La Federación Córdoba Extrarradio ha denunciado este sábado que “más de 40.000 vecinos de la periferia de la ciudad carecen de suministro de agua potable en sus viviendas”, una situación que consideran “inadmisible” y que, según afirman, se prolonga desde hace décadas sin solución por parte de las administraciones competentes.

El colectivo ha criticado la gestión del Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el Partido Popular y presidido por el alcalde José María Bellido, al que acusa de no haber cumplido los compromisos adquiridos en las campañas electorales de 2019 y 2023 para garantizar el acceso al agua potable en las zonas periféricas.

Según la federación, tras siete años de mandato municipal “no se ha concedido ni un solo suministro de agua potable” en estas áreas, lo que, a su juicio, supone un perjuicio para más del 13 % de la población cordobesa, que tampoco dispone en muchos casos de servicios de saneamiento.

La organización sostiene que esta situación vulnera derechos básicos reconocidos por Naciones Unidas y denuncia además un trato desigual respecto a los residentes del núcleo urbano, pese a que los vecinos del extrarradio “llevan más de 30 años pagando los mismos impuestos”.

En este sentido, han señalado que el Ayuntamiento recauda más de 15 millones de euros anuales en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbano en zonas de parcelaciones, “sin que exista una inversión equivalente en servicios básicos”, lo que califican de “injusto y abusivo”.

Asimismo, critican el incremento de tasas municipales durante los últimos años, como la subida de más del 53 % en el recibo de la recogida de basuras y de más del 18 % en el suministro de agua, mientras que, aseguran, las inversiones en infraestructuras básicas en la periferia son “prácticamente inexistentes”.

La federación advierte también de las consecuencias sanitarias derivadas de la falta de redes de abastecimiento y saneamiento, como la existencia de vertidos incontrolados y el uso de agua de pozos sin control sanitario, lo que podría suponer un riesgo para la salud de miles de familias.

Por todo ello, la Federación Córdoba Extrarradio ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento la adopción de medidas urgentes para garantizar el acceso al agua potable y a servicios básicos en todas las viviendas habitadas del término municipal, con independencia de la clasificación urbanística del suelo.

Finalmente, el colectivo ha anunciado la convocatoria de próximas movilizaciones para exigir una solución a esta situación, que consideran “grave” y de “máxima urgencia”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que espera que la Fiscalía abra diligencias para analizar la actuación del Ayuntamiento durante las recientes inundaciones, convencido de que el proceso permitirá demostrar que la respuesta municipal fue “ejemplar”. El regidor también ha criticado duramente a la Federación Córdoba Extrarradio, que ha anunciado acciones legales contra el Consistorio por su gestión de la emergencia.

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha restado importancia a las acusaciones y ha afirmado que el gobierno municipal ha estado centrado desde el primer momento en hacer frente a la crisis y en la recuperación de la ciudad. “No voy a dedicar mucho tiempo a responder porque en lo que estamos desde las inundaciones es en responder a lo ocurrido”, ha señalado.

Según ha explicado, el Ayuntamiento activó medidas de prevención desde los primeros momentos, en coordinación con otras administraciones y siguiendo las indicaciones de la Confederación Hidrográfica sobre la evolución del río y de los arroyos. “Creo que hay que recordar esos días. La labor del Ayuntamiento fue ejemplar, ejemplar. Y la colaboración entre las instituciones fue ejemplar”, ha defendido.

El alcalde ha sostenido que la respuesta recibió una valoración positiva por parte de la ciudadanía. “Hay una valoración unánime de la sociedad cordobesa y andaluza sobre cómo se actuó ante esa situación”, ha afirmado.

Tras la fase más crítica, el Consistorio centró sus esfuerzos en la recuperación de la normalidad. Bellido ha recordado las labores de limpieza de vías públicas, la coordinación con Cruz Roja para atender a los vecinos afectados y las actuaciones destinadas a mitigar las consecuencias económicas de las inundaciones.

“Volver a un plano de actualidad”

En relación con las críticas de la Federación Córdoba Extrarradio, el alcalde ha cuestionado las motivaciones de quienes impulsan la iniciativa y ha señalado que se trata de un colectivo que ya ha intentó sin éxito tener presencia política en el pasado. A su juicio, están intentando “volver a un plano de actualidad” aprovechando el contexto generado por las inundaciones.

Pese a ello, Bellido ha manifestado que no tiene inconveniente en que la Fiscalía investigue la actuación municipal. “Yo espero que la Fiscalía abra diligencias, francamente, lo espero y lo deseo porque eso nos permitirá aportar todo lo que se hizo”, ha indicado.

El alcalde ha explicado que durante los días más complicados se mantuvieron reuniones prácticamente permanentes del comité de emergencia para evaluar los riesgos y actuar con antelación, incluyendo evacuaciones preventivas cuando fue necesario. Asimismo, ha recordado que muchos de los daños se produjeron en zonas consideradas inundables, según los mapas de la Confederación Hidrográfica, y que las fuertes lluvias provocaron también el desbordamiento de arroyos en distintos puntos de Andalucía.

“Nosotros no tenemos en nuestra mano que no llueva ni que no crezca el río”, ha señalado Bellido, quien ha subrayado que el caudal llegó a obligar incluso al cierre del puente romano. El regidor ha insistido en que el Ayuntamiento aportará toda la documentación que sea necesaria si se abre una investigación. “No solo es que no tengamos miedo, sino que estamos orgullosos de la labor que hicimos”, ha afirmado.

Mientras tanto, ha asegurado que el gobierno municipal continuará centrado en la recuperación de la ciudad. “Seguiremos avanzando en la recuperación, que es lo que nos toca ahora, sin distraernos de ese objetivo”, ha concluido.

La Federación Córdoba Extrarradio, que reúne a vecinos de distintas parcelaciones de la capital, ha celebrado este domingo una asamblea para adoptar medidas tras las inundaciones sufridas con el pasado temporal y las lluvias del tren de borrascas.

Según ha comunicado en una nota, entre los acuerdos adoptados se encuentra “como medida de protesta, iniciar cortes de carreteras”, con una duración de “dos horas ininterrumpidamente”, si bien aún no señalan ninguna fecha para dar comienzo a estas movilizaciones.

Asimismo, han aprobado “iniciar las acciones judiciales e investigación por las inundaciones sufridas en las parcelaciones por posible snegligencias por parte de las administraciones y políticos responsables”.

Y, de igual forma, han acordado “acudir a los Plenos del Ayuntamiento de Córdoba para solicitar al gobierno municipal que cumpla con los compromisos que adquirió con los vecinos de las parcelaciones inundadas”, así como con los servicios básicos del resto de parcelaciones.

