La subdelegada del Gobierno de la Nación en Córdoba, Ana López, en su condición de integrante de la ejecutiva del PSOE de Córdoba, ha afirmado este martes que “Córdoba nunca olvidará el dolor, el sufrimiento y la crueldad por el caso Bretón”, de cuya sentencia se acaban de cumplir 12 años, y al que ha tomado como referencia para valorar “los pasos adelante que el Gobierno de España está dando para reformar” los códigos civil y penal, “una vez que se tramite el anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria”.

Según ha informado el PSOE en una nota, López ha señalado que todo ello servirá “para poner soluciones a las dramáticas estadísticas que suman 65 menores de edad asesinados desde 2013 hasta julio de 2025 por sus padres, y parejas o ex parejas de sus madres”.

López, que ha asistido junto a la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, a las mesas informativas de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, organizadas junto a la asociación feminista Mujeres de Hoy y UGT, ha destacado que “esta ley será pionera a nivel europeo, al prohibir la publicación o difusión de mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que den voz a los asesinos, además de establecer la obligación de escuchar a los hijos e hijas menores antes de acordar un régimen de guardia y custodia”.

Esta ley, ha dicho, “dará respuesta a todas las víctimas y a sus familiares tipificando la violencia vicaria con penas específicas y con medidas civiles reforzadas, todo ello para hacer aún más efectivo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, avanzando “en la protección de los menores de edad y ampliando el concepto de violencia vicaria a ascendientes y hermanos de la víctima”.

La dirigente socialista ha recordado “el debate social y jurídico que se abrió por el intento de publicación de un libro sobre el caso Bretón, a raíz de testimonios de primera mano del asesino de José y Ruth”, lo cual se evitará con las citadas reformas, ya que “el Código Penal incorporará una nueva pena para prohibir la publicación o difusión de mensajes, textos e imágenes que tengan relación directa con el delito cometido, recogiendo así el sentir, ya no sólo de la sociedad que acompañó a Ruth Ortiz ante la publicación del libro, sino también de la ley”.

Además, Ana López ha precisado que “el anteproyecto de ley contempla medidas en materia de sensibilización, información y seguimiento, además de mejoras en la formación de los operadores jurídicos con respecto a la violencia vicaria”.

Con respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la subdelegada ha puesto de relieve que “desde 2018 el Gobierno de España ha puesto a disposición más de 23 millones de euros para formación y sensibilización en materia de violencia de género, de ellos casi un millón de euros en la provincia de Córdoba”, lo que evidencia que “seguimos trabajando en un problema que afecta enormemente a toda la sociedad andaluza, y dentro de ello a Córdoba, donde hay casi 2.300 mujeres en el sistema Viogén”.

Feminización de sectores laborales

Por su parte, La secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha instado a la ciudadanía a participar en la manifestación que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a las Mujeres, y ha lamentado la existencia de esta lacra “en todos los ámbitos, también el laboral”.

Laguna ha señalado la feminización de sectores laborales, como el de los cuidados o el comercio, y ha advertido que “la violencia laboral, el acoso a la mujer, se reflejan día a día, aunque no estén en estadísticas, como sí lo está la de 51 mujeres asesinadas en nuestro país en lo que va de año a manos de sus parejas”.

La dirigente sindical, que ha calificado la violencia y el acoso laboral y sexual hacia las mujeres en el trabajo como “lacra silenciosa”, ha pedido más recursos que, según ha asegurado, “no llegan adonde deben de llegar” y, en este sentido, ha criticado al gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, por “no haber ejecutado todos los recursos planteados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

Laguna ha asegurado que “sólo desde una política de igualdad y desde una concienciación y educación de la ciudadanía podremos erradicar esta lacra de la violencia machista”. Para ello, ha propuesto “aumentar la educación sobre igualdad en las escuelas e instaurar la figura de la delegada o delegado de Igualdad dentro de las empresas, ya que todos los recursos que pongamos sobre la mesa serán pocos, y los que existen hay que ejecutarlos”.

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que tipifica la violencia vicaria como delito autónomo con agravante de género y contempla penas de hasta tres años de prisión. Asimismo, se incorpora al Código Penal una nueva pena que consiste en la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido. Por lo tanto, prohibirá libros como 'El odio', del escritor Luisgé Martín sobre el caso de José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz.

“Afortunadamente, la sociedad acompañó a la víctima. La sociedad en ese momento fue por delante incluso de la ley. Lo que queremos en esta ocasión es que la ley acompañe a la sociedad en ese reproche que se hizo en aquella ocasión. Y, por otro, lado también queremos adelantar las soluciones”, ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en referencia al caso del libro sobre Bretón.

Redondo ha asegurado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de una “ley pionera que viene a dar respuesta a todas las víctimas y sus familiares, tipificando la violencia vicaria con penas específicas y con medidas civiles reforzadas”.

Asimismo, ha señalado que la finalidad de este anteproyecto de ley es, en primer lugar, “visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria” y, para ello, se modifican diversas normas: la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Entre los objetivos de este anteproyecto está la definición jurídica de la violencia vicaria, así como establecer su tipificación como delito, articular medidas de prevención y la atención y reparación de las víctimas.

La norma también busca dar cumplimiento a medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y avanzar en el reconocimiento de la protección de las personas mayores de edad con discapacidad que se encuentran en relación de dependencia respecto a la víctima.

En cuanto a la definición jurídica de violencia vicaria, Redondo ha indicado que se ha modificado el artículo 1.4 de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.

“Violencia con el objetivo de causar solor o sufrimiento a la mujer”

Así, ha establecido que la violencia vicaria es “aquella violencia que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre: los hijos e hijas o descendientes, personas menores de edad sujetas a su tutela o guarda y custodia, los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta, así como su pareja o anteriores parejas, aunque no exista convivencia”.

También se tipifica la violencia vicaria en el Código Penal. Para ello, se incorpora un nuevo artículo 173 bis, como un delito contra la integridad moral y que contempla una pena de prisión de seis meses a tres años. Esta modificación convierte la violencia vicaria en un delito autónomo con agravante de género y sanciones acumuladas.

En esta misma línea, la ministra ha apuntado que también se incorporan penas accesorias como la prohibición de portar armas por un tiempo definido entre los tres años y los cinco años.

Asimismo, el anteproyecto también contempla modificaciones en el Código Civil, en concreto del artículo 92.6 sobre el régimen de guardia y custodia, a través del cual se establece la obligación de escuchar en todo caso a las hijas e hijos menores de edad, así como a los mayores con discapacidad, antes de acordar el régimen de guardia y custodia.

Por otro lado, se modifica también el artículo 94 del Código Civil con el objetivo de reforzar la fundamentación a la hora de establecer en la resolución motivada un régimen de visitas, comunicación o estancia cuando el progenitor está incurso en un proceso penal de violencia doméstica o de género.

De la misma manera, Redondo ha avanzado cambios en la Ley orgánica de Protección Jurídica del menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir expresamente la exposición de la persona menor de edad a la violencia vicaria entre los indicadores para considerar una situación de riesgo para la persona menor de edad.

Además, se van a agilizar los procedimientos de patria potestad, modificando el artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de que la patria potestad se tramite por juicio verbal y que pueda acumularse a las acciones de divorcio y medidas provisionales.

Un total de 65 niños asesinados por violencia vicaria desde 2013

La ministra ha recordado que, desde que hay registros, en 2013, un total de 65 niñas han sido asesinados por violencia vicaria. Mientras, en 2024, fueron nueve los menores asesinados y tres en lo que va de 2025.

Redondo también ha destacado la importancia de “proteger a las víctimas, pero también concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de acabar con estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan absolutamente inconcebibles”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que en el anteproyecto de ley de violencia vicaria -aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer- se han incorporado medidas anticipatorias de tipo penal para impedir un “conflicto de intereses” como se produjo en el caso del libro 'El Odio', escrito por Luisgé Martin, en el que se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011.

