La provincia de Córdoba ha alcanzado en 2025 el mayor nivel de ingresos fiscales de toda su serie histórica, con una recaudación neta de 1.600,5 millones de euros, consolidando un crecimiento interanual del 11,24 %, según los datos difundidos por la Agencia Tributaria a través de su estadística. Este nuevo máximo no solo supera ampliamente los niveles previos a la crisis financiera de 2008, sino que confirma la fortaleza del actual ciclo económico tras la pandemia y el impacto de la inflación en las bases tributarias.

Los datos reflejan una evolución compleja durante casi dos décadas, marcada por fuertes altibajos que han seguido de cerca los grandes ciclos económicos nacionales e internacionales, aunque con matices propios derivados de la estructura productiva cordobesa.

La estadística por delegaciones provinciales elaborada por la Agencia Tributaria tiene sus primeros datos en 2007, cuando la provincia ya superaba los 1.065 millones de euros en ingresos, en plena expansión previa al estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, la crisis financiera internacional provocó un desplome sin precedentes: en apenas dos años, la recaudación cayó más de un 50%, hasta situarse en 524 millones en 2009. Este brusco descenso evidenció la elevada dependencia de sectores como la construcción y el consumo interno, que afectaron directamente a figuras clave como el IVA y el impuesto sobre sociedades.

A partir de 2010 se produjo un fuerte rebote técnico, con un crecimiento del 35 %, impulsado en gran medida por medidas fiscales extraordinarias y subidas impositivas. No obstante, la recuperación fue irregular. Entre 2011 y 2013 los ingresos volvieron a descender, en el contexto de la crisis de deuda soberana, hasta tocar los 564 millones. No sería hasta 2014 cuando se inició una senda de crecimiento más estable, apoyada en la mejora progresiva del empleo y la actividad económica, cerrando 2016 con 715 millones de euros.

La recaudación aumenta a niveles del 10% anuales

El periodo comprendido entre 2017 y 2019 marcó una etapa de expansión sólida. Durante estos años, Córdoba experimentó crecimientos sostenidos, en muchos casos por encima del 10 %, acercándose nuevamente a la barrera de los 1.000 millones. En 2019, justo antes de la pandemia, la recaudación alcanzó los 979 millones, reflejo de un mercado laboral más dinámado y de un consumo en recuperación.

El impacto del Covid en 2020 supuso un nuevo punto de inflexión, aunque menos severo de lo esperado. La recaudación descendió un 4,6 %, hasta los 934 millones de euros. Esta caída moderada se explica por la acción de los mecanismos de protección estatal, como los ERTE —que mantuvieron la tributación por IRPF—, y por el papel estabilizador del sector agroalimentario, clave en la economía cordobesa, que continuó operando durante los meses más duros de la pandemia.

A partir de 2021 se inicia la fase más expansiva de toda la serie. En ese año, la recaudación ya superó los niveles previos a la crisis de 2008, alcanzando los 1.044 millones. Desde entonces, el crecimiento ha sido especialmente intenso: 1.226 millones en 2022, 1.358 millones en 2023 y 1.438 millones en 2024, hasta culminar en el récord de 2025.

Este fuerte incremento responde a dos factores principales. Por un lado, la recuperación real de la economía, con mejoras significativas en el empleo y las cotizaciones, lo que impulsa la recaudación por IRPF. Por otro, el efecto de la inflación, que ha elevado de forma generalizada los precios y, con ello, las bases imponibles de impuestos como el IVA, además de incrementar la carga fiscal efectiva en el IRPF debido a la falta de una deflactación completa de las tarifas.

El desglose de los ingresos de 2025 permite entender mejor la estructura fiscal de la provincia. El IRPF se consolida como el principal pilar, con aproximadamente 730 millones de euros, reflejando el peso de las rentas del trabajo. El IVA ocupa la segunda posición, con unos 528 millones, muy vinculado al consumo. Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades aporta cerca de 274 millones, una cifra significativamente menor que evidencia un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a 2026, los datos disponibles hasta marzo o abril apuntan a una recaudación parcial de 352 millones de euros. Aunque todavía es pronto para establecer una proyección anual, la tendencia plantea que Córdoba podría mantener niveles elevados de ingresos, aunque previsiblemente con un ritmo de crecimiento más moderado tras varios años de expansión intensa.

La Junta de Andalucía ha explicado en un comunicado que las siete bajadas de impuestos aprobadas por el Gobierno de Juanma Moreno desde 2019 han permitido a los andaluces ahorrarse hasta 1.794,2 millones de euros. En Córdoba, el ahorro del que se han beneficiado los contribuyentes ascendió a 130,9 millones de euros. Esta es la cantidad que los contribuyentes en el último ejercicio fiscal habrían pagado por encima de lo que realmente tuvieron que tributar, de haberse mantenido la fiscalidad de 2018. 

Se trata de una estimación realizada por la Dirección General de Tributos y la Secretaría General de Hacienda de la Junta de Andalucía a partir de las autoliquidaciones los últimos ejercicios cerrados del ITPAJD e ISD (2025), del IP y los Tributos sobre el Juego (2024), y del IRPF (2023). 

El ahorro acumulado tras las siete bajadas de impuestos en Andalucía es el siguiente: En ITPAJD, 494,2 millones de euros (356,2 millones por la modalidad de TPO, y 138 por la modalidad de AJD); en ISD, 651,6 millones (222,4 por Sucesiones y 429,2 millones por Donaciones), en Patrimonio, 168,1 millones de euros, y en el IRPF, 480,8 millones de euros, sin contar el impacto que podrán tener a partir de este año las nuevas deducciones aprobadas en la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que devengan en la declaración de la renta de 2025, y cuyo impacto estimado es de 62,6 millones de euros. 

Por su parte, los cordobeses se ahorraron 26,5 millones en ITPAJD, 40,6 millones en IRPF, casi 57 millones de euros en el ISD y 7 millones en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

Aunque es evidente que de estas medidas se ha beneficiado, en conjunto, la totalidad de los andaluces, el número de contribuyentes que han podido aplicarse cualquiera de las medidas de bajada de impuestos aprobadas desde 2019 asciende a 4.753.097, que es la suma de las declaraciones y autoliquidaciones presentadas por cada uno de los tributos. En Córdoba fueron 447.087 los contribuyentes que se beneficiaron de estas rebajas. 

Ayudas a las familias 

Todas las medidas de bajadas de impuesto adoptadas por el Gobierno andaluz desde 2019 han estado orientadas a ayudar a las familias, y especialmente a las que tienen rentas medias y bajas. “Hemos aprobado siete bajadas de impuestos, que han permitido que Andalucía pase de ser un infierno fiscal a ser hoy una de las comunidades en la que menos impuestos se pagan”, ha señalado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España. 

Estas bajadas de impuestos han implementado medidas que facilitan el acceso a la vivienda (bajadas del ITPAJD y el IRPF), que dejan en manos de las familias una mayor proporción de sus salarios y rentas (IRPF) y que favorecen el mantenimiento del patrimonio familiar (IP, ISD). 

“Las bajadas de impuestos formaban parte de los programas electorales con los que Juanma Moreno concurrió a las elecciones autonómicas de 2018 y 2022 y por los que terminó siendo elegido presidente de la Junta de Andalucía. Es un compromiso, por tanto, y como tal el Gobierno andaluz lo asume como una obligación”, ha explicado Carolina España. 

El Gobierno andaluz entiende que “las medidas implementadas vienen a resolver una injusticia. En Andalucía hemos puesto en marcha esta estrategia de bajada de impuestos, porque éstos eran injustamente elevados”, ha añadido, y ha recordado que, “mientras el PSOE utilizó sus competencias normativas para subir impuestos, el PP las ha utilizado para bajarlos”.

Lo que comenzó como un trámite administrativo para incentivar el empleo y la recuperación del patrimonio arquitectónico de Córdoba se ha convertido en un follón tributario. Y es que el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido finalmente retirar del orden del día del Pleno ordinario de marzo la propuesta para conceder una bonificación fiscal a la entidad Obrador El Brillante, tras detectarse que la empresa mantiene una presunta deuda pendiente desde hace cinco años por el mismo impuesto que se le pretendía bonificar.

La documentación oficial, facilitada a este periódico por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Hurtado, se retrotrae al año 2021, cuando se llevan a cabo a las obras de rehabilitación del edificio que albergaba la antigua Panadería del Brillante, situada en la avenida de la Arruzafa. Se trata de un inmueble de gran valor histórico, diseñado en 1954 por el arquitecto Rafael de la Hoz, referente de la arquitectura moderna.

Cuatro años después, en febrero de 2025, la empresa solicitó una ayuda fiscal basándose en la declaración de la obra como de “especial interés municipal” por el fomento del empleo, tras convertir el espacio en una cafetería (recientemente galardonada con un “Solete” de la Guía Repsol), un parking y la sede central del obrador. En la documentación, la empresa explica en su solicitud que la nueva actividad de cafetería y parking comenzó en los últimos meses de 2024, por lo que estaba dentro del plazo.

