La Audiencia Provincial de Córdoba ha decretado la puesta en libertad provisional con medidas cautelares para el joven procesado por intentar apuñalar a un conductor de Aucorsa tras una discusión de tráfico el pasado mes de noviembre. La Sección Segunda de la Audiencia ha estimado el recurso de súplica presentado por su abogado, José Rafael Palomino, dejando sin efecto la prisión preventiva en la que se encontraba desde que se entregó en comisaría dos días después de los hechos. El procesado ha estado en la cárcel desde el 24 de noviembre.

La decisión de la Audiencia se produce en paralelo a la tramitación del caso en la Sección de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Córdoba. El pasado mes de marzo, la magistrada titular dictó un auto de procesamiento contra el joven al apreciar indicios racionales de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, convirtiendo las diligencias previas en un sumario ordinario. Esta calificación abre la puerta a que el Ministerio Fiscal y las acusaciones puedan solicitar penas de prisión superiores a los nueve años.

Según consta en el auto judicial, los hechos se desencadenaron el pasado 22 de noviembre a las 18:48 en la parada de Camino de la Barca. El investigado, que circulaba en patinete, recriminó al conductor que se había saltado un ceda el paso. En el transcurso de la disputa, el conductor cerró la ventanilla atrapando la mano del procesado y causándole lesiones.

Tras este primer incidente, el joven acudió a su domicilio para armarse con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. Posteriormente se desplazó hasta otra parada en Campo Madre de Dios, donde esperó durante 17 minutos hasta la llegada del mismo autobús a las 20:05. Una vez a bordo, intentó asestar dos puñaladas al trabajador: primero, a través de la ranura del cajetín de cobro y, después, bordeando la mampara de protección. A pesar de que la víctima logró esquivar los cortes y solo sufrió una contusión en el hombro, la jueza señala que las cámaras de seguridad reflejan que el investigado actuó con “premeditación y clara intención de causar un daño grave o la muerte”.

El informe forense, clave para la excarcelación

A pesar de la gravedad de la imputación de la jueza instructora, la Sección Segunda de la Audiencia ha considerado que no es necesario que el joven continúe privado de libertad tras pasar nueve meses en prisión preventiva. La resolución judicial se fundamenta en un informe pericial forense emitido el pasado 11 de agosto (junto a dos periciales aportadas por la defensa), el cual no fue valorado en resoluciones anteriores. El dictamen médico concluye que el procesado no padece ningún trastorno mental ni presenta afectación permanente en sus capacidades intelectivas o volitivas. Los peritos lo describen como una persona con un perfil social y personal “globalmente adaptado”, sin antecedentes violentos previos. Según los evaluadores, la agresión respondió a una reacción ante un “estresor emocional intenso” derivado de una situación de duelo reciente tras el fallecimiento de su hermano.

La Audiencia argumenta que, al descartar los forenses que el investigado sufra una patología o un rasgo violento con falta de control de impulsos en entorno abierto, el riesgo de reiteración delictiva disminuye sensiblemente. Asimismo, el tribunal subraya el arraigo familiar y laboral del joven en Córdoba, así como el hecho de que la fase de instrucción ya se encuentra totalmente agotada. De este modo, el joven ha quedado en libertad con varias medidas cautelares, como la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima, comparecencias periódicas todos los lunes en el juzgado, la retirada del pasaporte y la obligación de notificar el domicilio donde resida.

Un juez ha decretado el ingreso en prisión de una vecina de Palma del Río después de que fuera detenida por la Guardia Civil como como presunta autora de un delito de allanamiento de morada y otro de robo con violencia.

La Guardia Civil tuvo conocimiento, a primera hora de la tarde del pasado 22 de agosto, que, en una vivienda de la localidad, se había cometido un robo con violencia donde autores desconocidos, un hombre y una mujer, tras acceder esta al interior del domicilio, agredir y forcejear con el morador, un anciano, le arrebató la cartera que portaba, que contenía en su interior documentación personal y unos 300 euros en billetes fraccionados. Fruto del forcejeó y agresión sufridos, la víctima resultó con lesiones de carácter leve.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado, donde inició gestiones para el total esclarecimiento del hecho, la identificación, localización y detención de los presuntos autores. Fruto del dispositivo establecido y de las gestiones practicadas por la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Palma del Río, se procedió a la detención de la presunta autora. La Guardia Civil continúa las gestiones para la identificación, localización y detención de la persona que acompañaba a la detenida.

