La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del homicidio de su hija en Córdoba capital ocurrido ayer por la tarde noche. Los hechos, adelantados por la Cadena COPE y confirmados por este periódico, continúan bajo investigación, con todas las líneas abiertas.

Por el momento, este periódico ha podido confirmar que un hombre fue detenido en la noche de ayer por un presunto parricidio cometido en la calle Villa de Rota, cercana al Bulevar Hernán Ruiz, y que el arrestado, tras cometer los hechos, intentó suicidarse antes de quedar bajo custodia policial en un centro hospitalario.

En este ámbito, según ha podido saber Cordópolis a través del Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía, el hombre presentaba una herida “autoinfligida” en el abdomen, motivo por el que fue evacuado al hospital. Su hija, mayor de edad, sin embargo, ya estaba fallecida en el domicilio cuando llegaron los indicativos policiales y sanitarios.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado que la mujer asesinada presentaba “problemas de salud mental”. Aunque todas las hipótesis están abiertas, una de ellas es que se produjo “una discusión” entre ella y su padre, que acabó con la vida de su hija (el cuerpo presentaba síntomas compatibles con la “asfixia”).

La investigación sigue en curso y la Policía Nacional continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido. Por el momento, se descarta que el móvil sea violencia de género o violencia vicaria, entre varias hipótesis.

La subdelegada del Gobierno de la Nación en Córdoba, Ana López, en su condición de integrante de la ejecutiva del PSOE de Córdoba, ha afirmado este martes que “Córdoba nunca olvidará el dolor, el sufrimiento y la crueldad por el caso Bretón”, de cuya sentencia se acaban de cumplir 12 años, y al que ha tomado como referencia para valorar “los pasos adelante que el Gobierno de España está dando para reformar” los códigos civil y penal, “una vez que se tramite el anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria”.

Según ha informado el PSOE en una nota, López ha señalado que todo ello servirá “para poner soluciones a las dramáticas estadísticas que suman 65 menores de edad asesinados desde 2013 hasta julio de 2025 por sus padres, y parejas o ex parejas de sus madres”.

López, que ha asistido junto a la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, a las mesas informativas de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, organizadas junto a la asociación feminista Mujeres de Hoy y UGT, ha destacado que “esta ley será pionera a nivel europeo, al prohibir la publicación o difusión de mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que den voz a los asesinos, además de establecer la obligación de escuchar a los hijos e hijas menores antes de acordar un régimen de guardia y custodia”.

Esta ley, ha dicho, “dará respuesta a todas las víctimas y a sus familiares tipificando la violencia vicaria con penas específicas y con medidas civiles reforzadas, todo ello para hacer aún más efectivo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, avanzando “en la protección de los menores de edad y ampliando el concepto de violencia vicaria a ascendientes y hermanos de la víctima”.

La dirigente socialista ha recordado “el debate social y jurídico que se abrió por el intento de publicación de un libro sobre el caso Bretón, a raíz de testimonios de primera mano del asesino de José y Ruth”, lo cual se evitará con las citadas reformas, ya que “el Código Penal incorporará una nueva pena para prohibir la publicación o difusión de mensajes, textos e imágenes que tengan relación directa con el delito cometido, recogiendo así el sentir, ya no sólo de la sociedad que acompañó a Ruth Ortiz ante la publicación del libro, sino también de la ley”.

Además, Ana López ha precisado que “el anteproyecto de ley contempla medidas en materia de sensibilización, información y seguimiento, además de mejoras en la formación de los operadores jurídicos con respecto a la violencia vicaria”.

Con respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la subdelegada ha puesto de relieve que “desde 2018 el Gobierno de España ha puesto a disposición más de 23 millones de euros para formación y sensibilización en materia de violencia de género, de ellos casi un millón de euros en la provincia de Córdoba”, lo que evidencia que “seguimos trabajando en un problema que afecta enormemente a toda la sociedad andaluza, y dentro de ello a Córdoba, donde hay casi 2.300 mujeres en el sistema Viogén”.

Feminización de sectores laborales

Por su parte, La secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha instado a la ciudadanía a participar en la manifestación que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a las Mujeres, y ha lamentado la existencia de esta lacra “en todos los ámbitos, también el laboral”.

Laguna ha señalado la feminización de sectores laborales, como el de los cuidados o el comercio, y ha advertido que “la violencia laboral, el acoso a la mujer, se reflejan día a día, aunque no estén en estadísticas, como sí lo está la de 51 mujeres asesinadas en nuestro país en lo que va de año a manos de sus parejas”.

La dirigente sindical, que ha calificado la violencia y el acoso laboral y sexual hacia las mujeres en el trabajo como “lacra silenciosa”, ha pedido más recursos que, según ha asegurado, “no llegan adonde deben de llegar” y, en este sentido, ha criticado al gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, por “no haber ejecutado todos los recursos planteados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

Laguna ha asegurado que “sólo desde una política de igualdad y desde una concienciación y educación de la ciudadanía podremos erradicar esta lacra de la violencia machista”. Para ello, ha propuesto “aumentar la educación sobre igualdad en las escuelas e instaurar la figura de la delegada o delegado de Igualdad dentro de las empresas, ya que todos los recursos que pongamos sobre la mesa serán pocos, y los que existen hay que ejecutarlos”.

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que tipifica la violencia vicaria como delito autónomo con agravante de género y contempla penas de hasta tres años de prisión. Asimismo, se incorpora al Código Penal una nueva pena que consiste en la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido. Por lo tanto, prohibirá libros como 'El odio', del escritor Luisgé Martín sobre el caso de José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz.

“Afortunadamente, la sociedad acompañó a la víctima. La sociedad en ese momento fue por delante incluso de la ley. Lo que queremos en esta ocasión es que la ley acompañe a la sociedad en ese reproche que se hizo en aquella ocasión. Y, por otro, lado también queremos adelantar las soluciones”, ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en referencia al caso del libro sobre Bretón.

Redondo ha asegurado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de una “ley pionera que viene a dar respuesta a todas las víctimas y sus familiares, tipificando la violencia vicaria con penas específicas y con medidas civiles reforzadas”.

Asimismo, ha señalado que la finalidad de este anteproyecto de ley es, en primer lugar, “visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria” y, para ello, se modifican diversas normas: la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Entre los objetivos de este anteproyecto está la definición jurídica de la violencia vicaria, así como establecer su tipificación como delito, articular medidas de prevención y la atención y reparación de las víctimas.

La norma también busca dar cumplimiento a medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y avanzar en el reconocimiento de la protección de las personas mayores de edad con discapacidad que se encuentran en relación de dependencia respecto a la víctima.

En cuanto a la definición jurídica de violencia vicaria, Redondo ha indicado que se ha modificado el artículo 1.4 de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.

“Violencia con el objetivo de causar solor o sufrimiento a la mujer”

Así, ha establecido que la violencia vicaria es “aquella violencia que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre: los hijos e hijas o descendientes, personas menores de edad sujetas a su tutela o guarda y custodia, los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta, así como su pareja o anteriores parejas, aunque no exista convivencia”.

También se tipifica la violencia vicaria en el Código Penal. Para ello, se incorpora un nuevo artículo 173 bis, como un delito contra la integridad moral y que contempla una pena de prisión de seis meses a tres años. Esta modificación convierte la violencia vicaria en un delito autónomo con agravante de género y sanciones acumuladas.

En esta misma línea, la ministra ha apuntado que también se incorporan penas accesorias como la prohibición de portar armas por un tiempo definido entre los tres años y los cinco años.

Asimismo, el anteproyecto también contempla modificaciones en el Código Civil, en concreto del artículo 92.6 sobre el régimen de guardia y custodia, a través del cual se establece la obligación de escuchar en todo caso a las hijas e hijos menores de edad, así como a los mayores con discapacidad, antes de acordar el régimen de guardia y custodia.

Por otro lado, se modifica también el artículo 94 del Código Civil con el objetivo de reforzar la fundamentación a la hora de establecer en la resolución motivada un régimen de visitas, comunicación o estancia cuando el progenitor está incurso en un proceso penal de violencia doméstica o de género.

De la misma manera, Redondo ha avanzado cambios en la Ley orgánica de Protección Jurídica del menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir expresamente la exposición de la persona menor de edad a la violencia vicaria entre los indicadores para considerar una situación de riesgo para la persona menor de edad.

