El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) ha pedido a la jueza que deje sin efecto su inclusión en la representación y defensa comunes de las acusaciones populares, que lleva el partido de ultraderecha Vox, en la causa por el accidente ferroviario de Adamuz. El sindicato ha mostrado además su discrepancia con la solicitud de Vox de citar como testigo a la investigadora Isabel López López, de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT).

En un escrito presentado ante la Plaza nº 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, el sindicato sostiene que la petición de Vox, fechada el 16 de octubre, se formuló en nombre de “la actuación común de las acusaciones populares” sin que SEMAF fuera consultado. Según su escrito, tampoco participó en la definición de su contenido ni dio su conformidad a la citación o al objeto del interrogatorio propuestos. El sindicato subraya que no se pueden presentar escritos en nombre de todas las acusaciones populares cuando ni siquiera han sido consultadas.

SEMAF considera prematuro acordar la citación en los términos planteados, porque podría afectar a la investigación técnica en curso. El sindicato aclara que no pide que se prohíba la declaración ni que la AITAT tenga un veto o una autorización vinculante, y reconoce que la pertenencia de la investigadora al equipo técnico no le impide declarar.

Eso sí, advierte de que el interrogatorio propuesto por Vox va más allá de reconocer la autoría de una comunicación. Incluye preguntas sobre comprobaciones del equipo, documentos y versiones examinados, verificaciones de autenticidad y trazabilidad, inferencias técnicas y la relevancia de las discrepancias para identificar soldaduras, además de una cláusula abierta sobre cualquier otra cuestión relacionada con los hechos. A su juicio, ello podría obligar a revelar información de una investigación técnica aún abierta y exigiría distinguir entre hechos conocidos personalmente por la investigadora y valoraciones técnicas. El sindicato no se opone a que el tribunal disponga de las comunicaciones pertinentes, pero pide que se compruebe su incorporación íntegra a la causa, evitando duplicidades y respetando la reserva cuando proceda.

En el segundo apartado del escrito, SEMAF afirma que el episodio evidencia una discrepancia concreta de orientación procesal, y no una diferencia ideológica. Sin sostener que toda decisión común requiera unanimidad, cita la doctrina del artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que exige una convergencia suficiente de intereses y de orientación procesal. Según el sindicato, coincidir en esclarecer el accidente no implica que todas las acusaciones deban solicitar las mismas diligencias ni compartir las decisiones de la dirección común.

Así, entienden que el auto de 8 de octubre de 2026 mantuvo a SEMAF como parte, pero canalizó su actuación a través de los profesionales designados por Vox, sin prever un mecanismo para expresar posiciones discrepantes. El sindicato, que ya ha interpuesto recurso de reforma y subsidiario de apelación contra esa resolución, pide que se deje sin efecto la unificación respecto de SEMAF, permitiéndole continuar con sus profesionales designados. Subsidiariamente, solicita que se mantenga provisionalmente su postulación propia hasta que se resuelva la incidencia y el recurso pendiente.

En el resto de sus peticiones, SEMAF pide que se haga constar que no se le puede atribuir conformidad con la solicitud de Vox y que no se acuerde por ahora la citación de la investigadora. Si la declaración alcanzara información reservada, solicita que se comunique previamente a la AITAT y que el tribunal resuelva de forma motivada sobre la necesidad, el momento y el alcance del interrogatorio, delimitando en su caso las materias.

Con menos tensión que en la sesión de la mañana, el Pleno monográfico sobre vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba en la tarde de este jueves fue también intenso. La sesión se convocó a instancias de los concejales del PSOE y de Hacemos Córdoba, y se convirtió en un cruce de reproches y acusaciones. Los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba acusaron al gobierno local de no haber construido ni una vivienda pública ni de alquiler en estos ocho años de gobierno del PP. Los populares se defendieron asegurando que ni el PSOE ni IU hizo vivienda pública alguna durante su mandato entre 2015 y 2019. Y el PP y Vox coincidieron en acusar al gobierno de Pedro Sánchez de ser el culpable de la situación de la vivienda en España, de la crisis de precios y la vulnerabilidad de los inquilinos y propietarios.

El debate sirvió para reflejar dos visiones totalmente contrapuestas de cómo tiene que ser el mercado de la vivienda en España. Protegido y regulado, para el PP y Hacemos. O libre, sin trabas burocráticas y mucha más construcción para el PP y Vox. Finalmente se aprobó la enmienda a la totalidad que presentó el PP, gracias a la mayoría absoluta de sus concejales y a la abstención de Vox. Hacemos y el PSOE votaron en contra.

La primera intervención del Pleno corrió a cargo de Catalina Ortega, portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, que puso el foco en las familias que sufren dificultades para acceder a una vivienda o que viven bajo la amenaza de perderla. Ortega recordó que detrás de las cifras hay personas, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que viven con la angustia de recibir una notificación de desahucio.

“La vivienda no es un negocio, es un derecho”, defendió, antes de cuestionar el argumento de que la solución pasa exclusivamente por construir más casas. La portavoz recordó que España ya atravesó un boom inmobiliario en el que se construyeron numerosas viviendas sin que eso garantizara el acceso a un hogar digno para toda la población.

Ortega apuntó que Andalucía cuenta con más de medio millón de viviendas vacías y que en la provincia de Córdoba hay más de 50.000. A su juicio, el problema no se puede abordar sin afrontar la especulación inmobiliaria y el uso de la vivienda como activo de inversión, una práctica que, según denunció, acaba expulsando del mercado a quienes no pueden asumir los precios.

Por ello, reclamó que el Ayuntamiento impulse más vivienda pública en alquiler, mejore las condiciones de las viviendas destinadas al alquiler social y desarrolle políticas que permitan movilizar las casas vacías hacia el alquiler asequible.

La portavoz de Stop Desahucios también dirigió sus críticas a la Oficina Municipal de la Vivienda, que, según afirmó, se encuentra desactivada y carece de presupuesto y personal suficientes para desarrollar una actuación efectiva. Ortega exigió que este servicio intervenga antes de que se produzcan los desahucios, para evitar que las familias lleguen a perder su hogar sin recibir una respuesta de las administraciones.

Entre sus demandas figuraron la puesta en marcha de un plan municipal de emergencia habitacional, el incremento del parque público de alquiler asequible, un programa eficaz para movilizar viviendas vacías y la publicación de datos transparentes sobre la situación de la vivienda en Córdoba.

“Ninguna familia debería acabar en la calle porque las administraciones no han podido acudir a tiempo”, advirtió. Ortega cerró su intervención con un mensaje dirigido al Ayuntamiento: dentro de un año, dijo, no quieren volver a escuchar promesas sobre miles de viviendas que se construirán en el futuro, sino comprobar qué soluciones se han puesto en marcha para quienes necesitan una casa ahora.

Hacemos Córdoba acusa al PP de desactivar la Oficina de la Vivienda

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, recogió buena parte de las reivindicaciones de Stop Desahucios y centró sus críticas en la gestión del gobierno municipal. El concejal reivindicó el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y reprochó al PP que no defienda ese principio desde las instituciones.

Hidalgo sostuvo que el debate extraordinario se había convocado junto al PSOE precisamente porque, a su juicio, el gobierno municipal evita abordar la vivienda como un derecho y como una responsabilidad de las administraciones públicas. “El PP no quiere hablar de lo público ni de derechos”, resumió.

El edil denunció que la Oficina de la Vivienda lleva siete años desactivada y consideró que podría desempeñar un papel relevante frente a los fondos de inversión que, según su diagnóstico, están expulsando a familias de sus hogares. También vinculó el problema del acceso a la vivienda con la proliferación de apartamentos turísticos y acusó al gobierno municipal de favorecer la conversión de la ciudad en un negocio inmobiliario.

En este punto, afirmó que se habían concedido más de 200 licencias para apartamentos turísticos en los nueve meses anteriores. Asimismo, cifró en un 32% el incremento de los desahucios respecto al año pasado y aseguró que se habían producido más de 70 en la ciudad durante el año, sin que el Ayuntamiento hubiera ofrecido una respuesta suficiente. Hidalgo citó expresamente a Loli y Maricarmen como ejemplos de personas a las que, según denunció, el Consistorio no está defendiendo ante sus problemas de vivienda.

El concejal de Hacemos Córdoba amplió sus críticas a la política autonómica del PP y a la gestión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que acusó de no atender adecuadamente a sus inquilinos. También censuró la gestión de Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda, al considerar que ha dejado de cumplir el papel que debería desempeñar en la promoción de vivienda asequible.

Vox responsabiliza al Gobierno central y reclama más construcción

La portavoz de Vox, Marta León, cuestionó que PSOE y Hacemos Córdoba plantearan el debate y acusó a la izquierda de ser responsable de buena parte de los problemas que denuncia. Su intervención se centró en las dificultades de los propietarios, la reducción de la oferta de alquiler y la necesidad de agilizar la construcción.

León defendió que el problema afecta tanto a los jóvenes que no pueden encontrar una vivienda a un precio asumible como a los propietarios que han trabajado durante décadas para adquirir una casa. En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a estos últimos en sospechosos y no ha ofrecido soluciones después de años en el poder.

La concejala aseguró que, entre 2020 y 2025, la oferta de viviendas en alquiler había caído un 53%, mientras los precios seguían aumentando. A su juicio, la reducción de la oferta y el encarecimiento de los alquileres constituyen una realidad que sufren los vecinos de Córdoba.

Frente a las propuestas de la izquierda, León reclamó facilitar la construcción de nuevas viviendas, agilizar las licencias y revisar las trabas administrativas que, según sostuvo, pueden mantener una promoción paralizada durante años. También defendió una mayor seguridad jurídica y el impulso de vivienda protegida para quienes realmente la necesitan.

