Los olivareros españoles están iniciando la campaña de recolección de aceituna con mucho pesimismo. Los agricultores han comenzado a varear sus olivos con la mente puesta en las cotizaciones de su producto. Cada vez que actualizan su smartphone y comprueban en tiempo real la evolución de los precios que el mercado está pagando en origen se echan las manos a la cabeza. Tanto que muchos olivareros se están planteando si les merece la pena dejar las aceitunas en los árboles.

Las cotizaciones con las que está arrancando la campaña del olivar son las mismas que hace una década. El precio por kilo de aceite de oliva se está pagando a una media que ronda los tres euros. En 2016 y 2017 era un precio bajo, pero rentable. En 2026 está muy lejos de serlo. Aunque los precios en origen sean los mismos los costes de producción en esta década se han disparado por encima del 50%. Ahora, con el precio del combustible agrícola por las nubes, los últimos estudios elaborados por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) este pasado verano se quedan cortos.

Al incremento de costes se le une además otro problema añadido: la falta de mano de obra. En esta década se han jubilado miles de jornaleros, especialmente andaluces. La práctica totalidad de sus hijos no han heredado la dura profesión de sus padres. Y aunque el olivar se ha mecanizado de una manera más que notable y ya no necesita tantos jornaleros como hace diez años, es tan poca la mano de obra agrícola que ha quedado que se considera insuficiente para afrontar una campaña con una producción tan alta como la que se espera este año.

El mercado del aceite de oliva es uno de los más inestables de los grandes sectores económicos del país. Sus cotizaciones dependen de la oferta y la demanda. Y la oferta a su vez depende del tiempo. Los años de sequía redujeron drásticamente la producción de aceite de oliva y los precios llegaron a cotizar a nueve euros por kilo, ya que la demanda no bajó tanto como la oferta. Ahora se espera una campaña con una producción de récord, lo que ha tumbado los precios a niveles de hace una década.

No obstante, los productores insisten en que por mucha producción que se espere si el precio es insuficiente como para cubrir costes habrá aceituna que se quedará sin recoger. El caso más extremo es el del olivar de sierra, el más caro y difícil de recoger. Muchos productores se están planteando recoger la mitad o el porcentaje que puedan hacer con sus propios medios, sin importar mano de obra y sin usar demasiados medios mecánicos. El objetivo es abaratar costes para lograr algo de beneficio.

El propio Ministerio de Agricultura está estudiando fórmulas que, sobre el papel, no gustan ni a las comercializadoras ni tampoco a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, como inmovilizar en las almazaras parte del aceite producido con el objetivo de que suban los precios.

Del récord de 2024 al nivel de 2016

Las organizaciones agrarias llevan semanas pidiendo que se active la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27, un mecanismo que permitiría retirar temporalmente producto del mercado. Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias denuncian que el virgen extra cotiza por debajo de los 3,20 euros por kilo y el lampante por debajo de los 2,90, con una disponibilidad prevista superior a los 2,17 millones de toneladas. El ministro, Luis Planas, esperará a noviembre para decidir si activa la retirada, después de que el aforo de la cosecha se haya situado en torno a los 1,6 millones de toneladas.

El desplome ha sido muy rápido. En el último mes, la cotización del virgen extra ha caído un 8,7% y roza la barrera de los tres euros por kilo, su nivel más bajo en cinco años, según Poolred. Es una caída de vértigo si se mira el punto de partida: Infaoliva registró un máximo de 8,95 euros por kilo el 17 de enero de 2024 y, a mediados de diciembre de ese mismo año, el virgen extra ya se había hundido a 3,50. Después rebotó hasta superar los cuatro euros el pasado otoño y a finales de junio todavía se pagaba a 3,80.

Hoy, la media de las tres grandes referencias del mercado —Poolred, el Ministerio de Agricultura e Infaoliva— sitúa el virgen extra en 3,22 euros por kilo, el virgen en 3,06 y el lampante en 2,94. Son cifras equiparables a las del arranque de la campaña 2016/17: en 2016, los agricultores cobraron una media de 3,21 euros por kilo de virgen extra, según el Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura.

Producir cuesta un 57% más que en 2020

El gran contraste está en lo que cuesta producir. El último estudio de costes de AEMO, actualizado en julio de 2026, calcula que los costes medios se han elevado alrededor de un 57% en los últimos seis años: cerca de un 40% entre 2020 y 2023 y otro 12% hasta este verano.

Con los precios actuales, solo los sistemas más modernos se acercan a cubrir gastos. Según el estudio, obtener un kilo de aceite cuesta 3,08 euros en el olivar en seto de regadío, 3,17 en el seto de secano, 3,20 en el intensivo de regadío y 3,52 en el intensivo de secano. Estas cifras incluyen la renta de la tierra y la amortización de la plantación. En el olivar tradicional la factura es mucho mayor: 4,18 euros por kilo en regadío mecanizable, 4,67 en secano mecanizable y 5,31 en el olivar de sierra, el de pendientes superiores al 20%, que no se puede mecanizar.

Ese olivar tradicional supone el 54% de la superficie dedicada a aceite —1,37 millones de hectáreas, según la estimación de la propia asociación— y trabaja, con los precios de mercado actuales, por debajo de costes. AEMO resume la situación así: lo que en 2010 era un buen precio, tres euros por kilo, debería rondar ahora los cinco para que la mayoría de los sistemas de cultivo alcancen una rentabilidad mínima.

A ese incremento de costes se suma el del combustible. El precio del gasóleo B en poste subió más de un 33% entre el 29 de junio y el 24 de julio, de 0,872 a 1,169 euros por litro sin IVA, según los datos difundidos por COAG. Se mantiene en esos niveles: a finales de septiembre, el precio medio ponderado del gasóleo agrario sin impuestos era de 1,196 euros por litro, frente a los 0,734 euros previos al inicio del conflicto en Oriente Medio, según los datos del Ministerio recogidos por Unión de Uniones.

El estudio de AEMO fija sus precios unitarios en julio, por lo que es probable que no recoja íntegramente esa escalada, que además golpea en plena recolección. El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre la ayuda extraordinaria de hasta 20 céntimos por litro, pero ASAJA, COAG, UPA y UdU la consideran insuficiente y han anunciado movilizaciones si no se aprueban nuevas medidas.

Del campo a la botella

El abaratamiento en origen se empieza a notar en el supermercado, pero con mucha menos intensidad. Según el seguimiento de FACUA, el litro de virgen extra de marca blanca se vende ahora entre 4,34 y 4,45 euros en las grandes cadenas —4,35 en Mercadona—, muy lejos de los más de nueve euros que llegó a costar durante la crisis. Algunas marcas, además, casi duplican esa cifra.

Comparar ambos mercados exige un ajuste de unidades: en origen el aceite se paga por kilo y en el supermercado se vende por litro, y un litro de aceite pesa unos 916 gramos. Con el virgen extra a 3,22 euros por kilo, el aceite a granel sale a unos 2,95 euros por litro. La botella de marca blanca se vende, por tanto, alrededor de 1,40 euros por encima, un 47% más con el IVA del 4% incluido, una diferencia que tiene que cubrir envasado, transporte, distribución y márgenes.

El sector llega así a noviembre, cuando el Ministerio decidirá si activa la retirada de aceite, con los precios por debajo de los 3,20 euros y cada vez más productores haciendo cuentas. La pregunta ya no es cuánto aceite habrá, sino cuánta aceituna merece la pena recoger.

Tractores eléctricos y autónomos, sin necesidad de utilizar gasoil ni tener un conductor encima. Esa es la idea que tuvo el cordobés Francisco Javier Infante, ingeniero aeronáutico, que ha desarrollado en la empresa Voltrac que creó junto a su socio y que ya ha llegado hecha realidad al campo. Cuenta que el objetivo era “intentar ayudar al mundo agrícola” ahorrando costes, algo que calculan se cifra en un 30% menos con este tractor eléctrico frente a uno convencional.

Cuenta Infante a Cordópolis que siempre tuvo una vinculación con la agricultura, tanto en Andalucía como en Navarra a través de su familia, que tenía una empresa de maquinaria de aperos para tractores y eso le permitió conocer el sector. Luego, formado como ingeniero en Inglaterra y después de haber trabajado en distintos países en diseño aeronáutico de aviones supersónicos y drones, quiso hacer algo ante alguno de los problemas que tenían sus amigos agricultores. “Con lo que aprendí intenté hacer algo para ayudar. Y como sé hacer máquinas, se me ocurrió hacer eso: un tractor”.

Estuvo un tiempo viviendo en Jaca y “hablando allí con los agricultores, me empapé de cerca” sobre las necesidades del sector. En 2024 creó junto a un socio la empresa Voltrac, con sede en Valencia, “y me metí de cabeza en el proyecto”: crear un tractor eléctrico autónomo. “La idea principal era reducir costes de producción a los agricultores y paliar la falta de mano de obra que hay en el campo”.

El tractor desarrollado por este cordobés no tiene cabina porque no necesita que nadie lo conduzca, es 100% eléctrico y eso ha reducido alrededor de un 70% los componentes del vehículo. “Simplificamos la arquitectura y eso conlleva menos mantenimiento, abaratando los costes. Luego, también se reducen los costes del diésel”, combustible que no necesita este tractor. “Nuestros clientes estiman un ahorro del 30% al año al usar este tractor respecto a uno convencional”, destaca Infante.

El modelo de tractor eléctrico, que ha sido probado en distintas tareas desde el año pasado y ahora se va a entregar ya a fincas de olivar intensivo y almendro en Aragón, se carga como un turismo eléctrico. “Tiene cuatro baterías de coche, con una duración en trabajo real que va desde las 8 a las 20 horas dependiendo de la intensidad de la labor” que realice el tractor.

¿Y cómo se maneja para esas labores? Por un lado, el agricultor tiene un mando de radiocontrol que utiliza para enganchar delante o detrás del tractor los distintos aperos para las labores que vaya a realizar. “Con ese mando, saca el tractor a la finca y ahí ya nos encargamos nosotros de toda la operativa”.