Al menos una docena de vecinos de la calle La Perdiz, en la parcelación de Guadalvalle junto al Aeropuerto de Córdoba, que fue una de las que se inundaron con la crecida del Guadalquivir por el tren de borrascas de este invierno, han denunciado que llevan días sin poder transitar por su calle debido a que se encuentra llena de barro y enseres sin que la maquinaria haya pasado a retirarlos.

Según explican a este periódico, los vecinos han ido sacando el barro de sus parcelas a la calle y también los enseres que han quedado inservibles para que, de allí, fueran retirados por maquinaria. Y, si bien indican que durante los primeros días esto sí ocurrió, los vecinos de más de la mitad de la calle se encuentran con que el lodo sacado llena ahora la vía de acceso sin que durante días hayan pasado a retirarlo de allí.

“Las máquinas se retiraron el día 18”, recuerda uno de los vecinos, Rafael, en conversación con este periódico. “Y la calle está abandonada, porque han pasado unos días a retirar barro, pero no han llegado ni a la mitad de la calle”.

Con ello, los vecinos pueden llegar con sus vehículos solo hasta el comienzo de La Perdiz. “Los dejamos allí, nos ponemos nuestras botas y vamos andando hasta las parcelas”, describen sobre su día a día. “No podemos ni pasar por la calle”.

“Los vecinos estamos sacando el barro a la calle como nos dijeron, ahora se ha llenado la calle y no va ninguna máquina a retirarlo”, por lo que reclaman que se mantenga el dispositivo que coordinaba el Ayuntamiento para estas tareas.

De hecho, se han dirigido a la delegación de Alcaldía de El Higuerón la semana pasada, para hacer ver la situación en la que se encuentran, sin que hasta el momento les hayan dado una solución, dice Rafael: “Estamos a martes y la calle sigue igual”. A lo que añade que en otras parcelaciones como La Altea, sí se ha retirado el barro y cuentan con cubas para enseres.

“Nosotros estamos abandonados”, reiteran, para volver a reclamar que se disponga maquinaria para limpiar la calle La Perdiz y que todos los vecinos puedan acceder a sus viviendas con sus vehículos. Consultado el Ayuntamiento de Córdoba sobre la situación de estos vecinos y el dispositivo de retirada de barro de su calle, en la tarde de este miércoles fuentes municipales trasladan que “se sigue limpiando y se seguirá haciendo” en la zona.

Los parcelistas anuncian movilizaciones ante “el abandono” que padecen

Por otra parte, la Federación Córdoba Extrarradio, que representa a los parcelistas de la ciudad, ha informado este martes de que, atendiendo a las demandas de las parcelaciones afectadas por las inundaciones provocadas por la crecida del río Guadalquivir en febrero por las sucesivas borrascas, se ha aprobado un calendario de movilizaciones que será propuesto en una asamblea vecinal que se convocará “con carácter urgente”.

En una nota, la junta directiva de la federación ha detallado que se ha visto “obligada a proponer un calendario de movilizaciones debido a la situación de gravedad y abandono que están padeciendo cientos de familias debido a las últimas inundaciones”, al tiempo que creen que “el gobierno municipal y la Junta de Andalucía se han desentendido y abandonado totalmente a las familias afectadas”.

Así, la federación ha dicho que pretende, con este tipo de movilizaciones, que “las autoridades competentes -Ayuntamiento y Junta de Andalucía- recapaciten y, con carácter urgente, procedan ayudar a todas las familias afectadas, poniendo todos los medios necesarios, tanto humanos como económicos, ya que todas ellas se encuentran en una situación de desamparo total por parte de las distintas administraciones responsables”. “Son muchos los días que han pasado y aún hay familias que no han podido entrar a sus casas”, han aseverado.

También, han aprobado iniciar contactos, a nivel andaluz, con todas las asociaciones afectadas, con la idea de “unificar fuerzas para poder exigir al Gobierno andaluz que cumpla sus promesas y apruebe las partidas económicas necesarias para hacer frente a los gravísimos daños causados por el temporal en la comunidad”.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia mediante la cual ha condenado a una mujer a una multa de 420 euros por un delito de malos tratos de obra y otro de amenaza a sus vecinos tras un violento episodio ocurrido en una zona de parcelas de la capital. El altercado vecinal terminó con menores de edad saltando a un canal para evitar ser arrollados por el coche que conducía la condenada.

Los hechos, que la Audiencia ha declarado como probados, se remontan al 7 de junio de 2023. El conflicto se originó en una zona de parcelas donde la relación entre dos familias vecinas no era buena entre sí, habiendo protagonizado varios incidentes, alguno de ellos judicializado. Aquel día, un vecino decidió desconectar un cable de suministro eléctrico que iba hacia la parcela de los dos acusados al entender que la instalación no era segura por no estar soterrada. La falta de luz provocó un primer incidente que requirió la intervención de la Policía Local de Córdoba, quienes mediaron entre las partes antes de marcharse.

Sin embargo, la violencia estalló poco después. Según el relato de hechos de la sentencia, cuando la familia denunciante abandonaba la vivienda en grupo -incluyendo a varios adultos, un bebé en brazos y dos menores andando-, los acusados abrieron su cancela. La procesada salió conduciendo su coche y lo dirigió directamente hacia su vecina con la intención de atropellarla. La mujer tuvo que retroceder hasta quedar atrapada contra una baranda, cayendo al suelo por el impacto.

Ante el pánico generalizado, la familia comenzó a correr. Una de las personas que estuvo presente durante el conflicto intentó detener el vehículo introduciendo los brazos por la ventanilla del conductor para forzar a la conductora a parar. En ese momento, la acusada cogió una guadaña que llevaba dentro del coche y la esgrimió contra ella, logrando que desistiera.

Tras esto, la procesada siguió a la familia con el coche, obligando a dos niños arrojarse a un canal cercano para evitar ser atropellados por el vehículo. La conductora solo detuvo su marcha cuando se percató de que uno de los vecinos la estaba grabando con el móvil y la retaba a que lo atropellara a él.

En su resolución, la Audiencia ha rechazado el recurso de la condenada, subrayando que el testimonio de las víctimas fue “serio, persistente y sereno”, frente a una versión de la acusada que presentaba “signos de simulación”. Por ello, se le han impuesto 40 días de multa por malos tratos de obra y otros 30 días por amenazas, con una cuota de seis euros diarios (420 euros en total).

Por otro lado, el tribunal ha absuelto al marido de la condenada. Aunque inicialmente fue condenado por dar un empujón a una mujer durante la trifulca, la Audiencia ha revocado esta decisión porque la víctima no compareció en el juicio. Al no haber ratificado su denuncia ni haber podido ser interrogada por las partes, el tribunal lo ha absuelto al no existir prueba de cargo suficiente. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez, el diputado autonómico Alejandro Hernández y el portavoz de Vox en la Diputación, Rafael Saco, han visitado este sábado las parcelaciones de Guadalvalle, en la zona cercana al aeropuerto de Córdoba, “donde decenas de vecinos continúan retirando barro de sus viviendas tras las recientes inundaciones”, según señalan.

