En el marco de sus actuaciones en materia de Seguridad Vial, la Policía Local de Córdoba ha iniciado este martes una campaña especial de vigilancia sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), con el foco puesto en el uso de los patinetes eléctricos. Esta acción se fundamenta en la entrada en vigor de una normativa estatal más estricta durante el presente año 2026, así como en la necesidad de reducir el número de accidentes registrados en la capital cordobesa.

La campaña se activa tras un periodo en que los agentes han realizado labores de información, concienciación y aviso a los usuarios, incluso alertando a través de las redes sociales. Sin embargo, desde ahora, los agentes procederán a la intervención y retirada de aquellos vehículos que incumplan con la normativa. La misma establece que todos los VMP deben contar con seguro de responsabilidad civil, así como estar inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). De igual forma, está prohibido que los patinetes superen una velocidad de 25 kilómetros hora o que circulen por aceras y zonas peatonales.

Los datos recabados durante el primer trimestre del año, reflejan una situación de riesgo para la seguridad vial con la implicación de diversos VMP en varios accidentes. Hasta el 1 de abril se han contabilizado ocho siniestros que han resultado con personas heridas. En tres incidentes, registrados en la plaza de la Compañía, en el Realejo y en la calle Puerta de Plasencia, los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital.

Entre los incidentes más comunes destacan las colisiones entre turismos y patinetes eléctricos, los choques entre patinetes y las caídas de los propios usuarios.

La Policía Local advierte que la llegada del buen tiempo y el consecuente incremento del uso de estos vehículos de movilidad personal hace prever un aumento de la siniestralidad durante el próximo trimestre. Esta previsión refuerza la urgencia de adoptar medidas preventivas y de control más severas para proteger a la ciudadanía. De ahí que el dispositivo policial vaya a reforzar los controles específicos sobre Vehículos de Movilidad Personal y a desplegar una vigilancia intensiva en las zonas de alta densidad peatonal.

Los patinetes eléctricos tienen la consideración legal de vehículos y, como tales, sus conductores están obligados a cumplir con las normas de tráfico establecidas. No hacerlo puede acarrear sanciones económicas de hasta 800 euros.

El Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) plaza número 4 de Córdoba ha ratificado una sanción de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir a un ciudadano que fue denunciado por llevar el teléfono móvil en la mano mientras circulaba por la avenida Al Nassir. La sentencia desestima el recurso del conductor y establece que la normativa actual prohíbe expresamente sujetar el dispositivo al volante, sin que sea necesario probar que se estaba utilizando para hablar.

Los hechos ocurrieron a las 11:00 del 21 de febrero de 2024, cuando un agente de la Policía Local detectó al demandante conduciendo un coche por esta avenida con el móvil en su mano izquierda. El infractor recurrió la multa ante la Justicia alegando que no estaba utilizando el teléfono y solicitó como prueba su registro de llamadas para demostrar que la línea no tuvo actividad en ese momento.

Sin embargo, el fallo judicial aclara que la infracción se comete por el simple hecho de “utilizar, sujetándolo con la mano” el aparato. El juez califica de “irrelevante” el registro de facturación de la operadora, argumentando que estos dispositivos permiten múltiples usos (como mensajería, aplicaciones o navegación) que no dejan rastro en el listado de llamadas y que podrían realizarse incluso sin una línea contratada.

Asimismo, la sentencia valida la presunción de veracidad del agente al no apreciarse “intereses espurios” en la denuncia y considera que su ratificación es prueba de cargo suficiente. Al ser una resolución firme, no cabe contra ella recurso ordinario alguno y el conductor no ha sido condenado a pagar las costas procesales.

La Policía Nacional ha propuesto para sanción a dos personas que realizaban turismo en la ciudad por el uso no autorizado de drones en el interior de la Mezquita Catedral de Córdoba. Los hechos ocurrieron durante el pasado fin de semana en el Patio de Los Naranjos. El primero tuvo lugar sobre las 12:00 del pasado sábado, cuando el personal de seguridad de la Mezquita Catedral detectó que un dron sobrevolaba el interior del recinto. Hechos similares tuvieron lugar al día siguiente, cuando de nuevo se detectó el vuelo de un dron en el mismo lugar. 

Inmediatamente se dio cuenta a Policía Nacional, quien comprobó que ambos responsables carecían de las autorizaciones preceptivas para realizar grabaciones, dado que el vuelo no había sido previamente comunicado al Ministerio del Interior ni se había informado a la autoridad aeroportuaria competente. Desde la Policía Nacional recuerdan que el uso de aeronaves pilotadas por control remoto se encuentra regulado por la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, así como por la normativa específica de aplicación en materia de operaciones con drones.

Dicha legislación establece la obligatoriedad de cumplir una serie de requisitos para poder poner en uso este tipo de dispositivos, entre ellos, la formación y registro como operador, así como la obtención de las autorizaciones correspondientes en función del lugar de vuelo.

Zona de especial protección

La Mezquita-Catedral de Córdoba constituye un enclave de especial sensibilidad, tanto por su valor histórico-artístico como por la elevada afluencia de visitantes. En este sentido, para poder utilizar un dron en este espacio resulta imprescindible, además de cumplir con la normativa aeronáutica, contar con autorización expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), así como con el permiso del Cabildo Catedralicio.

Los hechos detectados podrían constituir infracciones administrativas en materia de seguridad aérea, pudiendo ser calificadas como graves o muy graves, y que llevan aparejadas sanciones económicas cuyo importe varía en función de la conducta y del riesgo generado, y que oscilan desde los 600 a 60.000 euros.

