Asaja Córdoba ha señalado que la campaña citrícola, que ya ha concluido en la provincia, “ha estado marcada por un descenso en la producción que se estima en un 40%”, con lo que, “finalmente, ha sido superior al 30% estimado por la Junta de Andalucía en sus aforos de inicio de campaña”.

Según ha informado la patronal agraria en una nota, en la última sesión de la mesa de cítricos, en la que ha participado Asaja Córdoba, “se ha aprovechado para hacer un análisis de la campaña 2025-2026 en la Vega del Guadalquivir, que prácticamente se encuentra ya al final de la recolección en una campaña marcada también por las borrascas acaecidas entre los meses de diciembre y febrero”.

En cuanto a los precios en origen de las naranjas, y a pesar del descenso de producción, “la demanda ha sido menor que la esperada, y las cotizaciones se han mantenido más o menos constantes, tanto de fresco, como de industria”.

En el caso de la industria, “el sector ha acogido con ilusión el anuncio de dos nuevos proyectos para la zona, por un lado, la unión de los productores de la Vega de naranja de industria en Dcoop y la compra de la fábrica de Zumosol y, por otro, el anuncio de García Carrión de abrir una fábrica en Fuente Palmera que, en ambos casos, deben contribuir a garantizar un precio justo y estable para la naranja destinada a zumo”. La sesión ha finalizado con “unas cotizaciones de 0,41 a 0,44 euros por kilo para la variedad Valencia Delta Calidad 1ª y de 0,35 euros por kilo para la naranja de industria”.

Otro de los aspectos que se han analizado fueron los efectos de las borrascas que azotaron la provincia entre los meses de diciembre y febrero, “que ocasionaron numerosos destrozos y pérdidas en muchas explotaciones, y de los que se esperan las ayudas de las diferentes administraciones y el efecto en la próxima campaña”.

Al menos, “ha sido un año en el que las citadas borrascas han provocado que las dotaciones de riego previstas para este verano sean las normales de antes de los años de sequía”.

A lo largo de esta semana dará comienzo la campaña de recolección del ajo en la provincia de Córdoba, concretamente en torno al 15 de mayo, comenzando las labores con la variedad 'spring', para concluir posteriormente con el ajo morado, y el presidente de la sectorial del ajo de Asaja Córdoba, Miguel del Pino, prevé “un incremento de la cosecha de entre un 40% y un 50% respecto al año pasado, que superó levemente las 8.000 toneladas”.

Según ha informado Asaja Córdoba en una nota, Del Pino ha señalado que se trata de “un dato muy positivo, impulsado fundamentalmente por las abundantes lluvias de invierno” y la consecuencia, según los datos oficiales presentados en la última asamblea de la Mesa Nacional del Ajo, es que la provincia de Córdoba, con una superficie sembrada de 900 hectáreas, alcanzará “una producción estimada de 11.100 toneladas, lo que certifica la recuperación productiva frente al ejercicio anterior”.

A pesar de que “se espera una calidad excelente, la superficie cultivada en la provincia se mantiene estancada en cifras históricamente bajas”. La extensión actual “se sitúa por debajo de las 1.000 hectáreas, muy lejos de las 7.000 que la provincia llegó a albergar en otras épocas”.

Esta contención se debe principalmente a la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua durante la época de siembra (otoño e invierno) y a “los elevados costes de producción”, que actualmente oscilan entre los 12.000 y 15.000 euros por hectárea. Esta “falta de garantías hídricas ha obligado a muchos productores cordobeses a desplazar sus plantaciones a provincias vecinas, como Granada o Málaga, o incluso a otras regiones, como Castilla-La Mancha” o a Valladolid, en Castilla y León.

Contexto andaluz y nacional

A nivel autonómico, “Andalucía refleja un comportamiento globalmente positivo para esta campaña”. Las previsiones para 2026 sitúan “la superficie cultivada andaluza en 3.360 hectáreas”. En cuanto a la producción, “se esperan 37.800 toneladas en toda la comunidad, lo que representa un considerable aumento del 31,4% respecto al volumen del año 2025”.

En el panorama nacional y según los datos que maneja Asaja, España cuenta este año con “una superficie cultivada de 24.400 hectáreas y una previsión de producción que alcanza las 237.800 toneladas”.

Sin embargo, “las buenas perspectivas de cosecha se ven ensombrecidas por la profunda preocupación del sector ante la pérdida de mercados y la caída de precios”. Esta situación es consecuencia directa de “la entrada masiva y temprana de producciones desde Egipto, un enemigo peligroso que satura el mercado europeo antes de que comience la recolección local”. De hecho, “las importaciones de la Unión Europea (UE) procedentes de terceros países han acumulado un crecimiento del 122% en cinco años”.

Dentro de esta escalada, “destaca el notable y alarmante crecimiento de las importaciones de la UE procedentes de Egipto, país que se ha convertido en el segundo principal abastecedor, con 19.555 toneladas, solo por detrás de China. Esta cifra supone más del doble de las 9.655 toneladas que Egipto exportó a la UE en 2024”.

Además, “este ajo egipcio entró en 2025 a un precio medio de 1,5 euros el kilo, lo que representa una caída de 20 céntimos por kilo respecto al año anterior, reventando la competitividad del mercado”. A esto se suma “el incremento de los costes logísticos y de los fletes marítimos a causa del conflicto armado en Irán y las tensiones en el transporte internacional”.

Ante este escenario de “grave pérdida de competitividad”, Asaja Córdoba se ha sumado a “las exigencias planteadas en la Mesa Nacional del Ajo para reclamar a la Unión Europea acciones contundentes de defensa comercial”, instando a “comprobar si el acuerdo bilateral entre Europa y Egipto contempla la activación de una cláusula de salvaguardia y, en su caso, valorar la posibilidad de promover su aplicación urgente”.

Además, exige “la actualización del arancel disuasorio de 1.200 euros por tonelada establecido en 2001 para las importaciones chinas, ya que la inflación acumulada del 77% en España entre 2001 y 2025 ha reducido significativamente su verdadera capacidad protectora”.

Finalmente, desde Asaja se demanda “un refuerzo inmediato de la supervisión y vigilancia en las aduanas europeas, para garantizar que todos los terceros países cumplen de manera estricta los requisitos vigentes, evitando cualquier situación de fraude comercial”.