Esa operativa a la que se refiere Infante pasa por que la empresa ha mapeado previamente toda la finca donde se va a trabajar y el tractor cuenta tanto con GPS como con cámaras. Por control remoto desde su puesto de teleoperación en la empresa, se dirige la actividad del tractor y “se va vigilando la flota” de vehículos eléctricos que estén operando en distintas fincas. “El agricultor, a través de una aplicación informa de la finca en que va a trabajar el tractor, la hora, la labor que quiere realizar y el producto”. Con toda esa información introducida, el manejo del tractor se hace desde la empresa matriz y el vehículo funciona de manera autónoma del agricultor.

Hace unos días, el tractor eléctrico de esta compañía estuvo realizando demostraciones en fincas de cultivo de Granada y de Sevilla. El año pasado ya lo hizo en Córdoba, recuerda Infante, en labores de desbroce. Porque el vehículo permite operar, dependiendo de los aperos que se le instale, en fincas forestales o agrícolas, para realizar distintas funciones.

“Ahora entregamos los primeros tractores a fincas de olivo y almendro en Aragón”, donde comenzarán a funcionar en esta campaña. Mientras, la empresa sigue mostrando el vehículo a clientes interesados de todo el país, convocando en algunas zonas a agricultores y empresas de la comarca.

“Y en un futuro pensamos en la expansión exterior”, dice este ingeniero cordobés sobre el futuro de su idea pasando a países como Francia. De momento, aquella idea que tuvo se ha hecho realidad y su tractor eléctrico autónomo ya está en el campo.

Es un problema que ha ido creciendo con el paso de los meses hasta llegar a una situación que es insostenible para la gran mayoría de los agricultores de la provincia de Córdoba. La campaña de recogida de la aceituna de mesa en la extensión cordobesa atraviesa un escenario complicado por el desplome de los precios de venta. Las exigencias impuestas por parte del mercado y el encarecimiento de los insumos agrícolas -merced a que está subiendo los precios- ha hecho que numerosos olivareros abandonen la recolección o barajen hacerlo.

El responsable del sector olivar en COAG Córdoba, Juan Luque, ha alertado a este periódico sobre la caída de las cotizaciones iniciales, señalando que la aceituna de mesa arrancó cotizando a 0,60 euros el kilo para situarse en torno a los 0,50 euros. Es por ello que el principal escollo para la rentabilidad del agricultor reside en los filtros de clasificación que aplican los propios compradores.

Tanto es así que Juan Luque ha denunciado que este sistema de cribado descarta entre un 40% y un 50% de la aceituna entregada, alegando falta de calibre e invalida la viabilidad económica de las propias explotaciones. Esta práctica reduce el montante que percibe el agricultor a una horquilla de unos veinte céntimos menos, cifras que no cubren los gastos mínimos en el proceso de la recolección.

El gasóleo agrícola, otro punto a tener en cuenta

Aunque esto no es el único motivo del enfado de los agricultores en este sentido porque los costes de producción en el campo tampoco paran de subir. El dirigente de COAG subraya que el gasóleo agrícola se sitúa en los 1,70 euros por litro, a lo que se le añade el encarecimiento de los fertilizantes, la electricidad y el agua de riego, calificando la coyuntura general del sector primario como “insostenible”.

Todo esto está haciendo que el verdeo se acabe en varias parcelas. Los agricultores prefieren no recoger la aceituna ahora mismo para destinarla a la producción del aceite de molino, y eso entraña complicaciones en la provincia cordobesa. Dado que la variedad predominante en esta extensión en la hojiblanca, el retraso en la recolección puede alterar el ciclo biológico del olivo y en la próxima campaña traer menos producción que la esperada.

De hecho, para lograr un rendimiento aceptable de la variedad Hojiblanca en este sentido, el agricultor se ve obligado a posponer la recogida hasta mediados de enero o febrero. Esta permanencia prolongada del fruto en las ramas agota las reservas del árbol e impide su adecuada recuperación, lo que provoca que el olivo no produzca en la siguiente campaña y derive en la pérdida de dos cosechas consecutivas, como se ha mencionado anteriormente.

Denuncias y comienzan las tractoradas

El técnico de Asaja Córdoba Carlos Molina también ha atendido a Cordópolis para ratificar que las ofertas actuales del mercado se sitúan muy por debajo de los costes de producción actualizados para la variedad Hojiblanca, fijados en 0,75 euros por kilo. Molina ha recalcado la gravedad de la situación que origina un mercado en el que los olivareros están vendiendo a pérdidas, siendo el eslabón “más vulnerable” de la cadena alimentaria.

El profesional de la organización agraria ha explicado que el panorama actual es de pérdidas económicas y que, por ello, Asaja ha realizado un llamamiento a sus asociados para que no entreguen “ni un solo kilo” de aceituna por debajo de los 0,75 euros. Tanto es así que la entidad ha instado a los productores a “no ceder a la presión de los compradores” en un momento en el que las liquidaciones no permiten la viabilidad de ciertas fincas.

Ante ello, Asaja Córdoba ha puesto en marcha un protocolo específico para tramitar denuncias masivas ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). El objetivo de este procedimiento es fiscalizar a los compradores que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria al abonar importes inferiores a los costes reales de cultivo.

Además, ambas organizaciones han criticado a este periódico la entrada de importaciones procedentes de terceros países sin las exigencias sanitarias ni los controles de trazabilidad que se aplican a las explotaciones locales.

La tensión acumulada en el campo cordobés ha hecho que desemboque en movilizaciones de protesta. Las organizaciones agrarias han confirmado la convocatoria de una tractorada provincial para el próximo 28 de octubre, fecha en la que los agricultores saldrán a la carretera para exigir el cumplimiento estricto de la legislación y unos precios dignos para su actividad. Todo para evitar que la situación en el sector primario se sume en una crisis aún más drástica.

Asaja, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han acordado convocar una gran tractorada en Madrid el próximo miércoles 28 de octubre, que finalizará frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las tres organizaciones han decidido unir sus fuerzas para exigir respuestas urgentes a los graves problemas que arrastra el campo y que, lejos de resolverse, siguen agravándose.

El sector agrario no puede más, tal y como reclaman las organizaciones. “Producir cuesta cada día más y los precios que reciben agricultores y ganaderos no permiten, en muchos casos, cubrir los gastos. Llenar el depósito del tractor, comprar fertilizantes, alimentar al ganado o pagar la factura eléctrica supone un esfuerzo cada vez mayor. Mientras tanto, las soluciones no llegan o se quedan cortas”.

La convocatoria se articula en torno a cinco reivindicaciones comunes:

Las organizaciones convocantes hacen un llamamiento a todo el sector para que se sume a la tractorada. Es el momento de dejar claro, de forma contundente, que el campo necesita soluciones para poder seguir produciendo y viviendo de su trabajo.

Asaja Córdoba ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lamentando “el retraso en el abono de las ayudas directas por el tren de borrascas de enero y febrero”, advirtiéndole en la misiva que “el 40 % de las ayudas sigue sin llegar a los agricultores y ganaderos afectados, mientras numerosas explotaciones continúan asumiendo con sus propios recursos las consecuencias de los temporales”.

Según ha informado la organización agraria en una nota, entre quienes aún no han recibido “ni un solo euro se encuentran las comunidades de bienes, las sociedades civiles y los titulares que realizaron cambios en sus explotaciones durante 2025, además de agricultores y ganaderos pendientes de la corrección de errores en los anteriores listados. Todos ellos siguen a la espera de una tercera relación de potenciales beneficiarios que el Ministerio todavía no ha publicado”.

En este sentido, la patronal agraria ha recordado que “el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado el 17 de febrero, se presentó como una respuesta urgente a los daños, con ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros por explotación, previa aceptación de los interesados. El Ministerio efectuó un primer pago el 29 de mayo y un segundo el 30 de junio, que suman 1.304 millones de euros destinados a 110.074 agricultores y ganaderos. Sin embargo, desde entonces no se ha publicado ningún nuevo listado que permita avanzar en el pago a los titulares pendientes”.

“No hay ninguna razón que justifique que un agricultor o ganadero cobrara en mayo y su vecino, con los mismos daños, siga esperando porque su explotación está a nombre de una comunidad de bienes o de una sociedad civil. Son explotaciones familiares y profesionales, con formas jurídicas habituales en el campo, que sufrieron las mismas borrascas y necesitan la misma respuesta*, han señalado desde Asaja Córdoba, quie ha insistido en que ”esta demora tiene consecuencias directas sobre la economía de las explotaciones“, pues ”los afectados llevan meses pagando reparaciones y soportando la pérdida de ingresos por la disminución de sus cosechas, al tiempo que deben afrontar los elevados costes de la nueva campaña: semillas, abonos, gasóleo, jornales y cuotas de préstamos“.

Para Asaja Córdoba, la demora “resulta incompatible con el carácter urgente con el que se anunciaron estas medidas”, argumentando que “una ayuda urgente que llega ocho o diez meses tarde pierde su finalidad”, de modo que, cuando “hay dinero presupuestado y sin gastar; lo que falta es agilidad para que llegue a las explotaciones afectadas”.

Junto a ello, la patronal agraria ha expresado su preocupación por que la convocatoria anticipada de elecciones generales “pueda añadir nuevos retrasos a la publicación del tercer listado y al pago de las ayudas pendientes”, avisando Asaja al Ministerio que “el calendario electoral no puede convertirse en una nueva demora para quienes llevan meses esperando. Los agricultores y ganaderos necesitan garantías de que el listado pendiente se publicará y las ayudas se pagarán antes de que termine el año”, y así se lo ha pedido en la mencionada carta al ministro Planas, al que ha pedido “un calendario de pago con fechas concretas, que garantice el abono antes de que termine el año”.

La delegada de Agricultura, Pesca, Aguas y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Raquel López, ha presentado este lunes en rueda de prensa las ayudas destinadas a favorecer la incorporación de jóvenes al sector agrario, que en la provincia de Córdoba alcanzan los 18,998 millones de euros para un total de 362 expedientes.

López ha destacado que estas ayudas tienen como objetivo “facilitar el relevo generacional en el campo y acompañar a los jóvenes que se incorporan por primera vez a una explotación agraria para que puedan desarrollar una actividad profesional viable”.

