Varias personas han sido sancionadas con multas de 601 euros cada una tras los hechos ocurridos el pasado 13 de abril durante la concentración de repulsa celebrada en la barriada de la Fuensanta (Córdoba) tras el asesinato machista de Tulia, una vecina de 64 años presuntamente asesinada por su expareja.

Según informan Adelante Andalucía y la Asociación de Mujeres Marianne, las sanciones han sido impuestas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, una decisión que ha generado la protesta de estos colectivos, que consideran que se trata de una aplicación desproporcionada de la normativa en una concentración que, salvo por un momento de tensión concreto, reunió pacíficamente a alrededor de un millar de personas para mostrar su rechazo al crimen, acompañar a la familia de la víctima y exigir justicia.

El incidente durante el traslado policial

Aquella tarde, el momento de mayor tensión se produjo cuando un furgón de la Policía Nacional trasladó al presunto autor del asesinato pasando a escasos metros del lugar donde se desarrollaba la concentración, coincidiendo con el desarrollo del acto. En ese contexto se produjeron gritos de indignación y algunos asistentes se acercaron al vehículo policial. Tanto Adelante Andalucía como Marianne reconocen que hubo reacciones de enfado, en un ambiente marcado por el impacto del crimen, aunque rechazan que existiera una obstrucción real al convoy, que es el ilícito penal que se ha sancionado a varias personas, y que la ley entiende como “grave”, en vez de “leve”.

En este sentido, la Asociación de Mujeres Marianne ha denunciado en su comunicado que la actuación policial fue “negligente” por generar una situación de tensión evitable en un momento especialmente sensible. En palabras de la organización: “En el mismo momento en que la hija de Tulia estaba compartiendo su dolor, la Policía Nacional dejaba ver al presunto asesino a escasos metros, dando lugar a la indignación y el desconcierto”.

También critican que el dispositivo policial no actuara para alejarse rápidamente del lugar, sino que se produjera una detención del convoy para identificar a asistentes tras los primeros incidentes. En este sentido, denuncian una actitud “camorrista y bravucona” por parte de los agentes en ese momento. Asimismo, sostienen que “el furgón se detuvo voluntariamente, teniendo vía libre para alejarse del lugar”, por lo que consideran que las sanciones impuestas por supuesta obstrucción no están justificadas.

Por todo ello, la Asociación de Mujeres Marianne reclama la retirada de las multas y una disculpa pública de la Jefatura de la Policía Nacional hacia la familia de la víctima y la ciudadanía cordobesa.

La posición de Adelante Andalucía

Por su parte, Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo a las personas sancionadas y ha exigido también la retirada inmediata de las multas, además de la derogación de la Ley Mordaza. En su comunicado, la formación afirma: “Queremos mostrar nuestro apoyo a las personas sancionadas tras la concentración celebrada el pasado 13 de abril en la Fuensanta”.

Añaden además que la concentración fue una respuesta legítima ante el crimen: “Alrededor de 500 personas se concentraron de manera pacífica para acompañar a la familia de Tulia y exigir justicia”. La organización denuncia que el traslado del detenido “generó una situación de tensión e indignación” por coincidir con un acto de duelo y protesta, y consideran “grave la falta de sensibilidad” en la actuación policial.

Adelante Andalucía sostiene que las sanciones impuestas “representan un nuevo ejemplo de cómo la Ley Mordaza se utiliza para limitar el derecho a la protesta y la libertad de expresión”. En su comunicado también reclaman la retirada de las multas al considerar “injustificado y desproporcionado” que personas que acudían a una concentración contra la violencia machista terminen sancionadas económicamente.

Finalmente, la formación hace un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos sociales para apoyar a las personas afectadas y organizar iniciativas solidarias para afrontar los costes derivados de las sanciones.

Las dos organizaciones coinciden en señalar que este caso reabre el debate sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en contextos de protesta social, especialmente en concentraciones vinculadas a la violencia machistas e insisten en que su uso frecuente en este tipo de situaciones contribuye a limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de reunión.

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, en el marco de las actuaciones financiadas a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha puesto en marcha la acción formativa 'Actuación Integral de la Policía Local ante la Violencia de Género', dirigida a agentes de la Policía Local con el objetivo de reforzar la capacitación especializada y mejorar la respuesta frente a todas las formas de violencia machista.

Según ha informado el Consistorio, la formación, de carácter presencial y con una duración total de 25 horas, se desarrolla en el Centro de Educación Ambiental en dos ediciones: la primera desde este lunes al 12 de junio, y la segunda del 15 al 19 de junio. Cada edición está estructurada en cinco módulos especializados, impartidos por profesionales de reconocido prestigio del ámbito judicial, policial, académico y psicológico.

El programa aborda de manera integral aspectos fundamentales para la intervención policial, entre ellos el marco legal vigente, la atención a víctimas, la valoración del riesgo, el funcionamiento del sistema VioGén, el Protocolo Cero, la coordinación institucional y las nuevas formas de violencia de género, incluyendo la violencia vicaria, económica y el control digital.

Entre el profesorado participante destacan la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, Beatriz Rey; el catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO) y experto en Igualdad, Octavio Salazar; profesionales especializados en atención psicológica en crisis; así como mandos especializados de la UFAM y de la Unidad de Policía Judicial de la Policía Local de Córdoba.

“Esta iniciativa responde al compromiso municipal con la formación continua de los cuerpos policiales y con el fortalecimiento de una intervención profesional, coordinada y centrada en la protección integral de las víctimas”, ha indicado la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marián Aguilar.

Asimismo, ha añadido que “la acción formativa pretende incorporar la perspectiva de género en la actuación policial diaria, mejorar la detección precoz de situaciones de violencia y prevenir la victimización secundaria mediante herramientas prácticas de intervención y comunicación”.

La coordinación técnica y de contenidos del curso corre a cargo de Rosa María Aguilar Vida, promotora de Igualdad del Ayuntamiento, y de Juan Jesús Alcántara Reifs, subinspector de la Unidad de Policía Judicial de la Policía Local.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha declarado la nulidad parcial de un fallo absolutorio previo, obligando a un magistrado de instancia a redactar una nueva resolución. El tribunal superior considera que la decisión de absolver a un hombre acusado de maltrato incurrió en una valoración de la prueba “irracional” y “extravagante”, dejando en la indefensión a la víctima al ignorar pruebas documentales y testificales determinantes.

Los hechos se remontan a noviembre de 2025, cuando el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba absolvió a un hombre de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. El magistrado de instancia fundamentó su decisión en un argumento que la Audiencia ha calificado ahora de absurdo: como la víctima presentaba una herida de dos milímetros en el lado izquierdo de la nariz y los testigos hablaban de manotazos en el pómulo, no podía existir conexión entre el golpe y la lesión.

Para el juez de instancia, el hecho de que la mujer no mencionara específicamente la “zona nasal” al describir los manotazos era motivo suficiente para dictaminar que “no existe prueba alguna de que fue agredida por su pareja”. Frente a esta sentencia, la víctima recurrió a la Audiencia, que no ha ahorrado críticas hacia el razonamiento del Juzgado de lo Penal. Para el tribunal es “irracional” sostener que un manotazo en el rostro no puede causar una lesión en la nariz, dada la “extrema cercanía” entre ambas zonas en el mismo lado de la cara.

Además, la Audiencia ha subrayado que el juez de instancia incurrió en un “notable déficit motivacional” al omitir por completo pruebas clave que figuraban en la causa, entre ellas, que la víctima ha mantenido siempre la misma versión de la agresión. Asimismo, el juez ha obviado tanto la pericial médico-forense como el parte de lesiones que se expidió apenas unos instantes después de los hechos que corroboraba la versión de la mujer.

A todo esto hay que sumar que, tal y como señala la Audiencia, el magistrado de instancia tampoco valoró las declaraciones de los hijos de la pareja, quienes presenciaron los hechos y comparecieron en el plenario.

