El campo cordobés afronta unos meses donde los problemas poco a poco se van acumulando, y eso puede afectar –y mucho– a una producción de la que depende gran parte de la provincia. Más concretamente, el sector agrario encara un otoño crítico debido a una combinación de costes disparados y precios de venta a la baja que sitúan a las explotaciones en una posición límite. De hecho, las principales organizaciones agrarias como son Asaja, UPA y COAG han emitido un comunicado conjunto donde advierten de concentraciones inmediatas si no consiguen una solución en un plazo corto de tiempo.

En primer lugar, este periódico se ha puesto en contacto con Paco Moreno, secretario general de UPA Córdoba, quien ha advertido de que este es un problema más que real, motivado por el encarecimiento de los fertilizantes, fitosanitarios y mano de obra, además de la especulación que trae consigo un mercado que actualmente está muy mermado y la finalización de las ayudas públicas al combustible, sobre todo al gasóleo agrícola.

Además, Cordópolis también ha contactado con la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, que ha explicado que muchos agricultores se plantean no sembrar ante la escalada de los precios del gasóleo agrícola. Esta asfixia económica no solo afecta a las labores de siembra de las explotaciones hortícolas y cultivos rotativos, sino también al coste de los tratamientos anteriormente mencionados.

Aun así, las principales tensiones económicas vienen por el combustible, que acumula una subida de alrededor del 48% en los últimos meses y que ya supera los 1,60 euros por litro en la gran parte de los casos. Este incremento notable se ha producido justo a las puertas de las labores más importantes de la temporada en el campo cordobés, como la preparación de las siembras o el inicio de la recogida de la aceituna, a lo que se suma el aumento de los costes derivados, por ejemplo, de los fertilizantes.

Y ahí también entra en acción los diferentes conflictos bélicos que están repartidos por el mundo. Por un lado, la guerra de Ucrania, unido a un periodo de sequía notable en la provincia de Córdoba, provocó la primera tractorada de las varias que hubo en 2024. Ahora, las posibles concentraciones llegan merced a las consecuencias económicas y de logísticas que traen consigo la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, con un Estrecho de Ormuz que se consolida como un punto estratégico para dichos países.

El aceite de oliva, el principal problema en el campo cordobés, aunque no el único

Todo ello provoca el encarecimiento en los costes de producción. Pero hay un problema que está acuciando la crisis del aceite de oliva en Córdoba: los precios que perciben los agricultores por sus cosechas continúa cayendo sin justificación. En este sector, la cotización del virgen extra se sitúa entre los 3,50 y 3,70 euros por kilo, a pesar de que la campaña 2025/2026 ha registrado una producción inferior a la aforada y ya se ha vendido todo el producto disponible.

Una cotización que choca de manera frontal con los análisis de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), que sitúan el coste real de producir un kilo de aceite en el olivar tradicional entre los 4,70 y los 5,30 euros, muy por encima de la cotización que está alcanzando actualmente el virgen extra en el mercado.

Según ha remarcado Paco Moreno a este periódico, el desajuste está haciendo que numerosos olivicultores de la provincia de Córdoba se están planteando si les merecerá la pena recolectar la aceituna esta campaña o si tomar la decisión de salir al campo dependerá únicamente para “perder menos dinero”, todo ello como consecuencia de los costes y las cotizaciones en el mercado.

Por su parte, Carmen Quintero también ha realzado los otros problemas que existen en el campo cordobés. Y es que muchos productores se han visto obligados a dejar sus productos en el campo al no cubrir los costes mínimos de producción. Muestra de ello ha sido la reciente campaña estival de melón y cebolla, así como la de la patata, con cotizaciones al agricultor de apenas 18 céntimos por kilo.

El 30 de septiembre y una fecha crítica para el devenir del sector

Por otro lado, uno de los condicionantes más notables en este sentido es la subida de los combustibles, como se ha mencionado anteriormente. Pero lo reseñable es que el 30 de septiembre expira la ayuda estatal a la compra del gasóleo agrícola sin que las administraciones, de momento, hayan presentado propuestas de prórroga ni alternativas sobre la mesa. Ante esta falta de respuesta, las organizaciones Asaja, COAG y UPA, como se ha mencionado anteriormente, han anunciado movilizaciones en toda España.

Paco Moreno ha subrayado que, de no anunciarse medidas urgentes antes del cierre de mes, los agricultores y ganaderos no tendrán otra opción que salir a la calle. La intención de las organizaciones agrarias es mantener un frente común de protesta para exigir soluciones inmediatas que eviten el asfixiamiento financiero del campo cordobés y del conjunto del sector primario español. Una situación que podría recordar a lo vivido en 2024 tanto en Córdoba como en la provincia.

La preocupación con la situación de la producción de leche

Asimismo, el aceite de oliva no es la única problemática que hay actualmente en el sector cordobés. Ahora, existe cierta preocupación en el Valle de los Pedroches debido a la disminución en la producción de leche atribuida a una sospecha de enfermedad de origen vectorial. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y la cooperativa COVAP mantuvieron una reunión el pasado miércoles con los productores para coordinar el seguimiento de la patología -que no representa ningún riesgo para la salud pública- y recomendar la aplicación de repelentes contra insectos vectores como el mosquito Culicoides.

Pese a ello, el líder provincial de UPA ha transmitido a Cordópolis un mensaje de tranquilidad al señalar que la situación en la comarca no es alarmante y que el Valle de los Pedroches se sitúa entre las zonas menos afectadas, contando con el respaldo de Covap como una de las cooperativas que mejor retribuye la leche en España y la próxima llegada de ayudas autonómicas específicas. Sin embargo, la organización ha insistido en que es vital mantener una vigilancia activa y articular medidas de apoyo integrales para evitar que este cúmulo de adversidades termine por ahogar la economía rural de Córdoba durante los próximos meses.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que el Gobierno trabaja para aprobar “próximamente” medidas que supongan una nueva compensación a la subida del precio del gasóleo hasta el máximo que permite la Comisión Europea.

Planas ha explicado en concreto que trabaja con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con el Ministerio de Hacienda para dar respuesta a las peticiones de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) de las que ha asegurado ser “perfectamente consciente”.

El ministro ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas sobre la convocatoria urgente de movilizaciones en toda España anunciada este viernes por Asaja, COAG y UPA en protesta contra la subida “inasumible” del precio de los combustibles, que sitúa al sector en “una situación límite”, han advertido las OPA.

Planas ha recordado al respecto que España ha conseguido que la Comisión Europea autorice hasta el 31 de diciembre un techo máximo para compensar con ayudas de Estado hasta el 70% del incremento que se haya producido en el gasóleo agrícola y en el gasóleo pesquero, sobre lo que trabaja ahora su departamento con los de Economía y Hacienda.

El titular de Agricultura ha trasladado su máximo respeto a las decisiones de las organizaciones profesionales agrarias pero ha aprovechado la ocasión para recordar que el precio del petróleo, de los fertilizantes, del gas o del amoníaco no depende del Gobierno y sí de los mercados internacionales, “como en tantas cosas en el mundo actual”.

Planas ha realizado estas declaraciones en su visita este viernes a las obras de mejora en la Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea.

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado este viernes la convocatoria urgente de movilizaciones en toda España para protestar contra la subida “inasumible” del precio de los combustibles, que sitúa al sector en “una situación límite”.

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones han señalado que las fechas y las ubicaciones concretas en las que se desarrollarán sus manifestaciones y protestas se darán a conocer en los próximos días.

Las entidades agrarias han advertido de que la escalada de los costes de producción -derivada del encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes desde el inicio de la guerra en Irán y agravada en los últimos meses- ha hundido la rentabilidad de los agricultores y ganaderos en todos los sectores y territorios.

En concreto, el gasóleo agrícola alcanzó el pasado 7 de septiembre un precio de 1,649 euros por litro, según datos del Ministerio de Agricultura, lo que representa un incremento del 48% en comparación con el valor registrado hace un año.

Las organizaciones denuncian que este encarecimiento coincide con un momento crítico del calendario agrario, en plena campaña de siembras, vendimia, cosecha de maíz y a escasas semanas del inicio de la recogida de la aceituna.

Expiración de las ayudas

A este contexto se suma el fin de la ayuda a la compra de gasóleo agrícola, fijado para el próximo 30 de septiembre. Desde el sector critican que, a menos de dos semanas de que venza dicho plazo, ninguna Administración pública ha planteado respuestas ni alternativas para amortiguar el impacto económico, abocando al campo a afrontar la campaña de otoño sin ningún tipo de respaldo financiero.

Por ello, Asaja, COAG y UPA exigen medidas inmediatas a todas las Administraciones competentes y han realizado un llamamiento conjunto a todo el sector para secundar los actos de protesta.

El Centro Ifapa de Cabra (Córdoba) acogerá el martes 22 de septiembre la próxima jornada del Foro AgroGO! 2026, que, bajo el título 'Agua, tecnología y modelo productivo', reunirá a representantes de cooperativas, comunidades de regantes y universidad para analizar las oportunidades que ofrecen la digitalización y la Inteligencia Artificial y también sus límites.

Según ha informado la organización en una nota, hasta ahora, sensores, contadores, estaciones meteorológicas, imágenes de satélite y sistemas de monitorización han permitido obtener una fotografía cada vez más precisa de lo que sucede en una explotación. La conexión y actualización permanente de esos datos está convirtiendo esa fotografía en una película prácticamente en tiempo real.

