Una vecina de la provincia de Córdoba ha sido condenada por la Audiencia Nacional a una pena de nueve meses de prisión por su implicación en una red delictiva que, entre 2016 y 2019, logró estafar más de 170.000 euros mediante la apertura masiva de cuentas bancarias y la solicitud de créditos con documentos de identidad robados o extraviados.

La sentencia, a la que ha accedido este periódico, condena a la egabrense junto a otras dos personas como autoras de los delitos de integración en grupo criminal, falsedad en documento mercantil y oficial y estafa continuada. En total, cada uno de ellos suma nueve meses de prisión (tres meses por grupo criminal y seis meses y un día por la estafa y falsedad), tras alcanzar una conformidad con la Fiscalía y aplicarse las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas debido al tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones.

Los hechos probados señalan que la actividad delictiva se inició a comienzos de 2016 y se prolongó de forma continuada durante cuatro años hasta finales de 2019. A lo largo de este período, la trama de la que formaba parte la cordobesa logró apoderarse de la documentación personal (DNI y Tarjetas de Identificación de Extranjero) extraviada o sustraída a 145 personas distintas en diversos puntos del país. Con estos documentos, la organización procedió a la apertura fraudulenta de un total de 198 cuentas corrientes en la entidad ING Direct. Para formalizar los contratos, remitían los impresos requeridos por medio de empresas de mensajería imitando la firma de los verdaderos titulares.

Para superar las medidas de seguridad digital y verificación biométrica que exige la banca en línea, los condenados se aprovechaban de la situación de extrema necesidad de personas vulnerables para que se tomaran las fotografías requeridas en los trámites electrónicos, sin que estas supieran que formaban parte de un delito. Una vez que tenían las cuentas a nombre de los ciudadanos suplantados, la red solicitó más de 230 microcréditos y préstamos de forma enlazada a más de 20 financieras y empresas de crédito rápido.

El dinero concedido era transferido de inmediato a las 198 cuentas bajo control de la banda. Posteriormente, los delincuentes se apoderaban del efectivo mediante retiradas en cajeros automáticos o realizando compras para su beneficio personal. Aunque la mayoría de los microcréditos oscilaban entre los 100 y los 3.000 euros, la banda llegó a obtener préstamos bancarios de gran envergadura que alcanzaron sumas de 15.000, 20.000 y cerca de 30.000 euros en operaciones puntuales.

Además de las penas de cárcel y multas económicas, la Audiencia Nacional ha determinado que la cordobesa y los otros dos procesados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a todos los perjudicados. De esta forma, tendrán que reembolsar el 100 % del dinero cobrado a los ciudadanos suplantados a los que se les exigió la deuda (incluyendo intereses y recargos por demora), además de resarcir directamente a las financieras por aquellos préstamos insolventes que no llegaron a ser repercutidos a las víctimas.

La Guardia Civil ha investigado a 60 personas por varios delitos de estafa supuestamente cometidos mediante la modalidad conocida como 'Business Email Compromise (BEC), que afectaron a empresas del sector oleícola de Córdoba, con el resultado de 45 cuentas bancarias intervenidas relacionadas con el blanqueo de capitales y unos 475.000 euros bloqueados en dichas cuentas.

Durante el mes de agosto de 2026 se han explotado distintas operaciones desarrolladas por la Guardia Civil a lo largo de los últimos años, consiguiendo esclarecer varias estafas mediante la técnica conocida como 'Business Email Compromise (BEC)' donde, los presuntos autores, accedían ilegalmente a las comunicaciones electrónicas que las empresas perjudicadas mantenían con sus proveedores y clientes, pudiendo obtener de esta manera información relacionada con las operaciones comerciales y de facturación.

Posteriormente, los investigados procedían a la sustitución fraudulenta de esta documentación, sobre todo facturas, utilizando para ello el acceso obtenido a los servidores de los dominios de las empresas o mediante el envío de correos electrónicos de tipo “phishing”, de manera que se hacían pasar por las empresas reales mediante el uso de cuentas de correo corporativas comprometidas, comunicando a sus clientes o proveedores un supuesto cambio de la cuenta bancaria habitual para el pago de determinadas facturas.

La Guardia Civil, a través del equipo de delitos telemáticos (EDITE) de la Comandancia de Córdoba, ha explotado varias operaciones iniciadas en los últimos años, destacando una investigación iniciada en 2023 que permitió investigar judicialmente a 14 personas y 7 empresas relacionadas con una estafa “BEC” de alrededor de 552.000 euros, cuyos investigados se encontraban ubicados en diferentes ciudades españolas. La Guardia Civil pudo localizar y bloquear 402.000 euros en diferentes cuentas bancarias relacionadas, además se identificaron 3 empresas perjudicadas pertenecientes al sector olivarero afincadas en Córdoba y otra similar ubicada en Sevilla.

Es reseñable que, gracias a la coordinación, cooperación e intercambio de información entre diferentes Unidades de Investigación de la Guardia Civil, se consiguió identificar las identidades reales de varios ciudadanos de nacionalidad nigeriana que constituían una parte esencial del entramado investigado y que utilizaban diferentes identidades suplantadas o falsas para la recepción y distribución del dinero estafado.

En el marco de estas actuaciones, fruto de otra de las operaciones ahora cerradas e iniciada en 2024, los guardias civiles han logrado identificar e investigar a seis ciudadanos de nacionalidad italiana relacionados con blanqueo de capitales y una estafa BEC que ascendió a 100.000 euros.

Empresas perjudicadas

Las empresas perjudicadas resultaron ser dos empresas olivareras de Córdoba, consiguiendo la Guardia Civil intervenir dos cuentas bancarias españolas y otras seis cuentas bancarias italianas, bloqueando un total de 73.000 euros, gracias a la gestión y cooperación judicial internacional.

Por último, la Guardia Civil ha logrado investigar judicialmente a otras 40 personas distribuidas en diferentes ciudades españolas, resultado de una tercera operación iniciada en 2025, por una estafa BEC de alrededor de 130.000 euros, interviniéndose en esta actuación un total de 23 cuentas bancarias, usadas como receptoras de transferencias procedentes de la estafa, constituyendo un grupo criminal amplio y heterogéneo, dedicado al blanqueo de capitales.

Como resultado conjunto de estas investigaciones relacionadas con estafas BEC a empresas oleícolas cordobesas y sevillanas, se han contabilizado 60 personas investigadas, 45 cuentas bancarias intervenidas y 475.000 euros bloqueados.

