Este miércoles, el Juzgado de lo Penal número 6 -especializado en violencia de género- de la Ciudad de la Justicia de Córdoba ha acogido el juicio rápido contra el exmarido de Tulia, F.L.A., que debía haberse celebrado el 13 de abril, el mismo día que presuntamente la asesinó, por delitos de lesiones, amenazas y daños ocurridos dos días antes y por los que la mujer le había denunciado.

En la vista han estado presentes los hijos de Tulia, Álex y Lili Caballero, que con vistas al juicio por el crimen cometido sobre su madre han pedido que la justicia caiga contra el presunto autor y este cumpla la máxima pena. “Está siendo un proceso muy duro. Lo hacemos por mi madre”, han dicho a la salida del juicio, donde Álex ha pedido que al presunto autor “le caiga lo máximo y no salga de la cárcel. Y que esto no se vuelva a repetir. Para que mi madre no haya sido una víctima más ni un caso más (de violencia de género). Mi madre no va a ser un número más”, ha dicho en referencia a la estadística que registra a las víctimas mortales por violencia de género.

Arropados por familiares y amigos que han acompañado a los hijos de Tulia ante el juicio, estos han reclamado “que se haga justicia y nadie pase por algo así”, en palabras de Lili, que ha explicado cómo viven su realidad ahora sin su madre. “Sigo sin asimilar que no está. Cada día espero una llamada suya”.

A la espera de conocer cuándo será el juicio por el crimen de Tulia, los hechos que se enjuiciaban este miércoles eran los presuntos delitos de lesiones, amenazas y daños materiales que denunció la mujer el 11 de abril, dos días antes de que su exmarido presuntamente la matara una hora antes de acudir al juicio rápido por dichos hechos. La defensa del acusado ha pedido la suspensión del juicio, aludiendo a un posible estado de “enajenación mental” del hombre, si bien no se ha hecho hasta el momento un informe médico al respecto. La acusación se ha opuesto a la suspensión y la jueza ha determinado finalmente que el juicio se celebrara.

Así, la acusación y la Fiscalía piden un año de cárcel por el delito de lesiones, otro año de prisión por el delito de amenazas y una multa e indemnización por los daños materiales. La defensa, por su parte, estima que no se produjeron lesiones ni amenazas y solo admite una indemnización de 105 euros por los daños.

Los hechos enjuiciados se refieren al 11 de abril, cuando Tulia denunció que su exmarido había entrado en su vivienda sin su consentimiento y, mientras ella escuchaba música, golpeó el equipo de música con un martillo de grandes dimensiones. La mujer declaró que consiguió quitárselo de encima, aunque el hombre la agarró del pecho, la empujó y la amenazó asegurándole que le quemaría y destrozaría la vivienda. La víctima llamó a la Policía y después acudió a un centro de salud, donde se le emitió un parte médico que adjuntó en su denuncia.

El agresor fue detenido entonces y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado, trasladándolo a la vivienda de un familiar.

Testimonio de los policías y declaración que hizo la víctima

En el juicio celebrado hoy, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar. Quienes sí han prestado testimonio han sido los cinco agentes de la Policía Nacional que actuaron ante estos hechos, cuando Tulia llamó a la Policía, cuando prestó declaración para interponer la denuncia y cuando fue acompañada al centro de salud para certificar en un parte las lesiones. Asimismo, se ha podido ver dicho parte de lesiones y se ha escuchado la declaración que hizo Tulia aquel día sobre los hechos.

La acusación, que representa a la familia de Tulia, ha señalado que las declaraciones de los policías han sido “contundentes” y “los hechos han quedado acreditados”, así como con la declaración de la médica sobre la lesión causada a la mujer “agarrándola del cuello”. Sobre las presuntas amenazas, también se ha señalado cómo denunció que su exmarido dijo “te voy a meter fuego a la casa”.

Por su parte, la defensa del acusado ha esgrimido que no se han acreditado los delitos de lesiones ni las amenazas, admitiendo solo los daños materiales que se provocaron al equipo de música de la mujer aquel día. Sobre su petición de suspensión por un posible estado de enajenación mental del hombre, la defensa espera que se elabore un informe médico al respecto para el juicio sobre el asesinato de Tulia y esgrime que se ha solicitado al haber indicios de tal estado, incluyendo manifestaciones autolíticas y el traslado a otra prisión que ha sufrido por ello, si bien la acusación ve en esto la posible vía para la defensa del acusado en el juicio por el asesinato de su exmujer.

El juicio ha quedado visto para sentencia y se espera que esta se conozca en 15 días.

Tulia llamó a la Policía Nacional apenas dos horas antes de su asesinato el 13 de abril. En esa llamada, trasladó a los agentes sus sospechas de que su exmarido, actualmente en prisión provisional por supuestamente acabar con vida ese mismo día, se encontraba escondido en su piso, ubicado en el mismo bloque donde vivía ella. Así lo ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas a la investigación, por lo que se confirma lo manifestado y defendido por los hijos de la víctima.

Según la documentación a la que ha accedido Cordópolis, Tulia llamó a la Policía a las 6:48 del 13 de abril. Hay que recordar que el detenido habría acabado con la vida de su exmujer apenas dos horas después de esa llamada en la que la víctima trasladó a los agentes que sospechaba que el hombre estaba en su piso, en una planta superior al suyo, porque le había parecido haberlo escuchado. El hombre no podía estar en su vivienda porque tenía una orden de alejamiento por una agresión que Tulia sufrió el 11 de abril.

Sobre las 15:00 de ese día, la mujer llamó a la Policía denunciando que su exmarido había entrado en su casa con un martillo, destrozando un equipo de sonido. El agresor fue detenido y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado. Esta agresión iba a juzgarse el 13 de abril a las 10:00, pero Tulia fue asesinada una hora antes de ir a declarar.

Ahora, un oficio de la Policía Nacional remitido al juzgado ha dejado constancia de que la víctima trasladó a los agentes su miedo al intuir que su exmarido había roto la orden de alejamiento y se encontraba en su piso apenas dos horas antes de, supuestamente, cometer el crimen. Cuando la Policía recibió la llamada, una dotación de agentes acudió al barrio de La Fuensanta y se entrevistó con Tulia. Los agentes llamaron a la puerta del piso en el que vivía el hombre, pero nadie contestó a la puerta ni escucharon ruidos en el interior. Entonces, los policías se retiraron tras darle instrucciones a Tulia sobre los pasos a seguir.

Aproximadamente dos horas después de esta visita, se consumó el asesinato. La agresión previa al crimen se juzgará este miércoles en la Ciudad de la Justicia.

La madrugada del 1 de mayo de 2016, hace ahora justo diez años, cuatro de los integrantes del grupo de amigos autodenominado como 'la manada' cometieron la primera agresión sexual por la que posteriormente fueron condenados. Los hechos no se conocieron hasta que, meses después, se investigó a sus componentes por la violación grupal a una mujer en las fiestas de los Sanfermines de ese mismo año. Pero, antes de eso, 'la manada' ya había dejado a otra víctima de sus delitos en Pozoblanco (Córdoba).

Hace una década, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero acudieron a la feria del municipio cordobés de Torrecampo, cercano a la localidad de Pozoblanco en la que Guerrero estaba destinado como guardia civil. En la feria conocieron a quien después sería su primera víctima, una joven de 21 años de Pozoblanco, a la que ofrecieron llevar en su coche de vuelta a su municipio.