Ahora la Inteligencia Artificial añade una posibilidad nueva: analizar simultáneamente enormes cantidades de información, identificar patrones y tratar de anticipar la siguiente escena.

De esta forma, la tecnología permite avanzar desde el conocimiento de lo que ya ha ocurrido o está ocurriendo hacia la predicción de lo que puede ocurrir: prever necesidades de los cultivos, ajustar decisiones de riego y fertilización, anticipar demandas, detectar anomalías o integrar variables productivas, meteorológicas y energéticas para elegir entre distintas alternativas.

La secuencia que plantea esta nueva agricultura es sencilla: medir mejor, comprender mejor, anticipar mejor y decidir mejor para competir mejor. Es una transformación que otros sectores económicos ya han comenzado a recorrer. Las grandes cadenas de distribución utilizan desde hace años enormes cantidades de datos y, cada vez más, inteligencia artificial para anticipar la demanda, ajustar sus compras, decidir qué productos deben estar disponibles en cada establecimiento y optimizar sus cadenas logísticas.

La agricultura comienza ahora a disponer de herramientas capaces de aplicar una lógica similar a la producción: integrar información sobre suelo, clima, agua, energía y cultivos para anticipar necesidades y tomar decisiones cada vez más precisas sobre qué hacer, cuándo y dónde.

Así las cosas, la jornada pondrá especialmente el foco en las consecuencias que esta transformación puede tener sobre el modelo productivo. Después del importante proceso de modernización desarrollado durante las últimas décadas, el potencial de la tecnología no reside exclusivamente en continuar reduciendo el consumo de agua, sino en aumentar la productividad y el valor generado con los recursos disponibles.

La aplicación de datos e inteligencia artificial puede contribuir así a producir más y con mayor calidad, optimizar el uso de energía y fertilizantes, reducir costes, disminuir incertidumbres y mejorar la capacidad de planificación de agricultores y comunidades de regantes.

Esa mejora puede extender sus efectos al conjunto de la economía rural. Una agricultura con mayor productividad, calidad y rentabilidad dispone de más capacidad para invertir, innovar y competir en los mercados internacionales, reforzando el potencial exportador de un sector esencial para Andalucía.

Al mismo tiempo, una agricultura cada vez más tecnificada necesitará nuevos perfiles profesionales vinculados a la agronomía, ingeniería, automatización, energía, análisis de datos o gestión empresarial. La transformación tecnológica puede contribuir así a generar empleo joven y cualificado, ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo profesional y hacer más atractiva la actividad agraria para las nuevas generaciones, contribuyendo así al equilibrio demográfico y a evitar la progresiva pérdida de población y servicios en los municipios rurales.

Necesidad de garantizar recursos

El Foro AgroGO! abordará también una cuestión esencial: ninguna transformación tecnológica elimina la necesidad de garantizar los recursos sobre los que se sustenta la producción.

La tecnología puede ayudar a utilizar de forma más inteligente el agua disponible y, sobre todo, a obtener de ella mayor producción, calidad y valor económico. Pero no puede sustituir el agua que no está disponible. La garantía hídrica continúa siendo imprescindible para proporcionar estabilidad a las producciones, reducir la incertidumbre y justificar las inversiones que exige la propia modernización tecnológica.

Garantía de agua y tecnología no son, por tanto, alternativas. La primera hace posible la producción; la segunda puede multiplicar el valor obtenido con ella. El reto consiste en avanzar simultáneamente en ambas para construir una agricultura más productiva, rentable y competitiva.

Esta relación entre agua, rentabilidad y futuro de la actividad agraria ha estado presente también en las anteriores sesiones del Foro AgroGO! En las dos primeras sesiones, los participantes situaron precisamente la garantía hídrica, junto con la rentabilidad, la digitalización y la innovación, entre las condiciones necesarias para atraer nuevas generaciones a la agricultura.

Participantes

La jornada comenzará con la bienvenida de Carmen González, directora Comercial de Red de Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla de CaixaBank. La mesa redonda estará moderada por Brígida Jiménez Herrera, doctora en Farmacia, consultora internacional y especialista en calidad y análisis sensorial del aceite de oliva virgen extra.

Participarán Jaime Martínez Conradi, gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía; Francisco de Mora Pérez, presidente de la Cooperativa Olivarera de Lucena, de la Comunidad de Regantes de Lucena y de la DO Aceite de Lucena; Emilio Camacho Poyato, catedrático de Ingeniería Hidráulica y director del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba; y Sensi Carmona Graciano, gerente de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra.

La IV edición del Foro AgroGO! se desarrollará durante 2026 en distintas provincias andaluzas para analizar los grandes retos estructurales del agro andaluz, vinculados tanto a la garantía hídrica como al relevo generacional y la sostenibilidad futura del sector. Jaén ha sido elegida como sede de esta primera jornada por representar uno de los territorios más sensibles a los desafíos de planificación hídrica y disponibilidad de agua para cultivos permanentes.

A fecha de 31 de agosto, las almazaras españolas estaban prácticamente vacías. La industria del aceite de oliva ha vendido a la fecha prácticamente toda la producción de la campaña, según los datos que maneja el propio Ministerio de Agricultura. El 95,1% de la producción nacional ya está en manos de las comercializadoras. Hay provincias como Córdoba donde se ha vendido ya el 98% del aceite de oliva producido.

Sin embargo, a los olivicultores no les salen las cuentas. Las comercializadoras están pagando cada vez menos en origen. Tan poco que para muchos agricultores vender con los precios actuales en origen les hace perder dinero. Sus márgenes están por debajo del umbral de la rentabilidad debido al incremento de los costes de producción de las últimas campañas.

Años atrás, España llegó al principio de la campaña de recolección de aceituna (que como muy pronto arranca en octubre aunque quizás se retrase algo por el calor) con poco aceite en las almazaras. Esto provocó cierta tensión en el sector e hizo que los precios se incrementaran. Por pura ley de la oferta y la demanda, a menor producto disponible mayor precio. Pero eso es algo que no está ocurriendo ahora por dos motivos: el primero es que se prevé que la próxima campaña sea mejor que la actual; el segundo, que las comercializadoras están importando aceite muy barato de Túnez para llegar sin problema al enlace entre una campaña y otra.

A 31 de agosto, España había producido 1.301.761 toneladas de aceite de oliva durante la campaña 2025/2026. Las salidas acumuladas de las almazaras alcanzaban ya las 1.237.583 toneladas. Es decir, el volumen que había salido de las almazaras equivalía al 95,1% de todo el aceite producido durante la campaña.

En Córdoba el ritmo de comercialización ha sido todavía mayor. Las 183 almazaras contabilizadas por el Ministerio en la provincia habían producido 246.922 toneladas y habían registrado unas salidas de 241.192 toneladas. El resultado es que el aceite que ya ha salido de las almazaras equivale al 97,7% de la producción cordobesa. Apenas queda, por tanto, un 2,3% de diferencia entre el aceite producido y las salidas acumuladas.

El dato es especialmente significativo porque Córdoba es una de las grandes potencias productoras del país. La provincia concentra aproximadamente el 19% de todo el aceite producido en España durante esta campaña y algo más del 25% de la producción andaluza. Andalucía, por su parte, suma 975.283 toneladas de producción y 945.493 toneladas de salidas a 31 de agosto.

De más de cuatro euros en origen a poco más de tres

La evolución de las cotizaciones durante el último año resulta especialmente ilustrativa. En septiembre de 2025, el aceite de oliva virgen extra se movía en el entorno de los 4,2 euros por kilo. El 18 de septiembre llegó a situarse en 4,02 euros por kilo según los registros de Infaoliva. Después, durante buena parte de la primavera y el verano de 2026, el aceite de oliva virgen extra se mantuvo alrededor de los 3,2 euros por kilo.

Un año después, las cotizaciones siguen lejos de aquellos niveles. En la referencia de Infaoliva correspondiente al 11 de septiembre de 2026, el AOVE se situaba en 3,414 euros por kilo para la referencia de noviembre y en 3,333 euros para diciembre; el aceite de oliva virgen cotizaba a 3,250 euros y el lampante a 3,186 euros por kilo.

Tomando como referencia los aproximadamente 4,02 euros por kilo del aceite de oliva virgen extra de septiembre de 2025 y los 3,33-3,41 euros actuales, el precio se encuentra aproximadamente entre un 15% y un 17% por debajo de aquel nivel. La caída es todavía más significativa si se compara con los máximos alcanzados en la crisis de abastecimiento de las campañas anteriores. El precio del aceite en origen llegó a registrar 8,98 euros por kilo en enero de 2024, en un mercado condicionado por dos campañas consecutivas de muy baja producción: 666.000 toneladas en 2022/2023 y 854.500 toneladas en 2023/2024.

Producir también cuesta mucho más

El precio actual puede parecer atractivo si se compara con los valores de hace apenas unos meses o con los máximos históricos, pero la referencia que importa al agricultor es otra: cuánto cuesta producir cada kilo de aceite.

