La multa urbanística más alta jamás impuesta en España y una de las más grandes de toda Europa (solo superada recientemente por el beach club Principote de Mykonos, en Grecia) es bastante probable que no se cobre jamás. El Ayuntamiento de Córdoba ha incluido en un informe todas las deudas “de dudoso cobro” que viene arrastrando desde el año 2000. En total, son 55 millones de euros pendientes de cobro que el Área de Hacienda entiende que es muy difícil que algún día lleguen a liquidarse.

Dentro de esos 55 millones de euros destaca los 20 millones de multa que el Ayuntamiento de Córdoba impuso al constructor Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán. En el año 2005, el empresario amplió las instalaciones de una antigua cooperativa láctea de Córdoba (Colecor) junto a las ruinas de Medina Azahara. El suelo ya estaba catalogado como de especial protección y era no urbanizable. Aún así, Sandokán levantó 40.000 metros cuadrados de naves industriales con el objetivo de abrir una enorme superficie comercial en la que pretendía vender productos importados de China con una marca propia.

Las obras no se llegaron a precintar pero el Ayuntamiento sí que impuso una enorme sanción urbanística. La multa alcanzó los 24 millones de euros pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajó el importe a los 20 millones. Sandokán se negó a pagar la multa. No solo esta, sino el resto de sanciones que le impuso el Ayuntamiento por numerosas obras irregulares en toda la ciudad: Carrera del Caballo o Villarrubia, entre otros lugares. En total, se llegó a estimar que Rafael Gómez, a través de sus múltiples empresas, le debía al Ayuntamiento unos 40 millones de euros por multas urbanísticas. No consta que haya abonado euro alguno.

Empresario, constructor y político

Rafael Gómez Sánchez ha sido un empresario, constructor y joyero muy conocido. Su apodo se lo debe a su parecido físico con el actor Steve Reeves, protagonista de las dos películas sobre Sandokán, el personaje de Emilio Salgari, que se llevó al cine en los años sesenta. Gómez se llegó a presentar a las elecciones, después incluso de haber sido detenido en la operación Malaya y de saberse que le debía 40 millones en multas al Ayuntamiento y prácticamente otros 200 millones más a Hacienda por impagos a la Agencia Tributaria. Se convirtió en líder de la oposición y recibió más de 25.000 votos, superando incluso a Izquierda Unida, que hasta entonces gobernaba la ciudad.

Sandokán tuvo un imperio inmobiliario previo a la crisis del ladrillo en el que dio empleo a miles de trabajadores. Construyó en la Costa del Sol hasta que estalló el caso Malaya. Antes del estallido de la crisis del ladrillo y a causa de Malaya, vendió parte de su patrimonio inmobiliario al grupo Tremón, con quien sigue litigando por la titularidad de grandes bolsas de suelo, como las del famoso Tívoli. Fue condenado, pero no entró en prisión por esta sentencia, sino por otra instalada por la propia Agencia Tributaria, por un impago también de unos 20 millones de euros. La condena fue a cinco años de cárcel, de los que estuvo en prisión algo más de un año. El resto fue en libertad vigilada.

El grueso de las sanciones de “dudoso cobro” del Ayuntamiento de Córdoba son las que se incluyeron en el ejercicio fiscal de 2014. Ese año se declaró firme la multa de Colecor. En total, son 26 millones las pendientes de 2014. Sanciones urbanísticas, algo más de 21 millones.

Hasta el año 2012, las multas urbanísticas del Ayuntamiento de Córdoba iban a una caja común. El objetivo, según un informe del propio Ayuntamiento, era evitar transferencias y gastos financiados con unos recursos que pudieran no llegar a recaudarse, como el caso de la multa por la construcción de las naves, aunque no solo. Durante los años de la eclosión del fenómeno parcelista se acumularon las sanciones, que en muchos casos nunca se llegaron a cobrar.

Así, hace justo diez años se estableció un sistema por el que año a año se transfería a la Gerencia desde el Ayuntamiento el dinero efectivamente recaudado. El dinero recaudado se destinaba a financiar la compra de suelo. Pero desde ese cambio, se ha recaudado poco.

Según el informe de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, desde 2000 se han impuesto multas que han generado deudas “pendientes de cobro” por un importe total de 117 millones de euros. De ese total, se considera que son de “dudoso cobro” 55,5 millones de euros. El documento da por perdidos los pagos de todas las sanciones “pendientes de cobro” previas al ejercicio de 2019.

Con este documento, el equipo de gobierno tendrá que tomar una decisión. Si se considera que ese dinero no se va a poder cobrar, habrá que ajustar los presupuestos del Ayuntamiento, aunque probablemente para los próximos ejercicios fiscales.

Hasta finales del siglo XX, el Valle del Guadalquivir se teñía de color blanco a finales del verano. Junto al cauce del río y para aprovechar su caudal en forma de riego se sucedían hectáreas y hectáreas de cultivos de algodón. Córdoba fue una de las principales productoras de este textil en la Península e incluso en el sur de Europa, hasta que finalmente el algodón nacional dejó de ser competitivo a nivel mundial. Poco a poco, esos cultivos se fueron transformando. Muchos son hoy parcelaciones. Otros, olivares intensivos de regadío.

Con la crisis del algodón llegó la de las desmotadoras, esas espectaculares industrias agrícolas que transformaban el producto. En Córdoba capital, la última gran desmotadora estaba junto a la actual Carretera de Palma del Río, en la zona conocida como Mirasierra, en las inmediaciones de El Aguilarejo. Aquella desmotadora dejó de funcionar en 1998. Hasta unos años antes había sido propiedad de la Cooperativa de Cultivadores de Algodón. Después de un concurso de acreedores estuvo en manos de la familia Martínez Sagrera (que poseía otras dos más). Finalmente acabó en manos del constructor Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, a traves de una de sus múltiples empresas. En este caso, Mezquita Sur Inversiones.

El diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recalificó el suelo de la antigua desmotadora en 2001. Su uso fue urbanizable terciario. Es decir, compatible con grandes superficies comerciales. Mezquita Sur Inversiones no llegó a desarrollar este suelo. Sandokán se centró en la antigua cooperativa láctea, Colecor, donde construyó unas gigantescas naves industriales de 40.000 metros cuadrados. Lo hizo sin licencia y en un suelo no urbanizable de especial protección. El Ayuntamiento le impuso una multa de 40 millones de euros que nunca cobró.

La detención de Rafael Gómez en la operación Malaya hizo que los bancos, que financiaban sus inversiones y su espectacular crecimiento, le cortasen el grifo. Para obtener liquidez y no tener que acudir al concurso de acreedores, Gómez firmó un acuerdo con Grupo Tremón, una gran inmobiliaria. Ahí transmitió el suelo de la actual ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol o el parque de atracciones Tívoli, en Benalmádena (Málaga). Además de propiedades en diferentes lugares. Una de ellas era la antigua desmotadora de algodón. En 2007, el Grupo Tremón adquirió además un suelo rústico junto a la desmotadora. En total, 15 hectáreas para construir una gran superficie comercial, según anunció la inmobiliaria entonces.

La crisis del 2008 lo complicó todo. Tremón entró en un complejo concurso de acreedores, uno de los primeros de la crisis del ladrillo patrio, con una deuda de casi 1.000 millones de euros. El propio Sandokán denunció que esta inmobiliaria no le llegó a pagar ni un euro y que por tanto todo lo que le había vendido seguía siendo suyo. Poco a poco, Sandokán fue perdiendo litigios en los juzgados, mientras Tremón seguía adelante con su propio proceso judicial.

