La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha detenido a una madre y a su pareja sentimenal acusados de lesiones al hijo de ella de menos de dos años de edad, tras ingresar por urgencia en un hospital cordobés sedado, con cortes visibles y sangrado en la parte baja de la espalda. La madre ha sido puesta en libertad y el niño se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía y está con una familia de acogida.

Según ha informado la el Gobierno andaluz en una nota, el día 7 de octubre se inició por parte de la Unidad de Policía Adscrita una investigación relacionada con el menor, después de que durante la exploración los servicios médicos percibieron que el menor se encontraba “excesivamente tranquilo y colaborador” y tras realizarle analítica y test de tóxicos en orina, arrojó positivo en benzodiazepinas, un grupo de medicamentos que tienen efecto sedante, ansiolítico --reductor de ansiedad--, relajante muscular y anticonvulsivante.

Dada la gravedad de los indicios detectados, por parte de los servicios sanitarios, se remitió parte al Juzgado, contactaron con el forense de guardia y emitieron hoja de Maltrato Infantil Grave (SIMIA), informándose al Servicio de Protección de Menores de Córdoba dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Fue el propio servicio el que contactó con el Área de Protección al Menor de la Unidad Adscrita, iniciando una investigación por un posible maltrato físico grave con un riesgo social, que culmina con la ejecución forzosa de desamparo provisional del menor, y la detención de la madre y de su pareja sentimental, ambos de 23 años.

Violencia de género

La mujer, durante su declaración en sede policial manifestó ser víctima de malos tratos por parte de su compañero sentimental, lo que implicó una nueva detención del hombre por presunta violencia de género.

De este modo, se ha tramitado por este hecho el correspondiente atestado por la UFAM de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba.

La Junta Local de Seguridad celebraba este martes en el Ayuntamiento con la presencia de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como las máximas autoridades del Consistorio y la Subdelegación del Gobierno ha aprobado el plan de seguridad especial con motivo de la celebración del Vía Crucis Magno este sábado 11 de octubre, jornada en la que procesionarán por la capital 35 hermandades y se espera una participación en el evento de 150.000 personas.

Dada la afluencia de personas que se espera y la participación de hermandades en una sola jornada, el plan incluye medidas inéditas en la seguridad y el tráfico en Córdoba. Entre ellas destaca el establecimiento de tres anillos de seguridad: el primero sobre el entorno de la Mezquita Catedral donde será el recorrido oficial conjunto; el segundo que se amplía hasta la calle Alfayatas y servirá de colchón del primero ante una masiva afluencia de personas; y el tercero, que se utilizará ante un caso de emergencia, con cortes de tráfico en el centro de la ciudad.

Todos los anillos y espacios que el plan establece incluye vías de acceso y de evacuación, como por ejemplo será el Puente Romano, que solo estará habilitado como tal para cubrir una posible evacuación desde la zona de la Mezquita Catedral hacia el sur de la ciudad.

Controles de alcohol y drogas

Los cuerpos y fuerzas de seguridad desplegarán a más de 600 efectivos para este día. La Guardia Civil contará con 200 agentes que, en su mayoría, se encargarán de velar por la seguridad en las carreteras de la provincia, desde donde se espera que llegue a la capital gran afluencia. Asimismo, realizarán controles de alcohol y drogas en los accesos a la ciudad, en entre seis y ocho puntos ubicados en las vías de entrada.

Por su parte, la Policía Nacional contará ese día con 215 agentes en Córdoba, con presencia de todas las unidades y refuerzos de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Y la Policía Local tendrá a 212 agentes más los mandos trabajando en esta jornada del Vía Crucis Magno, tanto en labores de tráfico como de seguridad ciudadana y con policías motorizados acompañando el paso de las procesiones.

Fase de pre emergencia 3

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de los servicios de emergencia con ocasión del Vía Crucis Magno se establecerá en la comisaría de Doctor Fleming, desde donde se coordinará todo el operativo y se vigilará a través de pantallas el discurrir de la jornada. Desde las 16:00 del sábado hasta las 3:00 se prevé que esté todo el dispositivo activo, periodo durante el que se declarará la fase 3 de pre emergencia en Córdoba.

La zona de El Arenal estará preparada para recibir hasta 400 autobuses con personas que participen en el Vía Crucis Magno, además de contar con 2.700 plazas para vehículos y 400 previstas para personas con movilidad reducida.

La Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad de Andalucía ha aclarado el origen de un incendio forestal ocurrido el pasado 16 de junio en el Paraje Arroyo Galapagar del término municipal de Córdoba, junto a la estación de servicio Moeve de la autovía A-4, y ha identificado a una persona como presunta autora de la negligencia. A este lugar acudió una patrulla de dicha unidad, que constató los hechos y donde se encontraban interviniendo medios del Plan Infoca.

El origen del incendio se determinó como negligente, por la rotura de un cable de alta tensión que cayó sobre combustibles muertos presentes en el suelo, originando así el incendio. Presumiblemente, ayudado por la falta de mantenimiento de dicha línea eléctrica que abastece a la estación de servicio, como así consta en el informe pericial elaborado por los agentes de Medio Ambiente que integran la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), perteneciente a la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

En base a la inspección ocular practicada y el informe de la BIIF, se procedió a tomar declaración a un empleado de la empresa responsable del mantenimiento de la línea eléctrica en calidad de investigado no detenido. Por estos hechos, se han tramitado diligencias policiales, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia de Córdoba.

Los agentes y la BIIF realizaron la correspondiente inspección ocular y determinaron que el incendio ha afectado a 23,79 hectáreas de terreno, de las cuales 23,33 corresponden a terreno agrícola (rastrojo y cereal) y 0,46 hectáreas a terreno forestal, formado por galería arbustiva (fresnos y otras especies del arroyo Galapagar).

El incendio se inició sobre las 17:35, fue controlado sobre las 19:40 y extinguido sobre las 21:00 del mismo día. El Plan Infoca desplegó en este lugar un agente de medio ambiente, un técnico de operaciones, dos grupos especialistas, dos dotaciones autobomba, siete dotaciones de bomberos, dos aviones de carga en tierra, un helicóptero de transporte y un vehículo de bomberos.

Cabe destacar que el término municipal de Córdoba, donde tuvieron lugar los hechos, se encuentra catalogado por la normativa en vigor en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales como de Peligro de Incendio, estando la fecha del incendio encuadrada en la época de Peligro Alto de Incendios Forestales.

El Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha dado cuenta de su participación en la recuperación de monedas históricas provenientes del expolio en la provincia de Córdoba a lo largo del pasado año. En concreto, señalan que intervinieron 648 monedas provenientes de expolio en provincias de Córdoba y Jaén y seis posibles puntas de flechas.

Los agentes también confiscaron hachas neolíticas en perfecto estado de conservación que habían sido expoliadas y cuyo origen se sitúa entre Zalamea la Real y Valverde del Camino (Huelva), además de identificar tumbas en pizarra Zalamea la Real, que podrían ser de época medieval.

De todo ello han dado cuenta desde la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en colaboración con la Delegación Territorial de Cultura y Deportes en Huelva, al dar a conocer que han localizado un nuevo yacimiento megalítico por la Costa Occidental onubense, durante una reciente prospección arqueológica. En el mismo se ha recuperado un bloque de cuarcita con 15 grabados rupestres, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Así lo han indicado desde esta unidad policial a Europa Press, señalando que en el lugar se ha identificado este bloque de cuarcita, de forma romboidal y que cuenta con una longitud de 2,55 metros. El mismo se hallaba situado en posición horizontal y contiene 15 grabados rupestres realizados “mediante la técnica del piqueteado”. Los grabados presentan diámetros entre 6 y 24 centímetros y son “algunos de los mayores registrados en la provincia”, han subrayado.

Asimismo, han informado de que, además, se ha documentado una estructura oval “cuya función está aún en fase de estudio”. Por ello, han apuntado que, con la presencia de arte rupestre, el enclave ha sido declarado de Bien de Interés Cultural, dentro de la categoría de Yacimiento Arqueológico, toda vez que han remarcado que los grabados, “cuya antigüedad podrían remontarse a varios milenios”, serán objeto de futuras investigaciones “para una datación más precisa”.

Finalmente, desde la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a Andalucía han destacado que este hallazgo es fruto de su “estrecha colaboración” con el Servicio de Bienes Culturales, “que desde 2023 han intensificado las labores conjuntas mediante el intercambio de información, patrullas preventivas y asistencia a inspecciones técnicas con el objetivo común de preservar y proteger el patrimonio cultural andaluz.

