Vuelve septiembre y con él, la actividad a los juzgados de Córdoba. Como suele ser habitual, la Ciudad de la Justicia cierra durante el mes de agosto, a excepción del juzgado de guardia para atender de forma inmediata y urgente los asuntos penales o denuncias que se formulen. Sin lugar a dudas, el reinicio de la actividad judicial vendrá marcado por el juicio contra cuatro mandos del Ejército de Tierra acusados de las muertes de dos militares en Cerro Muriano durante unas maniobras en diciembre de 2023. Sin embargo, en la capital cordobesa también se sentarán en el banquillo a partir de otoño los acusados de un asesinato en Las Moreras, una red de narcotráfico internacional y dos policías locales, mientras avanzan grandes investigaciones como la tragedia ferroviaria de Adamuz o el crimen machista de Tulia.

Juicio muertes en Cerro Muriano

El juicio por las muertes del soldado sevillano Carlos León y del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez se celebrará en Madrid y no en Sevilla debido al rango de los mandos militares acusados -el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, el comandante Luis Fernando Velasco Quero, y los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido- y a las reglas de competencia de la Justicia Militar. El motivo principal es la condición de aforados de parte de los investigados. Según el Código Penal Militar y la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, cuando los encausados ostentan el grado de jefes (teniente coronel o comandante) o superiores, la instrucción y el enjuiciamiento no corresponden al Tribunal Militar Territorial número 2 (con sede en Sevilla), sino al Tribunal Militar Central, con sede en Madrid.

Por esta razón, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla se inhibió en favor del Juzgado Togado Militar Central de Madrid para que este asumiera la causa. Las sesiones han sido fijadas para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre, y para los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de noviembre, a partir de las 9:30, en horario de mañana y tarde, y, en caso necesario, para todas las sesiones que requiera el desarrollo del procedimiento. El Fiscal Jurídico Militar pide penas de ocho años de prisión para Zúñiga y cinco años de cárcel para Tato, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad al teniente coronel y al comandante. Sin embargo, la acusación particular ejercida por el abogado Luis Romero Santos, en representación de la familia del soldado Carlos León, ha solicitado penas de diez años de prisión para los cuatro oficiales. Además de la privación de libertad, esta acusación reclama la expulsión de la carrera militar, el pago de las costas judiciales y una responsabilidad civil que asciende a una cifra cercana a los 500.000 euros.

En materia de responsabilidad civil, el Fiscal Jurídico Militar exige a ambos capitanes el pago, de forma solidaria, de un total de 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, siendo responsable civil subsidiario el Estado. El juicio contará con la intervención de diez partes con capacidad de interrogatorio, incluyendo tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de una compañía aseguradora; y están citados un centenar de testigos.

Jurado popular por la muerte de un hombre en Las Moreras

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha señalado para octubre la celebración del juicio por jurado contra el acusado de acabar con la vida de su cuñado en Las Moreras. Aunque en un principio se ha previsto una sola sesión, existe la posibilidad de que se amplíen los días de juicio. Los hechos se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según el relato del fiscal, la victima se encontró con su cuñada y su hija, iniciándose una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento con la esposa del acusado (su cuñada). Tras un forcejeo y gritos entre ambos, la situación pareció calmarse momentáneamente cuando la mujer de la víctima intervino para separar a los contendientes y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones, según el relato de los hechos de la Fiscalía. En ese instante, y “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”, sostiene el Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato. Además de la pena de cárcel, solicitan diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y unos 38.000 euros para cada uno de sus hijos, entre otras cantidades para la madre y hermanos del fallecido.

Por el contrario, la defensa ha rechazado la calificación de asesinato y sostiene que se trata de un homicidio. Además, defiende que el acusado confesó los hechos ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al ver que su mujer había sido agredida previamente por la víctima. Asimismo, alegan que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por un “miedo insuperable” y en legítima defensa.

Juicio a la red que introdujo 20 toneladas de hachís ocultas en tomates falsos

También en octubre, esta misma sección juzgará a una veintena de personas que constituían la organización delictiva responsable del alijo de más de 20,5 toneladas de hachís intervenidas entre Córdoba y Málaga, las cuales pretendían enviarse a Francia ocultas en el interior de reproducciones sintéticas de tomates. Hay 19 personas imputadas y la Fiscalía pide más de 150 años prisión para todos así como multas millonarias. Este juicio se celebrará durante los días 6, 7, 8, 9 y el 30 de octubre. El fiscal califica los hechos como constitutivos de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la seguridad vial y atentado contra agentes de la autoridad. Las mayores penas de prisión son para el líder de la red y su pareja, que se enfrentan a 16 años de cárcel cada uno -11 años por el delito de narcotráfico y cinco años por blanqueo de capitales-. Además, se les reclama una multa individual conjunta de 700 millones de euros. Para el resto de imputados, el fiscal solicita penas de prisión de entre cinco y diez años, así como multas de entre 200 y 400 millones de euros.

Juicio a los policías locales que denunciaron falsamente a un joven

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará en noviembre a los dos policías locales que formularon una denuncia falsa contra un joven, a quien arrestaron de forma violenta. El juicio contra estos agentes estaba fechado para el pasado mes de diciembre, pero fue suspendido porque no se citaron ni a testigos de la defensa y ni al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario en caso de que los agentes sean condenados.

El joven pide 12 y cuatro años de prisión para los dos agentes de Policía Local por los delitos de falsedad, detención ilegal y lesiones. Por su parte, el Ministerio Público solo acusa a un agente, para quien solicita cuatro años y medio de cárcel por el delito de falsedad y otro contra la integridad moral, así como una multa por un delito leve de lesiones. Según el escrito de Fiscalía, que coincide en esencia con lo manifestado por la acusación particular, sobre las 20:30 del 30 de marzo de 2023, el acusado fue requerido junto con su compañero para que se trasladasen a una calle de la capital donde un cochero había estacionado el vehículo en un paso de peatones junto a un puesto de caracoles allí ubicado.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que los hechos eran así e informaron al conductor de que el caballo había defecado en la vía pública, por lo que tenía que retirar los excrementos y retirar el coche de caballos. El conductor, según el Ministerio Público, colaboró en todo momento. En un instante, uno de los policías comenzó a fotografiar al cochero mientras recogía las heces, algo que fue recriminado por el joven que posteriormente fue víctima de una denuncia falsa por parte del agente. Esta reprimenda por parte del joven llevó a que el policía le pidiera su documentación, a lo que no accedió por miedo a una multa. Debido a la situación que se generó, el cochero y la pareja del joven intentaron calmar al agente, aunque sin éxito. Dado que el policía se encontraba cada vez más exaltado, la víctima se asustó y salió corriendo, decidiendo entregarse a la altura de una farmacia. Cuando el policía llegó hasta él, y sin ser agredido en ningún momento y pese la actitud pacífica de la víctima, le hizo una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de la farmacia donde la víctima se golpeó en la cara. Por este punto, la acusación particular aprecia, a diferencia del Ministerio Fiscal, detención ilegal.

Acto seguido, el agente le puso los grilletes por la espalda y, sin que hubiera forcejeo por ningún tipo, le practicó una llave al joven y lo derribó al suelo, golpeándose la víctima de nuevo en la cara, donde lo tuvo aprisionado durante dos minutos hasta que se lo llevaron detenido por dos delitos: desobediencia a la autoridad y lesiones. Las cámaras de seguridad de la farmacia que había en el lugar donde ocurrieron los hechos permitieron al juzgado corroborar que el atestado que instruyó la Policía no concordaba con lo que mostraban las imágenes. Por ello, el juez archivó la causa contra el joven y pidió que se abrieran diligencias contra los policías.

Juicio a un pandillero acusado de intentar matar a un joven

Ya a comienzos de 2027, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá en enero el juicio a un joven acusado de intentar matar a otro al confundirlo con un integrante de una banda rival. Los hechos que se juzgarán y por los que la Fiscalía pide nueve años de prisión se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país. Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”. La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Además de la petición de nueve años de prisión, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía solicita que el procesado sea expulsado de España. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

Tragedia ferroviaria de Adamuz

La investigación por el accidente ferroviario de Adamuz también encara la vuelta al curso judicial. La causa, instruida por el Tribunal de Instancia de Montoro, continúa en fase de investigación y mantiene abiertas numerosas diligencias destinadas a determinar qué provocó el descarrilamiento del tren Iryo y el posterior choque contra el Alvia, un siniestro que dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos. El juzgado sigue incorporando documentación y encargando pruebas técnicas antes de poder establecer eventuales responsabilidades.

Uno de los principales focos de la investigación continúa siendo la vía y las circunstancias que provocaron la rotura del carril. La Guardia Civil ha trasladado a la jueza Cristina Pastor Recover una batería de 20 preguntas para que sean respondidas por los peritos judiciales. Los investigadores quieren determinar, entre otras cuestiones, si un defecto geométrico detectado meses antes en el mismo punto pudo favorecer la fractura de la soldadura y si la evolución de las anomalías registradas en las inspecciones de la vía exigía una intervención que finalmente no se produjo. También se analiza el funcionamiento de los sistemas de seguridad y mantenimiento y si alguno de ellos pudo haber detectado con anterioridad la pérdida de continuidad del carril. Los tres peritos independientes designados por el juzgado tienen que analizar y poner en común la documentación procedente de las diferentes investigaciones abiertas -la de la Guardia Civil, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la propia Adif-. Su trabajo se prevé largo y complejo: los técnicos calcularon inicialmente un plazo de unos nueve meses para elaborar su dictamen, con un presupuesto que rondaba los 250.000 euros. El juzgado tuvo que pedirles una nueva propuesta económica al no ser posible la provisión de fondos solicitada inicialmente.