La Policía Nacional recuerda la importancia de hacer un uso responsable de este tipo de dispositivos y de informarse previamente sobre la normativa vigente, especialmente en zonas urbanas, espacios protegidos o de gran afluencia turística. Para ello esta Comisaría Provincial de Policía Nacional de Córdoba, cuenta con una Base Delegada de la Unidad Aérea de la Policía Nacional.

Asimismo, se continuará con la vigilancia y control de este tipo de actividades con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la protección del patrimonio. Además, en ocasiones, con motivo de eventos con especial transcendencia para la seguridad ciudadana, se restringe el espacio aéreo en la zona del Casco Histórico, como ocurre en el dispositivo especial de Semana Santa

La multa urbanística más alta jamás impuesta en España y una de las más grandes de toda Europa (solo superada recientemente por el beach club Principote de Mykonos, en Grecia) es bastante probable que no se cobre jamás. El Ayuntamiento de Córdoba ha incluido en un informe todas las deudas “de dudoso cobro” que viene arrastrando desde el año 2000. En total, son 55 millones de euros pendientes de cobro que el Área de Hacienda entiende que es muy difícil que algún día lleguen a liquidarse.

Dentro de esos 55 millones de euros destaca los 20 millones de multa que el Ayuntamiento de Córdoba impuso al constructor Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán. En el año 2005, el empresario amplió las instalaciones de una antigua cooperativa láctea de Córdoba (Colecor) junto a las ruinas de Medina Azahara. El suelo ya estaba catalogado como de especial protección y era no urbanizable. Aún así, Sandokán levantó 40.000 metros cuadrados de naves industriales con el objetivo de abrir una enorme superficie comercial en la que pretendía vender productos importados de China con una marca propia.

Las obras no se llegaron a precintar pero el Ayuntamiento sí que impuso una enorme sanción urbanística. La multa alcanzó los 24 millones de euros pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajó el importe a los 20 millones. Sandokán se negó a pagar la multa. No solo esta, sino el resto de sanciones que le impuso el Ayuntamiento por numerosas obras irregulares en toda la ciudad: Carrera del Caballo o Villarrubia, entre otros lugares. En total, se llegó a estimar que Rafael Gómez, a través de sus múltiples empresas, le debía al Ayuntamiento unos 40 millones de euros por multas urbanísticas. No consta que haya abonado euro alguno.

Empresario, constructor y político

Rafael Gómez Sánchez ha sido un empresario, constructor y joyero muy conocido. Su apodo se lo debe a su parecido físico con el actor Steve Reeves, protagonista de las dos películas sobre Sandokán, el personaje de Emilio Salgari, que se llevó al cine en los años sesenta. Gómez se llegó a presentar a las elecciones, después incluso de haber sido detenido en la operación Malaya y de saberse que le debía 40 millones en multas al Ayuntamiento y prácticamente otros 200 millones más a Hacienda por impagos a la Agencia Tributaria. Se convirtió en líder de la oposición y recibió más de 25.000 votos, superando incluso a Izquierda Unida, que hasta entonces gobernaba la ciudad.

Sandokán tuvo un imperio inmobiliario previo a la crisis del ladrillo en el que dio empleo a miles de trabajadores. Construyó en la Costa del Sol hasta que estalló el caso Malaya. Antes del estallido de la crisis del ladrillo y a causa de Malaya, vendió parte de su patrimonio inmobiliario al grupo Tremón, con quien sigue litigando por la titularidad de grandes bolsas de suelo, como las del famoso Tívoli. Fue condenado, pero no entró en prisión por esta sentencia, sino por otra instalada por la propia Agencia Tributaria, por un impago también de unos 20 millones de euros. La condena fue a cinco años de cárcel, de los que estuvo en prisión algo más de un año. El resto fue en libertad vigilada.

El grueso de las sanciones de “dudoso cobro” del Ayuntamiento de Córdoba son las que se incluyeron en el ejercicio fiscal de 2014. Ese año se declaró firme la multa de Colecor. En total, son 26 millones las pendientes de 2014. Sanciones urbanísticas, algo más de 21 millones.

Hasta el año 2012, las multas urbanísticas del Ayuntamiento de Córdoba iban a una caja común. El objetivo, según un informe del propio Ayuntamiento, era evitar transferencias y gastos financiados con unos recursos que pudieran no llegar a recaudarse, como el caso de la multa por la construcción de las naves, aunque no solo. Durante los años de la eclosión del fenómeno parcelista se acumularon las sanciones, que en muchos casos nunca se llegaron a cobrar.

Así, hace justo diez años se estableció un sistema por el que año a año se transfería a la Gerencia desde el Ayuntamiento el dinero efectivamente recaudado. El dinero recaudado se destinaba a financiar la compra de suelo. Pero desde ese cambio, se ha recaudado poco.

Según el informe de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, desde 2000 se han impuesto multas que han generado deudas “pendientes de cobro” por un importe total de 117 millones de euros. De ese total, se considera que son de “dudoso cobro” 55,5 millones de euros. El documento da por perdidos los pagos de todas las sanciones “pendientes de cobro” previas al ejercicio de 2019.

Con este documento, el equipo de gobierno tendrá que tomar una decisión. Si se considera que ese dinero no se va a poder cobrar, habrá que ajustar los presupuestos del Ayuntamiento, aunque probablemente para los próximos ejercicios fiscales.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba ha resuelto imponer una sanción de 6.376 euros al titular de un establecimiento de hostelería ubicado en la calle Doce de Octubre. La resolución responde a múltiples infracciones de la Ordenanza Municipal de Veladores detectadas a lo largo del último año.

