El 17 de mayo, los cordobeses no podrán votar ni a Juanma Moreno ni a María Jesús Montero ni, probablemente, a Antonio Maíllo. España es una democracia parlamentaria y las comunidades autónomas, también. Los cordobeses tendrán que elegir a los 12 parlamentarios que, a su vez, votarán al futuro presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Aunque en esencia las elecciones se plantean como unas presidenciales, en la práctica no lo son, y por eso es tan importante para los partidos el periodo que se abre ahora: el de elegir a sus candidatos por cada una de las ocho provincias en Andalucía.

Y se avecinan cambios. En principio, ni el PP ni el PSOE ni Vox ni Por Andalucía repetirán a los números uno que presentaron en las elecciones autonómicas del mes de junio de 2022. En las fontanerías de los partidos se trabaja ya con cambios, que en algunos son más profundos que en otros. En el Parlamento de Andalucía, las listas son cremallera. Si un hombre ocupa el primer puesto, una mujer tiene que ser la segunda, un hombre el tercero y una mujer la cuarta. En el PP, la disputa está con los candidatos. En el PSOE, con las candidatas.

En el PP, es probable que se repitan nombres, aunque no en el orden de 2022. Hace cuatro años, el número uno fue Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento de Andalucía. El número tres lo ocupó Antonio Repullo, actual secretario general del PP de Andalucía y en esencia el número dos de los populares en la región. El quinto puesto fue para Adolfo Molina, actual delegado del Gobierno. Ahora, los populares colocarán a buen seguro a Repullo como número uno, ya que se trata de un hombre fuerte y muy próximo a Juanma Moreno. El puesto número tres podría ser para Aguirre o más bien para el actual consejero de Justicia y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. El quinto puesto también sería para alguno de los dos.

Los populares tienen actualmente siete parlamentarios y aspiran a repetir el resultado. Por eso no es descartable que también haya disputa por el hombre que ocupará ese puesto. El dos y el cuarto puesto serán ocupados por mujeres, donde podrían volver a repetir Araceli Cabello y Beatriz Jurado.

Donde está previsto que haya más cambios es en el PSOE. La llegada de María Jesús Montero ha dado máxima importancia a los secretarios provinciales del PSOE, a los que ha pedido que la acompañen al Parlamento. Por eso se da por bastante probable que la primera de la candidatura sea Rafi Crespín, que sustituirá a Isabel Ambrosio, exalcaldesa de Córdoba. El número dos sería para Esteban Morales, en una jugada de ajedrez. Morales es el actual portavoz del PSOE en la Diputación y concejal en Puente Genil, donde fue alcalde. En este pueblo ganó la suma de PSOE e IU las elecciones municipales, pero gobierna el PP como lista más votada. IU aceptó votar al PSOE pero con una condición: que Morales no fuese el alcalde. Su marcha como concejal (debería dimitir para ser parlamentario) despejaría la ecuación.

Los socialistas tienen tres parlamentarios por Córdoba. El puesto número tres sería para una mujer. María Jesús Montero plantearía ahí probablemente una incorporación desde el equipo de algún ministro andaluz. Tras su marcha, ya solo queda uno: Luis Planas, que es militante y vecino de Córdoba.

Cambios en Vox

Vox también tiene previsto cambiar a sus candidatos. En 2022, su número uno por Córdoba fue Alejandro Hernández. Ahora se atisban cambios. En Vox, el equipo lo decidirá la dirección desde Madrid previa consulta al candidato a la presidencia, Manuel Gavira. En las quinielas, vuelve a ganar muchos enteros la presidenta de Vox en Córdoba y concejala en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli.

Por Andalucía, una coalición en la que no se sabe si se integrará Podemos, es la única que tiene candidata ya elegida. Es Rosa María Rodríguez, que ya fue la número dos en 2022. Entonces, el candidato fue José Manuel Jurado, de Podemos. Jurado ya ha anunciado que no repetirá, a pesar de que ha sido tentado a última hora con volver a presentarse. En el caso de que Podemos se integre con IU en esta coalición, es probable que no pueda volver a elegir al número uno por la provincia de Córdoba. Aunque en las negociaciones de última hora todo es posible.

El resto de formaciones, no obtuvo representación en 2022. Por su parte, Adelante Andalucía eligió como candidata a Mariví Serrano en mayo del año pasado. En Córdoba se presenta también el Pacma. Su candidato es cordobés, pero no se presentará por la provincia. Javier Luna es el líder de la formación a nivel nacional e intentará dar la sorpresa en la provincia de Sevilla.

El comportamiento electoral de la provincia de Córdoba en las elecciones al Parlamento de Andalucía es similar al de Ohio, el estado americano en el que siempre gana el partido del presidente que acaba gobernando. Córdoba en ese sentido tiene una singularidad de provincia central, donde los resultados son muy similares a los que acaban cosechando los partidos en toda la región.

El próximo 17 de mayo, los cordobeses tienen que elegir a 12 parlamentarios que los representarán en el antiguo hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. Cuando el PSOE cosechaba mayorías absolutas (en los años ochenta pero también en el 2004 y 2008, los socialistas llegaban a llevarse siete de los 12 escaños en disputa en la provincia de Córdoba. En 2022, el PP de Juanma Moreno logró siete escaños por Córdoba en su mejor resultado histórico. Y de la misma manera, se tradujo en mayoría absoluta.

Los populares lograron en 2022 el 44,7% de los votos de los cordobeses. En 1982, el PSOE rozó el 49% de los votos solo en Córdoba, en la que es la mayor victoria electoral en la provincia en unas elecciones andaluzas. Ahora, los populares se han hecho con la hegemonía que siempre fue de los socialistas, pero aún no han llegado a un nivel de apoyo tan extraordinario como el de aquel PSOE andaluz.

Las pocas encuestas que se han publicado en las últimas semanas en Andalucía y que se han desagregado a nivel provincial señalan que el PP podría volver a repetir su resultado de 2022, con siete parlamentarios. No obstante, la de Sigma Dos apunta a un descenso del PSOE, que perdería un parlamentario y bajaría a dos. Los mismos, aunque con menos votos, tendría Vox. Por Andalucía obtendría un escaño.

Ese escenario señalado por esa encuesta inclinaría la mayoría absoluta del lado del PP. Su séptimo parlamentario depende de que los populares no bajen del 43-42% de los apoyos a nivel provincial. Dependiendo de los restos, de la participación y del número de partidos que se queden sin parlamentario, los populares podrían perder ese séptimo escaño en Córdoba por un número muy escaso de votos. El parlamentario iría a parar, probablemente, al segundo partido en apoyos, en este caso el PSOE.

El objetivo de los socialistas en Córdoba es no sacar un resultado peor al de hace cuatro años. Entonces lograron el 23,5% de los apoyos. Nunca en la historia autonómica de Andalucía el PSOE obtuvo un resultado tan malo en una provincia donde encadenó mayorías absolutas o apoyos muy amplios. Caer por debajo del 21% implicaría perder ese tercer escaño, probablemente hacia Vox.

Vox, por su parte, quiere seguir creciendo en Córdoba. En 2022 no llegó ni al 13%. Para el 2026, la formación de Santiago Abascal aspira a un 20% de apoyo. De lograrlo, le disputaría ese segundo escaño al PSOE e incluso de bajar el porcentaje de voto al PP se plantearía lograr un tercero, en un escenario muy optimista.

A la izquierda del PSOE se presentará Por Andalucía y Adelante Andalucía. Está por ver si finalmente Podemos Andalucía converge con Por Andalucía. En cualquier caso, esta formación, donde la presencia de Izquierda Unida es muy notable, aspira a mantener el escaño actual e incluso a lograr un segundo. En 2022 la formación se quedó en uno. Su porcentaje de voto fue del 10%.

