Familiares y amigos de Javier Marañón Montero -el joven de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)- y de David Rodríguez Ballesta, ambos encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 en relación con un proyecto de televisión digital terrestre, se han concentrado este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados y han registrado en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, que llevan más de 14 meses en la cárcel de Black Beach.

“Venimos a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que nos ayude a traerlos de vuelta”, ha explicado Laura, hermana de Javier Marañón, este miércoles, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Os pedimos que sigáis apoyando esta lucha. Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, han reclamado.

Tras el registro de las firmas en el Ministerio de Exteriores, amigos y familiares de Javier y David se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir su liberación.

Según ha explicado Laura, la hermana de Javier, a Europa Press, durante la concentración han salido a apoyarles “varios diputados del PP” y, dentro del Congreso, una representación de las dos familias se han reunido “con Podemos, PSOE e Izquierda Unida”.

“Nos han trasladado que van a seguir presionando para que los traigan. La oposición, que va a presionar y a seguir preguntando qué gestiones se están realizando, e IU y PSOE nos han dicho que están haciendo todo lo que está en su mano”, ha afirmado Laura.

Aunque se ha mostrado satisfecha con el apoyo que han recibido este miércoles, espera que “las palabras e intenciones” se conviertan en hechos. “Hemos llamado su atención”, ha destacado.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, la semana pasada, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no haga escala en Guinea Ecuatorial durante su gira por África el próximo mes de abril, si no les liberan. Si bien, a fecha de 25 de marzo, aún no han recibido respuesta.

“Hemos escrito tanto a la Casa Real como a la Nunciatura en España para que interceda y nos ayude, como medida de presión. Evidentemente, al Papa le pedimos que no vaya (a Guinea Ecuatorial) hasta que no estén libres y si puede hacer algo para interceder y que salgan”, señaló la hermana de Javier, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitan que, si lo estima oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África, el próximo mes de abril, o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le proponen que “descarte dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le piden que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió el pasado viernes con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de lesiones tras causar varias heridas con arma blanca a otro hombre en la vía pública de Córdoba en la zona centro de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 18 de enero. Esa noche, el CIMACC 091 recibió una llamada alertando de que un varón se encontraba tumbado en la vía pública en la zona centro de la ciudad. Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar, donde varios testigos manifestaron que el hombre había sido agredido con un arma blanca, recibiendo varias puñaladas.

A la llegada de los agentes, la víctima se hallaba sentada en la calzada, apreciándose dos heridas inciso-cortantes, una en la región torácica izquierda y otra en la zona lumbar de la espalda.

Gracias a la rápida intervención de los agentes de Policía Nacional, consiguieron taponar la herida, impidiendo una posible hemorragia que pudiera poner en peligro su vida, taponando además el resto de heridas y manteniéndolo consciente en todo momento hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes le atendieron en el lugar para posteriormente trasladarlo al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde quedó ingresado.

Las gestiones policiales permitieron conocer que la pelea se había iniciado previamente en el interior de un pub de la zona centro entre la víctima y el ahora detenido. Ya en el exterior, en la vía pública, se produjo una nueva discusión en el trascurso de la cual el agresor, presuntamente, asestó varias puñaladas al otro hombre, causándole las lesiones descritas.

Iniciada la correspondiente investigación, los agentes recabaron información y tras analizarla, lograron identificar al presunto autor de los hechos. A principios del mes de marzo, los investigadores procedieron a su localización y detención como presunto responsable de un delito de lesiones. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montilla (Córdoba), plaza número 2 y en funciones de guardia, ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida durante el pasado fin de semana como presunta autora de la muerte de su pareja en la localidad cordobesa de Montemayor.

Según han informado fuentes judiciales, la investigada está siendo investigada inicialmente por un presunto delito de homicidio. Los hechos se habrían producido en una vivienda del municipio, donde falleció el hombre con el que la detenida mantenía una relación sentimental. La pareja tenía además dos hijos menores de edad en común.

La mujer ha pasado este lunes a disposición judicial y, durante su comparecencia ante el juzgado, ha prestado declaración. Tras escuchar su testimonio y analizar las primeras diligencias del caso, la autoridad judicial ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza mientras continúa la investigación.

Las diligencias permanecen abiertas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del hombre, de 41 años. La arrestada se encuentra dentro del Sistema VioGén.

Según ha confirmado este periódico, el servicio de Emergencias 112 recibió un aviso de asistencia sanitaria sobre las 2:15 de este sábado en el que un hombre se aquejaba de un dolor en el pecho. Sin embargo, cuando llegaron los servicios sanitarios, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El hombre, que era natural de Fernán Núñez, presentaba heridas compatibles con arma blanca por las que finalmente ha fallecido. El pasado mes de septiembre, la familia denunció su desaparición, al igual que lo hizo el Ayuntamiento de fernannuñense, pero la búsqueda se desactivó un día después dado que fue localizado.