El expediente sancionador, al que ha tenido acceso este periódico, detalla una serie de incumplimientos reiterados constatados por la Policía Local. Entre los hechos probados se encuentra el exceso de aforo exterior, ya que, indica el organismo, en diversas inspecciones realizadas en 2024 y 2025, el local superó ampliamente el número de veladores permitidos. En una de las ocasiones, el establecimiento llegó a instalar dieciséis veladores, cuando solo tenía autorizados seis.

Además, también consideran probado que hubo desobediencia a la autoridad en tanto a que el negocio ha incumplido de forma continuada una orden de retirada de mobiliario que le fue dictada originalmente en mayo de 2021, así como un uso indebido de la vía pública, pues se constató el apilamiento de seis mesas y veinte sillas en la calle, contraviniendo la normativa municipal sobre el uso del espacio público.

Las infracciones citadas se consideran “muy graves” y “graves”, por lo que la cuantía total de la sanción se desglosa en 3.000 euros por el exceso de veladores, 2.250,50 euros por ignorar la orden de retirada previa y 1.125,50 euros por el mobiliario apilado.

Además de la multa económica, la resolución ordena la retirada inmediata de todos los elementos que excedan la licencia, incluyendo mesas altas, taburetes y barriles pegados a la fachada. Urbanismo ha advertido que, de no cumplirse esta orden, se procederá a la retirada forzosa por parte de los servicios municipales a costa del propietario.

El Ayuntamiento de Córdoba ha declarado la caducidad de un procedimiento sancionador que se inició a raíz de una denuncia de la Policía Local contra la propiedad de un solar situado en la calle Armas número 13, en pleno casco histórico de la ciudad. El expediente, que se fundamentaba en el mal estado de higiene del terreno, ha tenido que ser archivado tras haber transcurrido el plazo legal máximo para su resolución y notificación.

Los hechos se remontan al 3 de marzo de 2025, cuando un agente de la Policía Local constató, a las 11:55, que el cerramiento de la mencionada parcela presentaba abundantes pintadas y suciedad. Según recogen las fuentes, esta situación suponía un incumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana, concretamente en su artículo 89.1.

A raíz de este boletín de denuncia, la administración local dictó un decreto de inicio del procedimiento el 28 de mayo de 2025. La notificación electrónica al titular del terreno, que por su condición de persona jurídica está obligado a este tipo de comunicación, se puso a su disposición al día siguiente, el 29 de mayo.

Motivos de la caducidad administrativa

A pesar del inicio del proceso, el expediente no llegó a concluirse en el tiempo estipulado por la normativa vigente. De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), la administración tiene la obligación de dictar una resolución expresa en los plazos fijados. En este caso concreto, las fuentes señalan que el plazo máximo era de tres meses.

Al haberse superado dicho periodo sin que se produjera una resolución efectiva, el Ayuntamiento, mediante un decreto firmado el 19 de diciembre de 2025, ha tenido que acordar la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones. El documento oficial reconoce que ha vencido el tiempo legalmente establecido para resolver y notificar al interesado.

Posibilidad de un nuevo procedimiento

El archivo de este expediente no implica necesariamente que la infracción quede impune de forma definitiva. Según establece el artículo 95.3 de la LPAC, la caducidad por sí sola no produce la prescripción de las acciones de la Administración.

Esto significa que, siempre que la infracción no haya prescrito, el Ayuntamiento tiene la facultad de iniciar un nuevo procedimiento por los mismos hechos si el solar continúa en mal estado. En ese hipotético nuevo expediente, se podrían incorporar los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual, aunque sería necesario cumplir de nuevo con los trámites de alegaciones y audiencia al interesado.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 5,08 millones de euros a UFD Distribución Electricidad, S.A., empresa integrada en el Grupo Naturgy, por restringir de forma continuada la competencia en el mercado de instalación de equipos de medida eléctrica. Según la resolución, la distribuidora aprovechó su situación de monopolio natural en la gestión de la red eléctrica en diversas zonas del país, incluyendo específicamente las provincias andaluzas de Córdoba y Jaén, para obstaculizar la entrada de otros operadores entre mayo de 2018 y mayo de 2021.

El abuso de posición dominante se concentró en los puntos de medida tipo 3 y 4, un segmento compuesto mayoritariamente por Pymes e industrias conectadas en baja tensión. UFD utilizó su control exclusivo sobre la infraestructura de red para imponer sus propios contadores de telegestión (TG) en régimen de alquiler, bloqueando la instalación de equipos de telemedida (TM) propiedad de terceras empresas o de los propios clientes. Esta estrategia impidió que las Empresas de Servicios de Medida (ESM) pudieran competir ofreciendo soluciones tecnológicas que aportan mayor transparencia y acceso a datos en tiempo real para el consumidor industrial.

La investigación de la CNMC determinó que UFD aplicó una interpretación interesada y errónea de la normativa sectorial, exigiendo a terceros requisitos técnicos no previstos legalmente para este tipo de suministros. Estas prácticas derivaron en retrasos injustificados en las altas de equipos de la competencia que, en algunos casos reportados, superaron los 10 meses de media o incluso alcanzaron los 320 días. Además, la compañía empleó comunicaciones calificadas como “agresivas” donde amenazaba a los usuarios cordobeses y jiennenses con el corte del suministro eléctrico si no retiraban los equipos de terceros para instalar los del grupo Naturgy.