Por ello, la Audiencia ha considerado que la valoración fue “absolutamente arbitraria” y que se redactaron unos hechos probados en sentido negativo sin ni siquiera incluir la existencia de las lesiones, a pesar de que el propio juez las mencionaba en sus fundamentos jurídicos. En consecuencia, el tribunal ha ordenado la retroacción de las actuaciones, por lo que el magistrado de lo Penal número 6 deberá ahora redactar una nueva sentencia valorando todas las pruebas.

El juzgado que investiga el asesinato de Tulia, ocurrido el pasado 13 de abril en el barrio cordobés de La Fuensanta, ha cogido declaración esta semana a tres personas, entre ellas, una vecina de la víctima, quien ha dicho que el presunto asesino, F.L.A., bajó hacia la zona del bloque donde se encontraba Tulia y le asestó una puñalada en el pecho.

Según ha podido conocer este periódico, la comparecencia de esta vecina se ha realizado como prueba preconstituida debido a su avanzada edad, unos 80 años. Ante la jueza, esta mujer ha relatado que, el día de los hechos, se encontró con Tulia en el portal y ambas comenzaron a subir. Al llegar a la segunda planta, el presunto asesino -que vivía en la tercera- bajó de manera sorpresiva por las escaleras y le clavó un cuchillo directamente en el pecho. Según su testimonio, la víctima comenzó a sangrar de forma masiva de inmediato. Tras el ataque, el agresor mantuvo una actitud de extrema frialdad, dirigiéndose a la vecina para ordenarle: “Sube, sube y llama a la Policía”, mientras él permanecía en el lugar.

Durante este jueves también ha declarado Alejandro, el hijo de Tulia, quien ha introducido una cuestión muy relevante del día en el que ocurrieron los hechos. Según su declaración, su madre le llamó para decirle que había comprobado que su exmarido estaba en el piso, incumpliendo así la orden de alejamiento que tenía en vigor por la agresión que Tulia sufrió días antes y por la que F.L.A ha sido condenado a dos años de cárcel.

Tulia llegó a esa conclusión usando unas llaves del piso de su exmarido con las que pudo comprobar que la vivienda estaba cerrada por dentro con un solo candado. Esta era la señal inequívoca, según Alejandro, que su padre utilizaba habitualmente para indicar que se encontraba dentro. Tras esta llamada, Tulia llamó a la Policía, que se personó en el lugar. Los agentes llamaron a la puerta del piso del hombre, pero nadie contestó a la puerta ni escucharon ruidos en el interior. Entonces, los policías se retiraron tras darle instrucciones a Tulia sobre los pasos a seguir. Aproximadamente dos horas después de esta visita policial, se consumó el asesinato.

Junto a estas dos declaraciones, la jueza ha escuchado este jueves a la empleada del hogar de esta vecina. Ella ha manifestado que, al llegar al edificio, se encontró con el acusado en una ventana del rellano como en una “actitud de espera”. Al pasar junto a él, observó que ocultaba tras su espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después, la trabajadora se encontró con la escena del crimen y corrió a refugiarse en la casa de la vecina de Tulia.

Geolocalización de los móviles del presunto de asesino el día de los hechos

Previa a estas tres declaraciones, la jueza que investiga el asesinato ordenó el rastreo de los móviles del presunto asesino de Tulia para confirmar su presencia en la escena del crimen. Así, autorizó la geolocalización de sus dos terminales durante el fin de semana previo al crimen y el mismo día del asesinato tras hallar indicios de homicidio y quebrantamiento de condena.

La ejecución de este rastreo ha sido encomendada a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Córdoba. La magistrada a pedido a los agentes que cumplan la orden “a la mayor brevedad posible” dada la naturaleza de la causa y la condición de preso del investigado.

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior contabiliza actualmente 2.145 casos activos en la provincia de Córdoba, según su último informe con datos cerrados a 31 de mayo de este año.

Supone un leve aumento respecto a los 2.138 registrados al cierre del mes anterior, pero son menos casos activos que en los tres primeros meses de 2026, con 2.240 registrados en enero, 2.234 en febrero y 2.169 en marzo.

El último boletín estadístico del Sistema VioGén -publicado por el Ministerio del Interior y consultado por Cordópolis- muestra que, del total de los 2.145 casos activos de violencia de género en la provincia de Córdoba actualmente hay 38 catalogados con riesgo alto por las fuerzas y cuerpos de seguridad; otros 463 se consideran casos de riesgo medio y 1.644 de riesgo bajo, mientras que no figura ninguno con riesgo extremo.

Asimismo, entre los casos activos de violencia de género hay 1.201 donde hay menores a cargo de las víctimas y, específicamente, se considera que hay menores en situación de riesgo en 61 de esos casos: 57 con riesgo medio y cuatro con riesgo alto.

Por edades de las víctimas, el mayor grupo de casos activos se dan con mujeres de entre 31 y 45 años, con 981 casos; le siguen los 542 casos con víctimas con edades comprendidas entre los 46 y los 64 años, y los 531 casos de víctimas con 18 a 30 años. En los extremos se sitúan los 57 casos de mujeres víctimas de violencia con 65 años o más y, entre menores de 18 años se contabilizan 34 casos activos.

Córdoba es la tercera provincia andaluza con más casos activos de violencia de género al cierre del mes de mayo. La estadística del Sistema VioGén contabiliza un total de 27.446 casos en toda Andalucía. La provincia con mayor número es Sevilla (6.240), seguida de Málaga (5.088) y Cádiz (4.431).

Tras ellas se sitúan los 3.208 casos de la provincia de Almería y los 2.838 de Granada. Córdoba suma 2.145 casos activos de violencia de género y, con un número menor se encuentran Jaén (1.984) y Huelva (1.512).

Datos nacionales y por comunidades

En el conjunto de España, el Ministerio del Interior tiene detectados 102.937 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén, de los que 28 están en riesgo extremo, 1.168 en alto, 14.736 en medio y 87.005 en bajo. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que concentra el mayor número de estos casos, con 27.446.

El último boletín estadístico del Sistema VioGén precisa, en cuanto a las edades de las víctimas de los casos activos en España, que 1.312 corresponden a mujeres menores de 18 años; 25.291 a mujeres de 18 a 30; 47.680, a la franja de 31 a 45 años; 26.176, a mujeres de 46 a 64; y 2.478, a mujeres de 65 o más años.

Por comunidades, y por detrás de Andalucía, figuran en número de casos activos de violencia de género la Comunidad Valenciana, con 16.761; la Comunidad de Madrid, con 12.519; Canarias, con 6.444; Galicia, con 6.044; Murcia, con 5.757; Castilla-La Mancha, con 5.578; Castilla y León, con 5.509; Baleares, con 4.144; Extremadura, con 2.880; Aragón, con 2.415; Asturias, con 2.219; Navarra, con 2.167; Cantabria, con 1.591; La Rioja, 897; Ceuta, 319; y Melilla, con 247.

Por otro lado, un total de 1.543 menores en España están en riesgo de sufrir violencia vicaria, según se desprende del mismo boletín estadístico del Sistema VioGén publicado por el Ministerio del Interior.

En concreto, la estadística del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que, a 31 de mayo de este año, hay 53.221 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, con 1.543 en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 141 en alto y 1.398 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores”.

Igualmente, la estadística refleja 12.711 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 28 de ellos en riesgo extremo, 1.109 en alto y 11.574 en medio. En estos “se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Francisco L. O., en prisión provisional por el asesinato de su expareja, Tulia Caballero, en el barrio de la Fuensanta, ha sido condenado a dos años de cárcel por tres delitos cometidos poco antes de que acabase con la vida de la mujer. La jueza titular de la Sección de lo Penal número seis de Córdoba lo considera culpable de un delito de amenazas, otro de maltrato y otro de daños, todos en el ámbito de la violencia de género.

La sentencia, dictada el pasado 28 de mayo, declara probado que el ahora condenado acudió el 11 de abril al domicilio de Tulia Caballero, situado en el Pasaje Virgen de Luna. Según recoge la sentencia en el relato de los hechos probados, tras una primera discusión Francisco L. O. abandonó la vivienda, pero regresó poco después. Aprovechando que conservaba unas llaves del inmueble y que Tulia se encontraba escuchando música, accedió nuevamente al piso portando un martillo. Una vez dentro, golpeó repetidamente el equipo de música de la víctima hasta destrozarlo.