Asaja Córdoba ha advertido este jueves de la “situación crítica” que, a su juicio, “atraviesan actualmente los cultivos de cereales de invierno en la provincia, en un momento clave para su desarrollo”, pues “las condiciones meteorológicas de las últimas semanas están teniendo un impacto negativo significativo en el estado de los cultivos, generando preocupación entre los agricultores”.

Así, según ha informado la patronal agraria en una nota, ha podido constatar sobre el terreno que “las siembras más tempranas presentan un mejor comportamiento que las tardías”, pero que “el aumento de las temperaturas, combinado con la elevada humedad y las precipitaciones recientes, está favoreciendo la proliferación de enfermedades y esta situación está debilitando notablemente los cultivos”.

Desde Asaja Córdoba se ha señalado que “ya se está produciendo una caída importante en el estado de los cereales, lo que previsiblemente afectará a la producción final” y, “aunque aún es pronto para cuantificar con exactitud las pérdidas, las primeras estimaciones apuntan a una merma considerable”, especialmente en la campiña cordobesa, principal zona productora de cereales de invierno en la provincia.

Además, en la zona Norte “ya han comenzado a cosecharse las primeras parcelas, destinadas principalmente a forraje para el ganado”, y “los resultados iniciales no son alentadores, lo que refuerza la preocupación general del sector”.

En este contexto, Asaja Córdoba ha calificado la campaña como “crítica” y ha señalado “la incertidumbre existente a corto plazo”, precisando que “la evolución de las condiciones climáticas en los próximos días será determinante, especialmente en lo relativo a la incidencia de enfermedades y la posibilidad de que los cultivos puedan recuperarse parcialmente”.

Un grupo de socios de Asaja Córdoba ha instado públicamente a su presidente, Fernando Adell, a que cese en lo que califican como una estrategia de “asustar y manipular” a los trabajadores de la organización. Estas críticas surgen tras las declaraciones del dirigente en una nota de prensa emitida el pasado jueves.

En dicha asamblea, los socios rechazaron por una diferencia mínima de votos la memoria de actividades del ejercicio anterior, las cuentas correspondientes a 2025 y el presupuesto previsto para 2026. Este resultado ha evidenciado un profundo cisma en la organización agraria, donde una parte significativa de los asociados ya exige la dimisión del presidente debido al descontento con su gestión.

Los críticos han sostenido que Adell está utilizando a los trabajadores para su “interés personal de forma indigna”, intentando ejercer presión sobre la masa social de la organización para lograr el respaldo a su gestión económica bajo la supuesta amenaza de congelar las retribuciones del personal si no se aceptan sus cuentas.

Como prueba de esta potestad administrativa, los socios opositores han señalado la reciente contratación de una nueva trabajadora para Asaja, cuyo salario fue fijado directamente por la presidencia.

Por otro lado, la propuesta de Adell de reformar los estatutos para que el sueldo del presidente no supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido recibida con total escepticismo por el grupo crítico. Estos han afirmado que no es necesario modificar ninguna norma interna para que el presidente se baje el sueldo de inmediato si así lo desea, y le exigen que, antes de proponer cambios futuros, devuelva lo que consideran que ha cobrado de más y las pagas de beneficios no autorizadas,.

Mientras tanto, Adell ha defendido la necesidad de una “renovación y modernización progresiva” de la entidad, atribuyendo el rechazo a sus propuestas a la concentración de votos en determinados grupos familiares y empresariales.

Asaja Córdoba celebró este miércoles su asamblea general con la participación de alrededor de 250 asistentes, de los más de 5.000 socios con los que cuenta la organización agraria en la provincia. La reunión se desarrolló con normalidad y dentro del clima habitual de debate y participación, a pesar del cisma abierto por una parte de los asociados, que piden la dimisión del presidente, Fernando Adell.

Durante la sesión, se sometieron a votación la memoria de actividades del ejercicio anterior, las cuentas correspondientes a 2025 y el presupuesto previsto para 2026. Las tres propuestas fueron rechazadas por “una diferencia mínima de votos”, lo que supone un revés para la Presidencia, que esgrime en un comunicado que en el resultado “fue determinante que una parte muy significativa de votos estaba concentrada en determinados grupos familiares o empresariales”.

Durante su intervención, el presidente de ASAJA Córdoba, Fernando Adell, planteó la necesidad de impulsar una renovación y modernización progresiva dentro de la organización, favoreciendo la incorporación de perfiles más jóvenes y promoviendo una mayor apertura en los procesos de participación interna.

Asimismo, defendió la conveniencia de revisar los actuales estatutos en profundidad, incluyendo que las retribuciones del presidente no puedan ser superiores al equivalente al salario mínimo interprofesional.

La asamblea concluyó sin incidentes, reflejando la pluralidad de posturas existentes en el seno de la organización y abriendo el debate sobre posibles cambios en su estructura y funcionamiento de cara al futuro.

Un grupo de socios de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Córdoba ha remitido un burofax de “extrema urgencia” a los miembros del Comité Ejecutivo —al que califican de “deficitario”— exigiendo cuentas claras ante presuntas irregularidades en la gestión del actual presidente,Fernando Adell, y la posible nulidad de la próxima Asamblea General.

La comunicación, fechada este 21 de abril de 2026 y facilitada a este periódico, pone el foco en supuestos beneficios económicos personales y conflictos de interés que afectan directamente a la cúpula de la organización agraria, que lleva meses viviendo un choque frontal entre su Presidencia y un sector importante de los asociados.

Ahora, el cisma ha dado un paso más. En el burofax, los denunciantes exigen información detallada sobre el cobro de “pagas de beneficios” por parte del presidente en los ejercicios 2024 y 2025, solicitando el desglose de los cálculos, su justificación y la identificación de quién autorizó dichos pagos.

Asimismo, se cuestiona la compra de regalos de Navidad a la empresa Dehesa de Campoalto SL, propiedad del propio presidente. Los socios piden aclarar el importe total percibido por esta mercantil durante los últimos dos años y si el presidente recibió productos de su propia empresa pagados por la asociación.

Impugnación de la Asamblea del 29 de abril

El escrito advierte de la “nulidad radical” de la Asamblea General Ordinaria convocada para el próximo 29 de abril. Según los socios, se pretenden aprobar unas cuentas y presupuestos que no han sido validados previamente por la Junta Directiva, contraviniendo los estatutos. Además, denuncian irregularidades en la convocatoria, señalando que se han enviado comunicaciones contradictorias sobre el lugar y la hora, y que muchos asociados aún no han recibido la notificación oficial, lo que vulneraría el artículo 13.4 de los Estatutos.