Fuentes de la Guardia Civil han precisado que los hechos han ocurrido en el domicilio, donde ambos convivían, tal y como ha confirmado este medio. Además, el alcalde de Montemayor, Antonio García, ha señalado a este periódico que la detenida se encuentra registrada en el Sistema ViogGén con un riesgo medio. No tenía ninguna medida cautelar judicialde prohibición de comunicación o de alejamiento, pero la Policía Local sí le realizaba labores de seguimiento por su seguridad.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer de 84 años a una pena de 11 meses de prisión, evitando así su entrada en prisión. La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Dolores Márquez López, ha aplicado la atenuante muy cualificada de parentesco y ha tratado de empatizar con la acusada y con la “intensidad del vínculo” afectivo entre una madre y un hijo que puede llevar a la primera a delinquir.

Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2023. La acusada, que está en silla de ruedas, acudió a la cárcel de Córdoba para entregar un paquete de ropa a su hijo, quien se encontraba interno. Dos días después, durante una inspección con la unidad canina, los funcionarios localizaron ocultos en las costuras de la cintura y la cremallera de un pantalón 9,54 gramos de cocaína con una pureza del 78,76% y trazas de heroína. La droga habría alcanzado un valor de casi 1.000 euros.

En el juicio, la acusada se negó a declarar, por lo que la fiscal recordó que, ante el juzgado de Instrucción, la procesada manifestó que “una tercera persona, amiga de su hijo, le entregó ese pantalón” para que se lo llevara a prisión. Además, aseguró que era la primera vez que veía a esa mujer.

Después, el hijo de la procesada declaró que el pantalón no era suyo, “que era pequeño” y que no sabe quién se lo entregó a su madre. Asimismo, afirmó que en el momento de los hechos no era consumidor de cocaína, por lo que no le pidió a su madre que le trajera droga.

Lo más destacado de la resolución es el razonamiento empleado por la magistrada para justificar la reducción de la condena, que inicialmente el Ministerio Fiscal situaba en tres años de cárcel. Así, el tribunal ha aplicado una atenuante muy cualificada de parentesco, basándose en la comprensión del conflicto emocional que podría atravesar la anciana.

De esta forma, la jueza hace alusión a la “intensidad del vínculo madre-hijo” y reflexiona sobre “lo difícil que para una progenitora, conocedora de la condición de toxicómano de su hijo, es negarse a facilitar a este en prisión algo de droga”. Bajo esta premisa, la sentencia concluye que, en este escenario de vulnerabilidad emocional, “no existiría merecimiento de pena que supusiera el ingreso en prisión de la encartada”.

A esto se suma que la droga incautada era pequeño, por lo que su destino era el consumo del propio interno, la edad avanzada de la mujer y que esta no tiene antecedentes penales. Aunque no entrará en prisión, el tribunal le ha impuesto el pago de una multa de 999,81 euros.

Por otro lado, el tribunal ha absuelto al hijo al no quedar acreditado un concierto o planificación previa entre este y su madre para introducir la cocaína.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba ha decretado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido el pasado sábado acusado de apuñalar a otro en El Carpio, según ha podido saber este periódico.

El suceso ocurrió alrededor de las 23:40 del pasado viernes, cuando varias personas alertaron al servicio de Emergencias 112 de que un joven había sido apuñalado en un pub de la avenida Mariana Pineda en la localidad carpeña, siendo trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Mientras tanto, la Guardia Civil inició las labores de búsqueda e identificación del agresor, que fue detenido más tarde en el pueblo en una operación en la que también intervino la Policía Local de El Carpio. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso en prisión.

Tres de los detenidos por la redada antidroga que explotó la semana pasada en Las Palmeras pueden salir de prisión siempre y cuando abonen la fianza de 3.000 euros que le ha solicitado el juez de Instrucción número seis.

Según ha podido saber este periódico, tras una vista celebrada este miércoles para ratificar la situación personal de los cinco detenidos que siguen en prisión provisional, el juez ha decretado esta medida de libertad para tres de ellos. Por su parte, los otros dos investigados continuarán en prisión.

A esta medida judicial se añade un séptimo arresto producido durante la noche de este martes, aunque este detenido quedó en libertad con cargos tras prestar declaración. Con esta nueva detención, el número de implicados se eleva a siete, aunque la Policía Nacional mantiene el dispositivo abierto y trabaja en la localización de más personas para proceder a su detención.

El operativo salió a la luz pública después del accidente que sufrió un coche de la Policía Nacional durante una persecución a la altura del Parque Azahara. Tras identificar a los sospechosos, los agentes desplegaron al día siguiente un amplio dispositivo en Las Palmeras, realizando varios registros domiciliarios.