Además, apuntan que durante la visita, los representantes de Vox han comprobado la situación que atraviesan numerosas familias que, días después del temporal, siguen secando sus casas “y criticando la falta de apoyo suficiente por parte de las administraciones”.

Ramírez ha señalado que “hemos venido a preguntar cómo van los equipos de rescate y de ayuda, porque seguimos viendo abandono y una falta de apoyo que nos sorprende y que, por desgracia, repite lo que ya hemos visto en otras partes de España”.

El diputado nacional ha explicado que muchos vecinos les han trasladado que la situación “les recordaba a lo vivido en Valencia”, insistiendo en que “es evidente que tenemos que hacer muchísimo más por estos vecinos que, en estos momentos, se sienten abandonados”.

Y ha anunciado que Vox ha presentado iniciativas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno de España que acelere las ayudas y que explique qué medidas piensa adoptar para evitar que una situación como la vivida en 2010 y repetida ahora en 2026 vuelva a producirse en el futuro.

Por su parte, Hernández ha criticado lo que ha calificado como “un vergonzante pacto de omisión entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía”, y ha asegurado que “mientras uno no denuncia la negligencia del otro, los vecinos pagan las consecuencias”.

“El espectáculo dantesco que estamos viendo hoy aquí no es nuevo. Ya ocurrió en 2010 y se podían haber puesto los medios necesarios para evitar que se repitiera. No se ha hecho, y ahora las consecuencias las están sufriendo decenas de familias”, ha afirmado el parlamentario andaluz.

Desde Vox han advertido que exigirán responsabilidades políticas y medidas estructurales para que estas inundaciones no vuelvan a repetirse, “reclamando coordinación real entre administraciones y actuaciones preventivas eficaces en la cuenca del Guadalquivir y en las zonas más vulnerables de la capital cordobesa”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este lunes las labores de limpieza en zonas de parcelaciones tras la crecida del río Guadalquivir hace diez días, debido a las continuas borrascas, cuya crecida “ya está mucho más controlada”, con nivel amarillo desde esta madrugada, por debajo de dos metros, después de rozar los seis hace dos sábados.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha subrayado que “la situación de riesgo ya está superada”, después de que “ya son varios días sin llover y eso ayuda por mucho que sigan los desembalses, que hacen que el río no baje del todo”.

En cuanto al balance de las calles, ha dicho que la labor de limpieza está “prácticamente a terminar ya”, si bien ha admitido que “habrá que abordar en los próximos días que en las últimas calles, como los vecinos todavía no han podido acceder a sus casas, aunque ya se está terminando la limpieza, llegará un momento donde ellos saquen el lodo de las casas y vuelva a la calle, que se volverá a limpiar”.

Al respecto, el primer edil ha resaltado la labor con el equipo de voluntarios de Cruz Roja, “sin ningún inconveniente legal” y “con la colaboración del Ayuntamiento en la organización de la entrada”, a la vez que “el Infoca, que está dentro de la coordinación de emergencias, también está actuando” con el fin de “solventar los problemas que tienen los vecinos, dentro del marco legal, que es importante”, ha aclarado.

Preguntado por la reunión que piden a las administraciones vecinos de la Federación Córdoba Extrarradio, que estudiarán con su gabinete jurídico “si ha habido negligencias”, al entender que “se podían haber evitado las inundaciones”, Bellido ha dicho que “no hay inconveniente en atenderles”.

La Federación Vecinal Córdoba Extrarradio ha celebrado una asamblea este domingo 15 de febrero ante las recientes inundaciones que han vuelto a afectar a las parcelaciones de la ciudad. Los vecinos han decidido pasar a la acción ante lo que califican como una “dejadez de funciones” histórica por parte de las instituciones y exigen soluciones.

Entre los acuerdos adoptados en la asamblea, los vecinos solicitan una reunión con carácter urgente a tres bandas: con el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno. Su objetivo es abordar de inmediato la problemática de las zonas inundables y conocer todas las actuaciones que tomaron las administraciones.

Además, la Federación avanza que su gabinete jurídico estudiará si ha habido “negligencias” en la gestión de las últimas riadas. Los vecinos sostienen que “se podían haber evitado las inundaciones” y están recabando toda la información sobre las actuaciones llevadas a cabo por las administraciones competentes para determinar si proceden acciones legales.

Según señalan en su comunicado, los vecinos han convocado una nueva asamblea de toda la periferia para dentro de “20 o 25 días”“. En dicho encuentro se evaluarán los resultados de las reuniones solicitadas y, en caso de no obtener soluciones, se aprobará un ”calendario de movilizaciones“. Paralelamente, se iniciará una recogida de firmas en todo el extrarradio.

La Federación denuncia que, desde las inundaciones de 2010, la historia se ha vuelto a repetir en 2026. Y denuncian que muchas familias carecen de servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad. Por ello, reclaman al Ayuntamiento que permita el acceso urgente al agua potable y que la Gerencia Municipal de Urbanismo reactive los proyectos de colectores de aguas fecales. Asimismo, piden una inversión conjunta de todas las administraciones para limpiar los cauces y ejecutar las infraestructuras necesarias que eviten nuevas inundaciones.

Ahora toca una nueva vida. De lo que podía ser el día a día hace apenas tres semanas, a no saber cómo tendrás tu propia casa. Los vecinos de las zonas inundables de Córdoba capital se adaptan a una normalidad que nadie está preparado para ella. La totalidad de los ciudadanos de la calle Las Tórtolas continúan desalojados, mientras que parte de los que tienen su parcela en Perdiz han podido entrar para evaluar los primeros daños -sobre todo las más alejadas del río-.

La situación cambia prácticamente cada hora. Este martes ha bajado el caudal del río Guadalquivir hasta rozar el umbral naranja. Eso ha hecho que las autoridades sean más flexibles a la hora de dejar a los vecinos entrar a sus viviendas. Pese a todo, ya solo quedaban dos calles en las zonas inundables de Córdoba en la que los ciudadanos estaban realojados: La Tórtola y Perdiz. Aun así, esto ya no es así.

En la calle Perdiz, parte de sus vecinos han entrado a partir de las 11:00 de este martes para comenzar las labores de limpieza. El asfalto que conectan todas las parcelas está accesible, con los coches llegando prácticamente al caudal del río. Eso cambia drásticamente en la avenida paralela. En Las Tórtolas el barro llega prácticamente a las espinillas, elevándose el nivel hasta las rodillas en muchas casas donde el agua ha llegado al techo.

Es por ello que la Policía Local y Nacional advierten a los vecinos de que no podrán entrar hasta, al menos, unos días. El barro aún sigue líquido, pero los ciudadanos temen que se seque y sea aún más complicado quitarlo. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dan agua todavía para tanto miércoles como jueves o viernes, aunque la intensidad será mucho menor. El tiempo también corren en su contra.