En 2022 no logró escaño Ciudadanos, pero sí un 3,3% de los votos en Córdoba. Es un apoyo que se disputan ahora el PP y Vox. Los primeros aspiran a hacerse con ese puñado de votos para consolidar sus siete escaños. Vox, para asaltar el tercero.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha formalizado una denuncia ante el Juzgado Decano contra los titulares de la cuenta de la red social X de VOX Parlamento de Andalucía (perfil oficial del Grupo Parlamentario de la formación de Santiago Abascal), tras hallar en algunos de sus mensajes indicios de un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, motivado por el racismo y la xenofobia.

Todo parte de una investigación liderada por la fiscal Lucía Chacón a partir de una denuncia de los grupos PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba. La querella original se dirigía contra la formación política Vox y contra Paula Badanelli, portavoz municipal del partido en la capital cordobesa, motivada tras un acto religioso celebrado el 30 de marzo en el Parque de las Setas de Córdoba. En él, diferentes colectivos musulmanes realizaron un rezo conjunto para conmemorar el fin del Ramadán, contando con el permiso de la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, y desarrollándose sin incidentes.

La investigación sobre ese asunto concreto, sin embargo, no arrojó resultados, si bien, el 2 de abril de 2025, la cuenta @AndaluciaVox publicó el siguiente mensaje en la red social X: “Inseguridad y delincuencia: el resultado de las políticas de fronteras abiertas que PP y PSOE llevan décadas fomentando y amparando. Animales que no vienen a integrarse y a los que el bipartidismo premia con la pulsera del todo incluido. Con VOX, solo tendrían billete de vuelta”.

Así, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Córdoba analizó el perfil de la cuenta, confirmando que el mensaje se difundió con “vocación de perpetuidad” en una plataforma con más de 10 millones de usuarios en España. El decreto fiscal destaca que el buscador de la red social no permitió retroceder en las publicaciones más allá de septiembre de 2025 debido a la “ingente cantidad” de contenido compartido por dicha cuenta.

La “gravedad del contenido”

Aunque la policía no ha podido identificar de forma individualizada a la persona física que redactó el post, la Fiscalía ha decidido actuar contra los titulares del perfil por la gravedad del contenido. En este ámbito, el Ministerio Público subraya que la publicación vincula directamente la inmigración con la criminalidad y deshumaniza a las personas al calificarlas como “animales que no vienen a integrarse”.

La Fiscal fundamenta su decisión en el artículo 510.2 a) del Código Penal, que castiga las conductas que lesionen la dignidad de las personas mediante la humillación o el desprecio por motivos racistas o religiosos. El decreto sostiene que la actuación de Vox reviste indiciariamente los caracteres de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales.

Así, el decreto, fechado el 12 de enero de 2026 y remitido formalmente en febrero de 2026, acuerda el archivo de las diligencias fiscales para dar paso a la denuncia ante los juzgados de instrucción de Córdoba, que será ahora el que tenga que determinar si investiga o no el presunto delito de odio.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha subrayado este jueves que la construcción de la Ronda Norte de Córdoba va a seguir adelante “tal y como nos comprometimos, y lo hará garantizando la conservación de los restos arqueológicos que se han descubierto durante los trabajos previos”, después de que “los informes técnicos y culturales emitidos permiten mantener el trazado original del proyecto, incorporando todas las cautelas arqueológicas”.

En comisión parlamentaria, a preguntas del parlamentario de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, la consejera ha comentado que “el informe de Cultura recomienda ampliar los estudios arqueológicos y así se va a hacer, coordinado con la Consejería de Cultura y con el Ayuntamiento”, a la vez que “este informe aporta elevar la cota de la vía, que los hallazgos queden soterrados y también protegidos”.

Según ha expuesto, “esta solución técnica, que está avalada por los expertos, va a permitir compatibilizar la ejecución de la obra con la preservación del patrimonio”. “Y esto no nos va a hacer parar la obra, sino que va a continuar el proyecto”, en el que “se van a proteger los restos encontrados y avanzar con los estudios”, ha insistido.

En este sentido, Díaz ha recordado que “van a comenzar los trabajos en la Glorieta María de Maeztu”, al tiempo que ha defendido que “se dan respuestas y soluciones ante los restos arqueológicos encontrados y con los informes que tenemos sobre la mesa”.

Las críticas de Vox

Mientras, el parlamentario de Vox ha criticado “la falta de rigor con la que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba están gestionando el proyecto”, que está “prometido desde hace casi 20 años y que, por una u otra razón, sigue empantanado entre anuncios, retrasos e improvisaciones”, ha advertido, para remarcar que “es un proyecto plagado de incertidumbres”.

Así, ha citado “el problema de los restos arqueológicos hallados en la zona de actuación, que ha obligado a replantear los plazos y que demuestra una falta total de acción; el informe técnico de la consultora arqueológica, que recomienda excavar unos 5.000 metros cuadrados para determinar el valor exacto de los hallazgos, una intervención que podría prolongarse durante meses y que afectaría de lleno al diseño actual del trazado”, a la vez que “se habla de soterrar los restos arqueológicos o incluso de un cambio parcial del trazado”.

Ante ello, ha cuestionado por “qué significaría esto para el coste final del proyecto”, si “se va a modificar el presupuesto, los plazos o la tipología de la obra”, a lo que ha agregado que “si al final la nueva solución propuesta es el soterramiento, conllevaría una elevación de la cota del terreno” y “generaría una auténtica joroba en el paisaje urbano, incrementando el ruido, afectando a la visibilidad y privacidad de los ciudadanos”, así como “rompiendo el equilibrio ambiental y visual de la zona”.

Además, Hernández ha subrayado que “lo más preocupante es seguir sin conocer cuándo y cómo se va a cerrar definitivamente el anillo completo de la Ronda Norte y su conexión con la Nacional 432, porque sin ese enlace toda esta inversión quedará inconexa y sin utilidad real”, de modo que ha defendido que “los vecinos merecen respuestas” y desde Vox seguirán exigiendo “rigor, respeto al patrimonio y eficacia en las obras públicas”.

En enero de este año, el cordobés Javier Marañón Montero fue encarcelado en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. El régimen de Obiang formuló acusaciones vinculadas con una presunta trama de corrupción relacionada al proyecto de implantación de la TDT en ese país. El principal sospechoso para Guinea de este supuesto fraude es el empresario granadino José Luis Romero Díaz, propietario de la empresa Wayang Teknical (y vinculada también a Terratec). El cordobés Javier Marañón junto a otro andaluz, David Rodríguez Ballesta, son trabajadores de Romero y fueron capturados por la policía guineana.

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución en la que exige la liberación inmediata e incondicional estos dos ciudadanos europeos, detenidos desde enero de este año en Guinea Ecuatorial y recluidos en la prisión de Playa Negra (Malabo), una de las más temidas de África por sus condiciones “infrahumanas”.

La Eurocámara condena en los términos “más enérgicos” los malos tratos y las condiciones inaceptables de detención que sufren ambos presos y considera que su situación constituye “una clara violación del Derecho internacional en materia de derechos humanos”. Según el texto aprobado, las autoridades ecuatoguineanas deben levantar la prisión preventiva, garantizar el respeto de sus derechos fundamentales y permitir que reciban atención médica y asesoramiento jurídico.

El documento aprobado este 9 de octubre recuerda que Marañón y Rodríguez fueron arrestados a mediados de enero de 2025, en relación con un proyecto fallido de televisión digital terrestre, y que el 7 de abril fueron trasladados a la cárcel de Playa Negra. Desde entonces, denuncia el Parlamento, han sufrido aislamiento total, sin contacto con abogados ni familiares, después de que se interceptaran sus comunicaciones con diplomáticos españoles.