“No hay que llegar a ese conflicto y si algo nos enseña el libro 'El odio' es que debemos poner medidas anticipatorias y eso es lo que también incorporamos en el anteproyecto de ley”, ha detallado la ministra de Igualdad durante la inauguración del curso 'Violencia vicaria: situación actual y retos' organizado por la Universidad Complutense de Madrid en el marco de sus cursos de verano en San Lorenzo de El Escorial.

En su intervención, también ha precisado que el anteproyecto de ley de violencia vicaria se encuentra actualmente en fase de estudio en el Ministerio de Justicia y que, desde su departamento, se pretende llevar al Consejo de Ministros en septiembre.

Sobre las medidas que se incorporarán, ha indicado que serán “medidas penales que anticipen la respuesta y anticipen la solución, e impidan que se produzca ese conflicto de intereses”. Así, ha señalado que se propone “una pena accesoria que valorará el juez por la que el asesino no pueda tener contacto con medios de comunicación o no pueda influir o tener acceso a medios o a periodistas que compren su discurso y además, con ello, vulnere todavía más el dolor y la situación de la víctima”.

“Es un anteproyecto ambicioso. La atención se enfocará en el interés superior del menor, algo que en buena parte es contenido esencial del proyecto de ley. El interés superior del menor hay que actualizarlo, y esa actualización pasa por distintos elementos”, ha señalado Redondo, quien ha traído a colación como ejemplos los casos de Juana Rivas y de Ruth Ortiz.

A su juicio, hay que “aprender de las circunstancias y de la realidad” por lo que ha insistido en la importancia de ser “muy ágiles y plantear soluciones” pues, como ha argumentado, la legislación debe dar “respuesta antes de que se plantee un conflicto de derechos fundamentales y constitucionales que tienen que ponerse”.

Ruth Ortiz, “una madre que sigue sufriendo”

“La libertad de creación artística es una de las libertades que más garantías constitucionales y legales tiene reconocida en nuestro ordenamiento político. Por lo tanto, esa libertad, cuando se limita, hay que razonar muy bien y ser muy proporcionales (...) Pero aquí tenemos también una madre (Ruth Ortiz) que ha sufrido violencia de género y violencia vicaria, que está y sigue sufriendo, porque esa es la característica de la violencia vicaria, que no concluye, que pretende la muerte en vida de esa mujer, a pesar de que el maltratador, el marido, el asesino está en la cárcel”, ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en que hay “que proteger” el derecho de la víctima “a no ser revictimizada, a no seguir padeciendo un sufrimiento mayor, que lógicamente es un interés constitucional y un bien jurídico que hay que proteger”, lo que conlleva un “conflicto de intereses” con la libertad de expresión artística.

“Sabemos que hay una metodología jurídica y esa metodología la aplicamos, pero la respuesta no siempre es satisfactoria”, ha subrayado.

Además, a lo largo de su intervención, Redondo ha mostrado su satisfacción por el pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado en febrero de este año y ha destacado la “incorporación de nuevas violencias” como por ejemplo la violencia digital “salvaje” en las redes sociales. Sobre este aspecto la ministra ha culpabilizado directamente a “un movimiento sobre todo de hombres jóvenes que rechazan los avances feministas”.

“Era prioritario renovar ese pacto de Estado, incorporar nuevas violencias que están surgiendo y ser conscientes de nuestra responsabilidad histórica. Cada generación es imprescindible para avanzar en una sociedad mejor, y por lo tanto avanzar hacia esa sociedad libre de violencias hacia las mujeres”, ha sentenciado Redondo.

El libro 'El odio', en el que el escritor y periodista Luisgé Martín recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011, saldrá, “casi seguro a final de año”, según han explicado fuentes cercanas al autor en declaraciones a Europa Press. La obra contará con un ensayo añadido.

Aunque la obra iba aser publicada por Anagrama el pasado mes de marzo, la editorial paralizó la publicación tras la denuncia de Ruth Ortiz, madre de Ruth y José. En un primer momento el sello catalán defendió su derecho a editar el libro y la Audiencia de Barcelona confirmó la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de la obra. Sin embargo, Anagrama decidió finalmente extinguir el contrato con el periodista en abril.

Martín recuperó los derechos del libro, asegurando que mantenía su intención de publicar su obra y que Anagrama había “sentido miedo de la presión social”. Se desconoce por el momento si la obra será autopublicada o saldrá a la luz bajo otro sello editorial.

Tras la polémico en torno al libro, el Ministerio de Igualdad anunció que estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria --aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer--, difundan información en medios de comunicación o por otros canales para hacer daño a la víctima, como en el caso del libro sobre Bretón.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, aseguraba en abril que tienen “muy avanzado” un anteproyecto de ley que también definirá y castigará esta violencia.

“Queremos recoger que en determinados supuestos en los que se quiera atacar la dignidad de las víctimas, se quiera seguir revictimizándolas una vez que ya se las había dañado, queremos recoger que se pueda incorporar a las penas, medidas recogidas en el Código Penal. Queremos recoger que se pueda prohibir la difusión, la publicación de contenidos dirigidos expresamente, que tengan por finalidad seguir dañando a las víctimas, revictimizar. Para que me entiendan ustedes, el caso Bretón”, puntualizó Martínez.

En todo caso, no es que se pueda imponer siempre esta medida o esta pena pero la intención es “que los órganos judiciales la tengan a su disposición cuando vean que la publicación, la difusión de contenidos, en concreto, vaya dirigida a dañar a la víctima o desde luego esté causando un daño añadido”.

Igualmente, quieren que se pueda sancionar la utilización “en contra de la ley” de figuras como el falso síndrome de alienación parental u otras similares “a las que se cambia el nombre”.

“Se está usando todavía mucho por parte de servicios que tienen que informar a los órganos judiciales, servicios distintos, equipos multidisciplinares de juzgados, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia, etcétera. No voy a detallar qué servicios, pero se sigue usando esta figura y similares y también se siguen dictando resoluciones judiciales basadas, amparadas en informes que han usado, en contra de la ley, esta figura”, detalló.

Al mismo tiempo, con esta norma quieren que se reconozca a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género para poder garantizarles los mismos derechos y que se garantice el derecho de los menores de edad a ser oídos siempre que las decisiones judiciales o administrativas afecten a su vida.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ha asegurado que tienen “muy avanzado” un anteproyecto de ley contra la violencia vicaria --aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer--, que definirá y castigará esta violencia y prohibirá que los asesinos difundan información en medios de comunicación o por otros canales para hacer daño a la víctima, como en el caso del libro sobre José Bretón.

Así lo ha revelado Carmen Martínez este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso.

“En esta ley que estamos trabajando y que tenemos muy avanzada, pues se trata en primer lugar de reconocer legalmente, de ponerle nombre a la violencia vicaria, de definirla, de recoger esta definición en aquellos textos legales donde se recoge la violencia de género, como mínimo en esos. ¿Cuáles son? La Ley orgánica de garantía integral contra la violencia de género y el Código Penal. La violencia vicaria tiene que castigarse y tiene que definirse bien”, ha explicado Martínez.

Además, desde Igualdad quieren que la violencia vicaria “se castigue más fuerte cuando es más grave el daño que se le hace a la víctima”, por ejemplo, en los casos de violencia vicaria “más extrema” en la que el agresor llega a asesinar a los niños para dañar a sus madres.

Asimismo, según ha añadido la delegada del Gobierno, quieren que la ley recoja la prohibición de la difusión o publicación de contenidos que vayan dirigidos a hacer daño a la víctima.

