La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión a una mujer multirreincidente como autora de un delito continuado e intento de robo en el restaurante La Cuchara de San Lorenzo. La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel, solicitud que se ha visto reducida después de que el Ministerio Público y la defensa llegaran a un acuerdo.

Según el relato de hechos probados, la condenada actuó guiada por el ánimo de obtener un beneficio económico ilícito. El primer intento tuvo lugar alrededor de las 5:33 del 16 de mayo de 2023, cuando la mujer acudió al restaurante. En ese momento, el local estaba cerrado y la acusada trató de forzar la puerta corredera para acceder al interior, abandonando el lugar apenas nueve minutos después sin haber logrado su objetivo.

No conforme con el primer fracaso, la condenada regresó al mismo establecimiento la madrugada siguiente, el 17 de mayo de 2023, sobre las 2:14. En esta segunda ocasión, volvió a intentar forzar la misma puerta, desistiendo nuevamente apenas dos minutos después.

A pesar de que no logró sustraer ningún objeto, la mujer ocasionó daños valorados en 380 euros, aunque el dueño del establecimiento ha reclamado indemnización al haber sido ya resarcido por su seguro. Cuando cometió los hechos, sobre la procesada pesaban cinco condenas firmes dictadas entre 2016 y 2019, todas ellas relacionadas con delitos de robo con violencia, tanto consumados como en grado de tentativa.

El Ayuntamiento de Córdoba ha decidido personarse en un procedimiento judicial abierto por un vecino de la ciudad después de que el coche que conducía sufriera daños por un bolardo no señalizado.

Según los hechos que han motivado la demanda, el conductor sufrió una colisión con un pivote en la calzada cuando intentaba incorporarse de nuevo a una vía de la que había sido desviado previamente debido a la ejecución de unas obras. El vecino, que sostiene que el bolardo estaba sin señalizar, reclama la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por los daños ocasionados en su vehículo, una petición que inicialmente fue desestimada por silencio administrativo.

Tras una notificación por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Córdoba, la Asesoría Jurídica municipal ha informado este lunes a la Junta de Gobierno Local su intención de personarse en la causa.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una deuda tributaria de 63.150,32 euros a una cordobesa por no pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante tres años al rechazar el argumento de que fue engañada o mal informada por su asesor fiscal.

Según la demandante, su asesor fiscal gestionaba su actividad profesional y disponía de su certificado digital. La mujer alegó ante el tribunal que el asesor le pidió firmar un documento de representación de la Agencia Tributaria asegurándole que se trataba de un “mero trámite”, sin explicarle las consecuencias legales que ello conllevaba.

La recurrente sostuvo que el asesor firmó las actas de conformidad con Hacienda sin su conocimiento ni autorización, y que ella no supo nada del procedimiento hasta que recibió las providencias de apremio para el cobro forzoso de la deuda. Para su estrategia de defensa aportó un acta notarial en la que el propio asesor admitía que no le había comunicado el estado ni los avances de la inspección.

Sin embargo, los magistrados de la Sección Cuarta del TSJA han desestimado íntegramente estas alegaciones. El tribunal ha fundamentado su decisión en que existe un modelo normalizado de representación firmado por la propia interesada -que no pagó el IRPF durante 2016, 2017 y 2018- en el cual se facultaba expresamente al asesor para firmar actas de conformidad y propuestas de sanción.

Por ello, el tribunal ha calificado la actitud de la mujer como una “negligencia”, señalando que fue ella quien eligió a un representante que no la asesoró bien y que, además, decidió “desentenderse del procedimiento de inspección tributaria” al no requerir información a su gestor. Asimismo, ha subrayado que, al ser la demandante mayor de edad, no se puede presumir que tuviera dificultades para comprender el alcance de otorgar un poder de representación legal.

Aunque el TSJA ha confirmado esta sanción tributaria, sí ha dejado la puerta abierta a la demandante a que emprenda acciones legales contra su asesor. Finalmente, el tribunal le ha impuesto el pago de las costas judiciales, fijando un límite máximo de 800 euros.

Un hombre con un trastorno mental que había sido condenado a 16 meses de prisión e internamiento por un delito de exhibicionismo ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba al considerar que en los actos que cometió no había ánimo libidinoso alguno.

Según la sentencia, el 30 de marzo de 2023, el hombre paseó por un parque de la capital cordobesa con los pantalones bajados y mostrando sus genitales, todo ello en presencia de los niños y las familias que aquella tarde estaban en esta zona infantil. Tras una denuncia, el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba lo condenó a prisión y a internamiento por un delito de exhibicionismo. Además, le aplicó una eximente incompleta por trastorno mental, ya que el hombre padece un trastorno bipolar y trastorno por consumo de tóxicos, lo que alteraba sus capacidades volitivas y cognitivas en el momento de los hechos.

Sin embargo, su defensa alegó ante la Audiencia que el condenado no tenía ánimo lascivo ni provocador. Según el letrado, su cliente no se bajó los pantalones deliberadamente para mostrarse ante los niños, sino que estos se le bajaron debido al mal estado de su ropa y a su propio deterioro físico y mental. Ha sido precisamente esa ausencia de ánimo provocador lo que ha hecho que el tribunal haya revocado la sentencia de primera instancia.

En su argumentación, la Audiencia recuerda que la exhibición requiere que sea “obscena” y que, en este caso, la conducta es “atípica”: se trataba de un hombre con sus facultades totalmente perturbadas -quien tras su detención tuvo que ser trasladado a un centro médico para ser medicado- que paseaba por el parque sin conciencia alguna de la relevancia de sus actos ni intención de provocar sexualmente a nadie.