Hurtado, de hecho, recuerda que el alcalde, José María Bellido, y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, llegaron a visitar institucionalmente el obrador en el año 2024.

De ahí saltamos a febrero de este año. Los informes técnicos iniciales del Departamento de Gestión Tributaria eran favorables a la concesión de una bonificación del 20% en la cuota íntegra del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Aunque la empresa solicitó originalmente un descuento del 40% alegando la creación de entre ocho y diez puestos de trabajo, la inspección municipal solo pudo verificar la contratación indefinida de cuatro trabajadores afectos directamente a la actividad.

Así, según la Ordenanza Fiscal 305 de Córdoba, este nivel de contratación daba derecho a una reducción en el impuesto sobre un coste de ejecución material de la obra valorado en 657.826,77 euros.

La inspección detecta un impuesto impagado desde 2021

Sin embargo, de forma paralela a la tramitación de la ayuda, el Servicio de Inspección Fiscal realizó un hallazgo determinante. Según el documento de “Comunicación de inicio de actuaciones inspectoras”, quedó acreditado que la empresa constituyó el hecho imponible al iniciar las obras en 2021, pero “no procedió al abono de las cantidades” correspondientes a la autoliquidación del tributo en su momento.

Según el informe de inspección, la empresa solo realizó un ingreso a cuenta de 3.749,82 euros, dejando sin abonar el grueso de la cuota. Se le formuló una propuesta de liquidación para regularizar la situación de la panadería, reclamando una cuota diferencial de 18.879,42 euros. A esta cifra se le han añadido 2.682,89 euros en concepto de intereses de demora, calculados desde el 27 de julio de 2021 hasta la actualidad, lo que eleva la deuda total reclamada por el Ayuntamiento a 21.562,31 euros.

De este modo, el conflicto surge al aplicar la propia normativa municipal. La Ordenanza 305 establece que las bonificaciones tienen “carácter rogado” y deben solicitarse dentro del plazo establecido para el abono del impuesto. El hecho de que la empresa no liquidara el impuesto en 2021 y haya sido ahora, en 2026, cuando la Inspección ha tenido que reclamar el pago de oficio, genera una contradicción con el espíritu del beneficio fiscal.

Ante esta situación, y a pesar de que el expediente contaba con el visto bueno de la Secretaría General del Pleno para su debate en el próximo pleno, el Gobierno municipal ha optado por la prudencia retirando el punto del orden del día. La empresa, por su parte, no ha atendido a las preguntas que le ha realizado este periódico.

La jornada Métodos de impugnación del valor catastral y del valor de referencia, cuyo ponente llamó “nido de buitres” y “carroñera” a la administración tributaria, recibió 15.000 euros de dinero público del Ayuntamiento de Córdoba para su organización y celebración. El beneficiario de la ayuda es el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba (Coapi).

Según ha podido saber este periódico, el Coapi optó y fue beneficiario de una de las subvenciones de líneas de actuación desarrolladas por Entidades sin Ánimo de Lucro para el desarrollo socioeconómico 2025 que concede el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). Además, no era la primera vez: en 2023, este mismo colegio profesional ya fue seleccionado y recibió otros 15.000 euros en la convocatoria de aquel año.

En el caso concreto de 2025, según la resolución definitiva del Imdeec, el Coapi habría recibido 15.000 euros, distribuidos entre distintos conceptos de gasto genéricos del proyecto. La mayor parte se destina a recursos humanos ajenos a la entidad (7.500 euros), seguidos de los gastos de divulgación del proyecto (4.550 euros). Además, la ayuda cubre parcialmente otros costes como alquileres (1.180 euros), servicios de software y herramientas TIC vinculadas al desarrollo del proyecto (1.475 euros) y catering o atenciones asociadas a las actividades (295 euros). El resto del presupuesto, hasta alcanzar los 25.423 euros totales del proyecto, es asumido directamente por la entidad beneficiaria.

En cuanto al salario del ponente, Francisco Marroquín Parra, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres, según la resolución, no se habría cargado a la subvención y habría sido financiado íntegramente por la entidad organizadora e incluso tenía un límite máximo establecido de 3.500 euros.

Ha sido el grupo municipal Hacemos Córdoba el que ha denunciado precisamente la ponencia que dio Marroquín Parra, que no solo consideró públicamente que el 18 de julio, el día del levantamiento militar contra la República, era un “día patriótico”, sino que afirmó que la administración tributaria es “un nido de buitres, absolutamente injusto, desproporcionado, habitualmente anticonstitucional”. Todo ello en un acto que, paradójicamente, se financia con fondos públicos extraídos de tributos.

El Ayuntamiento lamenta las manifestaciones “inapropiadas”

La respuesta del Ayuntamiento llegó a última hora de la tarde. En un escrito, facilitado a este periódico, el Imdeec ha lamentado las manifestaciones “muy inapropiadas” realizadas por uno de los ponentes en unas jornadas formativas subvencionadas por este organismo municipal, en las que se cuestionaron las obligaciones tributarias y se hizo referencia a fechas vinculadas al golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

El Imdeec ha solicitado formalmente información al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba (Coapi), entidad beneficiaria de la subvención, para que aclare el contenido de la jornada denominada Métodos de impugnación del valor catastral y del valor de referencia.

Según consta en el requerimiento remitido por el instituto municipal, el proyecto subvencionado tenía como objetivo “fortalecer, fomentar e impulsar la mejora profesional en el sector inmobiliario, promocionar el tejido empresarial y mejorar el posicionamiento de este sector” mediante la celebración de varias jornadas formativas. No obstante, ha indicado que, durante una sesión extraordinaria del Consejo Rector del Imdeec celebrada el pasado 30 de enero, el representante del grupo municipal Hacemos Córdoba trasladó que en una de esas actividades se produjeron afirmaciones que consideró contrarias a los valores democráticos y al cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En ese contexto, el consejero suplente de Hacemos Córdoba llegó incluso a reproducir fragmentos de audios de la jornada, en los que, según se expuso, el ponente realizaba comentarios que cuestionaban el sistema tributario y ponían en valor una fecha históricamente asociada al inicio de la dictadura franquista.

Ante estos hechos, el Imdeec ha requerido al Coapi que remita, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre lo ocurrido durante dicha ponencia, con el objetivo de esclarecer si el contenido del acto se ajustó a las condiciones y finalidades de la subvención concedida.

La Diputación de Córdoba, a través de su Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha transferido a los 77 ayuntamientos de la provincia el 80% del total de la recaudación de los tributos correspondientes al ejercicio económico de 2026, cifra que alcanza los 129,07 millones de euros, lo que representa un 2,55% más que el año anterior.

En este contexto, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha hecho hincapié en que “con este acto que hoy celebramos, trasladamos a nuestros pueblos la liquidez que les permite afrontar inversiones y planificar las acciones a desarrollar durante este año”.

Con respecto a la procedencia de los fondos, Fuentes ha indicado que “34,07 millones son aportados por la Tesorería de la Diputación y el ICHL, 50 millones proceden de una operación de crédito firmada con Kutxabank, 20 millones de otra operación con Caja Rural del Sur, 16 millones con Unicaja y nueve millones con Bankinter”.

Unas cifras, ha continuado, “que evidencian la colaboración de la institución provincial con sus ayuntamientos, un compromiso que se refuerza con la incorporación de fondos propios hasta alcanzar los 34 millones de euros para el presente ejercicio”.

“Si atendemos a la evolución histórica de estos anticipos, podemos comprobar el incremento de unas cifras que vienen a reforzar la autonomía de los ayuntamientos. Así en 2023 hablábamos de 119,55 millones, en 2024 de 123,69 millones y en 2025 de 125,86 millones, hasta alcanzar los 129,07 millones de este 2026”, ha matizado Fuentes.

En cuanto a la distribución del anticipo, el 61,93% se corresponde con la IBI Urbana+BICES, el 16,25% con el IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica), el 11,63% de la recaudación procede de tasas y precios públicos, el 7,61% de la IBI Rústica y el 2,58% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Así, la IBI Urbana representa 79,94 millones; 20,98 millones el IVTM; 15,01 millones las tasas y precios públicos, 9,82 millones la IBI Rústica, y 3,32 millones de euros el IAE.

El máximo representante de la Diputación de Córdoba ha insistido en que “esta operación permite a los municipios poder llevar a cabo, desde el primer momento, la ejecución de sus presupuestos bajo unas condiciones óptimas de tesorería, pudiendo dar continuidad a los servicios municipales”.

Para Fuentes, “este anticipo de capital contribuye, además, a disminuir las desigualdades en materia financiera entre los ayuntamientos, garantizando que todos nuestros pueblos puedan gestionar sus recursos con la eficacia y eficiencia que aporta la certeza financiera”.

“Del mismo modo, este acto debe servir para visibilizar el importante papel que juega el ICHL en nuestra provincia, convirtiéndose en una herramienta de gobernanza que asiste en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación de los ingresos municipales. Además de realizar una labor de asesoramiento en materia de ordenanzas, ingresos, presupuestos, gestión de personal, confección de nóminas o relaciones de puesto de trabajo”, ha apostillado Fuentes.

