Familiares y amigos de Javier Marañón Montero -el joven de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)- y de David Rodríguez Ballesta, ambos encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 en relación con un proyecto de televisión digital terrestre, se han concentrado este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados y han registrado en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, que llevan más de 14 meses en la cárcel de Black Beach.

“Venimos a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que nos ayude a traerlos de vuelta”, ha explicado Laura, hermana de Javier Marañón, este miércoles, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Os pedimos que sigáis apoyando esta lucha. Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, han reclamado.

Tras el registro de las firmas en el Ministerio de Exteriores, amigos y familiares de Javier y David se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir su liberación.

Según ha explicado Laura, la hermana de Javier, a Europa Press, durante la concentración han salido a apoyarles “varios diputados del PP” y, dentro del Congreso, una representación de las dos familias se han reunido “con Podemos, PSOE e Izquierda Unida”.

“Nos han trasladado que van a seguir presionando para que los traigan. La oposición, que va a presionar y a seguir preguntando qué gestiones se están realizando, e IU y PSOE nos han dicho que están haciendo todo lo que está en su mano”, ha afirmado Laura.

Aunque se ha mostrado satisfecha con el apoyo que han recibido este miércoles, espera que “las palabras e intenciones” se conviertan en hechos. “Hemos llamado su atención”, ha destacado.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, la semana pasada, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no haga escala en Guinea Ecuatorial durante su gira por África el próximo mes de abril, si no les liberan. Si bien, a fecha de 25 de marzo, aún no han recibido respuesta.

“Hemos escrito tanto a la Casa Real como a la Nunciatura en España para que interceda y nos ayude, como medida de presión. Evidentemente, al Papa le pedimos que no vaya (a Guinea Ecuatorial) hasta que no estén libres y si puede hacer algo para interceder y que salgan”, señaló la hermana de Javier, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitan que, si lo estima oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África, el próximo mes de abril, o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le proponen que “descarte dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le piden que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió el pasado viernes con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.

La hermana de Javier Marañón, el joven del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo que junto al granadino David Rodríguez está preso en Guinea Ecuatorial desde principios del año 2025 por un supuesto caso de corrupción, del que ambos se han desvinculado, con la instalación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), registrará este miércoles las más de 45.000 firmas de apoyo que han recogido a través de 'Change.org/DavidyJavier' para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa para la libertad de los dos, que llevan más de 14 meses en la cárcel de Black Beach”.

Según ha expuesto en un comunicado Laura, la hermana de Javier, “son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, al tiempo que ha avisado de que David y su hermano “pueden morir si no se actúa pronto”, de manera que ha rogado que no quieren que les den el pésame, sino que “los saquen de una vez de allí”.

Además del registro de firmas, familiares y amigos de David y Javier se concentrarán en la puerta del Congreso de los Diputados entre las 10,30 y las 12,30 horas de este miércoles, porque llevan “más de un año esperando una ayuda que nunca llega”, ha expresado Aarón, otro hermano de Javier, para indicar que van al Congreso porque ya no quieren “mediación de la embajada, sino que el Gobierno actúe directamente”, y esperan que “los diputados del resto de partidos salgan a apoyar”.

Al respecto, Laura ha avisado de que “desde enero de 2025 llevan privados de libertad injustamente”, a lo que ha agregado que “no les ven los médicos, no pueden hablar con sus abogados y no pueden ser visitados por sus familiares”. “David y Javier están detenidos sin responsabilidad en los hechos investigados, tras acudir a una reunión, sin ostentar ningún cargo directivo ni tener relación con las decisiones empresariales”, de modo que “son trabajadores inocentes”, se puede leer en la petición 'change.org/DavidyJavier' que fue lanzada por Laura en el mes de octubre.

Asimismo, en julio las familias fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en Pleno se aprobó por unanimidad “una resolución para que las instituciones europeas actuasen a favor de su libertad, pero no ha habido ningún resultado”, han lamentado, para pedir que “dejen de darle la espalda a estos trabajadores españoles”. Las familias temen que “si no se les saca ya pronto de la prisión de Black Beach de Guinea Ecuatorial, pueda costarles la vida”.

En este caso, Laura ha contado que su hermano Javier ha perdido ya “más de 20 kilos” y que David necesita “medicación constante que no saben si se le está suministrando”. “Es urgente que el Gobierno español actúe con firmeza y de inmediato”, porque “pueden morir y están en una situación límite”, ha apostillado.

La campaña lanzada hace unos meses ha conseguido reunir más de 45.000 firmas en donde insisten en que “la ineficacia del Gobierno puede costarles la vida”. A las firmas se han sumado muchos comentarios de apoyo y con petición “urgente” al Ejecutivo español para que actúe.

Vías de negociación

En concreto, el Gobierno de Guinea Ecuatorial avanzó en Navidad que se establecieron vías de negociación para “poner fin” al caso. El vicepresidente del país africano, Teodoro Nguema Obiang Mangue, hizo una publicación en redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que exponía que los abogados de la empresa adjudicataria del proyecto de TDT establecieron “contacto con la Fiscalía del Estado para explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales”.

En este sentido, aseguró que “la firma ha notificado a Fiscalía que quieren alcanzar un acuerdo de restitución de los fondos desviados indebidamente mediante un compromiso de pago al Tesoro Público para que se pueda proseguir con el objetivo de dotar a Guinea Ecuatorial de la Televisión Digital Terrestre”.