Los integrantes de 'la manada' grabaron en varios vídeos varios de los hechos que cometieron y esa fue la prueba que, cuando la Policía Foral de Navarra analizaba sus teléfonos por la violación de los sanfermines, alertó a los investigadores, que tiraron de los mensajes del grupo de Whatsapp para saber exactamente qué pasó la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 2016 entre Torrecampo y Pozoblanco. 

En los vídeos se veía que aquella noche, de vuelta a Pozoblanco, conducía Antonio Manuel Guerrero y José Ángel Prenda ocupaba el asiento del copiloto. Mientras, los otros dos integrantes del grupo iban en los asientos traseros y dejaron en medio de ellos a la joven, que se encontraba en un estado de profunda inconsciencia, hasta el punto de no recordar lo ocurrido en el trayecto. De hecho, fue con la difusión a los cuatro meses del vídeo grabado por 'la manada', cuando la víctima constató sus sospechas sobre lo que había ocurrido.

Y lo que ocurrió fue que, según se veía en los vídeos que grabó José Ángel Prenda con el acuerdo del resto de su grupo, todos ellos le realizaron tocamientos de carácter sexual a la joven durante el recorrido. Al llegar a Pozoblanco, tres integrantes bajaron del vehículo y pasó a conducirlo Alfonso Jesús Cabezuelo, quien continuó la marcha con la chica unas calles más. Cuando esta se despertó le pidió que le realizara una felación, a lo que esta se negó y, en ese momento, el joven le golpeó en la cara, le dio un puñetazo en el brazo y la empujó para que saliera del coche mientras le gritaba “puta”, como quedó acreditado.

Vídeo como prueba en el juicio

La víctima tuvo conocimiento de esta grabación cuatro meses después, cuando en septiembre de 2016 se hicieron públicos en la investigación de la violación grupal en Pamplona. La joven no recordaba con exactitud los hechos, pero su visualización le confirmó las sospechas de que en el trayecto entre Torrecampo y Pozoblanco había perdido la consciencia. Gracias a esa investigación, los cuatro miembros de 'la manada' acabaron siendo juzgados también por la agresión sexual cometida en Pozoblanco.

El juicio se celebró tres años y medio después de los hechos, en noviembre de 2019, y con toda la contestación social que había provocado la violación en los Sanfermines y el conocimiento de que antes también habían agredido a otra mujer en Pozoblanco. Cuando llegó este segundo juicio, los cuatro jóvenes estaban ya cumpliendo una condena de 15 años de prisión por la violación que, junto a un quinto integrante del grupo, cometieron en Pamplona. Luego, por la agresión cometida sobre la joven de Pozoblanco, les llegó una nueva sentencia el 4 de junio de 2020, condenándolos tanto por un delito de abusos sexuales como también por un delito contra la intimidad de la agredida.

En el juicio celebrado en Córdoba, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero fueron finalmente condenados por abusos sexuales a una pena de 18 meses de prisión y, por un delito contra la intimidad, a penas que iban entre los 16 meses y los tres años.

La pena más grande fue para José Ángel Prenda, condenado a tres años de prisión por un delito contra la intimidad y a 1 año y 6 meses de cárcel por abuso sexual. 'El Prenda' se declaró en el juicio autor de los vídeos que probaron los abusos sexuales y que había enviado por dos grupos de mensajería de Whatsapp, uno de ellos el denominado 'la manada'.

Sin embargo, el juez consideró que el delito contra la intimidad fue cometido por los cuatros integrantes. Alfonso Cabezuelo fue condenado a un año y cuatro meses de cárcel por un delito contra la intimidad y a un año y seis meses por abuso sexual, a lo que se añadió una multa por maltrato debido a las lesiones que ocasionó a la joven. Manuel Guerrero y Jesús Escudero fueron condenados a un año y cuatro meses de cárcel por un delito contra la intimidad, y a un año y seis meses de prisión por abuso sexual.

El recurso de 'la manada' contra esta sentencia fue rechazado por la Audiencia Provincial de Córdoba y llegó hasta el Tribunal Supremo, que confirmaría la condena para los cuatro integrantes del grupo por ambos delitos cometidos contra su víctima en Pozoblanco. Y, a partir de ahí, dicha sentencia ha servido después para sentar jurisprudencia y avalar condenas por hechos similares cometidos en otros casos posteriormente.

El exmarido de Tulia, F.L.A, la asesinó el pasado 13 de abril, 48 horas después de que ella le denunciara por violencia de género. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aseguró entonces que esa era la primera denuncia que constaba, Cordópolis ha podido confirmar que el exmarido de Tulia fue condenado en 2005 por lesiones tanto a ella como a los dos hijos que tenían en común, pero que esos antecedentes penales habían sido cancelados, tal y como contempla el Código Penal. Fuentes de Interior confirman que, una vez cancelados, los antecedentes penales no constan en el sistema Viogén de valoración del riesgo y vigilancia de los casos, por lo que los agentes que valoraron el riesgo de Tulia no contaron con la información judicial precisa. No obstante, según ha podido saber Cordópolis, Tulia comunicó que esa denuncia previa existía. El hombre tenía otros antecedentes por comportamientos violentos. A pesar de todo ello, los agentes declararon el caso de Tulia como de riesgo medio.

Fuentes de Interior subrayan que el sistema VioGén valora el contexto de cada caso y que, para ello, los agentes formulan a las mujeres preguntas específicas para conocer, por ejemplo, si hay episodios previos. Sobre los antecedentes penales, confirman que, una vez cancelados conforme a los plazos que contempla la ley, no aparecen en ningún contexto y, por tanto, tampoco pueden aparecer en VioGén. Sí figuran los antecedentes policiales, aunque también pueden borrarse si la persona lo solicita y el caso terminó sin condena. Entonces, tampoco figurarían en VioGén. Es decir, podría darse el caso de que una mujer señale comportamientos violentos previos de ese agresor con ella, pero que la condena con el relato judicial de hechos o los antecedentes policiales no figuren en el sistema. O que la víctima desconozca otros episodios violentos previos de los que tampoco quede ya registro.

En el caso de Tulia, la mujer comunicó a los agentes de la Policía Nacional que recogieron su denuncia el sábado previo al crimen que, en agosto de 2005, había denunciado a su expareja por malos tratos. Así consta en la información a la que ha tenido acceso este periódico, que también ha podido conocer que el hombre fue condenado en 2005 por lesiones tanto a ella como a los dos hijos que tenían en común, aunque este antecedente penal había sido cancelado de acuerdo a la ley.

El sábado de la denuncia

Ese sábado, el hombre entró en el piso donde vivía la víctima, puesto que tenía llaves, y le reprochó una cuestión relacionada con uno de sus hijos. Según denuncio Tulia, su exmarido le manifestó su voluntad de echarla de la casa, marchándose este a continuación de la vivienda. Poco después, mientras Tulia escuchaba música, sintió un fuerte golpe detrás de ella: su exmarido había entrado en el piso sin su consentimiento y estaba golpeando el equipo de música con un martillo de grandes dimensiones. La mujer consiguió quitárselo de encima, aunque el hombre la agarró del pecho, la empujó y la amenazó asegurándole que le destrozaría la vivienda. La víctima llamó a la Policía y después acudió a un centro de salud, donde se le emitió un parte médico que adjuntó en su denuncia.