Tanto las diligencias instruidas como la detenida han sido puestos a disposición del juez, acordando dicha autoridad el ingreso en prisión de la detenida.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, a través de una sentencia de conformidad entre las partes, ha condenado a tres años de prisión a un hombre como autor de un delito continuado de robo con fuerza cometido en Almodóvar del Río durante los primeros días de diciembre de 2025. Es la séptima condena que pesa sobre este procesado y por delitos similares.

Los hechos probados señalan que los robos arrancaron en la madrugada del 1 de diciembre de 2025 en la sede de la Asociación Cultural El Ateneo. El acusado escaló por la cancela del restaurante de la planta baja hasta el primer piso, donde fracturó una contraventana de madera para sustraer un portátil, un móvil y un pendrive. Acto seguido, forzó la separación metálica interior para acceder al propio bar, apoderándose de 1.100 euros en metálico y 440 euros en décimos de lotería.

Dos días después, sobre las 3:20 del 3 de diciembre, palanqueó la persiana metálica de una librería y sustrajo 500 euros en efectivo de la caja registradora. Inmediatamente después, intentó asaltar una cafetería empleando una barra de hierro sobre la puerta de entrada, aunque no logró acceder al interior. Esa misma tarde, la pareja del procesado entregó voluntariamente en dependencias policiales el portátil y varios cupones de lotería, que ya han sido devueltos a sus dueños.

Para la condena, el tribunal ha aplicado la agravante de multirreincidencia, ya que el procesado acumula seis condenas anteriores por robos con fuerza dictadas por juzgados de Córdoba y Sevilla entre 2018 y 2024. Asimismo, la sentencia reconoce la atenuante analógica de adicción grave a las drogas, al constatar que el procesado actuaba bajo un plan preconcebido para costearse sustancias estupefacientes, consumo que mermaba levemente sus facultades.

El procesado, que deberá abonar las costas del juicio e indemnizar a los afectados, está en prisión desde que fue detenido el pasado 5 de diciembre, periodo que se le abonará para el cómputo de la condena. Además, la Audiencia ha remitido la sentencia al Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla para que determine si procede revocar los beneficios de la suspensión de una pena anterior de seis meses de cárcel.

El juez ha decretado el ingreso provisional de un hombre detenido después de que este jueves fuera detenido tras asaltar a dos turistas en el centro de Córdoba y herir a uno de ellos.

Según ha informado la Policía Nacional, la detención se produjo durante la madrugada de este jueves en el centro de la ciudad. Los hechos tuvieron lugar cuando un varón y su acompañante se encontraban sentados en un banco y fueron abordados por dos individuos. Uno de ellos se dirigió hacía el hombre y trató de apoderarse del bolso que portaba colgado, llegando a romperlo durante el forcejeo.

Ante esta situación, la víctima se defendió, momento en el que el presunto autor rompió una botella de cristal y arremetió contra él. En ese momento, su acompañante se interpuso entre ambos para protegerlo, siendo acometida por el agresor y alcanzada en la mano, donde sufrió un corte. Tras lo ocurrido, ambos se trasladaron al hotel en el que se hospedaban, desde donde comunicaron los hechos a la Policía Nacional.

De forma inmediata, una patrulla se desplazó hasta el establecimiento para entrevistarse con los perjudicados y solicitar asistencia médica. Mientras tanto, otros indicativos policiales realizaron diversas batidas por la zona. Poco después, una de las patrullas localizó a dos varones cuyas características coincidían con las facilitadas por las víctimas, procediendo a la detención de uno de ellos como presunto autor material de los hechos.

Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso del detenido en prisión provisional.

El sindicato CSIF Prisiones Córdoba ha denunciado una “situación de riesgo permanente” tras un nuevo y grave incidente ocurrido este jueves en el Centro Penitenciario de Córdoba. Durante el traslado de un interno de alta peligrosidad al departamento de Aislamiento, dos funcionarios resultaron lesionados y precisaron asistencia médica tras verse obligados a intervenir físicamente para reducir al recluso ante su “violenta resistencia”.

El interno, clasificado conforme al artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario, mostró una actitud agresiva desde el inicio del traslado tras una comunicación familiar. Pese a los intentos iniciales de los funcionarios por reconducir la situación mediante la desescalada verbal, el individuo opuso una “fuerte resistencia física” que obligó a una compleja intervención de inmovilización. Este episodio no es un hecho aislado, ya que el historial del interno refleja una “conducta reiterada de agresividad” con múltiples registros entre abril y junio de 2026, incluyendo insultos, amenazas, coacciones e intentos de agresión tanto a funcionarios como a otros reclusos.

En un comunicado, CSIF subraya la gravedad de que este interno, dadas sus características, permanezca en un centro que presenta una situación de “masificación y notables carencias de personal”. El sindicato denuncia además que, aunque se habría autorizado inicialmente el traslado del interno a otro establecimiento más adecuado a su perfil, esta “decisión fue revocada posteriormente sin justificación aparente”, forzando su permanencia en la prisión cordobesa.

