El grupo municipal Hacemos Córdoba denuncia que el Partido Popular pretende impedir que el Pleno del Ayuntamiento debata la moción contra las violencias machistas que la coalición quiere llevar a la sesión del próximo jueves. La concejala Irene Ruiz ha explicado en rueda de prensa que, tras registrarse la iniciativa con cuatro minutos de retraso por problemas con la plataforma, el PP ha comunicado que “no apoyará su tramitación por vía de urgencia, lo que impediría abordar su contenido”.

Ruiz ha criticado que el gobierno municipal se escude en una cuestión formal para bloquear una iniciativa que considera necesaria. “Estamos hablando de una moción para combatir la violencia machista, no de un asunto menor que pueda dejarse pasar por un problema técnico”, ha señalado.

La propuesta, impulsada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista y asumida por Hacemos Córdoba, se presenta habitualmente en octubre para que el Ayuntamiento pueda participar en las actividades organizadas durante noviembre y preparar los compromisos vinculados al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La concejala ha recordado que, desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, han sido asesinadas 1.383 mujeres en España. En lo que va de 2026, según los datos expuestos por Ruiz, son 42 las víctimas, 12 de ellas en Andalucía. Además, desde 2003 han sido asesinados 68 menores en casos de violencia vicaria, tres de ellos durante este año. “Detrás de estas cifras hay mujeres y menores cuyas vidas han sido arrebatadas. Las instituciones tienen la obligación de actuar y de alcanzar acuerdos para combatir esta violencia”, ha defendido.

Ruiz también ha cuestionado el argumento del PP sobre el retraso en el registro de la moción y ha recordado que en otras ocasiones se han llevado al Pleno asuntos por vía de urgencia, incluso con importantes consecuencias económicas y documentación pendiente, que la oposición ha respaldado por responsabilidad. “No se puede utilizar el reglamento como excusa cuando se trata de debatir medidas contra la violencia machista y actuar con responsabilidad ante las víctimas”, ha señalado.

La concejala ha relacionado esta postura con el acuerdo del PP y Vox en Andalucía y ha criticado el papel que, según ha denunciado, se está otorgando a una formación que niega la violencia machista en ámbitos relacionados con la atención y protección de las víctimas. “El PP quiere hacerse fotos y presumir de acuerdos contra la violencia machista, pero después impide que se debatan iniciativas que buscan reforzarlos”, ha afirmado.

Hacemos Córdoba advierte de que, si el PP mantiene su rechazo a la urgencia, la moción quedará sin debate en el Pleno del jueves. En ese caso, la coalición volverá a presentarla en noviembre para que el Ayuntamiento pueda abordar las propuestas de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista.

Después de un año donde ha habido un descenso en los casos, Córdoba está atravesando un repunte sostenido en los últimos meses. Según los datos oficiales del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior y a los que ha podido acceder este periódico, la provincia cerró septiembre de 2026 con un total de 2.226 casos activos. Esta cifra confirma una tendencia al alza que ha llevado a rebasar de forma continuada el umbral de los 2.220 expedientes con protección o seguimiento policial activo.

Al analizar dicha evolución en los últimos dos meses, la comparación de los datos de septiembre de 2026 con sus dos precedentes refleja un incremento que roza los cien casos. A 31 de julio de 2026, la provincia contabilizaba 2.142 casos activos, número que ascendió a 2.210 casos al finalizar agosto y que volvió a incrementarse en septiembre hasta situarse en 2.226 expedientes. En conjunto, en tan solo dos meses transcurridos entre julio y septiembre, los casos activos se han incrementado en 84 unidades.

Unos datos que mantienen una tendencia más allá de los últimos 60 días

Si se amplía la perspectiva al último cuatrimestre, la comparativa revela una escalada ininterrumpida desde justo antes de verano -aunque Córdoba se puede considerar verano incluso mayo-. En junio, el registro marcaba 2.130 casos activos en la provincia. La secuencia posterior no ha experimentado tregua: 2.142 en julio, 2.210 en agosto y 2.226 en septiembre. Así, en el transcurso de estos cuatro meses, los casos activos en Córdoba han aumentado en 96 expedientes, rozando nuevamente el centenar de incremento acumulado desde el inicio del verano.

Asimismo, y dentro de los datos que aporta el Ministerio del Interior, los expedientes valorados han experimentado una evolución muy parecida en la provincia. Córdoba comenzó el verano con 2.079 casos valorados en junio, cifra que creció a 2.092 en julio, se elevó a 2.161 en agosto y culminó en 2.176 valoraciones activas en septiembre.

El impacto de este fenómeno se extiende también a la infancia, tal como reflejan los datos sobre menores a cargo de las víctimas en Córdoba. En junio se contabilizaban 1.192 casos con menores a cargo, un indicador que ascendió a 1.195 en julio, 1.225 en agosto y 1.234 en septiembre. En solo cuatro meses, 42 nuevas familias con menores han entrado en el ámbito de cobertura y vigilancia del sistema.

En cuanto al nivel de gravedad de los casos activos registrados en septiembre de 2026, las estadísticas provinciales detallan que 449 expedientes estaban calificados como de especial relevancia, de los que 39 presentaban riesgo alto y dos riesgo extremo. Asimismo, la provincia registró 77 casos con menores en situación de riesgo directo, de los que 7 se encontraban en nivel de riesgo alto.

Los datos a nivel nacional y regional

Andalucía contabiliza a fecha de 30 de septiembre un total de 28.355 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema Viogén, lo que supone el 26,5% de toda España. A nivel nacional, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.972 casos activos de víctimas de violencia de género, 54.968 con menores a cargo. De la cifra global 21 están en riesgo extremo, 1.132 en alto, 16.470 en medio y 89.349 en bajo.

Respecto a las edades de las víctimas, un total de 1.366 de ellas son menores de 18 años; 26.178 de 18 a 30; 49.338 de 31 a 45; 27.490 de 46 a 64; y 2.600 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.968 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.695 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 148 en alto y 1.545 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores”.

Igualmente, la estadística refleja 14.097 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 19 de ellos en riesgo extremo, 1.087 en alto y 12.991 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Por comunidades, Andalucía es la que registra mayor número de casos activos de violencia de género seguida de la Comunidad Valenciana, con 17.566; la Comunidad de Madrid, con 12.851; Canarias, con 6.569; Galicia, con 6.286; Castilla-La Mancha, con 5.955; Murcia, con 5.903; Castilla y León, con 5.723; Baleares, con 4.412; Extremadura, con 3.029; Aragón, con 2.536; Asturias, con 2.340; Navarra, con 2.249; Cantabria, con 1.646; La Rioja, con 949; Ceuta, con 353; y Melilla, con 250.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a J.D. F. S. por someter a su expareja a un régimen continuado de violencia física, psicológica y agresiones sexuales durante el tiempo que duró su relación sentimental y convivencia entre Córdoba y la provincia de Almería.

La sentencia del alto tribunal autonómico confirma de forma sustancial las penas de prisión dictadas en primera instancia en diciembre de 2024. No obstante, el fallo sí modifica la resolución de instancia para absolver al acusado del delito de conducción temeraria por el que había sido condenado a un año de cárcel, al entender que no quedó suficientemente acreditado el riesgo concreto exigido por la norma penal en el incidente con un vehículo. Por tanto, el TSJA lo ha condenado a 30 años, ocho meses y ocho días de prisión.

Según la narración de hechos probados, la víctima y el condenado comenzaron su relación cuando ella tenía entre 13 y 14 años, e iniciaron la convivencia compartida en 2017, cuando la mujer tenía 16 años y el procesado, 19. A partir de ese momento, el procesado mantuvo una actitud crecientemente agresiva y controladora, caracterizada por vejaciones verbales constantes, insultos dirigidos a humillarla y agresiones físicas continuadas en forma de bofetadas, puñetazos, patadas, agarrones del cuello y tirones de pelo.

La víctima ha sufrido insultos gravísimos como los siguientes: “hija de puta, tus muertos, friega puta, que tienes que estar debajo de mis cojones, que vales solo para follar aunque a veces ni pa eso, que una mujer tiene que recibir palos hasta detrás de las orejas, cerda, guarra, que de vez en cuando los hombres os tenemos que poner los cuernos para os enteréis de quien manda aquí, asquerosa, demasiado te perdono, lo que tendrías que hacer es comerme mis mierdas, yo estoy por encima de ti, tienes sangre de puta como tu puta madre, si intentas subirte por encima mía te reviento la cabeza, te tengo que matar, al final te mato, guarra, asquerosa, cerda, tus muertos, te voy a matar, mira que me estoy aguantando, pero al final te mato, vas a conseguir que me metan preso por tu culpa”. Múltiples episodios ocurrieron durante el embarazo de la víctima, cuando ella aún era menor de edad, o en presencia del hijo menor que ambos tuvieron en común.

La resolución da por probadas, asimismo, dos agresiones sexuales con penetración acaecidas en el domicilio familiar en 2019 y cuando ella ya tenia 18 años. En ambas ocasiones, el condenado forzó vaginalmente a la víctima en contra de su voluntad expresa, haciendo caso omiso de sus llantos y negativas. Tras la separación de la pareja a principios de 2020, el acusado prosiguió con el acoso mediante graves amenazas de muerte.

Frente al recurso planteado por la defensa, que alegó indefensión y falta de concreción en las fechas de los episodios denunciados, el TSJA sostiene que la imprecisión en la datación temporal resulta “lógica y comprensible atendiendo al tiempo transcurrido desde su acaecimiento y también por la situación de sometimiento y normalización de la violencia en que se encontraba” la mujer. Además, avala plenamente la credibilidad, contundencia y persistencia de la declaración de la víctima, destacando además las corroboraciones periféricas obtenidas mediante testimonios de testigos y el informe elaborado por la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) del Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Un ejemplo de ello es el análisis de la médica y la psicóloga forenses, que concluyó que la víctima presentaba secuelas emocionales, cognitivas y conductuales directamente compatibles con una situación de violencia de género continuada en el tiempo.