Así, apuntó que la empresa cobró “más de 10.600 millones de Francos Cefas por la primera fase del proyecto que conllevaba la implementación de 12 centros de emisiones en el país, algo que no cumplieron, además de llevar a cabo múltiples irregularidades fiscales, actos de corrupción y sobornos”.

Desde la familia de Javier Marañón valoraron que la situación “mejoró”, en cuanto a recibir “algunas visitas y llamadas” de familiares, después los meses sin poder contactar con ellos, y esperaban que se llegara a un acuerdo “pronto” para que quedaran en libertad, algo que les habría gustado que fuese “antes de Navidad”, pero por el momento sin novedad, de ahí que acudan a la intercesión del Gobierno español.

El centro penitenciario de Córdoba se ha situado como la cuarta cárcel de toda España con el mayor número de teléfonos incautados, sumando un total de 148 dispositivos retirados a los internos durante el 2025. Según los últimos datos oficiales registrados en el último año, la cifra de la infraestructura cordobesa tan solo es superada por Almería (166), Alicante Cumplimiento (152) y Málaga (150). De este modo, supera en esta estadística a prisiones de gran tamaño y conflictividad como Madrid VII-Estremera (128) o Albolote en Granada (116).

Lo más destacado del caso cordobés es la trayectoria ascendente que ha mantenido desde 2021, contrastando con la ligera disminución de incautaciones a nivel nacional en el último año. Mientras que en el conjunto de España los decomisos bajaron de 2.884 en 2024 a 2.466 en 2025, Córdoba ha seguido el camino inverso, pasando de 132 a 148 en el mismo periodo.

Si se analiza en los últimos cuatro años, el crecimiento en la cárcel de Córdoba ha sido exponencial, ya que en 2021 se incautaron 26 móviles; en 2022, 41; en 2023, 142; en 2024, 132; y, por último, en 2025, 148. En apenas un lustro, las incautaciones en la provincia se han multiplicado casi por seis, acumulando un total histórico de 489 terminales intervenidos desde 2021. Pese a este desarrollo, el territorio cordobés ha bajado de la tercera posición en 2023 a la cuarta en 2025 por el incremento de otras.

Comparativa con el resto de España

El fenómeno de Córdoba destaca especialmente al compararlo con otros centros de la comunidad andaluza y del resto del territorio. Por ejemplo, mientras que Córdoba registraba 148 dispositivos en 2025, otros centros como Huelva (16), Jaén (12) o Sevilla II - Morón (38) presentan cifras notablemente menores para el mismo ejercicio.

A nivel nacional, la presión de los funcionarios de prisiones en Córdoba ha logrado detectar más dispositivos que en plazas históricamente complejas como Zaragoza-Zuera (95), Valencia (78) o Dueñas-Moraleja (64).

El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba ha decretado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido el pasado sábado acusado de apuñalar a otro en El Carpio, según ha podido saber este periódico.

El suceso ocurrió alrededor de las 23:40 del pasado viernes, cuando varias personas alertaron al servicio de Emergencias 112 de que un joven había sido apuñalado en un pub de la avenida Mariana Pineda en la localidad carpeña, siendo trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Mientras tanto, la Guardia Civil inició las labores de búsqueda e identificación del agresor, que fue detenido más tarde en el pueblo en una operación en la que también intervino la Policía Local de El Carpio. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso en prisión.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha avanzado que se han establecido vías de negociación para “poner fin” a la causa por la que están en prisión provisional Javier Marañón, natural del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, junto al granadino David Rodríguez en una cárcel de dicho país africano desde principios del año 2025 por un supuesto caso de corrupción, del que ambos se han desvinculado, con la instalación de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Al respecto, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, ha hecho una publicación en redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que expone que los abogados de la empresa adjudicataria del proyecto de TDT han establecido “contacto con la Fiscalía del Estado para explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales”.

En este sentido, asegura que “la firma ha notificado a Fiscalía que quieren alcanzar un acuerdo de restitución de los fondos desviados indebidamente mediante un compromiso de pago al Tesoro Público para que se pueda proseguir con el objetivo de dotar a Guinea Ecuatorial de la Televisión Digital Terrestre”.

Así, recuerda que la empresa cobró “más de 10.600 millones de Francos Cefas por la primera fase del proyecto que conllevaba la implementación de 12 centros de emisiones en el país, algo que no cumplieron, además de llevar a cabo múltiples irregularidades fiscales, actos de corrupción y sobornos”.

Desde la familia de Javier Marañón han valorado que la situación “ha mejorado”, en cuanto a que han podido recibir “algunas visitas y llamadas” de familiares, después los meses sin poder contactar con ellos, y esperan que se llegue a un acuerdo “pronto” para que queden en libertad, algo que les habría gustado que fuese “antes de Navidad”, si bien confían en la negociación.

Entretanto, han lamentado en parte la labor de las administraciones españolas, en especial del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque han elogiado “el esfuerzo” de la Embajada, solicitando reuniones y reclamando a las autoridades guineanas que se puedan realizar las visitas de los abogados, de modo que “hay interés en solucionar” la situación, pero “poca efectividad”. Y se han mostrado “descontentos” con el Ministerio.