La resolución, aprobada por amplia mayoría, pide expresamente que se garantice tratamiento médico urgente para Javier Marañón Montero, cuya salud se habría deteriorado gravemente tras varias semanas en huelga de hambre como protesta por su detención. Los eurodiputados reclaman además que, si es necesario, se autorice su evacuación médica inmediata fuera del país.

El texto aprobado por la Eurocámara subraya que este caso ha provocado una grave tensión diplomática entre España y Guinea Ecuatorial y pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que redoblen los esfuerzos diplomáticos en estrecha coordinación con el Gobierno español.

El Parlamento advierte también de que las detenciones arbitrarias y los abusos sistemáticos en Guinea Ecuatorial dañan la reputación internacional del país y pueden tener consecuencias negativas para su cooperación con la Unión Europea. Además, denuncia la falta de independencia judicial, la corrupción estructural y las graves restricciones a la libertad de expresión bajo el régimen de Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde 1979.

La Eurocámara ha instado asimismo a Guinea Ecuatorial a firmar el Acuerdo de Samoa, que regula las relaciones entre la Unión Europea y los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, y ha recordado que el respeto a los derechos humanos es una condición indispensable para mantener la cooperación y las ayudas internacionales.

La presidenta del Parlamento Europeo remitirá ahora la resolución al Consejo de la Unión Europea, a la Comisión Europea, al Gobierno español, a las autoridades ecuatoguineanas, a la Unión Africana y al secretario general de las Naciones Unidas.

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado este jueves en el Pleno del Parlamento regional que la Unesco ha calificado de “ejemplar” la respuesta al incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba, originado el día 8 de agosto, hasta el punto de plantear su difusión “a otros sitios del Patrimonio Mundial que se enfrentan a riesgos similares”.

En su intervención ante preguntas sobre dicho incendio por parte del PP, Por Andalucía y Adelante Andalucía, Del Pozo ha indicado que “nadie puede hacer una valoración positiva de un incendio y menos de uno que afecta a un bien patrimonial tan importante como la Mezquita-Catedral, pero sí hay que destacar la rápida y eficiente reacción, el trabajo realizado por los servicios de emergencia y el resultado de las actuaciones desarrolladas por las instituciones”.

Así, ha hecho mención expresa a la carta del director del Centro de Patrimonio Mundial, Lazare Eloundou Assomo, en la que afirma que “es precisamente este tipo de prevención y gestión de incendios en sitios de patrimonio cultural y natural, incluidos los sitios de Patrimonio Mundial, lo que la Unesco promueve en su recientemente publicada Guía de Gestión del Riesgo de Incendios”.

La consejera ha indicado que estos reconocimientos --llegados también desde la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y del Ministerio de Cultura, entre otras instituciones-- destacan “la manera eficiente y coordinada en que se controló el fuego de la Mezquita-Catedral con el liderazgo de las autoridades competentes”.

A este respecto, Del Pozo ha señalado que “el Cabildo ha hecho un gran trabajo en la conservación y difusión del bien a lo largo de la historia”. “Así se demostró instantes después del incendio con la puesta en marcha de las medidas recogidas en el plan de autoprotección, lo que permitió una respuesta rápida y coordinada para controlar y sofocar las llamas”, ha resaltado.

Ante ello, ha defendido “la permanente mejora del plan de autoprotección”, a la vez que “se hacen simulacros constantemente y se va mejorando constantemente”. Además, ha dicho que va a continuar, “como ya estaba previsto”, el traslado de almacenamiento en el edificio a unos locales en el exterior ya adquiridos. De hecho, ha comentado que la zona de almacén donde se inició “lleva allí muchísimos años y está en todos los planes de autoprotección de la Mezquita-Catedral”, añadiendo que “nadie advirtió de ningún riesgo o peligro por ese hecho”.

Origen y trabajos

Igualmente, Del Pozo se ha referido al informe de la Policía Judicial sobre las causas del incendio, que concluye que su origen fue accidental y que se habría originado en la batería de una barredora eléctrica que se encontraba desenchufada en un almacén en el interior del monumento.

Entretanto, la consejera ha destacado que “la Junta de Andalucía mantiene un diálogo permanente con el Cabildo Catedral y el Ayuntamiento de Córdoba para impulsar la rehabilitación de la Mezquita-Catedral”. “Ya autorizamos la actuación de emergencia horas después del incendio y, una vez definido y revisado el proyecto, se dará el visto bueno a los trabajos de restauración de la zona afectada por las llamas”, ha aseverado.

Entretanto, ha indicado que “ni la titularidad, ni la gestión garantiza que no sucedan acontecimientos como el que ha sucedido”, de forma que “el riesgo cero no existe”, ha subrayado, para remarcar que “la Mezquita-Catedral está a salvo gracias a la eficacia de los planes de emergencia, a la actuación de todos los cuerpos de extinción, a la coordinación de todas las administraciones y a la rápida respuesta, que no se improvisa, que hay que aplicar un plan de autoprotección, que se cambia cada tres años”.

“Temimos lo peor”

Por su parte, la parlamentaria cordobesa del PP Verónica Martos ha expresado que “fueron momentos de mucha incertidumbre en los que nos temimos lo peor, porque teníamos grabadas en nuestra retina las imágenes de Notre Dame”, si bien ha elogiado que “las medidas protectoras funcionaron perfectamente y evitaron la catástrofe que podría haber sido”.

A su juicio, “fue un milagro que todo saliera perfectamente, gracias a todos los esfuerzos que se realizan año tras año, poniendo en formación a todo el cuerpo de Bomberos y a toda la Protección”, de manera que “la llamada fue a las 21,15 horas, en tres minutos estaban allí los bomberos y en torno a las 22,30 horas estaba controlado y sectorizado el fuego”, ha recordado.

Mientras, el parlamentario por Córdoba de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha cuestionado “cómo puede ser que habiendo al menos dos edificios propiedad de la Iglesia, como son el Seminario y el propio edificio del Cabildo, las baterías y todo lo que tiene que ver prácticamente con un almacén, se estuviese guardando dentro de la Mezquita”.

Asimismo, ha preguntado por “cómo puede ser que todo eso estuviera ocurriendo, que exista esa negligencia y que la Junta de Andalucía la niegue”. En su opinión, “admitir que se produjo la negligencia, que es lo que se va a acabar demostrando, es admitir su propia negligencia”.

Y la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía por Sevilla, Miren Begoñe Iza de la Torre, ha manifestado que “desde la Consejería intentaron constantemente tapar el suceso”, porque “mientras Andalucía contenía la respiración, porque se estaba quemando un patrimonio tan importante y se producía una tragedia, la Junta le quitaba importancia”.

Así, ha mencionado que “durante dos horas en Canal Sur se estuvieron emitiendo toros y los andaluces que estábamos asistiendo a esta tragedia tuvimos que saberlo todo por Internet y medios estatales”, a la vez que ha criticado que “este símbolo histórico de primer orden esté gestionado por la Iglesia, que lo descuida y falta totalmente transparencia”, de ahí que haya exigido “la titularidad pública”.

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha rechazado este viernes, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A en todos los casos, convocar un pleno extraordinario, este mismo mes de agosto, a solicitud de grupos de la oposición para acoger comparecencias del Gobierno de Juanma Moreno sobre asuntos como los incendios forestales registrados este verano en Andalucía y el fuego que se originó el pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

En concreto, la Diputación Permanente --órgano que vela por los poderes de la cámara autonómica en periodos vacacionales como el actual del mes de agosto--, ha votado solicitudes de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía para convocar un Pleno extraordinario con comparecencias de los consejeros de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, sobre los incendios forestales registrados este verano en Andalucía, y de manera específica sobre los que han tenido lugar en el término de Tarifa.