Ante esta situación, que evidencia la “desprotección del personal”, CSIF exige la conducción inmediata del interno a un centro con medios adecuados para su perfil de alta peligrosidad, así como un incremento urgente de la plantilla para atender a una población que supera los 1.500 internos. El sindicato también reclama la dotación de equipos adecuados, incluyendo la “implantación de dispositivos TASER”, y una actualización del régimen disciplinario que dote a los trabajadores de “herramientas reales” frente a conductas violentas reiteradas. Asimismo, CSIF insiste en la necesidad de alcanzar la equiparación retributiva con Cataluña y el País Vasco, junto a la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas.

CSIF Prisiones Córdoba manifiesta su firme apoyo a los trabajadores afectados, poniendo a su disposición su “gabinete de asistencia jurídica y psicológica”. El sindicato concluye insistiendo en que la seguridad del personal “no puede seguir supeditada a decisiones administrativas que incrementan el riesgo” en el ejercicio de sus funciones.

La sección sindical de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado una nueva agresión ocurrida en la tarde este miércoles en el Centro Penitenciario de Córdoba. Según relata el sindicato, el incidente tuvo lugar tras un aviso de pelea en el módulo 5 sobre las 20:15.

Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron a un interno en el suelo y enviaron al agresor, su compañero de celda, al módulo de aislamiento. Cuando intentaron socorrerlo para reanimarlo, el recluso reaccionó de forma violenta, atacando a los agentes con cuchillas. Afortunadamente, no se produjeron heridos entre el personal, aunque el agresor profirió diversos insultos antes de ser trasladado al hospital por las heridas sufridas durante la disputa.

Por la forma de reaccionar del preso, la asociación afirma que el interno “parecía presentar una alteración mental” y fue trasladado al hospital por presentar heridas aparentemente graves en la cara. Ante esta nueva denuncia, la APFP reclama una buena clasificación de internos, los internos con trastornos mentales cada vez son más abundantes, faltan medios para detectar ciertas sustancias psicotrópicas“, señala el comunicado.

Desde la organización sindical han aprovechado este suceso para elevar sus reivindicaciones. Así, la asociación califica la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del centro cordobés como “escasa y deficiente”, denunciando una falta crítica de personal sanitario y de funcionarios encargados de la vigilancia y el control interior.

El sindicato afirma que, ante esta escasez, “la dirección intenta cubrir los servicios mediante movimientos de personal” que califican como “desvestir un santo para vestir otro”, dejando en ocasiones puestos que requerirían cinco funcionarios cubiertos únicamente por dos o tres. Asimismo, insisten en sus demandas históricas: “Solicitamos pistolas taser para situaciones excepcionales y peligrosas tanto para los internos como para los propios compañeros y la equiparación salarial con nuestros compañeros de Cataluña y País Vasco”.

Tres de los seis detenidos el pasado jueves en Alcolea tras un operativo contra el tráfico de drogas han quedado en libertad con cargos después de que hayan abonado cada uno 4.000 euros de fianza para salir de prisión. Se trata de los únicos arrestados que estaban en la cárcel de Córdoba vinculados a esta intervención policial.

Según fuentes cercanas a la investigación, la redada se inició a primera hora de la mañana del pasado jueves, con agentes de la Policía Nacional fuertemente armados, que registraron hasta cuatro viviendas en Alcolea.

Como resultado del operativo, seis personas fueron detenidas, de las que cinco pasaron al juzgado de guardia y una fue puesta en libertad en comisaría. De esos cinco arrestados, dos fueron puestos en libertad el pasado viernes, pero tres sí ingresaron en prisión acusados de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a banda organizada. Cerca de una semana después de su entrada en la cárcel, los arrestados -defendido por la letrada Mar Jiménez- han quedado en libertad provisional y con cargos.

Tres de los seis detenidos en el operativo transcurrido en Alcolea el pasado jueves han entrado a prisión en las últimas horas, según ha confirmado este periódico a través de diferentes fuentes.

La operación llegó durante la presente semana y la lideró una Policía Nacional que registró varias viviendas y coches para luchar contra el narcotráfico. Los agentes se desplegaron tanto en Alcolea como en la barriada de los Ángeles.

La redada se inició a primera hora de la mañana, con agentes fuertemente armados, que han registrado hasta cuatro viviendas de esta barriada. Una barriada que está, además, en plena celebración de la Feria, que arrancó este martes y se prolonga hasta el domingo.