La convocatoria se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027 y cuenta en Andalucía con 129,95 millones de euros para 2.455 jóvenes agricultores y ganaderos. En Córdoba se tramitaron inicialmente 339 expedientes, con cerca de 18 millones de euros de ayuda. Posteriormente, se amplió la concesión para incorporar también a los expedientes que habían quedado como suplentes, de manera que se ha atendido a la totalidad de las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos.

En conjunto, la provincia alcanza los 362 expedientes y 18,998 millones de euros concedidos, aproximadamente el 14% del total de Andalucía. La convocatoria cuenta además con una línea específica para mujeres agricultoras, que suma seis expedientes. Esta medida se suma a las políticas de la Junta de Andalucía dirigidas a reforzar el papel de las mujeres en el sector agrario y rural.

Para acceder a estas ayudas, los solicitantes deben tener entre 18 y 40 años en el año de la solicitud, incorporarse por primera vez como titulares de una explotación agraria, acreditar la capacitación profesional adecuada y presentar un Plan Empresarial que permita garantizar la viabilidad de la actividad.

La ayuda parte de una prima básica de 30.000 euros y puede alcanzar los 80.000 euros en función de las características del proyecto y de los compromisos asumidos por el joven. La cuantía puede incrementarse, entre otros supuestos, cuando se trata de una explotación prioritaria, existe adquisición de la explotación, se produce la incorporación a una cooperativa o SAT, se genera empleo adicional o se apuesta por producción ecológica o integrada.

El abono se realiza en tres pagos vinculados al cumplimiento de distintos hitos del proceso de incorporación. El primero, correspondiente al 25% de la ayuda, ya se ha puesto en marcha tras la resolución definitiva de 1 de junio y la habilitación del procedimiento para solicitarlo.

Los proyectos aprobados contemplan inversiones destinadas a modernizar las explotaciones y mejorar su eficiencia, como la adquisición de ganado y maquinaria agrícola, la instalación de vallados, ordeñadoras, tanques y bebederos, instalaciones fotovoltaicas, mejoras de pozos o la adecuación de naves de cría.

La delegada ha señalado que “el relevo generacional es un elemento fundamental para el futuro de la agricultura y la ganadería en Córdoba, una provincia con una amplia diversidad productiva que incluye olivar, cereal, cultivos hortícolas, viñedo, ganadería y dehesa, además de un importante tejido agroalimentario y cooperativo”.

En este sentido, la incorporación de jóvenes al sector “contribuye a mantener la actividad económica y el empleo en los municipios rurales y a impulsar explotaciones más modernas, eficientes y preparadas para afrontar retos como la disponibilidad de agua, el cambio climático, los costes de producción, la digitalización y la innovación”, ha apuntado López. “Hoy estamos ayudando a 362 jóvenes en Córdoba a dar ese paso, 362 proyectos de futuro para el futuro de nuestra agricultura”, ha concluido la responsable territorial.

La construcción de la Gran Vía de Granada se financió gracias a los enormes beneficios que generó en la Vega la producción industrial de azúcar a través del cultivo de la remolacha. Unos años antes, en 1882 y en una finca experimental de Córdoba, el conde de Torres Cabrera, Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, se convirtió en el primer industrial de España en producir azúcar a través de la remolacha, gracias a un cultivo experimental en su finca de Santa Isabel en Alcolea.

Casi siglo y medio después, el Ministerio de Agricultura ha confirmado oficialmente la desaparición de este cultivo que transformó el sur de la Península Ibérica. La remolacha fue un cultivo muy social, que necesitaba una enorme cantidad de mano de obra, que alimentó a jornaleros e industriales, y que generó mucha riqueza. Por Andalucía prosperaron azucareras, que con la reconversión industrial provocada por la entrada de España en Europa fueron menguando y desapareciendo. El azúcar de remolacha competía con un mercado cada vez más global donde los precios se iban desplomando y donde su cultivo en el regadío de Andalucía apenas era rentable.

La remolacha, que transformó el paisaje de toda la Vega del Guadalquivir, sobrevivía ya de una manera muy testimonial. En Córdoba, por ejemplo, apenas se cultivaban 20 hectáreas durante los años de la pandemia. La provincia que vio nacer este cultivo también lo ha visto morir.

En Andalucía ya solo quedaba una azucarera en Jerez de la Frontera, la fábrica de Guadalete perteneciente al grupo propietario de Primark. Esta industria ha decidido que este año le es más barato importar remolacha del extranjero que cultivarla en Andalucía. Esta decisión es la que ha certificado oficialmente la muerte de este cultivo. “Era una muerte anunciada”, afirman, categóricos desde Agama Bajo Guadalquivir, como organización agraria andaluza integrada en la Unión de Uniones.

Un cultivo que nació en Córdoba

Torres Cabrera viajó a Francia y Alemania para estudiar las técnicas de cultivo y fabricación, visitó fábricas, consultó a agricultores y especialistas y contrató al ingeniero agrónomo José María Martí. En Santa Isabel se mejoraron los suelos, se realizaron obras de regadío y se ensayaron distintas variedades de remolacha. Su proyecto tenía además una dimensión que iba mucho más allá de producir azúcar.

El conde concebía la remolacha como el eje de un sistema económico capaz de generar trabajo en el campo, elevar el valor de las tierras, crear industrias y utilizar los subproductos de la fábrica —hojas y pulpa— para alimentar al ganado. En la memoria que presentó en 1882 defendía expresamente que el cultivo debía contribuir a multiplicar el trabajo agrícola y los centros manufactureros.

La experiencia cordobesa coincidió prácticamente en el tiempo con otra iniciativa decisiva en Granada. Juan López-Rubio desarrolló en la Vega granadina sus propios experimentos y, en 1882, comenzó también la producción industrial de azúcar de remolacha en el entorno de Cúllar Vega. El propio documento histórico del Ministerio describe ambas experiencias como las dos primeras grandes iniciativas españolas de implantación del cultivo y de la industria derivada.

A partir de entonces la remolacha dejó de ser un experimento. Se convirtió en un negocio. La expansión fue especialmente intensa en Granada, donde la nueva industria azucarera transformó la economía de la Vega. Aparecieron fábricas, redes de transporte, empresas auxiliares y nuevas fortunas. El padre de Federico García Lorca fue uno de los agricultores que más trabajó la remolacha.

La Universidad de Granada explica que la industria azucarera tuvo una influencia decisiva en la transformación de la ciudad y en el desarrollo de infraestructuras como la Gran Vía de Colón. El Archivo Municipal de Granada señala igualmente que el cultivo de la remolacha y las fábricas de azúcar impulsaron el desarrollo económico de la burguesía local y que el capital generado por la industria azucarera estuvo detrás de la apertura de la Gran Vía. La calle llegó a conocerse popularmente como la Vía del azúcar.

La gran expansión

El fenómeno no se limitó a Granada y Córdoba. Durante las últimas décadas del siglo XIX la remolacha se extendió por distintas zonas españolas y Andalucía se convirtió en uno de los grandes territorios de la nueva industria azucarera. La explicación estaba también en la historia internacional.

La pérdida de Cuba y Puerto Rico en 1898 modificó radicalmente el mercado español del azúcar. La producción peninsular adquirió una importancia creciente y la remolacha pasó a ocupar un espacio estratégico en la industria alimentaria española. La superficie remolachera aumentó con rapidez y el cultivo dejó de ser una rareza experimental para convertirse en una alternativa agrícola de primer orden.

En la provincia de Córdoba, mientras tanto, la fábrica de Santa Isabel fue perdiendo fuerza. La experiencia pionera no consiguió mantener su posición inicial. La azucarera de Alcolea terminó su actividad después de la campaña de 1910-1911. Córdoba había sido la puerta de entrada de la remolacha industrial en España.

La importancia de la remolacha no puede medirse únicamente en toneladas o hectáreas. Era un cultivo que generaba una enorme cantidad de trabajo. La preparación de las tierras, la siembra, los cuidados, el arranque, la carga, el transporte y la recepción en fábrica movilizaban a agricultores, jornaleros, transportistas, trabajadores industriales y toda una cadena de actividades auxiliares.

Córdoba vuelve a la remolacha gracias a los embalses

La historia cordobesa tuvo una segunda oportunidad gracias al regadío que favoreció la construcción de embalses como el Guadalmellato, y su canal. En los años treinta el cultivo volvió a adquirir importancia alrededor de Villarrubia y de la Azucarera San Rafael. La recuperación fue significativa. En la primera campaña se llegaron a contratar cerca de 1.510 hectáreas de regadío, con casi 362.000 quintales métricos de remolacha comprometidos.

Durante buena parte del siglo XX, la remolacha formó parte del paisaje agrícola de las vegas y campiñas andaluzas. Especialmente en el valle del Guadalquivir. La disponibilidad de regadío y la posibilidad de cultivar una remolacha adaptada a las condiciones de Andalucía permitieron que el cultivo se consolidara en territorios de Sevilla, Cádiz, Córdoba y otras provincias.

La Junta de Andalucía ha descrito la remolacha como un cultivo industrial con una importancia económica, social y agronómica especialmente relevante en las comarcas donde se implantó.

La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea supuso un profundo proceso de transformación para el campo español. La industria azucarera también tuvo que adaptarse. El sector quedó sometido a un sistema comunitario de regulación de la producción y posteriormente a sucesivas reformas de la Organización Común de Mercados del azúcar. La reforma de 2006 supuso un importante proceso de reestructuración.

El Ministerio de Agricultura reconoce que, desde entonces, disminuyeron tanto la superficie como el número de explotaciones dedicadas a la remolacha y se produjo una fuerte concentración industrial. Con la desaparición del sistema de cuotas en la campaña 2017/2018, el sector volvió a experimentar un nuevo proceso de ajuste. Las fábricas fueron cerrando.

El último golpe llegó en 2025

A finales de septiembre de 2025, AB Azucarera Iberia comunicó que no contrataría remolacha andaluza para la campaña 2025/2026 y que la planta de Guadalete se dedicaría al refinado de azúcar importado. La decisión provocó una fuerte reacción de las organizaciones agrarias. COAG, ASAJA, UPA y el Grupo Remolachero de Sevilla denunciaron que más de 500 agricultores tenían preparadas más de 4.000 hectáreas para la siembra de remolacha otoñal. También reclamaron que se mantuviera la actividad y que la empresa aprovechara el apoyo ofrecido por la Junta de Andalucía.

