El año pasado, en un verano marcado también por los incendios y las olas de calor, un grupo de entidades en las que se encontraban Juventud por el Clima, Barrios por el Clima y Ecologistas en Acción, impulsaron una acción para dar salida a la creciente inquietud de la población por la falta de adaptación de nuestras ciudades a la emergencia climática. La Termometrada Estatal 2025 consistió en la toma de temperatura simultáneas en “infiernos” (plazas duras, con suelo no permeable y sin árboles), y “paraísos” (zonas bien arboladas y con suelo natural, hierba o tierra).

Con la implicación de multitud de colectivos, asociaciones vecinales, AFAs o centros de mayores se logró tomar mediciones en 150 zonas de 43 municipios y 24 capitales de provincia a lo largo y ancho de todo el estado. La medición arrojaba como resultados una diferencia media estatal entre infiernos y paraísos de 1,5ºC. Diferencia que en algunos puntos de Córdoba podían incrementarse hasta los 4ºC en Valdeolleros o los 3 ºC en otros barrios, como Ciudad Jardín, Puerta de Almodóvar o Santuario. Al tiempo que atestiguaban que las noches tórridas, aquellas con temperaturas superiores a los 25ºC, no se daban en los lugares calificados como paraísos, si no en los que tenían suelo duro y sin vegetación (infiernos).

Tras el éxito de la anterior convocatoria, esta iniciativa, reforzada con la incorporación de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, la Alianza por el Clima, Greenpeace e Intermon-Oxfam, han lanzado una nueva convocatoria este año: el Ecomapeo Estatal – Aquí falta un árbol, con la que buscan medir un elemento clave como la falta de arbolado urbano. Ya que, según Rodrigo Blanca, uno de los organizadores, “el arbolado urbano no sólo reduce la temperatura y mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a reducir el ruido, o reduce el estrés y la presión arterial de las personas, siendo un elemento esencial para mejorar la salud y el bienestar de la población en general”.

En concreto el mapeo tendrá lugar el 3 y 4 octubre, y consistirá en señalar, compartiendo la ubicación del móvil en una web especialmente diseñada para ello, “alcorques vacíos”, sin árboles, “tocones o árboles secos”, incluidos en parques, y “alcorques asfixiantes”, aquellos cubiertos con cemento “drenante”, aquellos en que el tronco ocupa su totalidad o en los que el árbol está fuera o en el límite del mismo. Esta acción se llevó a cabo en Córdoba en 2020, y en una mañana la vecindad identificó 2.400 alcorques vacíos en la ciudad. Ahora pretenden replicar esta experiencia en diversos municipios del Estado.

Para la organización la preocupación por la falta de adaptación de los entornos urbanos y el papel esencial del arbolado es manifiesta, en la medida que informan que en apenas una semana se han sumado al mapeo 600 personas de más de 120 municipios (22 capitales de provincia) y más de 160 asociaciones.

Así afirman: “ante los cada vez más recurrentes eventos climáticos extremos, olas de calor, incendios o DANAS, y dada la ausencia de respuesta institucional acorde a la gravedad de la emergencia climática, este tipo de acciones, concretas y propositivas, nos permite canalizar nuestra inquietud y actuar. Con los resultados de este mapeo trasladaremos una propuesta a cada municipio para exigir mejoras importantes en el arbolado urbano”.

El próximo miércoles 29 de julio a las 21:00 habrá una actividad en la Plaza de las Artes que ayude a refrescarse un poco para soportar mejor las altas temperaturas. Con el título “Flis flas. Fresquitas a fin de mes” la AV Diana y Ecologistas en Acción, con el apoyo de Siempreviva, convocan a la ciudadanía a asistir con sus pulverizadores y pistolitas de agua para una “peleílla acuática”. “El verano en Córdoba es sinónimo de mucho calor. Con esta acción ciudadana, además de pasar un rato ”refrescante“ y divertido para una tarde-noche de verano, en convivencia y de manera alegre, queremos expresar la necesidad de que nuestros barrios dispongan de espacios donde poder estar y combatir las sucesivas olas de calor”, expresan desde el colectivo vecinal.

Entre estas medidas de ciudad, Parque Fidiana por el clima plantea la necesidad urgente de aumentar la cantidad de piscinas públicas asequibles, prestando especial atención a los barrios más vulnerables. Aumentar y mejorar la planificación y el cuidado del arbolado y las zonas verdes, además de incluir juegos de agua o lugares para refrescarse como por ejemplo Madrid Río u otras muchas ciudades. Mejorar y ampliar la red de Refugios climáticos, así como aumentar la superficie de suelo permeable, instalar toldos, y estudiar la manera de que las fuentes para beber tengan agua más fresca.

El trabajo que viene realizando Parque Fidiana por el clima está permitiendo hacer estudios de campo en el barrio para proponer actuaciones que lo hagan más habitable. Frente a la tercera ola de calor, la ciudad continúa sin disponer de respuestas eficientes para la seguridad de quienes la habitan. El asfalto, la escasez de arbolado, una deficiente red de refugios climáticos, la escasez de fuentes con agua fresca o la pérdida de espacio público son factores que empeoran la calidad de vida de cordobeses y cordobesas.

Frente a estas deficiencias, numerosas personas, asociaciones y plataformas de la ciudad vienen planteando propuestas de mejora. “Confiamos en que el Ayuntamiento atienda a quienes padecemos los estragos del calor y tome medidas reales, especialmente cuando nos llegan momentos tan asfixiantes como el alargado verano que vivimos en Córdoba. Nosotras seguiremos empujando para conseguir estas mejoras, de ahí que el cartel exprese Revuelta ciudadana contra el calor”, reclama la organización. “Revindicar nuestro derecho a un espacio bien dotado de sombras no está reñido con hacerlo de forma alegre y divertida”, continúan. La actividad terminará con un rato de convivencia en los Jardines de la Memoria con una cena compartida.

Ante las temperaturas extremas que vuelve a sufrir nuestra ciudad, desde el Partido Verde (Verdes EQUO) lamentamos que las medidas municipales sigan siendo insuficientes y excesivamente dependientes de soluciones de parche que, lejos de resolver el problema, aumentan el consumo energético y la huella de carbono. El Sr. Bellido y su equipo de gobierno no se han enterado que el clima ha cambiado.

Para nuestra formación, la adaptación de Córdoba al cambio climático no es una opción, sino una urgencia. Ana María Carnero, coportavoz del Partido Verde en Córdoba, apunta a que “no podemos seguir tratando el calor como un evento extraordinario cuando es nuestra realidad cotidiana. La ciudadanía cordobesa se está enfrentando a un riesgo real para su salud y necesitamos pasar de la improvisación a una verdadera transformación estructural que ponga la vida en el centro”.