“Queremos recoger que en determinados supuestos en los que se quiera atacar la dignidad de las víctimas, se quiera seguir revictimizándolas una vez que ya se las había dañado, queremos recoger que se pueda incorporar a las penas, medidas recogidas en el Código Penal. Queremos recoger que se pueda prohibir la difusión, la publicación de contenidos dirigidos expresamente, que tengan por finalidad seguir dañando a las víctimas, revictimizar. Para que me entiendan ustedes, el caso Bretón”, ha puntualizado Martínez.

En todo caso, ha matizado que no es que se pueda imponer siempre esta medida o esta pena pero la intención es “que los órganos judiciales la tengan a su disposición cuando vean que la publicación, la difusión de contenidos, en concreto, vaya dirigida a dañar a la víctima o desde luego esté causando un daño añadido”.

Igualmente, quieren que se pueda sancionar la utilización “en contra de la ley” de figuras como el falso síndrome de alienación parental u otras similares “a las que se cambia el nombre”.

“Se está usando todavía mucho por parte de servicios que tienen que informar a los órganos judiciales, servicios distintos, equipos multidisciplinares de juzgados, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia, etcétera. No voy a detallar qué servicios, pero se sigue usando esta figura y similares y también se siguen dictando resoluciones judiciales basadas, amparadas en informes que han usado, en contra de la ley, esta figura”, ha detallado.

Al mismo tiempo, con esta norma quieren que se reconozca a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género para poder garantizarles los mismos derechos y que se garantice el derecho de los menores de edad a ser oídos siempre que las decisiones judiciales o administrativas afecten a su vida.

“Terribles” asesinatos machistas

Durante su comparecencia en el Congreso, la delegada del Gobierno, ha comenzado asegurando que están “destrozadas” por los “terribles asesinatos” machistas de los últimos días --dos confirmados en apenas 24 horas en Getafe y Valencia, y otros tres en investigación-- y ha hecho un llamamiento a “ir de la mano” a todas las instituciones, grupos parlamentarios y a la sociedad.

Además, ha avanzado que van a “procurar” convocar los comités de crisis “haya o no cinco asesinatos en un mes” para “analizar todos los casos”. El próximo comité de crisis se celebrará el próximo 10 de julio, tal y como han indicado este jueves fuentes del Ministerio de Igualdad.

Asimismo, la delegada del Gobierno ha desgranado algunas de las 461 medidas del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de las cuales, según ha precisado, 256 son nuevas y 128 actualizadas, ofreciendo así “un marco más preciso y más exigente”.

En el marco de este pacto, ha detallado algunas actuaciones. Entre otras, ha comentado que están impulsando la protección de las víctimas de violencia machista ante catástrofes --para que estas no afecten al funcionamiento de servicios como el 016--; trabajando en la mejora de los dispositivos tecnológicos; diseñando campañas contra la violencia machista digital o contra la violencia vicaria; ofreciendo formaciones o integrando la Inteligencia Artificial.

Martínez también ha insistido en la importancia de trabajar de forma coordinada y del papel “fundamental” de las comunidades autónomas para llevar a cabo las políticas públicas que protejan a las víctimas; y ha advertido del peligro del negacionismo.

“El negacionismo pone en peligro vidas”

“Toda actuación que no suponga un posicionamiento sin flaquezas contra la violencia machista, todo posicionamiento político que no enfrente de manera valiente el negacionismo y las posiciones reaccionarias, que ponga en duda la transformación social de hombres y mujeres por la igualdad y la no violencia, pone en peligro vidas”, ha subrayado.

En el turno de portavoces, la diputada del PSOE María Sainz ha comenzado su intervención expresando el “horror, indignación y desasosiego” por “el goteo continuo de asesinatos machistas” y ha mostrado su preocupación por “el activismo negacionista” de Vox.

Por su parte, la diputada del PP María de las Mercedes Cantalapiedra ha declarado que España está “ante un verano negro” y ha instado al Ministerio de Igualdad a no esperar a julio para convocar el comité de crisis ante el repunte de asesinatos machistas; al tiempo que ha denunciado los “escándalos de prostitución pagados con dinero público”.

También ha criticado estos casos la diputada de Vox Rocío Aguirre, mientras que, en referencia a la violencia machista, ha acusado al Ministerio de Igualdad de “estafar a los españoles” porque, a su juicio, el Pacto de Estado “no ha conseguido nada” y le ha afeado que presenten una ley contra la violencia vicaria mientras han aprobado “una ley trans que mutila y destroza”.

Mientras, desde Sumar, la diputada Júlia Boada se ha referido a la “semana totalmente negra” por los últimos asesinatos machistas y ha subrayado que “la sensación de urgencia es total y absoluta”. En cuanto a la ley contra la violencia vicaria, ha celebrado este anuncio y frente a la “deriva un poco punitivista”, ha subrayado la importancia de poner el foco en “los protocolos de ámbito sanitario y educativo” y en “la formación” para todos los profesionales que tienen contacto habitual con niños.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha rechazado la aplicación de medidas solicitada por la abogada de Ruth Ortiz tendentes a una mayor protección y apoyo para salvaguardar su intimidad, la de sus hijos y la de su familia tras la polémica suscitada por la posible publicación del libro El odio.

En el marco de una providencia fechada el pasado mes de abril, la Audiencia responde tanto a la acusación particular como al Ministerio Fiscal como a la defensa. Para la defensa de Ortiz, la noticia de que se iba a publicar un libro sobre el parricidio cometido por José Bretón suponía “una vulneración de los derechos fundamentales” de su demandante, sus hijos y su familia, causándoles un “enorme dolor y daño psicológico”. Alegaba, además, el incumplimiento de las prohibiciones de dar información sobre las víctimas y de comunicación respecto del penado.

Ante ello, la acusación particular solicitaba “todas las medidas posibles”, aunque sin concretar, para “evitar la divulgación y publicación” del libro. Por su parte, el Ministerio Fiscal solicitó a la Sala el “seguimiento y supervisión del cumplimiento de las penas impuestas al condenado y adoptar las demás medidas de protección y apoyo que consideren necesarias para salvaguardar la intimidad y del superior interés de los menores fallecidos y de su madre”. Al igual que la acusación particular, la Fiscalía tampoco concretó las medidas a adoptar.

Por su parte, la defensa de Bretón, representada por un abogado de oficio, alegó su “ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de expresión” y la “improcedencia de la adopción de medidas por esta vía”.

La Audiencia Provincial, tras revisar el estado de las actuaciones, ha señalado que el penado se encuentra cumpliendo la pena privativa de libertad sin que se haya puesto en conocimiento de esta Sala incidencia alguna por parte de las instituciones penitenciarias o del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Asimismo, basándose en los hechos presentados por las acusaciones, la Sala ha rechazado la solicitud de medidas dado “que no está legitimada para actuar como juez de Instrucción o de Primera Instancia, que es lo que pretende la acusación particular”.

Por ello, ha instado a la abogada de Ortiz a que, “si considera que los hechos nuevos alegados constituyen una infracción penal o una lesión de derechos de carácter civil, ejerza las correspondientes acciones penales o civiles ante el juzgado competente”.

El Ministerio de Igualdad estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria difundir información de su caso a medios de comunicación o editoriales, tras la polémica surgida por el libro 'El odio', de Luisgé Martín, sobre José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz.

Así lo han puesto de manifiesto fuentes ministeriales, que han asegurado también que están analizando si incluir esta medida en un paquete específico o en uno más amplio sobre violencia vicaria. Si bien, han añadido que esta modificación dependerá del transcurso de las negociaciones actuales con los grupos parlamentarios sobre las medidas a aterrizar del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo está valorando introducir una pena accesoria en este sentido en los artículos 39 y 48 del Código Penal -en los que se recogen ya las penas de prohibición de residencia en el entorno de la víctima, aproximación y/o comunicación con la víctima o la privación de la patria potestad y el posible control telemático de estas medidas-.