Cuando Tulia trató de impedirlo y de arrebatarle el martillo, ambos iniciaron un forcejeo. La magistrada considera acreditado que el acusado la agarró por el pecho y la empujó violentamente contra una pared antes de abandonar el domicilio. Además, antes de marcharse, la amenazó diciéndole que cuando no estuviera en casa volvería a entrar para destrozar el piso.

La agresión provocó a la víctima una contusión cervical y una crisis de ansiedad. La mujer fue atendida en un centro de salud apenas una hora después de los hechos. Tanto la médica que la examinó como varios agentes de la Policía Nacional que acudieron al domicilio apreciaron un enrojecimiento en el cuello compatible con el relato ofrecido por la víctima.

La jueza otorga especial relevancia a la declaración que Tulia prestó ante la autoridad judicial el mismo día de los hechos. Dos días después, el 13 de abril, la mujer fue asesinada presuntamente por este hombre. No obstante, la magistrada considera plenamente válida aquella declaración, ya que fue practicada con todas las garantías procesales y en presencia de las partes.

La resolución también destaca la existencia de numerosos elementos de corroboración. Entre ellos figuran las declaraciones de los policías que acudieron al domicilio tras una llamada al 091 realizada por la propia víctima, los informes médicos, la valoración pericial de los daños ocasionados en el altavoz y el testimonio de la hermana de Tulia, con quien habló inmediatamente después de la agresión.

Ni rastro de problemas de salud mental en el acusado

Durante el juicio, la defensa trató de sostener que el acusado sufría problemas de salud mental que podrían haber afectado a sus capacidades el día de los hechos. Sin embargo, la magistrada rechaza esta tesis al considerar que no se aportó ningún informe médico o psiquiátrico que acreditara esa circunstancia. Además, recuerda que todos los agentes que intervinieron coincidieron en señalar que Francisco L. O. se mostraba coherente y orientado cuando fue detenido. La sentencia subraya igualmente que nada permite concluir que el incidente respondiera a una alteración psíquica. De hecho, ni fue trasladado a un centro sanitario ni se activó ningún protocolo relacionado con una posible crisis de salud mental.

Por estos hechos, el acusado ha sido condenado a ocho meses de prisión por el delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género, otros ocho meses por el delito de amenazas y una multa por el delito leve de daños. Asimismo, deberá indemnizar a los herederos de Tulia Caballero con 105 euros por los desperfectos ocasionados en el equipo de música.

Esta condena se refiere exclusivamente a los hechos ocurridos el 11 de abril de 2026. El presunto asesinato de Tulia Caballero, ocurrido dos días después en el mismo barrio de la Fuensanta, será enjuiciado en un procedimiento independiente. Por esa causa, Francisco L. O. permanece actualmente en prisión provisional a la espera de la celebración del correspondiente juicio.

Este miércoles, el Juzgado de lo Penal número 6 -especializado en violencia de género- de la Ciudad de la Justicia de Córdoba ha acogido el juicio rápido contra el exmarido de Tulia, F.L.A., que debía haberse celebrado el 13 de abril, el mismo día que presuntamente la asesinó, por delitos de lesiones, amenazas y daños ocurridos dos días antes y por los que la mujer le había denunciado.

En la vista han estado presentes los hijos de Tulia, Álex y Lili Caballero, que con vistas al juicio por el crimen cometido sobre su madre han pedido que la justicia caiga contra el presunto autor y este cumpla la máxima pena. “Está siendo un proceso muy duro. Lo hacemos por mi madre”, han dicho a la salida del juicio, donde Álex ha pedido que al presunto autor “le caiga lo máximo y no salga de la cárcel. Y que esto no se vuelva a repetir. Para que mi madre no haya sido una víctima más ni un caso más (de violencia de género). Mi madre no va a ser un número más”, ha dicho en referencia a la estadística que registra a las víctimas mortales por violencia de género.

Arropados por familiares y amigos que han acompañado a los hijos de Tulia ante el juicio, estos han reclamado “que se haga justicia y nadie pase por algo así”, en palabras de Lili, que ha explicado cómo viven su realidad ahora sin su madre. “Sigo sin asimilar que no está. Cada día espero una llamada suya”.

A la espera de conocer cuándo será el juicio por el crimen de Tulia, los hechos que se enjuiciaban este miércoles eran los presuntos delitos de lesiones, amenazas y daños materiales que denunció la mujer el 11 de abril, dos días antes de que su exmarido presuntamente la matara una hora antes de acudir al juicio rápido por dichos hechos. La defensa del acusado ha pedido la suspensión del juicio, aludiendo a un posible estado de “enajenación mental” del hombre, si bien no se ha hecho hasta el momento un informe médico al respecto. La acusación se ha opuesto a la suspensión y la jueza ha determinado finalmente que el juicio se celebrara.

Así, la acusación y la Fiscalía piden un año de cárcel por el delito de lesiones, otro año de prisión por el delito de amenazas y una multa e indemnización por los daños materiales. La defensa, por su parte, estima que no se produjeron lesiones ni amenazas y solo admite una indemnización de 105 euros por los daños.

Los hechos enjuiciados se refieren al 11 de abril, cuando Tulia denunció que su exmarido había entrado en su vivienda sin su consentimiento y, mientras ella escuchaba música, golpeó el equipo de música con un martillo de grandes dimensiones. La mujer declaró que consiguió quitárselo de encima, aunque el hombre la agarró del pecho, la empujó y la amenazó asegurándole que le quemaría y destrozaría la vivienda. La víctima llamó a la Policía y después acudió a un centro de salud, donde se le emitió un parte médico que adjuntó en su denuncia.

El agresor fue detenido entonces y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado, trasladándolo a la vivienda de un familiar.

Testimonio de los policías y declaración que hizo la víctima

En el juicio celebrado hoy, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar. Quienes sí han prestado testimonio han sido los cinco agentes de la Policía Nacional que actuaron ante estos hechos, cuando Tulia llamó a la Policía, cuando prestó declaración para interponer la denuncia y cuando fue acompañada al centro de salud para certificar en un parte las lesiones. Asimismo, se ha podido ver dicho parte de lesiones y se ha escuchado la declaración que hizo Tulia aquel día sobre los hechos.

La acusación, que representa a la familia de Tulia, ha señalado que las declaraciones de los policías han sido “contundentes” y “los hechos han quedado acreditados”, así como con la declaración de la médica sobre la lesión causada a la mujer “agarrándola del cuello”. Sobre las presuntas amenazas, también se ha señalado cómo denunció que su exmarido dijo “te voy a meter fuego a la casa”.

Por su parte, la defensa del acusado ha esgrimido que no se han acreditado los delitos de lesiones ni las amenazas, admitiendo solo los daños materiales que se provocaron al equipo de música de la mujer aquel día. Sobre su petición de suspensión por un posible estado de enajenación mental del hombre, la defensa espera que se elabore un informe médico al respecto para el juicio sobre el asesinato de Tulia y esgrime que se ha solicitado al haber indicios de tal estado, incluyendo manifestaciones autolíticas y el traslado a otra prisión que ha sufrido por ello, si bien la acusación ve en esto la posible vía para la defensa del acusado en el juicio por el asesinato de su exmujer.

El juicio ha quedado visto para sentencia y se espera que esta se conozca en 15 días.

Tulia llamó a la Policía Nacional apenas dos horas antes de su asesinato el 13 de abril. En esa llamada, trasladó a los agentes sus sospechas de que su exmarido, actualmente en prisión provisional por supuestamente acabar con vida ese mismo día, se encontraba escondido en su piso, ubicado en el mismo bloque donde vivía ella. Así lo ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas a la investigación, por lo que se confirma lo manifestado y defendido por los hijos de la víctima.