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía localizó en 2024 menhires en Almonaster la Real y Beas; intervino un busto en roca --en estudio para datación y procedencia--, y constataron posibles grabados en roca en Almonaster la Real.

Un importante despliegue de efectivos de la Guardia Civil ha actuado este martes en un centro de educación pública de la localidad cordobesa de El Carpio en asistencia al Servicio de Protección de Menores, que tenía previsto realizar una retirada (cuando la Junta interviene para que un menor o menores sea apartado temporal o definitivamente de su familia).

Sin embargo, según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, la retirada no se ha podido llevar a cabo, debido a la tensión que se ha generado en el centro educativo con la llegada de varios miembros de la familia.

Desde el Instituto Armado han confirmado que la actuación llevada a cabo este martes estaba relacionada con el orden público, en apoyo a la Policía Autonómica, que es el cuerpo que tiene las competencias en esta materia a nivel andaluz.

Otras fuentes han informado de que la familia que iba a ser objeto de la retirada ha proferido amenazas contra el personal del centro y las fuerzas de seguridad y que, en vista de la tensión que se estaba generando, la retirada de los menores se ha suspendido.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha querido dejar claro este viernes el rechazo de la Junta a la creación de una policía autonómica en Andalucía, apuntando que esa propuesta del PSOE-A es “muy peligrosa”.

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, Sanz ha expresado su “sorpresa” por el hecho de que la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez, haya apostado por que la Junta reclame al estado la creación de una policía autonómica, lo que pone de manifiesto que los socialistas pretenden “desmantelar” la Guardia Civil y la Policía Nacional de Andalucía.

Tras señalar que Andalucía cuenta con su policía adscrita cuyas competencias están marcadas en el Estatuto de Autonomía, Sanz ha señalado que no se puede aceptar que, para “justificar las cesiones y los regalos” del Gobierno central al independentismo catalán, que pasan por “quitar competencias a la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña”, el PSOE-A pretenda que se haga “lo mismo” en Andalucía.

Ha señalado que la propuesta del PSOE-A sobre una policía autonómica “es muy peligrosa en Andalucía” y sería un “retroceso muy grave” para la Policía Nacional y la Guardia Civil. En esta comunidad, según ha recalcado, “estamos perfectamente organizados con una gran Guardia Civil, una gran Policía Nacional y una gran unidad adscrita de policía con sus competencias que están establecidas en el Estatuto”.

Ha denunciado que, actualmente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no cuenta con ningún “apoyo” del Gobierno central, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “no cumple con su palabra y un día dice una cosa y otro día dice otra”. “El Gobierno de España les traiciona y les abandona todos los días”, según ha apuntado Sanz, para quien un ejemplo de ello es el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre las políticas migratorias y las “competencias en materia de control de fronteras” que se pretenden “quitar” a Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña.

“Es inaceptable desde el punto de vista de la seguridad de España y lo que nuestra Constitución establece como competencia estrictamente del estado, como son la seguridad ciudadana, el orden público y el control de fronteras”, ha añadido.

Para Sanz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se han convertido en “colaboradores imprescindibles de la ruptura de España” con el independentismo catalán, y se ha mostrado seguro de que muchos socialistas se sienten “avergonzados” por esa actitud.

La Unidad de Policía de la Comunidad Autónoma de Andalucía en Córdoba ha tenido que precintar un salón de juegos en esta ciudad por permitir el acceso a una persona cuya entrada estaba prohibida, que denunció la pérdida de 7.000 euros en apuestas.

Este es uno de los hechos destacados del balance de año de la Policía Autonómica en Córdoba, según ha podido conocer este periódico, aunque no han precisado más detalles de la actuación. Habitualmente, las personas que sufren adicción al juego o que consideran que están en riesgo de padecerla pueden pedir que se les prohíba el acceso a salones de juego, casinos y bingos, mediante su inclusión en un registro con tal fin, que es conocido por estos establecimientos.

Junto a esta acción, la Policía Autonómica ha llevado a cabo en este año la inspección de 190 establecimientos de juego en la provincia, “detectando múltiples irregularidades en seguridad, licencias y seguros”, según informan. En el año 2023 se hicieron 23 inspecciones.