Además, se van a agilizar los procedimientos de patria potestad, modificando el artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de que la patria potestad se tramite por juicio verbal y que pueda acumularse a las acciones de divorcio y medidas provisionales.

Un total de 65 niños asesinados por violencia vicaria desde 2013

La ministra ha recordado que, desde que hay registros, en 2013, un total de 65 niñas han sido asesinados por violencia vicaria. Mientras, en 2024, fueron nueve los menores asesinados y tres en lo que va de 2025.

Redondo también ha destacado la importancia de “proteger a las víctimas, pero también concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de acabar con estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan absolutamente inconcebibles”.

Un total de 73 mujeres han ingresado en los centros integrales de la Junta de Andalucía en Córdoba para víctimas de violencia de género durante este primer semestre del año, casi un 16% más que en el mismo periodo de 2024. Asimismo, se ha acogido a 49 menores que acompañan a sus madres. De esta manera, entre enero y junio se ha atendido a 122 personas, que suponen el 10% del total de acogimientos en Andalucía.

Los recursos de acogida de Córdoba, que gestiona la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), comprenden el centro de emergencia, la casa de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y protección urgente e inmediata las 24 horas al día y los 365 días. A estos centros se acceden a través del Centro Provincial de la Mujer y, especialmente, del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.

La responsable andaluza de Igualdad, Loles López, ha destacado que servicio supone “un refugio seguro para aquellas mujeres que tienen que abandonar su hogar de la noche a la mañana por su seguridad y la de sus hijas e hijos”. A este respecto, ha señalado que “la violencia de género es una realidad y, por ello, tenemos que seguir trabajando en la prevención y fortalecer el apoyo a las víctimas”.

Loles López ha explicado que “el servicio integral de atención y acogida a víctimas de violencia de género de Andalucía se fundamenta en una intervención integral que promueve la recuperación de las víctimas en todos los ámbitos, por ello, incluye atención psicológica, social, socioeducativa y asesoramiento jurídico”. En este punto, ha recordado que las mujeres ingresan en estos centros junto a sus hijas e hijos y, por ello, ha resaltado, “el servicio se centra en favorecer que la población infantil y juvenil vuelva a la cotidianeidad, tanto educativa como social y afectiva, en el menor tiempo posible”.

Así, estos recursos han acogido hasta junio en Córdoba a 122 personas, 73 mujeres y 49 menores. El centro de emergencia ha tenido la mayor ocupación con un total de 86 personas (52 mujeres y 34 menores) y la casa de acogida ha albergado a 36 víctimas de violencia de género (21 mujeres y 15 hijas e hijos). En el caso de Andalucía, este servicio ha acogido a un total de 1.220 personas, 731 mujeres y 489 menores.

El Instituto Andaluz de la Mujer ofrece un servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género, menores a su cargo y personas dependientes que las acompañan. Este recurso garantiza la atención de las mujeres y sus hijos e hijas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por la violencia de género prestando acogimiento temporal en centros residenciales en los que se procura su recuperación integral mediante una intervención multidisciplinar que incluye acciones en los ámbitos educativo, social, psicológico y jurídico.

Esta amplia red, que cuenta con centros en todas las provincias andaluzas y medio millar de plazas, permite que ninguna mujer y las personas dependientes a su cargo que se encuentren en una situación de riesgo en Andalucía estén a más de 200 kilómetros de un recurso de acogida. El servicio se sustenta en tres niveles de atención: los centros de emergencia son espacios que prestan protección a las víctimas, garantizándoles una acogida inmediata y una atención de emergencia las 24 horas, durante 365 días. Por su parte, las casas de acogida son centros residenciales que ofrecen acogida y una atención integral, programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la violencia.

Y, finalmente, los pisos tutelados son viviendas independientes para uso familiar, ubicadas en edificios y zonas normalizadas, destinadas a ofrecer una vivienda, con carácter temporal, a las mujeres y a los menores que las acompañen cuando puedan vivir de forma independiente.

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha atendido en Córdoba a 118 menores víctimas de violencia vicaria y violencia de género durante el primer semestre de 2025 a través de los programas de apoyo psicológico del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). El 45% de estos menores (53 personas) han acudido por primera vez a estos recursos especializados y gratuitos dirigidos a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género y a chicas entre 14 y 17 años que sufren violencia en sus primeras relaciones de pareja. Además, estos servicios también han asesorado a 80 madres, padres y/o tutores legales.

Así, el servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género ha atendido en la provincia a 104 menores de cero a 17 años, de los cuales 45 son casos nuevos derivados entre enero y junio mientras que el resto (59) son menores que entraron en el programa con anterioridad a 2025 y su intervención continúa durante este año. Asimismo, se ha asesorado a 64 madres para que tengan información sobre los efectos psicosociales de la violencia machista en sus hijas e hijos, aprendan a identificar las señales de alarma previas a la reproducción de conductas de violencia, así como a mejorar las relaciones y la comunicación.

Este programa se presta en la capital, a través del Centro Provincial de la Mujer; en los municipios, a través de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM); así como en centros cuyas características impidan el desplazamiento de las usuarias, como centros cerrados de tratamiento de adicciones, módulos de mujeres en prisiones, módulos de madres en prisiones, etc. El 47,1% de las intervenciones se han realizado en la capital y el 52,9% en el medio rural.

Mientras tanto, el programa de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género y sexual ha ofrecido asistencia psicológica, individual y grupal, a 14 adolescentes que sufren o han sufrido violencia en sus primeras relaciones de pareja en Córdoba, de las cuales ocho son usuarias que han acudido por primera vez al Instituto Andaluz de la Mujer.

Las menores atendidas en este recurso sufren mayoritariamente ciberviolencia de género a través de las redes sociales y servicios de mensajería, así como violencia sexual. El tramo de edad de 16-17 años concentra el 64,3% de las atenciones, seguido del tramo de 14-15 años con el 35,7% de casos. El programa también ha orientado e informado a 16 madres, padres y/o tutores.

El IAM reforzó el pasado año todos los programas de atención psicológica a víctimas de violencia de género en Andalucía, que cuentan ahora con una inversión anual de 2,1 millones de euros, lo que implica un incremento del 19% con respecto al anterior contrato que finalizó en junio de 2023.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que en el anteproyecto de ley de violencia vicaria -aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer- se han incorporado medidas anticipatorias de tipo penal para impedir un “conflicto de intereses” como se produjo en el caso del libro 'El Odio', escrito por Luisgé Martin, en el que se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011.

“No hay que llegar a ese conflicto y si algo nos enseña el libro 'El odio' es que debemos poner medidas anticipatorias y eso es lo que también incorporamos en el anteproyecto de ley”, ha detallado la ministra de Igualdad durante la inauguración del curso 'Violencia vicaria: situación actual y retos' organizado por la Universidad Complutense de Madrid en el marco de sus cursos de verano en San Lorenzo de El Escorial.

En su intervención, también ha precisado que el anteproyecto de ley de violencia vicaria se encuentra actualmente en fase de estudio en el Ministerio de Justicia y que, desde su departamento, se pretende llevar al Consejo de Ministros en septiembre.

Sobre las medidas que se incorporarán, ha indicado que serán “medidas penales que anticipen la respuesta y anticipen la solución, e impidan que se produzca ese conflicto de intereses”. Así, ha señalado que se propone “una pena accesoria que valorará el juez por la que el asesino no pueda tener contacto con medios de comunicación o no pueda influir o tener acceso a medios o a periodistas que compren su discurso y además, con ello, vulnere todavía más el dolor y la situación de la víctima”.

“Es un anteproyecto ambicioso. La atención se enfocará en el interés superior del menor, algo que en buena parte es contenido esencial del proyecto de ley. El interés superior del menor hay que actualizarlo, y esa actualización pasa por distintos elementos”, ha señalado Redondo, quien ha traído a colación como ejemplos los casos de Juana Rivas y de Ruth Ortiz.

A su juicio, hay que “aprender de las circunstancias y de la realidad” por lo que ha insistido en la importancia de ser “muy ágiles y plantear soluciones” pues, como ha argumentado, la legislación debe dar “respuesta antes de que se plantee un conflicto de derechos fundamentales y constitucionales que tienen que ponerse”.

