Accidente trágico en la carretera A-431 entre las localidades de Posadas y Palma del Río. Una joven de 20 años ha muerto y cuatro han resultado heridas de distinta consideración, algunas de ellas de gravedad, después de que el turismo en el que viajaban todos se saliera de la vía y volcara.

Según informan fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se ha producido sobre las 14:45 en la carretera A-431, en el término municipal de Posadas. Los testigos han alertado de que un turismo se había salido de la vía y estaba volcado contra el suelo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, Guardia Civil y Bomberos de Palma del Río. Dada la gravedad, se ha movilizado un helicóptero medicalizado para trasladar a las heridas al Hospital Universitario Reina Sofía, donde una de ellas ha sido ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La Guardia Civil, por su parte, ha confirmado que, al menos, hay una persona fallecida a consecuencia del accidente, y que las otras cuatro han sido evacuadas al Hospital Universitario Reina Sofía.

La persona fallecida tenía 20 años y era una trabajadora del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel en el que juega el Córdoba CF. El club ha mandado este domingo un mensaje de apoyo a la familia.

Vecinos y colectivos de Almodóvar del Río y Posadas han creado la Plataforma No a la Minería, que representa a ambos municipios para mostrar su oposición a los proyectos mineros que están previstos se desarrollen en sus términos municipales. Este miércoles por la tarde se ha celebrado el acto fundacional de la plataforma, con la firma del acta que oficializa su creación y la presencia de sus integrantes, en el Ayuntamiento de Almodóvar.

Esta plataforma nace de la iniciativa vecinal que desde hace unos seis meses se está movilizando ante las informaciones de proyectos mineros en la zona y contra las consecuencias para sus vecinos que puede tener, en particular contra el permiso de investigación aprobado para reabrir la mina de 'Calamón', ubicada entre los términos municipales de Almodóvar y Posadas, junto al embalse de La Breña y en plena Sierra Morena. El proyecto está impulsado por la empresa Minorbis SL, del Grupo Magtel y los trabajos se realizarían en un espacio de unos 15 kilómetros cuadrados junto a La Breña II, donde se quiere indagar en una veta para obtener plata, plomo y zinc.

Así, ahora, la plataforma que se muestra en contra nace como “un espacio organizado vecinalmente para la defensa del territorio, la protección de los recursos hídricos, la biodiversidad y la salud pública ante el proyecto de minería a cielo abierto que afecta a nuestros municipios”.

“Esta plataforma surge con la intención de aunar el esfuerzo de todos los que decimos sí a la diversidad, a la vida, el respeto del entorno, a valorar el patrimonio natural”, explica a este periódico el portavoz, Rafael Vicent. Así, constituidos como plataforma, también podrán emprender “con peso legal” las acciones y trámites que decidan sobre estos proyectos mineros.

“El objetivo es defender nuestro territorio, apostar por la diversidad, por la salud pública, por un agua no contaminada. Y en base a eso, nos posicionamos en un no a la minería a cielo abierto”, sintetiza.

Consecuencias de la actividad minera para el entorno

La oposición al proyecto minero se basa en las consecuencias que podría tener para el entorno y la población de Almodóvar del Río y Posadas. “A nivel ecosistémico, lo principal podría ser la contaminación del agua. Y eso es contaminar la vida. Este proyecto está colindando, a unos cien o doscientos metros del pantano de La Breña”, señala Vicent sobre la posibilidad de que “los metales pesados acabaran afectando al entorno del paraje natural y el parque de Hornachuelos, pero también río abajo a las comunidades de regantes que usan agua de La Breña”.

Junto a ella, rechazan la minería a cielo abierto que se propone por las “grandes explosiones con dinamita y maquinaria, que acústicamente amenazarían” a la población y, a la vez, “elevarían gran cantidad de polvo en suspensión a kilómetros a la redonda, donde ya habitan personas”, en referencia a la calidad del aire que respirarían.

De igual manera, “de forma indirecta, se verían afectadas las actividades que se desarrollan en este entorno como ciclismo, senderismo o turismo sostenible, navegar en el pantano... Todo eso, en ese contexto, estaría en peligro”, advierte.

Con todo ello, el pistoletazo de salida de la creación de la plataforma es el primer paso, al que seguirá el registro como asociación y de sus estatutos ya elaborados, para poder actuar a nivel legal como entidad y presentar las alegaciones que consideren en las diferentes fases de la tramitación de los permisos para el proyecto minero de Calamón y “otros seis o siete” que, alrededor de ese principal, se proyectan en los términos municipales de Almodóvar del Río y Posadas, según han constatado los integrantes de la plataforma. Asimismo, seguirán recogiendo firmas y adhesiones para aunar a la población de estos municipios contra los proyectos mineros en la zona.

El municipio de Posadas ha inaugurado un nuevo espacio cultural centrado en el flamenco y dedicado al cantaor Luis de Córdoba. Con esta iniciativa, el ayuntamiento pretende reforzar la difusión del arte jondo y rendir homenaje a una de las figuras más destacadas del flamenco vinculadas a la localidad.

La Junta de Andalucía se ha referido a la situación vivida este miércoles en el centro de salud de Posadas, al que le corresponden cinco médicos de familia y un pediatra y que, por la mañana, solo estaba cubierto con dos facultativos que, además, tuvieron que dejar de atender sus consultas para acudir a unas urgencias, según denunció UGT.

Sobre ello, la administración autonómica ha explicado a este medio que actualmente el centro de salud tiene dos cupos de médico de familia descubiertos. De los tres restantes, uno de ellos pasaba consulta por la tarde del miércoles. Y precisa que, hasta febrero, sólo había un cupo descubierto, pero un interino ha pedido cambio de Unidad de Gestión Clínica y se ha movido a Villaviciosa.

Sobre la plaza de pediatría, que está descubierta también en el centro de salud de Posadas, la junta asegura que “en los próximos días se incorporará de nuevo el pediatra que cubría la plaza y se reanudará la actividad con normalidad”. Mientras, “la asistencia está cubierta gracias a las continuidades asistenciales que están haciendo la pediatra de Almodóvar y de la Unidad de Gestión Clínica La Carlota”.