En el año que ahora termina, han tramitado, además seis denuncias por fumar en locales y cuatro por venta de alcohol a menores. Y entre otras actuaciones destacadas en este año 2024 en materia de juego, también han inspeccionado 606 máquinas recreativas.

Mientras tanto, respecto al área de Medio Ambiente, se han detectado 18 talleres ilegales, con incumplimiento de la normativa de gestión de residuos y no estar dado de alta en industria como empresa autorizada. En el año anterior solo hubo una denuncia sobre este asunto.

Agentes de la Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía han rescatado a una cría de buitre que se encontraba deshidratada y desnutrida en la Sierra en Córdoba.

Según ha difundido este cuerpo en sus redes sociales, el ejemplar de buitre se encontraba localizado en medio de un camino, cerca de un puente donde se ubican buitreras donde habita esta especie. El animal presentaba síntomas de deshidratación y desnutrición.

En el rescate han colaborado también agentes de Medio Ambiente, según señalan, y finalmente el animal ha podido ser capturado y trasladado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA).

Este centro está especializado en el tratamiento y recuperación de animales heridos o con alguna enfermedad, en especial aves de especies amenazadas.

La Junta Local de Seguridad se ha reunido este lunes para determinar el dispositivo especial para la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, en el que trabajarán cerca de 1.200 efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

En concreto, habrá unos 600 agentes de la Policía Nacional, 220 efectivos de la Guardia Civil y 360 de la Policía Local. En el plan de seguridad para la Feria también participa la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma y la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno.

El dispositivo de seguridad repetirá la fórmula del año pasado en que se estableció un vallado de la zona del recinto ferial junto al Guadalquivir, además de estar dotado de mayor iluminación y de cámaras de seguridad. La Policía Nacional y la Policía Local realizarán rondas de vigilancia en este entorno.

Estas actuaciones responden al objetivo de evitar que ésta sea una zona insegura y donde puedan darse agresiones sexuales, como ya se anunció la pasada semana con la campaña 'Diviértete desde el respeto, por una Feria libre de agresiones sexistas'. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recordado que el año pasado se produjeron diversas agresiones sexuales en la Feria y ha confiado en el dispositivo de seguridad para esta edición.

Cámaras de seguridad

A partir del 17 de mayo a las 22:00, cuando se encienda el alumbrado de la Feria, el dispositivo de seguridad estará desplegado en El Arenal y los arededores. De un lado, unos 140 agentes de la Guardia Civil se encargarán de controlar el tráfico en la autovía, además de realizar controles de drogas y alcohol al volante a lo largo de todos los días de la Feria, según ha explicado la subdelegada del Gobierno, Ana López.

La Policía Nacional realizará labores de vigilancia en la plaza de toros y otros puntos de la ciudad, además de estar presente en el recinto ferial, compartiendo control y seguridad con la Policía Local, para la seguridad en El Arenal. Los agentes de la Policía Local también controlarán los acceso al recinto. Y asimismo, se hará vigilancia de control de venta de alcohol a menores.

El dispositivo de seguridad para la Feria repite el llevado a cabo en años recientes. De nuevo, habrá hasta ocho cámaras de seguridad y vigilancia en distintos puntos del recinto ferial, algunas de ellas junto al río, como ya ocurriera el año pasado.

Botellón y zona de obras

De nuevo, este año se espera que se congreguen miles de jóvenes en el botellón ya tradicional el miércoles de Feria. Respecto a ello, el alcalde ha dicho que, si bien “no nos gusta, no lo promovemos, pero es una realidad y actuar contra esas miles de personas sería peor”, ha dicho.

De nuevo será la zona del Balcón del Guadalquivir y sus distintas terrazas las que prevean esta aglomeración de jóvenes. Este espacio se encuentra junto a las obras del tanque de tormentas en el río, que por motivos de seguridad, quedarán paralizadas durante los días de celebración de la Feria.

“La obra se va a parar por seguridad y prudencia, se reforzará la seguridad privada por parte de Emacsa, para que nadie tenga acceso”, ha explicado Bellido, que ha asegurado que “hay espacio suficiente” para la zona de botellón y, en todo caso, podría ampliarse en el mismo entorno.

La Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía interpuso un total de 839 denuncias por conductas de riesgo contra el medio ambiente durante el año 2023, donde destacan las quemas no autorizas y sin control. Asimismo, cinco incendios forestales fueron investigados y esclarecidos por los agentes.