Recomendaciones de seguridad

La Guardia Civil continúa trabajando en la prevención e investigación de este tipo de delitos, así como en la identificación de los responsables y en la recuperación y bloqueo de los fondos procedentes de las estafas, no obstante, las técnicas empleadas “Man-in-the-Middle” y “Business Email Compromise (BEC)”, pueden resultar especialmente difíciles de detectar

para las empresas, por lo que la prevención constituye una de las principales medidas de protección, por tanto, desde la Guardia Civil se recomienda:

· Acceder a sitios web seguros y comprobar que el certificado corresponde a la compañía o entidad con la que se pretende contactar.

· Proteger las redes wifi de la empresa mediante sistemas de seguridad adecuados y contraseñas robustas.

· Mantener actualizado el software de los equipos, especialmente los sistemas operativos y navegadores.

· Utilizar contraseñas robustas y, siempre que sea posible, habilitar la autenticación en dos pasos.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena de dos años de prisión a una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio por un delito de estafa a un matrimonio de ancianos al que atendía en su vivienda de Villanueva del Duque. La empleada aprovechó la relación de confianza y el acceso al inmueble para hacerse con la tarjeta de débito y el número PIN de la pareja y realizar varios reintegros de dinero en cajeros automáticos sin su consentimiento.

La resolución desestima de forma íntegra los recursos de apelación presentados tanto por la defensa de la procesada como por la acusación particular, la cual ejercen las herederas del matrimonio, ya fallecido. Según consta en el relato de hechos probados, la procesada desempeñaba labores de limpieza y cuidado en el domicilio del matrimonio. En ese contexto, y sin contar con autorización de los titulares ni de su entorno familiar, la acusada cogió la tarjeta de crédito y el código PIN secreto de la pareja.

Con dicha tarjeta, la cuidadora realizó tres extracciones de dinero consecutivas a espaldas del matrimonio en cajeros automáticos durante el mes de mayo de 2021 que sumaron un total de 2.000 euros. Durante la causa, la investigada admitió haber realizado esas tres operaciones en el cajero, pero defendió que contaba con el permiso verbal del anciano para sacar el dinero a escondidas de su esposa.

Sin embargo, el tribunal ha hecho suyos los argumentos de la jueza de la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba, quien tachó esta coartada de “absurda e inverosímil”, apoyándose en la declaración de la sobrina-nieta del matrimonio. Esta familiar explicó durante el juicio que su tío siempre acudía en persona al cajero cuando necesitaba disponer de efectivo -permaneciendo al menos dentro del vehículo mientras la empleada le asistía- y que jamás realizaba retiradas de esa cuantía ni en esas fechas.

Junto a la condena ratificada, la acusación particular solicitaba en su recurso de apelación elevar la cuantía indemnizatoria hasta los 5.600 euros o decretar la nulidad parcial del fallo. Su objetivo era atribuir a la procesada otros tres reintegros sospechosos detectados en el mismo periodo (1.000 euros el 31 de mayo, 1.000 euros el 8 de junio y 600 euros el 25 de junio de 2021). En este caso, la Audiencia ha aplicado el principio de duda razonable que ya utilizó el juzgado de instancia sobre esas cantidades. Así, la Sala ha argumentado, por un lado, que sobre estas operaciones no existía confesión de la investigada, y, por otro, que las acusaciones renunciaron expresamente en el juicio a la reproducción de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria. Esta renuncia impidió que el material videográfico pudiera contrastarse en el plenario para identificar de forma fehaciente al autor de esas extracciones de dinero.

Además de los dos años de prisión, la condenada tendrá que indemnizar con 2.000 euros a los herederos de las víctimas.

La Policía Local de Puente Genil (Córdoba) ha advertido de un intento de estafa a través de una llamada telefónica a una vecina haciéndose pasar por su banco y aportando datos exactos de su cuenta.

Según ha difundido la Policía Local para alertar a la población sobre estas prácticas, una vecina acudió este martes 22 de septiembre a las dependencias policiales para poner en conocimiento de los agentes la extraña llamada que había recibido a su teléfono móvil.

“Había recibido una llamada supuestamente de su banco. La persona que estaba al otro lado conocía el saldo exacto de su cuenta, salvo los céntimos, y le indicaba que debía pulsar una tecla para continuar con la llamada”.

Extrañada por la llamada y los detalles sobre su cuenta, la mujer decidió acudir a la Policía Local, que realizó las comprobaciones oportunas con la entidad bancaria y confirmó que el banco no realiza este tipo de llamadas, en las que al acceder a pulsar una determinada tecla pudiera darse acceso a la cuenta.

Por eso, la Policía Local ha investigado lo ocurrido y advierte a la población para que no facilite datos personales, bancarios, contraseñas ni códigos recibidos por SMS, además de no pulsar teclas ni seguir instrucciones si no se tiene claro quién está llamando.

“No realices operaciones bancarias porque alguien te diga que debes hacerlo con urgencia. Tu banco no te llamará nunca para pedirte que realices, canceles o autorices operaciones con urgencia. Si recibes una llamada sospechosa, cuelga y contacta directamente con tu entidad bancaria utilizando el teléfono oficial, nunca el número que te facilite la persona que te llama”, alerta la Policía para prevenir posibles estafas telefónicas de este tipo.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita cinco años de prisión para una mujer acusada de apropiarse de las obras de arte que pertenecían a la persona con la que convivía en un piso de Córdoba y venderlas posteriormente en un anticuario. El juicio está previsto para el próximo 29 de septiembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, la acusada convivía con la víctima en una vivienda en la que se encontraban diversas obras pictóricas y piezas de arte procedentes de la herencia familiar de esta última. La víctima se marchó a vivir a otro lugar, dejando en el inmueble sus bienes y enseres.

Fue entonces, siempre según la Fiscalía, cuando la acusada, “guiada por el ánimo de enriquecimiento injusto”, se habría apoderado de las obras de arte, pese a conocer quién era su propietario, para posteriormente venderlas.

El escrito sostiene que la mujer acudió a un establecimiento de Córdoba dedicado a la compra de este tipo de bienes y manifestó que las obras eran de su propiedad. El responsable del negocio se desplazó hasta el domicilio para comprobar los objetos que pretendía vender y, tras acordar el precio, adquirió cinco lotes de obras de arte.

La Fiscalía sostiene que las piezas procedían de la herencia familiar de la víctima y que la persona que las adquirió conocía su procedencia. Por estos hechos, además de la acusada que habría realizado las ventas, hay otros tres acusados para los que el Ministerio Público solicita penas de tres años de prisión para cada uno por sendos delitos continuados de receptación.