Además, apunta la administración, se ha publicado recientemente una convocatoria extraordinaria para dar interinidades en varias unidades de gestión clínica del distrito sanitario Guadalquivir, entre ellas Posadas. Se está a la espera de que se resuelva esta convocatoria y ver si se puede cubrir con ella alguna plaza en el centro de salud de Posadas.

Delegadas de la sección sindical de Sanidad de UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba han denunciado la situación “dantesca” vivida este miércoles por la falta de personal en el centro de salud de Posadas, al que se habían trasladado dentro de las habituales visitas que realizan a los centros de trabajo para comprobar que todo transcurre con normalidad.

Desde la federación ugetista, su secretaria general de Sanidad, Mari Carmen Heredia “recordó que Posadas, al se una población de más de 5.000 habitantes, por ley, debe disponer en su centro de salud de una dotación de cinco cupos de médicos de familia y de, al menos, un pediatra”. Sin embargo, y según denuncian las delegadas ugetistas, a su llegada al centro se encontraron con que sólo había dos médicos de familia pasando consulta y no había ninguna persona en pediatría.

La circunstancia, “ya de por sí alarmante ante la falta de más de la mitad del personal médico de familia y de la persona responsable de pediatría”, se complicó en esos momentos ya que, señalan las ugetistas, “sobrevino una urgencia de prioridad 1 que obligó a uno de los médicos a personarse en un domicilio, y dejando el centro de salud con un único médico”.

“La circunstancia hubiese sido sólo alarmante si no hubiese sido porque un paciente que acudía a ser atendido, y que se encontraba en el vestíbulo, sufrió un colapso que obligó al único médico de familia que estaba atendiendo pacientes a salir de su consulta para socorrer a esta persona de emergencia”, continúan las delegadas ugetistas.

Aseguran que “la situación que vivimos fue dantesca, con profesionales con una sobrecarga de trabajo insoportable, un estrés elevado, y unos pacientes desprotegidos y asustados”. Según señalaron, finalmente tuvieron que abandonar el centro de salud y concluir la visita sin haber podido establecer una comunicación adecuada con los profesionales del mismo debido a las circunstancias de las que fueron testigos.

Mari Carmen Heredia ha denunciado que “situaciones de desprotección de profesionales y usuarios como esta se suceden de forma continuada y constante en el tiempo porque la Consejería de Salud incumple las normas establecidas de ratio de mínimos de personal por habitante, perjudicando a profesionales y a las personas usuarias y poniendo en peligro la atención sanitaria y de calidad de la misma”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado un espaldarazo al Ayuntamiento de Posadas al anular íntegramente una sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) al Consistorio maleno por vertidos contaminantes, argumentando que el municipio es víctima de un incumplimiento histórico de la Junta de Andalucía. Precisamente, el pasado mes de septiembre finalizó el plazo de alegaciones contra el proyecto para poner en marcha la depuradora.

En julio de 2024, la CHG impuso al Ayuntamiento de Posadas y a la sociedad cooperativa Covidesa, de forma solidaria, una multa de 7.918,40 euros. A esta cifra se sumaba la obligación de indemnizar al dominio público hidráulico con 2.146,18 euros por los daños causados.

Los hechos que motivaron la sanción fueron la detección de vertidos de aguas residuales procedentes de la red de alcantarillado municipal hacia el río Guadalquivir. Los análisis confirmaron la presencia de líquidos residuales de origen oleícola que carecían de la preceptiva autorización, suponiendo una infracción leve de la Ley de Aguas.

Frente a esta sanción, el Ayuntamiento de Posadas interpuso un recurso en el que aseguró que el municipio defiende que se halla en un “círculo vicioso” del que le resulta imposible salir. El Consistorio argumentó que no puede obtener la autorización de vertido porque no cuenta con el grado adecuado de depuración, una infraestructura que no tiene competencia ni capacidad económica para construir por su cuenta.

La sentencia del TSJA subraya que la ejecución de estas obras hidráulicas (EDAR y colectores) figura en el anexo del Acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se declararon de interés de la Comunidad Autónoma. Al no haberse ejecutado estas infraestructuras en más de una década, el tribunal ha considerado que el incumplimiento de la Junta “conduce, irremediablemente, a que el Ayuntamiento no pueda desarrollar sus competencias de depuración”.

Ante esta situación, el TSJA ha aplicado la doctrina del Tribunal Supremo sobre el “estado de necesidad” como causa de exclusión de la responsabilidad. Es decir, ante la falta de depuradoras, el Ayuntamiento solo tiene dos alternativas al vertido. La primera, retener las aguas residuales en los hogares, lo que pondría en “grave riesgo la salud de las personas”. Y la segunda, paralizar por completo la actividad industrial de la localidad, con el consiguiente daño económico.

Para el TSJA, el peligro para la salud pública y la economía local es “más real e inminente” que el daño medioambiental que se pretende evitar con la multa. Por ello, ha dictaminado que la conducta del Ayuntamiento no es sancionable al concurrir una causa de justificación.

Por otro lado, la sentencia aclara que la impunidad del Ayuntamiento no significa que el daño al río deba quedar sin respuesta, ya que la Ley de Aguas permite que el procedimiento sancionador se dirija contra la Junta de Andalucía al ser “la responsable última del incumplimiento por no realizar las obras de infraestructura que le corresponden”.

Con este fallo, el TSJA anula no solo la multa, sino también la obligación de indemnizar los daños, al entender que la responsabilidad civil en este caso de “estado de necesidad” se extiende a la población protegida y no debe recaer de forma punitiva sobre el consistorio.

El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, ha dado a conocer el calendario de los circuitos provinciales de duatlón y triatlón Diputación de Córdoba 2026, iniciativas que, según ha precisado, contarán con un total de diez pruebas repartidas “por toda nuestra geografía”.

De este modo lo ha señalado Martín en una nota, quien ha detallado que “en lo que respecta al IV Circuito de Duatlón y Triatlón de Menores, comenzará el 1 de marzo con el I Duatlón de Menores Gran Capitán Ciudad de Montilla, para continuar ya en verano, el 30 de agosto, con el V Triatlón Alfa- Kids”. “Esta iniciativa tendrá continuidad el 6 septiembre, de nuevo en Montilla, con su IV Triatlón Cross Ciudad de Montilla, y el 4 de octubre con el V Duatlón Cross Ars Olea Castro del Río”, ha matizado Martín.