Además, se elevaron denuncias por transitar o estancias en el monte, por circular fuera de la red de carreteras y utilizar vehículos de combustión en zonas y periodos prohibidos, por el grave peligro de incendio en el campo.

Respecto a la labor de vigilancia en espacios naturales, se insterpusieron 28 denuncias por construcciones ilegales en los términos municipales de Almodóvar del Río, Cabra, Cardeña, Córdoba, Fernán Núñez, Monturque, La Rambla y Cañete de las Torres. Todas ellas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Y en lo relativo al patrimonio histórico, destaca la recuperación de 122 monedas de gran valor histórico que fueron entregadas al Museo Arqueológico de Córdoba. Molina ha recordado que “todas estas piezas estaban en manos de un particular que pretendía comercializarlas y a quien finalmente se le imputó un delito contra el patrimonio histórico”.

Este es uno de los ámbitos de actuación de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, cuyo balance de actuación durante el pasado año sido presentado por el delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, junto a los mandos de la unidad.

En cuanto al trabajo policial en relación a la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se hicieron 271 comprobaciones de titularidad, 84 informes y se actuó en 11 lanzamientos forzosos de viviendas públicas.

Control del juego ilegal y protección de menores

En las competencias de control del juego ilegal, los agentes realizaron el año pasado un total de 517 inspecciones y elevaron 753 denuncias. Asimismo, participaron en una campaña de vigilancia policial sobre el aforo de más de 700 personas en establecimientos de ocio

En cuanto a la protección de menores, se ha actuado en 235 traslados de menores infractores, se han registrado 138 actuaciones contra el absentismo escolar en el caso de 136 menores. Se han elaborado 35 informes sobre la situación sociofamiliar de estos menores y se han realizado 45 patrullas en relación a este ámbito. En 2023, 37 menores han sido retirados de su entorno en la provincia de Córdoba por una grave situación de desprotección.

La Unidad de la Policía Adscrita ha llevado a cabo el pasado año 668 patrullas preventivas, con 1.249 servicios de protección en edificios de la administración.

Plantilla deficitaria

El delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba ha expuesto que la plantilla de la Unidad de Policía Adscrita está actualmente en déficit y que desde 2013, cuando eran cincuenta agentes, se ha pasado a los 31 que hay actualmente.

En ese sentido, ha denunciado esta situación requiriendo al Gobierno central para que amplíe la dotación de personal a esta Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta.

Los mandos han detallado que, ante la falta de agentes, se ha reducido el número de patrullas preventivas de seguridad, para poder atender otras labores y sacar adelante el trabajo.

Cerca de un millar de agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Adscrita a la Junta de Andalucía y Policía Local velarán por la seguridad integral de los cordobeses durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que se celebra en la capital entre este viernes 19 y el domingo 28 de mayo.

Esos son los efectivos activados aproximadamente, según los datos facilitados este lunes por la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y el concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, tras presidir la Junta Local de Seguridad con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. 

La Policía Local pondrá a la totalidad de la plantilla a trabajar por turnos y con las horas extraordinarias aprobadas. En total, 383 agentes, a los que se sumarán más de medio millar de efectivos de la Policía Nacional, que contará con el refuerzo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegada desde Sevilla, al igual que la unidad aérea, que controlará el uso de drones.

El resto del operativo será con efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que ha anunciado que hará más de 3.500 pruebas de detección de alcohol y drogas en las carreteras de la provincia, y la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, que estará muy pendiente de que los menores no tengan acceso a alcohol, así como del control sanitario en las 86 casetas que habrá dispuestas en el Recinto Ferial de El Arenal.

El concejal delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que los agentes locales serán especialmente vigilantes con que se haga botellón únicamente en la zona habilitada para ello, y no dentro del recinto ferial, que este año ha reforzado la seguridad en el carril de emergencia junto al río, que se ha vallado y contará con una cámara de vigilancia y con iluminación especial.

Además, los agentes locales controlarán especialmente la entrada de armas blanca y menores al botellón, que seguirá realizándose en la zona especial designada para ello en el balcón del Guadalquivir, además de extremar el control sobre la venta ambulante y el paseo de caballos, así como evitar que desempeñen funciones de seguridad en las casetas personas que no estén habilitadas legalmente para ello.

