súper importante porque hay determinado número de personas que se da por descontado que tienen que ser pobres. E insistimos que eso no es un accidente natural, que por descontado la gente de Palmeras no tiene que ser pobre y por ende ver vulnerados sus derechos.

Dicho eso, efectivamente cuando hay situaciones de crisis, por ejemplo, los dos últimos golpes que hemos tenido, la crisis financiero-social entre 2008 y 2013 y ahora esto que ha ocurrido en 2020-2021 (con la pandemia), que ha habido otro golpe grande pero como se han aplicado unas políticas diferentes, unas reglas diferentes desde la perspectiva fiscal y financiera de la Unión Europea, también ha habido resultados diferentes. Pues sí que hay siempre un porcentaje de personas que están en el alero que, en cuanto se mueve el tablero, se caen. Pero la realidad es que esas personas que se caen, es mucho más fácil que cuando cambia el ciclo, vuelvan a reflotar un poco. Porque no tienen esas carencias estructurales.

Les llamo las redes de seguridad. Porque digo, ¿cuántas personas se tienen que morir de mi entorno, para verme yo en esa situación? Esas son las redes de seguridad que tenemos todos. Entonces, ¿qué les ocurre a las personas en situación de exclusión social? Que no tienen ninguna red, que como te caigas, te has caído.

Entonces, esas situaciones de nuevos pobres, siendo gravísimo, al menos esa generación que cae tiene red de seguridad que la sostenga y tiene la oportunidad de, a lo mejor, volver. Como esa generación no sea capaz, habrá consumido su red de seguridad y entonces sus hijos sí van a irse ya por debajo y convertirse en pobreza de la de siempre.

Hay una pobreza extrema que es impermeable a bonanza o crisis

P. En todo esto, ¿qué se le reclama a las administraciones, qué papel deben jugar ante estas situaciones?

R. Primero, habría que ver qué quiere la ciudadanía. Puede haber un representante político, imaginaros, que tenga una especial sensibilidad con estas materias y, con la mejor voluntad, se mete en una institución y dice: 'Para hacer mi trabajo necesito mantenerme’. Tiene una idea de transformación social importante, con vocación de servicio público.. .Pero en cuanto llega le dicen: 'No, es que como digas eso o lo primero que hagas sean esas medidas, te van a crucificar y a la elección siguiente vas a la calle'. ¿Y por qué? Manipuladamente o no, desinformadamente o no, desde la sociedad se premia electoralmente determinadas políticas y se afean otras. Y las políticas vinculadas a la exclusión social no son especialmente premiadas. Con esto quiero poner encima de la mesa que, muchas veces, tenemos las políticas y los representantes políticos que merecemos la sociedad.

P. ¿Ahí se centra esa vertiente de APDHA de la concienciación social, no?

R. Efectivamente. Tenemos que ser autocríticos como sociedad. A ver, si cada vez que un político dijera ‘Yo no voy a hablar aquí de Cataluña ni del Consejo General del Poder Judicial -que son cosas súper rimportantes, no te digo que no-, pero yo voy a hablar de pobreza infantil, de acceso a la vivienda, de educación inclusiva…. Esos no ganan unas elecciones. Ni siquiera los principales destinatarios de esas políticas los votarían porque hay un 80% o más de abstención.

Por eso para nosotros es tan importante la concienciación, porque si generamos músculo de presión social, mucho más fácil va a ser el cambio institucional.

Pero básicamente, a las administraciones públicas se le pide que esto sea una prioridad política. Sin más. ¿Qué han hecho en materia de vivienda las administraciones públicas en el momento de la ola inmobiliaria? Hartarse a financiar VPO de compra que, en vez de que una vivienda te costara 300.000 euros, si te tocaba una VPO era de 200.000 o de 180.000. Benefició a la clase media que, con un hipotecón a 30 años, a lo mejor aspiraba a ello. Pero esa no es la gente de este ámbito.

Entonces, que sea una prioridad real que las personas que tienen absolutamente imposible acceder a una vivienda por sus propios medios, que sea una prioridad política establecer los recursos materiales, administrativos y legales para que puedan acceder a una vivienda. Es tan fácil y tan difícil como eso.

P. Las instituciones deben cumplir las leyes. Pero, ¿son papel mojado?

R. Efectivamente. O el papel lo aguanta todo. Pero hay veces que incluso no llegamos a papel mojado, porque para que sea papel mojado tiene que haber pasado por el boletín oficial. Y, por ejemplo, la tan traída y llevada Ley de Vivienda. Ves la ley y herramientas reales, materiales, vinculantes, para transformar el acceso a una vivienda en nuestro país, no aparecen. Es que no ha llegado a ser ni papel mojado. Es que no hay herramientas vinculantes para que haya una transformación social.

Por ejemplo, leía una noticia sobre que el Ayuntamiento de Barcelona quiere hacer un plan para que en los próximos cinco años desaparezcan las licencias de pisos turísticos. Bueno, pues después, a ver qué hacemos con esas viviendas. Porque si pasan de ser pisos turísticos a viviendas cerradas… O acaban en manos de un fondo buitre. Pues a lo mejor no estamos arreglando nada.

Pero bueno, es una iniciativa, que en el diagnóstico han visto que el que haya tantísimas viviendas turísticas perjudica en el acceso a una vivienda. Bueno, pues vamos a hacer algo sobre ello. Al menos hacer cosas distintas, para ver si esas iniciativas diferentes provocan resultados distintos.

P. Otra vertiente primordial cuando hablamos de exclusión social es el empleo. ¿Qué sería necesario tanto institucionalmente como por parte del empresariado que, al fin y al cabo, son generadores de empleo?

R. Son fundamentales. Las personas empresarias, legítimamente tienen una iniciativa económica empresarial para obtener beneficios, lo cual está bien, pero su actividad como todas las actividades, debería tener un retorno social. Y es responsabilidad de ellos también que, si hay personas que logran formarse y sortear todos los obstáculos, realmente tengan una oportunidad después en el mercado laboral. Y que su origen, ya sea social, étnico, nacional, no suponga una barrera para acceder al mercado laboral. Ahí, los empresarios tienen ese compromiso de no discriminación directa y después también en cuanto a las condiciones laborales que se ofrezcan, que no generen situaciones de discriminación indirecta.

Que determinados sectores laborales a los que suelen tener acceso las clases más desfavorecidas, pues no sean los que tienen unas condiciones más precarias. Ese debería ser el compromiso del empresariado. Por supuesto tienen derecho legítimo al beneficio económico, pero tienen que cumplir unas reglas y tiene que haber un retorno social.

Y después, en materia de empleo, está la vinculación con la educación. Para mí, el objetivo educativo como país o como ciudad es que todo niño o niña que pasara el sistema educativo debería tener como mínimo la ESO y un grado medio. Antes la educación obligatoria estaba hasta los 13 y hasta los 16 no podías trabajar. ¿Qué hacían? Trabajar de manera irregular sí o sí porque no te podían hacer un contrato. Claro, la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años se hizo porque la lógica no era bajar la edad laboral a los 13, sino acompasar la edad laboral mínima con la educación obligatoria.

Entonces, como compromiso sería que todo niño o niña debería salir del sistema educativo como mínimo con la ESO, que determina los conocimientos básicos como persona, y después ese grado medio mínimo que te da unas competencias básicas para entrar en el mercado laboral. Nada más -y nada menos- que se consiguiera eso, habría una transformación en cuanto al acceso al mercado laboral y de lucha contra la precariedad laboral que considero que podría ser súper importante. Creo que es un objetivo concreto y alcanzable como país. Y eso podría tener un retorno social, económico y de acceso al mercado laboral. Y de lucha contra la precariedad, porque si tienes una titulación mínima, por convenio en teoría vas a llegar a un determinado nivel salarial y podría empujar hacia arriba las condiciones laborales.

Pero bueno, hablamos de nuevo de decisiones políticas y de que la sociedad lo vea como algo necesario e imprescindible.

La sociedad muchas veces tiende al apagón, a no querer conocer la realidad de la exclusión social

P. Otro tema transversal es el de la discriminación, ya sea por pobreza o por cuestiones étnicas, de origen, etc. ¿Es una realidad que ahora no chirría tanto?

R. Es algo transversal. Mira, hicimos un informe sobre discriminación en el acceso a la vivienda en colectivos sociales específicos: las personas que pertenecen a minorías étnicas y las personas de origen migrante. Y nos encontramos cómo, incluso las propias agencias inmobiliarias tenían muy interiorizada la discriminación estructural a la hora de tratar con clientes. Agencias inmobiliarias que reconocían abiertamente cosas que son ilegales, que con la Ley Integral contra la Discriminación, se puede sancionar con sanciones económicas muy fuertes a quien niegue el acceso a un servicio, aunque sea un servicio privado, a una persona por razones étnicas.