Por otro lado, la Diputación Permanente ha rechazado, también con los votos del PP-A, otras solicitudes de los citados grupos de oposición de izquierdas para convocar un Pleno extraordinario con una comparecencia de la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, sobre el incendio registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

En el transcurso del debate de estas solicitudes de Pleno extraordinario, que se han abordado de forma unificada aunque se han votado por separado, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, ha justificado el voto en contra del PP-A a estas peticiones de la oposición argumentando que no veía “necesidad que justifique” la convocatoria de un pleno extraordinario como el solicitado por dichos grupos.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha anunciado durante el debate de estas iniciativas que, si se rechazaba la convocatoria de ese Pleno extraordinario, como ha acabado sucediendo, su formación va a solicitar la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento “para estudiar cómo se está gastando el dinero en la prevención de los incendios en Andalucía” por parte del Gobierno de la Junta.

El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, ha anunciado este lunes que el Grupo Socialista ha registrado en esta jornada en el Parlamento de Andalucía la petición de convocatoria de la Diputación Permanente para que en este órgano comparecezca la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y dé explicaciones del incendio que afectó la noche del viernes a una capilla de la Mezquita.

En una rueda de prensa en Granada, Cuenca ha informado de esa iniciativa persigue que “comparezca con carácter inmediato el Gobierno de Moreno Bonilla, en concreto, la consejera de Cultura” para que “informe sobre el incendio, las actuaciones previstas por la Junta en conservación y protección”.

Los socialistas andaluces consideran que esas explicaciones no se den “mediante anuncios en medios de comunicación”, por lo que ha instado al Gobierno andaluz a que proceda a dar esas explicaciones “dando la cara”, que incluiría aclarar “qué medidas se estaban tomando y se van a tomar”.

Tras declararse “consternados, dolidos, preocupados” por el incendio que ha provocado el desplome del techo de una capilla y ha afectado a otras dos, ha sostenido que el siguiente paso es que “los andaluces, los cordobeses, tienen derecho a recibir las explicaciones de qué ha sucedido, por qué ha sucedido” y a partir de ahí escuchar “cómo se puede garantizar la preservación de nuestro patrimonio”.

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía ha demandado también la comparecencia parlamentaria del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, acerca de “la vergonzosa cobertura informativa” de la Radio Televisión de Andalucía.

Cuenca ha argumentado que “han generado una enorme polémica y bochorno ante los telespectadores andaluces”, ya que ha contrapuesto el hecho de que mientras “las televisiones nacionales cubrían un evento que es fundamental para nuestro patrimonio, nuestra identidad, como era el incendio de la Mezquita”, Canal Sur Televisión en su caso ofrecía la retransmisión en directo de una corrida de toros desde Marbella (Málaga).

Ha aceptado el portavoz socialista que “un festejo taurino entendemos que puede tener relevancia”, pero de igual forma ha advertido de que “nunca va a estar por encima de lo que estaba sufriendo el patrimonio de todos los andaluces”.

Cuenca ha informado de que la representación socialista en el Consejo de Administración de la RTVA ha solicitado la reunión extraordinaria de este órgano de representación para analizar esa cobertura de Canal Sur Televisión, mientras el portavoz socialista ha considerado que el Partido Popular la ha convertido “en una televisión a su servicio, a lo que dicta Moreno Bonilla”.

Laura llegó con nervios a la oposición para ganarse un puesto como profesora de Educación Primaria. Todo su esfuerzo estaba a punto de ser juzgado por un tribunal que tenía que determinar si su trabajo era válido con una nota numérica. La docente cordobesa realizó el primer examen sin dificultad y el segundo se centró en defender ante una serie de inspectores la labor que había realizado. Sin embargo, y días después, se sorprendió cuando fue a buscar su nota y esta aparecía como invalidada. La razón que le dieron fue que el tamaño de la letra de su portada era más grande de lo que ponía en las normas.

Y es que la docente se ha puesto en contacto con este periódico para denunciar lo que, para ella, es una tropelía para sus derechos. El documento que rige los trabajos que deben aportar los profesores para la oposición a Educación Primaria dicta que las portadas -y el resto del documento- deben estar a un tipo de letra denominado Times New Roman y que el tamaño debe estar en 12 puntos. Sin embargo, Laura cometió el error de, en vez de a 12, aumentarlo a una cantidad aproximada de 16. Tan solo cuatro puntos más. Pero su denuncia no va por ahí, sino que por el proceso realizado.

Laura ha afirmado a Cordópolis que reconoce el error que cometió, pero no entiende que le dejasen seguir todo el proceso. “Si te ponen que está la nota invalidada te tienen que avisar antes de la exposición y defensa. Si tú me permites defender el trabajo es que está bien. Lo has validado de facto”, explica. Por tanto, irá a los tribunales para tratar de defender lo suyo, aunque el futuro es incierto. “Tendremos un coste que no sabemos si servirá para algo. Asumimos el error de la letra, pero es una reacción extrema”.

Sin embargo, esta no es la primera candidata que sufre algo del estilo. Según informa el periódico Lavozdelsur, otra docente diseñó la portada con Canva y acaba excluida de la oposición por insertar como imagen la portada del archivo. La Consejería muestra sus dudas en ese sentido. “Las portadas con texto insertado como imagen no debían ser invalidadas, según la norma de la Junta de Andalucía”.

Y es que, en el caso de la cordobesa, Laura quería que la portada fuese más bonita y no fea, por eso incrementó el tamaño de 16 o aproximadamente. “No fue algo demasiado notable y ni siquiera me lo dijeron antes de exponer mi trabajo, que ahí es cuando me lo deberían haber dicho”. Muchas horas tras unas oposiciones que quedan manchadas por un tipo de letra cuatro puntos mayor a lo estipulado.

La portavoz del PSOE-A en la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el Parlamento de Andalucía, la cordobesa Ana Romero, ha celebrado este jueves que la Cámara autonómica haya aprobado la Proposición no de Ley (PNL) que ella misma ha defendido para urgir al Gobierno andaluz del PP a “elaborar un plan de control y erradicación del avispón oriental, que ayude a salvar al sector apícola andaluz”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha explicado que el avispón oriental es una especie exótica invasora de origen euroasiático que ha sido recientemente incorporada al Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, respondiendo a la evidencia científica sobre su impacto directo en la biodiversidad autóctona, especialmente sobre abejas melíferas y otros insectos polinizadores, así como a su efecto adverso en la apicultura, la agricultura, la salud ambiental y la salud pública.

Detectado desde 2018 en el Campo de Gibraltar, su expansión se ha acelerado alarmantemente, con registros confirmados en Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, y organizaciones agrarias como COAG Andalucía han alertado de un incremento significativo del número de reinas, lo que anticipa un crecimiento exponencial de nidos en los meses de máxima actividad, especialmente entre finales de julio y octubre.

La portavoz socialista ha recordado que el avispón oriental “ha tenido consecuencias devastadoras para la industria apícola, ya que estas avispas depredadoras atacan las colmenas, matan a las abejas y destruyen las crías, lo que pone en jaque la producción de miel, amenazando la viabilidad de la apicultura andaluza, un sector esencial para la economía y el medio ambiente” de la región.

Además, la 'vespa orientalis' supone “un serio riesgo para la agricultura y la biodiversidad autóctona, al atacar frutos y competir con especies autóctonas, lo que genera pérdidas económicas importantes y desequilibrios ecológicos”.

Sin embargo, “hasta la fecha y pese a la gravedad de la situación, la Junta de Andalucía no ha activado un programa específico de actuación, control o erradicación de la especie en el ámbito andaluz, con ausencia de protocolos, recursos y coordinación con ayuntamientos, cuerpos de seguridad y el propio sector apícola”, lo que, en palabras de Romero, “dejaba desprotegido al medio natural y al tejido económico agrario en un contexto ya de por sí afectado por otras presiones, como el cambio climático y la pérdida de polinizadores”.

