La Policía Nacional en Córdoba advierte a la ciudadanía de una nueva estafa en las que se hace un uso fraudulento de cuentas de WhatsApp, que consiste suplantar la identidad digital de la persona afectada para solicitar dinero a sus contactos más cercanos, aprovechando la relación de confianza existente entre ellos.

El modus operandi es muy similar en la mayoría de los casos detectados. La persona afectada continúa teniendo acceso a su cuenta de WhatsApp, que puede seguir usando con normalidad, mientras que, de forma paralela, algunos de sus contactos comienzan a recibir mensajes enviados aparentemente desde dicha cuenta como pueden ser “necesito tu ayuda” o “se me ha roto el móvil”, para seguidamente solicitarles una cantidad de dinero.

En otras ocasiones, el estafador ha llegado a facilitar a la víctima un número de cuenta bancaria para realizar una transferencia, manifestándoles que “no puedo realizar una transferencia inmediata”, “adelántame el dinero” o “te facilito el IBAN del comerciante”.

En la mayoría de los casos, estos mensajes fraudulentos no llegan a aparecer en el teléfono de la persona afectada, aunque sí son recibidos por sus contactos dentro de conversaciones reales y ya existentes, lo que dificulta que estos últimos detecten el engaño a tiempo. Habitualmente, la persona afectada tiene conocimiento de lo sucedido cuando algún contacto le llama o escribe por otra vía para confirmar si realmente ha solicitado dinero.

Las personas afectadas manifiestan no haber facilitado en ningún momento códigos de registro, códigos SMS ni PIN de verificación, ni haber escaneado códigos QR o vinculado voluntariamente su cuenta a otro dispositivo.

Consejos preventivos

La Policía Nacional recuerda que este tipo de incidentes puede no responder únicamente al robo tradicional de una cuenta mediante la obtención de un código de verificación, sino también a otras causas, como puede ser la falta de actualización del sistema operativo del teléfono móvil o de la propia aplicación de WhatsApp.

Para evitar ser víctimas de este tipo de estafa, la Policía Nacional recomienda:

1. Mantener actualizado el sistema operativo del teléfono móvil a la última versión disponible.

2. Actualizar la aplicación de WhatsApp a su versión más reciente.

3. Activar la verificación en dos pasos dentro de la propia aplicación.

4. Revisar periódicamente la función “Dispositivos vinculados” y comprobar que no aparezca ninguno desconocido.

5. Nunca facilitar a terceros códigos de registro, códigos SMS, PIN de verificación ni códigos QR de la aplicación.

En caso de ser víctima de este tipo de fraude:

1. Avisar cuanto antes, por un medio alternativo, a familiares, amigos y contactos, para que no atiendan ninguna solicitud de dinero.

2. Informar a WhatsApp de la suplantación a través de los mecanismos oficiales de soporte.

3. Acudir a las dependencias policiales más cercanas para denunciar los hechos.

La importancia de la colaboración ciudadana

La Policía Nacional pide a la ciudadanía que adopte medidas de precaución cuando reciba un mensaje solicitándole dinero de forma repentina, especialmente cuando lo hagan con urgencia o faciliten un número de cuenta para realizar una transferencia.

Ante cualquier duda, se recomienda contactar con la persona por otra vía distinta a la aplicación y, en su caso, comunicarlo a la Policía Nacional.

La Sección de Instrucción número 7 del Tribunal de Instancia de Córdoba ha asumido definitivamente la investigación de una presunta red de estafas informáticas dedicada a la oferta engañosa de coches clásicos por internet.

Según ha podido saber este periódico, en las diligencias de investigación constan tres denuncias de compradores perjudicados con residencia en el extranjero, todos ellos engañados bajo el mismo modus operandi. Uno de ellos es un ciudadano francés que abonó 1.000 euros en concepto de señal por un modelo Triumph TR3 tras contactar por WhatsApp con los supuestos vendedores a través de una página web fraudulenta.

El comprador viajó desde París hasta A Coruña confiando en acudir al taller donde supuestamente se custodiaba el automóvil. Sin embargo, al llegar a la dirección indicada, comprobó que se trataba de un edificio residencial sin rastro de actividad comercial y que los estafadores habían cortado todo contacto. A esta denuncia se suman otras dos de víctimas internacionales que cayeron en el mismo engaño tras realizar transferencias bancarias como reserva.

Aunque la investigación se inició en Galicia por ser el lugar a donde se desplazó el denunciante, las pesquisas policiales constataron que la cuenta bancaria del BBVA que recibió el dinero tenía su domicilio fiscal en Córdoba, ciudad donde además reside el investigado titular de la misma. Por tanto, tras una cuestión de competencia elevada al Tribunal Supremo, será el juzcado cordobés el encargado de la instrucción del caso.

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido una estafa inmobiliaria cometida de manera online y un delito de falsificación de documento mercantil, en relación con una operación de alquiler de una vivienda vacacional.

El denunciante localizó a través de Internet una vivienda que se ajustaba a sus necesidades y contactó con el supuesto agente inmobiliario mediante los datos de contacto que figuraban en la página web. Tras mantener varias comunicaciones y responder el supuesto agente a las preguntas planteadas sobre el inmueble, facilitó sus datos personales con el objetivo de formalizar el alquiler. Posteriormente, recibió por correo electrónico un contrato en el que figuraban los datos de los futuros arrendatarios y las condiciones de la operación. Con el objetivo de generar confianza y dotar de apariencia de legitimidad al supuesto alquiler, se facilitó diversa documentación relacionada con la presunta inmobiliaria, entre ella documentación fiscal de la sociedad, certificados emitidos por la Agencia Tributaria, documentación identificativa del responsable de la empresa y documentación contractual.