Los hechos, según la calificación provisional, serían constitutivos para la principal acusada de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que para los otros tres procesados la Fiscalía aprecia tres delitos continuados de receptación, uno para cada acusado.

Para la mujer acusada de la apropiación, el Ministerio Público solicita cinco años de prisión y una multa de doce meses a razón de 12 euros diarios, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.

Para cada uno de los otros tres acusados, la petición fiscal asciende a tres años de prisión, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas.

La estadística sobre criminalidad que elabora el Ministerio del Interior periódicamente ha ofrecido ahora los resultados del primer semestre del año y, en la provincia de Córdoba, destaca una notable subida de las estafas informáticas. Los datos muestran que, entre enero y junio, se contabilizaron 3.707 delitos de este tipo, un 10,1% más que en el mismo periodo de 2025.

La cibercriminalidad en su conjunto ha aumentado en la provincia cordobesa en este semestre un 5,3%, al registrarse 4.253 delitos este año frente a los 4.039 del año pasado, aunque otros tipos de ciberdelitos que no son estafas informáticas sí han bajado un -18,6%, contabilizando un total de 546 en los primeros seis meses de 2026.

Entre los delitos de criminalidad convencional destaca el aumento de un 25% de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, con cinco víctimas en el primer semestre del año, mientras que los homicidios y asesinatos en grado de tentativa se incrementaron un 12,5%, al producirse dieciocho en los primeros seis meses de este año. Por su parte, los delitos de lesiones y riñas tumultuarias aumentaron un 4,8%, registrándose un total de 220 de estos delitos en ese periodo.

Bajada de delitos sexuales y robos

En el lado contrario, bajaron en este semestre los secuestros al no producirse ninguno en este semestre y los delitos de tipo sexual un -3,2%. Entre estos últimos destaca la bajada de un -14,7% las agresiones sexuales con penetración, que sumaron 29. El resto de delitos sexuales contabilizados se incrementaron un 1,1%, con 92 registrados.

Los robos con violencia e intimidación bajaron un -18,5%, habiéndose detectado un total de 185, mientras que los hurtos bajaron un -8,6%, con 3.069 ocurridos en la provincia de Córdoba en el primer semestre del año.

En conjunto, el total de infracciones penales contabilizadas por Interior en la provincia de Córdoba entre enero y junio han aumentado un 3,4%, al registrarse 17.371 delitos frente a los 16.798 del mismo periodo del pasado ejercicio.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita dos años y seis meses de prisión para un hombre al que acusa de estafar a otra persona con la supuesta organización de un concierto en Córdoba. El juicio se celebrará el próximo 29 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado habría ofrecido a la víctima la posibilidad de organizar un concierto en un teatro de Córdoba, con la participación de un cantante y otros artistas, y le habría planteado que ambos participarían al 50% de los beneficios del evento.

Para dar apariencia de realidad al proyecto, siempre según la Fiscalía, el acusado habría mostrado a la perjudicada documentación relativa a la contratación del cantante y otros artistas, así como información sobre las tarifas aplicables para la cesión de las instalaciones del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE). También le habría presentado un pacto de socios destinado a crear una empresa de eventos.

La Fiscalía sostiene que el negocio ofrecido era ficticio y que, mediante esta supuesta operación, el acusado consiguió que la perjudicada le entregara un total de 14.531 euros en concepto de inversión para el proyecto.

Sin embargo, el concierto nunca llegó a celebrarse. Ante las dudas sobre la veracidad del negocio, la víctima reclamó al acusado la devolución del dinero aportado. De acuerdo con el escrito fiscal, únicamente consiguió recuperar 1.000 euros, además de que el acusado firmara un documento de reconocimiento de deuda.

El Ministerio Público sostiene que, hasta la fecha, el acusado no ha reintegrado el resto de la cantidad presuntamente defraudada y que tampoco habría tenido intención de llevar a cabo el negocio que había ofrecido.

La Fiscalía califica estos hechos, de forma provisional, como un delito de estafa, previsto y penado en los artículos 248 y 250.1.6 del Código Penal. Considera al acusado responsable en concepto de autor y señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por estos hechos, solicita para él una pena de dos años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de ocho meses a razón de diez euros diarios y el pago de las costas. La vista oral está señalada para el 29 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias, como autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un call center desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes.

La operación Ibermellow comenzó el año pasado tras numerosas denuncias en Huesca con un mismo patrón, de lo que se conoce como “smishing” y “vishing”, consistiendo, en un tipo de ciberataque en el que los delincuentes primeramente se hacen pasar por la entidad bancaria de la víctima, con el envío de un falso SMS (smishing) a sus números de teléfono móvil, en el cual, alertan de unos cargos de alto importe en su cuenta bancaria y un número de teléfono de contacto para paralizar dicha transacción.

Es entonces, cuando en una segunda fase, las víctimas reciben una llamada telefónica (vishing), haciéndose pasar los ciberdelincuentes, por el gestor de la entidad bancaria. Éstos, previa utilización de la ingeniería social, disponen de parte de los datos personales de las víctimas, lo que hace que la estafa sea más convincente y así consiguen que se realicen transferencias a cuentas bancarias controladas por los estafadores o la contratación de préstamos personales para posteriormente desviar ese dinero a otras cuentas. Con este modus operandi, los delincuentes consiguieron estafar más de un millón de euros a 25 víctimas de la provincia de Huesca, 11 de Zaragoza y 7 de Teruel.

Tras la realización de análisis técnicos en los archivos y documentación aportada en las denuncias iniciales, se comprobó cómo los supuestos autores, una vez que conseguían engañar a las víctimas, el dinero desviado a la cuenta fraudulenta se movía por distintas cuentas bancarias para evitar el seguimiento policial, siendo finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.

De esta forma, los agentes investigadores pudieron realizar una precisa labor de trazabilidad bancaria, consiguiendo la identidad de un numeroso grupo de individuos relacionados con los delitos que actuaban como mulas económicas. Una mula económica (o mula bancaria) es una persona que presta su cuenta bancaria, billetera virtual o datos personales para recibir, mover o transferir dinero de origen ilícito a cambio de una comisión monetaria.

Los agentes determinaron también la autoría de otras personas que realizaban las funciones de captadores de esas mulas económicas y de los extractores del dinero estafado, el cual era puesto a disposición de la cúpula de la organización criminal, gestionada por los falsos gestores de las entidades bancarias y por el responsable del “call center”, quien realizaba el envío masivo de SMS.