Pese a esto, la Audiencia sí ha absuelto al procesado del delito de conducción temeraria que no ha quedado probado tras un incidente ocurrido en junio de 2020 en El Arenal. Según declaró la joven, aquella noche estaba en este recinto de la ciudad, junto con un amigo, cuando el acusado avanzó a gran velocidad con su vehículo hacia la zona donde estaban ellos antes de frenar bruscamente. Tras analizar el testimonio de un testigo imparcial, el TSJA ha concluido que la maniobra buscaba atemorizar e intimidar a la mujer, conducta que queda ya cubierta en el delito de amenazas, por lo que lo ha absuelto del delito de conducción temeraria.

En consecuencia, el fallo del TSJA ha ratificado el resto de condenas que suman más de 29 años de privación de libertad: 20 años por los dos delitos de agresión sexual, dos años por el de violencia físico y psíquica habitual, nueve meses y un día por cada uno de los ocho delitos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia sobre la mujer, 20 meses por los delitos de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer y un año de cárcel por un delito continuado de amenazas leves.

Asimismo, el procesado deberá abonar a la víctima 60.000 euros en concepto de indemnización, se le ha impuesto una prohibición de comunicación y aproximación a la víctima durante 11 años y otros siete de libertad vigilada.

La Abogacía andaluza, reunida este jueves y viernes en la localidad cordobesa de Lucena, ha reivindicado “la unidad y la cooperación” entre instituciones y profesionales como “los elementos imprescindibles para avanzar en la lucha contra la violencia de género”.

Así se ha puesto de manifiesto durante la inauguración del II Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género, organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), a través de su Subcomisión de Turno de Oficio en materia de Violencia de Género, y con la colaboración del Colegio de Abogados lucentino.

“Frente a la violencia de género no se puede trabajar cada uno por separado: la coordinación salva obstáculos, la formación mejora las respuestas y la unidad multiplica la capacidad de proteger”, ha asegurado el presidente del Cadeca, Federico Fernández, durante la apertura de la cita jurídica, que, según ha añadido, “supone acercar el conocimiento y el debate especializado a nuestro territorio y contribuir a que la lucha contra la violencia de género sea una responsabilidad compartida por toda la sociedad”.

Por su parte, el decano del Colegio anfitrión, Manuel Egea, ha recordado que “la violencia sobre la mujer exige algo más que una declaración de principios; exige preparación, escucha, diligencia y coordinación” al objeto de “garantizar una respuesta rápida, rigurosa y humana”, destacando en su intervención “la enorme responsabilidad ética y profesional” de los cerca de 200 asistentes --presenciales y 'online'-- al evento, entre ponentes, congresistas y autoridades, como la delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo; el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

De hecho, igual que la primera edición celebrada en Huelva en 2022, el congreso se configura como un lugar de encuentro de los profesionales vinculados a la violencia de género, especialmente los letrados andaluces, en el que aprender y actualizar conocimientos, compartir experiencias y herramientas y plantear ideas que contribuyan a ofrecer una mejor respuesta a las víctimas desde una perspectiva práctica y multidisciplinar.

Respaldo a Ceuta

Asimismo, durante el encuentro el presidente del Cadeca ha solicitado a los presentes a dar un sincero aplauso a los compañeros de Ceuta “por los momentos tan difíciles que están pasando y que desde Lucena puedan sentir el cariño y el apoyo de toda la abogacía andaluza”.

En concreto, el programa contempla seis mesas redondas centradas en diferentes aspectos de la violencia sobre la mujer bajo el lema 'Abogacía & Víctima'. La primera ha abordado la asistencia a la víctima de violencia de género de la mano de la psicóloga Lucía Martínez y el capitán de la Comandancia de la Guardia Civil en Lucena, Javier Bote, con moderación del letrado Ramiro Guinea.

Por su parte, la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén, Isabel Moreno, y el letrado Javier Pérez Hinojosa, acompañados por la abogada María Jesús Arcos, se han centrado en los aspectos penales de la violencia sobre la mujer.

La sesión de la tarde ha arrancado con un debate sobre los aspectos civiles con la participación de la letrada especialista en Familia Amalia Moreno y el fiscal Gonzalo Fernández Jorda, con moderación de la abogada Esther Aguilera, seguido de otra mesa redonda, coordinada por la letrada María José Atoche, enfocada en la ejecución penitenciaria con intervenciones de Estela San José, magistrada de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Huelva, Plaza número 3, y Yolanda González Pérez, psicóloga del Centro Penitenciario de Córdoba.

Delitos sexuales y violencia vicaria

Durante la segunda jornada se analizarán los delitos sexuales, de la mano de Ricardo Rodríguez, magistrado de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, plaza número 1, y Ruth García Martín, médico forense, con intervención de Carlos Arias, presidente de la Subcomisión organizadora, como moderador.

Cerrará el programa científico un debate sobre violencia vicaria, con participación del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar y moderación de la letrada Concepción Ortega, vicepresidenta de la citada Subcomisión. El encuentro concluirá con la lectura de conclusiones y el cierre institucional, en el que intervendrá el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González.

Asimismo, junto a las dos jornadas de formación, el II Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género ha incluido este miércoles una reunión de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de Abogacía Española en la que se han evaluado las novedades y retos en esta materia, así como actividades lúdicas para fomentar el compañerismo de los colegiados.

A través de este programa --que cuenta con el patrocinio y colaboración de la Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Lucena, Grupo Subbética, Mancomunidad de Municipios Subbética, Arquia Banca, Kutxabank, Aon, vLex y Sanitas--, el Cadeca pretende reforzar la especialización de los profesionales de la abogacía, pero también expresar el compromiso del colectivo frente a esta lacra social que, por el momento, ha dejado 41 víctimas en España y 12 en Andalucía, situando a la comunidad autónoma a la cabeza de las estadísticas de violencia de género a nivel nacional.

La delincuencia entre la población de 14 a 17 años en 2025 muestra dos realidades contrapuestas y complejas en la provincia de Córdoba. Por un lado, la evolución a largo plazo refleja un importante avance social: el número total de jóvenes condenados con sentencia firme se ha reducido un 31,2% en la última década, en consonancia con la tendencia descendente observada en el conjunto de Andalucía. Sin embargo, la lectura del informe monográfico Justicia Juvenil 2026, publicado por el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIAA), saca a la luz una vertiente preocupante: los delitos de naturaleza sexual han ganado un peso sin precedentes en la justicia juvenil cordobesa.

De acuerdo con el estudio de la institución autonómica, el 5,9% de los adolescentes varones condenados en Córdoba lo fue por haber cometido alguna infracción o agresión sexual. Esta cifra sitúa a la provincia cordobesa en la segunda posición de toda Andalucía -empatada con la provincia de Málaga (5,9%) y únicamente superada por Jaén, donde este tipo de conductas alcanza el 9,6% de las condenas-. La proporción en Córdoba supera con claridad la media registrada en otros territorios andaluces de mayor tamaño, como Sevilla (4,7%), Granada (3,9%) o Cádiz (3,1%). En términos absolutos dentro de la comunidad, Córdoba representó el 10,5% de todas las personas jóvenes condenadas por delitos sexuales en la región, así como el 12% del total de las infracciones penales de esta índole cometidas en Andalucía.

Al poner estos datos con los de 2024, la evolución revela un salto brusco en la provincia. En solo doce meses, la proporción de adolescentes condenados por delitos sexuales en Córdoba se ha duplicado, pasando del 2,9% registrado en 2024 al 5,9% en 2025. Esta acusada subida ha provocado que la provincia escala de forma notable en el mapa autonómico de la violencia sexual juvenil: si en 2024 Córdoba figuraba en el sexto lugar de Andalucía, en el último informe ha pasado a ocupar el segundo puesto. Paralelamente, la representación cordobesa sobre el total de menores condenados por delitos sexuales en la región ha pasado del 5,1% al 10,5%, mientras que las medidas judiciales impuestas por los juzgados cordobeses por esta causa casi se han duplicado, al pasar de suponer el 5,4% al 10,2% del total andaluz.

Deriva autonómica y perfil nacional de las agresiones

La situación observada en los Juzgados de Menores de Córdoba no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una preocupante deriva autonómica y nacional. En el ámbito andaluz, las condenas a menores por delitos sexuales se han incrementado un 120% desde el año 2017, pasando de 52 condenas registradas al inicio de la serie histórica a 114 en el último ejercicio analizado.

A nivel estatal, donde el número de adolescentes condenados por este motivo ascendió a 584, la tipología de estos delitos revela una clara prevalencia de las agresiones sobre menores de 16 años (representando el 58,4% del total de los casos nacionales, de las cuales el 85,7% fueron agresiones sexuales y el 14,3% violaciones). El resto de las infracciones corresponden a agresiones sexuales a mayores de esa edad (29,7%), delitos de prostitución y corrupción de menores (7,7%), exhibicionismo y provocación sexual (4,0%) y acoso sexual (0,1%).

Más allá del dato relativo a las agresiones sexuales, el informe del Observatorio ofrece mucha más información. Durante el último año en Córdoba, un total de 204 menores de edad resultaron condenados en sentencia firme. De ellos, 181 fueron chicos y el resto, chicas. Por tramos de edad, la mayor concentración de condenas se registró entre los jóvenes de 16 años (62 menores, equivalente al 30,4%) y los de 17 años (57 casos). Por su parte, los adolescentes de 15 años sumaron 43 condenas, mientras que a los 14 años —la edad mínima legal de responsabilidad penal en España— se computaron 41 sancionados en la provincia.