Durante el verano, además, la magistrada autorizó el traslado de distintos fragmentos de la vía a laboratorios especializados para someterlos a las pruebas necesarias. El objetivo es obtener información técnica sobre los materiales y sobre la rotura que permita avanzar en la determinación de las causas del accidente. La propia complejidad de estas pruebas hace prever que sus resultados serán una pieza esencial de la instrucción durante los próximos meses. El juzgado continúa también reclamando documentación a Adif. En julio, la jueza solicitó nuevos expedientes relacionados con las obras de renovación ejecutadas en el tramo donde se produjo el accidente. Al mismo tiempo, autorizó nuevas actuaciones sobre los trenes y una inspección ocular del lugar del siniestro con la presencia de los peritos judiciales, la Fiscalía y la Guardia Civil, con el objetivo de que los especialistas pudieran conocer directamente las características de la vía y del trazado.

Otro de los asuntos que llegó en julio a la mesa de la magistrada fue la petición de los peritos para incorporar a la investigación a un especialista en telecomunicaciones ferroviarias. Los técnicos pretendían estudiar por qué no se advirtió la presencia del Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se producía el descarrilamiento del Iryo o inmediatamente después. La jueza, sin embargo, ha pedido a los peritos que concreten y justifiquen mejor la necesidad de esta intervención antes de decidir sobre ella.

Asesinato de Tulia, la vecina de la Fuensanta que murió a manos de su exmarido

El asesinato de Tulia, ocurrido el 13 de abril de 2026 en la Fuensanta, afrontará la vuelta al curso judicial todavía en fase de instrucción. Su expareja, investigado por el crimen y en prisión provisional, continúa a la espera de que se terminen las diligencias y se formule escrito de acusación. En mayo, el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba condenó al investigado a dos años de prisión por la agresión, las amenazas y los daños cometidos contra Tulia el 11 de abril, dos días antes de su asesinato. También en mayo, la investigación dio un paso especialmente relevante al conocerse que Tulia había llamado a la Policía aproximadamente dos horas antes de ser asesinada porque sospechaba que su expareja se encontraba en el piso superior del mismo bloque, incumpliendo la orden de alejamiento. La llamada se produjo a las 6:48 del 13 de abril. Una patrulla acudió al edificio, llamó a la puerta de la vivienda del hombre y, al no obtener respuesta ni escuchar ruidos en el interior, abandonó el lugar después de dar instrucciones a la víctima. Aproximadamente dos horas después se produjo el asesinato. La existencia de esa llamada quedó recogida en un oficio policial remitido al juzgado.

Ante ello, el juzgado autorizó la geolocalización de los dos teléfonos móviles del investigado a petición de la acusación, representada por el letrado José Rafael Palomino. La medida pretende comprobar su ubicación durante el fin de semana anterior al crimen y, especialmente, el mismo 13 de abril, con el objetivo de determinar si estuvo en el lugar de los hechos y reconstruir sus movimientos. Ya en junio, el juzgado tomó declaración a tres personas dentro de la instrucción: una vecina de Tulia, una empleada del hogar y el hijo de la víctima, Alejandro. La declaración de la vecina se realizó como prueba preconstituida, debido a su avanzada edad. Su testimonio sitúa al presunto agresor bajando por las escaleras y atacando a Tulia con un cuchillo en el pecho cuando ambas se encontraban en el portal del edificio. Según relató, tras la agresión el hombre le indicó que llamara a la Policía.

La declaración del hijo de Tulia incorporó, además, un elemento relevante para reconstruir los momentos inmediatamente anteriores al crimen. Según explicó ante la jueza, su madre le llamó aquel día después de comprobar que su expareja se encontraba dentro de su vivienda, utilizando unas llaves y comprobando que la puerta estaba cerrada desde el interior de una forma que, según el hijo, indicaba que el hombre estaba dentro. Después de esa llamada fue cuando Tulia contactó con la Policía.

La tercera declaración practicada en junio fue la de una empleada del hogar que trabajaba para la vecina que presenció parte de los hechos. Según su testimonio, al llegar al edificio se encontró al acusado en una ventana del rellano, aparentemente en actitud de espera, y observó que ocultaba tras la espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después se encontró con la escena del crimen y buscó refugio en la vivienda de la vecina.

Otros casos en investigación

Otros casos que aún continúan en instrucción son el de la maestra de un colegio público de Córdoba investigada por presuntos malos tratos a 18 menores, suspendida de empleo y sueldo desde su arresto; el de la secretaria judicial que transfirió a sus cuentas personales miles de euros procedentes de depósitos, y el de la agresión homófoba a un hombre, entre otros. Con relación a este último caso, el suceso se produjo en noviembre de 2025 y el letrado de la víctima, Javier Vilaplana, solicitó en junio a la Audiencia Provincial de Córdoba la autorización para la geolocalización de los móviles con el objetivo de identificar a los presuntos autores de la agresión. La Audiencia aún no ha respondido al escrito.

Asimismo, sigue en instrucción el apuñalamiento de un joven a un conductor de Aucorsa. Recientemente, y tras nueve meses en la cárcel, la Audiencia ha decretado la libertad provisional del detenido después de que un informe forense haya constatado que no padece ningún trastorno mental ni presenta afectación permanente en sus capacidades intelectivas o volitivas. De hecho, los peritos lo describen como una persona con un perfil social y personal “globalmente adaptado”, sin antecedentes violentos previos. Según los evaluadores, la agresión respondió a una reacción ante un “estresor emocional intenso” derivado de una situación de duelo reciente tras el fallecimiento de su hermano. El joven está procesado por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, lo que abre la puerta a que el Ministerio Fiscal y las acusaciones puedan solicitar penas de prisión superiores a los nueve años.

También en fase de investigación se encuentra la operación Fenicio-Diávolo 24 relativa a un grupo dedicado al blanqueo de dinero mediante la compraventa de oro y otros metales preciosos. El procedimiento, instruido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, investiga a una presunta red criminal que habría utilizado la compraventa de metales preciosos para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. El pasado mes de abril, el juzgado rechazó trasladar la causa a la Audiencia Nacional, como habían solicitado varias defensas. El juez consideró que Córdoba era el “centro de gravedad” de la organización, tanto por la residencia de la mayoría de los investigados como por la ubicación de las empresas presuntamente utilizadas y por el desarrollo de las principales actuaciones de la investigación.

Esta causa arrancó en abril de 2024 y salió a la luz en junio de 2025, con una operación que dejó 19 detenidos, siete de ellos en prisión provisional inicialmente, además de seis personas investigadas y ocho empresas. Actualmente hay 25 personas y nueve empresas investigadas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la red podía llegar a blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compra de oro y plata de procedencia ilícita y su posterior introducción en el circuito legal. En los registros practicados en junio de 2025 se intervinieron más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro y 15,2 kilos de plata, además de joyas, vehículos, material informático y armas.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha expresado este jueves su “preocupación” por la situación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, “cuyo personal se encuentra desbordado, viéndose obligado a prolongar su jornada laboral prácticamente todos los días, con las consecuencias sobre la salud y la conciliación” que ello conlleva.

Según ha informado el sindicato en una nota, “la plantilla de estos juzgados prolongan a diario su jornada para poder atender a las personas detenidas y sacar adelante unos procedimientos especialmente sensibles. Esta carga se ha incrementado aún más tras la ampliación del partido judicial de Córdoba, que ahora asume también asuntos procedentes de Pozoblanco, Lucena y Cabra”.

Así lo ha asegurado la delegada de CCOO en Justicia, Susana Jiménez, quien ha opinado que “reunir varios partidos judiciales no acerca la Justicia a las víctimas de violencia sobre la mujer. Al contrario, supone un obstáculo añadido en un momento especialmente delicado, el de tomar la decisión de denunciar”.

Por otra parte, “la creación de un nuevo Juzgado de Violencia a principios de año tampoco vino acompañada de una ampliación suficiente de la plantilla. Inicialmente, solo se incorporaron dos tramitadores y, posteriormente, tres tramitadores más y un gestor de refuerzo”, y “la realidad es que esa dotación resulta claramente insuficiente”.

Así, según ha afirmado, “la sobrecarga de trabajo es inasumible y dificulta seriamente la conciliación de la vida laboral y familiar de estos funcionarios, obligados a prolongar su jornada prácticamente todos los días”.

La responsable sindical ha explicado que “en el Juzgado de lo Penal con especialidad en violencia, se está señalando para marzo de 2027 y las audiencias preliminares para septiembre de ese mismo año. Actualmente, el Juzgado de lo Penal con competencia en violencia cuenta hasta final de año con el refuerzo de un juez, circunstancia que está evitando que el retraso sea todavía mayor en unos procedimientos cuya naturaleza exige una especial agilidad”.

La situación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer “no es excepcional” y, cuando “han pasado ya seis meses desde la entrada en funcionamiento de los tribunales de Instancia, al menos en Córdoba, la realidad demuestra que las expectativas creadas no se han traducido en una mejora del servicio público de Justicia”.