La subdelegada del Gobierno, por su parte, ha indicado que más de una treintena de casetas han establecido hasta el momento puntos violetas de asesoramiento y seguridad para casos de violencia machista o de carácter sexual. Valenzuela espera que este número aumente de aquí al viernes, al igual que ha deseado que sea una feria tranquila en este sentido, sin denuncias por sumisiones químicas ni agresiones de ningún tipo.

Del mismo modo, ha pedido a los más jóvenes que primen las actitudes cívicas en su uso del espacio destinado al botellón, para así evitar imágenes que no benefician a Córdoba.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado coordinarán su acción en el plan especial con motivo de las fiestas en Córdoba y se desplegarán en el centro y en los barrios, en la que será la primera Navidad con 'normalidad' desde la declaración de la pandemia de la Covid19.

El Ayuntamiento de Córdoba ha sido escenario este luenes de la reunión de coordinación entre los mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, donde el delegado de Seguridad del Consistorio, Miguel Ángel Torrico, y la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, han destacado la colaboración de las administraciones y los cuerpos de seguridad.

Así, Torrico ha avanzado que el plan de seguridad para estas fiestas aumentará la presencia de agentes en las calles donde se produzcan aglomeraciones y mayor presencia de personas, como la calle Cruz Conde durante el espectáculo de luz y sonido navideño.

La coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad se redoblará en estos días en “zonas de mayor afluencia de personas, especialmente en los horarios de compras” en el caso de los centros comerciales abiertos en el centro y en los barrios. En ese sentido, Valenzuela ha destacado que “aparte del centro, este plan llegará a los barrios, a todos los rincones”, para que no queden “expuestos” a la delincuencia.

Junto a ello, la Policía Local y la Guardia Civil realizarán controles de alcohol y droga entre conductores, además de controles de velocidad, en unos 30 puntos en toda la capital. Asimismo, se vigilará la venta de material de pirotecnia y la normativa de venta de alcohol.

“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad individual”, ha dicho Valenzuela en aras de que las fiesta de Navidad transcurran con seguridad y sin altercados. “La gente ha cogido con ganas esta Navidad, la primera normal tras la pandemia y ”debemos marcar los límites entre el disfrute y causar molestias o daños a nuestros conciudadanos“. En ese sentido, ha llamado a la responsabilidad de los adultos y, a que, entre los jóvenes ymenores, ”sus padres puedan inculcarles“ esos valores.

En ese sentido, desde el Ayuntamiento, Torrico ha apostado por “disfrutar a tope de la Navidad pospandemia” siempre que se conjugue “el derecho al ocio y al descanso, la tranquilidad y la seguridad” en unas fiestas en las que sigue estando activa la alerta antiterrista.

El plan de seguridad especial por Navidad se desplegará desde este 19 de diciembre hasta el 6 de enero y contará con el total de las plantillas disponibles de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los tres turnos a lo largo de cada jornada.

La madre de un menor de tres años y su pareja, que fueron detenidos el pasado 4 de febrero por la presunta comisión de un delito de maltrato físico a dicho menor, han quedado en libertad con cargos por decisión judicial, al entender que ahora no hay riesgo para el niño, al encontrarse éste ya bajo protección de la Junta de Andalucía.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Administración autonómica y ha avanzado 'Diario Córdoba', precisando que a la pareja se le ha imputado la presunta comisión del mencionado delito después de que la Policía Autonómica los arrestara por las lesiones que presentaba el pequeño, que fueron advertidas por monitores del colegio al que asiste. En concreto, estos profesionales observaron que presentaba moratones en piernas y nalgas, e incluso la marca de una suela de zapatilla.

El menor fue trasladado en su momento al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde fue ingresado a causa de estas lesiones. Los efectivos sanitarios comunicaron la situación y se activó el procedimiento que suponía el desamparo urgente y provisional del menor, que ha quedado bajo la protección de la Junta y que, según ha informado ya el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Córdoba, Antonio López, ha sido acogido por una familia con carácter de urgencia.

Agentes del Área de Protección al Menor (Aprome), pertenecientes a la Jefatura Provincial de Córdoba de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad de Andalucía, han detenido a una mujer y a su pareja, de 20 y 22 años, respectivamente, por la supuesta comisión de un delito de maltrato físico hacia el hijo menor de ella de tres años de edad.