El objetivo de esta modificación es impedir al asesino comunicar cualquier información a terceros que tenga que ver con la cuestión que le ha llevado a estar en la situación de pena de libertad, cuando el efecto sea la revictimización de la víctima.

Según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad, si se logra que el cambio se introduzca en el Código Penal, la pena se impondría al penado y solo podría ir dirigida al agresor. No obstante, una editorial o medio de comunicación no podría publicar nada al no tener el contenido, ya que el delincuente tendría prohibido trasladárselo como tal, según estas fuentes.

La medida que estudia el departamento que dirige Ana Redondo surge tras la polémica suscitada por el libro 'El odio', con las confesiones de Bretón sobre los asesinatos cometidos en Córdoba en 2011, que en principio iba a publicar el pasado 26 de marzo la editorial Anagrama.

Sin embargo, la madre de Ruth y José, Ruth Ortiz, inició trámites legales para evitar la publicación de la obra. Concretamente, a través del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA), presentó un escrito a Fiscalía de “solicitud de ayuda, auxilio y amparo” en el que señalaba que considera ilegal la publicación en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

A pesar de que los tribunales avalaron la publicación del libro, Anagrama decidió extinguir el 16 de abril el contrato para su publicación y distribución. “Tras la finalización de la relación contractual, todos los derechos de la obra, cedidos en su día a la editorial, vuelven a ser propiedad del autor”, informó la editorial en un comunicado en redes sociales.

En todo caso, el autor, Luisgé Martín, mantiene su intención de publicar el libro y cree que Anagrama ha sentido “miedo” ante la “presión social”. En este sentido, entiende que “no hay una censura directa” a través de decreto, pero que sí la ha habido “a través de los bastidores”.

Además, Martín defendió en una entrevista en 'La noche en 24 horas' de TVE, recogida por Europa Press, que en su libro no se le da voz a Bretón, que “se le confronta”, y que en todo caso “no sale bien parado”. También calificaba como “muy grave” que no se haya podido publicar el libro y que tanta personas hayan vertido críticas sin haberlo leído, creando “un estado de opinión en el que no hay debate posible”. “Forma parte casi de sociedades prefascistas”, sentenció.

Redondo: “No se puede dar voz a los violentos”

Por el contrario, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló en marzo en un vídeo-comunicado difundido por su departamento que “no se puede dar en ningún caso voz a los asesinos, voz a los violentos, voz a quien ha asesinado a sus propios hijos para hacer el mayor daño posible a la madre, a la mujer”.

También expuso tras extinguir Anagrama el contrato que, a su juicio, la editorial “ha sido permeable a la reacción social”. Además, la titular de la cartera de Igualdad celebró que esta decisión no se haya tomado “por criterios mercantilistas” sino “de empatía” con las víctimas.

“Celebramos desde el Ministerio y yo celebro personalmente la decisión de Anagrama de renunciar definitivamente a la publicación de 'El Odio'. Creo que la editorial ha sido permeable a la reacción social y a la petición de la propia víctima que lógicamente no quería con esta publicación ser revictimizada y celebro desde luego que la decisión se haya tomado no por criterios económicos ni mercantilistas sino en base a criterios sociales de empatía y de protección de las víctimas”, indicó Redondo en declaraciones a Europa Press.

¿Qué opinan los grupos políticos?

Hasta ahora, entre los grupos políticos, el que se ha mostrado más a favor de una prohibición de este tipo ha sido Vox, que es el único partido que no ha suscrito la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su portavoz, Pepa Millán, defendió, preguntada por Europa Press, que su partido está “a favor” de que quienes cometan esos crímenes atroces “se pudran en la cárcel”. “Por supuesto que no tengan el privilegio de ver la luz del sol y muchísimo menos de sacar ningún libro”, subrayó.

En línea inversa se manifestaron desde Podemos, aunque con matices. El portavoz de los morados en el Congreso, Javier Sánchez, defendió que “todos los libros pueden ser publicados”, pero precisó que “otra cuestión es la cuestión moral y ética”.

Otras fuerzas políticas no se han alineado tan claramente sobre la prohibición o no de publicar el libro y se han limitado a tildar el debate como “complejo”. Es el caso de los socios del Gobierno, Sumar. Concretamente, la portavoz de Compromís, Águeda Mico, señaló que era un tema “súper delicado”. “Hay dos derechos fundamentales que se tienen que preservar”, especificó.

Mismo argumento señaló el diputado Jorge Pueyo Sanz, de Sumar: “Estamos ante un conflicto de dos derechos, que es la libertad de expresión por un lado, y por otro lado la defensa de las víctimas”. Aína Vidal, de En Comú Podem, lo definió también como un debate “tremendamente complejo”.

Desde el PP, su portavoz, Miguel Tellado, se limitó a respetar las decisiones judiciales y mostrar su cariño y respaldo a la madre tras conocerse que un juzgado de Barcelona avalaba la publicación de la obra. “El conocimiento de esta noticia ciertamente conmueve y lo único que podemos trasladar es todo nuestro cariño a la madre de esos niños y a toda su familia. Eso es lo que a uno le produce el conocimiento de esa decisión judicial”, dijo.

La Fiscalía de Barcelona no retirará la demanda civil de diligencias preliminares que interpuso el 10 de abril por la que solicita al Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona que exija a la editorial Anagrama que entregue una copia del libro 'El odio' de Luisgé Martín, en el que se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos en 2011.

Así lo han confirmado fuentes de la Fiscalía a Europa Press, que han explicado que esta demanda supone un trámite previo que permitirá analizar el contenido del libro a fin de saber si en él “hay elementos que puedan incurrir en una vulneración del derecho al honor” y, en caso de que así sea, poder presentar una demanda por un delito contra el honor.

Así lo mantienen pese a que Anagrama anunció el pasado miércoles la extinción del contrato de edición para la publicación y distribución de 'El odio', en un comunicado en el que explicó que, una vez finalizada la relación contractual, los derechos cedidos a la editorial volverían a ser propiedad del autor.

Sin embargo, la Fiscalía ha decidido mantener la demanda después de solicitar a Anagrama hasta “en dos ocasiones” que entregara una copia del libro cuando poseía los derechos del mismo, según las fuentes consultadas.

Admitida a trámite

Una vez conocido el contenido de la obra, si en un futuro se publicase en otra editorial, la Fiscalía ya conocería si hay elementos en ella que vulneren el derecho al honor y, si así fuese, podrían interponer directamente una demanda por este motivo contra quien corresponda.

Las mismas fuentes han señalado que esta demanda de diligencias preliminares ha sido admitida a trámite por el juzgado y que está pendiente de que se resuelva.

La editorial Anagrama ha asegurado que cumple los requerimientos judiciales en cuanto a la remisión de copia del libro 'El odio' -que recoge confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos- y que “seguirá cumpliendo, como lo ha hecho hasta ahora, las decisiones judiciales”, informan fuentes del sello este sábado a Europa Press.

Lo han asegurado después de que la Fiscalía de Barcelona haya interpuesto una demanda civil de diligencias preliminares con el objeto de conseguir que el juez requiera a la editorial la exhibición y entrega del libro de Luisgé Martín “a fin de poder analizar y estudiar su contenido”.

La Fiscalía presentó la demanda el jueves después de que la Audiencia de Barcelona confirmara la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía para paralizar la publicación del libro.

El auto de la Audiencia confirmaba la resolución del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, en contra de la postura del ministerio público, que recurrió la desestimación de la medida cautelar.

Paralización voluntaria

Anagrama recordó el miércoles en un comunicado que decidió paralizar de forma voluntaria la distribución del libro 'El odio' el 21 de marzo tras el anuncio de una petición de medidas cautelares de la Fiscalía.