En todos estos años, el concurso de Tremón no se ha resuelto. De hecho, se ha complicado. En el año 2021, solicitó una modificación de su convenio y su concurso de acreedores. El Banco Santander se opuso, por la imponente deuda que mantenía con la inmobiliaria. Y en 2023, Hacienda detectó que Tremón estaría intentando evadir gran parte de su patrimonio fuera de España, usando empresas pantallas en países del Golfo Pérsico.

La pugna con el Santander ha llegado a Córdoba y tiene que ver, precisamente, con los terrenos de la antigua desmotadora de algodón en la carretera de Palma del Río. En noviembre de 2022, Tremón pidió al Juzgado de Primera Instancia número 9 de Córdoba que suspendiera un proceso de ejecución hipotecaria iniciado en 2020 por el Banco Santander. La entidad financiera reclamaba una deuda impagada a Mezquita Sur Inversiones, que cuando compró la desmotadora le pidió un préstamo al Banco Popular. El Popular acabó absorvido por el Santander y sus deudas también.

El Banco Santander entiende que el Grupo Tremón es el “tercer poseedor” de los suelos de la antigua desmotadora. La entidad presidida por Ana Patricia Botín alegaba que la verdadera deudora del préstamo era la entidad Atlantis Servicios Inmobiliarios, S.L., y que, al estar la misma en concurso de acreedores, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Madrid, debía ser dicho juzgado quien conociera del procedimiento. Atlantis, a su vez, es propiedad de Hilario Rodríguez, el dueño del grupo Tremón.

El juez que dirige el concurso de acreedores de Tremón optó por preguntar al juzgado de Córdoba y pedirle que suspendiera mientras tanto la ejecución hipotecaria. El juez cordobés mostró sus dudas y decidió elevar la causa a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, para que resolviese esta cuestión de competencias. Finalmente, el Supremo le ha dado la razón al juzgado de Córdoba, que es el que tendrá que decidir si sigue adelante con la ejecución hipotecaria o no.

Mientras tanto, el suelo seguirá sin desarrollarse. El Banco Santander, además, sigue siendo el propietario de las naves de Colecor, que llegó a sacar a subasta en el año 2020 por un importe de seis millones de euros. Las ofertas no fueron suficientes y la substa quedó en suspenso.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha publicado este viernes la lista anual de morosos con deudas superiores a los 600.000 euros hasta el 31 de diciembre de 2023. Según los datos de Hacienda hay 6.084 contribuyentes morosos con una deuda de 15.237 millones de euros, con un crecimiento del 0,1% y el 0,2%, respectivamente.

La promotora inmobiliaria Grupo Prasa se coloca ya como la quinta entidad de España que más dinero debe al fisco por sí sola, aunque en Córdoba las entidades vinculadas a Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, deben más dinero se sumaran como una sola.

En concreto, Prasa le sigue debiendo a la Agencia Tributaria un total de 91,4 millones de euros. En este ránking es superada por Reyal Urbis, con casi 280 millones de euros, Marillion, con 136 millones, Palemad Reciclaje y Servicios Esquerdo.

El grupo empresarial Arenal 2000, propiedad de Rafael Gómez Sánchez, constructor cordobés conocido como 'Sandokán', adeuda 64,42 millones a Hacienda con la sociedad Arenal 2000 SL, mientras que Arenal 2001 debe otros 71,47 millones. El propio Rafael Gómez Sánchez debe, a título particular, 2,78 millones de euros. El Grupo Inversor Arenal 2000 debe 43 millones, otra entidad de gestiones agropecuarias 2,81 millones y Mezquita Sur Inversiones 2,7 millones, entre otras. Es decir, si se sumasen todos los débitos vinculados a Sandokán la deuda se iría prácticamente a los 200 millones de euros.

A nivel nacional, este año como novedad está Roig Grupo Corporativo --empresa de Francisco Roig, expresidente del Valencia y hermano del presidente de Mercadona, Juan Roig- con una deuda de 9,4 millones de euros.

En el listado de morosos, repite por segundo año José María Enríquez Negreira, el excolegiado al que persigue la sombra de favores arbitrales al FC. Barcelona y que mantiene una deuda de más de 1,11 millones de euros. También figura el expresidente del club blaugrana y primer directivo del grupo hotelero HUSA, Juan [Joan] Gaspart Solves, con más de un millón de euros. Otro que repite en la lista es el exbanquero Mario Conde, que mantiene, como el año pasado, un pasivo con el fisco de casi 6,4 millones de euros.

Y siguen presentes equipos de fútbol, como el Real Murcia, con más de 6,2 millones; o el Real Jaén, con más de 1,6. También el Club Deportivo Atlético Alcantarilla (1,8); el Club de Fútbol Reus Esportiu (1,3) y equipos extranjeros, como el argentino Atlético Huracán con más de 1,7 millones o el paraguayo Cerro Porteño que supera el millón.

Los cines de El Tablero, en Córdoba, exhibirán el próximo 4 de julio Tívoli, un documental que cuenta la historia de este parque de atracciones y de sus extrabajadores, y que ha dirigido por la cordobesa Lucía Muñoz Lucena y el malagueño Sergio Rodrigo.

La película, impulsada por la productora andaluza AliquinDOC, se pudo ver en el último Festival de Cine de Málaga. Supone un viaje en el tiempo: el que va desde la apertura, en 1972, del parque de atracciones Tivoli World de Benalmádena, hasta su cierre, en 2020, tras un enredado y complejo proceso judicial que mantiene a decenas de trabajadores en un limbo sin resolver, y en el que también tiene un papel relevante el empresario cordobés Rafael Gómez Sandokán, que además participa en la cinta.

La película se inició con una campaña para recabar videos, fotos y testimonios de familias andaluzas sobre los más de 50 años de historia del parque. Además, el canal Costa del Sol Televisión --una de las primeras televisiones locales de Andalucía-- ha colaborado con el aporte de abundante archivo histórico.

Tras la cámara y el montaje, la periodista y realizadora Lucía Muñoz Lucena. Natural de Aguilar de la Frontera y licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga, es directora de documentales y CEO de la productora Aliquindoc. Ha codirigido documentales como Operación Brooklyn para RTVE, Paralelo 35º50 o Vecinas… Está especializada en investigación, género y audiovisual, y cuenta con el premio de Periodismo Desalambre de ElDiario.es y Premio AMECO Prensa Mujer 2022.

Sobre su último trabajo, Muñoz Lucena explicaba, en su estreno en Málaga, la importancia que tenía el proyecto. “Tenemos mucho vértigo porque no esperábamos esta acogida tan grande. Cuando empezamos este proyecto hace dos años, compartimos con los trabajadores nuestra idea y ellos abrieron las puertas de sus entrañas, de sus recuerdos, de sus corazones. Esperamos que podáis empatizar con ellos”, dijo entonces la que también es fundadora de la revista La Poderío.

Y es que, con la disputa legal candente y el parque cerrado, los ex trabajadores siguen cuidando de sus instalaciones como parte de sus rutinas diarias, lo que hace especialmente atractiva una película que, no sólo recupera algo que está presente en el imaginario colectivo de toda una generación de españoles, sino que también es un reflejo de cómo ha evolucionado la propia Costa del Sol.