En provincias como Córdoba, donde UFD opera prácticamente sin rivales en la distribución, los clientes industriales se encontraban en una situación de indefensión al no tener otra vía de conexión a la red. La resolución enfatiza que Naturgy, dada su posición de dominio, tenía la especial responsabilidad de no distorsionar el proceso competitivo en mercados adyacentes. Pese a que la empresa corrigió internamente estas directrices en mayo de 2021, la CNMC considera probado que las conductas causaron un perjuicio real a la libertad de elección de los consumidores y a la innovación en el sector energético.

Como consecuencia de esta infracción muy grave, UFD no solo deberá abonar la sanción económica, sino que tendrá prohibido contratar con el sector público en toda España durante un periodo de 4 meses. Asimismo, la resolución impone a la distribuidora la obligación de activar inmediatamente todos los equipos de terceros que se encuentren pendientes de alta en su red y garantizar que no se produzcan nuevas obstrucciones. UFD tendrá que notificar individualmente a los titulares de suministros en Córdoba y el resto de zonas afectadas sobre sus derechos de elección de equipos y publicar las nuevas condiciones en su portal web.

El próximo consejo de administración de la empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, va a abordar la propuesta de sanción económica a la Contenur, la empresa que ha suministrado los contenedores de basura de la ciudad.

Según la propuesta de la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, -a la que ha tenido acceso este periódico-, “en base al informe técnico presentado con relación al incumplimiento del plazo de implantación de los nuevos contenedores por parte de la empresa Contenur, S.L.”, se propone que el consejo de administración apruebe “aplicar la penalización acumulada a fecha 30 de septiembre de 2025 que asciende a la cantidad de 230.055 euros”. En esa fecha quedaban por sustituir 138 contenedores.

Asimismo, se prevé “continuar la tramitación del expediente de penalización contractual, aplicando la penalidad correspondiente al resto de días de retraso no justificados” que acumule Contenur en la instalación del total de contenedores de basura en la ciudad.

Esta propuesta de sanción se realiza tras estimar parcialmente las alegaciones presentadas por dicha empresa sobre la exclusión del cómputo de penalización de los dos días afectados por el corte suministro eléctrico (el apagón) por ser causa de “fuerza mayor” para la fabricación de los contenedores. El resto de alegaciones se desestiman “por no concurrir causa suficiente para la exoneración o reducción de la penalidad”.

El contrato adjudicado mediante licitación a Contenur establecía que la empresa debía sustituir los más de 3.500 contenedores de la capital en un plazo de 76 días, algo que ha incumplido. Ante ello, Sadeco requirió a la empresa que ejecutara este compromiso. Con el retraso en la instalación de los nuevos contenedores, la empresa municipal aplica la penalización prevista en el pliego del contrato: cinco euros por contenedor y por cada día de demora.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso el Ayuntamiento de Córdoba contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en relación con la multa de 8.560 euros que esta le impuso al Consistorio por vertidos de aguas residuales en la Campiñuela Baja.

La sanción fue impuesta en noviembre de 2022 y el Consistorio anunció su intención de recurrir. Los hechos denunciados se refieren a la realización de vertidos de aguas residuales procedentes de la urbanización de la Campiñuela Baja a un cauce público innominado, careciendo de la preceptiva autorización. El vertido, calificado como contaminante, tenía capacidad de afección a la calidad de las aguas en el término municipal de Córdoba.

En el fallo, el TSJA ha manifestado que, aunque la responsabilidad municipal se inicia con la recepción formal de la urbanización, si un Ayuntamiento autoriza expresa o tácitamente la ocupación de edificaciones destinadas a viviendas, o no evita dicha ocupación, antes de que se haya ejecutado plenamente la urbanización y se haya procedido a su recepción, es responsable de los vertidos ilegales a un cauce público procedentes de tales urbanizaciones. En palabras del tribunal, la causa determinante de la infracción reside en la “pasividad municipal” de haber autorizado una urbanización que carece de las exigencias urbanísticas necesarias, como las instalaciones de depuración adecuadas.

Según la sentencia del TSJA, el informe de valoración de la denuncia constató que el vertido de aguas residuales no tratadas al Dominio Público Hidráulico (DPH) procedía de dicha urbanización, la cual no está conectada a la red de saneamiento de la ciudad, pero sí cuenta con suministro de agua potable de red municipal. Vecinos de la zona, que no fueron denunciados, reconocieron que llevaban años vertiendo aguas residuales a dicho cauce y que recientemente habían desatascado y retirado lodos de un colector.

En su recurso, el Ayuntamiento alegó que la Campiñuela Baja se trata de un “suelo clasificado como suelo urbanizable no sectorizado” por lo que sostenía que la obligación legal de acometer las obras de urbanización y sufragar los gastos correspondientes recaía sobre los propietarios. Por su parte, la CGH se opuso a la demanda, manteniendo que la infracción es imputable al Ayuntamiento como titular del servicio público de alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas residuales del municipio, y titular de la autorización de vertido. La Confederación alegó entonces que el Ayuntamiento no puede exonerar su responsabilidad basándose en la falta de recepción de las obras de la urbanización, especialmente cuando Emacsa sí abastece de agua a la zona.

En consecuencia, el recurso ha sido desestimado. Además, el Ayuntamiento deberá pagar las costas procesales.