La editorial dijo que, después de que se denegaran dichas medidas cautelares mantuvo, “en un ejercicio de prudencia”, la decisión de suspender 'sine die' la distribución de la obra.

Pese al rechazo por segunda vez (este caso por la Audiencia de Barcelona) de las medidas cautelares contra la publicación del libro, la editorial aseguró el miércoles que mantenía la suspensión de la distribución de 'El odio' por tiempo indefinido.

Tengo el corazón apesadumbrado, lleno de gravilla, y la mente rara, en una resaca emocional íntima que lo mismo también es colectiva. Sé cuál es la causa: el áspero tornado de desafío ético, jurídico, social, polarizador, informativo y de redes sociales sufrido estos últimos días alrededor de El odio, libro de Luisgé Martín, en Anagrama. El desenlace, por ahora -y parece firme-, es, según lo veo y siento, quizás el menos malo, el único aceptable, el de justicia.

No obstante, intuyo que las cuestiones en torno a El odio, por cómo han sucedido y se han ordenado los acontecimientos, se han embebido y se embeben de enjundia legal y de dolor. Tras conocerse que la editorial suspende sine die la publicación de la obra, Ruth Ortiz ha manifestado “alivio”, aunque ha dicho que “el daño está hecho”, en alusión -deduzco- a que la propia elaboración de un libro centrado en el victimario ya podría constituir el presunto quebrantamiento de condena denunciado por la defensa de Ortiz, la abogada Aurora Genovés, y al hecho de que la violencia vicaria pretende ser infinita y busca previsibles e inimaginables vías para perpetuarse.

Es probable que en la propia creación del libro y en la presentación pública del mismo las cosas se hayan hecho de un modo abocado al abismo. ¿Por qué no se informó a Ruth sobre El odio? ¿Cómo no se envía una copia del texto al juez que recibe la denuncia de la fiscalía cuando hay personas lectoras cualificadas que sí lo recibieron y muestran en fotos un ejemplar? ¿Por qué en el comunicado de la editorial se alude al daño que han podido causar “las informaciones sobre el libro” y se elude afirmar que a lo mejor el propio libro tal y como se ha generado causa dolor a las víctimas? ¿Por qué Luisgé Martín presenta un perfil bajo, qué contará más adelante o cuándo? ¿Por qué si Anagrama apostó por El odio, no litiga en los tribunales para defenderlo y reclamar su publicación, como ejemplo de acciones necesarias contra el fantasma de la censura previa y de la autocensura en sus distintas formas?

Ha habido una enorme presión social e institucional para suspender la publicación del libro, era previsible que así fuera. Y, ante todo, se ha producido un movimiento maestro en el tablero jurídico. Acusar de un presunto quebrantamiento de la condena lleva la cuestión al terreno de la violencia de género, al cumplimiento de las penas, a lo que se puede y no se puede hacer estando en la cárcel, a cuanto significa lo que ha hecho Bretón al hablar con un escritor para que escriba un libro sobre él y cuente lo que él hizo.

Personalmente estoy convencida de que hay que defender al máximo la libertad de expresión, y hoy especialmente porque está en riesgo en un mundo amenazado por el trumpismo y la postverdad, pero hacerlo a toda costa en un caso tan complejo de violencia vicaria, no creo que sea el adecuado campo de batalla.

Sí ha sido positivo para mí leer con enorme interés los artículos de opinión que han publicado firmas de prestigio con distintos puntos de vista. Saber debatir, saber discrepar, enriquecernos y dialogar me ha confortado como ciudadana. Lo último sería tirarnos los trastos a la cabeza, perder de vista el preciado valor de la libertad de expresión y de creación, dejar que se abran grietas por donde nos censuren previamente y nos empobrezcan y nos siembren de fanatismo e intolerancia.

De esta zozobra de El odio tenemos que aprender y no olvidar. Además, nos pone tareas. 1. Seguir abrazando a las víctimas de las violencias machistas y a todas las víctimas. 2. Ser proactivos legislativamente para evitar la tortura del true-crime, para no permitir la monetización del mal que causaron los victimarios y protegernos del envilecimiento por el consumo de contenidos violentos o ultraviolentos, cuidando sobre todo de lxs jóvenes. Y 3. Florecer todos los días las inmarchitables rosas de la lectura, de la palabra, de la filantropía.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación

“El daño está hecho, pero hoy siento algo de alivio”. Ruth Ortiz ha difundido un escrito después de que este jueves la editorial Anagrama haya anunciado la suspensión idenfinida de la publicación del libro El odio, de Luisgé Martín y basado en una entrevista y cartas con José Bretón, su exmarido, que cumple 40 años de condena en la cárcel por asesinar a sus dos hijos.

“Gracias a la librería Carmen de Parla (Madrid) que comenzó con la campaña 'en mi librería no' y a todas las que le han seguido en España”, ha escrito Ruth Ortiz, en referencia a la iniciativa de diferentes establecimientos que se iban a negar a vender el libro. “Y a todas las que le han seguido por toda España”.

“Gracias a todos los que, sin conocerme, me habéis apoyado por las redes”, ha añadido, “gracias a todos los fiscales implicados, gracias a mis amigas y hermanas en el dolor, con hijos asesinados, gracias a todas las asociaciones de mujeres, gracias a todos y cada uno de los que habéis colaborado para que la editorial Anagrama haya tomado la decisión de hoy”, ha escrito Ortiz. “Sin todos vosotros no hubiera sido posible conseguirlo”.

“La noticia de hoy es un logro de la mayoría de la sociedad. Somos más la gente con empatia, humanidad, sentido común y a la que no nos gusta causar dolor”, ha concluido Ruth Ortiz, que este mismo jueves ha presentado una denuncia contra José Bretón por un presunto quebrantamiento de condena. La denuncia presentada por la abogada de Ruth Ortiz, Aurora Genovés, por posible delito de quebrantamiento de condena de José Bretón ha sido remitida por la Fiscalia Provincial de Córdoba a la de Fiscalía Provincial de Huelva de Violencia sobre la Mujer al ser la competente para su resolución.

El escrito de denuncia señala que los comentarios recogidos por los medios de comunicación sobre el contenido del libro podrían ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena. La propia Ruth Ortiz señaló que consideraba que Bretón había quebrado la orden de alejamiento después de que le hayan llegado informaciones y comentarios sobre cómo acabó con la vida de sus hijos, o los motivos que le llevaron a cometer el crimen.

Este mismo jueves, la editorial Anagrama ha decidido suspender sine die (sin fecha) la distribución de El odio. La publicación del ejemplar estaba prevista para este miércoles 26 de marzo y, un día después, el sello ha comunicado que paraliza de forma indefinida su venta.

La Fiscalía de Menores de Barcelona pidió la semana pasada la suspensión de la publicación, advirtiendo a la editorial que estaban valorando el ejercicio de acciones legales “ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores”. Previamente, Ruth Ortiz, expareja de Bretón y madre de los niños asesinados, había denunciado la distribución de El odio ante la Audiencia Provincial de Córdoba y la Fiscalía. El Ministerio Público pidió igualmente la paralización de la venta. El juez rechazó la demanda porque consideró que la medida restringía la libertad de expresión y no disponía del original de la obra. Aun así, la Fiscalía insistió en que El odio no debía llegar a las librerías y recurrió la decisión.

La Fiscalia de Córdoba ha remitido al departamento de Violencia Sobre la Mujer de Huelva la denuncia por posible quebramiento de condena de Bretón. La denuncia presentada por la abogada de Ruth Ortiz, Aurora Genovés, por posible delito de quebrantamiento de condena de José Bretón ha sido remitida por la Fiscalia Provincial de Córdoba a la de Fiscalía Provincial de Huelva de Violencia sobre la Mujer al ser la competente para su resolución, según ha informado el ministerio público a través de una nota de prensa.