En cuanto al Circuito de Duatlón y Triatlón de Adultos, este contará con seis pruebas, siendo la primera el XXI Duatlón de La Victoria (21 de marzo), para seguir con el II Duatlón Ciudad de Baena (19 de abril) y el XI Triatlón comarca del Guadiato (31 de mayo).

Asimismo, el delegado de Deportes de la Diputación ha indicado que se sumarán a estas pruebas el XIV Sierra Calima Posadas, con una nueva distancia TRI77 y su XXXVII Triatlón Califas de Hierra (14 de junio) y el IV Duatlón Cross Villa de Carcabuey (11 de octubre).

En definitiva, ha concluido Martín, “estos circuitos son una de nuestras apuestas más importantes, por lo que supone, no solo a nivel deportivo, sino también turístico y económico. Cada una de las pruebas que lo componen son una oportunidad para disfrutar el paisaje natural y urbano de la provincia”.

Por su parte, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Triatlón, Pedro Serrano, ha resaltado que “hay que seguir dando las gracias a los clubes y organizadores que con estas pruebas están dando visibilidad al deporte base, que es un pilar fundamental del deporte en general”.

En lo que respecta a las pruebas de adultos, Serrano ha remarcado que “hay pruebas cómo La Victoria y Posadas que son míticas por sus más de 20 y 30 ediciones ya cumplidas que hacen que nuestra provincia tenga gran calidad organizativa”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena al Ayuntamiento de Posadas para que abone 42.000 euros a un extrabajador municipal que terminó en situación de incapacidad permanente absoluta tras desarrollar una patología psicológica vinculada a un conflicto laboral.

La sentencia, a la que ha accedido este medio, ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento y ha ratificado el fallo del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba, que ya había reconocido el derecho del trabajador a percibir dicha cantidad como mejora voluntaria de la Seguridad Social.

Según recoge la resolución judicial, el exempleado prestaba servicios como personal laboral del Ayuntamiento de Posadas con la categoría profesional de dinamizador cultural. El Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció inicialmente, en abril de 2020, una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo por trastorno adaptativo mixto con síntomas depresivos y fobia.

Posteriormente, mediante sentencia judicial dictada en octubre de 2021, ese grado fue elevado a incapacidad permanente absoluta. En dicha resolución ya se señalaba que existió un “conflicto laboral que provocó la inicial baja médica del trabajador”, precisando que la incapacidad reconocida no se limitaba a un puesto concreto, sino que afectaba a la profesión en sentido amplio.

Tras el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta, el trabajador solicitó al Ayuntamiento el abono de la indemnización prevista en el Acuerdo Marco suscrito entre la corporación municipal y sus empleados. El Ayuntamiento desestimó inicialmente la solicitud, pero el Juzgado de lo Social estimó la demanda del trabajador y condenó al Consistorio al pago de la cantidad reclamada, decisión que ahora ha sido confirmada por el TSJA.

En su sentencia, el Alto Tribunal andaluz ha rechazado todos los motivos del recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento, incluidos los relativos a la supuesta necesidad de demandar también a la aseguradora y la petición de compensar la indemnización con un pago previo realizado al trabajador en 2017. La Sala ha considerado que la obligación derivada del convenio colectivo recae directamente sobre el empleador y que no se ha acreditado que los pagos alegados correspondan a conceptos homogéneos.

El TSJA ha concluido confirmando íntegramente la sentencia de instancia y condena al Ayuntamiento de Posadas al pago de las costas del recurso, incluidos los honorarios del letrado de la parte trabajadora, fijados en 600 euros más IVA, así como a la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Ecologistas en Acción ha denunciado a través de una nota de prensa el hormigonado de un camino en uno de los últimos parajes intáctos de Sierra Morena. Según la información disponible, los trabajos en el camino se desarrollan entre los términos municipales de Posadas y Hornachuelos, al pie de la Sierra Morena cordobesa, donde “existe un rincón donde aún existe una conexión viable entre la campiña y la sierra sin urbanizaciones fuera de cualquier planificación urbanística previa, ni instalaciones de plantas solares”. Es el camino público conocido secularmente como Paterna, reconocido y señalizado por la Diputación de Córdoba dentro del Programa Paisajes con Historia.

Según Ecologistas, es un itinerario diseñado para poner en valor lugares de alto interés natural, histórico y paisajístico de la provincia de Córdoba. El hormigonado de este camino, del que aún no se han hecho públicas las razones ni la documentación ambiental, “rompe el frágil equilibrio que ha permitido que este paisaje llegue prácticamente inalterado al siglo XXI”.

“Este mismo camino, hoy incluido en el catálogo oficial de la Diputación de Córdoba, está siendo hormigonado en uno de los espacios más intactos de transición/conexión entre el valle del Guadalquivir y las primeras estribaciones de Sierra Morena, un entorno donde todavía se conserva la esencia del paisaje cordobés en esta parte del escalón de Sierra Morena. Una franja de riqueza natural entre dos territorios que se completementa y retroalimentan de forma simbiótica”, denuncian.

El pavimento impermeabiliza y facilita el acceso de vehículos motorizados a un entorno que hasta ahora solo recorrían senderistas, ciclistas y algunos agricultores o ganaderos locales. La intervención “desvirtúa el sentido del Programa Paisajes con Historia, que debería servir para proteger los caminos tradicionales, no para transformarlos en vías encementadas”, aseguran.

El camino público de Paterna discurre entre el Camino Bajo de Hornachuelos y el Pilar de Paterna, atravesando un paisaje de enorme singularidad: la frontera natural entre los cultivos de secano de la campiña y el monte mediterráneo. “Es precisamente en este tipo de zonas de contacto donde se concentra una biodiversidad excepcional, con comunidades que aprovechan tanto los ambientes esteparios de la Campiña como los refugios forestales de la Sierra”, exponen.

