Un grupo de socios de Asaja Córdoba han entregado en el registro de entrada de la organización un amplio documento con las principales demandas que consideran que deben trasladarse al Gobierno de España y al resto de administraciones competentes para hacer frente a la difícil situación que atraviesan agricultores y ganaderos. Los asociados reclaman al presidente, Fernando Adell, que recupere la actividad reivindicativa de una entidad que consideran que ha perdido toda su capacidad de interlocución y defensa del campo cordobés.

Entre las cuestiones más urgentes destacan la falta de mano de obra, el incremento descontrolado de los costes de producción y laborales, la subida del gasóleo agrícola, la competencia desleal de terceros países, la reforma de la PAC o el pago de las ayudas comprometidas y todavía pendientes, especialmente las destinadas a paliar los daños ocasionados por las borrascas.

Iván de Arteaga ha explicado que la iniciativa responde a la ausencia de información y debate en los órganos de gobierno de la organización. “En la última Junta Directiva, tras casi seis meses sin una convocatoria, el presidente no informó de ninguna iniciativa reivindicativa, no presentó propuestas para afrontar los problemas del sector ni pidió autorización a la Junta Directiva para ninguna actuación. Ante esa falta de diálogo y debate nos vemos obligados a presentarle propuestas para intentar que Asaja Córdoba vuelva a ocuparse de los problemas reales de agricultores y ganaderos”, ha señalado.

Los socios consideran imprescindible que Asaja Córdoba mantenga una posición firme ante la futura reforma de la Política Agraria Común y la posible reducción de las ayudas, así como frente al exceso de burocracia, las dificultades derivadas del cuaderno digital de explotación y la aplicación de normativas que no siempre tienen en cuenta las peculiaridades del trabajo agrario.

También reclaman un mayor control sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar que los agricultores se vean obligados a vender por debajo de sus costes de producción, así como una mayor transparencia en la formación de precios y en el funcionamiento de los mercados agrícolas.

En materia de competencia exterior, demandan una revisión de los acuerdos comerciales con Marruecos y Túnez relativos al aceite de oliva, el reforzamiento de los controles en frontera y la aplicación efectiva de las denominadas cláusulas espejo para impedir que productos de terceros países compitan en condiciones ventajosas respecto a los europeos. También solicitan un control más riguroso del Tráfico de Perfeccionamiento Activo, especialmente en relación con la entrada de aceite de oliva de países extracomunitarios.

El documento reivindicativo recoge también actuaciones frente a la tuberculosis bovina y las restricciones que afectan a las explotaciones ganaderas, la mejora de los seguros agrarios, nuevas infraestructuras rurales, el aprovechamiento de aguas regeneradas para riego, la limpieza de cauces, ayudas para la retirada de amianto y la prevención de incendios forestales, así como soluciones a la reducción de materias activas y a las dificultades de las inspecciones técnicas de vehículos y equipos agrícolas.

Asimismo se recogen peticiones en relación al sector del cerdo ibérico, del cual nunca ha informado Fernando Adell a la Junta Directiva ni a la sectorial del ibérico, pese a que actualmente se están negociando en el ámbito nacional modificaciones de la norma de calidad que pueden introducir importantes cambios para las producciones de cebo, cebo de campo y bellota, que pueden ser muy perjudiciales para los ganaderos de la DOP de los Pedroches y favorecer a quien se aprovechan del trabajo de estos.

Necesidad de una Asaja fuerte y reivindicativa

Los socios consideran que el campo cordobés necesita una Asaja fuerte, reivindicativa y presente ante las administraciones y mantienen que no se puede permitir que los problemas internos y una gestión personalista y opaca siga apartando a la organización de lo verdaderamente importante: defender a los agricultores y ganaderos. “Asaja Córdoba no pertenece a su presidente. Es una organización de agricultores y ganaderos que tiene unos estatutos, una Junta Directiva y unos órganos de representación que deben ser respetados. No se puede gobernar de espaldas a quienes representan a los socios y pretender que estos acepten decisiones que nunca se han debatido”, ha añadido.

Los socios recuerdan que durante los últimos meses se han producido cinco dimisiones en el comité ejecutivo, entre ellas las del vicepresidente primero y la secretaria de actas, y que la organización carece además de secretario general incumpliendo un mandato estatutario. A ello suman los reiterados incumplimientos en la convocatoria de juntas directivas, el rechazo del presidente a debatir la celebración de una Asamblea General Extraordinaria para abordar su gestión, la controversia generada por el incremento de las cuotas de 2026 sin el respaldo de los órganos de gobierno o el hecho de que el presidente haya visto rechazados los presupuestos de 2025 y 2026 y la memoria de actividades de 2025 tanto por la Junta Directiva como por la Asamblea.

Los asociados consideran que un nuevo proceso electoral permitiría recuperar la normalidad institucional, recomponer los órganos de dirección y, sobre todo, devolver a Asaja Córdoba el protagonismo que históricamente ha tenido en la defensa del sector.

Asaja, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han acordado convocar una gran tractorada en Madrid el próximo miércoles 28 de octubre, que finalizará frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las tres organizaciones han decidido unir sus fuerzas para exigir respuestas urgentes a los graves problemas que arrastra el campo y que, lejos de resolverse, siguen agravándose.

El sector agrario no puede más, tal y como reclaman las organizaciones. “Producir cuesta cada día más y los precios que reciben agricultores y ganaderos no permiten, en muchos casos, cubrir los gastos. Llenar el depósito del tractor, comprar fertilizantes, alimentar al ganado o pagar la factura eléctrica supone un esfuerzo cada vez mayor. Mientras tanto, las soluciones no llegan o se quedan cortas”.

La convocatoria se articula en torno a cinco reivindicaciones comunes:

Las organizaciones convocantes hacen un llamamiento a todo el sector para que se sume a la tractorada. Es el momento de dejar claro, de forma contundente, que el campo necesita soluciones para poder seguir produciendo y viviendo de su trabajo.

El secretario general técnico de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, ha anunciado que la organización agraria presentará en los próximos días denuncias ante las administraciones autonómica y central por operaciones comerciales en el sector de la aceituna de mesa que podrían incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y las normativas de competencia y etiquetado, en una campaña que ha calificado de “catastrófica y ruinosa” para los productores.

En declaraciones a Europa Press, Martín ha explicado que los servicios técnicos y jurídicos de la organización están recopilando información sobre ofertas de compra por debajo de los costes de producción, una posible fijación coordinada de precios en distintos puntos de la provincia y presuntas irregularidades en la identificación del origen y la variedad de aceitunas importadas.

El representante de Asaja Sevilla ha señalado tres factores que están marcando la campaña: el calor extremo y la ausencia de lluvias, las exigencias de calibre de los compradores y unos precios que, según ha advertido, en determinados casos no permiten cubrir siquiera los gastos de recolección.

Sobre las condiciones metereológicas, ha explicado que las altas temperaturas de septiembre, un mes “fundamental” para la recogida de las variedades gordal y manzanilla, han provocado el arrugado de la aceituna y una reducción de su calibre y de las posibilidades de destinarla al verdeo.

Así, ha señalado que el pasado 16 de septiembre la organización estimaba una reducción de alrededor del 30% respecto a las previsiones de los aforos para verdeo, aunque teme que esa caída sea finalmente mayor. A ello se suma, según ha indicado, la presión para entregar aceitunas de tamaños grandes que resultan difíciles de alcanzar en las condiciones de esta campaña.

Martín ha situado los costes de producción y recolección del olivar tradicional con recogida mediante ordeño en una horquilla aproximada de entre 0,93 y 1,23 euros por kilo, unas cantidades que, según ha sostenido, están “muy lejos” de los precios ofrecidos desde el inicio de la campaña.

Como ejemplo, ha señalado que la aceituna clasificada como “perdigón” por su pequeño tamaño se está pagando en muchos casos a 0,40 euros por kilo, mientras que los costes de recolección rondan los 0,50 euros. “No permiten ni cubrir los costes de recolección”, ha lamentado.

El responsable agrario ha añadido que destinar la gordal y la manzanilla a la producción de aceite tampoco constituye una alternativa viable para muchos agricultores debido al bajo rendimiento graso , que dificulta cubrir los gastos de molienda.

En este contexto, ha afirmado que hay productores que han paralizado la recogida porque no encuentran compradores que admitan su aceituna o porque las condiciones económicas hacen inviable continuar. “El agricultor se está frenando porque primero no sabe dónde llevar gran parte de su aceituna”, ha manifestado, al tiempo que ha descrito la “ansiedad” que esta situación genera entre los productores.

No obstante, ha considerado “prematuro” ofrecer una estimación global de las pérdidas en Sevilla o Andalucía, dado que la campaña sigue en marcha y la recogida de hojiblanca se encuentra en su inicio.