En otras zonas afectadas, Manajeque y Fontanar de Quintos sí que han podido volver a rehacer parte de su vida. Cierta normalidad parecía haber llegado a sus calles, sin apenas presencia policial y con los cubos siendo los principales protagonistas para achicar el agua. Todo para minimizar los daños.

La importancia de los cuerpos de seguridad

Por otro lado, este periódico ha estado continuamente yendo y viniendo a las principales parcelas afectadas -Alcolea, Las Cigüeñas, Guadalvalle, Altea, Majaneque y Fontanar de Quintos-. Todos los vecinos han coincidido en una idea: la gran labor de la Policía Nacional, Policía Local, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, además de los políticos. Ahora, solicitan que exista más ayuda a la hora de limpiar sus parcelas o, al menos, los caminos para acceder a ellas.

Asimismo, los vecinos también han abierto sus puertas a todo aquel interesado en ver los estados de sus viviendas, incluso ofreciendo los pocos enseres que les ha quedado disponibles después de que el río Guadalquivir arrasase. La gran mayoría de estos han comenzado con una nueva normalidad que todavía se le resiste a varios de ellos. Todavía tendrán que esperar algunos días para ver la realidad de unas inundaciones que recuerdan a las de 2010.

Durante la jornada de este lunes ha descendido la cifra de desalojados a 4.879, la mayoría de ellos en Cádiz (4.005), Málaga (325), Córdoba (276), Sevilla (124) Jaén (89) y Granada (60). En la provincia de Córdoba ya han vuelto a sus hogares 306 personas: 45 vecinos de Encinarejo, en la capital; 48 de El Carpio, 140 personas de Palma del Río, 63 de Villafranca de Córdoba, 7 de Puente Genil y tres vecinos de Villa del Río.

En las últimas horas se ha autorizado la vuelta paulatina de los vecinos de Vejer y Arcos de la Frontera (Cádiz) que permanecían fuera de sus casas, también han vuelto las 600 familias de la zona de Los Puentes en Jaén, los 30 desalojados en Mogón (Jaén) y los 13 de Linares – Baeza. En Málaga, se ha dado luz verde a la vuelta de los vecinos de Casares afectados, lo mismo ha sucedido con el medio centenar de Lora del Río, en Sevilla. Por el contrario, en Santisteban del Puerto (Jaén) se ha procedido al desalojo de unos 40 vecinos ante el desprendimiento de ladera y rocas que se han realojados con familiares.

En cuanto a la cifra de incidencias, el río atmosférico ha dejado ya un total de 11.274 desde el pasado día 27 de enero, la provincia más afectada es Cádiz 2.419 incidencias coordinadas desde el principio del episodio, seguida de Sevilla (1.964), Jaén (1.915), Granada (1.547), Málaga (1.141), Córdoba (1.065), Almería (717) y Huelva (506). En la jornada de hoy, EMA 112 ha coordinado 254 emergencias, de las que 71 han sido en la provincia de Cádiz, de nuevo la más afectada, 48 en Jaén, 37 en Granada, 36 en Málaga, 34 en Córdoba, 13 en Huelva, 10 en la provincia de Sevilla y 5 en la de Almería.

Entre los casos más destacados de las últimas horas hay que mencionar que en el municipio de Nívar (Granada), se ha informado de un desprendimiento de ladera que ha afectado a una decena de viviendas y en el municipio también granadino de Zagra se han recibido avisos por falta de suministro de agua potable y se ha producido otro desprendimiento en un camino de. En la provincia jiennense, desde Jamilena han informado de problemas con el suministro de agua potable y de la caída de un puente sobre el río Guadalquivir en Villanueva del Arzobispo, sin daños personales. Los avisos más destacados hoy en la provincia de Cádiz han estado en Ubrique donde se ha producido el derrumbe del techo de una vivienda que no ha causado daños personales, pero sí ha obligado al desalojo de dos personas que se han ido con familiares.

También en Ubrique se han reportado grietas en algunas viviendas; además se ha producido el derrumbe de una casa de dos plantas en el Paseo de la Playa en Alcalá de los Gazules, donde se ha atendido a una persona. En la provincia malagueña, en Gaucín, una veintena de vecinos tiene problemas de acceso para entrar y salir de sus hogares en la zona de la Ribera del río Genal. Mañana la máquina generadora de agua atmosférica se traslada desde San Martín del Tesorillo a Zahara de la Sierra (Cádiz).

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene a esta hora 188 carreteras afectadas por el evento meteorológico, de las que 117 están cerradas al tráfico. Cádiz es la provincia con una mayor afectación con 46 vías condicionadas en la circulación, seguida de Córdoba con 23, 19 en Jaén, 15 en Málaga, ocho en Sevilla, cinco en Granada y una en Huelva.

Malestar entre parte de los vecinos de la urbanización La Forja 1, que han denunciado que siguen sin poder acceder a sus viviendas pese a que se autorizó el realojo estel pasado domingo. ¿La razón? “La calle Aldaba permanece completamente anegada, con más de 50 centímetros de agua, lo que impide el paso a las casas”, explican los residentes.

Los vecinos de La Forja 1 estaban entre aquellos a los que este domingo se ha permitido volver a sus casas. En total, unas 724 de las 1.200 que han sido desalojadas, según informó el alcalde. Sin embargo, según ha explicado uno de los residentes afectados, una vez anunciado el realojo, el dispositivo policial se retiró mientras parte del vecindario comprobaba que entrar a sus viviendas era todavía imposible.

24 horas después, en esta parte de La Forja, no se puede acceder a las viviendas. “Nos encontramos en la calle pese a que nos realojaron ayer, sin acondicionar los medios para poder acceder a las viviendas. Y aquí seguimos, con la incertidumbre de saber si alguien va a venir a socorrernos pese a todas las llamadas que se han realizado”, explica Fran, uno de los residentes, que además adjunta imágenes de las cámaras de algunas casas que prueban que apenas ha cambiado la situación desde el sábado.

Así, indica que en la mañana de este lunes, han contactado tanto con la Policía Local como con el servicio de emergencias 112, pero señalan que desde este último se les indicó que no podían intervenir y que debían contactar con la Policía Local, sin que hasta el momento se haya producido una actuación efectiva.

“La situación es insostenible”, denuncian los afectados, que aseguran que no disponen de medios ni ayuda para afrontar la catástrofe, pese a que oficialmente se dio por finalizado el realojo. “Algunos vecinos se han visto obligados a dormir en sus coches, mientras que personas mayores permanecen en la calle sin poder regresar a sus domicilios”, denuncian.