El Gobierno español y recogida de firmas

Mientras, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, trasladó en octubre a la familia de Javier Marañón que se trabaja desde la Embajada y el Ministerio de Asuntos Exteriores en este caso y manifestó su deseo de que los dos puedan estar “lo antes posible” en el país, según expresó la subdelegada después de haberse reunido con la familia y la alcaldesa del municipio, María Victoria Paterna, tras haber solicitado el encuentro.

Desde el Ayuntamiento aprobaron días antes, en sesión plenaria extraordinaria y urgente, una declaración institucional de apoyo a los dos ciudadanos españoles y reclamaron “la intercesión del Ejecutivo central y acelerar las actuaciones diplomáticas” para su liberación.

Por parte de las familias iniciaron una campaña de recogida de firmas en 'Change.org' ('https://www.change.org/p/sos-david-y-mi-hermano-javier-deten...') para exigir al Gobierno de España que intervenga directamente ante el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y sean liberados. La citada página lleva más de 45.000 firmas conseguidas.

Asimismo, Javier estuvo en huelga, que ya abondonó, tras haber perdido 20 kilos. El Parlamento Europeo aprobó en octubre una resolución urgente para exigir la liberación, en el Pleno de la Diputación de Córdoba se leyó una declaración institucional de apoyo a los dos detenidos y los antiguos compañeros de David en la televisión municipal de Granada, donde fue jefe técnico, han celebrado concentraciones, entre otros actos para recordar la causa.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que el Ministerio del Interior, a través del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (Oatpfe), deberá indemnizar a un interno del Centro Penitenciario de Córdoba con 1.496,88 euros, tras la suspensión injusta de su relación laboral.

La resolución, a la que ha tenido acceso este medio, ratifica el fallo previo del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, que ya en enero de 2023 había estimado parcialmente la demanda del interno. El preso había firmado un contrato temporal en enero de 2020 para trabajar en los talleres de confección industrial de la cárcel, con altas y bajas sucesivas debido a los procedimientos administrativos del organismo.

En diciembre de 2020, la dirección del centro acordó suspender su relación laboral alegando razones de disciplina y seguridad penitenciaria tras un incidente con otro interno en el taller. La Comisión Disciplinaria le impuso una sanción de privación de paseos y actos recreativos durante 15 días. Sin embargo, y tras presentar una alegación, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria dejó sin efecto la sanción, señalando que el interno había sido amenazado y no se acreditó agresión alguna por su parte.

Aunque la sanción fue anulada, la readmisión en su puesto de trabajo no se produjo hasta junio de 2021 debido a la falta de vacantes, por lo que el interno reclamó la indemnización por la suspensión injusta y el retraso en su reincorporación. El juzgado le ha dado la razón que ahora ha sido ratificada por el TSJA, tribunal que ha rechazado, además, el recurso presentado por Trabajo Penitenciario.

El varón detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras la intervención de 2,8 kilogramos de cocaína en un trastero como avanzó este periódico, ha sido enviado a prisión por el juez.

La Guardia Civil, en el marco de una investigación desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, detuvo a un varón tras hallar la droga envasada al vacío y preparada para su distribución.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre, cuando los agentes detectaron movimientos del ahora detenido compatibles con la venta de droga. Durante el dispositivo establecido, los integrantes del EDOA, observaron que el investigado realizaba accesos frecuentes y de corta duración a un trastero, lo que, unido al resto de indicios, permitió considerarlo como posible punto de ocultación y manipulación de sustancias estupefacientes.

En una de estas visitas “exprés” al trastero, los agentes actuantes intervinieron al investigado en diferentes partes de su vestimenta cuatro paquetes: dos de ellos envasados “al vacío” y otros dos envueltos en plástico, conteniendo una sustancia de color blanco en formato roca, que, una vez realizada la prueba de narco test, dan resultado positivo en cocaína. Estos paquetes arrojaron un peso total de 200 gramos aproximadamente.

Tras dicha actuación, se procedió al registro del citado trastero, donde los agentes localizaron 26 paquetes envasados al vacío y dos envoltorios de plástico con supuesta cocaína en formato roca, que arrojaron un peso aproximado de 2,8 kilogramos. Asimismo, se intervinieron tres básculas de precisión con restos positivos en cocaína, material de envasado, una máquina envasadora al vacío y 4.000 euros en efectivo.

De forma complementaria, se practicaron registros en el domicilio del detenido, en un segundo trastero y en una vivienda donde reside temporalmente. El conjunto de actuaciones permitió confirmar que el trastero era utilizado como lugar de almacenamiento, manipulación y preparación de la sustancia estupefaciente, constituyendo el núcleo de la actividad ilícita.

Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando la Autoridad Judicial el ingreso en prisión del detenido.

El proyecto de viviendas en los terrenos de la antigua Cárcel de Fátima, en Córdoba, ha dado un paso fundamental a nivel burocrático, según se muestra en la reciente respuesta del Gobierno a una pregunta escrita por los senadores populares. La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) ha iniciado el expediente de contratación necesario para actualizar el proyecto de urbanización de los terrenos.

Esta acción deriva de un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros con fecha del 14 de octubre de 2025, el que autorizó la reasignación de activos inmobiliarios pertenecientes a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado. El objetivo principal de esta reasignación es aplicar dichos activos a las actuaciones desarrolladas por SEPES en el marco de la política estatal de generación de vivienda asequible, revisando el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios.