Además, “los retrasos en los procedimientos de los juzgados de lo Social continúan siendo inaceptables. En el mejor de los casos, los señalamientos ya alcanzan el año 2029 y una justicia que no es rápida, no es justicia. Pensemos en una persona que ha sido despedida y la empresa no le quiere abonar la indemnización que le corresponde. Esperar dos años a que el juzgado dicte una resolución sobre un derecho reconocido por Ley es injusto y, además, deja los derechos vacíos de contenido por no obtener respuesta en un plazo razonable”.

Jiménez ha señalado que “el malestar entre los funcionarios de Justicia es evidente. La implantación del nuevo modelo ha supuesto para muchos la pérdida de destinos que habían conseguido tras más de 20 años de antigüedad. Han sido destinados a jurisdicciones que, en muchos casos, desconocen, sin un plan de formación que facilite la adaptación y sin ningún incentivo económico que compense ese cambio. Todo ello mientras los funcionarios del resto de comunidades autónomas sí han visto incrementado su complemento específico”.

A esta situación se suma una carga de trabajo que, “en la mayoría de los juzgados de Córdoba, supera ampliamente los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzando en muchos casos más del 200%”, y “tampoco ayuda la falta de personal, agravada por el retraso en la cobertura de bajas por incapacidad temporal y de vacantes, que en ocasiones permanecen sin cubrir durante más de tres meses”.

A todo ello hay que sumar, según ha añadido la sindicalista, que “los funcionarios deben convivir cada día con una herramienta informática que, lejos de facilitar su trabajo, lo dificulta. La aplicación @Adriano ha permanecido durante este año más de 14 días sin poder utilizarse y, cuando funciona, su lentitud a partir de las 12,30 horas hace prácticamente imposible desarrollar con normalidad la tramitación de los procedimientos. Está herramienta informática, sencillamente, no cumple la función para la que se creó y no facilita el trabajo de los funcionarios”.

En el resto de la provincia, los juzgados “trabajan igualmente por encima de las ratios establecidas por el CGPJ y soportan un retraso que ya puede calificarse de endémico. Además, el tiempo que se tarda en cubrir las bajas por incapacidad temporal y las vacantes afecta aún más a estos órganos, al contar con plantillas más reducidas y asumir mayores cargas de trabajo”.

CCOO admite que la creación de un nuevo juzgado de lo Social, uno de Familia, uno Mercantil y dos civiles previstas para el año que viene “contribuirá a mejorar las ratios de trabajo”. También en Lucena se crean dos nuevos juzgados, uno de ellos exclusivo de Violencia sobre la Mujer, con competencia sobre Montilla, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Baena. Por su parte, Córdoba asumirá la competencia en materia de Violencia sobre la Mujer de Montoro, Posadas, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo.

Ahora bien, “la creación de nuevos órganos judiciales solo tendrá efectos reales si viene acompañada de nuevas plazas de funcionarios y del correspondiente refuerzo de la Fiscalía. De lo contrario, será imposible reducir el retraso acumulado y únicamente se conseguirá repartir la misma carga de trabajo entre prácticamente los mismos profesionales”, advierte la representante de CCOO.

Clubes de lectura, talleres de jardinería y fotografía, marionetas, juegos de agua, salidas a la playa y fiestas de disfraces forman parte del medio centenar de actividades dirigidas a los hijos que viven junto a sus madres en los centros de acogida para víctimas de violencia de género y que gestiona la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

En el primer semestre se ha atendido a 1.130 personas, 660 mujeres y 470 menores, lo que supone un ligero incremento del 1,2% con respecto al mismo periodo de 2025. Los centros de emergencias han tenido la mayor ocupación con un total de 746 personas (469 mujeres y 277 menores); las casas de acogida han albergado a 346 víctimas de violencia de género (171 mujeres y 175 hijas e hijos); y los pisos tutelados han estado ocupados por 20 mujeres y 18 menores.

Por provincias se ha acogido en Almería a 111 personas (73 mujeres y 38 menores), en Cádiz a 173 personas (96 mujeres y 77 menores), en Córdoba a 121 mujeres (70 mujeres y 51 menores), en Granada a 184 personas (96 mujeres y 88 menores), en Huelva a 74 personas (47 mujeres y 27 menores), en Jaén a 94 personas (54 mujeres y 40 menores), en Málaga a 144 personas (80 mujeres y 64 menores) y, finalmente, en Sevilla a 229 personas (144 mujeres y 85 menores).

Estas actuaciones, que se vienen desarrollando desde el 22 de junio y se extenderán hasta el 6 de septiembre, tienen como finalidad promover unas vacaciones divertidas y libres de violencia para la población infantil y juvenil acogida. En el primer semestre de 2026 estos recursos han atendido a 660 mujeres y a 470 menores, según los datos facilitados por la Junta en una nota.

Este programa de actividades de ocio tiene especial importancia para los niños y adolescentes acogidos ya que es un espacio diseñado para crear, divertirse, aprender, compartir y conocer su nueva ciudad. Las diferentes propuestas se llevan a cabo por un equipo multidisciplinar en el que se trabaja la educación en valores de igualdad, respeto o empatía y, de esta forma, conseguir por parte de las personas acogidas una “correcta expresión de emociones, resolución de conflictos, respeto a la diversidad, refuerzo de la autoestima y autonomía tras la violencia sufrida”.

Este tipo de actuaciones se ponen en marcha durante los períodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano y se dividen en cuatro grupos: creativas, educativas, deportivas/cooperativas y lúdicas. Las actividades creativas permiten explorar la realidad y aprender a expresarse, en especial a través de talleres de jardinería, fotografía, de manualidades y creación de marionetas, entre otros.

En el bloque educativo se fomenta el aprendizaje y el desarrollo de la expresión de sentimientos con la animación a la lectura como eje central. Hay clubes de lectura, árbol de los buenos deseos, talleres de ciencias o de inglés. Con respecto a las actuaciones deportivas y de cooperación se busca el desarrollo psicomotriz, además de desarrollar actitudes cooperativas, promoviendo la participación real e igualitaria de todas las personas participantes.

En este apartado destacan los juegos acuáticos, el yoga en familia y las gymkanas. Mientras que las iniciativas lúdicas proporcionan ocasiones de diversión a las familias a la vez que fomentan el conocimiento del nuevo lugar de residencia y favorecen la relación entre madres e hijos. Salidas a la playa, juegos de agua, senderismo, fiestas de disfraces y cine de verano son algunas de las actividades previstas.

Los recursos de acogida de Andalucía, que están presentes en todas las provincias, comprenden los centros de emergencia, las casas de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y protección urgente e inmediata las 24 horas al día y los 365 días. A estos centros se acceden a través de los Centros Provinciales de la Mujer y, especialmente, del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un hombre ratificando íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de la capital cordobesa. El tribunal le impone una pena de un año de prisión como autor de un delito de quebrantamiento de condena, además de una multa de 1.440 euros por haberse quitado la pulsera telemática.

Los hechos se enmarcan en la relación sentimental que el acusado y la víctima mantuvieron en el pasado. Con fecha de 23 de febrero de 2025, el Juzgado Mixto número 1 de Posadas dictó un auto en el marco de unas diligencias urgentes por el cual se acordó una orden de protección de carácter cautelar. Dicha resolución prohibía al hombre aproximarse a la mujer a menos de 500 metros de cualquier lugar donde se encontrara o de su domicilio, así como comunicarse con ella por cualquier medio. Para garantizar el cumplimiento, se le impuso el uso de una pulsera de control.

A pesar de esta prohibición judicial que ya estaba vigente, consta en la sentencia que ambos habían retomado brevemente la relación de forma temporal en mayo de 2025. No obstante, dicha relación sentimental terminó de forma definitiva en julio de 2025, momento a partir del cual se produjeron los hechos que han motivado esta sentencia.

Según el fallo, un día en el que aún seguía vigente dicha prohibición, el procesado le escribió en tres ocasiones emplazándole a quedar en la zona del Vial Norte para entregarle sus cosas y para contarle una supuesta mala noticia. La víctima no le contestó a ninguno de los mensajes y se puso inmediatamente en contacto con su agente de custodia Viogen de la Policía Nacional, quien le indicó que permaneciera en su domicilio. Paralelamente, los agentes montaron un dispositivo policial en la zona supuestamente había quedado con el procesado, quien sí acudió a la cita. El acusado acudió a la cita prevista y fue sorprendido y detenido en el lugar, comprobándose además que no portaba el dispositivo telemático reglamentario.

A estos hechos se suma que, días después, el acusado se despojó voluntariamente de la pulsera telemática de control, que no ha podido ser localizado desde entonces. Fue la madre del propio procesado quien se puso en contacto con el Centro Cometa para notificar que su hijo se había quitado el aparato, a pesar de saber perfectamente que estaba apercibido de cometer un delito de quebrantamiento si lo hacía sin una resolución judicial previa que lo autorizara.

En su recurso de apelación, la defensa del hombre alegó un error en la valoración de la prueba y solicitó la aplicación de una atenuante, argumentando que padece una discapacidad intelectual leve y un trastorno mixto que le impedían comprender el alcance real de sus actos y de los mensajes enviados. Sin embargo, la Audiencia ha rechazado estos argumentos recordando que el informe del médico forense determinó que, aunque presenta una diversidad funcional de carácter leve, conservaba intactas sus capacidades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos, comprendiendo perfectamente el alcance de una prohibición judicial.

