Asaja Córdoba ha informado este viernes de que la campaña de girasol en la provincia “avanza con retraso y de forma lenta, después de que las lluvias y borrascas registradas durante la primavera retrasaran aproximadamente dos semanas el inicio de la recolección” y, “aunque la calidad del producto ha mejorado respecto a la campaña anterior, los rendimientos obtenidos hasta el momento no están alcanzando las expectativas inicialmente previstas”.

A este respecto y a través de una nota, el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha explicado que “las diferencias entre las distintas fechas de siembra están siendo importantes”, pues “las siembras más tempranas están ofreciendo mejores resultados que las realizadas posteriormente, con una gran variabilidad entre explotaciones y una media provincial que se sitúa actualmente en torno a los 1.200 kilos por hectárea”.

Este año se han sembrado en Córdoba 33.138 hectáreas de girasol, frente a las aproximadamente 25.000 hectáreas de la campaña 2025, lo que supone un incremento significativo de la superficie dedicada a este cultivo, según ha precisado Adell.

En cuanto a las variedades, “continúa la clara apuesta de los agricultores por el girasol Alto Oleico, que representa aproximadamente el 80% de la superficie sembrada, frente al 20% correspondiente al girasol Linoleico”. No obstante, Adell ha señalado que “la reducción de la diferencia de precios entre ambas variedades está generando dudas entre los agricultores a la hora de decidir qué tipo de girasol sembrar en las próximas campañas”.

Uno de los aspectos más positivos de la campaña está siendo la calidad del producto recolectado, pues, según el informe elaborado por el Laboratorio Agroalimentario Aproa, S.L. para Asaja Córdoba, “a partir de las 651 muestras analizadas hasta el momento procedentes de la provincia, la semilla de girasol recolectada esta campaña presenta una mejora de 2,42 puntos porcentuales en rendimiento graso respecto a la campaña anterior”.

Para Adell, esta mejora de la calidad está relacionada fundamentalmente “con las lluvias registradas durante el invierno y con las propias características medioambientales del girasol, cuyo sistema radicular pivotante puede alcanzar hasta dos metros de profundidad, permitiéndole aprovechar el nitrógeno, que ha sido lavado hacia capas más profundas del suelo por las precipitaciones”.

La organización agraria considera que esta capacidad del girasol para aprovechar el nitrógeno disponible y reducir su pérdida por lavado demuestra “el importante beneficio medioambiental que aporta este cultivo, especialmente en años con abundantes precipitaciones”.

Por este motivo, Asaja Córdoba viene “reclamando desde hace tiempo la puesta en marcha de una ayuda agroambiental específica para el girasol”, al considerar que “debe reconocerse económicamente la función que desempeña este cultivo en la conservación y mejora de los suelos y en el aprovechamiento de nutrientes”.

No obstante, el informe de calidad también señala algunos aspectos que deben mejorarse por parte del agricultor, “especialmente la reducción de las impurezas durante la recolección y la realización de la cosecha cuando el grano presente el nivel óptimo de humedad permitido”.

A pesar de la mejora de la calidad y del incremento de la superficie sembrada, Asaja Córdoba ha advertido que “el girasol continúa siendo un cultivo con una rentabilidad muy ajustada para el agricultor. No obstante, las cotizaciones actuales son mejores que las registradas en los últimos años”.

Así, “la última cotización de la lonja de referencia de Córdoba se sitúa en 555 euros por tonelada para el girasol Linoleico 9-2-44 y en 560 euros por tonelada para el Alto Oleico, frente a los 480 euros por tonelada del Linoleico y los 560 euros del Alto Oleico, que se registraban el año pasado”.

Sin embargo, estos precios “deben ponerse en relación con los costes de producción” y, “según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, el coste de producción de referencia de la campaña 2025 se situó en 654 euros por hectárea”.

Tomando como referencia este coste y las actuales cotizaciones, “el agricultor necesita obtener aproximadamente 1.178 kilos de girasol por hectárea para cubrir los costes de producción, una cifra que evidencia la escasa rentabilidad del cultivo y que explica la preocupación del sector ante unos rendimientos que, en numerosas explotaciones, se sitúan en torno a los 1.250 kilos por hectárea y presentan una elevada variabilidad”.

Adell considera necesario “que se tenga en cuenta el doble valor del girasol, por un lado, como cultivo que debe proporcionar una rentabilidad suficiente al agricultor y, por otro, como una herramienta beneficiosa para el medio ambiente y la conservación de los suelos”.

La organización agraria ha insistido en que el girasol, especialmente en campañas con abundantes lluvias, como la actual, “demuestra su capacidad para aprovechar el nitrógeno disponible en el suelo y evitar que se pierda por lavado, contribuyendo así a una agricultura más sostenible”. Por ello, reclama que “este servicio medioambiental sea reconocido mediante una ayuda agroambiental que permita mantener el cultivo y garantizar su continuidad en las explotaciones cordobesas”.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba, al igual que ya han solicitado otras provincias, así como la propia ASAJA-Andalucía, ha reclamado a la Junta que permita de nuevo, “a la mayor brevedad posible”, la recolección nocturna de aceituna en los olivares en seto. La petición llega apenas unos días después de que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente haya prorrogado durante otro año la suspensión de esta práctica mediante cosechadoras cabalgantes entre el ocaso y la salida del sol. Esta prohibición se produjo después de que se detectase una alta mortalidad entre los pájaros que aprovechaban la noche para dormir en estos olivares y que acababan dentro de las cosechadoras.

Asaja Córdoba considera que la restricción generalizada debería sustituirse por un sistema más selectivo, que permita trabajar durante la noche en la mayor parte de las explotaciones y limite la cosecha únicamente en aquellas zonas o circunstancias en las que se haya acreditado una afección concreta sobre la avifauna. “Carece de sentido mantener una limitación generalizada”, asegura la patronal agraria en Córdoba.

Entre los argumentos del sector figura la calidad del fruto. Asaja sostiene que las temperaturas más bajas durante las noches de septiembre, octubre y noviembre permiten que las aceitunas lleguen a la almazara en mejores condiciones, con menores daños mecánicos y menos riesgo de fermentación. La asociación añade que las bajas temperaturas favorecen la conservación de aromas y otros compuestos relacionados con la calidad del aceite de oliva virgen extra.

Otro argumento de peso para la patronal es la transformación de los olivares y el aumento, paulatino, cada año, de este tipo de cultivos.“ La problemática de la mano de obra de cara a recolección, unida a la falta de rentabilidad de otros cultivos (especialmente los herbáceos), hacen que cada año haya en nuestra provincia más superficie de olivar en seto, y los periodos de recolección son los que son, o sea, la campaña de recogida con cosechadoras no puede prolongarse en el tiempo. Además, ante un posible escenario de inviernos lluviosos, como el pasado lo fue, las campañas de recolección, haciéndolo solo en horario diurno, de prolongarían de una manera manifiestamente inviable. Nuestra agricultura se moderniza y se adapta a las necesidades de nuestros tiempos, y esta prohibición de la recolección nocturna, va contra lo mismo”, aseguran.