En una primera fase, en el pasado mes de marzo, tras realizar las entradas y registros en las localidades de Badalona (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Carabanchel (Madrid) y Cartagena (Murcia), se procedió a desarticular el “call center”, con una capacidad técnica para enviar más de 100.000 mensajes a la hora. Esta primera fase culminó con cinco detenciones de miembros la cúpula de la organización criminal e interviniéndose 57.520 euros en efectivo, numerosos artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles, y diversa documentación, todo ello utilizado para la comisión de los delitos.

La segunda fase logró desarticular por completo el complejo sistema de blanqueo de capitales que la organización criminal tenía distribuido por gran parte del territorio nacional, por lo que se procedió a la detención e investigación de las mulas económicas, los captadores y de los extractores de dinero, así como la recuperación de 256.708 euros de diferentes cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores.

El operativo ha sido llevado a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca. Además han participado las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Murcia y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de las Zonas de la Guardia Civil de Barcelona y Valencia, finalizó con la detención de 24 personas y otras 57 personas investigadas, en las provincias de A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza.

Las diligencias han sido entregadas en los juzgados competentes de los partidos judiciales de Jaca (Huesca), Caspe (Zaragoza), Daroca (Zaragoza), La Almunia (Zaragoza), Tarazona (Zaragoza), Zaragoza (Zaragoza), Alcañiz (Teruel), Calamocha (Teruel) y Teruel (Teruel).

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena de un año de prisión para un hombre que se hizo pasar por reformista, cobró más de 2.200 euros por unos trabajos que nunca llegó a realizar y amenazó gravemente a la propietaria de la vivienda cuando esta le reclamó el dinero.

La resolución judicial ratifica así íntegramente el fallo dictado por la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Córdoba, que le impuso además dos meses de multa y la obligación de indemnizar a la víctima con la cantidad exacta estafada: 2.287,35 euros.

Los hechos se iniciaron tras anunciarse el acusado en el portal milanuncios.com ofreciendo servicios de reformas y arreglos del hogar. La víctima contactó con él para ejecutar diversos trabajos en su inmueble de la capital cordobesa, entre los que se incluían el alisado y la reparación de desperfectos en las paredes. A pesar de recibir de forma continuada distintos adelantos económicos -destinados teóricamente a la compra de materiales como cierres de aluminio-, el condenado acudía a la vivienda sin completar ninguna tarea, limitándose a dejar el piso en obras y a consumir tabaco y cerveza mientras pasaba el tiempo en la ventana, según relataron algunos testigos durante el juicio.

Ante esta situación, la víctima le recriminó por WhatsApp su actitud, a lo que el acusado, con ánimo de amedrentarla, le dijo en un contexto intimidatorio “voy a coser a tu hermano a tiros” y “voy a llamar a gitanos amigos míos”.

Tras la sentencia condenatoria de instancia, la defensa recurrió el fallo alegó que el caso era un “mero incumplimiento de contrato civil”. Sin embargo, la Audiencia ha subrayado que existió una maniobra engañosa y una “evidente voluntad incumplidora” desde el origen, utilizando la vivienda patas arriba como un mero pretexto para seguir sacando dinero a la víctima, quien finalmente tuvo que contratar a otras empresas para poder terminar la obra.

La Policía Nacional en Córdoba advierte a la ciudadanía de una nueva estafa en las que se hace un uso fraudulento de cuentas de WhatsApp, que consiste suplantar la identidad digital de la persona afectada para solicitar dinero a sus contactos más cercanos, aprovechando la relación de confianza existente entre ellos.

El modus operandi es muy similar en la mayoría de los casos detectados. La persona afectada continúa teniendo acceso a su cuenta de WhatsApp, que puede seguir usando con normalidad, mientras que, de forma paralela, algunos de sus contactos comienzan a recibir mensajes enviados aparentemente desde dicha cuenta como pueden ser “necesito tu ayuda” o “se me ha roto el móvil”, para seguidamente solicitarles una cantidad de dinero.

En otras ocasiones, el estafador ha llegado a facilitar a la víctima un número de cuenta bancaria para realizar una transferencia, manifestándoles que “no puedo realizar una transferencia inmediata”, “adelántame el dinero” o “te facilito el IBAN del comerciante”.

En la mayoría de los casos, estos mensajes fraudulentos no llegan a aparecer en el teléfono de la persona afectada, aunque sí son recibidos por sus contactos dentro de conversaciones reales y ya existentes, lo que dificulta que estos últimos detecten el engaño a tiempo. Habitualmente, la persona afectada tiene conocimiento de lo sucedido cuando algún contacto le llama o escribe por otra vía para confirmar si realmente ha solicitado dinero.

Las personas afectadas manifiestan no haber facilitado en ningún momento códigos de registro, códigos SMS ni PIN de verificación, ni haber escaneado códigos QR o vinculado voluntariamente su cuenta a otro dispositivo.

Consejos preventivos

La Policía Nacional recuerda que este tipo de incidentes puede no responder únicamente al robo tradicional de una cuenta mediante la obtención de un código de verificación, sino también a otras causas, como puede ser la falta de actualización del sistema operativo del teléfono móvil o de la propia aplicación de WhatsApp.

Para evitar ser víctimas de este tipo de estafa, la Policía Nacional recomienda:

1. Mantener actualizado el sistema operativo del teléfono móvil a la última versión disponible.

2. Actualizar la aplicación de WhatsApp a su versión más reciente.

3. Activar la verificación en dos pasos dentro de la propia aplicación.

4. Revisar periódicamente la función “Dispositivos vinculados” y comprobar que no aparezca ninguno desconocido.

5. Nunca facilitar a terceros códigos de registro, códigos SMS, PIN de verificación ni códigos QR de la aplicación.

En caso de ser víctima de este tipo de fraude:

1. Avisar cuanto antes, por un medio alternativo, a familiares, amigos y contactos, para que no atiendan ninguna solicitud de dinero.

2. Informar a WhatsApp de la suplantación a través de los mecanismos oficiales de soporte.

3. Acudir a las dependencias policiales más cercanas para denunciar los hechos.

La importancia de la colaboración ciudadana

La Policía Nacional pide a la ciudadanía que adopte medidas de precaución cuando reciba un mensaje solicitándole dinero de forma repentina, especialmente cuando lo hagan con urgencia o faciliten un número de cuenta para realizar una transferencia.

Ante cualquier duda, se recomienda contactar con la persona por otra vía distinta a la aplicación y, en su caso, comunicarlo a la Policía Nacional.

La Sección de Instrucción número 7 del Tribunal de Instancia de Córdoba ha asumido definitivamente la investigación de una presunta red de estafas informáticas dedicada a la oferta engañosa de coches clásicos por internet.

