Tres de los seis detenidos el pasado jueves en Alcolea tras un operativo contra el tráfico de drogas han quedado en libertad con cargos después de que hayan abonado cada uno 4.000 euros de fianza para salir de prisión. Se trata de los únicos arrestados que estaban en la cárcel de Córdoba vinculados a esta intervención policial.

Según fuentes cercanas a la investigación, la redada se inició a primera hora de la mañana del pasado jueves, con agentes de la Policía Nacional fuertemente armados, que registraron hasta cuatro viviendas en Alcolea.

Como resultado del operativo, seis personas fueron detenidas, de las que cinco pasaron al juzgado de guardia y una fue puesta en libertad en comisaría. De esos cinco arrestados, dos fueron puestos en libertad el pasado viernes, pero tres sí ingresaron en prisión acusados de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a banda organizada. Cerca de una semana después de su entrada en la cárcel, los arrestados -defendido por la letrada Mar Jiménez- han quedado en libertad provisional y con cargos.

Tres de los seis detenidos en el operativo transcurrido en Alcolea el pasado jueves han entrado a prisión en las últimas horas, según ha confirmado este periódico a través de diferentes fuentes.

La operación llegó durante la presente semana y la lideró una Policía Nacional que registró varias viviendas y coches para luchar contra el narcotráfico. Los agentes se desplegaron tanto en Alcolea como en la barriada de los Ángeles.

La redada se inició a primera hora de la mañana, con agentes fuertemente armados, que han registrado hasta cuatro viviendas de esta barriada. Una barriada que está, además, en plena celebración de la Feria, que arrancó este martes y se prolonga hasta el domingo.

Horas más tarde y tras pasar a disposición judicial, tres de los seis detenidos han pasado directamente al centro penitenciario.

Un operativo que fue llevado a cabo bajo la dirección del grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Córdoba, con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización sindical mayoritaria en las Mesas Delegadas de Función Pública e Instituciones Penitenciarias, denuncia la agresión sufrida hoy por trabajadores del Centro Penitenciario de Alcolea durante una intervención en el módulo 7 de mujeres.

Según ha informado el sindicato, los hechos se produjeron cuando una interna protagonizó un grave episodio de alteración del orden, con insultos y amenazas que comprometieron la seguridad del departamento, del resto de personas internas y de los profesionales que prestaban servicio. La intervención del personal permitió reconducir inicialmente la situación, aunque la interna volvió a mostrar una actitud extremadamente violenta, llegando a propinar patadas y puñetazos e intentando morder a los funcionarios que actuaban para restablecer el orden.

Como consecuencia de la agresión, dos trabajadores resultaron lesionados y tuvieron que ser atendidos en la enfermería del propio centro penitenciario. Tras los hechos y conforme al protocolo establecido, la interna fue aislada de manera provisional.

CSIF Córdoba denuncia que este tipo de incidentes violentos se están produciendo con una preocupante frecuencia y considera que son consecuencia, entre otros factores, de la insuficiencia de medios personales y materiales y de una gestión inadecuada de determinados perfiles especialmente conflictivos.

Ante esta situación, el sindicato reclama la adopción inmediata de medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores y el normal funcionamiento del centro.

En primer lugar, solicita el traslado de la interna implicada a un establecimiento penitenciario más adecuado a sus características, al entender que su permanencia en el centro continúa generando situaciones de riesgo.

Asimismo, CSIF insiste en la necesidad de actualizar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Centro Penitenciario de Córdoba para adaptar la plantilla a las necesidades reales del servicio. La organización sindical subraya que el funcionamiento diario del centro se sostiene gracias al compromiso y la profesionalidad de los empleados públicos, pese a la escasez de efectivos.

El sindicato también reclama un refuerzo de los recursos humanos y materiales, incluyendo la incorporación de dispositivos de defensa menos letales, colmo táser, para intervenciones excepcionales en situaciones de extrema violencia, así como una reforma del actual régimen disciplinario penitenciario, cuya regulación considera desfasada y necesitada de una actualización que permita responder con mayor eficacia a este tipo de conductas.

CSIF advierte de que la pérdida de autoridad de los profesionales penitenciarios y la ausencia de medidas eficaces para afrontar las agresiones están favoreciendo el incremento de los incidentes violentos en los centros penitenciarios.