La organización agraria insiste en la importancia del factor laboral en sus reivindicaciones. A su juicio, recuperar los turnos nocturnos permitiría reducir la exposición de los trabajadores a unas temperaturas diurnas cada vez más elevadas y adaptar mejor las labores agrícolas a los episodios de calor que se registran durante el comienzo de las campañas.

“La polémica suspensión se remonta a octubre de 2019, cuando la Junta prohibió por primera vez la recogida nocturna en los olivares en seto mediante cosechadoras cabalgantes aplicando el principio de precaución. La Administración autonómica puso entonces en marcha un proyecto para estudiar el impacto real sobre las aves y analizar posibles técnicas que hicieran compatible la actividad agrícola con la protección de la biodiversidad”, aseguran.

Los posteriores trabajos coordinados por el IFAPA realizaron 44 controles sobre 137 hectáreas representativas de olivar en seto y contabilizaron 8.127 ejemplares pertenecientes a 66 especies. La Junta concluyó que estos olivares albergan una importante riqueza de avifauna y que la cosecha mecanizada nocturna genera efectos negativos sobre determinadas especies, “aunque en alrededor del 30% de la superficie controlada fueron nulos o muy bajos”.

Durante estos años también se han probado diferentes fórmulas para reducir el impacto, como la cetrería, dispositivos acústicos, láseres, robótica y equipos de gas. En ensayos realizados durante la campaña 2022-2023, un sistema tecnológico instalado en las cosechadoras redujo significativamente la mortalidad directa, afirma la patronal. La Junta mantiene el veto por el riesgo para las aves, aunque admite ensayos de tecnologías que permitan reducir la mortalidad.

La Junta publicó el pasado 5 de agosto una nueva resolución que mantiene la suspensión durante otro año. La norma contempla excepciones exclusivamente para proyectos experimentales de I+D, de carácter no comercial y previamente autorizados. También deja abierta la posibilidad de levantar la restricción si futuros estudios acreditan métodos suficientemente seguros para evitar daños a la fauna. El plan prevé al menos 80 inspecciones nocturnas en explotaciones andaluzas para vigilar su cumplimiento.

Un grupo de socios de Asaja Córdoba ha reclamado al presidente de la organización, Fernando Adell, que ordene la devolución inmediata de las cantidades cobradas de más en las cuotas correspondientes a 2026. Los asociados sostienen que el incremento aplicado este año carece del respaldo legal necesario de los órganos de gobierno de la entidad, después de que tanto la Junta Directiva de 6 de abril de 2026 como la Asamblea Ordinaria de 29 de abril de 2026, máximo órgano de decisión de la organización, rechazaran los presupuestos propuestos por Fernando Adell en los que debía aprobarse definitivamente dicha subida de las cuotas.

En un comunicado, el grupo afirma que esa subida de cuotas fue aprobada provisionalmente en la Asamblea de 2025, pero al rechazarse los presupuestos de 2026 es nula de pleno derecho, siendo el cobro realizado indebido al quedar prorrogados los presupuestos de 2025 y, por tanto, las cuotas de 2025. “La huida hacia delante de Fernando Adell, manteniéndose en su cargo en Asaja a pesar del rechazo por parte de la Asamblea anual a la memoria y las cuentas de 2025, así como a los presupuestos de 2026, está teniendo graves consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales para Asaja”, señalan.

En base a ello, y a que el presidente aún no ha reintegrado a los asociados lo cobrado de más, socios de Asaja solicitan que, de manera inmediata, el presidente ordene la devolución a todos los socios de Asaja Córdoba de lo que se haya cobrado de más en las cuotas de 2026. A juicio de dichos socios, mantener ese dinero supone ignorar los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno y trasladar a los socios las consecuencias de una gestión que califican de “oscura, poco transparente y carente del rigor profesional exigible a una organización de la importancia de Asaja Córdoba”. Los asociados advierten de que, en caso de que no se proceda a la devolución inmediata, estudiarán poner los hechos en conocimiento de los organismos administrativos y de las jurisdicciones competentes para que se determinen las posibles responsabilidades derivadas del cobro.

Una organización en situación de “precariedad institucional”

Esta controversia se produce, además, en un contexto de grave inestabilidad interna. La Junta de Andalucía ha reconocido recientemente las dimisiones presentadas por cuatro miembros del Comité Ejecutivo de Asaja Córdoba, con efectos desde el 16 de febrero de 2026. Según denuncian los socios, esta resolución confirma la situación de precariedad en la que se encuentran actualmente los órganos de dirección de la organización y el incumplimiento de sus estatutos, puesto que Asaja Córdoba continúa sin contar con secretario de actas ni vicepresidente primero desde las dimisiones producidas en febrero y tampoco dispone de secretario general desde finales del pasado mes de enero, pese a tratarse de cargos esenciales según sus estatutos para el funcionamiento ordinario de la entidad y para la certificación de los acuerdos adoptados, por lo que los acuerdos adoptados desde entonces son nulos.

Los asociados recuerdan también que Fernando Adell no ha conseguido que la Junta Directiva apruebe la renovación de los cargos vacantes ni la composición de un nuevo Comité Ejecutivo. A pesar de ello, sostienen que el presidente ha continuado tomando decisiones sin ofrecer información suficiente sobre su contenido ni sobre el respaldo estatutario con el que cuenta.

El documento remitido por los socios señala que la Junta Directiva y la Asamblea también rechazaron la memoria de actividades y las cuentas correspondientes a 2025, además de los presupuestos de 2026. Este escenario, unido a la falta de responsables en puestos estatutariamente relevantes, ha sumido a Asaja Córdoba en una situación de bloqueo institucional que, según los asociados, exige una solución inmediata: la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones.

Críticas a la gestión de Fernando Adell

Los socios responsabilizan directamente a Fernando Adell del deterioro institucional que atraviesa la organización. Consideran que el presidente ha perdido el respaldo mayoritario de los órganos de gobierno, pero se niega a asumir las consecuencias políticas y organizativas derivadas del rechazo reiterado a sus propuestas. A su entender, la negativa de Adell a dimitir y a facilitar la celebración de un nuevo proceso electoral está prolongando innecesariamente una crisis que afecta al funcionamiento interno, a los trabajadores, a los servicios que reciben los asociados y a la capacidad de Asaja para defender con eficacia los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia.

Los socios denuncian igualmente la falta de transparencia de la presidencia, especialmente en relación con las actas de los órganos de gobierno, las decisiones económicas adoptadas durante los últimos meses y la documentación solicitada formalmente por algunos asociados sin éxito. Esta forma de proceder, señalan, está provocando un “daño incalculable” a la imagen y a la reputación de Asaja Córdoba. Una organización llamada a representar al sector agrario provincial, añaden, no puede permanecer sometida a una crisis permanente, con sus órganos de dirección cuestionados y sin ofrecer explicaciones claras a quienes sostienen la entidad mediante sus cuotas.