En sus inmediaciones se han identificado territorios de águila perdicera, águila real, águila culebrera, águila calzada y búho real, especies que anidan dentro del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos y utilizan esta zona de transición/ecotonal para cazar. A ellas se suman aves esteparias como el aguilucho pálido y cenizo, la calandria, el alcaraván, el chorlito dorado o el elanio azul, además de mamíferos como zorros, ginetas, tejones y una rica comunidad de reptiles.

Además, la zona alberga también huellas históricas de gran valor, como el propio Pilar de Paterna, considerado una de las fuentes más valiosas de la provincia desde el punto de vista patrimonial y etnográfico. Por todo ello, la Diputación de Córdoba incluyó este recorrido dentro del programa Paisajes con Historia, concebido precisamente para conservar los entornos rurales más singulares de la provincia.

Para Ecologistas en Acción “no se entiende que existan caminos de titularidad pública en peor estado y con un uso social o agrícola mucho mayor en las cercanías de Posadas, y se elija precisamente, en plena zona de alto valor ecológico, para intervenir. Algo no encaja; carece de toda lógica”.

“A todo lo señalado, habría que añadir que en el inventario municipal de caminos públicos del Ayuntamiento de Posadas, el camino de Paterna consta con una anchura de 6 metros, y los trabajos de hormigón armado que se están realizando encima de su trazado son de 3,75 metros, produciéndose un estrechamiento y pérdida de dominio público, contradiciendo la propia legalidad vigente”, reiteran.

En consecuencia, la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Córdoba exige la paralización inmediata de cualquier actuación y la reposición a su estado original de lo ya actuado, además de la exposición pública de todos los informes técnicos y ambientales vinculados al hormigonado de susodicho camino público.

El teniente de la Guardia Civil al frente del operativo montado el 14 de septiembre de 2007 en el camino de Los Torilejos, en Posadas, ha ratificado este miércoles su actuación ante la magistrada del Penal número 4, que juzga la causa contra un grupo de ecologistas. Durante su declaración, ha manifestado como, según él, ocurrieron los hechos y, aunque al principio ha apuntado que el operativo “fue similar” al de otros viernes, después ha reconocido que hasta se triplicó el número de agentes desplegados por orden del entonces teniente coronel de la Guardia Civil de Córdoba.

Su testimonio se ha extendido durante más de una hora y media. En él, ha asegurado que este teniente coronel, durante la mañana de aquel viernes, le había ordenado “disponer de un operativo para evitar incidentes”. Tanto la jueza como varios letrados le han preguntado el motivo de este incremento de efectivos cuando en las concentraciones anteriores nunca había ocurrido nada. El teniente se ha limitado a afirmar que aquella fue una orden de su superior y que no la cuestionó, y ha señalado que, por aquel entonces, él desconocía “que el camino era público”. “Las órdenes eran que no se podía pasar a la finca”, ha puntualizado.

Anteriormente al día de los hechos, a las concentraciones que se hacían los viernes en este mismo punto solo acudían entre seis y siete agentes. Sin embargo, ese día se convocó un mayor número de efectivos: 17 agentes, de los cuales seis fueron enviados a custodiar la otra cancela de entrada de forma preventiva. Pormenorizadamente, el operativo incluyó 12 efectivos de la Sección de Intervención Rápida (SIR), más una patrulla del Seprona de Hornachuelos, además del teniente, su conductor, la mujer de este y dos agentes de información. Según su testimonio, otra orden dada por el teniente coronel de Córdoba era que “no se hiciera alarde de fuerza para no exaltar los ánimos” de las personas que allí se fueran a congregar.

Así ocurrieron los hechos, según el teniente

Los agentes llegaron a pie de la cancela alrededor de las 18:30. A partir de las 19:00, la gente comenzó a concentrarse. El teniente ha declarado que en el lugar había “unas 60 o 70 personas”. Los seis agentes de la SIR cubrieron la parte exterior de la cancela y el resto permaneció dentro de la finca con los vehículos.

El punto de inflexión, según ha manifestado, se produjo con la llegada de tres de los acusados, quienes “se pusieron al frente de los concentrados” e iniciaron la protesta reivindicando la situación de la cancela. El teniente salió de la cancela y se dispuso a hablar con dos de ellos, quienes, a su vez, le trasladaron que era “ilegal o irregular que la Guardia Civil defendiera una propiedad privada” cuando por ahí discurría un camino público.

Seguidamente, otro de los acusados habría tomado la palabra, “exaltando los ánimos”. El teniente ha testificado que esta persona, incluso, dijo que, “si era necesario, se asaltaría a la valla”. Tras ello, este hombre, supuestamente, “gritó ¡al asalto!” y comenzó una agresión “con palos y algún paraguas”.

Ante la imposibilidad de acceder por la cancela, este hombre y otras personas, con unos alicates, “cortaron la alambrada de la finca colindante y se escondieron entre la maleza”. Tras esto, comenzó “una lluvia de piedras que duró unos diez minutos”. El teniente ha declarado que también se tiraron ladrillos y ha planteado la posibilidad de que los manifestantes trajeran esas piedras en las mochilas porque “no se encuentran en la zona”. En un momento dado, ordenó a los que estaban a su alrededor que se metieran en los coches, lanzando dos botes de humo hacia el lugar de donde provenían las piedras. Este hombre, que ahora es comandante, ha estimado que en esta trifulca participaron unas 20 personas.

Sobre si puede identificar a los agresores, ha asegurado que “no porque estaba oscuro”, aunque sí ha reconocido quién cortó la alambrada. El operativo se quedó en la finca hasta pasadas las 22:30 horas, y algunos guardias gravemente heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios.

En respuesta a las preguntas de algunos letrados, ha dicho que de aquel día no hay vídeos de la intervención como sí los hay del resto de las concentraciones que se hacían los viernes. Preguntado por el motivo de la ausencia de estas pruebas documentales, ha asegurado que de él no dependía, “sino del servicio de información”. Por último, ha apuntado que los agentes no llevaban armas oficiales, sino solo un fusil con una bocacha en cinco vehículos, y no se tiraron pelotas de goma.