En el transcurso de estas intervenciones, la Policía halló diversas cantidades de cocaína y marihuana. Los investigados se enfrentan ahora a cargos por un presunto delito contra la salud pública y, en el caso de quienes ocupaban el vehículo de la persecución, a un delito de atentado contra la autoridad por su implicación en el accidente del coche policial.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de varios delitos de daños e incendio, además de resistencia y desobediencia a la autoridad, tras ser interceptado en la madrugada del 12 de febrero en la barriada de Fátima.

Los hechos ocurrieron en torno a las 2:00 de la madrugada, cuando una patrulla uniformada fue comisionada por la Sala CIMACC 091, después de recibir el aviso de un ciudadano que alertaba de fuertes golpes y de la presencia de un individuo agazapado entre los vehículos, posiblemente sustrayendo objetos del interior de alguno de ellos.

A la llegada de los agentes, el varón emprendió la huida a pie, iniciándose una persecución durante la cual el individuo se revolvió contra los policías intentando agredirles. Finalmente, los agentes lograron interceptarlo y proceder a su detención.

Durante la inspección de la zona se localizaron varios vehículos con daños visibles, concretamente dos motocicletas y un turismo.

Incendio en una lavandería

Las investigaciones posteriores permitieron relacionar al detenido con un incendio ocurrido la madrugada anterior, el 11 de febrero, en la zona de Ciudad Jardín, donde una lavandería resultó afectada por el fuego en algunas de sus partes.

Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad competente decretó el ingreso provisional en prisión del arrestado.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un joven a cinco años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio después de que apuñalara en dos ocasiones a un hombre. La sentencia se ha dictado tras un acuerdo de conformidad entre la defensa, la acusación particular y el Ministerio Fiscal, que pedía ocho años de prisión.

Según el relato de los hechos, tras una discusión entre el ya condenado y la víctima en una calle de Córdoba, el primero se dirigió a su domicilio para armarse con dos cuchillos de cocina: uno de 25 centímetros y otro, de 35 centímetros. Posteriormente, bajó a la calle acompañado de un perro para esperar a la víctima y sus acompañantes.

Al encontrarse con ellos, el procesado soltó al animal y se lanzó contra la víctima portando ambas armas blancas. Durante el forcejeo, uno de los cuchillos cayó al suelo, pero con el segundo logró propinarle dos puñaladas. El relato de los hechos destaca la gravedad de la agresión, señalando que el cuchillo quedó clavado en el muslo de la víctima tras la segunda acometida. La intervención de uno de los amigos de la víctima, quien logró arrebatarle el arma y lanzarla a un arriate cercano, fue decisiva para impedir que la agresión continuara.

La sentencia dictada este miércoles reconoce la concurrencia de dos circunstancias atenuantes: la reparación del daño y la toxifrenia. Como parte del acuerdo, la defensa presentó el justificante de un ingreso de 21.884 euros destinados a la indemnización de la víctima. No obstante, la cuantía total de la responsabilidad civil se elevó finalmente a 35.000 euros.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ha impuesto las siguientes medidas: prohibición de aproximación a menos de 200 metros y de comunicación con la víctima por cualquier medio durante un periodo de nueve años, libertad vigilada durante seis años, que se computarán una vez cumplida la pena de prisión; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas, incluidas, las de la acusación particular.

Tras dictarse la sentencia, la defensa ha solicitado la suspensión de la ejecución de la pena, argumentando que el condenado se encuentra en tratamiento de desintoxicación con una “evolución regular” y que el pago de la indemnización demuestra “su arrepentimiento”. Sin embargo, el Ministerio Fiscal se ha opuesto firmemente a este beneficio, señalando que el procesado no es un delincuente primario, ya que cuenta con antecedentes penales firmes de febrero y agosto de 2024, algunos de ellos por violencia de género. La Fiscalía ha subrayado que la gravedad de los hechos y la peligrosidad del sujeto no hacen aconsejable la suspensión.

A este argumento se ha adherido la acusación particular, quien, en último término ha planteado que, de concederse este beneficio, se haga cuando el condenado haya abonado la indemnización en su totalidad. La decisión sobre esta cuestión ha quedado pendiente de deliberación. El tribunal ha solicitado informes médicos adicionales para verificar si el tratamiento previo fue efectivo antes de resolver esta cuestión.

La Guardia Civil de Córdoba en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea, llevan a cabo regularmente actuaciones conjuntas en materia de detección y prevención de introducción de drogas en el Centro Penitenciario. Una de estas actuaciones ha permitido la detención de una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

La actuación ha sido realizada de forma conjunta, por funcionarios de prisiones con el auxilio de la Unidad Cinológica del Centro Penitenciario y agentes de la Guardia Civil, lo que ha permitido llevar a cabo una inspección en la que se ha detenido a una mujer, como presunta autora de un delito contra la salud pública. Dicha persona, tras ser marcada por el perro especialista en detección de sustancias prohibidas, al ser requerida por la funcionaria para que la acompañara a una habitación para su registro corporal, manifestó que portaba droga en su pantalón, entregando a la misma una bellota de marihuana (6,1 gramos), 2 bellotas de hachís (22.2 gramos), 1 bellota de polvo blanco (11,3 gramos) desconociendo su composición y una bolsa transparente con 100 pastillas de color blanco (26,5 grs) igualmente de composición desconocida.