Por su parte, Salustiano Luque, coportavoz provincial de la formación, añade que “la solución ante las olas de calor no es depender exclusivamente del aire acondicionado, que a menudo es un privilegio que no todos pueden pagar, sino transformar la ciudad. Necesitamos recuperar la sabiduría bioclimática de nuestras calles y apostar por soluciones basadas en la naturaleza, como el arbolado y las zonas de sombra, que reduzcan la temperatura de forma natural y efectiva”. Concluye comentando que “consideramos esencial recuperar, ampliar y extender el Plan Axerquía Verde a toda la ciudad. Este proyecto planteaba, hace años, la arborización intensiva, la naturalización de espacios degradados y la mejora de la permeabilidad del suelo, en el Casco Histórico, para hacer frente a la emergencia climática garantizando que Córdoba fuese una ciudad resiliente frente al calor extremo”

Desde el Partido Verde proponemos un modelo de ciudad resiliente que apueste por una Córdoba habitable y saludable. Para lograrlo, planteamos la creación de una red de refugios climáticos verdes, mediante la implementación de espacios públicos arbolados y fuentes de agua potable, priorizando siempre los barrios más vulnerables. Como parte fundamental de esta estrategia, impulsaremos un plan de revegetación masiva que incentive fiscalmente la instalación de cubiertas vegetales y jardines verticales, ya que la vegetación es clave para refrescar el ambiente, purificar el aire y reducir el efecto “isla de calor”, además de la plantación de más árboles junto a transformar plazas y calles en permeables. En lugar de grandes superficies de asfalto, tal como tenemos en la actualidad, que absorben calor, utilizar pavimentos drenantes que permiten que el agua se filtre al subsuelo, manteniendo la humedad ambiental. Asimismo, trabajaremos en la transformación de los patios escolares en espacios bioclimáticos, reemplazando el asfalto por superficies permeables y dotando a todos los centros de toldos vegetales y árboles.

Nuestro proyecto también integra un modelo de urbanismo basado en la “ciudad de 15 minutos” con sombra, a través de la creación de corredores de sombra peatonales que aseguren que cualquier trayecto a pie dentro de los barrios pueda realizarse protegido del sol directo. A esto se suma una gestión eficiente del agua, optimizando el riego urbano mediante el uso de aguas regeneradas y fomentando un urbanismo permeable.Complementariamente, estableceremos protocolos de protección social para garantizar una atención proactiva a las personas mayores y a todos los colectivos en riesgo durante los episodios de calor extremo.

Desde el Partido Verde instamos al equipo de gobierno municipal a abandonar las soluciones cortoplacistas. Estamos convencidos de que la climatización saludable es posible, pero requiere valentía política y una apuesta decidida para reordenar el espacio público y apostar por la naturaleza como nuestra mejor aliada en la lucha contra el cambio climático.

Ante el proyecto de ampliación de la macroexplotación porcina en el paraje de 'El Ladrillar' en Alcaracejos, desde el Partido Verde, antes Verdes EQUO, ha emitido un comunicado para mostrar su “más absoluto rechazo” y recuerda que, mientras la comarca de Los Pedroches lucha por recuperarse de una crisis hídrica sin precedentes que dejó a miles de personas sin agua potable durante meses, “resulta incomprensible que la administración contemple, siquiera por un momento, permitir una ampliación que consumirá 26 millones de litros de agua anuales”.

Para el Partido Verde, este proyecto es un síntoma de un modelo agotado. Salustiano Luque, coportavoz provincial, ha sido tajante al respecto: “Parece que la administración no ha aprendido nada de la crisis de La Colada. Otorgar luz verde a un proyecto que detrae 26 millones de litros de agua anuales de unos acuíferos ya tensionados es una irresponsabilidad política que hipoteca el futuro de la comarca. No podemos seguir favoreciendo la instalación de balsas de purines en un territorio cuyo suelo y agua son bienes comunes que debemos proteger esesperadamente”.

Ana María Carnero, coportavoz del Partido Verde en Córdoba, ha querido poner el foco en el impacto social y económico para los habitantes de la zona: “La falacia del empleo debe ser desmontada; este modelo de macrogranjas no es ganadería, es industria química en suelo rústico. No genera tejido social, sino que desplaza a las familias ganaderas que apuestan por la cría extensiva y el respeto a la dehesa. La realidad es que gran parte de los beneficios acaban en manos de grandes fondos de inversión ajenos al territorio, mientras que el impacto ambiental lo soportamos quienes vivimos aquí”.

El Partido Verde, ante esta situación, reclama la denegación inmediata de la licencia de ampliación “al no cumplir con el principio de precaución ni con la mínima sensibilidad ante la crisis hídrica que padece el norte de la provincia”; una auditoría real del impacto ambiental acumulado en Los Pedroches, analizando el efecto conjunto de todas las explotaciones intensivas sobre la capacidad de carga del ecosistema y apoyo real a la ganadería extensiva, la administración debe redirigir los fondos públicos hacia los pequeños y medianos ganaderos que vertebran nuestra economía y cuidan el paisaje.

“La transición ecológica no es un lema, es una necesidad de supervivencia”, concluyen ambos coportavoces. “Si la Junta de Andalucía sigue apostando por el modelo de la macrogranja, están eligiendo activamente el camino de la desertificación. En el Partido Verde no seremos cómplices: seguiremos apoyando a los vecinos y colectivos que se organizan para defender su agua, su tierra y su futuro”.

Uno de los proyectos que más polémica ha traído en los últimos meses dentro de la provincia de Córdoba. La protección al medioambiente ha pasado a ser protagonista en exclusividad en Baena debido a la posible instalación de una planta de biometano. Lo que comenzó como un trámite administrativo en 2024 se ha convertido en un conflicto abierto que ha enfrentado a los promotores de la instalación con una ciudadanía movilizada, colectivos ecologistas y la práctica totalidad del arco parlamentario local.

En primera instancia, la iniciativa está denominada Hojiblanca Biometano 5 (HB5) y está promovida por las empresas Greenar y Von Bioenergy Iberia, en colaboración con la cooperativa de segundo grado Oleícola El Tejar. La intención es construir una planta con una inversión cercana a los 39 millones de euros diseñada para transformar hasta 400.000 toneladas anuales de residuos olivareos en gas natural y fertilizantes orgánicos. Una infraestructura que generaría unos diez puestos de trabajo directos.

El emplazamiento y las primeras quejas vecinales

La ubicación elegida para esta infraestructura es la finca conocida como 'La Amarguilla', situada a más de dos kilómetros del núcleo urbano de Baena. Los promotores defienden que el 80% de la materia prima llegaría directamente desde las instalaciones de Oleícola El Tejar a través de tuberías, loq ue evitaría el tráfico constante de camiones pesados por las carreteras locales, así como que no dañaría al ecosistema de la zona. Sin embargo, ha sido un argumento que no ha convencido a los vecinos.

Aunque los trámites administrativos se iniciaron en septiembre de 2024, la plataforma vecinal denuncia que el proyecto se ha movido en un “punto ciego” informativo. No fue hasta mayo de este 2026 cuando el Ayuntamiento de Baena se posicionó en contra. El 25 de mayo, los servicios técnicos de Urbanismo emitieron un informe desfavorable para la licencia de obras de la tubería de conexión de gas y, solo un día después, la alcaldesa, María Jesús Serrano, firmó la resolución para suspender los plazos del expediente.

Esta posición por parte del Consistorio baenense se fundamenta en que la normativa actual, más concretamente la Ley LISTA, prohíbe otorgar licencias para obras accesorias si el proyecto principal no está autorizado. El equipo que está al frente del Ayuntamiento de Baena ha explicado que su prioridad es el bienestar de sus vecinos, manteniendo una postura contra cualquier industria que pueda resultar “molesta, insalubre o perjudicial” para el municipio.