Los asociados alertan de que la actual situación no constituye únicamente un problema interno, sino que amenaza con afectar a la viabilidad futura de la organización. La falta de presupuestos aprobados, la ausencia de cargos fundamentales, los conflictos laborales y judiciales y la pérdida de confianza de una parte significativa de los socios están generando una situación que consideran insostenible.

En este sentido, reclaman que se ponga fin a una gestión que está convirtiendo a los propios socios en víctimas de las decisiones adoptadas por la presidencia. Los socios reiteran finalmente la necesidad de que Fernando Adell dé un paso al lado y permita la convocatoria de un proceso electoral que devuelva la voz a los asociados y posibilite la formación de unos órganos de gobierno plenamente operativos. “Cada día que se prolonga esta situación aumenta el daño causado a Asaja Córdoba, a sus trabajadores y a los agricultores y ganaderos a los que debe representar”, concluyen los socios, que consideran imprescindible recuperar cuanto antes la normalidad democrática, la profesionalidad y la credibilidad de la entidad.

El girasol en Córdoba ha proliferado este curso y ha dejado atrás las previsiones negativas del 2025, convirtiéndose el optimismo en la sensación más típica durante las últimas semanas. Según explica Antonio Monclova, técnico de Asaja Córdoba, el sector se encuentra actualmente en la antesala de la cosecha, la cual se prevé que comience con un retraso de unas semanas respecto a lo habitual debido a los tiempos de siembra de este año, aunque con unas expectativas más positivas que de lo esperado.

Por un lado, lo más reseñable es que el girasol ha cogido popularidad. En la provincia de Córdoba, la siembra ha subido en torno a 9.000 hectáreas, una cifra que Monclova califica como una “subida importante”. Este aumento responde, en gran medida, a la llegada de lluvias oportunas y a la imposibilidad de sembrar otros cultivos, como leguminosas o cereales, que no pudieron llevarse a cabo en su momento óptimo.

Históricamente, Córdoba ha sido una provincia con una gran tradición en el cultivo de girasol. Sin embargo, la baja rentabilidad de los últimos años había provocado que muchos agricultores abandonaran este cultivo en favor de otras alternativas. Este año, las circunstancias climáticas y agronómicas han permitido recuperar parte de ese terreno perdido, devolviendo al girasol su protagonismo en el paisaje cordobés.

Las altas expectativas para la cosecha

En la actualidad, el aspecto de las parcelas es muy prometedor según indica Monclova. “Estamos viendo que tienen muy buena pinta”, afirma el técnico de Asaja, señalando que, aunque existen diferencias entre parcelas, la previsión general es que la cosecha sea superior a la del año pasado. No obstante, ha recalcado que lo que ahora se ve en verde en el campo debe ser refrendado por las máquinas. “Ahora cuando lleguen las cosechadoras son las que van a marcar la verdad”.

Sin embargo, este panorama optimista puede cambiar en cuestión de días, sobre todo por la predicción que ha llevado a cabo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La ola de calor que puede llegar a atravesar la provincia preocupa seriamente a los técnicos y agricultores. Estos “golpes de calor” pueden afectar negativamente al cultivo, especialmente si coinciden con la fase de floración o el final del granado, lo que podría mermar la producción final.

Y esta preocupación por el calor está directamente ligada a la viabilidad económica del cultivo. Monclova ha advertido de que si las altas temperaturas afectan a los rendimientos, la rentabilidad volverá a estar en entredicho. El objetivo de los agricultores es que “salgan los números”, algo que en campañas anteriores fue extremadamente difícil debido a la falta de producción, y las subidas de las temperaturas que se esperan pueden marcar un antes y un después en la cosecha.

En cuanto a la cotización en los mercados, el escenario no presenta grandes cambios. Los precios actuales se mantienen de forma lineal, y aunque parece que este año hay algo más de “alegría” en las cifras, el margen sigue siendo estrecho. Por ello, la obtención de buenos rendimientos por hectárea se vuelve fundamental para que el cultivo deje algún beneficio al agricultor en una cosecha que se espera positiva, aunque, de momento, con matices.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado este martes que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.

En cualquier caso y según han señalado en un comunicado conjunto, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.

De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.

Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.

En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.

Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.

En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.

La crisis interna que atraviesa Asaja Córdoba ha dado un nuevo paso con la presentación ante los juzgados de una solicitud judicial por parte de tres miembros de su Junta Directiva, que acusan al presidente de la organización, Fernando Adell, de impedirles el acceso a documentación interna y anuncian que preparan una demanda para solicitar su cese.

En el escrito, facilitado a este periódico, y registrado el pasado viernes en sede judicial, los tres directivos sostienen que la dirección de la organización mantiene una política de “opacidad” y se niega desde hace meses a facilitar información que consideran esencial para ejercer sus funciones y defender los intereses de los asociados.

Presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba, en el documento, los solicitantes aseguran que la situación de la organización se ha deteriorado durante los últimos meses. Entre otras circunstancias, afirman que Asaja Córdoba carece actualmente de secretario general, que su Comité Ejecutivo funciona con menos miembros de los previstos en los estatutos tras varias dimisiones y que la Asamblea General rechazó el pasado mes de abril las cuentas correspondientes a 2025, la memoria de actividades y el presupuesto para 2026.

Según los promotores de la iniciativa judicial, el presidente habría perdido el respaldo mayoritario tanto de la Junta Directiva como de los socios, aunque, siempre según su versión, se habría negado a dimitir, convocar elecciones o celebrar determinadas asambleas extraordinarias solicitadas por los asociados.

Ante esta situación, los tres directivos han solicitado al juzgado la apertura de diligencias preliminares para que ASAJA Córdoba entregue las actas de todas las reuniones celebradas por el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva y la Asamblea General desde mayo de 2024 hasta la actualidad.

Además, reclaman que el presidente aporte la documentación relativa a su proclamación al frente de la organización en 2024, incluyendo la candidatura que presentó, los avales que la respaldaron y el acta de la comisión electoral que formalizó su nombramiento al concurrir una única candidatura. Los solicitantes sostienen que ya intentaron obtener esta documentación mediante varios requerimientos extrajudiciales, incluidos burofaxes y solicitudes dirigidas a un notario, sin éxito.

La finalidad de esta actuación judicial, explican en el escrito, es preparar una futura demanda en la que prevén solicitar el cese del presidente, impugnar distintas decisiones adoptadas durante su mandato y, en su caso, exigir las responsabilidades que pudieran derivarse de su gestión.

Corresponderá ahora al juzgado decidir si admite la solicitud y acuerda la práctica de las diligencias solicitadas antes de que los promotores formalicen las acciones judiciales anunciadas.

Desde Asaja Córdoba han declinado hacer declaraciones a este periódico.

Asaja Córdoba ha destacado este jueves que la campaña de recogida del corcho “se está desarrollando de forma favorable, en cuanto a la extracción, ya que el corcho se está despegando con facilidad del árbol, facilitando el trabajo de las cuadrillas y evitando daños en los alcornocales”, pero “el sector continúa preocupado por la evolución de los precios y por las consecuencias que arrastran varios años consecutivos de sequía”.