La película llegará a los cines de El Tablero el jueves 4 de julio a las 20:00. Será una sesión exclusiva con presentación y coloquio en el que participará la periodista y realizadora.

Hace 19 años, Mezquita Sur Inversiones, una empresa propiedad de Rafael Gómez alias Sandokán, transformaba a toda prisa la antigua factoría de Colecor, que producía leche diaria, en un gigantesco centro comercial. Los trabajos carecían de la preceptiva licencia municipal, pero no se detuvieron. En pocos meses, se derribó la histórica torre de leche en polvo y en la trasera de la antigua Colecor creció hasta prácticamente el canal del Guadalmellato un inmenso centro comercial. En total, se calcula que Sandokán construyó casi en tiempo récord 40.000 metros cuadrados de naves industriales y que lo hizo sin licencia.

El caso, desvelado por ABC Córdoba, provocó una tormenta política. Mientras llovían los titulares de prensa, los trabajadores de Rafael Gómez llenaban el interior de las naves de productos Retier, la marca creada por el empresario cordobés para competir con las empresas low cost de origen chino en la que sería posible encontrar de todo al mejor precio. El plan de Gómez era crear un enorme centro comercial al que se acercasen no solo los cordobeses, sino andaluces, extremeños y manchegos a comprar bueno, bonito y barato.

En Capitulares gobernaba Rosa Aguilar, entonces en Izquierda Unida. Aguilar ganó las elecciones en 2003 pero sin mayoría absoluta. Se quedó a dos concejales y el PSOE obtuvo cuatro. En la Diputación se dio una situación similar pero a la inversa. Así que el PSOE e IU acordaron pactos de gobernabilidad pero no de gobierno. IU, por tanto, gobernaba en solitario y el PSOE apoyaba sus presupuestos. Pero el entonces portavoz socialista era el mismo que ahora: Antonio Hurtado. Y se convirtió en el auténtico azote de Aguilar, mientras el PP asistía como espectador a una tremenda guerra política.

El Ayuntamiento le impuso a Gómez la multa más alta de la historia del urbanismo cordobés (lo del europeo, que se llegó a publicar, es algo no verificado aún). La sanción, que jamás pagó Sandokán, se llegó a ir a 40 millones de euros en los ejercicios sucesivos, por los intereses de demora. E intentó buscar una solución. Desde el PSOE, que gobernaba la Junta de Andalucía, se reclamaba la demolición. El PP se ponía de perfil e IU buscaba una alternativa. Finalmente, se redactó un plan especial de la Carretera de Palma del Río que buscaba ordenar no solo las naves de Colecor sino también el resto de parcelas y construcciones en una zona que el Plan General de Ordenación Urbana protegía como sueno no urbanizable de especial protección, por su cercanía a Medina Azahara y a Sierra Morena.

El varapalo judicial

Pero casi cada vez que se aprobaba un plan, la Junta lo tumbaba, lo llevaba a los tribunales y los juzgados lo devolvían al Ayuntamiento. Hasta la sentencia definitiva. En 2014, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le decía al Ayuntamiento que había dos puntos del plan especial que no eran legales: el 14 y el 20. Y que los anulaba. Esos puntos se referían a dos cuestiones capitales para la supervivencia de las naves de Colecor: los usos y la superficie.

En 2014, los jueces del TSJA señalaron que en un suelo no urbanizable de especial protección el único uso posible para unas naves es el agrícola. Es decir, que nada de guardar productos Retier. Que o a almacenar grano, aperos de labranza o a volver a producir pura leche de vaca como hacía Colecor hasta los años noventa del siglo XX. Y discutían los porcentajes de las huellas construidas por parcelas. En esencia, con el plan original las naves se podrían legalizar si se demolía la mitad aproximadamente de lo construido irregularmente. Sin señalar exactamente qué había que demoler, los jueces decían que no, que el porcentaje señalado como máximo para la ocupación de una parcela, que se iba al 21% de la superficie total, era demasiado y que no casaba con la misión de protección de los “elementos agrológicos, patrimoniales y ambientales” del ámbito.

El Ayuntamiento recurrió aquel fallo a la espera de que el Tribunal Supremo lo revocase, algo que no ocurrió. En 2017 llegó la sentencia final. Entonces, el Ayuntamiento decidió guardar el plan en un cajón y hacer como que no pasaba nada.

A pesar de que el caso de las naves de Colecor es el más mediático, por su importancia y tamaño (son visibles desde gran parte de Sierra Morena), dentro del ámbito del plan especial hay más parcelas y propietarios que Rafael Gómez. La empresa Proyectos Urbanísticos SL posee suelo en la zona y ha pedido al TSJA que inste a la Gerencia a ejecutar la sentencia, para saber qué puede y qué no puede hacer en su suelo. Actualmente, toda la zona está en un limbo jurídico pendiente de ordenar y desarrollar, y los dueños de los suelos no saben si pueden hacer algo más que cultivar. A pesar de que hay huellas de fábricas históricas, como un almacén de butano o un antiguo matadero cárnico, entre otros.

¿Y ahora qué?

El TSJA le ha dicho al Ayuntamiento que tiene que abrir el cajón y revisar el plan especial. El plazo que le ha dado es de seis meses desde que acatara la sentencia, algo que oficialmente se produjo este pasado jueves cuando se publicó la decisión en el Boletín Oficial de la Provincia. Pero ahora se abre un mar de dudas sobre un enorme problema que tiene la Gerencia: ¿qué hacer?

Hay dudas jurídicas sobre si el plan anterior está ya desfasado. Entonces, se basaba en una ley andaluza, la Loua, que ya ha decaído por otra, la Lista. En esencia, no ha cambiado nada sobre los suelos de especial protección, pero hay matices que volver a revisar. Pero la gran pregunta está: ¿hasta dónde hay que regular la actividad de las naves de Colecor para que sean legales y cuánto hay que demoler?

Las naves de Colecor ya no son de Rafael Gómez. La Agencia Tributaria las sacó a subasta a instancias de su propietario, el Banco Santander, que heredó las deudas del Popular cuando lo compró. En el paquete estaban las naves. El Santander las subastó pero no consta que a pesar de que tuviera ofertas las compra nadie. Entre otras cosas por las dudas jurídicas que existen sobre su uso. ¿Quién va a hacerse con unas naves que no se pueden utilizar, sobre las que no se puede pedir licencia y que por tanto corren el riesgo de que la actividad que se desarrolle sea sancionada?

A pesar de su protección, la zona es muy cotizada. Al otro lado de la Carretera de Palma del Río hay una intensa actividad comercial y hasta industrial. La Junta está ampliando el parque logístico vinculado a la estación de mercancías de El Higuerón. Las grandes parcelas del polígono de la carretera de Palma las ocupan grandes superficies comerciales. El Parque Joyero está repleto, el Ayuntamiento ha rehabilitado el antiguo pabellón en Centro de Convenciones y poco a poco San Eloy se llena de empresas.

Las naves de Colecor siguen siendo a día de hoy el gran elefante dentro de la habitación del despacho principal de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba.

El 26 de enero del año 2017, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló dos artículos del plan especial de la carretera de Palma del Río, el que iba a legalizar parte de las naves de Colecor. El Tribunal Supremo le dio la razón al TSJA a finales de año y desde entonces la Gerencia ha tenido el plan guardado en un cajón. Hasta ahora, que la entidad Proyectos Urbanísticos SL ha pedido al TSJA que obligue al Ayuntamiento a cumplir la sentencia. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que acata la sentencia, algo que no había hecho en siete años. Con esta publicación, la Gerencia tiene seis meses para rehacer el plan especial y hacer cumplir lo dispuesto.