Ruth Ortiz, “una madre que sigue sufriendo”

“La libertad de creación artística es una de las libertades que más garantías constitucionales y legales tiene reconocida en nuestro ordenamiento político. Por lo tanto, esa libertad, cuando se limita, hay que razonar muy bien y ser muy proporcionales (...) Pero aquí tenemos también una madre (Ruth Ortiz) que ha sufrido violencia de género y violencia vicaria, que está y sigue sufriendo, porque esa es la característica de la violencia vicaria, que no concluye, que pretende la muerte en vida de esa mujer, a pesar de que el maltratador, el marido, el asesino está en la cárcel”, ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en que hay “que proteger” el derecho de la víctima “a no ser revictimizada, a no seguir padeciendo un sufrimiento mayor, que lógicamente es un interés constitucional y un bien jurídico que hay que proteger”, lo que conlleva un “conflicto de intereses” con la libertad de expresión artística.

“Sabemos que hay una metodología jurídica y esa metodología la aplicamos, pero la respuesta no siempre es satisfactoria”, ha subrayado.

Además, a lo largo de su intervención, Redondo ha mostrado su satisfacción por el pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado en febrero de este año y ha destacado la “incorporación de nuevas violencias” como por ejemplo la violencia digital “salvaje” en las redes sociales. Sobre este aspecto la ministra ha culpabilizado directamente a “un movimiento sobre todo de hombres jóvenes que rechazan los avances feministas”.

“Era prioritario renovar ese pacto de Estado, incorporar nuevas violencias que están surgiendo y ser conscientes de nuestra responsabilidad histórica. Cada generación es imprescindible para avanzar en una sociedad mejor, y por lo tanto avanzar hacia esa sociedad libre de violencias hacia las mujeres”, ha sentenciado Redondo.

El libro 'El odio', en el que el escritor y periodista Luisgé Martín recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011, saldrá, “casi seguro a final de año”, según han explicado fuentes cercanas al autor en declaraciones a Europa Press. La obra contará con un ensayo añadido.

Aunque la obra iba aser publicada por Anagrama el pasado mes de marzo, la editorial paralizó la publicación tras la denuncia de Ruth Ortiz, madre de Ruth y José. En un primer momento el sello catalán defendió su derecho a editar el libro y la Audiencia de Barcelona confirmó la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de la obra. Sin embargo, Anagrama decidió finalmente extinguir el contrato con el periodista en abril.

Martín recuperó los derechos del libro, asegurando que mantenía su intención de publicar su obra y que Anagrama había “sentido miedo de la presión social”. Se desconoce por el momento si la obra será autopublicada o saldrá a la luz bajo otro sello editorial.

Tras la polémico en torno al libro, el Ministerio de Igualdad anunció que estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria --aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer--, difundan información en medios de comunicación o por otros canales para hacer daño a la víctima, como en el caso del libro sobre Bretón.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, aseguraba en abril que tienen “muy avanzado” un anteproyecto de ley que también definirá y castigará esta violencia.

“Queremos recoger que en determinados supuestos en los que se quiera atacar la dignidad de las víctimas, se quiera seguir revictimizándolas una vez que ya se las había dañado, queremos recoger que se pueda incorporar a las penas, medidas recogidas en el Código Penal. Queremos recoger que se pueda prohibir la difusión, la publicación de contenidos dirigidos expresamente, que tengan por finalidad seguir dañando a las víctimas, revictimizar. Para que me entiendan ustedes, el caso Bretón”, puntualizó Martínez.

En todo caso, no es que se pueda imponer siempre esta medida o esta pena pero la intención es “que los órganos judiciales la tengan a su disposición cuando vean que la publicación, la difusión de contenidos, en concreto, vaya dirigida a dañar a la víctima o desde luego esté causando un daño añadido”.

Igualmente, quieren que se pueda sancionar la utilización “en contra de la ley” de figuras como el falso síndrome de alienación parental u otras similares “a las que se cambia el nombre”.

“Se está usando todavía mucho por parte de servicios que tienen que informar a los órganos judiciales, servicios distintos, equipos multidisciplinares de juzgados, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia, etcétera. No voy a detallar qué servicios, pero se sigue usando esta figura y similares y también se siguen dictando resoluciones judiciales basadas, amparadas en informes que han usado, en contra de la ley, esta figura”, detalló.

Al mismo tiempo, con esta norma quieren que se reconozca a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género para poder garantizarles los mismos derechos y que se garantice el derecho de los menores de edad a ser oídos siempre que las decisiones judiciales o administrativas afecten a su vida.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ha asegurado que tienen “muy avanzado” un anteproyecto de ley contra la violencia vicaria --aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer--, que definirá y castigará esta violencia y prohibirá que los asesinos difundan información en medios de comunicación o por otros canales para hacer daño a la víctima, como en el caso del libro sobre José Bretón.

Así lo ha revelado Carmen Martínez este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso.

“En esta ley que estamos trabajando y que tenemos muy avanzada, pues se trata en primer lugar de reconocer legalmente, de ponerle nombre a la violencia vicaria, de definirla, de recoger esta definición en aquellos textos legales donde se recoge la violencia de género, como mínimo en esos. ¿Cuáles son? La Ley orgánica de garantía integral contra la violencia de género y el Código Penal. La violencia vicaria tiene que castigarse y tiene que definirse bien”, ha explicado Martínez.

Además, desde Igualdad quieren que la violencia vicaria “se castigue más fuerte cuando es más grave el daño que se le hace a la víctima”, por ejemplo, en los casos de violencia vicaria “más extrema” en la que el agresor llega a asesinar a los niños para dañar a sus madres.

Asimismo, según ha añadido la delegada del Gobierno, quieren que la ley recoja la prohibición de la difusión o publicación de contenidos que vayan dirigidos a hacer daño a la víctima.

“Queremos recoger que en determinados supuestos en los que se quiera atacar la dignidad de las víctimas, se quiera seguir revictimizándolas una vez que ya se las había dañado, queremos recoger que se pueda incorporar a las penas, medidas recogidas en el Código Penal. Queremos recoger que se pueda prohibir la difusión, la publicación de contenidos dirigidos expresamente, que tengan por finalidad seguir dañando a las víctimas, revictimizar. Para que me entiendan ustedes, el caso Bretón”, ha puntualizado Martínez.

En todo caso, ha matizado que no es que se pueda imponer siempre esta medida o esta pena pero la intención es “que los órganos judiciales la tengan a su disposición cuando vean que la publicación, la difusión de contenidos, en concreto, vaya dirigida a dañar a la víctima o desde luego esté causando un daño añadido”.

Igualmente, quieren que se pueda sancionar la utilización “en contra de la ley” de figuras como el falso síndrome de alienación parental u otras similares “a las que se cambia el nombre”.

“Se está usando todavía mucho por parte de servicios que tienen que informar a los órganos judiciales, servicios distintos, equipos multidisciplinares de juzgados, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia, etcétera. No voy a detallar qué servicios, pero se sigue usando esta figura y similares y también se siguen dictando resoluciones judiciales basadas, amparadas en informes que han usado, en contra de la ley, esta figura”, ha detallado.

Al mismo tiempo, con esta norma quieren que se reconozca a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género para poder garantizarles los mismos derechos y que se garantice el derecho de los menores de edad a ser oídos siempre que las decisiones judiciales o administrativas afecten a su vida.

“Terribles” asesinatos machistas

Durante su comparecencia en el Congreso, la delegada del Gobierno, ha comenzado asegurando que están “destrozadas” por los “terribles asesinatos” machistas de los últimos días --dos confirmados en apenas 24 horas en Getafe y Valencia, y otros tres en investigación-- y ha hecho un llamamiento a “ir de la mano” a todas las instituciones, grupos parlamentarios y a la sociedad.

Además, ha avanzado que van a “procurar” convocar los comités de crisis “haya o no cinco asesinatos en un mes” para “analizar todos los casos”. El próximo comité de crisis se celebrará el próximo 10 de julio, tal y como han indicado este jueves fuentes del Ministerio de Igualdad.

Asimismo, la delegada del Gobierno ha desgranado algunas de las 461 medidas del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de las cuales, según ha precisado, 256 son nuevas y 128 actualizadas, ofreciendo así “un marco más preciso y más exigente”.

En el marco de este pacto, ha detallado algunas actuaciones. Entre otras, ha comentado que están impulsando la protección de las víctimas de violencia machista ante catástrofes --para que estas no afecten al funcionamiento de servicios como el 016--; trabajando en la mejora de los dispositivos tecnológicos; diseñando campañas contra la violencia machista digital o contra la violencia vicaria; ofreciendo formaciones o integrando la Inteligencia Artificial.