En definitiva, según ha concluido, el presidente de la institución provincial, “este anticipo supone que, desde hoy mismo, los ayuntamientos dispondrán de recursos para dotar de funcionalidad a su gestión, un hecho que, sin duda, revierte en la ciudadanía”.

Enero no solo trae nuevos propósitos, sino también nuevas reglas de juego para el bolsillo de los cordobeses. Mientras la ciudad despierta al 2026, los contribuyentes se encuentran con un escenario fiscal paradójico: mantener los servicios básicos será más costoso, pero apostar por la sostenibilidad o conservar el patrimonio automovilístico tendrá premio inmediato.

El Ayuntamiento ha diseñado un traje fiscal a medida para este nuevo curso donde, si bien la “factura diaria” de agua y basura aprieta más, se afloja la presión en grandes impuestos anuales como el IBI o el sello del coche, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Esta es la guía para navegar por los tributos locales de un año marcado por las bonificaciones energéticas, la congelación de tasas culturales y la actualización de los precios públicos.

El IBI: congelado pero con “premio” verde

El tipo de gravamen general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbano se mantiene fijo en el 0,5081%. Sin embargo, la gran novedad es el alivio fiscal para la sostenibilidad. Aquellos propietarios que hayan instalado placas solares en su vivienda habitual disfrutarán de una bonificación del 50% de la cuota durante 10 años.

Por ejemplo, para un piso con un valor catastral de 60.000 euros que pagaría un recibo estándar de unos 305 €, la instalación de placas solares reduciría la factura automáticamente a 152,43 anuales. Además, se suma también una rebaja del 50% para viviendas que se integren en Comunidades Energéticas con una participación mínima de 2,00 kWp

Además, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) también incluye una rebaja fiscal específica para aquellos propietarios que realicen obras en su vivienda habitual para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos, que tendrán una bonificación del 50% en la cuota del impuesto. Esta rebaja se aplica exclusivamente a la parte del presupuesto de la obra destinada a dicha instalación, siempre que esta sea voluntaria y no obligatoria por ley.

Recogida de basura y suministro de agua: suben un 2%

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) revisará los precios del agua de cara a 2026 y prevé una subida uniforme del 2,1% en las tarifas para el próximo año, lo que se traducirá en un aumento medio de 0,32 euros al mes para los usuarios. Por su parte, la empresa Sadeco aplicará en 2026 un incremento del 2% en la tasa de basura.

De acuerdo con sus estimaciones, esta actualización supondrá que los comercios paguen, de media, 5,50 euros más al año, mientras que en el caso de las viviendas el aumento será de 7,58 euros anuales. Con la subida prevista para 2026, cada ciudadano desembolsará 0,63 euros más al mes, lo que equivale a esos 7,58 euros al año. Si se compara con 2023, el coste medio por habitante habrá aumentado en 55,03 euros, lo que representa un incremento acumulado de 4,58 euros mensuales.

Autobús y taxi: cara y cruz

Aucorsa y el Consorcio Metropolitano de Transportes de Andalucía continuarán aplicando los descuentos en el transporte público urbano e interurbano cofinanciados por el Estado a partir del 1 de enero de 2026, según confirmaron a este diario. El Ministerio de Transportes asumirá directamente el 20% del importe de dichas bonificaciones y, si se mantienen las condiciones actuales, el billete con tarjeta bonobús de Aucorsa costará 43 céntimos, con reducciones adicionales para jóvenes, estudiantes y familias numerosas.

En cuanto al servicio de taxi, el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado un nuevo incremento. Este año, la subida será del 2,7% en las tarifas. Tras la validación por parte de la Junta, la tarifa mínima será de 4,85 euros en horario diurno y de 6,06 euros en horario nocturno.

Vehículos: gratis para los clásicos de más de 35 años

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) trae una de las mejores noticias del año para los amantes de los coches clásicos. A partir de 2026, no pagarán nada (bonificación del 100%) no solo los vehículos matriculados como históricos, sino también aquellos que tengan una antigüedad mínima de 35 años. Además, si tienes un vehículo eléctrico, el aparcamiento en zona azul será gratuito durante la primera hora.

Para el resto de conductores con un turismo convencional (ni eléctrico ni histórico de más de 35 años), el recibo de 2026 no traerá sobresaltos, ya que la tarifa se mantiene congelada. Al no haberse aprobado modificaciones en la cuota general, los precios seguirán dependiendo de la potencia fiscal del vehículo: los utilitarios y compactos más comunes (de 8 a 11,99 caballos fiscales) seguirán pagando 57,94 euros, mientras que el tramo de berlinas y SUV medios (de 12 a 15,99 caballos fiscales) se mantendrá en los 128,05 euros.

Empresas: paga más quien mejor situado esté, salvo que sea “verde”

Para el tejido empresarial, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) fija una escala de coeficientes que grave más alto las mejores localizaciones: los negocios en calles de primera categoría tendrán un índice del 3,50, mientras que los situados en vías de séptima categoría aplicarán un 1,39.

Sin embargo, el Ayuntamiento lanza un salvavidas en forma de bonificación para fomentar el autoconsumo industrial. Las empresas que instalen sistemas de energía renovable o cogeneración (con una potencia mínima de 15 Kwh) podrán descontarse de la cuota municipal el 20% del coste real de la instalación. Este descuento se aplicará ejercicio tras ejercicio hasta completar la cantidad total bonificada.

Licencias y Aperturas: 30% de ahorro por ir “de la mano” del Colegio

En el apartado de tasas urbanísticas, el Ayuntamiento premia la colaboración profesional para desatascar la burocracia. Tanto la Tasa por Licencias Urbanísticas (obras) como la Tasa por Trámites de Actividades (aperturas de negocios) experimentan una bajada del 30%, pero solo para aquellos expedientes que se tramiten a través del sistema de convenio con los Colegios Profesionales de Arquitectos, Aparejadores o Ingenieros Técnicos Industriales.

El ahorro se notará: un emprendedor que quiera abrir un local o un particular que vaya a construir una vivienda y deba abonar una tasa municipal de 1.500 euros por la licencia, verá reducido su recibo automáticamente a 1.050 euros (un ahorro de 450 euros) si presenta la documentación visada y gestionada a través de su colegio profesional correspondiente. Además, para facilitar los pagos, se elimina la exigencia de aval para aplazar o fraccionar deudas tributarias inferiores a 30.000 euros.

Ocupación de suelo: veladores y puestos

La tasa de veladores mantiene su estructura, oscilando entre los 50,02 euros por metro cuadrado al año en calles de primera categoría y los 9,44 euros en las de séptima. Así, un bar situado en una calle de segunda categoría (como muchas del centro comercial) que tenga una terraza de 10 metros cuadrados durante todo el año, pagará una tasa anual de unos 458 euros (a razón de 45,84 euros el metro).

Sin embargo, la novedad más social llega con la Tasa por Estructuras Desmontables (ferias, carpas, eventos). El Ayuntamiento ha aprobado que no paguen nada (no sujeción) las ocupaciones organizadas por entidades sin ánimo de lucro, siempre que el evento tenga carácter social, benéfico, cultural o de participación ciudadana y no sea comercial.

Para el comercio ambulante, los vendedores que instalen sus puestos en las ubicaciones habituales de barrio (calles de tercera a séptima categoría) abonarán una tasa de 0,89 euros por metro lineal al día. En el caso de ubicaciones “premium” (primera y segunda categoría), la tarifa sube ligeramente a los 1,03 euros. Así, un autónomo con un puesto de fruta estándar de 6 metros de fachada en un mercadillo de barrio pagará una tasa de 5,34 euros por cada día de venta.

Museos

Las entradas a museos y monumentos municipales no suben de precio, pero se introduce una cláusula de garantía: si el recinto sufre obras que afecten a la visita, el precio bajará proporcionalmente, llegando a ser gratuito si la afectación supera el 75%.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde a la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales para 2026, documento que prevé la reducción del 2% en el tipo general y en los tipos diferenciados del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano. La reducción fiscal global ponderada prevista para 2026 es del -1,21%, lo que implica una disminución de ingresos de 1.906.343 euros respecto al ejercicio anterior.

La aprobación provisional de las ordenanzas fiscales ha salido adelante con los votos a favor del gobierno municipal del PP en mayoría absoluta, mientras que toda la oposición -PSOE, Hacemos Córdoba y Vox-, han votado en contra, señalando que la carga fiscal para los cordobeses en realidad aumenta cada año con la subida de tasas de empresas municipales como Sadeco o Emacsa.

Además de la reducción del IBI, el documento fiscal prevé para 2026 una bajada del 1% en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) incluye una bonificación del 50% en la cuota para quienes instalen puntos de recarga de vehículos eléctricos en su vivienda habitual, lo que se suma a la reducción acumulada del 15,36%.