El escrito de denuncia fue presentado ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba y trasladada a la Fiscalía de Córdoba para informar sobre la competencia de la causa.

El escrito de denuncia señala que los comentarios recogidos por los medios de comunicación sobre el contenido del libro podrían ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena. La propia Ruth Ortiz señaló que consideraba que Bretón había quebrado la orden de alejamiento después de que le hayan llegado informaciones y comentarios sobre cómo acabó con la vida de sus hijos, o los motivos que le llevaron a cometer el crimen.

Por otra parte, la Fiscalía de Córdoba remitió este miércoles 26 de marzo un escrito a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba en el que solicita medidas de protección para Ruth Ortiz por la publicación del libro El odio, del escritor Luisgé Martín, en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus hijos Ruth y José en Córdoba en 2011.

Este mismo jueves, la editorial Anagrama ha decidido suspender sine die (sin fecha) la distribución de El odio. La publicación del ejemplar estaba prevista para este miércoles 26 de marzo y, un día después, el sello ha comunicado que paraliza de forma indefinida su venta.

La Fiscalía de Menores de Barcelona pidió la semana pasada la suspensión de la publicación, advirtiendo a la editorial que estaban valorando el ejercicio de acciones legales “ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores”. Previamente, Ruth Ortiz, expareja de Bretón y madre de los niños asesinados, había denunciado la distribución de El odio ante la Audiencia Provincial de Córdoba y la Fiscalía. El Ministerio Público pidió igualmente la paralización de la venta. El juez rechazó la demanda porque consideró que la medida restringía la libertad de expresión y no disponía del original de la obra. Aun así, la Fiscalía insistió en que El odio no debía llegar a las librerías y recurrió la decisión.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha expresado este jueves “toda la solidaridad” con Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los menores asesinados por su padre, José Bretón, en septiembre de 2011 en la capital cordobesa, así como su familia por “lo que está sufriendo” ante el libro de Luisgé Martín El odio, que recoge confesiones de José Bretón sobre el asesinato.

En declaraciones a los periodistas, Nieto, que era alcalde de Córdoba cuando ocurrieron los hechos, ha remarcado que la familia “se merece el apoyo del conjunto de la ciudadanía y particularmente del Gobierno de la Junta”, al tiempo que ha comentado que “se va a seguir con mucho respeto a la justicia” respecto a la decisión que se tome sobre la publicación, ante los recursos de la Fiscalía a tal efecto.

En este sentido, Nieto ha apuntado que “hay una posición clara de la Junta de Andalucía que expresó la consejera de Inclusión Social y todos los consejeros y el presidente le trasladan su solidaridad a la madre de los niños, a la que hemos tenido la oportunidad de saludar y conocer y con la que nos sentimos muy cerca en un momento en el que seguro que está siendo de mucho dolor para ella”.

Libertad de expresión y revictimización

“Hay al mismo tiempo una gestión de un derecho, el derecho de libertad de expresión y comunicación, que puede estar en colisión con el derecho de la víctima a no ser revictimizada”, ha puntualizado el consejero, quien ha agregado que “eso es lo que se tiene que dilucidar en los tribunales”.

Así, ha indicado que se conoce “la resolución del tribunal de Barcelona, que inicialmente no estimaba la petición que se hizo” de no publicar el libro, como pedía el Ministerio Público, mientras que “este miércoles se ha conocido también una actuación de la Fiscalía de Córdoba, en la que sí entiende que hay argumentos para proteger los derechos de la víctima”, ha apostillado.

Como alcalde de Córdoba en aquel entonces, “ha habido que sufrirlo también en muchos momentos”, recordando que “esto se produjo en septiembre de 2011, prácticamente empezando el mandato, y fue una etapa durísima que tuvimos que sortear todos, primero con la incertidumbre de la desaparición, y luego, todavía casi peor, cuando tuvimos la certeza de que habían sido asesinados, de la forma que lo hicieron y por quien fueron asesinados”, ha lamentado Nieto.

La Fiscalía de Córdoba pide medidas de protección para Ruth Ortiz

En concreto, la Fiscalía de Córdoba ve “necesario” adoptar medidas de protección y apoyo para Ruth Ortiz, con el fin de “salvaguardar la intimidad y el superior interés de los menores fallecidos y su madre”, así como “el seguimiento y supervisión del cumplimiento de las penas impuestas al condenado”, con 40 años de prisión.

En un escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Córdoba, la fiscal Lucía Chacón considera “fundamental tener en cuenta la revictimización de la madre de los menores fallecidos que con la información ya proporcionada sobre el contenido del libro se ha visto abocada a revivir como presente los hechos ocurridos en el año 2011”.

El presidente de la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), José Luis Duval, ha avanzado que él, a nivel “personal”, ha decidido no poner a la venta en su establecimiento el libro de la Editorial Anagrama titulado El odio, escrito por Luisgé Martín y que recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos en Córdoba en 2011.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Duval ha aclarado que esta es su postura, no la de la asociación a la que representa, ya que sus integrantes están divididos, “mitad y mitad”. Así, los hay que están a favor de facilitar el libro a los clientes que se lo pidan, aunque sin promocionarlo, ni colocarlo en sus escaparates, y también están quienes, como el propio Duval, prefieren no dar siquiera esa opción de compra del libro a sus clientes.

A este respecto, Duval ha explicado que “es que es una decisión muy personal. Porque yo entiendo la postura de algunos compañeros, que lo que dicen es que la libertad de expresión está ahí, que cada uno puede publicar lo que quiera”, algo que Duval, de forma general, también apoya, y que, “al final, la última decisión” corresponda “al lector”.

Mientras que “la otra posición”, que defienden otros asociados de Aplico, es que “el libro no debe salir ni siquiera a la venta”, de forma que estos libreros “no lo van a poner a la venta, no lo van a difundir y no lo van a vender, ni aunque sea por pedido”, para así “respetar” a Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados por Bretón, y también a los “abuelos y tíos cordobeses” de los menores.

Con ello coincide Duval, quien ha afirmado que no está de acuerdo con venderlo, opinando que “es muy pronto” y que ahora “no es el momento”, que quizás lo fuer “en un futuro, pero es que ahora mismo creo que se le haría más daño a la familia, al derecho de la mujer, al derecho de esos niños que ya no están”.

La Fiscalía de Córdoba ha remitido este miércoles 26 de marzo un escrito a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba en el que solicita medidas de protección para Ruth Ortiz por la publicación del libro El odio, del escritor Luisgé Martín, en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus hijos Ruth y José en Córdoba en 2011.

En dicho escrito -al que ha tenido acceso este periódico y ha avanzado Radio Córdoba-, la Fiscalía de Córdoba interesa “el seguimiento y supervisión de las penas impuestas al condenado y adoptar las demás medidas de protección y apoyo que consideren necesarias para salvaguardar la intimidad y del superior interés de los menores fallecidos y de Dña. Ruth Ortiz Ramos”.

Asimismo, solicita que se libre un oficio dirigido a la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona, lugar donde se encuentra el domicilio de la editorial Anagrama que publica el libro, remitiendo la documentación presentada en la Fiscalía de Córdoba por la representación de Ruth Ortiz, “con el fin de que valore el posible inicio de acciones”.

La Fiscalía de Córdoba señala que “es evidente que no sólo la inminente publicación del libro, sino que las entrevistas y noticias publicadas en prensa y en los medios de comunicación por el autor del mismo, Luisge Martín, atentaría directamente contra el derecho fundamental a la intimidad de los menores fallecidos y de la madre de los menores, víctima viva, y contra el derecho fundamental del superior interés de los menores”, aduce desgranando la legislación al respecto.