La edil de Vox acusó al PSOE de ofrecer “propaganda y anuncios” en lugar de soluciones y rechazó que se responsabilice a los propietarios de las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, durante la réplica reconoció que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tienen responsabilidades en esta materia.

El PSOE denuncia que la Junta no ha construido vivienda social en Córdoba

El concejal socialista José Antonio Romero rechazó los argumentos del PP y Vox y defendió que la vivienda debe abordarse desde las obligaciones que establece el marco constitucional. En su intervención, recordó el artículo 47 de la Constitución y el reparto de competencias entre administraciones, con especial atención a las atribuciones de las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Romero citó el artículo 148.1 de la Constitución y el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía para subrayar la responsabilidad de la Junta en la ordenación del territorio, el urbanismo y la promoción pública de viviendas.

A partir de ese marco, preguntó al Gobierno andaluz cuántas viviendas sociales había construido durante los ocho años de mandato del PP. Su respuesta fue tajante: según afirmó, en Córdoba no se había construido ninguna vivienda social ni de protección pública durante ese periodo.

El edil socialista también denunció un incremento del 40% en el precio máximo por metro cuadrado de la vivienda protegida en Andalucía y cuestionó el destino previsto para el inmueble de Manríquez 2, que, según señaló, se utilizará como hotel en lugar de destinarse a un uso público.

Romero preguntó además qué había hecho la Junta con los 1.600 millones de euros que, según indicó, habían llegado del Gobierno de España para políticas de vivienda y cuánto se había invertido en Córdoba en la construcción de casas sociales o públicas.

El concejal también criticó la gestión del bono de alquiler joven, cuya tramitación por parte de la Junta, aseguró, había permanecido paralizada durante meses pese a contar con financiación estatal.

Las críticas socialistas se dirigieron igualmente al alcalde, José María Bellido, y a Vimcorsa. Romero sostuvo que el Ayuntamiento tampoco había construido vivienda pública durante el mandato del actual gobierno municipal y puso en cuestión que los anuncios realizados por los populares se hayan traducido en promociones terminadas.

Torrico defiende la gestión municipal y acusa a la izquierda de dejar cero proyectos

El presidente de Vimcorsa y concejal del PP, Miguel Ángel Torrico, respondió a las críticas apelando a la necesidad de abordar el problema con “responsabilidad y empatía”, además de con rigor y datos. El edil popular rechazó que Córdoba pueda analizarse de manera aislada del contexto nacional y responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez y a las fuerzas de izquierda de la crisis de vivienda.

Torrico afirmó que el encarecimiento de la vivienda en Córdoba había sido del 27% en los últimos cuatro años y destacó que la ciudad se encontraba entre las capitales españolas donde menos había subido el precio, al situarla en el puesto 46 de un total de 50. Sostuvo que los precios habían aumentado en todas las capitales, con independencia del partido que gobernara.

El concejal también reprochó al anterior gobierno municipal de PSOE e IU que, entre 2015 y 2019, retirara suelo residencial y no pusiera en marcha ningún proyecto de vivienda pública. Según su versión, aquel mandato terminó sin promociones municipales de este tipo.

En relación con el mercado del alquiler, Torrico aseguró que la oferta había caído un 15% en Córdoba tras los decretos impulsados en esta materia y defendió que la solución pasa por incrementar el número de viviendas disponibles mediante la construcción.

Frente a las acusaciones de Stop Desahucios sobre la Oficina Municipal de la Vivienda, el edil popular sostuvo que el servicio existe y trabaja en coordinación con los servicios sociales. Según los datos que aportó, se habían realizado 389 actuaciones para evitar desahucios y 124 familias habían sido propuestas para recibir una solución habitacional.

Torrico añadió que el Ayuntamiento había concedido 3.496 ayudas al alquiler y que el PP había destinado 9,6 millones de euros a estas políticas, con 1,5 millones adicionales previstos para 2026. En su comparación con el anterior gobierno municipal, afirmó que el Ejecutivo de Isabel Ambrosio había destinado 1,2 millones.

El concejal defendió que la construcción de nuevas viviendas es la principal vía para responder a la demanda y rechazó que el gobierno municipal haya permanecido inactivo en materia residencial.

El PSOE cifra en más de 8.000 los demandantes de vivienda asequible

En el turno de réplica, Romero insistió en que el PP debía demostrar con resultados sus anuncios de nuevas promociones. Preguntó cuántas viviendas había construido Vimcorsa durante el actual mandato y respondió que ninguna.

El socialista recordó que en el consejo de administración de la empresa municipal se había planteado la construcción de 60 viviendas en el Campo de la Verdad y San Rafael de la Albaida, en su mayoría en régimen general y con precios máximos regulados. Sin embargo, denunció que esas promociones no se habían materializado.

Romero también cuestionó que los presupuestos municipales incluyeran recursos suficientes para cumplir los compromisos anunciados por el gobierno local. A su juicio, las promesas de construir 2.000 viviendas en alquiler por 300 euros al mes y en venta por 90.000 euros tampoco se habían traducido en resultados.

Para ilustrar la dimensión de la demanda, el concejal aportó las cifras de 4.048 solicitantes de vivienda en alquiler y 4.074 interesados en comprar una vivienda asequible. En total, más de 8.000 demandantes a los que, según denunció, el Ayuntamiento no había ofrecido una solución.

El socialista reprochó al alcalde que no estuviera respondiendo a las dificultades de los cordobeses para llegar a final de mes y vinculó esa situación con las subidas de las tarifas municipales del agua y la basura.

También contrapuso la política andaluza de vivienda protegida con la aplicada en Dos Hermanas, donde, aseguró, el PSOE había rebajado un 12% el precio máximo de este tipo de viviendas, frente al incremento del 40% que atribuyó a la Junta de Andalucía.

Hacemos Córdoba acusa al PP de convertir Vimcorsa en una inmobiliaria

La réplica de Juan Hidalgo volvió a poner el foco en las competencias autonómicas y municipales. El portavoz de Hacemos Córdoba reprochó a Vox su planteamiento sobre el reparto de responsabilidades y sostuvo que la vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas.

Hidalgo acusó a la derecha y a la ultraderecha de no querer defender la vivienda como un derecho y dirigió sus críticas tanto a AVRA como a Vimcorsa. Sobre la primera, aseguró que se había convertido en “el peor casero de Andalucía”, por el estado de las viviendas y la atención a sus inquilinos. En cuanto a la empresa municipal, consideró que había abandonado su función de promoción pública para comportarse como una inmobiliaria más.

El concejal popular Torrico había señalado que el anterior gobierno de PSOE e IU no dejó proyectos preparados para su desarrollo. Hidalgo rechazó esa versión y recordó que las 308 viviendas de Huerta de Santa Isabel se iniciaron en 2015, mientras que el proyecto de las viviendas de Sama Naharro databa de 2017.

Con estos ejemplos, el edil de Hacemos Córdoba cuestionó que el PP pudiera atribuir la falta de promociones a la ausencia de trabajo previo y reiteró que, a su juicio, el gobierno municipal no había impulsado nuevas viviendas públicas suficientes.

El PP anuncia 784 alojamientos para jóvenes y defiende las promociones previstas

En su última intervención, Torrico volvió a cargar contra la gestión de los anteriores gobiernos municipales y aseguró que durante el mandato de PSOE e IU se registraron 249 desahucios, frente a una cifra que, según afirmó, se ha reducido un 90% con el actual gobierno.

El concejal popular negó que el anterior Ejecutivo hubiera dejado preparadas las promociones que ahora se están desarrollando y citó distintas actuaciones, entre ellas las de San Jerónimo, con 104 viviendas en una primera fase y 103 en una segunda, además de Sama Naharro y los alojamientos para mayores de Don Rodrigo.

Torrico anunció asimismo que el lunes 26 de octubre se llevaría a la Junta de Gobierno Local una encomienda de gestión para licitar 784 alojamientos para jóvenes en Córdoba. La actuación, según explicó, forma parte de los proyectos con los que el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta residencial.

El edil también comparó los compromisos de construcción del Gobierno central con los del Ayuntamiento y afirmó que Pedro Sánchez había anunciado la construcción de 183.000 viviendas sin haber levantado ninguna. En el ámbito local, aseguró que el Consistorio pondrá en carga dos millones de metros cuadrados de suelo y citó los 200.000 metros cuadrados previstos en el sector O-4 de Córdoba.

Mientras Torrico intervenía, los activistas de Stop Desahucios abandonaron el salón de plenos entre acusaciones de que el concejal estaba diciendo “mentiras”. La salida de los representantes de la plataforma evidenció el malestar de quienes habían reclamado al comienzo de la sesión una respuesta inmediata a las familias que atraviesan una situación de emergencia habitacional.

En la última réplica, Romero calificó de “demagogia barata” las afirmaciones del concejal popular y volvió a poner el acento en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. “El precio de la vivienda sube dos veces más rápido que los sueldos”, sostuvo.

El PP saca adelante su enmienda con la abstención de Vox

El debate concluyó con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y el PP. La propuesta de Vox contó con el apoyo de la propia formación, pero fue rechazada por los votos contrarios de Hacemos Córdoba y el PSOE y la abstención del PP.

A continuación, el Pleno aprobó la enmienda a la totalidad presentada por los populares. La mayoría absoluta del PP permitió sacar adelante el texto, con la abstención de Vox y los votos en contra de los dos grupos de izquierda.

El resultado cerró una sesión marcada por las diferencias sobre el papel de las administraciones, la regulación del mercado inmobiliario y la eficacia de las políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda asequible.

Mientras PSOE y Hacemos Córdoba reclamaron más promoción pública y acusaron al Ayuntamiento de no haber construido vivienda social durante los ocho años de gobierno popular, el PP defendió las ayudas municipales, las actuaciones realizadas para evitar desahucios y los proyectos previstos. Vox coincidió con los populares en atribuir al Gobierno central buena parte de la responsabilidad por el encarecimiento de la vivienda, aunque defendió que también deben actuar la Junta y el Ayuntamiento.