Un estudio de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) actualizado en julio de 2026 cifra en torno a cinco euros por kilo el precio que necesitarían percibir los agricultores para mantener la rentabilidad en buena parte de los sistemas de cultivo. Según el estudio, los costes medios de producción del olivar han aumentado aproximadamente un 57% en los últimos seis años: cerca de un 40% entre 2020 y 2023 y otro 12% entre 2023 y 2026. Un precio de tres euros por kilo que hace 15 años podía considerarse satisfactorio ha dejado de ser suficiente para cubrir los costes de buena parte de las explotaciones.

Las diferencias según el tipo de olivar son además enormes. El coste de producir un kilo de aceite alcanza los 5,31 euros en el olivar tradicional no mecanizable, típico de las zonas de sierra. En el olivar tradicional mecanizable se sitúa en 4,67 euros por kilo en secano y 4,18 euros en regadío. Incluso los modelos más eficientes presentan costes superiores a los tres euros: el olivar intensivo alcanza 3,52 euros en secano y 3,20 en regadío, mientras que el olivar en seto se sitúa en 3,17 euros en secano y 3,08 en regadío.

La fotografía resulta así especialmente complicada para el olivar tradicional. Con cotizaciones en origen próximas a los 3,2-3,4 euros por kilo, una parte importante de los agricultores está vendiendo por debajo de sus costes reales de producción.

El propio estudio de AEMO advierte de que, sin un escenario de precios próximo a los cinco euros por kilo, buena parte de las explotaciones tradicionales españolas se verá obligada a producir por debajo del umbral de rentabilidad.

Las importaciones procedentes de Túnez se han convertido precisamente en uno de los principales focos de preocupación para las organizaciones agrarias. OliveA Tradición y Progreso ha denunciado que el incremento de estas compras está contribuyendo a presionar a la baja las cotizaciones que reciben los productores españoles.

Según esta organización, las importaciones de aceite tunecino han aumentado un 85% desde 2016, hasta alcanzar una media anual de unas 123.000 toneladas. En los cuatro primeros meses de 2026, el 96% del aceite procedente de Túnez habría entrado mediante el régimen de perfeccionamiento activo, que permite introducir mercancías de terceros países sin derechos arancelarios bajo determinadas condiciones vinculadas a su transformación y posterior reexportación.

A cierre de junio, España había importado ya unas 202.000 toneladas de aceite de oliva, según los datos citados por OliveA, un volumen equivalente al 92% de lo que la organización esperaba para todo el ejercicio. La organización considera que este aceite importado puede sustituir compras de producto nacional y ejercer presión sobre las cotizaciones en origen. No obstante, se trata de una interpretación defendida por las organizaciones agrarias y no de una conclusión oficial que atribuya por sí sola a las importaciones la caída de precios.

La preocupación ha llegado también a la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz pidió el pasado 2 de septiembre al Ministerio de Agricultura que solicite a la Comisión Europea la suspensión del régimen de perfeccionamiento activo para el aceite de oliva con el argumento de que puede estar generando una distorsión del mercado.

Asaja Córdoba también ha reclamado transparencia sobre los volúmenes de aceite tunecino que están entrando y sobre las condiciones de estas operaciones, ante una evolución de los precios que, a juicio de la organización agraria, no se corresponde con la situación de disponibilidad del mercado.

Córdoba vivirá esta semana varias jornadas con avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por temperaturas que pueden superar los 40 °C en el observatorio del aeropuerto y algunos más en distintos puntos de la ciudad. De hecho, la previsión meteorológica para esta semana señala cómo a partir de mitad de semana el calor extremo de nuevo se hará presente en la zona del Valle del Guadalquivir. Pero, a estas alturas del calendario comenzando septiembre este martes, ya ha expirado la jornada especial de verano en sectores como el campo o la construcción que buscaba protegerles del calor del verano. Y, ahora, afrontan estos días con ese mismo calor pero sin el horario restringido para no estar expuestos a las temperaturas más elevadas.

En el caso de los trabajadores del campo, el convenio establecía que la jornada intensiva se aplicara este año entre el 1 de junio y el 31 de agosto. En la construcción, se ha hecho lo propio entre el 8 de junio y el 28 de agosto y en esta semana hasta el 4 de septiembre ya se amplía la jornada una hora más, aunque sigue siendo de forma continuada, pero alcanzando un horario donde el sol azota. Con todo, ante ellos se vislumbra una semana difícil por el calor sofocante, con el inicio del mes de septiembre, en la que ya no tienen la cobertura de la jornada especial de pleno verano. La Aemet ya ha activado el aviso amarillo por calor en la zona central de Córdoba —que incluye a la capital— para este mismo lunes y se espera que se alcancen los 40 °C e incluso se sobrepasen a partir del miércoles. De ser así, la Aemet tendría que activar el aviso naranja en Córdoba.

Con esas temperaturas y sin la obligación de la jornada especial de verano en la construcción y el campo, los trabajadores podrían sufrir en las horas centrales del día el calor de estas jornadas mientras faenan. Para evitar el calor y el efecto del sol en esas horas, en verano los trabajos en el campo —por ejemplo—, se inician muchas veces al alba o incluso de madrugada, como medida de protección de los trabajadores y también para los propios productos que se recolectan. En la construcción, también se ha aplicado la jornada reducida y en horario continuado de mañana, para terminar antes de las 15.00, siendo lo normal de 7.00 a 14.00. Pero ese horario ya ha decaído. Solo en el caso particular de cada empresa, se podría negociar un horario adaptado, que luego habría que cuadrar en el cómputo anual de horas trabajadas.

En la provincia de Córdoba hay unos 52.000 trabajadores del campo y unos 20.000 de la construcción, las dos principales actividades afectadas por esta situación, con el desarrollo de sus labores en el exterior con las temperaturas que haya. Asimismo, hay otros trabajadores cuyos convenios no establecen la jornada intensiva aunque sí la recomendación de hacerla, como es el caso del sector de la madera —5.000 trabajadores— o en los derivados del cemento —otros 2.000 empleados—. Y otros muchos trabajadores que desarrollan su actividad en la calle, como repartidores o guías turísticos por ejemplo, de nuevo sufrirán las altas temperaturas en Córdoba.

Medidas contra el calor

Para estos sectores laborales también se acude al decreto sobre temperaturas extremas, que establece que ante un aviso amarillo, naranja o rojo por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se puede llegar a acordar entre empresa y trabajadores una reducción de la jornada durante el periodo del aviso y recuperar esas horas más adelante. De hecho, en este decreto se incluyen medidas que llegan a proponer que el trabajador puede dejar su tarea si no tiene las condiciones adecuadas debido al calor.

Se trata del Real Decreto-ley 4/2023 (RD), de 11 de mayo, que establece la obligación del empresario de prever medidas adecuadas frente a los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por frío, viento, lluvia o, como ahora, por calor. Entre esas medidas también está la de proporcionar más descansos, realizar los trabajos físicos más fuertes a primera hora de la mañana y asegurar el acceso a agua fresca.

En otros sectores como el de la madera, el metal o los derivados del cemento, donde actualmente no está incluida la jornada intensiva en sus respectivos convenios, sí se establece como recomendación que la empresa puede seguir. En general, muchas empresas cumplen un horario propio en verano, tiempo en el que la vida se adapta al termómetro en la provincia de Córdoba. En cualquier caso, existen otro tipo de medidas, más allá de la jornada intensiva, que se deben llevar a cabo ante el alza de las temperaturas, como es una correcta hidratación, mantener protegida la cabeza del sol directo, utilizar ropa adecuada para el calor y, en general, cumplir con todas las normativas de prevención laboral.

La senadora del PP de Córdoba Lorena Guerra ha criticado este miércoles “el abandono que sufre el sector agrario tras los graves incendios registrados este verano” y ha exigido al Gobierno “la activación inmediata de ayudas para los agricultores y ganaderos que han visto arrasadas sus explotaciones”.

“Detrás de cada hectárea calcinada no sólo hay árboles o cultivos, sino explotaciones familiares, ganado, maquinaria, inversiones y el esfuerzo de toda una vida que ha quedado reducido a cenizas en apenas unas horas”, ha afirmado la popular en una nota.

Guerra ha recordado que “recuperar una explotación agrícola o ganadera requiere años de trabajo, inversión y sacrificio”, por lo que considera “imprescindible una respuesta rápida por parte del Estado”. “El campo no puede sentirse sólo cuando más necesita el respaldo de las instituciones”, ha subrayado, para apostillar que “las familias afectadas necesitan soluciones, no silencio”.

La senadora popular ha criticado “la ausencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en uno de los momentos más difíciles para el sector”. “Mientras miles de agricultores y ganaderos luchaban por salvar sus explotaciones y afrontaban pérdidas irreparables, el ministro ha vuelto a demostrar que está más pendiente de su agenda y de su futuro político que de defender al campo español”, ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que “un ministro de Agricultura tiene la obligación de estar al lado de quienes sostienen el sector primario, visitar las zonas afectadas, escuchar a los damnificados y liderar la respuesta del Gobierno”. “Luis Planas ha vuelto a dar la espalda al campo cuando más lo necesitaba”, ha reprochado.

Guerra ha anunciado que el PP llevará esta situación a la Cámara Alta. “Desde el Senado vamos a exigir al Gobierno de España la puesta en marcha inmediata de ayudas directas, beneficios fiscales, medidas extraordinarias de recuperación y todo el apoyo necesario para que agricultores y ganaderos puedan reconstruir sus explotaciones y recuperar cuanto antes su medio de vida”, ha dicho.