Según la documentación a la que ha accedido Cordópolis, Tulia llamó a la Policía a las 6:48 del 13 de abril. Hay que recordar que el detenido habría acabado con la vida de su exmujer apenas dos horas después de esa llamada en la que la víctima trasladó a los agentes que sospechaba que el hombre estaba en su piso, en una planta superior al suyo, porque le había parecido haberlo escuchado. El hombre no podía estar en su vivienda porque tenía una orden de alejamiento por una agresión que Tulia sufrió el 11 de abril.

Sobre las 15:00 de ese día, la mujer llamó a la Policía denunciando que su exmarido había entrado en su casa con un martillo, destrozando un equipo de sonido. El agresor fue detenido y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado. Esta agresión iba a juzgarse el 13 de abril a las 10:00, pero Tulia fue asesinada una hora antes de ir a declarar.

Ahora, un oficio de la Policía Nacional remitido al juzgado ha dejado constancia de que la víctima trasladó a los agentes su miedo al intuir que su exmarido había roto la orden de alejamiento y se encontraba en su piso apenas dos horas antes de, supuestamente, cometer el crimen. Cuando la Policía recibió la llamada, una dotación de agentes acudió al barrio de La Fuensanta y se entrevistó con Tulia. Los agentes llamaron a la puerta del piso en el que vivía el hombre, pero nadie contestó a la puerta ni escucharon ruidos en el interior. Entonces, los policías se retiraron tras darle instrucciones a Tulia sobre los pasos a seguir.

Aproximadamente dos horas después de esta visita, se consumó el asesinato. La agresión previa al crimen se juzgará este miércoles en la Ciudad de la Justicia.

La madrugada del 1 de mayo de 2016, hace ahora justo diez años, cuatro de los integrantes del grupo de amigos autodenominado como 'la manada' cometieron la primera agresión sexual por la que posteriormente fueron condenados. Los hechos no se conocieron hasta que, meses después, se investigó a sus componentes por la violación grupal a una mujer en las fiestas de los Sanfermines de ese mismo año. Pero, antes de eso, 'la manada' ya había dejado a otra víctima de sus delitos en Pozoblanco (Córdoba).

Hace una década, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero acudieron a la feria del municipio cordobés de Torrecampo, cercano a la localidad de Pozoblanco en la que Guerrero estaba destinado como guardia civil. En la feria conocieron a quien después sería su primera víctima, una joven de 21 años de Pozoblanco, a la que ofrecieron llevar en su coche de vuelta a su municipio.

Los integrantes de 'la manada' grabaron en varios vídeos varios de los hechos que cometieron y esa fue la prueba que, cuando la Policía Foral de Navarra analizaba sus teléfonos por la violación de los sanfermines, alertó a los investigadores, que tiraron de los mensajes del grupo de Whatsapp para saber exactamente qué pasó la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 2016 entre Torrecampo y Pozoblanco. 

En los vídeos se veía que aquella noche, de vuelta a Pozoblanco, conducía Antonio Manuel Guerrero y José Ángel Prenda ocupaba el asiento del copiloto. Mientras, los otros dos integrantes del grupo iban en los asientos traseros y dejaron en medio de ellos a la joven, que se encontraba en un estado de profunda inconsciencia, hasta el punto de no recordar lo ocurrido en el trayecto. De hecho, fue con la difusión a los cuatro meses del vídeo grabado por 'la manada', cuando la víctima constató sus sospechas sobre lo que había ocurrido.

Y lo que ocurrió fue que, según se veía en los vídeos que grabó José Ángel Prenda con el acuerdo del resto de su grupo, todos ellos le realizaron tocamientos de carácter sexual a la joven durante el recorrido. Al llegar a Pozoblanco, tres integrantes bajaron del vehículo y pasó a conducirlo Alfonso Jesús Cabezuelo, quien continuó la marcha con la chica unas calles más. Cuando esta se despertó le pidió que le realizara una felación, a lo que esta se negó y, en ese momento, el joven le golpeó en la cara, le dio un puñetazo en el brazo y la empujó para que saliera del coche mientras le gritaba “puta”, como quedó acreditado.

Vídeo como prueba en el juicio

La víctima tuvo conocimiento de esta grabación cuatro meses después, cuando en septiembre de 2016 se hicieron públicos en la investigación de la violación grupal en Pamplona. La joven no recordaba con exactitud los hechos, pero su visualización le confirmó las sospechas de que en el trayecto entre Torrecampo y Pozoblanco había perdido la consciencia. Gracias a esa investigación, los cuatro miembros de 'la manada' acabaron siendo juzgados también por la agresión sexual cometida en Pozoblanco.

El juicio se celebró tres años y medio después de los hechos, en noviembre de 2019, y con toda la contestación social que había provocado la violación en los Sanfermines y el conocimiento de que antes también habían agredido a otra mujer en Pozoblanco. Cuando llegó este segundo juicio, los cuatro jóvenes estaban ya cumpliendo una condena de 15 años de prisión por la violación que, junto a un quinto integrante del grupo, cometieron en Pamplona. Luego, por la agresión cometida sobre la joven de Pozoblanco, les llegó una nueva sentencia el 4 de junio de 2020, condenándolos tanto por un delito de abusos sexuales como también por un delito contra la intimidad de la agredida.

En el juicio celebrado en Córdoba, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero fueron finalmente condenados por abusos sexuales a una pena de 18 meses de prisión y, por un delito contra la intimidad, a penas que iban entre los 16 meses y los tres años.

La pena más grande fue para José Ángel Prenda, condenado a tres años de prisión por un delito contra la intimidad y a 1 año y 6 meses de cárcel por abuso sexual. 'El Prenda' se declaró en el juicio autor de los vídeos que probaron los abusos sexuales y que había enviado por dos grupos de mensajería de Whatsapp, uno de ellos el denominado 'la manada'.

Sin embargo, el juez consideró que el delito contra la intimidad fue cometido por los cuatros integrantes. Alfonso Cabezuelo fue condenado a un año y cuatro meses de cárcel por un delito contra la intimidad y a un año y seis meses por abuso sexual, a lo que se añadió una multa por maltrato debido a las lesiones que ocasionó a la joven. Manuel Guerrero y Jesús Escudero fueron condenados a un año y cuatro meses de cárcel por un delito contra la intimidad, y a un año y seis meses de prisión por abuso sexual.

El recurso de 'la manada' contra esta sentencia fue rechazado por la Audiencia Provincial de Córdoba y llegó hasta el Tribunal Supremo, que confirmaría la condena para los cuatro integrantes del grupo por ambos delitos cometidos contra su víctima en Pozoblanco. Y, a partir de ahí, dicha sentencia ha servido después para sentar jurisprudencia y avalar condenas por hechos similares cometidos en otros casos posteriormente.

El exmarido de Tulia, F.L.A, la asesinó el pasado 13 de abril, 48 horas después de que ella le denunciara por violencia de género. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aseguró entonces que esa era la primera denuncia que constaba, Cordópolis ha podido confirmar que el exmarido de Tulia fue condenado en 2005 por lesiones tanto a ella como a los dos hijos que tenían en común, pero que esos antecedentes penales habían sido cancelados, tal y como contempla el Código Penal. Fuentes de Interior confirman que, una vez cancelados, los antecedentes penales no constan en el sistema Viogén de valoración del riesgo y vigilancia de los casos, por lo que los agentes que valoraron el riesgo de Tulia no contaron con la información judicial precisa. No obstante, según ha podido saber Cordópolis, Tulia comunicó que esa denuncia previa existía. El hombre tenía otros antecedentes por comportamientos violentos. A pesar de todo ello, los agentes declararon el caso de Tulia como de riesgo medio.

Fuentes de Interior subrayan que el sistema VioGén valora el contexto de cada caso y que, para ello, los agentes formulan a las mujeres preguntas específicas para conocer, por ejemplo, si hay episodios previos. Sobre los antecedentes penales, confirman que, una vez cancelados conforme a los plazos que contempla la ley, no aparecen en ningún contexto y, por tanto, tampoco pueden aparecer en VioGén. Sí figuran los antecedentes policiales, aunque también pueden borrarse si la persona lo solicita y el caso terminó sin condena. Entonces, tampoco figurarían en VioGén. Es decir, podría darse el caso de que una mujer señale comportamientos violentos previos de ese agresor con ella, pero que la condena con el relato judicial de hechos o los antecedentes policiales no figuren en el sistema. O que la víctima desconozca otros episodios violentos previos de los que tampoco quede ya registro.

