Vox ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) por la presunta modificación y/o destrucción de pruebas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el domingo 18 de enero, con el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, por la supuesta comisión de delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento.

El escrito se basa en un informe de la Guardia Civil que recoge actuaciones sobre material probatorio ya intervenido y precintado, que “no contaban con autorización judicial expresa ni con supervisión de los responsables de la custodia”. Según la denuncia de Vox, dicho material quedó “debidamente agrupado, cubierto, señalizado y precintado”, aunque posteriormente los agentes constatan que quedó “sin vigilancia, tanto de personal como de grabación”.

Vox sostiene que estas actuaciones “introducen un riesgo cierto de alteración, contaminación o pérdida de integridad de la prueba”, algo que “podría comprometer la investigación del siniestro”. Asimismo, el escrito señala que las instrucciones “venían dirigidas de forma directa de la Presidencia de Adif” y se habrían ejecutado “sin dar cuenta a la autoridad judicial”.

Por ello, la formación solicita la práctica de diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, al considerar que “lo ocurrido podría haber afectado de forma grave a la investigación del accidente y al derecho a conocer la verdad de lo sucedido”. Vox advierte de que “la posible alteración o retirada de pruebas compromete el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades”.

Un acuerdo entre PP y Vox en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Córdoba prohibirá la exhibición de carteles con mensajes políticos durante la celebración de los plenos municipales.

El portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que la decisión se ha adoptado tras la polémica surgida en el último pleno de marzo, cuando los concejales del PSOE mostraron carteles con el mensaje ‘No a la guerra’ desde sus escaños durante toda la sesión, algo que fue criticado por Vox. El alcalde llegó entonces a pedir un informe para acabar aclarando que el reglamento no incluye expresamente nada “ni a favor ni en contra de que se exhiban” pancartas o mensajes ideológicos, sino que solo se expresa que en el Salón de Plenos deben ondear las banderas oficiales.

Ahora, según ha indicado Torrico, se ha trasladado a los portavoces de todos los grupos políticos que este tipo de prácticas de forma continuada podría derivar en “una escalada innecesaria” . En este sentido, advirtió de que, de no establecer límites, se corría el riesgo de “desvirtuar el contenido de respeto” que debe caracterizar al Salón de Plenos.

“Entendemos que los grupos políticos tienen suficiente capacidad de manifestación de sus posicionamientos políticos e ideológicos, no sólo en el pleno, sino a través de toda su labor que desarrollan y que, evidentemente, el Salón de Plenos, si entrábamos en esa escalada de quién ponía el cartel más grande, pues íbamos a desvirtuar el contenido”, ha afirmado el portavoz.

No obstante, el acuerdo contempla excepciones puntuales. Así, se permitirá la exhibición de imágenes o materiales de apoyo de forma temporal durante intervenciones concretas, como puede ser la presentación de fotografías relacionadas con incidencias en la ciudad. Lo que se restringe, precisó Torrico, es la presencia continuada de mensajes políticos visibles durante toda la sesión plenaria.

La medida salió adelante con los votos favorables del Partido Popular y Vox, en un intento, según el gobierno municipal, de preservar el orden y la naturaleza institucional de los plenos.

Vox ha formalizado la presentación de su lista electoral por la provincia de Córdoba para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo y Paula Badanelli encabeza a una formación que ya consiguió un miembro en el Parlamento de Andalucía hace cuatro años.

Según ha señalado la formación que lidera Santiago Abascal en un comunicado, “la candidatura de Vox nace con el firme propósito de desterrar las políticas continuistas del Partido Popular, que ha asumido como propias las políticas radical-progresistas de la izquierda, y de devolver a Andalucía un proyecto político centrado en la defensa del territorio y del sector primario, así como de recuperar el futuro que pertenece a los andaluces”.

La candidatura está encabezada por Paula Badanelli, periodista de profesión y presidente del Comité Ejecutivo Provincial así como actual portavoz en el Ayuntamiento de Córdoba. Junto a ella se incorporan nombres conocidos como Juan José Coca, doctor en Farmacia, ya concurrió a las pasadas elecciones andaluzas como número tres; también se incorporan María Paz López, vicecoordinadora del partido judicial de Córdoba, licenciada en Derecho, funcionaria interina en la Junta de Andalucía y actualmente empresaria del sector agrícola. El número 4 de la lista es Javier Bazán, coordinador parlamentario y licenciado en Derecho. 

La lista se completa con otros cargos municipales y representantes locales, como el número cinco en la lista, Eva González, coordinadora del partido judicial de Lucena. 

Desde la formación señalan que la candidatura concurrirá a estos comicios con un programa centrado en el refuerzo de la seguridad, la lucha contra la despoblación y el impulso del desarrollo económico de la provincia, con especial atención al medio rural y a los pequeños municipios.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha divulgado este martes un amplio sondeo en el que ha pulsado la opinión de los andaluces, de sus problemas y también del partido o presidente que quiere que gane las elecciones regionales del próximo 17 de mayo. El sondeo no cocina el resultado. Es decir, se muestra exclusivamente la intención directa de voto, con el porcentaje de indecisos y sin hacer una extrapolación concreta del resultado que podría darse, como manda la ciencia sociológica-electoral.

No obstante, la encuesta sí que dibuja un mapa del que hasta ahora podría ser un resultado aproximado de las elecciones, siempre con una intención directa de voto. El PP, según el sondeo, sería con diferencia el partido más votado en la provincia de Córdoba. El PSOE retrocedería y Vox se frenaría. Los resultados, en cambio, son muy diferentes si se pregunta por la intención de voto en las elecciones generales. En esos comicios, el PSOE aguantaría y Vox sí que subiría de manera notable.

La preferencia de los cordobeses para estos comicios también parece clara, ya que un 43% de los encuestados señala que preferiría que Juanma Moreno fuese reelegido como presidente de la Junta de Andalucía.

En el escenario de las elecciones autonómicas, el Partido Popular (PP) logra una distancia importante respecto a sus competidores en Córdoba. Con un 33,5% de intención directa de voto, los populares superan en casi 12 puntos al PSOE, que se queda en un 21,9%. La sorpresa en el bloque de izquierdas la da Por Andalucía, que con un 10,5% logra situarse como tercera fuerza en la provincia, superando a Vox, que parece haber tocado techo o incluso retroceder en el ámbito regional, anotando un 6,9%.

Adelante Andalucía, por su parte, mantiene una base fiel del 5,6%, mientras que formaciones como Se Acabó la Fiesta (SALF) apenas logran un 1,3% en la intención de voto directa para el Parlamento andaluz. La bolsa de indecisos es, sin embargo, el factor que podría cambiarlo todo: un 13,2% de los cordobeses asegura que “no sabe todavía” a quién votará el próximo 17 de mayo.