Posible fijación coordinada de precios y fraude en el etiquetado

Respecto a las denuncias que prepara Asaja, Martín ha señalado que la organización está examinando ofertas por debajo de los costes de producción en variedades como la gordal y la manzanilla, así como la coincidencia de precios en puestos de compra de distintos puntos de la provincia, también para la hojiblanca.

Según ha explicado, esa “unanimidad” induce a la organización a sospechar que puede existir una actuación coordinada, por lo que trasladará la información a las autoridades autonómicas de competencia.

Asimismo, ha indicado que Asaja pondrá el foco en posibles irregularidades en el etiquetado de aceitunas procedentes de otros países que, según sus sospechas, podrían comercializarse con una identificación de variedad u origen que no corresponde al contenido del envase. “Habría que poner el origen y la variedad de manera muy clara, en cualquier envase”, ha reclamado.

Martín ha defendido los acuerdos comerciales, aunque ha exigido “equilibrio e igualdad de condiciones para competir”, al considerar que los productores europeos afrontan exigencias de seguridad alimentaria, trazabilidad y condiciones sociolaborales que no se aplican de igual forma en terceros países.

El secretario general técnico de Asaja Sevilla ha precisado que la organización no tiene previstas, por el momento, movilizaciones ni sumarse a la manifestación convocada por la Unión Extremadura para el 20 de octubre en Mérida, al encontrarse los agricultores en plena campaña.

La actuación inmediata se centrará en las denuncias, que la organización hará públicas cuando concluya la recopilación de información, con el objetivo de “intentar cambiar esta tendencia”.

Por último, Martín ha pedido a la industria “altura de miras” y ha advertido de que la repetición de una campaña de estas características podría provocar la destrucción de parte del sector productor. “Estas partidas no se ganan en una sola campaña”, ha señalado, antes de reclamar que se preserve una actividad que “sostiene mucho territorio” en la provincia.

Asaja Córdoba ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lamentando “el retraso en el abono de las ayudas directas por el tren de borrascas de enero y febrero”, advirtiéndole en la misiva que “el 40 % de las ayudas sigue sin llegar a los agricultores y ganaderos afectados, mientras numerosas explotaciones continúan asumiendo con sus propios recursos las consecuencias de los temporales”.

Según ha informado la organización agraria en una nota, entre quienes aún no han recibido “ni un solo euro se encuentran las comunidades de bienes, las sociedades civiles y los titulares que realizaron cambios en sus explotaciones durante 2025, además de agricultores y ganaderos pendientes de la corrección de errores en los anteriores listados. Todos ellos siguen a la espera de una tercera relación de potenciales beneficiarios que el Ministerio todavía no ha publicado”.

En este sentido, la patronal agraria ha recordado que “el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado el 17 de febrero, se presentó como una respuesta urgente a los daños, con ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros por explotación, previa aceptación de los interesados. El Ministerio efectuó un primer pago el 29 de mayo y un segundo el 30 de junio, que suman 1.304 millones de euros destinados a 110.074 agricultores y ganaderos. Sin embargo, desde entonces no se ha publicado ningún nuevo listado que permita avanzar en el pago a los titulares pendientes”.

“No hay ninguna razón que justifique que un agricultor o ganadero cobrara en mayo y su vecino, con los mismos daños, siga esperando porque su explotación está a nombre de una comunidad de bienes o de una sociedad civil. Son explotaciones familiares y profesionales, con formas jurídicas habituales en el campo, que sufrieron las mismas borrascas y necesitan la misma respuesta*, han señalado desde Asaja Córdoba, quie ha insistido en que ”esta demora tiene consecuencias directas sobre la economía de las explotaciones“, pues ”los afectados llevan meses pagando reparaciones y soportando la pérdida de ingresos por la disminución de sus cosechas, al tiempo que deben afrontar los elevados costes de la nueva campaña: semillas, abonos, gasóleo, jornales y cuotas de préstamos“.

Para Asaja Córdoba, la demora “resulta incompatible con el carácter urgente con el que se anunciaron estas medidas”, argumentando que “una ayuda urgente que llega ocho o diez meses tarde pierde su finalidad”, de modo que, cuando “hay dinero presupuestado y sin gastar; lo que falta es agilidad para que llegue a las explotaciones afectadas”.

Junto a ello, la patronal agraria ha expresado su preocupación por que la convocatoria anticipada de elecciones generales “pueda añadir nuevos retrasos a la publicación del tercer listado y al pago de las ayudas pendientes”, avisando Asaja al Ministerio que “el calendario electoral no puede convertirse en una nueva demora para quienes llevan meses esperando. Los agricultores y ganaderos necesitan garantías de que el listado pendiente se publicará y las ayudas se pagarán antes de que termine el año”, y así se lo ha pedido en la mencionada carta al ministro Planas, al que ha pedido “un calendario de pago con fechas concretas, que garantice el abono antes de que termine el año”.

El grupo de socios críticos de la organización Asaja Córdoba ha informado de que la Junta de Andalucía ha reconocido oficialmente una nueva dimisión como vocal del Comité Ejecutivo y ha ordenado su baja en el registro de cargos de la organización, con efectos desde el 16 de febrero de 2026. Se trata de la quinta dimisión producida en el Comité Ejecutivo de la organización agraria, que queda con sus órganos de dirección bajo mínimos tras una crisis interna que se prolonga desde hace meses. 

La resolución de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, facilitada a los medios de comunicación, desmonta uno de los principales argumentos esgrimidos por la Presidencia de ASAJA Córdoba para no hacer efectivas las renuncias. El presidente había comunicado a la Junta de Andalucía que no había podido dar efectividad a las dimisiones porque la Junta Directiva las había rechazado en su reunión del pasado 6 de abril. 

Frente a este planteamiento, la Administración andaluza concluye que la voluntad del vocal de abandonar el Comité Ejecutivo ha quedado acreditada de manera «expresa, individual e inequívoca» y recuerda que la permanencia en los órganos de gobierno de una asociación tiene carácter voluntario. Mantener a una persona en un cargo contra su voluntad, señala la resolución, sería contrario a la libertad de asociación reconocida constitucionalmente. 

La resolución es especialmente clara al establecer que una dimisión constituye un acto jurídico unilateral que produce efectos desde que se comunica fehacientemente a la asociación. Por ello, no puede quedar condicionada a la aceptación, ratificación o autorización de la Presidencia, de la Junta Directiva o de cualquier otro órgano, salvo que existiera una disposición legal o estatutaria expresa en sentido contrario, circunstancia que la Junta determina que no se produce en este caso.

La Junta de Andalucía añade que la oposición de la Junta Directiva no puede impedir los efectos de una dimisión válidamente formulada ni convertir en obligatorio el mantenimiento de un cargo que es voluntario. Además, interpreta los propios estatutos de ASAJA Córdoba en el mismo sentido y concluye que la renuncia debe ser efectiva desde la presentación formal del escrito, sin necesidad de un acuerdo posterior que la acepte. 

Los socios que reclaman un nuevo proceso electoral consideran que esta nueva resolución vuelve a poner de manifiesto la delicada situación institucional que atraviesa ASAJA Córdoba. La dimisión ahora reconocida administrativamente forma parte del escrito presentado el 16 de febrero por cinco miembros del Comité Ejecutivo, circunstancia que aparece recogida expresamente entre los antecedentes de la resolución de la Junta. 

Los socios recuerdan que entre las bajas producidas se encuentran cargos relevantes de la organización, entre ellos el vicepresidente primero y la secretaria de actas, a lo que se suma que ASAJA Córdoba continúa sin secretario general, una figura contemplada en sus estatutos. 

A su juicio, la situación deja al Comité Ejecutivo bajo mínimos y obliga al presidente, Fernando Adell, a reconocer una realidad que, según denuncian, ha tratado de mantener abierta durante meses pese a la voluntad expresa de los dimisionarios. 

Adell rechaza abordar una Asamblea Extraordinaria sobre su gestión 

Esta resolución se conoce apenas un día después de una nueva Junta Directiva de ASAJA Córdoba en la que, según denuncian socios presentes en la reunión, el presidente rechazó abordar la petición que le habían trasladado formalmente para convocar una Asamblea General Extraordinaria. La propuesta planteaba que fueran los propios socios de ASAJA Córdoba quienes pudieran debatir la situación que atraviesa la organización, analizar la gestión de Fernando Adell y abordar la apertura de un nuevo proceso electoral. Los socios lamentan que el presidente no incorporase esta cuestión al orden del día ni aceptase tratarla durante la reunión, pese a la situación excepcional que atraviesan los órganos de gobierno de la entidad y al rechazo que tanto la Junta Directiva como la Asamblea de la misma realizaron de los presupuestos de 2025 y 2026, además de la memoria de actividades de 2025. 