El municipio de Posadas será protagonista en el mes de noviembre de una ruta por las mejores tapas de la hostelería local, donde se podrán degustar elaboraciones que entrarán en concurso y competirán por los premios de la Ruta de las Tapas Posadas Gourmet 2025. En el evento, serán premiados los establecimientos con las mejores tapas y también concursarán por un premio los comensales que realicen la ruta.

Según las bases de la convocatoria de este concurso, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia esta semana, podrán participar todos los bares, cafeterías, restaurantes y demás empresas de hostelería de Posadas que se inscriban en el plazo establecido y cumplan los requisitos de disponer de servicio de cocina y estar al día de sus obligaciones legales.

La ruta se celebrará del 14 al 16 de noviembre con los objetivos promocionar y potenciar la actividad de restauración entre el empresariado de este sector, dar a conocer la variedad gastronómica de Posadas como recurso turístico, potenciar los productos de la tierra, apoyar al sector empresarial en sus iniciativas de promoción turística, impulsar la calidad de la oferta gastronómica y propiciar el acercamiento a una mayor profesionalización del sector en la localidad, según establecen las bases del concurso.

Categorías y premios

La Ruta de las Tapas Posadas Gourmet establece distintas categorías y premios. El premio a la Mejor Tapa Popular se concederá por importe de 150 euros y un diploma certificando que el establecimiento ha sido el ganador a la Mejor Tapa Popular de la Ruta de las Tapas Posadas Gourmet 2025, a quien consiga la tapa más votada por el público participante a través del tapaporte -el pasaporte de tapeo en la ruta-. El jurado será el encargado de realizar el recuento de los votos otorgados a los establecimientos participantes por el público asistente, al finalizar la ruta de las tapas.

En otra categoría se otorgará el premio a la Mejor Tapa Profesional: se concederán tres premios a las tres mejores tapas seleccionadas por el jurado, con 400 euros más placa y diploma acreditativo para el primer puesto; 300 euros más diploma acreditativo para el segundo puesto; y 200 euros más diploma acreditativo para el tercer puesto.

En la categoría de Mejor Presentación se concederá un premio por importe de 100 euros a la tapa que, según criterio del jurado, tenga la mejor presentación. Y habrá un premio a la Mejor Tapa Sin Presencia de Alérgenos, seleccionada por el jurado y con 150 euros, enfocando esta categoría a las personas con algún tipo de intolerancia alimentaria.

Premio para los ruteros participantes

Además, la Ruta de las Tapas Posadas Gourmet incluye dos premios consistentes en dos vales por importe de 70 euros cada uno para canjear en los establecimientos participantes en la ruta de las tapas hasta el 31 de diciembre de 2025 y podrán concursar por ellos los ruteros/as cuyo tapaporte resulte seleccionado mediante sorteo público que tendrá lugar el lunes 17 de noviembre a las 12:00, en el Centro de Iniciativa Empresarial de Posadas.

A los efectos del sorteo solo se considerarán válidos los tapaportes que contengan, al menos, seis sellos de establecimientos diferentes, mención al premio a la mejor tapa popular y, el nombre y el teléfono de la persona participante. Los tapaportes serán depositados en una urna colocada al efecto en la Portería de la Jefatura de la Policía Local hasta las 00:00 del domingo 16 de noviembre.

Se celebrará un acto con todos los establecimientos que participen en la Ruta de las Tapas donde se hará la entrega de los premios y diplomas acreditativos de participación a todos los establecimientos de la Ruta de las Tapas Posadas Gourmet. Los premios podrán ser acumulables entre sí para los establecimientos participantes.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha iniciado este miércoles el juicio contra 15 vecinos de Posadas que protestaron ante una cancela que cortaba el camino público de los Torilejos. Este día llega 18 años después de que se produjeran los hechos, el 14 de septiembre de 2007, y después de que la jueza haya aceptado la reducción de pena solicitada para los acusados por la acusación particular, hecho motivado por la incomparecencia de un acusado. Ante ello, y con las penas que pedía este letrado, el juicio no podía celebrarse. El abogado, entonces, ha solicitado rebajar la petición de pena de prisión para este acusado y, por ende, al resto, adaptando su calificación a lo que recoge el Código Penal. Cinco de los nueve acusados se han opuesto a que esto ocurriera.

Este procedimiento judicial sienta en el banquillo a 15 acusados, algunos de ellos, de edad avanzada. Se les acusa de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. Antes de iniciar el juicio, la abogada del acusado ausente ha planteado resolver la incomparecencia de su defendido, para lo que solo había dos opciones: que el juicio se suspendiera o que la acusación particular -que representa a 12 guardias civiles- rebajara la petición de prisión a los procesados. El Código Penal recoge que los acusados deben estar presentes en los juicios, pero hay excepciones.

En este caso, la acusación particular como el Ministerio Fiscal han sostenido que si por cada delito se piden dos años de prisión y el cómputo total no excede de cinco, la vista puede celebrarse. Así las cosas, la acusación a la que se enfrentan los acusados -entre los que se encuentra el incompareciente- es de un año de prisión por desórdenes públicos, dos años de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad y otro, por lesiones. El Ministerio Fiscal se ha unido a estas modificaciones, cumpliendo entonces lo que establece el Código Penal.

Sin embargo, la acusación no ha rebajado la pena de prisión solicitada por otro delito de atentado contra tres de esos acusados, manteniendo tres años de cárcel. Antes de que la jueza comunicara su decisión, cinco abogados se han opuesto a que se tuviera en cuenta esta reducción de la pena solicitada. Uno de ellos ha sido el letrado que defiende a los tres procesados a los que no se les ha reducido la pena por el segundo delito de atentado. “Este cambio sorpresivo causa indefensión porque no hay un argumento para la rebaja de las penas”, ha argumentado, sumándose a ello mismo otros cuatro letrados. Uno de ellos ha llegado a decir que, “más que un juicio, esto parece una sala de bazar”. Y ha ido aún más lejos, asegurando que “como este acusado pille un buen abogado de Madrid o de Barcelona, hará que nos duela la cabeza”.