Así, la propuesta socialista, que ha salido adelante con el apoyo de otros grupos y la abstención del PP, insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a “activar con carácter inmediato un plan autonómico de detección, control y erradicación del avispón oriental, y dotarlo de recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para su control y erradicación, incluyendo personal especializado, equipamiento y campañas informativas”.

Además, la Cámara andaluza ha avalado pedir a la Junta “apoyo directo para el sector apícola afectado por los daños derivados de esta especie invasora”, así como la puesta en marcha de una mesa de trabajo con las organizaciones agrarias y otras entidades implicadas, “para realizar el seguimiento de este plan autonómico de detección, control y erradicación” del avispón oriental.

Por último, la PNL socialista plantea que se establezcan protocolos de coordinación operativa con los ayuntamientos, cuerpos de emergencia, asociaciones agrarias y colectivos científicos, y que se cree un registro centralizado de avistamientos y actuaciones, así como la inclusión de medidas de prevención y sensibilización, todo ello trasladando información a las organizaciones agrarias UPA, COAG y Asaja.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha presidido este jueves la toma de posesión del nuevo director de la Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción (OAAC), Francisco de Paula Sánchez Zamorano.

Al acto, celebrado en la sede de la Cámara autonómica, también han asistido el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

Sánchez Zamorano ha tomado posesión del cargo después de que el pasado miércoles 9 de julio fuera elegido por el Pleno del Parlamento, con los votos de los grupos PP-A y Vox.

Jesús Aguirre ha dado la bienvenida al nuevo director de la OAAC, “un organismo necesario, imprescindible y que trabaja con ahínco en el fomento y el impulso de buenas prácticas en la gestión pública; así como en la denuncia de cualquier actividad ilegal que vaya en perjuicio de los intereses públicos andaluces”.

“Esta lucha por la corrupción y el fraude debe ser una apuesta común en la que predomine la coordinación y el consenso de todos los agentes implicados” ha continuado Aguirre, quien ha deseado una fructífera gestión al frente de este órgano al nuevo director, al mismo tiempo que le ha manifestado “toda la colaboración por parte del Parlamento de Andalucía ante esta tarea”.

La portavoz provincial de Adelante Andalucía en Córdoba, Mariví Serrano, ha anunciado este lunes que su formación volverá a llevar al Parlamento andaluz “la situación del agua potable en las comarcas del Norte de la provincia de Córdoba, en la que 90.000 vecinos de una treintena de municipios siguen sin tener garantizado el suministro con la calidad suficiente”.

Según ha informado Adelante Andalucía en una nota, plantearán en la Cámara autonómica “una batería de preguntas” para que el Gobierno andaluz del PP “explique sus actuaciones y las perspectivas de futuro”, para “una situación que se mantiene en el tiempo y en la que las administraciones aún no han puesto una solución efectiva”.

A este respecto, Serrano, en declaraciones junto a la parlamentaria andaluza Begoña Iza, ha criticado que “la Junta sigue impasible sin resolver este problema que va camino de convertirse en una situación histórica, para mal”, y ha expresado su incredulidad ante “las soluciones aportadas por el Gobierno andaluz y la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG)”, ya que “el agua procedente” de los embalses de La Colada y de Sierra Boyera “sigue contaminada”, algo que “se comprueba a simple vista, ya que muchos días sale con un color y un olor que hace imposible su consumo”.

Adelante Andalucía se ha preguntado si la Junta considera el agua como un derecho humano, ya que, a su juicio, “sólo hacen anuncios vacíos, fotos y promesas que nunca llegan, mientras los vecinos padecen durante años una situación insostenible”.

De esta manera denuncian que las soluciones propuestas son “absolutamente insuficientes, como la puesta en marcha de la EDAR de Pozoblanco, que acumula años de retrasos”, por lo que Adelante ha pedido al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, que “deje de hacerse fotos y ponga a la Consejería a trabajar en una solución definitiva”.

Ello es preciso, porque, según han advertido, “la sequía volverá a ser una realidad en los próximos años”, a causa del “cambio climático que afecta a Andalucía de una forma evidente, por lo que es el momento de resolver el problema de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, para que las instalaciones aseguren unos recursos hídricos aptos para el consumo cuando lleguen las temporadas de escasez de agua”.

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha elegido este miércoles, 9 de julio, al magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción al reunir su candidatura, presentada por el Grupo Popular, un total de 67 votos a favor que superan el equivalente a tres quintos de la Cámara andaluza --que se alcanza con 66 escaños--, mayoría necesaria para su elección en primera votación.

De esta manera, y aunque la votación se ha realizado en urna y ha sido secreta, de la aritmética parlamentaria y de los posicionamientos que previamente habían trasladado los grupos se desprende que Sánchez Zamorano ha reunido los apoyos del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta de 58 diputados, y de Vox, cuyo grupo se compone de 14 diputados.

No obstante, en la votación no han participado los 109 diputados, ya que, en total, se han contabilizado 103 votos, puesto que había ausencias en los escaños, entre ellas, la del presidente del Grupo Popular y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que es diputado por Málaga y que no se encontraba presente en el Pleno en ese momento.

Pese a ello, la candidatura de Sánchez Zamorano ha reunido 67 votos a favor, frente a 36 que se han emitido en blanco, y que casi equivalen a los 37 escaños que suman los grupos Socialista (30), Por Andalucía (5) y Mixto-Adelante Andalucía (2).

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha anunciado la elección de Francisco de Paula Sánchez Zamorano como director de la Oficina Andaluza Antifraude tras leer el resultado de la votación, que se ha llevado a cabo siguiendo lo previsto en el artículo 25 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.

De no haberse alcanzado una mayoría equivalente a tres quintos del Pleno del Parlamento, habría que haber esperado al menos 15 días para llevar a cabo una segunda votación en la que ya habría bastado la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A para la elección del nuevo director de dicha oficina, que sustituye en ese cargo a Ricardo Puyol Sánchez, que presentó su dimisión hace un año.

Trayectoria

Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que ha asistido a la votación desde la tribuna de invitados del salón de plenos junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, superó la semana pasada el examen de idoneidad en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento, con los únicos votos a favor del PP-A, mientras que los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, votaron en contra y Vox se abstuvo.

Nacido en Carcabuey (Córdoba), en 1957, Francisco de Paula Sánchez Zamorano es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (Promoción 1974/1979) y magistrado. Ha sido hasta hace unos días presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, cargo al que accedió en noviembre de 2014, y ha sido miembro electivo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1995-1999).

Asimismo, ha sido colaborador honorario del departamento de Instituciones Jurídicas Públicas y Privadas de la Universidad de Córdoba; profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba, y miembro numerario de la ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico Jurídicos.

Aldeas Infantiles SOS ha celebrado este martes en el Parlamento de Andalucía un pleno infantil con el objetivo de fomentar el valor del respeto y reflexionar sobre el uso adecuado y seguro de la tecnología, en el que 106 escolares de Educación Primaria se han convertido en procuradores por un día y han llevado sus propuestas al hemiciclo.

Los alumnos pertenecen a los colegios Inmaculada Concepción, de Alhama de Almería (Almería); Tirso de Molina, de Córdoba; Nuestra Señora de las Mercedes, de Granada; San Roque, de Cala (Huelva); Los Álamos, de Carboneros (Jaén); Bergamín, de Málaga; y Arias Montano, de Sevilla, según informa la asociación en un comunicado.

El acto ha estado presidido por la vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre García; el director general de Infancia, Adolescencia y Familia, José Mora Cobo; y el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig Pérez. Durante el pleno, los jóvenes diputados han debatido sobre la importancia del respeto, tanto en las relaciones interpersonales como en el uso responsable de la tecnología.