Según ha podido saber este periódico, en las diligencias de investigación constan tres denuncias de compradores perjudicados con residencia en el extranjero, todos ellos engañados bajo el mismo modus operandi. Uno de ellos es un ciudadano francés que abonó 1.000 euros en concepto de señal por un modelo Triumph TR3 tras contactar por WhatsApp con los supuestos vendedores a través de una página web fraudulenta.

El comprador viajó desde París hasta A Coruña confiando en acudir al taller donde supuestamente se custodiaba el automóvil. Sin embargo, al llegar a la dirección indicada, comprobó que se trataba de un edificio residencial sin rastro de actividad comercial y que los estafadores habían cortado todo contacto. A esta denuncia se suman otras dos de víctimas internacionales que cayeron en el mismo engaño tras realizar transferencias bancarias como reserva.

Aunque la investigación se inició en Galicia por ser el lugar a donde se desplazó el denunciante, las pesquisas policiales constataron que la cuenta bancaria del BBVA que recibió el dinero tenía su domicilio fiscal en Córdoba, ciudad donde además reside el investigado titular de la misma. Por tanto, tras una cuestión de competencia elevada al Tribunal Supremo, será el juzcado cordobés el encargado de la instrucción del caso.

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido una estafa inmobiliaria cometida de manera online y un delito de falsificación de documento mercantil, en relación con una operación de alquiler de una vivienda vacacional.

El denunciante localizó a través de Internet una vivienda que se ajustaba a sus necesidades y contactó con el supuesto agente inmobiliario mediante los datos de contacto que figuraban en la página web. Tras mantener varias comunicaciones y responder el supuesto agente a las preguntas planteadas sobre el inmueble, facilitó sus datos personales con el objetivo de formalizar el alquiler. Posteriormente, recibió por correo electrónico un contrato en el que figuraban los datos de los futuros arrendatarios y las condiciones de la operación. Con el objetivo de generar confianza y dotar de apariencia de legitimidad al supuesto alquiler, se facilitó diversa documentación relacionada con la presunta inmobiliaria, entre ella documentación fiscal de la sociedad, certificados emitidos por la Agencia Tributaria, documentación identificativa del responsable de la empresa y documentación contractual.

Una vez convencida de la legitimidad de la operación, la víctima realizó el pago de una fianza para garantizar el alquiler. Sin embargo, llegada la fecha prevista para acceder a la vivienda, no recibió las instrucciones necesarias para la entrada. Tras intentar ponerse en contacto con el supuesto agente mediante llamadas, mensajes y correos electrónicos, dejó de obtener respuesta.

La investigación

Una vez constatada la posible estafa, la víctima presentó la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, que una vez recibida y gestionada por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se activó al Equipo @ de la Cibercomandancia para el esclarecimiento de los hechos.

Durante la investigación, los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas con la víctima, la documentación facilitada durante el proceso de alquiler y las operaciones relacionadas con el pago efectuado. El estudio de la documentación permitió detectar indicios de falsedad en parte de los documentos utilizados para reforzar la apariencia de legalidad de la operación y generar confianza en la víctima. El análisis conjunto de estos elementos permitió reconstruir la operativa utilizada y determinar la identidad del presunto responsable.

Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa y otro de falsificación de documento mercantil, procediendo a la investigación de una persona con residencia en Córdoba, como presunta autora de ambos delitos. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Córdoba.

Prevención de fraudes

Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:

· Usar plataformas certificadas y verificar su autenticidad.

· Desconfiar de ofertas excesivamente baratas.

· Verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos.

· Evitar pagos fuera de los canales oficiales.

· Solicita más información del alojamiento: pide dirección exacta, más fotos y un contrato de alquiler.

· Guardar los justificantes de pago y los mensajes.

Creación de la Cibercomandancia de la Guardia Civil

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

En la Sede Electrónica de la Guardia Civil, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática los siguientes conceptos:

• Estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos.

• Sustracción de vehículos y/o sustracción en su interior.

• Hurtos y Daños.

• Pérdida o localización de documentación.

La plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba ha absuelto a un hombre para quien el Ministerio Fiscal solicitaba penas de hasta un año de prisión por estafa informática y, de forma alternativa, nueve meses por blanqueo de capitales por imprudencia grave. El magistrado ha determinado que no existe prueba suficiente que vincule al acusado con la trama de phishing que sustrajo más de 1.000 euros a una víctima que acabaron en su cuenta bancaria.

Los hechos probados se remontan a abril de 2022, cuando la perjudicada recibió un SMS que suplantaba la identidad del BBVA. El mensaje alertaba de un acceso fraudulento y facilitaba un enlace a una web idéntica a la del banco donde la mujer introdujo sus claves, permitiendo que desconocidos tomaran el control de su cuenta. Inmediatamente, se ordenó una transferencia de 1.105 euros hacia la cuenta del acusado, defendido por el letrado Salvador López Vinuesa.

A pesar de que el dinero llegó a la cuenta del procesado, el magistrado ha considerado que los indicios son insuficientes para condenarlo. En primer lugar, el acusado abrió la cuenta de forma presencial y la utilizaba para sus movimientos cotidianos, por lo que es “contrario a la experiencia humana” que alguien que pretenda ocultar un delito utilice un instrumento tan fácilmente rastreable. En segundo lugar, el dinero transferido por la víctima permaneció en la cuenta durante 19 días sin que el acusado intentara moverlos o esconderlos. Finalmente, fue la propia entidad bancaria la que retrocedió la operación tras la denuncia de la víctima. En tercer y último lugar, no se ha podido probar que el procesado enviara el SMS, creara la web falsa o estuviera concertado con quienes lo hicieron.

Asimismo, el juez ha descartado la acusación de blanqueo de capitales, argumentando que la ley española no castiga la participación imprudente en una estafa y que el dinero no se ingresó para ser “lavado”, sino como parte de la ejecución del fraude mismo. Además, haciendo uso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el caso se enmarcaría en un “negocio de bagatela” debido a que la cuantía (poco más de mil euros) es “insignificante” para afectar “al orden socioeconómico”, bien jurídico que protege el delito de blanqueo.

La Policía Nacional informa a la ciudadanía de la importancia de adoptar determinadas precauciones durante las vacaciones de verano, una época en la que se incrementan los desplazamientos y concentraciones de turistas y, con ello, la oportunidad para la comisión de delitos contra el patrimonio, especialmente robos en viviendas, así como de estafas relacionadas con viajes y alojamientos.