La verdadera importancia de estas actuaciones conjuntas entre la Guardia Civil y el Centro Penitenciario, radican en impedir la entrada de estas sustancias en una instalación de este tipo, evitando de ese modo el consumo de drogas en su interior y con ello el riesgo que supone para la salud de los internos, además de la aparición de problemas de convivencia entre la población reclusa.

La colaboración entre Agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil y los Funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (G.I.C.O.), así como el personal de vigilancia del mismo, están aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba.

Detenida, diligencias instruidas y las sustancias estupefacientes intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este martes un juicio contra una anciana acusada de introducir cocaína en la cárcel entre las costuras de un pantalón. El Ministerio Fiscal pide para ella tres años de prisión y los mismos para el hijo de esta, quien habría sido el beneficiario de la droga y habría cometido el delito en connivencia con su madre.

Según el escrito de la Fiscalía, en octubre de 2023, la acusada acudió a la prisión de Córdoba con su hija a ver a su otro vástago. Como solía ser habitual, le llevó un paquete de ropa que abrió antes del vis a vis, quedándose las prendas en manos de los funcionarios de prisiones. Después, ambas mujeres vieron a su familiar. Cuando la unidad canina de la prisión rastreó los paquetes que habían recibido los internos, uno de los perros marcó el paquete en cuestión. Entonces, rastrearon las prendas y se encontraron gramos de cocaína cosidos a la cintura del pantalón y en la cremallera.

En el juicio, la acusada se ha negado a declarar, por lo que la fiscal ha recordado que, ante el juzgado de Instrucción, la procesada manifestó que “una tercera persona, amiga de su hijo, le entregó ese pantalón” para que se lo llevara a prisión. Además, aseguró que era la primera vez que veía a esa mujer.

Después, el interno ha declarado que el pantalón no era suyo, “que era pequeño” y que no sabe quién se lo entregó a su madre. Asimismo, ha afirmado que en el momento de los hechos no era consumidor de cocaína, por lo que no le pidió a su madre que le trajera droga.

En la vista también ha declarado el responsable de la unidad canina de la prisión, que ha contado cómo fue el hallazgo de la cocaína. Una vez encontrada, él y otro compañero la volcaron sobre un folio para poder introducirla después en una bolsa y, así, pesarla. Lo incautado fue entre 9,54 y 10,30 gramos. Sobre el preso, ha creído recordar que era policonsumidor y que ha tenido otra intervención de similares características.

En último lugar ha declarado la hija de la anciana, quien ha dicho que “no imagina” a su madre llevando droga a la prisión, pero que no sabe cómo la cocaína acabó en el pantalón. Tras esto, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones, manteniendo las mismas penas de prisión para ambos por un delito contra la salud pública, cometido en común acuerdo. Por otro lado, el abogado de los procesados ha pedido la absolución y ha basado su principal línea de defensa en cuestionar la línea de custodia de la droga. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que el Ministerio del Interior, a través del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (Oatpfe), deberá indemnizar a un interno del Centro Penitenciario de Córdoba con 1.496,88 euros, tras la suspensión injusta de su relación laboral.

La resolución, a la que ha tenido acceso este medio, ratifica el fallo previo del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, que ya en enero de 2023 había estimado parcialmente la demanda del interno. El preso había firmado un contrato temporal en enero de 2020 para trabajar en los talleres de confección industrial de la cárcel, con altas y bajas sucesivas debido a los procedimientos administrativos del organismo.

En diciembre de 2020, la dirección del centro acordó suspender su relación laboral alegando razones de disciplina y seguridad penitenciaria tras un incidente con otro interno en el taller. La Comisión Disciplinaria le impuso una sanción de privación de paseos y actos recreativos durante 15 días. Sin embargo, y tras presentar una alegación, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria dejó sin efecto la sanción, señalando que el interno había sido amenazado y no se acreditó agresión alguna por su parte.

Aunque la sanción fue anulada, la readmisión en su puesto de trabajo no se produjo hasta junio de 2021 debido a la falta de vacantes, por lo que el interno reclamó la indemnización por la suspensión injusta y el retraso en su reincorporación. El juzgado le ha dado la razón que ahora ha sido ratificada por el TSJA, tribunal que ha rechazado, además, el recurso presentado por Trabajo Penitenciario.