Por todo ello, la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación y ha revocado la sentencia anterior, absolviendo al hombre. El tribunal ha concluido que la falta de comprensión del acusado iba más allá de una simple afectación mental y que su comportamiento, dadas las circunstancias de descompensación de su trastorno bipolar, no encaja en el tipo penal de exhibicionismo obsceno.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena al Ayuntamiento de Pozoblanco por el despido improcedente de una trabajadora que prestó servicios para el municipio durante casi ocho años encadenando contratos temproales. La sentencia desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empleada, confirmando íntegramente el fallo previo del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba.

Según la sentencia, la trabajadora inició su andadura en el consistorio el 20 de octubre de 2014 con un contrato a tiempo completo como técnica de información turística. Desde entonces, y hasta julio de 2022, encadenó una sucesión de contratos temporales, eventuales por circunstancias de la producción y de obra o servicio.

A lo largo de estos años, la empleada desempeñó funciones ligadas al área de turismo, aunque en ciertos periodos fue contratada formalmente bajo las categorías de auxiliar administrativo (en 2019) y oficial administrativo (en 2020), manteniendo en la práctica sus labores de promoción y desarrollo turístico. Su último contrato, iniciado en julio de 2021 y prorrogado posteriormente, fijaba una jornada parcial del 71,42%.

El conflicto llegó en julio de 2022, cuando el Ayuntamiento dio por extinguida la relación laboral alegando simplemente la llegada de la fecha fin de contrato. La trabajadora firmó el finiquito pero mostró su disconformidad, iniciando un proceso judicial que culminó con la declaración de improcedencia del despido por parte del juzgado cordobés, que impuso al Ayuntamiento una indemnización de 4.949,79 euros. Hay que señalar que la plaza que ocupaba la demandante había sido incluida en mayo de 2021 en la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal.

Frente a esta sentencia, la trabajadora interpuso un recurso ante el TSJA alegando una mayor indemnización por la categoría correspondiente a sus funciones según la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el tribunal ha rechazado esta pretensión al considerar que no se ha acreditado que realizara funciones de una categoría superior a la reconocida, ni que todos los técnicos municipales estuvieran encuadrados en el grupo A2, por lo que deberá ser indemnizada como trabajadora del Grupo C1.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión por un delito de distribución de material de explotación infantil tras conocerse que descargó hasta 2.281 archivos de este tipo y compartió 2.369 vídeos de niños en actitudes sexuales. La Fiscalía pedía para él siete años de cárcel, pero un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa ha permitido reducir considerablemente la pena, llegando, incluso, a evitar la entrada en prisión de este hombre.

Según la sentencia, facilitada a este medio por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los hechos fueron investigados entre febrero y noviembre de 2023, cuado se realizó una entrada y registro en la vivienda del condenado, que en el momento de los hechos tenía 64 años. Durante este tiempo, el acusado hizo uso del programa emule, que le daba acceso a la red eDonkey para el intercambio de archivos peer to peer (P2P) a través del cual descargó hasta 2.781 y al mismo tiempo compartió un total de 2.369 archivos de vídeo que representaban a menores de edad en actitudes claramente sexuales.  

Igualmente, continúa la sentencia, el condenado almacenó en el disco duro de su ordenador y en un dispositivo usb la cantidad de 167 y 140 archivos de material de abuso infantil para su distribución. Con el fin de que estos archivos que descargaba y almacenaba a través de eMule fueran también distribuidos a otros usuarios de la red edonkey, el acusado utilizó la opción del programa emule de “compartir los archivos” con el resto de usuarios. Entre los más de 2.000 archivos descargados y puestos a disposición para ser compartidos, fueron hallados vídeos durísimos de violaciones de menores, entre ellos, un bebé de un año y una niña de no más de siete.

Al tiempo de la celebración de la vista, el acusado ha realizado ingreso de 400 euros a favor de la Asociación Redime que se dedica a defender a la infancia de hechos como los que son objeto de la presente causa.

Con el acuerdo, el acusado ha sido condenado a dos años de prisión y a cuatro de libertad vigilada. Además, se le impone una pena de inhabilitación especial de privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cinco años; y otra inhabilitacion especial durante diez años para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad. Dado que la pena no excede de dos años, el condenado no tiene antecedentes y tampoco debe afrontar una responsabilidad civil, el tribunal le ha suspendido la ejecución de la pena durante dos años, siempre y cuando no delinca durante ese periodo y se someta a un programa formativo de educación sexual.

La jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que investiga el accidente de trenes ocurrido en Adamuz el día 18 de enero, con el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía en la causa como actor civil.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han explicado que es una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia en la que se recoge dicha personación como actor civil.

En este sentido, han precisado que solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero “no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción”, han detallado las fuentes.

Al respecto, el Gobierno andaluz confirmaba este miércoles en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que había solicitado personarse en las diligencias abiertas, una vez que mandató a su gabinete jurídico a que diera ese paso procesal.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, reclamó en este sentido que “se llegue hasta el final de la investigación”, una aspiración sobre la que ha asegurado que “se lo debemos a las víctimas, a sus familiares”, sobre quienes ha sostenido que “siempre” el Gobierno andaluz “estará a su lado”, por lo que ha reivindicado “acompañarles aquí y en los tribunales”.

“Lo importante y lo urgente es que se conozca toda la verdad”, se ha ratificado la consejera y portavoz, quien ha sostenido como “dos caminos paralelos” el trabajo legal de la Junta con la creación de la figura del Comisionado de atención a las víctimas que anunció y ratificó en el Consejo de Gobierno de 18 de marzo, celebrado en el propio municipio cordobés.

Denegación de otras administraciones

Esta iniciativa procesal de la Junta de Andalucía sobre el accidente ferroviario de Adamuz se suma al rol que han asumido otras administraciones, como han sido los casos de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, cuya legitimación procesal para asumir la acusación popular se cuestionó el Juzgado de Montoro y se las denegó.