Aunque el acusado en cuestión no ha comparecido, sí lo ha hecho su abogada -del turno de oficio-, quien no se ha opuesto a esta reducción de la pena solicitada, pero sí ha comprendido la queja de sus compañeros de profesión. En uno de sus turnos de intervención, esta letrada ha explicado que le ha sido “imposible” comunicarse con su cliente. Dada esta situación, ha asegurado que no podía ejercer “una defensa con todas las garantías” y ha anunciado su intención de solicitar la renuncia formal ante el Colegio de Abogados, dejando constancia de la dificultad de preparar la defensa sin contacto con su defendido.

Tras tomar la palabra, la jueza ha acordado la celebración de la vista para no prolongar más el procedimiento. En ese sentido, ha dicho que el acusado ausente ha sido debidamente citado y su defensa conocía los señalamientos fijados, por lo que no existía “justa causa” para suspender la vista nuevamente. Para la magistrada, la modificación de las penas solicitadas por la acusación no constituye un agravio para los demás acusados, sino una medida procesalmente válida que permite continuar con la celebración del juicio. Por último, ha defendido la calidad de los abogados de Córdoba.

Prescripción de los delitos

Una vez solventada esta cuestión, durante las cuestiones previas, los abogados de ocho de los acusados han solicitado la prescripción de los delitos, alegando que entre las primeras diligencias judiciales (2008) y el auto de procesamiento (2016-2017) transcurrieron más de siete años sin actuaciones efectivas, lo que podría extinguir la responsabilidad penal.

Otros letrados han denunciado errores de identificación, ya que algunos de sus clientes fueron confundidos con otros manifestantes durante los disturbios. Además, han reclamado la admisión de pruebas documentales y testificales que habían sido previamente denegadas.

Por otro lado, la acusación particular ha comunicado también el fallecimiento de uno de los guardias civiles personados, que murió, en noviembre de 2024, y la subrogación procesal de su esposa e hijo mayor de edad, quienes continuarán en el procedimiento en los mismos términos que su familiar fallecido.

El 14 de septiembre del año 2007 era un viernes más para un numeroso grupo de ecologistas, ganaderos y vecinos de Posadas. Como venían haciendo en los últimos fines de semana, acudían al conocido como camino de los Torilejos, una vía pecuaria de titularidad pública que estaba cortada por una valla. La familia Sánchez Ramade, unos empresarios muy importantes entonces pero cuya fortuna se vino abajo con la crisis inmobiliaria del año siguiente, había ordenado la instalación de la valla para evitar el tránsito junto a su finca privada. Desde hacía meses, pugnaba en los tribunales con estos grupos de ecologistas que reclamaban que la valla era ilegal y que debía retirarse.

Pero aquel viernes los manifestantes se encontraron con que la valla estaba protegida por un nutrido grupo de guardias civiles. Las defensas de varios de los ecologistas aseguran que a diferencia de protestas anteriores, los agentes no les estaban grabando, sino esperando. Y pronto comenzaron los disturbios. Los agentes protegieron la valla y pronto cargaron contra los manifestantes, que como cada día de protesta querían acudir lo más cerca posible. Las cargas policiales se extendieron por el campo, por casi todo el término municipal de Posadas y hasta dentro del pueblo. Incluso al día siguiente.

Aquella jornada acabó con detenidos y hasta guardias civiles heridos. Uno de ellos perdió un ojo. Uno de los arrestados fue desterrado de su pueblo por orden judicial y se tuvo que marchar a vivir a otro municipio cercano. El objetivo era que no siguiera alentando más manifestaciones. Este miércoles, 18 años después, está previsto que 15 de los detenidos se sienten por primera vez en el banquillo de los acusados. Lo harán en el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, en un juicio que debía haber comenzado hace años, pero que se ha ido retrasando y retrasando. Unas veces, por enfermedad de abogados. Otra, por recursos y recusaciones. También incluso por la falta de espacio para acoger a todos los acusados y sus abogados. E incluso por la no disponibilidad de micrófonos suficientes.

18 años después, los 15 de Torilejos se enfrentan a una pena de prisión que no supera los dos años de cárcel por cabeza. Se le acusa de delitos de desórdenes públicos, de atentado contra la autoridad y de lesiones. En este tiempo, uno de los guardias civiles heridos, y principal testigo de la Fiscalía, ha fallecido.

Lo que ocurrió en Posadas sí que tiene una condena, pero no por la protesta, sino por lo que pasó en un bar horas después, cuando la Guardia Civil acudió a identificar a varios de los sospechosos. Entonces hubo cargas y peleas, que acabaron con cuatro personas identificadas y posteriormente condenadas a entre 18 meses de cárcel y a tres años de prisión por atentado contra la autoridad. Esta sentencia llegó diez años después de los hechos. 

Las defensas reclaman la libre absolución

Tras 18 años procesados, con el horizonte de sentarse en el banquillo de los acusados y acabar siendo condenados, ahora los abogados de los ecologistas y vecinos de Posadas reclaman la libre absolución. No solo por las dilaciones del proceso, que también, sino por cómo se ha desarrollado.

Uno de los abogados de tres de los acusados es el letrado cordobés Javier Vilaplana. A pesar del tiempo que ha pasado y sobre todo teniendo en cuenta que el camino era público y la protesta, por tanto, defendía el interés general, el abogado sostiene que “no ha quedado definido quién atacó a quién”. Asegura que muchas de las identificaciones se produjeron por grabaciones anteriores, y no del día de los hechos, en el que hubo órdenes de no filmar lo sucedido por parte de la Guardia Civil.

También asegura que hubo una “extralimitación” policial ya que los agentes “cargaron sin motivo”. Además, sostiene que hubo agentes que presentaron las mismas lesiones tanto en los sucesos de la cancela como en los posteriores del bar, ya juzgados y condenados.

El caso ha llevado a dos vocales de la Sección de Vías Pecuarias del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad Castellana de Madrid, Hilario Villalvilla Asenjo y Luis de Andrés del Pozo, a presentar un escrito dirigido al Juzgado en el que se reclama la absolución de todos los acusados. El escrito asegura que “los vecinos encausados defendieron en todo momento la legalidad vigente en materia de defensa de la propiedad pública del suelo del Camino de dominio y uso público de Los Torilejos que había sido cerrado ilegalmente por el propietario de un predio particular” e incluso invoca a dos artículos de la Constitución, el 19 y el 45.