Una vez convencida de la legitimidad de la operación, la víctima realizó el pago de una fianza para garantizar el alquiler. Sin embargo, llegada la fecha prevista para acceder a la vivienda, no recibió las instrucciones necesarias para la entrada. Tras intentar ponerse en contacto con el supuesto agente mediante llamadas, mensajes y correos electrónicos, dejó de obtener respuesta.

La investigación

Una vez constatada la posible estafa, la víctima presentó la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, que una vez recibida y gestionada por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se activó al Equipo @ de la Cibercomandancia para el esclarecimiento de los hechos.

Durante la investigación, los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas con la víctima, la documentación facilitada durante el proceso de alquiler y las operaciones relacionadas con el pago efectuado. El estudio de la documentación permitió detectar indicios de falsedad en parte de los documentos utilizados para reforzar la apariencia de legalidad de la operación y generar confianza en la víctima. El análisis conjunto de estos elementos permitió reconstruir la operativa utilizada y determinar la identidad del presunto responsable.

Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa y otro de falsificación de documento mercantil, procediendo a la investigación de una persona con residencia en Córdoba, como presunta autora de ambos delitos. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Córdoba.

Prevención de fraudes

Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:

· Usar plataformas certificadas y verificar su autenticidad.

· Desconfiar de ofertas excesivamente baratas.

· Verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos.

· Evitar pagos fuera de los canales oficiales.

· Solicita más información del alojamiento: pide dirección exacta, más fotos y un contrato de alquiler.

· Guardar los justificantes de pago y los mensajes.

Creación de la Cibercomandancia de la Guardia Civil

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

En la Sede Electrónica de la Guardia Civil, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática los siguientes conceptos:

• Estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos.

• Sustracción de vehículos y/o sustracción en su interior.

• Hurtos y Daños.

• Pérdida o localización de documentación.

La plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba ha absuelto a un hombre para quien el Ministerio Fiscal solicitaba penas de hasta un año de prisión por estafa informática y, de forma alternativa, nueve meses por blanqueo de capitales por imprudencia grave. El magistrado ha determinado que no existe prueba suficiente que vincule al acusado con la trama de phishing que sustrajo más de 1.000 euros a una víctima que acabaron en su cuenta bancaria.

Los hechos probados se remontan a abril de 2022, cuando la perjudicada recibió un SMS que suplantaba la identidad del BBVA. El mensaje alertaba de un acceso fraudulento y facilitaba un enlace a una web idéntica a la del banco donde la mujer introdujo sus claves, permitiendo que desconocidos tomaran el control de su cuenta. Inmediatamente, se ordenó una transferencia de 1.105 euros hacia la cuenta del acusado, defendido por el letrado Salvador López Vinuesa.

A pesar de que el dinero llegó a la cuenta del procesado, el magistrado ha considerado que los indicios son insuficientes para condenarlo. En primer lugar, el acusado abrió la cuenta de forma presencial y la utilizaba para sus movimientos cotidianos, por lo que es “contrario a la experiencia humana” que alguien que pretenda ocultar un delito utilice un instrumento tan fácilmente rastreable. En segundo lugar, el dinero transferido por la víctima permaneció en la cuenta durante 19 días sin que el acusado intentara moverlos o esconderlos. Finalmente, fue la propia entidad bancaria la que retrocedió la operación tras la denuncia de la víctima. En tercer y último lugar, no se ha podido probar que el procesado enviara el SMS, creara la web falsa o estuviera concertado con quienes lo hicieron.

Asimismo, el juez ha descartado la acusación de blanqueo de capitales, argumentando que la ley española no castiga la participación imprudente en una estafa y que el dinero no se ingresó para ser “lavado”, sino como parte de la ejecución del fraude mismo. Además, haciendo uso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el caso se enmarcaría en un “negocio de bagatela” debido a que la cuantía (poco más de mil euros) es “insignificante” para afectar “al orden socioeconómico”, bien jurídico que protege el delito de blanqueo.

La Policía Nacional informa a la ciudadanía de la importancia de adoptar determinadas precauciones durante las vacaciones de verano, una época en la que se incrementan los desplazamientos y concentraciones de turistas y, con ello, la oportunidad para la comisión de delitos contra el patrimonio, especialmente robos en viviendas, así como de estafas relacionadas con viajes y alojamientos.

Medidas de seguridad en nuestra vivienda

Con el objetivo de prevenir estos hechos, la Policía Nacional recuerda a la población la necesidad de adoptar medidas básicas de seguridad en sus domicilios antes de iniciar cualquier viaje.

Entre ellas, se recomienda comprobar que puertas y ventanas quedan correctamente cerradas, evitar dejar objetos de valor a la vista y no divulgar en redes sociales información sobre la ausencia prolongada del domicilio. Asimismo es aconsejable contar con la colaboración de personas de confianza para la recogida de correspondencia y supervisión ocasional de la vivienda, de modo que la casa no parezca deshabitada, así como utilizar temporizadores de luz que simulen presencia en el interior.

La Policía Nacional también recuerda la importancia de invertir en sistemas de seguridad, como mediante la instalación de una cerradura anti bumping o la instalación de alarma o cámara de seguridad.

Vacaciones seguras

En relación con los desplazamientos, la Policía Nacional alerta sobre el aumento de estafas vinculadas a reservas vacacionales, especialmente a través de plataformas digitales. Si va a reservar sus vacaciones a través de Internet, se aconseja verificar siempre la autenticidad de los anuncios, desconfiar de precios excesivamente bajos y evitar realizar pagos por transferencia a cuentas desconocidas. Se recomienda utilizar plataformas seguras y métodos de pago que ofrezcan garantías al consumidor, aconsejado disponer de tarjetas virtuales o monedero.