Ese rechazo llevó a ambos municipios a elevar un recurso de reforma ante el propio juzgado, como ya ha hecho el de Punta Umbría, un paso previo a la posibilidad de recurrir esa negativa ante la Audiencia Provincial de Córdoba dentro de un planteamiento de “agotar todas las vías legales”.

Rechazada la personación de Ouigo

Por otra parte, la jueza ha acordado rechazar la personación de Ouigo España SAU “al no ser perjudicado directo” del siniestro ferroviario de Adamuz, “pudiendo, si a su derecho conviene, reclamar por la vía correspondiente los perjuicios que pudieran habérsele ocasionado”.

Así lo recoge una diligencia de ordenación, de fecha 7 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, si bien cabe interponer recurso de reposición ante la letrada de la Administración de Justicia, mediante escrito presentado en la Oficina judicial en el plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación, expresando la infracción cometida a juicio del recurrente. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida.

Sí en cambio, la jueza ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía. Por contra, no se ha aceptado la personación como acusación popular de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, del partido político Iustitia Europa y del Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro). Según ha informado el TSJA, en el caso de los dos ayuntamientos, la jueza concluye que no ha lugar a tenerlos por personados “por falta de legitimación para el ejercicio de la acción popular”.

Recursos de ayuntamientos

Mientras, los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría han presentado sendos recursos por la inadmisión de la personación en la causa del accidente. El de Huelva defendía “la obligación de agotar todas las vías judiciales posibles para formar parte de la causa, por dos cuestiones bien claras”. “Una, porque es mandato del Pleno municipal hacerlo de ese modo, y porque nuestra ética sí lo manda”, afirmaron desde el Consistorio, desde donde han subrayado que tienen que estar “junto a las familias en todo momento, apoyarlas y poder impulsar líneas de investigación o de instrucción para que se averigüen los hechos de por qué ocurrió el trágico suceso”.

Y el de Punta Umbría subrayaba que ostenta un “interés directo, legítimo y cualificado” para intervenir en el procedimiento, “dado el profundo impacto” que el siniestro tuvo en la localidad, donde tres vecinos fallecieron y siete resultaron heridos de consideración.

Además, rechaza el argumento de que la personación del Ayuntamiento sea “innecesaria” por la presencia del Ministerio Fiscal y recuerda que el sistema penal español “permite la coexistencia de distintas acusaciones” y que, en este caso, “concurren circunstancias específicas como la investigación de entidades públicas estatales”, lo que, a juicio del Consistorio, “refuerza la necesidad de garantizar un control adicional y la defensa de los intereses de la comunidad local”.

Mientras que en el caso de Iustitia Europa la jueza rechaza la personación “por falta de cumplimiento de requisitos formales concretados en la falta de autorización/acuerdo del órgano correspondiente para el ejercicio de la acción penal como acusación popular en el presente procedimiento”.

Por su parte, Alferro presentó un escrito el día 17 de marzo por el que solicitaba su personación como acusación particular y alta en una de las piezas, hecha efectiva mediante diligencia de ordenación, y simultáneamente pedía su baja en la pieza de acusaciones populares, motivo por el que la juez inadmite su personación como acusación popular.

Personaciones admitidas

Mientras, sí admite la personación como acusación popular del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, Asociación HazteOir.org, Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Asociación Víctima de los Políticos y Asociación Liberum, una personación condicionada a la previa prestación de una fianza de 3.000 euros para cada una de las acusaciones.

La jueza considera dicha cuantía “proporcionada y adecuada a las circunstancias concurrentes”, y todo ello “atendiendo al número especialmente elevado de acusaciones populares interesadas, la naturaleza del procedimiento, y la necesidad de preservar y asegurar el adecuado desarrollo del mismo evitando disfunciones derivadas de una pluralidad excesiva de partes acusadoras”.

La jueza concede un plazo de nueve días para la constitución de la fianza en alguna de las formas legalmente previstas y apercibe a los solicitantes de que, de no verificar la prestación de dicha fianza en el plazo dispuesto, no se tendrán por personados.

Asimismo, “y a fin de garantizar la economía procesal, la buena marcha del proceso y evitar dilaciones indebidas”, la instructora hace expresa advertencia de que, en su caso, “podrán adoptarse medidas de coordinación, acumulación o unificación procesal de la actuación de las acusaciones popular a la vista de las facultades de dirección procesal de esta instructora”.

La jueza admite la personación de estas entidades al considerar que “comparecen con la postulación adecuada, han manifestado su voluntad de prestar fianza exigible y no se aprecia finalidad espuria ni desviación del proceso penal”, por lo que “concurren los requisitos legalmente exigidos para su admisión”.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre, a través de una sentencia de conformidad, a dos años de prisión por un delito de lesiones tras una violenta pelea con su hermano. No obstante, el tribunal ha acordado dejar en suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad, condicionada a que el acusado no delinca en los próximos dos años, debido a su falta de antecedentes y al acuerdo alcanzado entre las partes.

Los hechos, ocurridos la noche del 5 de octubre de 2021, tienen su origen en una crisis de convivencia. En aquellos momentos, el hermano del procesado -y víctima de la agresión- se encontraba viviendo en el domicilio de este familiar y de su esposa, junto a su hijo, tras el fallecimiento de su mujer. La tensión estalló cuando la víctima llamó por teléfono a su cuñada para recriminarle que hubieran expulsado a su hijo de la vivienda.

Durante esa llamada, el agredido profirió diversos insultos contra la mujer de su hermano, lo que llevó a esta a cortar la comunicación. Acto seguido, la víctima se presentó físicamente en el portal del edificio manifestando expresiones intimidatorias de extrema gravedad dirigidas tanto a su cuñada como a su hermano. Según los hechos probados, a la primera le dijo que tenía “que matarte y tirarte por la terraza”, mientras que sobre su hermano también profirió amenazas de muerte al grito de “maricón”. Estas amenazas no fueron denunciadas.