El abogado de Tulia y sus hijos ha solicitado al juzgado que se investigue si consta alguna llamada realizada en la noche del domingo 12 al lunes 13 de abril desde el teléfono de la víctima al 091, así como el contenido y la actuación policial derivada de la misma. Con este requerimiento, el letrado busca determinar si existió una intervención policial en el domicilio para comprobar la presencia del investigado, quien vivía en la planta superior del mismo inmueble que su víctima. Hay que recordar que él tenía una orden de alejamiento tras la denuncia del sábado.

Durante la formulación de la misma, Tulia trasladó a la Policía que no era la primera vez que denunciaba a su exmarido y que lo hizo en 2005, antes de su separación. Además, manifestó que, durante el tiempo que llevaban separados, habían tenido discusiones en las que él se ponía agresivo.

Una vez que presentó la denuncia, Tulia -que rechazó recibir asistencia de un abogado- solicitó una orden de protección, para lo cual rellenó la documentación pertinente. En dicho escrito, ella volvió a dejar constancia de que había denunciado a su exmarido anteriormente. Los agentes de la Policía Nacional siguieron los pasos para valorar el riesgo del caso, que finalmente calificaron como medio.

Sí existían antecedentes

Entre esas gestiones está la de analizar los antecedentes policiales del agresor, que son diferentes a los penales. Según ha podido saber este medio, F.L.A. fue detenido en 2005 tras la denuncia por malos tratos el día en que se formuló la denuncia. Por tanto, si sus antecedentes policiales no fueron cancelados -procedimiento que, según fuentes jurídicas, no se suele solicitar-, seguirán apareciendo en su historial. Estas mismas fuentes han rechazado realizar cualquier tipo de declaración sobre si el acusado de asesinar a Tulia tenía otros antecedentes policiales relacionados con violencia de género.

El hombre sí tenía otros antecedentes. En 1998 fue detenido acusado de amenazas, incendio provocado, allanamiento de morada y agresión sexual, aunque se desconoce por el momento si hubo un procedimiento judicial o cuál fue su resultado. En 2016 fue denunciado por una trabajadora de telefonía móvil. Según la denuncia que formuló esta mujer, esta acudió al bloque -donde diez años después ha sido asesinada Tulia- para vender los servicios de la empresa para la que trabajaba. Cuando esta mujer llamó al porterillo de este hombre, le espetó que no quería saber nada de su oferta y que se fuera. Ella ignoró sus comentarios y subió para hablar con un vecino, quien sí había mostrado interés.

Cuando F.L.A. la vio en el rellano, le dijo de nuevo que se fuera y, acto seguido, comenzó a agredirla, empujándola contra la puerta de la propia casa del agresor, golpeándose en la espalda con el tirador de la puerta. En su denuncia, la mujer relató que estuvo 20 minutos retenida tras los cuales pudo llamar a la Policía, que se personó en el lugar. Finalmente, la víctima denunció los hechos en la comisaría, donde se volvió a encontrar con este hombre, quien acabó agrediendo a la pareja de la mujer. Agentes de la Policía tuvieron que intervenir para reducirlo.

El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y médico forense Miguel Lorente señala que respetar el derecho constitucional a cancelar los antecedentes debe ser compatible con que los episodios violentos y decisiones judiciales consten en el sistema para hacer valoraciones del riesgo más adecuadas.

“Una cosa es que se cancelen y no se haga una utilización pública que pueda atentar contra la dignidad de esa persona y otra que se desprecie un factor de riesgo para la mujer como es tener antecedentes de violencia con actuación policial y jurídica. Los derechos del agresor deben ser respetados, pero teniendo en cuenta que la violencia se suele dar en un periodo de continuidad y no se pueden eliminar los factores que actúan sobre el riesgo. Ningún elemento para identificar el riesgo puede ser descartado”, explica Lorente, que cree que toda esta información debe constar, más allá de las preguntas que se hagan a la víctima, precisamente para que conocer el contexto no dependa de la información que ella tenga o decida comunicar.

La denuncia de 2005

Según denunció Tulia el 23 de agosto de 2005, cuando llegó al domicilio familiar vio sangre en un cuarto de baño y le preguntó a su entonces marido si había pasado algo con los niños. Tras esto, el hombre comenzó a insultarla. En un momento dado, los menores -que se encontraban bien- empezaron a pelearse y el padre acabó agrediendo a su hija porque esta había pegado a su hermano. Esto provocó otra pelea entre la pareja durante la cual Tulia fue agredida, recibiendo tres puñetazos en un costado.

Cuando la mujer denunció estos hechos también comunicó que, ni mucho menos, era la primera vez que había sido maltratada. Así, dejó reflejado que, desde que se casaron, venía sufriendo malos tratos físicos y psicológicos y que solo una vez decidió denunciar: cuando fue agredida estando embarazada de su hija. A punto de celebrar el juicio, relató Tulia, retiró la denuncia porque se “encontraba enamorada” de su marido y este le prometió “que no volvería a repetir la agresión”. No obstante, tras este episodio de septiembre de 2005, acordaron estar separados un tiempo.

Esos malos tratos que ella aseguró haber sufrido durante su matrimonio consistían en “puñetazos por todo el cuerpo y cabeza”, siempre en zonas “que él consideraba que no iban a reflejar las agresiones sufridas”. Además, afirmó que tras las agresiones físicas se producían insultos de todo tipo, y que la maltrataba siempre en presencia de los niños. Asimismo, en aquella denuncia manifestó que sus hijos eran víctimas de malos tratos por parte de su padre quien, incluso, les llegaba a decir que su madre era “una puta”.

En 2005, tras la detención de su entonces marido y dos días después de la denuncia, el Juzgado de Instrucción número 7 acordó la libertad provisional para el agresor, a quien impuso una prohibición de comunicación y de alejamiento respecto de su mujer y sus hijos, además de otras medidas civiles. La condena llegó días después y bajo la conformidad del acusado: ocho meses de prisión, dos años y un día de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y dos años de alejamiento respecto de Tulia, a la que debía indemnizar con 150 euros.

La plaza de Hiroshima y Nagasaki se ha convertido este sábado en el escenario del rechazo ciudadano contra la violencia machista. En su cita mensual cada día 25, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha salido a la calle con un mensaje claro: Basta ya. En esta ocasión, el dolor ha sido especialmente profundo tras el asesinato machista el pasado 13 de abril de Tulia, vecina del barrio de la Fuensanta, un suceso que, en palabras de la portavoz de la plataforma, Carmen León Fernández, ha “encogido el corazón” de la ciudad.

En una atención a medios de comunicación, León ha destacado el impacto emocional que supone que la víctima sea alguien cercano. “Siempre que hay un asesinato machista duele, pero cuando encima es de alguien tan cercano y una vecina, pues notas que duele más”, ha expresado, recordando el lema que el movimiento feminista tiene interiorizado: “Si nos tocan a una, nos tocan a todas»”.