Los terrenos de la antigua cárcel de Fátima están incluidos entre los activos que se integran en el patrimonio de SEPES para este fin.

Pasos futuros y capacidad de viviendas

Una vez que SEPES complete la actualización del proyecto de urbanización y este reciba la validación del Ayuntamiento de Córdoba, se procederá a licitar las obras de urbanización, según explica el propio Gobierno de España en la respuesta al Senado. La financiación de estas obras se incorporará al Plan de Vivienda Asequible, previamente acordado entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y SEPES.

El terreno en cuestión forma parte de los solares que el Gobierno de España entregó al Ayuntamiento para la construcción de viviendas, un traspaso de activos que afectó a ocho inmuebles estatales en distintas ciudades. Específicamente en el caso de Córdoba, el suelo está previsto para la construcción de 174 viviendas.

El Centro Penitenciario de Córdoba se ha incluido dentro de la Red de Puntos Violetas de atención a las víctimas de violencia de género, y la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Ana López Losilla, y la directora del centro, Concepción Román, han sido las encargadas de colocar el distintivo que acredita a este edificio con Punto Violeta.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, ser un Punto Violenta identifica el lugar o la institución como un espacio seguro y de información para víctimas de violencia machista y agresiones sexistas, donde reciben atención, apoyo y asesoramiento.

Su función principal es la prevención y la atención a las víctimas, proporcionan atención psicosocial, asesoramiento legal y emocional e informan sobre los servicios de ayuda disponibles. Buscan, entre otras cosas, la implicación del conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, haciendo visible el problema y ofreciendo recursos para erradicarlo. Además de estar ubicados en instituciones y empresas, se encuentran frecuentemente disponibles en eventos multitudinarios, como fiestas, festivales o discotecas.

Junto a este acto identificativo, la jefa de la Unidad, Teresa Varón, ha ofrecido cursos formativos para los trabajadores y trabajadoras del Centro Penitenciario de Córdoba sobre cómo actuar en estos casos. En total, han sido más de un centenar trabajadores y trabajadoras del centro y del resto de los organismos de la Administración General Estado los que han participado en la jornada formativa.

Esta herramienta estará destinada a los internos, a los trabajadores y a los familiares que visitan a los internos. Un instrumento rápido y seguro de acceso a la información necesaria ante la violencia hacia las mujeres que busca implicar a todos los actores del centro.

Estos puntos violetas están promovidos por el Ministerio de Igualdad con el objetivo de implicar al conjunto de toda la sociedad y todos los agentes sociales frente a la lacra que significa la violencia sobre la mujer, y forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España. Supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas y la puesta a disposición de herramientas que permiten dar atención y protección en el espacio público.

En estos momentos hay en la provincia de Córdoba 2.242 casos activos a día de hoy en Viogén, de los que ninguno es de riesgo extremo. Desde 2003, son ya 1.333 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género en España. Desde 2013, son 65 los niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su madre y 486 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España.

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Cabra (Córdoba) a un hombre acusado de robar en el interior de una vivienda y de huir por el tejado tras ser sorprendido en el inmueble. Una vez puesto a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron a principios de noviembre, cuando el CIMACC-091 recibió el aviso de que se estaba cometiendo un posible robo en una vivienda de la localidad, manifestando el alertante que una persona estaba intentando acceder a la vivienda escalando hasta el balcón de la misma.

Al llegar al lugar, los agentes realizaron una inspección y observaron varios objetos revueltos en una de las habitaciones. Paralelamente, otro indicativo policial realizó diversas gestiones por las inmediaciones de la vivienda, observando a un vehículo cuyo ocupante resultó sospechoso para los agentes, quienes informaron de estos extremos a los indicativos en servicio.

Momentos después, localizado el vehículo sospechoso, los agentes actuantes se personaron en el lugar, procediendo a la identificación y registro del vehículo, en cuyo interior hallaron diversos efectos adecuados para cometer robos en el interior de domicilios.

Finalmente, en la terraza de la vivienda, los policías interceptaron al presunto autor cuando trató de escapar por el tejado, logrando su detención como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en domicilio.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta y no se descartan otras posibles detenciones.

La Guardia Civil de Córdoba, en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario de Córdoba, realiza de manera periódica actuaciones conjuntas orientadas a la detección y prevención de la introducción de drogas en el interior del establecimiento.

En el marco de una de estas actuaciones, se ha procedido a la detención de una persona comunicante como presunta autora de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

La intervención fue llevada a cabo conjuntamente por funcionarios de Instituciones Penitenciarias, con el apoyo de agentes de la Guardia Civil y del Servicio Cinológico del Cuerpo. Durante la inspección, una funcionaria requirió a la persona para realizar un registro corporal, momento en el que esta entregó voluntariamente 12 bellotas de hachís envueltas en plástico, que presentaban una sustancia blanquecina posiblemente identificable como cocaína. El conjunto de las sustancias arrojó un peso total superior a 145 gramos.

Estas actuaciones conjuntas entre la Guardia Civil y el Centro Penitenciario resultan fundamentales para impedir la entrada de drogas en las instalaciones, evitando así su consumo en el interior, el riesgo que supone para la salud de los internos y la posible aparición de problemas de convivencia entre la población reclusa.