Medidas de seguridad en nuestra vivienda

Con el objetivo de prevenir estos hechos, la Policía Nacional recuerda a la población la necesidad de adoptar medidas básicas de seguridad en sus domicilios antes de iniciar cualquier viaje.

Entre ellas, se recomienda comprobar que puertas y ventanas quedan correctamente cerradas, evitar dejar objetos de valor a la vista y no divulgar en redes sociales información sobre la ausencia prolongada del domicilio. Asimismo es aconsejable contar con la colaboración de personas de confianza para la recogida de correspondencia y supervisión ocasional de la vivienda, de modo que la casa no parezca deshabitada, así como utilizar temporizadores de luz que simulen presencia en el interior.

La Policía Nacional también recuerda la importancia de invertir en sistemas de seguridad, como mediante la instalación de una cerradura anti bumping o la instalación de alarma o cámara de seguridad.

Vacaciones seguras

En relación con los desplazamientos, la Policía Nacional alerta sobre el aumento de estafas vinculadas a reservas vacacionales, especialmente a través de plataformas digitales. Si va a reservar sus vacaciones a través de Internet, se aconseja verificar siempre la autenticidad de los anuncios, desconfiar de precios excesivamente bajos y evitar realizar pagos por transferencia a cuentas desconocidas. Se recomienda utilizar plataformas seguras y métodos de pago que ofrezcan garantías al consumidor, aconsejado disponer de tarjetas virtuales o monedero.

Durante las vacaciones, es igualmente importante mantener la vigilancia sobre nuestras pertenencias u objetos personales en lugares concurridos y en el transporte público, evitar portar grandes cantidades de dinero en efectivo y prestar especial atención a posibles distracciones utilizadas por delincuentes para cometer hurtos.

Si vamos a la playa o a la piscina, tratar de llevarnos sólo lo imprescindible, no perdiendo nunca de vista nuestras pertenencias.

Si sospecha de alguna actividad delictiva, contacte con Policía Nacional

La Policía Nacional recuerda que ante cualquier situación sospechosa o si se ha sido víctima de un delito, es fundamental contactar de inmediato con el teléfono 091 o acudir a la comisaría más cercana para interponer la correspondiente denuncia. Además, a través de la aplicación gratuita ALERTCOPS, se permite a la ciudadanía contactar con la Policía Nacional e informar de delitos y situaciones de riesgo.

Si a la vuelta de nuestras vacaciones encontramos hilos de silicona o testigos de plástico en la puerta de la vivienda y sospechamos que han podido entrar en nuestra vivienda, contactar con la Policía Nacional evitando entrar en el domicilio hasta nuestra llegada.

Con estas sencillas medidas, se contribuye a disfrutar de unas vacaciones seguras y prevenir situaciones que puedan empañar el periodo de descanso.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha confirmado la condena de siete meses de prisión a dos personas por un delito de estafa cometido mediante un falso anuncio publicado en la plataforma Milanuncios con el que engañaron a una vecina de la provincia de Córdoba que creía estar adoptando gratuitamente un perro de raza bichón maltés. La Sala ha desestimado íntegramente los recursos de apelación presentados por ambos condenados y ha ratificado tanto las penas de prisión como la obligación de indemnizar a la víctima.

Los hechos se remontan al 23 de febrero de 2022. Según los hechos declarados probados, los dos acusados actuaron de común acuerdo y con el propósito de obtener un beneficio económico ilícito simulando, a través de un anuncio publicado en Milanuncios, que regalaban un perro de raza bichón maltés porque supuestamente no podían seguir cuidándolo por motivos de salud.

El anuncio despertó el interés de una mujer residente en la provincia de Córdoba, que contactó con los anunciantes mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con la intención de hacerse cargo del animal. Durante esas conversaciones, los acusados convencieron a la víctima de que debía asumir diversos gastos necesarios para completar el supuesto traslado del perro, como eran el seguro del transporte, el alquiler de un transportín y otros conceptos vinculados al envío del animal.

La víctima llegó a realizar pagos por importes de 150, 365, 385 y 550 euros, hasta alcanzar un total de 1.450 euros. Sin embargo, el perro nunca fue entregado porque los acusados nunca tuvieron intención de hacerlo. Además de la cantidad defraudada, la mujer soportó 21 euros de gastos bancarios derivados de las operaciones.

El juzgado de primera instancia condenó a cada uno de los acusados como autores de un delito de estafa a siete meses de prisión y a indemnizar conjunta y solidariamente a la perjudicada con 1.471 euros -1.450 euros correspondientes al dinero defraudado y 21 euros por gastos bancarios-. Ahora, tras el recurso de las defensas, la Audiencia de Bizkaia ha confirmado íntegramente las penas.

El proceso judicial contra la antigua directiva y el expresidente de la Comunidad de Regantes Salva García de Fuente Palmera entra en su recta final. Según la reciente providencia dictada el pasado 12 de junio de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Posadas y a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado ha dado traslado a las acusaciones para que, en un plazo de diez días, presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral.

Este movimiento judicial se produce tras confirmarse la firmeza del auto dictado originalmente el 20 de febrero de 2025, que concluyó la fase de instrucción al hallar indicios racionales de criminalidad contra los investigados, entre los que están tres miembros de la antigua Junta Directiva, entre ellos el expresidente.

El auto judicial detalla una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental. Entre los hechos más graves detectados durante la investigación destaca el presunto desvío de más de 200.000 euros de los fondos de la comunidad hacia cuentas bancarias de una mercantil ajena a los regantes.

La investigación revela además un sistemático inflado de costes soportados por los comuneros. En 2017, por ejemplo, la directiva habría cobrado el agua de riego a un precio de 1,348 euros/m3, cuando el coste real era de apenas 0,13 euros/m3, obteniendo así un beneficio injustificado a costa de los agricultores. Asimismo, se detectó que la Comunidad pagó facturas eléctricas de más de 100.000 euros que en realidad correspondían a otra entidad y no al consumo propio de los regantes.

Lo mismo le imputa el juez en concepto de pago a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por la concesión administrativa de aguas invernales para el riego de olivar. La investigación judicial ha revelado que la directiva incluyó en el balance de gastos de 2017 una partida por este concepto de 94.661,95 euros, una cifra que el auto califica como muy superior a la que realmente correspondía. Según los cálculos técnicos, teniendo en cuenta la superficie de 1.100 hectáreas y el canon aplicable, el importe real debería haber sido de aproximadamente 49.005 euros.