Durante las vacaciones, es igualmente importante mantener la vigilancia sobre nuestras pertenencias u objetos personales en lugares concurridos y en el transporte público, evitar portar grandes cantidades de dinero en efectivo y prestar especial atención a posibles distracciones utilizadas por delincuentes para cometer hurtos.

Si vamos a la playa o a la piscina, tratar de llevarnos sólo lo imprescindible, no perdiendo nunca de vista nuestras pertenencias.

Si sospecha de alguna actividad delictiva, contacte con Policía Nacional

La Policía Nacional recuerda que ante cualquier situación sospechosa o si se ha sido víctima de un delito, es fundamental contactar de inmediato con el teléfono 091 o acudir a la comisaría más cercana para interponer la correspondiente denuncia. Además, a través de la aplicación gratuita ALERTCOPS, se permite a la ciudadanía contactar con la Policía Nacional e informar de delitos y situaciones de riesgo.

Si a la vuelta de nuestras vacaciones encontramos hilos de silicona o testigos de plástico en la puerta de la vivienda y sospechamos que han podido entrar en nuestra vivienda, contactar con la Policía Nacional evitando entrar en el domicilio hasta nuestra llegada.

Con estas sencillas medidas, se contribuye a disfrutar de unas vacaciones seguras y prevenir situaciones que puedan empañar el periodo de descanso.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha confirmado la condena de siete meses de prisión a dos personas por un delito de estafa cometido mediante un falso anuncio publicado en la plataforma Milanuncios con el que engañaron a una vecina de la provincia de Córdoba que creía estar adoptando gratuitamente un perro de raza bichón maltés. La Sala ha desestimado íntegramente los recursos de apelación presentados por ambos condenados y ha ratificado tanto las penas de prisión como la obligación de indemnizar a la víctima.

Los hechos se remontan al 23 de febrero de 2022. Según los hechos declarados probados, los dos acusados actuaron de común acuerdo y con el propósito de obtener un beneficio económico ilícito simulando, a través de un anuncio publicado en Milanuncios, que regalaban un perro de raza bichón maltés porque supuestamente no podían seguir cuidándolo por motivos de salud.

El anuncio despertó el interés de una mujer residente en la provincia de Córdoba, que contactó con los anunciantes mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con la intención de hacerse cargo del animal. Durante esas conversaciones, los acusados convencieron a la víctima de que debía asumir diversos gastos necesarios para completar el supuesto traslado del perro, como eran el seguro del transporte, el alquiler de un transportín y otros conceptos vinculados al envío del animal.

La víctima llegó a realizar pagos por importes de 150, 365, 385 y 550 euros, hasta alcanzar un total de 1.450 euros. Sin embargo, el perro nunca fue entregado porque los acusados nunca tuvieron intención de hacerlo. Además de la cantidad defraudada, la mujer soportó 21 euros de gastos bancarios derivados de las operaciones.

El juzgado de primera instancia condenó a cada uno de los acusados como autores de un delito de estafa a siete meses de prisión y a indemnizar conjunta y solidariamente a la perjudicada con 1.471 euros -1.450 euros correspondientes al dinero defraudado y 21 euros por gastos bancarios-. Ahora, tras el recurso de las defensas, la Audiencia de Bizkaia ha confirmado íntegramente las penas.

El proceso judicial contra la antigua directiva y el expresidente de la Comunidad de Regantes Salva García de Fuente Palmera entra en su recta final. Según la reciente providencia dictada el pasado 12 de junio de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Posadas y a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado ha dado traslado a las acusaciones para que, en un plazo de diez días, presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral.

Este movimiento judicial se produce tras confirmarse la firmeza del auto dictado originalmente el 20 de febrero de 2025, que concluyó la fase de instrucción al hallar indicios racionales de criminalidad contra los investigados, entre los que están tres miembros de la antigua Junta Directiva, entre ellos el expresidente.

El auto judicial detalla una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental. Entre los hechos más graves detectados durante la investigación destaca el presunto desvío de más de 200.000 euros de los fondos de la comunidad hacia cuentas bancarias de una mercantil ajena a los regantes.

La investigación revela además un sistemático inflado de costes soportados por los comuneros. En 2017, por ejemplo, la directiva habría cobrado el agua de riego a un precio de 1,348 euros/m3, cuando el coste real era de apenas 0,13 euros/m3, obteniendo así un beneficio injustificado a costa de los agricultores. Asimismo, se detectó que la Comunidad pagó facturas eléctricas de más de 100.000 euros que en realidad correspondían a otra entidad y no al consumo propio de los regantes.

Lo mismo le imputa el juez en concepto de pago a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por la concesión administrativa de aguas invernales para el riego de olivar. La investigación judicial ha revelado que la directiva incluyó en el balance de gastos de 2017 una partida por este concepto de 94.661,95 euros, una cifra que el auto califica como muy superior a la que realmente correspondía. Según los cálculos técnicos, teniendo en cuenta la superficie de 1.100 hectáreas y el canon aplicable, el importe real debería haber sido de aproximadamente 49.005 euros.

El magistrado señala que la directiva habría falseado datos y ocultado información a los socios con el objetivo de “maquillar” y abultar injustificadamente los gastos en los presupuestos. Esta maniobra permitía a los investigados obtener más dinero del realmente necesario para el mantenimiento de la comunidad, causando un perjuicio económico directo al “bolsillo” de los comuneros regantes. Este hecho forma parte del conjunto de indicios de administración desleal y falsedad documental por los que la cúpula será juzgada

Para mantener este esquema de gestión, los investigados habrían manipulado presuntamente las juntas generales. El auto señala la inclusión de personas fallecidas y no socios en los listados de asistentes a las asambleas para garantizar el quórum necesario y aprobar así las cuentas y presupuestos ahora cuestionados.