Desde una agencia inmobiliaria reconocían abiertamente que si un cliente le pedía ‘Yo no quiero gitanos en mi piso’ o ‘Yo no quiero personas de origen migrante’, directamente cumplían a rajatabla esa instrucción de su cliente. Y que, incluso, ellos mismos hacían filtros propios y que, como conocían a sus clientes y aunque no se lo dijera específicamente, hacían el perfil, le filtraba el tipo de cliente que presentaban. Esa discriminación está entreverada en la sociedad. Tratamos de desvelar eso.

P. ¿Qué trabajo hace APDHA con la población gitana y con las personas migrantes?

R. Primero, hay un apoyo, un acompañamiento social a estas personas. Por ejemplo, desde la pandemia, llevamos haciendo un acompañamiento para trámites digitales, porque hay tal amurallamiento digital de la administración que las personas más vulnerables, para el ejercicio de derechos básicos como el Ingreso Mínimo Vital, el procedimiento para solicitarlo es algo brutal de complejo. También tenemos una asesoría jurídica donde desafortunadamente los principales usuarios son personas de esos colectivos que han tenido, entre otras muchas cuestiones, dificultades en el ejercicio de sus derechos por esas situaciones discriminatorias.

Entonces, hacemos ese acompañamiento directo con esas personas para romper esas barreras, pero también un trabajo desde la perspectiva social, para romper esos marcos, esos estereotipos, esos prejuicios, que colocan a determinadas personas en determinados cajones. Nos parece fundamental, porque si no se rompe eso, tú si pones una agencia inmobiliaria y te llega un cliente con esas exigencias, tú no vas a romper la cadena y decir: 'Mire usted, no, yo en mi negocio yo no hago eso'. Vas a perder ese cliente, pero es lo que se tiene que hacer. No puedes no hacerlo. Pero las personas lo tienen tan interiorizado. No es optativo no robarle al vecino. Pues esto es lo mismo, es ilegal.

P. ¿Hacemos ‘categorías’ de migrantes o lo que subyace es esa discriminación por racismo o por pobreza?

R. Por supuesto que hay categorías. Y ahí la prueba del algodón fue Siria y Ucrania. Es algo tan llamativo. Cuando en 2016 ocurrió el aumento de llegadas por el conflicto en Siria a las costas griegas, italianas y en menor medida a España, las propuestas de algunas formaciones como la ultraderecha era que los barcos de la marina de guerra hundieran los barcos con migrantes.

Llega la guerra en Ucrania y te ves -lo cual me parece genial- a personas con sus vehículos particulares yendo a la frontera con Polonia a recoger personas refugiadas.

P. ¿Qué las distingue?

R. Lo obvio es lo obvio. Unos son blancos y otros no lo son. Unos son musulmanes y otros ortodoxos cristianos. Hay situaciones que te ponen un espejo social como muy feo delante. Y me parece genial la respuesta social que se tuvo en ese momento respecto a Ucrania porque era una situación horrorosa la que se estaba viviendo y se sigue viviendo allí. Pero claro, en Siria todavía se sigue en guerra civil. Estamos hablando de personas que cumplen el perfil de refugiados: y unos eran refugiados dignos de compasión y de ayuda, y en otro caso ‘A ver si vamos a estar metiendo aquí un lobo solitario yihadista’. Sin más razón que de dónde vienes y qué aspecto tienes.

Tenemos problemas estructurales de acceso a una alimentación adecuada entre los niños

P. ¿Se nos olvida que los españoles hemos migrado y seguimos migrando?

R. Por supuesto. Es como eso de que una mentira repetida muchas veces acaba convirtiéndose en una verdad. Pues esa mentira que repiten de que todos los españoles en los años 50 y 60 emigraban de una forma legal. Y eso es mentira. Muchísimos españoles se fueron a Alemania, a Suiza, a Bélgica, a Venezuela, a México, de forma ilegal. Eran migrantes en situación documental irregular. Y todos los españoles que estuvieron allí sufrieron discriminación, racismo, rechazo social. Y esa es la verdad, cuando quieren distinguir de lo que pasó de lo que hay ahora.

Y la gente joven que ahora se va, son personas que van a intentar mejorar sus condiciones de vida a otro sitio. Lo mismo que están haciendo las personas que llegan aquí.

Recuerdo perfectamente, hace ya muchos años en un reportaje de Canal Sur, a un chico en un pueblo de Sevilla que se iba a la vendimia francesa, sobre los temporeros españoles que iban. Me llamaba la atención cómo una persona puede partirse en dos: él decía que se iba porque no tenía oportunidades en su pueblo pero era un tío muy trabajador y quería ayudar a su familia, entonces iba a la vendimia francesa a trabajar y ganar dinero…Y decía: ‘Porque aquí me han quitado el trabajo los rumanos que vienen a coger la naranja mi pueblo’. Y el chico no era capaz de pensar que a lo mejor cuando fuera a Francia habrá un temporero francés que diga los españoles estos vienen y me quitan el trabajo… No era capaz de hilar, eran dos realidades separadas por un muro. Muy ilustrativo.

P. En Andalucía tenemos la puerta sur de Europa del flujo migratorio. ¿Cómo valoras las políticas europeas sobre este ámbito?

R. Pues deben ser una de esas políticas de estado. Porque efectivamente sí da igual el color político que haya, ya sea tanto en España como las mayorías que haya en la UE, que las políticas que se aplican son siempre las mismas. Da igual que haya un gobierno más volcado hacia la derecha, o un poquito más volcado hacia la izquierda, porque siempre se aplican las mismas políticas contrarias a un respeto mínimo a la dignidad humana y a los derechos humanos.

Eso llama la atención. Ahora mismo llevamos dos gobiernos seguidos de partidos de centro-izquierda mayoritarios, las formaciones más a la izquierda en el gobierno, y siguen teniendo las mismas políticas migratorias que cuando estaba el PP con mayoría absoluta. En esta materia no hay diferencia.

Lo primero, es que se ha comprado el marco construido de las políticas migratorias que no tiene nada que ver con la realidad real. Por ejemplo, tú ahora por la calle le preguntas a cualquier persona cuál es el perfil mayoritario de persona migrante en España y te hablaría de una persona negra africana, porque esos son los que se ven en las pateras o en las vallas de Ceuta o Melilla. Pues bien, eso es irrisorio. El perfil mayoritario de migrantes en España son personas de la Unión Europea y personas de Latinoamérica. Entre las 20 primeras nacionalidades no hay ni una sola subsahariana. Porque son muy pocos los que entran y porque vienen de paso, porque España es un país de paso para ellos, que quieren llegar a Francia, a Reino Unido, a Bélgica…aquí no se quiere quedar nadie. El que se queda en España de los subsaharianos es porque le han fastidiado el camino.

Ceuta, Melilla y las pateras son una forma de entrar absolutamente irrisoria. Entran por esas vías el 2% o el 3% de las migraciones que entran a España. Las migraciones entran por el aeropuerto y por la frontera. Los que vienen de la UE, sin problema, pero incluso las personas que vienen en situación irregular. El porcentaje mayoritario de personas que entran en España en situación irregular son latinoamericanos, porque son personas que tienen exención de visado, compran su billete, llegan a Barajas o El Prat, cuando pasan los 90 días de su visado de turista, se quedan y ya devienen en situación irregular.

Las migraciones africanas ni siquiera son mayoritarias entre las personas en situación irregular. Entonces, si los señores de la ultraderecha están súper preocupados por la inmigración en situación irregular, que no refuercen la valla en Ceuta y Melilla, que refuercen el aeropuerto de Barajas. Pero eso, a cualquier persona que se lo digas en la calle, no lo sabe.

Después, también las migraciones tienen un elemento fundamental de autorregulación. La gente que tiene malas condiciones de vida va a donde hay mejores. Y una vez que se acaban las mejores condiciones de vida a donde han ido, se van. Solas. Se van solas, que no hay que meterlos en un centro de internamiento de extranjeros y expulsarlos. Se van, o vuelven a su país de origen si hay mejores condiciones o se van a un tercer sitio.

En España, desde finales de los 90 al año 2008, hubo años en que fue uno de los países en números absolutos donde vinieron más personas migrantes, más que en Estados Unidos en algunos años. ¿Por qué? Porque había un ámbito económico en pleno crecimiento que necesitaba mucha mano de obra, con poca formación y cualificación, y también había empresarios sin tanto escrúpulos que le daba igual contratar a personas en situación irregular.

Cuando llega la explosión de la burbuja, del año 2008 al 2010 hay un impasse donde deja de entrar gente pero desde aquí todavía no se van, porque tienen algunas prestaciones sociales que agotar. Y a partir del año 2010 al 2016, la gente se fue, sola. No los expulsaron. España perdió población. La gente viene aquí a ganar dinero y mandárselo a su familia. Si no pueden, se van, sin que haya que montar operaciones militares para echarlos.

Yo tengo una anécdota de un compañero abogado en Vitoria al que en 2002 o 2003, se le presentaron tres personas españolas de origen colombiano y ecuatoriano y le preguntaron que cómo se dejaba de ser español. ¿Cómo? Había un programa de retorno a los países de origen que le pagaba el viaje y le daba unos cientos de euros para retornar. Se querían acoger, y como tenían la nacionalidad española, no podían. Es una anécdota, pero muy significativa. En cuanto la situación económica volvió a repuntar, volvió a venir gente porque volvía a haber mejores condiciones de vida.