Rebaja en la tasa de veladores

En cuanto a la tasa de veladores, se rebaja un 25%, alcanzando así un descenso del 45% desde 2019. Además, las tasas urbanísticas e inspección técnica se reducirán un 30% cuando los trámites se realicen a través de convenios con colegios profesionales, y la tasa de estacionamiento incluirá una bonificación del 100% en la primera hora para vehículos eléctricos de cero emisiones.

Otras modificaciones, de carácter técnico, están dirigidas a mejorar la gestión tributaria y adaptar las ordenanzas a la normativa vigente. El impuesto de vehículos no sufrirá cambios en 2026 y se mantendrá en los niveles actuales.

Por otro lado, se mantienen las bonificaciones destinadas a promover el empleo, la innovación y la sostenibilidad, como el 50 % para el inicio de actividad, hasta un 95% por contratación indefinida, el 75% en el impuesto de vehículos híbridos o no contaminantes, y bonificaciones de hasta 10 años en el IBI por instalaciones solares. Como novedad, los particulares podrán integrarse en comunidades energéticas locales sin perder los beneficios fiscales individuales, avanzando así hacia una ciudad más verde y sostenible.

PP: “Modelo fiscal a la baja compatible con servicios públicos”

Por parte del gobierno municipal, la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha defendido las ordenanzas fiscales presentadas, su adecuación a la norma y los informes favorables de los organismos que deben avalarlo, además de presentarlas como “la séptima bajada de impuestos” del gobierno popular.

Tras desgranar los impuestos que se recogen, Torrent ha defendido que, en los años de gobierno del PP, “Córdoba ha conseguido un modelo fiscal a la baja compatible con el mantenimiento de los servicios públicos”. Para la delegada de Hacienda, las ordenanzas fiscales para el próximo año mantienen el “equilibrio presupuestario” a la vez que sostienen la prestación de los distintos servicios municipales.

La oposición, en contra: “Política de la zanahoria y el palo”

Por contra, toda la oposición ha votado en contra de estas ordenanzas fiscales, calificando de “irreal” la bajada de impuestos para los cordobeses, mientras suben los recibos de agua y basura de nuevo para el próximo ejercicio según han avanzado ya Emacsa y Sadeco. Sobre ello, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha calificado como “política de la zanahoria y el palo” la que lleva a cabo el gobierno municipal sobre el pago de impuestos y tasas.

El PSOE, que ha presentado 19 enmiendas al documento fiscal que han sido rechazadas, ha criticado la “dinámica de reducir la progresividad de los impuestos”, lo que repercute en la “justicia contributiva” para toda la población. Y ha afeado también que la rebaja de algunos impuestos suponga una reducción de casi dos millones de euros para los ingresos del Ayuntamiento y, con ello, la aplicación de ese dinero para servicios y política municipales.

Sobre la rebaja del IBI, el PSOE ha advertido que el documento fiscal tiene “una coletilla para que, en el caso de actualización de los valores catastrales por parte del Gobierno (...) algo que es probable, significará que esa rebaja no se aplique”.

Bajada “irreal” de impuestos mientras suben los recibos de agua y basura

Por Hacemos Córdoba, la edil Irene Ruiz, ha señalado que las ordenanzas son “una propuesta populista e irreal” en relación a la bajada de impuestos, que suponen casi 2 millones de ingresos menos para el Ayuntamiento: “Menos dinero para invertir en la ciudad de Córdoba y que la ciudadanía vea beneficios sociales, en infraestructuras y servicios, en sus barrios”. Para Hacemos, se beneficia a las grandes empresas mientras que supone “un retroceso en lugar de un avance para que las familias cordobesas o las pequeñas empresas se vean realmente favorecidas”.

Ruiz ha criticado que, por contra, el gobierno municipal suba los recibos del agua y de la basura mientras indica bajadas reducidas en las ordenanzas fiscales, lo que “a la mayoría está asfixiando a las familias y pequeñas y medianas empresas”. “No quieren beneficiar realmente al ciudadano de a pie”.

Hacemos Córdoba ha presentado 18 enmiendas -todas rechazadas en votación en el Pleno- que perseguían el objetivo de “impulsar la progresividad fiscal y la redistribución de la riqueza” frente a la acción del PP “que premia a quienes más tienen”.

Desde Vox, la concejala Marta León ha asegurado que la rebaja de algunos impuestos que señala el PP “no alivia la carga fiscal de los vecinos. Córdoba sigue pagando mucho y recibiendo poco”. Sobre ello, ha puesto como ejemplo que la rebaja del 2% en el IBI “suponen apenas 3 euros al año” por familia, “mientras que, por otro lado, suben el agua y la basura, con lo que el alivio fiscal es nulo”.

Vox ha calificado como “estafa” y “una mentira” la rebaja fiscal que promociona el gobierno municipal: “Los cordobeses pagan más, su poder adquisitivo disminuye y los servicios públicos son peores”. Este grupo municipal no ha presentado enmiendas hasta ahora al documento y ha anunciado que lo harán en el periodo de alegaciones.

El gobierno municipal de Córdoba ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno Local el proyecto de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2026. La concejala de Hacienda, Blanca Torrent, explicó que el expediente cuenta con los informes favorables de los órganos consultivos y técnicos competentes, lo que garantiza su adecuación a la legislación vigente.

En concreto, Torrent ha remarcado que el Consejo Municipal para la Solución de Reclamaciones Económico-Administrativas (CREA) avaló la propuesta al constatar que las tasas no superan el coste real de los servicios, que los impuestos obligatorios respetan los mínimos legales y que las bonificaciones se ajustan a derecho. Asimismo, el organismo subrayó la ausencia de modificaciones de calado que pudieran generar inseguridad jurídica.

Por su parte, la edil ha indicado que el Consejo Social de la Ciudad también emitió dictamen favorable, valorando positivamente que las ordenanzas garanticen la suficiencia financiera del Ayuntamiento y que los beneficios fiscales previstos para distintos colectivos se apliquen con criterios de equidad.

Entre las mejoras técnicas incorporadas figura la redacción más precisa de la bonificación del 100% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica para los catalogados como históricos por la Jefatura Provincial de Tráfico, así como la consideración de aquellos con una antigüedad mínima de 35 años.

Torrent detalló que, tras la aprobación en Junta de Gobierno, el proyecto se remitirá a la Comisión de Hacienda y posteriormente al Pleno para su aprobación provisional. A partir de ahí se abrirá el periodo de exposición pública antes de la votación definitiva en sesión plenaria.

La edil de Hacienda subrayó además que el equipo de gobierno mantiene abiertas las conversaciones con los grupos municipales para estudiar enmiendas. “Ya nos hemos reunido con la mayoría de ellos y volveremos a sentarnos para analizar las propuestas que consideren necesarias”, afirmó.

Dos millones de euros menos en ingresos

La reducción fiscal global ponderada prevista para 2026 es del -1,21 %, lo que implica una disminución de ingresos de 1.906.343 euros respecto al ejercicio anterior. Entre las principales medidas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, destaca la reducción del 2 % en el tipo general y en los tipos diferenciados del IBI Urbano, que eleva la bajada acumulada desde 2019 al 5,79%. Torrent recordó en su día que supone una merma de 1.600.000 euros en la recaudación municipal, por lo que se opta por reducciones paulatinas y sostenidas en el tiempo. También se contempla una bajada del 1 % en el Impuesto sobre Actividades Económicas, que acumula ya un descenso del 5 % en los coeficientes.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) incluye una bonificación del 50 % en la cuota para quienes instalen puntos de recarga de vehículos eléctricos en su vivienda habitual, lo que se suma a la reducción acumulada del 15,36%. En cuanto a la tasa de veladores, se rebaja un 25%, alcanzando así un descenso del 45% desde 2019. Además, las tasas urbanísticas e inspección técnica se reducirán un 30% cuando los trámites se realicen a través de convenios con colegios profesionales, y la tasa de estacionamiento incluirá una bonificación del 100% en la primera hora para vehículos eléctricos de cero emisiones.

Otras modificaciones, de carácter técnico, están dirigidas a mejorar la gestión tributaria y adaptar las ordenanzas a la normativa vigente. El impuesto de vehículos no sufrirá cambios en 2026 y se mantendrá en los niveles actuales.

Por otro lado, se mantienen las bonificaciones destinadas a promover el empleo, la innovación y la sostenibilidad, como el 50 % para el inicio de actividad, hasta un 95% por contratación indefinida, el 75% en el impuesto de vehículos híbridos o no contaminantes, y bonificaciones de hasta 10 años en el IBI por instalaciones solares. Como novedad, los particulares podrán integrarse en comunidades energéticas locales sin perder los beneficios fiscales individuales, avanzando así hacia una ciudad más verde y sostenible.

La empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, prevé una subida media del 2% en el recibo para el año 2026, según ha planteado en la actualización de sus tarifas dentro del presupuesto para el próximo año. En el ejercicio anterior, Sadeco aumentó un 10% el recibo d ela recogida de basura.