El Comité de Disciplina ha dado a conocer este miércoles su resolución con respecto a los acontecimientos ocurridos durante la jornada 9 de LaLiga Hypermotion. El Córdoba CF sumó su cuarto expediente disciplinario de la temporada por cánticos inapropiados desde la grada. Sin embargo, en este caso, se esperaba una sanción mayor debido al lanzamiento de una botella de plástico hacia el área de la Cultural y Deportiva Leonesa desde un sector del fondo sur, aunque de momento no se ha podido identificar al aficionado que llevó a cabo la infracción, pese a que el club sigue trabajando con los cuerpos de seguridad.

Con todo, ya se sabe la sanción que acarreará la entidad, pues la RFEF ha concretado que se le deba aplicar una “multa por alteración del orden del encuentro de carácter leve”. Por lo tanto, tal y como se establece en el código de disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, “cuando con ocasión de un partido se produzcan hechos de los definidos en el artículo 15 del presente ordenamiento y se califiquen por el órgano disciplinario como leves, el club responsable será sancionado con multa de hasta 602 euros”.

Por tanto, ese el tope máximo que le puede caer a la escuadra blanquiverde como sensación económica, en gran medida al haberse calificado como “leve” el suceso, puesto que, pese al lanzamiento, la botella no llegó a impactar en ninguna persona.

Tras la denuncia de Facua Córdoba, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha multado con 1.800 euros a una empresa de quesos por cometer varias irregularidades en su página web de venta de estos productos.

La asociación denunció en la empresa, que tiene su razón social en Villaralto (Córdoba), en noviembre de 2023 al Ministerio de Consumo tras constatar que la web no incluía la información obligatoria en los apartados Aviso Legal, Política de Privacidad y Política de Cookies, que aparecían vacíos de contenido y sin ningún enlace que redirigiera a los datos necesarios.

El ministerio, sin embargo, decidió trasladar el caso a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, al considerar que los hechos descritos se circunscribían a la comunidad autónoma. Esta, a su vez, derivó el asunto a la Delegación Territorial en Málaga, ya que se encontraba en ese momento realizando una campaña de inspección a páginas webs de productos alimentarios.

Ahora, el Servicio de Consumo de la delegación territorial ha confirmado la existencia de tres infracciones de la normativa tras haber realizado una inspección a la página web de la empresa.

En su resolución, señala que la empresa cometió un incumplimiento en la información de venta de bienes —ya que no indicaba la información alimentaria obligatoria de los productos en los lotes que vende—, en la indicación de precios —los facilitaba sin incluir el IVA— y por cargar al usuario los gastos de devolución en caso de errores o defectos en los productos.

El Servicio de Consumo, además, ha considerado como atenuante que la empresa corrigió “diligentemente” las irregularidades en un momento previo a la propuesta de resolución sancionadora.

Así, las tres infracciones han sido calificadas como leves, y ha sido sancionada la primera con 800 euros y las otras con 500 euros cada una, por un total de 1.800 euros de multa. Esta cantidad, además, ha sido reducida en un 40%, a 1.080 euros, tras reconocer la empresa su responsabilidad y realizar el pago de la sanción.

Los tiempos de las multas millonarias por infracciones urbanísticas en la ciudad de Córdoba han quedado atrás. Lejos está la sanción que le fue impuesta a Rafael Gómez por la ampliación de las naves de Colecor. La multa, de 40 millones de euros, fue una de las mayores impuestas en España. Y nunca se llegó a cobrar.

En 2012, Urbanismo decidió cambiar el sistema por el que se contabilizaban las multas en sus presupuestos y dejó de prever esos ingresos millonarios. Pero tanto ha menguado la previsión que los presupuestos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba para el 2026 apenas si contabilizan unos ingresos de 5.000 euros anuales por multas. Además, se incluyen otros 20.000 euros más procedentes del departamento de disciplina urbanística por ejecuciones subsidiarias (como pueden ser demoliciones de viviendas cuyo coste luego se pasa al propietario o vallados de solares, entre otras).

Desde el año 2012, el Ayuntamiento de Córdoba cambió su sistema de recaudación por sanciones urbanísticas. Desde 2006 arrastraba la multa de hasta 40 millones de euros que impuso al constructor Rafael Gómez alias Sandokán por la construcción de las naves de Colecor, considerada hasta la fecha como la mayor multa urbanística de Europa. Ese dinero jamás se recaudó pero sí que ayudó en algunos ejercicios presupuestarios al Ayuntamiento a disponer de mayor solvencia económica.

En 2012 se decidió la creación de los llamados proyectos de gastos para el control y seguimiento de sanciones urbanísticas. El objetivo, según un informe del propio Ayuntamiento, era evitar transferencias y gastos financiados con unos recursos que pudieran no llegar a recaudarse, como el caso de la multa por la construcción de las naves, aunque no solo. Durante los años de la eclosión del fenómeno parcelista se acumularon las sanciones, que en muchos casos nunca se llegaron a cobrar.

Ahora las previsiones son mucho más moderadas. Pero muy escasas. De hecho, en 2022, por ejemplo, se llegaron a cobrar más de 300.000 euros en multas por infracciones urbanísticas. En el año 2016, por ejemplo, se transfirió a Urbanismo un millón de euros, el dinero recaudado en multas en los cuatro ejercicios anteriores, según informó en su día el propio Consistorio.

El importe de las sanciones ya no lo cobra la Gerencia, como antaño, sino la hacienda municipal. No obstante, año a año se prevé un ingreso. El 85% de ese dinero se guarda en un cajón destinado a financiar la adquisición de suelo.

La presidenta de la empresa municipal de saneamiento de Córdoba (Sadeco) Isabel Albás, ha confirmado, a preguntas de este periódico, que se ha enviado un burofax a Contenur, la compañía adjudicataria del contrato para la renovación de los contenedores de basura de la ciudad, debido al incumplimiento del plazo de instalación previsto.