En el caso de Tulia, la mujer comunicó a los agentes de la Policía Nacional que recogieron su denuncia el sábado previo al crimen que, en agosto de 2005, había denunciado a su expareja por malos tratos. Así consta en la información a la que ha tenido acceso este periódico, que también ha podido conocer que el hombre fue condenado en 2005 por lesiones tanto a ella como a los dos hijos que tenían en común, aunque este antecedente penal había sido cancelado de acuerdo a la ley.

El sábado de la denuncia

Ese sábado, el hombre entró en el piso donde vivía la víctima, puesto que tenía llaves, y le reprochó una cuestión relacionada con uno de sus hijos. Según denuncio Tulia, su exmarido le manifestó su voluntad de echarla de la casa, marchándose este a continuación de la vivienda. Poco después, mientras Tulia escuchaba música, sintió un fuerte golpe detrás de ella: su exmarido había entrado en el piso sin su consentimiento y estaba golpeando el equipo de música con un martillo de grandes dimensiones. La mujer consiguió quitárselo de encima, aunque el hombre la agarró del pecho, la empujó y la amenazó asegurándole que le destrozaría la vivienda. La víctima llamó a la Policía y después acudió a un centro de salud, donde se le emitió un parte médico que adjuntó en su denuncia.

El abogado de Tulia y sus hijos ha solicitado al juzgado que se investigue si consta alguna llamada realizada en la noche del domingo 12 al lunes 13 de abril desde el teléfono de la víctima al 091, así como el contenido y la actuación policial derivada de la misma. Con este requerimiento, el letrado busca determinar si existió una intervención policial en el domicilio para comprobar la presencia del investigado, quien vivía en la planta superior del mismo inmueble que su víctima. Hay que recordar que él tenía una orden de alejamiento tras la denuncia del sábado.

Durante la formulación de la misma, Tulia trasladó a la Policía que no era la primera vez que denunciaba a su exmarido y que lo hizo en 2005, antes de su separación. Además, manifestó que, durante el tiempo que llevaban separados, habían tenido discusiones en las que él se ponía agresivo.

Una vez que presentó la denuncia, Tulia -que rechazó recibir asistencia de un abogado- solicitó una orden de protección, para lo cual rellenó la documentación pertinente. En dicho escrito, ella volvió a dejar constancia de que había denunciado a su exmarido anteriormente. Los agentes de la Policía Nacional siguieron los pasos para valorar el riesgo del caso, que finalmente calificaron como medio.

Sí existían antecedentes

Entre esas gestiones está la de analizar los antecedentes policiales del agresor, que son diferentes a los penales. Según ha podido saber este medio, F.L.A. fue detenido en 2005 tras la denuncia por malos tratos el día en que se formuló la denuncia. Por tanto, si sus antecedentes policiales no fueron cancelados -procedimiento que, según fuentes jurídicas, no se suele solicitar-, seguirán apareciendo en su historial. Estas mismas fuentes han rechazado realizar cualquier tipo de declaración sobre si el acusado de asesinar a Tulia tenía otros antecedentes policiales relacionados con violencia de género.

El hombre sí tenía otros antecedentes. En 1998 fue detenido acusado de amenazas, incendio provocado, allanamiento de morada y agresión sexual, aunque se desconoce por el momento si hubo un procedimiento judicial o cuál fue su resultado. En 2016 fue denunciado por una trabajadora de telefonía móvil. Según la denuncia que formuló esta mujer, esta acudió al bloque -donde diez años después ha sido asesinada Tulia- para vender los servicios de la empresa para la que trabajaba. Cuando esta mujer llamó al porterillo de este hombre, le espetó que no quería saber nada de su oferta y que se fuera. Ella ignoró sus comentarios y subió para hablar con un vecino, quien sí había mostrado interés.

Cuando F.L.A. la vio en el rellano, le dijo de nuevo que se fuera y, acto seguido, comenzó a agredirla, empujándola contra la puerta de la propia casa del agresor, golpeándose en la espalda con el tirador de la puerta. En su denuncia, la mujer relató que estuvo 20 minutos retenida tras los cuales pudo llamar a la Policía, que se personó en el lugar. Finalmente, la víctima denunció los hechos en la comisaría, donde se volvió a encontrar con este hombre, quien acabó agrediendo a la pareja de la mujer. Agentes de la Policía tuvieron que intervenir para reducirlo.

El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y médico forense Miguel Lorente señala que respetar el derecho constitucional a cancelar los antecedentes debe ser compatible con que los episodios violentos y decisiones judiciales consten en el sistema para hacer valoraciones del riesgo más adecuadas.

“Una cosa es que se cancelen y no se haga una utilización pública que pueda atentar contra la dignidad de esa persona y otra que se desprecie un factor de riesgo para la mujer como es tener antecedentes de violencia con actuación policial y jurídica. Los derechos del agresor deben ser respetados, pero teniendo en cuenta que la violencia se suele dar en un periodo de continuidad y no se pueden eliminar los factores que actúan sobre el riesgo. Ningún elemento para identificar el riesgo puede ser descartado”, explica Lorente, que cree que toda esta información debe constar, más allá de las preguntas que se hagan a la víctima, precisamente para que conocer el contexto no dependa de la información que ella tenga o decida comunicar.

La denuncia de 2005

Según denunció Tulia el 23 de agosto de 2005, cuando llegó al domicilio familiar vio sangre en un cuarto de baño y le preguntó a su entonces marido si había pasado algo con los niños. Tras esto, el hombre comenzó a insultarla. En un momento dado, los menores -que se encontraban bien- empezaron a pelearse y el padre acabó agrediendo a su hija porque esta había pegado a su hermano. Esto provocó otra pelea entre la pareja durante la cual Tulia fue agredida, recibiendo tres puñetazos en un costado.

Cuando la mujer denunció estos hechos también comunicó que, ni mucho menos, era la primera vez que había sido maltratada. Así, dejó reflejado que, desde que se casaron, venía sufriendo malos tratos físicos y psicológicos y que solo una vez decidió denunciar: cuando fue agredida estando embarazada de su hija. A punto de celebrar el juicio, relató Tulia, retiró la denuncia porque se “encontraba enamorada” de su marido y este le prometió “que no volvería a repetir la agresión”. No obstante, tras este episodio de septiembre de 2005, acordaron estar separados un tiempo.

Esos malos tratos que ella aseguró haber sufrido durante su matrimonio consistían en “puñetazos por todo el cuerpo y cabeza”, siempre en zonas “que él consideraba que no iban a reflejar las agresiones sufridas”. Además, afirmó que tras las agresiones físicas se producían insultos de todo tipo, y que la maltrataba siempre en presencia de los niños. Asimismo, en aquella denuncia manifestó que sus hijos eran víctimas de malos tratos por parte de su padre quien, incluso, les llegaba a decir que su madre era “una puta”.

En 2005, tras la detención de su entonces marido y dos días después de la denuncia, el Juzgado de Instrucción número 7 acordó la libertad provisional para el agresor, a quien impuso una prohibición de comunicación y de alejamiento respecto de su mujer y sus hijos, además de otras medidas civiles. La condena llegó días después y bajo la conformidad del acusado: ocho meses de prisión, dos años y un día de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y dos años de alejamiento respecto de Tulia, a la que debía indemnizar con 150 euros.

La plaza de Hiroshima y Nagasaki se ha convertido este sábado en el escenario del rechazo ciudadano contra la violencia machista. En su cita mensual cada día 25, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha salido a la calle con un mensaje claro: Basta ya. En esta ocasión, el dolor ha sido especialmente profundo tras el asesinato machista el pasado 13 de abril de Tulia, vecina del barrio de la Fuensanta, un suceso que, en palabras de la portavoz de la plataforma, Carmen León Fernández, ha “encogido el corazón” de la ciudad.