Los abogados han pedido la declaración como testigo del que entonces era subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, del PSOE. En su momento, este político fue reprobado por el Ayuntamiento de Posadas, junto al exalcalde Guillermo Benítez y al ex delegado de Medio Ambiente de la Junta, Luis Rey, todos socialistas.

Un camino público

El camino de Torilejos es una histórica vía pecuaria que une los pueblos de Posadas y Almodóvar del Río a través de Sierra Morena. Desde que el Tribunal Supremo le diese la razón a la administración, la cancela está desmontada y el camino abierto.

Actualmente, esta vía pecuaria sigue siendo utilizada por los ganaderos trashumantes de la zona, cada vez menos. Pero especialmente por senderistas y ciclistas, como un acceso al sotomonte de Sierra Morena y al entorno del embalse de La Breña II. Desde que se retiró no ha habido ningún incidente.

Como una especie de fiebre del oro, en la provincia de Córdoba se está produciendo una lluvia de permisos de investigación para explorar la viabilidad de la apertura de nuevas minas, especialmente en Sierra Morena. El último proyecto de investigación concedido por parte del Gobierno andaluz se localiza al norte de Posadas, entre la Sierrezuela y la carretera que une a este municipio con Villaviciosa.

El permiso de investigación, denominado Posadas, ha sido concedido a Tharsis Nuevas Exploraciones S.L. (TNE). Inicialmente solicitado el 29 de marzo de 2021 para 51 cuadrículas mineras (1.538,2 hectáreas), el área de investigación se ha reducido a 34 cuadrículas mineras (1.025,4 hectáreas). El proyecto busca explorar metales base, preciosos y minerales críticos (CRM) en esta zona. El periodo de investigación está previsto para tres años.

Actualmente, no se conocen indicios mineros directamente dentro del perímetro del permiso, ya que este corresponde en su práctica totalidad a materiales de cobertera sedimentaria que cubren las rocas prospectivas del basamento paleozoico. Sin embargo, a su alrededor, se han encontrado indicios minerales de plomo, zinc, plata y cobre, los cuales se cree que podrían tener continuidad geológica bajo la cobertera cenozoica dentro del Permiso.

Tharsis Nuevas Exploraciones S.L., para trabajos específicos, subcontratará a empresas especializadas. Entre los colaboradores clave se encuentran Xcalibur MPH Spain S.L. para geofísica aerotransportada y Gaia Exploración, S.L. para diversos métodos geofísicos de superficie. La coordinación de sondeos y movimientos de tierra correrá a cargo de Magtel, la cual, a su vez, cuenta con el apoyo de varias empresas de perforación. El presupuesto para los tres años está detallado por partidas, y la financiación se realizará con fondos propios de los socios de Tharsis Mining, que son los mismos socios del Grupo Magtel.

El proyecto ha identificado cuatro Hábitats de Interés Comunitario (HIC) en el área de estudio. Además, parte del entorno próximo forma parte de la Red Natura 2000, concretamente la Zona de Especial Conservación (ZEC) Guadiato-Bembézar, un espacio de más de 114.000 hectáreas dominado por bosque mediterráneo con especies de flora y fauna relevantes, como el lince ibérico, el lobo, el águila imperial ibérica y el buitre negro. El proyecto también cruza varias vías pecuarias como la Vereda de Villaviciosa y el Cordel del Veredón de Morales.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico ha resultado herido en la mañana de este martes después de un accidente y que el infractor se diese a la fuga, tal y como ha adelantado Diario Córdoba y ha confirmado fuentes del cuerpo a Cordópolis.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 9:40, en el tramo de la A-431 que compende las localidades de Posadas y Almodóvar del Río, en dirección a Córdoba. El agente de la Guardia Civil trato de adelantar a un turismo y otro automóvil inició otro adelantamiento, provocando que el efectivo tuviese que frenar, derrapase y se saliera de la carretera.

Pese a la brusquedad del hecho, el guardia civil estaba consciente y fue trasladado en ambulancia.

El Ayuntamiento de Posadas ha elevado a definitivo el acuerdo de aprobación de la modificación del reglamento de régimen interno de su piscina municipal, tras finalizar el plazo de presentación de reclamaciones y sugerencias. Este nuevo reglamento incluye una novedad significativa y que no aparece en el anterior reglamento, de 2015: la autorización de la práctica del toples siempre y cuando no sea en zonas de tránsito común o áreas destinadas a restauración. El consistorio maleno toma los pasos del Ayuntamiento de Córdoba, que autorizó hacer toples a partir del año pasado en zonas habilitadas en el interior de sus piscinas municipales.

Esta disposición se enmarca dentro de un conjunto de normas diseñadas para regular el uso y funcionamiento de la piscina, buscando promover la práctica acuática de forma individual y saludable, sin distinción de edades, y fomentar el aprendizaje y la vertiente competitiva de la natación. El consistorio maleno justifica la existencia de este reglamento destacando los beneficios del deporte y la natación para la salud física y psíquica de la población, así como para la recreación y la ocupación del tiempo libre.

Además de la autorización del toples en las zonas autorizadas, el reglamento establece una serie de normas y prohibiciones para garantizar la convivencia, la higiene y la seguridad de todos los usuarios. Entre ellas, se destaca la obligatoriedad de usar ropa de baño adecuada y ducharse antes de acceder a la zona de baño, así como el uso de gorro de baño y chancletas en la piscina cubierta. Se prohíbe el acceso a personas con enfermedades infectocontagiosas o heridas abiertas, salvo informe médico.

En cuanto al nudismo integral, el reglamento es claro: “Se prohíbe su práctica tanto en la piscina cubierta como al aire libre”. Sin embargo, el mismo punto añade una salvedad importante: “Sin perjuicio de lo cual el Ayuntamiento se reserve la posibilidad de habilitar horas específicas y exclusivas para tal efecto”. Esto implica que, aunque la práctica general está vetada, el consistorio podría designar momentos concretos para permitirla.