Según detalla la Junta en una nota, todo comenzó cuando los monitores del colegio observaron que el pequeño presentaba numerosos moratones en piernas y nalgas; en algunos incluso, reproduciendo la marca de la suela de una zapatilla.

De esta forma, el menor fue trasladado al Hospital Reina Sofía, desde donde, “de forma inmediata”, se informó al Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía en la capital cordobesa.

Así, “ante las evidencias de un posible caso de maltrato infantil”, los agentes del Área de Protección al Menor en Córdoba, junto a técnicos del citado servicio de protección al menor, cumplimentaron la resolución de desamparo del menor dictada por la Junta “de forma urgente, dada la gravedad del caso”.

Tras ello, se ha detenido a la madre del pequeño y a su compañero sentimental como presuntos autores de un delito de lesiones --maltrato infantil--, instruyéndose un atestado policial por medio del cual todos estos hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades judiciales y fiscales correspondientes.

Actualmente, una vez retirado el menor de su entorno familiar, éste se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía, “garantizándose con ello su completa protección”.

El Área de Protección al Menor (Aprome) de la Policía Adscrita está integrada por funcionarios policiales especializados en la detección e investigación de situaciones de riesgo y desprotección de menores de edad quienes trabajan de forma conjunta con los diferentes Servicios de Protección al Menor de la administración autonómica.

Desde la entrada en vigor de la conocida como Ley Mordaza, la LO 4/2015, en la provincia de Córdoba han sido impuestas un total de 34.655 denuncias. Con todas, solo en Córdoba el Estado ha recaudado por estas infracciones 18,8 millones de euros, según la información del Ministerio del Interior. La norma sigue en vigor, a pesar de lo prometido por el Gobierno de coalición.

Ante ello, distintas organizaciones andaluzas han anunciado la convocatoria de varias concentraciones en la comunidad andaluza. En concreto, se han organizado concentraciones en las ciudades de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla para el próximo 13 de febrero. Tal y como destacan las organizaciones, “Andalucía es la comunidad autónoma que acumula el mayor número de sanciones desde la entrada en vigor de la norma”. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior, entre los años 2015 y 2020 se han interpuesto 448.103 sanciones en Andalucía que, en términos económicos, ascienden a una cuantía de algo más de 267 millones de euros. Con 108.249 multas, Málaga es la provincia que más sanciones acumula -seguida de Sevilla, con 76.316, y Almería, con 69.012-.

En Córdoba, el año con más sanciones es el del confinamiento, 2020. Durante ese ejercicio, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado impusieron más de 9.600 sanciones amparadas en esta ley aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2020, con estas sanciones se han recaudado casi seis millones de euros, según los datos de Interior

Ahora, y como denuncian las organizaciones adheridas, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el Sindicato Andaluz de Periodistas o Acción en Red Andalucía, “ni el texto base, ni el paquete de enmiendas acordado entre PSOE y Unidas Podemos proponen medidas garantistas para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales” como la libertad de expresión, de reunión pacífica, el derecho de información, o los derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo.

Las movilizaciones se enmarcan dentro de una convocatoria estatal realizada por la plataforma No Somos Delito, que integra a más de cien organizaciones, y tendrán lugar justo dos días antes de que se reúna la Ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso, un encuentro en el que se prevé que los grupos parlamentarios cierren los principales acuerdos que marcarán gran parte del articulado de la reforma. Uno de los motivos centrales de estas movilizaciones, en las que se reclamará a la Ponencia de la Comisión de Interior que “se replantee una futura ley que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades y que se aborde de forma prioritaria la redefinición del concepto de seguridad ciudadana”.

Las organizaciones sostienen que la reforma seguirá “amordazando derechos fundamentales” mientras éstos sean regulados bajo un procedimiento administrativo “en el que la versión policial está por encima del testimonio de la ciudadanía, vulnerando un derecho fundamental como es la presunción de inocencia”, apuntan. Por tanto, la plataforma ha solicitado al Congreso que se deroguen o eliminen de la ley aquellos artículos que consideran más lesivos para el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, como el 36.6 que sanciona de 601 a 30.000 euros la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse, supuesto que ya está regulado en el Código Penal; y el 37.4 que sanciona de 101 a 600 euros la falta de respeto a un agente de la autoridad, “cuya aplicación depende esencialmente de la interpretación que hagan in situ los funcionarios actuantes”. Dos artículos que, en el ámbito estatal, son los que más multas han supuesto en materia de seguridad ciudadana desde 2015 a 2019, llegando a sumar 140 mil multas impuestas, lo que supone un 70% del total de sanciones impuestas en ese periodo, y que durante la fase de confinamiento del año 2020, llegaron a suponer casi el 97% del total de las multas impuestas en ese año, según los datos recogidos por el Ministerio de Interior.