Por último, la organización sindical quiere reconocer la actuación de los trabajadores que intervinieron en el incidente, destacando su profesionalidad y su rápida respuesta para controlar una situación de alto riesgo y evitar consecuencias aún más graves. Igualmente, CSIF pone a disposición de los trabajadores afectados su gabinete jurídico y el servicio de CSIF Ayuda para ofrecerles el asesoramiento y la asistencia psicológica que puedan necesitar.

El Centro Penitenciario de Córdoba ha abierto un proceso de selección para incorporar a dos cocineros o cocineras mediante un contrato temporal de tres meses. La oferta de empleo, publicada a través de los servicios públicos de empleo, contempla una retribución bruta mensual de 2.011 euros y una jornada completa en turnos de mañana o tarde.

Las personas seleccionadas se encargarán de la elaboración de los menús diarios del centro penitenciario, así como de la preparación, conservación y distribución de los alimentos, garantizando el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria. Entre sus funciones también figuran la organización del almacén y el control de las materias primas.

Para optar a una de las plazas es necesario estar en situación de desempleo y haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante, al menos, los tres meses anteriores a la preselección. Además, se exige contar con la titulación de Técnico en Cocina y Gastronomía. Los contratos tendrán una duración de 90 días.

La oferta permanecerá abierta hasta el 25 de julio de 2026, fecha límite para presentar las candidaturas a través del Servicio Andaluz de Empleo.

El sindicato CSIF Prisiones Córdoba ha denunciado en un comunicado la agresión sufrida este sábado por una enfermera por parte de un interno en el Centro Penitenciario de Alcolea (Córdoba). El sindicato condena este ataque a esta profesional, que fue golpeada en la muñeca, mientras realizaba el reparto de medicación por un interno muy peligroso con antecedentes por agresión a otros trabajadores penitenciarios.

La central sindical señala que este nuevo incidente “demuestra la insostenible situación que atraviesa la prisión, derivada de la sobrepoblación, la deficiente clasificación de internos y la crónica falta de personal en todas las áreas de trabajo y medios”. El Centro Penitenciario de Alcolea, junto con el Centro de Inserción Social (CIS) Carlos García Valdés, alberga alrededor de 1.500 internos. A este elevado número de personas se une -dice el sindicato- “una desacertada clasificación penitenciaria”. “Convivimos diariamente con internos muy conflictivos, con patologías mentales y problemas de drogas nuevas como el fentanilo, que no tenemos forma de detectar para impedir su entrada”, según recalca la sección sindical.

CSIF denuncia que “esta mezcla explosiva dificulta enormemente el trabajo diario, incrementa los incidentes regimentales y expone a los trabajadores y a las trabajadoras penitenciarios a un mayor riesgo de lesiones y agresiones, con lo que trabajar así es hacerlo en condiciones de grave inseguridad, siendo un claro ejemplo la agresión sufrida hoy por una enfermera de la prisión”.

La central sindical pone de manifiesto que “la falta de personal es un problema estructural y que la carga de trabajo que soporta el personal en activo es inasumible”. En el caso del servicio sanitario del centro penitenciario actualmente única cuenta con dos médicos para atender a una población reclusa formada por unos 1.500 internos.

A esto se suma el sobresfuerzo diario del personal de enfermería y auxiliares de enfermería, que están asumiendo funciones y una carga de trabajo que no les corresponde ante la falta de facultativos. Además, estos profesionales “realizan su trabajo expuestos con un elevado riesgo de sufrir agresiones, como ha ocurrido hoy”. El sindicato resalta que “su profesionalidad y compromiso están sosteniendo el servicio sanitario, pero la situación es insostenible al poner en riesgo tanto la salud de los internos como las condiciones laborales del propio personal sanitario y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del establecimiento”.

CSIF demanda a la Dirección de la prisión que agilice de forma inmediata las conducciones de los internos más conflictivos, incluyendo al recluso que ha protagonizado hoy la agresión, así como poner los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial y garantizar la asistencia sanitaria y psicológica a la profesional agredida.

A la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, la central sindical reclama transferir de forma inmediata e íntegra las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, así como cubrir de forma urgente las plazas de médicos vacantes, ya que “no se puede seguir cargando al personal de Enfermería y Auxiliares con responsabilidades que exceden sus funciones por la falta de facultativos”.