Al mismo tiempo, se ha originado la Plataforma Stop Biometano Baena y Albendín para ayudar a la oposición ciudadana. Este colectivo ha sostenido desde su creación que la planta tendría un impacto nefativo en el paisaje, los recursos hídricos y la calidad de vida de la comarca. Por su parte, el grupo GRODEN-Ecologistas en Acción presentó una propuesta formal para que el Ayuntamiento convocase una consulta popular.

Manifestación vecinal a la vez que un Pleno extraordinario

Por otro lado, los vecinos siguen insistiendo para tratar de parar la planta de biometano y así se demostró el pasado jueves. Esta tarde, alrededor de un millar de personas estuvieron presentes en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento, en una de las protestas más concurridas que se recuerdan localidad. Los manifestantes han expresado su temor por los posibles olores, la devaluación de sus propiedades y la transformación de su modelo agrícola.

Durante la misma jornada, el Ayuntamiento de Baena acogió un Pleno extraordinario en el que la corporación municipal tenía que posicionarse oficialmente sobre el conflicto. La sesión estuvo marcada por la tensión y el apoyo mayoritario a las tesis de los manifestantes. Se aprobó una moción conjunta, respaldada por el PSOE, IU y el PP, para frernar la instalación de la planta.

En esta sesión, el portavoz del PSOE, José Andrés García, ha defendido la necesidad de actuar con “una sola voz” en defensa de los intereses locales, mientras que desde el PP, Javier Vacas, ha justificado su apoyo a la moción por “responsabilidad institucional” ante la evidente preocupación de los baenenses. Por su parte, Cristina Vidal, portavoz de IU, ha admitido que se ha opuesto a un proyecto que considera complejo y que, a su juicio, afecta directamente a la salud de la ciudadanía.

La nota discordante la puso el grupo municipal de Vox, que fue el único que votó en contra de la moción tras presentar una enmienda a la totalidad. Su portavoz, Eduardo Molleda, ha calificado la iniciativa del equipo de gobierno como una “huida hacia adelante” para eludir responsabilidades propias.

El interés público por parte de la Junta y la versión de los promotores

La resolución final aprobada por el Pleno no solo ratifica el rechazo local, sino que también insta a la Junta de Andalucía a paralizar cautelarmente la tramitación ambiental de la planta hasta que exista una regulación específica para este tipo de instalaciones. Aunque, de momento, la Administración autonómica ha otorgado la categoría de interés público a este proyecto, por lo que existen posibilidades de que este proyecto continúe hacia adelante pese a las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento.

Los promotores del proyecto pusieron sobre la mesa su opinión en una rueda de prensa celebrada el pasado 2 de junio en el Casino de Baena y aseguraron que la planta contará con sistemas herméticos y biofiltros de última generación para eliminar cualquier rastro de olor. Diego Aranda, CEO de Greenar, ha lamentado lo que considera una campaña de “bulos y desinformación” en redes sociales y ha insistido en que el proyecto ha superado todos los controles técnicos y ambientales exigidos por la Junta de Andalucía. Además, se comprometió a dialogar con los vecinos y las instituciones para que este proyecto siguiera hacia adelante.

El grupo ecologista Hornasol del municipio de Hornachuelos (Córdoba) ha convocado una concentración contra la ampliación del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril, ubicado en ese término municipal al norte de la provincia cordobesa. El Cabril, que acoge residuos radiactivos de muy baja, baja y media intensidad, tiene previsto comenzar en el año 2027 las obras para ampliar su capacidad de almacenamiento y que lleguen hasta allí la totalidad de los residuos tras el desmantelamiento de las centrales nucleares en España.

Así, la convocatoria de esta movilización contra la ampliación de El Cabril está prevista para el sábado 27 de junio, a partir de las 12:00, ante las puertas del Ayuntamiento de Hornachuelos, según confirman desde el grupo ecologista.

Hornasol ya había anunciado movilizaciones contra el centro de residuos radiactivos, acciones en las que busca la adhesión de los vecinos y otros colectivos. El grupo ecologista busca sensibilizar a los habitantes del municipio y de las comarcas cercanas sobre lo que supone esta ampliación de El Cabril y advierte de los “problemas, que van a resultar muy negativos para el desarrollo económico no solo de Hornachuelos, sino de las comarcas de la Vega de Córdoba y de Sevilla y del Alto Guadiato, Pedroches y la comarca de Azuaga en Badajoz”, según el portavoz del grupo ecologista, Manuel Raya.

Entre los puntos que defiende Hornasol, de los que informará en la concentración y visibilizará en la protesta, está su oposición a la ampliación de El Cabril y la petición de cierre de este centro que, consideran, “está hipotecando a las generaciones futuras” de la zona. “Nunca ha sido el lugar idóneo”, para un centro de estas características y aluden, en ese sentido, a las “aguas subterráneas de la zona, actividad sísmica y su ubicación junto a reservas de la biosfera de Sierra Morena y las dehesas”.

Junto a ello, advierte que El Cabril nunca debería acoger residuos radiactivos de alta actividad y señala que estarán vigilantes, al no estar aún decidida la ubicación del centro que almacenará este tipo de residuos en España, para que no acabe decidiéndose que lleguen a Hornachuelos.

Así, desde Hornasol rechazan la ampliación de El Cabril, centro contra el que siempre se han mostrado en contra y aluden a consecuencias en el despoblamiento y el desarrollo de esta zona de Córdoba. El término municipal está perdiendo población -“desde el año 90 más de 1.000 personas han tenido que emigrar” y critican las compensaciones que recibe Hornachuelos por albergar el centro de almacenamiento de residuos radiactivos.

El grupo ecologista Hornasol del municipio de Hornachuelos (Córdoba) ha anunciado movilizaciones contra la ampliación del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril, ubicado en ese término municipal al norte de la provincia cordobesa. El Cabril, que acoge residuos radiactivos de muy baja, baja y media intensidad, tiene previsto comenzar en el año 2027 las obras para ampliar su capacidad de almacenamiento y que lleguen hasta allí la totalidad de los residuos tras el desmantelamiento de las centrales nucleares en España.

Ante ello, el presidente de Hornasol, Manuel Raya, ha avanzado a Cordópolis que este grupo ecologista va a organizar próximamente concentraciones en Hornachuelos y busca la adhesión de los vecinos y otros colectivos, incluso de partidos políticos, contra el plan de ampliación de El Cabril.

El grupo ecologista busca sensibilizar a los habitantes del municipio y de las comarcas cercanas sobre lo que supone esta ampliación. “Solamente nos puede traer muchos problemas, que van a resultar muy negativos para el desarrollo económico no solo de Hornachuelos, sino de las comarcas de la Vega de Córdoba y de Sevilla y del Alto Guadiato, Pedroches y la comarca de Azuaga en Badajoz”, ha señalado en una entrevista concedida en Onda Local Andalucía.

Entre los puntos que defiende Hornasol, que ha explicado a este medio y que visibilizará en las movilizaciones previstas, está su oposición a la ampliación de El Cabril y la petición de cierre de este centro que, consideran, “está hipotecando a las generaciones futuras” de la zona. “Nunca ha sido el lugar idóneo”, para un centro de estas características y aluden, en ese sentido, a las “aguas subterráneas de la zona, actividad sísmica y su ubicación junto a reservas de la biosfera de Sierra Morena y las dehesas”.

Pérdida de población y desarrollo

Junto a ello, advierte que El Cabril nunca debería acoger residuos radiactivos de alta actividad y señala que estarán vigilantes, al no estar aún decidida la ubicación del centro que almacenará este tipo de residuos en España, para que no acabe decidiéndose que lleguen a Hornachuelos.