Tras ser alertado por su esposa, el condenado llamó a su hermano para reprocharle su actitud, a lo que este respondió reiterando que iría a buscarlo a su puesto de trabajo para acabar con su vida. Alrededor de las 23:30, la víctima se personó en la obra de un instituto en Córdoba donde su hermano ejercía sus funciones de vigilante. Ya allí se inició una pelea y, en el transcurso de la misma, el condenado asestó varios golpes a su hermano con un cuchillo de diez centímetros. La víctima sufrió heridas en el costado izquierdo, la espalda y el muslo. El condenado, por su parte, sufrió lesiones menores por las que recibió asistencia facultativa, aunque decidió no denunciar ni reclamar por ellas.

Tras la imposición de los dos años de prisión por un delito de lesiones, el tribunal decretó la suspensión de la entrada en prisión del condenado dado que no tiene antecedentes, la pena no supera el máximo exigido para que disfrute de este beneficio y no deberá afrontar indemnización, ya que la víctima renunció expresamente a ella.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado el ingreso provisional en la cárcel del fotógrafo condenado a 14 años de prisión por abusar de su hijastra y distribuir vídeos de explotación infantil.

Esta decisión judicial llega después de que la acusación particular y el Ministerio Público la solicitaran a la Audiencia. Tras una deliberación, el tribunal ha acordado esta medida hasta que la sentencia adquiera firmeza. Según fuentes judiciales, el condenado puede ahora recurrir el auto de prisión, al igual que la sentencia condenatoria. Si se interponen estos recursos por parte de la defensa, la acusación particular, representada por la abogada María del Carmen Garrido Montiel, prevé impugnarlos.

Según el relato de los hechos probados, el condenado comenzó a convivir con la menor en 2011, cuando esta llegó a España desde su país de origen. El acusado, que ejercía de facto como figura paterna, inició los abusos en 2012, cuando la niña tenía solo seis años, y los mantuvo hasta que cumplió los 12, en 2017.

En un primer momento, el condenado acariciaba a la menor en las nalgas y le pedía que le tocara su miembro, planteándoselo como un juego. Meses después, comenzó a tocar las partes íntimas de la niña. Trascurrido un año, durante el cual estas acciones se repetía entre dos y tres veces por semana, el acusado convenció a la menor para que le realizara otros actos de índole sexual. El condenado seguía planteando esto como un juego que la menor interiorizaba con naturalidad y que repetía cuando se quedaba a solas con ella en el domicilio, ya que su madre trabajaba. Además de todo ello, según la sentencia, el procesado mostraba vídeos de carácter sexual a la menor.

El tribunal también consideró probado que el condenado grabó en su Ipad, en dos ocasiones, los actos de carácter sexual que cometía sobre la menor. La víctima, a medida que crecía, fue siendo consciente de lo que hacía sobre ella la persona que sentía como su padre. Esto provocó que se sintiera avergonzada y borrara alguno de estos vídeos. No ha quedado probado que estos archivos fueran compartidos por el procesado con terceras personas.

En consecuencia, el tribunal le impuso 12 años de cárcel por el delito de abuso sexual con penetración y dos años de prisión por un delito de distribución de material de explotación infantil que pudo ser descubierto gracias a un disco duro que tenía el condenado. Además, deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros por daños morales, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes. Asimismo, la justicia ordenó el comiso de un disco duro de 500 GB de capacidad, procediendo al borrado seguro de todo su contenido.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha desestimado la reclamación de un vecino de Córdoba que solicitaba una indemnización de 8.145 euros al Ayuntamiento por los daños causados por la entrada de agua en su local. El demandante sostenía que las filtraciones se debían al mal estado del acerado público. Concretamente al levantamiento del pavimento provocado —según su versión— por las raíces de un árbol, lo que habría generado una pendiente que favorecía la entrada de agua de lluvia en el inmueble.

Sin embargo, el juez no ha apreciado pruebas suficientes que acrediten esa relación directa entre el estado de la vía pública y los daños sufridos. Tras analizar los informes periciales y la documentación gráfica aportada, la sentencia concluye que no se ha demostrado la existencia de una pendiente invertida ni de un defecto relevante en la acera que pueda imputarse a la Administración.

Por el contrario, el fallo apunta a que la causa más probable de las filtraciones radica en las propias características del local, situado a ras de calle y sin elementos de protección —como un escalón o barrera— que impidan la entrada de agua en episodios de lluvia intensa.

Asimismo, el juzgado destaca que, aunque se detectó un pequeño desperfecto en una zona del acerado posiblemente vinculado a raíces, este no se encontraba junto a la entrada del inmueble ni era suficiente para justificar los daños alegados.

En consecuencia, la resolución descarta la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en el caso. No obstante, el juez ha decidido no imponer las costas procesales a ninguna de las partes al considerar que existían dudas razonables en el litigio. La sentencia es firme y no admite recurso ordinario.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a cinco años de cárcel a un varón de unos 36 años como autor de un delito continuado de agresión sexual, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, supuestamente cometido sobre una menor de edad, con unos 13 años.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en fecha no determinada, pero en todo caso en torno al mes de junio de 2018, la menor estableció comunicación a través de una red social con el procesado y, tras mantener con él contactos en dicha red, él supuestamente le propuso mantener relaciones sexuales.

Con tal fin, el 17 de junio de 2018, el acusado recogió a la menor en una zona de una localidad cordobesa y “con ánimo de satisfacer su deseo sexual, a sabiendas de que la víctima tenía 13 años”, la llevó a otro lugar donde ocurrieron los hechos, que presuntamente se repitieron en dos ocasiones en días sucesivos, antes del 20 de julio de 2018, todo “con plena consciencia de que la víctima era menor de 16 años”.