La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha presentado en rueda de prensa estas cuentas, que incluyen la subida del 2% y que ha justificado en que se actualizan al “subir otros suministros corrientes básicos”, entre los que ha citado la electricidad, el gas o Correos. El aumento del recibo supondrá de media para las viviendas 7,58 euros más al año, mientras que para los locales y negocios serán 5,50 euros más anuales. Asimismo, se mantienen las bonificaciones y reducciones existentes.

El presupuesto de Sadeco para el próximo año estima unos ingresos de más de 75 millones de euros y unos gastos que rondan esa cantidad, con un resultado en positivo entre ambas cifras de 200.000 euros. Los objetivos de estas cuentas, según Albás, pasan por “seguir trabajando en la excelencia en el servicio, en la sostenibilidad financiera de la empresa, en el compromiso con los cordobeses y el medio ambiente, y el cuidado y protección de los animales domésticos, así como en la innovación y el desarrollo” de la empresa municipal.

Inversiones y tres ecopuntos más

En el capítulo de inversiones, el presupuesto de Sadeco para 2026 contempla 10,5 millones de euros. Estas inversiones se destinarán a distintos proyectos como adaptar las instalaciones de tratamiento de residuos, la renovación de la flota de vehículos y los equipos de limpieza viaria, así como el servicio de control de plagas y de las colonias felinas.

Sobre ello, ha asegurado que el Ayuntamiento aportará 3 millones de euros para adquisición de vehículos y también para actuaciones sobre residuos con el objetivo de reducir los que acaban en el vertedero; Sadeco aportará dos millones de euros propios y a ellos se sumarán 5,5 millones de subvenciones.

Asimismo, se prevé la puesta en funcionamiento de tres nuevos ecopuntos como espacios cerrados donde instalar los contenedores sin que estén a la vista en la vía pública en el casco histórico. Uno de ellos se situará en la calle Braulio Laportilla, otro en la calle Pérez de Castro frente a la Cámara de Comercio y uno más del que aún está por decidir su ubicación.

En cuanto a las transferencias de capital por parte del Ayuntamiento a Sadeco, aumentarán un 2% respecto al pasado año y se destinará a gasto corriente como personal y materias primas.

Sobre los ingresos que prevé Sadeco para el próximo año, se incluyen 6,3 millones por parte de Ecoembes para el retorno de envases. Mientras, se establecen 2,4 millones de euros por el llamado impuesto al vertedero, sobre lo que Sadeco pretende reducir los residuos que acaben en él, para lo que Albás ha pedido ayudas directas del Gobierno. “Necesitamos inversiones para tratar los residuos”.

Y el gasto de personal en 2026 conllevará 47 millones de euros, para una plantilla de 886 trabajadores en jornada completa.

Isabel Albás ha asegurado que las cuentas para el próximo año apuestan por seguir fortalecimiento la empresa, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como de la sostenibilidad, así como avanzar en el proyecto Sadeco 5.0 en su tres vertientes de hidrógeno verde, pirólisis y tratamiento de residuos con moscas soldado.

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha aprobado este miércoles sus presupuestos para 2026, que contemplan una subida del recibo del agua del 2,1%, así como el plan de inversiones con 23 millones de euros.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha presentado las cuentas y ha defendido que la actualización de las tarifas que conllevan dicha subida de la factura del agua “supone 30 céntimos al mes en cada mil litros de agua”, para la mayoría de la población, alrededor del 70% de los cordobeses. En ese sentido, ha asegurado que el precio del metro cúbico de agua se paga en Córdoba a 1,87 euros, “el servicio más barato de España”, donde la media supera los dos euros.

Este incremento en la tasa del agua para 2026 sería el tercero de los últimos ejercicios, después de dos subidas anteriores del 5% y del 10%, respectivamente. Para el año que viene, Emacsa prevé un consumo de 19,4 millones de metros cúbicos de agua en Córdoba y calcula una cifra de negocio de 46 millones de euros. La mayoría, 29 millones, llegaría por la venta de agua. Y casi 15 millones por la tasa de depuración. Los gastos se prevén de unos 45 millones de euros.

García-Ibarrola ha argumentado la subida de la factura del agua en la búsqueda del equilibrio financiero de la empresa municipal, que el año pasado acabó con 777.888 euros de pérdidas, así como en los costes que debe asumir, sobre todo, con la subida del precio de la electricidad y de los productos que utiliza para el tratamiento del agua y el mantenimiento de los 1.200 kilómetros de la red de abastecimiento y los casi 1.000 de la red de saneamiento.

“Los cordobeses pagan por un servicio, no por el bien que es el agua”, ha defendido el presidente de Emacsa para señalar que en ese servicio se incluye desde la captación de agua desde el embalse del Guadalmellato a la potabilización, la distribución por toda la ciudad, la recogida de aguas sucias y el tratamiento de esas aguas residuales para su devolución en buenas condiciones al medio ambiente.

Inversiones: tanque de tormentas, redes y digitalización

Por otra parte, dentro del plan de inversiones previsto por Emacsa para 206 con un montante de 23 millones de euros, García-Ibarrola ha destacado que servirá para seguir trabajando en la construcción del tanque de tormentas en el Guadalquivir, así como actuar en las líneas de abastecimiento desde el embalse del Guadalmellato.

Igualmente, se prevé la renovación de la red de abastecimiento de agua y también la de saneamiento, así como adecuaciones de la estación de agua potable y en la estación de aguas residuales para poder usarlas ya regeneradas, además de avanzar en la digitalización y el centro de control unificado de Emacsa y proseguir con la implantación de energías renovables para autoconsumo de la empresa.

Junto a ello, la empresa municipal prevé seguir con su plan director sobre las fuentes de la ciudad, con la renaturalización de algunas y el ajardinamiento de otras, como se está ejecutando ahora con la gran fuente de la avenida Vallellano.

García-Ibarrola ha destacado la gestión y el trabajo de Emacsa, que prevé incrementar la cobertura del bono social para el próximo año para las familias con más dificultades, además de bonificar “prácticamente al 100%” el recibo del agua para los cuidadores de los patios.

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) propondrá a los miembros de su consejo de administración un incremento del 2,1% en la tarifa del agua para el ejercicio 2026, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Emacsa plantea este incremento para garantizar la estabilidad financiera de la empresa, ante un nuevo incremento salarial y sobre todo en una estabilización en el consumo anual del agua, que viene bajando desde los años de la sequía.

Este incremento en la tasa del agua sería el tercero de los últimos ejercicios. Las dos subidas anteriores fueron del 5% y del 10%, respectivamente, según los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la empresa pública de aguas de Córdoba.

La subida del precio se basa en la previsión de la facturación por la venta del agua. Para el año que viene, Emacsa prevé un consumo de 19,4 millones de metros cúbicos de agua en Córdoba. Es la misma cantidad con la que se prevé que cierre el ejercicio de 2025 y el consumo total de la ciudad en 2024. En los años previos a la sequía, el consumo de agua era mayor. Por ejemplo, alcanzó los 21,2 millones de metros cúbicos en 2021 y bajó a 20,9 millones en 2020.

La propuesta señala que se trabaja con que la nueva tarifa del agua entre en vigor a partir del 1 de enero de 2026. De hecho, el equipo de gobierno mantiene su intención de poder tener aprobados todos los presupuestos del Ayuntamiento antes de esa fecha. Para el próximo ejercicio, Emacsa prevé una cifra de negocio de 46 millones de euros. La mayoría, 29 millones, llegaría por la venta de agua. Y casi 15 millones por la tasa de depuración. Los gastos se prevén de unos 45 millones de euros.

El servicio de Informadores Tributarios puesto en marcha por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba ha atendido y asesorado a un total de 60.300 contribuyentes a lo largo de los primeros ocho meses del año.

Según ha informado el Consistorio, este servicio, puesto en marcha para la resolución de dudas de los ciudadanos en materia tributaria ha retomado las citas presenciales en los centros cívicos tras el período estival --julio y primera quincena de agosto--, fechas en las que ha mantenido las consultas en las dependencias de Gran Capitán.

Acerca de este balance, se han atendido a un total de 60.300 consultas a través de las diferentes vías de contacto. De esta manera, en las oficinas de Gran Capitán se han atendido de forma presencial a 19.500 contribuyentes, en los centros cívicos se han atendido 7.800 contribuyentes.

A través del correo electrónico están al día las contestaciones de todos los ciudadanos y se han contestado más de 19.500 correos. Por último, se han atendido y respondido 13.500 llamadas telefónicas sobre esta materia.

Con respecto al horario de atención de los informadores tributarios en los centros cívicos, éste tiene un horario de atención por cita previa de 8,30 a 14,00 horas, si bien en las Oficinas de Gran Capitán se atenderá también sin cita.

De la misma manera, se puede solicitar la cita en la siguiente dirección electrónica 'https://citaprevia.cordoba.es' o en el teléfono 010 Servicio de Atención Multicanal para la Atención Ciudadana. Asimismo se atiende también en el correo 'oat@ayuncordoba.es' y también se presta asistencia por teléfono llamando al 957499934.