A pesar de que el número absoluto de condenados confirma el descenso progresivo respecto a la década anterior, la intensidad de las infracciones en la provincia continúa en niveles comparativamente altos. Con 12,01 infracciones penales por cada 1.000 adolescentes censados, Córdoba se consolida como la tercera provincia de Andalucía con mayor tasa de infracciones juveniles. La ratio cordobesa se ubica solo por detrás de las provincias de Granada (15,45 por cada 1.000) y Cádiz (13,69), superando holgadamente a provincias más pobladas como Málaga (9,68) o Sevilla (5,93).

Un hombre, al que le pesaba una orden de búsqueda, detención y personación relacionada con un presunto delito de violencia de género ocurrido en la provincia de Córdoba, ha sido detenido en una operación conjunta de la Policía Local de Alcaudete (Jaén) y la Guardia Civil.

Según la información proporcionada por la Policía Local, la detención se produjo el pasado sábado, día 12 de septiembre, cuando agentes de ese cuerpo municipal en colaboración con la Guardia Civil procedieron al arresto, tras tener conocimiento de la posible presencia del individuo en el término municipal de Alcaudete.

Tras realizar las correspondientes comprobaciones y localizar al requerido, se procedió a su detención y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Local de Alcaudete ha puesto de manifiesto la importancia de la coordinación y colaboración entre sus agentes y la Guardia Civil, especialmente en actuaciones relacionadas con la protección de las víctimas y la persecución de hechos delictivos.

La violencia machista sigue siendo un problema real en toda la sociedad y más concretamente en Córdoba. Según los datos oficiales del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género -denominado Sistema Viogén- del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso este periódico, la provincia cordobesa contabiliza 2.210 casos activos bajo control policial directo. Es decir, un incremento de 68 casos respecto al mes de julio, cuando se registraban 2.142 expedientes.

Dentro del documento hay distintos niveles de riesgo y ahí se aprecia que el aumento de casos activos afecta de manera generalizada a casi todas las categorías. La franja de riesgo bajo continúa agrupando a la mayor parte de las mujeres en seguimiento, ascendiendo de 1.621 víctimas en julio a 1.662 en agosto -+41 casos-. Por su parte, el riesgo medio también ha experimentado un alza de 16 expedientes en cuatro semanas, pasando de las 490 mujeres contabilizadas en dicho mes a 506 al cierre de agosto.

Aunque lo notable es el incremento en niveles que requiere una protección más estrecha. Los casos evaluados bajo nivel de riesgo alto han subido 11 en apenas un mes. Aun así, de manera positiva también se subraya que en los balances estadísticos del Ministerio del Interior reflejan que, al igual que sucedía en julio, en la provincia de Córdoba no hay registrado ningún caso en nivel de riesgo extremo.

Menores a cargo y los expedientes de 'especial relevancia'

Por otro lado, el informe de agosto también tiene dentro un apartado específico dirigido a la protección del entorno familiar y de los menores dependientes de las víctimas. Al cierre de agosto, el sistema ha contabilizado en Córdoba 1.225 casos activos con menores a cargo de la víctima. De toda esta cantidad, un conjunto de 70 expedientes presenta a menores en situación de riesgo directo, alejándose de los 165 casos en esta situación que se notificaban en julio.

En cuanto a los expedientes calificados de 'especial relevancia' -aquellos en los que la combinación de indicadores advierte de una probabilidad mayor de que el agresos ejerza violencia muy grave o letal-, el balance a 31 de agosto cifra en 445 los casos activos de índole -405 con riesgo medio y 40 con riesgo alto-. Si se atiende a la serie acumulada, Córdoba contabiliza un total de 1.349 ccasos que han requerido esta evaluación, frente a los 1.306 acumulados que se registraban hasta julio.

Además, se han identificado 144 casos supervisados, una fase de seguimiento temporal previo a la inactivación definitiva que se aplica a supuestos de alta complejidad. Además, la provincia registra 13.209 casos inactivos (frente a los 13.153 de julio), expedientes que, aunque no precisan control policial directo, permanecen en el sistema con posibilidad de reactivación inmediata si varían las circunstancias.

La articulación de esta vigilancia preventiva en la provincia recae sobre la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las instituciones locales. Actualmente, 44 ayuntamientos de la provincia de Córdoba tienen a sus Policías Locales completamente integradas en el Sistema VioGén bajo el modo de interacción total, entre los que figura la capital cordobesa.

Vuelve septiembre y con él, la actividad a los juzgados de Córdoba. Como suele ser habitual, la Ciudad de la Justicia cierra durante el mes de agosto, a excepción del juzgado de guardia para atender de forma inmediata y urgente los asuntos penales o denuncias que se formulen. Sin lugar a dudas, el reinicio de la actividad judicial vendrá marcado por el juicio contra cuatro mandos del Ejército de Tierra acusados de las muertes de dos militares en Cerro Muriano durante unas maniobras en diciembre de 2023. Sin embargo, en la capital cordobesa también se sentarán en el banquillo a partir de otoño los acusados de un asesinato en Las Moreras, una red de narcotráfico internacional y dos policías locales, mientras avanzan grandes investigaciones como la tragedia ferroviaria de Adamuz o el crimen machista de Tulia.

Juicio muertes en Cerro Muriano

El juicio por las muertes del soldado sevillano Carlos León y del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez se celebrará en Madrid y no en Sevilla debido al rango de los mandos militares acusados -el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, el comandante Luis Fernando Velasco Quero, y los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido- y a las reglas de competencia de la Justicia Militar. El motivo principal es la condición de aforados de parte de los investigados. Según el Código Penal Militar y la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, cuando los encausados ostentan el grado de jefes (teniente coronel o comandante) o superiores, la instrucción y el enjuiciamiento no corresponden al Tribunal Militar Territorial número 2 (con sede en Sevilla), sino al Tribunal Militar Central, con sede en Madrid.

Por esta razón, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla se inhibió en favor del Juzgado Togado Militar Central de Madrid para que este asumiera la causa. Las sesiones han sido fijadas para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre, y para los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de noviembre, a partir de las 9:30, en horario de mañana y tarde, y, en caso necesario, para todas las sesiones que requiera el desarrollo del procedimiento. El Fiscal Jurídico Militar pide penas de ocho años de prisión para Zúñiga y cinco años de cárcel para Tato, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad al teniente coronel y al comandante. Sin embargo, la acusación particular ejercida por el abogado Luis Romero Santos, en representación de la familia del soldado Carlos León, ha solicitado penas de diez años de prisión para los cuatro oficiales. Además de la privación de libertad, esta acusación reclama la expulsión de la carrera militar, el pago de las costas judiciales y una responsabilidad civil que asciende a una cifra cercana a los 500.000 euros.

En materia de responsabilidad civil, el Fiscal Jurídico Militar exige a ambos capitanes el pago, de forma solidaria, de un total de 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, siendo responsable civil subsidiario el Estado. El juicio contará con la intervención de diez partes con capacidad de interrogatorio, incluyendo tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de una compañía aseguradora; y están citados un centenar de testigos.

Jurado popular por la muerte de un hombre en Las Moreras

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha señalado para octubre la celebración del juicio por jurado contra el acusado de acabar con la vida de su cuñado en Las Moreras. Aunque en un principio se ha previsto una sola sesión, existe la posibilidad de que se amplíen los días de juicio. Los hechos se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según el relato del fiscal, la victima se encontró con su cuñada y su hija, iniciándose una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento con la esposa del acusado (su cuñada). Tras un forcejeo y gritos entre ambos, la situación pareció calmarse momentáneamente cuando la mujer de la víctima intervino para separar a los contendientes y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones, según el relato de los hechos de la Fiscalía. En ese instante, y “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”, sostiene el Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato. Además de la pena de cárcel, solicitan diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y unos 38.000 euros para cada uno de sus hijos, entre otras cantidades para la madre y hermanos del fallecido.

Por el contrario, la defensa ha rechazado la calificación de asesinato y sostiene que se trata de un homicidio. Además, defiende que el acusado confesó los hechos ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al ver que su mujer había sido agredida previamente por la víctima. Asimismo, alegan que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por un “miedo insuperable” y en legítima defensa.

Juicio a la red que introdujo 20 toneladas de hachís ocultas en tomates falsos

También en octubre, esta misma sección juzgará a una veintena de personas que constituían la organización delictiva responsable del alijo de más de 20,5 toneladas de hachís intervenidas entre Córdoba y Málaga, las cuales pretendían enviarse a Francia ocultas en el interior de reproducciones sintéticas de tomates. Hay 19 personas imputadas y la Fiscalía pide más de 150 años prisión para todos así como multas millonarias. Este juicio se celebrará durante los días 6, 7, 8, 9 y el 30 de octubre. El fiscal califica los hechos como constitutivos de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la seguridad vial y atentado contra agentes de la autoridad. Las mayores penas de prisión son para el líder de la red y su pareja, que se enfrentan a 16 años de cárcel cada uno -11 años por el delito de narcotráfico y cinco años por blanqueo de capitales-. Además, se les reclama una multa individual conjunta de 700 millones de euros. Para el resto de imputados, el fiscal solicita penas de prisión de entre cinco y diez años, así como multas de entre 200 y 400 millones de euros.

Juicio a los policías locales que denunciaron falsamente a un joven

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará en noviembre a los dos policías locales que formularon una denuncia falsa contra un joven, a quien arrestaron de forma violenta. El juicio contra estos agentes estaba fechado para el pasado mes de diciembre, pero fue suspendido porque no se citaron ni a testigos de la defensa y ni al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario en caso de que los agentes sean condenados.