Durante la Junta Directiva volvió a abordarse además la polémica por la no aprobación de los presupuestos de 2026 una de cuyas consecuencias es que el incremento de las cuotas cobrado a los socios durante 2026 no sería válido. Según denuncian los socios, el presidente de Asaja Córdoba rechazó devolver las cantidades correspondientes a esa subida basándose en que estaba recogida en los presupuestos para 2026, que no han sido aprobados y, por tanto, no han llegado a entrar en vigor. 

Los socios también mostraron su malestar por las condiciones en las que fue convocada la reunión, la primera tras seis meses sin celebrarse juntas directivas. Por primera vez en la historia de la organización dicha convocatoria sólo se realizó por medios telemáticos, con el plazo mínimo exigible y en un horario que, aseguran, genera importantes dificultades para la asistencia de los miembros de la Junta Directiva por encontrarse en municipios alejados de Córdoba capital. 

La reunión tuvo que celebrarse además con presencia notarial ante la ausencia de secretario de actas. Esta anomalía incide en la crítica situación interna de la organización. Los socios denuncian igualmente que solicitaron el nombramiento de dos interventores para supervisar y acreditar el contenido del acta en los términos que consideran previstos en los estatutos de la organización, una petición que fue rechazada por el presidente. 

Para los socios, tanto lo ocurrido en esta última Junta Directiva como la resolución conocida ahora de la Administración autonómica evidencian la necesidad de recuperar la normalidad institucional de ASAJA Córdoba y permitir que sean sus socios quienes debatan y decidan en una Asamblea General Extraordinaria sobre la gestión de la organización y su futuro.

La Sección de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Córdoba, mediante auto de 18 de septiembre de 2026, ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Córdoba (Asaja Córdoba), según ha informado la patronal agraria a través de una nota de prensa. La resolución acuerda la incoación de diligencias previas y, entre otras actuaciones, la remisión de la querella y de la documentación aportada a la unidad especializada en nuevas tecnologías, a fin de que investigue los hechos y proponga las diligencias que resulten procedentes.

Los hechos se remontan a comienzos de febrero de 2026, cuando Asaja Córdoba se vio en la necesidad de encargar una auditoría informática. La auditoría, según Asaja, permitió constatar el borrado masivo de información alojada en el servidor central de la entidad, así como la eliminación íntegra del contenido de los dispositivos corporativos asignados a un antiguo alto directivo.

Los informes periciales forenses incorporados al procedimiento describen, entre otros extremos, la eliminación de más de 90.000 correos electrónicos corporativos —32.640 de ellos en una sola mañana—, la reducción deliberada del periodo de conservación de las copias de seguridad, la pérdida de cientos de miles de archivos y la existencia de accesos no autorizados y reiterados a los buzones de correo de otras trabajadoras de la organización. El auto califica provisionalmente estos hechos como constitutivos de posibles delitos de daños informáticos.

No es esta la primera resolución judicial relacionada con los hechos. La Sección de lo Social (Plaza n.º 5) del Tribunal de Instancia de Córdoba, en sentencia de 1 de septiembre de 2026, desestimó íntegramente la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por una de las antiguas trabajadoras, hoy investigada, por la supuesta vulneración de su derecho a la intimidad con ocasión de la intervención de su ordenador corporativo durante la auditoría. La sentencia califica la actuación de Asaja Córdoba de “necesaria, idónea y proporcionada”, constata que no se accedió a documentación privada de la trabajadora y declara probados tanto el borrado de unos 45 GB de información del sistema de copias de seguridad de la entidad —“el equivalente a 33.000 ejemplares de El Quijote, para hacernos una idea de la magnitud del desastre”, en palabras de la propia resolución— como el formateo de los dispositivos corporativos del antiguo alto directivo.

Durante los últimos meses, Asaja Córdoba ha mantenido “un deliberado silencio institucional frente a las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación que ponían en duda la gestión de su actual presidente y de su Comité de Dirección, en un contexto de contestación interna impulsada por un reducido grupo de personas próximas a alguno de los investigados. La organización ha preferido no responder a lo que considera ataques injustificados, muchos de ellos basados en informaciones no contrastadas, y ha centrado todos sus esfuerzos en la defensa de los intereses de sus asociados y en el esclarecimiento de los hechos por los cauces legalmente establecidos, evitando cualquier pronunciamiento que pudiera comprometer el curso de las investigaciones. Ese trabajo, desarrollado con discreción y responsabilidad, se ha traducido en las diligencias judiciales que ahora se hacen públicas”.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha reclamado este martes que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 “no excluya de las ayudas a los agricultores por el mero hecho de haber alcanzado la edad de jubilación” y considera que esta posibilidad, que ya figura en la propuesta de la Comisión Europea para la futura PAC, “debe ser retirada” durante la negociación que ahora se desarrolla en las instituciones comunitarias.

Según ha informado Asaja en una nota, la propuesta de Bruselas plantea “una nueva orientación de las ayudas a la renta, con el objetivo de dirigirlas prioritariamente hacia quienes tienen la agricultura como principal fuente de ingresos, y establece que, a más tardar, en 2032, los jubilados dejarían de ser elegibles para este tipo de apoyo”. La medida forma parte de la propuesta de la Comisión para la PAC posterior a 2027, que actualmente se encuentra en proceso de negociación.

Para Adell, “no es aceptable que se pretenda utilizar la edad como criterio automático para retirar las ayudas a agricultores que continúan vinculados a sus explotaciones y a la actividad agraria”. La organización agraria considera “especialmente preocupante” esta propuesta si se tiene en cuenta la estructura de edad del sector.

Según los datos manejados por el Ministerio de Agricultura, 272.240 perceptores de ayudas de la PAC tienen más de 65 años, sobre un total de 665.366 personas físicas con información válida, lo que representa aproximadamente el 41% del conjunto. Es decir, más de cuatro de cada diez perceptores personas físicas de las ayudas de la PAC tienen más de 65 años, han señalado desde Asaja.

“Bruselas no puede diseñar la futura PAC de espaldas a la realidad del campo europeo. Si más de cuatro de cada diez perceptores de la PAC tienen más de 65 años, excluir a los jubilados supondría dejar fuera a una parte muy importante de quienes actualmente reciben estas ayudas”, ha afirmado Adell.

La organización agraria ha subrayado, igualmente, que tener más de 65 años no significa necesariamente haber abandonado la actividad agraria. En muchas explotaciones familiares, el agricultor “continúa participando en la gestión y el mantenimiento de la explotación, mientras que el relevo generacional se produce de manera progresiva y no mediante un simple cambio de titularidad en una fecha determinada”.

Asaja Córdoba considera que el debate sobre la renovación generacional del campo es necesario, pero no puede plantearse a costa de penalizar a los agricultores de mayor edad. “Estamos totalmente a favor de facilitar la incorporación de jóvenes y de favorecer el relevo generacional, pero una cosa es incentivar que los jóvenes se incorporen y otra muy distinta es retirar de forma automática las ayudas a quienes han trabajado durante décadas en el campo y siguen manteniendo una explotación”, ha sostenido Adell.

Para Asaja Córdoba, la futura PAC debe distinguir entre la necesidad de impulsar el relevo generacional y la realidad de miles de explotaciones familiares que siguen activas, evitando medidas que puedan poner en riesgo su viabilidad económica. La organización reclama por ello al Gobierno de España y a los representantes españoles en las instituciones europeas que defiendan durante la negociación de la PAC 2028-2034 que “ningún agricultor sea excluido de las ayudas exclusivamente por haber alcanzado la edad de jubilación”.

Digitalización y burocracia

En este contexto, Asaja Córdoba ha vuelto a mostrar también su rechazo al cuaderno de campo digital y a la creciente carga de obligaciones administrativas y tecnológicas que se está trasladando a los agricultores. Tal y como solicitó Asaja Córdoba en su día y que coincidía con los criterios de la Consejería de Agricultura, “cualquier formato legible por máquina, o lo que es lo mismo, cualquier tipo de archivo que pueda subirse digitalmente a cualquier registro electrónico de la Junta de Andalucía, debería bastar para aportar el cuaderno de explotación si fuese solicitado”.

La organización considera “especialmente contradictorio que, mientras Bruselas plantea excluir progresivamente a los agricultores jubilados de las ayudas, se sigan incorporando nuevas obligaciones digitales a un sector en el que los mayores de 65 años representan una parte tan significativa de los perceptores de la PAC”.

“No se puede pedir al agricultor de más edad que afronte cada vez más trámites digitales y, al mismo tiempo, plantear que por su edad deje de tener derecho a las ayudas. La PAC debe adaptarse a la realidad de los agricultores y no al revés”, han señalado desde Asaja Córdoba.

La organización ha reclamado que la digitalización sea “una herramienta para facilitar el trabajo y reducir burocracia, y no una nueva obligación que genere costes, dificultades y dependencia de terceros, especialmente para los agricultores de mayor edad”.