La Guardia Civil ha detenido en Bujalance a dos personas como presuntas autoras de un delito de tentativa de homicidio. La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de un aviso recibido en el puesto de Bujalance, que se había producido una pelea en una vivienda de la localidad, donde autores desconocidos, tras acceder al interior de la misma rompiendo la puerta con un arma blanca, habían agredido a uno de sus moradores, causándole lesiones de las que tuvo que ha asistido quirúrgicamente.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del hecho, la identificación, localización y detención de los presuntos autores.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar que, al parecer, los presuntos autores habían agredido a la víctima para reclamarle una deuda.

El avance de la investigación permitió identificar a dos de los presuntos autores y establecer un dispositivo de servicio orientado a su localización y detención. Finalmente, el arresto se produjo en Bujalance en fechas recientes. 

La Guardia Civil continúa las gestiones para la localización y detención de los otros dos presuntos autores.  Detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando el juez el ingreso en prisión de uno de los detenidos.

El varón detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras la intervención de 2,8 kilogramos de cocaína en un trastero como avanzó este periódico, ha sido enviado a prisión por el juez.

La Guardia Civil, en el marco de una investigación desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, detuvo a un varón tras hallar la droga envasada al vacío y preparada para su distribución.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre, cuando los agentes detectaron movimientos del ahora detenido compatibles con la venta de droga. Durante el dispositivo establecido, los integrantes del EDOA, observaron que el investigado realizaba accesos frecuentes y de corta duración a un trastero, lo que, unido al resto de indicios, permitió considerarlo como posible punto de ocultación y manipulación de sustancias estupefacientes.

En una de estas visitas “exprés” al trastero, los agentes actuantes intervinieron al investigado en diferentes partes de su vestimenta cuatro paquetes: dos de ellos envasados “al vacío” y otros dos envueltos en plástico, conteniendo una sustancia de color blanco en formato roca, que, una vez realizada la prueba de narco test, dan resultado positivo en cocaína. Estos paquetes arrojaron un peso total de 200 gramos aproximadamente.

Tras dicha actuación, se procedió al registro del citado trastero, donde los agentes localizaron 26 paquetes envasados al vacío y dos envoltorios de plástico con supuesta cocaína en formato roca, que arrojaron un peso aproximado de 2,8 kilogramos. Asimismo, se intervinieron tres básculas de precisión con restos positivos en cocaína, material de envasado, una máquina envasadora al vacío y 4.000 euros en efectivo.

De forma complementaria, se practicaron registros en el domicilio del detenido, en un segundo trastero y en una vivienda donde reside temporalmente. El conjunto de actuaciones permitió confirmar que el trastero era utilizado como lugar de almacenamiento, manipulación y preparación de la sustancia estupefaciente, constituyendo el núcleo de la actividad ilícita.

Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando la Autoridad Judicial el ingreso en prisión del detenido.

La Policía Nacional en Córdoba ha esclarecido durante estos últimos días el robo a una vivienda unifamiliar que tuvo lugar en el barrio de El Brillante a comienzos del presente mes, investigando por ello al presunto autor del suceso.

A comienzos del mes de noviembre, la Policía Nacional tuvo conocimiento a través de la interposición de la correspondiente denuncia del robo con fuerza a una vivienda de la zona del El Brillante en la capital cordobesa. Por dicho motivo agentes pertenecientes al área de policía judicial y científica realizaron la correspondiente inspección técnico policial en la zona recogiendo indicios en la zona del suceso.

Durante los días siguientes los investigadores continuaron realizando gestiones, fruto de las cuales lograron situar en la zona del crimen al presunto autor de los hechos, al que además, le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, disponiendo un dispositivo tendente a su localización y detención.

Durante el mismo, los agentes localizaron al investigado, quien se encontraba en el centro penitenciario de Alcolea desde días después de la comisión del hecho investigado y donde actualmente cumple condena por otros delitos.

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Cabra (Córdoba) a un hombre acusado de robar en el interior de una vivienda y de huir por el tejado tras ser sorprendido en el inmueble. Una vez puesto a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron a principios de noviembre, cuando el CIMACC-091 recibió el aviso de que se estaba cometiendo un posible robo en una vivienda de la localidad, manifestando el alertante que una persona estaba intentando acceder a la vivienda escalando hasta el balcón de la misma.

Al llegar al lugar, los agentes realizaron una inspección y observaron varios objetos revueltos en una de las habitaciones. Paralelamente, otro indicativo policial realizó diversas gestiones por las inmediaciones de la vivienda, observando a un vehículo cuyo ocupante resultó sospechoso para los agentes, quienes informaron de estos extremos a los indicativos en servicio.

Momentos después, localizado el vehículo sospechoso, los agentes actuantes se personaron en el lugar, procediendo a la identificación y registro del vehículo, en cuyo interior hallaron diversos efectos adecuados para cometer robos en el interior de domicilios.

Finalmente, en la terraza de la vivienda, los policías interceptaron al presunto autor cuando trató de escapar por el tejado, logrando su detención como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en domicilio.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta y no se descartan otras posibles detenciones.