Riesgo para la seguridad pública

Más allá de las irregularidades financieras, la instrucción ha puesto el foco en la seguridad de la balsa de la comunidad. Según el documento judicial, la infraestructura carece de un plan de emergencia y seguridad, lo que entraña un “riesgo medioambiental y un peligro severo a poblaciones cercanas” como Silillos y Fuente Carreteros ante un posible desbordamiento o rotura.

Ahora, con el requerimiento de los escritos de acusación, el caso se encamina hacia un juicio oral donde los antiguos responsables de la Comunidad de Regantes Salva García deberán responder por una gestión que, según los indicios, causó un grave perjuicio económico a cientos de agricultores de la zona.

Fe de erratas: en una versión anterior de esta noticia se decía que se ha citado al actual presidente de la Comunidad de Regantes Salva García, lo cual no es cierto. Se ha citado al expresidente. El actual presidente de la Comunidad de Regantes Salva García, no se encuentra ni se ha encontrado investigado, procesado, acusado o encausado en el procedimiento judicial mencionado en la publicación, ni ostenta la condición de responsable civil o parte afectada en el mismo.

La Policía Local de Órgiva (Granada) ha detectado un intento de timo con el argumento de recaudar fondos como supuesta ayuda para sufragar la estancia en Córdoba de una familia que tendría un niño al que iban a trasplantar en el Hospital Universitario Reina Sofía de la capital cordobesa. La investigación de este cuerpo municipal ha permitido certificar que no existía tal caso con los datos que se aportaban en el intento de engaño.

Según ha informado y difundido en sus redes el Ayuntamiento del citado pueblo granadino, la Policía Local habría tenido conocimiento por varias vecinas del municipio del intento de obtener fondos con este engaño, ya que habrían detectado “una forma de timo con el objetivo de recoger dinero como apoyo a un trasplante para un menor de Lanjarón”, otro municipio granadino.

Al parecer, varias mujeres de entre 30 y 50 años se desplazaron a Órgiva y pedían dinero como apoyo para los padres de un menor, al que llamaban Carlos, y contaban que iba a ser intervenido de un trasplante en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Argumentaban que necesitaban fondos para sufragar la estancia de la familia en la capital cordobesa, por lo que pedían colaboración económica.

“Enseñan un montón de billetes”

“Estas mujeres enseñan un montón de billetes como prueba de las donaciones realizadas”, explica la Policía sobre su modus operandi. “Tras las averiguaciones realizadas, se ha verificado que no existe este caso en Lanjarón. Es un timo para obtener dinero”, certifica la Policía Local, que alude a que se trata de un engaño “muy estudiado que puede sensibilizar sentimientos de las víctimas con el fin de obtener dinero o entrar en domicilios para apropiarse de lo ajeno”.

Desde el Ayuntamiento de Órgiva se recuerda que “este tipo de casos es atendido íntegramente por la sanidad pública andaluza, sin coste alguno para los pacientes. Además, las familias cuentan con el apoyo constante de las asociaciones de pacientes y del equipo de coordinación de trasplantes del Hospital Universitario Reina Sofía, que realizan una labor extraordinaria tanto en el ámbito asistencial como en el acompañamiento humano. Todo este apoyo se presta de manera gratuita, dentro de un sistema basado en la solidaridad y el acceso universal a la atención sanitaria”.

Por todo ello, la Policía Local ha pedido cautela a los vecinos y que desconfíen ante estas prácticas que vienen detectando en los últimos días, de las que se ha alertado a los efectivos de seguridad.

La provincia de Córdoba ha registrado un aumento generalizado de las infracciones penales durante los primeros tres meses de 2026, alcanzando un total de 8.668 delitos. Los datos, extraídos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, suponen un incremento del 8,5% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado tanto por la criminalidad convencional como por la ciberdelincuencia.

La criminalidad convencional sumó 6.554 infracciones, un 7,8% más que en 2025. El incremento más destacado corresponde a los delitos contra la vida, que son, afortunadamente, los que menos se cometen: los homicidios dolosos y asesinatos consumados subieron un 33,3%, registrando cuatro casos. También se registró un notable repunte los homicidios y asesinatos en grado de tentativa, que aumentaron un 12,5% (nueve casos).

Otros ascensos relevantes se dieron en los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, que aumentaron un 15,1% y sumaron 344 casos. Mientras, la cibercriminalidad también creció en este primer trimestre del año, con un 10,7% más de delitos y 2.114 casos. En este ámbito destacan las estafas informáticas, que subieron un 18,4% y contabilizaron 1.920 casos en esos tres meses. Otro tipo de ciberdelitos sin clasificar sí bajaron un 32,9%.

También experimentaron un descenso los delitos de tráfico de drogas fueron los que más bajaron en ese periodo, con un 33,3% menos, sumando 30 casos. Asimismo decreció el número de delitos contra la libertad sexual, con un 6,6% menos y destacando la bajada de las agresiones sexuales con penetración, con un 17% menos, registrando 17 casos en estos tres meses.

Los hurtos (-5,4% y 1.545 casos) y las sustracciones de vehículos (-8,3% y 44 casos) fueron otros tipos de delito que experimentaron un descenso en ese periodo.

Más de la mitad de los delitos, en la capital

Córdoba capital registró más de la mitad de los delitos de la provincia en este primer trimestre del año. Del total de 8.668, en Córdoba ciudad se contabilizaron 4.550. Esa cifra supone, además, una subida de la criminalidad en la capital del 4,2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En su caso, la criminalidad convencional avanzó un 8,2% (3.735 casos), con subida destacada del 100% en homicidios dolosos y asesinatos consumados (dos casos), y del 33% en homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (cuatro casos). Los delitos catalogados como Resto de criminalidad convencional, pero no especificados, subieron un 18%.