Igualmente, Asaja Córdoba ha insistido en que la futura PAC debe garantizar rentas, actividad agraria y relevo generacional sin dejar atrás a ninguna generación de agricultores, y considera que la negociación que ahora se desarrolla en Bruselas debe servir para corregir la propuesta de exclusión de los jubilados.

“La agricultura europea necesita jóvenes, pero también necesita reconocer y proteger a quienes han mantenido vivo el campo durante toda su vida. No se puede construir el relevo generacional expulsando de la PAC a una parte esencial de los agricultores actuales”, ha apostillado Adell.

Hay momentos en la vida de una organización en los que guardar silencio deja de ser prudencia y empieza a parecerse demasiado a la resignación. Creo que ASAJA Córdoba atraviesa uno de esos momentos. Lo digo con tristeza, porque he dedicado muchos años de mi vida a esta casa, porque tuve el honor de presidirla y porque sigo vinculado a ella como responsable de la sectorial del ajo. 

Conocí y trabajé muy duro por una ASAJA plural, exigente, reivindicativa y, sobre todo, respetuosa con sus socios. Una organización capaz de integrar sensibilidades distintas y de construir consensos. Por eso apoyé en su día a Ignacio Fernández de Mesa y defendí su propuesta de continuidad de un proyecto que, con sus aciertos y sus errores, había logrado dotar a ASAJA Córdoba de prestigio, influencia y una voz reconocible ante las administraciones. 

Precisamente por ese compromiso con la continuidad me resulta especialmente dolorosa la situación actual. Confié en que el relevo en la presidencia a manos de Fernando Adell serviría para preservar ese legado y fortalecer la organización. Sin embargo, lo que he visto durante estos más de dos años me ha producido una profunda decepción. A mi juicio, Fernando Adell ha desarrollado una forma de dirigir personalista, autoritaria y alejada del espíritu de diálogo que siempre debe presidir una organización como la nuestra. He echado en falta empatía, capacidad de escucha, conocimiento de la realidad interna de ASAJA Córdoba y respeto hacia quienes discrepan. 

No es una cuestión personal, pues le tengo aprecio a Fernando. Ya en la primera junta directiva problemática le dije que por el bien de Asaja debía convocar elecciones y que los socios decidieran. Es una cuestión institucional. ASAJA Córdoba no pertenece a su presidente ni a una junta directiva concreta. Pertenece a sus socios, a quienes sostienen la organización con sus cuotas y con su confianza. A quienes cada día salen al campo a trabajar y lograr que la agricultura y la ganadería de Córdoba sean un ejemplo en todas partes. Pero cuando esa confianza se deteriora, cuando se rompe el diálogo interno y cuando personas que han dedicado años de trabajo se ven desplazados, ninguneados y hasta vilipendiados, el problema deja de ser una discrepancia para convertirse en una crisis de organización. 

Y lo mismo puede decirse, en términos generales, de la actividad reivindicativa de ASAJA Córdoba en esta etapa. La organización ha perdido intensidad, presencia y capacidad de presión en asuntos que deberían ser prioritarios. Una organización agraria tiene sentido cuando representa, cuando incomoda si es necesario, cuando exige soluciones y cuando se coloca al lado del agricultor y del ganadero. Si renuncia a esa función, si desliza sus críticas sólo a determinadas administraciones mientras calla ante otras, y, además, se encierra en conflictos internos, corre el riesgo de perder aquello que durante décadas costó tanto construir. 

Por eso creo que esta situación no puede prolongarse. No lo digo desde el resentimiento, sino desde la responsabilidad y desde el afecto a ASAJA Córdoba. Fernando Adell, en mi opinión, no puede continuar al frente de la organización. Es necesario abrir una nuevaetapa, recuperar la normalidad institucional, devolver la palabra a los socios y reconstruir los consensos que nunca debieron romperse. 

ASAJA Córdoba necesita volver a ser reconocible para quienes la hemos defendido durante tantos años y, sobre todo, para quienes hoy siguen esperando que los represente. Necesita diálogo, respeto, humildad y capacidad reivindicativa. Necesita volver a unir, no dividir. 

Todavía estamos a tiempo. Pero para ello hace falta asumir responsabilidades, entender que ninguna persona está por encima de la institución y abrir un nuevo proceso electoral. ASAJA Córdoba merece recuperar su voz, su prestigio y su capacidad de servicio. Y sus socios merecen ser escuchados y respetados de nuevo. 

Miguel del Pino Nieto es expresidente de ASAJA Córdoba y copresidente nacional de la Sectorial del ajo

Asaja Córdoba ha informado este viernes de que la campaña de girasol en la provincia “avanza con retraso y de forma lenta, después de que las lluvias y borrascas registradas durante la primavera retrasaran aproximadamente dos semanas el inicio de la recolección” y, “aunque la calidad del producto ha mejorado respecto a la campaña anterior, los rendimientos obtenidos hasta el momento no están alcanzando las expectativas inicialmente previstas”.

A este respecto y a través de una nota, el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha explicado que “las diferencias entre las distintas fechas de siembra están siendo importantes”, pues “las siembras más tempranas están ofreciendo mejores resultados que las realizadas posteriormente, con una gran variabilidad entre explotaciones y una media provincial que se sitúa actualmente en torno a los 1.200 kilos por hectárea”.

Este año se han sembrado en Córdoba 33.138 hectáreas de girasol, frente a las aproximadamente 25.000 hectáreas de la campaña 2025, lo que supone un incremento significativo de la superficie dedicada a este cultivo, según ha precisado Adell.

En cuanto a las variedades, “continúa la clara apuesta de los agricultores por el girasol Alto Oleico, que representa aproximadamente el 80% de la superficie sembrada, frente al 20% correspondiente al girasol Linoleico”. No obstante, Adell ha señalado que “la reducción de la diferencia de precios entre ambas variedades está generando dudas entre los agricultores a la hora de decidir qué tipo de girasol sembrar en las próximas campañas”.

Uno de los aspectos más positivos de la campaña está siendo la calidad del producto recolectado, pues, según el informe elaborado por el Laboratorio Agroalimentario Aproa, S.L. para Asaja Córdoba, “a partir de las 651 muestras analizadas hasta el momento procedentes de la provincia, la semilla de girasol recolectada esta campaña presenta una mejora de 2,42 puntos porcentuales en rendimiento graso respecto a la campaña anterior”.

Para Adell, esta mejora de la calidad está relacionada fundamentalmente “con las lluvias registradas durante el invierno y con las propias características medioambientales del girasol, cuyo sistema radicular pivotante puede alcanzar hasta dos metros de profundidad, permitiéndole aprovechar el nitrógeno, que ha sido lavado hacia capas más profundas del suelo por las precipitaciones”.

La organización agraria considera que esta capacidad del girasol para aprovechar el nitrógeno disponible y reducir su pérdida por lavado demuestra “el importante beneficio medioambiental que aporta este cultivo, especialmente en años con abundantes precipitaciones”.

Por este motivo, Asaja Córdoba viene “reclamando desde hace tiempo la puesta en marcha de una ayuda agroambiental específica para el girasol”, al considerar que “debe reconocerse económicamente la función que desempeña este cultivo en la conservación y mejora de los suelos y en el aprovechamiento de nutrientes”.

No obstante, el informe de calidad también señala algunos aspectos que deben mejorarse por parte del agricultor, “especialmente la reducción de las impurezas durante la recolección y la realización de la cosecha cuando el grano presente el nivel óptimo de humedad permitido”.

A pesar de la mejora de la calidad y del incremento de la superficie sembrada, Asaja Córdoba ha advertido que “el girasol continúa siendo un cultivo con una rentabilidad muy ajustada para el agricultor. No obstante, las cotizaciones actuales son mejores que las registradas en los últimos años”.

Así, “la última cotización de la lonja de referencia de Córdoba se sitúa en 555 euros por tonelada para el girasol Linoleico 9-2-44 y en 560 euros por tonelada para el Alto Oleico, frente a los 480 euros por tonelada del Linoleico y los 560 euros del Alto Oleico, que se registraban el año pasado”.

Sin embargo, estos precios “deben ponerse en relación con los costes de producción” y, “según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, el coste de producción de referencia de la campaña 2025 se situó en 654 euros por hectárea”.

Tomando como referencia este coste y las actuales cotizaciones, “el agricultor necesita obtener aproximadamente 1.178 kilos de girasol por hectárea para cubrir los costes de producción, una cifra que evidencia la escasa rentabilidad del cultivo y que explica la preocupación del sector ante unos rendimientos que, en numerosas explotaciones, se sitúan en torno a los 1.250 kilos por hectárea y presentan una elevada variabilidad”.

Adell considera necesario “que se tenga en cuenta el doble valor del girasol, por un lado, como cultivo que debe proporcionar una rentabilidad suficiente al agricultor y, por otro, como una herramienta beneficiosa para el medio ambiente y la conservación de los suelos”.