Horas más tarde y tras pasar a disposición judicial, tres de los seis detenidos han pasado directamente al centro penitenciario.

Un operativo que fue llevado a cabo bajo la dirección del grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Córdoba, con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización sindical mayoritaria en las Mesas Delegadas de Función Pública e Instituciones Penitenciarias, denuncia la agresión sufrida hoy por trabajadores del Centro Penitenciario de Alcolea durante una intervención en el módulo 7 de mujeres.

Según ha informado el sindicato, los hechos se produjeron cuando una interna protagonizó un grave episodio de alteración del orden, con insultos y amenazas que comprometieron la seguridad del departamento, del resto de personas internas y de los profesionales que prestaban servicio. La intervención del personal permitió reconducir inicialmente la situación, aunque la interna volvió a mostrar una actitud extremadamente violenta, llegando a propinar patadas y puñetazos e intentando morder a los funcionarios que actuaban para restablecer el orden.

Como consecuencia de la agresión, dos trabajadores resultaron lesionados y tuvieron que ser atendidos en la enfermería del propio centro penitenciario. Tras los hechos y conforme al protocolo establecido, la interna fue aislada de manera provisional.

CSIF Córdoba denuncia que este tipo de incidentes violentos se están produciendo con una preocupante frecuencia y considera que son consecuencia, entre otros factores, de la insuficiencia de medios personales y materiales y de una gestión inadecuada de determinados perfiles especialmente conflictivos.

Ante esta situación, el sindicato reclama la adopción inmediata de medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores y el normal funcionamiento del centro.

En primer lugar, solicita el traslado de la interna implicada a un establecimiento penitenciario más adecuado a sus características, al entender que su permanencia en el centro continúa generando situaciones de riesgo.

Asimismo, CSIF insiste en la necesidad de actualizar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Centro Penitenciario de Córdoba para adaptar la plantilla a las necesidades reales del servicio. La organización sindical subraya que el funcionamiento diario del centro se sostiene gracias al compromiso y la profesionalidad de los empleados públicos, pese a la escasez de efectivos.

El sindicato también reclama un refuerzo de los recursos humanos y materiales, incluyendo la incorporación de dispositivos de defensa menos letales, colmo táser, para intervenciones excepcionales en situaciones de extrema violencia, así como una reforma del actual régimen disciplinario penitenciario, cuya regulación considera desfasada y necesitada de una actualización que permita responder con mayor eficacia a este tipo de conductas.

CSIF advierte de que la pérdida de autoridad de los profesionales penitenciarios y la ausencia de medidas eficaces para afrontar las agresiones están favoreciendo el incremento de los incidentes violentos en los centros penitenciarios.

Por último, la organización sindical quiere reconocer la actuación de los trabajadores que intervinieron en el incidente, destacando su profesionalidad y su rápida respuesta para controlar una situación de alto riesgo y evitar consecuencias aún más graves. Igualmente, CSIF pone a disposición de los trabajadores afectados su gabinete jurídico y el servicio de CSIF Ayuda para ofrecerles el asesoramiento y la asistencia psicológica que puedan necesitar.

El Centro Penitenciario de Córdoba ha abierto un proceso de selección para incorporar a dos cocineros o cocineras mediante un contrato temporal de tres meses. La oferta de empleo, publicada a través de los servicios públicos de empleo, contempla una retribución bruta mensual de 2.011 euros y una jornada completa en turnos de mañana o tarde.

Las personas seleccionadas se encargarán de la elaboración de los menús diarios del centro penitenciario, así como de la preparación, conservación y distribución de los alimentos, garantizando el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria. Entre sus funciones también figuran la organización del almacén y el control de las materias primas.

Para optar a una de las plazas es necesario estar en situación de desempleo y haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante, al menos, los tres meses anteriores a la preselección. Además, se exige contar con la titulación de Técnico en Cocina y Gastronomía. Los contratos tendrán una duración de 90 días.

La oferta permanecerá abierta hasta el 25 de julio de 2026, fecha límite para presentar las candidaturas a través del Servicio Andaluz de Empleo.

El sindicato CSIF Prisiones Córdoba ha denunciado en un comunicado la agresión sufrida este sábado por una enfermera por parte de un interno en el Centro Penitenciario de Alcolea (Córdoba). El sindicato condena este ataque a esta profesional, que fue golpeada en la muñeca, mientras realizaba el reparto de medicación por un interno muy peligroso con antecedentes por agresión a otros trabajadores penitenciarios.