Igualmente, CSIF pide actualizar el régimen disciplinario de los internos, ya que actualmente siguen vigentes las infracciones y sanciones del Reglamento Penitenciario de 1981, además de dotar de dispositivos TASER para su uso en situaciones excepcionales. En materia de prevención de riesgos laborales, el sindicato exige que la Administración se ocupe de la salud mental de la plantilla tras la gestión de incidentes críticos. La asistencia especializada de CSIF Ayuda, gabinete psicológico de la central sindical, está a disposición del colectivo penitenciario.

La sección sindical de APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones) del Centro Penitenciario de Córdoba ha denunciado una agresión de un preso a otro el pasado lunes día 8 de junio.

Según el relato de los hechos, a primera hora de la mañana de ese día en la apertura de celdas, un interno con una cuchilla casera, se lanza hacia otro interno cortándole el cuello.

APFP señala que la rápida actuación de los funcionarios evitó el ensañamiento, aunque el interno agresor se lanzó hacia ellos con el arma en la mano amenazándoles, pero gracias a la gran profesionalidad de los funcionarios consiguieron quitarle el pincho carcelario y aislarlo entre los rastrillos de seguridad para evitar daños a la integridad física y vida de los demás internos y del personal penitenciario.

El interno agredido presentaba un corte profundo en el cuello y desangrándose fue traslado a la enfermería del centro desde donde le derivaron al hospital urgentemente. El interno está fuera de peligro gracias a la rapidez con la que actuaron todos los compañeros intervinientes.

Desde APFP se ha solicitado información a través del portal de transparencia ya que no se entiende que una plantilla inferior a la de otros centros atienda a una población reclusa mayor que en el resto de centros, a excepción del centro penitenciario de Valencia que aún así cuenta con más del doble de personal para tan solo 500 internos más, lo justifican según la normativa penitenciaria por arraigo y tratamiento fundamentalmente, pero son muchos los internos que al salir en libertad se dirigen a Murcia, Almería, Ceuta..., y tratamiento como si fuera el único centro en el que se realizan actividades con los internos para su reinserción.

APFP considera que no hay una clasificación adecuada de los internos, desde el CIS, (centro de inserción social) hasta los módulo de respeto se están ocupando y llenando con internos que no reúnen las características de esos módulos, lo que hace que la convivencia sea difícil entre los propios internos.

Desde APFP llevamos solicitando desde hace años una reposición efectiva de las RPT ́s de los distintos centros, 3241 vacantes a uno de abril de 2026, ser considerados agentes de autoridad, (se votará la proposición de Ley para este reconocimiento en el Congreso mañana día 11 de junio donde estaremos presentes), pistolas táser para situaciones excepcionales y peligrosas tanto para los internos como para los propios compañeros y la equiparación salarial con nuestros compañeros de Cataluña.

Los familiares de Javier Marañón Montero, el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial junto al granadino David Rodríguez Ballesta desde enero de 2025 por un proyecto de la televisión digital terrestre, confían en las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español tras una reunión este miércoles con el ministro, José Manuel Albares, encuentro que ha motivado que la madre de Javier haya dejado la huelga de hambre que empezó el día 22 de abril.

Según ha explicado a Europa Press el hermano de Javier, Aarón Marañón, el ministro ha recibido a “familiares y abogados de los dos trabajadores detenidos injustamente en Guinea Ecuatorial”, en una cita en la que los familiares han expuesto al ministro “la situación de incomunicación e indefensión de los trabajadores, además de lo injustificado de su detención durante 15 meses, dándole evidencias de su absoluta inocencia”.

Al respecto, ha comentado que “el ministro informó de las gestiones y contactos realizados por el mismo y se comprometió a hacer varias gestiones para que se respeten unos mínimos derechos fundamentales de los detenidos y trabajar para apoyar una pronta solución que logre su liberación”.

Mientras, Aarón ha explicado que su madre está “algo mejor, recuperándose de estas semanas de huelga de hambre y con mucha esperanza en que esta reunión dé algún resultado positivo y un cambio en la situación”, después de que la huelga de hambre la dejó el lunes cuando tuvieron “la confirmación de la reunión con el ministro para el miércoles”.

En este caso, las familias estuvieron el día 25 de marzo en el Congreso y les recibieron varios diputados de distintos grupos parlamentarios y unos les comentaron que “iban a hacer una propuesta al Gobierno para ayudar a los dos trabajadores y otro grupo dijo que iban a intentar llevarlo a las autoridades de Exteriores de la Comisión Europea para que actuasen”.