La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo, elaboración y tráfico de drogas, ha detenido en Peñarroya-Pueblonuevo a tres personas, como presuntas autoras entre otros delitos de, un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro de organización criminal y dos de defraudación de fluido eléctrico, ya que dos de las viviendas mantenían un enganche ilegal a la red eléctrica.

La actuación, coordinada por el Puesto de la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo, permitió comprobar la existencia de un punto de venta de drogas establecido en la localidad, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas. Ante estas sospechas, los guardias civiles procedieron al registro de tres inmuebles, los cuales se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas.

Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de tres personas, al desmantelamiento de un punto de venta de drogas muy activo, establecido en dicha localidad y a la intervención de más de 300 gramos de cocaína, así como 335 gramos de hachís, unos 125 gramos de marihuana, dinero, básculas de precisión, varias armas blancas de grandes dimensiones, dinero y demás utensilios relacionados con la venta de sustancias estupefacientes.

Como consecuencia de la actuación policial se ha detenido a tres personas, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, organización criminal y defraudación de fluido eléctrico ya que dos de las viviendas mantenían un enganche ilegal a la red eléctrica.

Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando dicha autoridad el ingreso en prisión de tres de los detenidos.

En la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos de la Unidad de Seguridad de Comandancia de Córdoba, y personal de seguridad ciudadana de la Compañía de Peñarroya-Pueblonuevo. Asimismo, se ha contado con el apoyo de la Policía Local de Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha trasladado a la familia de Javier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo, quien junto al granadino David Rodríguez está en prisión provisional en Guinea Ecuatorial desde principios de año por un supuesto caso de corrupción del que se han desvinculado, que se trabaja desde la Embajada y el Ministerio de Asuntos Exteriores en este caso y espera que los dos puedan estar “lo antes posible” en el país.

Así lo ha expresado la subdelegada a los periodistas, después de haberse reunido con la familia y la alcaldesa del municipio, María Victoria Paterna, tras haber solicitado el encuentro. Desde el Ayuntamiento han aprobado la semana pasada, en sesión plenaria extraordinaria y urgente, una declaración institucional de apoyo a los dos ciudadanos españoles, detenidos “bajo acusaciones infundadas y sin que, a día de hoy, exista causa o acusación formal alguna contra ellos”, y han reclamado “la intercesión del Ejecutivo central y acelerar las actuaciones diplomáticas” para su liberación.

Mientras, las familias han iniciado una campaña de recogida de firmas en 'Change.org' ('https://www.change.org/p/sos-david-y-mi-hermano-javier-deten...') para exigir al Gobierno de España que intervenga directamente ante el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y sean liberados, porque “David y Javier pueden morir si no se actúa ya”.

Así lo expone la hermana de Javier, Laura Marañón, en la citada página, consultada por Europa Press, donde lleva más de 41.700 firmas en una semana y en la que se detalla que ambos están “encarcelados sin cargos en la cárcel de Black Beach en Guinea Ecuatorial”, después de ser “detenidos tras asistir a una reunión convocada por las autoridades, en representación de su empresa, investigada por corrupción en el proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT)”.

Según subraya Laura Marañón, “ellos no tienen ningún cargo directivo ni relación con las decisiones empresariales”, sino que “son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, a lo que añade que “las condiciones en las que se encuentran son inhumanas: aislamiento total, sin visitas, sin atención médica, sin acceso a comida adecuada”.

Al respecto, relata que su hermano ha perdido 20 kilos, “está en estado crítico y su vida corre serio peligro”, dado que inició una huelga de hambre, mientras que “David también está gravemente enfermo”, apunta Laura, quien asevera que “las familias estamos desesperadas, sin poder comunicarnos con ellos ni enviarles ayuda”, de modo que “la situación es límite”.

“A pesar de los esfuerzos de las familias, acudiendo al Gobierno español, al Ministerio de Exteriores, a la Embajada, Casa Real y otros organismos internacionales, no se ha logrado ningún avance real”, lamenta, para remarcar que “el Gobierno español y el Ministerio de Exteriores sigue sin actuar, lo dejan todo en manos de la Embajada que no tiene poder ninguno en Guinea”.

Mientras, valora que “el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución urgente para exigir su liberación, pero necesitamos presión ciudadana para que el Gobierno español actúe con firmeza y urgencia”, de ahí que pida firmar la petición en 'Change.org' para “exigir al Gobierno de España que intervenga directamente ante el presidente de Guinea Ecuatorial”. “No podemos esperar más, cada día cuenta”, enfatiza, reclamando ayuda para “salvar sus vidas”.

“En la enfermería con suero”

Entretanto, el hermano de Javier, Aarón Marañón, ha declarado que su cuñada entró “unos minutos” en la prisión el día 2 de septiembre porque Javier “estaba en la enfermería ya con suero y queriéndoselo quitar”, de modo que “para convencerlo la dejaron entrar unos minutos”, pero “a partir de ahí no sabemos nada más”.