En una atención a medios de comunicación, León ha destacado el impacto emocional que supone que la víctima sea alguien cercano. “Siempre que hay un asesinato machista duele, pero cuando encima es de alguien tan cercano y una vecina, pues notas que duele más”, ha expresado, recordando el lema que el movimiento feminista tiene interiorizado: “Si nos tocan a una, nos tocan a todas»”.

A pesar de los avances legislativos y sociales, la portavoz ha sido crítica con la gestión actual de la violencia de género. Por ello, ja denunciado que, aunque se han conseguido logros, “las cosas siguen fallando” debido a que los recursos no son los necesarios. “De boquilla se apuntan todos, pero si no hay recursos, las políticas de igualdad no funcionan”, ha sentenciado la portavoz de la plataforma, instando a que la lucha contra la violencia hacia las mujeres se traduzca en una apuesta real y presupuestaria.

Tras la lectura de un manifiesto, los participantes de esta concentración se han unido manifestación en contra de la guerra que ha partido a las 19:30 desde esta misma plaza.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que absuelve a un varón de 58 años de edad de los delitos de agresión sexual, maltrato, maltrato habitual y amenazas sobre su expareja, que por su parte ha sido absuelta de un delito de maltrato del que estaba acusada supuestamente sobre él.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la procesada y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón mantenía a la fecha de los hechos denunciados una relación sentimental con la acusada, iniciándose dicha relación sobre el 30 de diciembre de 2020 y terminando el día 4 de junio de 2021.

Mientras duró la relación, ella residía, por motivos laborales, en una vivienda de un municipio de la provincia, donde prestaba servicios como cuidadora de una persona de edad avanzada, y él residía en otra vivienda en una barriada periférica de la capital a donde se trasladaba ella los días que descansaba de sus obligaciones laborales.

“No ha resultado acreditado que la acusada le haya dado un puñetazo” al hombre o que “el acusado haya proferido las palabras y frases que constan en los escritos de acusación, ni que la haya maltratado o agredido, ni la haya obligado, con violencia y/o intimidación, a tener relaciones sexuales con él”, exponen los jueces.

Al respecto, detallan que ella “sufrió lesiones que no precisaron objetivamente para su curación tratamiento médico y/o quirúrgico que tardaron en curar cinco días de perjuicio personal básico, sin que le hayan quedado secuelas, no habiendo resultado acreditado que dichas lesiones se las haya causado él”, a la vez que “no han resultado acreditados el resto de hechos por los que se ha ejercido acusación”.

Entretanto, indican que el procesado, según resulta de su hoja histórico penal unida a la causa, resultó ejecutoriamente condenado por sentencia firme, de 9 de enero de 2020, dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba por un delito de amenazas, por unos hechos cometidos el día 6 de enero de 2020, imponiéndole, entre otras, la pena accesoria de prohibición de acercamiento y de comunicación a sus víctimas, la cual quedó definitivamente extinguida el día 1 de mayo de 2021.

El abogado de la familia de Tulia, la mujer asesinada el pasado lunes en el barrio cordobés de la Fuensanta, anuncia que instará que se inicie una investigación para conocer si fallaron los protocolos que debían proteger a la víctima. Según han confirmado a este periódico el letrado José Palomino, elevará esta solicitud a la Administración a petición de los dos hijos, Lili y Alejandro, que tenía la expareja.

El anuncio de esta investigación llega después de que la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, ordenara este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre como presunto autor de la muerte de Tulia. Durante su comparecencia judicial, el investigado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. De forma inicial, se le atribuye un presunto delito de homicidio o asesinato -cuya calificación concreta se determinará durante la fase de instrucción-, así como un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Según consta en la causa, el acusado habría incumplido la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 500 metros de la víctima, una medida que le fue impuesta el pasado sábado.

Aquel día, según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso este periódico, sobre las 15:00, el procesado irrumpió en el piso donde vivía Tulia y discutieron. Después, regresó a la vivienda armado con un martillo de hierro y madera. Con el objetivo de amedrentar a su exmujer, de quien estaba divorciado legalmente desde 2011- el acusado destrozó un altavoz portátil mientras ella escuchaba música. Tras un violento forcejeo en el que Tulia logró quitarle el martillo, el hombre la agarró del pecho y la empujó violentamente contra la pared. Antes de huir, le lanzó la siguiente amenaza: “Cuando no estás en la casa voy a entrar y te voy a destrozar el piso”. Como consecuencia, la víctima sufrió una contusión cervical y una fuerte crisis de ansiedad. Los daños materiales en el equipo de música han sido tasados en 105 euros.

Por estos hechos, que serán juzgados el próximo mes de mayo, la Fiscalía pide para el acusado dos años de prisión por un delito de lesiones y otro de amenazas en el ámbito de la violencia de género. Además, solicita una multa por los daños tras destrozar el equipo de música de Tulia.

Por último, el letrado solicitará que se abra una causa por maltrato habitual, denunciando años de violencia continuada que habrían afectado no solo a Tulia, sino también a los hijos que ambos tenían.

La plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, ha ordenado en la mañana de este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su expareja sentimental, ocurrida el pasado lunes en la capital cordobesa.

La medida ha sido adoptada a petición de la Fiscalía. Durante su comparecencia judicial, el investigado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

De forma inicial, se le atribuye un presunto delito de homicidio o asesinato —cuya calificación concreta se determinará durante la fase de instrucción—, así como un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Según consta en la causa, el acusado habría incumplido la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 500 metros de la víctima, una medida que le fue impuesta el pasado sábado.

Dicha medida cautelar había sido acordada por la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del mismo tribunal, después de que, según la denuncia presentada por la víctima ese mismo día, el detenido accediera a su vivienda armado con un martillo, destrozara su equipo de música y la amenazara tras sujetarla por el pecho.

Por estos hechos previos, el hombre fue detenido y puesto a disposición judicial el sábado, quedando en libertad provisional con la citada orden de alejamiento, que fue la única medida solicitada por las partes en ese momento.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

El hombre de 65 años detenido por el asesinato machista de Tulia el pasado lunes por la mañana en Córdoba permanecerá en dependencias policiales hasta el límite permitido por la ley. Tal y como ha podido confirmar este periódico, la Policía Nacional agotará el plazo legal de detención de 72 horas, ya que está previsto que el arrestado pase a disposición judicial este jueves por la mañana.

El crimen se cometió el lunes antes de las 9:00, cuando el agresor atacó a la víctima en el portal de su bloque utilizando un arma blanca de grandes dimensiones, según estas mismas fuentes. Tras el asesinato, el hombre se atrincheró en su domicilio -ubicado en el mismo edificio que el de la víctima- y ofreció una fuerte resistencia a los agentes, llegando a rociar la entrada con gas de pimienta para dificultar el acceso policial.

Tulia había denunciado a su expareja el sábado anterior después de que este irrumpiera en su casa con un martillo. A pesar de que se dictó una orden de alejamiento de 500 metros, el sistema VioGén calificó el riesgo como “medio” y el agresor no entró en prisión provisional porque ni la Fiscalía de Córdoba ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en la cárcel. El asesinato se produjo apenas una hora antes de que Tulia tuviera que declarar en un juicio rápido por esta denuncia previa.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha instado a revisar la respuesta a nivel nacional que ofrecen las Administraciones públicas para evitar más casos fatales de violencia machista como el ocurrido en el barrio cordobés de la Fuensanta el pasado lunes, cuando una mujer de 64 años fue asesinada por su expareja a las puertas de su casa.

En atención a los medios tras participar en las jornadas '10 años de mediación del Defensor del Pueblo Andaluz' en Sevilla, el consejero ha concretado que “la respuesta a nivel nacional se tiene que revisar”, para analizar “qué resultados están dando los protocolos” y “qué garantías” están ofreciendo las instituciones.