La central sindical señala que este nuevo incidente “demuestra la insostenible situación que atraviesa la prisión, derivada de la sobrepoblación, la deficiente clasificación de internos y la crónica falta de personal en todas las áreas de trabajo y medios”. El Centro Penitenciario de Alcolea, junto con el Centro de Inserción Social (CIS) Carlos García Valdés, alberga alrededor de 1.500 internos. A este elevado número de personas se une -dice el sindicato- “una desacertada clasificación penitenciaria”. “Convivimos diariamente con internos muy conflictivos, con patologías mentales y problemas de drogas nuevas como el fentanilo, que no tenemos forma de detectar para impedir su entrada”, según recalca la sección sindical.

CSIF denuncia que “esta mezcla explosiva dificulta enormemente el trabajo diario, incrementa los incidentes regimentales y expone a los trabajadores y a las trabajadoras penitenciarios a un mayor riesgo de lesiones y agresiones, con lo que trabajar así es hacerlo en condiciones de grave inseguridad, siendo un claro ejemplo la agresión sufrida hoy por una enfermera de la prisión”.

La central sindical pone de manifiesto que “la falta de personal es un problema estructural y que la carga de trabajo que soporta el personal en activo es inasumible”. En el caso del servicio sanitario del centro penitenciario actualmente única cuenta con dos médicos para atender a una población reclusa formada por unos 1.500 internos.

A esto se suma el sobresfuerzo diario del personal de enfermería y auxiliares de enfermería, que están asumiendo funciones y una carga de trabajo que no les corresponde ante la falta de facultativos. Además, estos profesionales “realizan su trabajo expuestos con un elevado riesgo de sufrir agresiones, como ha ocurrido hoy”. El sindicato resalta que “su profesionalidad y compromiso están sosteniendo el servicio sanitario, pero la situación es insostenible al poner en riesgo tanto la salud de los internos como las condiciones laborales del propio personal sanitario y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del establecimiento”.

CSIF demanda a la Dirección de la prisión que agilice de forma inmediata las conducciones de los internos más conflictivos, incluyendo al recluso que ha protagonizado hoy la agresión, así como poner los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial y garantizar la asistencia sanitaria y psicológica a la profesional agredida.

A la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, la central sindical reclama transferir de forma inmediata e íntegra las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, así como cubrir de forma urgente las plazas de médicos vacantes, ya que “no se puede seguir cargando al personal de Enfermería y Auxiliares con responsabilidades que exceden sus funciones por la falta de facultativos”.

Igualmente, CSIF pide actualizar el régimen disciplinario de los internos, ya que actualmente siguen vigentes las infracciones y sanciones del Reglamento Penitenciario de 1981, además de dotar de dispositivos TASER para su uso en situaciones excepcionales. En materia de prevención de riesgos laborales, el sindicato exige que la Administración se ocupe de la salud mental de la plantilla tras la gestión de incidentes críticos. La asistencia especializada de CSIF Ayuda, gabinete psicológico de la central sindical, está a disposición del colectivo penitenciario.

La sección sindical de APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones) del Centro Penitenciario de Córdoba ha denunciado una agresión de un preso a otro el pasado lunes día 8 de junio.

Según el relato de los hechos, a primera hora de la mañana de ese día en la apertura de celdas, un interno con una cuchilla casera, se lanza hacia otro interno cortándole el cuello.

APFP señala que la rápida actuación de los funcionarios evitó el ensañamiento, aunque el interno agresor se lanzó hacia ellos con el arma en la mano amenazándoles, pero gracias a la gran profesionalidad de los funcionarios consiguieron quitarle el pincho carcelario y aislarlo entre los rastrillos de seguridad para evitar daños a la integridad física y vida de los demás internos y del personal penitenciario.

El interno agredido presentaba un corte profundo en el cuello y desangrándose fue traslado a la enfermería del centro desde donde le derivaron al hospital urgentemente. El interno está fuera de peligro gracias a la rapidez con la que actuaron todos los compañeros intervinientes.

Desde APFP se ha solicitado información a través del portal de transparencia ya que no se entiende que una plantilla inferior a la de otros centros atienda a una población reclusa mayor que en el resto de centros, a excepción del centro penitenciario de Valencia que aún así cuenta con más del doble de personal para tan solo 500 internos más, lo justifican según la normativa penitenciaria por arraigo y tratamiento fundamentalmente, pero son muchos los internos que al salir en libertad se dirigen a Murcia, Almería, Ceuta..., y tratamiento como si fuera el único centro en el que se realizan actividades con los internos para su reinserción.

APFP considera que no hay una clasificación adecuada de los internos, desde el CIS, (centro de inserción social) hasta los módulo de respeto se están ocupando y llenando con internos que no reúnen las características de esos módulos, lo que hace que la convivencia sea difícil entre los propios internos.