La sesión dejó así sin resolver el principal desacuerdo político: si la respuesta a la crisis residencial debe pasar prioritariamente por ampliar el parque público y regular el mercado o por aumentar la oferta mediante nuevas construcciones, agilizar los trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.

El concejal del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Miguel Castellano ha emplazado este domingo al equipo de gobierno local que dirige José María Bellido (PP) a que “dé cuenta de la ejecución de la recuperación de los Jardines de la Agricultura”, y que “concrete cuándo se materializarán los compromisos anunciados desde febrero de 2024”.

“El señor Bellido debe explicar qué ha hecho con la reforma que su gobierno anunció en 2024. Los cordobeses tienen derecho a conocer qué se ha ejecutado, qué queda pendiente y cuándo van a cumplirse los compromisos sobre los Jardines de la Agricultura”, ha manifestado el concejal de Vox en un comunicado.

El edil ha relatado que el Ayuntamiento presentó en 2024 una intervención sobre los bancos de cerámica de la antigua Biblioteca Séneca, el mobiliario urbano, el alumbrado y otros elementos del parque, y que, “en febrero de 2025, anunció un presupuesto de 250.000 euros sin concretar una fecha de inicio, y la reforma de los bancos volvió a figurar entre los proyectos del Plan de Obras 2026”.

“En 2024 anunciaron la recuperación; en 2025 pusieron una cifra sobre la mesa sin dar fecha de inicio; y en 2026 volvieron a incluir los bancos en su plan de obras. Después de tantos anuncios, exigimos un calendario de ejecución y explicaciones claras”, ha continuado el concejal de Vox antes de aseverar que “el patrimonio de Córdoba necesita una gestión que cumpla lo que promete”.

Castellano ha subrayado que Vox “ya denunció públicamente esta situación en abril de 2025 y exigió la conservación de este espacio histórico, especialmente de los bancos de azulejos situados en el entorno de la antigua biblioteca al aire libre”.

“El deterioro de este entorno ya fue reconocido por el propio gobierno municipal. No puede tratarse como un asunto secundario. Hablamos de un lugar que forma parte de la memoria de Córdoba y que merece cuidado, mantenimiento y una respuesta del Ayuntamiento”, ha incidido el edil de Vox, que, de este modo, reclama del gobierno local “información sobre el estado del proyecto, la financiación disponible, la tramitación de la restauración de los bancos y las actuaciones ejecutadas en el resto del parque”.

Tras avisar de que desde Vox van a “exigir que cada compromiso tenga una respuesta concreta”, el concejal ha sentenciado que “Bellido debe rendir cuentas”, y “los cordobeses merecen saber dónde está la reforma prometida y cuándo podrán disfrutar de la recuperación de este espacio”.

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, Cristina Pastor, encargada de la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero, ha comunicado a las diferentes acusaciones populares representadas en el caso que deja en manos de los abogados de Vox la representación legal de todas.

Según ha confirmado a este periódico la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, y ha adelantado la Cadena SER Radio Córdoba, la jueza ha comunicado su decisión este viernes por la mañana. Este colectivo y el Sindicato Español de Maquinistas (Semaf), también presente en la causa, han anunciado que van a recurrir esta decisión.

Este tipo de resoluciones judiciales son normales por “eficiencia procesal”. Normalmente, las diferentes acusaciones suelen ponerse de acuerdo y nombrar al abogado de una de las partes en concreto como representante. Pero ante la falta de acuerdo, la jueza de Montoro ha optado por seguir la doctrina del Tribunal Supremo, en un fallo judicial del año 2024, en el que señala que la representación se quedará en manos de la primera acusación que la haya pedido, en este caso Vox.

Además de Vox, en la causa están representados como acusación popular Hazte Oír y la Asociación Víctimas de los Políticos. La jueza dejó fuera de la causa a los ayuntamientos de Huelva o de Punta Umbría, que pretendían defender los intereses de las víctimas de sus municipios afectadas en el siniestro. Tampoco ha podido personarse la Junta de Andalucía, que igualmente mostró interés en conocer de este sumario.

Al respecto, Vox se opuso a la unificación, manifestó “la falta de concurrencia de los presupuestos exigidos para la imposición de una unificación automática y la falta de motivación y/o fundamento”, a la vez que ha defendido que “la acción popular está configurada como un derecho fundamental por su reconocimiento constitucional en el artículo 125, lo que determina que queden afectos dos derechos a equilibrar, por un lado, la garantía de un derecho de defensa y la garantía de la tutela judicial efectiva”, y ha alegado “la inexistencia de riesgo de dilaciones indebidas ni alteración del orden del proceso, la inexistencia de intereses que converjan y la incompatibilidad de las acusaciones”.

Por su parte, la Asociación Víctimas de los Políticos se opone a la unificación, alegando “la improcedencia en la imposición automática de la unificación, al ser una facultad excepcional y que debe se motivada por el órgano judicial, en la que deben concurrir identidad sustancial de intereses y ausencia de conflicto material entre las distintas posiciones procesales, existiendo en el supuesto de autos posiciones procesales diferenciadas, propias y con estrategias procesales diversas, imponiendo la defensa única una restricción en el derecho de acción que supeditaría a la parte su estrategia procesal a decisiones ajenas”.

Igualmente, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) se opuso a la unificación, alegando “la falta de motivación de la unificación pretendida, deduciendo que la única razón en la imposición de la medida toma como base el número de acusaciones populares personadas, sin que ésto pueda justificar la unificación”, a la vez que ha manifestado “vulneración de los principios de proporcionalidad y falta de ponderación de los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y defensa, los que ostentan un rango superior a los principios de economía procesal y buena ordenación del procedimiento”.

También, se ha opuesto a “la aplicación automática de la medida”, haciendo mención a “la especial cualificación y conocimiento técnico” del que dispone, “lo que redunda en beneficio del procedimiento para el esclarecimiento de los hechos”. Además, ha expuesto que en la parte “concurren intereses específicos y diferenciados del resto de acusaciones populares, que se encuentran vinculados con la seguridad laboral y la protección de la vida e integridad de los trabajadores ferroviarios, ya que los hechos también pudieran ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, ejercitando acción no sólo en búsqueda de la verdad y por la acción de la Justicia, sino que ejercita acción desde la perspectiva de satisfacción de los intereses colectivos laborales de los trabajadores de conducción ferroviaria”.

La Fiscalía

Mientras, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha alegado “la falta de concurrencia de presupuestos materiales de acumulación, la lesión del derecho a la defensa y derecho a la tutela judicial efectiva por generar indefensión”, remarcando que “los fines perseguidos por las distintas acusaciones populares son distintos”, y creen que “existe trato discriminatorio si se aplica el criterio de prioridad temporal en la personación”. Y han subrayado que sus fines son “la defensa de los intereses de las víctimas, búsqueda de la verdad y la justicia a diferencia de las restantes acusaciones populares que tienen otros motivaciones que trascienden de la defensa de las víctimas”.

Y tras ello, el Ministerio Fiscal ha informado “a favor a la unificación de las acusaciones populares bajo una misma representación y defensa”, al considerar “cumplidos en el caso de autos los requisitos que se exigen para hacerla efectiva”, manifestando que “el número elevado de acusaciones tanto particulares como populares afecta al buen orden del procedimiento o el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas y existe identidad de intereses”. Así, ha pedido que “la unificación se haga efectiva dando prioridad a la defensa y representación de la primera de las personaciones como criterio objetivo seguido por el Tribunal Supremo (TS)”.

Por todo lo expuesto, y a la vista de “la fecha de los escritos de solicitud de personación, la falta de acuerdo entre las acusaciones populares acerca de quién debe asumir la representación y defensa comunes según sus escritos de alegaciones y no existiendo oposición por el Ministerio Fiscal”, la jueza ha determinado que “corresponde a la representación procesal y dirección letrada de Vox asumir la representación y defensa comunes de las restantes acusaciones populares agrupadas”.

A 55 días del 29 de noviembre, la fecha de las próximas elecciones generales, los partidos en la provincia de Córdoba no saben quién encabezará sus candidaturas. Ni el PP, ni el PSOE, ni Vox, ni Sumar o el Frente Amplio, ni tampoco Adelante Andalucía han elegido a sus candidatos en la provincia de Córdoba para el proceso electoral que acaba de convocar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su anuncio de adelantar las elecciones ha cogido a todos los partidos con el paso cambiado.

En 2023, el PP presentó en Córdoba una lista completamente renovada. La cabeza de lista fue Isabel Prieto, sin apenas experiencia política previa. El dos fue el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid. Ambos siguien siendo diputados en unas cortes que se van a disolver en breve. Para este mes de noviembre, los populares afrontan una candidatura renovada en la que no se descartan sorpresas en la candidatura. De hecho, se especula con que el número uno lo pueda ocupar un hombre con un cargo público muy importante en la provincia de Córdoba.

En el horizonte de la candidatura popular está el congreso provincial que tiene que renovar cargos orgánicos. Adolfo Molina es probable que sea el único candidato que se presente para su presidencia. Actualmente, es delegado del Gobierno de la Junta en la provincia y no se prevé que se marche al Congreso. Quizás tenga un papel importante en las próximas elecciones municipales, aunque todo dependerá de quién forme parte de la candidatura al Congreso y al Senado, y si el PP opta por elegir nombres con amplia experiencia en la política local cordobesa para, a su vez, renovar caras ante las próximas municipales.

El PSOE es el único partido que sí que manejaba el 29 de noviembre como la fecha del próximo proceso electoral. Pero en Córdoba los socialistas acaban de celebrar unas elecciones primarias para elegir a su candidato a la Alcaldía de la capital que ha dejado una imagen de partido dividido exactamente por la mitad. José Antonio Romero ganó unas primarias por apenas 14 votos a Ángel Ortiz, en un proceso interno que ha enfrentado a diferentes familias socialistas.