La colaboración entre los agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil, los funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (G.I.C.O.) y el personal de vigilancia continúa ofreciendo resultados positivos en la lucha contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y las sustancias estupefacientes intervenidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha trasladado a la familia de Javier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo, quien junto al granadino David Rodríguez está en prisión provisional en Guinea Ecuatorial desde principios de año por un supuesto caso de corrupción del que se han desvinculado, que se trabaja desde la Embajada y el Ministerio de Asuntos Exteriores en este caso y espera que los dos puedan estar “lo antes posible” en el país.

Así lo ha expresado la subdelegada a los periodistas, después de haberse reunido con la familia y la alcaldesa del municipio, María Victoria Paterna, tras haber solicitado el encuentro. Desde el Ayuntamiento han aprobado la semana pasada, en sesión plenaria extraordinaria y urgente, una declaración institucional de apoyo a los dos ciudadanos españoles, detenidos “bajo acusaciones infundadas y sin que, a día de hoy, exista causa o acusación formal alguna contra ellos”, y han reclamado “la intercesión del Ejecutivo central y acelerar las actuaciones diplomáticas” para su liberación.

Mientras, las familias han iniciado una campaña de recogida de firmas en 'Change.org' ('https://www.change.org/p/sos-david-y-mi-hermano-javier-deten...') para exigir al Gobierno de España que intervenga directamente ante el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y sean liberados, porque “David y Javier pueden morir si no se actúa ya”.

Así lo expone la hermana de Javier, Laura Marañón, en la citada página, consultada por Europa Press, donde lleva más de 41.700 firmas en una semana y en la que se detalla que ambos están “encarcelados sin cargos en la cárcel de Black Beach en Guinea Ecuatorial”, después de ser “detenidos tras asistir a una reunión convocada por las autoridades, en representación de su empresa, investigada por corrupción en el proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT)”.

Según subraya Laura Marañón, “ellos no tienen ningún cargo directivo ni relación con las decisiones empresariales”, sino que “son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, a lo que añade que “las condiciones en las que se encuentran son inhumanas: aislamiento total, sin visitas, sin atención médica, sin acceso a comida adecuada”.

Al respecto, relata que su hermano ha perdido 20 kilos, “está en estado crítico y su vida corre serio peligro”, dado que inició una huelga de hambre, mientras que “David también está gravemente enfermo”, apunta Laura, quien asevera que “las familias estamos desesperadas, sin poder comunicarnos con ellos ni enviarles ayuda”, de modo que “la situación es límite”.

“A pesar de los esfuerzos de las familias, acudiendo al Gobierno español, al Ministerio de Exteriores, a la Embajada, Casa Real y otros organismos internacionales, no se ha logrado ningún avance real”, lamenta, para remarcar que “el Gobierno español y el Ministerio de Exteriores sigue sin actuar, lo dejan todo en manos de la Embajada que no tiene poder ninguno en Guinea”.

Mientras, valora que “el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución urgente para exigir su liberación, pero necesitamos presión ciudadana para que el Gobierno español actúe con firmeza y urgencia”, de ahí que pida firmar la petición en 'Change.org' para “exigir al Gobierno de España que intervenga directamente ante el presidente de Guinea Ecuatorial”. “No podemos esperar más, cada día cuenta”, enfatiza, reclamando ayuda para “salvar sus vidas”.

“En la enfermería con suero”

Entretanto, el hermano de Javier, Aarón Marañón, ha declarado que su cuñada entró “unos minutos” en la prisión el día 2 de septiembre porque Javier “estaba en la enfermería ya con suero y queriéndoselo quitar”, de modo que “para convencerlo la dejaron entrar unos minutos”, pero “a partir de ahí no sabemos nada más”.

Además, ha comentado que tienen dos abogados, pero “no pueden entrar” en la prisión, “ni contactar con ellos”, al tiempo que ha indicado que “los abogados no han podido concretar que haya acusación oficial contra ellos”, si bien “en publicaciones en Guinea se les considera directivos o responsables relacionados con la trama, pero ellos no tienen nada que ver porque no eran cargos que tuviesen poder de gestión en la empresa, ni cargo directivo”, ha aclarado, precisando que sus contratos son de “administrativo y técnico de vídeo”.

“Los directivos no se encontraban allí y el Gobierno pidió una reunión para que les informasen y tuvieron que ir ellos dos, porque eran los dos únicos españoles que quedaban en la empresa”, ha relatado Aarón, quien ha señalado que el director de la empresa les pregunta “cómo se encuentran” y “dice que está llevando gestiones”, aunque “en la relación de la empresa o del mismo con la justicia guineana no sabemos nada”.

Además, ha explicado que la petición de amparo al Parlamento Europeo llega después de que se propuso al Ministerio de Exteriores del Gobierno de España “en una reunión en mayo”, pero “consideraron que no era conveniente y no la apoyaron”, al tiempo que se les pidió que “las actuaciones no fuesen solamente a través de la Embajada, porque no eran fructíferas, y que fuese directamente alguien del Gobierno de España quien contactase con los dirigentes de Guinea Ecuatorial”, aunque “vemos que no cambia nada”, ha lamentado el hermano de Javier.