Así, según informa la organización agraria en una nota, “los precios del corcho se sitúan actualmente entre los 60 y los 80 euros por quintal, registrando un descenso significativo respecto a campañas anteriores”. Esta bajada “responde, en parte, a la menor demanda procedente del sector vitivinícola, donde continúa reduciéndose el uso, tanto del tapón de corcho natural, como del tapón aglomerado en favor de otros sistemas de cierre”.

Por otro lado, “aunque las lluvias registradas durante este año han mejorado la situación hídrica de las explotaciones, los efectos acumulados de los cuatro o cinco años anteriores de sequía se dejan notar en el corcho que correspondía sacar esta campaña”.

La consecuencia, según ha señalado Asaja, es que “en numerosas fincas se está encontrando un corcho más delgado de lo habitual, con calibres inferiores a los deseados, al haberse formado durante un periodo de fuerte estrés hídrico”.

Esta circunstancia “ha llevado a muchos propietarios a retrasar la saca prevista para este año, ampliando el turno habitual de descorche de nueve a diez años, con el objetivo de que el corcho gane grosor y calidad”, y “la decisión de posponer la extracción en numerosas explotaciones también está influyendo en la situación actual del mercado”.

La producción media anual en Córdoba “ronda las 2.700 toneladas, procedentes de fincas distribuidas a lo largo de toda la Sierra Morena cordobesa”. Esta actividad “genera en torno a 1.400 jornales directos en el campo, constituyendo una fuente de empleo y riqueza fundamental para muchas zonas rurales de la provincia”.

El corcho, según ha señalado la patronal agraria, “es un producto natural de gran valor ambiental y económico, siendo Andalucía la principal comunidad productora de España. En particular, el corcho procedente de Sierra Morena destaca por su calidad y por el importante papel que desempeña en la conservación de las dehesas y los montes mediterráneos”.

La campaña se desarrolla tradicionalmente entre los meses de junio y agosto, aunque Asaja Córdoba sigue reivindicando “el adelanto del periodo hábil para la saca del corcho”, que es “una demanda histórica del sector”, y por entender la organización agraria que es “necesario adaptar el calendario a las nuevas condiciones climáticas, para aprovechar los momentos más favorables para el descorche, tal y como ya ocurre en otras comunidades autónomas, como Extremadura”.

La petición se realiza “para poder separar el corcho del alcornoque sin dañar el árbol, ya que a finales de julio es imposible hacerlo, porque se queda pegado debido al efecto del calor, por lo que no sirve de nada que agosto sea también periodo hábil para la saca”.

En este sentido, desde Asaja se ha aclarado que, “para llevar a cabo este proceso, el corcho debe haber completado un ciclo de crecimiento de entre nueve y diez años, que permita alcanzar el grosor adecuado para su comercialización”.

El descorche comienza con el denominado “rajado” del corcho, aprovechando las líneas naturales de apertura existentes en el árbol, para posteriormente separar los paños de corcho del tronco de forma manual, mediante técnicas especializadas que garantizan la protección del alcornoque.

Asaja Córdoba ha solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) “que informe con mayor detalle sobre el error detectado en los datos correspondientes al mes de mayo en el mercado de aceite de oliva” y “que revise de forma exhaustiva la información aportada durante los meses anteriores de la presente campaña”.

Según ha señalado en una nota la organización agraria, “la reciente rectificación realizada por la AICA pone de manifiesto la enorme importancia que tienen la transparencia y la fiabilidad de los datos que sirven de referencia al sector oleícola y al conjunto del mercado”.

Para Asaja Córdoba, “lo ocurrido demuestra hasta qué punto los números son especialmente sensibles en momentos críticos para el sector”, recordando la patronal agraria que, “tras la publicación de los datos erróneos, se produjo un importante parón en las operaciones comerciales, generando una situación de incertidumbre que contribuyó a una mayor desestabilización de los precios”.

De hecho, “los días posteriores al error se registró un gran freno de las operaciones en el mercado. Esta situación pudo influir en la evolución de los precios y podría incluso afectar a los datos correspondientes al mes de junio”, según ha advertido Asaja Córdoba.

Ante esta situación, la organización ha trasladado su “inquietud” y considera necesario “analizar con profundidad lo sucedido, así como reforzar los mecanismos de control sobre la información trasladada por los operadores”, pues, “incluso pequeños porcentajes de error en los datos comunicados a la AICA podrían generar expectativas equivocadas en el mercado y provocar consecuencias directas sobre las cotizaciones percibidas por los productores”.

Asaja Córdoba cree “imprescindible conocer con exactitud qué ocurrió para que se produjera la rectificación posterior de los datos” y, por ello, solicita a la AICA “que aclare si la incidencia se debió a un simple error de transcripción, a la falta de remisión de información por parte de algún operador o a cualquier otra circunstancia que haya podido alterar las cifras inicialmente publicadas”.

La organización agraria ha explicado que “la situación actual del mercado continúa caracterizándose por unas disponibilidades ajustadas”, y ha concretado que “las existencias a 31 de mayo se sitúan en niveles muy similares a las registradas en la misma fecha del año pasado, cuando alcanzaban las 774.988 toneladas. De mantenerse la evolución actual del mercado durante los próximos meses, la campaña podría cerrarse con unas existencias finales también muy parecidas”.

Asaja Córdoba ha afirmado que estos volúmenes se encuentran por debajo de la media registrada en las tres campañas anteriores, circunstancia que, a su juicio, “debería reflejarse con mayor claridad en el comportamiento del mercado y en la formación de los precios” y, por todo ello, ha insistido en la necesidad de “reforzar la transparencia, garantizar la máxima fiabilidad de los datos oficiales y ofrecer al sector información completa y detallada que permita evitar incertidumbres y asegurar el correcto funcionamiento del mercado del aceite de oliva”.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha informado del inicio de la recolección de cereales en la provincia, una campaña marcada por unas condiciones meteorológicas muy diferentes a las de los últimos años, pero cuyos resultados “no están siendo tan positivos como cabría esperar tras un ejercicio pluviométrico por encima de la media”.

Según ha explicado Adell, las abundantes lluvias registradas durante el invierno y la primavera han provocado una gran heterogeneidad entre explotaciones, encontrándose parcelas con resultados aceptables junto a otras con rendimientos claramente inferiores. En términos generales, “la cosecha presenta unas producciones medias-bajas, alejadas de las expectativas que se habían generado tras las precipitaciones acumuladas”.

“El año meteorológico no ha permitido que los cultivos se desarrollen con normalidad, ya que en muchos momentos no se ha podido acceder a las parcelas para realizar los tratamientos contra plagas y enfermedades ni aplicar los abonados en las fechas más adecuadas”, ha señalado el presidente de ASAJA Córdoba.