No obstante, Nieto ha matizado que es “muy difícil” ejecutar un protocolo que nos garantice el “cien por cien de acierto” y en el que se asegure que “no va a haber ningún tipo de desenlace fatal en estas situaciones”. En relación, ha indicado que el “riesgo cero es imposible” y que “no podemos ser tan ingenuos” de pensar que se puede garantizar la seguridad total en este tipo de casos.

“No es un problema de fallo en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Justicia o en la Junta de Andalucía”, ha apuntado, mientras que ha señalado que estas situaciones responden a “un fallo sistémico en la sociedad en relación a la violencia sobre la mujer”.

En esta línea, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha considerado que “no podemos pensar que solo fallan las instituciones” cuando se produce un caso de violencia machista como el ocurrido el pasado lunes en la capital cordobesa, al tiempo que ha reconociodo que, entre todos los agentes de la sociedad, debemos “hacer un análisis” para no “ser parte de una sociedad paternalista en la que todos pensamos que falla otro”.

“Hay muchas personas que todavía siguen creyendo que la violencia puede ser la solución a algo”, ha lamentado Nieto que, además, ha precisado que se requiere un “impulso permanente desde el trabajo, la familia o el entorno social de cualquier persona” para que no se produzcan “desenlaces fatales que terminan con la vida de una persona”.

En suma, el consejero ha reconocido que la sociedad “tiene que madurar y tiene que ser capaz de reaccionar ante estas situaciones”, así como ha concretado que las Administraciones públicas “tienen que poner los medios para que esas reacciones tengan atención”.

“Tenemos que concienciar a la ciudadanía para que no se tengan actuaciones de este tipo y para que arriconemos más al violento que trata de agredir a la persona a la que quiere, con la que ha convivido, y que ese tipo de prácticas pasen definitivamente a la historia”, ha declarado.

Bajo este contexto, Nieto ha apostillado que España es “uno de los países que lidera la lucha contra la violencia de género”, instando a todas las instituciones a que, cuando se produzca un caso como el de Córdoba, a “reaccionar reafirmando nuestro compromiso contra este tipo de violencia”.

Con este suceso, Andalucía contabiliza un total de cuatro asesinatos por violencia machista tras confirmar el pasado martes el Ministerio de igualdad el caso de Tulia. Existían antecedentes en VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Tulia tenía que acudir este lunes a la Ciudad de la Justicia de Córdoba para declarar por la denuncia que el pasado sábado interpuso contra su expareja por violencia machista. Iba a ser un juicio rápido, pero Tulia nunca llegó: el hombre la asesinó en el portal de su casa. Tras la denuncia, la mujer había recibido una valoración de riesgo medio y el juzgado decidió no dejar al hombre en prisión, pero sí interponer sobre él como medida cautelar una orden de alejamiento que decidió quebrar. ¿Qué falló para que, a pesar de denunciar y solo una hora antes del juicio, Tulia fuera asesinada?

Colombiana de nacimiento pero cordobesa de adopción, Tulia era muy querida en su barrio. El lunes por la tarde, sus vecinos se congregaron en la plaza de la Juventud, muy cerca del bloque donde la mujer fue asesinada y donde también vivía su agresor. El relato de la familia de Tulia muestra que no se trató de un ataque inesperado, sino de una historia de violencia. Durante la multitudinaria concentración, su hermana aseguró que Tulia vivía “calvario de libro”: el agresor la maltrataba, buscaba su perdón y ejercía un control asfixiante sobre ella, oponiéndose incluso a que la víctima recuperara su independencia a través de un grupo de senderismo.

Según asegura el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, solo consta una denuncia previa al crimen: la que Tulia, que había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer, formuló el pasado sábado. Lo hizo después de un episodio especialmente violento. La mujer, de 64 años, se encontraba en su casa. Vivía en la tercera planta de un edificio y su agresor, de 65 años, en la cuarta. En un momento dado, el hombre irrumpió en el piso de la víctima portando un martillo y destrozó un equipo de música que tenía la mujer. Tras esto, según la denuncia que formuló la víctima, la habría sujetado por el pecho y amenazado con destrozarle toda la casa. Durante la comparecencia por estos hechos, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

La plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, acordó entonces su puesta en libertad provisional, imponiendo como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género. Ni la Fiscalía ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en prisión provisional ni otras medidas cautelares adicionales.

Desde ese momento, Tulia entró en el sistema VioGén y su caso se valoró de riesgo medio, según la valoración policial. Dicha valoración se produce una vez conseguida información de todas las fuentes posibles y de la toma de declaración a la víctima. De acuerdo con dicho riesgo, se establecen un conjunto de medidas policiales de protección a adoptar, que se dividen entre obligatorias y complementarias. Entre las primeras se encuentra el acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo, cuando se considera que puede existir algún tipo de riesgo para la propia víctima.

Acompañar a las víctimas

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha asegurado que agentes de la Policía se ofrecieron a acompañarla a los juzgados, pero que la mujer declinó la ayuda. El exdelegado del Gobierno para la violencia de género Miguel Lorente explica, sin embargo, que la decisión de preservar la seguridad de las mujeres no puede recaer en ellas y reclama valoraciones del riesgo hechas por equipos forenses y no solo por los policiales. “Hay una minimización general de los riesgos, también por parte de las mujeres, y el sistema debe saber eso. Si los protocolos dicen que con cierto nivel de riesgo se exige un acompañamiento, ese acompañamiento debe hacerse, porque estamos hablando de un delito público, existe una obligación de actuar sobre el agresor”, subraya.

De hecho, la valoración de riesgo medio implica otras medidas obligatorias, como la vigilancia ocasional y aleatoria del domicilio o lugar de trabajo de la víctima; la comprobación periódica del cumplimiento por el agresor en las entradas y salidas en los centros escolares de los hijos –si los hubiere–; una entrevista personal con la víctima y el traslado de información a la mujer sobre las recomendaciones que se incluyen dentro del Plan de Seguridad, o la comprobación periódica del cumplimiento de las medidas judiciales de protección. En el caso del asesinato de Tulia, su agresor se saltó la orden apenas 48 horas después y solo una antes del juicio.

“¿Cuál es el objeto de ese acompañamiento policial que establece el protocolo? La seguridad de la víctima, y si la seguridad no se cubre sobre la víctima por las razones que sea, se debe adoptar una medida sobre el agresor: un seguimiento indirecto, saber dónde está el agresor, contactar con él, comprobar que está cumpliendo la orden de alejamiento, sobre todo sabiendo que esa mañana había un juicio”, insiste Miguel Lorente. El forense destaca que las mujeres deben ser informadas adecuadamente de lo que supone el nivel de riesgo que han asignado a su caso, las conductas violentas a las que está asociado, y el significado de las medidas de acompañamiento para que puedan tomar sus decisiones “con toda la información”.

Lorente alerta sobre cómo los estereotipos machistas y el negacionismo influye en la percepción social del riesgo de la violencia machista. Si solo se denuncia el 25% de los caos, prosigue, el hecho de que exista una denuncia debe hacer que el caso se considere grave. Sobre Viogen, el experto señala que muchas preguntas para valorar el riesgo estén dirigidas a la violencia física grave: “Eso es una parte de la violencia, a veces una pequeña parte, porque el agresor quiere fundamentalmente el control, no el daño, y a lo mejor está consiguiendo el control de otra manera”. En el caso de la Tulia, el relato de la familia demuestra que el asesino ejercía ese control insistentemente de distintas maneras.

“Que sirva para cambiar algo”

Ya el lunes, Tulia sacó a pasear a su perro. Era antes de la nueve de la mañana, una hora antes del juicio. De vuelta a casa, su agresor, que ya no podía vivir en el mismo edificio por la orden de protección, la estaba esperando en el portal. El hombre cometió el crimen dentro del bloque y después se atrincheró, armado, en su vivienda. Previamente, llenó la entrada al portal de gas de pimienta, lo que dificultó la entrada de los servicios de emergencia y de la Policía. El agresor pudo ser detenido, no sin antes emplear una gran resistencia.