Además, ha comentado que tienen dos abogados, pero “no pueden entrar” en la prisión, “ni contactar con ellos”, al tiempo que ha indicado que “los abogados no han podido concretar que haya acusación oficial contra ellos”, si bien “en publicaciones en Guinea se les considera directivos o responsables relacionados con la trama, pero ellos no tienen nada que ver porque no eran cargos que tuviesen poder de gestión en la empresa, ni cargo directivo”, ha aclarado, precisando que sus contratos son de “administrativo y técnico de vídeo”.

“Los directivos no se encontraban allí y el Gobierno pidió una reunión para que les informasen y tuvieron que ir ellos dos, porque eran los dos únicos españoles que quedaban en la empresa”, ha relatado Aarón, quien ha señalado que el director de la empresa les pregunta “cómo se encuentran” y “dice que está llevando gestiones”, aunque “en la relación de la empresa o del mismo con la justicia guineana no sabemos nada”.

Además, ha explicado que la petición de amparo al Parlamento Europeo llega después de que se propuso al Ministerio de Exteriores del Gobierno de España “en una reunión en mayo”, pero “consideraron que no era conveniente y no la apoyaron”, al tiempo que se les pidió que “las actuaciones no fuesen solamente a través de la Embajada, porque no eran fructíferas, y que fuese directamente alguien del Gobierno de España quien contactase con los dirigentes de Guinea Ecuatorial”, aunque “vemos que no cambia nada”, ha lamentado el hermano de Javier.

No obstante, ha valorado que “en los últimos cuatro meses les han concedido dos visitas a la Embajada, cosa que ellos realmente no es lo que más necesitan”, sino que “necesitan a la familia y que su situación se solucione”, ha advertido, señalando que “su situación va cada vez a peor, los aíslan, les van prohibiendo cosas, ya no se les puede llevar comida, y los aíslan sin salir al patio”.

Ante ello, Aarón ha solicitado que “sea el Gobierno el que contacte y negocie o hable”, puesto que las dos familias, “tanto las de los dos de aquí en España como allí en Guinea, estamos muy mal”, ha transmitido, recordando que su hermano tiene una hija pequeña que ha cumplido un año durante estos meses y “no ha podido ni verla empezar a andar ni ir a su cumpleaños”.

Piden “garantías” y medidas “inmediatas”

Por su parte, antiguos compañeros de David Rodríguez han reclamado el viernes pasado a las puertas de las instalaciones de la televisión municipal de Granada, donde el granadino fue jefe técnico, “garantías” tanto para él como para su compañero Javier Marañón.

Sobre el caso, el Parlamento Europeo ha reclamado a las autoridades de Guinea Ecuatorial “medidas inmediatas e incondicionales”, incluyendo el levantamiento de la prisión preventiva para ambos tras recalcar que la justicia en el país está “subordinada” al régimen de Teodoro Obiang.

“La defensa de los derechos humanos no entiende de fronteras. La presunción de inocencia, el acceso a la defensa y la protección frente a tratos inhumanos son principios irrenunciables”, han indicado los antiguos compañeros de Rodríguez a las puertas de la televisión municipal TG7 en Granada en un manifiesto leído durante una concentración.

También, han hecho hincapié en “la detención arbitraria de ambos ciudadanos” y exigido “medidas inmediatas e incondicionales para garantizar su bienestar, el levantamiento de la prisión preventiva, su derecho a un juicio justo, asesoramiento jurídico y atención médica”.

Han sido “trasladados a la prisión de Playa Negra, conocida por las graves vulneraciones de derechos humanos que allí se cometen”. “La situación de incomunicación, unida al régimen de prisión preventiva y a las denuncias sobre condiciones inhumanas y torturas en el centro penitenciario, nos obliga a alzar la voz”, han indicado los profesionales de TG7, que han exigido un “respeto íntegro de los derechos fundamentales de David y Javier” y han solicitado a las instituciones españolas y europeas que “intensifiquen todas las gestiones diplomáticas”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará este miércoles a un presidiario acusado de un delito contra la salud pública. Según consta en la calificación de la Fiscalía Provincial, este preso se enfrenta a una pena de otros seis años más de cárcel.

En concreto, en el año 2024, funcionarios de presiones llevaron a cabo un registro en el interior de la celda del acusado. Dentro intervinieron una bolsa verde de rafia que tenía en su interior polvo rosa y 945 pastillas. Además, entre su ropa había ocho bellotas y media de sustancia marrón.

Tras un análisis posterior, la sustancia resultó ser resina de cannabis. El polvo era ketamina. En total, la resina de cannabis en la prisión tendría un valor de casi 600 euros. Mientras, la ketamina habría llegado a costar más de 350 euros, según consta en la calificación de la Fiscalía Provincial.