“Siguen incomunicados”

Sobre la situación de los dos detenidos, ha explicado que “no hay ninguna novedad”, de manera que “siguen incomunicados, no reciben visitas de la familia” que tiene su hermano allí, “ni de los amigos de David desde que entraron en la cárcel y tampoco los puede visitar su abogado desde que están en prisión”.

Además, ha remarcado que “no hay fecha prevista de juicio, no hay ninguna previsión de otro tipo de solución para ellos y ni sus condiciones mejoran y nadie ha conseguido nada efectivo”, de ahí que haya lamentado que “la perspectiva es que todo siga igual, a no sé qué alguna autoridad o administración consiga algo efectivo”.

Hace más de un mes las familias de ambos se concentraron a las puertas del Congreso de los Diputados y registraron en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, presos en la cárcel de Black Beach.

Así, aseguraron que fueron “a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que ayude a traerlos de vuelta”, según explicó Laura, hermana de Javier Marañón, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, reclamó.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no hiciera escala en Guinea Ecuatorial durante su gira por África, si no les liberan.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitaron que, si lo estimaba oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le propusieron “descartar dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le pidieron que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió una semana antes de la concentración con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio de 2025 fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.

La autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión provisional para el hombre detenido este lunes después de herir con un arma de fuego a otro varón en los genitales, durante una reyerta entre varias personas que ha tenido lugar poco antes de las 17:00 en el municipio cordobés de Posadas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que han detallado que el detenido ha pasado en la mañana de este martes a disposición de la autoridad judicial, mientras que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Desde el Servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, han precisado que la reyerta ha tenido lugar en plena calle.

El hombre afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía de la capital, tras ser atendido en primera instancia por los servicios sanitarios en el propio municipio maleno, con heridas que no revestían gravedad, según las fuentes.

Familiares y amigos de Javier Marañón Montero -el joven de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)- y de David Rodríguez Ballesta, ambos encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 en relación con un proyecto de televisión digital terrestre, se han concentrado este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados y han registrado en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, que llevan más de 14 meses en la cárcel de Black Beach.

“Venimos a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que nos ayude a traerlos de vuelta”, ha explicado Laura, hermana de Javier Marañón, este miércoles, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Os pedimos que sigáis apoyando esta lucha. Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, han reclamado.

Tras el registro de las firmas en el Ministerio de Exteriores, amigos y familiares de Javier y David se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir su liberación.

Según ha explicado Laura, la hermana de Javier, a Europa Press, durante la concentración han salido a apoyarles “varios diputados del PP” y, dentro del Congreso, una representación de las dos familias se han reunido “con Podemos, PSOE e Izquierda Unida”.

“Nos han trasladado que van a seguir presionando para que los traigan. La oposición, que va a presionar y a seguir preguntando qué gestiones se están realizando, e IU y PSOE nos han dicho que están haciendo todo lo que está en su mano”, ha afirmado Laura.

Aunque se ha mostrado satisfecha con el apoyo que han recibido este miércoles, espera que “las palabras e intenciones” se conviertan en hechos. “Hemos llamado su atención”, ha destacado.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, la semana pasada, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no haga escala en Guinea Ecuatorial durante su gira por África el próximo mes de abril, si no les liberan. Si bien, a fecha de 25 de marzo, aún no han recibido respuesta.

“Hemos escrito tanto a la Casa Real como a la Nunciatura en España para que interceda y nos ayude, como medida de presión. Evidentemente, al Papa le pedimos que no vaya (a Guinea Ecuatorial) hasta que no estén libres y si puede hacer algo para interceder y que salgan”, señaló la hermana de Javier, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitan que, si lo estima oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África, el próximo mes de abril, o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le proponen que “descarte dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le piden que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió el pasado viernes con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de lesiones tras causar varias heridas con arma blanca a otro hombre en la vía pública de Córdoba en la zona centro de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 18 de enero. Esa noche, el CIMACC 091 recibió una llamada alertando de que un varón se encontraba tumbado en la vía pública en la zona centro de la ciudad. Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar, donde varios testigos manifestaron que el hombre había sido agredido con un arma blanca, recibiendo varias puñaladas.

A la llegada de los agentes, la víctima se hallaba sentada en la calzada, apreciándose dos heridas inciso-cortantes, una en la región torácica izquierda y otra en la zona lumbar de la espalda.