Martínez también ha insistido en la importancia de trabajar de forma coordinada y del papel “fundamental” de las comunidades autónomas para llevar a cabo las políticas públicas que protejan a las víctimas; y ha advertido del peligro del negacionismo.

“El negacionismo pone en peligro vidas”

“Toda actuación que no suponga un posicionamiento sin flaquezas contra la violencia machista, todo posicionamiento político que no enfrente de manera valiente el negacionismo y las posiciones reaccionarias, que ponga en duda la transformación social de hombres y mujeres por la igualdad y la no violencia, pone en peligro vidas”, ha subrayado.

En el turno de portavoces, la diputada del PSOE María Sainz ha comenzado su intervención expresando el “horror, indignación y desasosiego” por “el goteo continuo de asesinatos machistas” y ha mostrado su preocupación por “el activismo negacionista” de Vox.

Por su parte, la diputada del PP María de las Mercedes Cantalapiedra ha declarado que España está “ante un verano negro” y ha instado al Ministerio de Igualdad a no esperar a julio para convocar el comité de crisis ante el repunte de asesinatos machistas; al tiempo que ha denunciado los “escándalos de prostitución pagados con dinero público”.

También ha criticado estos casos la diputada de Vox Rocío Aguirre, mientras que, en referencia a la violencia machista, ha acusado al Ministerio de Igualdad de “estafar a los españoles” porque, a su juicio, el Pacto de Estado “no ha conseguido nada” y le ha afeado que presenten una ley contra la violencia vicaria mientras han aprobado “una ley trans que mutila y destroza”.

Mientras, desde Sumar, la diputada Júlia Boada se ha referido a la “semana totalmente negra” por los últimos asesinatos machistas y ha subrayado que “la sensación de urgencia es total y absoluta”. En cuanto a la ley contra la violencia vicaria, ha celebrado este anuncio y frente a la “deriva un poco punitivista”, ha subrayado la importancia de poner el foco en “los protocolos de ámbito sanitario y educativo” y en “la formación” para todos los profesionales que tienen contacto habitual con niños.

El Ministerio de Igualdad estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria difundir información de su caso a medios de comunicación o editoriales, tras la polémica surgida por el libro 'El odio', de Luisgé Martín, sobre José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz.

Así lo han puesto de manifiesto fuentes ministeriales, que han asegurado también que están analizando si incluir esta medida en un paquete específico o en uno más amplio sobre violencia vicaria. Si bien, han añadido que esta modificación dependerá del transcurso de las negociaciones actuales con los grupos parlamentarios sobre las medidas a aterrizar del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo está valorando introducir una pena accesoria en este sentido en los artículos 39 y 48 del Código Penal -en los que se recogen ya las penas de prohibición de residencia en el entorno de la víctima, aproximación y/o comunicación con la víctima o la privación de la patria potestad y el posible control telemático de estas medidas-.

El objetivo de esta modificación es impedir al asesino comunicar cualquier información a terceros que tenga que ver con la cuestión que le ha llevado a estar en la situación de pena de libertad, cuando el efecto sea la revictimización de la víctima.

Según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad, si se logra que el cambio se introduzca en el Código Penal, la pena se impondría al penado y solo podría ir dirigida al agresor. No obstante, una editorial o medio de comunicación no podría publicar nada al no tener el contenido, ya que el delincuente tendría prohibido trasladárselo como tal, según estas fuentes.

La medida que estudia el departamento que dirige Ana Redondo surge tras la polémica suscitada por el libro 'El odio', con las confesiones de Bretón sobre los asesinatos cometidos en Córdoba en 2011, que en principio iba a publicar el pasado 26 de marzo la editorial Anagrama.

Sin embargo, la madre de Ruth y José, Ruth Ortiz, inició trámites legales para evitar la publicación de la obra. Concretamente, a través del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA), presentó un escrito a Fiscalía de “solicitud de ayuda, auxilio y amparo” en el que señalaba que considera ilegal la publicación en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

A pesar de que los tribunales avalaron la publicación del libro, Anagrama decidió extinguir el 16 de abril el contrato para su publicación y distribución. “Tras la finalización de la relación contractual, todos los derechos de la obra, cedidos en su día a la editorial, vuelven a ser propiedad del autor”, informó la editorial en un comunicado en redes sociales.

En todo caso, el autor, Luisgé Martín, mantiene su intención de publicar el libro y cree que Anagrama ha sentido “miedo” ante la “presión social”. En este sentido, entiende que “no hay una censura directa” a través de decreto, pero que sí la ha habido “a través de los bastidores”.

Además, Martín defendió en una entrevista en 'La noche en 24 horas' de TVE, recogida por Europa Press, que en su libro no se le da voz a Bretón, que “se le confronta”, y que en todo caso “no sale bien parado”. También calificaba como “muy grave” que no se haya podido publicar el libro y que tanta personas hayan vertido críticas sin haberlo leído, creando “un estado de opinión en el que no hay debate posible”. “Forma parte casi de sociedades prefascistas”, sentenció.

Redondo: “No se puede dar voz a los violentos”

Por el contrario, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló en marzo en un vídeo-comunicado difundido por su departamento que “no se puede dar en ningún caso voz a los asesinos, voz a los violentos, voz a quien ha asesinado a sus propios hijos para hacer el mayor daño posible a la madre, a la mujer”.

También expuso tras extinguir Anagrama el contrato que, a su juicio, la editorial “ha sido permeable a la reacción social”. Además, la titular de la cartera de Igualdad celebró que esta decisión no se haya tomado “por criterios mercantilistas” sino “de empatía” con las víctimas.

“Celebramos desde el Ministerio y yo celebro personalmente la decisión de Anagrama de renunciar definitivamente a la publicación de 'El Odio'. Creo que la editorial ha sido permeable a la reacción social y a la petición de la propia víctima que lógicamente no quería con esta publicación ser revictimizada y celebro desde luego que la decisión se haya tomado no por criterios económicos ni mercantilistas sino en base a criterios sociales de empatía y de protección de las víctimas”, indicó Redondo en declaraciones a Europa Press.

¿Qué opinan los grupos políticos?

Hasta ahora, entre los grupos políticos, el que se ha mostrado más a favor de una prohibición de este tipo ha sido Vox, que es el único partido que no ha suscrito la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su portavoz, Pepa Millán, defendió, preguntada por Europa Press, que su partido está “a favor” de que quienes cometan esos crímenes atroces “se pudran en la cárcel”. “Por supuesto que no tengan el privilegio de ver la luz del sol y muchísimo menos de sacar ningún libro”, subrayó.

En línea inversa se manifestaron desde Podemos, aunque con matices. El portavoz de los morados en el Congreso, Javier Sánchez, defendió que “todos los libros pueden ser publicados”, pero precisó que “otra cuestión es la cuestión moral y ética”.

Otras fuerzas políticas no se han alineado tan claramente sobre la prohibición o no de publicar el libro y se han limitado a tildar el debate como “complejo”. Es el caso de los socios del Gobierno, Sumar. Concretamente, la portavoz de Compromís, Águeda Mico, señaló que era un tema “súper delicado”. “Hay dos derechos fundamentales que se tienen que preservar”, especificó.

Mismo argumento señaló el diputado Jorge Pueyo Sanz, de Sumar: “Estamos ante un conflicto de dos derechos, que es la libertad de expresión por un lado, y por otro lado la defensa de las víctimas”. Aína Vidal, de En Comú Podem, lo definió también como un debate “tremendamente complejo”.

Desde el PP, su portavoz, Miguel Tellado, se limitó a respetar las decisiones judiciales y mostrar su cariño y respaldo a la madre tras conocerse que un juzgado de Barcelona avalaba la publicación de la obra. “El conocimiento de esta noticia ciertamente conmueve y lo único que podemos trasladar es todo nuestro cariño a la madre de esos niños y a toda su familia. Eso es lo que a uno le produce el conocimiento de esa decisión judicial”, dijo.

La Fiscalía de Barcelona no retirará la demanda civil de diligencias preliminares que interpuso el 10 de abril por la que solicita al Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona que exija a la editorial Anagrama que entregue una copia del libro 'El odio' de Luisgé Martín, en el que se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos en 2011.