El joven pide 12 y cuatro años de prisión para los dos agentes de Policía Local por los delitos de falsedad, detención ilegal y lesiones. Por su parte, el Ministerio Público solo acusa a un agente, para quien solicita cuatro años y medio de cárcel por el delito de falsedad y otro contra la integridad moral, así como una multa por un delito leve de lesiones. Según el escrito de Fiscalía, que coincide en esencia con lo manifestado por la acusación particular, sobre las 20:30 del 30 de marzo de 2023, el acusado fue requerido junto con su compañero para que se trasladasen a una calle de la capital donde un cochero había estacionado el vehículo en un paso de peatones junto a un puesto de caracoles allí ubicado.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que los hechos eran así e informaron al conductor de que el caballo había defecado en la vía pública, por lo que tenía que retirar los excrementos y retirar el coche de caballos. El conductor, según el Ministerio Público, colaboró en todo momento. En un instante, uno de los policías comenzó a fotografiar al cochero mientras recogía las heces, algo que fue recriminado por el joven que posteriormente fue víctima de una denuncia falsa por parte del agente. Esta reprimenda por parte del joven llevó a que el policía le pidiera su documentación, a lo que no accedió por miedo a una multa. Debido a la situación que se generó, el cochero y la pareja del joven intentaron calmar al agente, aunque sin éxito. Dado que el policía se encontraba cada vez más exaltado, la víctima se asustó y salió corriendo, decidiendo entregarse a la altura de una farmacia. Cuando el policía llegó hasta él, y sin ser agredido en ningún momento y pese la actitud pacífica de la víctima, le hizo una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de la farmacia donde la víctima se golpeó en la cara. Por este punto, la acusación particular aprecia, a diferencia del Ministerio Fiscal, detención ilegal.

Acto seguido, el agente le puso los grilletes por la espalda y, sin que hubiera forcejeo por ningún tipo, le practicó una llave al joven y lo derribó al suelo, golpeándose la víctima de nuevo en la cara, donde lo tuvo aprisionado durante dos minutos hasta que se lo llevaron detenido por dos delitos: desobediencia a la autoridad y lesiones. Las cámaras de seguridad de la farmacia que había en el lugar donde ocurrieron los hechos permitieron al juzgado corroborar que el atestado que instruyó la Policía no concordaba con lo que mostraban las imágenes. Por ello, el juez archivó la causa contra el joven y pidió que se abrieran diligencias contra los policías.

Juicio a un pandillero acusado de intentar matar a un joven

Ya a comienzos de 2027, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá en enero el juicio a un joven acusado de intentar matar a otro al confundirlo con un integrante de una banda rival. Los hechos que se juzgarán y por los que la Fiscalía pide nueve años de prisión se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país. Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”. La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Además de la petición de nueve años de prisión, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía solicita que el procesado sea expulsado de España. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

Tragedia ferroviaria de Adamuz

La investigación por el accidente ferroviario de Adamuz también encara la vuelta al curso judicial. La causa, instruida por el Tribunal de Instancia de Montoro, continúa en fase de investigación y mantiene abiertas numerosas diligencias destinadas a determinar qué provocó el descarrilamiento del tren Iryo y el posterior choque contra el Alvia, un siniestro que dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos. El juzgado sigue incorporando documentación y encargando pruebas técnicas antes de poder establecer eventuales responsabilidades.

Uno de los principales focos de la investigación continúa siendo la vía y las circunstancias que provocaron la rotura del carril. La Guardia Civil ha trasladado a la jueza Cristina Pastor Recover una batería de 20 preguntas para que sean respondidas por los peritos judiciales. Los investigadores quieren determinar, entre otras cuestiones, si un defecto geométrico detectado meses antes en el mismo punto pudo favorecer la fractura de la soldadura y si la evolución de las anomalías registradas en las inspecciones de la vía exigía una intervención que finalmente no se produjo. También se analiza el funcionamiento de los sistemas de seguridad y mantenimiento y si alguno de ellos pudo haber detectado con anterioridad la pérdida de continuidad del carril. Los tres peritos independientes designados por el juzgado tienen que analizar y poner en común la documentación procedente de las diferentes investigaciones abiertas -la de la Guardia Civil, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la propia Adif-. Su trabajo se prevé largo y complejo: los técnicos calcularon inicialmente un plazo de unos nueve meses para elaborar su dictamen, con un presupuesto que rondaba los 250.000 euros. El juzgado tuvo que pedirles una nueva propuesta económica al no ser posible la provisión de fondos solicitada inicialmente.

Durante el verano, además, la magistrada autorizó el traslado de distintos fragmentos de la vía a laboratorios especializados para someterlos a las pruebas necesarias. El objetivo es obtener información técnica sobre los materiales y sobre la rotura que permita avanzar en la determinación de las causas del accidente. La propia complejidad de estas pruebas hace prever que sus resultados serán una pieza esencial de la instrucción durante los próximos meses. El juzgado continúa también reclamando documentación a Adif. En julio, la jueza solicitó nuevos expedientes relacionados con las obras de renovación ejecutadas en el tramo donde se produjo el accidente. Al mismo tiempo, autorizó nuevas actuaciones sobre los trenes y una inspección ocular del lugar del siniestro con la presencia de los peritos judiciales, la Fiscalía y la Guardia Civil, con el objetivo de que los especialistas pudieran conocer directamente las características de la vía y del trazado.

Otro de los asuntos que llegó en julio a la mesa de la magistrada fue la petición de los peritos para incorporar a la investigación a un especialista en telecomunicaciones ferroviarias. Los técnicos pretendían estudiar por qué no se advirtió la presencia del Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se producía el descarrilamiento del Iryo o inmediatamente después. La jueza, sin embargo, ha pedido a los peritos que concreten y justifiquen mejor la necesidad de esta intervención antes de decidir sobre ella.

Asesinato de Tulia, la vecina de la Fuensanta que murió a manos de su exmarido

El asesinato de Tulia, ocurrido el 13 de abril de 2026 en la Fuensanta, afrontará la vuelta al curso judicial todavía en fase de instrucción. Su expareja, investigado por el crimen y en prisión provisional, continúa a la espera de que se terminen las diligencias y se formule escrito de acusación. En mayo, el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba condenó al investigado a dos años de prisión por la agresión, las amenazas y los daños cometidos contra Tulia el 11 de abril, dos días antes de su asesinato. También en mayo, la investigación dio un paso especialmente relevante al conocerse que Tulia había llamado a la Policía aproximadamente dos horas antes de ser asesinada porque sospechaba que su expareja se encontraba en el piso superior del mismo bloque, incumpliendo la orden de alejamiento. La llamada se produjo a las 6:48 del 13 de abril. Una patrulla acudió al edificio, llamó a la puerta de la vivienda del hombre y, al no obtener respuesta ni escuchar ruidos en el interior, abandonó el lugar después de dar instrucciones a la víctima. Aproximadamente dos horas después se produjo el asesinato. La existencia de esa llamada quedó recogida en un oficio policial remitido al juzgado.

Ante ello, el juzgado autorizó la geolocalización de los dos teléfonos móviles del investigado a petición de la acusación, representada por el letrado José Rafael Palomino. La medida pretende comprobar su ubicación durante el fin de semana anterior al crimen y, especialmente, el mismo 13 de abril, con el objetivo de determinar si estuvo en el lugar de los hechos y reconstruir sus movimientos. Ya en junio, el juzgado tomó declaración a tres personas dentro de la instrucción: una vecina de Tulia, una empleada del hogar y el hijo de la víctima, Alejandro. La declaración de la vecina se realizó como prueba preconstituida, debido a su avanzada edad. Su testimonio sitúa al presunto agresor bajando por las escaleras y atacando a Tulia con un cuchillo en el pecho cuando ambas se encontraban en el portal del edificio. Según relató, tras la agresión el hombre le indicó que llamara a la Policía.

La declaración del hijo de Tulia incorporó, además, un elemento relevante para reconstruir los momentos inmediatamente anteriores al crimen. Según explicó ante la jueza, su madre le llamó aquel día después de comprobar que su expareja se encontraba dentro de su vivienda, utilizando unas llaves y comprobando que la puerta estaba cerrada desde el interior de una forma que, según el hijo, indicaba que el hombre estaba dentro. Después de esa llamada fue cuando Tulia contactó con la Policía.

La tercera declaración practicada en junio fue la de una empleada del hogar que trabajaba para la vecina que presenció parte de los hechos. Según su testimonio, al llegar al edificio se encontró al acusado en una ventana del rellano, aparentemente en actitud de espera, y observó que ocultaba tras la espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después se encontró con la escena del crimen y buscó refugio en la vivienda de la vecina.

Otros casos en investigación

Otros casos que aún continúan en instrucción son el de la maestra de un colegio público de Córdoba investigada por presuntos malos tratos a 18 menores, suspendida de empleo y sueldo desde su arresto; el de la secretaria judicial que transfirió a sus cuentas personales miles de euros procedentes de depósitos, y el de la agresión homófoba a un hombre, entre otros. Con relación a este último caso, el suceso se produjo en noviembre de 2025 y el letrado de la víctima, Javier Vilaplana, solicitó en junio a la Audiencia Provincial de Córdoba la autorización para la geolocalización de los móviles con el objetivo de identificar a los presuntos autores de la agresión. La Audiencia aún no ha respondido al escrito.