No obstante, ha valorado que “en los últimos cuatro meses les han concedido dos visitas a la Embajada, cosa que ellos realmente no es lo que más necesitan”, sino que “necesitan a la familia y que su situación se solucione”, ha advertido, señalando que “su situación va cada vez a peor, los aíslan, les van prohibiendo cosas, ya no se les puede llevar comida, y los aíslan sin salir al patio”.

Ante ello, Aarón ha solicitado que “sea el Gobierno el que contacte y negocie o hable”, puesto que las dos familias, “tanto las de los dos de aquí en España como allí en Guinea, estamos muy mal”, ha transmitido, recordando que su hermano tiene una hija pequeña que ha cumplido un año durante estos meses y “no ha podido ni verla empezar a andar ni ir a su cumpleaños”.

Piden “garantías” y medidas “inmediatas”

Por su parte, antiguos compañeros de David Rodríguez han reclamado el viernes pasado a las puertas de las instalaciones de la televisión municipal de Granada, donde el granadino fue jefe técnico, “garantías” tanto para él como para su compañero Javier Marañón.

Sobre el caso, el Parlamento Europeo ha reclamado a las autoridades de Guinea Ecuatorial “medidas inmediatas e incondicionales”, incluyendo el levantamiento de la prisión preventiva para ambos tras recalcar que la justicia en el país está “subordinada” al régimen de Teodoro Obiang.

“La defensa de los derechos humanos no entiende de fronteras. La presunción de inocencia, el acceso a la defensa y la protección frente a tratos inhumanos son principios irrenunciables”, han indicado los antiguos compañeros de Rodríguez a las puertas de la televisión municipal TG7 en Granada en un manifiesto leído durante una concentración.

También, han hecho hincapié en “la detención arbitraria de ambos ciudadanos” y exigido “medidas inmediatas e incondicionales para garantizar su bienestar, el levantamiento de la prisión preventiva, su derecho a un juicio justo, asesoramiento jurídico y atención médica”.

Han sido “trasladados a la prisión de Playa Negra, conocida por las graves vulneraciones de derechos humanos que allí se cometen”. “La situación de incomunicación, unida al régimen de prisión preventiva y a las denuncias sobre condiciones inhumanas y torturas en el centro penitenciario, nos obliga a alzar la voz”, han indicado los profesionales de TG7, que han exigido un “respeto íntegro de los derechos fundamentales de David y Javier” y han solicitado a las instituciones españolas y europeas que “intensifiquen todas las gestiones diplomáticas”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará este miércoles a un presidiario acusado de un delito contra la salud pública. Según consta en la calificación de la Fiscalía Provincial, este preso se enfrenta a una pena de otros seis años más de cárcel.

En concreto, en el año 2024, funcionarios de presiones llevaron a cabo un registro en el interior de la celda del acusado. Dentro intervinieron una bolsa verde de rafia que tenía en su interior polvo rosa y 945 pastillas. Además, entre su ropa había ocho bellotas y media de sustancia marrón.

Tras un análisis posterior, la sustancia resultó ser resina de cannabis. El polvo era ketamina. En total, la resina de cannabis en la prisión tendría un valor de casi 600 euros. Mientras, la ketamina habría llegado a costar más de 350 euros, según consta en la calificación de la Fiscalía Provincial.

Ahora, este hombre se enfrenta a un delito contra la salud pública en su modalidad de tenencia para el tráfico de sustancias estupefacientes. Además de los seis años de cárcel, la Fiscalía solicita el pago de una multa de casi 3.800 euros.

“Es entregado a la Guardia Civil para ser conducido el titular al lugar de su ejecución. Firmado por el director, el subdirector y el oficial de la prisión de Córdoba”. Este es el último apunte del expediente de un represaliado durante la Guerra Civil en la prisión de Córdoba. Como este, miles de expedientes forman parte del Archivo de Instituciones Penitenciarias y, ahora, todos los documentos sobre los internos de la cárcel que pasaron por allí entre 1930 y 1970 se prepararán y catalogarán para ser trasladados al Archivo Histórico Provincial y ser parte para siempre de la historia de la ciudad.

El Centro Penitenciario de Córdoba acaba de licitar un contrato precisamente para esa tarea, el servicio de organización del archivo de la prisión para el traslado de expedientes de esas cuatro décadas al Archivo Histórico Provincial. Ya desde hace unos años, el Archivo General del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha venido coordinando e impartiendo criterios de tratamiento técnico a los archivos de gestión de los centros penitenciarios, como el de Córdoba, para “los trabajos de preparación y autorización de las transferencias de esta serie documental de expedientes personales de internos, de cara a su transferencia” a los archivos históricos de cada provincia.

En el caso de Córdoba, Instituciones Penitenciarias había avanzado ya desde hace un tiempo los trabajos de catalogación sobre los expedientes de los prisioneros durante los años de la Guerra Civil y la represión franquista -como se contaba en este reportaje de Cordópolis-, que eran objeto de estudio y análisis por investigadores en Memoria Democrática y por familiares en busca de pistas sobre el paradero de víctimas represaliadas.

Parte de esos expedientes ya obraban en poder del Archivo Histórico Provincial y muchos otros habrían de prepararse para su traslado. Ahora, se toma como horquilla temporal las cuatro décadas que comprende desde 1930 a 1970, para que las vidas de aquellos presos sean ya tomadas como parte de la historia.

En esos expedientes, figuran los miles de nombres de los presos, sus huellas dactilares e historias también, con todo los detalles de lo acontecido durante el tiempo que pasaron en prisión, una memoria que ahora se guardará en el Archivo Histórico.