La denuncia revela una fractura total en el seno de Asaja Córdoba. Desde el 16 de febrero de 2026, el Comité Ejecutivo carece de vicepresidente primero y secretario de Actas tras la dimisión de cinco miembros. La entidad no cuenta con secretario general desde el 30 de enero de este año.

Asimismo, se solicita la verificación de los avales presentados por el presidente en su elección de 2024 —realizada sin votación— para comprobar si cumplen los mismos requisitos de identidad y representación que se exigen ahora a los socios. Los socios exigen la devolución inmediata de cualquier suma percibida sin aprobación expresa de los órganos de la Asociación. De no obtener respuesta satisfactoria a este requerimiento, anuncian que pondrán los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales.

Finalmente, han ofrecido a la directiva someterse a un Medio Alternativo de Solución de Controversias (MASC), conforme a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, para intentar desbloquear la situación antes de recurrir a otras instancias.

La organización agraria Asaja Córdoba atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras la celebración, este lunes, de una nueva junta directiva marcada por la tensión interna y el rechazo a la actual gestión.

Según confirman fuentes del sector crítico a este periódico, durante la reunión, el órgano directivo decidió no aprobar la memoria correspondiente a 2025, así como las cuentas de 2026 y los presupuestos previstos para el presente ejercicio. Además, la propuesta para constituir un nuevo comité ejecutivo fue igualmente rechazada y se expresó su desaprobación hacia la gestión del presidente Fernando Adell, y se reiteró la petición de dimisión, una solicitud que ya había sido planteada anteriormente por diferentes vías internas.

El sector crítico de la organización lleva meses articulando su oposición a la actual presidencia, con un recogida de más de 400 firmas con la que han buscado asediar al mandatario y forzarle a convocar una moción de confianza. Ahora, cerca de veinte miembros presentes en la junta han suscrito un documento en el que insisten en la necesidad de que Adell dimita, convoque una asamblea extraordinaria para someter su gestión a evaluación y facilite la celebración de elecciones que permitan renovar la presidencia y el comité ejecutivo.

Por su parte, Asaja Córdoba ha respondido a la polémica mediante un comunicado oficial en el que defiende su funcionamiento interno y su compromiso con el sector agrario. La dirección ha subrayado que las discrepancias forman parte de la normalidad en una entidad plural y deben resolverse dentro de los cauces establecidos en sus estatutos.

No obstante, denuncia la gravedad de algunas de las acusaciones vertidas públicamente y ha anunciado la puesta en marcha de mecanismos internos para analizar los hechos y garantizar la transparencia.

La organización agraria Asaja Córdoba ha informado de que la campaña de recogida de la naranja en la provincia encara su recta final con aproximadamente el 60% del fruto ya recolectado, en un contexto marcado por la reducción de producción y una evolución desigual del mercado.

Las previsiones apuntan a una caída mayor al 30% respecto a campañas anteriores, que es lo que se estimaba en un principio, por lo que esa disminución se verá aumentada ahora como consecuencia directa de los episodios de lluvias intensas y las posteriores inundaciones que han afectado a numerosas explotaciones citrícolas.

Sin embargo, la presidenta de la sectorial de cítricos de Asaja Córdoba, María Ángeles Herrero, ha subrayado que “la fruta que tenemos actualmente es de gran calidad, con un calibre alto”.

En cuanto a los precios, los datos de la última sesión de la Lonja Agropecuaria de Córdoba reflejan un mercado con escasa actividad, aunque con algunos signos de mejora en determinadas categorías. En concreto, se ha registrado una ligera subida en la parte alta de las horquillas de precios de las variedades del grupo Navel Powell, Barfield y Chislett en calidad primera, situándose entre 0,43 y 0,46 euros el kilogramo. Asimismo, la naranja Valencia Delta mantiene cotizaciones estables en torno a 0,45–0,46 euros el kilogramo, aunque con pocas operaciones.

En el segmento industrial, los precios se sitúan en 0,30 euros el kilogramo. Por otro lado, algunas variedades como Lane Late o la mandarina híbrida Tango han dejado de cotizar debido a la falta de fruta disponible.

Desde Asaja Córdoba, se ha valorado positivamente la calidad del fruto en esta fase final de campaña, donde los calibres altos están siendo determinantes en la parte superior de las cotizaciones. No obstante, se insiste en la necesidad de reforzar el apoyo al sector ante campañas cada vez más condicionadas por la climatología y la volatilidad del mercado, con el objetivo de garantizar la rentabilidad de las explotaciones citrícolas de la provincia.

La organización agraria Asaja Córdoba ha pedido este martes “que se derogue o, en su defecto, se modifique sustancialmente el decreto” mediante el que la Junta de Andalucía estableció en 2008 la declaración del Alto Guadiato, en el Norte de Córdoba, como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Entiende la patronal agraria, según ha explicado en una nota, que “las limitaciones que conlleva” la ZEPA “imposibilitan poder llevar a cabo las necesarias inversiones en las explotaciones” agrarias “para lograr la necesaria rentabilidad de las mismas, lo que ha ocasionado una situación de crisis en la zona”.

Ello implica, según ha señalado Asaja, que la comarca del Alto Guadiato “está sufriendo un grave estancamiento social y económico”, agravado año tras año, al poderse apreciar cómo explotaciones de comarcas limítrofes han podido modernizarse, transformarse y ganar en competitividad y rentabilidad“.

Además, “todas estas limitaciones impiden acogerse a las ayudas de modernización y a las ayudas de incorporación de jóvenes, al no cumplir los requisitos de esas convocatorias, que requieren mejorar y crear empleo en sus explotaciones”.

También “se ha demostrado que, con las ayudas que se prometieron cuando se declaró esta zona de protección, han ocurrido dos cosas, que nunca han llegado o que han sido un absoluto fracaso”. Por ello, Asaja ha subrayado que “es preciso reconocer que la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas es el principal activo de la economía del Guadiato y Los Pedroches”, que “están atravesando una situación límite y es necesario que se toman medidas que favorezcan la modernización y transformación de las mismas”.

Asaja ha destacado que no puede olvidarse que, “si hay una ZEPA o existen otras protecciones especiales en estas comarcas, se debe al trabajo realizado durante años por los agricultores y ganaderos. Sin ellos, no existirían esas zonas, y si se abandonan por falta de rentabilidad, desaparecerán a corto o medio plazo las características de las zonas protegidas”.