“El campo español merece un Gobierno que esté a su lado en los momentos más difíciles”, ha defendido, para manifestar que “los agricultores y ganaderos no pueden seguir sintiéndose abandonados mientras ven desaparecer entre las llamas el trabajo de toda una vida”.

La Junta de Andalucía ha suspendido la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos durante la temporada 2026-2027. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), afecta a la recolección en olivares en seto mediante cosechadoras cabalgantes entre la puesta y la salida del sol.

La Resolución de 30 de julio de 2026, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, tendrá una vigencia de un año. Con ella se busca evitar los efectos negativos que esta práctica puede ocasionar sobre determinadas especies de aves y compatibilizar la actividad agrícola con la conservación de la biodiversidad.

Durante la migración y la invernada, numerosas aves encuentran alimento, refugio y descanso en los olivares. Su función resulta especialmente relevante en grandes zonas agrícolas, donde estos cultivos constituyen en muchos casos una parte importante de la superficie arbolada disponible para la fauna silvestre. Así, el sistema superintensivo o en seto concentra un mayor número de plantas y forma líneas continuas de olivos. La aceituna se recoge con cosechadoras cabalgantes, que pasan por encima de esas líneas y derriban el fruto mediante mecanismos de vareo. Al incorporar sistemas de iluminación, estas máquinas pueden trabajar también durante la noche.

De esta manera, para conocer los posibles efectos de esta actividad sobre la avifauna se realizaron 44 controles de campo en 137 hectáreas representativas del olivar en seto en producción en Andalucía. Los trabajos permitieron avistar 8.127 aves pertenecientes a 66 especies diferentes. De los estudios se desprende que estos olivares albergan una avifauna relevante, similar en número de especies y ejemplares a la existente en otros sistemas de cultivo tradicional.

También se ha determinado que la recogida nocturna produce efectos negativos sobre determinadas especies y que las medidas disuasorias ensayadas hasta ahora no han conseguido reducirlos. En el 30% de la superficie controlada, no obstante, estos efectos fueron nulos o muy bajos. Ante estos resultados, la suspensión pretende prevenir daños y seguir avanzando en unas prácticas agrícolas compatibles con la protección de las aves. La decisión responde igualmente a la normativa europea, estatal y autonómica sobre conservación de la fauna silvestre, biodiversidad y sostenibilidad ambiental del olivar.

Fuera de esta limitación quedan las parcelas donde se desarrollen proyectos técnicos de investigación, desarrollo e innovación autorizados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, siempre que tengan carácter experimental y no comercial.

Estos ensayos permitirán evaluar alternativas tecnológicas que puedan hacer compatible la cosecha nocturna con la conservación de la biodiversidad. Si los futuros estudios aportan métodos suficientemente contrastados y seguros para evitar daños sobre las aves, la suspensión podrá dejarse sin efecto mediante una nueva resolución que establezca el uso obligatorio de esas soluciones.

Junto con la suspensión, se ha aprobado el sexto Plan Sectorial de Inspección Medioambiental para el Control de la Recogida Nocturna en Olivar Superintensivo mediante Cosechadora Cabalgante. Su ámbito de aplicación comprende toda Andalucía y su ejecución coincidirá con el periodo de cosecha.

A lo largo del año se realizarán al menos 80 inspecciones nocturnas en fincas con olivares superintensivos. Las visitas se distribuirán entre las provincias de forma aproximadamente proporcional a la superficie existente de este tipo de cultivo y se desarrollarán entre el ocaso y el orto.

De cada inspección se levantará un acta en la que constarán la finca y los lugares visitados. Una vez finalizado el programa, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad elaborará un informe con los resultados obtenidos en el conjunto del plan. La resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA.

“Pruebas a cultivarlo fuera de aquí, con la misma semilla y no sale igual”, relata Antonio Carmona, hortelano de Alcolea, a este periódico al ser preguntado por lo que tiene entre sus manos. No es nada más ni nada menos que un tomate que pesa más de un kilo. “Y no son los más grandes que hemos visto en esta cosecha”, explica mientras saca el móvil y enseña un ejemplar de cerca de dos kilogramos. Desde el Camino del Azud hasta muchos rincones de la capital cordobesa e incluso de toda la provincia.

Para los que no lo sepan, el tomate de Alcolea ha sido un reclamo muy alto para los amantes de esta hortaliza -o fruta para muchos-. Su color rosado, su sabor, carnosidad, piel final y, sobre todo, tamaño ha hecho que sea algo singular. Y es lo que recuerda Antonio. “Se intenta cultivar en otras zonas y no sale igual, pero otras especies sí que se cultivan aquí y salen genial”, argumenta Antonio Carmona.

En apenas diez minutos, dos coches se acercan a la extensión a comprar lo mismo: tomates. Y es que la explotación no es un negocio recién llegado, sino que es un legado vivo. Ya son tres las generaciones que han trabajado en esta tierra, mientras que el hijo de Antonio ya ayuda también. El tiempo aquí suele medirse por cosechas. Al frente de la venta y el trato con el público sigue Carmen, la madre de Antonio, quien a sus más de 80 años ya ha dedicado más de 50 de su vida a esta parcela.

Por su parte, Antonio lleva las riendas del negocio desde hace 15 años, aunque su formación empezó mucho antes. Mientras estudiaba, dedicaba sus ratos libres a echar una mano a su padre, aprendiendo los secretos de un oficio que exige una entrega absoluta. Hoy, esa dedicación se traduce en una producción que, aunque variable según el año y la meteorología, puede alcanzar los 10.000 kilos de tomates en una buena temporada.

La variedad en la cosecha y el 'boca a boca'

Pese a que el tomate es el “producto estrella” y el reclamo principal, la huerta de Antonio no es algo que se centra únicamente en este producto, sino que no se detiene cuando acaba el verano. El ciclo agrícola en este sentido es constante y se mantiene: mientras los meses de calor abundan los calabacines, pepinos y berenjenas, a partir de agosto ya se preparan los semilleros de coles y escarolas para el invierno. Una estampa de campo en pleno Camino del Azud donde ya cada vez quedan menos huertas.

Aun así, la fama de estos tomates ha cruzado los límites de la barriada, ya son productos típicos cordobeses. Según ha explicado Antonio a este periódico, entre el 90 y el 95% de sus clientes provienen de Córdoba capital, incluso ya hay gente que viene de pueblos aledaños. Es un fenómeno de peregrinación gastronómica donde el 'boca a boca' ha sido la mejor campaña de marketing; muchos de los compradores actuales ya eran clientes de su padre y han mantenido la fidelidad a lo largo de las décadas.

Además, la relación directa que ha conseguido Antonio Carmona con el consumidor es la base de su filosofía de trabajo. El cordobés prefiere vender directamente a particulares en su casa que someterse a las condiciones de las grandes cadenas o de la restauración masiva. Para él, vender en su propio entorno le permite evitar los precios impuestos y el estrés de la distribución en la ciudad, manteniendo el control sobre su producto y su tiempo.

El trato es tan personal que incluso los clientes le llaman directamente por teléfono para preguntar si “hay tomates” antes de desplazarse. “Para mí hay clientes que después de tantos años ya se han convertido también en familia”. Esto hace que el propio Antonio Carmona sea sincero, porque la naturaleza manda: si no hay producción ese día, no se puede inventar, pues depende totalmente de lo que la mata sana quiera ofrecer bajo el rigor del clima cordobés, que ha hecho mella en las últimas semanas con el calor.

Entretanto, que los tomates estén en la casa de muchos cordobeses no es fruto de la casualidad, ya que el trabajo en el campo es, sin embargo, de una dureza extrema. La jornada de Antonio comienza a las 7:00 y se extiende, en muchas ocasiones, hasta que cae el sol. El calor es el principal adversario, afectando tanto a la maduración del tomate como a la resistencia física de los trabajadores, quienes deben estar constantemente pendientes del riego y la salud de las plantas para que la cosecha no se pierda.

A pesar de los desafíos, Antonio no está solo; cuenta con el apoyo de dos personas más en la explotación y, por supuesto, con el pilar fundamental que es su madre en el punto de venta. Carmen siempre está con una sonrisa en la boca y debate con todo aquel que busca comprar tomates. La venta entre familia, como antes de que las grandes cadenas fuesen protagonistas. Juntos forman un equipo que resiste a la industrialización del sector, apostando por la calidad y la cercanía que solo una huerta familiar puede ofrecer.

El olivar tradicional da un paso al frente con la presentación, en Córdoba, de la nueva asociación OliveA Tradición y Progreso, que nace con vocación nacional para defender la viabilidad económica, social y medioambiental del modelo de cultivo que representa la mayor parte del olivar español. La entidad surge con un mensaje claro: preservar el patrimonio histórico, cultural y paisajístico que representa el olivar tradicional, incorporando al mismo tiempo innovación, conocimiento y nuevas tecnologías que permitan garantizar su rentabilidad y su continuidad en el futuro. “Nuestro propio nombre resume nuestra razón de ser. Tradición significa conservar el patrimonio que hemos heredado: nuestro olivar, nuestro paisaje y nuestras gentes. Y progreso significa entender que no basta con hacer lo de siempre. Tenemos que incorporar el conocimiento, la tecnología y las nuevas herramientas para que ese patrimonio siga siendo viable y rentable para las próximas generaciones”, afirmó el presidente de OliveA, José Gilabert.