Como consecuencia de los hechos, “la víctima sufrió sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, precisando de terapia psicológica”, según se indica en la sentencia.

Además de la pena de cárcel, le han impuesto la prohibición de comunicarse o aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios o cualquier otro frecuentado por ella a menos de 150 metros durante seis años y seis meses. También, le han condenado a seis años de libertad vigilada y a diez años y un día de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad. Y deberá indemnizar a la joven en la suma de 6.000 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá este martes el juicio contra un hombre acusado de intentar sustraer un patinete eléctrico tras agredir y vejar a su dueño en plena vía pública. Los hechos, que se remontan al año 2024, terminaron de forma abrupta para el presunto delincuente, quien fue detenido de forma inmediata por los agentes de policía presentes en la zona.

Según el relato del Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado se aproximó a la víctima mientras esta circulaba con su patinete. Sin mediar palabra más allá de los insultos, el procesado comenzó a proferir expresiones vejatorias con el fin de exponer a la víctima “a la mofa de quienes pasaban por la vía pública”, para acto seguido propinarle un puñetazo en el rostro.

Lejos de deponer su actitud, y mientras el agredido intentaba contactar con las fuerzas de seguridad para denunciar lo ocurrido, el acusado continuó persiguiéndolo. Con el objetivo de obtener un beneficio ilícito, el procesado llegó a esgrimir un objeto punzante, obligando a la víctima a retroceder y logrando hacerse con el patinete. Sin embargo, la intervención policial fue instantánea, impidiendo que el acusado pudiera huir con el vehículo y procediendo a su arresto en el mismo lugar de los hechos.

Por estos sucesos, la Fiscalía califica los hechos como constitutivos de tres delitos: robo con violencia en grado de tentativa, un delito leve de lesiones y un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas (este último en concurso con un delito contra la integridad moral).

Petición de penas

La acusación pública solicita para el procesado un conjunto de penas que suman dos años y nueve meses de cárcel. En concreto, interesa una condena de dos años de prisión por el intento de robo con violencia. A esto se añade una petición de nueve meses de prisión y una multa de nueve meses (con una cuota diaria de 10 euros) por el delito contra los derechos fundamentales, al apreciar la agravante de discriminación.

Asimismo, por el delito leve de lesiones derivado del puñetazo, se solicita otra multa de dos meses a razón de 10 euros diarios. Además de las penas privativas de libertad y económicas, el Ministerio Fiscal pide que se le imponga la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio educativo, deportivo o de tiempo libre por un periodo de cuatro años, junto con el pago de las costas procesales.

En febrero de 2025, un juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo falló a favor de un padre, extinguiendo -con efectos retroactivos desde 2018- la pensión alimenticia que estaba abonando a su hijo. Esta demanda civil la formuló cuando tuvo conocimiento de que su vástago llevaba años trabajando, pero ni él ni su madre se lo habían trasladado para que dejara de pasarle la pensión. Aunque el juzgado le dio la razón, denegó al padre la posibilidad de recuperar el dinero ya abonado desde esa fecha, lo que ha provocado que la Audiencia Provincial de Córdoba haya anulado el proceso por un defecto de forma.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda interpuesta por el progenitor al quedar acreditado que su hijo trabajaba de forma continuada desde enero de 2018. Basándose en el “principio de flexibilidad” de los procedimientos de familia, el juzgado acordó que la pensión quedaba extinguida desde el momento en que el hijo empezó a trabajar. Por su parte, el hijo aceptó que se extinguiera la pensión, pero su madre no contestó a la demanda.

No obstante, el juzgado rechazó la petición del padre de obligar a la madre y al hijo a devolver las cantidades percibidas durante estos siete años. El magistrado de instancia argumentó que dicha reclamación era “extemporánea”, ya que no se incluyó en la demanda inicial y se planteó “por sorpresa” durante la vista. Además, aludió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el carácter consumible de los alimentos para denegar el reembolso.

Contra esta sentencia, el padre formuló un escrito alegando abuso de derecho y enriquecimiento injusto, además de cuestionar la interpretación del juzgado. Antes de entrar a valorar si el padre tiene derecho o no a recuperar su dinero, la Sección Primera de la Audiencia de Córdoba ha decretado la nulidad de las actuaciones porque la madre solo conocía la demanda original, tendente únicamente a la extinción del pago de la pensión, pero nunca fue informada de que en el juicio se iba a pedir también que devolviera miles de euros. Según la Audiencia, resolver sobre ello cuando una de las partes no tenía conocimiento ha generado una situación de indefensión que ha invalidado el proceso.

Además, la Audiencia ha calificado como “improcedente” el razonamiento utilizado en la sentencia de instancia. Así, los magistrados han argumentado que si este juzgado consideraba que la petición del padre para recuperar el dinero era “extemporánea”, no debería haber entrado a valorar si procedía o no basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Según la Sala, “si la pretensión es inadmisible, resulta innecesaria cualquier argumentación para su estimación o desestimación”.

Con esta decisión, la Audiencia ha obligado al juzgado de instancia a notificar legalmente la sentencia a la madre. El objetivo es garantizar que ella pueda conocer la reclamación y defenderse o recurrir si lo desea. Solo una vez cumplido este trámite, el caso regresará a la Audiencia Provincial para que los magistrados decidan definitivamente sobre la devolución de las pensiones abonadas desde 2018.

El hombre que durante la noche de este jueves, 2 de abril, fue detenido por “increpar” y aproximarse “con una actitud agresiva” y “vociferando” al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mientras realizaba una visita institucional al municipio de Cabra (Córdoba) ha pasado este viernes a disposición judicial para esperar la decisión del juzgado de guardia. Según ha avanzado Abc, el juez ha decretado su puesta en libertad con cargos, investigado por un presunto delito de desobediencia a la autoridad.