Las naves de Colecor se construyeron en 2005 sin permiso municipal alguno, en el particular Algarrobico cordobés. 12 años después, los más de 40.000 metros cuadrados de almacenes levantados en pocos meses por el entonces imperio de Arenal 2000, propiedad Rafael Gómez Sánchez, siguen en pie. Pero ya tienen sus meses (o años) contados.

Desde 2005, Córdoba ha tenido seis equipos de gobierno en el Ayuntamiento diferentes, y cinco alcaldes. Todos se han enfrentado al mismo problema: qué hacer con esta mole gigantesca construida en un suelo de especial protección como es el entorno de Medina Azahara. El caso de las naves y su adaptación a la legalidad han entrado y salido en los juzgados. Los jueces han anulado la tramitación municipal varias veces y ahora se llega a la recta final de este larguísimo camino judicial que solo puede concluir de una manera: con que la piqueta acabe demoliendo parte de lo construido ilegalmente.

La sentencia original era de 2014, el fallo del Supremo de 2016. En primavera, el TSJA volvió a decir lo que ya decía en 2014: demolición. En 2014, la sentencia tumbó varios puntos del plan especial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. El equipo de gobierno (del PP) finalmente no adaptó el plan especial a lo que marcaba la sentencia y el documento quedó anulado sin poder ejecutarse. Ahora, el plan podría culminar obligando a la demolición de buena parte de las naves de Colecor, construidas sin permiso municipal en el año 2005 y que ocupan una superficie de un suelo de especial protección de 40.000 metros cuadrados.

Las deudas tributarias siguen persiguiendo a Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, y a su familia casi 20 años después. Ahora el la Agencia Tributaria de Andalucía la que reclama al empresario cordobés el pago del Impuesto de Patrimonio de entre los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006. La familia de Rafael Gómez ha demandado esta deuda ante la justicia, al considerar que había prescrito, pero de momento ha perdido en los litigios.

Según consta en la última sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Agencia Tributaria de Andalucía reinició la reclamación del pago de este impuesto una vez que Rafael Gómez fue condenado por un delito continuado contra la Hacienda Pública a cinco años de cárcel. Gómez entró en prisión y actualmente está en libertad condicional. El organismo tributario de la Junta de Andalucía consideró que durante el proceso penal contra Gómez, su familia y sus empresas se suspendió la tramitación del cobro del Impuesto de Patrimonio, que el empresario tampoco había abonado en los ejercicios investigados.

En 2019, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Teara) le acabó dando la razón al gobierno andaluz en su reclamación del impuesto. Pero contra esta decisión, la familia de Rafael Gómez interpuso un recurso que acaba de ser desestimado por el alto tribunal andaluz. La familia sostenía que el abono de este impuesto estaba prescrito, después del paso de los años. Tanto la Abogacía del Estado como la Agencia Tributaria de Andalucía consideraba que lo que se había hecho era suspender el procedimiento de reclamación de cantidad mientras se resolvía la causa penal iniciada contra el empresario cordobés.

En la condena de 2017, los jueces consideraron probado que ni Gómez, ni sus empresas ni su familia habían pagado los impuestos correspondientes a los ejercicios entre 2003 y 2006. En el caso del impuesto de Patrimonio, solo en el caso de Gómez, como persona física, se consideraba que debía haber abonado en 2004 unos 750.000 euros. Una cantidad menor, pero similar, le habría correspondido a su mujer. Y sus hijos también deberían de haber liquidado este tributo, según la resolución consultada.

Los jueces, por tanto, han rechazado la demanda. Contra su sentencia cabe recurso en el Tribunal Supremo. Mientras tanto, esta deuda tributaria se suma a los más de 200 millones que Rafael Gómez, su familia o sus empresas les sigue debiendo a la hacienda pública, según la publicación del listado de grandes morosos divulgado hace unos meses por la Agencia Tributaria.

La productora andaluza AliquinDOC se encuentra en fase de preproducción de un documental sobre los 50 años de historia del parque de atracciones Tivoli World de Benalmádena (Málaga). En este momento están reclamando la colaboración de la ciudadanía para recabar archivos de vídeos familiares caseros para la elaboración de este audiovisual. Este parque de atracciones está ligado a las vacaciones de muchos cordobeses y fue propiedad del empresario Rafael Gómez Sandokán.

El director del documental, Sergio Rodrigo, ha explicado a Europa Press que este trabajo pretende, ante todo, ser un recorrido histórico “en el que presentamos tanto imágenes, algunas de ellas en exclusiva como las de la inauguración del recinto, como testimonios de personalidades que han tenido mucho que ver con la historia de Tivoli”.

Al respecto Rodrigo explica que “artistas, personalidades o personas de Benalmádena que han tenido mucho que ver con el parque” aparecerán en este audiovisual, cuya grabación está previsto que comience entre finales de agosto y principios de septiembre, y que dure hasta finales de año.

El documental de AliquinDOC --marca de documentales 'pop' de la productora malagueña Entrefronteras-- abarca el medio siglo de vida del recinto de atracciones permanente más conocido de la Costa del sol y cuenta con la colaboración de Canal Sur.

Sergio Rodrigo prevé que en el primer trimestre de 2024 se pueda estrenar este documental, que en su metraje dedicará una parte al “enredadado y complejo proceso judicial que concluyó con el cierre de las puertas del emblemático parque de atracciones en 2020, y que mantiene a decenas de trabajadores en un limbo sin resolver”.

El director del documental también señala que han elegido finales del verano para comenzar la grabación debido a que son muchas las personas vinculadas al parque que precisamente en este periodo se encuentran en la Costa del Sol.

Vídeos caseros

La productora que se encarga del documental ha habilitado el correo electrónico tivoli@aliquindoc.com y la cuenta de Instragran @aliquinDOC para la comunicación con el equipo de producción. La intención es recopilar todos los archivos posibles --especialmente, vídeos caseros familiares-- para recuperar la memoria de Tivoli.

Rodrigo explica que ya han empezado a recabar material de la década de los 70 y 90 del siglo pasado, así como de las dos primeras décadas del siglo XXI. Además, el canal Costa del Sol Televisión --una de las primeras televisiones locales de Andalucía-- ha colaborado con el aporte de abundante archivo histórico.

La productora cuenta con la colaboración del Centro de la Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga que digitalizará el material audiovisual familiar, que posteriormente está disponible para la investigación universitaria.

“La memoria de Tivoli abarca una época como el final de la dictadura, la Transición, el auge de las cantantes folclóricas que vive la Costa del Sol. Ese material lo tiene la gente”, subraya Rodrigo.

El director ha señalado que el recorrido histórico de Tivoli coincide con el auge de las videocámaras domésticas: “Hay mucha gente con mucho archivo y por eso hacemos este llamado. La memoria de Tivoli no solo está en el recuerdo de los malagueños, sino también en sus cajones. Y solo va a haber un documental de Tivoli, y queremos su colaboración”, ha concluido.

La representación andaluza en el listado de deudores con la hacienda pública española vuelve a tener protagonistas similares a quienes lo fueron el pasado año, por cuanto la multinacional Abengoa, la constructora Arenal 2000, la actriz sevillana Paz Vega o el Club Xerez Deportivo, mantienen esa condición, según el listado que ha hecho público este viernes la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que muestra una relación de personas físicas y jurídicas deudoras a fecha de 31 de diciembre de 2022 de un importe superior a los 600.000 euros.