En las elecciones al Parlamento de Andalucía del 19 de junio de 2022, el Partido Popular (PP) logró una victoria histórica en la provincia de Córdoba al obtener siete escaños y el 45,12% de los votos, lo que supuso más del doble de representación que la siguiente fuerza. El PSOE-A quedó en segunda posición con tres escaños (23,54%), seguido por Vox con un escaño (12,31%) y la coalición Por Andalucía, que también consiguió un representante (9,81%). Por el contrario, formaciones como Ciudadanos y Adelante Andalucía no lograron obtener representación por esta circunscripción en aquellos comicios.

El PSOE resiste en las generales

El comportamiento electoral en Córdoba se transforma radicalmente cuando se consulta por unas hipotéticas elecciones generales. En este escenario, el PSOE pasaría a ser la fuerza más votada con un 26,7%, superando por un estrecho margen al PP (25,7%).

Es en el ámbito nacional donde Vox muestra su verdadera fortaleza en la provincia, disparándose hasta el 13,3% de los apoyos, casi el doble de lo que obtiene en la encuesta autonómica. Por su parte, Sumar obtendría un 8,9% y la formación de Alvise Pérez, SALF, subiría hasta el 2,6%, empatando con Podemos.

Un 42,7% de los cordobeses prefiere a Juan Manuel Moreno como presidente frente a cualquier otra alternativa. A mucha distancia se sitúa la actual vicepresidenta María Jesús Montero (18,2%), seguida por Antonio Maíllo (9,8%). Otros líderes como José Ignacio García (4,8%) o Manuel Gavira (3,1%) quedan relegados a porcentajes de un solo dígito.

Incluso entre quienes no tienen claro su voto, la figura de Moreno Bonilla cosecha simpatías transversales, siendo la “gestión” la segunda razón más citada para elegir papeleta (14,9%), solo por detrás de la ideología (30,1%).

La encuesta, realizada tras los temporales que azotaron la comunidad, revela un poso de pesimismo sobre la seguridad ante desastres naturales. Aunque solo un 25,8% de los cordobeses confiesa haberse visto afectado directa o indirectamente por las inundaciones, la percepción de la gestión preventiva es negativa.

Un abrumador 57,8% de la población de Córdoba considera que Andalucía está “poco o nada preparada” para hacer frente a fenómenos como la reciente DANA, frente a un escaso 7,4% que la cree “muy preparada”. Esta preocupación por la infraestructura y la gestión de emergencias se perfila como uno de los temas centrales de la campaña hacia el 17 de mayo.

Sociológicamente, el sondeo dibuja una Córdoba eminentemente de clase media-media (43,8%), donde el tramo de ingresos más común en los hogares se sitúa entre los 1.100 y los 1.800 euros netos mensuales (33,2%).

La magistrada titular del Tribunal de Instancia número dos de Montoro, Cristina Recover Pastor, ha dictado un auto en el que resuelve las solicitudes de personación como acusación particular en el caso del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y 155 resultaron heridas tras el choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado 18 de enero.

Según la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada deja fuera de la causa a los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría, municipios de origen de gran parte de las víctimas del accidente y que viajaban a bordo del tren Alvia. Tampoco se admite la presencia del sindicato ferroviario Alferro ni del partido político Iustitia Europa. Por el contrario, admite las acusaciones de Vox y de organizaciones como Hazte Oír o Manos Limpias, según consta en el auto. La jueza les pide una fianza de 3.000 euros para que se puedan incorporar inmediatamente a la causa. La magistrada instruye una causa por un posible delito de homicidio por imprudencia.

Para denegar la personación de los ayuntamientos de Punta Umbría y Huelva, la magistrada se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. El auto fundamenta que la acción popular es un derecho de participación ciudadana destinado a personas privadas, ya sean físicas o jurídicas, pero no de forma general a las administraciones públicas.

La jueza sostiene que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite inferir que las entidades públicas puedan ejercer la acción popular de forma generalizada. Según el razonamiento jurídico, si las entidades público-territoriales pudieran actuar como acusación popular, se generaría una “acción pública alternativa” que podría afectar los derechos del acusado, quien tendría que defenderse frente a múltiples entidades públicas con intereses similares a los del Ministerio Fiscal, que es quien ya ostenta la defensa de la legalidad y del interés general.

Respecto a las otras entidades rechazadas, el tribunal ha inadmitido al partido político Iustitia Europa por el incumplimiento de requisitos formales, concretamente por la falta de autorización o acuerdo del órgano correspondiente para ejercer la acción penal en este procedimiento. En el caso del sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro), su exclusión de la pieza de acusaciones populares responde a la propia estrategia de la entidad. Según los antecedentes de hecho, el sindicato solicitó causar baja en esta pieza específica para intentar personarse como acusación particular en otra pieza separada del proceso.

En el lado opuesto, la magistrada ha dado luz verde a la personación de seis entidades privadas que han cumplido con los requisitos de capacidad procesal y legitimación formal. Además de Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, el auto admite al Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), a la Asociación Víctima de los Políticos y a la Asociación Liberum.

La jueza ha fijado una fianza de 3.000 euros para cada una de estas acusaciones. Las entidades disponen de un plazo de 9 días para constituir dicha fianza. El auto advierte que, de no verificarse el pago en el tiempo dispuesto, no se les tendrá por personados en la causa.

El 17 de mayo, los cordobeses no podrán votar ni a Juanma Moreno ni a María Jesús Montero ni, probablemente, a Antonio Maíllo. España es una democracia parlamentaria y las comunidades autónomas, también. Los cordobeses tendrán que elegir a los 12 parlamentarios que, a su vez, votarán al futuro presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Aunque en esencia las elecciones se plantean como unas presidenciales, en la práctica no lo son, y por eso es tan importante para los partidos el periodo que se abre ahora: el de elegir a sus candidatos por cada una de las ocho provincias en Andalucía.

Y se avecinan cambios. En principio, ni el PP ni el PSOE ni Vox ni Por Andalucía repetirán a los números uno que presentaron en las elecciones autonómicas del mes de junio de 2022. En las fontanerías de los partidos se trabaja ya con cambios, que en algunos son más profundos que en otros. En el Parlamento de Andalucía, las listas son cremallera. Si un hombre ocupa el primer puesto, una mujer tiene que ser la segunda, un hombre el tercero y una mujer la cuarta. En el PP, la disputa está con los candidatos. En el PSOE, con las candidatas.

En el PP, es probable que se repitan nombres, aunque no en el orden de 2022. Hace cuatro años, el número uno fue Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento de Andalucía. El número tres lo ocupó Antonio Repullo, actual secretario general del PP de Andalucía y en esencia el número dos de los populares en la región. El quinto puesto fue para Adolfo Molina, actual delegado del Gobierno. Ahora, los populares colocarán a buen seguro a Repullo como número uno, ya que se trata de un hombre fuerte y muy próximo a Juanma Moreno. El puesto número tres podría ser para Aguirre o más bien para el actual consejero de Justicia y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. El quinto puesto también sería para alguno de los dos.