La organización agraria ha insistido en que el girasol, especialmente en campañas con abundantes lluvias, como la actual, “demuestra su capacidad para aprovechar el nitrógeno disponible en el suelo y evitar que se pierda por lavado, contribuyendo así a una agricultura más sostenible”. Por ello, reclama que “este servicio medioambiental sea reconocido mediante una ayuda agroambiental que permita mantener el cultivo y garantizar su continuidad en las explotaciones cordobesas”.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba, al igual que ya han solicitado otras provincias, así como la propia ASAJA-Andalucía, ha reclamado a la Junta que permita de nuevo, “a la mayor brevedad posible”, la recolección nocturna de aceituna en los olivares en seto. La petición llega apenas unos días después de que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente haya prorrogado durante otro año la suspensión de esta práctica mediante cosechadoras cabalgantes entre el ocaso y la salida del sol. Esta prohibición se produjo después de que se detectase una alta mortalidad entre los pájaros que aprovechaban la noche para dormir en estos olivares y que acababan dentro de las cosechadoras.

Asaja Córdoba considera que la restricción generalizada debería sustituirse por un sistema más selectivo, que permita trabajar durante la noche en la mayor parte de las explotaciones y limite la cosecha únicamente en aquellas zonas o circunstancias en las que se haya acreditado una afección concreta sobre la avifauna. “Carece de sentido mantener una limitación generalizada”, asegura la patronal agraria en Córdoba.

Entre los argumentos del sector figura la calidad del fruto. Asaja sostiene que las temperaturas más bajas durante las noches de septiembre, octubre y noviembre permiten que las aceitunas lleguen a la almazara en mejores condiciones, con menores daños mecánicos y menos riesgo de fermentación. La asociación añade que las bajas temperaturas favorecen la conservación de aromas y otros compuestos relacionados con la calidad del aceite de oliva virgen extra.

Otro argumento de peso para la patronal es la transformación de los olivares y el aumento, paulatino, cada año, de este tipo de cultivos.“ La problemática de la mano de obra de cara a recolección, unida a la falta de rentabilidad de otros cultivos (especialmente los herbáceos), hacen que cada año haya en nuestra provincia más superficie de olivar en seto, y los periodos de recolección son los que son, o sea, la campaña de recogida con cosechadoras no puede prolongarse en el tiempo. Además, ante un posible escenario de inviernos lluviosos, como el pasado lo fue, las campañas de recolección, haciéndolo solo en horario diurno, de prolongarían de una manera manifiestamente inviable. Nuestra agricultura se moderniza y se adapta a las necesidades de nuestros tiempos, y esta prohibición de la recolección nocturna, va contra lo mismo”, aseguran.

La organización agraria insiste en la importancia del factor laboral en sus reivindicaciones. A su juicio, recuperar los turnos nocturnos permitiría reducir la exposición de los trabajadores a unas temperaturas diurnas cada vez más elevadas y adaptar mejor las labores agrícolas a los episodios de calor que se registran durante el comienzo de las campañas.

“La polémica suspensión se remonta a octubre de 2019, cuando la Junta prohibió por primera vez la recogida nocturna en los olivares en seto mediante cosechadoras cabalgantes aplicando el principio de precaución. La Administración autonómica puso entonces en marcha un proyecto para estudiar el impacto real sobre las aves y analizar posibles técnicas que hicieran compatible la actividad agrícola con la protección de la biodiversidad”, aseguran.

Los posteriores trabajos coordinados por el IFAPA realizaron 44 controles sobre 137 hectáreas representativas de olivar en seto y contabilizaron 8.127 ejemplares pertenecientes a 66 especies. La Junta concluyó que estos olivares albergan una importante riqueza de avifauna y que la cosecha mecanizada nocturna genera efectos negativos sobre determinadas especies, “aunque en alrededor del 30% de la superficie controlada fueron nulos o muy bajos”.

Durante estos años también se han probado diferentes fórmulas para reducir el impacto, como la cetrería, dispositivos acústicos, láseres, robótica y equipos de gas. En ensayos realizados durante la campaña 2022-2023, un sistema tecnológico instalado en las cosechadoras redujo significativamente la mortalidad directa, afirma la patronal. La Junta mantiene el veto por el riesgo para las aves, aunque admite ensayos de tecnologías que permitan reducir la mortalidad.

La Junta publicó el pasado 5 de agosto una nueva resolución que mantiene la suspensión durante otro año. La norma contempla excepciones exclusivamente para proyectos experimentales de I+D, de carácter no comercial y previamente autorizados. También deja abierta la posibilidad de levantar la restricción si futuros estudios acreditan métodos suficientemente seguros para evitar daños a la fauna. El plan prevé al menos 80 inspecciones nocturnas en explotaciones andaluzas para vigilar su cumplimiento.

Un grupo de socios de Asaja Córdoba ha reclamado al presidente de la organización, Fernando Adell, que ordene la devolución inmediata de las cantidades cobradas de más en las cuotas correspondientes a 2026. Los asociados sostienen que el incremento aplicado este año carece del respaldo legal necesario de los órganos de gobierno de la entidad, después de que tanto la Junta Directiva de 6 de abril de 2026 como la Asamblea Ordinaria de 29 de abril de 2026, máximo órgano de decisión de la organización, rechazaran los presupuestos propuestos por Fernando Adell en los que debía aprobarse definitivamente dicha subida de las cuotas.

En un comunicado, el grupo afirma que esa subida de cuotas fue aprobada provisionalmente en la Asamblea de 2025, pero al rechazarse los presupuestos de 2026 es nula de pleno derecho, siendo el cobro realizado indebido al quedar prorrogados los presupuestos de 2025 y, por tanto, las cuotas de 2025. “La huida hacia delante de Fernando Adell, manteniéndose en su cargo en Asaja a pesar del rechazo por parte de la Asamblea anual a la memoria y las cuentas de 2025, así como a los presupuestos de 2026, está teniendo graves consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales para Asaja”, señalan.

En base a ello, y a que el presidente aún no ha reintegrado a los asociados lo cobrado de más, socios de Asaja solicitan que, de manera inmediata, el presidente ordene la devolución a todos los socios de Asaja Córdoba de lo que se haya cobrado de más en las cuotas de 2026. A juicio de dichos socios, mantener ese dinero supone ignorar los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno y trasladar a los socios las consecuencias de una gestión que califican de “oscura, poco transparente y carente del rigor profesional exigible a una organización de la importancia de Asaja Córdoba”. Los asociados advierten de que, en caso de que no se proceda a la devolución inmediata, estudiarán poner los hechos en conocimiento de los organismos administrativos y de las jurisdicciones competentes para que se determinen las posibles responsabilidades derivadas del cobro.

Una organización en situación de “precariedad institucional”

Esta controversia se produce, además, en un contexto de grave inestabilidad interna. La Junta de Andalucía ha reconocido recientemente las dimisiones presentadas por cuatro miembros del Comité Ejecutivo de Asaja Córdoba, con efectos desde el 16 de febrero de 2026. Según denuncian los socios, esta resolución confirma la situación de precariedad en la que se encuentran actualmente los órganos de dirección de la organización y el incumplimiento de sus estatutos, puesto que Asaja Córdoba continúa sin contar con secretario de actas ni vicepresidente primero desde las dimisiones producidas en febrero y tampoco dispone de secretario general desde finales del pasado mes de enero, pese a tratarse de cargos esenciales según sus estatutos para el funcionamiento ordinario de la entidad y para la certificación de los acuerdos adoptados, por lo que los acuerdos adoptados desde entonces son nulos.

Los asociados recuerdan también que Fernando Adell no ha conseguido que la Junta Directiva apruebe la renovación de los cargos vacantes ni la composición de un nuevo Comité Ejecutivo. A pesar de ello, sostienen que el presidente ha continuado tomando decisiones sin ofrecer información suficiente sobre su contenido ni sobre el respaldo estatutario con el que cuenta.

El documento remitido por los socios señala que la Junta Directiva y la Asamblea también rechazaron la memoria de actividades y las cuentas correspondientes a 2025, además de los presupuestos de 2026. Este escenario, unido a la falta de responsables en puestos estatutariamente relevantes, ha sumido a Asaja Córdoba en una situación de bloqueo institucional que, según los asociados, exige una solución inmediata: la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones.

Críticas a la gestión de Fernando Adell

Los socios responsabilizan directamente a Fernando Adell del deterioro institucional que atraviesa la organización. Consideran que el presidente ha perdido el respaldo mayoritario de los órganos de gobierno, pero se niega a asumir las consecuencias políticas y organizativas derivadas del rechazo reiterado a sus propuestas. A su entender, la negativa de Adell a dimitir y a facilitar la celebración de un nuevo proceso electoral está prolongando innecesariamente una crisis que afecta al funcionamiento interno, a los trabajadores, a los servicios que reciben los asociados y a la capacidad de Asaja para defender con eficacia los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia.