Gracias a la rápida intervención de los agentes de Policía Nacional, consiguieron taponar la herida, impidiendo una posible hemorragia que pudiera poner en peligro su vida, taponando además el resto de heridas y manteniéndolo consciente en todo momento hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes le atendieron en el lugar para posteriormente trasladarlo al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde quedó ingresado.

Las gestiones policiales permitieron conocer que la pelea se había iniciado previamente en el interior de un pub de la zona centro entre la víctima y el ahora detenido. Ya en el exterior, en la vía pública, se produjo una nueva discusión en el trascurso de la cual el agresor, presuntamente, asestó varias puñaladas al otro hombre, causándole las lesiones descritas.

Iniciada la correspondiente investigación, los agentes recabaron información y tras analizarla, lograron identificar al presunto autor de los hechos. A principios del mes de marzo, los investigadores procedieron a su localización y detención como presunto responsable de un delito de lesiones. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montilla (Córdoba), plaza número 2 y en funciones de guardia, ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida durante el pasado fin de semana como presunta autora de la muerte de su pareja en la localidad cordobesa de Montemayor.

Según han informado fuentes judiciales, la investigada está siendo investigada inicialmente por un presunto delito de homicidio. Los hechos se habrían producido en una vivienda del municipio, donde falleció el hombre con el que la detenida mantenía una relación sentimental. La pareja tenía además dos hijos menores de edad en común.

La mujer ha pasado este lunes a disposición judicial y, durante su comparecencia ante el juzgado, ha prestado declaración. Tras escuchar su testimonio y analizar las primeras diligencias del caso, la autoridad judicial ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza mientras continúa la investigación.

Las diligencias permanecen abiertas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del hombre, de 41 años. La arrestada se encuentra dentro del Sistema VioGén.

Según ha confirmado este periódico, el servicio de Emergencias 112 recibió un aviso de asistencia sanitaria sobre las 2:15 de este sábado en el que un hombre se aquejaba de un dolor en el pecho. Sin embargo, cuando llegaron los servicios sanitarios, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El hombre, que era natural de Fernán Núñez, presentaba heridas compatibles con arma blanca por las que finalmente ha fallecido. El pasado mes de septiembre, la familia denunció su desaparición, al igual que lo hizo el Ayuntamiento de fernannuñense, pero la búsqueda se desactivó un día después dado que fue localizado.

Fuentes de la Guardia Civil han precisado que los hechos han ocurrido en el domicilio, donde ambos convivían, tal y como ha confirmado este medio. Además, el alcalde de Montemayor, Antonio García, ha señalado a este periódico que la detenida se encuentra registrada en el Sistema ViogGén con un riesgo medio. No tenía ninguna medida cautelar judicialde prohibición de comunicación o de alejamiento, pero la Policía Local sí le realizaba labores de seguimiento por su seguridad.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer de 84 años a una pena de 11 meses de prisión, evitando así su entrada en prisión. La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Dolores Márquez López, ha aplicado la atenuante muy cualificada de parentesco y ha tratado de empatizar con la acusada y con la “intensidad del vínculo” afectivo entre una madre y un hijo que puede llevar a la primera a delinquir.

Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2023. La acusada, que está en silla de ruedas, acudió a la cárcel de Córdoba para entregar un paquete de ropa a su hijo, quien se encontraba interno. Dos días después, durante una inspección con la unidad canina, los funcionarios localizaron ocultos en las costuras de la cintura y la cremallera de un pantalón 9,54 gramos de cocaína con una pureza del 78,76% y trazas de heroína. La droga habría alcanzado un valor de casi 1.000 euros.

En el juicio, la acusada se negó a declarar, por lo que la fiscal recordó que, ante el juzgado de Instrucción, la procesada manifestó que “una tercera persona, amiga de su hijo, le entregó ese pantalón” para que se lo llevara a prisión. Además, aseguró que era la primera vez que veía a esa mujer.

Después, el hijo de la procesada declaró que el pantalón no era suyo, “que era pequeño” y que no sabe quién se lo entregó a su madre. Asimismo, afirmó que en el momento de los hechos no era consumidor de cocaína, por lo que no le pidió a su madre que le trajera droga.

Lo más destacado de la resolución es el razonamiento empleado por la magistrada para justificar la reducción de la condena, que inicialmente el Ministerio Fiscal situaba en tres años de cárcel. Así, el tribunal ha aplicado una atenuante muy cualificada de parentesco, basándose en la comprensión del conflicto emocional que podría atravesar la anciana.