Asimismo, sigue en instrucción el apuñalamiento de un joven a un conductor de Aucorsa. Recientemente, y tras nueve meses en la cárcel, la Audiencia ha decretado la libertad provisional del detenido después de que un informe forense haya constatado que no padece ningún trastorno mental ni presenta afectación permanente en sus capacidades intelectivas o volitivas. De hecho, los peritos lo describen como una persona con un perfil social y personal “globalmente adaptado”, sin antecedentes violentos previos. Según los evaluadores, la agresión respondió a una reacción ante un “estresor emocional intenso” derivado de una situación de duelo reciente tras el fallecimiento de su hermano. El joven está procesado por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, lo que abre la puerta a que el Ministerio Fiscal y las acusaciones puedan solicitar penas de prisión superiores a los nueve años.

También en fase de investigación se encuentra la operación Fenicio-Diávolo 24 relativa a un grupo dedicado al blanqueo de dinero mediante la compraventa de oro y otros metales preciosos. El procedimiento, instruido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, investiga a una presunta red criminal que habría utilizado la compraventa de metales preciosos para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. El pasado mes de abril, el juzgado rechazó trasladar la causa a la Audiencia Nacional, como habían solicitado varias defensas. El juez consideró que Córdoba era el “centro de gravedad” de la organización, tanto por la residencia de la mayoría de los investigados como por la ubicación de las empresas presuntamente utilizadas y por el desarrollo de las principales actuaciones de la investigación.

Esta causa arrancó en abril de 2024 y salió a la luz en junio de 2025, con una operación que dejó 19 detenidos, siete de ellos en prisión provisional inicialmente, además de seis personas investigadas y ocho empresas. Actualmente hay 25 personas y nueve empresas investigadas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la red podía llegar a blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compra de oro y plata de procedencia ilícita y su posterior introducción en el circuito legal. En los registros practicados en junio de 2025 se intervinieron más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro y 15,2 kilos de plata, además de joyas, vehículos, material informático y armas.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha expresado este jueves su “preocupación” por la situación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, “cuyo personal se encuentra desbordado, viéndose obligado a prolongar su jornada laboral prácticamente todos los días, con las consecuencias sobre la salud y la conciliación” que ello conlleva.

Según ha informado el sindicato en una nota, “la plantilla de estos juzgados prolongan a diario su jornada para poder atender a las personas detenidas y sacar adelante unos procedimientos especialmente sensibles. Esta carga se ha incrementado aún más tras la ampliación del partido judicial de Córdoba, que ahora asume también asuntos procedentes de Pozoblanco, Lucena y Cabra”.

Así lo ha asegurado la delegada de CCOO en Justicia, Susana Jiménez, quien ha opinado que “reunir varios partidos judiciales no acerca la Justicia a las víctimas de violencia sobre la mujer. Al contrario, supone un obstáculo añadido en un momento especialmente delicado, el de tomar la decisión de denunciar”.

Por otra parte, “la creación de un nuevo Juzgado de Violencia a principios de año tampoco vino acompañada de una ampliación suficiente de la plantilla. Inicialmente, solo se incorporaron dos tramitadores y, posteriormente, tres tramitadores más y un gestor de refuerzo”, y “la realidad es que esa dotación resulta claramente insuficiente”.

Así, según ha afirmado, “la sobrecarga de trabajo es inasumible y dificulta seriamente la conciliación de la vida laboral y familiar de estos funcionarios, obligados a prolongar su jornada prácticamente todos los días”.

La responsable sindical ha explicado que “en el Juzgado de lo Penal con especialidad en violencia, se está señalando para marzo de 2027 y las audiencias preliminares para septiembre de ese mismo año. Actualmente, el Juzgado de lo Penal con competencia en violencia cuenta hasta final de año con el refuerzo de un juez, circunstancia que está evitando que el retraso sea todavía mayor en unos procedimientos cuya naturaleza exige una especial agilidad”.

La situación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer “no es excepcional” y, cuando “han pasado ya seis meses desde la entrada en funcionamiento de los tribunales de Instancia, al menos en Córdoba, la realidad demuestra que las expectativas creadas no se han traducido en una mejora del servicio público de Justicia”.

Además, “los retrasos en los procedimientos de los juzgados de lo Social continúan siendo inaceptables. En el mejor de los casos, los señalamientos ya alcanzan el año 2029 y una justicia que no es rápida, no es justicia. Pensemos en una persona que ha sido despedida y la empresa no le quiere abonar la indemnización que le corresponde. Esperar dos años a que el juzgado dicte una resolución sobre un derecho reconocido por Ley es injusto y, además, deja los derechos vacíos de contenido por no obtener respuesta en un plazo razonable”.

Jiménez ha señalado que “el malestar entre los funcionarios de Justicia es evidente. La implantación del nuevo modelo ha supuesto para muchos la pérdida de destinos que habían conseguido tras más de 20 años de antigüedad. Han sido destinados a jurisdicciones que, en muchos casos, desconocen, sin un plan de formación que facilite la adaptación y sin ningún incentivo económico que compense ese cambio. Todo ello mientras los funcionarios del resto de comunidades autónomas sí han visto incrementado su complemento específico”.

A esta situación se suma una carga de trabajo que, “en la mayoría de los juzgados de Córdoba, supera ampliamente los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzando en muchos casos más del 200%”, y “tampoco ayuda la falta de personal, agravada por el retraso en la cobertura de bajas por incapacidad temporal y de vacantes, que en ocasiones permanecen sin cubrir durante más de tres meses”.

A todo ello hay que sumar, según ha añadido la sindicalista, que “los funcionarios deben convivir cada día con una herramienta informática que, lejos de facilitar su trabajo, lo dificulta. La aplicación @Adriano ha permanecido durante este año más de 14 días sin poder utilizarse y, cuando funciona, su lentitud a partir de las 12,30 horas hace prácticamente imposible desarrollar con normalidad la tramitación de los procedimientos. Está herramienta informática, sencillamente, no cumple la función para la que se creó y no facilita el trabajo de los funcionarios”.

En el resto de la provincia, los juzgados “trabajan igualmente por encima de las ratios establecidas por el CGPJ y soportan un retraso que ya puede calificarse de endémico. Además, el tiempo que se tarda en cubrir las bajas por incapacidad temporal y las vacantes afecta aún más a estos órganos, al contar con plantillas más reducidas y asumir mayores cargas de trabajo”.

CCOO admite que la creación de un nuevo juzgado de lo Social, uno de Familia, uno Mercantil y dos civiles previstas para el año que viene “contribuirá a mejorar las ratios de trabajo”. También en Lucena se crean dos nuevos juzgados, uno de ellos exclusivo de Violencia sobre la Mujer, con competencia sobre Montilla, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Baena. Por su parte, Córdoba asumirá la competencia en materia de Violencia sobre la Mujer de Montoro, Posadas, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo.

Ahora bien, “la creación de nuevos órganos judiciales solo tendrá efectos reales si viene acompañada de nuevas plazas de funcionarios y del correspondiente refuerzo de la Fiscalía. De lo contrario, será imposible reducir el retraso acumulado y únicamente se conseguirá repartir la misma carga de trabajo entre prácticamente los mismos profesionales”, advierte la representante de CCOO.

Clubes de lectura, talleres de jardinería y fotografía, marionetas, juegos de agua, salidas a la playa y fiestas de disfraces forman parte del medio centenar de actividades dirigidas a los hijos que viven junto a sus madres en los centros de acogida para víctimas de violencia de género y que gestiona la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

En el primer semestre se ha atendido a 1.130 personas, 660 mujeres y 470 menores, lo que supone un ligero incremento del 1,2% con respecto al mismo periodo de 2025. Los centros de emergencias han tenido la mayor ocupación con un total de 746 personas (469 mujeres y 277 menores); las casas de acogida han albergado a 346 víctimas de violencia de género (171 mujeres y 175 hijas e hijos); y los pisos tutelados han estado ocupados por 20 mujeres y 18 menores.

Por provincias se ha acogido en Almería a 111 personas (73 mujeres y 38 menores), en Cádiz a 173 personas (96 mujeres y 77 menores), en Córdoba a 121 mujeres (70 mujeres y 51 menores), en Granada a 184 personas (96 mujeres y 88 menores), en Huelva a 74 personas (47 mujeres y 27 menores), en Jaén a 94 personas (54 mujeres y 40 menores), en Málaga a 144 personas (80 mujeres y 64 menores) y, finalmente, en Sevilla a 229 personas (144 mujeres y 85 menores).

Estas actuaciones, que se vienen desarrollando desde el 22 de junio y se extenderán hasta el 6 de septiembre, tienen como finalidad promover unas vacaciones divertidas y libres de violencia para la población infantil y juvenil acogida. En el primer semestre de 2026 estos recursos han atendido a 660 mujeres y a 470 menores, según los datos facilitados por la Junta en una nota.

Este programa de actividades de ocio tiene especial importancia para los niños y adolescentes acogidos ya que es un espacio diseñado para crear, divertirse, aprender, compartir y conocer su nueva ciudad. Las diferentes propuestas se llevan a cabo por un equipo multidisciplinar en el que se trabaja la educación en valores de igualdad, respeto o empatía y, de esta forma, conseguir por parte de las personas acogidas una “correcta expresión de emociones, resolución de conflictos, respeto a la diversidad, refuerzo de la autoestima y autonomía tras la violencia sufrida”.

Este tipo de actuaciones se ponen en marcha durante los períodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano y se dividen en cuatro grupos: creativas, educativas, deportivas/cooperativas y lúdicas. Las actividades creativas permiten explorar la realidad y aprender a expresarse, en especial a través de talleres de jardinería, fotografía, de manualidades y creación de marionetas, entre otros.