A pesar de los avances legislativos y sociales, la portavoz ha sido crítica con la gestión actual de la violencia de género. Por ello, ja denunciado que, aunque se han conseguido logros, “las cosas siguen fallando” debido a que los recursos no son los necesarios. “De boquilla se apuntan todos, pero si no hay recursos, las políticas de igualdad no funcionan”, ha sentenciado la portavoz de la plataforma, instando a que la lucha contra la violencia hacia las mujeres se traduzca en una apuesta real y presupuestaria.

Tras la lectura de un manifiesto, los participantes de esta concentración se han unido manifestación en contra de la guerra que ha partido a las 19:30 desde esta misma plaza.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que absuelve a un varón de 58 años de edad de los delitos de agresión sexual, maltrato, maltrato habitual y amenazas sobre su expareja, que por su parte ha sido absuelta de un delito de maltrato del que estaba acusada supuestamente sobre él.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la procesada y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón mantenía a la fecha de los hechos denunciados una relación sentimental con la acusada, iniciándose dicha relación sobre el 30 de diciembre de 2020 y terminando el día 4 de junio de 2021.

Mientras duró la relación, ella residía, por motivos laborales, en una vivienda de un municipio de la provincia, donde prestaba servicios como cuidadora de una persona de edad avanzada, y él residía en otra vivienda en una barriada periférica de la capital a donde se trasladaba ella los días que descansaba de sus obligaciones laborales.

“No ha resultado acreditado que la acusada le haya dado un puñetazo” al hombre o que “el acusado haya proferido las palabras y frases que constan en los escritos de acusación, ni que la haya maltratado o agredido, ni la haya obligado, con violencia y/o intimidación, a tener relaciones sexuales con él”, exponen los jueces.

Al respecto, detallan que ella “sufrió lesiones que no precisaron objetivamente para su curación tratamiento médico y/o quirúrgico que tardaron en curar cinco días de perjuicio personal básico, sin que le hayan quedado secuelas, no habiendo resultado acreditado que dichas lesiones se las haya causado él”, a la vez que “no han resultado acreditados el resto de hechos por los que se ha ejercido acusación”.

Entretanto, indican que el procesado, según resulta de su hoja histórico penal unida a la causa, resultó ejecutoriamente condenado por sentencia firme, de 9 de enero de 2020, dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba por un delito de amenazas, por unos hechos cometidos el día 6 de enero de 2020, imponiéndole, entre otras, la pena accesoria de prohibición de acercamiento y de comunicación a sus víctimas, la cual quedó definitivamente extinguida el día 1 de mayo de 2021.

El abogado de la familia de Tulia, la mujer asesinada el pasado lunes en el barrio cordobés de la Fuensanta, anuncia que instará que se inicie una investigación para conocer si fallaron los protocolos que debían proteger a la víctima. Según han confirmado a este periódico el letrado José Palomino, elevará esta solicitud a la Administración a petición de los dos hijos, Lili y Alejandro, que tenía la expareja.

El anuncio de esta investigación llega después de que la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, ordenara este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre como presunto autor de la muerte de Tulia. Durante su comparecencia judicial, el investigado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. De forma inicial, se le atribuye un presunto delito de homicidio o asesinato -cuya calificación concreta se determinará durante la fase de instrucción-, así como un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Según consta en la causa, el acusado habría incumplido la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 500 metros de la víctima, una medida que le fue impuesta el pasado sábado.

Aquel día, según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso este periódico, sobre las 15:00, el procesado irrumpió en el piso donde vivía Tulia y discutieron. Después, regresó a la vivienda armado con un martillo de hierro y madera. Con el objetivo de amedrentar a su exmujer, de quien estaba divorciado legalmente desde 2011- el acusado destrozó un altavoz portátil mientras ella escuchaba música. Tras un violento forcejeo en el que Tulia logró quitarle el martillo, el hombre la agarró del pecho y la empujó violentamente contra la pared. Antes de huir, le lanzó la siguiente amenaza: “Cuando no estás en la casa voy a entrar y te voy a destrozar el piso”. Como consecuencia, la víctima sufrió una contusión cervical y una fuerte crisis de ansiedad. Los daños materiales en el equipo de música han sido tasados en 105 euros.

Por estos hechos, que serán juzgados el próximo mes de mayo, la Fiscalía pide para el acusado dos años de prisión por un delito de lesiones y otro de amenazas en el ámbito de la violencia de género. Además, solicita una multa por los daños tras destrozar el equipo de música de Tulia.

Por último, el letrado solicitará que se abra una causa por maltrato habitual, denunciando años de violencia continuada que habrían afectado no solo a Tulia, sino también a los hijos que ambos tenían.

La plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, ha ordenado en la mañana de este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su expareja sentimental, ocurrida el pasado lunes en la capital cordobesa.

La medida ha sido adoptada a petición de la Fiscalía. Durante su comparecencia judicial, el investigado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

De forma inicial, se le atribuye un presunto delito de homicidio o asesinato —cuya calificación concreta se determinará durante la fase de instrucción—, así como un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Según consta en la causa, el acusado habría incumplido la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 500 metros de la víctima, una medida que le fue impuesta el pasado sábado.

Dicha medida cautelar había sido acordada por la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del mismo tribunal, después de que, según la denuncia presentada por la víctima ese mismo día, el detenido accediera a su vivienda armado con un martillo, destrozara su equipo de música y la amenazara tras sujetarla por el pecho.

Por estos hechos previos, el hombre fue detenido y puesto a disposición judicial el sábado, quedando en libertad provisional con la citada orden de alejamiento, que fue la única medida solicitada por las partes en ese momento.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

El hombre de 65 años detenido por el asesinato machista de Tulia el pasado lunes por la mañana en Córdoba permanecerá en dependencias policiales hasta el límite permitido por la ley. Tal y como ha podido confirmar este periódico, la Policía Nacional agotará el plazo legal de detención de 72 horas, ya que está previsto que el arrestado pase a disposición judicial este jueves por la mañana.

El crimen se cometió el lunes antes de las 9:00, cuando el agresor atacó a la víctima en el portal de su bloque utilizando un arma blanca de grandes dimensiones, según estas mismas fuentes. Tras el asesinato, el hombre se atrincheró en su domicilio -ubicado en el mismo edificio que el de la víctima- y ofreció una fuerte resistencia a los agentes, llegando a rociar la entrada con gas de pimienta para dificultar el acceso policial.

Tulia había denunciado a su expareja el sábado anterior después de que este irrumpiera en su casa con un martillo. A pesar de que se dictó una orden de alejamiento de 500 metros, el sistema VioGén calificó el riesgo como “medio” y el agresor no entró en prisión provisional porque ni la Fiscalía de Córdoba ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en la cárcel. El asesinato se produjo apenas una hora antes de que Tulia tuviera que declarar en un juicio rápido por esta denuncia previa.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha instado a revisar la respuesta a nivel nacional que ofrecen las Administraciones públicas para evitar más casos fatales de violencia machista como el ocurrido en el barrio cordobés de la Fuensanta el pasado lunes, cuando una mujer de 64 años fue asesinada por su expareja a las puertas de su casa.

En atención a los medios tras participar en las jornadas '10 años de mediación del Defensor del Pueblo Andaluz' en Sevilla, el consejero ha concretado que “la respuesta a nivel nacional se tiene que revisar”, para analizar “qué resultados están dando los protocolos” y “qué garantías” están ofreciendo las instituciones.