De esta forma, la jueza hace alusión a la “intensidad del vínculo madre-hijo” y reflexiona sobre “lo difícil que para una progenitora, conocedora de la condición de toxicómano de su hijo, es negarse a facilitar a este en prisión algo de droga”. Bajo esta premisa, la sentencia concluye que, en este escenario de vulnerabilidad emocional, “no existiría merecimiento de pena que supusiera el ingreso en prisión de la encartada”.

A esto se suma que la droga incautada era pequeño, por lo que su destino era el consumo del propio interno, la edad avanzada de la mujer y que esta no tiene antecedentes penales. Aunque no entrará en prisión, el tribunal le ha impuesto el pago de una multa de 999,81 euros.

Por otro lado, el tribunal ha absuelto al hijo al no quedar acreditado un concierto o planificación previa entre este y su madre para introducir la cocaína.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba ha decretado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido el pasado sábado acusado de apuñalar a otro en El Carpio, según ha podido saber este periódico.

El suceso ocurrió alrededor de las 23:40 del pasado viernes, cuando varias personas alertaron al servicio de Emergencias 112 de que un joven había sido apuñalado en un pub de la avenida Mariana Pineda en la localidad carpeña, siendo trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Mientras tanto, la Guardia Civil inició las labores de búsqueda e identificación del agresor, que fue detenido más tarde en el pueblo en una operación en la que también intervino la Policía Local de El Carpio. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso en prisión.

Tres de los detenidos por la redada antidroga que explotó la semana pasada en Las Palmeras pueden salir de prisión siempre y cuando abonen la fianza de 3.000 euros que le ha solicitado el juez de Instrucción número seis.

Según ha podido saber este periódico, tras una vista celebrada este miércoles para ratificar la situación personal de los cinco detenidos que siguen en prisión provisional, el juez ha decretado esta medida de libertad para tres de ellos. Por su parte, los otros dos investigados continuarán en prisión.

A esta medida judicial se añade un séptimo arresto producido durante la noche de este martes, aunque este detenido quedó en libertad con cargos tras prestar declaración. Con esta nueva detención, el número de implicados se eleva a siete, aunque la Policía Nacional mantiene el dispositivo abierto y trabaja en la localización de más personas para proceder a su detención.

El operativo salió a la luz pública después del accidente que sufrió un coche de la Policía Nacional durante una persecución a la altura del Parque Azahara. Tras identificar a los sospechosos, los agentes desplegaron al día siguiente un amplio dispositivo en Las Palmeras, realizando varios registros domiciliarios.

En el transcurso de estas intervenciones, la Policía halló diversas cantidades de cocaína y marihuana. Los investigados se enfrentan ahora a cargos por un presunto delito contra la salud pública y, en el caso de quienes ocupaban el vehículo de la persecución, a un delito de atentado contra la autoridad por su implicación en el accidente del coche policial.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de varios delitos de daños e incendio, además de resistencia y desobediencia a la autoridad, tras ser interceptado en la madrugada del 12 de febrero en la barriada de Fátima.

Los hechos ocurrieron en torno a las 2:00 de la madrugada, cuando una patrulla uniformada fue comisionada por la Sala CIMACC 091, después de recibir el aviso de un ciudadano que alertaba de fuertes golpes y de la presencia de un individuo agazapado entre los vehículos, posiblemente sustrayendo objetos del interior de alguno de ellos.

A la llegada de los agentes, el varón emprendió la huida a pie, iniciándose una persecución durante la cual el individuo se revolvió contra los policías intentando agredirles. Finalmente, los agentes lograron interceptarlo y proceder a su detención.

Durante la inspección de la zona se localizaron varios vehículos con daños visibles, concretamente dos motocicletas y un turismo.

Incendio en una lavandería

Las investigaciones posteriores permitieron relacionar al detenido con un incendio ocurrido la madrugada anterior, el 11 de febrero, en la zona de Ciudad Jardín, donde una lavandería resultó afectada por el fuego en algunas de sus partes.

Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad competente decretó el ingreso provisional en prisión del arrestado.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un joven a cinco años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio después de que apuñalara en dos ocasiones a un hombre. La sentencia se ha dictado tras un acuerdo de conformidad entre la defensa, la acusación particular y el Ministerio Fiscal, que pedía ocho años de prisión.