“Victimización de la madre de los niños”

“En todo ello es fundamental tener en cuenta la victimización de la madre de los menores fallecidos que, con la información ya proporcionada sobre el contenido del libro, se ha visto abocada a revivir como presente los hechos ocurridos en el año 2011, siendo necesario adoptar medidas de protección de la víctima viva, y o de la intimidad y del superior interés de los menores fallecidos”.

Recuerda que el Ministerio Fiscal “está facultado para velar por los intereses de los menores víctimas y solicitar la adopción de medidas de protección que estime necesarias”, por lo que requiere que se adopten medidas de protección y apoyo para Ruth Ortiz, así como para salvaguardar la intimidad y del superior interés de los menores fallecidos.

Este nuevo movimiento de la Fiscalía de Córdoba se produce después de que un juez de Barcelona haya rechazado suspender la publicación del libro con las confesiones de José Bretón, tal y como había solicitado Ruth Ortiz.

Ortiz realizó una solicitud de “ayuda, auxilio y amparo” ante el SAVA que se trasladó a la Fiscalía, donde se ponía en su conocimiento la Fiscalía “la inminente publicación de un libro -prevista para este 26 de marzo- del periodista y escritor Luisge Martín sobre los asesinatos de los menores a manos de su padre José Bretón que, al parecer, contiene datos, cartas y referencias que afectan a la intimidad de los menores”.

El director de Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha asegurado que la libertad de expresión tiene “sus límites”, que se refieren a la “intimidad personal y familiar”, y a los menores de edad, en relación con la polémica en torno a la publicación del libro El odio, escrito por el periodista y escritor Luisgé Martín, donde se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011.

“Como persona, como profesor y como intelectual defiendo la libertad de expresión, pero es una libertad que tiene sus límites. Límites que se refieren a la intimidad personal y familiar, a la menoría de edad y muchos límites que, si no se respetan, extinguen la libertad de expresión”, ha apuntado Muñoz Machado en una entrevista con Europa Press por la publicación de su libro De la democracia en Hispanoamérica (Taurus).

Así, aunque el director de la RAE precisa que le haría falta “una evaluación del contenido” de la obra para poder opinar, sí ha precisado que las “restricciones” a la libertad deben seguir “existiendo”. “Restricciones a la libertad han existido siempre y creo que tendrán que seguir exigiendo. Todas las libertades sin restricciones no sobreviven”, ha concluido.

Anagrama, editora de El odio, ha defendido este viernes su derecho a publicar el libro aunque ha precisado que esperará a que las resoluciones judiciales se lo permitan, después de que la Fiscalía de Barcelona que la Fiscalía de Menores de Barcelona haya presentado una solicitud de medidas cautelares pidiendo la suspensión de la publicación del libro. Asimismo, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha enviado un escrito a Anagrama en el que comunican que valoran emprender acciones legales ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad editorial y la libertad de expresión, sabiendo que ambas deben convivir. En este sentido, entendemos que la literatura puede y debe abordar estos temas sin dejar de lado la complejidad que representan, como hace Luisgé en El odio. La Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria. Por ello, Anagrama considera que tanto el autor como la editorial están en su derecho de publicar esta obra, pero esperaremos a lo que las resoluciones judiciales indiquen”, señala.

Así, lo ha apuntado en un comunicado después de que la Fiscalía de Menores de Barcelona haya presentado una solicitud de medidas cautelares pidiendo la suspensión de la publicación del libro. Asimismo, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha enviado un escrito a Anagrama en el que comunican que valoran emprender acciones legales ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores.

Anagrama suspendía la distribución el pasado miércoles, según confirmaron fuentes de la compañía a Europa Press, a la espera del resultado de los análisis de sus servicios jurídicos, después de que la representación de Ruth Ortiz, la madre de los menores asesinados por Bretón, enviase un burofax al sello con un escrito en el que advertía de la ilegalidad de la publicación de este libro, previsto para su publicación el 26 de marzo, y tras una advertencia de la Fiscalía de Córdoba.

Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José que fueron asesinados por su padre, José Bretón, en 2011 en Córdoba, se ha referido este viernes al anuncio de la publicación del libro El odio, en el que se incluyen confesiones del propio Bretón sobre el asesinato, y al contenido ya difundido por internet sobre ello: “Lo estoy viviendo como una ruptura de la orden de alejamiento”, ha asegurado en una entrevista en Radio Córdoba.

Ortiz, que ha pedido amparo a la Justicia para que no se publique este libro por parte de la editorial Anagrama -que ha paralizado tras ello su distribución y esperará a las resoluciones judiciales al respecto-, ha explicado que durante estos días ha recibido el contenido de la entrevista a Bretón que forma parte del libro y esto lo vive como si recibiera un mensaje directamente del asesino de sus hijos: “Me llega a mí; no me ha llegado una carta al buzón, pero me llega”.

En ese sentido, pone especial hincapié en la participación directa de Bretón en el libro que se quiere publicar. “Los asesinos no tienen derecho a alterar ni un ápice la memoria de las víctimas”, asegura.

Para ella, “la diferencia con todo lo que está escrito y los documentales que se han hecho sobre el asesinato de mis hijos es que aquí el asesino es el que interviene, porque interviene en que se pueda haber realizado ese libro. Una cosa muy distinta es que el escritor hubiera escrito sobre el caso como uno más, pero sin contar con la participación del asesino”.

Ruth Ortiz insiste en esa idea: “Si el escritor lo hubiera entrevistado para escribirlo, para informarse de cómo es la mente de un asesino... ¿pero qué hace esa entrevista publicada en internet. No es de recibo, no se puede permitir. Ni yo ni ninguna víctima lo podemos permitir”.

Confianza en la Justicia

La madre de los pequeños asesinados en Córdoba ha dicho confiar en la Justicia para que no se publique el libro. “Confío, creo que debe primar todo lo que estamos defendiendo al derecho de libertad de expresión y de información. Si el autor quería escribir un libro del caso, escríbelo, recaba toda la información, entrevístate con el asesino…pero no pongas esa entrevista ni publiques ese contenido, ni por internet. Hay otras manera de hacer las cosas sin dañar a la víctima”.

En ese sentido, ha agradecido el apoyo recibido en su pretensión de parar la publicación del libro en el que interviene Bretón y ha mencionado el caso de la madre del niño Gabriel, que paró el rodaje de una serie sobre su asesinato. “Vamos a luchar para que esto no ocurra, que no siga ocurriendo, que se regule bien todo lo que se puede hacer. Una máxima es que los asesinos no pueden intervenir en la divulgación de nada, ni un libro, ni un documental, ni una serie ni nada respecto a las víctimas”.

Sobre la decisión de Anagrama de esperar a las decisiones de la Justicia para publicar el libro, Ruth Ortiz, ha señalado que “para defenderse solamente tienen el artículo del derecho a la libertad de expresión. Lo correcto es esperar la decisión de los jueces”. Y ha apuntado las opiniones de algunos expertos sobre que “los derechos fundamentales no son absolutos, tampoco el derecho de libertad de expresión ni de información”. “La publicación de un libro de estas características tiene que tratar de no colisionar con otros derechos fundamentales”, asegura.

Esta semana, Ruth Ortiz pedía amparo a la Justicia para impedir la publicación del libro con confesiones de Bretón sobre el asesinato de sus hijos y la Fiscalía libraba un oficio que lo respaldaba. Ante ello, la editorial Anagrama ha suspendido la distribución de la obra y verá en los tribunales si los jueces permiten o no la publicación.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado este jueves que “no se puede dar en ningún caso voz a los asesinos, voz a los violentos, voz a quien ha asesinado a sus propios hijos para hacer el mayor daño posible a la madre, a la mujer”.

Así lo ha puesto de manifiesto Redondo en un vídeo difundido por el Ministerio de Igualdad sobre el libro 'El odio', escrito por el periodista y escritor Luisgé Martín. En este se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011 en la finca familiar Las Quemadillas (Córdoba).