Así lo han confirmado fuentes de la Fiscalía a Europa Press, que han explicado que esta demanda supone un trámite previo que permitirá analizar el contenido del libro a fin de saber si en él “hay elementos que puedan incurrir en una vulneración del derecho al honor” y, en caso de que así sea, poder presentar una demanda por un delito contra el honor.

Así lo mantienen pese a que Anagrama anunció el pasado miércoles la extinción del contrato de edición para la publicación y distribución de 'El odio', en un comunicado en el que explicó que, una vez finalizada la relación contractual, los derechos cedidos a la editorial volverían a ser propiedad del autor.

Sin embargo, la Fiscalía ha decidido mantener la demanda después de solicitar a Anagrama hasta “en dos ocasiones” que entregara una copia del libro cuando poseía los derechos del mismo, según las fuentes consultadas.

Admitida a trámite

Una vez conocido el contenido de la obra, si en un futuro se publicase en otra editorial, la Fiscalía ya conocería si hay elementos en ella que vulneren el derecho al honor y, si así fuese, podrían interponer directamente una demanda por este motivo contra quien corresponda.

Las mismas fuentes han señalado que esta demanda de diligencias preliminares ha sido admitida a trámite por el juzgado y que está pendiente de que se resuelva.

La Junta de Andalucía ha atendido en Córdoba a 143 menores víctimas de violencia vicaria y violencia de género durante el pasado año 2024, a través de los programas de apoyo psicológico del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dirigidos a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género y a chicas jóvenes que sufren violencia en sus primeras relaciones de pareja, lo que supone un 19% más que el año anterior y, además, a través de estos recursos se ha asesorado a un centenar de madres, padres y tutores legales.

Según ha informado la Junta en una nota, el IAM reforzó el pasado año todos los programas de atención psicológica a víctimas de violencia de género, que cuentan ahora con una inversión anual de 2,1 millones de euros, lo que implica un incremento del 19% con respecto al anterior contrato que finalizó en junio de 2023.

De esta forma, el servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género se dirige a menores de 0 a 17 años, incluyendo a atención perinatal, es decir, desde la gestación.

También asesora a las madres con el objetivo de informarlas sobre los efectos psicosociales de la violencia machista en sus hijas e hijos, aprendan a identificar las señales de alarma previas a la reproducción de conductas de violencia, así como a mejorar las relaciones y la comunicación. En 2024 este programa atendió en la provincia a 129 menores y 76 madres. La franja de edad entre los 6 a 10 años fue la mayoritaria, seguida de la de 11 a 14 años.

Tras el refuerzo, este programa se puede prestar en centros cuyas características impidan el desplazamiento de las usuarias, como centros cerrados de tratamiento de adicciones, módulos de mujeres en prisiones, módulos de madres en prisiones, etcétera. Además, la mejora incluye el acompañamiento a juicio por citaciones judicial y la realización de talleres formativos para profesionales.

Violencia en la juventud

Mientras que el programa de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género y sexual ofrece asistencia psicológica, individual y grupal, a adolescentes de entre 14 y 17 años que sufren o han sufrido violencia en sus primeras relaciones de pareja. Además, se orienta e informa a las madres, padres y tutores.

Las menores atendidas en este recurso sufren mayoritariamente ciberviolencia de género a través de las redes sociales y servicios de mensajería, así como violencia sexual. El pasado año se prestó atención en Córdoba a 14 chicas, siendo la franja de edad mayoritaria la comprendida entre 16 y 17 años, y a 23 familiares.

La mejora de este programa ha permitido aumentar el número de horas en la terapia individual a las menores, así como de las madres y padres. Además, se incluye la realización de talleres formativos dirigido a profesiones con el objeto de avanzar en la detección precoz de nuevos casos.

En Andalucía se ha prestado apoyo a cerca de 1.600 menores víctimas de violencia vicaria y violencia de género durante 2024, lo que supone un 9% más que el año anterior. Además, se ha asesorado a más de 1.100 madres, padres y tutores legales.

Junto a la atención psicológica, el Gobierno andaluz ha lanzado diferentes campañas de sensibilización para la prevención de la violencia de género en la juventud buscando la implicación de chicos y chicos para evitar este tipo de situaciones bajo el lema 'Y tú ¿qué harías?', así como para hacer frente a la violencia digital como el spot 'Empieza por un mensaje, termina con una vida' y contra el consumo precoz de pornografía con el lema 'Lo que quieras saber del sexo, que no te lo enseñe el porno'.

La Fiscalia de Córdoba ha remitido al departamento de Violencia Sobre la Mujer de Huelva la denuncia por posible quebramiento de condena de Bretón. La denuncia presentada por la abogada de Ruth Ortiz, Aurora Genovés, por posible delito de quebrantamiento de condena de José Bretón ha sido remitida por la Fiscalia Provincial de Córdoba a la de Fiscalía Provincial de Huelva de Violencia sobre la Mujer al ser la competente para su resolución, según ha informado el ministerio público a través de una nota de prensa.

El escrito de denuncia fue presentado ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba y trasladada a la Fiscalía de Córdoba para informar sobre la competencia de la causa.

El escrito de denuncia señala que los comentarios recogidos por los medios de comunicación sobre el contenido del libro podrían ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena. La propia Ruth Ortiz señaló que consideraba que Bretón había quebrado la orden de alejamiento después de que le hayan llegado informaciones y comentarios sobre cómo acabó con la vida de sus hijos, o los motivos que le llevaron a cometer el crimen.

Por otra parte, la Fiscalía de Córdoba remitió este miércoles 26 de marzo un escrito a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba en el que solicita medidas de protección para Ruth Ortiz por la publicación del libro El odio, del escritor Luisgé Martín, en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus hijos Ruth y José en Córdoba en 2011.

Este mismo jueves, la editorial Anagrama ha decidido suspender sine die (sin fecha) la distribución de El odio. La publicación del ejemplar estaba prevista para este miércoles 26 de marzo y, un día después, el sello ha comunicado que paraliza de forma indefinida su venta.

La Fiscalía de Menores de Barcelona pidió la semana pasada la suspensión de la publicación, advirtiendo a la editorial que estaban valorando el ejercicio de acciones legales “ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores”. Previamente, Ruth Ortiz, expareja de Bretón y madre de los niños asesinados, había denunciado la distribución de El odio ante la Audiencia Provincial de Córdoba y la Fiscalía. El Ministerio Público pidió igualmente la paralización de la venta. El juez rechazó la demanda porque consideró que la medida restringía la libertad de expresión y no disponía del original de la obra. Aun así, la Fiscalía insistió en que El odio no debía llegar a las librerías y recurrió la decisión.

Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José que fueron asesinados por su padre, José Bretón, en 2011 en Córdoba, se ha referido este viernes al anuncio de la publicación del libro El odio, en el que se incluyen confesiones del propio Bretón sobre el asesinato, y al contenido ya difundido por internet sobre ello: “Lo estoy viviendo como una ruptura de la orden de alejamiento”, ha asegurado en una entrevista en Radio Córdoba.

Ortiz, que ha pedido amparo a la Justicia para que no se publique este libro por parte de la editorial Anagrama -que ha paralizado tras ello su distribución y esperará a las resoluciones judiciales al respecto-, ha explicado que durante estos días ha recibido el contenido de la entrevista a Bretón que forma parte del libro y esto lo vive como si recibiera un mensaje directamente del asesino de sus hijos: “Me llega a mí; no me ha llegado una carta al buzón, pero me llega”.

En ese sentido, pone especial hincapié en la participación directa de Bretón en el libro que se quiere publicar. “Los asesinos no tienen derecho a alterar ni un ápice la memoria de las víctimas”, asegura.

Para ella, “la diferencia con todo lo que está escrito y los documentales que se han hecho sobre el asesinato de mis hijos es que aquí el asesino es el que interviene, porque interviene en que se pueda haber realizado ese libro. Una cosa muy distinta es que el escritor hubiera escrito sobre el caso como uno más, pero sin contar con la participación del asesino”.

Ruth Ortiz insiste en esa idea: “Si el escritor lo hubiera entrevistado para escribirlo, para informarse de cómo es la mente de un asesino... ¿pero qué hace esa entrevista publicada en internet. No es de recibo, no se puede permitir. Ni yo ni ninguna víctima lo podemos permitir”.