Los socios denuncian igualmente la falta de transparencia de la presidencia, especialmente en relación con las actas de los órganos de gobierno, las decisiones económicas adoptadas durante los últimos meses y la documentación solicitada formalmente por algunos asociados sin éxito. Esta forma de proceder, señalan, está provocando un “daño incalculable” a la imagen y a la reputación de Asaja Córdoba. Una organización llamada a representar al sector agrario provincial, añaden, no puede permanecer sometida a una crisis permanente, con sus órganos de dirección cuestionados y sin ofrecer explicaciones claras a quienes sostienen la entidad mediante sus cuotas.

Los asociados alertan de que la actual situación no constituye únicamente un problema interno, sino que amenaza con afectar a la viabilidad futura de la organización. La falta de presupuestos aprobados, la ausencia de cargos fundamentales, los conflictos laborales y judiciales y la pérdida de confianza de una parte significativa de los socios están generando una situación que consideran insostenible.

En este sentido, reclaman que se ponga fin a una gestión que está convirtiendo a los propios socios en víctimas de las decisiones adoptadas por la presidencia. Los socios reiteran finalmente la necesidad de que Fernando Adell dé un paso al lado y permita la convocatoria de un proceso electoral que devuelva la voz a los asociados y posibilite la formación de unos órganos de gobierno plenamente operativos. “Cada día que se prolonga esta situación aumenta el daño causado a Asaja Córdoba, a sus trabajadores y a los agricultores y ganaderos a los que debe representar”, concluyen los socios, que consideran imprescindible recuperar cuanto antes la normalidad democrática, la profesionalidad y la credibilidad de la entidad.

El girasol en Córdoba ha proliferado este curso y ha dejado atrás las previsiones negativas del 2025, convirtiéndose el optimismo en la sensación más típica durante las últimas semanas. Según explica Antonio Monclova, técnico de Asaja Córdoba, el sector se encuentra actualmente en la antesala de la cosecha, la cual se prevé que comience con un retraso de unas semanas respecto a lo habitual debido a los tiempos de siembra de este año, aunque con unas expectativas más positivas que de lo esperado.

Por un lado, lo más reseñable es que el girasol ha cogido popularidad. En la provincia de Córdoba, la siembra ha subido en torno a 9.000 hectáreas, una cifra que Monclova califica como una “subida importante”. Este aumento responde, en gran medida, a la llegada de lluvias oportunas y a la imposibilidad de sembrar otros cultivos, como leguminosas o cereales, que no pudieron llevarse a cabo en su momento óptimo.

Históricamente, Córdoba ha sido una provincia con una gran tradición en el cultivo de girasol. Sin embargo, la baja rentabilidad de los últimos años había provocado que muchos agricultores abandonaran este cultivo en favor de otras alternativas. Este año, las circunstancias climáticas y agronómicas han permitido recuperar parte de ese terreno perdido, devolviendo al girasol su protagonismo en el paisaje cordobés.

Las altas expectativas para la cosecha

En la actualidad, el aspecto de las parcelas es muy prometedor según indica Monclova. “Estamos viendo que tienen muy buena pinta”, afirma el técnico de Asaja, señalando que, aunque existen diferencias entre parcelas, la previsión general es que la cosecha sea superior a la del año pasado. No obstante, ha recalcado que lo que ahora se ve en verde en el campo debe ser refrendado por las máquinas. “Ahora cuando lleguen las cosechadoras son las que van a marcar la verdad”.

Sin embargo, este panorama optimista puede cambiar en cuestión de días, sobre todo por la predicción que ha llevado a cabo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La ola de calor que puede llegar a atravesar la provincia preocupa seriamente a los técnicos y agricultores. Estos “golpes de calor” pueden afectar negativamente al cultivo, especialmente si coinciden con la fase de floración o el final del granado, lo que podría mermar la producción final.

Y esta preocupación por el calor está directamente ligada a la viabilidad económica del cultivo. Monclova ha advertido de que si las altas temperaturas afectan a los rendimientos, la rentabilidad volverá a estar en entredicho. El objetivo de los agricultores es que “salgan los números”, algo que en campañas anteriores fue extremadamente difícil debido a la falta de producción, y las subidas de las temperaturas que se esperan pueden marcar un antes y un después en la cosecha.

En cuanto a la cotización en los mercados, el escenario no presenta grandes cambios. Los precios actuales se mantienen de forma lineal, y aunque parece que este año hay algo más de “alegría” en las cifras, el margen sigue siendo estrecho. Por ello, la obtención de buenos rendimientos por hectárea se vuelve fundamental para que el cultivo deje algún beneficio al agricultor en una cosecha que se espera positiva, aunque, de momento, con matices.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han asegurado este martes que “las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba”, de ahí que estén “receptivas a las plantas proyectadas, ya que generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos”.

En cualquier caso y según han señalado en un comunicado conjunto, reclaman a las administraciones “más información, clara y veraz, sobre sus beneficios y posibles perjuicios”, aclarando que “el sector productor de Córdoba entiende que el biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender”. De hecho, “son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano”.

De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que “ofrecen una doble ventaja”, la de “gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores”. En concreto, opinan que para el sector olivarero “es una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional”.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han señalado que “lo que en la actualidad son considerados residuos que generan preocupación” en la provincia, “en el resto de España y en Europa”, en cambio, “se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular”. En el caso del olivar, “los subproductos y el alperujo serían eliminados de una forma eficaz y eficiente para generar energía limpia, evitando un problema medioambiental importante”.

Además, consideran “normal que la sociedad tenga dudas”, por lo piden a las administraciones que hagan “un ejercicio de transparencia y de comunicación para que, una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano y, si los beneficios superan a los perjuicios, habrá que aprovechar esta oportunidad que la provincia no puede dejar escapar”.

En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba desechan “una de las grandes dudas que tienen los vecinos”, pues “muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir”.

Por otro lado, “las plantas modernas de biometano trabajan en circuito cerrado, con sistemas herméticos y de desodorización. Lo que entra y lo que sale se gestiona con control y trazabilidad. De hecho, el digestato estabilizado que resulta del proceso de obtención del biometano es mucho más fácil de aplicar y menos contaminante”, como fertilizante, “puesto que, en lugar de extenderlo sin más, se lleva a cabo una inyección directa al suelo, enterrándolo, lo que reduce los olores a prácticamente cero”, y “todo ello con beneficios para el suelo, al que devuelve nutrientes de calidad”.

En Europa hay, actualmente, “1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural”.

La crisis interna que atraviesa Asaja Córdoba ha dado un nuevo paso con la presentación ante los juzgados de una solicitud judicial por parte de tres miembros de su Junta Directiva, que acusan al presidente de la organización, Fernando Adell, de impedirles el acceso a documentación interna y anuncian que preparan una demanda para solicitar su cese.

En el escrito, facilitado a este periódico, y registrado el pasado viernes en sede judicial, los tres directivos sostienen que la dirección de la organización mantiene una política de “opacidad” y se niega desde hace meses a facilitar información que consideran esencial para ejercer sus funciones y defender los intereses de los asociados.

Presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba, en el documento, los solicitantes aseguran que la situación de la organización se ha deteriorado durante los últimos meses. Entre otras circunstancias, afirman que Asaja Córdoba carece actualmente de secretario general, que su Comité Ejecutivo funciona con menos miembros de los previstos en los estatutos tras varias dimisiones y que la Asamblea General rechazó el pasado mes de abril las cuentas correspondientes a 2025, la memoria de actividades y el presupuesto para 2026.

Según los promotores de la iniciativa judicial, el presidente habría perdido el respaldo mayoritario tanto de la Junta Directiva como de los socios, aunque, siempre según su versión, se habría negado a dimitir, convocar elecciones o celebrar determinadas asambleas extraordinarias solicitadas por los asociados.

Ante esta situación, los tres directivos han solicitado al juzgado la apertura de diligencias preliminares para que ASAJA Córdoba entregue las actas de todas las reuniones celebradas por el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva y la Asamblea General desde mayo de 2024 hasta la actualidad.

Además, reclaman que el presidente aporte la documentación relativa a su proclamación al frente de la organización en 2024, incluyendo la candidatura que presentó, los avales que la respaldaron y el acta de la comisión electoral que formalizó su nombramiento al concurrir una única candidatura. Los solicitantes sostienen que ya intentaron obtener esta documentación mediante varios requerimientos extrajudiciales, incluidos burofaxes y solicitudes dirigidas a un notario, sin éxito.

La finalidad de esta actuación judicial, explican en el escrito, es preparar una futura demanda en la que prevén solicitar el cese del presidente, impugnar distintas decisiones adoptadas durante su mandato y, en su caso, exigir las responsabilidades que pudieran derivarse de su gestión.

Corresponderá ahora al juzgado decidir si admite la solicitud y acuerda la práctica de las diligencias solicitadas antes de que los promotores formalicen las acciones judiciales anunciadas.