La organización agraria sostuvo que la compañía estaba incumpliendo sus compromisos con el sector. La empresa, por su parte, mantuvo su estrategia industrial. El conflicto puso de manifiesto algo que llevaba años ocurriendo de forma silenciosa: la agricultura había dejado de tener capacidad para garantizar por sí sola la supervivencia de la industria.

El 21 de septiembre de 2026, en la última reunión de la Comisión Nacional de Estudio de Variedades de Remolacha de Siembra Otoñal, en la que participan el Ministerio de Agricultura y representantes del sector, se comunicó el cese de las inscripciones de variedades destinadas a la zona sur. Fue la “muerte anunciada” de este cultivo que tanto transformó Andalucía.

“Esto era una muerte más que anunciada, no solo ante la postura de la industria, de cesar la producción de azúcar con remolacha de producción andaluza, sino también ante la inoperancia de las Administraciones regional y nacional, por no haber sido capaz de ver la situación critica que se avecinaba y no haber apostado firmemente para que el sector prosiguiera con su actividad en Andalucía”, concluyen los agricultores de Agama.

El campo cordobés afronta unos meses donde los problemas poco a poco se van acumulando, y eso puede afectar –y mucho– a una producción de la que depende gran parte de la provincia. Más concretamente, el sector agrario encara un otoño crítico debido a una combinación de costes disparados y precios de venta a la baja que sitúan a las explotaciones en una posición límite. De hecho, las principales organizaciones agrarias como son Asaja, UPA y COAG han emitido un comunicado conjunto donde advierten de concentraciones inmediatas si no consiguen una solución en un plazo corto de tiempo.

En primer lugar, este periódico se ha puesto en contacto con Paco Moreno, secretario general de UPA Córdoba, quien ha advertido de que este es un problema más que real, motivado por el encarecimiento de los fertilizantes, fitosanitarios y mano de obra, además de la especulación que trae consigo un mercado que actualmente está muy mermado y la finalización de las ayudas públicas al combustible, sobre todo al gasóleo agrícola.

Además, Cordópolis también ha contactado con la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, que ha explicado que muchos agricultores se plantean no sembrar ante la escalada de los precios del gasóleo agrícola. Esta asfixia económica no solo afecta a las labores de siembra de las explotaciones hortícolas y cultivos rotativos, sino también al coste de los tratamientos anteriormente mencionados.

Aun así, las principales tensiones económicas vienen por el combustible, que acumula una subida de alrededor del 48% en los últimos meses y que ya supera los 1,60 euros por litro en la gran parte de los casos. Este incremento notable se ha producido justo a las puertas de las labores más importantes de la temporada en el campo cordobés, como la preparación de las siembras o el inicio de la recogida de la aceituna, a lo que se suma el aumento de los costes derivados, por ejemplo, de los fertilizantes.

Y ahí también entra en acción los diferentes conflictos bélicos que están repartidos por el mundo. Por un lado, la guerra de Ucrania, unido a un periodo de sequía notable en la provincia de Córdoba, provocó la primera tractorada de las varias que hubo en 2024. Ahora, las posibles concentraciones llegan merced a las consecuencias económicas y de logísticas que traen consigo la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, con un Estrecho de Ormuz que se consolida como un punto estratégico para dichos países.

El aceite de oliva, el principal problema en el campo cordobés, aunque no el único

Todo ello provoca el encarecimiento en los costes de producción. Pero hay un problema que está acuciando la crisis del aceite de oliva en Córdoba: los precios que perciben los agricultores por sus cosechas continúa cayendo sin justificación. En este sector, la cotización del virgen extra se sitúa entre los 3,50 y 3,70 euros por kilo, a pesar de que la campaña 2025/2026 ha registrado una producción inferior a la aforada y ya se ha vendido todo el producto disponible.

Una cotización que choca de manera frontal con los análisis de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), que sitúan el coste real de producir un kilo de aceite en el olivar tradicional entre los 4,70 y los 5,30 euros, muy por encima de la cotización que está alcanzando actualmente el virgen extra en el mercado.

Según ha remarcado Paco Moreno a este periódico, el desajuste está haciendo que numerosos olivicultores de la provincia de Córdoba se están planteando si les merecerá la pena recolectar la aceituna esta campaña o si tomar la decisión de salir al campo dependerá únicamente para “perder menos dinero”, todo ello como consecuencia de los costes y las cotizaciones en el mercado.

Por su parte, Carmen Quintero también ha realzado los otros problemas que existen en el campo cordobés. Y es que muchos productores se han visto obligados a dejar sus productos en el campo al no cubrir los costes mínimos de producción. Muestra de ello ha sido la reciente campaña estival de melón y cebolla, así como la de la patata, con cotizaciones al agricultor de apenas 18 céntimos por kilo.

El 30 de septiembre y una fecha crítica para el devenir del sector

Por otro lado, uno de los condicionantes más notables en este sentido es la subida de los combustibles, como se ha mencionado anteriormente. Pero lo reseñable es que el 30 de septiembre expira la ayuda estatal a la compra del gasóleo agrícola sin que las administraciones, de momento, hayan presentado propuestas de prórroga ni alternativas sobre la mesa. Ante esta falta de respuesta, las organizaciones Asaja, COAG y UPA, como se ha mencionado anteriormente, han anunciado movilizaciones en toda España.

Paco Moreno ha subrayado que, de no anunciarse medidas urgentes antes del cierre de mes, los agricultores y ganaderos no tendrán otra opción que salir a la calle. La intención de las organizaciones agrarias es mantener un frente común de protesta para exigir soluciones inmediatas que eviten el asfixiamiento financiero del campo cordobés y del conjunto del sector primario español. Una situación que podría recordar a lo vivido en 2024 tanto en Córdoba como en la provincia.

La preocupación con la situación de la producción de leche

Asimismo, el aceite de oliva no es la única problemática que hay actualmente en el sector cordobés. Ahora, existe cierta preocupación en el Valle de los Pedroches debido a la disminución en la producción de leche atribuida a una sospecha de enfermedad de origen vectorial. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y la cooperativa COVAP mantuvieron una reunión el pasado miércoles con los productores para coordinar el seguimiento de la patología -que no representa ningún riesgo para la salud pública- y recomendar la aplicación de repelentes contra insectos vectores como el mosquito Culicoides.

Pese a ello, el líder provincial de UPA ha transmitido a Cordópolis un mensaje de tranquilidad al señalar que la situación en la comarca no es alarmante y que el Valle de los Pedroches se sitúa entre las zonas menos afectadas, contando con el respaldo de Covap como una de las cooperativas que mejor retribuye la leche en España y la próxima llegada de ayudas autonómicas específicas. Sin embargo, la organización ha insistido en que es vital mantener una vigilancia activa y articular medidas de apoyo integrales para evitar que este cúmulo de adversidades termine por ahogar la economía rural de Córdoba durante los próximos meses.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que el Gobierno trabaja para aprobar “próximamente” medidas que supongan una nueva compensación a la subida del precio del gasóleo hasta el máximo que permite la Comisión Europea.

Planas ha explicado en concreto que trabaja con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con el Ministerio de Hacienda para dar respuesta a las peticiones de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) de las que ha asegurado ser “perfectamente consciente”.

El ministro ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas sobre la convocatoria urgente de movilizaciones en toda España anunciada este viernes por Asaja, COAG y UPA en protesta contra la subida “inasumible” del precio de los combustibles, que sitúa al sector en “una situación límite”, han advertido las OPA.

Planas ha recordado al respecto que España ha conseguido que la Comisión Europea autorice hasta el 31 de diciembre un techo máximo para compensar con ayudas de Estado hasta el 70% del incremento que se haya producido en el gasóleo agrícola y en el gasóleo pesquero, sobre lo que trabaja ahora su departamento con los de Economía y Hacienda.

El titular de Agricultura ha trasladado su máximo respeto a las decisiones de las organizaciones profesionales agrarias pero ha aprovechado la ocasión para recordar que el precio del petróleo, de los fertilizantes, del gas o del amoníaco no depende del Gobierno y sí de los mercados internacionales, “como en tantas cosas en el mundo actual”.

Planas ha realizado estas declaraciones en su visita este viernes a las obras de mejora en la Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea.

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado este viernes la convocatoria urgente de movilizaciones en toda España para protestar contra la subida “inasumible” del precio de los combustibles, que sitúa al sector en “una situación límite”.

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones han señalado que las fechas y las ubicaciones concretas en las que se desarrollarán sus manifestaciones y protestas se darán a conocer en los próximos días.

Las entidades agrarias han advertido de que la escalada de los costes de producción -derivada del encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes desde el inicio de la guerra en Irán y agravada en los últimos meses- ha hundido la rentabilidad de los agricultores y ganaderos en todos los sectores y territorios.

En concreto, el gasóleo agrícola alcanzó el pasado 7 de septiembre un precio de 1,649 euros por litro, según datos del Ministerio de Agricultura, lo que representa un incremento del 48% en comparación con el valor registrado hace un año.

Las organizaciones denuncian que este encarecimiento coincide con un momento crítico del calendario agrario, en plena campaña de siembras, vendimia, cosecha de maíz y a escasas semanas del inicio de la recogida de la aceituna.

Expiración de las ayudas

A este contexto se suma el fin de la ayuda a la compra de gasóleo agrícola, fijado para el próximo 30 de septiembre. Desde el sector critican que, a menos de dos semanas de que venza dicho plazo, ninguna Administración pública ha planteado respuestas ni alternativas para amortiguar el impacto económico, abocando al campo a afrontar la campaña de otoño sin ningún tipo de respaldo financiero.

Por ello, Asaja, COAG y UPA exigen medidas inmediatas a todas las Administraciones competentes y han realizado un llamamiento conjunto a todo el sector para secundar los actos de protesta.