Los populares tienen actualmente siete parlamentarios y aspiran a repetir el resultado. Por eso no es descartable que también haya disputa por el hombre que ocupará ese puesto. El dos y el cuarto puesto serán ocupados por mujeres, donde podrían volver a repetir Araceli Cabello y Beatriz Jurado.

Donde está previsto que haya más cambios es en el PSOE. La llegada de María Jesús Montero ha dado máxima importancia a los secretarios provinciales del PSOE, a los que ha pedido que la acompañen al Parlamento. Por eso se da por bastante probable que la primera de la candidatura sea Rafi Crespín, que sustituirá a Isabel Ambrosio, exalcaldesa de Córdoba. El número dos sería para Esteban Morales, en una jugada de ajedrez. Morales es el actual portavoz del PSOE en la Diputación y concejal en Puente Genil, donde fue alcalde. En este pueblo ganó la suma de PSOE e IU las elecciones municipales, pero gobierna el PP como lista más votada. IU aceptó votar al PSOE pero con una condición: que Morales no fuese el alcalde. Su marcha como concejal (debería dimitir para ser parlamentario) despejaría la ecuación.

Los socialistas tienen tres parlamentarios por Córdoba. El puesto número tres sería para una mujer. María Jesús Montero plantearía ahí probablemente una incorporación desde el equipo de algún ministro andaluz. Tras su marcha, ya solo queda uno: Luis Planas, que es militante y vecino de Córdoba.

Cambios en Vox

Vox también tiene previsto cambiar a sus candidatos. En 2022, su número uno por Córdoba fue Alejandro Hernández. Ahora se atisban cambios. En Vox, el equipo lo decidirá la dirección desde Madrid previa consulta al candidato a la presidencia, Manuel Gavira. En las quinielas, vuelve a ganar muchos enteros la presidenta de Vox en Córdoba y concejala en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli.

Por Andalucía, una coalición en la que no se sabe si se integrará Podemos, es la única que tiene candidata ya elegida. Es Rosa María Rodríguez, que ya fue la número dos en 2022. Entonces, el candidato fue José Manuel Jurado, de Podemos. Jurado ya ha anunciado que no repetirá, a pesar de que ha sido tentado a última hora con volver a presentarse. En el caso de que Podemos se integre con IU en esta coalición, es probable que no pueda volver a elegir al número uno por la provincia de Córdoba. Aunque en las negociaciones de última hora todo es posible.

El resto de formaciones, no obtuvo representación en 2022. Por su parte, Adelante Andalucía eligió como candidata a Mariví Serrano en mayo del año pasado. En Córdoba se presenta también el Pacma. Su candidato es cordobés, pero no se presentará por la provincia. Javier Luna es el líder de la formación a nivel nacional e intentará dar la sorpresa en la provincia de Sevilla.

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles, en sesión extraordinaria y con el voto a favor de PP, la abstención de IU y los votos en contra de PSOE y Vox, el proyecto de Presupuestos de la institución provincial para el ejercicio 2026, unas cuentas que aumentan 50 millones de euros (un 14,92%) con respecto al año pasado, alcanzando los 385,4 millones de euros. Además, al incluir a las empresas y organismos provinciales, el consolidado se sitúa en 522,9 millones, un 21,31% más que en 2025.

Durante su intervención en el Pleno, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha resaltado que se trata de un “presupuesto histórico en las cifras”, ha detallado que en el capítulo de Ingresos se registra “una subida del 14,92%”, misma cifra que en el total de gastos, mientras que “el Gasto Corriente sube un 12,22%”, lo que “refleja que la maquinaria está funcionando y se está gestionando bien”.

Igualmente, Salvador Fuentes ha resaltado que en el Presupuesto de 2026 las inversiones reales alcanzan casi los 60 millones de euros, pues se pasa de los 42,7 millones de euros del pasado año 2025 a los 59,8 millones en el presente ejercicio, lo que supone un aumento de cerca de 17 millones y una subida del 39,9%.

El presidente también ha destacado la vocación social de las cuentas, que destinan “120 millones para la cuestión social”, suponiendo un incremento del 28,43%, es decir, 26,6 millones de euros más. Se encuadran en materia social todas las políticas del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y los programas para mayores, dependencia y ayudas familiares, entre otras.

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y el grupo de Vox han aprobado una moción para “regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro (niqab, burka u otras prendas equivalentes)”, según señala el encabezamiento de la moción conjunta de ambos grupos.

Inicialmente, Vox había presentado una moción al respecto, si bien el PP ha acordado un texto conjunto de enmienda donde no aparecen en el escrito las palabras burka o niqab, pero sí se exponen en el encabezamiento como ejemplos de las prendas cuyo uso quieren regular en instalaciones municipales. El PP ha argumentado esta moción conjunta en la seguridad para el acceso a edificios municipales. El PSOE y Hacemos Córdoba han votado en contra de la propuesta.

Entre los acuerdos adoptados se insta al gobierno municipal a regular “el uso de prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro en dependencias y espacios municipales o de acceso público, cuando ello impida o dificulte la identificación de la persona, con el fin de garantizar la seguridad, la convivencia, el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la protección de los derechos fundamentales”.

Asimismo, señala que la regulación será aplicable en las dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o abiertos al público, incluyendo en particular: las dependencias administrativas municipales; los centros y servicios públicos de carácter educativo, social, cultural o asistencial gestionados por el Ayuntamiento; cualesquiera otros espacios de titularidad municipal abiertos al público.

También acuerda establecer la prohibición de acceso o permanencia en los espacios descritos en el acuerdo anterior utilizando vestimenta, prendas, accesorios u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación de las personas.

Excepciones

Y se exceptúa de lo dispuesto en el acuerdo anterior los supuestos en los que la ocultación del rostro sea necesaria por razones médicas, sanitarias o higiénicas de conformidad con las recomendaciones o prescripciones de las autoridades competentes; responda a exigencias laborales, profesionales o de protección individual debidamente justificadas; se produzca de forma temporal en el contexto de actividades culturales, festivas, tradicionales o deportivas autorizadas; venga motivada por condiciones meteorológicas adversas; esté expresamente prevista por una norma con rango de ley.

Los acuerdos de PP y Vox también prevén encomendar a los servicios jurídicos municipales la elaboración de las normas internas necesarias para la correcta aplicación de esta regulación en las dependencias municipales, garantizando su proporcionalidad, publicidad y respeto a los derechos fundamentales así como un informe que determine cuáles medidas son necesarias para garantizar la seguridad en los espacios municipales. E insta al gobierno municipal a disponer la adecuada información al público mediante señalización en los accesos a las dependencias municipales y a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

Debate en el Pleno: islamofobia y seguridad

Antes de la intervención de los grupos políticos en el Pleno, ha tomado la palabra la presidenta de la Junta Islámica, Isabel Romero, que ha criticado la presentación de esta propuesta inicialmente por Vox y que el PP haya acordado una moción conjunta al respecto. “Han decidido refundirlo en un blanqueo que no comprendemos, es un trampantojo. El PP se podía haber abstenido como en Murcia, pero han decidido ir conjuntamente con Vox”.