Piden también la eliminación de las infracciones que “criminalizan determinadas situaciones de pobreza”, como la sanción por venta ambulante y que “se prohíban expresamente las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, así como la realización de las redadas por perfil étnico o racial”. Por último, los colectivos adheridos a la movilización del 13 de febrero exigen que una reforma integral de la Ley Mordaza debe pasar por cambios como que “la palabra del policía tenga valor de mera denuncia y que deban aportar pruebas, como mínimo, cuando las actuaciones policiales entren en colisión con el ejercicio de derechos fundamentales”.

Agentes de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Córdoba detuvieron el pasado 21 de diciembre a un individuo de 22 años con antecedentes policiales, acusado de crear un invernadero y laboratorio destinado al cultivo de marihuana en una vivienda ubicada en el barrio de Las Palmeras de la capital cordobesa. 

Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes, a requerimiento de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se disponían a ejecutar el desahucio de la vivienda, de la que se sospechaba que estaba siendo ocupada ilegalmente. En su interior encontraron una compleja estructura dirigida al cultivo y producción de marihuana.

Y es que en la vivienda incautaron más de 30 plantas de marihuana de gran tamaño, 16 pantallas halógenas, un potente sistema de ventilación, así como diversos productos para el cuidado de las plantas y envases para su distribución.

Además, se comprobó que la instalación eléctrica había sido manipulada (enganche ilegal) para evitar registrar el elevado consumo que requiere esta actividad ilícita.

El dueño del laboratorio fue identificado y detenido, acusado de la comisión de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Tras la tramitación del atestado policial fue puesto a disposición judicial. 

Agentes de la Jefatura Provincial de Córdoba de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía detuvieron, el pasado 29 de septiembre, a una mujer en Córdoba por un presunto delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar.

Según ha informado el gobierno andaluz a través de una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar cuando agentes del Área de Protección al Menor procedió a la retirada del domicilio a dos menores, de 2 y 3 años, declarados en desamparo provisional, quienes residían en la barriada cordobesa del Guadalquivir.

Una vez materializada la retirada, se inició una investigación al tener conocimiento de que podrían existir presuntos malos tratos por parte de la madre hacia la mayor de los dos hermanos.

Fruto de la investigación, se procedió a la detención de la progenitora, quien fue puesta en libertad una vez tramitadas las diligencias oportunas y no existir riesgo para la integridad de los menores, ingresados en un Centro de Protección de Menores de la Junta de Andalucía.

La Policía Autonómica de la Junta de Andalucía en Córdoba ha identificado a un hombre de 60 años como presunto autor del incendio de este lunes en Trassierra. El fuego fue forestal y quedó en conato, aunque estuvo cerca de convertirse en una tragedia medioambiental. La rápida intervención del Plan Infoca y de la brigada de pronto auxilio de las Siete Fincas evitó que se propagase por una zona de alto valor ecológico.

Según ha podido saber este periódico, este hombre fue visto por otros vecinos en las inmediaciones de donde se originó el incendio justo en el momento en el que se avistaron las primeras llamas. De hecho, han sido estos testigos los que han avisado a la Policía Autonómica.

Los agentes ya han citado como investigado a este hombre, al que han tomado declaración. También han recogido los testimonios de los testigos. Una vez recabados todos los testimonios, se han abierto diligencias en contra de este vecino y se han remitido al juzgado correspondiente en funciones de guardia en Córdoba.

Mientras tanto, la brigada de investigación forestal sigue ultimando el informe sobre el origen del fuego. Ahí se conocerán las causas exactas que lo provocaron y se podrá determinar definitivamente la autoría del mismo.

En la provincia de Córdoba, la mayoría de los incendios forestales son provocados. En algunos casos se deben a imprudencias y en otros directamente intencionados. En ambos casos se trata de un delito medioambiental penado con cárcel.