Según Albás, el contrato, adjudicado mediante licitación, establecía que la empresa debía sustituir los más de 3.500 contenedores de la capital en un plazo de 76 días. “Ya ha vencido el plazo y, como no se ha llevado a cabo, hemos requerido a la empresa a que ejecute ese compromiso que adquirió”, ha explicado.

En caso de que el retraso no quede justificado, Sadeco aplicará la penalización prevista en el pliego del contrato: cinco euros por contenedor y por cada día de demora. “Ellos tendrán que contestar a ese burofax y justificar por qué se ha retrasado tanto la implementación”, ha señalado Albás.

La adjudicación contempla contenedores más bajos y de estética uniforme en todos los distritos, con el objetivo de mejorar la visibilidad en las confluencias de calles y la imagen urbana.

La Policía Local de Córdoba ha impuesto un total de 72 sanciones a usuarios de patinetes durante una campaña de control y prevención llevada a cabo en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT). La campaña, que se inició el pasado 7 de julio y se ha prolongado durante las últimas dos semanas, se ha centrado en controles aleatorios en las principales calles del centro de la ciudad.

La infracción más frecuentemente detectada por los agentes ha sido la de circular por la acera, lo que ha resultado en 46 sanciones. Otras infracciones comunes incluyen circular en dirección prohibida o hacerlo con auriculares, con 8 sanciones para cada una de estas conductas. También se han registrado sanciones por exceso de ocupación del Vehículo de Movilidad Personal (VMP) (7 sanciones), no respetar los semáforos (2) y alterar las condiciones técnicas del VMP (1).

El objetivo principal de esta iniciativa es detectar posibles irregularidades o manipulaciones en las condiciones técnicas de los patinetes, así como concienciar y sancionar las infracciones más habituales con este tipo de vehículos en el entorno urbano.

La Policía Local sigue advirtiendo sobre la alta siniestralidad de estos vehículos. Es por ello que los controles preventivos se extenderán a lo largo de este verano con el fin de informar y sancionar las conductas que incumplan la normativa que regula el uso de los VMP.

En lo que va de mes de julio, se han registrado 10 siniestros en los que se han visto implicados patinetes eléctricos, resultando en 10 personas heridas, todas ellas con pronóstico leve. La tipología de estos siniestros incluye tres atropellos a peatones, mientras que el resto corresponden a colisiones con otros vehículos o caídas en la vía pública. Además, en julio, se ha sumado una denuncia por conducir un patinete bajo los efectos del alcohol y las drogas.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha condenado a una mujer a una multa de 320 euros por un delito leve de amenazas cometido contra una empleada de una tienda de la capital cordobesa. La víctima trabajaba en el mismo establecimiento que el hijo de la acusada, quien actualmente está siendo procesado, junto con su pareja, en una causa penal aparte por un presunto delito de acoso contra esta misma empleada.

Los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2024, cuando la condenada se presentó en el lugar de trabajo de la denunciante. Al percatarse de su presencia, la empleada -defendida por la letrada Manuela Biedma Rojano- decidió resguardarse en el interior del local. Fue entonces cuando la mujer profirió graves expresiones contra ella a través de una compañera, “con el claro propósito de que llegaran a oídos de la víctima”, tal y como recoge el magistrado de Instrucción número 4, José Luis Rodríguez Lainz. Según la sentencia, entre los insultos, la condenada lanzó frases como “ten cuidado”, “es una hija de puta” y sugirió que su hijo “iba a llegar hasta el final”.

El fallo judicial subraya que, aunque las amenazas no fueron persistentes ni prolongadas en el tiempo —lo que las habría elevado a la categoría de delito menos grave—, sí existió una intención evidente de atemorizar y presionar a la víctima, en un contexto particularmente sensible dado que se encontraba en su puesto de trabajo.

Además, el juez contextualiza los hechos dentro del procedimiento penal ya abierto contra el hijo de la acusada, en el que se investigan supuestos actos de acoso contra la misma mujer, relacionados con el despido del joven de la tienda. Según ha podido saber este medio, este hombre y su pareja -también extrabajadora de este establecimiento- han sido procesados por un presunto delito de acoso, auto que ha sido recurrido a la Audiencia Provincial de Córdoba.

La Policía Local de Córdoba ha impuesto un total de 515 denuncias durante la celebración de la primera jornada de las Cruces de Mayo en la capital, según el parte facilitado por el Ayuntamiento.

La mayoría de las denuncias interpuestas por los agentes durante la tarde y la noche del miércoles 30 de abril al jueves 1 de mayo han sido por hacer botellón, con 430 sanciones. Asimismo, otras 65 denuncias se han puesto a personas que han orinado en la vía pública.

De otro lado, la Policía Local ha elevado 10 denuncias en base a la ley de seguridad ciudadana, cinco por consumo en el exterior de las Cruces, dos por colocar barras sin autorización, otras dos por hacer lo mismo con veladores y una denuncia por venta de alcohol a menores.

Como cada año, las cruces del centro como Santa Marina o el Bailío, entre otras, han visto llenos sus espacios, sobre todo con la presencia masiva de jóvenes durante las horas nocturnas de esta fiesta.

Este año, la Policía Local ha organizado un plan especial de seguridad para las siete cruces con mayores incidencias en años anteriores, de manera que se controle la entrada y salida a las mismas, el aforo de los espacios de cada recinto, se vigile especialmente que no se haga botellón, así como otras infracciones como miccionar en la calle.