En este curso 2024-25, el programa 'Abraza tus Valores' se centra en el valor del respeto para aprender a utilizar las pantallas y la tecnología de manera adecuada. “El respeto es una herramienta clave para construir relaciones saludables con uno mismo, con los demás y con el entorno. La novedad de este curso es que hemos relacionado este valor con un tema que nos preocupa a todos: la utilización indebida de las pantallas y de las redes sociales, así como el acceso a contenidos inapropiados para su edad”, ha afirmado el presidente de Aldeas Infantiles SOS.

En total, 19.600 alumnos de Educación Infantil y Primaria de 196 centros escolares de Andalucía participan en este Programa de Educación en Valores de Aldeas Infantiles SOS, en el que se incluye la actividad 'Diputados por un Día', que hoy ha llevado a la cámara a 106 escolares.

En representación del colegio Inmaculada Concepción su portavoz, el diputado Hugo Ayala Tortosa, de 6º de Primaria, habló del buen y mal uso de las tecnologías concluyendo con que “las pantallas son herramientas poderosas y el respeto hacia su uso adecuado es esencial para que crezcamos en un entorno equilibrado y saludable, donde no sean un peligro o un distanciamiento social, sino una ayuda en nuestro aprendizaje y desarrollo personal”.

Uso de pantallas, tiempo y salud

El segundo diputado, Álvaro Guerrero Sancho, de 5º de Primaria del colegio Tirso de Molina de Córdoba, basó su ponencia en el uso respetuoso de las pantallas, para afirmar así que “debemos respetarnos a nosotros mismos, cuidando nuestro tiempo y salud, y respetar a los demás, sin insultar ni molestar en juegos o redes sociales”.

Desde el colegio Nuestra Señora de las Mercedes tomó la palabra el diputado David Conde Rovira, de 5º de Primaria, para hacer hincapié sobre todo en los problemas que conlleva el abuso de la tecnología. “Pueden tener graves consecuencias como el insomnio, la falta de atención, la disminución de la creatividad o perjudicarnos la vista”, ha afirmado.

En cuarto lugar, intervino diputado Miguel Ángel Fernández, de 5º de Primaria del colegio San Roque para, desde la tribuna de oradores, hablar de las ventajas y desventajas de la tecnología. El alumno ha apuntado que “la tecnología puede llegar a ser de mucha ayuda y tener beneficios, pero hay que saber utilizarla con cabeza y respeto”.

La diputada Maia Rojas Palencia, 5º de Primaria, del colegio Los Álamos, nos planteó cómo relacionarse a través de las redes sociales. “Debemos tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros, y si, por el contrario, observamos que no es así y que se está intentando hacer daño a otros usuarios o se meten con nosotros mismos, debemos mostrar nuestro rechazo y denunciarlo lo antes posible”, ha defendido.

Representando al colegio Bergamín, la diputada Hajia Tanko Yusif, de 6º de Primaria, reflexionó sobre las precauciones que hay que tener al usar la tecnología: “Además, hay que tener cuidado con las personas con las que hablamos y cómo hablamos con ellas, ya que no sabemos quién está detrás de la pantalla”.

Y, por último, desde el colegio Arias Montano, la diputada Julia Calvo Cotán, de 5º de Primaria, habló principalmente sobre el valor del respeto en nuestra vida diaria: “Respetar a los demás significa no molestar, no decir cosas feas por Internet y no compartir fotos o videos sin permiso”.

Tras los discursos, los siete portavoces, uno por cada provincia, han presentado 14 compromisos y se ha abierto el turno de votaciones. Todos los diputados infantiles han pasado por la urna para decidir su propuesta favorita y comprometerse a cumplir la elegida.

La más votada ha sido “establecer un límite de tiempo en los ordenadores, móviles, tabletas, etcétera, para que podamos desconectar del mundo virtual y experimentar y disfrutar de la vida alejados de las pantallas”, seguida de “pasar más tiempo con nuestros amigos y familiares en lugar de recurrir a las tecnologías cuando estemos aburridos”. En tercer lugar, y en la línea de las dos primeras, los jóvenes diputados se han comprometido a “establecer límites de tiempo frente a las pantallas y salir por las tardes a los parques de nuestro pueblo, a jugar a juegos tradicionales con nuestros amigos”.

Educando en valores en la era digital

Aldeas Infantiles SOS, “consciente del impacto que el uso excesivo e inadecuado de las pantallas puede tener” en la vida de los niños, ha iniciado este curso 2024-25 un ciclo de tres años dentro de su programa educativo 'Abraza tus Valores', con el objetivo de fomentar el equilibrio en el buen uso de la tecnología. Esta iniciativa “busca proteger a los más pequeños de contenidos inapropiados, promover su bienestar físico y emocional, y fomentar su participación activa en la sociedad”.

Entre las novedades propuestas destaca el reto 'Una Semana Sin Pantallas', una actividad que invita a las familias y comunidades escolares a desconectarse temporalmente de dispositivos digitales para redescubrir otras formas de interacción, aprendizaje y disfrute.

Según ha destacado Aldeas Infantiles SOS, lleva 27 años acercando los valores al entorno escolar a través de su programa de Educación en Valores, promoviendo la reflexión y el diálogo entre alumnos, profesores y familias, con el objetivo último de forjar mejores personas y ciudadanos más responsables.

“La misión principal de Aldeas es garantizar el derecho de todos los niños y niñas a crecer en un hogar”, ha señalado. Para ello, fortalece a las familias vulnerables para que puedan atender adecuadamente a sus hijos; brinda un “entorno protector” a los niños que no pueden vivir con sus padres, para que puedan crecer sintiéndose seguros y queridos; y acompaña a los jóvenes más allá de la mayoría de edad hasta completar su independencia.

La Comisión de Industria, Energía y Minas del Parlamento de Andalucía ha rechazado este miércoles, con los votos de PP y Vox, una proposición no de ley (PNL) del PSOE relativa al cierre de las centrales nucleares y del Centro de Residuos Radiactivos de El Cabril, en Hornachuelos (Córdoba), que sí ha apoyado Por Andalucía.

Desde el grupo proponente, el PSOE, el parlamentario por Huelva Manuel Enrique Gaviño ha explicado que “Andalucía no depende de las nucleares, sino que sólo sufre las nucleares, con el establecimiento del centro de El Cabril como gran vertedero de residuos peligrosos de toda España y parte de Europa”.

Según ha expuesto, “es una herencia del anterior régimen, a la que todos acordamos decir basta ya, porque ya hemos cumplido con la historia, con la energía en España y con las nucleares, y que íbamos a cerrar El Cabril cuanto antes”, como se recogió en “una PNL que planteó el PP y que el PSOE votó a favor, muy a pesar de su sorpresa”, ha recordado, para pedir a los populares “coherencia, que se opongan al mantenimiento de las nucleares y que pidamos el cierre de El Cabril inmediatamente”.

Mientras, ha relatado que “el sector privado acordó con Enresa el calendario de cierre del parque nuclear español entre 2027 y 2035”, después de que “las centrales nucleares activas son de los años 80-90 y fueron construidas para una vida útil de 40 años”. Por tanto, “todas van a cerrar con más años de servicio de los que inicialmente fueron previstos”, ha afirmado.

Ha añadido que “extender la vida útil de las centrales nucleares españolas requeriría grandes inversiones”, que “acabarían trasladándose a las facturas eléctricas de los hogares españoles”. Por ello, “la producción energética de las centrales nucleares va disminuyendo y son cada día menos relevantes en el conjunto del país”, ha subrayado.