Tu trayectoria educativa depende de dónde nazcas y de los recursos familiares

P. Luego está la proyección de aumento de la población de España que prevé el INE y que pasa por la migración.

R. Eso es una cuestión y que, hablando del empresariado, yo creo que las organizaciones empresariales deberían ser las primeras que estuvieran detrás para que hubiera unas políticas migratorias, no decimos ni progresistas ni aperturistas ni nada, sino lógicas. Lo que no cabe en la cabeza es que, ahora mismo, una persona que quiera desde Senegal llegar a España de forma legal, no puede. No hay camino.

Cuando dicen: la inmigración ordenada y legal. Eso es lo que quiere todo el mundo. Qué creen que una persona de Senegal o de Venezuela quiere venir aquí pagando dinero a quien no tienen que pagar, o los subsaharianos jugándose la vida… Pero no hay otra vía para hacer eso.

Entonces, yo creo que las organizaciones empresariales que se quejan de que no encuentran trabajadores en muchos sectores, deberían ser las primeras en decir, vamos a abrir una vía para que la gente venga, de una forma normal, lógica y regulada, para que yo pueda tener empleados y ellos puedan trabajar. Esto, incluso, desde una perspectiva utilitarista siquiera. Pero no hay vía para eso.

P. No quiero terminar sin tocar una de las vertientes de trabajo que lleváis en APDHA, que es con las personas que están en prisión, en cuanto a esa vulneración de derechos. ¿Eso sí que no se ve, no?

R. Y si se ven, mejor que no se vean. Hace nada presentábamos un informe sobre el acceso a los servicios sociales de las personas presas. Nada más que con la perspectiva del informe ya, a algunas personas se le levanta la piel: ‘Si este está en prisión, algo habrá hecho, qué es eso de servicios sociales para él’.

De nuevo hay que recurrir a la Constitución -si se quiere que se cambie-, pero lo que dice es que las personas presas son ciudadanas y que solo tienen restringidos exclusivamente los derechos fundamentales que la sentencia condenatoria diga. Todos los demás los tienen al 100%. El derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el acceso a la cultura….todo evidentemente privados de libertad, pero esos derechos se les tienen que garantizar. No solo porque esa persona tiene derecho individualmente, sino porque la sociedad está interesada en que esa persona, ejercitando esos derechos, pueda rehabilitarse socialmente cuando salga de prisión, que sea una persona que tenga lo más sencillo posible el retornar de una forma diferente a la que entró. Esa es la lógica.

Pero es una lógica que, si enciendes la televisión desde las 11:00 hasta las 20:00, es un mensaje absolutamente irreal. Estamos en la región más segura del planeta, en Europa occidental. Pero es que, dentro de esa región, España es uno de los países más seguros del planeta. El Reino Unido nos duplica en tasa de criminalidad. En España estamos en el 44 incidentes penales por cada 100.000 habitantes y en Reino Unido están en 70. Pero es que Alemania está en sesenta y pico. Estamos por debajo de los países nórdicos. España es un país extraordinariamente seguro. Pero es que además de ese porcentaje bajito, de los delitos que salen todos los días en la tele, los delitos más graves como las violaciones, los homicidios, los asesinatos y los secuestros, representan un 1,5% de los delitos. El 98,5% son otro tipo de delitos.

Y aparte, otra cosa, en el imaginario colectivoestá eso de estamos en un país donde las condenas de prisión son de chichinabo, eso de que ‘Entran por una puerta y salen por la otra’. Aquí en APDHA llevamos acompañando a una persona que lleva 38,5 años en prisión sin haber cometido un solo delito de sangre.

P. ¿Qué ha cometido?

R. Delitos contra la salud pública y delitos contra el patrimonio. Lo que pasa es que es una carrera, ha salido con permiso, ha vuelto a delinquir, ha tenido problemas dentro de la cárcel, y se le ha ido acumulando.

El Código Penal del 95, que es el actual con veinte mil reformas, sustituyó al Código Penal del 73. En el 73 recordamos el sistema que había. Salvo la pena de muerte y los delitos puramente políticos que se quitaron, aunque parezca paradójico, el Código Penal del 95 era mucho más duro que el del 73. Las penas de prisión en el código franquista eran bastante más leves que en el del 95. Y se quitó una cosa que funcionaba en el código del 73, que era la redención de penas por trabajo: por cada dos días que trabajabas dentro de prisión te quitaban uno de condena.

Pero el imaginario social que hay sobre la criminalidad y sobre cómo se vive dentro de prisión, es un mundo. Entonces, cualquier denuncia o iniciativa o planteamiento que hagas pro derechos en el ámbito penitenciario, te vas a encontrar con un rechazo social fulminante y furibundo.

Es muy complicado. Si ya en los barrios de exclusión social lo tenemos difícil, en prisión te encuentras con un muro.

P. ¿Se da por hecho que durante esa etapa no tienen ningún derecho?

R. Efectivamente. Parece incuestionable. Y ahí también depende de tu origen.

Da igual el color político que haya en España y en la UE que las políticas de migración son siempre las mismas

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) reitera que “la tortura sigue existiendo en la comunidad, sin que la Administración se esté implicando en su erradicación”. Así han denunciado unos hechos sucedieron el 30 de marzo de 2023, cuando los dos agentes contra los que se ha abierto juicio oral se trasladaron hasta la calle Periodista Eduardo Varo, ubicada en la capital cordobesa. “Allí demandaron al conductor de un coche de caballos que recogiera los excrementos que habían dejado sus animales, momento que fue grabado por uno de los agentes y que motivó la queja de un vecino de la zona, quien consideraba que la grabación realizada por el policía local no tenía ningún sentido. El agente, visiblemente nervioso, reclamó a este ciudadano su documentación. Esta persona, asustada y ante la posibilidad de que pudiera ser multado, salió corriendo del lugar. No obstante, este vecino de Córdoba recapacitó rápidamente y no solo detuvo su marcha, sino que desandó el trayecto realizado para entregarse, de manera siempre pacífica, a los agentes de la autoridad”, relata APDHA.

Sin embargo, uno de los agentes que ahora son juzgados “le realizó una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de una farmacia, restregándole la cara en la misma, para inmediatamente después, colocarle los grilletes. A pesar de que el vecino ya engrilletado mantenía una actitud pacífica, el mismo agente vuelve a practicarle una llave, lo derriba y estampa su cara contra el suelo para, a continuación, inmovilizarlo durante varios minutos mientras coloca su rodilla contra la zona lumbar de esta persona”.

Las imágenes grabadas por la cámara existente en la farmacia junto a la que se produjo esta actuación policial permitieron “no solo desmontar las falsas acusaciones que se realizaron contra la persona detenida, sino que fueron la base para la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, que archivó la causa seguida contra el vecino de dicha ciudad al mismo tiempo que acordaba abrir diligencias contra los dos policías locales implicados en los hechos por un posible delito de detención ilegal y por faltar a la verdad en su denuncia. De no existir estas imágenes, la víctima habría sido probablemente condenada a una pena de prisión de hasta 4 años”, exponen.

El informe pericial presentado por la acusación particular ante el Juzgado, y que ha sido elaborado por la Red de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial del Grupo de Acción Comunitaria (SIRA), señala que la persona agredida por el agente de la Policía Local de Córdoba ha sufrido, además de secuelas físicas, una Reacción de Estrés Agudo que en la actualidad ha derivado en “un Trastorno Adaptativo Mixto con predominio de síntomas ansiosos”. El propio agredido relata que “me sentí como un animal, como si no fuera una persona, por los golpes y por estar así tirado en el suelo, como si hubiera hecho lo peor del mundo, con la gente pasando y mirando por ahí”.

Prácticamente un año después de aquella resolución judicial ha comenzado el juicio oral contra los dos agentes de la Policía Local de Córdoba que protagonizaron aquella actuación judicial. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha acompañado en todo el proceso al vecino acusado injustamente, aprecia la comisión de hasta 5 delitos por parte del agente que practicó la detención y de otros 2 delitos (falsedad documental y denuncia falsa) cometidos presuntamente por el otro policía presente en el momento de los hechos. APDHA solicita en su escrito de acusación penas de prisión e inhabilitación especial para ambos acusados, mientras que la Fiscalía solicita pena de prisión de 3 años y 6 meses por un delito de falsedad y de 1 año por delito contra la integridad moral, para uno de los acusados, aunque exime de responsabilidad al otro agente.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lamenta que “durante todo este tiempo la Administración responsable, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, no ha suspendido de empleo y sueldo a los agentes implicados, que han continuado patrullando la ciudad como si no hubiera sucedido nada” y explica que “este tipo de actuaciones policiales, totalmente arbitrarias y desmedidas, son mucho más comunes de lo que creemos, aunque no siempre es posible contar con imágenes y grabaciones que permitan desmontar la versión policial”. En este sentido, la entidad andaluza refiere como ejemplo “la actuación irregular de un agente de la Policía Nacional, quien, portando en su muñeca una pulsera del partido político Vox, identificó arbitrariamente y propuso para sanción a Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología por la Universidad de Sevilla, cuando este participaba en una manifestación de solidaridad con el pueblo palestino”.

La Delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha presentado este miércoles los resultados de un trabajo de investigación en el que se pone de manifiesto la necesidad de “mejorar la accesibilidad de las personas presas a los recursos sociales para incrementar sus opciones de reinserción y evitar la reincidencia” en la provincia de Córdoba.

Tal y como ha indicado Apdha en una nota, en dicho estudio, titulado 'Radiografía del acceso a los servicios sociales en el ámbito penitenciario en la provincia de Córdoba' y financiado por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación, han participado personas presas, familiares y colectivos sociales que trabajan en el ámbito penitenciario.

El objetivo del informe era “constatar de forma fehaciente las dificultades de acceso a los recursos sociales que desde hace años vienen trasladando a la Apdha las personas presas y sus familiares a través de nuestro servicio de asesoría jurídica, confirmar el impacto negativo que ello tiene para el proceso de reinserción y la prevención de la reincidencia y plantear algunas alternativas de mejora de esta realidad”.

La asociación señala en el informe que “la Constitución afirma que las personas presas siguen teniendo en vigor todos sus derechos fundamentales, excepto los limitados en la sentencia condenatoria, y que la prisión tiene como principal objetivo la rehabilitación social”. Por lo tanto, “las administraciones, especialmente la penitenciaria, deben garantizar el acceso a los servicios sociales para garantizar ambos fines”.

Del estudio de Apdha se desprende que “uno de los principales problemas para que los poderes públicos hagan una apuesta real en esta dirección es la perspectiva social distorsionada sobre la realidad criminológica de España”, pues es “uno de los países más seguros del mundo”, con “48,8 delitos por cada 100.000 habitantes en 2022”.

En este sentido, ha detallado la asociación, “dentro de esa baja tasa de criminalidad, el peso de los delitos más graves es testimonial; asesinatos, homicidios y violaciones apenas representaron el 1,5 por ciento del total en el citado año 2022”.

Sin embargo, han lamentado, “la desinformación que propagan determinados discursos mediáticos y políticos fomentan una sensación de inseguridad en la población que no se corresponde con la realidad, lo que favorece un populismo punitivo que aboga por un constante endurecimiento de las penas y de las condiciones de vida en la cárcel”.

Del estudio de campo del informe se desprende que “la mayoría de la población penitenciaria de nuestra provincia ha cometido el tipo de delitos tradicionalmente relacionados con los contextos de exclusión social: contra el patrimonio (29%) o contra la salud pública (24%)”.

Las encuestas realizadas “desmienten la teórica laxitud y permisividad del sistema penitenciario español”, según Apdha, que ha afirmado que “el 43 por ciento de las personas encuestadas cumplían o habían cumplido penas privativas de libertad de larga duración (superiores a seis años), a pesar de la señalada escasa incidencia de la criminalidad más grave”.

Asimismo, “otra muestra de la dureza del sistema es el alto porcentaje (46%) de participantes en el estudio que se encontraban en los regímenes penitenciarios más duros (1er y 2º grado), donde está más restringido el acceso a los recursos que facilitan la rehabilitación y la preparación para la vida en libertad (programas formativos, trabajo penitenciario o permisos)”.

“Espacio masculinizado”

Otras de las conclusiones del informe es que “se confirma la prisión como un espacio masculinizado”, dado que “el 95 por ciento de las personas que se pudieron localizar para participar en el trabajo de campo, y el cien por cien de los usuarios de los programas 'penitenciarios' de las asociaciones contactadas, eran hombres”.

Al respecto, la asociación ha indicado que “representar una mayoría tan aplastante en la población carcelaria hace que los de por sí escasos recursos sociales existentes en prisión se dirijan prioritariamente a los hombres, generando un factor extra de exclusión para las mujeres presas”.

Haciendo referencia ya a la cuestión concreta del acceso a los servicios sociales, “existe un gran desfase entra los programas ofertados y los demandados por las personas internas. Así, mientras el recurso más ofertado es el de deshabituación del consumo de drogas (37%), éste es tan solo demandado por el 19 por ciento de las personas presas consultadas”.

Programas de empleo

Sin embargo, “reclaman prioritariamente programas de empleo (27%), siendo su oferta claramente insuficiente (13%), y prestaciones económicas (38%, algo totalmente entendible teniendo en cuenta que la mayoría provienen de entornos empobrecidos y tienen cargas familiares), quedándose corta igualmente la oferta (29%)”.

También “llama poderosamente la atención la escasez extrema de programas de salud mental en prisión (9%) y la menor demanda aún por parte de los internos (1%), a pesar de la altísima incidencia de estas patologías entre las personas presas (algunos estudios indican que alrededor del 90% de la población penitenciaria española ha tenido algún problema de salud mental durante su vida)”, ha puesto de manifiesto desde Apdha.

Por último, la asociación ha remarcado que “aunque pueda parecer razonable a primera vista que no existan grandes oportunidades de acceso a la vivienda social para personas privadas de libertad (tan solo una oferta del 5% y exclusivamente una de las entidades consultadas tenía un programa de este perfil), el contar con una solución habitacional adecuada fuera de prisión es esencial para poder acceder a la libertad provisional o a los permisos penitenciarios, lo que dificulta la progresión de grado y la rehabilitación”.

Tasas de reincidencia

En opinión de Apdha, “todo este panorama no es inocuo, y está conectado con las altísimas tasas de reincidencia que se detectan en el estudio: el 54 por ciento de las personas encuestadas era reincidente (34% 'multireincidente', es decir, que habían cumplido tres o más condenas de prisión)”.

Para paliar esta situación, desde Apdha han propuesto “sustituir las penas privativas de libertad de corta duración por sanciones alternativas”, así como “adecuar los programas sociales ofertados a las verdaderas necesidades de la población penitenciaria (reforzar los recursos en materia de vivienda social, ampliar los puestos de trabajo penitenciario, incrementar los programas de formación laboral y priorizar la atención de la salud mental en prisión)”.

Además, desde la asociación proponen “coordinación entre los equipos de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los servicios sociales públicos no penitenciarios y las entidades de la sociedad civil” y promover campañas contra la desinformación acerca de la criminalidad y de sensibilización de la ciudadanía respecto a la legitimidad y necesidad de invertir fondos públicos en un sistema penal y penitenciario que priorice la reparación de la víctima y la rehabilitación del infractor“.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz contra la Junta de Andalucía y contra los ayuntamientos de las ocho capitales andaluzas -incluido el de Córdoba capital- por lo que considera incumplir su deber constitucional “de promover y salvaguardar el estado social y democrático de derecho”. Más concretamente la APDHA denuncia que estas administraciones están vulnerando “la especial protección constitucional del derecho a una vivienda digna con los mandatos constitucionales previstos en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda”.

APDHA apela a que la propia Constitución española de 1978 “atribuyó a los Poderes Públicos la tarea y responsabilidad de implementar las políticas de desarrollo social contenidas, en primer término, en nuestra Carta Magna y, posteriormente, en los instrumentos internacionales ratificados por España”. Y, en este sentido, la forma de proceder de la propia Junta y de la mayoría de ayuntamientos andaluces no solo está vulnerando los preceptos contenidos en la misma Constitución, sino también los que forman parte de Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El documento registrado en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz explica que “el derecho a una vivienda digna (artículo 47 CE) constituye una de las piedras angulares de nuestro Estado social” y señala que así lo reconoció el propio Tribunal Constitucional con su STC 154/2015, en la que afirma que “facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas necesitadas es un objetivo constitucional primordial”. También el Tribunal Constitucional, en su STC 32/2019, afirmaba que los Poderes Públicos están obligados a “promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, conforme determina el artículo 47 de la Constitución española”.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia además ante el DPA “la ausencia de desarrollo e instauración de parques públicos de vivienda suficientes para dar cobertura a los intereses generales de la población andaluza en los términos previstos en la Ley” y recuerda que Andalucía, con un 35’8% de su población en riesgo de exclusión social, presenta índices de pobreza superiores incluso a los de los países más pobres de la Unión Europea, como son Rumanía o Bulgaria. Según los últimos datos disponibles, además, la pobreza infantil aumentó en Andalucía hasta alcanzar una tasa del 29,4%, siendo una realidad que afecta hasta a un 43,3% de los hogares monomarentales.

Turistificación de las ciudades

La queja registrada apunta también hacia la turistificación como una de las causas que más está agravando el acceso a una vivienda para la población andaluza y señala que “el decreto aprobado por el gobierno andaluz para poner en marcha un Reglamento de las Viviendas de Uso Turístico se ha elaborado, como ha reconocido el propio Moreno Bonilla, con el acuerdo y el beneplácito de las grandes empresas que se dedican a este negocio y, sin embargo, no ha tenido en cuenta las demandas de colectivos sociales y ciudadanos”.