Desde APFP llevamos solicitando desde hace años una reposición efectiva de las RPT ́s de los distintos centros, 3241 vacantes a uno de abril de 2026, ser considerados agentes de autoridad, (se votará la proposición de Ley para este reconocimiento en el Congreso mañana día 11 de junio donde estaremos presentes), pistolas táser para situaciones excepcionales y peligrosas tanto para los internos como para los propios compañeros y la equiparación salarial con nuestros compañeros de Cataluña.

Los familiares de Javier Marañón Montero, el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial junto al granadino David Rodríguez Ballesta desde enero de 2025 por un proyecto de la televisión digital terrestre, confían en las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español tras una reunión este miércoles con el ministro, José Manuel Albares, encuentro que ha motivado que la madre de Javier haya dejado la huelga de hambre que empezó el día 22 de abril.

Según ha explicado a Europa Press el hermano de Javier, Aarón Marañón, el ministro ha recibido a “familiares y abogados de los dos trabajadores detenidos injustamente en Guinea Ecuatorial”, en una cita en la que los familiares han expuesto al ministro “la situación de incomunicación e indefensión de los trabajadores, además de lo injustificado de su detención durante 15 meses, dándole evidencias de su absoluta inocencia”.

Al respecto, ha comentado que “el ministro informó de las gestiones y contactos realizados por el mismo y se comprometió a hacer varias gestiones para que se respeten unos mínimos derechos fundamentales de los detenidos y trabajar para apoyar una pronta solución que logre su liberación”.

Mientras, Aarón ha explicado que su madre está “algo mejor, recuperándose de estas semanas de huelga de hambre y con mucha esperanza en que esta reunión dé algún resultado positivo y un cambio en la situación”, después de que la huelga de hambre la dejó el lunes cuando tuvieron “la confirmación de la reunión con el ministro para el miércoles”.

En este caso, las familias estuvieron el día 25 de marzo en el Congreso y les recibieron varios diputados de distintos grupos parlamentarios y unos les comentaron que “iban a hacer una propuesta al Gobierno para ayudar a los dos trabajadores y otro grupo dijo que iban a intentar llevarlo a las autoridades de Exteriores de la Comisión Europea para que actuasen”.

“Siguen incomunicados”

Sobre la situación de los dos detenidos, ha explicado que “no hay ninguna novedad”, de manera que “siguen incomunicados, no reciben visitas de la familia” que tiene su hermano allí, “ni de los amigos de David desde que entraron en la cárcel y tampoco los puede visitar su abogado desde que están en prisión”.

Además, ha remarcado que “no hay fecha prevista de juicio, no hay ninguna previsión de otro tipo de solución para ellos y ni sus condiciones mejoran y nadie ha conseguido nada efectivo”, de ahí que haya lamentado que “la perspectiva es que todo siga igual, a no sé qué alguna autoridad o administración consiga algo efectivo”.

Hace más de un mes las familias de ambos se concentraron a las puertas del Congreso de los Diputados y registraron en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, presos en la cárcel de Black Beach.

Así, aseguraron que fueron “a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que ayude a traerlos de vuelta”, según explicó Laura, hermana de Javier Marañón, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, reclamó.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no hiciera escala en Guinea Ecuatorial durante su gira por África, si no les liberan.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitaron que, si lo estimaba oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le propusieron “descartar dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le pidieron que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió una semana antes de la concentración con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio de 2025 fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.

La autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión provisional para el hombre detenido este lunes después de herir con un arma de fuego a otro varón en los genitales, durante una reyerta entre varias personas que ha tenido lugar poco antes de las 17:00 en el municipio cordobés de Posadas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que han detallado que el detenido ha pasado en la mañana de este martes a disposición de la autoridad judicial, mientras que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Desde el Servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, han precisado que la reyerta ha tenido lugar en plena calle.

El hombre afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía de la capital, tras ser atendido en primera instancia por los servicios sanitarios en el propio municipio maleno, con heridas que no revestían gravedad, según las fuentes.

Familiares y amigos de Javier Marañón Montero -el joven de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)- y de David Rodríguez Ballesta, ambos encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 en relación con un proyecto de televisión digital terrestre, se han concentrado este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados y han registrado en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, que llevan más de 14 meses en la cárcel de Black Beach.

“Venimos a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que nos ayude a traerlos de vuelta”, ha explicado Laura, hermana de Javier Marañón, este miércoles, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Os pedimos que sigáis apoyando esta lucha. Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, han reclamado.

Tras el registro de las firmas en el Ministerio de Exteriores, amigos y familiares de Javier y David se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir su liberación.