Por ello, la organización agraria considera “tremendamente injusto que, a quienes han hecho posible que exista una zona de protección, se les penalice tan brutalmente condenándolos al abandono de sus explotaciones y de sus pueblos, lo que conllevará en pocos años a que deje de existir la zona de protección por el abandono de los cultivos”.

La organización agraria Asaja Córdoba ha advertido que “la actual tensión internacional derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán está teniendo ya consecuencias directas y muy graves para el campo cordobés”, pues “la subida repentina del precio del gasóleo agrícola y de los fertilizantes ha provocado, en apenas unos días, un incremento de costes superior a 21 millones de euros para los agricultores y ganaderos de la provincia”.

Así lo ha destacado este lunes en una nota el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, quien ha explicado que, según los datos que maneja su organización, “el gasóleo agrícola ha experimentado subidas de más del 40%, mientras que los fertilizantes han aumentado más del 35%, incrementos que se han producido de forma acelerada a raíz de la incertidumbre geopolítica y de la tensión en los mercados energéticos y de materias primas”.

Adell ha señalado que esta situación “llega en un momento especialmente delicado para el sector”, porque, “tras semanas de lluvias que han impedido trabajar en muchas parcelas, los agricultores cordobeses han comenzado ahora las labores clave de la campaña, justo cuando los costes se han disparado”.

Actualmente, en el campo se están realizando labores en tierra calma para la siembra de cultivos de primavera, así como trabajos en cultivos ya implantados, especialmente cereales, donde se está llevando a cabo el abonado de cobertera y tratamientos con herbicidas y fungicidas. Mientras que en los cultivos leñosos ocurre lo mismo, según ha añadido Adell, porque “es momento de abonar, tratar y preparar los cultivos para garantizar la producción”.

Sin embargo, “el agricultor que ha esperado semanas para poder entrar en su parcela se encuentra ahora con que cada labor supone un coste mucho mayor”, de tal forma que “el dinero de los agricultores y ganaderos de Córdoba se escapa por el tubo de escape de los tractores y se queda en el saco de abono”.

La patronal agraria ha argumentado que, además, se da “una situación profundamente injusta, porque mientras una gasolinera puede subir el precio de su producto en cuanto aumentan sus costes, el agricultor o ganadero cordobés no puede decidir a cuánto vende su aceite, su trigo o su ganado. Los precios de venta los fija el mercado, mientras que los costes se disparan por factores geopolíticos completamente ajenos al sector”.

Por ello, la organización agraria ha criticado “posibles situaciones de especulación” y ha pedido “que se investigue también la tardanza en el suministro de gasóleo, ya que los precios están subiendo a gran velocidad, incluso en productos procedentes de 'stock' previamente almacenado”.

Ante ello, Asaja Córdoba ha reclamado a los gobiernos central y autonómico “que anuncien de forma urgente medidas compensatorias que permitan aliviar el impacto económico sobre el sector agrario y ganadero. La Administración debe tener claro que, si el tractor se para, la nevera se vacía”, según ha avisado Adell, quien ha añadido que “con los actuales precios del gasóleo y de los fertilizantes, Córdoba no cultiva futuro, solo siembra pérdidas”, insistiendo en que el sector no puede seguir absorbiendo incrementos de costes de esta magnitud.

Además, ha lamentado que “el mercado nos impone el precio de venta, pero la geopolítica nos impone el precio de coste y, mientras tanto, el campo no puede detenerse porque los cultivos deben abonarse y tratarse ahora, las tierras deben labrarse y los ganaderos deben alimentar a su ganado, transportar animales y garantizar la recogida diaria de la leche”.

Por último, desde Asaja Córdoba se ha lanzado un mensaje a las administraciones pidiendo que “no dejen solos” a los agricultores y ganaderos “financiando una crisis geopolítica”, pues, “si el agricultor se descapitaliza hoy pagando un 30% más por el abono, mañana no habrá quien siembre, y la soberanía alimentaria de España podría quedar en manos de terceros países”.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha advertido este miércoles del perjuicio para las exportaciones del sector agroalimentario cordobés que va a causar el cierre del Estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto en Oriente Medio, pues los países de ese entorno “son países grandes consumidores de esos productos”, que ahora no les están llegando.

En este sentido y a través de un audio remitido a los medios de comunicación, Díaz ha asegurado que esa situación “está afectando fundamentalmente al sector agroalimentario, al sector de la industria agroalimentaria” de Córdoba, en concreto “al sector del aceite y al sector de la aceituna de mesa”.

La cuestión, según ha lamentado el máximo responsable de la patronal cordobesa, es que “ahora mismo hay muchos barcos mercantes con contenedores parados, es decir, no sabiendo dónde van a poder ir, ya que el Estrecho de Ormuz está cortado, y lo normal es que vengan de regreso, en algunos casos, y eso quién lo va a pagar son las empresas”.

Entre tanto, según ha advertido Antonio Díaz, “la incertidumbre es absoluta y la preocupación mayor”, pues “en tiempos de incertidumbre no se toman decisiones, y eso paraliza la economía y paraliza el empleo, lo paraliza todo”.

En cuanto a cifras de pérdidas concretas para los sectores productivos cordobeses, como derivada económica del conflicto bélico, el presidente de CECO ha aclarado que “todavía es muy pronto” para evaluarlas, pero ha avisado que ahora se da “la tormenta perfecta”, pues “todo está interrelacionado” y tiene “sus consecuencias”.

Además, no descarta que se pueda resentir el consumo interno, ya que “también hay que tener en cuenta que las familias españolas están sufriendo una presión fiscal muy alta, la más alta que nunca ha tenido”, y sus efectos “se acentúan más” en “momentos como los que estamos viviendo”.

Asaja advierte de las consecuencias de “un bloqueo prolongado”

La organización agraria Asaja Córdoba ha advertido este miércoles que “un bloqueo prolongado” del Estrecho de Ormuz, ahora cerrado en el marco del conflicto bélico en Oriente Medio, “puede desencadenar un alza inevitable” en los costes de producción para el sector primario en la provincia, en cultivos como el olivar y los cereales, además de en la ganadería extensiva.

Así lo han destacado a Europa Press fuentes de la patronal agraria cordobesa, señalando que “el Estrecho de Ormuz es un punto clave por donde pasa gran parte del petróleo y gas comercial del mundo. Si se dificulta o bloquea su transporte los precios internacionales de los combustibles y de la energía subirán de forma notable”, y ello “repercute directamente en el precio del gasóleo agrícola, de los fertilizantes y de la energía eléctrica necesaria para el riego”.