Confianza en la Justicia

La madre de los pequeños asesinados en Córdoba ha dicho confiar en la Justicia para que no se publique el libro. “Confío, creo que debe primar todo lo que estamos defendiendo al derecho de libertad de expresión y de información. Si el autor quería escribir un libro del caso, escríbelo, recaba toda la información, entrevístate con el asesino…pero no pongas esa entrevista ni publiques ese contenido, ni por internet. Hay otras manera de hacer las cosas sin dañar a la víctima”.

En ese sentido, ha agradecido el apoyo recibido en su pretensión de parar la publicación del libro en el que interviene Bretón y ha mencionado el caso de la madre del niño Gabriel, que paró el rodaje de una serie sobre su asesinato. “Vamos a luchar para que esto no ocurra, que no siga ocurriendo, que se regule bien todo lo que se puede hacer. Una máxima es que los asesinos no pueden intervenir en la divulgación de nada, ni un libro, ni un documental, ni una serie ni nada respecto a las víctimas”.

Sobre la decisión de Anagrama de esperar a las decisiones de la Justicia para publicar el libro, Ruth Ortiz, ha señalado que “para defenderse solamente tienen el artículo del derecho a la libertad de expresión. Lo correcto es esperar la decisión de los jueces”. Y ha apuntado las opiniones de algunos expertos sobre que “los derechos fundamentales no son absolutos, tampoco el derecho de libertad de expresión ni de información”. “La publicación de un libro de estas características tiene que tratar de no colisionar con otros derechos fundamentales”, asegura.

Esta semana, Ruth Ortiz pedía amparo a la Justicia para impedir la publicación del libro con confesiones de Bretón sobre el asesinato de sus hijos y la Fiscalía libraba un oficio que lo respaldaba. Ante ello, la editorial Anagrama ha suspendido la distribución de la obra y verá en los tribunales si los jueces permiten o no la publicación.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado este jueves que “no se puede dar en ningún caso voz a los asesinos, voz a los violentos, voz a quien ha asesinado a sus propios hijos para hacer el mayor daño posible a la madre, a la mujer”.

Así lo ha puesto de manifiesto Redondo en un vídeo difundido por el Ministerio de Igualdad sobre el libro 'El odio', escrito por el periodista y escritor Luisgé Martín. En este se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011 en la finca familiar Las Quemadillas (Córdoba).

En este sentido, Redondo ha pedido a la sociedad española “ser conscientes” de la responsabilidad “para hacer frente a la violencia de género”. “Tenemos que ser conscientes de que no se puede revictimizar todavía más a esa mujer, a esa víctima”, ha dicho Redondo después de que la representación de Ruth Ortiz, la madre de los hijos de José Bretón, enviase recientemente un burofax a la editorial Anagrama con un escrito en el que advierte de la ilegalidad de la publicación del libro tras la advertencia de la Fiscalía de Córdoba, según adelantaron la 'Cadena Ser' y el diario 'El País'.

Precisamente, la ministra se ha puesto a disposición de Ruth Ortiz para “ayudarla”. “Y a Ruth decirle que lo que necesite, que aquí está el Ministerio de Igualdad, que si en algún momento podemos ser útiles o ayudarla, que cuente con nosotras, que desde luego estamos a su disposición”, ha destacado la ministra.

Asimismo, ha subrayado que la violencia de género es “una violencia radical, es una violencia feroz contra las mujeres” y que “afecta a todos los valores y derechos fundamentales”. Además, ha apuntado que violencia vicaria “es algo terrible”.

El Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) presentó previamente un escrito a Fiscalía de “solicitud de ayuda, auxilio y amparo” firmado por la propia Ruth Ortiz, en el que considera ilegal la publicación en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

La madre de Ruth y José ha denunciado que conoció los detalles del libro, con la confesión del crimen y otros detalles, a través de los medios de comunicación, recalcando que los mismos le están causando “un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos”, según su abogada. “Está asistiendo horrorizada a cómo la vida y asesinato de sus dos hijos pequeños está expuesta públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia, plagado de afirmaciones terribles”, recoge en la denuncia, de la que se hacen eco los citados medios.

Ruth Ortiz, madre de los pequeños Ruth y José, asesinados por su padre en octubre de 2011 y por lo que fue condenado en 2013 a 40 años de cárcel por el doble asesinato, ha agradecido este jueves públicamente el apoyo recibido por la Fiscalía de Córdoba y de Huelva, así como al Servicio de Atención a las Víctimas de Huelva y a su abogada, tras conseguir que Anagrama suspendiera este miércoles la distribución del libro 'El odio', escrito por el periodista y escritor Luisgé Martín.

En una misiva enviada a los medios de comunicación, Ruth Ortiz ha subrayado que “no podemos de ninguna manera ni forma dar voz a los asesinos” para que “puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni para que puedan revictimizarlas” y añade que, “si no está bien regulado, tendrá que regularse correctamente, y si está regulado y no se cumple, se tiene que cumplir y hacer cumplir”.

Asimismo, la madre de los pequeños ha manifestado que “cuando una mujer pide ayuda, una madre pide ayuda, es porque de verdad la necesita” y ha afirmado que tiene “una esperanza” que es la de que “entre todos, conseguiremos parar cualquier tipo de violencia que se ejerza hacia la mujer”.

Por ello, en su carta ha querido expresar también su “más sentido pésame a los familiares de la última mujer asesinada, la última víctima de la violencia de género, Andrea, de 34 años en Burgos”. “Lo siento de verdad”, ha remarcado.

Solicitud de ayuda, auxilio y amparo

Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento al Servicio de Atención a las Víctimas de Córdoba, “por atender a mi solicitud de ayuda, auxilio y amparo”. “Me acogieron, atendieron y apoyaron durante el juicio por el asesinato de mis hijos en 2013 y me han vuelto a ayudar y apoyar en esta nueva batalla”.

La editorial decidió paralizar la distribución del libro este miércoles donde se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011 en la finca familiar Las Quemadillas (Córdoba), después de que la representación de Ruth Ortiz enviara un burofax a Anagrama con un escrito en el que advertía de la ilegalidad de la publicación de este libro, previsto para su publicación el 26 de marzo, tras la advertencia de la Fiscalía de Córdoba.

Al respecto, fuentes de la editorial confirmaron a Europa Press, que este proceso se ha paralizado a la espera del resultado de los análisis de sus servicios jurídicos.

Además, Ruth Ortiz libra un oficio a la Fiscalía Provincial de Barcelona, donde se encuentra el domicilio de la editorial, “con toda la documentación con el fin de que pueda abrir diligencias”.

El Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) presentó previamente un escrito a Fiscalía de “solicitud de ayuda, auxilio y amparo” firmado por la propia Ruth Ortiz, en el que considera ilegal la publicación en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

La madre de Ruth y José ha denunciado que conoció los detalles del libro, con la confesión del crimen y otros detalles, a través de los medios de comunicación, recalcando que los mismos le están causando “un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos”, según su abogada. “Está asistiendo horrorizada a cómo la vida y asesinato de sus dos hijos pequeños está expuesta públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia, plagado de afirmaciones terribles”, recoge en la denuncia, de la que se hacen eco los citados medios.

Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José que fueron asesinados por su padre, José Bretón, en 2011 en Córdoba, ha dirigido un burofax anunciando acciones legales contra la editorial Anagrama si publica el libro en el que Bretón realiza una serie de confesiones, admitiendo por primera vez que acabó con la vida de sus hijos, según ha avanzado Radio Córdoba y ha confirmado este periódico. Tras ello, la editorial ha suspendido cautelarmente la distribución prevista del libro -según ha avanzado El País-, que inicialmente tenía el 26 de marzo como fecha de salida a la venta.

Cordópolis ha podido confirmar que Ruth Ortiz había dirigido este miércoles 19 de marzo un escrito advirtiendo de acciones legales a la editorial Anagrama, que edita el libro titulado El odio, escrito por Luisgé Martín, y en el que en una prepublicación se ha conocido que José Bretón cuenta con detalle, entre otras cuestiones, el asesinato de sus dos hijos.

Tras conocerse que se iba a publicar el libro, la representación legal de Ruth Ortiz presentó un escrito en la Audiencia Provincial de Córdoba, dando parte al Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) y pidiendo traslado a la Fiscalía por posibles delitos y vulneración de derechos constitucionales, como el honor y sobre la prohibición expresa de revictimización que se establece en la conocida como Ley del Sólo Sí es Sí.