El magistrado señala que la directiva habría falseado datos y ocultado información a los socios con el objetivo de “maquillar” y abultar injustificadamente los gastos en los presupuestos. Esta maniobra permitía a los investigados obtener más dinero del realmente necesario para el mantenimiento de la comunidad, causando un perjuicio económico directo al “bolsillo” de los comuneros regantes. Este hecho forma parte del conjunto de indicios de administración desleal y falsedad documental por los que la cúpula será juzgada

Para mantener este esquema de gestión, los investigados habrían manipulado presuntamente las juntas generales. El auto señala la inclusión de personas fallecidas y no socios en los listados de asistentes a las asambleas para garantizar el quórum necesario y aprobar así las cuentas y presupuestos ahora cuestionados.

Riesgo para la seguridad pública

Más allá de las irregularidades financieras, la instrucción ha puesto el foco en la seguridad de la balsa de la comunidad. Según el documento judicial, la infraestructura carece de un plan de emergencia y seguridad, lo que entraña un “riesgo medioambiental y un peligro severo a poblaciones cercanas” como Silillos y Fuente Carreteros ante un posible desbordamiento o rotura.

Ahora, con el requerimiento de los escritos de acusación, el caso se encamina hacia un juicio oral donde los antiguos responsables de la Comunidad de Regantes Salva García deberán responder por una gestión que, según los indicios, causó un grave perjuicio económico a cientos de agricultores de la zona.

Fe de erratas: en una versión anterior de esta noticia se decía que se ha citado al actual presidente de la Comunidad de Regantes Salva García, lo cual no es cierto. Se ha citado al expresidente. El actual presidente de la Comunidad de Regantes Salva García, no se encuentra ni se ha encontrado investigado, procesado, acusado o encausado en el procedimiento judicial mencionado en la publicación, ni ostenta la condición de responsable civil o parte afectada en el mismo.

La Policía Local de Órgiva (Granada) ha detectado un intento de timo con el argumento de recaudar fondos como supuesta ayuda para sufragar la estancia en Córdoba de una familia que tendría un niño al que iban a trasplantar en el Hospital Universitario Reina Sofía de la capital cordobesa. La investigación de este cuerpo municipal ha permitido certificar que no existía tal caso con los datos que se aportaban en el intento de engaño.

Según ha informado y difundido en sus redes el Ayuntamiento del citado pueblo granadino, la Policía Local habría tenido conocimiento por varias vecinas del municipio del intento de obtener fondos con este engaño, ya que habrían detectado “una forma de timo con el objetivo de recoger dinero como apoyo a un trasplante para un menor de Lanjarón”, otro municipio granadino.

Al parecer, varias mujeres de entre 30 y 50 años se desplazaron a Órgiva y pedían dinero como apoyo para los padres de un menor, al que llamaban Carlos, y contaban que iba a ser intervenido de un trasplante en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Argumentaban que necesitaban fondos para sufragar la estancia de la familia en la capital cordobesa, por lo que pedían colaboración económica.

“Enseñan un montón de billetes”

“Estas mujeres enseñan un montón de billetes como prueba de las donaciones realizadas”, explica la Policía sobre su modus operandi. “Tras las averiguaciones realizadas, se ha verificado que no existe este caso en Lanjarón. Es un timo para obtener dinero”, certifica la Policía Local, que alude a que se trata de un engaño “muy estudiado que puede sensibilizar sentimientos de las víctimas con el fin de obtener dinero o entrar en domicilios para apropiarse de lo ajeno”.

Desde el Ayuntamiento de Órgiva se recuerda que “este tipo de casos es atendido íntegramente por la sanidad pública andaluza, sin coste alguno para los pacientes. Además, las familias cuentan con el apoyo constante de las asociaciones de pacientes y del equipo de coordinación de trasplantes del Hospital Universitario Reina Sofía, que realizan una labor extraordinaria tanto en el ámbito asistencial como en el acompañamiento humano. Todo este apoyo se presta de manera gratuita, dentro de un sistema basado en la solidaridad y el acceso universal a la atención sanitaria”.

Por todo ello, la Policía Local ha pedido cautela a los vecinos y que desconfíen ante estas prácticas que vienen detectando en los últimos días, de las que se ha alertado a los efectivos de seguridad.

La provincia de Córdoba ha registrado un aumento generalizado de las infracciones penales durante los primeros tres meses de 2026, alcanzando un total de 8.668 delitos. Los datos, extraídos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, suponen un incremento del 8,5% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado tanto por la criminalidad convencional como por la ciberdelincuencia.

La criminalidad convencional sumó 6.554 infracciones, un 7,8% más que en 2025. El incremento más destacado corresponde a los delitos contra la vida, que son, afortunadamente, los que menos se cometen: los homicidios dolosos y asesinatos consumados subieron un 33,3%, registrando cuatro casos. También se registró un notable repunte los homicidios y asesinatos en grado de tentativa, que aumentaron un 12,5% (nueve casos).

Otros ascensos relevantes se dieron en los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, que aumentaron un 15,1% y sumaron 344 casos. Mientras, la cibercriminalidad también creció en este primer trimestre del año, con un 10,7% más de delitos y 2.114 casos. En este ámbito destacan las estafas informáticas, que subieron un 18,4% y contabilizaron 1.920 casos en esos tres meses. Otro tipo de ciberdelitos sin clasificar sí bajaron un 32,9%.

También experimentaron un descenso los delitos de tráfico de drogas fueron los que más bajaron en ese periodo, con un 33,3% menos, sumando 30 casos. Asimismo decreció el número de delitos contra la libertad sexual, con un 6,6% menos y destacando la bajada de las agresiones sexuales con penetración, con un 17% menos, registrando 17 casos en estos tres meses.

Los hurtos (-5,4% y 1.545 casos) y las sustracciones de vehículos (-8,3% y 44 casos) fueron otros tipos de delito que experimentaron un descenso en ese periodo.

Más de la mitad de los delitos, en la capital

Córdoba capital registró más de la mitad de los delitos de la provincia en este primer trimestre del año. Del total de 8.668, en Córdoba ciudad se contabilizaron 4.550. Esa cifra supone, además, una subida de la criminalidad en la capital del 4,2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En su caso, la criminalidad convencional avanzó un 8,2% (3.735 casos), con subida destacada del 100% en homicidios dolosos y asesinatos consumados (dos casos), y del 33% en homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (cuatro casos). Los delitos catalogados como Resto de criminalidad convencional, pero no especificados, subieron un 18%.

Esas cifras son las que suben la media de la criminalidad en la capital en este trimestre, ya que el resto de delitos presenta una bajada. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria se redujeron un 32,6% (31 casos), los delitos contra la libertad sexual bajaron también un 18,2% (27 casos), los robos con fuerza en domicilios decrecieron un 26,3% (84 casos) y el tráfico de drogas también bajó un 15,8% (16 casos).