Romero ha expuesto que el burka y el niqab tienen un uso minoritario en nuestro país y ha cuestionado “por qué se están promoviendo mociones de este tipo en las instituciones (...) Quizás quieren señalar a una parte de población como sospechosa. Eso es islamofobia y su uso político fomenta el odio y la discriminación”.

“Si aquí no puede entrar una persona con pasamontañas ¿por qué sí con burka?”

Por parte de Vox, que ha exhibido en el Pleno carteles en contra del uso del burka, la portavoz, Paula Badanelli, ha argumentado su posición en el ámbito de “la seguridad y la igualdad. Si aquí no puede entrar una persona con pasamontañas ¿por qué sí con burka?”, ha preguntado. Y ha reiterado en que esta medida “va de garantizar la seguridad y de que se nos trate todo por igual. No va de religión, no va de ideología”.

Desde el PP, el delegado de Seguridad ha señalado que la oposición “está desenfocando el objeto de la moción”, asegurando que se trata de la regulación de los espacios de todos. “Aquí no se ha venido a hablar de ningún tipo de señalización religiosa”, ha dicho, si bien en una segunda intervención ha afirmado que “los espacios públicos no pueden ser segregadores por ninguna religión”.

“Nadie puede entrar en una dependencia pública con la cara oculta” -ha seguido Coca- y ha afeado a la izquierda que es “anacrónico lo que ustedes defienden”. “Solo es que quien esté en una dependencia municipal pueda ser identificado”, ha argumentado: “Nadie puede entrar con un casco o con un pasamontañas”.

Desde la izquierda, Hacemos Córdoba ha pedido que Vox retirar los carteles que exhibían por “atentar contra derechos y libertades religiosas, estigmatizando y criminalizando a una minoría por su libertad religiosa”, en palabras de la edil Irene Ruiz. En su intervención, ha recordado que Badanelli “está investigada por declaraciones contra una identidad cultural y religiosa” al oponerse al rezo del Ramadán que se hizo en Las Setas.

“La enmienda del PP pactada con Vox nos parece un atropello para blanquear lo que realmente están acordando”. Y ha expuesto la defensa de los principios democráticos de la libertad religiosa y personal, “las instituciones públicas deben garantizar que las personas puedan expresarlas sin ser discriminadas”.

El PSOE ha criticado que Vox presentara una moción para “verter su odio hacia todo lo relacionado con el islam”. “A ustedes les mueve el odio y la xenofobia”, les ha dicho la concejala Alicia Moya. Han pedido al PP la retirada de la enmienda y que votara en contra de la de Vox, asegurando que los populares han “limpiado” el texto de las palabras burka y niqab, si bien eso no elimina la intención de la iniciativa presentada.

Vox ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haberse “anclado en el manoseo de la tragedia” ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y lo ha instado a pedir la “dimisión” inmediata del ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en lugar de dedicarse a lanzarse “piropos” mutuamente.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha afirmado que su partido exige no sólo la dimisión de Óscar Puente, sino también del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, a raíz de la polémica originada a partir de la retirada del material de las vías después de la tragedia de Adamuz, “sin permiso judicial”.

“Nos parece un auténtico despropósito”, ha señalado Alonso, quien ha recordado que Vox está personado como acusación popular en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Montoro, donde se está investigando el accidente ferroviario, y que tras esa última información de la retirada de material es necesario que “se abra una pieza separada” y se “esclarezcan los hechos”.

“Es otra irregularidad más y otra negligencia más con nombre y apellido, Pedro Sánchez, el PSOE y el Gobierno de España”, ha indicado el portavoz adjunto de Vox, quien ha recalcado que su partido comparte la “indignación” de las víctimas y la petición de dimisión de Puente y del presidente de Adif.

Ante esta situación, ha preguntado a Juanma Moreno qué “va a hacer”, porque no se sabe para qué “va a valer” lo de “poner en marcha una comisión de seguimiento” sobre el trágico accidente, como anunció tras el Consejo de Gobierno en Adamuz.

“Lo que sí sabemos es que aquí hay responsables claros y que hay que exigir responsabilidades, y Moreno Bonilla se ha anclado en ese manoseo de la tragedia y queremos saber cuáles son las próximas decisiones que va a tomar al respecto”, ha indicado.

Para Alonso, el presidente de la Junta debe aclarar “si va a seguir lanzándose piropos con Óscar Puente o va a pedir de forma contundente e inmediata su dimisión”.

Exigiendo dimisiones, según ha señalado, es como se hace “frente al Gobierno de Pedro Sánchez y no con comisiones de seguimiento ni lanzándose piropos en las redes sociales ni en los medios de comunicación con Óscar Puente”. “Hay que hacerle frente de forma implacable a la negligencia del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha sentenciado.

Sobre la retirada del material de las vías, ha insistido en que se ha producido, “sea por error o de forma deliberada un hecho gravísimo y alguien tiene que responder”, y ha exigido que se garantice “una investigación limpia”.

El diputado cordobés de Vox José Ramírez del Río se ha burlado públicamente del acento de la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

En un post en la red social X, publicado este pasado 21 de febrero, Ramírez del Río se ha referido a la propuesta preelectoral que hizo Montero, que indicó que, si se convierte en presidenta de la comunidad, impulsará una ley de lenguas andaluzas con el objetivo de “preservar, impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que significa ser andaluz y expresarnos como andaluces con orgullo y sin complejos, siendo capaces de defender nuestros orígenes”.

Horas después, el diputado de Vox publicaba el siguiente mensaje en X: “La lengua común de todos los andaluces es el español, con que ella vaya al logopeda sería suficiente”. Rápidamente, el post se ha llenado de comentarios, tanto de quienes han aplaudido el insulto, como de quienes defienden la propuesta de Montero, incluso de quienes le han invitado a él a acudir al logopeda.

José Ramírez del Río, nacido en Madrid en 1973, es profesor universitario y político de Vox. Especialista en estudios árabes e islámicos, es doctor en Traducción y ejerce como profesor en la Universidad de Córdoba. Fue elegido diputado al Congreso por Córdoba en 2019 y desde entonces ha repetido escaño en todos los comicios generales.

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez, el diputado autonómico Alejandro Hernández y el portavoz de Vox en la Diputación, Rafael Saco, han visitado este sábado las parcelaciones de Guadalvalle, en la zona cercana al aeropuerto de Córdoba, “donde decenas de vecinos continúan retirando barro de sus viviendas tras las recientes inundaciones”, según señalan.