La distribución de días para la atención en los diferentes centros cívicos es la siguiente: en Lepanto y Poniente Sur, el lunes; en Trassierra y Levante, el martes; en Alcolea y Fuensanta, el miércoles; en Vallehermoso y Moreras, el jueves; en Arrabal del Sur y Norte, el viernes, y en Villarrubia/El Higuerón, en viernes, alternos.

Las actividades

Entre las principales actividades de la Oficina de Atención Tributaria destacan la emisión de los documentos necesarios para el pago en período voluntario o ejecutivo de las correspondientes deudas; la domiciliación de recibos de cobro periódico, como el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, Cotos (Gastos Suntuarios), Impuesto sobre Bienes Inmuebles (urbana, rústica y de características especiales), Impuesto de Actividades Económicas, Tasa por Entrada de Vehículos a través de las aceras y Tasa de Mercados.

También, la gestión de los Planes Tributarios Personalizados, con la concesión, modificación y cancelación; la tramitación y resolución de expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas en período voluntario y en ejecutivo de deudas de cuantía inferior a 30.000 euros y cuyo plazo no exceda de 24 meses.

El inicio (recepción solicitudes) de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas en período voluntario y en ejecutivo de deudas de cuantía superior a 30.000 euros o cuyo plazo exceda de 24 meses; la emisión de certificados de estar al corriente del pago de deudas de naturaleza tributaria y de estar al corriente con la Hacienda municipal.

La emisión de certificados de pagos realizados y duplicados de recibos; el inicio (recepción solicitudes) tramitación de expedientes de devolución por ingresos indebidos; la tramitación y resolución de los expedientes de compensación de deudas si la devolución procede de una devolución tributaria de tramitación automática, y el inicio (recepción de solicitudes) de expedientes del resto solicitudes de compensación de deudas.

Unos bajan y otros se mantienen congelados para el próximo año. Y es que el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves en la Junta de Gobierno Local el anteproyecto de ordenanzas fiscales para 2026. Blanca Torrent, teniente de alcalde de Economía y Hacienda, ha explicado que este modelo “busca mejorar la calidad de vida de los cordobeses, fomentar el crecimiento económico y garantizar servicios públicos de calidad, apostando por un sistema fiscal más justo y sensible a la realidad de los vecinos”.

La reducción fiscal global ponderada prevista para 2026 es del -1,21 %, lo que implica una disminución de ingresos de 1.906.343 euros respecto al ejercicio anterior. A pesar de ello, Torrent asegura que no se compromete el equilibrio fiscal ni la calidad de los servicios públicos, ya que los informes técnicos lo avalan. La teniente de alcalde ha subrayado que, desde 2019, se ha mantenido “la sostenibilidad financiera dentro de los márgenes legales, lo que ha permitido incrementar la capacidad inversora neta del Consistorio gracias a una gestión rigurosa y responsable”.

Entre las principales medidas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, destaca la reducción del 2 % en el tipo general y en los tipos diferenciados del IBI Urbano, que eleva la bajada acumulada desde 2019 al 5,79 %. Torrent ha recordado que supone una merma de 1.600.000 euros en la recaudación municipal, por lo que se opta por reducciones paulatinas y sostenidas en el tiempo. También se contempla una bajada del 1 % en el Impuesto sobre Actividades Económicas, que acumula ya un descenso del 5 % en los coeficientes.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) incluye una bonificación del 50 % en la cuota para quienes instalen puntos de recarga de vehículos eléctricos en su vivienda habitual, lo que se suma a la reducción acumulada del 15,36 %. En cuanto a la tasa de veladores, se rebaja un 25 %, alcanzando así un descenso del 45 % desde 2019. Además, las tasas urbanísticas e inspección técnica se reducirán un 30 % cuando los trámites se realicen a través de convenios con colegios profesionales, y la tasa de estacionamiento incluirá una bonificación del 100 % en la primera hora para vehículos eléctricos de cero emisiones.

Otras modificaciones, de carácter técnico, están dirigidas a mejorar la gestión tributaria y adaptar las ordenanzas a la normativa vigente. El impuesto de vehículos no sufrirá cambios en 2026 y se mantendrá en los niveles actuales.

Por otro lado, se mantienen las bonificaciones destinadas a promover el empleo, la innovación y la sostenibilidad, como el 50 % para el inicio de actividad, hasta un 95 % por contratación indefinida, el 75 % en el impuesto de vehículos híbridos o no contaminantes, y bonificaciones de hasta 10 años en el IBI por instalaciones solares. Como novedad, los particulares podrán integrarse en comunidades energéticas locales sin perder los beneficios fiscales individuales, avanzando así hacia una ciudad más verde y sostenible.

Blanca Torrent ha afirmado que Córdoba ha dejado atrás el “infierno fiscal” de anteriores gobiernos y se consolida como una ciudad atractiva para vivir y emprender. El anteproyecto aprobado es solo el primer paso en un calendario que prevé su remisión al Consejo Municipal para la resolución de Reclamaciones y Económico Administrativo (CREA) y al Consejo Social de la Ciudad, con el objetivo de lograr su aprobación definitiva en el Pleno municipal y su entrada en vigor el 1 de enero de 2026.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha rechazado “el nuevo regalo fiscal” del gobierno local que preside el alcalde, José María Bellido, a las constructoras “después de subirnos agua y basura a los ciudadanos por la voracidad fiscal que practica con el ciudadano de a pie”.

En concreto, Hurtado hace mención a la propuesta de modificación en la tasa por ocupación de terrenos de uso público de mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, andamios, puntales, asnillas y otras instalaciones análogas para 2025, que se llevará al próximo Pleno para su aprobación inicial y que supone una rebaja para las constructoras de hasta 32.617,31€.

El portavoz socialista critica que este “regalo fiscal” a las constructoras se suma a las rebajas del 2% del IAE e ICIO y del 2% de la tasa de licencias de obra que se aprobaron y entraron en vigor el día 1 de enero de este año.

A su vez, ha detallado que Bellido ha subido la basura en un 50% a los ciudadanos y la subida del agua ha sido del 15%, por lo que se paga hasta 100 euros más al año por familia.

El portavoz socialista ha criticado que estos regalos fiscales “se hacen a cambio de nada, puesto que no incide en la bajada del precio de la vivienda, sino en el aumento de beneficios de las constructoras a costa de los recursos públicos”.

Asimismo, lamenta que Bellido “esté entregado al interés particular de los poderosos, ofreciendo regalos fiscales que para colmo no sólo suponen una merma en los ingresos para la prestación de servicios municipales, sino que además tienen un importante efecto en la disminución del límite de gasto que el Ayuntamiento de Córdoba debe cumplir conforme a la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

Por todo ello, Hurtado ha avanzado que el PSOE votará en contra de esta rebaja fiscal a las constructoras en el próximo Pleno y presentará las reclamaciones correspondientes en el trámite de aprobación definitiva.

Los propietarios de pisos turísticos (Viviendas de Uso Turístico en el argot administrativo) van a notar un subidón importante en la tasa de recogida de residuos que le cobra Sadeco este año. Algunos de los dueños de este tipo de alojamiento ya están recibiendo cartas en las que se les informa de que, con la aprobación definitiva a la modificación de la Ordenanza Municipal por los servicios y actividades relacionados con la higiene pública, se introduce un cambio sustancial en la forma de calcular la tasa que, hasta ahora, pagaban casi como cualquier vecino de la ciudad.

El acuerdo fue adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 13 de marzo de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 28 de marzo de 2025, entrando en vigor tras el plazo legal. Y el cambio no es pequeño, ya que la ordenanza anterior, de 2024, no contemplaba una categoría específica para estas propiedades, mientras la nueva crea explícitamente el Epígrafe 1223, y las equipara con hoteles y apartamentos turísticos.

Así, la modificación aprobada establece una nueva estructura tarifaria para las viviendas de uso turístico, desvinculándola de la categoría fiscal de la calle que se aplica al común de los vecinos, y fija una cuantía base que asciende a 267,22 euros al año (más IVA). Eso, de entrada, ya que, por cada habitación adicional a la primera, se añadirá una cuota anual de 45,51 euros.

Este cambio tarifario implica un incremento muy significativo para muchas viviendas de uso turístico. Hasta ahora, un inmueble de este tipo ubicado en una calle de baja categoría fiscal pagaba una tarifa de recogida de basuras comparativamente menor, al tributar como una vivienda residencial. Con la nueva ordenanza, la tarifa de partida para una sola habitación ya es la más alta de las tarifas residenciales, y se incrementa con el número de habitaciones.

El resultado es que, para un número considerable de viviendas de uso turístico, especialmente aquellas en zonas con tarifas residenciales bajas y con más de una habitación, la nueva cuota anual puede cuadruplicar o incluso superar lo pagado en 2024. Por ejemplo, un apartamento turístico de dos habitaciones que en 2024 pagara una tarifa de Categoría 7ª (74,27 euros)), en 2025 pasará a pagar 312,73 euros, lo que representa una subida de más del 400%.