La de este domingo ha sido una jornada intensa y dura para todas aquellas familias de Córdoba que desde el pasado miércoles fueron desalojadas por la crecida del río Guadalquivir a su paso por la capital. En total, 859 viviendas evacuadas y 1.462 personas afectadas. Tras un descenso del caudal del río gracias a la tregua que han dado las precipitaciones, el Ayuntamiento autorizó el realojo de cerca de 1.200 personas, que celebraban su regreso mientras que sus vecinos, a tan solo unos metros, veían truncado su deseo de poder volver a su hogar.

El desalojo comenzó el pasado miércoles y afectó en un primer momento a las barriadas cercanas al aeropuerto, como son Altea, Guadalvalle, Majaneque y Fontanar de Quintos, pero las evacuaciones continuaron después por Ribera Baja, Calle de la Barca, las urbanizaciones Forja 1 y Forja 2, Las Cigüeñas, Veredón de los Frailes y Montón de Tierra.

La situación fue realmente crítica. En algunos casos, el riesgo de entrada de agua en las viviendas era inminente. En otros, la prevención apremiaba al desalojo para evitar una evacuación a contrarreloj. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este domingo que lo único que ha movido al Consistorio, en cuanto a desalojos se refiere, ha sido salvar vidas y “evitar imágenes de personas con el agua al cuello”.

Gracias a la colaboración entre las administraciones y entes públicos -el regidor ha trasladado su “orgullo por los servicios públicos de esta ciudad”-, el pabellón Vista Alegre abrió sus puertas a aquellas familias que no tenían ningún recurso habitacional. Al igual ocurrió en Alcolea, donde los evacuados también se encontraron con el arropo de sus vecinos y de la parroquia, y donde se habilitó el pabellón deportivo para las familias desalojadas. Según fuentes municipales, este pabellón ya está cerrado gracias a los realojos. Sobre el Vista Alegre, se espera que el número de usuarios desciendan y puedan ser realojados al Centro de Educación Ambiental.

En cuanto el alcalde anunció este domingo que 724 familias podían volver a sus casas, la zona del aeropuerto ha sido un ir y venir de coches. La normalización ha llegado a las urbanizaciones Forja 1 y Forja 2, Fontanar de Quintos y a Majaneque, aunque aquí quedan aún 30 familias evacuadas. En Veredón de los Frailes y Montón de Tierra también han podido regresar todos los vecinos desalojados, mientras que en la zona de Alcolea (Ribera Baja, Calle de la Barca y Las Cigüeñas), 203 de 224 familias han podido volver.

A pesar de la normalización en la mayoría de las áreas, la vuelta no ha estado exenta de incidentes, especialmente en la zona de San Isidro, situada en el entorno del aeropuerto. Aunque inicialmente el alcalde anunció en rueda de prensa que todos los vecinos de esta zona podían regresar, también apuntó que “los datos pueden tener un margen de error porque se está comprobando in situ, por parte de la Policía Local y Bombero, si hay alguna circunstancia que se haya podido escapar”.

Esa puntualización no aparece en la web municipal puesta en marcha para trasladar información actualizada a los afectados. Y a ello se han aferrado algunos vecinos de San Isidro que querían entrar a sus casas. La realidad es que en algunas de ellas seguía habiendo agua, como ha ocurrido en la casa de un vecino que tiene su vivienda entre San Isidro y Altea. En este caso, cuando se encontraba en una nave anexa a su casa, un efectivo de Bomberos le ha comunicado que aún no podía volver a su vivienda. Su intención era echarle de comer a los gatos, animales a los que no ha encontrado. Lo que sí ha podido ver es que las gallinas que tenía han fallecido. En una casa de al lado, un familiar de este hombre ha entrado a por enseres acompañado de un policía porque este vecino tampoco podía pernoctar en la vivienda.

En calles como El Ciprés, hay a quienes se les ha permitido entrar a su vivienda para limpiar el lodo, evitando que el barro se seque y cueste aún más trabajo eliminarlo. No obstante, estas familias tampoco tenían autorizada la vuelta. Para gestionar el flujo de personas y evitar confusiones, la Policía dividió la carretera del aeropuerto en dos sectores: uno, destinado a acompañar a vecinos de zonas desalojadas a coger enseres y, otro, para facilitar el acceso a aquellos vecinos que finalmente este domingo ya podían dormir en su casa.

Las previsiones es que entre 24 y 48 horas pueda ir dilucidándose el futuro de las más de 250 personas que aún no ha podido regresar a su hogar por cuestiones estrictas de seguridad. Aún quedan un poco más de 135 viviendas sin sus moradores. El grueso de las casas más afectadas -el 62%- se encuentra entre Altea y Guadalvalle, donde hay 20 y 64 viviendas -respectivamente- a las que no se puede entrar. En algunas de ellas, el agua llega al techo. Habrá que esperar para el realojo y aún más para la evaluación de daños.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este domingo que la situación de emergencia por las inundaciones entra en una “fase descendente”, permitiendo que la gran mayoría de los evacuados comiencen el regreso a sus hogares. Tras una jornada del sábado de “mucha tensión”, marcada por el desbordamiento de prácticamente todos los arroyos del término municipal de Córdoba debido a la saturación del terreno, el regidor ha afirmado que “lo peor ya ha pasado”, por lo que ha autorizado a 724 familias -unas 1.200 personas- a volver a sus casas tras haber sido desalojadas.

Durante la pasada noche, los recursos municipales dieron cobijo a 89 personas: 85 pernoctaron en el polideportivo Vista Alegre y cuatro, en Alcolea. Otros ciudadanos acudieron a estos puntos para abastecerse de alimentos y suministros. Bellido ha querido destacar el comportamiento ejemplar de los cordobeses y la “absoluta lealtad institucional” de los cuerpos de seguridad y emergencias, incluyendo a la Policía, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, 061 y Guardia Civil.

Según los datos oficiales, la crecida del río Guadalquivir ha afectado a un total de 859 viviendas y 1.462 personas. Gracias a que la segunda ola de la crecida está siendo “muy plana” y al control preventivo de los pantanos, se ha autorizado el regreso de 724 familias a sus casas bajo criterios técnicos de seguridad. Es decir, el 84% de las familias desalojadas ya podrán volver a sus casas.

El plan de retorno se distribuye de la siguiente manera:

Zona 1 (Ribera Baja, Barca y Cigüeñas): vuelven la mayoría de los residentes, excepto 21 viviendas (siete en Ribera Baja y 14 en el entorno de Las Cigüeñas).

Zona 2 (urbanizaciones Forja 1 y 2): los 223 vecinos afectados pueden regresar a sus 121 viviendas.

Zona 3 (San Isidro, Guadalvalle y Altea): regresan casi todos, salvo los vecinos e 20 viviendas en Guadalvalle y 64 en la zona de la Altea.

Zona 4 (Fontanar de Quintos): vuelta completa para las 185 viviendas de la zona.

Zona 5 (Majaneque): regresan todos los vecinos, a excepción de 30 viviendas situadas en las calles más damnificadas.