El Centro Ifapa de Cabra (Córdoba) acogerá el martes 22 de septiembre la próxima jornada del Foro AgroGO! 2026, que, bajo el título 'Agua, tecnología y modelo productivo', reunirá a representantes de cooperativas, comunidades de regantes y universidad para analizar las oportunidades que ofrecen la digitalización y la Inteligencia Artificial y también sus límites.

Según ha informado la organización en una nota, hasta ahora, sensores, contadores, estaciones meteorológicas, imágenes de satélite y sistemas de monitorización han permitido obtener una fotografía cada vez más precisa de lo que sucede en una explotación. La conexión y actualización permanente de esos datos está convirtiendo esa fotografía en una película prácticamente en tiempo real.

Ahora la Inteligencia Artificial añade una posibilidad nueva: analizar simultáneamente enormes cantidades de información, identificar patrones y tratar de anticipar la siguiente escena.

De esta forma, la tecnología permite avanzar desde el conocimiento de lo que ya ha ocurrido o está ocurriendo hacia la predicción de lo que puede ocurrir: prever necesidades de los cultivos, ajustar decisiones de riego y fertilización, anticipar demandas, detectar anomalías o integrar variables productivas, meteorológicas y energéticas para elegir entre distintas alternativas.

La secuencia que plantea esta nueva agricultura es sencilla: medir mejor, comprender mejor, anticipar mejor y decidir mejor para competir mejor. Es una transformación que otros sectores económicos ya han comenzado a recorrer. Las grandes cadenas de distribución utilizan desde hace años enormes cantidades de datos y, cada vez más, inteligencia artificial para anticipar la demanda, ajustar sus compras, decidir qué productos deben estar disponibles en cada establecimiento y optimizar sus cadenas logísticas.

La agricultura comienza ahora a disponer de herramientas capaces de aplicar una lógica similar a la producción: integrar información sobre suelo, clima, agua, energía y cultivos para anticipar necesidades y tomar decisiones cada vez más precisas sobre qué hacer, cuándo y dónde.

Así las cosas, la jornada pondrá especialmente el foco en las consecuencias que esta transformación puede tener sobre el modelo productivo. Después del importante proceso de modernización desarrollado durante las últimas décadas, el potencial de la tecnología no reside exclusivamente en continuar reduciendo el consumo de agua, sino en aumentar la productividad y el valor generado con los recursos disponibles.

La aplicación de datos e inteligencia artificial puede contribuir así a producir más y con mayor calidad, optimizar el uso de energía y fertilizantes, reducir costes, disminuir incertidumbres y mejorar la capacidad de planificación de agricultores y comunidades de regantes.

Esa mejora puede extender sus efectos al conjunto de la economía rural. Una agricultura con mayor productividad, calidad y rentabilidad dispone de más capacidad para invertir, innovar y competir en los mercados internacionales, reforzando el potencial exportador de un sector esencial para Andalucía.

Al mismo tiempo, una agricultura cada vez más tecnificada necesitará nuevos perfiles profesionales vinculados a la agronomía, ingeniería, automatización, energía, análisis de datos o gestión empresarial. La transformación tecnológica puede contribuir así a generar empleo joven y cualificado, ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo profesional y hacer más atractiva la actividad agraria para las nuevas generaciones, contribuyendo así al equilibrio demográfico y a evitar la progresiva pérdida de población y servicios en los municipios rurales.

Necesidad de garantizar recursos

El Foro AgroGO! abordará también una cuestión esencial: ninguna transformación tecnológica elimina la necesidad de garantizar los recursos sobre los que se sustenta la producción.

La tecnología puede ayudar a utilizar de forma más inteligente el agua disponible y, sobre todo, a obtener de ella mayor producción, calidad y valor económico. Pero no puede sustituir el agua que no está disponible. La garantía hídrica continúa siendo imprescindible para proporcionar estabilidad a las producciones, reducir la incertidumbre y justificar las inversiones que exige la propia modernización tecnológica.

Garantía de agua y tecnología no son, por tanto, alternativas. La primera hace posible la producción; la segunda puede multiplicar el valor obtenido con ella. El reto consiste en avanzar simultáneamente en ambas para construir una agricultura más productiva, rentable y competitiva.

Esta relación entre agua, rentabilidad y futuro de la actividad agraria ha estado presente también en las anteriores sesiones del Foro AgroGO! En las dos primeras sesiones, los participantes situaron precisamente la garantía hídrica, junto con la rentabilidad, la digitalización y la innovación, entre las condiciones necesarias para atraer nuevas generaciones a la agricultura.

Participantes

La jornada comenzará con la bienvenida de Carmen González, directora Comercial de Red de Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla de CaixaBank. La mesa redonda estará moderada por Brígida Jiménez Herrera, doctora en Farmacia, consultora internacional y especialista en calidad y análisis sensorial del aceite de oliva virgen extra.

Participarán Jaime Martínez Conradi, gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía; Francisco de Mora Pérez, presidente de la Cooperativa Olivarera de Lucena, de la Comunidad de Regantes de Lucena y de la DO Aceite de Lucena; Emilio Camacho Poyato, catedrático de Ingeniería Hidráulica y director del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba; y Sensi Carmona Graciano, gerente de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra.

La IV edición del Foro AgroGO! se desarrollará durante 2026 en distintas provincias andaluzas para analizar los grandes retos estructurales del agro andaluz, vinculados tanto a la garantía hídrica como al relevo generacional y la sostenibilidad futura del sector. Jaén ha sido elegida como sede de esta primera jornada por representar uno de los territorios más sensibles a los desafíos de planificación hídrica y disponibilidad de agua para cultivos permanentes.

A fecha de 31 de agosto, las almazaras españolas estaban prácticamente vacías. La industria del aceite de oliva ha vendido a la fecha prácticamente toda la producción de la campaña, según los datos que maneja el propio Ministerio de Agricultura. El 95,1% de la producción nacional ya está en manos de las comercializadoras. Hay provincias como Córdoba donde se ha vendido ya el 98% del aceite de oliva producido.

Sin embargo, a los olivicultores no les salen las cuentas. Las comercializadoras están pagando cada vez menos en origen. Tan poco que para muchos agricultores vender con los precios actuales en origen les hace perder dinero. Sus márgenes están por debajo del umbral de la rentabilidad debido al incremento de los costes de producción de las últimas campañas.

Años atrás, España llegó al principio de la campaña de recolección de aceituna (que como muy pronto arranca en octubre aunque quizás se retrase algo por el calor) con poco aceite en las almazaras. Esto provocó cierta tensión en el sector e hizo que los precios se incrementaran. Por pura ley de la oferta y la demanda, a menor producto disponible mayor precio. Pero eso es algo que no está ocurriendo ahora por dos motivos: el primero es que se prevé que la próxima campaña sea mejor que la actual; el segundo, que las comercializadoras están importando aceite muy barato de Túnez para llegar sin problema al enlace entre una campaña y otra.

A 31 de agosto, España había producido 1.301.761 toneladas de aceite de oliva durante la campaña 2025/2026. Las salidas acumuladas de las almazaras alcanzaban ya las 1.237.583 toneladas. Es decir, el volumen que había salido de las almazaras equivalía al 95,1% de todo el aceite producido durante la campaña.

En Córdoba el ritmo de comercialización ha sido todavía mayor. Las 183 almazaras contabilizadas por el Ministerio en la provincia habían producido 246.922 toneladas y habían registrado unas salidas de 241.192 toneladas. El resultado es que el aceite que ya ha salido de las almazaras equivale al 97,7% de la producción cordobesa. Apenas queda, por tanto, un 2,3% de diferencia entre el aceite producido y las salidas acumuladas.

El dato es especialmente significativo porque Córdoba es una de las grandes potencias productoras del país. La provincia concentra aproximadamente el 19% de todo el aceite producido en España durante esta campaña y algo más del 25% de la producción andaluza. Andalucía, por su parte, suma 975.283 toneladas de producción y 945.493 toneladas de salidas a 31 de agosto.

De más de cuatro euros en origen a poco más de tres

La evolución de las cotizaciones durante el último año resulta especialmente ilustrativa. En septiembre de 2025, el aceite de oliva virgen extra se movía en el entorno de los 4,2 euros por kilo. El 18 de septiembre llegó a situarse en 4,02 euros por kilo según los registros de Infaoliva. Después, durante buena parte de la primavera y el verano de 2026, el aceite de oliva virgen extra se mantuvo alrededor de los 3,2 euros por kilo.

Un año después, las cotizaciones siguen lejos de aquellos niveles. En la referencia de Infaoliva correspondiente al 11 de septiembre de 2026, el AOVE se situaba en 3,414 euros por kilo para la referencia de noviembre y en 3,333 euros para diciembre; el aceite de oliva virgen cotizaba a 3,250 euros y el lampante a 3,186 euros por kilo.

Tomando como referencia los aproximadamente 4,02 euros por kilo del aceite de oliva virgen extra de septiembre de 2025 y los 3,33-3,41 euros actuales, el precio se encuentra aproximadamente entre un 15% y un 17% por debajo de aquel nivel. La caída es todavía más significativa si se compara con los máximos alcanzados en la crisis de abastecimiento de las campañas anteriores. El precio del aceite en origen llegó a registrar 8,98 euros por kilo en enero de 2024, en un mercado condicionado por dos campañas consecutivas de muy baja producción: 666.000 toneladas en 2022/2023 y 854.500 toneladas en 2023/2024.

Producir también cuesta mucho más

El precio actual puede parecer atractivo si se compara con los valores de hace apenas unos meses o con los máximos históricos, pero la referencia que importa al agricultor es otra: cuánto cuesta producir cada kilo de aceite.

Un estudio de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) actualizado en julio de 2026 cifra en torno a cinco euros por kilo el precio que necesitarían percibir los agricultores para mantener la rentabilidad en buena parte de los sistemas de cultivo. Según el estudio, los costes medios de producción del olivar han aumentado aproximadamente un 57% en los últimos seis años: cerca de un 40% entre 2020 y 2023 y otro 12% entre 2023 y 2026. Un precio de tres euros por kilo que hace 15 años podía considerarse satisfactorio ha dejado de ser suficiente para cubrir los costes de buena parte de las explotaciones.