Así, desde Hornasol rechazan la ampliación de El Cabril, centro contra el que siempre se han mostrado en contra y aluden a consecuencias en el despoblamiento y el desarrollo de esta zona de Córdoba. El término municipal está perdiendo población -“desde el año 90 más de 1.000 personas han tenido que emigrar” y critican las compensaciones que recibe Hornachuelos por albergar el centro de almacenamiento de residuos radiactivos. “Las indemnizaciones que dan por daños y perjuicios son el chocolate del loro. De media en los últimos 35 años han dado 200 euros por habitante y año”, apunta Raya.

Los trámites para organizar las primeras movilizaciones ya están en marcha y en los próximos días se concretará la fecha de la concentración que tendrá lugar en Hornachuelos.

“¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento de Baena autorice, dentro de sus competencias municipales, la instalación de una planta de biogás en el término municipal?”. Esta es la pregunta que el grupo GRODEN-Ecologistas en Acción ha presentado ante el Consistorio baenense en su propuesta de que se realice una consulta popular entre los vecinos del municipio sobre la instalación de esta planta.

La postura del grupo ecologista “no es un no al biogás, sino un sí a decidir qué modelo de economía circular queremos para Baena” y añade que buscan “el interés local” dando prioridad a residuos propios, protegiendo el olivar y salvaguardando el agua y el suelo de la zona.

Así, en su propuesta, citan como “posibles impactos ambientales y territoriales” de la planta de biogás proyectada, tales como “incremento del tráfico pesado en caminos rurales; emisiones odoríferas; riesgos de filtraciones o vertidos; impacto sobre acuíferos y alteraciones paisajísticas en un entorno predominantemente agrícola”.

“En un municipio como el nuestro, donde la calidad ambiental del territorio es un activo estratégico, cualquier decisión de esta naturaleza debe contar con una elevada legitimidad social”, argumenta el grupo ecologista.

En su exposición de motivos para presentar la propuesta de hacer una consulta popular sobre este proyecto, señalan que Baena es un territorio olivarero y agroambiental, con su “economía, paisaje, estructura social y proyección exterior profundamente vinculados al cultivo del olivar y a la producción oleícola”. “Este modelo productivo no solo tiene dimensión económica, sino también ambiental (mantenimiento del suelo y biodiversidad asociada); territorial (configuración del paisaje agrario); cultural (identidad local) y social (empleo directo e indirecto)”.

Asimismo, exponen que “la transición hacia un modelo de economía circular constituye un objetivo estratégico tanto a nivel europeo como autonómico. En el ámbito local, ello implica: priorizar el aprovechamiento de residuos generados en el propio municipio; reducir la dependencia de residuos externos; minimizar impactos ambientales; y favorecer cadenas de valor cortas y sostenibles”. Y añaden que el sector del olivar ya genera subproductos (alperujo, restos de poda, biomasa) que pueden integrarse en esquemas de valorización energética o agronómica dentro del propio territorio.

Sin embargo -indican en su propuesta-, “la instalación de una planta de biogás de gran capacidad implicaría la entrada de residuos procedentes de otros municipios, la transformación del modelo actual hacia un esquema industrial intensivo y el riesgo de desalineación con una economía circular verdaderamente local”.

El grupo GRODEN-Ecologistas en Acción acompaña la propuesta de la normativa legal sobre las competencias del Ayuntamiento de Baena para realizar la consulta y sobre la implantación de un proyecto como la planta de biogás. Y pide al Consistorio que se apruebe la celebración de la pregunta a los vecinos, que deberá contar con la autorización preceptiva del Gobierno central para su convocatoria.

Por último, insisten en que “sea cual sea el resultado” de esa consulta popular, “dará estabilidad política, reducirá la conflictividad social y reforzará la transparencia institucional”.

La Federación de Ecologistas en Acción de Córdoba Provincia ha denunciado la falta de actuación de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ante la afección de unas obras que amenazan a una colonia de avión común, especie que la legislación ampara.

En una nota, expone que el Palacio de Justicia de Montilla alberga una de las comunidades más numerosas de avión común del municipio, en un entorno con una alta presencia, la Plaza de la Rosa de dicha localidad, si bien, desde el mes de febrero este edificio se encuentra en obras por lo que esta especie de ave insectívora no ha podido acceder a sus nidos.

Desde Ecologistas en Acción se ha comunicado en reiteradas ocasiones con las autoridades competentes para trasmitirles los hechos. El grupo ambientalista asegura que “las autoridades han comunicado que las obras no cuentan con el permiso pertinente, por lo que no deberían de estar produciéndose, y que los hechos están en conocimiento de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente”.

En este sentido, inciden en que la propia Delegación Territorial estaría dejando sin valor la Ley de Andalucía de Flora y Fauna Silvestre (Ley 8/2003) al incumplirla en su artículo 7.2 al no proteger a una especie como el avión común que ampara la legislación y, en consecuencia, “cometiendo un grave delito contra el medio ambiente”.

Así, la ley protege a los aviones comunes, prohibiendo la destrucción de sus nidos y su captura, así como la de sus pollos o huevos. Estos hechos pueden acarrear una multa de hasta 200.000 euros (Ley 42/2007). Por eso, las obras se deben de evitar en período reproductor en los lugares donde se ubican sus nidos y seguir las pautas indicadas por los agentes de medio ambiente en aras del bien común.

Los aviones comunes, junto a las golondrinas y vencejos, pasan entre nosotros la primavera y el verano y en ese proceso de proporcionar alimento a su prole consumirán ingentes cantidades de insectos, evitando plagas en nuestros cultivos y eliminando insectos portadores de enfermedades transmisibles potencialmente mortales, como la leishmaniosis o la fiebre del Nilo. De este modo, aseguran, “son nuestros principales aliados frente a estas enfermedades y potenciar a estas especies es la medida de prevención primaria más barata y eficaz en salud pública. Seamos inteligentes y beneficiémonos de su presencia”, concluyen.

La Asociación Vecinal Viñuela, en colaboración con la Asociación de Educación Ambiental El Brote y Ecologistas en Acción, ha presentado ante el Área de Infraestructuras un proyecto de tratamiento integral para el parque Elena Moyano, conocido popularmente como “Los Teletabis”.

El objetivo principal de esta iniciativa es realizar una evaluación exhaustiva del estado actual del parque y, a partir de ella, desarrollar una propuesta de intervención que permita transformar este espacio en un auténtico refugio climático natural. Para ello, se plantea que el parque alcance, entre otros criterios, al menos un 80% de pavimento permeable, un 80% de superficie de sombra y una estructura vegetal rica en estratos arbóreos, arbustivos y herbáceos que favorezcan la generación de frescor.

Las entidades promotoras buscan mejorar las condiciones climáticas del parque, incrementando al mismo tiempo su valor paisajístico y botánico, con el fin de hacer más agradable el paseo y la estancia. En este sentido, consideran fundamental diversificar la vegetación, incorporando una mayor variedad de árboles, arbustos y plantas herbáceas, así como mantener un equilibrio adecuado entre praderas cultivadas, praderas silvestres y zonas terrizas.