Zona 6 (Veredón de los Frailes y Montón de Tierra): normalidad absoluta para las 58 viviendas afectadas.

A pesar del optimismo por la bajada del nivel del agua, el alcalde ha insistido en que la emergencia no se da por superada, ya que 135 familias aún no pueden regresar a sus hogares por no reunir las condiciones de seguridad necesarias. Esto supone que unas 250 personas siguen afectadas directamente por la imposibilidad de habitar sus casas.

Sobre la afectación de las viviendas, Bellido ha explicado que los realojos autorizados se han hecho al comprobar que las viviendas en cuestión “no han sufrido apenas afectación”. “En la inmensa mayoría de estos casos, el agua no ha llegado a las viviendas y, en otros casos”, la entrada de agua ha sido menor. Peor suerte han corrido el resto de casas para las que no se ha autorizado su ocupación, puesto que en ellas sí ha entrado el agua de manera considerable. En algunas, según ha apuntado el alcalde, las anegaciones llegan “hasta el techo”.

Dado que el 84% de las familias desalojadas podrán a lo largo de este domingo volver a sus casas, Bellido ha adelantado que se evaluará durante el día la reubicación de los que no pueden regresar a sus viviendas. De esta forma, si el número de personas que necesitan alojamiento disminuye significativamente tras los realojos previstos, se contempla trasladar el centro de atención desde Vista Alegre al Centro de Educación Ambiental.

Imágenes aéreas de las distintas zonas afectadas por la crecida del río Guadalquivir, tomadas por el 112 Andalucía para la valoración de daños y el estudio de los efectos provocados por la crecida en las parcelaciones colindantes al aeropuerto de Córdoba.

Febrero de 2010 es una fecha que marca una especie de antes y después en el urbanismo cordobés. El día 25 el Guadalquivir alcanzó unas enormes dimensiones y anegó unas 400 viviendas. La mayor parte de ellas se habían construido de manera irregular entre los años ochenta y noventa. O incluso después. No se habían podido inundar en las grandes riadas anteriores, la de 1980 y la de 1963.

Aquel día se supo que el Guadalquivir guarda las escrituras de su propiedad y que de vez en cuando sale a reclamarlas. En febrero de 2010 casi no hubo tiempo de reacción. El río se desbordó como siempre, laminando y poco a poco. Dio tiempo para desalojar a la gente, pero poco más. No hubo ahogados ni heridos, pero sí enormes daños materiales. Entonces, no había planes de emergencia y las comunicaciones entre administraciones no eran las mejores.

Ahora, es muy diferente. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha avisado con tiempo a la Junta de Andalucía y los ayuntamientos ribereños del río que puede que en las próximas horas o días nos acerquemos a lo que ocurrió en 2010: que el río se desborde a unos límites en los que se vuelvan a inundar las 400 casas de entonces.

Las inundaciones del Guadalquivir suelen ser previsibles. Salvo cambios en el cauce, que no se han producido, el río siempre inunda por el mismo sitio. Conforme va subiendo su lámina de agua va entrando en las primeras casas de siempre. Por eso, las administraciones saben qué tienen que desalojar.

En Córdoba capital, el Ayuntamiento ha vaciado las parcelaciones de Guadalvalle, la Altea, San Isidro, Forja I, Forja II, parte de Fontanar de Quintos, parte de Majaneque, parte de la Ribera Baja en Alcolea y la calle La Barca. Precisamente, la calle La Barca es el único entorno legal, enclavado en el urbanismo cordobés, que se inunda. Pero eso es algo con lo que se cuenta.

A día de hoy no se sabe con exactitud ni cuántas viviendas son las inundables ni cuánta gente vive en ellas. El Ayuntamiento ha ido peinando calle a calle las zonas donde sí que sabe que va a llegar el agua, siempre que se repita, o se acerque, un escenario similar a de 2010.

El mensaje de la Confederación

El mensaje que ha trasladado la Confederación a la Junta señala que se hará todo lo posible por que no ocurra una inundación como la de entonces. Pero tampoco se descarta. Eso sí, se insiste en que no irá a más. Córdoba tiene más zonas inundables, a las que llegaría el agua si la cosa se sigue complicando. Un ejemplo está en el Campo de la Verdad o en el Arenal de la Fuensanta. Son zonas urbanas e inundables. Pero aún tiene que llover mucho más.

Los modelos de la Confederación Hidrográfica no contemplan un escenario mayor que el de 2010. Los ingenieros tratan de ganar márgenes de seguridad en todos los embalses, sin desbocar el caudal del Guadalquivir. El objetivo es que existan esos resguardos cuando vuelva a llover. Y se sabe que lloverá el viernes, el sábado, algo menos el domingo y también el lunes. Se cuenta con que las precipitaciones no serán tan intensas como las de las borrascas anteriores, aunque hay previsiones de que sí que pueden serlo.

Los desalojos no son solo en Córdoba capital. También hay zonas que si se repite lo de 2010 se inundarán en pueblos como Villa del Río, Montoro, Villafranca de Córdoba, Almodóvar del Río, Posadas o Palma del Río. Todos los alcaldes están alerta y en todos los municipios se están tomando medidas.

Este jueves, por ejemplo, se envió el primer SMS Es Alert en la historia de Córdoba. Se advertía a los vecinos de las zonas inundables que se tenían que ir. El delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, insistía en que “lo más importante es la vida”. Y que daba igual lo que se dejara atrás. Se trataba de evitar desgracias personales.

Lo que no se sabe es cuándo llegará el pico del episodio y cuándo volverá a descender el cauce del Guadalquivir. La historia no siempre se repite, aunque rima. Y en todas las riadas anteriores, la historia de Córdoba nos ha enseñado que el Guadalquivir es más o menos previsible, aunque a veces nos sorprende.

La barriada de Las Cigüeñas, ubicada en el núcleo residencial de Alcolea (Córdoba) se encuentra en una situación crítica tras haberse inundado a causa de un arroyo cuya titularidad corresponde a la Diputación. Los residentes, que ya sufren las consecuencias del agua, mantienen una vigilancia tensa sobre el río Guadalquivir y las infraestructuras hidráulicas cercanas ante el temor de que la situación empeore en las próximas horas.

Paco del Moral, presidente de la asociación de vecinos de Las Cigüeñas, ha expresado a este periódico su indignación por el estado de abandono en el que se encuentran los cauces. Según ha manifestado, la falta de limpieza del arroyo propiedad de la Diputación ha sido un factor determinante en los daños sufridos.

Ante los hechos, la comunidad vecinal ya ha solicitado una reunión con la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara con el objetivo de exigir una mejora urgente en la infraestructura de la zona. “Es una vergüenza la infraestructura como la tienen. El arroyo pertenece a la Diputación, y no lo limpian. Hemos pedido reunión a la federación de vecinos para que mejoren al menos la infraestructura”.