Las diferencias según el tipo de olivar son además enormes. El coste de producir un kilo de aceite alcanza los 5,31 euros en el olivar tradicional no mecanizable, típico de las zonas de sierra. En el olivar tradicional mecanizable se sitúa en 4,67 euros por kilo en secano y 4,18 euros en regadío. Incluso los modelos más eficientes presentan costes superiores a los tres euros: el olivar intensivo alcanza 3,52 euros en secano y 3,20 en regadío, mientras que el olivar en seto se sitúa en 3,17 euros en secano y 3,08 en regadío.

La fotografía resulta así especialmente complicada para el olivar tradicional. Con cotizaciones en origen próximas a los 3,2-3,4 euros por kilo, una parte importante de los agricultores está vendiendo por debajo de sus costes reales de producción.

El propio estudio de AEMO advierte de que, sin un escenario de precios próximo a los cinco euros por kilo, buena parte de las explotaciones tradicionales españolas se verá obligada a producir por debajo del umbral de rentabilidad.

Las importaciones procedentes de Túnez se han convertido precisamente en uno de los principales focos de preocupación para las organizaciones agrarias. OliveA Tradición y Progreso ha denunciado que el incremento de estas compras está contribuyendo a presionar a la baja las cotizaciones que reciben los productores españoles.

Según esta organización, las importaciones de aceite tunecino han aumentado un 85% desde 2016, hasta alcanzar una media anual de unas 123.000 toneladas. En los cuatro primeros meses de 2026, el 96% del aceite procedente de Túnez habría entrado mediante el régimen de perfeccionamiento activo, que permite introducir mercancías de terceros países sin derechos arancelarios bajo determinadas condiciones vinculadas a su transformación y posterior reexportación.

A cierre de junio, España había importado ya unas 202.000 toneladas de aceite de oliva, según los datos citados por OliveA, un volumen equivalente al 92% de lo que la organización esperaba para todo el ejercicio. La organización considera que este aceite importado puede sustituir compras de producto nacional y ejercer presión sobre las cotizaciones en origen. No obstante, se trata de una interpretación defendida por las organizaciones agrarias y no de una conclusión oficial que atribuya por sí sola a las importaciones la caída de precios.

La preocupación ha llegado también a la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz pidió el pasado 2 de septiembre al Ministerio de Agricultura que solicite a la Comisión Europea la suspensión del régimen de perfeccionamiento activo para el aceite de oliva con el argumento de que puede estar generando una distorsión del mercado.

Asaja Córdoba también ha reclamado transparencia sobre los volúmenes de aceite tunecino que están entrando y sobre las condiciones de estas operaciones, ante una evolución de los precios que, a juicio de la organización agraria, no se corresponde con la situación de disponibilidad del mercado.

Córdoba vivirá esta semana varias jornadas con avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por temperaturas que pueden superar los 40 °C en el observatorio del aeropuerto y algunos más en distintos puntos de la ciudad. De hecho, la previsión meteorológica para esta semana señala cómo a partir de mitad de semana el calor extremo de nuevo se hará presente en la zona del Valle del Guadalquivir. Pero, a estas alturas del calendario comenzando septiembre este martes, ya ha expirado la jornada especial de verano en sectores como el campo o la construcción que buscaba protegerles del calor del verano. Y, ahora, afrontan estos días con ese mismo calor pero sin el horario restringido para no estar expuestos a las temperaturas más elevadas.

En el caso de los trabajadores del campo, el convenio establecía que la jornada intensiva se aplicara este año entre el 1 de junio y el 31 de agosto. En la construcción, se ha hecho lo propio entre el 8 de junio y el 28 de agosto y en esta semana hasta el 4 de septiembre ya se amplía la jornada una hora más, aunque sigue siendo de forma continuada, pero alcanzando un horario donde el sol azota. Con todo, ante ellos se vislumbra una semana difícil por el calor sofocante, con el inicio del mes de septiembre, en la que ya no tienen la cobertura de la jornada especial de pleno verano. La Aemet ya ha activado el aviso amarillo por calor en la zona central de Córdoba —que incluye a la capital— para este mismo lunes y se espera que se alcancen los 40 °C e incluso se sobrepasen a partir del miércoles. De ser así, la Aemet tendría que activar el aviso naranja en Córdoba.

Con esas temperaturas y sin la obligación de la jornada especial de verano en la construcción y el campo, los trabajadores podrían sufrir en las horas centrales del día el calor de estas jornadas mientras faenan. Para evitar el calor y el efecto del sol en esas horas, en verano los trabajos en el campo —por ejemplo—, se inician muchas veces al alba o incluso de madrugada, como medida de protección de los trabajadores y también para los propios productos que se recolectan. En la construcción, también se ha aplicado la jornada reducida y en horario continuado de mañana, para terminar antes de las 15.00, siendo lo normal de 7.00 a 14.00. Pero ese horario ya ha decaído. Solo en el caso particular de cada empresa, se podría negociar un horario adaptado, que luego habría que cuadrar en el cómputo anual de horas trabajadas.

En la provincia de Córdoba hay unos 52.000 trabajadores del campo y unos 20.000 de la construcción, las dos principales actividades afectadas por esta situación, con el desarrollo de sus labores en el exterior con las temperaturas que haya. Asimismo, hay otros trabajadores cuyos convenios no establecen la jornada intensiva aunque sí la recomendación de hacerla, como es el caso del sector de la madera —5.000 trabajadores— o en los derivados del cemento —otros 2.000 empleados—. Y otros muchos trabajadores que desarrollan su actividad en la calle, como repartidores o guías turísticos por ejemplo, de nuevo sufrirán las altas temperaturas en Córdoba.

Medidas contra el calor

Para estos sectores laborales también se acude al decreto sobre temperaturas extremas, que establece que ante un aviso amarillo, naranja o rojo por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se puede llegar a acordar entre empresa y trabajadores una reducción de la jornada durante el periodo del aviso y recuperar esas horas más adelante. De hecho, en este decreto se incluyen medidas que llegan a proponer que el trabajador puede dejar su tarea si no tiene las condiciones adecuadas debido al calor.

Se trata del Real Decreto-ley 4/2023 (RD), de 11 de mayo, que establece la obligación del empresario de prever medidas adecuadas frente a los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por frío, viento, lluvia o, como ahora, por calor. Entre esas medidas también está la de proporcionar más descansos, realizar los trabajos físicos más fuertes a primera hora de la mañana y asegurar el acceso a agua fresca.

En otros sectores como el de la madera, el metal o los derivados del cemento, donde actualmente no está incluida la jornada intensiva en sus respectivos convenios, sí se establece como recomendación que la empresa puede seguir. En general, muchas empresas cumplen un horario propio en verano, tiempo en el que la vida se adapta al termómetro en la provincia de Córdoba. En cualquier caso, existen otro tipo de medidas, más allá de la jornada intensiva, que se deben llevar a cabo ante el alza de las temperaturas, como es una correcta hidratación, mantener protegida la cabeza del sol directo, utilizar ropa adecuada para el calor y, en general, cumplir con todas las normativas de prevención laboral.

La senadora del PP de Córdoba Lorena Guerra ha criticado este miércoles “el abandono que sufre el sector agrario tras los graves incendios registrados este verano” y ha exigido al Gobierno “la activación inmediata de ayudas para los agricultores y ganaderos que han visto arrasadas sus explotaciones”.

“Detrás de cada hectárea calcinada no sólo hay árboles o cultivos, sino explotaciones familiares, ganado, maquinaria, inversiones y el esfuerzo de toda una vida que ha quedado reducido a cenizas en apenas unas horas”, ha afirmado la popular en una nota.

Guerra ha recordado que “recuperar una explotación agrícola o ganadera requiere años de trabajo, inversión y sacrificio”, por lo que considera “imprescindible una respuesta rápida por parte del Estado”. “El campo no puede sentirse sólo cuando más necesita el respaldo de las instituciones”, ha subrayado, para apostillar que “las familias afectadas necesitan soluciones, no silencio”.

La senadora popular ha criticado “la ausencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en uno de los momentos más difíciles para el sector”. “Mientras miles de agricultores y ganaderos luchaban por salvar sus explotaciones y afrontaban pérdidas irreparables, el ministro ha vuelto a demostrar que está más pendiente de su agenda y de su futuro político que de defender al campo español”, ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que “un ministro de Agricultura tiene la obligación de estar al lado de quienes sostienen el sector primario, visitar las zonas afectadas, escuchar a los damnificados y liderar la respuesta del Gobierno”. “Luis Planas ha vuelto a dar la espalda al campo cuando más lo necesitaba”, ha reprochado.

Guerra ha anunciado que el PP llevará esta situación a la Cámara Alta. “Desde el Senado vamos a exigir al Gobierno de España la puesta en marcha inmediata de ayudas directas, beneficios fiscales, medidas extraordinarias de recuperación y todo el apoyo necesario para que agricultores y ganaderos puedan reconstruir sus explotaciones y recuperar cuanto antes su medio de vida”, ha dicho.

“El campo español merece un Gobierno que esté a su lado en los momentos más difíciles”, ha defendido, para manifestar que “los agricultores y ganaderos no pueden seguir sintiéndose abandonados mientras ven desaparecer entre las llamas el trabajo de toda una vida”.

La Junta de Andalucía ha suspendido la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos durante la temporada 2026-2027. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), afecta a la recolección en olivares en seto mediante cosechadoras cabalgantes entre la puesta y la salida del sol.

La Resolución de 30 de julio de 2026, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, tendrá una vigencia de un año. Con ella se busca evitar los efectos negativos que esta práctica puede ocasionar sobre determinadas especies de aves y compatibilizar la actividad agrícola con la conservación de la biodiversidad.

Durante la migración y la invernada, numerosas aves encuentran alimento, refugio y descanso en los olivares. Su función resulta especialmente relevante en grandes zonas agrícolas, donde estos cultivos constituyen en muchos casos una parte importante de la superficie arbolada disponible para la fauna silvestre. Así, el sistema superintensivo o en seto concentra un mayor número de plantas y forma líneas continuas de olivos. La aceituna se recoge con cosechadoras cabalgantes, que pasan por encima de esas líneas y derriban el fruto mediante mecanismos de vareo. Al incorporar sistemas de iluminación, estas máquinas pueden trabajar también durante la noche.