En Córdoba capital descendió el número de ciberdelitos un 10,8% (815 casos): las estafas informáticas -5,6% y otro tipo de ciberdelitos -41%.

La criminalidad sube en España

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior ha anotado una subida del 1% de los delitos en el conjunto de España en el primer trimestre de 2026, con un fuerte repunte de los homicidios y asesinatos consumados (+10,6%) y de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+11,1%), mientras que también aumentan las agresiones sexuales con penetración (+3,8%).

El número total de infracciones penales registradas en el período de enero a marzo de 2026 suma un total de 595.240, con un aumento del 1,0% sobre el año 2025, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

De dicha cifra, un total de 472.512 delitos (79,4% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber y que presenta una variación del +1,0% sobre 2025). La cibercriminalidad (122.728 infracciones penales, el 20,6% del total), presenta un incremento del 1,2% sobre 2025.

Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, lo que lleva a Interior a subrayar que está “en la banda más baja de la serie histórica”. La tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por mil habitantes.

Los delitos contra la libertad sexual crecen un 1,1% sobre 2025, según Interior, “en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (2,2% en 2025 sobre 2024)”. También crecen los delitos contra la libertad sexual con penetración (violaciones) un 3,8%, al anotar 1.290 casos, lo que el Ministerio atribuye a que hay menos infradenuncia por la confianza en las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad.

El balance, que incluye datos de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, indica que los delitos contra el patrimonio --robos, hurtos y sustracción de vehículos-- han descendido un 2,9% en su conjunto en los tres primeros meses de 2026.

Los delitos de tráfico de drogas, por su parte, aumentan un 2,8%, de 5.276 hechos registrados en los primeros tres meses de 2025, a 5.424 en el mismo período de 2026, lo que Interior relaciona con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Destacan también los 28 secuestros del primer trimestre (+16,7%), así como la caída de homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa (-7,2%). Por contra, los 94 homicidios y asesinatos consumados suponen una subida del 10,6%.

Entre las comunidades autónomas más pobladas, Cataluña (-6,0%) y Andalucía (-0,5%) anotan descensos en el total de la criminalidad, mientras que en la Comunitat Valenciana (+4,7%) y Comunidad de Madrid (+2,3%) subieron los delitos.

La Policía Local de Puente Genil (Córdoba) ha alertado de un intento de estafa a través de mensajes de la red de mensajería WhatsApp mediante la que se suplanta la identidad de un establecimiento hotelero de esta localidad para requerir datos personales y bancarios a clientes que habían hecho una reserva.

Según ha difundido la Policía Local, se trata de un mensaje en el que “los delincuentes suplantan la identidad del Hotel El Carmen de Puente Genil” y se dirige “a una pareja de novios con fecha programada en dicho establecimiento”, lo que puede llevar a que estos accedan al requerimiento.

En el mensaje se identifica una supuesta persona del equipo administrativo del hotel y hace alusión a la reserva en el mismo. Tras ello, se pide al destinatario del mensaje que debe completar sus datos pinchando en un enlace, donde se solicitan “datos personales y/o bancarios”, indica la Policía.

“Las estafas son cada vez más sofisticadas y personalizadas”, advierte, para realizar una serie de recomendaciones ante este tipo de estafas, que pasan por no facilitar información privada, no pinchar enlaces sospechosos, desconfiar de mensajes urgentes o inesperados.

“Se trata claramente de un intento de fraude para obtener tus datos y utilizarlos de forma ilícita”, alerta la Policía de Puente Genil, que pide a la ciudadanía verificar siempre el remitente de los mensajes, contactar directamente con el establecimiento por canales oficiales y consultar este tipo de prácticas con las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía ha pedido sendas penas de dos años de prisión para dos mujeres acusadas de un delito de estafa a una empresa tras supuestamente suplantar la identidad en correo electrónico, en el que efectuaron reglas de filtrado para “interceptar y transferir todas las comunicaciones realizadas de los correos entrantes y salientes” junto a otras reglas para controlarlo y que efectuara un ingreso de más de 15.000 euros en una cuenta de una de ellas. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el gerente de una empresa efectuó un pago de una factura por importe de 15.528 euros a una mercantil. Días antes, la empresa había recibido varios correos electrónicos, supuestamente enviados por la mercantil, que indicaban que habían cambiado algunos datos bancarios, y en concreto que el ingreso deberían de efectuarlo en otra cuenta.

Para ello, las procesadas, “solas o en connivencia con otras personas no identificadas, con ánimo de lucro”, en el correo electrónico realizaron “una regla de filtrado dirigida a un tercer correo, para desviar toda comunicación entrante, saliente o ambas de los correos electrónicos de la empresa”.

Asimismo, otra regla de filtrado en la que “aparezcan las palabras específicas en el asunto o cuerpo como 'pro forma, factura, transferencia, pago, bancaria IBAN, invoice'”, y utilizando otra regla más para “eliminar mensajes recibidos”, habiendo sido dirigidas todas las reglas de filtrado a otro correo electrónico.

Al respecto, se expone que las acusadas presuntamente han actuado “para obtener directamente los beneficios económicos o como 'mulas financieras' encargándose de recepcionar el dinero obtenido de forma fraudulenta, y posteriormente transferirlo a terceras cuentas, o bien extraerlo en cajeros para su posterior entrega a otras personas implicadas en la trama”.

Días después de efectuar el pago a la cuenta anteriormente mencionada, la empresa informó de que “no habían recibido el dinero de la factura pendiente, descubriéndose que se había suplantado la identidad de dicha empresa, y un vez que el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil se hizo cargo de la denuncia, se consiguió el bloqueo de la cuenta y la devolución del dinero”.

Tras ello, la empresa volvió a recibir otro correo facilitándoles otro nuevo número de cuenta para efectuar el ingreso, aunque no realizaron ingreso en dicha cuenta “al tenerse ya conocimiento de que se trataba de una estafa”, según destaca el fiscal.

Así, los agentes comprobaron que la titular de la cuenta en cuestión era una de las acusadas y la otra procesada, de la segunda cuenta. “Estas cuentas eran gestionadas por las acusadas o por otras personas en connivencia con ellas, a sabiendas de su origen ilícito”, subraya el Ministerio Público.

En la calificación se recoge también que alternativamente procede imponer por un delito de blanqueo la pena de dos años de prisión y multa de 30.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de tres meses de cárcel.