Temor a que haya que abrir Navallana

Por otro lado, la tensión aumenta ante las perspectivas que ofrece la jornada que todavía queda por delante. “Las previsiones que tenemos no son buenas. Va a dejar de llover, pero como abran el Navallana... esto se va a poner muy feo, y hay muchas familias aquí que le van a hacer un destrozo”.

Por tanto, la preocupación de los afectados se centra ahora en el pantano. A pesar de que se espera que las precipitaciones cesen, el posible alivio de la presa podría provocar una crecida que, sumada al estado actual del Guadalquivir, tendría consecuencias catastróficas para las numerosas familias que residen en Las Cigüeñas.

Los vecinos han insistido en que, sin una intervención estructural y un mantenimiento adecuado por parte de las autoridades competentes, el riesgo de un “destrozo” mayor es inminente.

Miles de cordobeses viven pendientes de las previsiones del tiempo. Muchos con especial angustia. Son los residentes en las aproximadamente 22.000 viviendas construidas en zona inundable en toda la provincia de Córdoba. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) actualizó hace un año el mapa de riesgo por inundación en la provincia y elevó el número de edificaciones a 22.000.

En ese mapa no solo hay casas. También infraestructuras. Está, por ejemplo, el Aeropuerto de Córdoba. Junto a carreteras e industrias. Los riesgos son de las construcciones más cercanas a los cauces de los ríos y arroyos, que de manera repentina puedan experimentar alguna crecida. Las previsiones de lluvia para los próximos días no son nada tranquilizadoras. Se espera el paso de un “tren de borrascas”, que podría dejar importantes acumulados en toda la provincia. Lo peor: que lloverá mucho en la cabecera de la cuenca, en la provincia de Jaén, lo que haría multiplicarse el caudal del río Guadalquivir.

La última gran riada fue en 2010. Entonces, hubo miles de desalojados no solo en Córdoba capital, sino también en la provincia, en pueblos como Villafranca de Córdoba o Palma del Río. La Confederación tiene una zonificación aproximada de cuándo se puede inundar qué. Es decir, sabe que si el caudal en Córdoba capital supera los 1.200 metros cúbicos por segundo el agua empieza a entrar en las parcelaciones más próximas al Guadalquivir. A partir de 2.000 metros cúbicos por segundo, el desastre está garantizado.

                             

El mapa de las viviendas en zonas inundables en Córdoba

Porcentaje de viviendas en zonas de riesgo de inundación en cada municipio. El tamaño del círculo muestra el número total de inmuebles en áreas inundables

+ -

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica, Catastro, elaboración propia

Córdoba es una provincia marcada por el agua. El Guadalquivir vertebra su territorio de este a oeste y recoge las aportaciones de decenas de ríos y arroyos que, en episodios de lluvias intensas, pueden transformar la calma habitual en una amenaza real. La actualización de los mapas de riesgo de inundación de la CHG no ha hecho sino confirmar una realidad conocida desde hace décadas: buena parte del desarrollo urbano e industrial se ha producido en zonas naturalmente inundables.

El nuevo recuento eleva hasta 22.000 las viviendas en riesgo, una cifra que supone un incremento notable respecto a anteriores revisiones. No se trata solo de un ajuste técnico. Detrás hay nuevos estudios hidráulicos, modelos más precisos y la constatación de que muchas edificaciones, especialmente en parcelaciones y diseminados, se levantaron sin una planificación acorde a la dinámica natural de los cauces.

Mucho más que casas: infraestructuras críticas en zona inundable

El riesgo no se limita al ámbito residencial. En los mapas aparecen señaladas infraestructuras estratégicas como el Aeropuerto de Córdoba, tramos de carreteras autonómicas y estatales, polígonos industriales y explotaciones agrícolas. Una inundación de gran magnitud no solo pone en peligro viviendas, sino que puede aislar poblaciones, interrumpir servicios básicos y provocar importantes pérdidas económicas.

Especialmente delicada es la situación en las vegas del Guadalquivir y de algunos de sus principales afluentes, donde el terreno llano facilita la expansión del agua cuando el río se desborda. En estos puntos, una crecida rápida puede anegar grandes extensiones en pocas horas.

El Guadalquivir y sus límites al paso por Córdoba

El río tiene memoria. A su paso por Córdoba capital, el Guadalquivir discurre encajado entre márgenes que han sido modificadas a lo largo del tiempo. Encauzamientos, motas y defensas han reducido la frecuencia de inundaciones menores, pero también han generado una falsa sensación de seguridad.

Los estudios de la CHG establecen umbrales claros: a partir de determinados caudales, el río deja de ser controlable. Con 1.200 metros cúbicos por segundo comienzan los problemas en las zonas más bajas; con 2.000, la inundación es generalizada en amplias áreas. Estos valores no son teóricos: ya se han alcanzado en el pasado reciente.

Las grandes inundaciones de finales de 2009 y comienzos de 2010 siguen muy presentes en la memoria colectiva. Aquellos episodios demostraron que, pese a los sistemas de alerta y a las infraestructuras de defensa, el riesgo nunca desaparece del todo.

Miles de personas tuvieron que abandonar sus casas, muchas de ellas durante días o semanas. Municipios como Palma del Río, Villafranca de Córdoba o zonas periféricas de la capital vivieron situaciones críticas. Las imágenes de viviendas anegadas, carreteras cortadas y campos convertidos en lagunas improvisadas sirven hoy como recordatorio de lo que puede volver a ocurrir.

Lluvias en la cabecera: el peligro que llega desde lejos

Uno de los factores que más preocupa a los técnicos es la lluvia en la cabecera de la cuenca, especialmente en la provincia de Jaén. Aunque en Córdoba no llueva de forma extraordinaria, los aportes aguas arriba pueden disparar el caudal del Guadalquivir en cuestión de horas.

El llamado “tren de borrascas” previsto para los próximos días concentra precisamente ese riesgo: precipitaciones persistentes y acumuladas que saturan el terreno y obligan a los embalses a desembalsar, incrementando el volumen de agua que llega río abajo.

Buena parte de las viviendas en zona inundable se construyeron al margen de una planificación rigurosa, en épocas en las que la normativa era más laxa o directamente inexistente. Parcelaciones ilegales, ampliaciones sin control y ocupación de dominios públicos hidráulicos han configurado un mapa de riesgo difícil de corregir.

Hoy, la legislación es más estricta y limita severamente nuevas construcciones en zonas inundables. Sin embargo, el problema heredado permanece y obliga a las administraciones a centrarse en la prevención, la información a la población y los planes de emergencia.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 4 a una pareja por un delito contra la ordenación del territorio, manteniendo todas las penas y la obligación de demolición de la vivienda construida sin licencia en suelo no urbanizable de especial protección en la Vega del Guadalquivir.