APDHA también pone el foco en la situación que “están padeciendo numerosas familias andaluzas como consecuencia del corte de suministros básicos (agua y electricidad)”. La entidad andaluza recuerda que “en la mayoría de estos casos, quienes sufren estos cortes, con interrupciones de más de 12 horas en algunos casos, son familias que pagan regularmente sus facturas y que sufren estos cortes sin recibir ningún tipo de compensación por parte de empresas que obtienen cada año beneficios multimillonarios”.

Por todo ello, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía solicita al Defensor del Pueblo Andaluz que “inicie una investigación para comprobar si el Gobierno andaluz y las demás Administraciones andaluzas competentes están cumpliendo con lo prescrito en la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda”.

Asimismo, la APDHA también solicita al Defensor del Pueblo Andaluz que emita una recomendación para que tanto la Junta de Andalucía como al conjunto de los ayuntamientos andaluces para que “se hagan responsables de la conservación y eficiente gestión de los parques públicos de vivienda ya existentes”.

La entidad andaluza también solicita al Defensor del Pueblo Andaluz que demande a la Junta “la elaboración de una normativa que establezca una moratoria sobre la creación de nuevos pisos turísticos hasta que no se hayan establecido los mecanismos necesarios para garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible”. En este sentido, la APDHA también demanda al conjunto de ayuntamientos andaluces que “regulen y limiten, en la medida de sus capacidades competenciales, la creación de nuevos pisos turísticos”.

Por último, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía también solicita al Defensor del Pueblo que emita una recomendación dirigida a la Junta y a los consistorios de la Comunidad Autónoma para que “se desarrolle la normativa y la reglamentación necesaria para poner fin a los cortes de suministros básicos que se están produciendo en numerosos barrios y que afectan mayoritariamente a personas humildes y de clase trabajadora”.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora el 10 de diciembre, la Delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) reconoce, como cada año, con el Premio de Derechos Humanos la labor de entidades y personas de nuestra provincia en defensa de los derechos fundamentales.

El presente año 2023 la asamblea de socios y socias de la delegación ha decidido otorgar dicho reconocimiento a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las mujeres y a Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell.

A juicio de APDHA Córdoba, los galardonados son merecedores del Premio de Derechos Humanos 2023:

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las mujeres lleva desde 1.997, año del asesinato de Ana Orantes, luchando contra cualquier tipo de violencia hacia las mujeres a través de denuncias y condenas de estos actos, siendo referente en nuestra provincia. A través de sus acciones de sensibilización consiguen sacar del ámbito privado la violencia machista, situándola en el espacio público. Esta Plataforma está integrada por más de 70 asociaciones y colectivos de mujeres de Córdoba y su provincia, así como por partidos políticos, sindicatos y mujeres a título individual.

Alejandro Ruiz Huerta Carbonell abogado laboralista y profesor universitario. Es un referente en la lucha contra la dictadura franquista, por la recuperación de la democracia en nuestro país y por el reconocimiento de la memoria histórica. Superviviente del atentado terrorista ultraderechista acaecido en el despacho laboralista de Atocha en 1977, es el actual presidente de la Fundación Abogados de Atocha. 

Por todo lo anterior, afirma la delegación cordobesa de la APDHA que “será un verdadero placer entregarles el Premio de Derechos Humanos 2023” en un acto que se celebrará el próximo 12 de diciembre a las 19.30 h en el salón de grados de la Facultad de Derecho y CCEE de la Universidad de Córdoba (Plaza de Puerta Nueva s/n). El acto se realizará en el marco de la Jornada de Derechos Humanos organizada por la APDHA con motivo del día 10 de diciembre.

La delegación cordobesa de Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (Apdha Córdoba) ha alertado en una jornada acerca de los impactos y los retos que ha planteado la pandemia respecto a los colectivos sociales en situación de exclusión.

Tal y como ha indicado la asociación en una nota, la llegada del Día Internacional de los Derechos Humanos tiene un doble significado para la militancia de Apdha, pues “no podemos dejar de poner en valor y celebrar el hito histórico que supuso la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, a la vez que es el momento “para denunciar que muchos de los derechos proclamados en la declaración siguen siendo papel mojado, especialmente para los colectivos sociales más excluidos”.

En el presente 2022, Apdha y un grupo de entidades sociales cordobesas (ACCEM, APIC, Ariadna, Barrios Ignorados, Don Bosco, EAPN, FSG, Hogar Sí y Pro Libertas) han puesto de relieve el impacto de la crisis sociosanitaria del Covid-19 en las personas cordobesas más empobrecidas con la celebración de la 'Jornada Exclusión social y pandemia: impacto y retos de futuro'.

Respecto al sinhogarismo, las entidades han destacado que “la pandemia ha provocado un aumento del número de personas sin hogar, la aparición de nuevos perfiles de sinhogarismo y ha desnudado a un modelo de atención basado en la emergencia que no ataca las causas últimas de esta realidad”.

Como retos de futuro, han reivindicado “reformas normativas, asegurar una financiación suficiente y estable del sistema de atención al sinhogarismo y un cambio profundo de éste, presidido por la desinstitucionalización, con un enfoque basado en derechos en general, y en el acceso a la vivienda y al derecho a la salud en particular”.

En cuanto a las personas de origen migrante, solicitantes de asilo o refugiadas, “el 'amurallamiento digital pandémico' de las administraciones les dificultó sobremanera el acceso a los servicios básicos, ya que son un colectivo especialmente afectado por la brecha digital”, según la asociación, que ha agregado que “también vieron incrementados sus problemas de vivienda”.

De cara al futuro han reclamado “la adaptación de los dispositivos de acogida a la brecha digital, el refuerzo de un sistema sanitario debilitado por la pandemia (las consecuencias negativas se han cebado sobre este colectivo) y combatir los estereotipos y prejuicios que afectan a personas migrantes y refugiadas, que se refuerzan en los contextos de crisis”.

Las barriadas cordobesas con problemas de exclusión vieron cómo se agravaba su situación de vulnerabilidad socioeconómica, a la vez que se dispararon los problemas de salud mental y de acceso a determinados recursos sociales por el aumento de la digitalización y de los trámites burocráticos, con una brecha digital en constante crecimiento.

Desafíos

Los desafíos para los próximos años siguen siendo los previos a la pandemia, pero agudizados por las consecuencias de ésta: mayores oportunidades formativas y laborales, acompañamiento integral a través de itinerarios personalizados, promover el trabajo en red entre entidades y recursos sociales, así como con la administración pública.

Por último, Apdha ha asegurado que “la prisión es un espacio de base hostil para el ejercicio normalizado de los derechos fundamentales, por lo que la crisis sociosanitaria del coronavirus ha tenido una repercusión muy intensa en ella”.

“Las personas presas y sus familiares vivieron una gran incertidumbre, ansiedad, miedo y recortes de derechos”, ha añadido Apdha, afirmando que “la pandemia ha evidenciado, más si cabe, los problemas estructurales del sistema penitenciario, haciendo urgente avanzar en la elaboración de protocolos de actuación integrales e interdisciplinares en las prisiones para que el objetivo de la reeducación y reinserción sea realmente alcanzable”.

Todas las organizaciones que participaron en la jornada han concluido la actividad renovando su compromiso para seguir luchando un año más para que todos y cada uno de los derechos reconocidos por la declaración sean también una realidad para los sectores sociales que más sufren la pobreza y la exclusión.

La Asociación de Familiares y Amigos de Drogodependientes (Ariadna) es la entidad reconocida este año con el Premio de Derechos Humanos que entrega cada año la Delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora el 10 de diciembre.

Así, el presente año 2022 la asamblea de socios y socias de la delegación ha decidido otorgar dicho reconocimiento a la Ariadna, una asociación que lleva casi cuatro décadas siendo un referente en la lucha por la dignidad de las personas con problemas de drogodependencias y sus familiares en la provincia de Córdoba.

A juicio de la APDHA Córdoba, Ariadna realiza una gran labor de prevención, apoyo al tratamiento e inclusión en el campo de las adicciones a todos los niveles: individual, familiar, social, laboral o judicial. Cuenta con un fantástico equipo de profesionales y personas voluntarias que prestan servicios de atención psicológica, social y educativa. Se caracteriza su actuación por priorizar a los colectivos más excluidos, siendo sus espacios de trabajo esenciales las barriadas necesitadas de transformación (no en vano su sede sitúa en Moreras) y el centro penitenciario de Córdoba.

Por último, asegura “podemos dar fe de la constante disponibilidad de las compañeras y compañeros de Ariadna para la colaboración y el trabajo en red con el resto de organizaciones de la sociedad civil cordobesa”.

Por todo lo anterior, afirma la delegación cordobesa de la APDHA, “será un verdadero placer entregarles el Premio de Derechos Humanos 2022” en un acto que se celebrará el próximo 12 de enero a las 19.00 h en el salón de grados de la Facultad de Derecho y CCEE de la Universidad de Córdoba (Plaza de Puerta Nueva s/n).