La asociación defiende la convivencia de todos los modelos productivos presentes en el sector, aunque reclama una diferenciación clara de cada sistema y de los valores que aporta el olivar tradicional. “No estamos aquí para enfrentar modelos de producción. Lo que defendemos es que no son lo mismo y que deben valorarse adecuadamente. Lo importante es que cada modelo aplique buenas prácticas agronómicas, ambientales y comerciales para generar más valor. El olivar tradicional tiene todavía un amplio recorrido por delante en ese camino y OliveA quiere contribuir a acelerarlo”, señaló Gilabert.

La asociación plantea una hoja de ruta basada en dos grandes pilares: la representación institucional de los olivareros tradicionales y la puesta en común de estrategias que permitan diferenciar y valorizar los aceites procedentes de variedades tradicionales. Entre las líneas de trabajo destacan la mejora de las prácticas agronómicas, la apuesta por una producción más sostenible y ecológica, el adelanto de las campañas de recolección para obtener aceites de mayor calidad, la reducción de costes de producción y la búsqueda de soluciones al creciente problema de la falta de mano de obra.

En este sentido, la vicepresidenta de OliveA, Nuria Yáñez, destacó que el futuro del olivar tradicional pasa por la profesionalización, la innovación y el trabajo conjunto entre agricultores, cooperativas y entidades técnicas. “Estamos convencidos de que proteger el olivar tradicional es proteger el medio rural, sobre todo porque el 70% del olivar de Andalucía es tradicional. Hablamos de un modelo que genera empleo, fija población, conserva el paisaje y contribuye al equilibrio ambiental. Nuestro objetivo es dar voz a esos agricultores y ayudarles a mejorar su rentabilidad mediante la modernización de las explotaciones, la digitalización, la adaptación de maquinaria específica para este tipo de cultivo y el impulso al relevo generacional”, explicó.

OlivA Tradición y Progreso considera fundamental avanzar en una estrategia comercial común que permita mejorar el posicionamiento de los aceites procedentes del olivar tradicional. “Durante demasiado tiempo hemos producido excelentes aceites sin construir una estrategia conjunta para defender su valor. Necesitamos ordenar la comercialización, comunicar mejor nuestras fortalezas y ofrecer al consumidor un producto diferenciado, sostenible y certificado que compita por su calidad”, defendió el presidente de OliveA, y confirmó: “Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas deben desempeñar un papel clave en este proceso, certificando tanto el origen como la calidad diferencial de los aceites elaborados a partir de variedades tradicionales. El mercado necesita reconocer no sólo la calidad intrínseca del aceite, sino también todos los bienes públicos que genera el olivar tradicional: empleo, biodiversidad, fijación de población, protección del paisaje y desarrollo económico ”.

OliveA reclama una revisión de los criterios de apoyo público al sector para priorizar a los olivares de montaña, alta montaña y secano. “Las ayudas deben dirigirse prioritariamente a quienes más las necesitan. No tiene sentido aplicar los mismos criterios a explotaciones altamente eficientes que a olivares que soportan costes mucho mayores y desempeñan una función social y ambiental fundamental para nuestros territorios”, defendió el secretario de OliveA, Rafael Almirón, que añadió: “Trabajaremos para lograr un reparto más justo de los recursos hídricos y una adaptación de las políticas agrarias a las necesidades reales del olivar tradicional”.

En cuanto a la situación actual del mercado del aceite de oliva, en OliveA consideramos imprescindible recuperar niveles de precios que permitan la viabilidad económica de las explotaciones, porque hay mercado para todos los aceites. “No podemos permitir que el futuro del sector pase por expulsar a miles de agricultores para que unos pocos concentren el negocio. El olivar tradicional tiene derecho a competir y a seguir siendo una fuente de riqueza para nuestros pueblos”, concluyó José Gilabert.

El sector del aceite de oliva en España atraviesa una situación de extrema tensión, una vez más. Esta vez, la tensión de los productores está marcada por una persistente caída de los precios en origen que contradice los fundamentos básicos del mercado. Según los datos actualizados a fecha de este viernes por el portal Oleista.com, el precio medio del aceite de oliva virgen extra (AOVE) en España se sitúa en 3,85 euros por cada kilo producido, lo que representa un descenso del 3,50% en los últimos diez días.

Este desplome es todavía más acusado en otras categorías, con el aceite virgen cotizando a una media de 3,27 euros por cada kilo producido (un 19,56% menos en diez días) y el lampante situándose en los 3,08 euros por cada kilo producido, tras registrar una caída del 19,85% en el mismo periodo. Esta tendencia a la baja resulta paradójica para los productores, ya que la campaña 2025/26 ha registrado una producción entre un 3% y un 6% inferior a la anterior en España, sumado a un descenso del 4% en la producción mundial según el Consejo Oleícola Internacional.

Esta “ecuación rota” supone que, a pesar de haber menos aceite disponible y de que los costes de producción se han disparado un 60% por el encarecimiento de la energía y los fertilizantes, los precios que percibe el agricultor siguen hundiéndose. Actualmente, las cotizaciones se encuentran significativamente por debajo del umbral de rentabilidad, estimado en unos 4,50 euros por cada kilo producido para el olivar tradicional, lo que está provocando que muchas explotaciones trabajen bajo pérdidas operativas.

Organizaciones como COAG denuncian que esta situación no responde a razones agronómicas, sino a una estrategia deliberada de los envasadores que, aprovechando su posición de poder en el mercado (oligopsonio), habrían paralizado las compras desde mediados de abril para forzar una bajada de precios y generar incertidumbre entre los productores.

A este escenario de presión se suma la denuncia sobre el denominado “aceite fantasma tunecino”, un producto que entra en España eludiendo los aranceles ordinarios y que, en muchos casos, pierde su rastro de origen tras pasar por países como Portugal antes de llegar a los lineales de los supermercados españoles. Se estima que el 81% del aceite de Túnez importado en 2025 utilizó cauces que esquivan los controles del contingente europeo, compitiendo de forma desleal con el producto nacional.

Por otro lado, la confianza en el mercado se ha visto seriamente dañada por un error detectado en los datos de mayo publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), lo que provocó un parón en las operaciones comerciales y contribuyó a la desestabilización de los precios. Ante este clima de inestabilidad, el Ministerio de Agricultura ya ha iniciado la consulta pública de una norma de comercialización para la campaña 2026/27 con el objetivo de regular la oferta y tratar de estabilizar el funcionamiento de un mercado que actualmente se encuentra profundamente tensionado.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Deportes y presidenta del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Isabel Albás, han inaugurado este jueves el campo de fútbol de las instalaciones deportivas municipales El Naranjo, tras contar con una inversión de unos 450.000 euros para su rehabilitación integral.

En el propio campo de fútbol, junto al delegado en Córdoba de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Martín Torralbo, y otros representantes deportivos y de la empresa adjudicataria cordobesa, el alcalde ha valorado que han quedado “en un estado excelente para la práctica deportiva de fútbol, no sólo el campo, sino también la zona de vestuarios y el graderío”, entre otras zonas.

El primer edil ha recordado que hace un año tuvieron una reunión con la Federación Andaluza de Fútbol “para revisar el estado de los campos de fútbol de la ciudad y se estableció un código semafórico”, de cara a actuar en algunos de esos campos porque el estado para la práctica deportiva de fútbol “empezaba a ser difícil y en algunos casos, como en este, directamente no se podía”.

Al respecto, ha explicado que se actúa “gradualmente en los campos que se cierran y los equipos se trasladan a otros campos”, precisando que la próxima actuación será en el Fontanar, con una inversión de alrededor de 300.000 euros.

Entretanto, el alcalde ha subrayado que “la ciudad afortunadamente cuenta con una buena red de instalaciones deportivas municipales y de campos de fútbol”.

Demanda de los clubes y vecinos

Mientras, Albás ha resaltado que “es un día para estar muy contentos” después de “un trabajo arduo y complejo, porque la instalación no estaba en muy buenas condiciones” y era “muy demandada por clubes y vecinos”, de manera que “va a permitir recuperar plenamente la práctica deportiva en estas instalaciones”, para fútbol once y siete.

Como apunte, ha citado que “el fútbol once estaba clausurado aquí por la Real Federación Andaluza de Fútbol a finales de 2023 por el deterioro que presentaban las instalaciones y se habían detectado en la base del terreno también unas complicaciones importantes”.

En palabras de Albás, “la actuación desarrollada en esta instalación es de las más significativas realizadas durante este mandato”, al tiempo que ha indicado que “es un equipamiento clave dentro de la red de campos de fútbol municipal”.

Ante ello, ha aseverado que se ha llevado a cabo “una modernización integral de la red de riego, la instalación de césped artificial de última generación con certificación FIFA, la reforma integral de vestuarios, la renovación del mobiliario y equipamiento, los cerramientos, accesos, vallados, torres de iluminación y elementos exteriores.

Además, la edil ha destacado que “esta intervención se suma a las de Alcolea, Vista Alegre, Margaritas y Asomadilla”, de forma que “ya es la quinta que se inaugura para favorecer y ofrecer la práctica deportiva a todos los vecinos y los clubes”, ha elogiado.