En el bloque educativo se fomenta el aprendizaje y el desarrollo de la expresión de sentimientos con la animación a la lectura como eje central. Hay clubes de lectura, árbol de los buenos deseos, talleres de ciencias o de inglés. Con respecto a las actuaciones deportivas y de cooperación se busca el desarrollo psicomotriz, además de desarrollar actitudes cooperativas, promoviendo la participación real e igualitaria de todas las personas participantes.

En este apartado destacan los juegos acuáticos, el yoga en familia y las gymkanas. Mientras que las iniciativas lúdicas proporcionan ocasiones de diversión a las familias a la vez que fomentan el conocimiento del nuevo lugar de residencia y favorecen la relación entre madres e hijos. Salidas a la playa, juegos de agua, senderismo, fiestas de disfraces y cine de verano son algunas de las actividades previstas.

Los recursos de acogida de Andalucía, que están presentes en todas las provincias, comprenden los centros de emergencia, las casas de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y protección urgente e inmediata las 24 horas al día y los 365 días. A estos centros se acceden a través de los Centros Provinciales de la Mujer y, especialmente, del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un hombre ratificando íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de la capital cordobesa. El tribunal le impone una pena de un año de prisión como autor de un delito de quebrantamiento de condena, además de una multa de 1.440 euros por haberse quitado la pulsera telemática.

Los hechos se enmarcan en la relación sentimental que el acusado y la víctima mantuvieron en el pasado. Con fecha de 23 de febrero de 2025, el Juzgado Mixto número 1 de Posadas dictó un auto en el marco de unas diligencias urgentes por el cual se acordó una orden de protección de carácter cautelar. Dicha resolución prohibía al hombre aproximarse a la mujer a menos de 500 metros de cualquier lugar donde se encontrara o de su domicilio, así como comunicarse con ella por cualquier medio. Para garantizar el cumplimiento, se le impuso el uso de una pulsera de control.

A pesar de esta prohibición judicial que ya estaba vigente, consta en la sentencia que ambos habían retomado brevemente la relación de forma temporal en mayo de 2025. No obstante, dicha relación sentimental terminó de forma definitiva en julio de 2025, momento a partir del cual se produjeron los hechos que han motivado esta sentencia.

Según el fallo, un día en el que aún seguía vigente dicha prohibición, el procesado le escribió en tres ocasiones emplazándole a quedar en la zona del Vial Norte para entregarle sus cosas y para contarle una supuesta mala noticia. La víctima no le contestó a ninguno de los mensajes y se puso inmediatamente en contacto con su agente de custodia Viogen de la Policía Nacional, quien le indicó que permaneciera en su domicilio. Paralelamente, los agentes montaron un dispositivo policial en la zona supuestamente había quedado con el procesado, quien sí acudió a la cita. El acusado acudió a la cita prevista y fue sorprendido y detenido en el lugar, comprobándose además que no portaba el dispositivo telemático reglamentario.

A estos hechos se suma que, días después, el acusado se despojó voluntariamente de la pulsera telemática de control, que no ha podido ser localizado desde entonces. Fue la madre del propio procesado quien se puso en contacto con el Centro Cometa para notificar que su hijo se había quitado el aparato, a pesar de saber perfectamente que estaba apercibido de cometer un delito de quebrantamiento si lo hacía sin una resolución judicial previa que lo autorizara.

En su recurso de apelación, la defensa del hombre alegó un error en la valoración de la prueba y solicitó la aplicación de una atenuante, argumentando que padece una discapacidad intelectual leve y un trastorno mixto que le impedían comprender el alcance real de sus actos y de los mensajes enviados. Sin embargo, la Audiencia ha rechazado estos argumentos recordando que el informe del médico forense determinó que, aunque presenta una diversidad funcional de carácter leve, conservaba intactas sus capacidades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos, comprendiendo perfectamente el alcance de una prohibición judicial.

Además, los magistrados recalcaron que el acusado no es un delincuente primario, ya que contaba con una condena previa por el mismo delito dictada por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Córdoba, por lo que se le ha aplicado correctamente la agravante de reincidencia.

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior registra un total de 2.142 casos activos en la provincia de Córdoba tras cerrar el mes de julio de 2026. Unos números que recalcan que ha habido un descenso en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaban 2.318 casos en situación activa. Es decir, 176 casos menos en apenas 12 meses.

Si se desglosan los datos actuales a los que ha tenido acceso este periódico por niveles de riesgo, la mayoría de los casos activos en Córdoba en la actualidad se sitúan en un nivel de riesgo 'bajo', con 1.621 mujeres bajo esta clasificación. Pese a ello, hay determinados casos que necesitan una especial atención, con el riesgo 'medio' donde hay 490 mujeres, mientras que en el riesgo 'alto' están 31. Aun así, en la provincia no hay registrado ningún caso en el nivel de riesgo 'extremo'.

Al realizar una comparativa entre ambos periodos, pero de distinto año, se observa que, aunque el volumen total de casos activos ha bajado, los perfiles de mayor riesgo han experimentado un ligero repunte. En julio de 2025, había 435 casos de riesgo medio y 20 de riesgo alto, cifras que han subido a 490 y 31 respectivamente en 2026. Esto indica que, a pesar de haber menos casos totales bajo seguimiento policial directo, las situaciones detectadas presentan una complejidad o peligrosidad algo mayor que hace un año.

Más de 13.000 víctimas en Córdoba

En cuanto al volumen total, el sistema VioGén refleja que en la provincia de Córdoba hay registradas 13.291 víctimas a julio de 2026. Esta cifra es superior a las 12.496 víctimas contabilizadas en julio de 2025, lo que demuestra que el sistema sigue incorporando nuevas denuncias y registros. De estas víctimas, 13.153 casos se encuentran actualmente inactivos, lo que significa que, aunque ya no requieren control policial directo, sus expedientes pueden reactivarse en cualquier momento si las circunstancias cambian.

Un aspecto que genera especial preocupación es la incidencia de la violencia en el entorno familiar, particularmente cuando hay menores involucrados. A 31 de julio de 2026, Córdoba registra 165 casos con menores en situación de riesgo, una cifra ligeramente inferior a los 170 casos del mismo periodo en 2025.

Por otro lado, los datos de 'especial relevancia', que identifican casos con una probabilidad significativamente mayor de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal, también han mostrado un leve descenso. En julio de 2026 se han identificado 1.306 casos de esta índole en Córdoba, frente a los 1.338 registrados en julio de 2025. Esta categoría se aplica únicamente a casos valorados con riesgo medio, alto o extremo, donde la combinación de factores de riesgo exige una evaluación adicional experta en el ámbito forense.

La Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha manifestado, en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, su indignación ante el nuevo reparto de carteras en el Gobierno de la Junta de Andalucía. El colectivo ha criticado que el presidente Juanma Moreno haya delegado en su socio de coalición, Vox, competencias directas relacionadas con la gestión de la violencia de género.

La polémica surge tras conocerse que la Consejería asignada a Vox -que integra las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local- asumirá funciones para la protección de las víctimas. Entre estas atribuciones se encuentra la organización de los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia y, de manera específica, la gestión de las unidades de valoración integral de violencia de género a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Desde la Asamblea Feminista han calificado este movimiento como una “burla”, denunciando que se otorgan responsabilidades sobre víctimas de maltrato a un partido que “niega sistemáticamente la realidad de la violencia machista”. El colectivo ha advertido de que la formación de ultraderecha, al cuestionar la necesidad de estos servicios públicos y las políticas de igualdad, ahora dispone de la capacidad legal para suprimir o modificar profundamente estas unidades de valoración, las cuales dependen directamente de decretos autonómicos.

Una “violencia estructural”

El colectivo cordobés ha recordado que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino “estructural y global”. En su nota, han aportado datos para subrayar la gravedad de la situación: desde el año 2003, 1.374 mujeres han sido asesinadas en España, sumando ya 33 víctimas en lo que va de 2026.

Según la Asamblea, la alianza entre la derecha y la ultraderecha supone un retroceso que sitúa a las mujeres de nuevo en el “casillero de salida”, poniendo en riesgo derechos que fueron consolidados tras años de lucha feminista y que ahora quedan en manos de quienes buscan eliminarlos.

Ante este escenario, la Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha anunciado que se mantendrá “vigilante” y que no dudará en movilizarse para defender los avances logrados. “No vamos a dar ni un paso atrás en la lucha por hacer de este mundo un lugar seguro”, concluye el comunicado, reafirmando su compromiso con unos derechos humanos que alcancen a todas las personas.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, y la presidenta de Paradores de Turismo de España, Raquel Sánchez, han participado este martes en el Parador de Córdoba en el acto de colocación de la pegatina que acredita a este establecimiento como Punto Violeta, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Igualdad para fomentar la creación de espacios seguros frente a las violencias machistas.

En el acto, que también ha contado con la presencia de la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, María Teresa Varón, la subdelegada ha destacado “la importancia de que instituciones y empresas se impliquen de forma activa en la prevención de la violencia contra las mujeres”, subrayando que “la colaboración entre administraciones y entidades es fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad libre de violencia machista”.

Por su parte, la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha resaltado que “la implantación de los Puntos Violeta refleja el compromiso de la hotelera pública con la igualdad y la lucha contra la violencia machista”. “Queremos que cualquier mujer que entre en un Parador sepa que va a encontrar apoyo, comprensión y protección”, ha expresado, para apostillar que “como empresa pública, tenemos la responsabilidad de ir más allá de la actividad turística y contribuir a construir una sociedad más igualitaria”.

En este sentido, Sánchez ha enfatizado que “un Punto Violeta no es sólo un distintivo, sino el reflejo del compromiso de personas preparadas para escuchar, orientar y acompañar a quienes puedan necesitarlo”.