Al hilo, ha defendido que “España avanza hacia una energía más barata y sostenible”, porque “las renovables ya aportan más del 50% de la electricidad y han impulsado la inversión extranjera”. “De momento ninguna empresa ha pedido formalmente cambiar el calendario de cierre nuclear, pero sí compensaciones económicas”, ha apuntado.

En palabras de Gaviño, “las nucleares no son más seguras, ni más limpias, ni más baratas”, a lo que ha agregado que “la transición energética impulsa soluciones para el cambio climático ya”, y “las centrales no son una solución al cambio climático hoy en día”, al tiempo que ha señalado que “las centrales nucleares actuales dejarán de ser rentables muchos años antes”.

Además, ha precisado que “cada día de operación de una central nuclear genera más residuos que deben almacenarse de forma segura durante miles de años”, recordando que los residuos de alta peligrosidad se almacenan “en las propias centrales y los de media y baja intensidad en El Cabril, en Córdoba”.

Respecto al criterio de la transición justa, el socialista ha remarcado que “el cierre de las centrales debe de ir acompañado de inversión y empleo en las zonas donde estaban, como ya ocurrió con la minería del carbón”.

“Incoherencia”

Desde el PP, la parlamentaria por Almería Julia Ibáñez ha advertido de “la incoherencia y la irresponsabilidad del PSOE en política energética, porque, por un lado, la vicepresidenta Teresa Rivera defiende en Europa la inclusión de la energía nuclear dentro de la taxonomía verde, reconociendo su papel clave en la transición energética y en la reducción de emisiones de dióxido de carbono; y, por otro lado, el Gobierno de Sánchez mantiene el calendario de cierre de las centrales nucleares, que claramente nos aboca a una mayor dependencia energética y a un encarecimiento de la factura de la luz para todos los hogares y familias”.

Igualmente, ha apuntado que “el PSOE pide en esta iniciativa que se apoye el cierre de El Cabril, mientras que el Gobierno acaba de aprobar su ampliación hasta el año 2073”. Por tanto, “¿cómo es posible que se pueda defender el cierre en Andalucía y al mismo tiempo autorizar su ampliación?”, ha cuestionado.

Entretanto, ha manifestado que “la energía nuclear es una fuente segura, estable y limpia, que contribuye a garantizar el suministro eléctrico”, a la vez que ha respaldado “la necesidad de una planificación energética que combine el impulso a energías renovables con mantenimiento de tecnologías de respaldo, como la nuclear”, porque “solo así podremos conseguir el suministro energético estable, competitivo, seguro y evitando situaciones que comprometan la actividad industrial”, ha argumentado, todo ello “hasta conseguir realizar la transición energética en el país”.

Además, ha lamentato que “mientras al Gobierno se le llena la boca hablando de transición energética, en la práctica pone trabas a todos los proyectos e inversiones en energías limpias, porque no nos dotan de las autopistas eléctricas necesarias para transportar la energía producida”.

Y ha destacado que “a pesar de ello, la comunidad se posiciona como un actor clave en la competitividad industrial europea, impulsando energías limpias para reducir los costes energéticos”. Por tanto, “Andalucía lidera una transición energética con hechos y compromisos presupuestarios”, ha ensalzado.

En definitiva, ha mantenido que desde el PP defienden “una planificación energética basada en criterios técnicos y no en dogmatismos ideológicos que garanticen precios asequibles a familias y empresas, y que asegure el suministro sin depender de terceros”, de ahí que vea “preciso que el calendario de cierre de las nucleares se revise, se adapte a la realidad energética del país y, sobre todo, a los compromisos medioambientales asumidos”. Y cree que “habría que hacer una regulación seria, medidas urgentes, para solucionar el problema de almacenamiento”.

Por Andalucía

La parlamentaria de Por Andalucía por Sevilla Macarena Gómez ha dicho que están “muy de acuerdo, no sólo en el fondo, sino en todos y cada uno de los puntos y peticiones concretas al Consejo de Gobierno” con la iniciativa del PSOE, subrayando que “la energía nuclear plantea problemas, porque no es segura; es más cara ahora mismo que la renovable, y, por tanto, no tiene ningún sentido”, a lo que ha sumado que “tiene problemas para el medioambiente, como se ve en El Cabril”.

Asimismo, ha apoyado la transición a las renovables, con un modelo en el que “la ciudadanía pueda ser partícipe”, como por ejemplo con mayores comunidades energéticas, y ha abundado en que “la energía renovable es segura, limpia y más barata”, algo que “se notaría no sólo en los hogares andaluces, sino también en la industria”. Y ha defendido “seguir investigando para almacenar la energía procedente de renovables” y que “se cierre” El Cabril.

Y por Vox, el parlamentario por Huelva Rafael Segovia ha expresado que “el Pacto Verde europeo incluye la energía nuclear como segura, limpia y eficiente, lo cual no se corresponde con lo que acaban de decir” desde PSOE y Por Andalucía.

Además, ha declarado que “en España las nucleares suponen un respaldo imprescindible a las renovables, que no pueden garantizar un aporte constante debido a su producción intermitente y a la incapacidad tecnológica para almacenar en grandes cantidades”, al tiempo que ha dicho que en Andalucía “existen proyectos, como el del hidrógeno verde, que requieren gran cantidad de energía, y muy difícilmente las renovables en exclusiva van a poder cubrir la demanda”.

Ante ello, ha transmitido que “no puede ser que una industria que se va a gastar miles de millones en hacer plantas en Andalucía, después tenga apagones por falta de electricidad”. Así, ha mencionado que no están a favor de mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares, incluyendo El Cabril, aunque no están “en contra de apostar por las renovables”, pero “actualmente no se dan las condiciones técnicas para que sustituyan a la energía nuclear”.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha culpado este miércoles a las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana del retraso en la ejecución, por parte de la Junta, de proyectos de mejora de caminos rurales en Córdoba, como el de Villaviciosa a Espiel y otros cinco en el Norte de la provincia.

Así lo ha asegurado el consejero, en comisión parlamentaria en la Cámara autonómica, en respuesta a las preguntas de la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana María Romero sobre el referido camino de Villaviciosa a Espiel, incluido por la Junta en el Plan Intínere, “aprobado en 2022, y se dio menos de un mes a los ayuntamientos para solicitar la mejora, y se tardó aproximadamente un año en dar la resolución definitiva, y nos vamos a 2023”, lo que la ha llevado a preguntar “en qué situación se encuentra el camino de Villaviciosa-Espiel, más de dos años después de la solicitud”, a la vez que ha lamentado que la Junta “no ejecuta lo que presupuesta”.

Ante esto, Fernández-Pacheco ha explicado que “la Junta de Andalucía está estudiando el último escrito remitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fecha 3 de febrero de este año”, que es “la última comunicación acerca de las medidas correctoras que la Junta de Andalucía tiene que implementar en el proyecto”.

En consecuencia, la Junta está “estudiándolo” e intentará “correr más que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que el camino esté terminado lo antes posible”, añadiendo que, en esta tesitura, el proyecto de dicho camino no está licitado, precisamente porque desde la Confederación del Guadalquivir “objeciones al proyecto”, de modo que “tendremos que aprobar primero el proyecto, pero para eso hace falta el 'ok' de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”, cuya “última comunicación fue el pasado 3 de febrero”.

En cualquier caso, el consejero ha opinado que “todos tenemos que mejorar en lo que tiene que ver con la comunicación entre diferentes administraciones públicas, para que estos proyectos no se ralenticen en el tiempo”.

En cuanto a la afirmación de Romero de que la Junta está tardando mucho con este proyecto, Fernández-Pacheco le ha respondido que “sí”, pero que “la Confederación (del Guadalquivir) está tardando igual o más”, de la misma forma que “la Confederación del Guadiana ha tenido cinco caminos parados en el Norte de la provincia de Córdoba durante nueve meses”, y tres de ellos “todavía no han podido empezar porque sigue sin llegar el informe de la Confederación Hidrográfica” del Guadiana.