De esta manera, para conocer los posibles efectos de esta actividad sobre la avifauna se realizaron 44 controles de campo en 137 hectáreas representativas del olivar en seto en producción en Andalucía. Los trabajos permitieron avistar 8.127 aves pertenecientes a 66 especies diferentes. De los estudios se desprende que estos olivares albergan una avifauna relevante, similar en número de especies y ejemplares a la existente en otros sistemas de cultivo tradicional.

También se ha determinado que la recogida nocturna produce efectos negativos sobre determinadas especies y que las medidas disuasorias ensayadas hasta ahora no han conseguido reducirlos. En el 30% de la superficie controlada, no obstante, estos efectos fueron nulos o muy bajos. Ante estos resultados, la suspensión pretende prevenir daños y seguir avanzando en unas prácticas agrícolas compatibles con la protección de las aves. La decisión responde igualmente a la normativa europea, estatal y autonómica sobre conservación de la fauna silvestre, biodiversidad y sostenibilidad ambiental del olivar.

Fuera de esta limitación quedan las parcelas donde se desarrollen proyectos técnicos de investigación, desarrollo e innovación autorizados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, siempre que tengan carácter experimental y no comercial.

Estos ensayos permitirán evaluar alternativas tecnológicas que puedan hacer compatible la cosecha nocturna con la conservación de la biodiversidad. Si los futuros estudios aportan métodos suficientemente contrastados y seguros para evitar daños sobre las aves, la suspensión podrá dejarse sin efecto mediante una nueva resolución que establezca el uso obligatorio de esas soluciones.

Junto con la suspensión, se ha aprobado el sexto Plan Sectorial de Inspección Medioambiental para el Control de la Recogida Nocturna en Olivar Superintensivo mediante Cosechadora Cabalgante. Su ámbito de aplicación comprende toda Andalucía y su ejecución coincidirá con el periodo de cosecha.

A lo largo del año se realizarán al menos 80 inspecciones nocturnas en fincas con olivares superintensivos. Las visitas se distribuirán entre las provincias de forma aproximadamente proporcional a la superficie existente de este tipo de cultivo y se desarrollarán entre el ocaso y el orto.

De cada inspección se levantará un acta en la que constarán la finca y los lugares visitados. Una vez finalizado el programa, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad elaborará un informe con los resultados obtenidos en el conjunto del plan. La resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA.

“Pruebas a cultivarlo fuera de aquí, con la misma semilla y no sale igual”, relata Antonio Carmona, hortelano de Alcolea, a este periódico al ser preguntado por lo que tiene entre sus manos. No es nada más ni nada menos que un tomate que pesa más de un kilo. “Y no son los más grandes que hemos visto en esta cosecha”, explica mientras saca el móvil y enseña un ejemplar de cerca de dos kilogramos. Desde el Camino del Azud hasta muchos rincones de la capital cordobesa e incluso de toda la provincia.

Para los que no lo sepan, el tomate de Alcolea ha sido un reclamo muy alto para los amantes de esta hortaliza -o fruta para muchos-. Su color rosado, su sabor, carnosidad, piel final y, sobre todo, tamaño ha hecho que sea algo singular. Y es lo que recuerda Antonio. “Se intenta cultivar en otras zonas y no sale igual, pero otras especies sí que se cultivan aquí y salen genial”, argumenta Antonio Carmona.

En apenas diez minutos, dos coches se acercan a la extensión a comprar lo mismo: tomates. Y es que la explotación no es un negocio recién llegado, sino que es un legado vivo. Ya son tres las generaciones que han trabajado en esta tierra, mientras que el hijo de Antonio ya ayuda también. El tiempo aquí suele medirse por cosechas. Al frente de la venta y el trato con el público sigue Carmen, la madre de Antonio, quien a sus más de 80 años ya ha dedicado más de 50 de su vida a esta parcela.

Por su parte, Antonio lleva las riendas del negocio desde hace 15 años, aunque su formación empezó mucho antes. Mientras estudiaba, dedicaba sus ratos libres a echar una mano a su padre, aprendiendo los secretos de un oficio que exige una entrega absoluta. Hoy, esa dedicación se traduce en una producción que, aunque variable según el año y la meteorología, puede alcanzar los 10.000 kilos de tomates en una buena temporada.

La variedad en la cosecha y el 'boca a boca'

Pese a que el tomate es el “producto estrella” y el reclamo principal, la huerta de Antonio no es algo que se centra únicamente en este producto, sino que no se detiene cuando acaba el verano. El ciclo agrícola en este sentido es constante y se mantiene: mientras los meses de calor abundan los calabacines, pepinos y berenjenas, a partir de agosto ya se preparan los semilleros de coles y escarolas para el invierno. Una estampa de campo en pleno Camino del Azud donde ya cada vez quedan menos huertas.

Aun así, la fama de estos tomates ha cruzado los límites de la barriada, ya son productos típicos cordobeses. Según ha explicado Antonio a este periódico, entre el 90 y el 95% de sus clientes provienen de Córdoba capital, incluso ya hay gente que viene de pueblos aledaños. Es un fenómeno de peregrinación gastronómica donde el 'boca a boca' ha sido la mejor campaña de marketing; muchos de los compradores actuales ya eran clientes de su padre y han mantenido la fidelidad a lo largo de las décadas.

Además, la relación directa que ha conseguido Antonio Carmona con el consumidor es la base de su filosofía de trabajo. El cordobés prefiere vender directamente a particulares en su casa que someterse a las condiciones de las grandes cadenas o de la restauración masiva. Para él, vender en su propio entorno le permite evitar los precios impuestos y el estrés de la distribución en la ciudad, manteniendo el control sobre su producto y su tiempo.

El trato es tan personal que incluso los clientes le llaman directamente por teléfono para preguntar si “hay tomates” antes de desplazarse. “Para mí hay clientes que después de tantos años ya se han convertido también en familia”. Esto hace que el propio Antonio Carmona sea sincero, porque la naturaleza manda: si no hay producción ese día, no se puede inventar, pues depende totalmente de lo que la mata sana quiera ofrecer bajo el rigor del clima cordobés, que ha hecho mella en las últimas semanas con el calor.

Entretanto, que los tomates estén en la casa de muchos cordobeses no es fruto de la casualidad, ya que el trabajo en el campo es, sin embargo, de una dureza extrema. La jornada de Antonio comienza a las 7:00 y se extiende, en muchas ocasiones, hasta que cae el sol. El calor es el principal adversario, afectando tanto a la maduración del tomate como a la resistencia física de los trabajadores, quienes deben estar constantemente pendientes del riego y la salud de las plantas para que la cosecha no se pierda.

A pesar de los desafíos, Antonio no está solo; cuenta con el apoyo de dos personas más en la explotación y, por supuesto, con el pilar fundamental que es su madre en el punto de venta. Carmen siempre está con una sonrisa en la boca y debate con todo aquel que busca comprar tomates. La venta entre familia, como antes de que las grandes cadenas fuesen protagonistas. Juntos forman un equipo que resiste a la industrialización del sector, apostando por la calidad y la cercanía que solo una huerta familiar puede ofrecer.

El olivar tradicional da un paso al frente con la presentación, en Córdoba, de la nueva asociación OliveA Tradición y Progreso, que nace con vocación nacional para defender la viabilidad económica, social y medioambiental del modelo de cultivo que representa la mayor parte del olivar español. La entidad surge con un mensaje claro: preservar el patrimonio histórico, cultural y paisajístico que representa el olivar tradicional, incorporando al mismo tiempo innovación, conocimiento y nuevas tecnologías que permitan garantizar su rentabilidad y su continuidad en el futuro. “Nuestro propio nombre resume nuestra razón de ser. Tradición significa conservar el patrimonio que hemos heredado: nuestro olivar, nuestro paisaje y nuestras gentes. Y progreso significa entender que no basta con hacer lo de siempre. Tenemos que incorporar el conocimiento, la tecnología y las nuevas herramientas para que ese patrimonio siga siendo viable y rentable para las próximas generaciones”, afirmó el presidente de OliveA, José Gilabert.

La asociación defiende la convivencia de todos los modelos productivos presentes en el sector, aunque reclama una diferenciación clara de cada sistema y de los valores que aporta el olivar tradicional. “No estamos aquí para enfrentar modelos de producción. Lo que defendemos es que no son lo mismo y que deben valorarse adecuadamente. Lo importante es que cada modelo aplique buenas prácticas agronómicas, ambientales y comerciales para generar más valor. El olivar tradicional tiene todavía un amplio recorrido por delante en ese camino y OliveA quiere contribuir a acelerarlo”, señaló Gilabert.

La asociación plantea una hoja de ruta basada en dos grandes pilares: la representación institucional de los olivareros tradicionales y la puesta en común de estrategias que permitan diferenciar y valorizar los aceites procedentes de variedades tradicionales. Entre las líneas de trabajo destacan la mejora de las prácticas agronómicas, la apuesta por una producción más sostenible y ecológica, el adelanto de las campañas de recolección para obtener aceites de mayor calidad, la reducción de costes de producción y la búsqueda de soluciones al creciente problema de la falta de mano de obra.

En este sentido, la vicepresidenta de OliveA, Nuria Yáñez, destacó que el futuro del olivar tradicional pasa por la profesionalización, la innovación y el trabajo conjunto entre agricultores, cooperativas y entidades técnicas. “Estamos convencidos de que proteger el olivar tradicional es proteger el medio rural, sobre todo porque el 70% del olivar de Andalucía es tradicional. Hablamos de un modelo que genera empleo, fija población, conserva el paisaje y contribuye al equilibrio ambiental. Nuestro objetivo es dar voz a esos agricultores y ayudarles a mejorar su rentabilidad mediante la modernización de las explotaciones, la digitalización, la adaptación de maquinaria específica para este tipo de cultivo y el impulso al relevo generacional”, explicó.