No obstante, Nieto ha matizado que es “muy difícil” ejecutar un protocolo que nos garantice el “cien por cien de acierto” y en el que se asegure que “no va a haber ningún tipo de desenlace fatal en estas situaciones”. En relación, ha indicado que el “riesgo cero es imposible” y que “no podemos ser tan ingenuos” de pensar que se puede garantizar la seguridad total en este tipo de casos.

“No es un problema de fallo en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Justicia o en la Junta de Andalucía”, ha apuntado, mientras que ha señalado que estas situaciones responden a “un fallo sistémico en la sociedad en relación a la violencia sobre la mujer”.

En esta línea, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha considerado que “no podemos pensar que solo fallan las instituciones” cuando se produce un caso de violencia machista como el ocurrido el pasado lunes en la capital cordobesa, al tiempo que ha reconociodo que, entre todos los agentes de la sociedad, debemos “hacer un análisis” para no “ser parte de una sociedad paternalista en la que todos pensamos que falla otro”.

“Hay muchas personas que todavía siguen creyendo que la violencia puede ser la solución a algo”, ha lamentado Nieto que, además, ha precisado que se requiere un “impulso permanente desde el trabajo, la familia o el entorno social de cualquier persona” para que no se produzcan “desenlaces fatales que terminan con la vida de una persona”.

En suma, el consejero ha reconocido que la sociedad “tiene que madurar y tiene que ser capaz de reaccionar ante estas situaciones”, así como ha concretado que las Administraciones públicas “tienen que poner los medios para que esas reacciones tengan atención”.

“Tenemos que concienciar a la ciudadanía para que no se tengan actuaciones de este tipo y para que arriconemos más al violento que trata de agredir a la persona a la que quiere, con la que ha convivido, y que ese tipo de prácticas pasen definitivamente a la historia”, ha declarado.

Bajo este contexto, Nieto ha apostillado que España es “uno de los países que lidera la lucha contra la violencia de género”, instando a todas las instituciones a que, cuando se produzca un caso como el de Córdoba, a “reaccionar reafirmando nuestro compromiso contra este tipo de violencia”.

Con este suceso, Andalucía contabiliza un total de cuatro asesinatos por violencia machista tras confirmar el pasado martes el Ministerio de igualdad el caso de Tulia. Existían antecedentes en VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Tulia tenía que acudir este lunes a la Ciudad de la Justicia de Córdoba para declarar por la denuncia que el pasado sábado interpuso contra su expareja por violencia machista. Iba a ser un juicio rápido, pero Tulia nunca llegó: el hombre la asesinó en el portal de su casa. Tras la denuncia, la mujer había recibido una valoración de riesgo medio y el juzgado decidió no dejar al hombre en prisión, pero sí interponer sobre él como medida cautelar una orden de alejamiento que decidió quebrar. ¿Qué falló para que, a pesar de denunciar y solo una hora antes del juicio, Tulia fuera asesinada?

Colombiana de nacimiento pero cordobesa de adopción, Tulia era muy querida en su barrio. El lunes por la tarde, sus vecinos se congregaron en la plaza de la Juventud, muy cerca del bloque donde la mujer fue asesinada y donde también vivía su agresor. El relato de la familia de Tulia muestra que no se trató de un ataque inesperado, sino de una historia de violencia. Durante la multitudinaria concentración, su hermana aseguró que Tulia vivía “calvario de libro”: el agresor la maltrataba, buscaba su perdón y ejercía un control asfixiante sobre ella, oponiéndose incluso a que la víctima recuperara su independencia a través de un grupo de senderismo.

Según asegura el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, solo consta una denuncia previa al crimen: la que Tulia, que había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer, formuló el pasado sábado. Lo hizo después de un episodio especialmente violento. La mujer, de 64 años, se encontraba en su casa. Vivía en la tercera planta de un edificio y su agresor, de 65 años, en la cuarta. En un momento dado, el hombre irrumpió en el piso de la víctima portando un martillo y destrozó un equipo de música que tenía la mujer. Tras esto, según la denuncia que formuló la víctima, la habría sujetado por el pecho y amenazado con destrozarle toda la casa. Durante la comparecencia por estos hechos, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

La plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, acordó entonces su puesta en libertad provisional, imponiendo como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género. Ni la Fiscalía ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en prisión provisional ni otras medidas cautelares adicionales.

Desde ese momento, Tulia entró en el sistema VioGén y su caso se valoró de riesgo medio, según la valoración policial. Dicha valoración se produce una vez conseguida información de todas las fuentes posibles y de la toma de declaración a la víctima. De acuerdo con dicho riesgo, se establecen un conjunto de medidas policiales de protección a adoptar, que se dividen entre obligatorias y complementarias. Entre las primeras se encuentra el acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo, cuando se considera que puede existir algún tipo de riesgo para la propia víctima.

Acompañar a las víctimas

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha asegurado que agentes de la Policía se ofrecieron a acompañarla a los juzgados, pero que la mujer declinó la ayuda. El exdelegado del Gobierno para la violencia de género Miguel Lorente explica, sin embargo, que la decisión de preservar la seguridad de las mujeres no puede recaer en ellas y reclama valoraciones del riesgo hechas por equipos forenses y no solo por los policiales. “Hay una minimización general de los riesgos, también por parte de las mujeres, y el sistema debe saber eso. Si los protocolos dicen que con cierto nivel de riesgo se exige un acompañamiento, ese acompañamiento debe hacerse, porque estamos hablando de un delito público, existe una obligación de actuar sobre el agresor”, subraya.

De hecho, la valoración de riesgo medio implica otras medidas obligatorias, como la vigilancia ocasional y aleatoria del domicilio o lugar de trabajo de la víctima; la comprobación periódica del cumplimiento por el agresor en las entradas y salidas en los centros escolares de los hijos –si los hubiere–; una entrevista personal con la víctima y el traslado de información a la mujer sobre las recomendaciones que se incluyen dentro del Plan de Seguridad, o la comprobación periódica del cumplimiento de las medidas judiciales de protección. En el caso del asesinato de Tulia, su agresor se saltó la orden apenas 48 horas después y solo una antes del juicio.

“¿Cuál es el objeto de ese acompañamiento policial que establece el protocolo? La seguridad de la víctima, y si la seguridad no se cubre sobre la víctima por las razones que sea, se debe adoptar una medida sobre el agresor: un seguimiento indirecto, saber dónde está el agresor, contactar con él, comprobar que está cumpliendo la orden de alejamiento, sobre todo sabiendo que esa mañana había un juicio”, insiste Miguel Lorente. El forense destaca que las mujeres deben ser informadas adecuadamente de lo que supone el nivel de riesgo que han asignado a su caso, las conductas violentas a las que está asociado, y el significado de las medidas de acompañamiento para que puedan tomar sus decisiones “con toda la información”.

Lorente alerta sobre cómo los estereotipos machistas y el negacionismo influye en la percepción social del riesgo de la violencia machista. Si solo se denuncia el 25% de los caos, prosigue, el hecho de que exista una denuncia debe hacer que el caso se considere grave. Sobre Viogen, el experto señala que muchas preguntas para valorar el riesgo estén dirigidas a la violencia física grave: “Eso es una parte de la violencia, a veces una pequeña parte, porque el agresor quiere fundamentalmente el control, no el daño, y a lo mejor está consiguiendo el control de otra manera”. En el caso de la Tulia, el relato de la familia demuestra que el asesino ejercía ese control insistentemente de distintas maneras.