En contexto, fuentes policiales confirmaron a Europa Press que los agentes de la Policía Nacional “invitaron al individuo” a abandonar el lugar. No obstante, el mismo comenzó a “empujar a los policías” e hizo “caso omiso” a sus indicaciones. Finalmente, fue detenido por un presunto delito de resistencia a la autoridad.

Así, este varón habría “reprendido” a los profesionales mientras los mismos intentaban “velar por la seguridad” de los allí presentes, dado el estado “alterado” de este individuo.

Moreno se encontraba en el referido municipio cordobés durante una visita al Ayuntamiento, en la que mantuvo una reunión con su alcalde, Fernando Priego. Además, visitó la hermandad de la Piedad y asistió a la salida de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado íntegramente la sentencia que condena a un hombre una pena global de dos años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato habitual y otro continuado de amenazas hacia quien fuera su pareja. El tribunal ha desestimado así el recurso de apelación del acusado, avalando la contundencia del relato de la víctima y la gravedad de un comportamiento encaminado a anular su libertad.

Según recogen los hechos probados de la sentencia, la relación entre el condenado y la víctima comenzó en marzo de 2019 y se prolongó hasta marzo de 2021. Durante ese tiempo, el agresor instauró un clima de “hostigamiento, humillación, menosprecio y desvalorización” hacia su pareja. Las vejaciones verbales eran constantes, dirigiéndose a ella con insultos como “loca” e “inútil”, asegurándole que “no valía para nada”. El control que ejercía sobre la vida de la mujer era, según el tribunal, absoluto. El fallo detalla que el hombre le impedía relacionarse con sus amistades y, una vez que tuvieron un hijo en común, le prohibió trabajar.

La convivencia, según el tribunal, ha estado marcada por episodios de gran agresividad. En una ocasión, el condenado le lanzó una pinza a la cara de forma violenta tras quitársela de las manos y arrojó una pizza al patio con desprecio. Sin embargo, el nivel de intimidación alcanzó su punto más crítico cuando el acusado, en diversas discusiones en el domicilio común, sacaba una pistola que guardaba en una caja fuerte y se la exhibía a la mujer, con el único propósito de crear en ella un estado de “angustia y temor”. Además, las amenazas verbales también eran recurrentes. El hombre llegó a decirle expresiones como: “Te voy a matar, que eso me cuesta a mí lo que valga un cartucho” o “yo lo tengo ya todo vivido y me da igual, denúnciame que te estoy esperando”.

La violencia continuó tras la ruptura

Una vez que la víctima puso fin a la relación en marzo de 2021, la violencia siguió. Según la sentencia, cuando la víctima contactó con un abogado para gestionar la custodia de su hijo, el condenado se presentó en la puerta de su vivienda y la amenazó directamente con “Te voy a hacer lo de Hernán”. Un año y medio después de esa amenaza, el condenado abordó a la víctima en un centro de terapia infantil diciéndole “me quieres nada más que por el dinero”. Momentos después, en la puerta de la escuela infantil del menor, se inició una nueva discusión por el pago de la pensión de alimentos. En ese lugar, el agresor volvió a retarla al grito de “denúnciame, que te estoy esperando” mientras le apuntaba con la mano simulando tener una pistola. Como consecuencia de este maltrato sostenido durante dos años, la víctima ha desarrollado un trastorno adaptativo que requiere de tratamiento psiquiátrico.

En su resolución, la Audiencia Provincial ha rechazado los argumentos de la defensa, que pedía la absolución alegando falta de pruebas. Los magistrados han subrayado que el testimonio de la mujer ha sido “contundente, coherente y mantenido en el tiempo”, contando además con la corroboración de los informes de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIG).

Además de las penas de prisión, el tribunal ha confirmado la privación del derecho a la tenencia de armas durante cinco años, mismo periodo para el cual le ha impuesto la prohibición de comunicación y de alejamiento respecto de la víctima.

La plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al conductor de un camión grúa por un delito de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones imprudentes al realizar un giro prohibido que provocó la muerte de una mujer. Aunque el juzgado no ha apreciado responsabilidad penal en el motorista que conducía el vehículo en el que iba la víctima, sí ha considerado que le faltó pericia durante el siniestro, por lo que ha reducido la responsabilidad civil del condenado al 85%.

Los hechos ocurrieron en torno a las 14:45 del 2 de marzo de 2023, cuando el condenado circulaba con una grúa por la avenida Carlos III. Al llegar a la altura de la calle Cinco Caballeros, y tras reanudarse la marcha en un semáforo, el gruista efectuó una maniobra de giro a la derecha para abandonar la avenida. Dicha maniobra estaba expresamente prohibida por una señal horizontal, que obligaba a seguir recto. Al girar, el camión invadió el espacio por el que circulaba la motocicleta en la que viajaba como ocupante la esposa del conductor. Pese a que el motorista intentó una maniobra evasiva, colisionó con el lateral del camión. La víctima salió despedida y fue atropellada por la rueda delantera derecha del vehículo pesado, falleciendo en el acto.

Por estos hechos, el juzgado ha impuesto al gruista -camionero de profesión- una pena de un año de multa (con una cuota diaria de seis euros, sumando 2.160 euros) y la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo de un año.

Por otro lado, el tribunal ha decretado la libre absolución del motorista. Aunque el atestado policial sugería una responsabilidad compartida porque el motorista circulaba por una zona que ya se había convertido en arcén, el magistrado ha aplicado la teoría de la imputación objetiva. En ese sentido, el juzgado defiende que el riesgo principal y determinante fue creado por el gruista al ignorar la señalización obligatoria y no comprobar su derecha antes de girar, interrumpiendo un tránsito que no debía ser obstaculizado.