Ahora, los socialistas inician un nuevo proceso para elegir a sus candidatos al Congreso. No será tan duro como unas primarias. La última decisión la tendrá Ferraz y, se da por descontado, Pedro Sánchez. En 2023 el candidato fue Luis Planas, actual ministro de Agricultura. El 29 de noviembre Planas tendrá ya 74 años y su nombre suena con fuerza para dirigir la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. No se descarta ni que vuelva a ser el número uno ni de que dé un paso atrás.

En caso de que Planas repita, el puesto número dos por Córdoba será para una mujer. En 2023 este lugar lo ocupó Rafi Crespín, actual secretaria provincial del PSOE en Córdoba. Crespín llega a este proceso tras un duro enfrentamiento con la líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, por las listas electorales de las últimas autonómicas. E incluso por el proceso de primarias. Su inclusión en la candidatura dependerá directamente de Ferraz.

En 2023, Planas dimitió como diputado en cuanto se formó Gobierno. Revalidó como ministro y dejó sitio así a Alberto Mayoral, que ha tenido un trabajo parlamentario muy intenso en la Carrera de San Jerónimo en estos años. Es probable que Mayoral repita y dependerá finalmente de qué haga Planas para saber qué posición ocuparía en la candidatura.

Vox siempre es una incónigta y las decisiones internas de este partido se toman en Madrid. La dirección local apenas si puede sugerir nombres. José Ramírez, actual diputado, es un hombre muy próximo a Santiago Abascal y a la dirección de Vox en Madrid, por lo que no sería una sorpresa que repitiera. Sí que se empieza a mirar al siguiente nombre en la lista electoral, ya que se ven con opciones de conseguir un segundo diputado.

Sumar presentó en 2023 a Enrique Santiago por la provincia de Córdoba. El secretario general del PCE aspira a repetir como candidato en el espacio político que se abra a la izquierda del PSOE, ya se llame de nuevo Sumar (poco probable) o Frente Amplio de Izquierdas. Eso sí, su elección no se da por segura por una cuestión aritmética: Adelante Andalucía ha anunciado que se presentará por separado.

El espacio andalucista aspira a volver a dar la sorpresa en las generales, aunque la Ley D'Hont le complica las cosas. En las últimas andaluzas obtuvieron representación por la provincia de Córdoba con un parlamentario. Por Andalucía (Sumar o Frente Amplio) logró otro. En el Parlamento andaluz Córdoba aporta 12 escaños. Al Congreso de los Diputados son seis. Es decir, la suma de los restos se hace mucho más cara. Si ni el Frente Amplio ni Adelante lograsen un escaño por Córdoba es probable que ese diputado se lo llevasen o el PP, o el PSOE o Vox.

Mientras tanto, los andalucistas están también en su propio proceso interno para elegir candidato en la provincia de Córdoba. Y lo tienen que acelerar, ya que ahora mismo se encontraban en el proceso para elegir la candidatura a las elecciones municipales de la próxima primavera, donde han puesto grandes esperanzas.

Vox ha registrado la solicitud de comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras una reciente información de la Guardia Civil que ratificó que la vía tenía una rotura en el tramo de Adamuz donde se produjo un accidente que causó la muerte de 46 personas.

Aunque el ministro dijo que ese supuesto informe que ratificaba la rotura de la vía era tan solo una “inspección ocular”, el partido de Santiago Abascal ha optado por registrar una batería de iniciativas parlamentarias para que el ministro rinda cuentas.

En concreto, ha pedido la solicitud de comparecencia del ministro y ha registrado unas preguntas al Gobierno con respuesta por escrito. Entre otras cuestiones, Vox quiere que el Ejecutivo aclare los motivos por los que las obras de renovación de la infraestructura, con una inversión de 180 millones de euros, no evitaron el accidente.

También pregunta por los datos recogidos en el Informe Técnico de Inspección Ocular de la Guardia Civil que, entre otras cosas, señala la existencia de indicios de una grieta previa por fatiga que habría ido creciendo antes de la fractura definitiva.

Así, la formación pregunta específicamente cómo explica el Gobierno que la grieta previa por fatiga detectada por la Guardia Civil en el carril de Adamuz “pasara inadvertida” pese a las inspecciones y controles realizados en ese tramo antes del accidente.

A su vez, Vox quiere saber si la soldadura situada en el punto kilométrico donde ocurrió el accidente formaba parte de las 114 soldaduras inspeccionadas antes del accidente y, de ser así, qué resultados arrojaron las inspecciones realizadas sobre ella.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Miguel Castellano ha llamado este jueves “mierda” y “repugnante” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Pleno municipal. El edil ha utilizado la expresión durante el debate de una moción en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, mientras se dirigía a los concejales del Grupo Municipal Socialista.

“Iba a decir el 'mierda', pero no diré eso por decoro, diré el repugnante presidente del Gobierno de España”, ha afirmado Castellano durante su intervención. Sus palabras han provocado la reacción inmediata de las bancadas socialista y de Hacemos Córdoba, que han protestado por el término empleado por el concejal.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha intervenido también para advertir al Grupo Socialista de que podía solicitar formalmente la retirada de la expresión de las actas. Así ha ocurrido: el portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha reclamado entonces que Castellano retirase sus palabras. “Pediría que retirase la barbaridad que ha dicho. Lo está diciendo de una institución, que es la Presidencia del Gobierno”, ha recordado Hurtado, que le ha pedido al edil de Vox “respeto a las instituciones” y a la democracia.

Sin embargo, tras la petición, Castellano se ha negado a hacerlo y ha defendido el uso que había hecho del término “mierda”. El concejal de Vox ha argumentado que había utilizado una de las acepciones recogidas en el diccionario de la Real Academia Española, en referencia a la que emplea el término para “ponderar el mal estado moral de alguien”. “¿Cómo voy a retirar eso?”, ha respondido Castellano ante la petición de la bancada socialista.

Ante la negativa del edil, el alcalde ha acabado aplicando el artículo 66 del Reglamento Orgánico Municipal, relativo a la llamada al orden por parte de la Presidencia del Pleno. Bellido ha advertido de que, al no retirar Castellano la expresión, esta quedaría recogida en el acta de la sesión.

El incidente se ha producido en pleno debate de la moción relativa a Ceuta, en un momento en el que Castellano se dirigía a los concejales socialistas. La protesta de la oposición ha interrumpido momentáneamente el desarrollo normal de la sesión, aunque finalmente el Pleno ha continuado sin que el concejal de Vox retirase sus palabras.

Debate sobre Ceuta en el Pleno

Los partidos políticos presentes en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba han debatido acerca de la situación de Ceuta tras la entrada masiva de personas inmigrantes al presentar tanto el PP como Vox sendas mociones sobre este asunto.

Desde el PP, se ha defendido la soberanía de España sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y han criticado la “respuesta insuficiente del Gobierno” central ante la entrada masiva de inmigrantes, así como la “tardanza” en dar respuesta a la crisis, en palabras del portavoz popular, Miguel Ángel Torrico. Y ha exigido “protección permanente de la frontera con personal, material y medios. No podemos consentir que esto pase una segunda vez”. Por lo que ha defendido las medidas que reclama su partido al respecto para “proteger a los ceutíes, recuperar la normalidad y evitar que se repita lo ocurrido”.

Desde Vox, el concejal Miguel Ángel Castellano ha abundado en defender que “Ceuta y Melilla son ciudades españolas, españolísimas”, dentro de lo que considera “la sagrada unidad indisoluble” de la nación. Y ha definido lo ocurrido en Ceuta como “una cadena de atropellos contra su pueblo y su integridad”. Ha acusado a la izquierda de utilizar “eufemismos” porque “eso no es una crisis migratoria ni humanitaria ni administrativa. Esto es una invasión, que ha impuesto a los ceutíes una nueva normalidad con saqueos, violencia, continuas violaciones, infecciones sanitarias...”, ha desgranado. Y ha criticado al Gobierno de España por su acción ante esta situación en Ceuta, momento en el que ha empleado las palabras de “mierda” y “repugnante” para referirse al presidente Pedro Sánchez.

Desde el PSOE, el portavoz Antonio Hurtado ha querido obviar contestar a las manifestaciones de Vox pero sí ha entrado a señalar que “nadie cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla” y que son la frontera de la UE con Marruecos. Pero ha criticado “cuestiones que se le olvida al PP”, como “el drama humanitario de 141 muertos, 10.000 personas que ahora siguen en Ceuta, los mil menores que siguen en las calles con una desprotección enorme”. Y ha afeado que las comunidades autónomas con gobiernos del PP “se están negando a que lleguen a la Península” a centros de menores aplicando la ley.

Por parte de Hacemos Córdoba, su portavoz, Juan Hidalgo ha mostrado su indignación con las palabras de Vox y ha criticado el “seguidismo” del PP en esta materia. Desde su grupo de izquierda ha mostrado su “solidaridad con el pueblo de Ceuta, que no está reñida con los derechos humanos, no está reñida con el ordenamiento legal y con la protección internacional”. En ese sentido, ha puesto el foco en los menores “desprotegidos” que están en Ceuta y que, en su opinión, “el PP utiliza como rehenes políticos para sus intereses”. “Ustedes están agravando la situación, porque podrían estar 500 menores en centros en la Península, pero no les interesa solucionarlo”.

Moción aprobada

Tras el debate, la moción de Vox ha decaído y no ha salido adelante y, finalmente, la que sí ha sido aprobada ha sido la presentada por el PP, con sus votos a favor, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE y Hacemos Córdoba.