El acto se realizará en el marco de la Jornada “Exclusión social y pandemia: impactos y retos de futuro”

https://www.apdha.org/cordoba/actividades-de-apdha-cordoba-por-el-dia-internacional-de-los-ddhh-2022/

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado que el Centro Penitenciario de Córdoba “no ha activado aún la calefacción ni en las zonas comunes ni las celdas, demorando su puesta en marcha pese al inicio de la temporada de frío”.

En un comunicado, la asociación asegura que los presos internos en Córdoba, una de las cárceles más pobladas de España, “han comenzado a presentar quejas tanto a la dirección del Centro como al Juzgado de Vigilancia”.

Además, recuerdan que n el año 2018 la Audiencia Provincial estimó el recurso presentado por esta asociación, que denunciaba restricciones en plena ola de frío y se hacía eco de las quejas de los familiares de las personas presas (entre ellos, ancianos y menores visitantes), “que durante las visitas tenían que soportar con indignación las bajas temperaturas, cuando las dependencias de los funcionarios se encontraban debidamente acondicionadas”. 

Ya entonces afirmó que “las predicciones meteorológicas permiten una cierta previsión” para conocer los momentos de frío y la adopción de la medida de la forma “más urgente e inmediata posible”. De igual manera, considera “verosímil” la propuesta de la APDHA para que las personas presas puedan usar aparatos calefactores individuales. 

Así pues, se vuelve a exigir que se active la calefacción y se permita el uso de calefactores individuales en las celdas. En este sentido, se ha pedido al Secretario General de Instituciones Penitenciarias que requiera al Centro Penitenciario de Córdoba que se respete los derechos de las personas privadas de libertad, en los términos indicados por la resolución de la Audiencia Provincial de Córdoba.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recuerda que el único derecho que tienen limitadas por ley las personas presas es el derecho a la libertad.

La delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha revelado en un estudio la debilidad estructural del sistema de protección social que se ha puesto de manifiesto en períodos de crisis como la vivida durante la pandemia. Lo ha hecho este jueves con la presentación del informe ‘Amurallamiento de los recursos sociales de la provincia de Córdoba por la pandemia de la Covid-19’.

El análisis, que ha contado con el apoyo del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS-Diputación de Córdoba), se ha desarrollado a lo largo de los años 2021 y 2022 y ha consistido en sendos trabajos de campo en los que han participado 25 entidades públicas y privadas que prestan servicios sociales en la provincia y más de 250 personas cordobesas usuarias de dichos servicios -de la capital y de 10 municipios de menos de 20.000 habitantes-.

Ante esta situación, queda patente como una de las conclusiones del estudio que “o se produce una apuesta real de revertir el deterioro de los servicios públicos básicos, dotándoles de unos recursos humanos y financieros adecuados y redefiniendo sus objetivos y prioridades, o su nuevo colapso ante la próxima situación de estrés social está servido”.

Además, la investigación corrobora de nuevo que los sectores sociales más vulnerables sufren con mucha más gravedad las consecuencias de cualquier situación de dificultad que atreviese la sociedad en general. Por ejemplo, el 87% de las entidades indica el empeoramiento de las condiciones de las personas cuya principal fuente de ingresos es la economía sumergida (en la etapa de las restricciones más severas no pudieron realizar su actividad y tampoco pudieron acogerse a las prestaciones vinculadas al mundo laboral que se habilitaron). También consideran mayoritariamente que las personas sin hogar se han visto desamparadas o atendidas de forma ineficiente durante la pandemia (65%).

Por ello, a la APDHA Córdoba le parece “imprescindible que la promoción e inclusión de los colectivos en situación de exclusión grave debe situarse a la cabeza de las prioridades de las políticas sociales públicas”.

Otra de las conclusiones del estudio se refiere a que la digitalización acelerada de las relaciones entre administraciones y ciudadanía, incrementada en el contexto de la crisis sanitaria, consolida la “brecha digital” como una relevante barrera para el ejercicio normalizado de derechos básicos de la ciudadanía, cebándose con las personas en situación de exclusión. Para APDHA, la implantación de las nuevas tecnologías en este ámbito debería ser “más progresiva, con medidas decididas de inclusión digital y dejando abiertos los canales analógicos hasta que esta última sea una realidad para toda la sociedad”.

Así se evidencia en el análisis, que detalla que con la llegada de la “nueva normalidad”, el 97% de las personas responsables de las organizaciones entrevistadas afirman que se han incrementado las dificultades de acceso a los recursos sociales públicos de la provincia, considerando el 89% que ello afecta especialmente a las personas más vulnerables. Entre las principales dificultades señaladas, existe práctica unanimidad en destacar la “brecha digital” (91%). Y lo corroboran más del 85% de personas encuestadas en la capital y del 65% en la provincia, que han referido problemas de acceso a las administraciones y a los servicios sociales en la pandemia. Los servicios sociales comunitarios, instituciones clave para la población más vulnerable, también han visto mermada su accesibilidad en los dos últimos años: casi el 80% de las personas encuestadas en la capital así lo afirman, mientras que esa percepción se rebaja sensiblemente en los municipios de la provincia hasta el 45%.

Muy pocas personas (10%) valoran positivamente esta digitalización en el acceso a los recursos públicos, más bien son mayoría las que señalan el incremento en las dificultades de contacto con la administración, la falta de formación en competencias digitales o disponibilidad de dispositivos y su preferencia por una atención personalizada.

Además, el panorama dibujado por las instituciones y entidades entrevistadas es para la APDHA elocuente. Durante el confinamiento domiciliario, tan solo el 24% de estas entidades pudo mantener sus servicios a pleno rendimiento. Además, al incremento de las dificultades de acceso a la red de recursos se le suma un aumento de las necesidades como consecuencia de la pandemia. El 87% de las entidades confirman que ha crecido el número de solicitudes de ayuda, más de la mitad (54%) señalan que se han incorporado nuevos perfiles de personas usuarias, que se ha incrementado exponencialmente las demandas relacionadas con la cobertura de necesidades básicas (82%) y la mayoría (80%) han tenido que poner en marcha nuevos programas para tratar de paliar esta situación.

Por otro lado, el estudio destaca el fuerte impacto de la crisis de la COVID-19 en la salud mental y estabilidad emocional. Cerca del 75% de las personas entrevistadas refiere haber tenido sentimientos o pensamientos negativos en este periodo (ansiedad, confusión, tristeza, cambios de humor, abandono…). En cuanto a las preocupaciones, tras el lógico miedo al contagio, emergen las vinculadas con las necesidades socioeconómicas básicas.

Por último, en lo que se refiere a las dificultades económicas vinculadas a la pandemia, sobresalen la pérdida del empleo (con mayor relevancia en la capital -43%-) y los problemas relacionados con las prestaciones sociales (casi el 50%, lo que se traduce en que apenas el 23% de las personas encuestadas de la capital las hayan percibido, cuando residen en barrios especialmente golpeados por la pobreza).

La Asamblea de Familiares de Personas Presas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha solicitado a Instituciones Penitenciarias que, ante la ola de calor que aflige al país, se instalen sistemas de refrigeración de aire acondicionado “al menos en todas las zonas comunes y en todas las salas de comunicación de los centros penitenciarios de Andalucía”, así como que autoricen “sistemas de refrigeración individuales en las celdas individuales de todos los centros de Andalucía”.

Es una reclamación que viene de antiguo. Desde hace años, APDHA pide a Instituciones Penitenciarias que tome medidas contra las cada vez más habituales olas de calor en las prisiones. Este martes, en un comunicado, recuerdan que, en plena ola de calor, con avisos rojos en Andalucía por temperaturas que superan con los 40º C en Sevilla, Córdoba o Jaén, “se hace muy difícil la vida en prisión”, ya que es “imposible conciliar el sueño, realizar actividades o permanecer en el patio”.

Así, aunque reconocen que en la mayoría de los centros penitenciarios disponen de sistemas de refrigeración en las zonas de comunicaciones y locutorios, en algunas prisiones solo disponen de ventiladores o se encuentran averiados, “como es el caso de Córdoba”, donde “entrar al vis a vis es, según transmiten los propios familiares, como entrar a una sauna”.

Así, desde APDHA afirman que, “desde hace un mes aproximadamente, el sistema se encuentra averiado”, si bien remarcan que les han comunicado que “en breve quedará reparado”.

En cualquier caso, reclaman “medidas para evitar la exposición al calor en los patios, puesto que algunos ”no disponen de zonas de sombra“, como es el caso del patio del módulo de aislamiento de Sevilla II. Por tal motivo, han solicitado que se otorguen permisos ”para que los internos e internas que lo soliciten puedan permanecer en sus celdas en las horas de más calor, así como que se modifique el horario de patio a horas con temperaturas más suaves“. 

Por último, la asamblea de familiares reclama autorización para que los reos puedan “disponer de sistemas de refrigeración portátiles en las celdas, pues los ventiladores no son suficientes para combatir el calor”. Para ello, se solicita que se autorice a su compra mediante demandadero o bien que se autorice a los familiares hacer entrega de estos a las personas privadas de libertad que lo soliciten. 