Esas cifras son las que suben la media de la criminalidad en la capital en este trimestre, ya que el resto de delitos presenta una bajada. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria se redujeron un 32,6% (31 casos), los delitos contra la libertad sexual bajaron también un 18,2% (27 casos), los robos con fuerza en domicilios decrecieron un 26,3% (84 casos) y el tráfico de drogas también bajó un 15,8% (16 casos).

En Córdoba capital descendió el número de ciberdelitos un 10,8% (815 casos): las estafas informáticas -5,6% y otro tipo de ciberdelitos -41%.

La criminalidad sube en España

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior ha anotado una subida del 1% de los delitos en el conjunto de España en el primer trimestre de 2026, con un fuerte repunte de los homicidios y asesinatos consumados (+10,6%) y de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+11,1%), mientras que también aumentan las agresiones sexuales con penetración (+3,8%).

El número total de infracciones penales registradas en el período de enero a marzo de 2026 suma un total de 595.240, con un aumento del 1,0% sobre el año 2025, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

De dicha cifra, un total de 472.512 delitos (79,4% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber y que presenta una variación del +1,0% sobre 2025). La cibercriminalidad (122.728 infracciones penales, el 20,6% del total), presenta un incremento del 1,2% sobre 2025.

Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, lo que lleva a Interior a subrayar que está “en la banda más baja de la serie histórica”. La tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por mil habitantes.

Los delitos contra la libertad sexual crecen un 1,1% sobre 2025, según Interior, “en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (2,2% en 2025 sobre 2024)”. También crecen los delitos contra la libertad sexual con penetración (violaciones) un 3,8%, al anotar 1.290 casos, lo que el Ministerio atribuye a que hay menos infradenuncia por la confianza en las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad.

El balance, que incluye datos de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, indica que los delitos contra el patrimonio --robos, hurtos y sustracción de vehículos-- han descendido un 2,9% en su conjunto en los tres primeros meses de 2026.

Los delitos de tráfico de drogas, por su parte, aumentan un 2,8%, de 5.276 hechos registrados en los primeros tres meses de 2025, a 5.424 en el mismo período de 2026, lo que Interior relaciona con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Destacan también los 28 secuestros del primer trimestre (+16,7%), así como la caída de homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa (-7,2%). Por contra, los 94 homicidios y asesinatos consumados suponen una subida del 10,6%.

Entre las comunidades autónomas más pobladas, Cataluña (-6,0%) y Andalucía (-0,5%) anotan descensos en el total de la criminalidad, mientras que en la Comunitat Valenciana (+4,7%) y Comunidad de Madrid (+2,3%) subieron los delitos.

La Policía Local de Puente Genil (Córdoba) ha alertado de un intento de estafa a través de mensajes de la red de mensajería WhatsApp mediante la que se suplanta la identidad de un establecimiento hotelero de esta localidad para requerir datos personales y bancarios a clientes que habían hecho una reserva.

Según ha difundido la Policía Local, se trata de un mensaje en el que “los delincuentes suplantan la identidad del Hotel El Carmen de Puente Genil” y se dirige “a una pareja de novios con fecha programada en dicho establecimiento”, lo que puede llevar a que estos accedan al requerimiento.

En el mensaje se identifica una supuesta persona del equipo administrativo del hotel y hace alusión a la reserva en el mismo. Tras ello, se pide al destinatario del mensaje que debe completar sus datos pinchando en un enlace, donde se solicitan “datos personales y/o bancarios”, indica la Policía.

“Las estafas son cada vez más sofisticadas y personalizadas”, advierte, para realizar una serie de recomendaciones ante este tipo de estafas, que pasan por no facilitar información privada, no pinchar enlaces sospechosos, desconfiar de mensajes urgentes o inesperados.

“Se trata claramente de un intento de fraude para obtener tus datos y utilizarlos de forma ilícita”, alerta la Policía de Puente Genil, que pide a la ciudadanía verificar siempre el remitente de los mensajes, contactar directamente con el establecimiento por canales oficiales y consultar este tipo de prácticas con las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía ha pedido sendas penas de dos años de prisión para dos mujeres acusadas de un delito de estafa a una empresa tras supuestamente suplantar la identidad en correo electrónico, en el que efectuaron reglas de filtrado para “interceptar y transferir todas las comunicaciones realizadas de los correos entrantes y salientes” junto a otras reglas para controlarlo y que efectuara un ingreso de más de 15.000 euros en una cuenta de una de ellas. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el gerente de una empresa efectuó un pago de una factura por importe de 15.528 euros a una mercantil. Días antes, la empresa había recibido varios correos electrónicos, supuestamente enviados por la mercantil, que indicaban que habían cambiado algunos datos bancarios, y en concreto que el ingreso deberían de efectuarlo en otra cuenta.

Para ello, las procesadas, “solas o en connivencia con otras personas no identificadas, con ánimo de lucro”, en el correo electrónico realizaron “una regla de filtrado dirigida a un tercer correo, para desviar toda comunicación entrante, saliente o ambas de los correos electrónicos de la empresa”.

Asimismo, otra regla de filtrado en la que “aparezcan las palabras específicas en el asunto o cuerpo como 'pro forma, factura, transferencia, pago, bancaria IBAN, invoice'”, y utilizando otra regla más para “eliminar mensajes recibidos”, habiendo sido dirigidas todas las reglas de filtrado a otro correo electrónico.