Las persistentes lluvias han favorecido además una elevada incidencia de enfermedades fúngicas y malas hierbas, obligando en numerosas ocasiones a repetir tratamientos, especialmente fungicidas, hasta en dos aplicaciones. Asimismo, se han producido importantes retrasos en la aplicación de los abonados de cobertera y de los tratamientos fitosanitarios, repercutiendo negativamente en el desarrollo final de los cultivos.

Como consecuencia de esta situación, los rendimientos obtenidos vuelven a situarse en niveles similares a los de campañas anteriores, pese a tratarse de un año con una pluviometría significativamente superior a la media provincial.

En cuanto al comportamiento de las distintas variedades, Asaja Córdoba destaca que los trigos blandos presentan un mejor estado general que los trigos duros y las cebadas. No obstante, las producciones son inferiores a las de la campaña pasada y, además, se ha vuelto a registrar la presencia del mosquito del trigo (Mayetiola destructor), una plaga que viene afectando a los cerealistas cordobeses durante los últimos años.

Las previsiones apuntan a rendimientos medios en trigo blando de alrededor de 3.500 kilogramos por hectárea, mientras que los trigos duros apenas alcanzarán los 2.800 kilogramos por hectárea de media. Respecto a la calidad del grano, la organización agraria prevé una campaña muy desigual, reflejo de la variabilidad observada en las distintas zonas productoras y explotaciones.

Situación de las leguminosas

La campaña de leguminosas también presenta importantes contrastes según especies y zonas de cultivo. Las persistentes lluvias dificultaron las siembras durante buena parte de la campaña, reduciendo significativamente la superficie implantada. Muchas parcelas no pudieron sembrarse y, en aquellas que sí se establecieron, “los problemas de nascencia y enfermedades han provocado una notable reducción de las producciones, especialmente en guisantes y habas”.

Por el contrario, los garbanzos de primavera muestran una evolución más favorable y presentan un desarrollo vegetativo satisfactorio hasta el momento.

Precios estancados frente al aumento de los costes

Asaja Córdoba recuerda que la rentabilidad del cereal sigue siendo una de las principales preocupaciones de los agricultores. Aunque “los costes de producción se han incrementado notablemente durante las últimas décadas, los precios percibidos por los productores no han evolucionado al mismo ritmo”.

Como ejemplo, la organización destaca que, en el año 1990, el trigo blando cotizaba a 25,60 pesetas por kilogramo, lo que equivale a 153,86 euros por tonelada. Sin embargo, si se actualiza esta cantidad conforme a la inflación acumulada registrada en España desde entonces, cercana al 155 por ciento según los datos oficiales del Índice de Precios de Consumo (IPC), ese precio equivaldría actualmente a unos 392 euros por tonelada.

Esta comparación pone de manifiesto “la pérdida de poder adquisitivo y rentabilidad que han sufrido los cerealistas en las últimas décadas, especialmente en un contexto marcado por el incremento de los costes de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, combustible, maquinaria y mano de obra”.

Petición para las labores de suelo

Por ello, la organización agraria reclama medidas que permitan “garantizar unos precios justos para los productores, acordes con la evolución de los costes y con el esfuerzo que realizan los agricultores para mantener la producción de cereal en la provincia de Córdoba”.

Asimismo, ante la creciente presión de plagas y enfermedades, Asaja Córdoba hace un llamamiento a las administraciones para que se permita a los agricultores realizar las labores agrícolas necesarias en el momento oportuno.

En este sentido, Fernando Adell ha insistido en la necesidad de “dejar a los agricultores labrar en tiempo para intentar sanear los suelos de todas las plagas y enfermedades que están sufriendo los cultivos y que cada vez son más agresivas”, contribuyendo así a mejorar la sanidad vegetal y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas de la provincia.

La organización agraria Asaja Córdoba ha advertido este jueves de “los riesgos del calor durante la campaña de cosecha” y ha pedido “extremar la prevención en el campo, teniendo en cuenta que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a un verano con temperaturas por encima de lo normal”.

En este sentido y a través de una nota, Asaja ha señalado “la importancia de proteger la salud de agricultores, ganaderos y trabajadores del campo”, dado que “la campaña de cosecha arranca marcada por un escenario climático especialmente exigente”, pues “la Aemet prevé para los meses de junio, julio y agosto una gran probabilidad de que la temperatura media se sitúe en el tercio superior en toda España, es decir, por encima de los valores habituales para la época”.

Esta previsión “afecta de forma directa al campo, donde miles de agricultores, ganaderos y trabajadores desarrollan su actividad al aire libre, muchas veces durante las horas de mayor exposición solar”, lo que ha llevado a la patronal agraria a recordar que “el calor extremo es un riesgo laboral y sanitario que puede tener consecuencias graves si no se adoptan medidas preventivas”, por lo que es necesario “planificar las tareas, adaptar los horarios y evitar, siempre que sea posible, los trabajos más pesados en las horas centrales del día”.

El estrés térmico, según ha aclarado Asaja, “no depende únicamente de la temperatura ambiente”, sino que “también influyen la humedad, la radiación solar, la velocidad del aire, la intensidad del esfuerzo físico, la duración de la jornada y la ropa de trabajo utilizada”.

Entre las principales recomendaciones preventivas que hace Asaja figuran, “además de ajustar las jornadas laborales a las horas más frescas del día, beber agua con frecuencia, incluso aunque no se tenga sed, evitar el consumo de cafeína o bebidas muy azucaradas, realizar descansos periódicos en zonas frescas o a la sombra, utilizar ropa ligera, transpirable y de colores claros, y prestar especial atención a los síntomas de alarma”, explicando que “confusión, desorientación, piel caliente y seca, pulso rápido, náuseas, dolor de cabeza intenso o pérdida de consciencia pueden ser señales de un golpe de calor”.

El sector crítico de la organización agraria Asaja Córdoba ha elevado una petición formal a la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para que intervenga ante la “grave situación” que atraviesa la entidad.

En un escrito dirigido a la administración y facilitado a este periódico, los firmantes sostienen que la Junta de Andalucía, como autoridad competente en la tutela de las organizaciones empresariales, debe actuar en consecuencia ante la parálisis institucional y las presuntas irregularidades cometidas bajo la presidencia de Fernando Adell Martí.

La denuncia subraya que la asociación se encuentra en un estado de “bloqueo legal”. Indican que, desde el pasado 30 de enero, la organización carece de secretario general, una figura “indispensable” según los estatutos. A esta vacante se sumaron, el 16 de febrero, las dimisiones de otros cinco miembros del Comité Ejecutivo, incluyendo al vicepresidente primero y a la secretaria de Actas.

Como consecuencia, describen, los órganos de gobierno han quedado en una situación “deficitaria” que les impide adoptar acuerdos válidos para la gestión ordinaria. Además, los documentos advierten de que, al no existir un secretario de Actas ni un secretario general, “no hay nadie que puede certificar acuerdos de las actas”, lo que invalida jurídicamente cualquier decisión tomada en las reuniones actuales.