Estos, según han aclarado desde Asaja Córdoba, “son insumos esenciales para explotaciones de olivar, cereales, horticultura y ganadería”, de modo que “un bloqueo prolongado puede desencadenar un alza inevitable de estos costes y presionar todavía más los estrechos márgenes del campo cordobés”.

En este contexto y según han precisado las mismas fuentes, “los sectores más sensibles en la provincia son el aceite de oliva y las aceitunas de mesa”, que son “productos emblemáticos de la exportación andaluza y cordobesa, que utilizan rutas marítimas para llegar a mercados exteriores”.

También se verán afectadas las explotaciones agrícolas de “hortalizas, frutales y cereales”, dado que la previsible “alza de los insumos y la energía encarecería la producción y puede reducir su competitividad”.

De igual forma, “la ganadería extensiva, ovina y bovina” sufrirá “incrementos en el coste del pienso y del combustible” que precisan para su actividad, lo cual tendrá repercusión “en los costes finales” de explotación para los ganaderos.

Ante este escenario, desde Asaja se exige “la eliminación de los aranceles a la Nación Más Favorecida (NMF), al menos durante cinco años, y no solo durante un año”, que “Estados Unidos y Trinidad y Tobago se beneficien de este régimen sin aranceles”, que se establezcan “ayudas extraordinarias fuera de la PAC a nivel comunitario, así como ayudas de Estado a nivel nacional, como ya se hizo en el pasado”, y “el fin inmediato del CBAM al carbono, para que la Comisión Europea cumpla la promesa realizada en enero” pasado.

De hecho, según han subrayado desde la patronal agraria, “el sector no puede asumir más presión en un contexto de elevada volatilidad” y, por eso, Asaja Córdoba reclama “decisiones inmediatas, para garantizar estabilidad en el suministro y en los costes de producción”.

Las organizaciones Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han valorado en la mañana de este miércoles los posibles efectos en el campo andaluz de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar toda relación comercial ante el rechazo del presidente de España, Pedro Sánchez, de que los estadounidenses utilizaran las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para atacar a Irán. Al respecto, las asociaciones han reclamado acuerdos con terceros países “para evitar incertidumbres”.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha concretado que Estados Unidos es “el segundo país exportador más importante que tenemos”, motivo por el que ha reclamado que “en momentos así, echamos en falta acuerdos comerciales con terceros países que nos permitan abrir nuevos mercados”.

En esta línea, Cózar ha indicado que esperan “que no repercutan estas decisiones del presidente norteamericano” ante la ofensiva lanzada conjunta con Israel hacia Irán el pasado sábado, 28 de febrero, al tiempo que ha pedido “prudencia” hasta conocer “si se cierran realmente las puertas a cualquier comercio de Estados Unidos con España”.

Por su parte, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Sierra, ha precisado a Europa Press que la postura del Gobierno español ante el “exabrupto” de Trump debería ser “la que conjuntamente tiene la Unión Europea”, así como ha pedido “no meterse innecesariamente en charcos que acaban causando grandes problemas”.

En cambio, COAG Andalucía ha comparado el conflicto bélico en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz con la situación sobrevenida por la guerra en Ucrania y el consecuente aumento de los costes de producción, motivo por el que ha mostrado “su profunda preocupación” ante “un nuevo encarecimiento de la energía y de los insumos agrarios”, lo que supondría “un nuevo varapalo para la rentabilidad de agricultores y ganaderos andaluces”, según han emitido en una nota.

“Nos preocupa seriamente que la historia se repita”, ha declarado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, que ha apuntado que “cada conflicto internacional acaba repercutiendo directamente en el campo andaluz, especialmente a través del precio de la energía y los insumos”, y los agricultores y ganaderos “no pueden volver a asumir en solitario otro golpe de estas dimensiones”.

Al hilo, la organización agraria ha apostillado que el encarecimiento del petróleo y del gas tendría un “efecto inmediato” en el gasóleo agrícola, el transporte, los fertilizantes nitrogenados y, en definitiva, en el conjunto de la cadena alimentaria, motivo por el que han reclamado a las administraciones “vigilancia, anticipación y medidas preventivas” para evitar que una nueva crisis internacional “vuelva a traducirse en pérdida de rentabilidad en el campo”.

También se ha pronunciado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ante la amenaza de ruptura de relaciones económicas de Estados Unidos con España, y ha explicado que desde su organización les “llena de mucha incertidumbre” un conflicto con Estados Unidos, “sobre todo en sectores como el aceite o la aceituna de mesa”.

“El 17% de nuestra producción se exportó a Estados Unidos, por tanto nos preocupa que el sector agroalimentario pague las consecuencias de un conflicto en donde nuestro sector, como siempre, va a ser el pagano de las decisiones geopolíticas que ocurran en el caso de España”, ha criticado Torres.

Por este motivo, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucia ha exigido al Ejecutivo en un vídeo remitido a los medios “retomar las relaciones diplomáticas con un país como Estados Unidos, para nosotros muy importante desde el punto de vista agroalimentario”, mientras que ha deseado que “no se impongan ni aranceles ni trabas comerciales al libre comercio como consecuencia de un conflicto geopolítico”.

En contexto, Sánchez ha trasladado este miércoles que la posición española frente al conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es 'No a la guerra' y ha asegurado no temer a las “represalias” por mantener esta postura. Asimismo, después de que Trump amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación, Sánchez se ha reafirmado en su posición y ha señalado que no van a ser “cómplices” de algo que es “malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”.

El pulso interno en Asaja Córdoba entra en una nueva fase. El sector crítico con el actual presidente, Fernando Adell Martí, asegura haber superado ya el número mínimo de firmas exigido por los estatutos para solicitar formalmente la convocatoria de una asamblea general extraordinaria en la que se analice su gestión y se vote su continuidad o cese.

Según ha explicado a este periódico uno de los portavoces de los promotores de la iniciativa, la documentación será presentada el próximo martes ante notario, con el objetivo de dar validez formal al procedimiento y obligar a la Presidencia a incluir el punto en el orden del día de la próxima Asamblea.