Con motivo de esta incorporación, el Parador ha recibido los materiales que integran la iniciativa Punto Violeta. Entre ellos se encuentra la Guía Punto Violeta para actuar frente a la violencia machista, que ofrece información sobre cómo identificar situaciones de violencia, cómo actuar ante ellas y qué recursos existen para las víctimas.

Asimismo, se han facilitado carteles y adhesivos con un código QR que permite acceder directamente a esta guía, con el objetivo de identificar el establecimiento como un espacio seguro donde cualquier persona pueda recibir información y orientación. La iniciativa se completa con distintivos para el personal implicado, reforzando su papel como punto de referencia para acompañar e informar a las mujeres que puedan necesitar ayuda.

Todos los paradores

La incorporación del Parador de Córdoba a esta red supone un nuevo paso en el compromiso compartido entre las administraciones públicas y el sector turístico para promover entornos seguros y reforzar la prevención y sensibilización frente a las violencias machistas.

En Andalucía, los 16 paradores de la comunidad, incluido el de Córdoba, ya han iniciado los trámites necesarios para poner en marcha las correspondientes acciones formativas y avanzar en la implantación del Punto Violeta. Con este avance, Paradores continúa trabajando para que antes de finalizar el año todos sus establecimientos formen parte de esta red de espacios seguros y comprometidos frente a las violencias machistas.

El mapa de la instrucción judicial de casos de violencia de género quedará modificado a partir del próximo 31 de diciembre. Así ha quedado reflejado en el Real Decreto 559/2026 publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado, que confirma que, a partir de esa fecha, la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba capital extenderá su jurisdicción de forma masiva. Esta oficina centralizará a partir de esa fecha todos los casos procedentes de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo, convirtiéndose en el gran eje judicial para el norte y el centro de la provincia.

El objetivo de este movimiento, según detalla la normativa, es encontrar un equilibrio entre la proximidad a la víctima y la necesidad de una respuesta judicial altamente especializada. Al agrupar estos partidos judiciales bajo el paraguas de la capital, se pretende que las víctimas reciban una atención más experta en procedimientos que exigen un tratamiento técnico muy específico. Además, esta medida permitirá liberar de carga de trabajo a los juzgados mixtos de los pueblos (Pozoblanco, Peñarroya, Montoro y Posadas), que hasta ahora debían compaginar los asuntos de violencia machista con sus casos ordinarios civiles y penales.

Para que la capital pueda asumir este incremento de carga de trabajo en el norte, el decreto establece que Córdoba dejará de conocer los asuntos de violencia sobre la mujer de Lucena y Cabra. De esta forma, Lucena se convertirá en el referente en esta materia en el sur de la provincia. La ciudad lucentina estrenará su propia Sección de Violencia sobre la Mujer con jurisdicción extendida a los partidos de Montilla, Baena, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera, aunque en este caso la efectividad plena de la agrupación se ha fijado para el 1 de noviembre de 2027. Esta reorganización es la que el pasado mes de marzo propuso el entonces consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, para una “distribución más eficiente”.

Para evitar cualquier tipo de desprotección durante el cambio de modelo, el BOE establece un estricto régimen transitorio. Los juzgados actuales de los pueblos seguirán conociendo de los casos hasta que las nuevas agrupaciones sean plenamente efectivas. Asimismo, las plazas que ya están tramitando procedimientos conservarán su competencia sobre los mismos hasta que concluyan definitivamente. En el caso concreto de la capital, la sección cordobesa mantendrá el control de todos los procesos de violencia machista procedentes de Lucena y Cabra que ya estén en trámite en la fecha del cambio.

Junto a esto, el Real Decreto establece la creación de un total de 500 nuevas plazas judiciales. Para el caso específico de Córdoba, las nuevas plazas -seis de magistrado y uno de juez- se distribuyen de la siguiente forma según su especialidad y tipo. En la capital, las nuevas plazas son categoría de magistrado. Entre ellas se encuentran las plazas 3 y 5 de la Sección Civil, la 3 de Familia, Infancia y Capacidad; la 6 de lo Social y la plaza 2 de lo Mercantil. En Lucena, el decreto ha creado la plaza 4 de la Sección Civil y de Instrucción, que tiene categoría de juez, y la número 1 de la sección especializada en Violencia sobre la Mujer, que sí tiene la categoría de magistrado.

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha expresado este jueves su “máxima indignación” ante el pacto de gobierno de PP y Vox en la Junta de Andalucía, que invisibiliza “la desigualdad”, mientras Andalucía ya concentra el 30% de los asesinatos machistas en lo que va de año, a la espera de que se confirmen las dos muertes de una madre y una hija en Mijas durante este miércoles.

En una rueda de prensa en la Casa Ciudadana para valorar la situación actual de la lucha contra la violencia de género, la plataforma ha denunciado con dureza la deriva política en Andalucía y ha asegurado que los derechos de las mujeres están siendo utilizados como moneda de cambio, anteponiendo “beneficios políticos” a los derechos humanos de las mujeres. Por ello, la portavoz, Elena Vega, ha calificado el pacto como “puro negacionismo de la violencia machista” dado que el acuerdo supondría un peligro real para la integridad de las víctimas por posibles trasvases, a otros ámbitos, de las partidas que la Junta destina a la lucha contra la violencia de género.

De este modo, la organización ha criticado que el texto de dicho acuerdo omite sistemáticamente la palabra “igualdad” y ha denunciado que “todo lo que hace mención a las mujeres es relacionado con el embarazo y la maternidad. Parece ser que no vamos a tener derecho a nada más”. Además, la portavoz ha alertado del “tono racista” del acuerdo, que deja en una situación de extrema vulnerabilidad a las mujeres migrantes en situación irregular, cuyas vidas quedan “pendientes de un hilo”. Para la plataforma, este retroceso no solo afecta a las mujeres, sino que dibuja una sociedad donde “va a gobernar la ley del más fuerte”, por lo que prometen mantenerse vigilantes ante el ejercicio de las políticas públicas en Andalucía.

A esto se suma, según la asociación, que muchas víctimas siguen desprotegidas por falta de información. La plataforma ha detectado deficiencias graves, señalando que “no puede pasar que siga habiendo mujeres que vayan a denunciar sin conocer que tienen un servicio de asesoramiento y psicología a su disposición”. En este contexto, la labor de la organización se vuelve vital: su servicio de atención psicológica ha atendido a 120 usuarias y el asesoramiento jurídico, a 268 mujeres en el último periodo.

Por último, la plataforma también ha criticado la ampliación de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba capital, que asumirá también los casos de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya. Para la asociación, esta medida “es especialmente grave para las víctimas, ya que muchas de ellas residen en municipios alejados”. En ese sentido, esto provocaría un “obstáculo añadido” que puede ocasionar que las mujeres “no se animen a realizar esa denuncia”. No obstante, pese a este cambio jurisdiccional, las denuncias pueden formularse en los cuarteles de la Guardia Civil de las localidades.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a una pena de cuatro años y dos meses de prisión por diversos delitos de lesiones y amenazas graves contra su expareja y el hijo menor que tienen en común. El fallo muestra un escenario de violencia extrema ocurrido en febrero de 2024, en el que el acusado llegó a amordazar a la mujer y a colocarle una cuerda en el cuello mientras profería amenazas de muerte frente a sus hijos.

Según la sentencia, a la que ha accedido este periódico, la pareja mantenía una relación de seis años y medio en el momento de los hechos, fruto de la cual nacieron dos hijos. Por entonces, estos tenían tres y cinco años. Los hechos que se han considerado probados comenzaron el 4 de febrero de 2024, cuando el acusado propinó dos guantazos a la mujer en su lugar de trabajo tras sospechar que un hombre llamaba a su móvil. Ese mismo día, durante el trayecto de regreso a casa y ante sus hijos, el condenado comenzó a golpearla con un destornillador, causándole heridas en las nalgas y el muslo, y llegó a clavarle una navaja en la ropa, perforando su chaqueta y pantalón.

El episodio más violento se produjo el 22 de febrero, después de que la víctima comunicara su intención firme de romper la relación. Durante el trayecto a la casa a la que vivían, el condenado le iba dando bofetadas y besos mientras le decía textualmente que “la quería ver chorreando sangre como un trofeo de venado”. Ya en la vivienda, la obligó a sentarse en la cocina y le puso un cuchillo de 16 centímetros en el cuello para exigirle ver sus conversaciones de WhatsApp.

Posteriormente, el acusado la ató de muñecas a una silla con una cuerda, le introdujo un trapo en la boca para que no gritara y anunció que se iba a suicidar colgándose de una lámpara o de la barandilla de la escalera para que ella lo presenciara. Al no conseguirlo, le colocó una cuerda alrededor del cuello a la víctima, tiró del nudo y la empujó, provocando que cayera al suelo boca arriba mientras la amenazaba con que “iba a matar a los niños delante de ella”. La víctima logró escapar tras pegarle una patada al cuchillo, zafarse de las cuerdas y refugiarse en casa de un vecino.

A pesar de la brutalidad de los hechos, el tribunal ha absuelto al procesado de los delitos de asesinato en grado de tentativa, trato degradante, detención ilegal y maltrato habitual. A juicio del presidente y las dos magistradas, las agresiones y amenazas “estuvieron encaminadas a causar lesiones y no a terminar con la vida de la víctima”, ya que, además, las heridas sufridas “no son objetivamente suficientes” para causar la muerte .

Respecto al trato degradante por atarla y amordazarla, el tribunal ha aceptado que el acusado inmovilizó a la víctima para evitar que impidiera que este se suicidara. Por tanto, han considerado que “no hubo ánimo de lesionar la dignidad humana de la víctima”. Sobre la retención, han considerado que esta fue “meramente instrumental” para cometer los otros delitos, y sobre el maltrato habitual, el tribunal ha apelado a las versiones contradictorias sobre el clima diario de la pareja.