En el apartado de las personas jurídicas sobresale el grupo Abengoa, que incluye una decena de sociedades, que, conjuntamente, acumulan una deuda de 93 millones de euros.

Abengoa Abenewco 1, sociedad tenedora de los activos más valiosos del grupo y heredera de la que fue sociedad matriz, tiene una deuda de 26,7 millones, mientras que la de Abengoa Solar España es de 23,82 millones, y la de la antigua sociedad matriz del grupo, Abengoa SA, es de 8,48 millones.

El grupo empresarial Arenal 2000, propiedad de Rafael Gómez Sánchez, constructor cordobés conocido como 'Sandokán', adeuda 64,42 millones a Hacienda con la sociedad Arenal 2000 SL, mientras que Arenal 2001 debe otros 71,47 millones. El propio Rafael Gómez Sánchez debe, a título particular, 2,78 millones de euros.

La actriz María Paz Campos, conocida como Paz Vega, adeuda a Hacienda más de 1,77 millones de euros, aunque, pese al elevado montante, entraña una reducción del 43,3% respecto a la deuda del pasado ejercicio, que era de más de 3 millones.

En el caso de clubes de fútbol andaluces aparecen el Real Jaén Club de Fútbol, que tiene una deuda de 1,67 millones de euros, o el Xerez Club Deportivo, que debe 7,15 millones de euros.

Listado nacional

En el listado total de contribuyentes deudores figuran el ex árbitro de fútbol José María Enríquez Negreira, quien ha entrado en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros, mientras que el personaje televisivo Kiko Matamoros, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el exjugador del Barcelona, Samuel Eto'o, desaparecen de ella.

De acuerdo con el décimo listado de deudores con Hacienda publicado este viernes, José María Enríquez Negreira acumula una deuda con el fisco de 1,11 millones de euros. En la lista también ha entrado el ex jugador del Barcelona Malcom Filipe Silva de Oliveira con una deuda de 821.917 euros.

Entre las empresas que se suman al nuevo listado de morosos destaca Toys 'R' Us Iberia, con una deuda de 3,06 millones, y Pullmantur Cruises, con 957.438 euros, que se suma a su matriz Pullmantur SA, que acumula otra deuda con Hacienda de 817.397 euros. También se incorpora al listado el Club Deportivo Badajoz, con una deuda de 878.476 euros.

Por el contrario, entre las personalidades que abandonan la lista destacan el escritor Ildefonso Falcones, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el empresario José María Aristrain, el cocinero Sergi Arola, el personaje televisivo Kiko Matamoros, el futbolista Dani Alves, y el ex futbolista Gavi Milito.

Entre las empresas que abandonan el listado se encuentran Urbas Grupo Financiero, que tenía una deuda de casi un millón de euros, y Desguaces la Torre, que tras adeudar unos 20 millones de euros deja la lista tras salir de concurso de acreedores.

Permanecen en la lista 'viejos conocidos' de Hacienda, como Agapito García Sánchez, que es uno de los contribuyentes que más debe al fisco, con una deuda que supera ligeramente los 15 millones de euros.

Asimismo, siguen figurando Teresa Maldonado Taillefer y su marido, Jesús Ruiz Casado, propietarios de la promotora inmobiliaria Aifos, que deben a Hacienda 15,64 millones de euros y 15,55 millones de euros, respectivamente, en línea con el año previo.

Continúan otro año más en la lista el ex socio de Iñaki Urdangarín Diego Torres (956.019 euros).

Además, permanecen el expresidente de Banesto Mario Conde (6,39 millones), el escritor César Vidal (3,42 millones), la comunicadora y actriz Patricia Conde (1,062 millones), el empresario, Ángel de Cabo (10,75 millones) y el comisionista Luis Medina, investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas durante la pandemia, con una deuda de 651.963 euros.

El empresario del espectáculo José Luis Moreno también permanece en la lista de morosos, pero a través de la deuda que mantiene su empresa Kulteperalia, que debe 950.186 euros.

Empresas y clubes deportivos

En cuanto a las empresas, una vez más Reyal Urbis repite como la compañía que más dinero debe a Hacienda, con 293,95 millones de euros, menos que los 310 millones de la lista pasada, y supera con creces a empresas como Marillion, con 156 millones.

Asimismo, la empresa Tesedul SA, utilizada por el extesorero del PP Luis Bárcenas para recurrir a la amnistía fiscal, sigue apareciendo en la lista con una deuda de 1,3 millones, cuantía similar a la recogida en el anterior listado.

En la lista también figuran clubes deportivos que tienen deudas con Hacienda, el Real Murcia CF, con 9,35 millones, El Hércules, por su parte, ha abandonado la lista. Destaca también Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, que eleva aún más su deuda, con 939.973 euros.

Baja el número de morosos

El listado de morosos de Hacienda se abandona en los casos en los que los deudores reducen su deuda por debajo de los 600.000 euros, aunque se aproxime a esa cifra, o por otros supuestos como cancelaciones por el cobro o por prescripción o por insolvencia definitiva, entre otros, sin perjuicio de que puedan volver a aparecer a posteriori.

Esta año, el listado esta marcado por la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en sentencias de enero y febrero pasado, que establecen la obligación de que las deudas y sanciones tributarias hayan de ser firmes para su inclusión en la lista de morosos.

Así, en esta décima lista de morosos de la Agencia Tributaria, se incluye un total de 6.076 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2022, lo que supone un 13,7% menos respecto al volumen recogido en el pasado listado publicado el año pasado.

Según los datos facilitados este jueves por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.212 millones de euros, un 14,1% menos, aunque restando duplicidades --ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios--, el importe sería de 13.566 millones de euros y por tanto, un 6,9% inferior.

El escultor Marco Augusto Dueñas, la Diócesis de Córdoba, la Fundación Cajasur y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han acordado que este último espacio exhibirá de forma íntegra el sepulcro que le encargó el constructor Rafael Gómez alias Sandokán para la tumba, cuando falleciese, del conocido como cura banquero, Miguel Castillejo Gorráiz.

Ha sido en un acto de conciliación celebrado este jueves tras la demanda que interpuso el escultor al descubrir que parte de la obra había sido despiezada. Concretamente, Marco Augusto Dueñas descubrió que dos ángeles esculpidos en mármol de carrara ideados para el sepulcro estaban expuesto en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Castro del Río.

El sepulcro fue retirado tras la salida de Castillejo de la presidencia de Cajasur y la intervención del Banco de España de la caja, que finalmente fue adquirida por BBK y se expone desde hace años en la Biblioteca de la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Ahora, según el acuerdo alcanzado, la Diócesis de Córdoba tiene dos meses para reponer los ángeles, agregarlos al conjunto y que éste sea expuesto para “la exhibición correcta de la obra con conocimiento y visto bueno del autor”, señala el auto de conciliación, al que ha accedido este periódico.

El sepulcro tallado en mármol italiano de casi 10 metros de alto por 4 de ancho se encargó a un joven escultor, Marco Augusto Dueñas a principios del siglo XXI. El resultado es un conjunto escultórico que muestra un juicio final e incluye más de 50 figuras. 