Según el relato de los hechos, tras una discusión entre el ya condenado y la víctima en una calle de Córdoba, el primero se dirigió a su domicilio para armarse con dos cuchillos de cocina: uno de 25 centímetros y otro, de 35 centímetros. Posteriormente, bajó a la calle acompañado de un perro para esperar a la víctima y sus acompañantes.

Al encontrarse con ellos, el procesado soltó al animal y se lanzó contra la víctima portando ambas armas blancas. Durante el forcejeo, uno de los cuchillos cayó al suelo, pero con el segundo logró propinarle dos puñaladas. El relato de los hechos destaca la gravedad de la agresión, señalando que el cuchillo quedó clavado en el muslo de la víctima tras la segunda acometida. La intervención de uno de los amigos de la víctima, quien logró arrebatarle el arma y lanzarla a un arriate cercano, fue decisiva para impedir que la agresión continuara.

La sentencia dictada este miércoles reconoce la concurrencia de dos circunstancias atenuantes: la reparación del daño y la toxifrenia. Como parte del acuerdo, la defensa presentó el justificante de un ingreso de 21.884 euros destinados a la indemnización de la víctima. No obstante, la cuantía total de la responsabilidad civil se elevó finalmente a 35.000 euros.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ha impuesto las siguientes medidas: prohibición de aproximación a menos de 200 metros y de comunicación con la víctima por cualquier medio durante un periodo de nueve años, libertad vigilada durante seis años, que se computarán una vez cumplida la pena de prisión; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas, incluidas, las de la acusación particular.

Tras dictarse la sentencia, la defensa ha solicitado la suspensión de la ejecución de la pena, argumentando que el condenado se encuentra en tratamiento de desintoxicación con una “evolución regular” y que el pago de la indemnización demuestra “su arrepentimiento”. Sin embargo, el Ministerio Fiscal se ha opuesto firmemente a este beneficio, señalando que el procesado no es un delincuente primario, ya que cuenta con antecedentes penales firmes de febrero y agosto de 2024, algunos de ellos por violencia de género. La Fiscalía ha subrayado que la gravedad de los hechos y la peligrosidad del sujeto no hacen aconsejable la suspensión.

A este argumento se ha adherido la acusación particular, quien, en último término ha planteado que, de concederse este beneficio, se haga cuando el condenado haya abonado la indemnización en su totalidad. La decisión sobre esta cuestión ha quedado pendiente de deliberación. El tribunal ha solicitado informes médicos adicionales para verificar si el tratamiento previo fue efectivo antes de resolver esta cuestión.

La Guardia Civil de Córdoba en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea, llevan a cabo regularmente actuaciones conjuntas en materia de detección y prevención de introducción de drogas en el Centro Penitenciario. Una de estas actuaciones ha permitido la detención de una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

La actuación ha sido realizada de forma conjunta, por funcionarios de prisiones con el auxilio de la Unidad Cinológica del Centro Penitenciario y agentes de la Guardia Civil, lo que ha permitido llevar a cabo una inspección en la que se ha detenido a una mujer, como presunta autora de un delito contra la salud pública. Dicha persona, tras ser marcada por el perro especialista en detección de sustancias prohibidas, al ser requerida por la funcionaria para que la acompañara a una habitación para su registro corporal, manifestó que portaba droga en su pantalón, entregando a la misma una bellota de marihuana (6,1 gramos), 2 bellotas de hachís (22.2 gramos), 1 bellota de polvo blanco (11,3 gramos) desconociendo su composición y una bolsa transparente con 100 pastillas de color blanco (26,5 grs) igualmente de composición desconocida.

La verdadera importancia de estas actuaciones conjuntas entre la Guardia Civil y el Centro Penitenciario, radican en impedir la entrada de estas sustancias en una instalación de este tipo, evitando de ese modo el consumo de drogas en su interior y con ello el riesgo que supone para la salud de los internos, además de la aparición de problemas de convivencia entre la población reclusa.

La colaboración entre Agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil y los Funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (G.I.C.O.), así como el personal de vigilancia del mismo, están aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba.

Detenida, diligencias instruidas y las sustancias estupefacientes intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este martes un juicio contra una anciana acusada de introducir cocaína en la cárcel entre las costuras de un pantalón. El Ministerio Fiscal pide para ella tres años de prisión y los mismos para el hijo de esta, quien habría sido el beneficiario de la droga y habría cometido el delito en connivencia con su madre.