“Que sirva para cambiar algo”

Ya el lunes, Tulia sacó a pasear a su perro. Era antes de la nueve de la mañana, una hora antes del juicio. De vuelta a casa, su agresor, que ya no podía vivir en el mismo edificio por la orden de protección, la estaba esperando en el portal. El hombre cometió el crimen dentro del bloque y después se atrincheró, armado, en su vivienda. Previamente, llenó la entrada al portal de gas de pimienta, lo que dificultó la entrada de los servicios de emergencia y de la Policía. El agresor pudo ser detenido, no sin antes emplear una gran resistencia.

Tulia es la víctima mortal número 16 de la violencia machista en 2026, pero es mucho más que una cifra en las estadísticas de “terrorismo machista”, como reivindicaba la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres este lunes. Tal y como explicaba su hermana, Tulia era una mujer que llegó a España hace 30 años, doctorada en Derecho Internacional y que acababa de superar un cáncer. Su hermana ha criticado el sistema judicial: “¿Cómo es posible que hace una denuncia y lo dejan libre? ¡La desprotegieron! Él no tenía nada que perder; lo tenía todo perdido. Le faltaba matarla y lo ha conseguido”.

Durante la concentración, la hija de la víctima, Lili, estalló en llanto y rabia al ver cómo en ese mismo momento, coincidiendo con el acto público de repulsa, la Policía Nacional trasladaba al detenido de vuelta a la escena del crimen para la reconstrucción de los hechos. El hijo de Tulia, Alejandro, también criticó el sistema. “Hoy ha sido mi madre. Otro día puede ser otra mujer de todas las que están aquí. La justicia no hace nada para frenar esto, no ayuda a las mujeres maltratadas. Así que, por favor, vamos a apoyar más a las mujeres y que el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo”.

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha asegurado este martes que su espacio político situará “la igualdad como prioridad para frenar la violencia machista”, para lo cual pondrá en marcha, “con recursos, personal y espacios adecuados, los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en toda Andalucía”.

A través de una nota, Rodríguez ha subrayado que las políticas de igualdad “son fundamentales y necesarias para evitar tragedias como la ocurrida en el día de ayer en el barrio de la Fuensanta, en Córdoba, donde una mujer fue asesinada en un acto de violencia machista”.

En este sentido, ha recordado la gravedad de esta “lacra social, que en Andalucía ha dejado ya cuatro mujeres asesinadas en lo que va de 2026, tras los diez casos registrados, tanto en 2024, como en 2025”. Por eso, “frente a quienes niegan esta realidad o no la abordan con la seriedad que merece, Por Andalucía tiene claro que hay que actuar con contundencia, recursos y compromiso político”, ha afirmado.

La candidata ha criticado que el Gobierno andaluz del PP “no se está tomando en serio las políticas de igualdad”, y ha aludido especialmente la situación de los centros de crisis 24 horas. “En las provincias no se han construido los edificios previstos, y los que hay no cuentan con personal suficiente, no funcionan de forma permanente y ni garantizan atención urgente ni continua”, ha asegurado.

Además, ha lamentado que el acceso a atención jurídica en estos centros “está burocratizado hasta el punto de requerir dos derivaciones para que una jurista pueda atender a la víctima, lo que dificulta una respuesta inmediata en situaciones de urgencia”. Rodríguez ha insistido en que “no se puede seguir jugando con la vida de las mujeres”, y ha defendido la necesidad de recuperar la financiación para políticas públicas que “tengan un impacto real y contribuyan a prevenir y erradicar la violencia machista”.

A este respecto, ha alertado del retraso acumulado por el Ejecutivo andaluz en el desarrollo de herramientas clave, pues “desde 2020 el Consejo de Gobierno está redactando el Plan Andaluz para la Erradicación de la Violencia de Género. Seis años para redactar un plan que sigue sin aprobarse, a pesar de que fue un compromiso del propio presidente en su debate de investidura tras la mayoría absoluta”.

También ha recordado que la Ley andaluza contra la violencia de género fue reformada en 2018 “para dotarla de más herramientas y recursos”, pero “ocho años después no se ha desarrollado ni financiado adecuadamente”, y en “estos años de gobierno del PP solo se han abierto cuatro nuevos centros de información a las mujeres en situación de violencia de género”, a la vez que se mantiene “un teléfono de violencia intrafamiliar que invisibiliza la violencia machista”.

Por todo ello, Rodríguez ha defendido que las próximas elecciones del 17 de mayo “son una oportunidad para elegir entre dos modelos, el de quienes apostamos por la igualdad, por garantizar recursos y proteger a las mujeres, o el de quienes niegan o minimizan la violencia machista”.

Finalmente, ha anunciado que, si Por Andalucía cuenta con la confianza de la ciudadanía, “la igualdad será una política transversal y prioritaria en la Junta de Andalucía”, con el objetivo de “concienciar, actuar y poner en marcha todas las medidas necesarias para acabar con esta lacra social que cuesta la vida a mujeres por el mero hecho de serlo”.

La Fuensanta, y parte de Córdoba, se ha unido en la plaza de la Juventud para recordar la figura de Tulia, la mujer de 64 años que ha sido asesinada en la mañana de este lunes presuntamente a manos de su expareja. La concentración, organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, ha contado con la participación de políticos y una multitud de gente que no ha querido perder la ocasión para reivindicar el feminismo como solución a la violencia de género.

Un día marcado en negro en la historia de la Fuensanta. Una multitud de jóvenes, vecinos y colectivos feministas se han concentrado ya bien entrada la tarde de este lunes en la plaza de la Juventud para pedir justicia por Tulia, la mujer de 64 años que ha sido asesinada presuntamente por su expareja. Esta concentración ha sido a escasos metros del lugar de los hechos, en el Pasaje Virgen de la Luna. Un suceso que la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha catalogado como un nuevo caso de “terrorismo machista”. Dicho acto ha contado con la presencia de los familiares más cercanos, incluidos los hijos de Tulia, Lili y Alejandro.

Tulia era una mujer que llegó a España hace 30 años y se doctoró en Derecho Internacional. Vivía un calvario de “libro”, según ha relatado su hermana ante todo el gentío. Además, la víctima acababa de superar un cáncer y estaba tratando de recuperar su independencia a través de un grupo de senderismo, algo que no gustó a su expareja. “Él la maltrataba y después quería que ella lo perdonara, explicó, detallando que, a pesar de las denuncias, el hombre, del mismo barrio de la Fuensanta, fue puesto en libertad poco antes del asesinato.

La emoción del relato de los hijos

Los primeros momentos de tensión se han vivido con el testimonio de su hija Lili. Justo cuando estaba empezando a hablar entre sollozos y lágrimas, la Policía Nacional decidió trasladar al presunto autor de los hechos, que se encontraba en la escena del crimen, lo que provocó que su reacción fuera de rabia. “¡Ha salido a la calle una hora después de haber sido arrestado! No se puede permitir que a una hora de un juicio, coja y la mate”, sentenció Lili. Por su parte, los vecinos increparon con insultos y gritos el traslado de la expareja de Tulia de vuelta a comisaría.