El análisis realizado destaca que el parque presenta actualmente una proporción adecuada de pavimento permeable, no siendo el pavimento impermeable predominante (con la excepción de las pistas deportivas, que quedan fuera de este criterio). Asimismo, se considera correcta la distribución de praderas cultivadas y zonas terrizas, si bien se recomienda aumentar la superficie destinada a praderas silvestres.

En cuanto al arbolado, se han censado 231 ejemplares, cuando para alcanzar una cobertura de sombra óptima serían necesarios 313. Por ello, se propone la plantación de 82 nuevos árboles. Además, se detecta una escasa presencia de especies mediterráneas —actualmente representadas únicamente por un algarrobo, un quercus y cuatro olivos—, por lo que se plantea reforzar este tipo de vegetación mediante nuevas plantaciones y la creación de un bosquete mediterráneo que incluya tanto arbolado como estrato arbustivo.

El estudio también señala la insuficiencia del estrato arbustivo, proponiendo su ampliación en distintas zonas del parque, así como la reposición de los ejemplares ausentes en el seto perimetral para completar su cerramiento vegetal.

Por otro lado, se contempla la instalación de parterres de plantas herbáceas y ornamentales, debidamente señalizados, que funcionen como “Oasis de Mariposas” y “Reservas de Biodiversidad”. Estos espacios no solo contribuirían a mejorar la biodiversidad, sino que también tendrían un importante valor educativo y de sensibilización ambiental.

El proyecto incluye igualmente la colocación de cajas nido para la avifauna, una medida que, además de favorecer la fauna local, refuerza el carácter pedagógico del parque.

En síntesis, la propuesta contempla:

El colectivo GRODEN-Ecologistas en Acción ha denunciado mediante un comunicado oficial que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) está incumpliendo la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. La queja surge tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 1 de abril, de un anuncio para la autorización de labores de desbroce y retirada de sedimentos en el cauce del arroyo Carrasco, situado entre los términos municipales de Valenzuela y Baena.

Según critica la organización, desde el momento de la publicación del anuncio, toda la documentación técnica debería haber estado disponible de forma telemática en las sedes electrónicas del organismo de cuenca y de los ayuntamientos afectados. Sin embargo, el anuncio del BOE remitía a los interesados a examinar los expedientes físicamente en la Comisaría de Aguas en Sevilla, obligando a cualquier particular o entidad a desplazarse hasta el lugar para conocer los detalles del proyecto.

El interés de GRODEN en acceder a esta documentación radica en el alto valor ecológico de la zona afectada. El entorno del arroyo Carrasco es considerado uno de los puntos más importantes para las aves esteparias en la provincia de Córdoba. Entre las especies que habitan este espacio y que podrían verse afectadas por los trabajos de limpieza se encuentran el sisón, la avutarda, la calandria, el aguilucho cenizo, el triguero y el alcaraván.

Ante este problema, GRODEN-Ecologistas en Acción ha solicitado formalmente el expediente completo y su admisión como parte interesada. Tras una insistente petición, la Confederación finalmente les ha remitido la documentación técnica solicitada.

Desde el colectivo han lamentado que este tipo de opacidad administrativa sea cada vez más frecuente y han asegurado que no es la primera vez que ocurre, señalando antecedentes similares en otras administraciones como la Junta de Andalucía y diversos ayuntamientos.

El grupo ambientalista Groden-Ecologistas en Acción en Baena, junto a un equipo de voluntariado, ha iniciado un año más la campaña Las tres mosquiteras, un proyecto de conservación y educación ambiental que pretende dar a conocer a la población en general los beneficios que ofrece la presencia de golondrinas, aviones y vencejos en el entorno urbano de este municipio.

Con el proyecto 'Las tres mosquiteras' -según han difundido desde la organización-, en los últimos años se han recuperado muchas de estas aves que se encontraban desamparadas y en malas condiciones, además de colocar cajas nidos en varios edificios municipales para su anidamiento y reproducción.

En este sentido, los ecologistas recuerdan a la población en esta época de primavera la obligación de conservar los nidos de aviones, golondrinas y vencejos, “unas aves migratorias que durante el invierno viven en el continente africano y vuelven a nuestros pueblos y ciudades para criar durante el periodo estival, entre marzo y agosto”. Se alimentan de pequeños insectos voladores, fundamentalmente dípteros (moscas y mosquitos) que capturan en vuelo -ejerciendo ese papel de 'mosquitera' que da título al proyecto-, para reducir la población de insectos.

“En Baena existen varias colonias y nidos de estas aves que deben ser respetadas por los ciudadanos, especialmente durante la época de reproducción, entre otras, en las colonias de Amador de los Ríos, murallas del castillo o el silo de cereales, apuntan.

Especies protegidas por ley

Y recuerdan que se trata de especies protegidas por las leyes europeas, nacionales y convenios internacionales. La propia Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía en su Artº 7.2. Régimen Especial de Protección, prohíbe:

a) Dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado, en particular durante el periodo de reproducción, crianza, hibernación y migración, recolectar sus larvas o crías, alterar o destruir sus hábitat, así como sus lugares de reproducción y descanso.

b) Destruir, dañar o quitar de forma intencionada nidos o sus huevos, frezaderos y zonas de desove, así como la recogida o retención de huevos, aun estando vacíos.

Por todo ello, señalan que “es importante respetar la época de nidificación de estas aves, y entendemos que es necesario las rehabilitaciones y mantenimiento de los edificios o viviendas, pero hoy día existen soluciones más que suficientes para hacer compatible las labores de mantenimiento con la reproducción de las aves, y en la medida de nuestras posibilidades si alguien nos lo solicita estaremos encantados de ayudar, algo que echamos de menos de la Junta de Andalucía que ha dado la espalda a estas aves”, concluyen.

Vecinos a título particular y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción han presentado un nuevo escrito de alegaciones ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por el expediente de transmutación de derechos para el cambio en la concesión de aguas que autorizaría la extracción de pozos en la urbanización de Las Siete Fincas. Reclaman la suspensión del la autorización para la transformación del derecho de aguas privadas en concesión de aguas públicas, conocer su compatibilidad con la Reserva Natural Fluvial del Arroyo Bejarano y ver el detalle del estudio hidrogeológico de la zona hecho por la Confederación.

Hay que recordar que la extracción y suministro de agua de acuíferos por parte de la empresa Adaros de Córdoba S.A. para el abastecimiento de las parcelaciones de Las Siete Fincas, en plena Sierra en Córdoba, ha encadenado denuncias, multas, expedientes sancionadores y, finalmente, el intento de regularizar esa actividad para que sea autorizada. A final de 2024 hacían frente a una multa de 101.000 euros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que pagaron a la Agencia Tributaria encargada de ejecutar un embargo preventivo; pero la extracción no autorizada proseguía y en febrero de 2025 la CHG le volvió a abrir otro expediente de sanción.

Entre medias, se inició la tramitación de la petición de Adaros para un cambio en la concesión de aguas, de manera que sea autorizado por la administración y, legalice así el abastecimiento de agua que viene haciendo desde años sin autorización. Y, contra ese permiso de la Confederación, ahora Ecologistas y la vecina de la zona Cristina Román han presentado un nuevo escrito de alegaciones.