Rechazo “masivo” a la gestión de Fernando Adell

Recuerdan los responsables de la petición que el malestar interno se hizo oficial durante la Junta Directiva del 6 de abril, en la cual la mayoría de los asistentes reprobaron la gestión de Adell y se negaron a aprobar tanto la memoria de actividades como las cuentas anuales y los presupuestos. En esa misma sesión, la directiva rechazó también la propuesta del presidente para nombrar un nuevo Comité Ejecutivo, profundizando la crisis de liderazgo.

A pesar de que 429 socios solicitaron formalmente, mediante requerimiento notarial, la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para analizar la gestión presidencial, Adell se ha negado sistemáticamente a incluir este punto en el orden del día. Ante esta negativa, el sector crítico ha anunciado que acudirá a los juzgados para forzar legalmente dicha convocatoria.

Advertencias sobre responsabilidades penales

En este sentido, los escritos presentados a la Junta advierten de que la persistencia en tomar decisiones con un consejo “inoperante” abre la puerta a graves responsabilidades civiles y penales. Se menciona específicamente que el presidente y los cuatro consejeros que aún permanecen en el comité podrían incurrir en delitos de administración desleal, imposición de acuerdos abusivos y apropiación indebida, llegando a tener que responder con su propio patrimonio personal.

Finalmente, el sector crítico cuestiona la propia legitimidad de Adell, señalando que para su elección en 2024 se le exigieron requisitos menores que los que él impone ahora a los socios para convocar la asamblea, lo que podría dar lugar a la impugnación judicial de su presidencia.

Asaja Córdoba ha señalado que la campaña citrícola, que ya ha concluido en la provincia, “ha estado marcada por un descenso en la producción que se estima en un 40%”, con lo que, “finalmente, ha sido superior al 30% estimado por la Junta de Andalucía en sus aforos de inicio de campaña”.

Según ha informado la patronal agraria en una nota, en la última sesión de la mesa de cítricos, en la que ha participado Asaja Córdoba, “se ha aprovechado para hacer un análisis de la campaña 2025-2026 en la Vega del Guadalquivir, que prácticamente se encuentra ya al final de la recolección en una campaña marcada también por las borrascas acaecidas entre los meses de diciembre y febrero”.

En cuanto a los precios en origen de las naranjas, y a pesar del descenso de producción, “la demanda ha sido menor que la esperada, y las cotizaciones se han mantenido más o menos constantes, tanto de fresco, como de industria”.

En el caso de la industria, “el sector ha acogido con ilusión el anuncio de dos nuevos proyectos para la zona, por un lado, la unión de los productores de la Vega de naranja de industria en Dcoop y la compra de la fábrica de Zumosol y, por otro, el anuncio de García Carrión de abrir una fábrica en Fuente Palmera que, en ambos casos, deben contribuir a garantizar un precio justo y estable para la naranja destinada a zumo”. La sesión ha finalizado con “unas cotizaciones de 0,41 a 0,44 euros por kilo para la variedad Valencia Delta Calidad 1ª y de 0,35 euros por kilo para la naranja de industria”.

Otro de los aspectos que se han analizado fueron los efectos de las borrascas que azotaron la provincia entre los meses de diciembre y febrero, “que ocasionaron numerosos destrozos y pérdidas en muchas explotaciones, y de los que se esperan las ayudas de las diferentes administraciones y el efecto en la próxima campaña”.

Al menos, “ha sido un año en el que las citadas borrascas han provocado que las dotaciones de riego previstas para este verano sean las normales de antes de los años de sequía”.

A lo largo de esta semana dará comienzo la campaña de recolección del ajo en la provincia de Córdoba, concretamente en torno al 15 de mayo, comenzando las labores con la variedad 'spring', para concluir posteriormente con el ajo morado, y el presidente de la sectorial del ajo de Asaja Córdoba, Miguel del Pino, prevé “un incremento de la cosecha de entre un 40% y un 50% respecto al año pasado, que superó levemente las 8.000 toneladas”.

Según ha informado Asaja Córdoba en una nota, Del Pino ha señalado que se trata de “un dato muy positivo, impulsado fundamentalmente por las abundantes lluvias de invierno” y la consecuencia, según los datos oficiales presentados en la última asamblea de la Mesa Nacional del Ajo, es que la provincia de Córdoba, con una superficie sembrada de 900 hectáreas, alcanzará “una producción estimada de 11.100 toneladas, lo que certifica la recuperación productiva frente al ejercicio anterior”.

A pesar de que “se espera una calidad excelente, la superficie cultivada en la provincia se mantiene estancada en cifras históricamente bajas”. La extensión actual “se sitúa por debajo de las 1.000 hectáreas, muy lejos de las 7.000 que la provincia llegó a albergar en otras épocas”.

Esta contención se debe principalmente a la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua durante la época de siembra (otoño e invierno) y a “los elevados costes de producción”, que actualmente oscilan entre los 12.000 y 15.000 euros por hectárea. Esta “falta de garantías hídricas ha obligado a muchos productores cordobeses a desplazar sus plantaciones a provincias vecinas, como Granada o Málaga, o incluso a otras regiones, como Castilla-La Mancha” o a Valladolid, en Castilla y León.

Contexto andaluz y nacional

A nivel autonómico, “Andalucía refleja un comportamiento globalmente positivo para esta campaña”. Las previsiones para 2026 sitúan “la superficie cultivada andaluza en 3.360 hectáreas”. En cuanto a la producción, “se esperan 37.800 toneladas en toda la comunidad, lo que representa un considerable aumento del 31,4% respecto al volumen del año 2025”.

En el panorama nacional y según los datos que maneja Asaja, España cuenta este año con “una superficie cultivada de 24.400 hectáreas y una previsión de producción que alcanza las 237.800 toneladas”.

Sin embargo, “las buenas perspectivas de cosecha se ven ensombrecidas por la profunda preocupación del sector ante la pérdida de mercados y la caída de precios”. Esta situación es consecuencia directa de “la entrada masiva y temprana de producciones desde Egipto, un enemigo peligroso que satura el mercado europeo antes de que comience la recolección local”. De hecho, “las importaciones de la Unión Europea (UE) procedentes de terceros países han acumulado un crecimiento del 122% en cinco años”.

Dentro de esta escalada, “destaca el notable y alarmante crecimiento de las importaciones de la UE procedentes de Egipto, país que se ha convertido en el segundo principal abastecedor, con 19.555 toneladas, solo por detrás de China. Esta cifra supone más del doble de las 9.655 toneladas que Egipto exportó a la UE en 2024”.

Además, “este ajo egipcio entró en 2025 a un precio medio de 1,5 euros el kilo, lo que representa una caída de 20 céntimos por kilo respecto al año anterior, reventando la competitividad del mercado”. A esto se suma “el incremento de los costes logísticos y de los fletes marítimos a causa del conflicto armado en Irán y las tensiones en el transporte internacional”.

Ante este escenario de “grave pérdida de competitividad”, Asaja Córdoba se ha sumado a “las exigencias planteadas en la Mesa Nacional del Ajo para reclamar a la Unión Europea acciones contundentes de defensa comercial”, instando a “comprobar si el acuerdo bilateral entre Europa y Egipto contempla la activación de una cláusula de salvaguardia y, en su caso, valorar la posibilidad de promover su aplicación urgente”.