Sorpresa y desconocimiento en el sector

Los primeros propietarios que han recibido las cartas ya se han hecho notar en Sadeco, según ha podido saber este periódico. La entrada en vigor de estas tasas ha generado un aluvión de consultas y quejas ante Sadeco durante toda la semana pasada, la mayoría por desconocimiento.

Aunque también hay quien ya ha trasladado la cuestión a las asociaciones que representan al sector. En Córdoba, las principales son Aehcor (Asociación de Empresarios de Hospedaje) y Avacor (Asociación de Viviendas Turísticas). En ambos casos, sus equipos directivos aún estaban tratando de desgranar la importancia del cambio normativo.

Desde Avacor, su presidenta Matilde de La-Hoz, indicaba que había solicitado una reunión con la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, para abordar el asunto. Indicaba que algunos de sus asociados ya habían recibido la misiva y que se habían quejado de la enorme diferencia en el importe con respecto al año anterior. En Aehcor, la nueva ordenanza les ha pillado batallando con Sadeco por el proyecto de Islas Móviles en el Casco Histórico y, a priori, no tenían aún constancia del “subidón tarifario”. Eso sí, aclaraban que, de aplicarse, la rentabilidad de muchas Viviendas de Uso Turístico se puede ir al traste y no es descartable que algunos propietarios las retiren del mercado.

Desde Sadeco, por su parte, han aclarado que la ordenanza aprobada se va a dar a nivel nacional en todas las ciudades de España, y que Córdoba no es una excepción. Es más, la aprobación ha coincidido con la moratoria para nuevas licencias en los distritos Centro y Sur de la ciudad, lo que evidencia que el Gobierno municipal ha pasado de la permisividad al control respecto al fenómeno de los pisos turísticos.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado definitivamente este jueves, con los votos en solitario del gobierno municipal del PP en mayoría absoluta, la subida de un 10% en la tasa de recogida de basura en la ciudad y sus barriadas periféricas para este año 2025.

Así, toda la oposición -PSOE, Hacemos Córdoba y Vox- ha votado en contra de la subida, con notables críticas a este incremento que hace el PP en la tasa de basura por segundo año consecutivo, con la nueva modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por los servicios y actividades relacionados con la higiene pública y la sanidad y el bienestar animal.

El gobierno municipal ya justificó esta nueva subida por la incorporación del quinto contenedor y por las exigencias de la normativa sobre vertederos. En el Pleno, la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha defendido en el debate esta subida por dicha implantación, que supone un gasto en los propios contenedores pero también -ha asegurado-, en la modificación de las rutas de los camiones de recogida de los residuos.

Ha sumado, asimismo, las campañas de información a la ciudadanía para el uso de este nuevo contenedor, además de los costes para los depósitos en el vertedero y la necesidad de reciclar la mayor parte de residuos posible. El alcalde, José María Bellido, ha tomado la palabra para defender que la subida tiene que ver con la normativa europea respecto a residuos que el Gobierno central asumió señalando que se debe repercutir a los ayuntamientos, además de producirse una bajada de ingresos municipales por parte de Ecoembes.

Según informó en su día el gobierno local, para los vecinos que tengan un orden fiscal más alto, el incremento será de 24,25 euros al año, es decir dos euros al mes. Para el grupo con orden fiscal más bajo el pago será de 6,7 euros más al año, 0,56 céntimos al mes. Por último, jubilados, pensionistas y personas en riesgo de exclusión el impuesto se incrementará en 0,18 céntimos al mes.

Toda la oposición en contra

Desde la bancada de la oposición, todo han sido críticas. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha calificado como “basurazo” esta nueva subida de la tasa de recogida de residuos, que se suma también a las subidas en las tasas de suministro de agua en estos dos últimos años.

“Unos 50 euros más al año en basura y 57 en agua, en total 107 euros más” a pagar por cada familia cordobesa, ha expuesto. Y ha criticado la política recaudatoria del gobierno local el PP, además de la gestión en materia de residuos por parte de la empresa municipal Sadeco.

Por parte del grupo de Hacemos Córdoba, la concejala Irene Ruiz ha asegurado que con la mayoría absoluta del PP “se consuma esa subida desproporcionada de casi el 50% en la tasa de basura” en los dos últimos años. Y ha arremetido contra la “falta de planificación y gestión del PP”: “Se escudan en una ley nacional para decir que obliga a hacer esta subida, cuando la realidad es que no saben planificar ni gestionar”, ha criticado.

Finalmente, desde Vox también han afeado -en palabras de su portavoz-, Paula Badanelli, que “se consuma la enésima traición del PP a sus votantes con la mayor subida histórica de la tasa de basura para la ciudadanía”. Una subida que cree “injustificada”y que se produce “en un momento en que al Ayuntamiento le sobran los millones y cuando el servicio que se presta es de los peores. Pagar el doble por un servicio infinitamente peor”.

El servicio de Atención Tributaria del Ayuntamiento de Córdoba ha atendido y resuelto las dudas de más de 50.000 contribuyentes a lo largo del pasado año 2024. Dicho servicio facilita la realización de trámites tributarios, tanto desde el punto de vista presencial, como a través de correo electrónico o atención telefónica.

Acerca de los datos de este balance, un total de 19.572 contribuyentes han acudido a las oficina de Gran Capitán a través del servicio de Cita Previa del Consistorio, mientras que una media de 50 personas diarias lo han hecho sin cita, según ha detallado la administración local en una nota.

También desde el punto de vista presencial, en los centros cívicos se ha atendido a una media de 22 personas con cita previa y a unas diez personas sin ella. Hay que recordar que la atención tributaria en los centros cívicos se retomó en el mes de octubre del pasado año y que en la actualidad sigue vigente con distinta distribución.

Siguiendo con los datos del balance, a través del correo electrónico se han contestado un total de 9.500 consultas y, en estos momentos, no hay ninguna consulta pendiente. A esta cifra hay que sumarle las más de 20.000 llamadas atendidas sobre asuntos vinculados a la información tributaria.

Formas de acceder y trámites

Para acceder al servicio de Atención Tributaria del Ayuntamiento se pueden emplear varias vías, como son el horario de atención por cita previa de 8,30 a 14,00 horas, si bien en las oficinas de Gran Capitán se atenderá también sin cita previa. Se puede solicitar la cita en la dirección electrónica 'https://citaprevia.cordoba.es' o en el teléfono 010 Servicio de Atención Multicanal para la Atención Ciudadana. Y se atiende también en el correo 'oat@ayuncordoba.es'.

De igual modo, se presta asistencia por teléfono llamando al 957499934 y en los centros cívicos en los días asignados para la atención ciudadana.

En relación a los trámites, entre otras funciones de la Oficina de Atención Tributaria, destacan la emisión de los documentos necesarios para el pago en período voluntario o ejecutivo de las correspondientes deudas; la domiciliación de recibos de cobro periódico: Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, Cotos (Gastos Suntuarios), Impuesto sobre Bienes Inmuebles (urbana, rústica y de características especiales), Impuesto de Actividades Económicas, Tasa por Entrada de Vehículos a través de las aceras y Tasa de Mercados.

Igualmente, la gestión de los Planes Tributarios Personalizados: Concesión, modificación y cancelación; la tramitación y resolución de expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas en período voluntario y en período ejecutivo de deudas de cuantía inferior a 30.000 euros y cuyo plazo no exceda de 24 meses.

Asimismo, el inicio (recepción de solicitudes) de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas en período voluntario y en período ejecutivo de deudas de cuantía superior a 30.000 euros o cuyo plazo exceda de 24 meses; la emisión de certificados de estar al corriente del pago de deudas de naturaleza tributaria y de estar al corriente con la Hacienda Municipal; la emisión de certificados de pagos realizados y duplicados de recibos.

El inicio (recepción de solicitudes) de la tramitación de expedientes de devolución por ingresos indebidos; la tramitación y resolución de los expedientes de compensación de deudas si la devolución procede de una devolución tributaria de tramitación automática, y el inicio (recepción de solicitudes) de los expedientes del resto de solicitudes de compensación de deudas.

La Diputación de Córdoba suscribirá un acuerdo de colaboración con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos con el fin de facilitar a los contribuyentes de la provincia el ingreso en cuentas de entidades colaboradoras de giros postales utilizados para pagar deudas tributarias y otras de derecho público gestionadas por el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL).

Gracias a este futuro convenio, que ha sido aprobado recientemente por el Pleno de la institución, “cualquier persona que lo desee podrá pagar los recibos de los servicios públicos que presta la Diputación, como la recogida de residuos o el agua, así como los tributos, como el IBI o el de vehículos, de manera directa con los carteros, sin necesidad de acudir a una oficina postal”.

Así lo ha explicado el presidente de la institución provincial y del ICHL, Salvador Fuentes, quien ha señalado que “la prestación de este servicio tendrá para el contribuyente el coste establecido en las tarifas para giro postal, fijado en 1,95 euros con independencia del importe de la deuda”.