Agresión a su hijo menor

Además, el hombre ha sido condenado por agredir a uno de los hijos de la pareja. Según la sentencia, en una ocasión, el acusado agredió al menor dándole un fuerte guantazo en la cara. Aunque el acusado lo negó, un tío de la víctima testificó haber presenciado cómo el condenado le “reventó la boca” al niño y le “partió el labio” durante una celebración familiar. Este mismo testigo afirmó haber visto al acusado propinar “patadas en el suelo” al pequeño Ángel Jesús.

En la exploración judicial del niño, este relató que el año anterior su padre le pegó una “hostia” en la cara, aunque matizó que en esa ocasión “no le pasó nada”. También mencionó que su padre le pegaba palizas en la cara a su madre cuando ella no hacía las cosas bien

Con todo, el tribunal lo ha condenado cuatro años de prisión por tres delitos de lesiones de género, cuatro meses por la agresión a su hijo y 18 meses por amenazas graves. Además de la cárcel, se le ha impuesto la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de las víctimas y de comunicarse con ellas durante periodos de hasta dos años . En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima con 540 euros por las lesiones físicas .

Finalmente, la sentencia ha decretado la libertad provisional del procesado, hasta que la sentencia sea firme, al haber cumplido ya en prisión preventiva la mitad de la pena total impuesta.

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba instalará por primera vez un punto violeta y un punto arcoíris durante el transcurso de la Noche Blanca del Flamenco, que se celebra la noche de mañana sábado al domingo. Se trata de un espacio de sensibilización, información y prevención que estará operativo durante la celebración de este evento cultural.

El dispositivo se ubicará en la puerta de Capitulares, junto al Templo Romano, un enclave estratégico por el importante tránsito de personas que se desplazan entre los distintos escenarios y espectáculos programados a lo largo de la noche. El espacio contará con personal municipal especializado y con la colaboración de voluntariado joven de Cruz Roja, previamente formado en violencia de género, violencia sexual y atención a situaciones de vulnerabilidad.

La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marian Aguilar, ha indicado que “su función principal será desarrollar acciones de sensibilización y prevención en consonancia con los mensajes de la campaña municipal Diviértete desde el Respeto, promoviendo una vivencia del ocio y la cultura basada en la convivencia, la igualdad y el respeto a la diversidad”.

Además, ofrecerán información sobre recursos y servicios de atención, y se distribuirá material divulgativo y merchandising con los principales teléfonos de ayuda y atención ante situaciones de violencia machista, agresiones sexuales y delitos de odio. Del mismo modo, el Punto Violeta y Punto Arcoíris estará preparado para activar los protocolos de actuación establecidos en caso de que se produzca alguna incidencia o se requiera acompañamiento e información especializada.

Desde la Delegación de Igualdad “consideramos fundamental incorporar acciones de prevención y sensibilización en los grandes eventos culturales y festivos de la ciudad, generando espacios seguros para todas las personas y reforzando el compromiso municipal frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género”, ha señalado la delegada.

Con esta iniciativa, ha añadido, “el Ayuntamiento de Córdoba continúa ampliando la presencia de recursos preventivos en espacios de ocio y participación ciudadana, consolidando una estrategia municipal que apuesta por la corresponsabilidad social, la sensibilización comunitaria y la promoción de una cultura del respeto en todos los ámbitos de la vida pública”.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, celebrado este jueves, ha respondido a un oficio del Ministerio de Justicia sobre el proyecto de Real Decreto para la creación de 500 nuevas unidades judiciales para 2026. Entre otras cuestiones, en dicha reunión se ha acordado infomar favorablemente la creación de una unidad especializada en el Tribunal de Instancia de Lucena, medida que se integra en un plan de reorganización judicial para optimizar la atención en la provincia de Córdoba.

Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta nueva unidad no solo atenderá a su partido judicial, sino que extenderá su jurisdicción a las zonas de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera. La Junta ve así una muestra de apoyo a la petición que realizó el pasado mes de marzo, cuando tachó de “incoherente” la comarcalización establecida por el Ministerio de Justicia. Actualmente, la Sección de Violencia de Género de la capital está asumiendo los asuntos también de Lucena, Montoro y Posadas.

Ante ello, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública consideró “imprescindible” que Lucena cuente con su propia sección especializada que asuma los asuntos de esta localidad y de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera. Mientras, en la capital se encargarían de los casos de violencia sobre la mujer de Córdoba, Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.

Simultáneamente, el Consejo ha aprobado ha informado favorablemente de la ampliación de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba capital. A partir de la implementación del plan, este órgano asumirá también los casos de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.

Otras cuestiones judiciales

Más allá de los cambios en Córdoba, el CGPJ ha solicitado la creación de seis plazas de magistrado/a para el alto tribunal: dos para la Sala de lo Civil, dos para la de lo Penal y dos para la de lo Social. Además, ha propuesto quue las nuevas plazas entren en funcionamiento de forma escalonada: el 1 de enero, las de los órganos colegiados (Supremo, Audiencia Nacional, TSJ y Audiencias Provinciales), jueces de Adscripción Territorial y plazas de categoría de juez; el 1 de junio, las de los tribunales de Instancia en ciudades sede de TSJ o Audiencias Provinciales; y el 1 de noviembre, el resto de plazas creadas.

Por otro lado, el Poder Judicial ha informado favorablemente de la creación de una nueva plaza judicial en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, ampliando su cobertura al partido judicial de Amurrio.

El Consejo ha subrayado que es “imprescindible” que todas estas nuevas unidades cuenten con los medios materiales, tecnológicos y personales adecuados desde el primer día de su funcionamiento. Finalmente, el Pleno del CGPJ ha recordado la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la formación de los jueces al nuevo modelo de Tribunales de Instancia.

Varias personas han sido sancionadas con multas de 601 euros cada una tras los hechos ocurridos el pasado 13 de abril durante la concentración de repulsa celebrada en la barriada de la Fuensanta (Córdoba) tras el asesinato machista de Tulia, una vecina de 64 años presuntamente asesinada por su expareja.

Según informan Adelante Andalucía y la Asociación de Mujeres Marianne, las sanciones han sido impuestas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, una decisión que ha generado la protesta de estos colectivos, que consideran que se trata de una aplicación desproporcionada de la normativa en una concentración que, salvo por un momento de tensión concreto, reunió pacíficamente a alrededor de un millar de personas para mostrar su rechazo al crimen, acompañar a la familia de la víctima y exigir justicia.

El incidente durante el traslado policial

Aquella tarde, el momento de mayor tensión se produjo cuando un furgón de la Policía Nacional trasladó al presunto autor del asesinato pasando a escasos metros del lugar donde se desarrollaba la concentración, coincidiendo con el desarrollo del acto. En ese contexto se produjeron gritos de indignación y algunos asistentes se acercaron al vehículo policial. Tanto Adelante Andalucía como Marianne reconocen que hubo reacciones de enfado, en un ambiente marcado por el impacto del crimen, aunque rechazan que existiera una obstrucción real al convoy, que es el ilícito penal que se ha sancionado a varias personas, y que la ley entiende como “grave”, en vez de “leve”.

En este sentido, la Asociación de Mujeres Marianne ha denunciado en su comunicado que la actuación policial fue “negligente” por generar una situación de tensión evitable en un momento especialmente sensible. En palabras de la organización: “En el mismo momento en que la hija de Tulia estaba compartiendo su dolor, la Policía Nacional dejaba ver al presunto asesino a escasos metros, dando lugar a la indignación y el desconcierto”.

También critican que el dispositivo policial no actuara para alejarse rápidamente del lugar, sino que se produjera una detención del convoy para identificar a asistentes tras los primeros incidentes. En este sentido, denuncian una actitud “camorrista y bravucona” por parte de los agentes en ese momento. Asimismo, sostienen que “el furgón se detuvo voluntariamente, teniendo vía libre para alejarse del lugar”, por lo que consideran que las sanciones impuestas por supuesta obstrucción no están justificadas.

Por todo ello, la Asociación de Mujeres Marianne reclama la retirada de las multas y una disculpa pública de la Jefatura de la Policía Nacional hacia la familia de la víctima y la ciudadanía cordobesa.

La posición de Adelante Andalucía

Por su parte, Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo a las personas sancionadas y ha exigido también la retirada inmediata de las multas, además de la derogación de la Ley Mordaza. En su comunicado, la formación afirma: “Queremos mostrar nuestro apoyo a las personas sancionadas tras la concentración celebrada el pasado 13 de abril en la Fuensanta”.

Añaden además que la concentración fue una respuesta legítima ante el crimen: “Alrededor de 500 personas se concentraron de manera pacífica para acompañar a la familia de Tulia y exigir justicia”. La organización denuncia que el traslado del detenido “generó una situación de tensión e indignación” por coincidir con un acto de duelo y protesta, y consideran “grave la falta de sensibilidad” en la actuación policial.

Adelante Andalucía sostiene que las sanciones impuestas “representan un nuevo ejemplo de cómo la Ley Mordaza se utiliza para limitar el derecho a la protesta y la libertad de expresión”. En su comunicado también reclaman la retirada de las multas al considerar “injustificado y desproporcionado” que personas que acudían a una concentración contra la violencia machista terminen sancionadas económicamente.

Finalmente, la formación hace un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos sociales para apoyar a las personas afectadas y organizar iniciativas solidarias para afrontar los costes derivados de las sanciones.

Las dos organizaciones coinciden en señalar que este caso reabre el debate sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en contextos de protesta social, especialmente en concentraciones vinculadas a la violencia machistas e insisten en que su uso frecuente en este tipo de situaciones contribuye a limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de reunión.