Por su parte, la APDHA argumenta que la normativa penitenciaria estatal establece que la SGIP debe velar por que tanto en las dependencias destinadas al alojamiento nocturno de las personas privadas de libertad, como aquellas en que se desarrolle la vida en común, deben estar acondicionadas de manera que la ventilación y temperatura se ajusten a las mínimas condiciones de habitabilidad. Una garantía que, tal y como concluye la APDHA, “está en entredicho, debido tanto a la situación en la que se encuentran muchos centros penitenciarios como a la crisis climática que provoca estas altas temperaturas”. 

El pasado 27 de abril Ana empezó a poner fin a un calvario de casi una década. Comenzó el 23 de enero de 2013, cuando esta mujer cordobesa de 39 años fue detenida por cuatro agentes de la Policía Nacional, que la llevaron a la comisaría de La Lonja. Allí entró con la nariz en perfecto estado y salió con ella rota. Ahora, una sentencia de la Audiencia Nacional obliga al Estado a indemnizarla con 3000 euros, por entender que solo así puede reparársele el daño causado. Previamente los tribunales españoles habían rechazado, uno tras otro, sus reclamaciones. Nadie la creyó. Tuvo que ser un órgano internacional, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, quien acudiera en su auxilio en 2019, apuntando que los hechos acreditados demostraban “como mínimo” la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Pese a la resolución del comité, el Estado había ignorado hasta ahora las peticiones de reparación de la mujer, que ha tenido que volver a los tribunales para hacer valer su derecho. Ella dice que está satisfecha a medias: por un lado, siente que la sentencia servirá para que casos como el suyo sean menos frecuentes. Pero lamenta que ninguno de los policías se haya sentado en un banquillo. También, que hasta ahora ninguna instancia administrativa o judicial española la haya amparado. “Me ha costado nueve años que me crean. Es muy triste”, dice. 

Sabe que el dinero no servirá para borrar el recuerdo de cómo le rompieron la nariz, se rieron de ella y después, todos decidieron ignorarla. “Te rompes una pierna, te curas y se te olvida. Pero las humillaciones, no. A nivel psicológico lo voy a llevar toda la vida”. Ana sigue pidiendo un seudónimo por miedo a lo que pueda pasar y para la foto, se disculpa por enviar una imagen de sus manos. 

“Cogí una depresión que no me levantaba de la cama”

El calvario de Ana comenzó en Córdoba, el 23 de enero de 2013. Tal y como contó en su día a elDiario.es Andalucía, aquella noche vagaba por las inmediaciones de la estación de tren cuando se cruzó con cuatro agentes de la Policía Nacional (tres hombres y una mujer) vestidos de paisano. Los agentes le dieron el alto y registraron su bolso, donde encontraron una cartera que no era suya. Como no respondía a la pregunta de dónde estaba lo que había robado, empezaron a golpearla. Después, la esposaron, la metieron en el coche y la llevaron a Comisaría. Para hacerle más insufrible el trayecto, aceleraban y frenaban para que se golpeara contra la mampara, según la versión de la mujer, que recogió el Comité contra la Tortura.

Hasta ese día, nunca había pasado por comisaría. Su estancia fue breve: apenas media hora después la dejaron marchar. Y aunque imploró asistencia médica, los policías rehusaron solicitarla por ella. “Que llorara por un médico, y que no me escucharan, para mí fue peor que los golpes”, dice hoy. Ella misma llamó a una ambulancia, que le recogió a la puerta de la comisaría. En el hospital comprobaron que tenía rota la nariz y hematomas en sus muñecas. Fue operada de la fractura siete días después.

“Yo estuve hospitalizada y tuve que entrar en un quirófano. Quien se haya operado de la nariz sabe de lo que hablo”, cuenta hoy. Con todo, lo peor no fue eso: “Los daños físicos se curan y el dolor desaparece. Pero en lo moral sigo muy mal”. Toma medicación desde entonces, sigue en tratamiento psiquiátrico y el episodio le sigue provocando ansiedad. Durante dos años estuvo de baja, incapacitada para seguir trabajando en la hostelería. “Cogí una depresión que no me levantaba de la cama. Eso no se paga con 3000 euros”. 

“Sólo pedía tener un juicio justo”

A pesar de sus denuncias, y de la falta de una explicación convincente por parte de la Policía, al calvario no le pusieron fin ni los juzgados ordinarios españoles, ni el Tribunal Constitucional. Ya cuando advirtió de que los denunciaría, los agentes se rieron de ella. “¿A quién van a creer, a ti o a tres policías? Lo dijeron con una normalidad que se veía que lo hacían”, rememora. Pidió las grabaciones de ese día, pero se habían borrado. “Yo solo pedía tener un juicio justo por unos hechos. Si yo le pego a alguien, seguro que voy a un juicio. Pero como es la Policía, no pasa nada”. 

En efecto, el caso ni llegó a juicio: el juzgado de instrucción archivó el asunto y la Audiencia Provincial confirmó el archivo. “El primer día, la jueza me trató como si fuera una delincuente. Cuando salí, sabía que no me iba a proteger. Eso hace mucho daño”, recuerda hoy la mujer. 

El Tribunal Constitucional también rechazó el recurso de amparo, y la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía acabó recurriendo a la vía internacional. Finalmente, el Comité contra la Tortura de la ONU, el órgano que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura, concluyó que, en efecto, había motivos para creer a Ana. 

Basaban su conclusión en un dato: cuando entró en Comisaría, la mujer no sufría lesión alguna, y cuando una ambulancia la recogió, a la misma puerta de las dependencias policiales, tenía fracturados los huesos de la nariz. También recriminó a España el hecho de que la Policía ignorase su solicitud de asistencia médica, un derecho recogido por la convención.

Silencio tras la condena del Comité contra la Tortura

A diferencia de los tribunales españoles, el Comité concluyó que los hechos acreditados configuraban, como mínimo, la existencia de “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, e instó a España a que reparase a la mujer de manera “plena y adecuada por los sufrimientos que le ha causado, incluidas medidas de indemnización por los daños materiales y morales, y medidas de rehabilitación”. 

Sin embargo, a aquella victoria parcial le siguió el silencio. Durante meses, el Estado ignoró la petición de la mujer para que se diera cumplimiento a la resolución del Comité. Y ella tuvo que acudir nuevamente a la justicia para exigir que se hiciera lo que el órgano de Naciones Unidas estaba pidiendo: una reparación para una persona que había sido sometida a un trato cruel, inhumano y degradante por funcionarios del Estado. 

El Estado llegó incluso a manifestar ante los órganos de seguimiento internacionales que la función del comité “no engloba una función de revisión de las decisiones judiciales internas”. En otras palabras, que si los tribunales españoles habían concluido que no había tortura o tratos inhumanos y degradantes, la resolución en contrario del Comité contra la Tortura iba a ser papel mojado.

Sin reparación, “se perpetúa la vulneración”

Más de dos años después, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que obliga al Estado a indemnizarla con 3.000 euros para dar cumplimiento a lo que declaró el Comité. Mientras no se produzca la reparación, “se mantiene, persiste y se perpetúa la vulneración de derechos humanos”, razonan los magistrados. “Una vez declarada la vulneración del derecho en la Decisión del Comité contra la Tortura, su falta de ejecución es la que perpetúa dicha infracción, manteniendo sus efectos”. 

Según APDHA, “la práctica de torturas y malos tratos no es algo esporádico o incidental en nuestro país”. Entre el año 2013 y el 2019 se produjeron 448 condenas por tortura, según el Consejo General del Poder Judicial. APDHA ha celebrado la sentencia de la Audiencia Nacional porque establece que las decisiones de los comités de Naciones Unidas (en este caso, contra la tortura) son vinculantes, algo que el Estado viene negando hasta ahora. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo. El fiscal se alineó con los magistrados. 

Ana cree que otros casos se quedan en el camino, porque el proceso es largo y caro, y solo ha podido afrontarlo por el apoyo de la asociación. Ahora espera que la sentencia sirva para que mejoren los controles en Comisaría. “Las personas tienen derecho a ser tratadas como personas”, dice. “Por lo menos, se ha conseguido que se respeten las decisiones del Comité. Hemos luchado muchos años para que mi caso sirva para que no le pase a otros. Porque esto, hasta que no te pasa, lo ignoramos”.

Con motivo de la celebración este lunes 21 de marzo del Día Internacional contra la Discriminación, la delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha presentado una nueva edición de su 'Calendario contra de la discriminación', en el que se exponen las principales situaciones discriminatorias acaecidas en la provincia durante el pasado 2021, siendo cuatro los meses dedicados a las mujeres.

Según ha lamentado APDH-A en una nota, la mayoría de las vulneraciones de derechos que se denuncian en este documento, disponible en https://www.apdha.org/cordoba/calendario-contra-la-discrimin..., no representan una novedad, “ya que la pobreza y la exclusión en sus más diversas formas se han cronificado entre los colectivos más vulnerables de la ciudadanía cordobesa”.