Este portavoz, que lleva años formando parte de Asaja, ha remarcado que los estatutos de la organización establecen que al menos el 5% de los socios deben respaldar con su firma la solicitud para que la asamblea extraordinaria sea convocada. En el caso de Asaja Córdoba, continúa, ese porcentaje se sitúa en torno a las 280 firmas. Así, el sector crítico afirma haber alcanzado ya más de 400 apoyos, una cifra sensiblemente superior al mínimo requerido.

“Las vamos a presentar la semana que viene. Superamos ampliamente el cinco por ciento”, aseguran. El documento que circula desde hace días entre los asociados propone la celebración de una asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día: el análisis de la gestión de la Presidencia y la adopción de medidas, incluida la ratificación o el cese del presidente, en la práctica una moción de censura interna.

El origen del conflicto: la junta del 14 de enero

El enfrentamiento se remonta, según los críticos, a la junta directiva celebrada el 14 de enero de 2026. En aquella reunión, explican, una amplia mayoría de los miembros solicitó formalmente —mediante requerimiento notarial— que se incluyera en el orden del día la convocatoria de elecciones y que un notario levantara acta de lo ocurrido.

Siempre según esta versión, ambas peticiones fueron rechazadas por el presidente, al que le pidieron informalmente la dimisión y la convocatoria de elecciones. Este se negó. Desde el sector disidente argumentan, además, que Fernando Adell no fue elegido directamente en unas elecciones como presidente, sino que accedió al cargo tras ser designado por el anterior máximo responsable de la organización, Ignacio Fernández de Mesa, con quien había ocupado la vicepresidencia durante casi 20 años.

“Si no te ha votado nadie, no puedes aferrarte a que cumplirás tu legislatura pase lo que pase”, sostienen desde el grupo promotor, que asegura que el propio Adell manifestó en la reunión que no abandonará el cargo hasta completar el mandato. Los críticos también apuntan a una pérdida de apoyos en los órganos de gobierno.Así, de los diez integrantes del consejo rector —nueve más el presidente— han dimitido cinco miembros, entre ellos el vicepresidente primero y la secretaria de actas, quedando actualmente cuatro miembros junto al presidente.

Con la presentación de las firmas ante notario, el sector crítico pretende activar formalmente el mecanismo estatutario que obligue a convocar la asamblea extraordinaria. No obstante, anticipan que el conflicto podría acabar en los tribunales si la Presidencia se niega a dar curso a la solicitud.

Desde la dirección de Asaja Córdoba, consultada en anteriores informaciones sobre la recogida de firmas, se indicó que no tenían constancia oficial de la iniciativa y no se realizaron valoraciones públicas.

Un grupo de afiliados y miembros de la junta directiva de Asaja Córdoba ha iniciado una recogida de firmas para promover una asamblea extraordinaria en la organización con el objetivo de analizar la gestión del presidente, Fernando Adell Martí, y votar su continuidad o cese.

La iniciativa, que en la práctica supondría una moción de censura y la convocatoria de nuevas elecciones, se ampara en los estatutos de la organización. Según uno de los socios promotores, todo parte de una asamblea anterior en la que “se pidió convocatoria de nuevas elecciones o ratificar o no al presidente y éste se negó”. Ante esa negativa, explica, “la única vía para ello según estatutos es que el 5% de los socios firmen para que se incluya en el orden del día”.

El documento que se está distribuyendo entre los asociados solicita formalmente la convocatoria de una asamblea extraordinaria con un único punto: “Análisis de la gestión llevada a cabo por la Presidencia de ASAJA Córdoba. Medidas a adoptar. Ratificar o cesar al Presidente”. Además, fija como propuesta de fecha el 29 de abril de 2026.

Los impulsores sostienen que la actual situación responde a un clima de tensión interna. “El presidente hace declaraciones que no se corresponden con un presidente de Asaja y hay una lucha interna para cesarlo”, afirma el socio consultado.

En el escrito que acompaña la recogida de firmas también se alude a la negativa del presidente a atender requerimientos notariales para incluir este asunto en el orden del día de la junta directiva y para permitir que un notario levantara acta de la reunión, algo que los promotores consideran contrario a los principios democráticos y de transparencia que, a su juicio, deben regir la organización.

Por su parte, desde ASAJA Córdoba han señalado que “no tenemos conocimiento de la recogida de firmas, por lo que no podemos hacer declaraciones”.

De prosperar la iniciativa y alcanzarse el mínimo del 5% de apoyos exigido en los estatutos, la asamblea extraordinaria debería abordar la continuidad de Fernando Adell Martí al frente de la organización agraria cordobesa, que preside desde junio de 2024.

Asaja Córdoba ha solicitado a todos los ayuntamientos de la provincia la aplicación de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica, como medida urgente de apoyo al sector agrario ante los graves daños que está sufriendo el campo cordobés a causa de los últimos temporales.

En un comunicado, exponen que las intensas lluvias, acompañadas en muchos casos de fuertes rachas de viento, están provocando “importantes pérdidas en explotaciones agrícolas y ganaderas, con daños directos en cultivos, infraestructuras agrarias, caminos rurales y sistemas de riego”. A ello, se suma la dificultad para acceder a las fincas y realizar labores esenciales, lo que agrava aún más la situación económica de los productores.

En este sentido, pide también la implicación de la Diputación de Córdoba, a través de la puesta en marcha de acuerdos de colaboración y líneas de apoyo económico con los ayuntamientos, que permitan “acometer de manera urgente la reparación y acondicionamiento de los caminos públicos municipales”. El objetivo es garantizar el acceso de los agricultores y ganaderos a sus explotaciones, actualmente muy dificultado o incluso imposible en numerosos puntos de la provincia tras los daños ocasionados por el temporal.

Declaración de catástrofe natural

Asimismo, Asaja solicita para toda la provincia de Córdoba la declaración de catástrofe natural ante “la magnitud y extensión de los daños provocados” por los temporales. La organización agraria considera que esta declaración es fundamental para activar ayudas extraordinarias, medidas fiscales y mecanismos de apoyo que “permitan a los agricultores y ganaderos hacer frente a las pérdidas sufridas y recuperar la normalidad en sus explotaciones”.

Desde la organización agraria se recuerda que los agricultores y ganaderos atraviesan un momento especialmente complicado, marcado por el incremento de los costes de producción, la inestabilidad de los mercados y la falta de rentabilidad en numerosas explotaciones. En este contexto, la organización agraria considera imprescindible que las administraciones locales adopten medidas fiscales que contribuyan a aliviar la carga económica del sector.