Correos enviará diariamente al ICHL un fichero con toda la información detallada y completa de los giros admitidos en su red postal para el pago de las deudas y abonados en su cuenta, en la que figurará el importe total y la identificación de la deuda y del obligado al pago.

Por otro lado, Fuentes ha anunciado que “estamos avanzando en acuerdos con esta Sociedad Estatal de Correos para dar respuesta al riesgo de exclusión financiera que se está produciendo en algunos municipios debido al cierre de oficinas de entidades financieras”.

En este sentido, ha continuado, “vamos a fomentar el uso del servicio ‘Correos Cash’, que permite ingresar o retirar efectivo de la cuenta bancaria sin necesidad de que los vecinos se desplacen a una oficina bancaria. Ya lo prestan Banco Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell, Ibercaja y Evo Banco, y se van a ir incorporando otras entidades”.

Salvador Fuentes ha insistido en que “con estas medidas los vecinos y vecinas podrán realizar esas operaciones de efectivo en las oficinas de Correos o en su propio domicilio a través de los carteros rurales”.

“En definitiva, continuamos con nuestra apuesta por reducir los efectos adversos que puede tener para la ciudadanía de ciertos municipios el no contar en sus núcleos con oficinas bancarias ni cajeros”, ha concluido el presidente de la institución provincial.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba celebrado este jueves en sesión ordinaria ha aprobado las tarifas de la empresa municipal Emacsa para 2025, que subirán un 10% la factura del agua en los hogares cordobeses. La subida ha salido a favor con los únicos votos a favor del gobierno municipal del PP en mayoría, que señalado como “imperiosa necesidad” para Emacsa este incremento de las tarifas por los costes de gestión, frente a toda la oposición en contra -PSOE, Hacemos Córdoba y Vox-, que han dado su voto negativo.

El presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola, ha argumentado que el alza de las tarifas para este año se basa en la necesidad de “equilibrio financiero” para la empresa municipal y que, según ha dicho, “sería imposible sin esta actualización de tarifas”. En ese sentido, ha basado la subida en “las exigencias del cambio climático” y, sobre todo, en los “costes de gestión tanto del abastecimiento de agua como de saneamiento”.

García Ibarrola ha llegado a decir que “el agua ni ha subido ni va a subir, el agua es un bien público y universal; lo que se cobra es la gestión, la depuración, la distribución...” que está sujeta a la normativa legal “que implica a llevar a cabo un control y gestión que multiplican los costes de gestión”, sostiene. Y ha recordado que el coste medio de un metro cúbico de agua en España es de 2,3 euros y en Córdoba es de 1,88 euros.

Oposición en contra

Desde la bancada de la oposición, el PSOE ha mostrado su posición en contra a la subida de las tarifas y el edil José Antonio Romero ha recordado que ya el año pasado subieron un 5% y ahora un 10%, además de subir un 50% las tarifas de Sadeco “a todos los cordobeses”. “Cuando el PP está en la oposición dice que no subirá impuestos, pero en el gobierno lo hace”. Y ha afeado que se realice “a todos y cada uno de los ciudadanos, tenga los recursos que tenga y sin medidas para ayudar a las familias con escasos recursos”. El PSOE ha anunciado que presentará alegaciones a las nuevas tarifas y ha asegurado que “Emacsa tiene recursos suficientes para prestar servicio sin esa subida”.

Por su parte, desde Hacemos Córdoba, su portavoz Juan Hidalgo ha afeado que el gobierno municipal del PP “nos quiere vender quees una actualización de tarifas, cuando es una subida de precios, una subida impositiva de precios”. Para este grupo municipal la subida de precios no está justificada y esta alza de las tarifas es “injusta y no progresiva”.

Y desde Vox, la portavoz, Paula Badanelli, ha atacado “la voracidad recaudatoria increíble” del gobierno municipal. “Lo que sube el agua es su incapacidad para gestionar, su administración sobredimensionada”, ha criticado. También ha recordado que ya el año pasado las tarifas de Emacsa subieron un 5% y ahora suma otro 10%. “No venda motos a los cordobeses con lo del cambio climático. Menos pacto verde, menos Agenda 20230 y más gestionar con eficiencia”, ha pedido.

Subida del 10%

El Pleno ha aprobado inicialmente el proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio público prestado por Emacsa, que incluye el ciclo integral del agua, servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento -vertido y depuración de vertidos de aguas residuales- y otras actividades relacionadas con los mismos.

La subida media del agua para 2025 incluye la cuota fija de abastecimiento que se incrementa un 3,1%, la cuota de saneamiento que sube un 38,1%, la cuota variable que aumenta un 4,1% y la cuota variable de saneamiento que se incrementa un 14,1%. 

En su día, desde Emacsa se explicó que la subida se hará por tramos y se indicó que la mitad de las facturas que hay en la ciudad, que llega hasta los 14 metros cúbicos, sufrirán una subida de 1,40 euros al mes, un 8,2% más (los cobros son bimensuales, de forma que la subida que mostrará la factura será de unos 2,40 euros).

Por su parte, para quienes tengan un consumo de entre 14 y 30 metros cúbicos, la subida será de 1,88 euros al mes. Quienes más notarán la subida serán las facturas con un consumo de más de 30 metros cúbicos, con una subida del 10% aproximadamente. Los tramos de entre 30 y 60 metros cúbicos y el de más de 60 también subirán: el 6% de las facturas el primero y el segundo, el 4%.

El Gobierno andaluz ha publicado la relación de 426 municipios andaluces -37 de ellos en la provincia de Córdoba-, a los que considera con problema de despoblación para 2025 y donde aplica las previsiones de la Ley 5/2021 de Tributos Cedidos de la Comunidad Autonóma de Andalucía, que contempla para estos casos duplicar las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento de menores, que pasan de 200 a 400 euros en estos supuestos, así como prevé aplicar tipos reducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la compra de bienes inmuebles.

Se trata de los municipios cordobeses de Alcaracejos, Almedinilla, Añora, Belmez, Los Blázquez, Cañete de las Torres, Carcabuey, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Encinas Reales, Espiel, Fuente Carreteros, Fuente la Lancha, Fuente-Tójar, La Granjuela, Guadalcázar, La Guijarrosa, El Guijo, Luque, Monturque, Obejo, Palenciana, Pedro Abad, Pedroche, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Eufemia, Torrecampo, Valenzuela, Valsequillo, La Victoria, Villaharta,Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto, El Viso y Zuheros.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado una resolución de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que incluye esa relación detallada de municipios bajo el riesgo de despoblación, que son aquellos con poblaciones menores de 3.000 habitantes.

El Gobierno andaluz acomete esta operación una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho oficial las cifras de población de cada municipio tras la revisión del Padrón municipal a fecha de 1 de enero de 2024 y con efectos para el año 2025.

“Esta Dirección General considera oportuno dictar esta resolución”, afirma el texto que rubrica su responsable, Jesús Ignacio Pérez Aguilera, que precisa también “la presente resolución será aplicable a los hechos imponibles producidos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025”.

El Gobierno andaluz remarca que “los andaluces residentes en más de la mitad de los municipios de la comunidad podrán acogerse a los incentivos fiscales aprobados desde el año 2019 para hacer frente a la despoblación”, según una nota de la Junta.

Municipios en cada provincia andaluza

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica este lunes el listado de los municipios con menos de 3.000 habitantes, que alcanzan los 426. Por provincias, 69 son de Almería; 11 de Cádiz; 37 de Córdoba; 121 de Granada; 49 de Huelva; 56 de Jaén; 59 de Málaga y 24 de Sevilla.

Los residentes en estos municipios pueden deducirse 400 euros por cada hijo nacido o adoptado, o por cada menor en régimen de acogimiento familiar. Además, a la hora de comprarse una vivienda, tienen la posibilidad de ahorrarse hasta 6.750 euros.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, defiende que los residentes en estos pueblos andaluces han pasado de pagar un 8% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) a un tipo reducido del 3,5%, siempre que el inmueble se destine como vivienda habitual y el valor del mismo no sea superior a 150.000 euros.

España ha recordado que son medidas que incentivan la fijación de la población en las zonas rurales y que supone una de las muchas iniciativas en este sentido que forman parte de la política fiscal del Gobierno de Juanma Moreno. “Una política gracias a la que hemos pasado de ser un infierno fiscal a la segunda comunidad donde menos impuestos se pagan”, ha proseguido afirmando.

“Y un modo de gestionar gracias al que cada vez se ganan más contribuyentes”, ha indicado, tras recordar que en el ejercicio 2023 se registraron 200.000 nuevos declarantes de IRPF y 778.000 desde el año 2018. España ha destacado también el incremento de los beneficiarios por las deducciones fiscales implantadas desde 2019: las de nacimiento o adopción de hijos, familia numerosa, por gastos educativos y por donativos con finalidad ecológica.

La Consejería ha destacado que solamente de estas cuatro deducciones se han beneficiado 214.927 contribuyentes andaluces, que se han ahorrado 21,6 millones por este concepto, el 33,6% del total del ahorro que han supuesto en 2023 el conjunto de las deducciones.