También se prohíbe la entrada de animales, con la excepción de perros guía según la ley aplicable, y la introducción de objetos de cristal o sustancias peligrosas. Los usuarios deben seguir en todo momento las indicaciones del personal de la instalación, incluidos los socorristas/monitores. El reglamento también aborda la regulación del acceso para menores, requiriendo acompañamiento para los menores de 11 años y, en ciertos casos, autorización escrita para los de 12 a 14 años.

El incumplimiento de las normas puede acarrear sanciones que van desde apercibimientos por escrito o multas de hasta 300 euros para faltas leves, hasta la pérdida de la condición de usuario por varias temporadas o multas de hasta 3.000 euros para infracciones muy graves.

Once de los doce partidos judiciales de Córdoba (todos, menos los de la capital) cambiarán su funcionamiento el próximo 1 de julio con la entrada en vigor de la primera fase de la llamada Ley de Eficiencia, un proceso que ha sido calificado por “la mayor transformación del servicio público de Justicia en las últimas siete décadas”, según el consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto.

La reforma, que se está realizando con financiación exclusiva de la Junta de Andalucía —más de 57 millones de euros en toda la comunidad—, implica una reorganización estructural: se sustituye el modelo tradicional de juzgados unipersonales, dirigidos por jueces, por órganos colegiados con unidades jurídicas nuevas y servicios comunes de tramitación. Solo Córdoba capital queda fuera, de momento, hasta el 31 de diciembre, cuando concluye la tercera fase del proceso.

El impacto en la provincia no es solo estructural, también afecta al personal. Córdoba verá incrementada su plantilla judicial con 8 nuevos funcionarios, lo que eleva el número total de efectivos de 173 a 181. Esta ampliación forma parte de las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) negociadas con los sindicatos en los últimos seis meses.

Los refuerzos se distribuyen así:

Además, en Palma del Río se desarrollará un proyecto piloto para convertir su nueva Oficina de Justicia en un punto de apoyo que descongestione los juzgados de Posadas y permita a los ciudadanos realizar hasta el 85% de los trámites judiciales sin necesidad de desplazarse.

También se transforman los juzgados de paz en Oficinas de Justicia en los municipios, especialmente en aquellos con más de 7.000 habitantes, donde los funcionarios podrán tramitar directamente expedientes judiciales dentro de sus partidos judiciales de referencia.

La comarcalización de los servicios de violencia de género y sexual

El consejero Nieto ha aprovechado para denunciar la falta de apoyo del Ministerio de Justicia en esta reforma, que —según sus palabras— “ha sido tramitada sin consenso con las comunidades autónomas” y ha obligado a Andalucía a asumir en solitario los costes económicos y de gestión. También ha criticado la “errónea comarcalización” del Servicio de Violencia sobre la Mujer, que agrupa Montoro, Lucena y Posadas bajo el Partido Judicial de Córdoba, una decisión que, a su juicio, ignora la geografía y densidad poblacional del territorio.

La Junta ha solicitado la especialización de más órganos judiciales en violencia de género, pasando de los actuales diez jueces especializados a 22 en toda Andalucía, tras comprobar que otras comunidades, como Cataluña, han recibido 60 nuevos jueces frente a cero en Andalucía.

Por último, Nieto ha mostrado su preocupación por la huelga de jueces y fiscales convocada para los días 1, 2 y 3 de julio. “Esta huelga daña la imagen de la Justicia en Europa y espero que, en el tiempo que falta, haya un acercamiento entre las partes”, ha deseado.

La provincia acogió este fin de semana el clásico Triatlón de Posadas, siendo la tercera prueba puntuable del Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón Diputación de Córdoba 2025, la cual, como ya es tradición, ha albergado dos modalidades. Por un lado, el decimotercer Calima Desafío Posadas, donde han vencido Sergio Ortiz y Patricia Bueno.

El triatleta de La Carlota se impuso en la clasificación general de la prueba gracias a un tiempo en meta de 3:35:24, seguido de Gonzalo Garvey y José María Jiménez, quienes pararon el crono en 3:41:29 y 3:42:29 respectivamente. Entre las féminas, Bueno ganó con 4:14:22, acompañada en el podio por Elia Roda (4:16:47) y Eva Rodríguez (4:28:15).

Por su parte, la competición también albergó el trigesimosexto Califas de Hierro, donde venció Diego Ladera con un tiempo de 1:00:05, siendo plata Hugo Osuna (1:03:24) y bronce José Carlos López (1:03:31). La montillana Laura Núñez ganó en la modalidad femenina con 1:13:34, aventajando a Austeja Denisovaite (1:15:46) e Irene Cabrera (1:16:14).

La mujer que desapareció en Posadas durante la tarde de este sábado ya ha sido localizada, según fuentes municipales del Consistorio maleno.

La localización se produjo a lo largo de la pasada noche en Hornachuelos y la mujer se encuentra en perfectas condiciones. Desde las 18:30 de este sábado, la Guardia Civil, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Posadas activaron un protocolo de búsqueda para localizar a esta mujer después de que un familiar diera la voz de alarma.

La búsqueda comenzó en el Parque Periurbano La Sierrezuela, donde se le perdió la pista. Este parque que se encuentra al norte del casco urbano de Posadas, es fácilmente accesible desde la carretera A-431 y su extensión es de casi 400 hectáreas.

El Circuito Cordobés de Carreras Populares 2025 continuó este domingo con la disputa de la quinta edición de la San Isidro Running de Posadas, que hizo que algunos de los mejores atletas de la provincia se desplazaran a dicha localidad para seguir sumando kilómetros en sus botas. En este sentido, Jose Said Kiamouch y Cristian García fueron los primeros en cruzar la línea de meta en sus respectivas modalidades del circuito de ocho kilómetros dispuesto por la organización.

El corredor del Trotasierra fue el mejor en la general con una marca de 28:37, seguido en lo más alto del podio por Raúl Domínguez (CD Raíces) y Juan Carlos Nieto (CT Al-Fanadic), con 29:20 y 29:31 respectivamente.

Entre las féminas, el triunfo fue igualmente para el club de Hornachuelos, ya que García hizo un 34:49. Además, hubo doblete femenino para el Trotasierra, con Lisa Esquivel siendo segunda con una marca de 35:57. El bronce fue para Inma Rivera (Virgen de Belén) con 37:53.