Además, apuntan que durante la visita, los representantes de Vox han comprobado la situación que atraviesan numerosas familias que, días después del temporal, siguen secando sus casas “y criticando la falta de apoyo suficiente por parte de las administraciones”.

Ramírez ha señalado que “hemos venido a preguntar cómo van los equipos de rescate y de ayuda, porque seguimos viendo abandono y una falta de apoyo que nos sorprende y que, por desgracia, repite lo que ya hemos visto en otras partes de España”.

El diputado nacional ha explicado que muchos vecinos les han trasladado que la situación “les recordaba a lo vivido en Valencia”, insistiendo en que “es evidente que tenemos que hacer muchísimo más por estos vecinos que, en estos momentos, se sienten abandonados”.

Y ha anunciado que Vox ha presentado iniciativas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno de España que acelere las ayudas y que explique qué medidas piensa adoptar para evitar que una situación como la vivida en 2010 y repetida ahora en 2026 vuelva a producirse en el futuro.

Por su parte, Hernández ha criticado lo que ha calificado como “un vergonzante pacto de omisión entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía”, y ha asegurado que “mientras uno no denuncia la negligencia del otro, los vecinos pagan las consecuencias”.

“El espectáculo dantesco que estamos viendo hoy aquí no es nuevo. Ya ocurrió en 2010 y se podían haber puesto los medios necesarios para evitar que se repitiera. No se ha hecho, y ahora las consecuencias las están sufriendo decenas de familias”, ha afirmado el parlamentario andaluz.

Desde Vox han advertido que exigirán responsabilidades políticas y medidas estructurales para que estas inundaciones no vuelvan a repetirse, “reclamando coordinación real entre administraciones y actuaciones preventivas eficaces en la cuenca del Guadalquivir y en las zonas más vulnerables de la capital cordobesa”.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una moción para ampliar la red de refugios climáticos en la capital ante episodios de temperaturas extremas. En el debate entre los grupos políticos, Vox ha criticado la “terminología de fanatismo climático” utilizada en la propuesta, que llevaba inicialmente sobre este asunto el PSOE al Pleno y se ha votado después con una enmienda del PP, para ampliar la red de refugios climáticos y que esté lista para afrontar el verano de este año 2026.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha tomado la palabra por su grupo político y ha calificado como “terminología de fanatismo climático” y “terminología woke” la utilizada en la propuesta que se debatía. “Toda la vida de Dios en Córdoba ha hecho calor y lo va a seguir haciendo”, ha sentenciado.

“¿Cómo se combate? Con el sentido común, se pone uno al fresco, busca una zona verde, lo ideal es una piscinita o un pantano, si no un manguerazo...y el que pueda, un aire acondicionado”, ha afirmado ante el Pleno municipal.

Badanelli ha afeado que “ahora se hable de refugio climático”. Y ha criticado cómo “el mapa de España (en la previsión del tiempo) que antes era normal y ponía un solecito, ahora es un rojo bermellón que parpadea y te va a comer. La temperatura es la misma. Se creen que la gente es tonta y no lo es”.

Como propuesta, Vox ha recordado que en su programa electoral incluía la necesidad de construir una piscina pública en cada barrio, para “disfrutar de un tiempo extraordinario” durante muchos meses en Córdoba “y dos meses de calor”. Y ha criticado la propuesta de refugios climáticos, “encerrados en una habitación con aire acondicionado”.

Ampliación de la red de refugios climáticos

Por parte del resto de grupos políticos -PP, PSOE y Hacemos Córdoba- se ha manifestado el acuerdo sobre las consecuencias del cambio climático y se ha debatido sobre el alcance de los refugios climáticos que puedan ofrecerse en la ciudad. Finalmente, se ha aprobado con la mayoría del PP, la abstención de PSOE y Hacemos, y el voto en contra de Vox, una enmienda de los populares que insta a “continuar con la ampliación de la Red de Refugios Climáticos accesible para toda la población, centrándose en personas mayores que son especialmente vulnerables”.

Dicha red se compondrá de espacios públicos y contará con una programación que dinamice la estancia en los mismos. Los refugios tanto interiores como exteriores deben ofrecer confort, incluyendo agua potable y zonas de descanso. Deben ser fácilmente accesibles. El mapa de refugios climáticos deberá publicitarse adecuadamente y dicha información se podrá acceder desde la web del ayuntamiento.

Se establecerá un protocolo para la activación de dicha red en episodios de temperaturas extremas. Dicha red deberá estar constituida y publicitada en la Web del Ayuntamiento para el segundo semestre de 2026.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha formalizado una denuncia ante el Juzgado Decano contra los titulares de la cuenta de la red social X de VOX Parlamento de Andalucía (perfil oficial del Grupo Parlamentario de la formación de Santiago Abascal), tras hallar en algunos de sus mensajes indicios de un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, motivado por el racismo y la xenofobia.

Todo parte de una investigación liderada por la fiscal Lucía Chacón a partir de una denuncia de los grupos PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba. La querella original se dirigía contra la formación política Vox y contra Paula Badanelli, portavoz municipal del partido en la capital cordobesa, motivada tras un acto religioso celebrado el 30 de marzo en el Parque de las Setas de Córdoba. En él, diferentes colectivos musulmanes realizaron un rezo conjunto para conmemorar el fin del Ramadán, contando con el permiso de la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, y desarrollándose sin incidentes.

La investigación sobre ese asunto concreto, sin embargo, no arrojó resultados, si bien, el 2 de abril de 2025, la cuenta @AndaluciaVox publicó el siguiente mensaje en la red social X: “Inseguridad y delincuencia: el resultado de las políticas de fronteras abiertas que PP y PSOE llevan décadas fomentando y amparando. Animales que no vienen a integrarse y a los que el bipartidismo premia con la pulsera del todo incluido. Con VOX, solo tendrían billete de vuelta”.

Así, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Córdoba analizó el perfil de la cuenta, confirmando que el mensaje se difundió con “vocación de perpetuidad” en una plataforma con más de 10 millones de usuarios en España. El decreto fiscal destaca que el buscador de la red social no permitió retroceder en las publicaciones más allá de septiembre de 2025 debido a la “ingente cantidad” de contenido compartido por dicha cuenta.

La “gravedad del contenido”

Aunque la policía no ha podido identificar de forma individualizada a la persona física que redactó el post, la Fiscalía ha decidido actuar contra los titulares del perfil por la gravedad del contenido. En este ámbito, el Ministerio Público subraya que la publicación vincula directamente la inmigración con la criminalidad y deshumaniza a las personas al calificarlas como “animales que no vienen a integrarse”.