Además, los magistrados recalcaron que el acusado no es un delincuente primario, ya que contaba con una condena previa por el mismo delito dictada por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Córdoba, por lo que se le ha aplicado correctamente la agravante de reincidencia.

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior registra un total de 2.142 casos activos en la provincia de Córdoba tras cerrar el mes de julio de 2026. Unos números que recalcan que ha habido un descenso en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaban 2.318 casos en situación activa. Es decir, 176 casos menos en apenas 12 meses.

Si se desglosan los datos actuales a los que ha tenido acceso este periódico por niveles de riesgo, la mayoría de los casos activos en Córdoba en la actualidad se sitúan en un nivel de riesgo 'bajo', con 1.621 mujeres bajo esta clasificación. Pese a ello, hay determinados casos que necesitan una especial atención, con el riesgo 'medio' donde hay 490 mujeres, mientras que en el riesgo 'alto' están 31. Aun así, en la provincia no hay registrado ningún caso en el nivel de riesgo 'extremo'.

Al realizar una comparativa entre ambos periodos, pero de distinto año, se observa que, aunque el volumen total de casos activos ha bajado, los perfiles de mayor riesgo han experimentado un ligero repunte. En julio de 2025, había 435 casos de riesgo medio y 20 de riesgo alto, cifras que han subido a 490 y 31 respectivamente en 2026. Esto indica que, a pesar de haber menos casos totales bajo seguimiento policial directo, las situaciones detectadas presentan una complejidad o peligrosidad algo mayor que hace un año.

Más de 13.000 víctimas en Córdoba

En cuanto al volumen total, el sistema VioGén refleja que en la provincia de Córdoba hay registradas 13.291 víctimas a julio de 2026. Esta cifra es superior a las 12.496 víctimas contabilizadas en julio de 2025, lo que demuestra que el sistema sigue incorporando nuevas denuncias y registros. De estas víctimas, 13.153 casos se encuentran actualmente inactivos, lo que significa que, aunque ya no requieren control policial directo, sus expedientes pueden reactivarse en cualquier momento si las circunstancias cambian.

Un aspecto que genera especial preocupación es la incidencia de la violencia en el entorno familiar, particularmente cuando hay menores involucrados. A 31 de julio de 2026, Córdoba registra 165 casos con menores en situación de riesgo, una cifra ligeramente inferior a los 170 casos del mismo periodo en 2025.

Por otro lado, los datos de 'especial relevancia', que identifican casos con una probabilidad significativamente mayor de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal, también han mostrado un leve descenso. En julio de 2026 se han identificado 1.306 casos de esta índole en Córdoba, frente a los 1.338 registrados en julio de 2025. Esta categoría se aplica únicamente a casos valorados con riesgo medio, alto o extremo, donde la combinación de factores de riesgo exige una evaluación adicional experta en el ámbito forense.

La Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha manifestado, en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, su indignación ante el nuevo reparto de carteras en el Gobierno de la Junta de Andalucía. El colectivo ha criticado que el presidente Juanma Moreno haya delegado en su socio de coalición, Vox, competencias directas relacionadas con la gestión de la violencia de género.

La polémica surge tras conocerse que la Consejería asignada a Vox -que integra las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local- asumirá funciones para la protección de las víctimas. Entre estas atribuciones se encuentra la organización de los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia y, de manera específica, la gestión de las unidades de valoración integral de violencia de género a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Desde la Asamblea Feminista han calificado este movimiento como una “burla”, denunciando que se otorgan responsabilidades sobre víctimas de maltrato a un partido que “niega sistemáticamente la realidad de la violencia machista”. El colectivo ha advertido de que la formación de ultraderecha, al cuestionar la necesidad de estos servicios públicos y las políticas de igualdad, ahora dispone de la capacidad legal para suprimir o modificar profundamente estas unidades de valoración, las cuales dependen directamente de decretos autonómicos.

Una “violencia estructural”

El colectivo cordobés ha recordado que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino “estructural y global”. En su nota, han aportado datos para subrayar la gravedad de la situación: desde el año 2003, 1.374 mujeres han sido asesinadas en España, sumando ya 33 víctimas en lo que va de 2026.

Según la Asamblea, la alianza entre la derecha y la ultraderecha supone un retroceso que sitúa a las mujeres de nuevo en el “casillero de salida”, poniendo en riesgo derechos que fueron consolidados tras años de lucha feminista y que ahora quedan en manos de quienes buscan eliminarlos.

Ante este escenario, la Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha anunciado que se mantendrá “vigilante” y que no dudará en movilizarse para defender los avances logrados. “No vamos a dar ni un paso atrás en la lucha por hacer de este mundo un lugar seguro”, concluye el comunicado, reafirmando su compromiso con unos derechos humanos que alcancen a todas las personas.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, y la presidenta de Paradores de Turismo de España, Raquel Sánchez, han participado este martes en el Parador de Córdoba en el acto de colocación de la pegatina que acredita a este establecimiento como Punto Violeta, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Igualdad para fomentar la creación de espacios seguros frente a las violencias machistas.

En el acto, que también ha contado con la presencia de la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, María Teresa Varón, la subdelegada ha destacado “la importancia de que instituciones y empresas se impliquen de forma activa en la prevención de la violencia contra las mujeres”, subrayando que “la colaboración entre administraciones y entidades es fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad libre de violencia machista”.

Por su parte, la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha resaltado que “la implantación de los Puntos Violeta refleja el compromiso de la hotelera pública con la igualdad y la lucha contra la violencia machista”. “Queremos que cualquier mujer que entre en un Parador sepa que va a encontrar apoyo, comprensión y protección”, ha expresado, para apostillar que “como empresa pública, tenemos la responsabilidad de ir más allá de la actividad turística y contribuir a construir una sociedad más igualitaria”.

En este sentido, Sánchez ha enfatizado que “un Punto Violeta no es sólo un distintivo, sino el reflejo del compromiso de personas preparadas para escuchar, orientar y acompañar a quienes puedan necesitarlo”.

Con motivo de esta incorporación, el Parador ha recibido los materiales que integran la iniciativa Punto Violeta. Entre ellos se encuentra la Guía Punto Violeta para actuar frente a la violencia machista, que ofrece información sobre cómo identificar situaciones de violencia, cómo actuar ante ellas y qué recursos existen para las víctimas.

Asimismo, se han facilitado carteles y adhesivos con un código QR que permite acceder directamente a esta guía, con el objetivo de identificar el establecimiento como un espacio seguro donde cualquier persona pueda recibir información y orientación. La iniciativa se completa con distintivos para el personal implicado, reforzando su papel como punto de referencia para acompañar e informar a las mujeres que puedan necesitar ayuda.

Todos los paradores

La incorporación del Parador de Córdoba a esta red supone un nuevo paso en el compromiso compartido entre las administraciones públicas y el sector turístico para promover entornos seguros y reforzar la prevención y sensibilización frente a las violencias machistas.

En Andalucía, los 16 paradores de la comunidad, incluido el de Córdoba, ya han iniciado los trámites necesarios para poner en marcha las correspondientes acciones formativas y avanzar en la implantación del Punto Violeta. Con este avance, Paradores continúa trabajando para que antes de finalizar el año todos sus establecimientos formen parte de esta red de espacios seguros y comprometidos frente a las violencias machistas.

El mapa de la instrucción judicial de casos de violencia de género quedará modificado a partir del próximo 31 de diciembre. Así ha quedado reflejado en el Real Decreto 559/2026 publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado, que confirma que, a partir de esa fecha, la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba capital extenderá su jurisdicción de forma masiva. Esta oficina centralizará a partir de esa fecha todos los casos procedentes de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo, convirtiéndose en el gran eje judicial para el norte y el centro de la provincia.

El objetivo de este movimiento, según detalla la normativa, es encontrar un equilibrio entre la proximidad a la víctima y la necesidad de una respuesta judicial altamente especializada. Al agrupar estos partidos judiciales bajo el paraguas de la capital, se pretende que las víctimas reciban una atención más experta en procedimientos que exigen un tratamiento técnico muy específico. Además, esta medida permitirá liberar de carga de trabajo a los juzgados mixtos de los pueblos (Pozoblanco, Peñarroya, Montoro y Posadas), que hasta ahora debían compaginar los asuntos de violencia machista con sus casos ordinarios civiles y penales.

Para que la capital pueda asumir este incremento de carga de trabajo en el norte, el decreto establece que Córdoba dejará de conocer los asuntos de violencia sobre la mujer de Lucena y Cabra. De esta forma, Lucena se convertirá en el referente en esta materia en el sur de la provincia. La ciudad lucentina estrenará su propia Sección de Violencia sobre la Mujer con jurisdicción extendida a los partidos de Montilla, Baena, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera, aunque en este caso la efectividad plena de la agrupación se ha fijado para el 1 de noviembre de 2027. Esta reorganización es la que el pasado mes de marzo propuso el entonces consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, para una “distribución más eficiente”.

Para evitar cualquier tipo de desprotección durante el cambio de modelo, el BOE establece un estricto régimen transitorio. Los juzgados actuales de los pueblos seguirán conociendo de los casos hasta que las nuevas agrupaciones sean plenamente efectivas. Asimismo, las plazas que ya están tramitando procedimientos conservarán su competencia sobre los mismos hasta que concluyan definitivamente. En el caso concreto de la capital, la sección cordobesa mantendrá el control de todos los procesos de violencia machista procedentes de Lucena y Cabra que ya estén en trámite en la fecha del cambio.