Desde Asaja Córdoba han declinado hacer declaraciones a este periódico.

Asaja Córdoba ha destacado este jueves que la campaña de recogida del corcho “se está desarrollando de forma favorable, en cuanto a la extracción, ya que el corcho se está despegando con facilidad del árbol, facilitando el trabajo de las cuadrillas y evitando daños en los alcornocales”, pero “el sector continúa preocupado por la evolución de los precios y por las consecuencias que arrastran varios años consecutivos de sequía”.

Así, según informa la organización agraria en una nota, “los precios del corcho se sitúan actualmente entre los 60 y los 80 euros por quintal, registrando un descenso significativo respecto a campañas anteriores”. Esta bajada “responde, en parte, a la menor demanda procedente del sector vitivinícola, donde continúa reduciéndose el uso, tanto del tapón de corcho natural, como del tapón aglomerado en favor de otros sistemas de cierre”.

Por otro lado, “aunque las lluvias registradas durante este año han mejorado la situación hídrica de las explotaciones, los efectos acumulados de los cuatro o cinco años anteriores de sequía se dejan notar en el corcho que correspondía sacar esta campaña”.

La consecuencia, según ha señalado Asaja, es que “en numerosas fincas se está encontrando un corcho más delgado de lo habitual, con calibres inferiores a los deseados, al haberse formado durante un periodo de fuerte estrés hídrico”.

Esta circunstancia “ha llevado a muchos propietarios a retrasar la saca prevista para este año, ampliando el turno habitual de descorche de nueve a diez años, con el objetivo de que el corcho gane grosor y calidad”, y “la decisión de posponer la extracción en numerosas explotaciones también está influyendo en la situación actual del mercado”.

La producción media anual en Córdoba “ronda las 2.700 toneladas, procedentes de fincas distribuidas a lo largo de toda la Sierra Morena cordobesa”. Esta actividad “genera en torno a 1.400 jornales directos en el campo, constituyendo una fuente de empleo y riqueza fundamental para muchas zonas rurales de la provincia”.

El corcho, según ha señalado la patronal agraria, “es un producto natural de gran valor ambiental y económico, siendo Andalucía la principal comunidad productora de España. En particular, el corcho procedente de Sierra Morena destaca por su calidad y por el importante papel que desempeña en la conservación de las dehesas y los montes mediterráneos”.

La campaña se desarrolla tradicionalmente entre los meses de junio y agosto, aunque Asaja Córdoba sigue reivindicando “el adelanto del periodo hábil para la saca del corcho”, que es “una demanda histórica del sector”, y por entender la organización agraria que es “necesario adaptar el calendario a las nuevas condiciones climáticas, para aprovechar los momentos más favorables para el descorche, tal y como ya ocurre en otras comunidades autónomas, como Extremadura”.

La petición se realiza “para poder separar el corcho del alcornoque sin dañar el árbol, ya que a finales de julio es imposible hacerlo, porque se queda pegado debido al efecto del calor, por lo que no sirve de nada que agosto sea también periodo hábil para la saca”.

En este sentido, desde Asaja se ha aclarado que, “para llevar a cabo este proceso, el corcho debe haber completado un ciclo de crecimiento de entre nueve y diez años, que permita alcanzar el grosor adecuado para su comercialización”.

El descorche comienza con el denominado “rajado” del corcho, aprovechando las líneas naturales de apertura existentes en el árbol, para posteriormente separar los paños de corcho del tronco de forma manual, mediante técnicas especializadas que garantizan la protección del alcornoque.

Asaja Córdoba ha solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) “que informe con mayor detalle sobre el error detectado en los datos correspondientes al mes de mayo en el mercado de aceite de oliva” y “que revise de forma exhaustiva la información aportada durante los meses anteriores de la presente campaña”.

Según ha señalado en una nota la organización agraria, “la reciente rectificación realizada por la AICA pone de manifiesto la enorme importancia que tienen la transparencia y la fiabilidad de los datos que sirven de referencia al sector oleícola y al conjunto del mercado”.

Para Asaja Córdoba, “lo ocurrido demuestra hasta qué punto los números son especialmente sensibles en momentos críticos para el sector”, recordando la patronal agraria que, “tras la publicación de los datos erróneos, se produjo un importante parón en las operaciones comerciales, generando una situación de incertidumbre que contribuyó a una mayor desestabilización de los precios”.

De hecho, “los días posteriores al error se registró un gran freno de las operaciones en el mercado. Esta situación pudo influir en la evolución de los precios y podría incluso afectar a los datos correspondientes al mes de junio”, según ha advertido Asaja Córdoba.

Ante esta situación, la organización ha trasladado su “inquietud” y considera necesario “analizar con profundidad lo sucedido, así como reforzar los mecanismos de control sobre la información trasladada por los operadores”, pues, “incluso pequeños porcentajes de error en los datos comunicados a la AICA podrían generar expectativas equivocadas en el mercado y provocar consecuencias directas sobre las cotizaciones percibidas por los productores”.

Asaja Córdoba cree “imprescindible conocer con exactitud qué ocurrió para que se produjera la rectificación posterior de los datos” y, por ello, solicita a la AICA “que aclare si la incidencia se debió a un simple error de transcripción, a la falta de remisión de información por parte de algún operador o a cualquier otra circunstancia que haya podido alterar las cifras inicialmente publicadas”.

La organización agraria ha explicado que “la situación actual del mercado continúa caracterizándose por unas disponibilidades ajustadas”, y ha concretado que “las existencias a 31 de mayo se sitúan en niveles muy similares a las registradas en la misma fecha del año pasado, cuando alcanzaban las 774.988 toneladas. De mantenerse la evolución actual del mercado durante los próximos meses, la campaña podría cerrarse con unas existencias finales también muy parecidas”.

Asaja Córdoba ha afirmado que estos volúmenes se encuentran por debajo de la media registrada en las tres campañas anteriores, circunstancia que, a su juicio, “debería reflejarse con mayor claridad en el comportamiento del mercado y en la formación de los precios” y, por todo ello, ha insistido en la necesidad de “reforzar la transparencia, garantizar la máxima fiabilidad de los datos oficiales y ofrecer al sector información completa y detallada que permita evitar incertidumbres y asegurar el correcto funcionamiento del mercado del aceite de oliva”.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha informado del inicio de la recolección de cereales en la provincia, una campaña marcada por unas condiciones meteorológicas muy diferentes a las de los últimos años, pero cuyos resultados “no están siendo tan positivos como cabría esperar tras un ejercicio pluviométrico por encima de la media”.

Según ha explicado Adell, las abundantes lluvias registradas durante el invierno y la primavera han provocado una gran heterogeneidad entre explotaciones, encontrándose parcelas con resultados aceptables junto a otras con rendimientos claramente inferiores. En términos generales, “la cosecha presenta unas producciones medias-bajas, alejadas de las expectativas que se habían generado tras las precipitaciones acumuladas”.

“El año meteorológico no ha permitido que los cultivos se desarrollen con normalidad, ya que en muchos momentos no se ha podido acceder a las parcelas para realizar los tratamientos contra plagas y enfermedades ni aplicar los abonados en las fechas más adecuadas”, ha señalado el presidente de ASAJA Córdoba.

Las persistentes lluvias han favorecido además una elevada incidencia de enfermedades fúngicas y malas hierbas, obligando en numerosas ocasiones a repetir tratamientos, especialmente fungicidas, hasta en dos aplicaciones. Asimismo, se han producido importantes retrasos en la aplicación de los abonados de cobertera y de los tratamientos fitosanitarios, repercutiendo negativamente en el desarrollo final de los cultivos.

Como consecuencia de esta situación, los rendimientos obtenidos vuelven a situarse en niveles similares a los de campañas anteriores, pese a tratarse de un año con una pluviometría significativamente superior a la media provincial.

En cuanto al comportamiento de las distintas variedades, Asaja Córdoba destaca que los trigos blandos presentan un mejor estado general que los trigos duros y las cebadas. No obstante, las producciones son inferiores a las de la campaña pasada y, además, se ha vuelto a registrar la presencia del mosquito del trigo (Mayetiola destructor), una plaga que viene afectando a los cerealistas cordobeses durante los últimos años.

Las previsiones apuntan a rendimientos medios en trigo blando de alrededor de 3.500 kilogramos por hectárea, mientras que los trigos duros apenas alcanzarán los 2.800 kilogramos por hectárea de media. Respecto a la calidad del grano, la organización agraria prevé una campaña muy desigual, reflejo de la variabilidad observada en las distintas zonas productoras y explotaciones.

Situación de las leguminosas

La campaña de leguminosas también presenta importantes contrastes según especies y zonas de cultivo. Las persistentes lluvias dificultaron las siembras durante buena parte de la campaña, reduciendo significativamente la superficie implantada. Muchas parcelas no pudieron sembrarse y, en aquellas que sí se establecieron, “los problemas de nascencia y enfermedades han provocado una notable reducción de las producciones, especialmente en guisantes y habas”.