Exceso de aforos detectado por cámaras

El teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, ha valorado “de forma muy positiva” el resultado del dispositivo policial desplegado para la primera jornada de Cruces y ha destacado que “se han cumplido los objetivos que nos marcamos para evitar aglomeraciones, luchar contra el consumo y la venta de alcohol, en especial a menores; así como evitar las molestias y garantizar el descanso a los vecinos del Casco”.

En este sentido, Coca ha felicitado a los agentes de Policía Local y al resto de servicios municipales por la coordinación y el trabajo desplegado en esta primera jornada de Cruces destacando la ausencia de incidentes graves y el constante control del aforo en los recintos que contaban con planes individualizados de seguridad.

De esta manera, a lo largo de la primera noche de Cruces, las cámaras de seguridad detectaron exceso de aforo en las Cruces del Císter, Conde de Priego y el entorno del Bailío en las que se activó en varias ocasiones la Fase 1 del plan de seguridad impidiendo el acceso de más personas a los recintos y activando los itinerarios de salida para evitar aglomeraciones y posibles problemas para los vecinos o para el acceso de los servicios de emergencia en caso de necesidad.

Acerca de las sanciones impuestas por botellón (430) el teniente de alcalde de Seguridad indicó que “la lucha contra el consumo de alcohol en la calle ha sido un objetivo prioritario y los datos de sanciones ponen de manifiesto que había un problema que era necesario atajar”.

De la misma manera, Jesús Coca ha destacado el cumplimiento de los horarios y del volumen de la música por parte de los responsables de Cruces que ha permitido que los servicios de limpieza de la empresa municipal Sadeco pudiesen acceder a los recintos mucho antes que en años anteriores y, de esta manera, agilizar la recogida de basura y la limpieza de los entornos de las Cruces.

“El balance de esta primera jornada de Cruces es muy satisfactorio tanto desde el punto de vista del trabajo de la Policía Local y de todos los servicios municipales, como desde el cumplimiento del objetivo que nos habíamos marcado para esta edición de las Cruces: garantizar la seguridad ciudadana, evitar molestias a los vecinos del Casco y mantener la esencia de una de nuestras tradiciones más queridas como son las Cruces de Mayo”, ha indicado Coca.

La estadística de las sanciones impuestas por la Policía Local de Córdoba a conductores de patinetes durante el año pasado completo muestra que la mayor parte de las multas se realizan por transportar a más personas de las permitidas en este tipo de vehículos de movilidad personal.

Los datos sobre sanciones a patinetes en 2024 por parte de la Policía Local -a los que ha tenido acceso este periódico-, muestran que los agentes impusieron un total de 542 multas a conductores de estos vehículos. De ellas, 211 -lo que supone casi el 40%-, fueron por llevar a más personas de las permitidas.

El siguiente motivo que sumó más sanciones entre los usuarios de patinetes fue saltarse un semáforo en rojo, con 61 sanciones. Y por no obedecer una señal de prohibido para todo tipo de vehículos fueron impuestas 42 multas.

Usar el móvil mientras se conduce, con 24 sanciones, y circular por las aceras o zonas peatonales, otras 22 multas, fueron las normas que se saltaron también los conductores de los patinetes.

Los distritos con más denuncias: Poniente, Casco Histórico y Centro

La distribución de las denuncias sobre conductores de patinetes eléctricos en función del distrito de Córdoba en el han sido cometidas señalan a tres zonas de la ciudad como las de mayor acumulación.

Se trata del distrito Poniente, que suma 122 del total de 542 sanciones impuestas, el Casco Histórico con otras 119 multas y el Centro con 108 más.

El listado de distritos con más multas se completa con las 49 sanciones a conductores de patinetes en el Sur, las 48 multas que sumó el distrito Noroeste, las 40 de Fuensanta, las 29 de Levante y las 24 de Norte. Con un número menor de sanciones están las barriadas perirurbanas, con cuatro, y las zonas de polígonos industriales, con otras tres.

71 multas a usuarios de bicicletas

La estadística de la Policía Local también incluye 71 sanciones impuestas a ciclistas en vía urbana durante el pasado año. La mayoría de estas multas se elevaron por conducir sin mantener atención permanente (13), circular por la acera o zona peatonal (9), estacionar en elementos del mobiliario urbano (4) y conducir de forma negligente (3).

Por distritos, el Casco Histórico acumuló la mayoría de estas sanciones a usuarios de bicicleta, con 31, seguido del distrito de Poniente con 16 multas, y la zona Centro con 9 más. Cinco sanciones se impusieron en el distrito Sur, cuatro en Noroeste, y una incidencia menor hubo en Fuensanta (2), barriadas periurbanas (2) y Levante (1).

Más de la mitad de las multas de tráfico que son impuestas a los conductores cordobeses tienen que ver con el exceso de velocidad, según se detalla en el último informe de la Dirección General de Tráfico (DGT), con datos cerrados del año 2023, los últimos disponibles.

En total, en 2023 se impusieron en la provincia de Córdoba un total de 66.319 multas por infringir las normas de tráfico en las carreteras. 38.868 sanciones fueron por superar los límites de velocidad establecidos. En concreto, 29.030 fueron impuestas por un radar fijo. El resto, 9.838, por radares móviles.

Los datos de la DGT señalan que la siguiente gran infracción de los conductores cordobeses tiene que ver con circular sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor o aprobada. 10.416 sanciones tuvieron que ver con este extremo, según el balance de la DGT, al que ha tenido acceso este periódico.