Aproximadamente, mide unos 10 metros de altura por unos 4 de ancho y que pesa miles de kilogramos (“para colocarlo, se recabó la presencia de un experto que trabajaba en el Louvre”, rememoraba Dueñas en declaraciones a este periódico). En el centro del sepulcro están representados el arcángel San Miguel y San Pedro, que tiene las llaves del cielo. Abajo, el infierno y varios desesperados, que forman parte de una obra concebida de manera triangular, y en la que dos ángeles sostienen el escudo de Miguel Castillejo.

El sepulcro se concluyó en 2003 y tuvo un coste aproximado de 1,5 millones de euros. Se instaló en la sede de la UNED en La Magdalena, un lugar llamado a acoger una capilla donde también iba a ser presuntamente enterrado Castillejo. Pero en 2006, según Dueñas, el sepulcro comenzó a ser desmembrado. De hecho, acabó localizando unos ángeles hace apenas unos meses.

Dueñas ha renunciado en la conciliación a una indemnización, si bien ha logrado que se le reconozca como autor intelectual de la misma. 

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el último intento del grupo empresarial de Rafael Gómez, alias Sandokán, por mantener aunque sea en alquiler las fincas de Sierra Morena que le fueron embargadas en Sierra Morena. En concreto, se refiere a dos de las fincas cinegéticas más importantes de toda Sierra Morena en el término municipal de Córdoba, Castropicón y La Porrada. Ambas son ya de Cajasur, después de desahuciar a Gómez tras una serie de impagos. También se extienden por Almodóvar del Río.

Los tres jueces de la Sección Primera le han dado la razón, a su vez, al Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, que consideró “fraudulento” el intento de Gómez de mantener el arrendamiento durante los próximos 30 años de las dos fincas.

El conflicto judicial se abrió entre sociedades mercantiles. Gestiones Agropecuarias Castropicón y La Porrada perteneciente a Rafael Gómez y su familia, y Viana Activos Agrarios SL a Cajasur. Las dos fincas eran propiedad de la empresa Mezquita Sur Inversiones (una compañía a nombre de Gómez) pero gestionada por Gestiones Agropecuarias. De hecho, a principios del siglo XXI ambas empresas firmaron un contrato de arrendamiento anual de unos 200.000 euros. En febrero de 2006, Mezquita Sur Inversiones hipotecó las fincas gracias a un préstamo que Gómez firmó con Cajasur. En 2010, Mezquita Sur firmó un nuevo arrendamiento con Gestiones. Así, fijó una renta de 28.000 euros el ejercicio durante 30 años por las fincas rústicas, y otro de 127.000 euros por la explotación cinegética, también durante 30 años.

Los problemas financieros obligaron a Gómez a novar la hipoteca con Cajasur en 2012. Pero los impagos provocaron su desahucio y posterior subasta. Pero aunque lo intentó, Cajasur no encontró compradores. Por eso, en 2017, la entregó a la empresa Viana Activos Agrarios SL, que es la encargada de comercializarla y de buscar a un futuro inversor. La finca siguió ocupada por Gestiones hasta que en 2018 un juez ordenó que debía abandonarla.

No obstante, esta empresa inició un proceso judicial para hacer valer sus derechos y, sobre todo, el contrato de arrendamiento firmado por 30 años y que a su juicio seguiría vigente. Gestiones sostenía que pagaba la renta religiosamente y que además percibía derechos comunitarios, como el pago anual de la PAC. “Ahora bien, la pertenencia de la arrendadora y arrendataria al mismo grupo empresarial no es el único dato que ha servido para llegar a la conclusión de la actuación fraudulenta en la celebración de los contratos de arrendamientos, sino que se trata de una circunstancia que junto a otras que han resultado acreditadas en el procedimiento, han llevado a la conclusión por parte del juzgador sobre el carácter fraudulento de la celebración de los contrato de arrendamiento”, sostienen los jueces de la Sección Primera.

“Frente al contrato inicial en el que se fijaba una renta de 200.000 euros anuales, en los dos contratos de 2010 se fija una renta total de 165.000 euros al año, lo que supone una importante minoración en el precio de la renta”, señala la Audiencia. Además, durante el juicio se presentó un informe de un perito judicial, que aseguraba que “la renta anual normal de mercado para la arrendamiento rústico sería de 145.357,19 euros y para la arrendamiento cinegético de 150.000 euros, lo que supondría un total de 295.337,19 euros”, prácticamente el doble.

Por todo ello, la Audiencia desestima el intento de Rafael Gómez por mantener al menos la gestión de estas fincas cinegéticas. Eso sí, contra el fallo aún cabe recurso ante una instancia superior.

El escultor Marco Augusto Dueñas ha interpuesto una demanda, que ha sido admitida a trámite, contra la Diócesis de Córdoba, la Fundación Cajasur y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por el desmembramiento y ocultamiento de una de sus obras. Dueñas se refiere al sepulcro que le encargó el constructor Rafael Gómez alias Sandokán para la tumba, cuando falleciese, del conocido como cura banquero, Miguel Castillejo Gorráiz. La obra fue retirada tras la salida de Castillejo de la presidencia de Cajasur y la intervención del Banco de España de la caja, que finalmente fue adquirida por BBK.

Dueñas, según la demanda a la que ha tenido acceso este periódico y ha difundido este viernes la edición local de ABC, reclama que “la obra sea expuesta en su integridad tal y como fue concebida, y en unas condiciones dignas” y pide una indemnización de 100.000 euros. Este dinero, según acompaña en su escrito, sería donado a la Iglesia Católica en Córdoba “como forma de regeneración sobre el derecho moral del artista, lo cual se simultanea interesando que se ofrezca al autor alternativas de nuevos emplazamientos u obligando a la dignificación de la forma en la que se exhibe la obra, sin que se le pretende imponer como sacrificios desproporcionados susceptibles de ser encuadrados en el abuso que nuestro sistema repudia (artículo 7 del Código Civil)”.

El sepulcro tallado en mármol italiano de casi 10 metros de alto por 4 de ancho se encargó a un joven escultor, Marco Augusto Dueñas a principios del siglo XXI. El resultado es un conjunto escultórico que muestra un juicio final e incluye más de 50 figuras. Aproximadamente, mide unos 10 metros de altura por unos 4 de ancho y que pesa miles de kilogramos (“para colocarlo, se recabó la presencia de un experto que trabajaba en el Louvre”, rememoraba Dueñas en declaraciones a este periódico). En el centro del sepulcro están representados el arcángel San Miguel y San Pedro, que tiene las llaves del cielo. Abajo, el infierno y varios desesperados, que forman parte de una obra concebida de manera triangular, y en la que dos ángeles sostienen el escudo de Miguel Castillejo.

El sepulcro se concluyó en 2003 y tuvo un coste aproximado de 1,5 millones de euros. Se instaló en la sede de la UNED en La Magdalena, un lugar llamado a acoger una capilla donde también iba a ser presuntamente enterrado Castillejo. Pero en 2006, según Dueñas, el sepulcro comenzó a ser desmembrado. De hecho, acabó localizando unos ángeles hace apenas unos meses.

Dueñas sostiene en su demanda que “es un autor de reconocido prestigio, incluso con obras expuestas en El Vaticano”. Asegura que “el cambio de ubicación, separación y desmembración de la misma, y la insólita exposición que se hace de la misma, oculta entre librerías como si careciera de valor alguno, altera o interfiere en el proceso de comunicación que toda obra de arte comporta, al modificar los códigos comunicativos, distorsionando los mensajes que transmite y las 2/4 sensaciones, emociones, pensamientos y reflexiones que despierta en quienes la perciben, y ofrecen una visión negativa del autor de la obra”.