Por el contrario, los garbanzos de primavera muestran una evolución más favorable y presentan un desarrollo vegetativo satisfactorio hasta el momento.

Precios estancados frente al aumento de los costes

Asaja Córdoba recuerda que la rentabilidad del cereal sigue siendo una de las principales preocupaciones de los agricultores. Aunque “los costes de producción se han incrementado notablemente durante las últimas décadas, los precios percibidos por los productores no han evolucionado al mismo ritmo”.

Como ejemplo, la organización destaca que, en el año 1990, el trigo blando cotizaba a 25,60 pesetas por kilogramo, lo que equivale a 153,86 euros por tonelada. Sin embargo, si se actualiza esta cantidad conforme a la inflación acumulada registrada en España desde entonces, cercana al 155 por ciento según los datos oficiales del Índice de Precios de Consumo (IPC), ese precio equivaldría actualmente a unos 392 euros por tonelada.

Esta comparación pone de manifiesto “la pérdida de poder adquisitivo y rentabilidad que han sufrido los cerealistas en las últimas décadas, especialmente en un contexto marcado por el incremento de los costes de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, combustible, maquinaria y mano de obra”.

Petición para las labores de suelo

Por ello, la organización agraria reclama medidas que permitan “garantizar unos precios justos para los productores, acordes con la evolución de los costes y con el esfuerzo que realizan los agricultores para mantener la producción de cereal en la provincia de Córdoba”.

Asimismo, ante la creciente presión de plagas y enfermedades, Asaja Córdoba hace un llamamiento a las administraciones para que se permita a los agricultores realizar las labores agrícolas necesarias en el momento oportuno.

En este sentido, Fernando Adell ha insistido en la necesidad de “dejar a los agricultores labrar en tiempo para intentar sanear los suelos de todas las plagas y enfermedades que están sufriendo los cultivos y que cada vez son más agresivas”, contribuyendo así a mejorar la sanidad vegetal y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas de la provincia.

La organización agraria Asaja Córdoba ha advertido este jueves de “los riesgos del calor durante la campaña de cosecha” y ha pedido “extremar la prevención en el campo, teniendo en cuenta que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a un verano con temperaturas por encima de lo normal”.

En este sentido y a través de una nota, Asaja ha señalado “la importancia de proteger la salud de agricultores, ganaderos y trabajadores del campo”, dado que “la campaña de cosecha arranca marcada por un escenario climático especialmente exigente”, pues “la Aemet prevé para los meses de junio, julio y agosto una gran probabilidad de que la temperatura media se sitúe en el tercio superior en toda España, es decir, por encima de los valores habituales para la época”.

Esta previsión “afecta de forma directa al campo, donde miles de agricultores, ganaderos y trabajadores desarrollan su actividad al aire libre, muchas veces durante las horas de mayor exposición solar”, lo que ha llevado a la patronal agraria a recordar que “el calor extremo es un riesgo laboral y sanitario que puede tener consecuencias graves si no se adoptan medidas preventivas”, por lo que es necesario “planificar las tareas, adaptar los horarios y evitar, siempre que sea posible, los trabajos más pesados en las horas centrales del día”.

El estrés térmico, según ha aclarado Asaja, “no depende únicamente de la temperatura ambiente”, sino que “también influyen la humedad, la radiación solar, la velocidad del aire, la intensidad del esfuerzo físico, la duración de la jornada y la ropa de trabajo utilizada”.

Entre las principales recomendaciones preventivas que hace Asaja figuran, “además de ajustar las jornadas laborales a las horas más frescas del día, beber agua con frecuencia, incluso aunque no se tenga sed, evitar el consumo de cafeína o bebidas muy azucaradas, realizar descansos periódicos en zonas frescas o a la sombra, utilizar ropa ligera, transpirable y de colores claros, y prestar especial atención a los síntomas de alarma”, explicando que “confusión, desorientación, piel caliente y seca, pulso rápido, náuseas, dolor de cabeza intenso o pérdida de consciencia pueden ser señales de un golpe de calor”.

El sector crítico de la organización agraria Asaja Córdoba ha elevado una petición formal a la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para que intervenga ante la “grave situación” que atraviesa la entidad.

En un escrito dirigido a la administración y facilitado a este periódico, los firmantes sostienen que la Junta de Andalucía, como autoridad competente en la tutela de las organizaciones empresariales, debe actuar en consecuencia ante la parálisis institucional y las presuntas irregularidades cometidas bajo la presidencia de Fernando Adell Martí.

La denuncia subraya que la asociación se encuentra en un estado de “bloqueo legal”. Indican que, desde el pasado 30 de enero, la organización carece de secretario general, una figura “indispensable” según los estatutos. A esta vacante se sumaron, el 16 de febrero, las dimisiones de otros cinco miembros del Comité Ejecutivo, incluyendo al vicepresidente primero y a la secretaria de Actas.

Como consecuencia, describen, los órganos de gobierno han quedado en una situación “deficitaria” que les impide adoptar acuerdos válidos para la gestión ordinaria. Además, los documentos advierten de que, al no existir un secretario de Actas ni un secretario general, “no hay nadie que puede certificar acuerdos de las actas”, lo que invalida jurídicamente cualquier decisión tomada en las reuniones actuales.

Rechazo “masivo” a la gestión de Fernando Adell

Recuerdan los responsables de la petición que el malestar interno se hizo oficial durante la Junta Directiva del 6 de abril, en la cual la mayoría de los asistentes reprobaron la gestión de Adell y se negaron a aprobar tanto la memoria de actividades como las cuentas anuales y los presupuestos. En esa misma sesión, la directiva rechazó también la propuesta del presidente para nombrar un nuevo Comité Ejecutivo, profundizando la crisis de liderazgo.

A pesar de que 429 socios solicitaron formalmente, mediante requerimiento notarial, la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para analizar la gestión presidencial, Adell se ha negado sistemáticamente a incluir este punto en el orden del día. Ante esta negativa, el sector crítico ha anunciado que acudirá a los juzgados para forzar legalmente dicha convocatoria.

Advertencias sobre responsabilidades penales

En este sentido, los escritos presentados a la Junta advierten de que la persistencia en tomar decisiones con un consejo “inoperante” abre la puerta a graves responsabilidades civiles y penales. Se menciona específicamente que el presidente y los cuatro consejeros que aún permanecen en el comité podrían incurrir en delitos de administración desleal, imposición de acuerdos abusivos y apropiación indebida, llegando a tener que responder con su propio patrimonio personal.

Finalmente, el sector crítico cuestiona la propia legitimidad de Adell, señalando que para su elección en 2024 se le exigieron requisitos menores que los que él impone ahora a los socios para convocar la asamblea, lo que podría dar lugar a la impugnación judicial de su presidencia.

Asaja Córdoba ha señalado que la campaña citrícola, que ya ha concluido en la provincia, “ha estado marcada por un descenso en la producción que se estima en un 40%”, con lo que, “finalmente, ha sido superior al 30% estimado por la Junta de Andalucía en sus aforos de inicio de campaña”.

Según ha informado la patronal agraria en una nota, en la última sesión de la mesa de cítricos, en la que ha participado Asaja Córdoba, “se ha aprovechado para hacer un análisis de la campaña 2025-2026 en la Vega del Guadalquivir, que prácticamente se encuentra ya al final de la recolección en una campaña marcada también por las borrascas acaecidas entre los meses de diciembre y febrero”.

En cuanto a los precios en origen de las naranjas, y a pesar del descenso de producción, “la demanda ha sido menor que la esperada, y las cotizaciones se han mantenido más o menos constantes, tanto de fresco, como de industria”.

En el caso de la industria, “el sector ha acogido con ilusión el anuncio de dos nuevos proyectos para la zona, por un lado, la unión de los productores de la Vega de naranja de industria en Dcoop y la compra de la fábrica de Zumosol y, por otro, el anuncio de García Carrión de abrir una fábrica en Fuente Palmera que, en ambos casos, deben contribuir a garantizar un precio justo y estable para la naranja destinada a zumo”. La sesión ha finalizado con “unas cotizaciones de 0,41 a 0,44 euros por kilo para la variedad Valencia Delta Calidad 1ª y de 0,35 euros por kilo para la naranja de industria”.

Otro de los aspectos que se han analizado fueron los efectos de las borrascas que azotaron la provincia entre los meses de diciembre y febrero, “que ocasionaron numerosos destrozos y pérdidas en muchas explotaciones, y de los que se esperan las ayudas de las diferentes administraciones y el efecto en la próxima campaña”.

Al menos, “ha sido un año en el que las citadas borrascas han provocado que las dotaciones de riego previstas para este verano sean las normales de antes de los años de sequía”.