Los acusados habían alegado en su recurso de apelación ante la Audiencia que la construcción de la vivienda, que actualmente ocupa su hija embarazada y su pareja, respondía a la necesidad de garantizarles un lugar digno donde vivir, invocando el derecho constitucional a una vivienda digna como argumento para evitar la demolición. Sin embargo, la Audiencia ha rechazado esta justificación, recordando que la obra se levantó entre octubre de 2021 y noviembre de 2022, antes de que los padres supieran del embarazo de su hija.

Según la sentencia de primera instancia, la vivienda unifamiliar aislada de 60 metros cuadrados se construyó en una parcela de 1.200 metros cuadrados, que forma parte de un suelo no urbanizable de especial protección, catalogado dentro de la Vega del Guadalquivir. La parcela forma parte de otra mayor, y la normativa vigente exige mínimo cinco hectáreas para nuevas construcciones, además de otras prohibiciones debido a los riesgos naturales de la zona, incluida la alta peligrosidad de incendios forestales.

La construcción fue detectada en una inspección municipal en octubre de 2021 y finalizó en septiembre de 2022. El coste de las obras ejecutadas se valoró en 19.990,08 euros, mientras que la reposición de la parcela a su estado original fue tasada en 6.760,33 euros.

En su recurso, la pareja alegó que se trataba de una construcción pequeña, destinada a albergar a su hija embarazada y su pareja. Además, justificó que el entorno contaba con numerosas construcciones de mayor tamaño con, además, piscinas y jardines. Asimismo, aseguro que desconocía que su actuación constituía delito y que actuó con la certeza de que no era ilegal.

Por otro lado, los padres también defendieron que la demolición afectaría directamente a su hija y a su futuro nieto, atentando “contra su derecho a una vivienda digna”. Por último, insistieron en que no existía dolo en su actuación y que la conducta debía encuadrarse dentro de un procedimiento administrativo sancionador.

Frente a estos argumentos, la Audiencia Provincial ha reafirmado que la construcción era ilegal, independientemente del embarazo de su hija, y que la demolición era obligatoria para devolver el terreno a su estado natural. En cuanto a las penas, además del derrumbe de la casa, el tribunal ha confirmado un año de prisión para la pareja, una multa de 2.880 euros y la inhabilitación para ejercer como promotor o constructor durante un año.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por un hombre condenado por realizar una ampliación no autorizada de una vivienda en suelo no urbanizable de especial protección en la zona de la Vega del Río Guadalquivir. Aunque el tribunal ha rebajado la pena de prisión, ha confirmado la ilegalidad de la construcción y ha mantenido la demolición ordenada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba.

Los hechos probados, aceptados por la Audiencia, indican que el 1 de mayo de 2022 agentes de la Policía Local comprobaron que el acusado estaba llevando a cabo, sin licencia, una ampliación de aproximadamente 25 metros cuadrados en una vivienda ubicada en una zona de especial protección cercana a Encinarejo. Los agentes levantaron acta de inspección ese mismo día.

Posteriormente, en una segunda inspección realizada el 20 de noviembre de 2022, se constató que las obras habían continuado y que se habían finalizado, pese a la advertencia contenida en la primera acta. En esencia, el acusado había construido un salón anexo a la vivienda ya existente. No obstante, en su recurso ante la Audiencia, aseguró que se trataba de un almacén de aperos, afirmación que ha rechazado el tribunal.

Según la sentencia a la que ha accedido este periódico, los agentes de Policía Local afirmaron que el acusado les dijo directamente que se trataba de una ampliación de vivienda. Además, el perito municipal describió la obra como “un salón en planta baja con dos ventanales y una terraza en la parte superior, anexado a la fachada”. Asimismo, las fotografías incorporadas al procedimiento mostraban una configuración externa incompatible con un almacén agrícola.

Con todo ello, la Audiencia ha rechazado la tesis del procesado, condenándolo por levantar una construcción ilegal en una zona no urbanizable. La Sala, además, ha declarado acreditado que el acusado actuó con dolo al continuar las obras tras haber sido advertido de la ilegalidad y tras la adopción de medidas cautelares por parte del Ayuntamiento. El expediente de disciplina urbanística incluyó una resolución de 16 de junio de 2022 que ordenaba la paralización, notificada el 7 de julio, que el acusado ignoró.

Pese a mantener la condena a prisión, la Audiencia ha rebajado el tipo penal porque considera que la obra tiene escasa entidad, no compromete gravemente los valores ambientales o paisajísticos de la zona, y se ubica a escasos metros del núcleo urbano de Encinarejo. En su sentencia, el tribunal ha apuntado que “son innumerables las resoluciones de esta Audiencia Provincial que han recaído sobre el mismo paraje que han considerado aplicable el tipo básico” de este delito. Por ello, la pena ha pasado de un año y medio a solo 12 meses, la pena mínima que contempla el Código Penal para este tipo de delitos. Por último, el tribunal sí ha mantenido la demolición de lo construido.

La licitación para la enajenación de una parcela en la Carrera del Caballo con el objetivo de construir 70 VPO ha quedado desierta, según aparece en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esta obra fue tramitada el pasado mes de abril por la Diputación de Córdoba según también recogía la plataforma. En el documento, al que ha podido acceder este periódico, la adjudicataria tendría la obligación de construir entre 58 y 70 viviendas.

Por tanto, la Corporación tenía pensado vender este solar por más de 1,5 millones de euros -una cifra que aumentaba hasta los 1,7 millones si se cuentan los impuestos-. En esta licitación se plasmaba que las empresas interesadas tenían hasta el 30 de junio para presentar las ofertas, pero, sin embargo, no se ha registrado ninguna.

Gracias a esto, el Portal de Contratación del Sector Público ha declarado desierta la licitación, por lo que la Diputación tendrá que decidir si sacarla nuevamente con ciertos retoques o, incluso, disminuir el precio para las empresas interesadas.

En primera instancia, este documento recogía que la adjudicataria tenía hasta cuatro años para construir las viviendas y el precio de estas variaría según varios aspectos a la hora de venderlos. De hecho, estaba previsto que fuesen destinados a menores de 35 años, con piscina comunitaria, placas solares y zonas comunes. Si todas las empresas interesadas ofertasen esto, se primarán otros aspectos a la hora de su adjudicación.

Sin embargo, esto quedará en nada después de que la licitación se declarara desierta este 31 de octubre.

“También en materia de vivienda, hemos procedido a la aprobación de la construcción de 50 viviendas de protección social en una parcela sita en la Carrera del Caballo, un proyecto que saldrá a licitación en el próximo mes de abril. Este suelo nos viene dado gracias a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la capital, por el que cedíamos la Huerta de Caballerizas a cambio de otros terrenos”. Así lo anunciaba Antonio Martín, el portavoz del PP en la Diputación, pero, finalmente, no ha salido adelante.