Por eso, reclama la indemnización y que la obra sea expuesta en unas condiciones “dignas”, según un escrito admitido a trámite. También que se aclare de quién es la titularidad de la obra y que se le reconozca como autor intelectual de la misma.

El Juzgado de Primera Instancia número ocho de Córdoba ha ordenado el inicio de la subasta de una parcela de 10.000 metros cuadrados edificable pero no construida de la finca en la que vive Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, junto a su familia en Sansueña. Tal y como ha adelantado ABC Córdoba y ha comprobado este periódico, la subasta se realiza para el pago de una deuda de 249.438,32 euros, más 80.380 euros para intereses y costas judiciales. La deuda es del grupo de empresas de Rafael Gómez con una financiera, BCPE Lease, anteriormente conocida como Natixis Lease, de capital francés.

Eso sí, la finca tiene un valor muy superior. En sus 10.098 metros cuadrados se puede edificar un inmueble sobre una superficie de 3.029 metros cuadrados. Actualmente, son unos jardines que rodean la vivienda en sí de la familia Gómez Sánchez. En total, todo el espacio está valorado en más de un millón de euros, según una valoración realizada por un perito.

El proceso por el que sale a subasta la finca que rodea la vivienda familiar de Sandokán arranca en el año 2009, según consta en el expediente judicial, al que ha tenido acceso este periódico. La financiera inició el embargo entonces. En 2013 se llegó a un acuerdo inicial para esperar otros cinco años más al pago de la deuda, como consta en el certificado del Registro de la Propiedad. Pero ha pasado el tiempo y el débito no ha sido resuelto. Por eso se inicia este procedimiento judicial de subasta pública.

La subasta se inició el pasado 29 de septiembre y estará en vigor hasta el 14 de octubre. De momento no se han producido pujas por los bienes embargados. Los pujadores deben depositar como garantía 50.000 euros en el juzgado para certificar que tienen respaldo económico suficiente.

La deuda de la familia Gómez Sánchez no es solo personal, sino que también figura su grupo de empresas, Arenal 2000 de Importaciones, Arenal 2000 y Arenal 2001, según consta en la documentación judicial. La finca que sale a subasta está inscrita a pleno dominio a nombre de la empresa Familia Gómez Serrano SL. Esa empresa, según consta, se constituyó en mayo del año 2010. Anteriormente, la vivienda estaba a nombre de Rafael Gómez y de su mujer.

Rafael Gómez está en libertad condicional desde hace dos años. Desde 2019 ya solo acudía a prisión a dormir, para cumplir una condena de cinco años por un delito contra la Hacienda Pública al que fue condenado en el año 2017. Esta condena sucedió al delito de cohecho activo por el caso Malaya, que supuso para Gómez una pena de seis meses de prisión. Pero en esta ocasión, el empresario no entró en la cárcel ya que la condena fue sustituida por una multa de 12 meses con cuota diaria de diez euros; en total 3.600 euros y una multa de 150.000 euros.

Quince años. Ese es el tiempo que ha tardado el escultor cordobés Marco Augusto Dueñas en encontrar dos ángeles que talló en mármol de Carrara para el el sepulcro de Miguel Castillejo, una faraónica obra escultórica que está ubicada en la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en Córdoba.

Ahora, tras años denunciando la desaparición de parte de la obra, el escultor, afincado en Italia, ha descubierto que los dos ángeles perdidos están en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Castro del Río. La prueba estaba en unas imágenes que ha publicado la diócesis de Córdoba, en las que se ve al obispo Demetrio Fernández bendiciendo el templo, que acaba de ser restaurado, a unos metros de las dos esculturas.

Unas esculturas que, tal y como sospechaba su autor, fueron despiezadas y partidas. “Había santos y había esculturas que desaparecieron (...) Eso se lo llevó Juan Moreno y me gustaría saber donde está, porque las últimas noticias que tengo es que lo regaló”, denunciaba Dueñas en una entrevista con Cordópolis el pasado octubre, en la que hablaba de los dos ángeles que acaban de aparecer.

Dos ángeles que habían de colocarse en la parte inferior del sepulcro y que iban juntos en la misma base. Una base que ha sido partida, según muestran las imágenes que ha hecho pública la Diócesis de Córdoba. En la foto, los ángeles aparecen como esculturas individuales, a pesar de que ambos fueron parte de un mismo conjunto escultórico.

Ahora, tras descubrir la ubicación de las esculturas, el escultor aspira a saber cuál ha sido el trayecto que ha llevado a estas piezas desde Córdoba capital hasta Castro del Río y cómo han acabado en la citada Iglesia, así como por qué nadie le ha advertido de que habían sido separadas y colocadas en el templo. En los próximos días, explica Dueñas, se pondrá en contacto con el Obispado y con Cajasur para obtener explicaciones de lo que considera que podría ser un delito de expolio y otro contra la propiedad intelectual.

El altar de Castillejo

El altar que esculpió Marco Augusto Dueñas para Miguel Castillejo fue un regalo del famoso empresario Rafael Gómez 'Sandokán': un enorme sepulcro tallado en mármol de Carrara de casi 10 metros de alto por 4 de ancho, para el que se emplearon cuatro años de trabajo. El resultado es un conjunto escultórico que muestra un juicio final e incluye más de 50 figuras. Aproximadamente, mide unos 10 metros de altura por unos 4 de ancho y pesa miles de kilogramos (“para colocarlo, se recabó la presencia de un experto que trabajaba en el Louvre”, rememoraba Dueñas).

En el centro del sepulcro están representados el arcángel San Miguel y San Pedro, que tiene las llaves del cielo. Abajo, el infierno y varios desesperados, que forman parte de una obra concebida de manera triangular, y en la que dos ángeles sostienen el escudo de Miguel Castillejo.

De Abderramán al obispo Osio, pasando por Machaquito, el Gran Capitán, Manuel Benítez El Cordobés, Góngora, el Inca Garcilaso o el Duque de Rivas. Pero también los Reyes Católicos, Julio César o Cristobal Colón. Son 50 estatuas, casi todas de unos tres metros de envergadura, y la mayoría de las cuales tienen más de 20 años. Todas ellas las esculpió el escultor cordobés Marco Augusto Dueñas entre los años 2003 y 2008 por encargo del empresario Rafael Gómez Sandokán, con la complicidad de Miguel Castillejo -entonces máximo responsable de CajaSur-, y con el objetivo de cederlas a la ciudad para su proyecto de ser capital europea de la Cultura en 2016.

Las estatuas existen, todas ellas se terminaron y se pagaron en casi su totalidad. Fue un desembolso millonario por parte del empresario cordobés, que antes de pasar por prisión estaba ungido en la ciudad y se podía permitir emprender misiones como éstas. Lo recuerda ahora el propio Dueñas, que atiende a Cordópolis desde su estudio de Pietrasanta (Italia), donde descansan buena parte, más de una treintena, de las 50 estatuas encargadas por Gómez.

El resto están en Córdoba. Dos de ellas, concretamente la de Cristobal Colón y la de Lucano, descansan en las naves de Colecor, hoy ya en manos de nuevos propietarios, mientras que otra docena están en paradero desconocido para el autor de las obras, un Dueñas que ha reconocido que le ha ofrecido al Ayuntamiento de Córdoba la posibilidad de que buena parte de las estatuas se instalen en la ciudad de Córdoba.