La Fiscal fundamenta su decisión en el artículo 510.2 a) del Código Penal, que castiga las conductas que lesionen la dignidad de las personas mediante la humillación o el desprecio por motivos racistas o religiosos. El decreto sostiene que la actuación de Vox reviste indiciariamente los caracteres de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales.

Así, el decreto, fechado el 12 de enero de 2026 y remitido formalmente en febrero de 2026, acuerda el archivo de las diligencias fiscales para dar paso a la denuncia ante los juzgados de instrucción de Córdoba, que será ahora el que tenga que determinar si investiga o no el presunto delito de odio.

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, preguntará en el Pleno de este jueves al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el Partido Popular (PP), si se están empadronando inmigrantes en situación ilegal en edificios de titularidad pública, tal y como está ocurriendo en otros municipios de España.

“El PP tiene la obligación de decir claramente a los cordobeses si está utilizando el padrón municipal para regularizar de facto situaciones ilegales”, ha afirmado Badanelli, quien ha advertido de que este tipo de prácticas “no son errores administrativos, sino decisiones políticas con consecuencias muy graves”.

La portavoz de Vox ha sido tajante. “Empadronar inmigrantes ilegales en edificios públicos es engañar a los vecinos y poner los recursos municipales al servicio de una política de fronteras abiertas que ni se votó ni se explicó en campaña”.

Badanelli ha señalado que el empadronamiento abre la puerta al acceso a ayudas sociales, servicios públicos y recursos financiados por todos los cordobeses, y ha acusado al PP de “mirar hacia otro lado mientras se generan agravios comparativos con las familias, los jóvenes y los mayores que sí cumplen la ley y pagan sus impuestos”.

“Los edificios públicos no pueden convertirse en domicilios ficticios ni en herramientas ideológicas para contentar a la izquierda. Si el PP gobierna como el PSOE, acabará dando las mismas respuestas y provocando los mismos problemas”, ha advertido.

Asimismo, ha exigido al gobierno municipal que aclare si existen instrucciones políticas, directrices internas o convenios que amparen estos empadronamientos. “Si no se está haciendo, que lo nieguen de forma rotunda. Y si se está haciendo, que asuman la responsabilidad política de haberlo permitido”, ha señalado.

Por último, Badanelli ha recordado que “la inmigración ilegal no se combate con discursos vacíos ni con gestos de cara a la galería, sino haciendo cumplir la ley desde las instituciones”. “Vox no va a permitir que Córdoba se convierta en un laboratorio de políticas buenistas que terminan perjudicando a los barrios y a la convivencia”, ha concluido.

El portavoz de Vox en la Diputación Provincial de Córdoba, Rafael Saco, ha calificado de “auténtica estafa política” la actuación del Gobierno del Partido Popular en “la supuesta negociación de los Presupuestos Provinciales para 2026”.

Saco ha explicado que el pasado jueves, ante la parálisis y dejadez del PP, Vox reclamó públicamente la necesidad urgente de unos presupuestos para la provincia. “Ese mismo jueves por la tarde nos llaman desde Presidencia y nos convocan a una reunión. Acudimos por responsabilidad institucional, creyendo que había voluntad real de negociar”, ha señalado.

La realidad, sin embargo, fue bien distinta. “Horas después de esa reunión, en la que se nos habló de diálogo y de presentar propuestas, recibimos la citación de la Comisión de Hacienda con el anteproyecto de presupuestos ya cerrado. Eso no es negociar: eso es mentir, engañar y reirse de los cordobeses”, ha denunciado con contundencia.

Para Vox, el PP ha montado una farsa para aparentar diálogo mientras imponía unos presupuestos continuistas, sin margen alguno de negociación. “Así no se construyen acuerdos. Así se intenta tomar el pelo a Vox y a todos los cordobeses”, ha afirmado Saco.

El portavoz provincial ha sido tajante al marcar las líneas rojas de Vox: “No vamos a apoyar unos presupuestos que mantengan el derroche, el despilfarro y el gasto político, ni tampoco unos presupuestos que supongan subir un solo céntimo de euro en impuestos, tasas o precios públicos. Ese es uno de nuestros condicionantes irrenunciables”.

Saco ha advertido de que, si el Partido Popular insiste en esta vía, “tendrá que volver a aprobar los presupuestos con la izquierda, como ya ha hecho en dos ocasiones. No creemos que tenga ningún problema en hacerlo una tercera vez”. Y ha añadido: “Unos presupuestos con el sello de la izquierda nunca pueden ser buenos para Córdoba”.

Desde Vox se insiste en que solo respaldarán unas cuentas que supongan un cambio real de rumbo, alivien la presión fiscal a los cordobeses y pongan fin al gasto político innecesario. “De cualquier otra manera, con esta actitud del PP, el no de Vox es rotundo y definitivo porque vuelven a demostrarnos que no son de fiar”, ha concluido Rafael Saco.

La Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Córdoba ha presentado una denuncia contra la portavoz y presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, y contra los responsables de sus redes sociales. La denuncia llega después de que el PSOE y Hacemos Córdoba acudieran a la Fiscalía denunciando que Vox, en una rueda de prensa y en un vídeo, había vinculado el rezo musulmán al aire libre en Las Setas, con el que la comunidad islámica de Córdoba rompía el Ramadán, con el yihadismo. Tras la instrucción del caso, y haber recibido incluso el informe de la Policía Nacional, la Fiscalía ha puesto el caso en manos del juez decano de Córdoba, para que reparta el asunto entre el magistrado que considere y que inicie las correspondientes diligencias.

El decreto de la Fiscalía Provincial de Córdoba, al que ha tenido acceso este periódico, acuerda también incoar más diligencias contra la cuenta de redes sociales de Vox en el Parlamento de Andalucía, por si también la considera presunta responsable de haber difundido un contenido xenófobo.

El 31 de marzo de 2024, Vox publicó una nota de prensa, con vídeo, en la que hablaba su portavoz y presidenta, Paula Badanelli, en la que denunciaba la concentración de centenares de musulmanes en el espacio público de Las Setas de Córdoba. Badanelli decía que este hecho había generado alarma entre los vecinos de la zona que habían “inundado” las redes sociales de Vox. “Nos encontramos en Las Setas, en una zona residencial tranquila de Córdoba, junto a un centro de salud. Ayer se produjo aquí un hecho insólito: centenares de musulmanes se congregaron para rezar, provocando la alarma entre los vecinos”, exponía Badanelli. “El problema no es rezar, el problema es todo lo que viene detrás”, aseguraba.

Tras esta afirmación la portavoz de VOX nombró a varios de los detenidos el sábado anterior Barcelona. “Insistimos en los nombres de los últimos detenidos el sábado, los nombres son Omar, Hassam, Nassim, Salah, Karim, Hamid, Ali. Eso no es un delito de odio, eso es un listado registrado por la policía de las personas que han sido detenidas en Barcelona”.