En sendos escritos -a los que ha tenido acceso Cordópolis-, se apunta a que “resulta incongruente que se tramite un expediente de transmutación de derechos a favor de la comunidad de usuarios Adaros de Córdoba cuando previamente existe un expediente sancionador referido a captaciones no autorizadas sin justificación o motivación adicional alguna”. E, igualmente, “que se refiera al abastecimiento de una urbanización de 1.775 habitantes cuando las edificaciones y construcciones existentes son ilegales según consta en el informe desfavorable del propio Ayuntamiento sin perjuicio de la afirmación/conclusión en el sentido de que se trataría de una urbanización reconducible. Entendemos que conceder el expediente de transmutación sin que la reconducción se haya producido significa, por un lado, favorecer este tipo de asentamientos y por otro empezar 'la casa por la ventana'”, afirman .

Vertidos y extracción de agua no autorizada

Junto a ello y respecto al reconocimiento sobre el terreno, “si bien se hace constar que el vertido actual se hace de forma individual contando para tal cuestión con 'depósito estanco con retirada de empresa autorizada', no deja de ser una manifestación unilateral por parte del representante de la solicitante de la transmutación de derechos sin que haya sido objeto de acreditación alguna por lo que se les ha de requerir, al menos, la suscripción del correspondiente contrato con la empresa autorizada para la retirada de dichos vertidos so pena de constituir un 'brindis al sol' cuya consecuencias negativas más pronto que tarde soportaremos todos los administrados”.

Además, en el escrito de alegaciones se hace referencia a los “estudios hidrogeológicos e informes técnicos que soporten la decisión que se adopte” sobre la extracción de agua en la zona. “No estamos hablando de meras hipótesis o consideraciones genéricas sino a la constatada realidad de un expediente sancionador provocado por la existencia de un incumplimiento de las condiciones de la autorización de captación de aguas privadas en el mismo lugar y con el mismo promotor que ahora se pretende transmutar con el expediente que se está tramitando”.

En ese sentido, recuerdan que en el año 2020, agentes medioambientales pudieron corroborar el incumplimiento de las condiciones y características establecidas en el expediente de Catálogo de Aguas privadas n. 2796/1988 relativo al abastecimiento y al volumen anual autorizado, que resultó ampliamente superado, pues tras la colocación de contadores y las inspecciones realizadas en noviembre de 2016 y octubre de 2020 -primera y segunda lectura- se comprobó que el consumo total ascendió a 111.709 metros cúbicos en dicho periodo cuando el volumen autorizado para cuatro años ascendía a 4.900 metros cúbicos“.

“Captaciones más que cuestionables”

“Estos antecedentes ponen en tela de juicio el expediente pues no sólo existe un informe desfavorable del Ayuntamiento sino que las captaciones que vía transmutación de derechos se pretenden legalizar son más que cuestionables cuando el propio organismo de cuenca tramitó un expediente sancionador por incumplimiento de condiciones y características en un expediente de catálogo de aguas privadas”.

Igualmente y tal y como le consta a la Confederación, el análisis de los consumos realizado por los propios agentes de medioambiente que alcanza los 111.709 metros cúbicos- para tres captaciones pues una no tenía sistema instalado- frente a los 71.000 metros cúbicos autorizados en el expediente, “refleja una diferencia que no es baladí y que no hace sino generar más dudas respecto de si se han analizado o no de los pozos y perforaciones existentes en la zona y el volumen de agua que extraen así como si la propia estimación que se realiza desde Confederación es simplemente teórica”, aducen quienes presentan las alegaciones contra la autorización de la concesión de aguas.

En el mismo escrito manifiestan que se está llevando a cabo un expediente en el que se hace referencia a estudios realizados en estimación de los efectos del cambio climático para el año 2039 en la demarcación, “pero no se hace mención alguna o se omite estudio hidrogeológico para la determinación de las posibles afecciones – que también se ha solicitado- de la Reserva Natural Fluvial del Arroyo Bejarano”.

Igualmente, denuncian que no se han contestado las primeras alegaciones referentes a la recarga natural del acuífero, las consecuencias de mantener un volumen fijo de extracción, la existencia de evaluación ambiental – que no nos consta- y los análisis microbiológicos. Y, finalmente, reiteran su solicitud para que “se identifiquen las parcelas que resultarán beneficiadas con la transmutación de derechos solicitada -dado el tenor del expediente administrativo donde claramente se indica que el número de personas a las que se destinará el agua son 1.775 - debiendo realizarse por tal motivo un análisis exhaustivo de los usos del agua que en las mismas se realiza, constatando por ejemplo si se destina a huertos, jardines y/o piscinas privadas...para una vez realizada pueda valorarse y hacer seguimiento de la afección que sin duda supondrá el referido al ecosistema arbitrando, en su caso, los medios necesarios para su corrección o eliminación, sin que quepan, esta vez sí alegaciones o contestaciones genéricas por parte de esta Confederación”.

Con todo, tanto Ecologistas en Acción como la vecina particular argumentan que las alegaciones que presentan “obedecen al lícito interés de que desde Confederación se arbitren los medios necesarios que la transmutación de derechos solicitada no se convierta en una autorización para un uso desmedido o arbitrario de un recurso tan preciado, debiendo para ello tener además como prioridad la búsqueda activa de pozos irregulares pues como he manifestado en numerosas ocasiones a lo largo de distintos escritos la transmutación supone una clara afección a los acuíferos de nuestra Sierra y en particular a la Reserva Natural Fluvial del Bejarano”.

Por todo ello, solicitan a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el informe detallado de la afección de la masa de agua subterránea afectada por el expediente de transmutación- estudio hidrogeológico- e igualmente proceda a identificar las parcelas beneficiarias del expediente, estudiando el uso de tan escaso recurso e informar sobre la compatibilidad del presente expediente con la Reserva Natural Fluvial del Arroyo Bejarano. “Todo ello con suspensión del otorgamiento de autorización para la transformación del derecho de aguas privadas en concesión de aguas públicas hasta tanto se acrediten los anteriores extremos por ser conforme a derecho” y sin perjuicio de que estos hechos ee pongan en conocimiento de la Unión Europea.

El colectivo 'Parque Fidiana por el clima', integrado por la AV Diana, Ecologistas en Acción y la asociación Siempreviva, ha organizado una actividad participativa con el objetivo de evaluar las necesidades de mejora para hacer de este barrio un lugar más habitable. La iniciativa parte de que la configuración de la ciudad influye directamente en la salud de las personas, sus hábitos de vida y su relación con el entorno natural.

Tras el análisis realizado, una de las principales deficiencias detectadas es la fragmentación del barrio respecto al resto de Córdoba. La avenida de Libia se percibe como una gran barrera, ya que su diseño prioriza el uso del coche sobre el de los peatones. Los datos recogidos por los colectivos indican que el espacio destinado a los vehículos en la zona entre Parque Fidiana y Jesús Rescatado ocupa aproximadamente el 66% del total, dejando solo un 33% para el tránsito peatonal.

Además, los vecinos han señalado la necesidad de completar la instalación de pasos peatonales sobreelevados para reducir las barreras que afectan a personas con movilidad reducida y familias con coches para los más pequeños. También se ha demandado una mayor dotación de bancos y zonas de sombra en espacios públicos como la plaza de las Artes.

Aunque no todo son exigencias. La actividad ha servido para destacar las amplias zonas verdes y arboladas con las que ya cuenta el barrio, calificadas por los residentes como un “motivo de orgullo”. Estos parques no solo actúan como refugios climáticos que aportan frescor, sino que son puntos de encuentro vitales entre vecinos y familiares. Los colectivos tienen previsto hacer llegar toda la información al Ayuntamiento de Córdoba, con la intención de trabajar de forma conjunta en la mejora de estos espacios públicos.