Ante ello, la Fiscalía de Córdoba ha dictado un decreto que ha sido notificado este miércoles, con cuyo respaldo Ruth Ortiz ha dirigido un escrito a la editorial Anagrama, notificando que se reserva el derecho de emprender acciones legales en caso de que incumplan lo dictado por Fiscalía sobre la ilegalidad de publicar el libro.

Según había trascendido, El odio recoge cómo José Bretón asegura que acabó con la vida de los niños porque le “obsesionaba la idea de que se educaran con la familia de su mujer”, a la que consideraba “una familia tóxica”.

La madre de Ruth y José ha denunciado que conoció los detalles del libro, con la confesión del crimen y otros detalles, a través de los medios de comunicación, recalcando que los mismos le están causando nuevos daños psicológicos. “Está asistiendo horrorizada a cómo la vida y asesinato de sus dos hijos pequeños está expuesta públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia, plagado de afirmaciones terribles”, recoge en la denuncia, de la que se hacen eco los citados medios.

El escritor del libro mantuvo una correspondencia de alrededor de 60 cartas con Bretón desde julio de 2021, seguida de una conversación telefónica en el verano de 2022 y, finalmente, un encuentro cara a cara en la prisión de Herrera de la Mancha el 26 de diciembre, donde cumple la condena de 40 años que le fue impuesta.

La editorial Anagrama ha confirmado que el libro aún no está distribuido y ha suspendido su publicación hasta tratar con su departamento jurídico este asunto. Por su parte, el autor del libro ha confirmado que el tema está en manos de los abogados y ha declinado hacer declaraciones.

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha protagonizado este domingo una marcha sobre ruedas contra la violencia machista que ha partido de La Asomadilla y que ha finalizado en La Corredera. Esta acción se enmarca dentro de las actividades previas a la gran manifestación anual, que tendrá lugar el próximo domingo 24 de noviembre.

Esta marcha será a partir de las 12:00 y partirá desde la plaza de la Constitución, en la Subdelegación del Gobierno. El recorrido llevará a los manifestantes por el Paseo de la Victoria, Cervantes, avenida de América, Gran Capitán, Cruz Conde, Claudio Marcelo y Capitulares. Un concierto de Tresillo pondrá el punto final a la jornada reivindicativa. Este año, el 25N será lunes y, como día laborable, para esa jornada está convocado un paro en los centros de trabajo y de estudio, así como en instituciones, con el que sumarse durante 5 minutos a concentraciones en las puertas de los edificios para hacer el rechazo de la sociedad cordobesa a las violencias contra las mujeres.

Las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género se vuelven a dar cita este mes de diciembre, tras los encuentros celebrados el pasado mes de junio, para hacer frente a esta lacra social que ha dejado en lo que va de año 16 víctimas mortales en Andalucía y 55 en España. En concreto, estos encuentros comienzan mañana, 13 de diciembre, en Córdoba, y se extenderán hasta el día 21 --Almería, 21; Cádiz, 14; Córdoba, 13; Granada, 14; Huelva, 14; Jaén, 19; Málaga, 15; y Sevilla, 15--.

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad destaca en nota de prensa que la consejera, Loles López, se comprometió a finales del pasado año a reactivar estas comisiones provinciales que llevaban algunas de ellas más de cinco años sin celebrarse con el objetivo de avanzar en la coordinación y la mejora de la atención a las víctimas, así como lograr una mayor prevención de este tipo de casos.

Las Comisiones de Seguimiento contra la Violencia de Género se engloban en el Protocolo Marco de Coordinación Institucional para Mejorar la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, en el que se establece el diseño de una red de circuitos de intervención con las víctimas de la violencia de género que garantice la coordinación de las distintas instituciones implicadas: Junta de Andalucía, Gobierno de España, fuerzas de seguridad, tribunales de Justicia, así como los agentes sociales y económicos.

Loles López ha subrayado “el compromiso del Gobierno andaluz con la erradicación de la violencia machista y la mejora de la atención a las víctimas” y, a este respecto, ha recordado que este mes de noviembre se ha aprobado el decreto-ley por el que “se regula por primera vez en Andalucía la prestación económica a los hijos e hijas menores de edad de mujeres víctimas mortales como consecuencia de violencia de género”. En este sentido, ha señalado que “en Andalucía las víctimas de este tipo de violencia, en este caso las y los menores huérfanos que son un colectivo especialmente vulnerable, ganan un nuevo derecho”.

Asimismo, la consejera ha resaltado la importancia de estos foros en el que se reúnen los servicios especializados de cada provincia, así como las personas responsables de las áreas social, sanitaria, policial, judicial y las fuerzas de seguridad “lo que nos permite analizar y abordar de manera más exacta la situación”. En este punto, ha insistido en que “cada crimen machista es un fracaso de toda la sociedad y, por tanto, es fundamental que todas las partes implicadas estemos coordinadas de la mejor manera posible para prevenir este tipo de situaciones tan traumáticas y crueles”.

Además, ha avanzado que el próximo 20 de diciembre se reunirá el Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género, este órgano tiene funciones asesoras y de evaluación de las políticas públicas.

“Impulsando este Observatorio, queremos seguir tomando medidas basadas en el conocimiento y la coordinación de los servicios de las distintas administraciones y del poder judicial”, ha dicho. Finalmente, López ha lanzado un llamamiento a la “unidad” con el objetivo de reforzar la coordinación, avanzar en la mejora de atención a las víctimas, así como en la prevención y detección de nuevos casos.

Foros en todas las provincias

En las comisiones, que se celebrarán del 13 al 21 de diciembre, se dará cuenta sobre el Decreto-Ley el que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, y que regula por primera vez en la comunidad autónoma la prestación económica a los hijos menores de edad de mujeres víctimas mortales como consecuencia de violencia de género.

También se informará acerca de las iniciativas llevadas a cabo desde el Instituto Andaluz de la Mujer en materia de Violencia de Género, además se expondrá la Memoria de actuaciones correspondiente al año 2022 y se analizarán los casos de mujeres víctimas de violencia de género con resultado de muerte en el segundo semestre del año 2023 en Andalucía, que suman un total de nueve: dos en las provincias de Málaga y Sevilla y una en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén. Asimismo, los diferentes organismos y entidades que conforman la Comisión Provincial de seguimiento contra la violencia de género presentarán sus respectivos informes de actuaciones y propuestas.

Un objetivo común

Estas reuniones persiguen sumar esfuerzos por parte de los agentes públicos y privados intervinientes en violencia de género, desarrollar sus propios protocolos de intervención en base a un modelo global consensuado y común, coordinar las actuaciones y líneas de trabajo, además de buscar cohesión y homogeneización de criterios e indicadores compartiendo conceptos y directrices comunes.

Asimismo, son objetivos prioritarios de estas comisiones el conocer de forma interdisciplinar los recursos, establecer circuitos de atención y asistencia que no victimicen a las mujeres, formar específicamente al personal técnico que desarrolle funciones de prevención y detección de situaciones de riesgo de violencia de género, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para evitar su desarrollo y reproducción; así como ejecutar las estrategias adoptadas.

Según el Reglamento de creación y funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género, habrá una Presidencia, que ejercerán las coordinadoras provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer en cada una de las provincias, una secretaría y 15 vocalías que ocuparán representantes del ámbito de los servicios sociales, salud, educación, justicia, empleo y vivienda de la Junta de Andalucía, además de las personas en representación de la Subdelegación del Gobierno de España, acompañada de personal especializado en violencia de género de los cuerpos y fuerzas de seguridad; así como del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, UGT y CCOO.

En el caso de Cádiz, también formarán parte de la comisión una persona en representación de la Subdelegación de Gobierno de la provincia y, otra persona en representación de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, acompañadas de personal especializado en Violencia de Género de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La violencia de género es transversal. Se suele decir que no hay un perfil de víctima ni de agresor, que afecta a mujeres y puede ser ejercida por hombres de todas las clases sociales. Pero lo que sí hay son algunos factores que pueden llegar a dificultar que las víctimas salgan de la violencia, entre ellos la falta de una red que las apoye o la dependencia económica, la escasez de recursos o vivir en un entorno empobrecido. Lo ha detectado el Colegio de Abogados de Córdoba, que para intentar atajarlo realiza charlas formativas a través de su Servicio de Asesoría Jurídica Gratuita para Víctimas de Violencia de Género en zonas en las que vive población en exclusión social de la capital. El objetivo es mostrar a las asistentes los recursos de los que disponen para salir de la violencia y comenzar su recuperación.