Minutos más tarde, y después de liberar cierta tensión, Alejandro cogió el testigo de su hermana. Con más calma dentro de la dureza de los hechos, este joven tomó la palabra para hacer un llamamiento. “Hoy ha sido mi madre. Otro día puede ser otra mujer de todas las que están aquí. La justicia no hace nada para frenar esto, no ayuda a las mujeres maltratadas. Así que, por favor, vamos a apoyar más a las mujeres y que el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo”.

Una denuncia que “la desprotegió”

Por su parte, la hermana de Tulia ha querido engrandecer su figura, pero también cargó contra el sistema judicial. “¿Cómo es posible que hacen una denuncia y lo dejan libre? ¡La desprotegieron! Él no tenía nada que perder, lo tenía todo perdido. Le faltaba matarla y lo ha conseguido. ¡Te amo, hermana! ¡Te voy a echar de menos! ¡Te amo, Tulia!”.

Asimismo, desde la organización feminista se ha denunciado que Córdoba ha vuelto a vestirse de negro por haber llegado “una vez más tarde”. A pesar de que el caso estaba calificado como de “riesgo medio”, Tulia ha sido asesinada. “Ya son 17 las mujeres y dos criaturas asesinadas en lo que va de año. El machismo mata y la igualdad nos hace grandes”.

Para terminar con la comparecencia, dos vecinas y una amiga de la víctima han tomado la palabra para exigir que todo aquel que vea un acto machista al otro lado de su pared que responda. “Todos somos responsables. Desde nosotros hasta los políticos, pasando por los medios de comunicación y los jueces. Hay que hacer algo para que el asesinato de Tulia sea el último”, concluyeron.

Momentos de tensión y gritos los que se han vivido en la concentración que se ha realizado en la tarde de este lunes por el asesinato de Tulia, la mujer de 64 años que ha muerto presuntamente en la Fuensanta a manos de su expareja. La iniciativa, organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, ha coincidido con la presencia del detenido y presunto autor de los hechos en la escena del crimen.

Pese a esta simultaneidad en los hechos, la concentración ha transcurrido con normalidad hasta que Lili, la hija de Tulia, ha cogido el testigo para hablar sobre su madre. En ese momento, y con las más de 1.000 personas escuchando este relato, la Policía Nacional ha sacado del bloque al detenido. Este hecho ha provocado que varios vecinos le hayan increpado, e incluso algunos de ellos se han puesto en la trayectoria del vehículo policial, siendo identificados por los agentes.

Tras ello, la movilización en la plaza de la Juventud ha vivido unos momentos de tensión, con Lili dejando de hablar y gritando entre llantos de dolor y pena. La organización ha pedido calma. “Por favor, no actuemos como él lo ha hecho. No es lo mejor”, han añadido. Después de este hecho, Alejandro, el segundo hijo de Tulia, ha tomado la palabra para reconducir el acto.

En cambio, la concentración se ha desarrollado con normalidad ante una multitud de personas que han pedido que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir. La iniciativa se ha celebrado, como se ha mencionado anteriormente, en la plaza de la Juventud, a escasos metros del Pasaje Virgen de Luna.

La mató el mismo día que ella lo iba a sentar en el banquillo por violencia de género. El crimen machista de este lunes en el barrio de la Fuensanta de Córdoba ha añadido una nueva circunstancia trágica a los hechos: la mujer asesinada tenía fijado un juicio rápido por violencia de género contra la persona que presuntamente la acuchilló hasta darle muerte.

Según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, el presunto asesino y la víctima habían sido pareja sentimental en el pasado. El pasado viernes, ella había interpuesto una denuncia contra él por violencia de género, a raíz de la cual se interpuso una orden de alejamiento (ello a pesar de que ambos vivían en el mismo bloque).

El juicio rápido se había fijado para este lunes a las 10:00 en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, pero nunca se celebró. Y es que, poco antes de las 9:00, el presunto homicida acechaba en el portal de su expareja esperando a que ella abandonara su domicilio. Cuando la mujer lo ha hecho, el hombre ha acabado con su vida a puñaladas, para después rociar con gas pimienta el portal y atrincharse en un piso.

La Policía Nacional se ha tenido que emplear con fuerza para poder detener al presunto autor del crimen -que estaba en el Sistema VioGén-, que se ha resistido al arresto y finalmente ha sido conducido a un coche patrulla rodeado de agentes mientras los vecinos le insultaban y gritaban por haber dado muerte a su expareja.

La mujer, la primera víctima de violencia machista este año en Córdoba, tenía dos hijos.

Personal y representantes de CCOO de Córdoba se han concentrado este lunes a las puertas de la sede del sindicato tras conocerse el asesinato de una vecina del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa, presuntamente, a manos de su expareja. Con este acto han querido mostrar su pesar ante este suceso y su compromiso con la lucha contra las violencias machistas.

Según ha emitido el sindicato en una nota, la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba, Cristina Soler, ha afirmado durante la concentración que “hoy nos convoca aquí el dolor, la rabia y una profunda tristeza”. “Nos reunimos para guardar un minuto de silencio por nuestra vecina de Córdoba, cuya vida ha sido arrebatada hoy por la expresión más cruel e intolerable de la desigualdad, la violencia de género”, ha apostillado.

En esta línea, Soler ha añadido que el minuto de silencio “no es un silencio de resignación, sino de denuncia, porque cada vez que una mujer es asesinada por violencia machista falla nuestra estructura, falla la protección y todos como sociedad”.

Además, la responsable sindical ha enfatizado que “no podemos acostumbrarnos a las cifras”, puesto que “detrás de cada número hay un proyecto de vida truncado y una familia rota”. Por ello, según ha expresado, desde el sindicato “exigimos una vez más que se refuercen los recursos, la prevención y la educación. No daremos ni un paso atrás en la lucha contra el machismo”.

Los vecinos de la Fuensanta se han agolpado en la mañana de este lunes en la plaza de la Juventud tras conocer el asesinato de una mujer a manos de su pareja. Antes de las 9:00, el primer asesinato machista de 2026 en Córdoba había ocurrido en el pasaje Virgen de la Luna.

“Que esto siga pasando a día de hoy es una vergüenza”, denuncian a este periódico varios de los vecinos, que han arrancado la semana marcados por el sonido de las sirenas y afectados por una tragedia. Los hechos que se ha cobrado la vida de esta mujer fueron de menos a más hasta que finalmente el furgón se ha llevado el cuerpo de la víctima.

Antes de las 9:00, los vecinos ya alertaban de que algo grave estaba pasando. “Venía a traer a mi sobrina al colegio y he visto a los bomberos decir que un hombre estaba tirando cosas por la ventana”, relata una ciudadana a Cordópolis. Minutos más tarde, la Policía Nacional y Local ya acordonaban la zona. “Entraron con escudos en el número uno y poco después escuchamos tres tiros”, explican los residentes, en referencia a unos disparos disuasorios que aún no han podido ser confirmados por fuentes oficiales.

“La han asesinado”, “por eso olía a gas, nena”, murmuraban entre ellos cuando apenas había nada confirmado. Con el paso de los minutos, el detenido salía del bloque entre insultos y con una afirmación pesimista entre los presentes: “Las denuncias por violencia de género no sirven para nada”.