El Partido Verde, antiguos Verdes Equo, han expresado hoy su rechazo a la llegada a El Cabril de residuos procedentes del desmantelamiento de la central burgalesa de Garoña (2.000 toneladas en los próximos tres años). Para la formación política, se trata de una cantidad desorbitada y que demuestra que se está usando El Cabril como vertedero de las centrales nucleares, lo que no era su función original.

Igualmente, señala el temor que, ante el cierre programado del resto del parque nuclear en los próximos años, gran parte, si no todos, los residuos generados acaben en el almacén de El Cabril, una instalación que ha sufrido diversos problemas desde su apertura.

En palabras de Ana María Carnero, coportavoz provincial del Partido Verde “Tras el abandono del proyecto del ATC (Almacén Temporal Centralizado) en Cuenca, se ha dejado de hablar del destino de los residuos radioactivos de las centrales nucleares, y tememos que una gran parte acaben en El Cabril, en unas instalaciones inapropiadas. Al peligro que supone albergar residuos que serán radioactivos cientos o miles de años, se suma el que suponen los transportes desde las centrales, situadas todas a varios cientos de kilómetros de Hornachuelos.

“Estamos a favor del cierre de las centrales nucleares para usar exclusivamente energías limpias, pero reclamamos que los residuos se traten y almacenen en las mismas ubicaciones donde se han generado, eliminando los peligros derivados de los traslados. Es del todo injusto que los residuos generados en otras zonas se deriven a Córdoba, a Andalucía, una tierra sin una sola central nuclear. No queremos ser el vertedero nuclear de España, gracias”, señala.

Por su parte, Salustiano Luque, coportavoz del Partido Verde en Córdoba, ha añadido que “esta situación se ve agravada por el abandono que sufre la comarca del Guadiato, donde las numerosas promesas de inversión han sido incumplidas reiteradamente. Tanto es así que es una de las que sufre una mayor despoblación, un mayor envejecimiento y un menor desarrollo económico de la provincia”.

“Da que pensar si no se pretende facilitar el vaciado de la zona para poder dedicarla con más facilidad a albergar estos residuos tan tóxicos, algo que ha encontrado una fuerte contestación social en el pasado. Es de justicia que se cumplan dichas promesas para garantizar un futuro a la gente de Hornachuelos y el resto de la comarca, más allá de gestos cosméticos, la colocación de carteles y la creación de un puñado de empleos cautivos”, afirma.

La Asociación Siempreviva, junto a Asociación Vecinal Diana y Ecologistas en Acción, han llevado a cabo la creación colectiva de un refugio de biodiversidad en el espacio público de los Jardines de la Memoria, en el Parque Fidiana. Como parte del trabajo que se viene realizando en el barrio desde Parque Fidiana por el Clima, del que forman parte la AV Diana, Asociación Siempreviva y Ecologistas en Acción, surge esta propuesta, ante la necesidad de renaturalizar los espacios urbanos y hacer zonas que promuevan la biodiversidad y ecosistemas ricos.

Un refugio de biodiversidad es una estrategia ecológica para fomentar la vida de especies silvestres, atraer polinizadores y controlar plagas de forma sostenible. Se trata de espacio natural que se caracteriza por el uso de especies autóctonas, resistentes y melíferas que funcionan como refugio y alimento de diversas especies.

Así mismo, esta actividad sirve para invitar a las personas a implicarse en la mejora de la ciudad de forma colectiva, pasar tiempo de calidad con los vecinos y vecinas y, mejorar nuestra salud física y mental.

La ocasión se aprovechó para recordar a un miembro de la Asociación Vecinal Diana, Pepe Lara, que era una persona entregada a su barrio y apasionado de la naturaleza. Y por ello, el refugio de biodiversidad lleva su nombre.

Además, el espacio se ha reconocido como un oasis de mariposas, gracias a la Asociación Zerynthia, que ha ayudado a conocer y elegir qué especies se debían plantar como alimento y refugio de estos insectos en todos sus estadios. Quien pasé por allí, podrá encontrar un cartel con un código QR en el que registrar las observaciones de mariposas y donde te ayudarán a identificar qué especie es. Ya son varios oasis los que hay en Córdoba, pero este es el primero en vía pública.

La actividad ha sido de participación abierta y, aproximadamente 50 personas de todas las edades y diferentes barrios de Córdoba, pasaron a echar una mano y disfrutar del trabajo con vecinos y vecinas. “La implicación y la ilusión de los y las participantes ha sido conmovedora y creemos que es una motivación para replicar la iniciativa”, declaran desde la organización.

El Refugio de Biodiversidad Pepe Lara ha sido materialmente posible gracias a la subvención de la Delegación de Participación Ciudadana, también a la empresa Licuas, que lleva la gestión medioambiental de los Jardines de la Memoria y preparó el terreno para poder trabajar sobre él, aportó algunos materiales y se encargará del mantenimiento del espacio.

El Partido Verde organiza el día 22 de marzo un encuentro titulado “Naturalizar la ciudad”, donde se podrán conocer experiencias en curso y debatir diversas propuestas y reivindicaciones futuras con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población cordobesa y reducir el impacto del cambio climático en Córdoba. Como parte de la jornada, se dará a conocer la Proposición de Ley sobre Arbolado Urbano, que se ha presentado en el Parlamento andaluz a iniciativa del Partido Verde.

En palabras de Salustiano Luque, coportavoz del Partido Verde en Córdoba, “la ciudad ha sido considerada tradicionalmente como lo opuesto a lo natural, un espacio férreamente controlado por el ser humano, hasta el punto de la desnaturalización. Esta visión de lo urbano se reflejaba en los espacios públicos, en zonas ajardinadas, en los cursos de agua, en la relación con la fauna o en la eliminación de toda especie considerada como plaga. Sin embargo, en la actualidad, sabemos que la ciudad es también un ecosistema, cuya buena salud debe ser cuidada, ya que conlleva enormes beneficios para la salud y el bienestar de las personas que lo habitamos. Esto ha llevado en todo el planeta a un movimiento de renaturalización de los espacios urbanos y a una visión más amplia, integral y científica de las ciudades. El Partido Verde tiene claro que esta es una labor que necesita sumar todas las manos posibles, y por eso hemos querido contar con el mayor número posible de voces y visiones”.

Por su parte, la coportavoz del Partido Verde, Ana María Carnero, ha resaltado la especial relevancia que este movimiento tiene para Córdoba. “Nuestra ciudad está sufriendo de forma evidente un clima más extremo, con temperaturas disparatadas, lluvias torrenciales y otros fenómenos meteorológicos dañinos, que provocan serios impactos a las personas, sus viviendas, empleos o vehículos. El cambio climático que agrava y vuelve más habituales estos fenómenos no puede ser solucionado a nivel local, pero la adaptación al mismo no puede tener otro escenario que lo local. Es cada vez más urgente actuar con firmeza, imaginación y participación ciudadana para hacer a Córdoba más habitable, más amigable y más resiliente a los efectos del cambio climático. Con este encuentro, queremos ayudar a reforzar la coordinación de las distintas iniciativas relativas a la relación naturaleza y ciudad”, ha precisado.