Junto a esto, el Real Decreto establece la creación de un total de 500 nuevas plazas judiciales. Para el caso específico de Córdoba, las nuevas plazas -seis de magistrado y uno de juez- se distribuyen de la siguiente forma según su especialidad y tipo. En la capital, las nuevas plazas son categoría de magistrado. Entre ellas se encuentran las plazas 3 y 5 de la Sección Civil, la 3 de Familia, Infancia y Capacidad; la 6 de lo Social y la plaza 2 de lo Mercantil. En Lucena, el decreto ha creado la plaza 4 de la Sección Civil y de Instrucción, que tiene categoría de juez, y la número 1 de la sección especializada en Violencia sobre la Mujer, que sí tiene la categoría de magistrado.

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha expresado este jueves su “máxima indignación” ante el pacto de gobierno de PP y Vox en la Junta de Andalucía, que invisibiliza “la desigualdad”, mientras Andalucía ya concentra el 30% de los asesinatos machistas en lo que va de año, a la espera de que se confirmen las dos muertes de una madre y una hija en Mijas durante este miércoles.

En una rueda de prensa en la Casa Ciudadana para valorar la situación actual de la lucha contra la violencia de género, la plataforma ha denunciado con dureza la deriva política en Andalucía y ha asegurado que los derechos de las mujeres están siendo utilizados como moneda de cambio, anteponiendo “beneficios políticos” a los derechos humanos de las mujeres. Por ello, la portavoz, Elena Vega, ha calificado el pacto como “puro negacionismo de la violencia machista” dado que el acuerdo supondría un peligro real para la integridad de las víctimas por posibles trasvases, a otros ámbitos, de las partidas que la Junta destina a la lucha contra la violencia de género.

De este modo, la organización ha criticado que el texto de dicho acuerdo omite sistemáticamente la palabra “igualdad” y ha denunciado que “todo lo que hace mención a las mujeres es relacionado con el embarazo y la maternidad. Parece ser que no vamos a tener derecho a nada más”. Además, la portavoz ha alertado del “tono racista” del acuerdo, que deja en una situación de extrema vulnerabilidad a las mujeres migrantes en situación irregular, cuyas vidas quedan “pendientes de un hilo”. Para la plataforma, este retroceso no solo afecta a las mujeres, sino que dibuja una sociedad donde “va a gobernar la ley del más fuerte”, por lo que prometen mantenerse vigilantes ante el ejercicio de las políticas públicas en Andalucía.

A esto se suma, según la asociación, que muchas víctimas siguen desprotegidas por falta de información. La plataforma ha detectado deficiencias graves, señalando que “no puede pasar que siga habiendo mujeres que vayan a denunciar sin conocer que tienen un servicio de asesoramiento y psicología a su disposición”. En este contexto, la labor de la organización se vuelve vital: su servicio de atención psicológica ha atendido a 120 usuarias y el asesoramiento jurídico, a 268 mujeres en el último periodo.

Por último, la plataforma también ha criticado la ampliación de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba capital, que asumirá también los casos de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya. Para la asociación, esta medida “es especialmente grave para las víctimas, ya que muchas de ellas residen en municipios alejados”. En ese sentido, esto provocaría un “obstáculo añadido” que puede ocasionar que las mujeres “no se animen a realizar esa denuncia”. No obstante, pese a este cambio jurisdiccional, las denuncias pueden formularse en los cuarteles de la Guardia Civil de las localidades.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a una pena de cuatro años y dos meses de prisión por diversos delitos de lesiones y amenazas graves contra su expareja y el hijo menor que tienen en común. El fallo muestra un escenario de violencia extrema ocurrido en febrero de 2024, en el que el acusado llegó a amordazar a la mujer y a colocarle una cuerda en el cuello mientras profería amenazas de muerte frente a sus hijos.

Según la sentencia, a la que ha accedido este periódico, la pareja mantenía una relación de seis años y medio en el momento de los hechos, fruto de la cual nacieron dos hijos. Por entonces, estos tenían tres y cinco años. Los hechos que se han considerado probados comenzaron el 4 de febrero de 2024, cuando el acusado propinó dos guantazos a la mujer en su lugar de trabajo tras sospechar que un hombre llamaba a su móvil. Ese mismo día, durante el trayecto de regreso a casa y ante sus hijos, el condenado comenzó a golpearla con un destornillador, causándole heridas en las nalgas y el muslo, y llegó a clavarle una navaja en la ropa, perforando su chaqueta y pantalón.

El episodio más violento se produjo el 22 de febrero, después de que la víctima comunicara su intención firme de romper la relación. Durante el trayecto a la casa a la que vivían, el condenado le iba dando bofetadas y besos mientras le decía textualmente que “la quería ver chorreando sangre como un trofeo de venado”. Ya en la vivienda, la obligó a sentarse en la cocina y le puso un cuchillo de 16 centímetros en el cuello para exigirle ver sus conversaciones de WhatsApp.

Posteriormente, el acusado la ató de muñecas a una silla con una cuerda, le introdujo un trapo en la boca para que no gritara y anunció que se iba a suicidar colgándose de una lámpara o de la barandilla de la escalera para que ella lo presenciara. Al no conseguirlo, le colocó una cuerda alrededor del cuello a la víctima, tiró del nudo y la empujó, provocando que cayera al suelo boca arriba mientras la amenazaba con que “iba a matar a los niños delante de ella”. La víctima logró escapar tras pegarle una patada al cuchillo, zafarse de las cuerdas y refugiarse en casa de un vecino.

A pesar de la brutalidad de los hechos, el tribunal ha absuelto al procesado de los delitos de asesinato en grado de tentativa, trato degradante, detención ilegal y maltrato habitual. A juicio del presidente y las dos magistradas, las agresiones y amenazas “estuvieron encaminadas a causar lesiones y no a terminar con la vida de la víctima”, ya que, además, las heridas sufridas “no son objetivamente suficientes” para causar la muerte .

Respecto al trato degradante por atarla y amordazarla, el tribunal ha aceptado que el acusado inmovilizó a la víctima para evitar que impidiera que este se suicidara. Por tanto, han considerado que “no hubo ánimo de lesionar la dignidad humana de la víctima”. Sobre la retención, han considerado que esta fue “meramente instrumental” para cometer los otros delitos, y sobre el maltrato habitual, el tribunal ha apelado a las versiones contradictorias sobre el clima diario de la pareja.

Agresión a su hijo menor

Además, el hombre ha sido condenado por agredir a uno de los hijos de la pareja. Según la sentencia, en una ocasión, el acusado agredió al menor dándole un fuerte guantazo en la cara. Aunque el acusado lo negó, un tío de la víctima testificó haber presenciado cómo el condenado le “reventó la boca” al niño y le “partió el labio” durante una celebración familiar. Este mismo testigo afirmó haber visto al acusado propinar “patadas en el suelo” al pequeño Ángel Jesús.

En la exploración judicial del niño, este relató que el año anterior su padre le pegó una “hostia” en la cara, aunque matizó que en esa ocasión “no le pasó nada”. También mencionó que su padre le pegaba palizas en la cara a su madre cuando ella no hacía las cosas bien

Con todo, el tribunal lo ha condenado cuatro años de prisión por tres delitos de lesiones de género, cuatro meses por la agresión a su hijo y 18 meses por amenazas graves. Además de la cárcel, se le ha impuesto la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de las víctimas y de comunicarse con ellas durante periodos de hasta dos años . En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima con 540 euros por las lesiones físicas .

Finalmente, la sentencia ha decretado la libertad provisional del procesado, hasta que la sentencia sea firme, al haber cumplido ya en prisión preventiva la mitad de la pena total impuesta.

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba instalará por primera vez un punto violeta y un punto arcoíris durante el transcurso de la Noche Blanca del Flamenco, que se celebra la noche de mañana sábado al domingo. Se trata de un espacio de sensibilización, información y prevención que estará operativo durante la celebración de este evento cultural.

El dispositivo se ubicará en la puerta de Capitulares, junto al Templo Romano, un enclave estratégico por el importante tránsito de personas que se desplazan entre los distintos escenarios y espectáculos programados a lo largo de la noche. El espacio contará con personal municipal especializado y con la colaboración de voluntariado joven de Cruz Roja, previamente formado en violencia de género, violencia sexual y atención a situaciones de vulnerabilidad.

La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marian Aguilar, ha indicado que “su función principal será desarrollar acciones de sensibilización y prevención en consonancia con los mensajes de la campaña municipal Diviértete desde el Respeto, promoviendo una vivencia del ocio y la cultura basada en la convivencia, la igualdad y el respeto a la diversidad”.

Además, ofrecerán información sobre recursos y servicios de atención, y se distribuirá material divulgativo y merchandising con los principales teléfonos de ayuda y atención ante situaciones de violencia machista, agresiones sexuales y delitos de odio. Del mismo modo, el Punto Violeta y Punto Arcoíris estará preparado para activar los protocolos de actuación establecidos en caso de que se produzca alguna incidencia o se requiera acompañamiento e información especializada.

Desde la Delegación de Igualdad “consideramos fundamental incorporar acciones de prevención y sensibilización en los grandes eventos culturales y festivos de la ciudad, generando espacios seguros para todas las personas y reforzando el compromiso municipal frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género”, ha señalado la delegada.