Por ello, según ha señalado la asociación, “no puede extrañar que hasta cuatro meses del calendario hagan referencia a la reiterada feminización de la discriminación”, en cuanto a la “feminización de la pobreza, la violencia machista o la discriminación múltiple que padecen las mujeres con discapacidad”.

En otros tantos meses, el calendario pone de relieve, una vez más, que “Córdoba sigue encabezando los vergonzantes rankings nacionales de exclusión y la precariedad de los recursos sociales disponibles para luchar contra ella”, y también tienen espacio fijo en este calendario “la ausencia de un verdadero derecho de acceso a una vivienda digna, con la dramática realidad de los desahucios como su manifestación más extrema”.

Igualmente, “la prisión continúa siendo un espacio hostil para el ejercicio de la ciudadanía, empezando por sus propias malas condiciones materiales, impropias de una democracia avanzada”, y por último “no hemos podido olvidar la urgente necesidad de unas políticas de asilo que pongan en el centro la protección de las personas que se ven obligadas a huir de sus países y llegan a nuestra provincia, así como las incomprensibles trabas administrativas que imposibilitan una transición adecuada a la mayoría de edad a los jóvenes migrantes extutelados”.

Por todo ello, desde APDH-A renuevan su “compromiso de seguir luchando, dentro de nuestros limitados recursos, para que en un futuro no tan lejano documentos como el ¡Calendario de la discriminación', y sobre todo las situaciones discriminatorias que expone, sean tan solo un mal recuerdo del pasado”.

En 2013, Encarnación (nombre ficticio) se vio involucrada en una agresión por la Policía Nacional en Córdoba que le llevó contra su voluntad a comisaría de la ciudad. Este fue el principio de un largo proceso judicial en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha llegado a condenar a España a indemnizar a la víctima.

Hace casi diez años, la cordobesa fue sorprendida por los agentes en la estación de trenes, donde le revisaron su bolso y, al encontrar una cartera que no era suya, decidieron llevársela a comisaría, sin antes haberle informado de sus derechos. Algo que denunciaría más tarde, además de la tortura.

“Luego, antes de introducirla en un coche, la esposaron sin notificarle por qué la arrestaban, le tiraron del pelo y la golpearon contra el canto de la puerta del coche”. Así lo detalla el informe del Comité Contra la Tortura de la ONU, en el que se describe además que de camino a comisaría, “los policías frenaban súbitamente para que la autora golpeara su cabeza contra la mampara separadora del vehículo, riéndose cada vez que lo hacía”. Al salir de comisaría, la víctima tuvo que llamar a una ambulancia ya que salió con la nariz fracturada.

En enero del 2014, el caso fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba y cinco meses más tarde la Sección Tercera de la Audiencia Provincial realizó el mismo procedimiento, archivando también el caso “a pesar de que no dudaba de la certeza de la fractura de los huesos nasales de la autora, las declaraciones de otros policías que fueron testigos esa noche y de los fotogramas de las cámaras de seguridad que constatan que la autora no presentaba lesiones visibles a la entrada y a la salida de la comisaría”.

Fue en este punto cuando la víctima, ayudada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Córdoba, presentó un recurso de amparo constitucional que también se fue inadmitido. Tras esto, llegaron hasta el Comité de Tortura de la ONU que “supervisa y vigila que los derechos de la convención se respeten”, ha explicado a Cordópolis Valentín Aguilar, miembro de la Asociación que ha seguido el transcurso del caso.

Las Naciones Unidas emitieron un dictamen donde estimaron que se habían vulnerado los Derechos y la integridad física de la víctima. Por esto, decidieron poner un procedimiento contencioso administrativo ante la audiencia nacional, que no ha respetado lo que ha dictado las Naciones Unidas, tras condenar a España.

Finalmente, según ha señalado Aguilar, han intervenido el abogado del Estado, quien no ha respetado a la ONU y ha seguido el criterio de los organismos nacionales. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sí ha respetado lo que han dicho las Naciones Unidas. Actualmente, se encuentran pendientes de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el documento emitido.

La condena de Naciones Unidas a España

Por su parte, según ha detallado Aguilar, Naciones Unidas obligó a las autoridades españolas a proporcionar a la denunciante una reparación total de los daños que la agresión le causó. Además de una indemnización por los daños materiales y morales.

Por otro lado, exigía que el Estado adoptase “las medidas necesarias” para instruir a los agentes policiales para evitar otros acontecimientos similares en un futuro. Sin embargo, lo único que actualmente pueden reclamar a través de la Audiencia Nacional es la reparación económica establecida. Así lo ha señalado Aguilar.

La víctima, se encuentra tras casi diez años de lo ocurrido, ha indicado Aguilar, “muy cansada porque es un procedimiento desesperante”, aunque “contenta” porque no se ha dejado de lado su caso y la Fiscalía sí quiere compensar el daño sufrido.

La delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado este viernes, con motivo del Día de los Derechos Humanos, el documento 20 años de asesoría jurídica en contextos de exclusión, que permite crear un perfil medio de la persona en situación de vulnerabilidad y sus principales dificultades para acceder a los derechos básicos. Este es el de una mujer, española, entre 26 y 50 años, soltera y desempleada, que acude mayoritariamente por cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda, prestaciones sociales o pensiones.

El documento pretende poner de relieve las situaciones de vulneración de derechos fundamentales que sufren las personas más vulnerables de la ciudad de Córdoba. La APDHA, con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, lleva prestando desde hace dos décadas un servicio de asesoría jurídico-social dirigido a las barriadas necesitadas de transformación social, a las personas presas y sus familiares y a las y los cordobeses en situación de sinhogarismo. El objetivo de la asesoría es facilitar herramientas jurídicas a la ciudadanía en riesgo de exclusión para un adecuado ejercicio de sus derechos, pero también ha permitido a la organización tener un conocimiento directo de las realidades de pobreza y vulneración de derechos que se dan en la capital.

Las cifras del estudio, que se refieren al periodo 2014-2021, ya que de antes no se tienen registros, muestran que durante esos ocho años, la asesoría de APDHA Córdoba ha atendido a 590 personas y gestionado 660 expedientes en la sede de la delegación de la APDHA, sita en el barrio de Moreras. Aparte, se han realizado unas 582 asistencias en el centro penitenciario. 

De todas estas atenciones, la asociación concluye que “cerca del 59% de las personas usuarias son mujeres, lo que confirma la recurrente feminización de la pobreza, por una parte, pero también que son ellas el motor de transformación de los barrios con problemas de exclusión y las que lideran la lucha por sacar de la pobreza a sus familias, por otra”.

Por otro lado, asegura la delegación de la APDHA, los datos sobre la nacionalidad desmienten una vez más el falso prejuicio de que las personas de origen migrante copan todos los recursos sociales, pues una aplastante mayoría de las personas usuarias son españolas (el 86%).

En cuanto a la edad, “es coherente el hecho de que sea la franja de 26 a 52 años la mayoritaria (52%), ya que es el periodo vital de mayor actividad laboral y cuando se tienen hijos menores a cargo, y por lo tanto, es habitual que sean las personas de estas edades las que se ocupen de buscar los recursos para atender las necesidades familiares”, afirma la asociación.

Además, añade que es significativo que solo el 24% de las personas atendidas estén casadas o sean pareja de hecho, mientras que el 64% estén solteras, divorciadas, separadas o viudas. Estas cifras dan cuentan de la alta prevalencia de familias monoparentales, en su inmensa mayoría encabezadas por una mujer, tipo de unidad familiar que suele copar los primeros puestos de las estadísticas oficiales de pobreza y exclusión.

La APDHA explica que el empleo es uno de los pilares esenciales para la inclusión social, y “en este aspecto, el panorama no puede ser más demoledor: el 63% de las personas usuarias están en situación de desempleo”. Y entre las escasas personas que tienen un puesto de trabajo, detalla, la práctica totalidad se desempeñan en sectores con una altísima precariedad laboral: limpieza, hostelería, venta ambulante y agricultura.

En lo concerniente a las materias donde tienen mayores dificultades para ejercer sus derechos, destaca negativamente el acceso a la vivienda, otro de los factores claves en la lucha contra la exclusión. El 37% de las personas usuarias afirman tener problemas de vivienda y un 23% de los expedientes están referidos a vulneraciones de este derecho (dificultades de acceso a vivienda protegida, desahucios…).

El otro gran foco de preocupación de la asesoría, según la APDHA, son las prestaciones sociales y pensiones, que aglutinan el 18% de los expedientes. Estas fuentes de ingresos son esenciales para un sector social con unos niveles de desempleo o de discapacidad/enfermedad crónica grave, el 29% de las unidades familiares atendidas tenían algún miembro en estas circunstancias, muy por encima de la media. Tan solo el 23%, recibe una prestación pública, mientras que otro 22% afirma tener ayudas económicas de carácter informal (ONG, Iglesia, familiar…).

La APDHA Córdoba espera que el estudio colabore en la sensibilización de la ciudadanía respecto a las realidades de exclusión y vulneración de derechos que se dan en la ciudad, y en la reivindicación a los poderes públicos de las medidas políticas imprescindibles e inaplazables para su erradicación.