Según ha explicado Laura, la hermana de Javier, a Europa Press, durante la concentración han salido a apoyarles “varios diputados del PP” y, dentro del Congreso, una representación de las dos familias se han reunido “con Podemos, PSOE e Izquierda Unida”.

“Nos han trasladado que van a seguir presionando para que los traigan. La oposición, que va a presionar y a seguir preguntando qué gestiones se están realizando, e IU y PSOE nos han dicho que están haciendo todo lo que está en su mano”, ha afirmado Laura.

Aunque se ha mostrado satisfecha con el apoyo que han recibido este miércoles, espera que “las palabras e intenciones” se conviertan en hechos. “Hemos llamado su atención”, ha destacado.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, la semana pasada, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no haga escala en Guinea Ecuatorial durante su gira por África el próximo mes de abril, si no les liberan. Si bien, a fecha de 25 de marzo, aún no han recibido respuesta.

“Hemos escrito tanto a la Casa Real como a la Nunciatura en España para que interceda y nos ayude, como medida de presión. Evidentemente, al Papa le pedimos que no vaya (a Guinea Ecuatorial) hasta que no estén libres y si puede hacer algo para interceder y que salgan”, señaló la hermana de Javier, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitan que, si lo estima oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África, el próximo mes de abril, o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le proponen que “descarte dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le piden que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió el pasado viernes con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de lesiones tras causar varias heridas con arma blanca a otro hombre en la vía pública de Córdoba en la zona centro de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 18 de enero. Esa noche, el CIMACC 091 recibió una llamada alertando de que un varón se encontraba tumbado en la vía pública en la zona centro de la ciudad. Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar, donde varios testigos manifestaron que el hombre había sido agredido con un arma blanca, recibiendo varias puñaladas.

A la llegada de los agentes, la víctima se hallaba sentada en la calzada, apreciándose dos heridas inciso-cortantes, una en la región torácica izquierda y otra en la zona lumbar de la espalda.

Gracias a la rápida intervención de los agentes de Policía Nacional, consiguieron taponar la herida, impidiendo una posible hemorragia que pudiera poner en peligro su vida, taponando además el resto de heridas y manteniéndolo consciente en todo momento hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes le atendieron en el lugar para posteriormente trasladarlo al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde quedó ingresado.

Las gestiones policiales permitieron conocer que la pelea se había iniciado previamente en el interior de un pub de la zona centro entre la víctima y el ahora detenido. Ya en el exterior, en la vía pública, se produjo una nueva discusión en el trascurso de la cual el agresor, presuntamente, asestó varias puñaladas al otro hombre, causándole las lesiones descritas.

Iniciada la correspondiente investigación, los agentes recabaron información y tras analizarla, lograron identificar al presunto autor de los hechos. A principios del mes de marzo, los investigadores procedieron a su localización y detención como presunto responsable de un delito de lesiones. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montilla (Córdoba), plaza número 2 y en funciones de guardia, ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida durante el pasado fin de semana como presunta autora de la muerte de su pareja en la localidad cordobesa de Montemayor.

Según han informado fuentes judiciales, la investigada está siendo investigada inicialmente por un presunto delito de homicidio. Los hechos se habrían producido en una vivienda del municipio, donde falleció el hombre con el que la detenida mantenía una relación sentimental. La pareja tenía además dos hijos menores de edad en común.

La mujer ha pasado este lunes a disposición judicial y, durante su comparecencia ante el juzgado, ha prestado declaración. Tras escuchar su testimonio y analizar las primeras diligencias del caso, la autoridad judicial ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza mientras continúa la investigación.

Las diligencias permanecen abiertas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del hombre, de 41 años. La arrestada se encuentra dentro del Sistema VioGén.

Según ha confirmado este periódico, el servicio de Emergencias 112 recibió un aviso de asistencia sanitaria sobre las 2:15 de este sábado en el que un hombre se aquejaba de un dolor en el pecho. Sin embargo, cuando llegaron los servicios sanitarios, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El hombre, que era natural de Fernán Núñez, presentaba heridas compatibles con arma blanca por las que finalmente ha fallecido. El pasado mes de septiembre, la familia denunció su desaparición, al igual que lo hizo el Ayuntamiento de fernannuñense, pero la búsqueda se desactivó un día después dado que fue localizado.