Un reciente informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Mapfre ha revelado que Córdoba ha registrado un total de 31 víctimas mortales en siniestros agrícolas en el periodo analizado de 2010-2023. Una situación que sitúa a la provincia cordobesa en una posición intermedia dentro del ranking nacional, siendo más concretamente la número 17, compartiendo el mismo número de fallecidos con otras provincias como Burgos y Jaén.

Este informe, al que ha tenido acceso este periódico, compara la incidencia de accidentes mortales en el sector agrario y ahí demuestra que la mayoría se concentran en la cornisa noroccidental de la Península Ibérica. De hecho, La Coruña lidera esta estadística con 92 fallecidos en apenas 13 años, seguida de Lugo con 73 y Pontevedra con 72, cifras que duplican o incluso se quedan cerca de triplicar los registros de Córdoba. Por su parte, otras provincias con alta siniestralidad son Murcia y Valencia, ambas con 69 víctimas.

1.620 muertos en el sector agrario y en el 87% de los casos intervino una máquina

El documento identifica a nivel nacional un total de 1.620 fallecidos en el sector agrario desde 2010 hasta 2023, un total de trece años que supone una media de 116 muertes anuales. Dentro de estas cifras, Córdoba representa el 2% del total de estas víctimas, una cifra significativa que subraya la necesidad de paliar este problema. Aunque más aún si se tiene en cuenta el factor principal de estos sucesos: una máquina agrícola.

Del total de fallecidos en España, 1.407 personas perdieron la vida en accidentes donde intervino una máquina agrícola, lo que representa el 87% de los casos. Más concretamente, el tractor es, el vehículo más peligroso, estando en el 70% de los accidentes mortales registrados. El análisis, por el otro lado, indica que el vuelco es el tipo de accidente más frecuente, causando 777 muertes en el periodo estudiado, lo que equivale a un fallecimiento por semana en España.

Este último dato aumenta su gravedad aún más cuando el informe confirma que el 90% de los tractores implicados en vuelcos mortales no disponía de una estructura de protección o llevaba el arco de seguridad abatido. Es decir, que la mayoría de estas muertes podrían haberse evitado si se hubieran utilizado los sistemas de protección y el cinturón de seguridad.

Asimismo, el perfil de la víctima en estos siniestros es que el 94% son hombres y la edad media se sitúa en los 59,8 años. Por otro lado, el mes de mayo es el más crítico en este sentido, acumulando 159 siniestros mortales a nivel nacional. Los lunes y martes son los días con más accidentes y la franja horaria se sitúa entre las 16:00 y las 18:00.

El estudio ha advertido, a su vez, que las estadísticas oficiales solo recogen el 29% de la siniestralidad real. Esto se debe a que muchos de estos accidentes ocurren en ámbitos privados o involucran a personas que no están dadas de alta como trabajadores agrarios por cuenta ajena, lo que invisibiliza el problema ante la administración pública. Por tanto, tanto la Universidad de Navarra como la de Zaragoza y la Fundación Mapfre ha recomendado fomentar la renovación del parque de maquinaria, sobre todo para paliar la falta de los sistemas de seguridad avanzada en modelos antiguos.

Un año de prisión y seis de inhabilitación para ejercer como trabajador público para un inspector de la Junta de Andalucía, que ejercía en Córdoba, después de que el Tribunal Supremo ha confirmado que abusó de su trabajo con una joven, a quien propuso mantener relaciones sexuales a cambio de conceder a la madre de esta una ayuda pública.

Según la sentencia a la que ha accedido este periódico, el hombre llevaba poco tiempo en su puesto, que era el de inspector de campo del Servicio de Control e Inspección de Campo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Una de sus funciones era inspeccionar las fincas para las que sus titulares habían pedido unas ayudas económicas. Los hechos se remontan a 2018, cuando el acusado acudió a la finca de la madre de la mujer para realizar una inspección necesaria para la concesión de ayudas agrarias solicitadas por la madre de la víctima.

Durante la jornada, la mujer fue la encargada de acompañar al inspector para facilitarle el trabajo. Esa misma noche, el trabajador, valiéndose de su condición profesional para obtener el contacto de la mujer, inició una conversación de WhatsApp en la que, alejándose de cualquier protocolo profesional, le pidió permiso para tomarse “ciertas confianzas” independientemente de lo laboral. Tras asegurarle que le había caído “superbién”, el acusado no tardó en interesarse por su vida privada, preguntándole directamente si el hombre que aparecía en su foto de perfil era su novio.

La víctima le dijo que sí, pero que, independientemente de eso, se podían tomar “unas cañas”, a lo que el inspector subió el tono preguntando si podía haber “algo más que eso”. La mujer le respondió con una negativa. En un momento de la conversación, el inspector utilizó la situación de necesidad de la familia y le recordó a la víctima que ella “había dicho que sería capaz de cualquier cosa con tal de arreglar” el expediente de las ayudas de su madre. Cuando ella intentó bromear de nuevo con la “barra libre de cañas”, el hombre fue tajante: “Con eso tan solo me quieres convencer... Necesito más”.

La presión continuó cuando el inspector le sugirió, bajo una promesa de absoluta discreción, que “hasta dónde sería capaz de llegar”, recalcando que el asunto quedaría exclusivamente entre los dos. Al recibir de nuevo la negativa de la víctima, quien alegó estar enamorada de su pareja, el acusado llegó a preguntarle si no había tenido “algún desliz” durante su relación y la instó a dejar de escribir para verse en persona.

Finalmente, ante las evasivas de la víctima, el inspector le dijo que “todavía” estaba “a tiempo” de arreglar el expediente y que si le mandaba la ubicación del hotel. La joven le volvió a dar evasivas, respondiéndole el inspector que “se hará lo que se pueda y algo más” y que le perdonara “la tabarra” que le había dado. Según el análisis del móvil, el acusado envió otros dos mensajes que borró rápidamente en los que volvía a insistirle que aún estaba “a tiempo” de acceder a sus pretensiones.

Por estos hechos, en marzo de 2022, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al hombre a un año de prisión y a seis de inhabilitación. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la condena, por lo que el hombre interpuso un recurso ante el Supremo

La Justicia rechaza la defensa de la “broma”

En la respuesta a su escrito, el alto tribunal español ha rechazado los argumentos de la defensa, que pretendía calificar los mensajes como una simple broma o con “propósito jocoso”. En esa línea, la Sala ha subrayado que el delito de abuso de funciones no protege únicamente la libertad sexual, sino fundamentalmente “la integridad y la apariencia de integridad de las funciones públicas”. Según el magistrado ponente, el delito es de “mera actividad”, lo que significa que se consuma con la simple solicitud del favor, sin necesidad de que el acto sexual se consume o de que el acusado cumpla su promesa de “arreglar” el expediente.

Asimismo, el tribunal ha confirmado que el inspector tenía una capacidad real de influencia en el caso, ya que su identificador personal aparecía en los informes de control que verificaban la admisibilidad de las parcelas para recibir las ayudas públicas. Con este fallo, el condenado ha quedado queda apartado de cualquier cargo público durante los próximos seis años, además de afrontar la pena de un año de cárcel y el pago de las costas del proceso.

La llegada del calor que está sufriendo la provincia de Córdoba con temperaturas máximas características del verano que rondan el umbral de los 40º C hará que, a partir de junio, la jornada laboral de miles de trabajadores se transforme. En sectores como el campo o la construcción, los convenios establecen la jornada intensiva para trabajar al aire libre y, en otros sectores, las medidas se quedan en recomendaciones para adaptar el trabajo al calor que se vive en las horas centrales del día.

En el campo, la jornada intensiva arranca el 1 de junio y pasa a ser de 6 horas y 10 minutos de trabajo efectivo incluyendo los 15 minutos para el bocadillo, sumando un total de 37 horas a la semana. Para evitar el calor y el efecto del sol en las horas centrales del día, en verano los trabajos en el campo se inician muchas veces al alba o incluso de madrugada, como medida de protección de los trabajadores y también para los propios productos que se recolectan, explican a este periódico desde el sindicato CCOO.

En total, se calcula que en la provincia de Córdoba hay más de 52.000 trabajadores del sector del campo se verán afectados por el inicio de la jornada intensiva en junio, que se prolongará hasta el final de agosto. Desde UGT recuerdan que este sector tiene una jornada media a lo largo del año por debajo de las 38,5 horas, que ahora pasa a ser de 37 horas ante el calor del verano, y apuntan que la reducción afecta a las horas de trabajo pero no al salario.

Por su parte, alrededor de 20.000 trabajadores de la construcción tendrán que esperar al 8 de junio para que se aplique la jornada intensiva en este sector. La jornada tendrá una duración de siete horas y la actividad en las obras no podrá empezar más tarde de las 7:00 de la mañana, para terminar el trabajo cada día antes de que se alcance la temperatura máxima del día en las primeras horas de la tarde.

Cambios en la jornada con avisos por calor de la Aemet

Para estos sectores laborales está vigente el decreto sobre temperaturas extremas, que establece que ante un aviso amarillo, naranja o rojo por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se puede llegar a acordar entre empresa y trabajadores una reducción de la jornada durante el periodo del aviso y recuperar esas horas más adelante. De hecho, en este decreto se incluyen medidas que llegan a proponer que el trabajador puede dejar su tarea si no tiene las condiciones adecuadas debido al calor.