Al respecto, se expone que las acusadas presuntamente han actuado “para obtener directamente los beneficios económicos o como 'mulas financieras' encargándose de recepcionar el dinero obtenido de forma fraudulenta, y posteriormente transferirlo a terceras cuentas, o bien extraerlo en cajeros para su posterior entrega a otras personas implicadas en la trama”.

Días después de efectuar el pago a la cuenta anteriormente mencionada, la empresa informó de que “no habían recibido el dinero de la factura pendiente, descubriéndose que se había suplantado la identidad de dicha empresa, y un vez que el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil se hizo cargo de la denuncia, se consiguió el bloqueo de la cuenta y la devolución del dinero”.

Tras ello, la empresa volvió a recibir otro correo facilitándoles otro nuevo número de cuenta para efectuar el ingreso, aunque no realizaron ingreso en dicha cuenta “al tenerse ya conocimiento de que se trataba de una estafa”, según destaca el fiscal.

Así, los agentes comprobaron que la titular de la cuenta en cuestión era una de las acusadas y la otra procesada, de la segunda cuenta. “Estas cuentas eran gestionadas por las acusadas o por otras personas en connivencia con ellas, a sabiendas de su origen ilícito”, subraya el Ministerio Público.

En la calificación se recoge también que alternativamente procede imponer por un delito de blanqueo la pena de dos años de prisión y multa de 30.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de tres meses de cárcel.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha formulado acusación contra dos mujeres por su presunta implicación en una trama de fraude informático y blanqueo de capitales. Según el escrito de conclusiones provisionales, las acusadas habrían participado en una operación para desviar el pago de una factura de más de 15.500 euros perteneciente a una empresa local

Los hechos se desencadenaron cuando el gerente de una empresa realizó un pago por importe de 15.528 euros tras recibir varios correos electrónicos, supuestamente enviados por su proveedor, en los que se comunicaba un cambio en los datos bancarios para el ingreso.

La investigación determinó que las acusadas, solas o en connivencia con terceros, lograron acceder al sistema de correo de la empresa y establecieron reglas de filtrado específicas. Estas reglas detectaban palabras clave como “factura”, “transferencia”, “pago” o “IBAN”, redirigiendo automáticamente los mensajes a una cuenta de correo externa para evitar que la empresa víctima advirtiera el engaño.

Según la Fiscalía, las acusadas figuraban como titulares de las cuentas donde se recibió el dinero y actuaron para obtener un beneficio económico directo o bien como mulas financieras, encargándose de recibir el dinero de forma fraudulenta para luego transferirlo a terceros o extraerlo en efectivo en cajeros para entregarlo a otros miembros de la trama.

El fraude se descubrió cuando la empresa proveedora reclamó el pago de la factura pendiente, confirmando que su identidad había sido suplantada. Gracias a la intervención del Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil, se logró bloquear la cuenta bancaria de destino y recuperar la totalidad del dinero para la empresa afectada.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de estafa o, alternativamente, como blanqueo de capitales. Por ello, solicita para cada una de las procesadas una pena de dos años de prisión. En el caso de ser condenadas por blanqueo, se les impondría, además, una multa de 30.000 euros.

La Policía Local de Puente Genil ha advertido esta semana de un intento de estafa mediante la que sus autores pretenden obtener dinero de empresas y comercios de la zona haciéndose pasar por agentes de un sindicato policial.

Hasta el momento, ya se ha recibido la denuncia de un empresario hostelero de la localidad que podía haber sido víctima de un intento de esta estafa telefónica. Por ello, tal y como han difundido en sus redes sociales, la Policía Local de Puente Genil ha informado de esta posible estafa telefónica “que está afectando a negocios de nuestra zona”.

“Se ha detectado que desde el número 644 166 539 están contactando con empresas solicitando cantidades de dinero (entre 200 y 300 euros), supuestamente en nombre de la Policía Local, en concepto de colaboraciones publicitarias. Los estafadores indican que, a cambio, incluirían referencias positivas del negocio en una futura revista policial”, explican desde el cuerpo. Sin embargo, aclaran que “la Policía Local no realiza este tipo de llamadas ni solicita dinero por publicidad”.

El intento de estafa ya ha sido puesto en conocimiento de los agentes tras la denuncia de un empresario del sector hostelero. Por ello, hacen saber a la ciudadanía una serie de recomendaciones en caso de recibir este tipo de llamadas, tales como no realizar ningún pago ni facilitar datos personales o bancarios.

Además, la Policía Local pide que se anote el número de teléfono con el que se ha recibido la llamada con este intento de estafa, así como cualquier información relevante, para ponerla en conocimiento de los agentes e interponer la correspondiente denuncia por esos hechos.

No es la primera vez que la Policía Local de Puente Genil detecta estas prácticas. En junio de 2025 también advirtió a empresas y negocios de la zona, ya que habían recibido varios avisos de comercios de la localidad que estaban siendo víctimas de un intento de esta estafa telefónica.

La Guardia Civil ha detenido a una persona, e investigado a otra, como presuntas autoras de dos delitos de estafa cometidos en establecimientos comerciales de la localidad de Fuente Palmera (Córdoba), llegando a estafar un total de 6.090,35 euros.

La investigación se inició tras sendas denuncias presentadas en el acuartelamiento de Fuente Palmera por los propietarios de dos comercios del mismo municipio. Los hechos, ocurridos durante el mes de marzo, afectaron a una carnicería donde fueron sustraídos jamones ibéricos valorados en 1.324,35 euros, además de a una joyería, donde fue denunciado un perjuicio económico de 4.766 euros.

De las gestiones practicadas por los agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Córdoba, se pudo determinar que ambos hechos habían sido cometidos por la misma persona, utilizando un modus operandi similar, puesto que el autor, en ambos casos, contactó con los responsables de los establecimientos a través de llamadas telefónicas y mensajería instantánea, realizando pedidos de elevado valor económico.