Tulia es la víctima mortal número 16 de la violencia machista en 2026, pero es mucho más que una cifra en las estadísticas de “terrorismo machista”, como reivindicaba la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres este lunes. Tal y como explicaba su hermana, Tulia era una mujer que llegó a España hace 30 años, doctorada en Derecho Internacional y que acababa de superar un cáncer. Su hermana ha criticado el sistema judicial: “¿Cómo es posible que hace una denuncia y lo dejan libre? ¡La desprotegieron! Él no tenía nada que perder; lo tenía todo perdido. Le faltaba matarla y lo ha conseguido”.

Durante la concentración, la hija de la víctima, Lili, estalló en llanto y rabia al ver cómo en ese mismo momento, coincidiendo con el acto público de repulsa, la Policía Nacional trasladaba al detenido de vuelta a la escena del crimen para la reconstrucción de los hechos. El hijo de Tulia, Alejandro, también criticó el sistema. “Hoy ha sido mi madre. Otro día puede ser otra mujer de todas las que están aquí. La justicia no hace nada para frenar esto, no ayuda a las mujeres maltratadas. Así que, por favor, vamos a apoyar más a las mujeres y que el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo”.

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha asegurado este martes que su espacio político situará “la igualdad como prioridad para frenar la violencia machista”, para lo cual pondrá en marcha, “con recursos, personal y espacios adecuados, los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en toda Andalucía”.

A través de una nota, Rodríguez ha subrayado que las políticas de igualdad “son fundamentales y necesarias para evitar tragedias como la ocurrida en el día de ayer en el barrio de la Fuensanta, en Córdoba, donde una mujer fue asesinada en un acto de violencia machista”.

En este sentido, ha recordado la gravedad de esta “lacra social, que en Andalucía ha dejado ya cuatro mujeres asesinadas en lo que va de 2026, tras los diez casos registrados, tanto en 2024, como en 2025”. Por eso, “frente a quienes niegan esta realidad o no la abordan con la seriedad que merece, Por Andalucía tiene claro que hay que actuar con contundencia, recursos y compromiso político”, ha afirmado.

La candidata ha criticado que el Gobierno andaluz del PP “no se está tomando en serio las políticas de igualdad”, y ha aludido especialmente la situación de los centros de crisis 24 horas. “En las provincias no se han construido los edificios previstos, y los que hay no cuentan con personal suficiente, no funcionan de forma permanente y ni garantizan atención urgente ni continua”, ha asegurado.

Además, ha lamentado que el acceso a atención jurídica en estos centros “está burocratizado hasta el punto de requerir dos derivaciones para que una jurista pueda atender a la víctima, lo que dificulta una respuesta inmediata en situaciones de urgencia”. Rodríguez ha insistido en que “no se puede seguir jugando con la vida de las mujeres”, y ha defendido la necesidad de recuperar la financiación para políticas públicas que “tengan un impacto real y contribuyan a prevenir y erradicar la violencia machista”.

A este respecto, ha alertado del retraso acumulado por el Ejecutivo andaluz en el desarrollo de herramientas clave, pues “desde 2020 el Consejo de Gobierno está redactando el Plan Andaluz para la Erradicación de la Violencia de Género. Seis años para redactar un plan que sigue sin aprobarse, a pesar de que fue un compromiso del propio presidente en su debate de investidura tras la mayoría absoluta”.

También ha recordado que la Ley andaluza contra la violencia de género fue reformada en 2018 “para dotarla de más herramientas y recursos”, pero “ocho años después no se ha desarrollado ni financiado adecuadamente”, y en “estos años de gobierno del PP solo se han abierto cuatro nuevos centros de información a las mujeres en situación de violencia de género”, a la vez que se mantiene “un teléfono de violencia intrafamiliar que invisibiliza la violencia machista”.

Por todo ello, Rodríguez ha defendido que las próximas elecciones del 17 de mayo “son una oportunidad para elegir entre dos modelos, el de quienes apostamos por la igualdad, por garantizar recursos y proteger a las mujeres, o el de quienes niegan o minimizan la violencia machista”.

Finalmente, ha anunciado que, si Por Andalucía cuenta con la confianza de la ciudadanía, “la igualdad será una política transversal y prioritaria en la Junta de Andalucía”, con el objetivo de “concienciar, actuar y poner en marcha todas las medidas necesarias para acabar con esta lacra social que cuesta la vida a mujeres por el mero hecho de serlo”.

La Fuensanta, y parte de Córdoba, se ha unido en la plaza de la Juventud para recordar la figura de Tulia, la mujer de 64 años que ha sido asesinada en la mañana de este lunes presuntamente a manos de su expareja. La concentración, organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, ha contado con la participación de políticos y una multitud de gente que no ha querido perder la ocasión para reivindicar el feminismo como solución a la violencia de género.

Un día marcado en negro en la historia de la Fuensanta. Una multitud de jóvenes, vecinos y colectivos feministas se han concentrado ya bien entrada la tarde de este lunes en la plaza de la Juventud para pedir justicia por Tulia, la mujer de 64 años que ha sido asesinada presuntamente por su expareja. Esta concentración ha sido a escasos metros del lugar de los hechos, en el Pasaje Virgen de la Luna. Un suceso que la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha catalogado como un nuevo caso de “terrorismo machista”. Dicho acto ha contado con la presencia de los familiares más cercanos, incluidos los hijos de Tulia, Lili y Alejandro.

Tulia era una mujer que llegó a España hace 30 años y se doctoró en Derecho Internacional. Vivía un calvario de “libro”, según ha relatado su hermana ante todo el gentío. Además, la víctima acababa de superar un cáncer y estaba tratando de recuperar su independencia a través de un grupo de senderismo, algo que no gustó a su expareja. “Él la maltrataba y después quería que ella lo perdonara, explicó, detallando que, a pesar de las denuncias, el hombre, del mismo barrio de la Fuensanta, fue puesto en libertad poco antes del asesinato.

La emoción del relato de los hijos

Los primeros momentos de tensión se han vivido con el testimonio de su hija Lili. Justo cuando estaba empezando a hablar entre sollozos y lágrimas, la Policía Nacional decidió trasladar al presunto autor de los hechos, que se encontraba en la escena del crimen, lo que provocó que su reacción fuera de rabia. “¡Ha salido a la calle una hora después de haber sido arrestado! No se puede permitir que a una hora de un juicio, coja y la mate”, sentenció Lili. Por su parte, los vecinos increparon con insultos y gritos el traslado de la expareja de Tulia de vuelta a comisaría.

Minutos más tarde, y después de liberar cierta tensión, Alejandro cogió el testigo de su hermana. Con más calma dentro de la dureza de los hechos, este joven tomó la palabra para hacer un llamamiento. “Hoy ha sido mi madre. Otro día puede ser otra mujer de todas las que están aquí. La justicia no hace nada para frenar esto, no ayuda a las mujeres maltratadas. Así que, por favor, vamos a apoyar más a las mujeres y que el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo”.

Una denuncia que “la desprotegió”

Por su parte, la hermana de Tulia ha querido engrandecer su figura, pero también cargó contra el sistema judicial. “¿Cómo es posible que hacen una denuncia y lo dejan libre? ¡La desprotegieron! Él no tenía nada que perder, lo tenía todo perdido. Le faltaba matarla y lo ha conseguido. ¡Te amo, hermana! ¡Te voy a echar de menos! ¡Te amo, Tulia!”.

Asimismo, desde la organización feminista se ha denunciado que Córdoba ha vuelto a vestirse de negro por haber llegado “una vez más tarde”. A pesar de que el caso estaba calificado como de “riesgo medio”, Tulia ha sido asesinada. “Ya son 17 las mujeres y dos criaturas asesinadas en lo que va de año. El machismo mata y la igualdad nos hace grandes”.

Para terminar con la comparecencia, dos vecinas y una amiga de la víctima han tomado la palabra para exigir que todo aquel que vea un acto machista al otro lado de su pared que responda. “Todos somos responsables. Desde nosotros hasta los políticos, pasando por los medios de comunicación y los jueces. Hay que hacer algo para que el asesinato de Tulia sea el último”, concluyeron.