Con esta iniciativa, ha añadido, “el Ayuntamiento de Córdoba continúa ampliando la presencia de recursos preventivos en espacios de ocio y participación ciudadana, consolidando una estrategia municipal que apuesta por la corresponsabilidad social, la sensibilización comunitaria y la promoción de una cultura del respeto en todos los ámbitos de la vida pública”.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, celebrado este jueves, ha respondido a un oficio del Ministerio de Justicia sobre el proyecto de Real Decreto para la creación de 500 nuevas unidades judiciales para 2026. Entre otras cuestiones, en dicha reunión se ha acordado infomar favorablemente la creación de una unidad especializada en el Tribunal de Instancia de Lucena, medida que se integra en un plan de reorganización judicial para optimizar la atención en la provincia de Córdoba.

Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta nueva unidad no solo atenderá a su partido judicial, sino que extenderá su jurisdicción a las zonas de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera. La Junta ve así una muestra de apoyo a la petición que realizó el pasado mes de marzo, cuando tachó de “incoherente” la comarcalización establecida por el Ministerio de Justicia. Actualmente, la Sección de Violencia de Género de la capital está asumiendo los asuntos también de Lucena, Montoro y Posadas.

Ante ello, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública consideró “imprescindible” que Lucena cuente con su propia sección especializada que asuma los asuntos de esta localidad y de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera. Mientras, en la capital se encargarían de los casos de violencia sobre la mujer de Córdoba, Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.

Simultáneamente, el Consejo ha aprobado ha informado favorablemente de la ampliación de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba capital. A partir de la implementación del plan, este órgano asumirá también los casos de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.

Otras cuestiones judiciales

Más allá de los cambios en Córdoba, el CGPJ ha solicitado la creación de seis plazas de magistrado/a para el alto tribunal: dos para la Sala de lo Civil, dos para la de lo Penal y dos para la de lo Social. Además, ha propuesto quue las nuevas plazas entren en funcionamiento de forma escalonada: el 1 de enero, las de los órganos colegiados (Supremo, Audiencia Nacional, TSJ y Audiencias Provinciales), jueces de Adscripción Territorial y plazas de categoría de juez; el 1 de junio, las de los tribunales de Instancia en ciudades sede de TSJ o Audiencias Provinciales; y el 1 de noviembre, el resto de plazas creadas.

Por otro lado, el Poder Judicial ha informado favorablemente de la creación de una nueva plaza judicial en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, ampliando su cobertura al partido judicial de Amurrio.

El Consejo ha subrayado que es “imprescindible” que todas estas nuevas unidades cuenten con los medios materiales, tecnológicos y personales adecuados desde el primer día de su funcionamiento. Finalmente, el Pleno del CGPJ ha recordado la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la formación de los jueces al nuevo modelo de Tribunales de Instancia.

Varias personas han sido sancionadas con multas de 601 euros cada una tras los hechos ocurridos el pasado 13 de abril durante la concentración de repulsa celebrada en la barriada de la Fuensanta (Córdoba) tras el asesinato machista de Tulia, una vecina de 64 años presuntamente asesinada por su expareja.

Según informan Adelante Andalucía y la Asociación de Mujeres Marianne, las sanciones han sido impuestas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, una decisión que ha generado la protesta de estos colectivos, que consideran que se trata de una aplicación desproporcionada de la normativa en una concentración que, salvo por un momento de tensión concreto, reunió pacíficamente a alrededor de un millar de personas para mostrar su rechazo al crimen, acompañar a la familia de la víctima y exigir justicia.

El incidente durante el traslado policial

Aquella tarde, el momento de mayor tensión se produjo cuando un furgón de la Policía Nacional trasladó al presunto autor del asesinato pasando a escasos metros del lugar donde se desarrollaba la concentración, coincidiendo con el desarrollo del acto. En ese contexto se produjeron gritos de indignación y algunos asistentes se acercaron al vehículo policial. Tanto Adelante Andalucía como Marianne reconocen que hubo reacciones de enfado, en un ambiente marcado por el impacto del crimen, aunque rechazan que existiera una obstrucción real al convoy, que es el ilícito penal que se ha sancionado a varias personas, y que la ley entiende como “grave”, en vez de “leve”.

En este sentido, la Asociación de Mujeres Marianne ha denunciado en su comunicado que la actuación policial fue “negligente” por generar una situación de tensión evitable en un momento especialmente sensible. En palabras de la organización: “En el mismo momento en que la hija de Tulia estaba compartiendo su dolor, la Policía Nacional dejaba ver al presunto asesino a escasos metros, dando lugar a la indignación y el desconcierto”.

También critican que el dispositivo policial no actuara para alejarse rápidamente del lugar, sino que se produjera una detención del convoy para identificar a asistentes tras los primeros incidentes. En este sentido, denuncian una actitud “camorrista y bravucona” por parte de los agentes en ese momento. Asimismo, sostienen que “el furgón se detuvo voluntariamente, teniendo vía libre para alejarse del lugar”, por lo que consideran que las sanciones impuestas por supuesta obstrucción no están justificadas.

Por todo ello, la Asociación de Mujeres Marianne reclama la retirada de las multas y una disculpa pública de la Jefatura de la Policía Nacional hacia la familia de la víctima y la ciudadanía cordobesa.

La posición de Adelante Andalucía

Por su parte, Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo a las personas sancionadas y ha exigido también la retirada inmediata de las multas, además de la derogación de la Ley Mordaza. En su comunicado, la formación afirma: “Queremos mostrar nuestro apoyo a las personas sancionadas tras la concentración celebrada el pasado 13 de abril en la Fuensanta”.

Añaden además que la concentración fue una respuesta legítima ante el crimen: “Alrededor de 500 personas se concentraron de manera pacífica para acompañar a la familia de Tulia y exigir justicia”. La organización denuncia que el traslado del detenido “generó una situación de tensión e indignación” por coincidir con un acto de duelo y protesta, y consideran “grave la falta de sensibilidad” en la actuación policial.

Adelante Andalucía sostiene que las sanciones impuestas “representan un nuevo ejemplo de cómo la Ley Mordaza se utiliza para limitar el derecho a la protesta y la libertad de expresión”. En su comunicado también reclaman la retirada de las multas al considerar “injustificado y desproporcionado” que personas que acudían a una concentración contra la violencia machista terminen sancionadas económicamente.

Finalmente, la formación hace un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos sociales para apoyar a las personas afectadas y organizar iniciativas solidarias para afrontar los costes derivados de las sanciones.

Las dos organizaciones coinciden en señalar que este caso reabre el debate sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en contextos de protesta social, especialmente en concentraciones vinculadas a la violencia machistas e insisten en que su uso frecuente en este tipo de situaciones contribuye a limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de reunión.

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, en el marco de las actuaciones financiadas a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha puesto en marcha la acción formativa 'Actuación Integral de la Policía Local ante la Violencia de Género', dirigida a agentes de la Policía Local con el objetivo de reforzar la capacitación especializada y mejorar la respuesta frente a todas las formas de violencia machista.

Según ha informado el Consistorio, la formación, de carácter presencial y con una duración total de 25 horas, se desarrolla en el Centro de Educación Ambiental en dos ediciones: la primera desde este lunes al 12 de junio, y la segunda del 15 al 19 de junio. Cada edición está estructurada en cinco módulos especializados, impartidos por profesionales de reconocido prestigio del ámbito judicial, policial, académico y psicológico.

El programa aborda de manera integral aspectos fundamentales para la intervención policial, entre ellos el marco legal vigente, la atención a víctimas, la valoración del riesgo, el funcionamiento del sistema VioGén, el Protocolo Cero, la coordinación institucional y las nuevas formas de violencia de género, incluyendo la violencia vicaria, económica y el control digital.

Entre el profesorado participante destacan la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, Beatriz Rey; el catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO) y experto en Igualdad, Octavio Salazar; profesionales especializados en atención psicológica en crisis; así como mandos especializados de la UFAM y de la Unidad de Policía Judicial de la Policía Local de Córdoba.

“Esta iniciativa responde al compromiso municipal con la formación continua de los cuerpos policiales y con el fortalecimiento de una intervención profesional, coordinada y centrada en la protección integral de las víctimas”, ha indicado la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marián Aguilar.

Asimismo, ha añadido que “la acción formativa pretende incorporar la perspectiva de género en la actuación policial diaria, mejorar la detección precoz de situaciones de violencia y prevenir la victimización secundaria mediante herramientas prácticas de intervención y comunicación”.

La coordinación técnica y de contenidos del curso corre a cargo de Rosa María Aguilar Vida, promotora de Igualdad del Ayuntamiento, y de Juan Jesús Alcántara Reifs, subinspector de la Unidad de Policía Judicial de la Policía Local.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha declarado la nulidad parcial de un fallo absolutorio previo, obligando a un magistrado de instancia a redactar una nueva resolución. El tribunal superior considera que la decisión de absolver a un hombre acusado de maltrato incurrió en una valoración de la prueba “irracional” y “extravagante”, dejando en la indefensión a la víctima al ignorar pruebas documentales y testificales determinantes.

Los hechos se remontan a noviembre de 2025, cuando el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba absolvió a un hombre de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. El magistrado de instancia fundamentó su decisión en un argumento que la Audiencia ha calificado ahora de absurdo: como la víctima presentaba una herida de dos milímetros en el lado izquierdo de la nariz y los testigos hablaban de manotazos en el pómulo, no podía existir conexión entre el golpe y la lesión.