Además, exige “la actualización del arancel disuasorio de 1.200 euros por tonelada establecido en 2001 para las importaciones chinas, ya que la inflación acumulada del 77% en España entre 2001 y 2025 ha reducido significativamente su verdadera capacidad protectora”.

Finalmente, desde Asaja se demanda “un refuerzo inmediato de la supervisión y vigilancia en las aduanas europeas, para garantizar que todos los terceros países cumplen de manera estricta los requisitos vigentes, evitando cualquier situación de fraude comercial”.

Asaja Córdoba ha advertido este jueves de la “situación crítica” que, a su juicio, “atraviesan actualmente los cultivos de cereales de invierno en la provincia, en un momento clave para su desarrollo”, pues “las condiciones meteorológicas de las últimas semanas están teniendo un impacto negativo significativo en el estado de los cultivos, generando preocupación entre los agricultores”.

Así, según ha informado la patronal agraria en una nota, ha podido constatar sobre el terreno que “las siembras más tempranas presentan un mejor comportamiento que las tardías”, pero que “el aumento de las temperaturas, combinado con la elevada humedad y las precipitaciones recientes, está favoreciendo la proliferación de enfermedades y esta situación está debilitando notablemente los cultivos”.

Desde Asaja Córdoba se ha señalado que “ya se está produciendo una caída importante en el estado de los cereales, lo que previsiblemente afectará a la producción final” y, “aunque aún es pronto para cuantificar con exactitud las pérdidas, las primeras estimaciones apuntan a una merma considerable”, especialmente en la campiña cordobesa, principal zona productora de cereales de invierno en la provincia.

Además, en la zona Norte “ya han comenzado a cosecharse las primeras parcelas, destinadas principalmente a forraje para el ganado”, y “los resultados iniciales no son alentadores, lo que refuerza la preocupación general del sector”.

En este contexto, Asaja Córdoba ha calificado la campaña como “crítica” y ha señalado “la incertidumbre existente a corto plazo”, precisando que “la evolución de las condiciones climáticas en los próximos días será determinante, especialmente en lo relativo a la incidencia de enfermedades y la posibilidad de que los cultivos puedan recuperarse parcialmente”.

Un grupo de socios de Asaja Córdoba ha instado públicamente a su presidente, Fernando Adell, a que cese en lo que califican como una estrategia de “asustar y manipular” a los trabajadores de la organización. Estas críticas surgen tras las declaraciones del dirigente en una nota de prensa emitida el pasado jueves.

En dicha asamblea, los socios rechazaron por una diferencia mínima de votos la memoria de actividades del ejercicio anterior, las cuentas correspondientes a 2025 y el presupuesto previsto para 2026. Este resultado ha evidenciado un profundo cisma en la organización agraria, donde una parte significativa de los asociados ya exige la dimisión del presidente debido al descontento con su gestión.

Los críticos han sostenido que Adell está utilizando a los trabajadores para su “interés personal de forma indigna”, intentando ejercer presión sobre la masa social de la organización para lograr el respaldo a su gestión económica bajo la supuesta amenaza de congelar las retribuciones del personal si no se aceptan sus cuentas.

Como prueba de esta potestad administrativa, los socios opositores han señalado la reciente contratación de una nueva trabajadora para Asaja, cuyo salario fue fijado directamente por la presidencia.

Por otro lado, la propuesta de Adell de reformar los estatutos para que el sueldo del presidente no supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido recibida con total escepticismo por el grupo crítico. Estos han afirmado que no es necesario modificar ninguna norma interna para que el presidente se baje el sueldo de inmediato si así lo desea, y le exigen que, antes de proponer cambios futuros, devuelva lo que consideran que ha cobrado de más y las pagas de beneficios no autorizadas,.

Mientras tanto, Adell ha defendido la necesidad de una “renovación y modernización progresiva” de la entidad, atribuyendo el rechazo a sus propuestas a la concentración de votos en determinados grupos familiares y empresariales.

Asaja Córdoba celebró este miércoles su asamblea general con la participación de alrededor de 250 asistentes, de los más de 5.000 socios con los que cuenta la organización agraria en la provincia. La reunión se desarrolló con normalidad y dentro del clima habitual de debate y participación, a pesar del cisma abierto por una parte de los asociados, que piden la dimisión del presidente, Fernando Adell.

Durante la sesión, se sometieron a votación la memoria de actividades del ejercicio anterior, las cuentas correspondientes a 2025 y el presupuesto previsto para 2026. Las tres propuestas fueron rechazadas por “una diferencia mínima de votos”, lo que supone un revés para la Presidencia, que esgrime en un comunicado que en el resultado “fue determinante que una parte muy significativa de votos estaba concentrada en determinados grupos familiares o empresariales”.

Durante su intervención, el presidente de ASAJA Córdoba, Fernando Adell, planteó la necesidad de impulsar una renovación y modernización progresiva dentro de la organización, favoreciendo la incorporación de perfiles más jóvenes y promoviendo una mayor apertura en los procesos de participación interna.

Asimismo, defendió la conveniencia de revisar los actuales estatutos en profundidad, incluyendo que las retribuciones del presidente no puedan ser superiores al equivalente al salario mínimo interprofesional.

La asamblea concluyó sin incidentes, reflejando la pluralidad de posturas existentes en el seno de la organización y abriendo el debate sobre posibles cambios en su estructura y funcionamiento de cara al futuro.

Un grupo de socios de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Córdoba ha remitido un burofax de “extrema urgencia” a los miembros del Comité Ejecutivo —al que califican de “deficitario”— exigiendo cuentas claras ante presuntas irregularidades en la gestión del actual presidente,Fernando Adell, y la posible nulidad de la próxima Asamblea General.

La comunicación, fechada este 21 de abril de 2026 y facilitada a este periódico, pone el foco en supuestos beneficios económicos personales y conflictos de interés que afectan directamente a la cúpula de la organización agraria, que lleva meses viviendo un choque frontal entre su Presidencia y un sector importante de los asociados.

Ahora, el cisma ha dado un paso más. En el burofax, los denunciantes exigen información detallada sobre el cobro de “pagas de beneficios” por parte del presidente en los ejercicios 2024 y 2025, solicitando el desglose de los cálculos, su justificación y la identificación de quién autorizó dichos pagos.

Asimismo, se cuestiona la compra de regalos de Navidad a la empresa Dehesa de Campoalto SL, propiedad del propio presidente. Los socios piden aclarar el importe total percibido por esta mercantil durante los últimos dos años y si el presidente recibió productos de su propia empresa pagados por la asociación.