“La rebaja del IBI de rústica es una herramienta eficaz y directa que está en manos de los ayuntamientos y que puede suponer un importante alivio para los profesionales del campo en un año especialmente duro”, señalan desde Asaja Córdoba, que confía en la sensibilidad y el compromiso de los consistorios con un sector clave para la economía y el empleo en el medio rural.

La organización agraria insiste en que el campo cordobés necesita apoyo real y medidas concretas, y reitera su disposición a colaborar con las administraciones locales para articular soluciones que ayuden a los agricultores y ganaderos a superar las consecuencias de este temporal y garantizar la continuidad de sus explotaciones.

Comunicación de daños

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha pedido este martes a los agricultores y ganaderos de la provincia que comuniquen los daños sufridos en sus explotaciones, tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta, mediante la aplicación DCAL (Datos Climáticos Adversos Locales), impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Molina ha señalado que “estas borrascas han provocado importantes daños en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia, afectando a cultivos, infraestructuras, caminos rurales y sistemas de riego”, al tiempo que ha subrayado la necesidad de contar con información precisa para actuar con rapidez.

En este sentido, el delegado del Gobierno andaluz ha explicado que “la comunicación de los daños a través de la app DCAL es fundamental para que la Administración tenga un conocimiento real y actualizado del impacto del temporal y pueda valorar las medidas de apoyo necesarias”.

Además, ha recordado la importancia de activar los seguros agrarios correspondientes. “Es imprescindible que los agricultores y ganaderos contacten con sus aseguradoras para tramitar los partes de siniestro y poder acogerse a las coberturas previstas ante este tipo de fenómenos meteorológicos extremos”, ha indicado.

Adolfo Molina ha querido trasladar un mensaje de apoyo al sector primario cordobés, destacando que “el Gobierno andaluz es plenamente consciente de las dificultades que está atravesando el campo tras este episodio de lluvias y está trabajando de manera coordinada para evaluar los daños y acompañar al sector en el proceso de recuperación”.

Por último, el delegado ha reiterado que “el campo cordobés es un pilar estratégico para la economía y el empleo de nuestra provincia, y desde la Junta de Andalucía vamos a seguir al lado de agricultores y ganaderos, ofreciendo información, apoyo y acompañamiento”, animando a los afectados a acudir a sus oficinas comarcales agrarias (OCA) para recibir asesoramiento.

La organización agraria Asaja Córdoba ha celebrado este miércoles la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de ayer martes de la resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se amplía, con carácter excepcional, el plazo para celebrar aquellas monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión que no han podido celebrarse durante el periodo hábil de caza en la temporada cinegética 2025/26.

Se trata, según ha informado la patronal agraria en una nota, de “algo totalmente excepcional ante la meteorología tan adversa” que se está registrando desde enero y, “del mismo modo que las continuadas borrascas están afectando de forma muy preocupante a la recolección del olivar y los cítricos, o a la siembra de cultivos herbáceos anuales, la actividad cinegética también se está viendo seriamente afectada”.

La lluvia ha supuesto que “en muchas fincas se hayan desbordado ríos y arroyos, se hayan roto caminos, se hayan tumbado alambradas, y el barro ha provocado que estas áreas sean intransitables”. Por ello, “en Andalucía se estima que pueden ser centenares las actividades cinegéticas comunicadas que podrían no haber sido celebradas a fecha del próximo 8 de febrero, en la que estaba prevista la finalización del periodo hábil de caza para estas modalidades”.

Por tanto, en esta resolución se recoge literalmente que “las monterías, ganchos, batidas y batidas de gestión que, habiendo sido comunicadas y prevista su celebración en los meses de enero y febrero dentro del período hábil de caza del ciervo, gamo, muflón y jabalí en la temporada cinegética 2025/26, no han podido celebrarse por causas meteorológicas, podrán llevarse a cabo hasta el próximo 28 de febrero de 2026, teniendo este plazo adicional carácter improrrogable.”

Asaja Córdoba ha agradecido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente “la celeridad con la que ha atendido esta petición”, y ha valorado “muy positivamente su predisposición y empatía ante estas circunstancias excepcionales, para con el sector”.

El sector agrario de Córdoba ha anunciado una nueva jornada de movilizaciones para el próximo 29 de enero con el objetivo de protestar contra la firma del acuerdo con Mercosur y otros tratados comerciales con terceros países que utilizan al campo como moneda de cambio. Las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias denuncian que el sector ha llegado a una situación límite marcada por la reducción de activos, el cierre de explotaciones y el hundimiento de la ganadería, por lo que instan a agricultores, ganaderos y al resto de la ciudadanía a sumarse a estas protestas en defensa del mundo rural.

Los convocantes advierten que el acuerdo con Mercosur carece de reciprocidad y supone una competencia desleal que pone en peligro sectores clave para la provincia de Córdoba como los cítricos, la aceituna de mesa y la ganadería. Según detallan las organizaciones, se trata de un pacto desequilibrado donde incluso sectores como el aceite de oliva y el vino podrían verse perjudicados debido a los largos periodos de liberalización y a la ineficacia de las cláusulas de salvaguardia. Estas medidas de protección son consideradas insuficientes y difíciles de controlar en una Unión Europea que carece de un control de fronteras común y efectivo en origen.

La movilización también se dirige contra la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea, el cual plantea un recorte presupuestario que amenaza la arquitectura de la PAC. El sector agrario cordobés exige una política agraria robusta que no se convierta en un elemento residual, ya que de ella dependen la seguridad alimentaria y la estabilidad de las zonas rurales europeas. A esta preocupación se suma el incremento inasumible de los costes de producción, especialmente en energía y fertilizantes, junto a una carga burocrática creciente que dificulta el desarrollo eficiente de la actividad agraria.

En materia de agua, las organizaciones exigen garantías de acceso y un aumento de los regadíos en Córdoba a través de un Plan Hidrológico Nacional justo y una estrategia consensuada entre administraciones. Reclaman inversiones en infraestructuras que incluyan todas las fuentes disponibles, como aguas regeneradas o desaladas, para que el recurso hídrico deje de ser un arma política. Finalmente, el sector subraya la importancia de proteger la soberanía alimentaria aumentando los controles en las fronteras para asegurar que todos los alimentos importados cumplan las mismas exigencias sanitarias y de producción que se imponen a los productores europeos.

La organización agraria Asaja ha solicitado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía poder ampliar las batidas y la caza en mano de jabalí, desde el 8 de febrero -fecha en la que está previsto que finalicen-, hasta el 15 de marzo. 