Para el juez de instancia, el hecho de que la mujer no mencionara específicamente la “zona nasal” al describir los manotazos era motivo suficiente para dictaminar que “no existe prueba alguna de que fue agredida por su pareja”. Frente a esta sentencia, la víctima recurrió a la Audiencia, que no ha ahorrado críticas hacia el razonamiento del Juzgado de lo Penal. Para el tribunal es “irracional” sostener que un manotazo en el rostro no puede causar una lesión en la nariz, dada la “extrema cercanía” entre ambas zonas en el mismo lado de la cara.

Además, la Audiencia ha subrayado que el juez de instancia incurrió en un “notable déficit motivacional” al omitir por completo pruebas clave que figuraban en la causa, entre ellas, que la víctima ha mantenido siempre la misma versión de la agresión. Asimismo, el juez ha obviado tanto la pericial médico-forense como el parte de lesiones que se expidió apenas unos instantes después de los hechos que corroboraba la versión de la mujer.

A todo esto hay que sumar que, tal y como señala la Audiencia, el magistrado de instancia tampoco valoró las declaraciones de los hijos de la pareja, quienes presenciaron los hechos y comparecieron en el plenario.

Por ello, la Audiencia ha considerado que la valoración fue “absolutamente arbitraria” y que se redactaron unos hechos probados en sentido negativo sin ni siquiera incluir la existencia de las lesiones, a pesar de que el propio juez las mencionaba en sus fundamentos jurídicos. En consecuencia, el tribunal ha ordenado la retroacción de las actuaciones, por lo que el magistrado de lo Penal número 6 deberá ahora redactar una nueva sentencia valorando todas las pruebas.

El juzgado que investiga el asesinato de Tulia, ocurrido el pasado 13 de abril en el barrio cordobés de La Fuensanta, ha cogido declaración esta semana a tres personas, entre ellas, una vecina de la víctima, quien ha dicho que el presunto asesino, F.L.A., bajó hacia la zona del bloque donde se encontraba Tulia y le asestó una puñalada en el pecho.

Según ha podido conocer este periódico, la comparecencia de esta vecina se ha realizado como prueba preconstituida debido a su avanzada edad, unos 80 años. Ante la jueza, esta mujer ha relatado que, el día de los hechos, se encontró con Tulia en el portal y ambas comenzaron a subir. Al llegar a la segunda planta, el presunto asesino -que vivía en la tercera- bajó de manera sorpresiva por las escaleras y le clavó un cuchillo directamente en el pecho. Según su testimonio, la víctima comenzó a sangrar de forma masiva de inmediato. Tras el ataque, el agresor mantuvo una actitud de extrema frialdad, dirigiéndose a la vecina para ordenarle: “Sube, sube y llama a la Policía”, mientras él permanecía en el lugar.

Durante este jueves también ha declarado Alejandro, el hijo de Tulia, quien ha introducido una cuestión muy relevante del día en el que ocurrieron los hechos. Según su declaración, su madre le llamó para decirle que había comprobado que su exmarido estaba en el piso, incumpliendo así la orden de alejamiento que tenía en vigor por la agresión que Tulia sufrió días antes y por la que F.L.A ha sido condenado a dos años de cárcel.

Tulia llegó a esa conclusión usando unas llaves del piso de su exmarido con las que pudo comprobar que la vivienda estaba cerrada por dentro con un solo candado. Esta era la señal inequívoca, según Alejandro, que su padre utilizaba habitualmente para indicar que se encontraba dentro. Tras esta llamada, Tulia llamó a la Policía, que se personó en el lugar. Los agentes llamaron a la puerta del piso del hombre, pero nadie contestó a la puerta ni escucharon ruidos en el interior. Entonces, los policías se retiraron tras darle instrucciones a Tulia sobre los pasos a seguir. Aproximadamente dos horas después de esta visita policial, se consumó el asesinato.

Junto a estas dos declaraciones, la jueza ha escuchado este jueves a la empleada del hogar de esta vecina. Ella ha manifestado que, al llegar al edificio, se encontró con el acusado en una ventana del rellano como en una “actitud de espera”. Al pasar junto a él, observó que ocultaba tras su espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después, la trabajadora se encontró con la escena del crimen y corrió a refugiarse en la casa de la vecina de Tulia.

Geolocalización de los móviles del presunto de asesino el día de los hechos

Previa a estas tres declaraciones, la jueza que investiga el asesinato ordenó el rastreo de los móviles del presunto asesino de Tulia para confirmar su presencia en la escena del crimen. Así, autorizó la geolocalización de sus dos terminales durante el fin de semana previo al crimen y el mismo día del asesinato tras hallar indicios de homicidio y quebrantamiento de condena.

La ejecución de este rastreo ha sido encomendada a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Córdoba. La magistrada a pedido a los agentes que cumplan la orden “a la mayor brevedad posible” dada la naturaleza de la causa y la condición de preso del investigado.

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior contabiliza actualmente 2.145 casos activos en la provincia de Córdoba, según su último informe con datos cerrados a 31 de mayo de este año.

Supone un leve aumento respecto a los 2.138 registrados al cierre del mes anterior, pero son menos casos activos que en los tres primeros meses de 2026, con 2.240 registrados en enero, 2.234 en febrero y 2.169 en marzo.

El último boletín estadístico del Sistema VioGén -publicado por el Ministerio del Interior y consultado por Cordópolis- muestra que, del total de los 2.145 casos activos de violencia de género en la provincia de Córdoba actualmente hay 38 catalogados con riesgo alto por las fuerzas y cuerpos de seguridad; otros 463 se consideran casos de riesgo medio y 1.644 de riesgo bajo, mientras que no figura ninguno con riesgo extremo.

Asimismo, entre los casos activos de violencia de género hay 1.201 donde hay menores a cargo de las víctimas y, específicamente, se considera que hay menores en situación de riesgo en 61 de esos casos: 57 con riesgo medio y cuatro con riesgo alto.

Por edades de las víctimas, el mayor grupo de casos activos se dan con mujeres de entre 31 y 45 años, con 981 casos; le siguen los 542 casos con víctimas con edades comprendidas entre los 46 y los 64 años, y los 531 casos de víctimas con 18 a 30 años. En los extremos se sitúan los 57 casos de mujeres víctimas de violencia con 65 años o más y, entre menores de 18 años se contabilizan 34 casos activos.

Córdoba es la tercera provincia andaluza con más casos activos de violencia de género al cierre del mes de mayo. La estadística del Sistema VioGén contabiliza un total de 27.446 casos en toda Andalucía. La provincia con mayor número es Sevilla (6.240), seguida de Málaga (5.088) y Cádiz (4.431).

Tras ellas se sitúan los 3.208 casos de la provincia de Almería y los 2.838 de Granada. Córdoba suma 2.145 casos activos de violencia de género y, con un número menor se encuentran Jaén (1.984) y Huelva (1.512).

Datos nacionales y por comunidades

En el conjunto de España, el Ministerio del Interior tiene detectados 102.937 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén, de los que 28 están en riesgo extremo, 1.168 en alto, 14.736 en medio y 87.005 en bajo. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que concentra el mayor número de estos casos, con 27.446.

El último boletín estadístico del Sistema VioGén precisa, en cuanto a las edades de las víctimas de los casos activos en España, que 1.312 corresponden a mujeres menores de 18 años; 25.291 a mujeres de 18 a 30; 47.680, a la franja de 31 a 45 años; 26.176, a mujeres de 46 a 64; y 2.478, a mujeres de 65 o más años.

Por comunidades, y por detrás de Andalucía, figuran en número de casos activos de violencia de género la Comunidad Valenciana, con 16.761; la Comunidad de Madrid, con 12.519; Canarias, con 6.444; Galicia, con 6.044; Murcia, con 5.757; Castilla-La Mancha, con 5.578; Castilla y León, con 5.509; Baleares, con 4.144; Extremadura, con 2.880; Aragón, con 2.415; Asturias, con 2.219; Navarra, con 2.167; Cantabria, con 1.591; La Rioja, 897; Ceuta, 319; y Melilla, con 247.

Por otro lado, un total de 1.543 menores en España están en riesgo de sufrir violencia vicaria, según se desprende del mismo boletín estadístico del Sistema VioGén publicado por el Ministerio del Interior.

En concreto, la estadística del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que, a 31 de mayo de este año, hay 53.221 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, con 1.543 en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 141 en alto y 1.398 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores”.

Igualmente, la estadística refleja 12.711 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 28 de ellos en riesgo extremo, 1.109 en alto y 11.574 en medio. En estos “se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Francisco L. O., en prisión provisional por el asesinato de su expareja, Tulia Caballero, en el barrio de la Fuensanta, ha sido condenado a dos años de cárcel por tres delitos cometidos poco antes de que acabase con la vida de la mujer. La jueza titular de la Sección de lo Penal número seis de Córdoba lo considera culpable de un delito de amenazas, otro de maltrato y otro de daños, todos en el ámbito de la violencia de género.

La sentencia, dictada el pasado 28 de mayo, declara probado que el ahora condenado acudió el 11 de abril al domicilio de Tulia Caballero, situado en el Pasaje Virgen de Luna. Según recoge la sentencia en el relato de los hechos probados, tras una primera discusión Francisco L. O. abandonó la vivienda, pero regresó poco después. Aprovechando que conservaba unas llaves del inmueble y que Tulia se encontraba escuchando música, accedió nuevamente al piso portando un martillo. Una vez dentro, golpeó repetidamente el equipo de música de la víctima hasta destrozarlo.