Impugnación de la Asamblea del 29 de abril

El escrito advierte de la “nulidad radical” de la Asamblea General Ordinaria convocada para el próximo 29 de abril. Según los socios, se pretenden aprobar unas cuentas y presupuestos que no han sido validados previamente por la Junta Directiva, contraviniendo los estatutos. Además, denuncian irregularidades en la convocatoria, señalando que se han enviado comunicaciones contradictorias sobre el lugar y la hora, y que muchos asociados aún no han recibido la notificación oficial, lo que vulneraría el artículo 13.4 de los Estatutos.

La denuncia revela una fractura total en el seno de Asaja Córdoba. Desde el 16 de febrero de 2026, el Comité Ejecutivo carece de vicepresidente primero y secretario de Actas tras la dimisión de cinco miembros. La entidad no cuenta con secretario general desde el 30 de enero de este año.

Asimismo, se solicita la verificación de los avales presentados por el presidente en su elección de 2024 —realizada sin votación— para comprobar si cumplen los mismos requisitos de identidad y representación que se exigen ahora a los socios. Los socios exigen la devolución inmediata de cualquier suma percibida sin aprobación expresa de los órganos de la Asociación. De no obtener respuesta satisfactoria a este requerimiento, anuncian que pondrán los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales.

Finalmente, han ofrecido a la directiva someterse a un Medio Alternativo de Solución de Controversias (MASC), conforme a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, para intentar desbloquear la situación antes de recurrir a otras instancias.

La organización agraria Asaja Córdoba atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras la celebración, este lunes, de una nueva junta directiva marcada por la tensión interna y el rechazo a la actual gestión.

Según confirman fuentes del sector crítico a este periódico, durante la reunión, el órgano directivo decidió no aprobar la memoria correspondiente a 2025, así como las cuentas de 2026 y los presupuestos previstos para el presente ejercicio. Además, la propuesta para constituir un nuevo comité ejecutivo fue igualmente rechazada y se expresó su desaprobación hacia la gestión del presidente Fernando Adell, y se reiteró la petición de dimisión, una solicitud que ya había sido planteada anteriormente por diferentes vías internas.

El sector crítico de la organización lleva meses articulando su oposición a la actual presidencia, con un recogida de más de 400 firmas con la que han buscado asediar al mandatario y forzarle a convocar una moción de confianza. Ahora, cerca de veinte miembros presentes en la junta han suscrito un documento en el que insisten en la necesidad de que Adell dimita, convoque una asamblea extraordinaria para someter su gestión a evaluación y facilite la celebración de elecciones que permitan renovar la presidencia y el comité ejecutivo.

Por su parte, Asaja Córdoba ha respondido a la polémica mediante un comunicado oficial en el que defiende su funcionamiento interno y su compromiso con el sector agrario. La dirección ha subrayado que las discrepancias forman parte de la normalidad en una entidad plural y deben resolverse dentro de los cauces establecidos en sus estatutos.

No obstante, denuncia la gravedad de algunas de las acusaciones vertidas públicamente y ha anunciado la puesta en marcha de mecanismos internos para analizar los hechos y garantizar la transparencia.

La organización agraria Asaja Córdoba ha informado de que la campaña de recogida de la naranja en la provincia encara su recta final con aproximadamente el 60% del fruto ya recolectado, en un contexto marcado por la reducción de producción y una evolución desigual del mercado.

Las previsiones apuntan a una caída mayor al 30% respecto a campañas anteriores, que es lo que se estimaba en un principio, por lo que esa disminución se verá aumentada ahora como consecuencia directa de los episodios de lluvias intensas y las posteriores inundaciones que han afectado a numerosas explotaciones citrícolas.

Sin embargo, la presidenta de la sectorial de cítricos de Asaja Córdoba, María Ángeles Herrero, ha subrayado que “la fruta que tenemos actualmente es de gran calidad, con un calibre alto”.

En cuanto a los precios, los datos de la última sesión de la Lonja Agropecuaria de Córdoba reflejan un mercado con escasa actividad, aunque con algunos signos de mejora en determinadas categorías. En concreto, se ha registrado una ligera subida en la parte alta de las horquillas de precios de las variedades del grupo Navel Powell, Barfield y Chislett en calidad primera, situándose entre 0,43 y 0,46 euros el kilogramo. Asimismo, la naranja Valencia Delta mantiene cotizaciones estables en torno a 0,45–0,46 euros el kilogramo, aunque con pocas operaciones.

En el segmento industrial, los precios se sitúan en 0,30 euros el kilogramo. Por otro lado, algunas variedades como Lane Late o la mandarina híbrida Tango han dejado de cotizar debido a la falta de fruta disponible.

Desde Asaja Córdoba, se ha valorado positivamente la calidad del fruto en esta fase final de campaña, donde los calibres altos están siendo determinantes en la parte superior de las cotizaciones. No obstante, se insiste en la necesidad de reforzar el apoyo al sector ante campañas cada vez más condicionadas por la climatología y la volatilidad del mercado, con el objetivo de garantizar la rentabilidad de las explotaciones citrícolas de la provincia.

La organización agraria Asaja Córdoba ha pedido este martes “que se derogue o, en su defecto, se modifique sustancialmente el decreto” mediante el que la Junta de Andalucía estableció en 2008 la declaración del Alto Guadiato, en el Norte de Córdoba, como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Entiende la patronal agraria, según ha explicado en una nota, que “las limitaciones que conlleva” la ZEPA “imposibilitan poder llevar a cabo las necesarias inversiones en las explotaciones” agrarias “para lograr la necesaria rentabilidad de las mismas, lo que ha ocasionado una situación de crisis en la zona”.

Ello implica, según ha señalado Asaja, que la comarca del Alto Guadiato “está sufriendo un grave estancamiento social y económico”, agravado año tras año, al poderse apreciar cómo explotaciones de comarcas limítrofes han podido modernizarse, transformarse y ganar en competitividad y rentabilidad“.

Además, “todas estas limitaciones impiden acogerse a las ayudas de modernización y a las ayudas de incorporación de jóvenes, al no cumplir los requisitos de esas convocatorias, que requieren mejorar y crear empleo en sus explotaciones”.

También “se ha demostrado que, con las ayudas que se prometieron cuando se declaró esta zona de protección, han ocurrido dos cosas, que nunca han llegado o que han sido un absoluto fracaso”. Por ello, Asaja ha subrayado que “es preciso reconocer que la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas es el principal activo de la economía del Guadiato y Los Pedroches”, que “están atravesando una situación límite y es necesario que se toman medidas que favorezcan la modernización y transformación de las mismas”.

Asaja ha destacado que no puede olvidarse que, “si hay una ZEPA o existen otras protecciones especiales en estas comarcas, se debe al trabajo realizado durante años por los agricultores y ganaderos. Sin ellos, no existirían esas zonas, y si se abandonan por falta de rentabilidad, desaparecerán a corto o medio plazo las características de las zonas protegidas”.

Por ello, la organización agraria considera “tremendamente injusto que, a quienes han hecho posible que exista una zona de protección, se les penalice tan brutalmente condenándolos al abandono de sus explotaciones y de sus pueblos, lo que conllevará en pocos años a que deje de existir la zona de protección por el abandono de los cultivos”.