Sin embargo, según ha subrayado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, “el Gobierno de Juanma Moreno ha finalizado 51 caminos rurales en la provincia de Córdoba, con más de 154 kilómetros, con una inversión superior a los 13,5 millones de euros”, lo que supone “un compromiso fehaciente que todo el mundo puede comprobar”.

El parlamentario de Por Andalucía en Córdoba y coportavoz de Podemos Andalucía, José Manuel Jurado, ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia de la consejera de Salud porque “el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que dar explicaciones sobre lo ocurrido en el caso de la intoxicación alimentaria que se habría producido en la taberna La Sacristía de Córdoba el pasado 4 de enero”.

Así, desde Por Andalucía han señalado que también se quiere saber si la administración autonómica tiene previsto abrir expedientes e imponer sanciones “a los hospitales privados que no activaron el protocolo de intoxicaciones que debe ponerse en marcha cuando llegan personas intoxicadas”. Para Gómez Jurado, esto es resultado de “la privatización de la sanidad” en Andalucía.

Además, desde Por Andalucía acusan a la delegada territorial de la consejería de Salud, María Jesús Botella, de “hacer lo que mejor sabe hacer, que es manipular, ya que aseguró que no llegó la notificación hasta el día 13 de enero. Sin embargo, sabemos por Facua y por las personas afectadas que eso no es verdad, ya que los casos fueron llegando día tras día”. Desde Por Andalucía consideran la actuación de la Junta de Andalucía “negligente”.

“Había 44 personas intoxicadas, una persona fallecida, y se ha producido una secuencia de negligencias por la que la Junta de Andalucía y el Gobierno andaluz tendrán que dar explicaciones, porque queremos saber por qué no se tomaron ciertas medidas, como el cierre provisional del establecimiento, así como toda la normativa que no se cumplía”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha reunido este martes con representantes de las AMPA de los tres colegios públicos y del instituto público de Baena (Córdoba), para abordar “la situación grave que vive el municipio, donde hasta un 80% de alumnos se matriculan en la concertada”, razón por la que llevará al Parlamento andaluz el cierre de líneas educativas públicas en Baena.

En este sentido, García ha recordado que en numerosas ocasiones su formación ha señalado “la situación que se vive en toda Andalucía de cierre de líneas, ataques a la pública, falta de recursos y falta de profesorado”, sin embargo, el portavoz de Adelante Andalucía ha resaltado que la situación que está viviendo Baena es “extrema”

Así ha asegurado que, desde hace años, en el municipio baenense “se ha beneficiado sistemáticamente a la educación concertada, eliminando aulas de la pública, dando menos profesores, menos recursos, descuidando los edificios e instalaciones públicas, y ahora está dando sus frutos, ya que la mayoría del alumnado se matricula en la concertada”.

Por este motivo el parlamentario andaluz se ha comprometido a llevar a la Cámara autonómica el mencionado cierre de líneas educativas públicas de Baena, para que la consejera de Educación, Patricia del Pozo, “responda y dé explicaciones sobre lo que está sucediendo”.

Además, García le pedirá a del Pozo “que desautorice a su delegado provincial de Córdoba, por llevar cinco meses negándole una reunión a las familias, porque se le olvida que el sueldo no se lo están pagando los centros concertados, se lo está pagando toda la ciudadanía y lo mínimo es que se reúna”.

Por último, el portavoz ha criticado “el mito de la derecha sobre el derecho a elegir de las familias, porque actualmente son las familias las que no tienen derecho a elegir para que sus niños estén en la pública, y esto se tiene que acabar”.

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inma Nieto; el parlamentario de dicha formación por Córdoba, José Manuel Gómez Jurado, y el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, se han reunido con representantes del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Córdoba, incluido el responsable de Atención Primaria, José Antonio Prados, para analizar la “grave” situación de la Atención Primaria en Córdoba, donde “recientes decisiones están generando una preocupante fuga de médicos”, cuestiones éstas sobre las que Por Andalucía preguntará al Gobierno andaluz del PP.

Según han informado Por Andalucía y CCOO Córdoba en un comunicado conjunto, entre dichas decisiones “destaca la imposición de guardias obligatorias que obstaculizan la conciliación laboral y personal” de los facultativos, explicando Prados que, en el caso del Distrito Córdoba-Guadalquivir, “las modificaciones hechas en los últimos meses, supuestamente, para reducir las listas de espera en Atención Primaria, solo han servido para sobrecargar al personal médico, que, en cuanto tiene oportunidad, abandona el distrito”.

Es más, “el mal trato profesional hace que los MIR que se han formado en el propio distrito opten por marcharse y todo esto provoca listas de espera de más de 15 días para ser atendido” en Atención Primaria, “lo que a su vez obliga a las personas a acudir a servicios de urgencias con patologías que deberían ser atendidas en los centros de salud, con lo que conseguimos saturar las urgencias y dar un mal servicio a las personas usuarias”.

Ante este “panorama crítico”, Inma Nieto ha avanzado que desde Por Andalucía se presentarán, “tanto preguntas, como una petición de comparecencia para que la consejera de Salud explique la situación y se evalúe la disposición para revertir esta problemática”.

A juicio de la portavoz de Por Andalucía, “es fundamental encontrar soluciones que, no solo detengan la huida de profesionales de la salud, sino que también fortalezcan y mejoren el sistema sanitario público en la provincia”. Así, “en un contexto donde la Junta justifica los problemas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la escasez de personal, especialmente médico, es alarmante que se someta a este personal a condiciones que los llevan a abandonar el sistema público en favor de la privada o de otras regiones”.

Córdoba, según ha lamentado Nieto, “es la provincia que menos médicos retiene en Atención Primaria, lo que está generando una prolongación en los tiempos de espera para las citas médicas y un deterioro en la calidad del servicio de salud público en la provincia”. Por eso “es imperativo tomar medidas inmediatas para abordar esta crisis y garantizar el acceso equitativo y eficiente a la atención médica para toda la ciudadanía”, según ha concluido.

Entre el 27 y el 29 de septiembre, 116 coordinadores del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) en España se han reunido en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid para una formación de tres días.

Los coordinadores han aprendido cómo gestionar y comunicar el programa Escuelas Embajadoras, cómo involucrar a los alumnos en los temas europeos y cómo colaborar con las asociaciones juveniles y de la organización civil de cara a las Elecciones Europeas de 2024, que están fijadas para España el 9 de junio del próximo año.

Esta es la novena edición del programa EPAS, que ha involucrado a más de 30.00 alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP de toda España. Este programa educativo se denomina Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Tiene por objeto estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes, proporcionándoles un conocimiento activo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en particular.

Se trata tanto de enseñar datos sobre la Unión Europea como de dar la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea: lo que significa la Unión en la vida cotidiana y lo que se puede hacer para lograr que, en el futuro, Europa sea como sus ciudadanos deseen.

Los alumnos y los profesores que realicen el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo conocerán las oportunidades que les ofrece la ciudadanía europea y serán conscientes del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso decisorio europeo. Por tanto, el objetivo es lograr que los jóvenes conozcan sus posibilidades de acción y que comprendan, entre otras cosas, la importancia de votar en las elecciones al Parlamento Europeo.

El IES Medina Azahara participa por tercer año y el IES El Tablero es su primer año de participación en el programa, en el que deberán poner en valor la información del Parlamento Europeo, por medio de mantener un InfoPoint sobre el Parlamento Europeo actualizado en su centro educativo en un lugar visible; trabajar con materiales didácticos proporcionados por el Parlamento Europeo; realizar actividades a lo largo del curso relacionadas con la Unión Europea; y celebrar el 9 de mayo en su centro.