Se trata del Real Decreto-ley 4/2023 (RD), de 11 de mayo, que establece la obligación del empresario de prever medidas adecuadas frente a los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por frío, viento, lluvia o, como ahora, por calor. Entre esas medidas también está la de proporcionar más descansos, realizar los trabajos físicos más fuertes a primera hora de la mañana y asegurar el acceso a agua fresca.

Mientras tanto, en otros sectores, como el de la madera, el metal o los derivados del cemento, actualmente no está incluida la jornada intensiva en sus respectivos convenios, si bien se establece como recomendación que la empresa puede seguir, recuerdan desde CCOO. Y, en general, muchas empresas cumplen un horario propio en verano, tiempo en el que la vida se adapta al termómetro en la provincia de Córdoba.

En cualquier caso, los representantes sindicales recuerdan otro tipo de medidas, más allá de la jornada intensiva, que se deben llevar a cabo ante el alza de las temperaturas, como es una correcta hidratación, mantener protegida la cabeza del sol directo, utilizar ropa adecuada para el calor y, en general, cumplir con todas las normativas de prevención laboral.

Las lluvias tanto de marzo de 2025 como de febrero de 2026 ha causado estragos en las campañas agrícolas de la provincia de Córdoba. Ahora, la naranja está en plena recolección y los agricultores están viendo ahora los daños. Según ha confirmado María Ángeles Herrero, presidenta de la sectorial de cítricos de Asaja Córdoba, a Cordópolis, la previsión antes de dicha campaña era de un 30% menor que años anteriores y ahora se ha acrecentado con las intensas inundaciones que azotaron al territorio cordobés durante el pasado mes.

Como se ha mencionado anteriormente, la merma que está sufriendo esta campaña agrícola no es fruto de un solo evento, sino que de una concatenación de infortunios meteorológicos. El origen de la baja producción se remonta a las fuertes lluvias registradas en marzo del año pasado. Estas precipitaciones coincidieron con la época de floración de los cítricos, deteriorando la flor y provocando que el cuajado del fruto fuera muy inferior al de años anteriores.

Es por ello que la campaña partía inicialmente con una reducción estimada del 30% en la producción. Sin embargo, y a medida que avanza la recolección de las variedades más tardías, la realidad es que, en determinados tipos dicha merma ya alcanza el 40% o incluso el 50%. Esta tendencia se ha incrementado en las últimas semanas, después de que las inclemencias meteorológicas también acuciasen al campo cordobés en febrero.

El daño aumenta en 2026

El temporal de febrero y marzo ha aumentado las malas expectativas de muchos agricultores. Durante casi 40 días consecutivos de lluvia, la confluencia de los ríos Genil y Guadalquivir convirtió a Palma del Río en una zona intensa en cuanto a inundaciones se refiere. El desbordamiento de los cauces anegó numerosas huertas, provocando en algunos casos la pérdida del 100% de producción que aún quedaba por recoger. En estos momentos, la fase de recolección aún está por el 60%, principalmente e variedades tardías como las de Valencia.

Por tanto, el impacto económico para el agricultor es más que notable. A pesar de que los precios en el campo están siendo regulares con respecto a otros años, estos no compensan la falta de kilos. María Ángeles Mellado ha explicado que la rentabilidad se va a “hundir”, ya que los costes fijos -como la poda, los tratamientos fitosanitarios y las labores del día a día- siguen siendo los mismos independientemente si el árbol tiene mucha o poca fruta. “Si tienes que podar, tienes que podar; no aplicas menos dosis de tratamiento porque haya menos fruta”, explica la presidenta de la sectorial de cítricos de Asaja Córdoba.

Aunque ya no es solo la producción, sino que los daños que generan las inclemencias meteorológicas más allá del aumento de los cauces del río y las lluvias. El exceso de humedad y el tiempo que los árboles han pasado anegados por el barrio han provocado la aparición de enfermedades como la fitóftora o la antracnosis. Este hecho ya no supone una amenaza para esta producción, sino que ya también para más largo plazo porque los árboles están enfermando y algunos tendrán que ser sustituidos con el tiempo.

Por último, esta concatenación de problemas también debería reflejarse en el bolsillo del ciudadano, aunque desde Asaja han advertido que no se suele producir pese al incremento de los costes y la falta de producción. De hecho, los productores se consideran un “eslabón perdido” de la cadena. “Como siempre ha pasado”, ha explicado, ya que el consumidor final no suelen padecer una crisis de producción que se extiende a la naranja.

La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán está trayendo consecuencias negativas a todo el planeta. Y España no se está librando de la subida de los precios. Más concretamente, el sistema agrario está atravesando un momento crítico debido, entre otras cosas, al encarecimiento que está sufriendo el gasóleo B, un carburante básico para la producción que, de media, está alcanzando picos de hasta 1,60 euros en la provincia de Córdoba. Esta escalada en los precios coincide con un periodo de intensa actividad para las explotaciones, por lo que estas labores no pueden detenerse pese a la falta de rentabilidad.

Más concretamente y para los que no sepan la diferencia entre un carburante u otro, el diésel A se utiliza como combustible para automóviles, el gasóleo B se utiliza para uso agrícola y de calefacción, el C es industrial, pero también se utiliza para calderas. El B está bonificado por el Gobierno de España y tiene un coste más controlado, pero eso no significa que se haya disparado, como se está viendo en los últimos días.

Según los datos actuales de las estaciones de servicio en Córdoba que ha podido consultar este periódico, el precio del gasóleo B ha subido significativamente, encontrando puntos donde ya supera los 1,70 euros en localidades como Villaviciosa de Córdoba o Palma del Río. Si bien existen cooperativas con precios ligeramente inferiores, la tendencia general sitúa el carburante en una horquilla de entre 1,40 euros y 1,50 euros.

Los agricultores y la “especulación salvaje”

Cordópolis se ha puesto en contacto con dos de las asociaciones más relevantes en este sentido para el sector agrario. Por un lado, Paco Moreno, secretario general de UPA Córdoba, ha calificado esta situación como una “auténtica barbaridad”. El dirigente ha destacado que este encarecimiento llega en el peor momento posible, cuando los agricultores están “preparando para sembrar, recogiendo todavía aceituna y echando productos”. Según el secretario de UPA, el campo no puede esperar. “Si tienes que sembrar, tienes que sembrar. No puedes decir: ”espero unos días a ver si esto cambia“”.

Desde COAG Córdoba, su secretaria principal, Carmen Quintero, ha explicado que esta situación supone un “abuso” y ha denunciado una “especulación salvaje” por parte de las petroleras. La representante de esta asociación ha señalado a este periódico que el precio ha pasado de los 80-85 céntimos a superar los 1,50 euros de forma casi instantánea. “El campo no entiende de guerra”, afirma Quintero, criticando que se trasladen estos sobrecostes a las espaldas de los productores a pesar de que las empresas cuentan con existencias para 92 días compradas a precios anteriores.

La rentabilidad de las explotaciones, según el secretario de UPA, está actualmente “cogida con alfileres”. A la subida del diésel se suma el incremento de los fertilizantes, mientras que los precios de los productos que ellos venden, como los cereales o el aceite de oliva, no suben en la misma proporción. Paco Moreno ha advertido de que, si no se toman medidas contundentes, “muchas explotaciones irán a la ruina”.

Las medidas del Gobierno de España

Por otro lado, y ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Ministros ha celebrado este viernes una sesión extraordinaria para aprobar dos reales decretos-ley, uno con el grueso de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio; y otro específico en materia de vivienda.

En lo que respecta a los carburantes, el primer texto contará con el grueso de las medidas fiscales, como la rebaja del IVA al 10% para los combustibles, y un especial refuerzo a los márgenes empresariales para asegurar que el recorte impositivo se traslada al precio final. También medidas de protección a colectivos vulnerables. Por tanto, comienzan las medidas del Ejecutivo ante una situación que genera mucha incertidumbre a los agricultores.

Las organizaciones Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han valorado en la mañana de este miércoles los posibles efectos en el campo andaluz de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar toda relación comercial ante el rechazo del presidente de España, Pedro Sánchez, de que los estadounidenses utilizaran las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para atacar a Irán. Al respecto, las asociaciones han reclamado acuerdos con terceros países “para evitar incertidumbres”.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha concretado que Estados Unidos es “el segundo país exportador más importante que tenemos”, motivo por el que ha reclamado que “en momentos así, echamos en falta acuerdos comerciales con terceros países que nos permitan abrir nuevos mercados”.

En esta línea, Cózar ha indicado que esperan “que no repercutan estas decisiones del presidente norteamericano” ante la ofensiva lanzada conjunta con Israel hacia Irán el pasado sábado, 28 de febrero, al tiempo que ha pedido “prudencia” hasta conocer “si se cierran realmente las puertas a cualquier comercio de Estados Unidos con España”.

Por su parte, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Sierra, ha precisado a Europa Press que la postura del Gobierno español ante el “exabrupto” de Trump debería ser “la que conjuntamente tiene la Unión Europea”, así como ha pedido “no meterse innecesariamente en charcos que acaban causando grandes problemas”.

En cambio, COAG Andalucía ha comparado el conflicto bélico en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz con la situación sobrevenida por la guerra en Ucrania y el consecuente aumento de los costes de producción, motivo por el que ha mostrado “su profunda preocupación” ante “un nuevo encarecimiento de la energía y de los insumos agrarios”, lo que supondría “un nuevo varapalo para la rentabilidad de agricultores y ganaderos andaluces”, según han emitido en una nota.