Trabajo laborioso y delicado

Ahora, la empresa que resulte adjudicataria del contrato que se acaba de licitar, deberá hacerse cargo de las distintas tareas que conlleva este proceso laborioso y delicado.

Según el pliego de condiciones, llevará a cabo el traslado de las cajas con los expedientes desde el depósito de la prisión, la manipulación de los expedientes para su adecuación (limpieza en primer lugar mediante brochas), la retirada de elementos que perjudiquen su conservación: materiales en mal estado, elementos metálicos y plásticos, y la preparación de cada expediente en carpetillas.

Asimismo, se identificará cada expediente, se grabarán los datos mediante la actualización de la base de datos, se acondicionarán los documentos en cajas de archivo normalizadas y se analizarán para la redacción de modelos de descripción de su contenido, entre otras tareas. El traslado al Archivo Histórico Provincial se establece en “un mínimo de 300 expedientes al mes”.

Como se ha venido haciendo con expedientes anteriores, los que lleguen desde la prisión para completar las décadas de 1939 a 1970 se digitalizarán ya en el Archivo Histórico Provincial, quedando ya así para siempre grabada y conservada las historias y la memoria de los presos de la cárcel de Córdoba.

La Guardia Civil de Córdoba, en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea, llevan a cabo regularmente actuaciones conjuntas en materia de detección y prevención de introducción de drogas en el Centro Penitenciario. Una de estas actuaciones ha permitido la detención de una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

La actuación ha sido realizada de forma conjunta, por funcionarios de Prisiones y agentes de la Guardia Civil, lo que ha permitido llevar a cabo una inspección momentos antes del acceso a las visitas programadas con algunos de los reclusos, en la que se ha detenido a una mujer, como presunta autora de un delito contra la salud pública, que previamente había sido marcada por un can de la unidad cinológica de Instituciones Penitencias. A dicha persona le fueron localizadas una bellota aparentemente de hachís, arrojando un peso de 10 gramos y una papelina de cocaína arrojando un peso de un gramo.

Los hechos descritos podrían constituir un delito contra la salud pública (tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas), con el agravante de haberse realizado en un centro penitenciario, castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triple del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos, según el vigente Código Penal.

La colaboración entre agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil y los Funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (G.I.C.O.), así como el personal de vigilancia del mismo, está aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba.

Detenida, diligencias instruidas y las sustancias estupefacientes intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

El sindicato CSIF ha expresado su preocupación y condena firmemente la agresión sufrida este miércoles por un funcionario del Centro Penitenciario de Alcolea por parte de un interno correspondiente al módulo 12, que protagonizó un altercado violento en la instalación. El sindicato informa de que, presuntamente, el interno desobedeció de forma activa las órdenes del personal y se dirigió corriendo hacia el patio del módulo alterando gravemente la convivencia del departamento. Allí, siempre según el testimonio de CSIF, extrajo una cuchilla, con la que agredió a varios internos y, posteriormente, al funcionario que trataba de controlar la situación, causándole lesiones en la espalda.

CSIF, sindicato mayoritario en la Prisión de Alcolea, detalla que el trabajador agredido fue trasladado a un hospital de la capital para su valoración médica, además de recibir parte facultativo en el propio centro. La central sindical tiene constancia de que, afortunadamente, el funcionario se encuentra fuera de peligro, aunque sufre fuertes dolores en la espalda como consecuencia del ataque.

La central sindical exige a la Dirección del centro el traslado inmediato de este interno a otro establecimiento más adecuado. Asimismo, CSIF indica que “esta agresión no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la dejadez institucional que sufre el colectivo de trabajadores penitenciarios por parte de la Secretaria General y, a su vez, directamente, del Ministerio del Interior”.

El sindicato denuncia con contundencia esta nueva agresión y vuelve a exigir al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas reales y urgentes para proteger a los profesionales penitenciarios. Algunas de estas actuaciones solicitadas son el reconocimiento oficial del personal penitenciario como agentes de autoridad el refuerzo de efectivos en los módulos y dotación de medios de autoprotección adecuados, la revisión del modelo penitenciario actual, que expone gravemente la seguridad del personal, una mayor agilidad y una actualización en la aplicación de sanciones disciplinarias efectivas a internos reincidentes, una formación continua y especializada, que se cubran el 100% de los puestos vacantes y la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo.

Finalmente, CSIF ofrece su apoyo absoluto al compañero agredido y al conjunto de la plantilla del centro penitenciario y recuerda que seguirá denunciando sin descanso cada ataque y cada negligencia que ponga en peligro las vidas de estos profesionales.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a un preso de la cárcel de Córdoba de un delito contra la salud pública después de que le fuera intervenida droga durante un registro en la cárcel. El tribunal ha considerado que las cantidades incautadas y la actitud del reo no constituyen indicios ni pruebas sólidas para formular una sentencia condenatoria. El Ministerio Público solicitaba para él siete años de prisión con la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y una multa de 354,6 euros, el equivalente al triplo del valor de la droga

Según los hechos probados, el procesado -de 29 años en el momento de los hechos- se encontraba en la cárcel de Córdoba en septiembre de 2023. Con motivo de un cacheo extraordinario con auxilio de la unidad canina de la prisión, le fue encontrado entre sus prendas 8,5 gramos de cannabis y 0,59 gramos de cocaína. El encartado, defendido por el abogado Marcos Santiago Cortés, arrastra desde que tenía 18 años una dependencia histórica al consumo de cocaína que ha compatibilizado con el consumo de cannabinoides

Tal y como apunta el tribunal, para que se consuma un delito contra la salud pública no solo es necesario que la persona tenga en posesión la droga, sino que también se acredite que el poseedor de la misma tenga intención de venderla o que haya elementos que así pudieran interpretarse, extremos que no han quedado acreditados en este caso.