Fuentes de la Guardia Civil han precisado que los hechos han ocurrido en el domicilio, donde ambos convivían, tal y como ha confirmado este medio. Además, el alcalde de Montemayor, Antonio García, ha señalado a este periódico que la detenida se encuentra registrada en el Sistema ViogGén con un riesgo medio. No tenía ninguna medida cautelar judicialde prohibición de comunicación o de alejamiento, pero la Policía Local sí le realizaba labores de seguimiento por su seguridad.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer de 84 años a una pena de 11 meses de prisión, evitando así su entrada en prisión. La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Dolores Márquez López, ha aplicado la atenuante muy cualificada de parentesco y ha tratado de empatizar con la acusada y con la “intensidad del vínculo” afectivo entre una madre y un hijo que puede llevar a la primera a delinquir.

Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2023. La acusada, que está en silla de ruedas, acudió a la cárcel de Córdoba para entregar un paquete de ropa a su hijo, quien se encontraba interno. Dos días después, durante una inspección con la unidad canina, los funcionarios localizaron ocultos en las costuras de la cintura y la cremallera de un pantalón 9,54 gramos de cocaína con una pureza del 78,76% y trazas de heroína. La droga habría alcanzado un valor de casi 1.000 euros.

En el juicio, la acusada se negó a declarar, por lo que la fiscal recordó que, ante el juzgado de Instrucción, la procesada manifestó que “una tercera persona, amiga de su hijo, le entregó ese pantalón” para que se lo llevara a prisión. Además, aseguró que era la primera vez que veía a esa mujer.

Después, el hijo de la procesada declaró que el pantalón no era suyo, “que era pequeño” y que no sabe quién se lo entregó a su madre. Asimismo, afirmó que en el momento de los hechos no era consumidor de cocaína, por lo que no le pidió a su madre que le trajera droga.

Lo más destacado de la resolución es el razonamiento empleado por la magistrada para justificar la reducción de la condena, que inicialmente el Ministerio Fiscal situaba en tres años de cárcel. Así, el tribunal ha aplicado una atenuante muy cualificada de parentesco, basándose en la comprensión del conflicto emocional que podría atravesar la anciana.

De esta forma, la jueza hace alusión a la “intensidad del vínculo madre-hijo” y reflexiona sobre “lo difícil que para una progenitora, conocedora de la condición de toxicómano de su hijo, es negarse a facilitar a este en prisión algo de droga”. Bajo esta premisa, la sentencia concluye que, en este escenario de vulnerabilidad emocional, “no existiría merecimiento de pena que supusiera el ingreso en prisión de la encartada”.

A esto se suma que la droga incautada era pequeño, por lo que su destino era el consumo del propio interno, la edad avanzada de la mujer y que esta no tiene antecedentes penales. Aunque no entrará en prisión, el tribunal le ha impuesto el pago de una multa de 999,81 euros.

Por otro lado, el tribunal ha absuelto al hijo al no quedar acreditado un concierto o planificación previa entre este y su madre para introducir la cocaína.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba ha decretado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido el pasado sábado acusado de apuñalar a otro en El Carpio, según ha podido saber este periódico.

El suceso ocurrió alrededor de las 23:40 del pasado viernes, cuando varias personas alertaron al servicio de Emergencias 112 de que un joven había sido apuñalado en un pub de la avenida Mariana Pineda en la localidad carpeña, siendo trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Mientras tanto, la Guardia Civil inició las labores de búsqueda e identificación del agresor, que fue detenido más tarde en el pueblo en una operación en la que también intervino la Policía Local de El Carpio. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso en prisión.

Tres de los detenidos por la redada antidroga que explotó la semana pasada en Las Palmeras pueden salir de prisión siempre y cuando abonen la fianza de 3.000 euros que le ha solicitado el juez de Instrucción número seis.

Según ha podido saber este periódico, tras una vista celebrada este miércoles para ratificar la situación personal de los cinco detenidos que siguen en prisión provisional, el juez ha decretado esta medida de libertad para tres de ellos. Por su parte, los otros dos investigados continuarán en prisión.

A esta medida judicial se añade un séptimo arresto producido durante la noche de este martes, aunque este detenido quedó en libertad con cargos tras prestar declaración. Con esta nueva detención, el número de implicados se eleva a siete, aunque la Policía Nacional mantiene el dispositivo abierto y trabaja en la localización de más personas para proceder a su detención.

El operativo salió a la luz pública después del accidente que sufrió un coche de la Policía Nacional durante una persecución a la altura del Parque Azahara. Tras identificar a los sospechosos, los agentes desplegaron al día siguiente un amplio dispositivo en Las Palmeras, realizando varios registros domiciliarios.

En el transcurso de estas intervenciones, la Policía halló diversas cantidades de cocaína y marihuana. Los investigados se enfrentan ahora a cargos por un presunto delito contra la salud pública y, en el caso de quienes ocupaban el vehículo de la persecución, a un delito de atentado contra la autoridad por su implicación en el accidente del coche policial.