Este servicio funciona desde 2007 fruto de un convenio de colaboración entre el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento. Dicho servicio se ha convertido en un referente para las personas que necesitan apoyo y asesoramiento integral en este tipo de casos y, también, en un recurso cada vez más demandado por colectivos sociales y profesionales que requieren orientación relacionada con la prevención y concienciación ante la violencia de género.

El servicio está prestado por tres abogadas en ejercicio, especialistas en materia de violencia de género: Carmen María Jiménez, María Vallejo y Sonia García. Ellas sirven de linternas en todo ese pasadizo de oscuridad que atraviesa la mayor parte de mujeres que acude a sus charlas, a las que también asisten otras que ya peinan canas y cuyos testimonios de superación son vitales para trasladar a las jóvenes que claro que pueden salir de la violencia de género.

En estos últimos días, las letradas han visitado Poniente Sur y el barrio del Guadalquivir, y destacan que descentralizar estas charlas, “sacarlas” del Colegio de Abogados, ha hecho que haya cada vez más asistentes. “El boca oreja hace mucho porque son mujeres que se mueven dentro de sus barrios”, asegura Vallejo. Aunque están destinadas a mujeres de todas las edades, destaca la presencia de chicas jóvenes y, en su mayoría, acompañadas de menores a su cargo y que son víctimas de violencia de género. De especial ayuda, por otro lado, sirven los testimonios de “otras mujeres, un poco más mayores, que han superado esos episodios de violencia”.

Información para separarse de su agresor

Dentro de las chicas que acuden a estas charlas, hay quienes han podido dar el paso y denunciar a su agresor o salir del entorno de violencia. Sin embargo, también hay otras que no, muchas de las cuales desconocen con qué recursos pueden contar. Hay incluso otras que asisten a estas conferencia a escondidas de su pareja.

Por todo ello, para la letrada Vallejo, estas charlas son vitales para eliminar el velo del desconocimiento que le hace a estas mujeres ser aún más presas de la situación. “Hay quienes desconocen la existencia del Instituto Andaluz de la Mujer, por ejemplo, o que en la Policía hay profesionales especializados en la Unidad de la Mujer, el Menor y la Familia”, apunta la abogada.

A una de estas charlas acudió Rafi (nombre ficticio), una chica joven con dos niños a quien aunque le ha costado salir de la violencia que sufría –encierros en casa, agresiones físicas, menosprecio, rechazo y maltrato psicológico, cuenta–, ha conseguido renacer. Pudo retomar sus estudios y se ha formado en auxiliar de enfermería. En este camino de la recuperación está ahora María (nombre ficticio), que escapó de un pueblo de la provincia de Córdoba, huyendo de su agresor, y está intentando dar sus primeros pasos en una nueva vida.

Porque ese es el paso que más cuesta, afirma Vallejo: separarse del agresor. Una vez conseguido eso, el segundo escollo se produce en la formalización de la denuncia. La letrada explica que “cuando se les explica a las mujeres que, en el caso de que el juez solicite una orden de protección, el agresor deberá salir de la vivienda familiar, les horroriza tener que separarse de él. Esto les lleva a querer retirar la denuncia o a no ratificarla en el juzgado. Ahí nos damos cuenta de la magnitud del problema”.

Sin embargo, también hay casos en los que, a pesar de que la mujer se ha desvinculado del agresor, este continúa acosándola y controlándola, tal y como argumenta la letrada Carmen María Jiménez, quien el pasado lunes ofreció una sesión formativa en el centro cívico Arrabal del Sur. Allí acudió una joven que se sintió plenamente identificada con los posibles episodios de violencia de género que narraba la abogada. Aunque la chica ya no está con su agresor, y éste tiene otra pareja, el control continúa en diferentes esferas de su vida cotidiana.

Y si el desconocimiento es elevado sobre los recursos disponibles en materia de violencia de género, más lo es aún sobre aspectos legales que se pueden dar en la resolución de este tipo de conflictos, como es que los menores estén presentes cuando se producen estos actos. “Algunas de las mujeres que acuden a estas charlas desconocen que los hijos también han sido víctimas por el hecho de que la violencia la hayan presenciado o se haya producido en el domicilio familiar”, apunta Jiménez. Las consecuencias de ello pueden ser múltiples: “Que se repita el patrón de maltratador, que las hijas adopten el rol de maltratada o el surgimiento de síntomas graves en la madurez”.

La necesidad del apoyo familiar

El gran sustento para las mujeres que deciden denunciar a su agresor redunda en esa red social que es la familia. Cómo su entorno más cercano les apoya y les da ánimos en momentos tan delicados. Aunque “lo normal” es que esa protección se produzca, no siempre es así. El caso de María es uno de ellos: su red de apoyo son las vecinos del barrio y las personas y trabajadores sociales del centro cívico al que acude.

Memoria de actividades en 2022

Además de la sensibilización y concienciación mediante este tipo de charlas -que también se ofrecen a a colectivos varios, técnicos y profesionales, al alumnado y a la comunidad educativa-, las abogadas atienden individualmente a víctimas de violencia de género o a familiares. De enero de 2022 a diciembre de 2022, el servicio realizó 42 asistencias individualizadas.

Estas asistencias se han realizado en el Colegio de la Abogacía con una duración media de una hora o una hora y media. A estas asistencias hay que sumar las que realizaron .al finalizar una sesión formativa, charla o coloquio en algún centro educativo, social, asociaciones u ONG.

Respecto al perfil mayoritario de las usuarias del pasado año, se trató de una mujer de entre 31 y 45 años, que mayoritariamente ha sufrido maltrato psicológico y económico, que ha mantenido una relación, habitualmente entre unos cinco y diez años, con estudios medios, y un bajo nivel de ingresos.

En cuanto al tipo de maltrato recibido destaca el maltrato psicológico ya que es el referido por un 63,41% de las usuarias del servicio y a ello hay que añadir el 21,96% de usuarias que reconocen haber sufrido este tipo de maltrato junto con el físico o el económico. La mayoría de las usuarias, tienen unos ingresos limitados, pues el 58,54% o no tiene ingresos o son inferiores a 500 euros, seguidas por las que tiene unos ingresos entre 500 y 1500 euros (39.02%)

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba ha acordado no fijar un régimen de visitas de un padre con respecto a su hijo de un año debido a su condena por violencia de género sobre su expareja, y madre del menor, y por ejercer la violencia también sobre otro de sus hijos.

En la demanda formulada por la madre del niño solicitaba su guarda y custodia así como la patria potestad compartida, y la no imposición de un régimen de visitas a favor del padre. Además, reclamaba una pensión de alimentos entre 150 euros y 200 euros al mes. El Ministerio Fiscal se adhirió a estas peticiones y el padre no contestó a la demanda, y tampoco se ha presentado al juicio, que se celebró la semana pasada.

Atendiendo al interés del menor y adoptando una resolución en línea de la jurisprudencia más actual del Tribunal Supremo, la magistrada ha acordado atribuir la guarda y custodia del hijo en común a la madre, quedando la patria potestad compartida. Sobre el régimen de visitas, la jueza recuerda que éste se podrá suspender en el caso de que alguno de los progenitores esté incurso en algún proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos.

A pesar de ello, la legislación también deja en manos del juzgador el establecimiento del régimen de visitas, siempre y cuando teniendo en cuenta el interés del menor dado que este derecho “tiene como finalidad, no satisfacer los deseos o derechos de los progenitores sino, primordialmente, cubrir las necesidades afectivas y educacionales de los hijos en aras al desarrollo armónico y equilibrado de su personalidad”.

En este caso, sobre el padre pesa una condena por violencia de género sobre su expareja, y madre de su hijo menor, y sobre otro de sus hijos. Esto, unido a que no consta que el padre haya tenido algún contacto con su descendiente, ha llevado a la jueza a considerar que lo mejor es no fijar un régimen de visitas con el padre.

Sobre la cuantía de la pensión de alimentos, el padre deberá abonar a la madre 150 euros al mes. No consta que la progenitora esté trabajando y cuenta tan solo con una prestación de 240 euros que está a punto de extinguirse. Los gastos extraordinarios del menor deberán ser abonados al 50% entre los progenitores.