El texto de la moción recoge los siguientes acuerdos:

“El Ayuntamiento de Córdoba manifiesta su firme apoyo, solidaridad y cercanía con la Ciudad Autónoma de Ceuta, sus instituciones y todos los ceutíes ante los graves acontecimientos producidos, y expresa su compromiso inequívoco con la defensa de su seguridad, convivencia, derechos y libertades.

Reconocer y reafirmar solemnemente la inquebrantable pertenencia de Ceuta a España, sustentada en la historia el Derecho, nuestro orden constitucional y democrático y, de manera inequívoca, en la voluntad libre y manifiesta de sus ciudadanos; y rechazar de forma rotunda cualquier actuación que dialécticamente o por la vía de los hechos, pretenda cuestionar o menoscabar la soberanía nacional y la integridad territorial de España, proclamando que Ceuta y Melilla son parte inseparable de Nación española y que su soberanía no se cuestiona, no se negocia y se defiende.

Instar al Gobierno de España a desplegar y mantener en Ceuta todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios, incluidos cuantos recursos extraordinarios resulten precisos, hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad, la seguridad, el orden público y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y constitucionales de los ceutíes.

Instar al Gobierno de España a proceder de manera inmediata a la identificación de todas las personas que accedieron irregularmente a territorio español a través de Ceuta durante estos acontecimientos y promover y ejecutar, con carácter inmediato, el retorno efectivo a Marruecos, aplicando de manera ágil los procedimientos individualizados legalmente establecidos y utilizando todos los mecanismos de cooperación bilateral y europea disponibles para hacer efectivos dichos retornos.

Manifestar el reconocimiento y agradecimiento del Ayuntamiento de Córdoba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencia y todos los empleados públicos que están trabajando en defensa de la seguridad, la convivencia y los derechos de los ciudadanos de Ceuta.

Instar al Gobierno de España a ejercer plenamente las competencias que constitucional y legalmente le corresponden en materia de control de fronteras, inmigración, seguridad y relaciones internacionales, evitando trasladar a la Ciudad Autónoma de Ceuta responsabilidades que corresponden al Estado.

Instar al Gobierno de España a exigir al Reino de Marruecos el cumplimiento efectivo de sus obligaciones y compromisos de cooperación con España en materia de control fronterizo, lucha contra la inmigración irregular y readmisión y retorno de sus nacionales.

Instar al Gobierno de España a reforzar de manera permanente la protección y vigilancia de la frontera española en Ceuta, garantizando los recursos humanos, materiales, tecnológicos y operativos necesarios para prevenir nuevos episodios de entrada irregular masiva y proteger eficazmente nuestras fronteras.

El Ayuntamiento de Córdoba declara solemnemente la indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla, ciudades que constituyen parte inseparable de España, de su integridad territorial y de nuestro proyecto común como Nación, cuya defensa constituye una responsabilidad irrenunciable del Gobierno de España y del conjunto de las instituciones del Estado“.

La portavoz adjunta de Vox en el Parlamento andaluz y presidenta provincial de la formación en Córdoba, Paula Badanelli, asume una nueva responsabilidad en la Cámara autonómica como portavoz de Vox en la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus sociedades filiales.

Según ha informado Vox en una nota, este nuevo nombramiento “refuerza el papel” de Badanelli en esta XIII Legislatura, y sitúa a la parlamentaria andaluza por Córdoba al frente de la labor de su formación en el órgano encargado del control parlamentario de la radio y la televisión pública andaluza.

Se trata de una responsabilidad que “guarda una estrecha relación con su trayectoria profesional”, ya que Badanelli es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y “cuenta con formación especializada en gestión estratégica, liderazgo y comunicación de crisis”.

Desde Vox Córdoba han celebrado este nuevo nombramiento y han destacado la importancia de que una parlamentaria por esta provincia “tenga un papel relevante en el trabajo parlamentario de la nueva legislatura, especialmente en un ámbito que conoce desde su propia experiencia profesional”.

La nueva responsabilidad permitirá a Badanelli participar directamente en la fiscalización de la RTVA, trasladando a esta comisión la línea de trabajo que Vox defenderá durante la legislatura en relación con los medios públicos andaluces.

El nombramiento de la presidenta provincial forma parte de la reorganización de las responsabilidades del Grupo Parlamentario de Vox para esta legislatura, en la que la formación ha buscado que “la experiencia y los conocimientos” de sus parlamentarios “tengan reflejo en las áreas en las que desarrollarán su actividad”.

Así, el médico Rafael Segovia asumirá la Portavocía de Presidencia, Sanidad y Emergencias; el economista Javier Cortés, la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Rodrigo Alonso, Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; la ingeniera de Caminos Beatriz Sánchez, Fomento y Movilidad, y el abogado Ricardo López, Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

Por su parte, Cristina Peláez será portavoz en Servicios Sociales, Familia e Igualdad; Juan José Bosquet, en Educación; Noelia Campos, en Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; María Eiberle, en Universidades, Industria, Energía e Innovación, y Clotilde Salvador, en Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La estructura parlamentaria se completa con Rocío Marín, que asumirá Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; Benito Morillo, Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, y Antonio Sevilla, en Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Es una distribución con la que Vox pretende que sus parlamentarios puedan trasladar a la Cámara autonómica, “no solo el trabajo político, sino también el conocimiento adquirido fuera de la política, aprovechando su formación y experiencia profesional para afrontar las diferentes áreas de la acción parlamentaria”.

Para Vox Córdoba, la nueva responsabilidad de Badanelli “supone además reforzar la presencia de la provincia en el Parlamento andaluz y situar a una representante cordobesa al frente de una comisión estrechamente relacionada con el sector en el que ha desarrollado su trayectoria profesional”.

La Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha manifestado, en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, su indignación ante el nuevo reparto de carteras en el Gobierno de la Junta de Andalucía. El colectivo ha criticado que el presidente Juanma Moreno haya delegado en su socio de coalición, Vox, competencias directas relacionadas con la gestión de la violencia de género.

La polémica surge tras conocerse que la Consejería asignada a Vox -que integra las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local- asumirá funciones para la protección de las víctimas. Entre estas atribuciones se encuentra la organización de los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia y, de manera específica, la gestión de las unidades de valoración integral de violencia de género a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Desde la Asamblea Feminista han calificado este movimiento como una “burla”, denunciando que se otorgan responsabilidades sobre víctimas de maltrato a un partido que “niega sistemáticamente la realidad de la violencia machista”. El colectivo ha advertido de que la formación de ultraderecha, al cuestionar la necesidad de estos servicios públicos y las políticas de igualdad, ahora dispone de la capacidad legal para suprimir o modificar profundamente estas unidades de valoración, las cuales dependen directamente de decretos autonómicos.

Una “violencia estructural”

El colectivo cordobés ha recordado que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino “estructural y global”. En su nota, han aportado datos para subrayar la gravedad de la situación: desde el año 2003, 1.374 mujeres han sido asesinadas en España, sumando ya 33 víctimas en lo que va de 2026.

Según la Asamblea, la alianza entre la derecha y la ultraderecha supone un retroceso que sitúa a las mujeres de nuevo en el “casillero de salida”, poniendo en riesgo derechos que fueron consolidados tras años de lucha feminista y que ahora quedan en manos de quienes buscan eliminarlos.

Ante este escenario, la Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha anunciado que se mantendrá “vigilante” y que no dudará en movilizarse para defender los avances logrados. “No vamos a dar ni un paso atrás en la lucha por hacer de este mundo un lugar seguro”, concluye el comunicado, reafirmando su compromiso con unos derechos humanos que alcancen a todas las personas.

En la política municipal de no hace muchos años, los fontaneros de los partidos entendían que un candidato a la Alcaldía tenía que foguearse y darse a conocer al menos un año antes de las elecciones. El objetivo era que los ciudadanos le conocieran, que le diese tiempo a visitar la mayor parte de la ciudad, el mayor número de barrios, asociaciones, peñas, plataformas, clubes y lobbys. En mayo de 2011, José Antonio Nieto logró una gran mayoría absoluta para el PP en las elecciones locales de Córdoba. Fue elegido candidato cinco años antes, en 2006. Ya en 2007 ganó las elecciones, pero lejos de sumar mayoría. De 2007 a 2011 tuvo tiempo de recorrer casi cada esquina de la ciudad, hacerse una foto en cada bache, en cada desconchón y casi con cada vecino.

La política local de la actualidad avanza a toda velocidad con un nuevo factor que lo cambia todo: las redes sociales. Ya no solo vale con estar sino con que te vean a través de la pantalla vertical de un teléfono móvil. Que se inunden los reels de las actualizaciones de políticos haciendo cosas. Es por eso que los tiempos han cambiado y que en los puestos de mando de los partidos se considera que ya no hace falta tanta antelación para elegir a un candidato. Y que hacerlo con mucho tiempo corre el riesgo de quemarlo.

Quizás por eso, todos los partidos se han ido ya de vacaciones y solo hay uno que tiene candidato a la Alcaldía: el PP. José María Bellido es alcalde de Córdoba desde 2019 y aspira a repetir en el cargo en la primavera de 2027, cuando se vuelvan a celebrar las elecciones municipales. Su candidatura se daba por hecha desde hacía meses, a pesar de los rumores que lo situaban en un futuro gobierno de Juanma Moreno en la Junta. Bellido, que es el concejal más veterano del Ayuntamiento, una institución en la que es concejal desde 2004 a pesar de sus 48 años.

En el resto de partidos, el mecanismo se ha puesto en marcha, pero aún no hay nada decidido. El PSOE tiene previsto elegir a sus candidatos a la Alcaldía de las capitales de provincia en septiembre. En Córdoba, Antonio Hurtado no repetirá como número uno. Y es Victoria Fernández, nueva parlamentaria socialista, la que apunta a ser la candidata. Fernández ya fue concejala y presidenta de Vimcorsa durante el mandato de Rosa Aguilar, con experiencia posterior en el gobierno de la Junta de Andalucía y en el de la Nación, donde ha sido la jefa de gabinete del ministro de Agricultura, Luis Planas. En 2022, Hurtado venció en primarias a Carmen Victoria Campos, que se presentó por sorpresa. No es probable aunque tampoco descartable que Fernández tenga que presentarse también a unas primarias.