Y es que todos coincidían en criticar el hecho de que agresor y víctima vivieran en el mismo bloque, pese a que existía una orden de alejamiento, tal y como ha podido confirmar este periódico. “Para qué va a denunciar una mujer, si después pasa esto”, han lamentado.

La rabia del vecindario ha acabado estallando cuando la Policía ha sacado al presunto homicida del bloque y lo ha metido en el coche patrulla. En ese momento, mientras el detenido iba rodeado de agentes, los gritos e insultos han sido lo único que se ha escuchado en el barrio, que tardará en olvidar la tragedia de este lunes.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado íntegramente la sentencia que condena a un hombre una pena global de dos años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato habitual y otro continuado de amenazas hacia quien fuera su pareja. El tribunal ha desestimado así el recurso de apelación del acusado, avalando la contundencia del relato de la víctima y la gravedad de un comportamiento encaminado a anular su libertad.

Según recogen los hechos probados de la sentencia, la relación entre el condenado y la víctima comenzó en marzo de 2019 y se prolongó hasta marzo de 2021. Durante ese tiempo, el agresor instauró un clima de “hostigamiento, humillación, menosprecio y desvalorización” hacia su pareja. Las vejaciones verbales eran constantes, dirigiéndose a ella con insultos como “loca” e “inútil”, asegurándole que “no valía para nada”. El control que ejercía sobre la vida de la mujer era, según el tribunal, absoluto. El fallo detalla que el hombre le impedía relacionarse con sus amistades y, una vez que tuvieron un hijo en común, le prohibió trabajar.

La convivencia, según el tribunal, ha estado marcada por episodios de gran agresividad. En una ocasión, el condenado le lanzó una pinza a la cara de forma violenta tras quitársela de las manos y arrojó una pizza al patio con desprecio. Sin embargo, el nivel de intimidación alcanzó su punto más crítico cuando el acusado, en diversas discusiones en el domicilio común, sacaba una pistola que guardaba en una caja fuerte y se la exhibía a la mujer, con el único propósito de crear en ella un estado de “angustia y temor”. Además, las amenazas verbales también eran recurrentes. El hombre llegó a decirle expresiones como: “Te voy a matar, que eso me cuesta a mí lo que valga un cartucho” o “yo lo tengo ya todo vivido y me da igual, denúnciame que te estoy esperando”.

La violencia continuó tras la ruptura

Una vez que la víctima puso fin a la relación en marzo de 2021, la violencia siguió. Según la sentencia, cuando la víctima contactó con un abogado para gestionar la custodia de su hijo, el condenado se presentó en la puerta de su vivienda y la amenazó directamente con “Te voy a hacer lo de Hernán”. Un año y medio después de esa amenaza, el condenado abordó a la víctima en un centro de terapia infantil diciéndole “me quieres nada más que por el dinero”. Momentos después, en la puerta de la escuela infantil del menor, se inició una nueva discusión por el pago de la pensión de alimentos. En ese lugar, el agresor volvió a retarla al grito de “denúnciame, que te estoy esperando” mientras le apuntaba con la mano simulando tener una pistola. Como consecuencia de este maltrato sostenido durante dos años, la víctima ha desarrollado un trastorno adaptativo que requiere de tratamiento psiquiátrico.

En su resolución, la Audiencia Provincial ha rechazado los argumentos de la defensa, que pedía la absolución alegando falta de pruebas. Los magistrados han subrayado que el testimonio de la mujer ha sido “contundente, coherente y mantenido en el tiempo”, contando además con la corroboración de los informes de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIG).

Además de las penas de prisión, el tribunal ha confirmado la privación del derecho a la tenencia de armas durante cinco años, mismo periodo para el cual le ha impuesto la prohibición de comunicación y de alejamiento respecto de la víctima.

El Ministerio del Interior tiene detectados 2.234 casos activos de víctimas de violencia de género en la provincia de Córdoba hasta el 28 de febrero de este año en el Sistema VioGén, según se desprende de datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska consultados por Cordópolis.

La estadística señala que, de los 2.234 casos activos, se califica con riesgo alto 28 casos, mientras que con riesgo medio están 477 y con riesgo bajo otros 1.729. No hay casos con riesgo extremo, según este sistema de registro elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, de los 2.234 casos activos, en 1.273 de ellos hay menores a cargo de la víctima.

Por edades, el sistema VioGén muestra que en la provincia de Córdoba hay 50 registrados casos de violencia de género sobre víctimas menores de edad, de los que 34 están activos, 15 inactivos y uno supervisado.

En el resto de edades, destaca que el mayor número de casos activos de violencia se da con mujeres de 31 a 45 años, con un total de 1.053 casos. Asimismo, la estadística tiene activos 542 casos con víctimas de 18 a 30 años y la misma cifra se da entre mujeres de 46 a 54 años. Los casos activos de violencia de género con mujeres de 65 años o más en la provincia de Córdoba suman 63 hasta final de febrero.

Andalucía, la comunidad con más casos

A nivel andaluz, el Ministerio del Interior tiene detectados 27.376 casos activos de víctimas de violencia de género en Andalucía hasta el 28 de febrero de este año en el Sistema VioGén, el mayor dato en el conjunto del país, según se desprende de los datos estadísticos consultados por Europa Press.

Por comunidades, a Andalucía le siguen la Comunidad Valenciana, con 16.829; la Comunidad de Madrid, con 12.341; Canarias, con 6.529; Galicia, con 6.072; Murcia, con 5.697; Castilla y León, con 5.538; Castilla-La Mancha, con 5.470; Baleares, con 3.952; Extremadura, con 2.937; Aragón, con 2.449; Asturias, con 2.186; Navarra, con 2.138; Cantabria, con 1.608; La Rioja, con 908; Ceuta, con 299; y Melilla, con 238.

A nivel nacional, la cifra asciende a 102.567 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén.

En concreto, revela que actualmente hay un total de 102.567 casos activos por violencia de género, de los que 27 están en riesgo extremo, 987 en alto, 14.396 en medio, y 87.157 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.254 mujeres menores de 18 años; 25.129 de 18 a 30; 47.605 de 31 a 45; 26.120 de 46 a 64; y 2.459 de 65 o más.

Igualmente, refleja un total de 53.297 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo que han estado en esta situación entre marzo de 2019 y hasta la actualidad, según datos acumulados. Así, en un total de 1.551 de estos casos, los hijos se han encontrado en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre.

Estos casos son los que tras la práctica de la valoración policial del riesgo a la víctima, conforme al vigente Protocolo 2025, y existiendo niños a su cargo, “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores”.

Asimismo, la estadística revela que un total de 12.330 casos de víctimas con menores a cargo de “especial relevancia” han estado en esta situación entre marzo de 2019 y hasta la actualidad, según datos acumulados de VioGén.

En los casos de especial relevancia y menores en situación de riesgo, el Sistema VioGén genera para estos casos una “diligencia automatizada” que se adjunta al informe de valoración policial del riesgo y al atestado, al objeto de recomendar a la autoridad judicial y fiscal la práctica de evaluación adicional experta en el ámbito forense.

A 28 de febrero, los cuerpos de Policía Local de 838 Ayuntamientos están en modo “interacción total” en el Sistema VioGén. Pertenecen a 15 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.