En un comunicado, recuerda que el 13 de junio de 2025 se publicó en el BOJA la resolución por la que se declaró la emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados en Andalucía. Más recientemente, y tras los brotes de Peste Porcina Africada (PPA) detectados en Cataluña, las administraciones públicas han implementado nuevas declaraciones de emergencia para poder llevar a cabo, si cabe, de forma más eficaz, la caza y control de jabalíes y cerdos asilvestrados y, en concreto, el 5 de diciembre de 2025 se publicó en BOJA otra resolución.

Sin embargo, en ninguna de ellas se ha contemplado la posibilidad de poder celebrar batidas más allá del 8 de febrero de 2026, día en que finaliza el periodo hábil de caza mayor en esta temporada de caza, cuando en años pasados, sí se han podido celebrar hasta el 15 de marzo modalidades como la caza en mano o las batidas. 

 Para Asaja, “en el escenario sanitario en el que nos encontramos, en el que existe una enorme preocupación respecto a la PPA y la posible incidencia que esta pudiera tener sobre el sector del porcino”, entiende que deben habilitarse todas las medidas posibles de control de jabalí y cerdo asilvestrado. 

Este año, además, “por las abundantes y continuadas lluvias, son muchas las monterías y batidas que no han podido celebrarse, o que, se han podido desarrollar, pero sin lograr las capturas deseables de jabalí por la dificultad que la lluvia supone de cara al normal desarrollo de las cacerías”, apunta la organización agraria. 

 Asaja recuerda que la caza es importante para poder actuar sobre las poblaciones de fauna cinegética silvestre, y pone de nuevo en valor la actividad que se lleva a cabo todos los años por parte de titulares de cotos, de cazadores y de los gestores y profesionales que hacen posibles las cacerías.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado la puesta en marcha de un proceso de movilización a nivel nacional que incluirá concentraciones, tractoradas y distintos actos reivindicativos en todo el territorio español. Las protestas culminarán con una jornada de movilización general para denunciar la situación que atraviesa el sector agrario.

Las organizaciones han acordado dar flexibilidad a los distintos territorios para que puedan decidir la fecha y el formato de las movilizaciones en función de sus particularidades, aunque han subrayado la importancia de concentrar el mayor número posible de acciones el próximo 29 de enero, con el objetivo de lanzar un mensaje “claro y unitario” desde el conjunto del campo español.

“El objetivo es que se vea la fuerza del sector agrario en todo el territorio, con una respuesta coordinada frente a decisiones que nos afectan directamente”, ha señalado el presidente de Asaja en una nota remitida a los medios de comunicación. Las diferentes manifestaciones comenzarán el 26 de enero y culminarán el 30.

El acuerdo UE-Mercosur, principal detonante

Uno de los principales motivos de las movilizaciones es el rechazo frontal de Asaja al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur en su formulación actual. La organización ha considerado que se trata de un acuerdo desequilibrado, sin reciprocidad y generador de competencia desleal para los productores europeos. Además, ha advertido de que el acuerdo pone en riesgo a sectores estratégicos como la carne de vacuno, el azúcar y la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura.

Según datos de la Comisión Europea citados por la organización, solo el 0,0082% de los productos agroalimentarios que entran en la UE son inspeccionados físicamente, un nivel que consideran claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad alimentaria. Asaja ha recordado, por otro lado, que el propio Gobierno de Brasil ha reconocido públicamente que no es capaz de controlar de forma efectiva el uso de hormonas en la producción de carne.

La organización agraria también ha querido matizar algunos de los argumentos utilizados para defender el acuerdo, especialmente en relación con productos como el aceite de oliva o el vino. Asaja ha sostenido que, incluso en estos sectores, no se obtendrán beneficios reales a corto plazo debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización.

Asimismo, ha advertido de que presentar al aceite de oliva como uno de los grandes beneficiados del acuerdo “distorsiona la realidad” y oculta los desequilibrios que genera. En este contexto, Asaja ha recordado que la balanza comercial agroalimentaria con Mercosur es claramente deficitaria para España: en 2024 las importaciones superaron los 4.100 millones de euros, frente a exportaciones que apenas alcanzaron los 463 millones.

Preocupación por el presupuesto agrario europeo y los costes

Otro de los ejes de la protesta es el futuro presupuesto agrario de la Unión Europea. Asaja ha denunciado la falta de claridad en las cifras, la existencia de recortes encubiertos y el riesgo de que los fondos destinados a agricultura y ganadería se diluyan bajo conceptos genéricos vinculados al medio rural. “La solución es sencilla: completar el presupuesto agrario, mantener el primer y el segundo pilar y evitar recortes que pueden alcanzar el 22 %”, ha señalado el presidente de Asaja .

El aumento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que ha llevado al sector a movilizarse. Asaja ha alertado de que cultivos como los cereales podrían quedar abocados a la desaparición si no se adoptan medidas específicas de apoyo.

Las persistentes lluvias registradas durante el otoño y el comienzo del invierno están provocando un importante retraso en las siembras de los cereales de invierno en la provincia de Córdoba. Según ha informado Asaja, en este momento de la campaña, todavía queda por sembrar más del 20% de la superficie prevista, una situación “poco habitual que genera preocupación entre los agricultores”.

Además del retraso generalizado, se produce una reducción significativa en la superficie dedicada al trigo duro, que en la provincia cae en torno a un 15% debido a la poca rentabilidad que ha tenido en las últimas campañas. No obstante, esta disminución se verá compensada, en parte, por un aumento de las siembras de trigo blando y triticale.

Desde Asaja se ha advertido de que “si las lluvias continúan en las próximas semanas e impiden la entrada de la maquinaria en las parcelas, muchos agricultores se verán obligados a desistir de la siembra de cereales de invierno y optar, en la medida de lo posible, por cultivos de primavera”.

Dicha decisión estará condicionada, no obstante, al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Política Agraria Común (PAC), especialmente en lo relativo a los pagos de las ayudas y a la posibilidad de realizar cambios de cultivo sin penalizaciones.

Asaja ha insistido en “la necesidad de que la administración tenga en cuenta esta situación excepcional derivada de las condiciones climáticas y adopte medidas de flexibilidad que permitan a los agricultores adaptar sus decisiones productivas sin que ello suponga un perjuicio económico añadido a una campaña ya marcada por la incertidumbre”.