Ahora, este hombre se enfrenta a un delito contra la salud pública en su modalidad de tenencia para el tráfico de sustancias estupefacientes. Además de los seis años de cárcel, la Fiscalía solicita el pago de una multa de casi 3.800 euros.

“Es entregado a la Guardia Civil para ser conducido el titular al lugar de su ejecución. Firmado por el director, el subdirector y el oficial de la prisión de Córdoba”. Este es el último apunte del expediente de un represaliado durante la Guerra Civil en la prisión de Córdoba. Como este, miles de expedientes forman parte del Archivo de Instituciones Penitenciarias y, ahora, todos los documentos sobre los internos de la cárcel que pasaron por allí entre 1930 y 1970 se prepararán y catalogarán para ser trasladados al Archivo Histórico Provincial y ser parte para siempre de la historia de la ciudad.

El Centro Penitenciario de Córdoba acaba de licitar un contrato precisamente para esa tarea, el servicio de organización del archivo de la prisión para el traslado de expedientes de esas cuatro décadas al Archivo Histórico Provincial. Ya desde hace unos años, el Archivo General del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha venido coordinando e impartiendo criterios de tratamiento técnico a los archivos de gestión de los centros penitenciarios, como el de Córdoba, para “los trabajos de preparación y autorización de las transferencias de esta serie documental de expedientes personales de internos, de cara a su transferencia” a los archivos históricos de cada provincia.

En el caso de Córdoba, Instituciones Penitenciarias había avanzado ya desde hace un tiempo los trabajos de catalogación sobre los expedientes de los prisioneros durante los años de la Guerra Civil y la represión franquista -como se contaba en este reportaje de Cordópolis-, que eran objeto de estudio y análisis por investigadores en Memoria Democrática y por familiares en busca de pistas sobre el paradero de víctimas represaliadas.

Parte de esos expedientes ya obraban en poder del Archivo Histórico Provincial y muchos otros habrían de prepararse para su traslado. Ahora, se toma como horquilla temporal las cuatro décadas que comprende desde 1930 a 1970, para que las vidas de aquellos presos sean ya tomadas como parte de la historia.

En esos expedientes, figuran los miles de nombres de los presos, sus huellas dactilares e historias también, con todo los detalles de lo acontecido durante el tiempo que pasaron en prisión, una memoria que ahora se guardará en el Archivo Histórico.

Trabajo laborioso y delicado

Ahora, la empresa que resulte adjudicataria del contrato que se acaba de licitar, deberá hacerse cargo de las distintas tareas que conlleva este proceso laborioso y delicado.

Según el pliego de condiciones, llevará a cabo el traslado de las cajas con los expedientes desde el depósito de la prisión, la manipulación de los expedientes para su adecuación (limpieza en primer lugar mediante brochas), la retirada de elementos que perjudiquen su conservación: materiales en mal estado, elementos metálicos y plásticos, y la preparación de cada expediente en carpetillas.

Asimismo, se identificará cada expediente, se grabarán los datos mediante la actualización de la base de datos, se acondicionarán los documentos en cajas de archivo normalizadas y se analizarán para la redacción de modelos de descripción de su contenido, entre otras tareas. El traslado al Archivo Histórico Provincial se establece en “un mínimo de 300 expedientes al mes”.

Como se ha venido haciendo con expedientes anteriores, los que lleguen desde la prisión para completar las décadas de 1939 a 1970 se digitalizarán ya en el Archivo Histórico Provincial, quedando ya así para siempre grabada y conservada las historias y la memoria de los presos de la cárcel de Córdoba.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación por un padre cordobés condenado por un delito continuado de agresión sexual a su hija menor de edad. La resolución confirma así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA).

El caso se remonta a 2009, cuando el acusado habría sometido a su hija a diversos abusos sexuales durante varios días. Según la sentencia a la que ha accedido este periódico, los hechos no fueron denunciados hasta mayo de 2019, cuando la víctima decidió revelar los abusos tras conocer que su hermano menor también había cometido agresiones sexuales contra su hermana pequeña.

La Audiencia Provincial de Córdoba, en diciembre de 2023, condenó al padre a 13 años, seis meses y un día de prisión, y le prohibió a aproximarse a la víctima durante 20 años. Además, debía indemnizar a la menor con 10.000 euros por daño moral y cumplir cinco años de inhabilitación especial para ejercer profesiones relacionadas con menores.

Tras la apelación, el TSJA desestimó los argumentos de la defensa, considerando sólidas y veraces las declaraciones de la víctima, corroboradas por testimonios de educadores sociales y psicólogas especializadas en maltrato infantil. En su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la defensa alegaba falta de pruebas y vulneración de derechos fundamentales, incluyendo la presunción de inocencia, argumentos que han sido desestimados en su integridad.