A la izquierda del PSOE

A la izquierda del PSOE está la coalición Hacemos Córdoba, en la que se integraron Izquierda Unida y Podemos Andalucía, además de otras formaciones ecologistas. IU ha iniciado ya su propio proceso y ha puesto en marcha su maquinaria para elegir a sus candidatos. Esos candidatos tendrían que discutir, posteriormente, sus puestos en una futura coalición, de la que poco se sabe. Hacemos, en principio, no sufre como otras coaliciones de izquierdas de grandes desavenencias. Y en Córdoba es bastante probable que de nuevo el candidato o candidata sea una figura que proceda de la militancia de IU. Pero esas negociaciones, de momento, no han trascendido.

Y también en la izquierda habrá un nuevo actor: Adelante Andalucía. Su éxito en las últimas elecciones andaluzas le da opciones reales de entrar en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. La formación andalucista ya se ha movido y, de momento, ha elegido a dos coportavoces locales en la capital: Carmen Sánchez y Jordi Vidal, muy presentes en la vida local, social y política de la ciudad en los últimos meses.

Por su parte, Vox es una incógnita. Su proceso, como siempre, no arranca hasta que no se convocan las elecciones oficialmente, algo para lo que faltan aún muchos meses. Además, se trata de un partido muy centralizado, con decisiones que se toman en la cúpula y prácticamente nunca en el ámbito local. La marcha al Parlamento de Paula Badanelli, actual presidenta, deja el camino expedito a nuevos candidatos. Pero de momento nadie se atreve a hacer quinielas. La propia elección del exparlamentario Alejandro Hernández como delegado provincial de la Junta en Córdoba ha sido una sorpresa que nadie se esperaba. Por eso, vaticinar quién será el candidato de Vox a la Alcaldía de Córdoba en 2027 es hacer ciencia ficción.

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha renovado su estructura de portavocía, tras el nombramiento de Manuel Gavira como vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta, con la designación de Javier Cortés como el nuevo portavoz en la Cámara autonómica de la XIII legislatura. Junto a él, Rodrigo Alonso continuará desempeñando la responsabilidad de portavoz adjunto, cargo al que se incorpora Paula Badanelli.

Así se recoge en una nota de prensa de Vox, donde se indicado que Javier Cortés, diputado por la provincia de Sevilla y economista de profesión, cuenta con “una amplia trayectoria tanto en el ámbito político como en la organización interna” del partido.

Ha sido diputado en el Parlamento de Andalucía durante la anterior legislatura y ha desempeñado responsabilidades como gerente nacional del partido. Vinculado al mundo rural desde sus inicios, Cortés ha sido además uno de los “protagonistas del crecimiento y consolidación de Vox en la provincia de Sevilla, donde ha desarrollado una intensa labor política y orgánica desde aquella foto de Santiago Abasca en el banco de la Calle Asunción”, según la nota.

Por su parte, Rodrigo Alonso, diputado por Almería, continuará como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, Alonso es también portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox. Del mismo modo, el portavoz adjunto ha desarrollado una intensa labor parlamentaria “en defensa del sector primario, los trabajadores y los autónomos”, según la nota.

A la portavocía adjunta se incorpora también Paula Badanelli, diputada por Córdoba, periodista de profesión y presidenta del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en esta provincia. Tras su etapa como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Badanelli se incorpora como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario en la Cámara andaluza.

Con esta nueva estructura de portavocía, el grupo Vox “afronta una nueva etapa con el objetivo de continuar defendiendo en el Parlamento andaluz las iniciativas orientadas a la mejora de la vida de los andaluces, los servicios públicos, el apoyo al sector primario, la seguridad, el acceso a la vivienda y la defensa de los intereses de todos los andaluces”, según la nota.

Catorce alumnos. Un profesor. Tres colegios. Esa es la dimensión real que tiene en Córdoba el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), una iniciativa educativa que desaparecerá de los centros andaluces a partir del curso 2027/2028, si se cumple este punto del acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Popular y Vox para Andalucía. La decisión pone fecha de caducidad a una iniciativa nacida hace más de cuatro décadas y que, al menos en Córdoba, mantiene una presencia testimonial: apenas 14 escolares repartidos entre tres centros educativos y atendidos por un único docente.

La fotografía provincial contrasta con la dimensión política que ha adquirido el asunto en los últimos meses. Este programa se ha convertido en uno de los símbolos del acuerdo entre PP y Vox en materia educativa pese a que, sobre el terreno, su implantación es mínima y su funcionamiento ha transcurrido durante años prácticamente fuera del foco público. En Córdoba capital, la iniciativa ha estado presente tradicionalmente en colegios como el CEIP Hernán Ruiz y el CEIP Mediterráneo, además de un tercer centro de la provincia, como es el CEIP San José de Calasanz, en Lucena. Según la información trasladada a este periódico por la Delegación de Educación en Córdoba, las clases no forman parte del horario lectivo ordinario, no son evaluables y la participación del alumnado es completamente voluntaria.

El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí no nació de una decisión de la Junta de Andalucía ni del Ministerio de Educación. Su origen se remonta al convenio de cooperación cultural firmado entre España y el Reino de Marruecos el 14 de octubre de 1980, desarrollado posteriormente mediante distintos acuerdos administrativos entre ambos países. Su finalidad, según recoge la guía oficial de funcionamiento correspondiente al curso que acaba de finalizar, es facilitar que el alumnado marroquí u originario de este país pueda mantener el conocimiento de su lengua y su cultura al tiempo que favorece su integración en el sistema educativo español. Entre los objetivos del programa figuran preservar la identidad cultural del alumnado respetando la cultura del país de acogida, favorecer la inclusión escolar y social, promover valores de convivencia y fomentar la educación intercultural dentro de los centros educativos.

En Córdoba, el programa se desarrolla mediante la denominada Modalidad A. Es decir, que las clases se imparten fuera del horario lectivo, como actividad extraescolar; no forman parte del currículo oficial de la Junta, no cuentan para la evaluación académica del alumnado y la asistencia de los menores depende exclusivamente de la voluntad de las familias. Lejos de la imagen de una asignatura integrada en el sistema educativo ordinario, el PLACM funciona como una actividad complementaria destinada exclusivamente al alumnado que solicita participar. Pese a que el programa no ha supuesto problemas de convivencia, en este punto del acuerdo del PP junto a la extrema derecha se insiste en que la Junta “velará por la convivencia en los centros educativos” y rechazará “cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas, injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad”.

En el caso de que finalmente la Junta no renueve este programa, dicha decisión no supondrá un ahorro para las arcas andaluzas en materia de personal. El profesorado no pertenece a la administración educativa española. Los docentes son funcionarios enviados por el Reino de Marruecos y sus retribuciones corren íntegramente a cargo del Gobierno marroquí. La participación de la Junta se limita a facilitar los espacios donde se desarrollan las actividades y coordinar su implantación dentro de los centros educativos que participan en el programa.

Frente a este pacto autonómico, en mayo de 2025, el grupo del PP del Ayuntamiento de Córdoba votó en contra de una moción de Vox que exigía la paralización de este programa. Durante aquel debate, el portavoz popular, Miguel Ángel Torrico, defendió expresamente la continuidad del programa al asegurar que en Córdoba “no supone ningún problema en la sociedad cordobesa” y que tampoco existía “ninguna tensión social” derivada de su funcionamiento. Vox se quedó solo en la defensa de esta moción tras el voto en contra de todas las formaciones.

Hay que señalar que esta exigencia de Vox para dar al PP los gobiernos de Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla y León -en este caso, el pacto habla de mantener la no aplicación de este programa dado que no se realiza- coincide con un proceso de reducción progresiva del mismo en España. Los datos correspondientes al curso 2025-2026 muestran un descenso tanto del número de centros participantes como del profesorado destinado al PLACM. Si durante el curso anterior el programa estaba presente en 396 centros educativos, actualmente permanece en 298. El número de docentes también ha disminuido, pasando de 120 a 98.

Aun así, Andalucía sigue siendo uno de los principales territorios donde se desarrollaba esta iniciativa, con 91 centros y 34 profesores, solo por detrás de Cataluña, que cuenta con 110 centros y 31 docentes.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde este jueves a una enmienda presentada por el gobierno del PP ante una moción del PSOE sobre las exhumaciones de represaliados de fosas en los cementerios de Córdoba que están paralizadas desde el pasado mes de enero y no se ha tramitado el contrato para continuarlas ni el convenio entre todas las administraciones para dar continuidad al anterior que hizo posible dos años de trabajos en las fosas. En esa moción, uno de los acuerdos aprobados pide, una vez se constituya el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía -entre PP y Vox-, “iniciar contactos para acordar, si lo estiman conveniente, su incorporación al nuevo convenio” entre las administraciones para continuar las exhumaciones en las fosas de Córdoba.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido que “independiente del pacto de Gobierno andaluz, nosotros somos un gobierno de centro derecha que cumple”. Y ha asegurado que el PP viene trabajando por tramitar un nuevo contrato y firmar un nuevo convenio entre las cuatro administraciones para continuar los trabajos de las exhumaciones que se han quedado pendientes tras concluir el anterior y cerrar las fosas en enero pasado. No obstante, desde los grupos de la izquierda -PSOE y Hacemos Córdoba-, han puesto sobre la mesa la posición contraria de Vox ante la memoria histórica y su pacto ahora con el PP en la Junta de Andalucía.