Y es que, según el artista, que tiene tallas en la Catedral de la Almudena de Madrid y en el Vaticano, ha habido “conversaciones serias” con el Ayuntamiento de Córdoba para recuperar una veintena de las esculturas que están ahora en Italia y llevarlas a Córdoba. ¿De qué estatuas hablamos? Dueñas apunta a una veintena que están en poder del propietario del material con el que fueron talladas, al que se le adeudan “cerca de 300.000 euros”.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba, consultado por este periódico, han reconocido haber mantenido conversaciones con el escultor, si bien aclaran que no tienen intención de adquirir las estatuas. “Es cierto que se ofreció, pero se dijo que no. Que no está dentro dentro de las prioridades y que no se van a comprar”, afirman las fuentes municipales consultadas.

Un parque escultórico que iba desde Medina Azahara a Córdoba

El escultor cordobés, sin embargo, confía en la posibilidad de que la venta se lleve a término, ya que cree que, por ese desembolso, la ciudad podría disponer de “un conjunto escultórico único en el mundo” y que ya es, según asegura, “motivo de peregrinación en Pietrasanta”, donde la gente ha acudido a verlas. El propio artista insiste en hacer una videollamada para mostrar la envergadura y el buen estado de las tallas, diseminadas en su estudio de la localidad italiana, famosa además por ser uno de los sitios donde vivió Miguel Ángel.

Para llegar al origen de este proyecto escultórico hay que viajar a los felices años de inicio del nuevo milenio. A la Córdoba del triunvirato político-económico-empresarial que formaron la alcaldesa Rosa Aguilar, el sacerdote-banquero Miguel Castillejo, y el empresario Rafael Gómez. En aquellos años se planificó también el sueño de la Capitalidad Cultural Europea a la que aspiró Córdoba y que se truncó hace justo diez años.

Pero mucho antes, en el año 2003, Gómez encargó medio centenar de estatuas que después pensaba donar a la ciudad en su carrera por ser capital europea de la Cultura. Dueñas recuerda que el proyecto, millonario (“50 esculturas de 50 o 60.000 euros cada una, haz los números”, dice), llegó a tener hasta una ubicación soñada por Gómez, una especie de parque escultórico con todas las tallas que iba desde la Casa de la Marquesa de Medina Azahara hacia Córdoba.

Todo aquello se truncó en los años venideros: Gómez acabó en los tribunales con varias causas abiertas y su patrimonio embargado, y se convirtió en el mayor deudor de la ciudad de Córdoba. Las estatuas, por su parte, se pagaron casi en su totalidad, salvo esos 300.000 euros que Dueñas afirma que se le deben al propietario del desbaste y que ahora, de abonarse, podrían hacer que se recuperara la obra.

Por otro lado, Córdoba ya luce el trabajo de Dueñas en sus calles: el Gobierno de José Antonio Nieto (PP) instaló en 2015 una estatua de Claudio Marcelo realizada por el artista junto al Ayuntamiento, en la entrada a las columnas del Templo Romano. Aquella decisión -polémica en su día por el coste de la instalación- ya llevó a que se hablara de recuperar este patrimonio escultórico, que el propio Rafael Gómez llevó en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones de 2011, en las que Unión Cordobesa fue segunda fuerza tras el PP.

Ahora, con el PP de nuevo en Capitulares, Marco Augusto Dueñas ha retomado sin éxito la posibilidad de que la ciudad recupere las estatuas encargadas por Rafael Gómez. Además, ha remarcado que lo ha hecho con el conocimiento del empresario, quien, al comentarle la posibilidad de retomar el proyecto, le habría dicho que iba a donar las suyas a la ciudad, como siempre había sostenido.

En este sentido, ha recordado que hace algunos años ya se habló de la posibilidad de convertir en un bien cultural estas esculturas, como paso previo a traerlas a la ciudad, si bien -sostiene ahora- “la presencia de Rosa Aguilar en la Consejería de Cultura de la Junta lo impidió”. “Hay vendetas personales que repercuten negativamente a los ciudadanos”, lamenta Dueñas, al otro lado del teléfono.

Aunque con ganas de hablar del pasado, el escultor reconoce que prefiere mirar al futuro y pelear para que Córdoba pueda recuperar el patrimonio escultórico que talló hace ya casi 20 años, por encargo de los poderes políticos y económicos de una Córdoba que parece ya casi tan vieja como los 50 personajes ilustres que Dueñas inmortalizó en mármol de Carrara. No lo tiene fácil. El no parece tallado a fuego en Capitulares cuando se habla de estas estatuas.

Las empresas del cordobés Rafael Gómez Sandokán, como Arenal 2000 Inversiones, Arenal 2001 o Arenal 2000, entre otras, junto a la firma del sector de la construcción e inmobiliario Prasa, aparecen dentro de la nueva lista de los mayores deudores con Hacienda que ha publicado este lunes la Agencia Tributaria. Prasa, actualmente en concurso de acreedores, mantiene un débito a la Agencia Tributaria de casi 98 millones de euros. Es el cuarto más alto para una sola empresa de toda España.

No obstante, el conglomerado empresarial de Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, sigue teniendo un débito altísimo. Como en ejercicios anteriores, en este listado aparecen, el conjunto de empresas propiedad o vinculadas a Rafael Gómez como algunas de las empresas que más dinero adeudan al fisco, como Arenal 2000 SL (71 millones), Arenal 2001 (64 millones), Arenal 2000 Inversiones (12 millones), Grupo Inversiones Arenal 2000 (59,2 millones), Grupo Inmobiliario Arenal 2000 (5,6 millones), Rafael Gómez SA (1,9 millones) o Rafael Gómez Sánchez SA (1,2 millones), o el propio Rafael Gómez Sánchez como persona física (1,9 millones de euros).

La lista de morosos de la Agencia Tributaria se mantiene un año más encabezada por la Reyal Urbis, que mantiene una deuda con el fisco de 341 millones de euros, apenas 2 millones menos que en el año anterior. Le sigue Isolux, con 329, idéntico nivel que el año anterior. Completa el 'podium', con 214 millones de euros Nozar SA, también a un nivel similar al de 2020.

Respecto a la primera lista de diciembre de 2015, el número total de deudores que aparecen en este nuevo listado es un 20% menor. Así, un total de 2.608 deudores que figuraban en el primer listado ya no figuran en el séptimo, de manera que más del 54% de los deudores del primer listado ya no se encuentran en la situación que motivaría su aparición en el listado de grandes deudores.

El empresario y exconcejal Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, reaparecerá públicamente este miércoles. El popular empresario cordobés ha convocado una rueda de prensa en Benalmádena para contar “la situación real y toda la verdad y nada más que la verdad sobre el parque de atracciones Tívoli World”, según señala en el comunicado difundido entre los medios de comunicación.

Gómez reaparece tras superar el coronavirus, por el que estuvo ingresado en el hospital Cruz Roja de Córdoba, y salir de la prisión, donde ingresó para cumplir cinco años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública.

El parque de atracciones está en graves problemas financieros desde que se declaró en concurso de acreedores el pasado verano. El empresario cordobés compró Tívoli World en la cima de su fortuna, en el año 2004. Lo adquirió directamente de su fundador, el noruego Bent Olsen, por un precio superior a los 30 millones de euros.

Ahora, el popular parque de atracciones de la Costa del Sol se enfrenta a un futuro incierto y a un largo proceso judicial.