Mucho más lejos está el resto de infracciones. Se sancionó a 2.296 conductores por circular sin permiso ni licencia alguna, a 1.589 por hacerlo sin seguro en vigor, a 1.281 por hacerlo bajo los efectos del alcohol y a 1.117 por dar positivo en drogas, según el balance disponible.

Además, 1.730 personas fueron sancionadas por no llevar puesto el cinturón de seguridad (una multa que puede ser al conductor o a cualquiera de los pasajeros) y casi un millar de conductores por circular y manipular a la vez su teléfono móvil.

Eso sí, la DGT detecta un descenso progresivo en el número de sanciones anuales. En el año 2022, por ejemplo, fueron casi 70.000 las multas impuestas en las carreteras cordobesas. En el año 2015, por ejemplo, fueron más de 90.000 las sanciones.

La Policía Local va a dar marcha atrás y retirará las multas que había interpuesto al retirar los vehículos de vecinos del Campo de la Verdad y Fray Albino antes del horario que estos conocían para que no estorbaran en las labores de recogida de la naranja.

Ante esta situación y la denuncia de los vecinos desde el Consejo de Distrito Sur, un representante de la Policía Local se ha reunido este miércoles con los afectados para asumir el error de señalización y comunicar que se retirarán las sanciones impuestas, según ha avanzado El Día de Córdoba y han confirmado fuentes del Consejo de Distrito Sur a este periódico.

En total, la Policía Local había realizado 71 propuestas de sanción por vehículos aparcados, además de producirse catorce retiradas de coches por parte de la grúa municipal en distintas calles. Fuentes municipales explican que no se tramitarán dichas denuncias y se devolverá el dinero de las que ya se habían cobrado.

Según informaban, algunos vecinos achacan la situación a un cambio superpuesto en el horario de la prohibición de estacionamiento que se hizo sin el tiempo suficiente para que lo advirtieran. Aseguran que los carteles fueron modificados el domingo sin previo aviso, cambiando los días y horarios de prohibición de aparcamiento con unos papeles pegados sobre los carteles originales, han explicado a este periódico. Esto llevó a que los vecinos tenían aparcados sus coches pensando que lo hacían en un horario adecuado, cuando sin saberlo, lo habían cambiado.

Vecinos del barrio del Campo de la Verdad de Córdoba y de Fray Albino habían denunciado la retirada de sus vehículos por parte de la grúa y la imposición de multas por parte de la Policía Local en las calles donde se iba a proceder a la recogida de las naranjas de los árboles, horas antes del tiempo establecido en la cartelería que advertía de la prohibición de estacionamiento. De hecho, explicaban que la actuación de la Policía Local ocurrió desde la noche del domingo 26 al lunes 27 de enero y también la del martes 28, en lo que califican como una “actuación irregular y recaudatoria”.

Así las cosas, la Policía Local comenzó a actuar conforme a un horario que los vecinos no conocían. Y provocaron el malestar de estos con llamadas a las 22:00, 23:00 o 1:00 de la madrugada para que retirara los vehículos de la calle, según denunciaron, cuando creían que podían estar estacionados hasta las 7:00. Ahora, esas sanciones van a ser retiradas.

La empresa municipal Sadeco informó hace unas semanas de que en su campaña de recogida de la naranja de este año tendría la colaboración de la Policía Local para asegurarse de que no habría vehículos aparcados en las calles donde iban a trabajar y durante el horario de dicha recogida, teniendo los vecinos información con cartelería de fechas y horarios días antes.

La reciente intoxicación alimentaria registrada en la taberna La Sacristía de Córdoba, que ha afectado (oficialmente) a 44 personas que asistieron a un cumpleaños y comieron montaditos de pringá, se encuentra en estos momentos en un proceso de evaluación por parte de la Delegación de Salud y Consumo de Andalucía.

Así, aunque los análisis microbiológicos realizados han confirmado la presencia de Clostridium prefingens en la muestra analizada y extraída del local, aún no se ha comunicado por parte de las autoridades sanitarias si lo ocurrido en este local será clasificado como infracción leve, grave o muy grave.

A pesar de la falta de información, la normativa es clara al respecto. De acuerdo con el Protocolo de Actuación ante Alerta por Toxi-infección Alimentaria (T.I.A.), vigente desde 2019, cuando se confirman irregularidades en un establecimiento, se ha de iniciar un expediente sancionador. Esto incluye el envío del informe del brote, las actas de inspección y los resultados de laboratorio a la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud, que se encarga de estudiar la documentación y determinar las medidas legales correspondientes.

Posibles infracciones y sanciones

Según lo establecido en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía, las sanciones, eso sí, dependerán de la gravedad de los hechos. Y en función de su calificación, también será más cuantiosa la multa. El rango es el siguiente:

Entre las principales cuestiones que se contemplan en la normativa como infracciones graves están la preparación, distribución o venta de alimentos contaminados que supongan un grave riesgo para la salud (artículo 106 de la Ley 16/2011), así como el incumplimiento de los estándares de higiene y seguridad alimentaria, incluidos los fallos en el autocontrol y la trazabilidad de los alimentos, establecidos en la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

La normativa también incluye la posibilidad de suspender el expediente administrativo sancionador en caso de que se inicie una causa penal, que en este caso no está abierta, aunque la Fiscalía de Córdoba sí han iniciado una investigación civil. Sin embargo, las medidas preventivas adoptadas para garantizar la salud pública permanecerán vigentes hasta que la autoridad judicial emita un fallo definitivo.