Según el escrito de la Fiscalía, en octubre de 2023, la acusada acudió a la prisión de Córdoba con su hija a ver a su otro vástago. Como solía ser habitual, le llevó un paquete de ropa que abrió antes del vis a vis, quedándose las prendas en manos de los funcionarios de prisiones. Después, ambas mujeres vieron a su familiar. Cuando la unidad canina de la prisión rastreó los paquetes que habían recibido los internos, uno de los perros marcó el paquete en cuestión. Entonces, rastrearon las prendas y se encontraron gramos de cocaína cosidos a la cintura del pantalón y en la cremallera.

En el juicio, la acusada se ha negado a declarar, por lo que la fiscal ha recordado que, ante el juzgado de Instrucción, la procesada manifestó que “una tercera persona, amiga de su hijo, le entregó ese pantalón” para que se lo llevara a prisión. Además, aseguró que era la primera vez que veía a esa mujer.

Después, el interno ha declarado que el pantalón no era suyo, “que era pequeño” y que no sabe quién se lo entregó a su madre. Asimismo, ha afirmado que en el momento de los hechos no era consumidor de cocaína, por lo que no le pidió a su madre que le trajera droga.

En la vista también ha declarado el responsable de la unidad canina de la prisión, que ha contado cómo fue el hallazgo de la cocaína. Una vez encontrada, él y otro compañero la volcaron sobre un folio para poder introducirla después en una bolsa y, así, pesarla. Lo incautado fue entre 9,54 y 10,30 gramos. Sobre el preso, ha creído recordar que era policonsumidor y que ha tenido otra intervención de similares características.

En último lugar ha declarado la hija de la anciana, quien ha dicho que “no imagina” a su madre llevando droga a la prisión, pero que no sabe cómo la cocaína acabó en el pantalón. Tras esto, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones, manteniendo las mismas penas de prisión para ambos por un delito contra la salud pública, cometido en común acuerdo. Por otro lado, el abogado de los procesados ha pedido la absolución y ha basado su principal línea de defensa en cuestionar la línea de custodia de la droga. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que el Ministerio del Interior, a través del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (Oatpfe), deberá indemnizar a un interno del Centro Penitenciario de Córdoba con 1.496,88 euros, tras la suspensión injusta de su relación laboral.

La resolución, a la que ha tenido acceso este medio, ratifica el fallo previo del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, que ya en enero de 2023 había estimado parcialmente la demanda del interno. El preso había firmado un contrato temporal en enero de 2020 para trabajar en los talleres de confección industrial de la cárcel, con altas y bajas sucesivas debido a los procedimientos administrativos del organismo.

En diciembre de 2020, la dirección del centro acordó suspender su relación laboral alegando razones de disciplina y seguridad penitenciaria tras un incidente con otro interno en el taller. La Comisión Disciplinaria le impuso una sanción de privación de paseos y actos recreativos durante 15 días. Sin embargo, y tras presentar una alegación, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria dejó sin efecto la sanción, señalando que el interno había sido amenazado y no se acreditó agresión alguna por su parte.

Aunque la sanción fue anulada, la readmisión en su puesto de trabajo no se produjo hasta junio de 2021 debido a la falta de vacantes, por lo que el interno reclamó la indemnización por la suspensión injusta y el retraso en su reincorporación. El juzgado le ha dado la razón que ahora ha sido ratificada por el TSJA, tribunal que ha rechazado, además, el recurso presentado por Trabajo Penitenciario.

La Guardia Civil ha detenido en Bujalance a dos personas como presuntas autoras de un delito de tentativa de homicidio. La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de un aviso recibido en el puesto de Bujalance, que se había producido una pelea en una vivienda de la localidad, donde autores desconocidos, tras acceder al interior de la misma rompiendo la puerta con un arma blanca, habían agredido a uno de sus moradores, causándole lesiones de las que tuvo que ha asistido quirúrgicamente.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del hecho, la identificación, localización y detención de los presuntos autores.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar que, al parecer, los presuntos autores habían agredido a la víctima para reclamarle una deuda.

El avance de la investigación permitió identificar a dos de los presuntos autores y establecer un dispositivo de servicio orientado a su localización y detención. Finalmente, el arresto se produjo en Bujalance en fechas recientes. 

La Guardia Civil continúa las gestiones para la localización y detención de los otros dos presuntos autores.  Detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando el juez el ingreso en prisión de uno de los detenidos.