Así, la Audiencia ha rechazado la hipótesis de la Fiscalía, que sostenía la acusación basándose en la variedad de la droga intervenida, a que la llevaba cuando se encontraba fuera de la celda, en zonas comunes donde hay contacto con otros internos, de lo que se deduce que es para venderla a terceras personas; y a la inconsistencia de la versión del acusado, que aseguró que adquirió la droga en el interior del centro. Para el tribunal, ninguno de estos indicios son válidos para condenar a este preso.

Así, argumenta que al reo no se le encontró una “variedad de droga”, sino solo dos “en una persona que ha acreditado documentalmente un consumo histórico desde su adolescencia. En cuando a que portara la droga y no la dejara en su celda, el acusado aseguró que tomó esa decisión para que no se la quitaran, dado que compartía este espacio con otro interno. Por último, la Audiencia señala que ”no es descartable“ que comprara la droga en el interior de la prisión y recuerda que sobre él no pesa condenada alguna por tráfico de drogas y sí de robo, atentado y resistencia.

Por todo ello, el joven ha sido absuelto de la acusación de un delito contra la salud pública.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha designado a Inmaculada Román nueva directora del Centro Penitenciario de Córdoba. Toma el relevo de Yolanda González, que ha estado al frente del establecimiento durante los últimos 14 años y deja el cargo a petición propia.

Licenciada en Derecho, con especialización en Derecho Público, Román ingresó como jurista en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias en 1999. Su primer destino fue el Centro Penitenciario de Ceuta, donde asumió la Subdirección de Tratamiento entre 2001 y 2002.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado desde entonces en el Centro Penitenciario de Córdoba: ejerció de jurista hasta 2011, fue subdirectora de Tratamiento entre 2011 y 2022 y directora de Programas hasta su incorporación en 2024 al Centro de Inserción Social Carlos García Valdés, también en Córdoba.

Yolanda González, por su parte, ha sido la máxima responsable de la prisión desde 2011. Es licenciada en Psicología e ingresó en el Cuerpo Superior de Técnicos en 2002. Trabajó como psicóloga en el Centro Penitenciario de Mallorca durante dos años, hasta su nombramiento como subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario de Córdoba en 2004. A partir de ahora, pasará a hacerse cargo de la Dirección de Programas en la cárcel de la capital.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una persona por la presunta comisión de un delito de robo con violencia cometido sobre una persona en la vía pública, al sustraer un bolso por el método del tirón y huir en bicicleta después.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las diez de la mañana del pasado día 20 de abril mientras la víctima se encontraba en una de las calles de la zona de Miralbaida hablando por teléfono. En ese momento, se le aproximó una persona en una bicicleta y, de forma sorpresiva, mediante un tirón, le sustrajo el bolso que portaba, en cuyo interior tenía su documentación, objetos personales, dinero en efectivo y las llaves de su vivienda, entre otros, huyendo el mismo inmediatamente del lugar.

A causa del tirón, la víctima cayó al suelo, siendo ayudada por una persona que se encontraba en el lugar de los hechos. Debido a la caída, sufrió varias heridas que necesitaron de asistencia sanitaria.

Detenido y localizado

Realizadas las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos, los investigadores consiguen localizar y detener al presunto autor de los hechos en el Sector Sur de la capital, siendo trasladado a dependencias policiales, dónde se pudo comprobar que al mismo le constaba una orden de búsqueda por un Juzgado de Salamanca.

Por tales hechos, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, quien acordó su ingreso en prisión como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Los sindicatos CCOO, APFP, ACAIP-UGT y USO han sido informados este jueves de la decisión de la directora del Centro Penitenciario de Córdoba de solicitar su relevo ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). Esta noticia se produce tras los acuerdos alcanzados el pasado martes día 6, los cuales no han evitado esta solicitud de relevo.

Los sindicatos han sido convocados a una reunión con la Subdelegada del Gobierno el próximo jueves 15 de mayo a las 9:00 de la mañana, encuentro en el que esperan abordar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del centro.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales expresan su preocupación sobre la continuidad de los acuerdos previamente establecidos. Asimismo, urgen a la SGIP a tomar medidas inmediatas para evitar futuros incidentes. Los representantes sindicales se preguntan si, tras esta decisión, se implementarán las medidas acordadas o si tendrán que esperar a la conformación de una nueva dirección, prolongando así una situación que consideran crítica.

Las organizaciones sindicales desean destacar y agradecer “la profesionalidad y la gran capacidad de la plantilla del Centro Penitenciario de Córdoba para afrontar situaciones delicadas”. CCOO, APFP, ACAIP-UGT y USO reafirman su compromiso de seguir trabajando en defensa de los derechos y la seguridad de todos los trabajadores penitenciarios.