“Nos preocupa seriamente que la historia se repita”, ha declarado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, que ha apuntado que “cada conflicto internacional acaba repercutiendo directamente en el campo andaluz, especialmente a través del precio de la energía y los insumos”, y los agricultores y ganaderos “no pueden volver a asumir en solitario otro golpe de estas dimensiones”.

Al hilo, la organización agraria ha apostillado que el encarecimiento del petróleo y del gas tendría un “efecto inmediato” en el gasóleo agrícola, el transporte, los fertilizantes nitrogenados y, en definitiva, en el conjunto de la cadena alimentaria, motivo por el que han reclamado a las administraciones “vigilancia, anticipación y medidas preventivas” para evitar que una nueva crisis internacional “vuelva a traducirse en pérdida de rentabilidad en el campo”.

También se ha pronunciado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ante la amenaza de ruptura de relaciones económicas de Estados Unidos con España, y ha explicado que desde su organización les “llena de mucha incertidumbre” un conflicto con Estados Unidos, “sobre todo en sectores como el aceite o la aceituna de mesa”.

“El 17% de nuestra producción se exportó a Estados Unidos, por tanto nos preocupa que el sector agroalimentario pague las consecuencias de un conflicto en donde nuestro sector, como siempre, va a ser el pagano de las decisiones geopolíticas que ocurran en el caso de España”, ha criticado Torres.

Por este motivo, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucia ha exigido al Ejecutivo en un vídeo remitido a los medios “retomar las relaciones diplomáticas con un país como Estados Unidos, para nosotros muy importante desde el punto de vista agroalimentario”, mientras que ha deseado que “no se impongan ni aranceles ni trabas comerciales al libre comercio como consecuencia de un conflicto geopolítico”.

En contexto, Sánchez ha trasladado este miércoles que la posición española frente al conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es 'No a la guerra' y ha asegurado no temer a las “represalias” por mantener esta postura. Asimismo, después de que Trump amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación, Sánchez se ha reafirmado en su posición y ha señalado que no van a ser “cómplices” de algo que es “malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”.

La gerente de la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba (Acora), Macarena Sánchez, ha avanzado este viernes que prevé una subida del precio del aceite de oliva virgen extra, al considerar que “no hay producción suficiente para el abastecimiento de las necesidades”.

En este sentido y en rueda de prensa, Sánchez ha señalado que la producción de aceite de oliva este año en la provincia será, al menos, un 15% inferior a la prevista, que era de casi 270.000 toneladas, cifra ésta que, además, ya era un 7,5% inferior la de la pasada campaña.

Así, ha precisado que, “según lo que nos trasladan nuestros asociados, estimamos que las previsiones de cosecha no se van a cumplir y que vamos a estar, por lo menos, más de un 15% por debajo de las previsiones de cosecha”, con una calidad que, en los aceites lampantes, en concreto, será peor que la de la pasada campaña.

La consecuencia, según ha señalado, es que “los lampantes están bajando de precio, y va a haber un gran diferencial o esperamos que se empiece a ver ese diferencial entre las categorías superiores, como el virgen extra y los lampantes”

En cualquier caso, la gerente de Acora entiende que “ahora mismo el mercado está muy parado” y “se están haciendo operaciones con cuentagotas”, y “del virgen extra creemos que no hay producción suficiente para el abastecimiento de las necesidades”, con lo que opina Sánchez que su precio “debe de subir y que, sobre todo, el diferencial de precios entre la categoría lampante y virgen extra va a ser más acusada”.

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha informado este lunes de la activación en la provincia del Plan Andalucía Actúa, tras la publicación este mismo día en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de los acuerdos del Consejo de Gobierno que declaran la situación excepcional por el temporal y el desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario, de forma que el Plan Actúa ayudará a paliar parte de los daños, por valor de 331 millones de euros, que ha sufrido el campo cordobés.

El plan, según ha explicado Molina, “nace con una primera dotación de 1.780 millones de euros para toda la comunidad, con el objetivo de que las ayudas lleguen en tiempo y forma a quienes más lo necesitan. Se trata de una respuesta estructurada, con presupuesto, calendario y procedimientos definidos, que ya se está desplegando en Córdoba en los ámbitos agrario, productivo, de infraestructuras, sanidad, educación, sostenibilidad y de apoyo a los ayuntamientos”.

En concreto, según ha señalado el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, “las pérdidas en el campo cordobés ascienden ya a 331 millones de euros, con daños graves identificados en 125 kilómetros de caminos rurales cortados o con el tráfico interrumpido”.

Para dar respuesta inmediata, los agricultores y ganaderos “podrán solicitar las ayudas durante la primera quincena del próximo abril, y las primeras resoluciones comenzarán a notificarse a principios de junio”, según ha indicado el delegado, quién ha remarcado que “se han reducido plazos y simplificado trámites administrativos, porque el campo no puede esperar”.

El Plan reserva 1.000 millones de euros para el sector primario, de los que 700 millones serán para indemnizaciones directas a explotaciones agrarias afectadas, 170 millones para infraestructuras rurales (caminos, vías pecuarias y sistemas de regadío) y 136 millones adicionales para daños en infraestructuras hídricas. Estas ayudas serán compatibles con las que se dirigen a autónomos y pymes, de modo que se proteja de forma integral el potencial productivo de las zonas rurales.

Autónomos, pymes y carreteras

El tejido productivo cordobés también contará con respaldo específico. Las solicitudes de ayudas para autónomos y pymes podrán presentarse desde abril hasta el 30 de junio, con una primera resolución prevista ya en el mes de mayo. “El objetivo es inyectar liquidez y estabilidad a quienes sostienen el empleo y la actividad económica en los municipios afectados”, según ha destacado Molina.

En cuanto a la situación de las carreteras autonómicas en la provincia de Córdoba, 36 se han visto afectadas por el temporal y, por ello, la Junta ya ha movilizado 21 millones de euros en actuaciones de emergencia y recuperación en la red viaria cordobesa.

“El 85% de las obras de emergencia ya están en marcha y todas las actuaciones estarán activadas antes del 7 de marzo, y en junio se prevé que aproximadamente el 30% estén ya finalizadas”, según ha afirmado el delegado. Además, en abril se licitarán los contratos para el asfaltado definitivo, cuya ejecución comenzará en mayo, lo que permitirá consolidar la seguridad y la accesibilidad en estas vías.

Paralelamente, se están coordinando trabajos en caminos rurales y accesos agrarios para garantizar que el campo pueda seguir produciendo con normalidad, recordando Molina en este punto que “la reparación de los daños en infraestructuras hidráulicas de competencia estatal corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), con la que se mantiene una coordinación constante”.

Centros sanitarios y educativos

En materia sanitaria, los daños estructurales derivados del temporal en la provincia se han cuantificado en 1.400.771 euros. Las actuaciones de mayor importe se localizan en infraestructuras hospitalarias y en daños en cubiertas y elementos estructurales.

El Centro de Salud de Montemayor (Córdoba) concentra 192.000 euros en desperfectos, fundamentalmente por filtraciones, y contará con intervenciones prioritarias para restablecer plenamente la seguridad y la calidad asistencial.

En el ámbito educativo, en Córdoba se han registrado 45 actuaciones en centros docentes, con siete más pendientes de valoración técnica, y una estimación económica de 3.652.000 euros. Ya se han autorizado intervenciones en varios centros y los trabajos avanzan conforme a la planificación establecida. A nivel andaluz, se prevé que en junio se hayan realizado alrededor de 500 reparaciones en centros educativos, asegurando el normal desarrollo del curso y la protección de alumnado y personal.

Caminos forestales y ayuntamientos

El Plan Andalucía Actúa contempla en la provincia una inversión de 4,1 millones de euros para la reparación de caminos forestales, infraestructuras asociadas, vías pecuarias, senderos, instalaciones de uso público y centros de visitantes. Estas actuaciones son esenciales para la protección del entorno natural, la prevención de riesgos y el mantenimiento de actividades ligadas al turismo rural y a la gestión forestal sostenible.

Por otro lado, los ayuntamientos “han sido la primera línea de respuesta ante el temporal y son también un pilar central del Plan”. Por eso, “con la publicación este lunes en el BOJA se activa el procedimiento regulado en el Decreto 277/2023, modificado por el Decreto-ley 4/2025, que incluso permite el anticipo presupuestario de las ayudas a corporaciones locales”.

Así, tras la publicación del acuerdo, los ayuntamientos dispondrán de diez días hábiles para presentar la solicitud formal de subvención. Se trata de un procedimiento reglado, con plazos tasados y garantías, y la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba se compromete a acompañar técnicamente a los municipios para que ninguna entidad local pierda la oportunidad de acceder a estas ayudas destinadas a infraestructuras de titularidad municipal.

Molina ha concluido señalando que “el Plan Andalucía Actúa son 1.780 millones de euros con plazos concretos, son contratos ya activados y son ayudas con calendario definido”, de forma que “este plan supone un respaldo efectivo a agricultores, autónomos, empresas, ayuntamientos y centros educativos de Córdoba y del conjunto de Andalucía”, añadiendo que “toda ayuda que pueda aportar el Gobierno de España será bienvenida, siempre que cumpla su objetivo y garantice que los recursos llegan a quienes los necesitan”.