Madruga ha pedido “sacar del debate partidista” este asunto y ha asegurado comprender “el dolor” de las familias que buscan a sus seres queridos en las fosas. Asimismo, ha insistido en que “está la voluntad” del gobierno local por seguir los trabajos y asegura que para 2027 ya hay una partida de 150.000 euros para el presupuesto con este objetivo.

Junto a ese acuerdo, la enmienda -aprobada solo con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra- pide agilizar el contrato de cuatro meses dotado con dinero del Gobierno central, contemplado como “el Expediente de Contratación 2026/102, que ya se está tramitando por vía de urgencia, para la exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes del cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y en concreto de los cuadros Vigen de los Dolores, San Ramón, San Cipriano, San Cayetano, Patio del Depósito, la Anunciación, Trinidad, San Dimas, San Demetrio, San Plácido, que se realiza en el marco de la Resolución del Secretario de Estado de Memoria Democrática por la que se concede al Ayuntamiento de Córdoba una subvención al amparo del Real Decreto 866/2025 de 30 de septiembre, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas Entidades Locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización de búsqueda, localización, exhumación y, en su caso , identificación de restos de personas víctimas de la guerra de España y de la dictadura”. Cuenta con presupuesto base de licitación de 150.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Además, la enmienda aprobada por el propio PP pide firmar “a la mayor brevedad posible” un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial para la continuación de los trabajos de exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes de los cementerios de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y de San Rafael. En ese convenio se incluirá todas los actuaciones que no fueron contempladas como gastos financiables, relacionadas con la oficina de atención a las víctimas, campañas divulgativas, etc. en los anteriores trabajos.

Críticas de la oposición a la falta de diligencia del gobierno del PP

En el debate en el Pleno sobre este asunto, los grupos del PSOE y Hacemos Córdoba han criticado que el gobierno local no haya agilizado el nuevo contrato ni el convenio para que no se hubieran tenido que cerrar las fosas el pasado invierno al no continuar los trabajos. Han apelado a cumplir con la dignidad de las familias que esperan el compromiso del PP y del propio alcalde. Y han significado que el Ayuntamiento debe ceñirse a la Ley de Memoria histórica y a la Ley de Memoria democrática andaluza.

Por parte de Vox, en el Pleno ha intervenido el concejal Miguel Castellano, quien ha sido acusado por la izquierda de “manipulación y sesgo histórico” al señalar que el partido de ultraderecha “condena de manera taxativa todos los episodios violentos y sangrientos que ocurrieron en la Segunda República, en la Guerra Civil y también en democracia a través de ETA”.

El concejal de Vox ha dicho que “todas las familias tienen derecho a recuperar y enterrar dignamente a sus seres queridos”, insistiendo en igualar todos los casos, ante la presencia de familiares de represaliados por el golpe de estado de 1936 y el franquismo, presentes en el Pleno. Y ha acusado al PSOE, que presentaba la moción sobre este asunto, de “proocar la ruptura de la concordia” que defiende su grupo.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha oficializado la toma de posesión del nuevo concejal de Vox, Miguel Castellano Cañete, que sustituye en el grupo municipal a la anterior portavoz y ahora parlamentaria andaluza por Córdoba, Paula Badanelli.

Castellano, que ha jurado “por España” su cargo en el Pleno, ocupaba el número cinco en la lista de Vox de las elecciones municipales de 2023. Vox logró tres concejales y, ahora, tras la segunda renuncia en este mandato en el grupo, el nuevo concejal ha tomado posesión de su cargo en el Pleno ordinario del mes de julio.

En el anterior Pleno, a la vez que Badanelli se despedía del Consistorio, la Coroporación comunicaba el cese a la Junta Electoral Central para que expidiera la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del nuevo concejal.

Miguel Castellano se incorporó en 2022 a Vox y ha trabajado como asesor del grupo municipal. Antes, se introdujo en la política con Ciudadanos, partido del que fue diputado provincial y al que representó en la Diputación de Córdoba siendo concejal en Pedro Abad.

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha confiado este domingo que en el futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira (Vox) opte por la “continuidad” en las competencias relativas a su departamento para que “no se rompa el trabajo de estos cuatro años”.

Nieto se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, después de que el pacto de gobierno alcanzado por PP y Vox para desbloquear la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta en su tercer mandato incluya una Vicepresidencia con las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local en manos de Manuel Gavira.

Tras asistir al acto de toma de posesión celebrado en los jardines del Palacio de San Telmo, el titular de Justicia en funciones ha explicado que su equipo está ultimando el decreto de traspaso de competencias a Gavira y ha confiado en que el nuevo vicepresidente de la Junta apueste por la “continuidad y no se rompa el trabajo de estos cuatro años para seguir dignificando la Justicia” en Andalucía.

“Durante esta etapa hemos impulsado muchas cosas pendientes y confío en que se culmine nuestro plan estratégico de la Justicia”, ha añadido Nieto, que se ha mostrado “a disposición” de Moreno para seguir formando parte del Gobierno “cómo él quiera y donde él quiera”.

Repullo, sobre estar en el Gobierno andaluz: “Moreno tiene capacidad para seleccionar el mejor equipo”

El secretario general del PP andaluz, el cordobés Antonio Repullo, ha valorado este domingo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, afronta su tercer mandato “con el mayor respaldo” de la historia autonómica merced a los 68 diputados que suman PP y Vox y ha evitado pronunciarse sobre las 'quinielas' que le señalan como miembro del futuro Ejecutivo autonómico.

“Creo que el presidente tiene una gran capacidad para seleccionar al mejor equipo, lo ha hecho en estas últimas legislaturas, y estoy convencido que va a ser un equipo excelente, con esa visión que de que el futuro y el progreso de los andaluces es lo primero”, ha asegurado.

En declaraciones a Canal Sur Radio tras asistir el acto de toma de posesión en los jardines del Palacio de San Telmo, el número dos del PP-A ha destacado que el partido afronta este tercer mandato de Moreno “con la garantía de que tenemos a un gran presidente que tiene focalizado a los andaluces en la primera línea de su pensamiento”.

“Y a partir de ahí, a seguir trabajando y desear toda la suerte a este nuevo equipo, que va a estar a cargo de un gran presidente, como se ha demostrado en los últimos años”, ha concluido Repullo.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León, ha criticado este lunes “la nefasta gestión” del gobierno municipal del PP en materia de limpieza y mantenimiento urbano, después de que “el propio equipo de gobierno haya reconocido públicamente las deficiencias del servicio de recogida de residuos”.

En una rueda de prensa, León ha manifestado que “las disculpas del gobierno municipal llegan tarde y no sirven absolutamente para nada, cuando los cordobeses llevan meses sufriendo el deterioro de un servicio por el que, además, pagan cada vez más”.

“Hace apenas un mes el Pleno aprobó la tercera subida consecutiva de la tasa de basura y ahora el propio gobierno reconoce que el servicio es un desastre”, ha advertido, para remarcar que “primero meten la mano en el bolsillo de los cordobeses y después les piden perdón”. “Eso no es gestionar; eso es reconocer un fracaso”, ha apostillado.

La portavoz ha recordado que “las familias cordobesas pagan hoy entre 70 y 80 euros más que hace siete años por la recogida de residuos, mientras la ciudad presenta una imagen cada vez más degradada”. “Los vecinos no quieren disculpas, sino abrir un contenedor y poder tirar la basura; salir de sus casas sin encontrarse bolsas acumuladas en las calles; una ciudad limpia por el dinero que pagan”, ha defendido.

Desde Vox han aclarado que “los trabajadores del servicio no son responsables de la situación”. “Los empleados hacen un esfuerzo enorme, pero el problema está en los despachos, donde el PP ha sido incapaz de planificar, organizar y dar respuesta a un problema que lleva demasiado tiempo enquistado”, ha declarado la edil.

La formación ha sido especialmente crítica con la implantación de los nuevos contenedores, denunciando que “el Ayuntamiento conoce desde hace meses los problemas que están generando”. “Los contenedores tienen bocas insuficientes que impiden depositar con normalidad las bolsas de basura y el resultado está a la vista de todos: residuos acumulados en el suelo, contenedores desbordados y una imagen lamentable para vecinos y visitantes”, ha reprochado.

Así, Vox considera “inaceptable que el gobierno municipal haya permanecido durante meses sin adoptar medidas mientras el problema no dejaba de agravarse”. “No entendemos a qué juega el PP, porque presumen de grandes proyectos, pero son incapaces de garantizar algo tan básico como que Córdoba esté limpia”, ha recriminado.

Incendio en solares

Igualmente, León ha relacionado “esta falta de gestión con el abandono que sufren numerosos solares municipales”, recordando el incendio registrado este fin de semana en un solar anexo a la Piscina de la Fuensanta. “Lo llevamos denunciando desde hace semanas, meses, que los solares continúan llenos de maleza seca y sin mantenimiento, convirtiéndose en un auténtico riesgo para los vecinos”, ha avisado.

En este caso, ha comentado que “afortunadamente no hubo daños personales, pero era un incendio perfectamente evitable”, al tiempo que ha advertido de que “este episodio demuestra, una vez más, la falta de previsión del gobierno municipal”.

“No es casualidad que en apenas unas semanas se hayan registrado varios incendios de vegetación en distintos puntos de Córdoba”, ha dicho, para declarar que “la dejadez también tiene consecuencias y mantener limpios los espacios públicos es una obligación, no una opción”.

Por todo ello, Vox ha exigido al gobierno municipal que “deje de limitarse a pedir disculpas y adopte de forma inmediata medidas para recuperar la normalidad en el servicio de limpieza, sustituir o adaptar los contenedores que están provocando problemas, reforzar la recogida de residuos y acometer un plan urgente de limpieza y desbroce de los solares municipales”.