OlivA Tradición y Progreso considera fundamental avanzar en una estrategia comercial común que permita mejorar el posicionamiento de los aceites procedentes del olivar tradicional. “Durante demasiado tiempo hemos producido excelentes aceites sin construir una estrategia conjunta para defender su valor. Necesitamos ordenar la comercialización, comunicar mejor nuestras fortalezas y ofrecer al consumidor un producto diferenciado, sostenible y certificado que compita por su calidad”, defendió el presidente de OliveA, y confirmó: “Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas deben desempeñar un papel clave en este proceso, certificando tanto el origen como la calidad diferencial de los aceites elaborados a partir de variedades tradicionales. El mercado necesita reconocer no sólo la calidad intrínseca del aceite, sino también todos los bienes públicos que genera el olivar tradicional: empleo, biodiversidad, fijación de población, protección del paisaje y desarrollo económico ”.

OliveA reclama una revisión de los criterios de apoyo público al sector para priorizar a los olivares de montaña, alta montaña y secano. “Las ayudas deben dirigirse prioritariamente a quienes más las necesitan. No tiene sentido aplicar los mismos criterios a explotaciones altamente eficientes que a olivares que soportan costes mucho mayores y desempeñan una función social y ambiental fundamental para nuestros territorios”, defendió el secretario de OliveA, Rafael Almirón, que añadió: “Trabajaremos para lograr un reparto más justo de los recursos hídricos y una adaptación de las políticas agrarias a las necesidades reales del olivar tradicional”.

En cuanto a la situación actual del mercado del aceite de oliva, en OliveA consideramos imprescindible recuperar niveles de precios que permitan la viabilidad económica de las explotaciones, porque hay mercado para todos los aceites. “No podemos permitir que el futuro del sector pase por expulsar a miles de agricultores para que unos pocos concentren el negocio. El olivar tradicional tiene derecho a competir y a seguir siendo una fuente de riqueza para nuestros pueblos”, concluyó José Gilabert.

El sector del aceite de oliva en España atraviesa una situación de extrema tensión, una vez más. Esta vez, la tensión de los productores está marcada por una persistente caída de los precios en origen que contradice los fundamentos básicos del mercado. Según los datos actualizados a fecha de este viernes por el portal Oleista.com, el precio medio del aceite de oliva virgen extra (AOVE) en España se sitúa en 3,85 euros por cada kilo producido, lo que representa un descenso del 3,50% en los últimos diez días.

Este desplome es todavía más acusado en otras categorías, con el aceite virgen cotizando a una media de 3,27 euros por cada kilo producido (un 19,56% menos en diez días) y el lampante situándose en los 3,08 euros por cada kilo producido, tras registrar una caída del 19,85% en el mismo periodo. Esta tendencia a la baja resulta paradójica para los productores, ya que la campaña 2025/26 ha registrado una producción entre un 3% y un 6% inferior a la anterior en España, sumado a un descenso del 4% en la producción mundial según el Consejo Oleícola Internacional.

Esta “ecuación rota” supone que, a pesar de haber menos aceite disponible y de que los costes de producción se han disparado un 60% por el encarecimiento de la energía y los fertilizantes, los precios que percibe el agricultor siguen hundiéndose. Actualmente, las cotizaciones se encuentran significativamente por debajo del umbral de rentabilidad, estimado en unos 4,50 euros por cada kilo producido para el olivar tradicional, lo que está provocando que muchas explotaciones trabajen bajo pérdidas operativas.

Organizaciones como COAG denuncian que esta situación no responde a razones agronómicas, sino a una estrategia deliberada de los envasadores que, aprovechando su posición de poder en el mercado (oligopsonio), habrían paralizado las compras desde mediados de abril para forzar una bajada de precios y generar incertidumbre entre los productores.

A este escenario de presión se suma la denuncia sobre el denominado “aceite fantasma tunecino”, un producto que entra en España eludiendo los aranceles ordinarios y que, en muchos casos, pierde su rastro de origen tras pasar por países como Portugal antes de llegar a los lineales de los supermercados españoles. Se estima que el 81% del aceite de Túnez importado en 2025 utilizó cauces que esquivan los controles del contingente europeo, compitiendo de forma desleal con el producto nacional.

Por otro lado, la confianza en el mercado se ha visto seriamente dañada por un error detectado en los datos de mayo publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), lo que provocó un parón en las operaciones comerciales y contribuyó a la desestabilización de los precios. Ante este clima de inestabilidad, el Ministerio de Agricultura ya ha iniciado la consulta pública de una norma de comercialización para la campaña 2026/27 con el objetivo de regular la oferta y tratar de estabilizar el funcionamiento de un mercado que actualmente se encuentra profundamente tensionado.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Deportes y presidenta del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Isabel Albás, han inaugurado este jueves el campo de fútbol de las instalaciones deportivas municipales El Naranjo, tras contar con una inversión de unos 450.000 euros para su rehabilitación integral.

En el propio campo de fútbol, junto al delegado en Córdoba de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Martín Torralbo, y otros representantes deportivos y de la empresa adjudicataria cordobesa, el alcalde ha valorado que han quedado “en un estado excelente para la práctica deportiva de fútbol, no sólo el campo, sino también la zona de vestuarios y el graderío”, entre otras zonas.

El primer edil ha recordado que hace un año tuvieron una reunión con la Federación Andaluza de Fútbol “para revisar el estado de los campos de fútbol de la ciudad y se estableció un código semafórico”, de cara a actuar en algunos de esos campos porque el estado para la práctica deportiva de fútbol “empezaba a ser difícil y en algunos casos, como en este, directamente no se podía”.

Al respecto, ha explicado que se actúa “gradualmente en los campos que se cierran y los equipos se trasladan a otros campos”, precisando que la próxima actuación será en el Fontanar, con una inversión de alrededor de 300.000 euros.

Entretanto, el alcalde ha subrayado que “la ciudad afortunadamente cuenta con una buena red de instalaciones deportivas municipales y de campos de fútbol”.

Demanda de los clubes y vecinos

Mientras, Albás ha resaltado que “es un día para estar muy contentos” después de “un trabajo arduo y complejo, porque la instalación no estaba en muy buenas condiciones” y era “muy demandada por clubes y vecinos”, de manera que “va a permitir recuperar plenamente la práctica deportiva en estas instalaciones”, para fútbol once y siete.

Como apunte, ha citado que “el fútbol once estaba clausurado aquí por la Real Federación Andaluza de Fútbol a finales de 2023 por el deterioro que presentaban las instalaciones y se habían detectado en la base del terreno también unas complicaciones importantes”.

En palabras de Albás, “la actuación desarrollada en esta instalación es de las más significativas realizadas durante este mandato”, al tiempo que ha indicado que “es un equipamiento clave dentro de la red de campos de fútbol municipal”.

Ante ello, ha aseverado que se ha llevado a cabo “una modernización integral de la red de riego, la instalación de césped artificial de última generación con certificación FIFA, la reforma integral de vestuarios, la renovación del mobiliario y equipamiento, los cerramientos, accesos, vallados, torres de iluminación y elementos exteriores.

Además, la edil ha destacado que “esta intervención se suma a las de Alcolea, Vista Alegre, Margaritas y Asomadilla”, de forma que “ya es la quinta que se inaugura para favorecer y ofrecer la práctica deportiva a todos los vecinos y los clubes”, ha elogiado.

Un reciente informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Mapfre ha revelado que Córdoba ha registrado un total de 31 víctimas mortales en siniestros agrícolas en el periodo analizado de 2010-2023. Una situación que sitúa a la provincia cordobesa en una posición intermedia dentro del ranking nacional, siendo más concretamente la número 17, compartiendo el mismo número de fallecidos con otras provincias como Burgos y Jaén.

Este informe, al que ha tenido acceso este periódico, compara la incidencia de accidentes mortales en el sector agrario y ahí demuestra que la mayoría se concentran en la cornisa noroccidental de la Península Ibérica. De hecho, La Coruña lidera esta estadística con 92 fallecidos en apenas 13 años, seguida de Lugo con 73 y Pontevedra con 72, cifras que duplican o incluso se quedan cerca de triplicar los registros de Córdoba. Por su parte, otras provincias con alta siniestralidad son Murcia y Valencia, ambas con 69 víctimas.

1.620 muertos en el sector agrario y en el 87% de los casos intervino una máquina

El documento identifica a nivel nacional un total de 1.620 fallecidos en el sector agrario desde 2010 hasta 2023, un total de trece años que supone una media de 116 muertes anuales. Dentro de estas cifras, Córdoba representa el 2% del total de estas víctimas, una cifra significativa que subraya la necesidad de paliar este problema. Aunque más aún si se tiene en cuenta el factor principal de estos sucesos: una máquina agrícola.

Del total de fallecidos en España, 1.407 personas perdieron la vida en accidentes donde intervino una máquina agrícola, lo que representa el 87% de los casos. Más concretamente, el tractor es, el vehículo más peligroso, estando en el 70% de los accidentes mortales registrados. El análisis, por el otro lado, indica que el vuelco es el tipo de accidente más frecuente, causando 777 muertes en el periodo estudiado, lo que equivale a un fallecimiento por semana en España.

Este último dato aumenta su gravedad aún más cuando el informe confirma que el 90% de los tractores implicados en vuelcos mortales no disponía de una estructura de protección o llevaba el arco de seguridad abatido. Es decir, que la mayoría de estas muertes podrían haberse evitado si se hubieran utilizado los sistemas de protección y el cinturón de seguridad.

Asimismo, el perfil de la víctima en estos siniestros es que el 94% son hombres y la edad media se sitúa en los 59,8 años. Por otro lado, el mes de mayo es el más crítico en este sentido, acumulando 159 siniestros mortales a nivel nacional. Los lunes y martes son los días con más accidentes y la franja horaria se sitúa entre las 16:00 y las 18:00.

El estudio ha advertido, a su vez, que las estadísticas oficiales solo recogen el 29% de la siniestralidad real. Esto se debe a que muchos de estos accidentes ocurren en ámbitos privados o involucran a personas que no están dadas de alta como trabajadores agrarios por cuenta ajena, lo que invisibiliza el problema ante la administración pública. Por tanto, tanto la Universidad de Navarra como la de Zaragoza y la Fundación Mapfre ha recomendado fomentar la renovación del parque de maquinaria, sobre todo para paliar la falta de los sistemas de seguridad avanzada en modelos antiguos.