Posteriormente, una vez acordadas las condiciones de entrega, remitió a los comerciantes justificantes de transferencias bancarias que aparentaban ser válidos, si bien después se comprobó que eran falsos, no habiéndose realizado ingreso alguno en las cuentas de los establecimientos afectados. Como consecuencia del engaño, los comerciantes procedían a la entrega de la mercancía.

La Guardia Civil continuó con las pesquisas hasta lograr identificar y localizar al presunto autor de los hechos, así como a una segunda persona que participó en las estafas, procediendo por tanto a la detención del primero y la investigación de la segunda persona como colaboradora necesaria. Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Policía Nacional en Córdoba advierte de la detección de diversas modalidades de estafa detectadas en la provincia, algunas de ellas cada vez más sofisticadas en las que los delincuentes utilizan la persuasión o la urgencia para manipular a sus víctimas y obtener un acceso no autorizado a información sensible o a su dinero o bien para inducir a empresas y particulares a realizar pagos fraudulentos.

Los investigadores han detectado una variante de estafa dirigida a los usuarios de juegos de azar online. Los estafadores suelen contactan con las víctimas asegurándoles que han ganado un premio cuantioso, pero para poder recibirlo les exigen que previamente ingresen una cantidad en concepto de IRPF o tasas de juego.

Además, para dar credibilidad a la estafa, envían documentos falsos con logos de la Agencia Tributaria, amenazando con inspecciones de Hacienda o multas por blanqueo si no se realiza el pago.

Manipulación de facturas por correo o 'man-in-the-middle'

Esta es una de las estafas que más afectan a las empresas cordobesas. En esta modalidad, los atacantes interceptan correos electrónicos enviados entre proveedores y clientes. En el momento en el que detectan un pago a realizar, envían una factura modificada notificando un supuesto cambio en el número de cuenta, de modo que la víctima transfiere el dinero a la cuenta del estafador, creyendo que está saldando una deuda real.

Aprovechando el periodo de la declaración de la Renta, los delincuentes recurren a enviar mensajes masivos suplantando a la Agencia Tributaria, estafa conocida como phishing o smishing. El mensaje, que informe de un reembolso económico a recibir, contiene un enlace que la víctima debe seguir. Al pinchar en el mismo, se le solicita que introduzca sus claves bancarias o datos de tarjeta, con el objetivo de transferir de inmediato todo el dinero de su cuenta.

Guía de Autoprotección y Recomendaciones

Los agentes de la Policía Nacional en Córdoba instan a la ciudadanía a adoptar una serie de medidas para evitar ser víctimas de este tipo de estafas, y para ellos ofrecen las siguientes recomendaciones:

¿Qué hacer si cree que ha sido estafado?

La rapidez es fundamental si cree que ha sido estafado. Contacte de inmediato con su entidad bancaria para intentar dejar sin efecto cualquier transferencia. Posteriormente, acuda a la Comisaría de Policía Nacional para interponer una denuncia, aportando todos los documentos, capturas de pantalla de chats y correos electrónicos recibidos.

Usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han vuelto a recibir mensajes de texto (SMS) fraudulentos en los que les instan a renovar la tarjeta sanitaria a través de enlaces que redirigen a páginas web maliciosas.

Fuentes del SAS han apuntado a Europa Press, como ya hiciera en febrero al detectarse esta campaña, que “nunca” solicita datos personales ni renovaciones de tarjeta sanitaria mediante mensajes de texto.

Los mensajes identificados incluyen textos como el siguiente: “Aviso oficial: su tarjeta sanitaria debe renovarse antes de abril de 2026 conforme a la nueva normativa. Solicite su nueva tarjeta en..:” acompañado de un enlace para completar un trámite que incluye la solicitud de datos bancarios.

Estos SMS tratan de provocar una respuesta rápida en las personas que los reciben, utilizando direcciones de URL falsas, que no pertenecen a ninguno de los dominios del SAS, aclaraba la Administración sanitaria en un comunicado en febrero.

Ante la recepción de un SMS de estas características, la Junta recomienda no acceder a ningún enlace, no facilitar información personal y eliminar el mensaje del dispositivo. Asimismo, se aconseja verificar siempre cualquier comunicación a través de los canales oficiales del SAS.

Un nuevo caso de estafa informática ha terminado en condena en la Audiencia Provincial de Córdoba. En esta ocasión, el acusado ha aceptado este lunes una pena de seis meses de prisión y el pago de una indemnización de 1.000 euros tras reconocer haber participado en un engaño conocido como smishing en el que suplantó la identidad de una entidad bancaria para quedarse con 1.000 euros de la víctima.

Según el relato de hechos de la Fiscalía -que inicialmente pedía un año y ocho meses de cárcel-, la afectada recibió un falso SMS en su móvil en el que se le alertaba de una supuesta transferencia no autorizada en su cuenta corriente. Acto seguido, y en connivencia con otra persona que no ha podido ser identificada, el acusado hizo creer a la mujer que hablaba con un agente bancario.

Bajo el pretexto de ayudarla a “cancelar” esa operación fraudulenta, la guio para que realizara una serie de pasos técnicos. Sin embargo, lo que la víctima estaba haciendo en realidad era validar una transferencia de dinero desde su propia cuenta hacia otra de la que el acusado era titular. El procesado recibió el dinero a sabiendas de su origen ilícito con el fin de gestionarlo él mismo o distribuirlo con terceros.