Sin embargo, en el ámbito civil, el juez sí ha apreciado una “impericia” del 15% por parte del motorista “al no haber sabido controlar la motocicleta que pilotaba ante el sorpresivo obstáculo que se le interpuso, quedando acorralado -precisamente por ocupar zona de estrechamiento no habilitada para circular- entre el camión que se le interpuso y el bordillo de la derecha, al que llegó a golpear o rozar en su intento por evadir la colisión”. De este modo, el juzgado ha estipulado que la responsabilidad del condenado debe situarse en el 85% de la cuantía total de los daños.En relación con las indemnizaciones para la familia -representada por la abogada María del Mar Jiménez Sánchez-, estas ascienden a cerca de 350.000 euros.

El condenado y la aseguradora Helvetia, S.A. deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a los familiares con las siguientes cantidades (ya ajustadas al porcentaje de responsabilidad). La resolución aún no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Córdoba en un plazo de cinco días.

El Ayuntamiento de Córdoba se personará en un proceso judicial abierto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la ciudad. Todo porque un vecino ha interpuesto una demanda contra la administración municipal por los daños sufridos en su propiedad, supuestamente causados por el crecimiento de las raíces de un naranjo de la vía pública.

Según consta en el expediente de la Asesoría Jurídica, el origen del conflicto se remonta al 20 de octubre de 2025, fecha en la que el afectado presentó una reclamación patrimonial inicial contra el consistorio. En aquel momento, el vecino denunció que las raíces del árbol habían provocado la rotura de la acometida de agua de su vivienda, lo que derivó en una inundación de la planta baja del inmueble.

La vía judicial se ha activado tras la desestimación presunta por silencio administrativo de su reclamación original. Al no obtener respuesta por parte del Consistorio en los plazos legales, el demandante ha decidido elevar el caso a los tribunales mediante un procedimiento contencioso abreviado.

Por su parte, la Asesoría Jurídica municipal ya ha comunicado a la Junta de Gobierno Local su intención de personarse en el procedimiento para defender los intereses del Ayuntamiento, en cumplimiento de la obligación legal de las entidades locales de defender sus bienes y derechos.

El caso seguirá ahora su curso en el Tribunal de Instancia de la Plaza número 3, donde se determinará si existe responsabilidad municipal en los daños causados por el arbolado público.

Condenan al Ayuntamiento a indemnizar a un motorista por un socavón sin señalizar

Además, la Junta de Gobierno Local ha recibido comunicación este lunes de una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a un ciudadano tras sufrir un accidente de moto provocado por las deficiencias del firme.

El incidente ocurrió en la calle Sanchuelo, donde el demandante sufrió una caída al transitar sobre un socavón en la calzada que se encontraba sin señalizar. Ante la falta de respuesta del Consistorio a su reclamación inicial, presentada el 9 de abril de 2025 —lo que legalmente se conoce como desestimación por silencio administrativo—, el afectado decidió llevar el caso a los tribunales.

Aunque la pretensión indemnizatoria original del motorista ascendía a 630,43 euros, el tribunal ha dictado una estimación parcial del recurso. En su fallo, el juez ha reconocido el derecho del accidentado a ser indemnizado por la administración local con una cuantía de 158 euros, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la sentencia hasta su pago total.

La resolució tiene carácter de sentencia firme, lo que significa que no admite recurso ordinario alguno. Por este motivo, la Asesoría Jurídica municipal ha recomendado a la Junta de Gobierno Local que adopte el acuerdo de acatar el fallo y proceda al pago de la compensación reconocida al motorista.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un hombre por abusar sexualmente de una mujer al tocarle sus partes íntimas mientras paseaba por su novio por La Corredera. El tribunal ha ratificado la multa de 3.600 euros tras desestimar los argumentos de la defensa que cuestionaban la presunción de inocencia y el estado mental del acusado.

El incidente tuvo lugar sobre las 23:50 del 6 de agosto de 2022. Según los hechos probados, la víctima paseaba por La Corredera cuando el condenado la abordó por detrás. Con ánimo libidinoso, el hombre le levantó la falda y le tocó tanto los glúteos como la zona vaginal, llegando a realizar los tocamientos por debajo de la ropa interior.

Ante la agresión, la mujer reaccionó propinándole un empujón para apartarlo, lo que derivó en un forcejeo. El acusado intentó huir del lugar, pero fue perseguido por la propia víctima hasta que su marido logró interceptarlo y retenerlo hasta que llegó la Policía Nacional, que lo detuvo. Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 1 lo condenó a 20 meses de multa con una cuota diaria de seis euros. La magistrada de instancia optó por esta pena pecuniaria en lugar de la prisión atendiendo a la “entidad de los hechos” y a las circunstancias personales del acusado, quien carecía de antecedentes penales.

Aunque la condena por abusos se mantiene “por la gravedad de la conducta”, la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso de la defensa y ha dejado sin efecto la pena de tres años de inhabilitación especial para trabajar con menores que se había impuesto inicialmente. Los magistrados explican que, según el actual Código Penal, esta inhabilitación solo puede imponerse cuando la pena principal es de privación de libertad y no cuando se impone únicamente una multa.

Por último, la Sala también ha rechazado aplicar eximentes por trastorno psíquico. Aunque el acusado presentó un diagnóstico de trastorno psicótico de un año después de los hechos, el reconocimiento médico realizado justo tras su detención determinó que no presentaba alteraciones y que actuó “sin pérdida de noción de la realidad”.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha vuelto a anular una sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 y ha instado a repetir el juicio contra un hombre por quebrantar una orden de alejamiento que, pese a ello, fue absuelto. La Sala ha estimado el recurso del Ministerio Fiscal tras detectar graves deficiencias en la resolución original, calificándola de “arbitraria” y carente de una motivación lógica.