En este sentido, Redondo ha pedido a la sociedad española “ser conscientes” de la responsabilidad “para hacer frente a la violencia de género”. “Tenemos que ser conscientes de que no se puede revictimizar todavía más a esa mujer, a esa víctima”, ha dicho Redondo después de que la representación de Ruth Ortiz, la madre de los hijos de José Bretón, enviase recientemente un burofax a la editorial Anagrama con un escrito en el que advierte de la ilegalidad de la publicación del libro tras la advertencia de la Fiscalía de Córdoba, según adelantaron la 'Cadena Ser' y el diario 'El País'.

Precisamente, la ministra se ha puesto a disposición de Ruth Ortiz para “ayudarla”. “Y a Ruth decirle que lo que necesite, que aquí está el Ministerio de Igualdad, que si en algún momento podemos ser útiles o ayudarla, que cuente con nosotras, que desde luego estamos a su disposición”, ha destacado la ministra.

Asimismo, ha subrayado que la violencia de género es “una violencia radical, es una violencia feroz contra las mujeres” y que “afecta a todos los valores y derechos fundamentales”. Además, ha apuntado que violencia vicaria “es algo terrible”.

El Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) presentó previamente un escrito a Fiscalía de “solicitud de ayuda, auxilio y amparo” firmado por la propia Ruth Ortiz, en el que considera ilegal la publicación en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

La madre de Ruth y José ha denunciado que conoció los detalles del libro, con la confesión del crimen y otros detalles, a través de los medios de comunicación, recalcando que los mismos le están causando “un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos”, según su abogada. “Está asistiendo horrorizada a cómo la vida y asesinato de sus dos hijos pequeños está expuesta públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia, plagado de afirmaciones terribles”, recoge en la denuncia, de la que se hacen eco los citados medios.

Ruth Ortiz, madre de los pequeños Ruth y José, asesinados por su padre en octubre de 2011 y por lo que fue condenado en 2013 a 40 años de cárcel por el doble asesinato, ha agradecido este jueves públicamente el apoyo recibido por la Fiscalía de Córdoba y de Huelva, así como al Servicio de Atención a las Víctimas de Huelva y a su abogada, tras conseguir que Anagrama suspendiera este miércoles la distribución del libro 'El odio', escrito por el periodista y escritor Luisgé Martín.

En una misiva enviada a los medios de comunicación, Ruth Ortiz ha subrayado que “no podemos de ninguna manera ni forma dar voz a los asesinos” para que “puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni para que puedan revictimizarlas” y añade que, “si no está bien regulado, tendrá que regularse correctamente, y si está regulado y no se cumple, se tiene que cumplir y hacer cumplir”.

Asimismo, la madre de los pequeños ha manifestado que “cuando una mujer pide ayuda, una madre pide ayuda, es porque de verdad la necesita” y ha afirmado que tiene “una esperanza” que es la de que “entre todos, conseguiremos parar cualquier tipo de violencia que se ejerza hacia la mujer”.

Por ello, en su carta ha querido expresar también su “más sentido pésame a los familiares de la última mujer asesinada, la última víctima de la violencia de género, Andrea, de 34 años en Burgos”. “Lo siento de verdad”, ha remarcado.

Solicitud de ayuda, auxilio y amparo

Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento al Servicio de Atención a las Víctimas de Córdoba, “por atender a mi solicitud de ayuda, auxilio y amparo”. “Me acogieron, atendieron y apoyaron durante el juicio por el asesinato de mis hijos en 2013 y me han vuelto a ayudar y apoyar en esta nueva batalla”.

La editorial decidió paralizar la distribución del libro este miércoles donde se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011 en la finca familiar Las Quemadillas (Córdoba), después de que la representación de Ruth Ortiz enviara un burofax a Anagrama con un escrito en el que advertía de la ilegalidad de la publicación de este libro, previsto para su publicación el 26 de marzo, tras la advertencia de la Fiscalía de Córdoba.

Al respecto, fuentes de la editorial confirmaron a Europa Press, que este proceso se ha paralizado a la espera del resultado de los análisis de sus servicios jurídicos.

Además, Ruth Ortiz libra un oficio a la Fiscalía Provincial de Barcelona, donde se encuentra el domicilio de la editorial, “con toda la documentación con el fin de que pueda abrir diligencias”.

El Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) presentó previamente un escrito a Fiscalía de “solicitud de ayuda, auxilio y amparo” firmado por la propia Ruth Ortiz, en el que considera ilegal la publicación en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

La madre de Ruth y José ha denunciado que conoció los detalles del libro, con la confesión del crimen y otros detalles, a través de los medios de comunicación, recalcando que los mismos le están causando “un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos”, según su abogada. “Está asistiendo horrorizada a cómo la vida y asesinato de sus dos hijos pequeños está expuesta públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia, plagado de afirmaciones terribles”, recoge en la denuncia, de la que se hacen eco los citados medios.

Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José que fueron asesinados por su padre, José Bretón, en 2011 en Córdoba, ha dirigido un burofax anunciando acciones legales contra la editorial Anagrama si publica el libro en el que Bretón realiza una serie de confesiones, admitiendo por primera vez que acabó con la vida de sus hijos, según ha avanzado Radio Córdoba y ha confirmado este periódico. Tras ello, la editorial ha suspendido cautelarmente la distribución prevista del libro -según ha avanzado El País-, que inicialmente tenía el 26 de marzo como fecha de salida a la venta.

Cordópolis ha podido confirmar que Ruth Ortiz había dirigido este miércoles 19 de marzo un escrito advirtiendo de acciones legales a la editorial Anagrama, que edita el libro titulado El odio, escrito por Luisgé Martín, y en el que en una prepublicación se ha conocido que José Bretón cuenta con detalle, entre otras cuestiones, el asesinato de sus dos hijos.

Tras conocerse que se iba a publicar el libro, la representación legal de Ruth Ortiz presentó un escrito en la Audiencia Provincial de Córdoba, dando parte al Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) y pidiendo traslado a la Fiscalía por posibles delitos y vulneración de derechos constitucionales, como el honor y sobre la prohibición expresa de revictimización que se establece en la conocida como Ley del Sólo Sí es Sí.

Ante ello, la Fiscalía de Córdoba ha dictado un decreto que ha sido notificado este miércoles, con cuyo respaldo Ruth Ortiz ha dirigido un escrito a la editorial Anagrama, notificando que se reserva el derecho de emprender acciones legales en caso de que incumplan lo dictado por Fiscalía sobre la ilegalidad de publicar el libro.

Según había trascendido, El odio recoge cómo José Bretón asegura que acabó con la vida de los niños porque le “obsesionaba la idea de que se educaran con la familia de su mujer”, a la que consideraba “una familia tóxica”.

La madre de Ruth y José ha denunciado que conoció los detalles del libro, con la confesión del crimen y otros detalles, a través de los medios de comunicación, recalcando que los mismos le están causando nuevos daños psicológicos. “Está asistiendo horrorizada a cómo la vida y asesinato de sus dos hijos pequeños está expuesta públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia, plagado de afirmaciones terribles”, recoge en la denuncia, de la que se hacen eco los citados medios.

El escritor del libro mantuvo una correspondencia de alrededor de 60 cartas con Bretón desde julio de 2021, seguida de una conversación telefónica en el verano de 2022 y, finalmente, un encuentro cara a cara en la prisión de Herrera de la Mancha el 26 de diciembre, donde cumple la condena de 40 años que le fue impuesta.

La editorial Anagrama ha confirmado que el libro aún no está distribuido y ha suspendido su publicación hasta tratar con su departamento jurídico este asunto. Por su parte, el autor del libro ha confirmado que el tema está en manos de los abogados y ha declinado hacer declaraciones.