Durante la vista, el acusado ha mostrado su conformidad con los hechos, siendo condenado por un delito de estafa. La defensa y la Fiscalía acordaron modificar la petición inicial (que incluía blanqueo de capitales) para fijar la condena en seis meses de cárcel. Además, el tribunal le ha concedido la suspensión de la pena de prisión por un plazo de dos años siempre y cuando no delinca durante los dos próximos años y abone 100 euros al mes a la víctima hasta entregarle íntegramente la cantidad que le estafó. La sentencia ya es firme.

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Magna-Vallis”, ha detenido a 18 personas en Bizkaia y una en Burgos, e investigado a otras tres, por pertenecer a una organización criminal, dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet.

Tres miembros de la organización, que pertenecían a un clan familiar, mantenían bajo control a un octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar obligándolo a ejercer mendicidad y al que también le habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas.

Guardia Civil ha identificado hasta 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad, repartidas en numerosas provincias: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.

Los estafadores exigían a sus víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos, vacunas, transporte, chip, jaula, etc, mediante abonos a través de bizum o transferencias bancarias. Asimismo, utilizaban el método “Smurfing” consistente en fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micro pagos.

Los agentes de la Guardia Civil detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, por lo que se procedió a bloquearlas judicialmente. Se calcula que la cantidad asociada a las estafas asciende a más de 36.000 euros.

Asimismo, se ha constatado que los presuntos autores destinaron parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una fracción de las prestaciones sociales percibidas, ya que la mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de otras ayudas autonómicas, a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros. Se estima, que las prestaciones sociales percibidas de manera indebida podrían ascender a más de 560.000 euros.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.

En España, Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal, siempre que se cumplan las normas de bienestar animal y que las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados. Se recomienda siempre desconfiar de precios demasiado bajos o urgencias por “entregar al animal”, exigir siempre documentación del criador y centro y solicitar copias de la cartilla veterinaria y microchip y no pagar por adelantado ni enviar dinero a través de transferencias bancarias u otra vía de pago online.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer residente en Vecindario (Las Palmas de Gran Canaria) a tres meses de prisión tras estafar 35.019,49 euros a un amigo. La reducción de la pena se fundamenta en que la acusada devolvió la totalidad del dinero antes del juicio, aplicándose así la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Según la sentencia, la mujer solicitó dinero a la víctima entre marzo y noviembre de 2022, aprovechando la amistad que mantenían desde 2017, inicialmente por vía online a través de Facebook y retomando el contacto años después. La acusada alegó distintos motivos para solicitar el dinero, incluyendo supuestas deudas con la Seguridad Social, problemas graves de salud -como coágulos en la cabeza- y dificultades económicas derivadas de su incapacidad para trabajar.

Durante esos meses, la víctima realizó nueve entregas de dinero, a través de Bizum y transferencias bancarias, que sumaron el total de 35.019,49 euros. Tras darse cuenta de que había sido engañado, la víctima comunicó a la acusada su intención de denunciarla. Esta, aparentando arrepentimiento, se comprometió a devolver el dinero mediante un escrito de noviembre de 2022. Pasados cuatro meses y al ver que no le devolvía cantidad alguna, el hombre se sintió de nuevo engañado e interpuso una denuncia en marzo de 2023.

Durante el juicio, las partes acordaron una sentencia de conformidad, reconociendo la mujer el delito de estafa. Dado que la procesada había devuelto a la víctima todo el dinero antes del juicio, la Audiencia le ha impuesto tres meses de prisión, además del pago de las costas procesales. Además, se ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad durante dos años condicionada a que la acusada no cometa ningún delito grave o menos grave en ese período.

Dado que se trata de una sentencia de conformidad, contra la misma no cabe recurso.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha celebrado este martes un juicio, por videoconferencia desde Granollers, contra M.O., acusado de un presunto delito de estafa informática y, de manera alternativa, de blanqueo de capitales, tras haber recibido en su cuenta bancaria dos transferencias por un total de 756 euros procedentes de un fraude sufrido por una vecina de Córdoba.

El acusado ha reconocido durante su declaración ser titular de la cuenta bancaria en la que se ingresaron dos transferencias de 253 y 503 euros el 31 de enero de 2023, pero ha negado cualquier implicación en la estafa. Así, ha asegurado que “un hombre que conocía de vista” le pidió usar su cuenta corriente porque iba a recibir “un dinero”.

Según su versión, ambos retiraron el dinero en efectivo en un cajero de la entidad bancaria de Canovelles, a unos dos kilómetros de Granollers, y ha negado enviar los mensajes fraudulentos que recibió la víctima, además de afirmar que desconocía el origen ilícito de los fondos y que no recibió nada a cambio de esa “ayuda”.

La víctima ha relatado que aquel día recibió un SMS, supuestamente de su banco, que le alertaba de un cargo de 500 euros de Amazon. Si quería cancelarlo, tenía que pinchar en un enlace. Tras hacer eso, introdujo sus credenciales bancarias y, posteriormente, recibió “una llamada de un hombre” que le pidió un código para anular el cargo. “Se lo di, pero después, vi que había otro movimiento de 500 euros más. En este momento me di cuenta de que había sido víctima de una estafa”, ha asegurado la joven, quien ha recordado que su interlocutor, que se rio, le dijo a otra persona “Así es como se hace”, antes de colgar. Su entidad bancaria, que no se ha presentado al juicio, no le ha devuelto el dinero a la víctima “porque la entidad alega que yo he facilitado voluntariamente los códigos”, por lo que sigue reclamando todo el dinero estafado.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide para el acusado una multa de 6.000 euros, mientras que la defensa solicita la absolución y considera que no concurre el dolo para poder condenar a su defendido por un delito de blanqueo de capitales. Asimismo, considera “desproporcionada” la multa, que, en caso de sentencia condenatoria, ha pedido fijarla en 2.668 euros. El juicio ha quedado visto para sentencia.