Los hechos que han provocado la anulación de la sentencia ocurrieron la tarde del 23 de abril de 2025, alrededor de las 18:00. Según el relato de hechos que la propia sentencia de instancia dio por probado, el acusado caminaba por una calle de Córdoba junto a su expareja y la hija menor de ambos. En ese momento, agentes de la Policía Nacional que patrullaban la zona lo reconocieron porque días antes se les había dado a la fuga en un patinete. Al detenerlo, comprobaron que sobre él pesaba una orden de alejamiento y prohibición de comunicación dictada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Lucena en marzo de 2023, la cual le impedía acercarse a la mujer a menos de 150 metros.

A pesar de que el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba declaró probado que el hombre estaba junto a la mujer, la jueza lo absolvió alegando que el testimonio de la víctima no le generaba una convicción “sin ningún género de dudas”, además de que no cumplía “los requisitos que exige el Tribunal Supremo”, y que la prueba documental era insuficiente.

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha sido especialmente dura con este razonamiento. Los magistrados de la Sección Tercera han señalado una “incongruencia omisiva” insalvable: que la jueza reconozca que el hombre estaba allí, pero luego lo absuelva sin explicar por qué ese hecho no constituía un delito. Según el tribunal, en la sentencia anulada, la magistrada “se limitó a utilizar frases genéricas que encajan en cualquier supuesto” y “meros formulismos”, sin explicar cuáles son esos requisitos del Supremo que no cumple la testifical de la víctima y sin analizar realmente lo que ocurrió en la vista oral.

Lo más grave, según el tribunal, es que la magistrada “omitió por completo la valoración de pruebas fundamentales”, como fueron las declaraciones de los policías, y el fallo no ha sido razonado. En consecuencia, la Audiencia ha declarado la nulidad total de las actuaciones y ha devuelto el caso a Instrucción para que se juzgue en otro juzgado.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha señalado que la jueza que investiga el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, aún no ha resuelto sobre la solicitud de personación de la Junta de Andalucía en dicho procedimiento, aunque ha confiado en que “será que sí”.

Así lo ha dicho Nieto este sábado en el acto institucional de reconocimiento a quienes ayudaron a las víctimas del accidente ferroviario, donde ha sido cuestionado por los periodistas respecto de esa personación y donde ha recordado que la han solicitado para “garantizar que toda la instrucción y luego el juicio llegue a buen término”.

Según ha indicado, hay algunas solicitudes que se han denegado y otras que ya se han permitido, pero sobre la de la Junta no han recibido notificación alguna “ni en un sentido ni en el otro”. Así, ha apostado por “dejar que se vean todos los escritos que se han presentado por las distintas partes”. “Entendemos que será positiva, pero todavía no se ha producido”, ha incidido

El consejero se ha referido a la figura del comisionado creada “para que esté al lado de las víctimas” y que ya está trabajando con “el objetivo fundamental de estar en contacto con las personas que han sufrido de una u otra forma el accidente”. Al respecto, ha indicado que “prácticamente todas las que iban en el tren y sufrieron algún tipo de lesión han recibido su llamada o han recibido su visita”, lo que ha considerado “positivo”.

Preguntado sobre la creación de una comisión en el Parlamento andaluz, ha señalado que al haberse disuelto por la convocatoria de elecciones andaluzas, “será una de las primeras funciones del nuevo Parlamento la constitución de esa comisión que el presidente ya ha dicho que quiere que sea del diálogo y del acuerdo entre todos los grupos políticos donde se definan qué medidas y qué contenidos son los que tienen que desarrollar”.

“Lo que nosotros queremos es que las víctimas del accidente sientan que su administración, la Junta de Andalucía, está cerca de ellos y les va a ayudar en aquello que necesiten. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro reto y en esa línea es en la que queremos que se desarrolle”, ha dicho el consejero.

Según ha apuntado, también trabajarán, aunque será algo que se prolongará “durante bastante tiempo”, en “garantizar que el proceso judicial se cierra de una forma correcta, que las personas que han sufrido el accidente se vean compensadas en la manera que la justicia determine y que si ha habido alguna responsabilidad, también quede verificada y definida en esa causa judicial”.

Cuestionado por el refuerzo del juzgado que lleva la investigación, ha destacado la labor de la jueza y ha aseverado que se está haciendo un esfuerzo “notable”, al tiempo que ha apuntado que no se les ha pedido más refuerzos, pero que “si se solicitaran, evidentemente, los atenderemos y trataremos de que no haya ninguna carencia que lastre o dificulte la instrucción de ese procedimiento”.

Nieto ha esperado que las personas que permanecen hospitalizadas se recuperen y ha señalado que “hay otras heridas que no se ven, que son heridas que están en el alma, que están en la mente y que afectan a muchas personas que iban en ese tren, a muchos familiares de los que iban en el tren y ya no están con nosotros y a ellos no los podemos olvidar”.

Así, ha considerado que “es la hora de intentar cerrar ese luto, cerrar esa presión, hacer que también llegue la primavera a esas personas que lo han pasado mal aquí y que en el recuerdo nos quede la parte positiva de Adamuz”, en referencia a que se convirtió en un lugar “donde también estalló una empatía y una colaboración por parte de la ciudadanía que va a quedar siempre en nuestro recuerdo”.

“No nos olvidamos del trabajo que hicieron todos los cuerpos que participaron en paliar los daños de ese accidente, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todo el dispositivo de Protección Civil, el dispositivo sanitario; bomberos, el trabajo que hicieron también los forenses, que en ese momento fue clave; y los vecinos de Adamuz para intentar con su presencia, con su ayuda, con sus mantas, tratar de paliar ese frío que a todo se nos metió en los huesos”, ha dicho.