El encuentro tendrá lugar de 10:00 14:00 en el Colegio Ferroviario y contará con la presencia de representantes de colectivos y plataformas que ya desarrollan labores de naturalización del medio urbano, en Córdoba y otras localidades. Igualmente, participarán especialistas de diferentes ámbitos científicos relativos al encaje naturaleza-ciudad. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ecologistas en Acción ha presentado en la mañana de este martes su informe de 'Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español' y Córdoba está presente en este documento. La estación de la avenida Al-Nasir, la única oficial de tráfico analizada en la capital, ha sido calificada como “parcialmente adecuada”, aunque eso no significa que esta infraestructura esté en las condiciones óptimas para su desarrollo normal.

La estación, operativa desde 2013 para medir contaminantes como el NO₂ y partículas PM₁₀, se enfrenta a una contradicción geográfica. A pesar de su nombre oficial -avenida Al-Nasir-, el equipo de medición se encuentra físicamente en la avenida de los Piconeros, una vía con una intensidad de tráfico notablemente inferior.

El informe técnico ha destacado que la sonda de medición está a 10,4 metros del borde de la calzada de Piconeros, superando ligeramente el límite de 10 metros recomendado por la normativa europea para ser considerada una estación de tráfico estricta. Sin embargo, la mayor deficiencia radica en su distancia respecto a la verdadera arteria de gran capacidad, la avenida de Al-Nasir, de la que se encuentra a más de 60 metros. Esta separación física actúa como un “filtro” que podría estar suavizando los datos de contaminación real que respiran los cordobeses en los puntos más críticos del nodo viario.

Córdoba en el ranking nacional: mejor que Málaga y Granada, peor que Sevilla

El estudio deja claro cómo está la situación a nivel estatal: el 68% de las estaciones analizadas (17 de 25) han sido declaradas “no adecuadas”. En este contexto, Córdoba forma parte de un reducido grupo de solo ocho ciudades que superan los estándares mínimos de representatividad. Si se compara con otras capitales andaluzas, el panorama es desigual, ya que la ciudad cordobesa está con mejores condiciones que Málaga y Granada, aunque peor en criterios de ubicación que la colocada en la estación Torneo de Sevilla.

Para validar el estudio, se han utilizado los Mapas Estratégicos de Ruido de Córdoba. Estos confirman que la zona de Al-Nasir es un “punto negro” de contaminación acústica, con niveles que superan los 70 y 75 decibelios. Esta presión sonora coincide con una alta densidad de población expuesta, lo que hace que sea una “zona crítica” donde es vital medir correctamente la calidad del aire para proteger la salud humana.

Las organizaciones Salvemos la Subbética y Ecologistas en Acción han anunciado que han presentado un recurso contra la autorización del permiso de investigación minera denominado Serrano, concedido en el Parque Natural Sierras Subbéticas. Los colectivos han solicitado la “suspensión urgente” del proyecto, advirtiendo que este permiso es el paso previo a la apertura de una cantera que destruiría un territorio de notable valor ambiental, agrícola y paisajístico.

La denuncia de los ecologistas se basa en la supuesta vulneración de derechos fundamentales, ya que la Junta de Andalucía habría autorizado el proyecto sin informar a más de una treintena de afectados que son propietarios de olivares centenarios. Asimismo, han criticado la falta de transparencia que existe, señalando que la iniciativa no fue comunicada en las pertinentes reuniones.

El proyecto, tramitado por la Delegación Territorial de Economía y Hacienda en Córdoba y adjudicado a la empresa Áridos Técnicos SA, contemplaba la prospección de ofitas y dolomías en una extensión de aproximadamente 60 hectáreas. Según las asociaciones, la administración ha emitido un informe favorable pese a reconocer que la documentación no especificaba la localización de las labores de mayor impacto.

Además, los ecologistas han explicado que la zona afectada se encuentra dentro de la Red Natura 2000, un espacio por normativa europea y que no ha sido sometido a una evaluación ambiental adecutada. El proyecto impactaría directamente sobre el olivar tradicional de montaña, que cuenta con ejemplares centenarios y actualmente está en proceso de reconocimiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Ante lo que consideran el resurgimiento de actividades extractivas altamente impactantes en la comarca, las organizaciones ya han elevado el caso ante la Comisión Europea. Han instado al Ayuntamiento de Carcabuey y a la ciudadanía a oponerse al proyecto y exigen que cualquier actividad se suspenda hasta que se apruebe el nuevo marco normativo del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque.

Las asociaciones ecologistas Mejorana y Enea de Lucena (Córdoba) han denunciado las actuaciones que se están llevando a cabo en las obras de adecuación de la carretera de la Sierra de Aras, con “destrucción de parte de las encinas”, así como “destrozo de árboles” y el empleo de “gran cantidad de base de hormigón” en esta vía.

En una nota, ambas asociaciones califican de “despropósito medioambiental y urbanístico de elevada índole” la actuación por parte de la Diputación de Córdoba, que financia y ejecuta la obra, y el Ayuntamiento de Lucena, “que participa como ente puramente de cortesía y sin ninguna preocupación por la supervisión de dicha obra”.

“Se está cometiendo una agresión al medio natural de nuestra Sierra de gran calado. No solo por la gran cantidad empleada de base de hormigón que rompe la armonía con el medio natural, también el destrozo de árboles no dañados, la eliminación de alcorques y la no creación de nuevos para favorecer un itinerario con arbolado y garantía de sombra en el futuro”, advierten. Además -denuncian, “se ha eliminado gran cantidad de matorrales y vegetación autóctona para construir taludes de sustentación del itinerario de hormigón”.

Con fotografías que muestran las actuaciones denunciadas, para los ecologistas “el hecho más grave desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa por parte de Diputación y Ayuntamiento ha llegado con la destrucción de parte de encinas que se sitúan en la margen derecha de la bajada del santuario, un destrozo que rompe con el compromiso de sostenibilidad que anunciaron Salvador Fuentes como presidente de la Diputación y Aurelio Fernández como alcalde de Lucena”, recuerdan. “El señor Salvador Fuentes dijo en declaraciones en el mes de julio del pasado 2025, que 'dicha obra estaba muy bien planteada y que daba una solución sostenible y natural'”.

“Ejecución incontrolada y no supervisada”

Para los ecologistas, “al destrozo realizado con la flora y arbolado autóctono, además de la agresión paisajística del enorme itinerario hormigonado que para nada sintoniza con el entorno natural, se suma una ejecución errática, incontrolada y no supervisada, que conozcamos por nuestro Ayuntamiento, ni por el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) o agentes de Medio Ambiente de la de la Junta de Andalucía”. Por todo ello, desde estas entidades exigen “explicaciones a los responsables de la Diputación y de nuestro Ayuntamiento”.

Además, piden que se realice una poda exhaustiva y adecuada de las encinas y especies arbóreas dañadas para evitar una posible afección por especies xilófagas y penetrantes que puedan dañar al resto de especies del entorno natural. Precisan que han sido varios los ejemplares de encinas a los que han partido ramas con maquinaria pesada en lugar al interferir en el trazado o la ejecución de la obra.

Y recuerdan la normativa al respecto, que no permite cortar las principales ramas y no se debe afectar a más de un tercio del follaje total del árbol, ni podar ramas con un diámetro superior a 20 centímetros, además de prohibir los desgarros, realizando la poda con cortes limpios y herramientas adecuadas por parte de personal cualificado y retirando los restos para evitar plagas e incendios.