“Si no, protegemos nuestras fronteras. Si en nuestro país pueden entrar cualquiera sin identificar, nuestro país no tiene fronteras seguras y cada vez los problemas relacionados con la inmigración ilegal descontrolada va a ir a más”, aseguraba. Además, aludía a la reciente detención en Córdoba de “un peligroso yihadista”. “Son imágenes impensables en una ciudad como la nuestra. No queremos que la gente tenga que circular por la calle sin miedo (sic). No queremos religiones que fomentan la misoginia, la homofobia y pierden absolutamente el respeto a la dignidad humana y a la mujer”, señalaba.

Por último, desde la formación de Santiago Abascal insistían: “decimos alto y claro, hay que reforzar nuestras fronteras, no a la inmigración ilegal. No queremos en nuestro país personas sin identificar, sin ningún control que al final terminan por delinquir”.

Tristeza en la comunidad musulmana de Córdoba

Esta nota de prensa provocó indignación y tristeza entre la comunidad musulmana de Córdoba, que consideró de xenofobia las palabras de la presidenta de Vox, que también es concejala del Ayuntamiento de la capital.

En declaraciones a este periódico, el promotor de este encuentro, un ingeniero agrónomo afincado en Córdoba desde hace 25 años, explicaba que la iniciativa del rezo con motivo del fin del Ramadán surgió “como un esfuerzo por reunir a las diferentes comunidades musulmanas de la ciudad”, cuyas mezquitas operan de manera independiente. De hecho, había sido la primera vez que se ha realizado en Córdoba y el objetivo era replicar los rezos que se hacen en grandes ciudades como Barcelona y Bilbao.

El PSOE y Hacemos optaron por acudir a la Fiscalía, que encargó oficios a la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Córdoba. Los agentes analizaron también las redes sociales tanto de Vox como de Badanelli, y en su oficio consideraron que el vídeo “relaciona el rezo pacífico y autorizado de musulmanes con yihadistas, con la misoginia, con la homofobia y con la inmigración ilegal”.

Este jueves te contamos aquí, minuto a minuto, todo lo que ocurra en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba, donde se celebra el Debate sobre el Estado de la Ciudad. El alcalde, José María Bellido y el gobierno local del PP, además de los grupos de la oposición -PSOE, Hacemos Córdoba y Vox-, evaluarán la gestión municipal en el último año. También podrás seguirlo a través de la Televisión Municipal en el enlace que puedes ver a continuación.

En agosto de 2023, la selección española de fútbol femenino ganó por primera vez la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Más allá del éxito deportivo, esta victoria se convirtió en el catalizador de un intenso debate público sobre la igualdad de género y el activismo de las deportistas. Poco después del torneo, dos acontecimientos pusieron estos temas en primer plano: el beso no consentido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que desencadenó protestas en todo el país bajo la etiqueta #SeAcabó, y una huelga de las jugadoras para exigir mejores condiciones laborales y salariales. Si bien estos acontecimientos profundizaron el debate sobre el sexismo en el deporte, también revelaron fuertes divisiones ideológicas en la sociedad española.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba -David Moscoso, Sara Pasadas y Rodrigo Ramis- y del IESA-CSIC (Manuel Trujillo) han estudiado este hito, cuyos resultados se acaban de publicar en la revista científica Frontiers in Sports and Active Living. El trabajo examina cómo percibieron los españoles estos acontecimientos y el activismo laboral de las jugadoras. A partir de los datos representativos a nivel nacional obtenidos por el Barómetro de Opinión Pública del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en octubre de 2023 (estudio nº 3423), mediante modelos de regresión logística binaria analizan esta relación y la influencia de factores sociodemográficos y políticos en estas actitudes.

Apoyo dividido según ideología

Los resultados muestran un amplio apoyo social a las reivindicaciones de las futbolistas, pero con marcadas divisiones ideológicas y de género. Los votantes de izquierdas expresan un mayor apoyo a las reivindicaciones de las jugadoras (Sumar y PSOE, con un 95% y un 91%, respectivamente), mientras que los votantes de derechas y extrema derecha (Vox y PP, con un 41% y un 64%, respectivamente) muestran menor apoyo. El estudio escudriña la posible relación de estos datos con los discursos de los líderes de los partidos políticos, analizando cómo aquellos pueden influir en la propia posición de su electorado y simpatizantes.

Al mismo tiempo, las posiciones individuales de las personas encuestadas cambian por el sexo, con independencia de su ideología y recuerdo de voto. En todas las preguntas planteadas, las mujeres muestran mucha más satisfacción por la victoria de la selección española femenina de fútbol y más apoyo a sus reivindicaciones que los hombres.  

Estos hallazgos ponen de relieve cómo el deporte, el género y la política se entrecruzan en la esfera pública contemporánea española y demuestran que el deporte femenino puede ser tanto un espacio de empoderamiento como un campo de disputa cultural y política, sirviendo para dirimir debates sociales más amplios sobre la igualdad, la identidad y la representación.

El Gobierno destaca que el edificio que fue sede de la Unión General de Trabajadores (UGT) en la calle Marbella de Córdoba capital fue transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía, después de que Vox ha advertido de que el inmueble “lleva años abandonado y se ha convertido en un foco de insalubridad y peligro”.

En una respuesta a preguntas de Vox, el Ejecutivo ha informado de que “el inmueble ubicado en la Calle Marbella, número 1, de Córdoba, fue transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto 3481/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Patrimonio Arquitectónico, control de calidad de la edificación y vivienda”.

Al respecto, el diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, junto a los diputados Juan José Aizcorbe, Rocío de Meer y David García Gomis, habían registrado en el Congreso la pregunta con respuesta por escrito dirigida al Gobierno para conocer la situación actual del edificio.

En este caso, Ramírez del Río había señalado que “los vecinos de la zona llevan años denunciando el estado de ruina, abandono y falta de mantenimiento de este edificio, que ha protagonizado episodios de incendios y plagas, generando una sensación constante de inseguridad”.

“No es admisible que en pleno casco urbano de Córdoba exista un edificio en ruinas sin que ninguna administración haya tomado cartas en el asunto”, afirmó el diputado, quien reclamó al Gobierno que “aclare la titularidad del inmueble, qué actuaciones se han realizado o están previstas y si existe un calendario de intervención”.

Según manifestó, “los cordobeses tienen derecho a saber qué se va a hacer con un edificio que lleva años degradándose y que supone un riesgo para todos”, al tiempo que exigió “una respuesta urgente y la implicación de las administraciones competentes”.

“Los vecinos no pueden seguir viviendo junto a una antigua sede sindical convertida en un foco de suciedad y peligro”, avisó, para apostillar que “el Gobierno no puede mirar hacia otro lado; es hora de actuar con responsabilidad y devolver la seguridad y la dignidad a esta zona de Córdoba”.