Cuando Tulia trató de impedirlo y de arrebatarle el martillo, ambos iniciaron un forcejeo. La magistrada considera acreditado que el acusado la agarró por el pecho y la empujó violentamente contra una pared antes de abandonar el domicilio. Además, antes de marcharse, la amenazó diciéndole que cuando no estuviera en casa volvería a entrar para destrozar el piso.

La agresión provocó a la víctima una contusión cervical y una crisis de ansiedad. La mujer fue atendida en un centro de salud apenas una hora después de los hechos. Tanto la médica que la examinó como varios agentes de la Policía Nacional que acudieron al domicilio apreciaron un enrojecimiento en el cuello compatible con el relato ofrecido por la víctima.

La jueza otorga especial relevancia a la declaración que Tulia prestó ante la autoridad judicial el mismo día de los hechos. Dos días después, el 13 de abril, la mujer fue asesinada presuntamente por este hombre. No obstante, la magistrada considera plenamente válida aquella declaración, ya que fue practicada con todas las garantías procesales y en presencia de las partes.

La resolución también destaca la existencia de numerosos elementos de corroboración. Entre ellos figuran las declaraciones de los policías que acudieron al domicilio tras una llamada al 091 realizada por la propia víctima, los informes médicos, la valoración pericial de los daños ocasionados en el altavoz y el testimonio de la hermana de Tulia, con quien habló inmediatamente después de la agresión.

Ni rastro de problemas de salud mental en el acusado

Durante el juicio, la defensa trató de sostener que el acusado sufría problemas de salud mental que podrían haber afectado a sus capacidades el día de los hechos. Sin embargo, la magistrada rechaza esta tesis al considerar que no se aportó ningún informe médico o psiquiátrico que acreditara esa circunstancia. Además, recuerda que todos los agentes que intervinieron coincidieron en señalar que Francisco L. O. se mostraba coherente y orientado cuando fue detenido. La sentencia subraya igualmente que nada permite concluir que el incidente respondiera a una alteración psíquica. De hecho, ni fue trasladado a un centro sanitario ni se activó ningún protocolo relacionado con una posible crisis de salud mental.

Por estos hechos, el acusado ha sido condenado a ocho meses de prisión por el delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género, otros ocho meses por el delito de amenazas y una multa por el delito leve de daños. Asimismo, deberá indemnizar a los herederos de Tulia Caballero con 105 euros por los desperfectos ocasionados en el equipo de música.

Esta condena se refiere exclusivamente a los hechos ocurridos el 11 de abril de 2026. El presunto asesinato de Tulia Caballero, ocurrido dos días después en el mismo barrio de la Fuensanta, será enjuiciado en un procedimiento independiente. Por esa causa, Francisco L. O. permanece actualmente en prisión provisional a la espera de la celebración del correspondiente juicio.

Este miércoles, el Juzgado de lo Penal número 6 -especializado en violencia de género- de la Ciudad de la Justicia de Córdoba ha acogido el juicio rápido contra el exmarido de Tulia, F.L.A., que debía haberse celebrado el 13 de abril, el mismo día que presuntamente la asesinó, por delitos de lesiones, amenazas y daños ocurridos dos días antes y por los que la mujer le había denunciado.

En la vista han estado presentes los hijos de Tulia, Álex y Lili Caballero, que con vistas al juicio por el crimen cometido sobre su madre han pedido que la justicia caiga contra el presunto autor y este cumpla la máxima pena. “Está siendo un proceso muy duro. Lo hacemos por mi madre”, han dicho a la salida del juicio, donde Álex ha pedido que al presunto autor “le caiga lo máximo y no salga de la cárcel. Y que esto no se vuelva a repetir. Para que mi madre no haya sido una víctima más ni un caso más (de violencia de género). Mi madre no va a ser un número más”, ha dicho en referencia a la estadística que registra a las víctimas mortales por violencia de género.

Arropados por familiares y amigos que han acompañado a los hijos de Tulia ante el juicio, estos han reclamado “que se haga justicia y nadie pase por algo así”, en palabras de Lili, que ha explicado cómo viven su realidad ahora sin su madre. “Sigo sin asimilar que no está. Cada día espero una llamada suya”.

A la espera de conocer cuándo será el juicio por el crimen de Tulia, los hechos que se enjuiciaban este miércoles eran los presuntos delitos de lesiones, amenazas y daños materiales que denunció la mujer el 11 de abril, dos días antes de que su exmarido presuntamente la matara una hora antes de acudir al juicio rápido por dichos hechos. La defensa del acusado ha pedido la suspensión del juicio, aludiendo a un posible estado de “enajenación mental” del hombre, si bien no se ha hecho hasta el momento un informe médico al respecto. La acusación se ha opuesto a la suspensión y la jueza ha determinado finalmente que el juicio se celebrara.

Así, la acusación y la Fiscalía piden un año de cárcel por el delito de lesiones, otro año de prisión por el delito de amenazas y una multa e indemnización por los daños materiales. La defensa, por su parte, estima que no se produjeron lesiones ni amenazas y solo admite una indemnización de 105 euros por los daños.

Los hechos enjuiciados se refieren al 11 de abril, cuando Tulia denunció que su exmarido había entrado en su vivienda sin su consentimiento y, mientras ella escuchaba música, golpeó el equipo de música con un martillo de grandes dimensiones. La mujer declaró que consiguió quitárselo de encima, aunque el hombre la agarró del pecho, la empujó y la amenazó asegurándole que le quemaría y destrozaría la vivienda. La víctima llamó a la Policía y después acudió a un centro de salud, donde se le emitió un parte médico que adjuntó en su denuncia.

El agresor fue detenido entonces y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado, trasladándolo a la vivienda de un familiar.

Testimonio de los policías y declaración que hizo la víctima

En el juicio celebrado hoy, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar. Quienes sí han prestado testimonio han sido los cinco agentes de la Policía Nacional que actuaron ante estos hechos, cuando Tulia llamó a la Policía, cuando prestó declaración para interponer la denuncia y cuando fue acompañada al centro de salud para certificar en un parte las lesiones. Asimismo, se ha podido ver dicho parte de lesiones y se ha escuchado la declaración que hizo Tulia aquel día sobre los hechos.

La acusación, que representa a la familia de Tulia, ha señalado que las declaraciones de los policías han sido “contundentes” y “los hechos han quedado acreditados”, así como con la declaración de la médica sobre la lesión causada a la mujer “agarrándola del cuello”. Sobre las presuntas amenazas, también se ha señalado cómo denunció que su exmarido dijo “te voy a meter fuego a la casa”.

Por su parte, la defensa del acusado ha esgrimido que no se han acreditado los delitos de lesiones ni las amenazas, admitiendo solo los daños materiales que se provocaron al equipo de música de la mujer aquel día. Sobre su petición de suspensión por un posible estado de enajenación mental del hombre, la defensa espera que se elabore un informe médico al respecto para el juicio sobre el asesinato de Tulia y esgrime que se ha solicitado al haber indicios de tal estado, incluyendo manifestaciones autolíticas y el traslado a otra prisión que ha sufrido por ello, si bien la acusación ve en esto la posible vía para la defensa del acusado en el juicio por el asesinato de su exmujer.

El juicio ha quedado visto para sentencia y se espera que esta se conozca en 15 días.

Tulia llamó a la Policía Nacional apenas dos horas antes de su asesinato el 13 de abril. En esa llamada, trasladó a los agentes sus sospechas de que su exmarido, actualmente en prisión provisional por supuestamente acabar con vida ese mismo día, se encontraba escondido en su piso, ubicado en el mismo bloque donde vivía ella. Así lo ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas a la investigación, por lo que se confirma lo manifestado y defendido por los hijos de la víctima.

Según la documentación a la que ha accedido Cordópolis, Tulia llamó a la Policía a las 6:48 del 13 de abril. Hay que recordar que el detenido habría acabado con la vida de su exmujer apenas dos horas después de esa llamada en la que la víctima trasladó a los agentes que sospechaba que el hombre estaba en su piso, en una planta superior al suyo, porque le había parecido haberlo escuchado. El hombre no podía estar en su vivienda porque tenía una orden de alejamiento por una agresión que Tulia sufrió el 11 de abril.

Sobre las 15:00 de ese día, la mujer llamó a la Policía denunciando que su exmarido había entrado en su casa con un martillo, destrozando un equipo de sonido. El agresor fue detenido y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado. Esta agresión iba a juzgarse el 13 de abril a las 10:00, pero Tulia fue asesinada una hora antes de ir a declarar.

Ahora, un oficio de la Policía Nacional remitido al juzgado ha dejado constancia de que la víctima trasladó a los agentes su miedo al intuir que su exmarido había roto la orden de alejamiento y se encontraba en su piso apenas dos horas antes de, supuestamente, cometer el crimen. Cuando la Policía recibió la llamada, una dotación de agentes acudió al barrio de La Fuensanta y se entrevistó con Tulia. Los agentes llamaron a la puerta del piso en el que vivía el hombre, pero nadie contestó a la puerta ni escucharon ruidos en el interior. Entonces, los policías se retiraron tras darle instrucciones a Tulia sobre los pasos a seguir.

Aproximadamente dos horas después de esta visita, se consumó el asesinato. La agresión previa al crimen se juzgará este miércoles en la Ciudad de la Justicia.