Cines de verano

Por otra parte, Vox ha acusado al PP de “abandonar los cines de verano mientras derrocha millones en propaganda”. León ha lamentado “la pérdida” y ha acusado al gobierno municipal de “haber renunciado a defender uno de los espacios culturales más emblemáticos de Córdoba”.

La portavoz ha calificado de “insuficiente y completamente alejada de la realidad la ayuda ofrecida por el Ayuntamiento al propietario de la instalación”, asegurando que “el gobierno municipal ha vuelto a llegar tarde y sin una solución real”.

“Resulta incomprensible que el Consistorio sea capaz de destinar cerca de 20 millones de euros a propaganda y publicidad institucional, mientras ofrece apenas 100.000 euros para intentar salvar un cine de verano que forma parte de la historia y de la identidad de Córdoba”, ha expresado.

León ha recordado que “hace años ya se planteó la posibilidad de permitir otros usos de estas instalaciones durante el resto del año para hacer viable su explotación económica, una propuesta que el PP dejó en un cajón”. “El PP vuelve a demostrar que es cicatero para proteger el patrimonio cultural de Córdoba, pero tremendamente generoso cuando se trata de gastar dinero público en campañas de autobombo”, ha manifestado.

Por ello, la portavoz de Vox ha asegurado que su formación trabajará para “recuperar los cines de verano” cuando tenga responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento. “Si los cordobeses nos dan su confianza en las próximas elecciones municipales, Vox impulsará las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los cines de verano y devolver a Córdoba un patrimonio cultural que nunca debió ponerse en riesgo”, ha avanzado.

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha criticado este martes la “grave falta de transparencia y de respeto a los cordobeses” del Gobierno provincial del PP tras “dejar expirar el plazo” para celebrar el Debate sobre el Estado de la Provincia, “una herramienta contemplada en el Reglamento Orgánico de la institución para favorecer la rendición de cuentas y la confrontación de modelos sobre el futuro de Córdoba”.

Según ha informado Vox en una nota, Saco ha señalado que “el propio reglamento establece que este debate no puede celebrarse cuando resta menos de un año para las elecciones municipales, una circunstancia que ya se cumple”, de modo que “el calendario ha expirado y el Gobierno del PP ha dejado pasar deliberadamente el tiempo para evitar tener que dar explicaciones”.

Para el portavoz de Vox, “no se trata de un simple error de agenda, sino de una decisión política”, ya que, en su opinión, “han cerrado el candado de la rendición de cuentas”, una “estrategia de silenciamiento que demuestra el miedo del PP a confrontar su gestión con la realidad de la provincia”.

Rafael Saco ha criticado, además, que un gobierno en minoría “debería actuar con humildad, dialogar y buscar consensos”, y no actuar “con una actitud de prepotencia ignorando a la mayoría de la corporación y, en consecuencia, a la mayoría de los ciudadanos de la provincia”.

Igualmente, el portavoz ha asegurado que “detrás de la propaganda institucional la realidad es la de una provincia que sigue reclamando infraestructuras, soluciones definitivas para el agua, servicios públicos dignos y medidas frente a la despoblación”.

En este sentido, Saco ha lamentado que “la única respuesta” del Gobierno provincial sea “seguir aumentando la presión fiscal a los cordobeses”. “Cuando un gobierno no tiene ideas que defender ni capacidad para alcanzar acuerdos, la única salida que le queda es esconder el debate debajo de la alfombra”, ha subrayado.

Finalmente, Saco ha advertido que Vox seguirá llevando a la Diputación “los problemas reales” de los municipios de la provincia, remarcando que “si el PP tiene miedo a debatir”, desde Vox no van a callarse, pues “Córdoba merece una institución transparente, que rinda cuentas y que no utilice los plazos para esquivar a la oposición”.

La concejala de Vox Marta León será la próxima portavoz del grupo municipal de este partido en el Ayuntamiento de Córdoba, tras la renuncia a su acta de edil de la actual portavoz, Paula Badanelli, que se dedicará a partir de ahora a su cargo como parlamentaria andaluza obtenido en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo. En el Pleno de este miércoles se ha tomado conocimiento de la renuncia a su acta de Badanelli.

Marta León, que fue número 4 en las elecciones municipales, llegó a Capitulares como concejala en octubre de 2024, después de que renunciara la que fuera cabeza de lista, Yolanda Almagro. León era ya desde 2023 asesora del grupo municipal y, en su trayectoria profesional anterior se había dedicado a la gestión de comunidades de propietarios.

Con la marcha de Badanelli, que es presidenta de Vox en la provincia de Córdoba, el grupo municipal se reestructura con una nueva portavoz y la entrada de un nuevo edil. El Pleno ha solicitado hoy el aval de la Junta Electoral para el nuevo concejal de Vox, que será Miguel Ángel Castellano, que iba de número 5 en la lista electoral de la formación en las pasadas elecciones municipales y es asesor municipal del partido.

Castellano se incorporó en 2022 a Vox y ha trabajado como asesor del grupo municipal. Antes, fue diputado provincial por Ciudadanos, partido al que representó en la Diputación Provincial de Córdoba, siendo concejal en Pedro Abad.

Despedida de Badanelli en el Pleno

Durante el Pleno, Paula Badanelli se ha despedido dando las gracias a su partido por confiar en mí, a los votantes, a los compañeros del grupo, a los trabajadores del Ayuntamiento y a la Corporación. “De todos y cada uno me llevo algo bueno”, ha dicho. “Ser concejal es lo más bonito”.

Asimismo, ha pedidos “disculpas también si alguna vez he ofendido a alguien y no he sido digna del cargo”. Y ha asegurado “estar a disposición del partido (Vox) y en estos momentos se me requiere en otro sitio”, como es el Parlamento de Andalucía, donde ha asegurado que va a “seguir peleando por Córdoba”.

El alcalde, José María Bellido, ha tomado la palabra para agradecer el trabajo de Badanelli en este tiempo y para desearle buena suerte para su próxima dedicación.

El Grupo Municipal de Vox llevará al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba del próximo 10 de junio una moción para estudiar la implantación de un programa piloto de agentes cívicos nocturnos, inspirados en la histórica figura del sereno, una iniciativa que la formación considera “necesaria para reforzar la convivencia y la atención vecinal en distintos barrios de la ciudad”.

Según ha indicado Vox en una nota, la portavoz municipal, Paula Badanelli, ha explicado que la propuesta plantea que la Delegación de Seguridad “elabore un estudio técnico y económico sobre la viabilidad del proyecto, así como las funciones que desarrollarían estos agentes en coordinación con la Policía Local, Protección Civil y los servicios de emergencia”.

Badanelli ha detallado que “esta medida responde a una realidad que trasladan numerosos vecinos de Córdoba, especialmente en barrios donde existe una creciente sensación de inseguridad, problemas de convivencia o una población cada vez más envejecida”.

Así, ha afirmado que la formación vuelve a traer esta propuesta porque “sigue siendo una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de los cordobeses”, pues “no podemos resignarnos a que nuestros mayores se sientan solos o a que muchos vecinos perciban que sus barrios están abandonados durante la noche”, ha señalado.

La iniciativa toma como referencia experiencias desarrolladas en otras ciudades españolas, como Sevilla, donde el programa de agentes cívicos nocturnos comenzó como una prueba piloto y posteriormente fue ampliado a más barrios debido a los resultados obtenidos.

Badanelli ha remarcado que “estos agentes no tendrían funciones policiales, sino labores preventivas, de mediación y asistencia”, es decir, no es “sustituir a la Policía Local ni a ningún cuerpo de seguridad”, sino “recuperar la cercanía de contar con personas que puedan orientar a un vecino, acompañar a una persona mayor, detectar incidencias o alertar rápidamente a los servicios de emergencia cuando sea necesario”.

La moción también contempla que el programa pueda convertirse en “una oportunidad laboral para personas desempleadas con especiales dificultades de inserción, especialmente mayores de 55 años, aplicando además criterios de prioridad nacional en la contratación”. Desde Vox quieren que “esta iniciativa sirva también para generar empleo entre quienes más dificultades encuentran para acceder al mercado laboral”, de modo que es “una propuesta que combina seguridad, cohesión social y oportunidades para los españoles que llevan años sosteniendo nuestro sistema”.

Vox considera que la puesta en marcha de un programa piloto “permitiría evaluar su funcionamiento con una inversión limitada antes de estudiar una posible implantación definitiva en distintos barrios de la ciudad”.

“Si otras ciudades están obteniendo buenos resultados, Córdoba tiene la obligación de estudiar esta posibilidad” con el objetivo de tener “una ciudad más segura, más cercana y más humana”, por lo que “recuperar la figura del sereno adaptada al siglo XXI puede ayudar a conseguirlo”, ha concluido la portavoz municipal, que ha adelantado que la moción será debatida durante la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de junio.

La actual portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, renunciará a su acta de concejala en el próximo Pleno del día 10 de junio y se dedicará a partir de ahora a su cargo como parlamentaria andaluza tras obtener escaño en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo.

El orden del día del Pleno del Ayuntamiento -consultado por este periódico-, incluye un punto con la proposición de toma de conocimiento de la renuncia a su cargo de concejal presentada por Badanelli, que ahora compaginará su cargo como parlamentaria con el puesto orgánico en su partido de presidenta de Vox en Córdoba.

El Pleno también tomará conocimiento de la comunicación a la Junta Electoral Central para que expida la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente en la lista que Vox presentó a las elecciones municipales, que era Miguel Ángel Castellano Cañete, para que sea el nuevo concejal de Vox en el Ayuntamiento.

Castellano se incorporó en 2022 a Vox y ha trabajado como asesor del grupo municipal. Antes, fue diputado provincial por Ciudadanos, partido al que representó en la Diputación Provincial de Córdoba, siendo concejal en Pedro Abad.