El Partido Popular (PP) ha aprobado los presupuestos de 2026 para Córdoba en solitario en la sesión extraordinaria del Pleno Municipal que se ha celebrado en la mañana de este martes en el Ayuntamiento de Córdoba. Las formaciones políticas Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Vox y Hacemos Córdoba han votado no, pero la mayoría popular en el Consistorio ha hecho que este proyecto haya salido adelante.

El presupuesto del Ayuntamiento alcanza los 444,2 millones de euros, un 0,21% más que en 2025, y la inversión prevista alcanza 30,3 millones, a los que se añadirán los 12 millones de fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), cuando sean definitivos. De las inversiones, 13,5 millones van a ser gestionados directamente por las delegaciones municipales y 16,8 millones van a transferencias de capital para las empresas y organismos autónomos.

Además, recoge en el consolidado 595,7 millones de euros en ingresos y 594,9 millones en gastos, un incremento del 1,45% respecto al ejercicio anterior.

Reacciones de las formaciones políticas

En primer lugar, Blanca Torrent, primera teniente del alcalde y coordinadora del Área de Economía, Hacienda y Administración Pública, ha comenzado agradeciendo el diálogo a Vox, Hacemos Córdoba y PSOE y ha explicado que este expediente económico es el más “importante del año” porque se construye “la Córdoba del futuro”. “Mientras el Gobierno de España no aprueba los presupuestos, el Ayuntamiento de Córdoba sí. Está diseñado para ejecutarse desde el 1 de enero. Prioriza lo esencial. Este presupuesto entiende en un proyecto de ciudad que se sigue consolidando. Aquí no hay improvisaciones”.

La primera en responder a este proyecto ha sido la portavoz de Vox, Paula Badanelli, acusando al PP de que este presupuesto es únicamente para “presumir” a partir del 1 de enero. Además, dicha formación política ha explicado que estos presupuestos “deben ser para la gente de la calle”. “Deberían avergonzarse de lo que gastan, porque a los cordobeses nos cuesta cada vez más y se luce cada vez menos. Con estos presupuestos, se nota que vivís mejor con la subida salarial. Incluso en pandemia. En resumen, todo nos cuesta más, y todo está peor. Presentaremos nuestras alegaciones con la esperanza de que alguien las lea”.

Por su parte, el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha comenzado su respuesta en el Consistorio recalcando que este presupuesto “no es improvisado” porque el PP “tiene todo bien atado para privatizar y para que este Ayuntamiento cada vez tenga que hacer menos”. Este presupuesto aumenta un 0,21% del Ayuntamiento y más de 1% del consolidado, no cubre el IPC que actualmente está entre el 2 y el 2,6%. No llega ni a ese tanto porcentual, por lo que estamos retrocediendo“.

En este último turno de respuestas, Antonio Hurtado, portavoz del PSOE, ha indicado los cinco puntos que debería tener un buen presupuesto, a su juicio, y ha explicado que la propuesta del PP “no cumple ni uno. ”Si yo tuviera que resumir este presupuesto, diría que compra voluntades y que da la espalda a los servicios municipales. Un presupuesto es bueno si las previsiones se ajustan a la realidad, si responde a lo que se va a gastar y a lo que se va a ingresar“.

Tras esta primera ronda, Blanca Torrent ha respondido a cada una de las formaciones políticas, subrayando a Vox que, en la actualidad, “estamos en democracia” y eso significa no mirar “la izquierda ni a la derecha. ”Trabajamos para los cordobeses. Vosotros no habéis trabajado para estos presupuestos. Las enmiendas había que presentarlas para este presupuesto. Le puede parecer que lo estamos haciendo bien o mal, pero se ha trabajado. Ha sido un privilegio siempre hablar y trabajar con la oposición“.

Por otro lado, la responsable del Área de Economía, Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Córdoba se ha referido a Hacemos Córdoba recalcando la importancia de la oferta pública porque “es empleo de calidad”. “Una colaboración público privada no es una debilidad, es una fortaleza. No son unos presupuestos de marca PP, sino que de los cordobeses. No hay retroceso. No hay soberbia ni queremos que esa sea la intención”.

Para terminar, Torrent se ha referido a las múltiples alegaciones de Antonio Hurtado, aclarando que el equipo de gobierno “trabaja con transparencia donde todos los convenios pasan por la Junta de Gobierno Local”. “Depende de lo que se apruebe aquí, se medirá todo y la transparencia está garantizada. Hoy viendo su discurso he visto una Córdoba nueva, la que aparece en su discurso. Pero esa no es la Córdoba real. Córdoba tiene más presupuesto, más capacidad y menos deuda”.

El segundo turno de intervenciones

En primer lugar, y nuevamente, Paula Badanelli ha afirmado que Torrent “tiene suerte de que ha caído de pie. Ha aprendido lo malo de la política rapidísimo”, resaltando que el PP no va a gobernar solo “en ningún sitio más” y tiene que ser un poco “amable” con el partido “que le puede sostener en un futuro”. “Lo que me parece triste es que alguien haya hablado 15 minutos y no se sabe de qué partido es. Aquí se viene para trabajar por la gente que está en la calle”.

Asimismo, Juan Hidalgo ha querido resaltar el papel de su formación política, sobre todo cuando estaban en el poder. “Nosotros creamos la Oficina de la Defensa de la Vivienda y vosotros os la habéis cargado. Cuando llegaron al gobierno municipal, anularon todos los convenios que teníamos con los bancos para tener alquiler asequible. No era bueno para el negocio ni para los amiguetes. Habéis convertido en Vimcorsa en una mala inmobiliaria. Nosotros habilitamos un plan de promoción de empleo a través de Sadeco. Ustedes se lo cargaron. Ustedes ven un modelo de ciudad de negocio. El dato mata al relato”.

En último lugar, Antonio Hurtado ha subrayado la importancia que tiene el Ejecutivo en estos presupuestos y la poca aportación de la Junta de Andalucía. “Lo que a usted se le olvida a decir, es que en este presupuesto usted prevé que van a aumentar la cuantía del Estado. Nos vamos a quedar cortos seguro, pero lo que no dice es que la aportación de la Junta está congelada. No dice nada de Moreno Bonilla. Prefiero que usted sea transparente aquí. Esto es un presupuesto de muchos panes y pocos peces. Son incongruentes los planes con las inversiones”.

Antes de pasar con las votaciones pertinentes, Blanca Torrent ha apuntado que los presupuestos son “una voluntad de trabajo” del PP. “Córdoba sigue avanzando. Lo importante es que la ciudad quiere seguir creciendo y que mire. Les pido su aprobación porque este proyecto es para la ciudad”.

Para culminar esta sesión extraordinaria, el Pleno Municipal rechazó las enmiendas presentadas por PSOE y Hacemos Córdoba con el rechazo de Vox y PP, mientras que los presupuestos fueron aprobados únicamente con el voto en solitario de la formación popular.