A lo largo de los años 80 y 90 del siglo pasado y la primera década de este, nuestro sistema sanitario experimentó un impresionante desarrollo que lo situó en la vanguardia de los sistemas sanitarios mundiales. Andalucía destacó de una forma muy especial con la implantación de los equipos de atención primaria, que pusieron en marcha programas de prevención y atención comunitaria en centros de salud y consultorios distribuidos por toda la geografía andaluza, hasta la última aldea. Se construyeron numerosos hospitales comarcales y de alta resolución. En Córdoba pilotamos las primeras experiencias de tarjeta sanitaria e historia clínica informatizada, que hoy día están implantadas en todo el estado español. La percepción ciudadana respecto a los servicios sanitarios públicos era muy favorable y los profesionales presentaban con orgullo nuestros avances en los congresos nacionales e internacionales.

Ahora, sin embargo, las encuestas de opinión reflejan que la sanidad es actualmente la principal preocupación de las andaluzas y andaluces, por delante del empleo y la vivienda. Según el barómetro sanitario, la sanidad pública andaluza es la peor valorada del estado español. El volumen de personas en lista de espera para consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas ha alcanzado cifras récord y ocupa cada vez más titulares en los medios y tiempo en los debates políticos. Cualquiera que pida cita para visita médica en un centro de salud puede comprobar la increíble demora que ofrecen. Todos estos datos dibujan el perfil de un sistema sanitario público cuyo funcionamiento se ha deteriorado extraordinariamente en los últimos años.

Pero lo realmente grave es que ese deterioro se está traduciendo en un daño evidente en la salud y calidad de vida de la población andaluza. Los indicadores de prevalencia y mortalidad en las principales enfermedades crónicas son significativamente superiores a la media española. La tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular, ajustada por edad, es la más alta de todas las comunidades autónomas. Y la crisis de los cribados de cáncer de mama no ha sido más que la punta del iceberg de un serio problema en la detección precoz y atención general a los cánceres.

Esta misma semana se han publicado en la revista científica Gaceta Sanitaria, los resultados de una rigurosa investigación que demuestra que en el periodo 2019 a 2024 las muertes por cáncer en Andalucía fueron muy superiores a las esperadas según la tendencia estadística, a diferencia de los seis años anteriores (2013-2018) en que Andalucía registró tasas de mortalidad inferiores a las esperadas. Los autores del estudio han destacado que este incremento de mortalidad coincide con la profundización en el proceso de privatización de la sanidad pública andaluza, impulsado por los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Además, han señalado que los programas de cribados de cáncer que lleva a cabo la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía tienen una baja cobertura, por lo que no llegan a muchas de las personas que podrían beneficiarse de la detección precoz.

No podemos continuar por más tiempo con esta situación. Andalucía necesita un gobierno que priorice la prevención, el cuidado y la atención a la salud de toda la ciudadanía, con calidad y eficacia. No se trata solo de incrementar el presupuesto en sanidad sino, sobre todo, decidir a qué se dedica y cómo se gestiona.

Antes de recurrir a contratar con centros privados, es necesario aprovechar toda la capacidad y experiencia de los profesionales del sistema sanitario público, poniendo los hospitales y centros de salud a funcionar en horarios de mañana y tarde, dotándolos del personal y los medios necesarios.

Es imprescindible garantizar la estabilidad y unas mejores condiciones laborales del personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud, equiparándolas a las de otras comunidades autónomas, para que puedan permanecer en nuestros centros sanitarios, incentivando profesional y económicamente a quienes opten por una dedicación exclusiva al sistema sanitario público.

La atención primaria es el pilar fundamental del sistema sanitario, porque proporciona atención en todo el territorio andaluz de forma mantenida en el tiempo. Por ello debe reforzarse de forma decidida, especialmente en el medio rural y en las zonas de interior menos cubiertas actualmente. Habrá que garantizar una financiación suficiente (como mínimo, el 20 por ciento del presupuesto sanitario), aumentar las plantillas de personal médico y de enfermería, mejorar la dotación de medios y la capacidad de resolución asistencial de los profesionales, así como gratificar especialmente los puestos de trabajo en las poblaciones más alejadas de las capitales y la costa. Además, la incorporación de otros profesionales como matronas, fisioterapeutas o psicólogos permitirá extender las actividades preventivas, de promoción de la salud comunitaria, de atención domiciliaria, cuidados paliativos, así como tratamientos no farmacológicos que muchas veces son más eficaces que los medicamentos.

Desarrollar nuevos servicios de prevención y atención a la salud mental infantojuvenil y de adultos, establecer estrategias específicas para garantizar el acceso de las personas en condiciones socioeconómicas más vulnerables, potenciar la perspectiva de género en la asistencia y la atención a las personas con enfermedades raras son otras tantas de las muchas medidas que pueden implantarse para mejorar la calidad del sistema sanitario público andaluz, haciéndolo más eficaz, más equitativo y, al mismo tiempo, más eficiente porque se ahorran gastos innecesarios y se previenen las enfermedades y muertes evitables. Solo hace falta voluntad política y podemos conseguirlo. Por nuestra gente y por Andalucía.

Salustiano Luque. Médico experto en gestión y evaluación de servicios sanitarios.

El caso del buque Hondius no es solo un episodio sanitario puntual: es un espejo incómodo de una de las actitudes más arraigadas —y menos reconocidas— en nuestras sociedades. El rechazo a su atraque por el posible riesgo de hantavirus no responde únicamente a la prudencia, sino a una combinación explosiva de miedo, egoísmo y desconocimiento que encaja perfectamente en lo que se conoce como efecto NIMBY: “Not In My Back Yard”, o “no en mi patio trasero”.

El patrón es conocido. Ante una situación que requiere una respuesta colectiva —en este caso, la atención sanitaria de pasajeros potencialmente expuestos a un virus—, la reacción no es de cooperación, sino de desplazamiento del problema. Nadie discute que esas personas deben ser atendidas. Pero, inmediatamente, surge la cuestión clave: que lo haga otro.

Este reflejo no es casual. El NIMBY no es solo una postura política o administrativa; es, en esencia, una reacción profundamente humana basada en la autoprotección. El problema es cuando esa autoprotección degenera en egoísmo puro, disfrazado de prudencia o de “preocupación por la salud pública”.

Porque conviene decirlo con claridad: el riesgo asociado al hantavirus en un entorno controlado, con protocolos sanitarios activos, es limitado y perfectamente gestionable. No estamos ante una enfermedad de transmisión masiva por contacto casual ni ante una amenaza incontrolable. Sin embargo, la percepción social del riesgo se dispara en cuanto aparecen palabras como “virus”, “barco” o “aislamiento”.

Ahí entra en juego un segundo factor clave: la ignorancia científica. En ausencia de información clara —o, peor aún, en presencia de desinformación—, el miedo ocupa todo el espacio. Y el miedo, cuando no se entiende, se traduce en rechazo.

El problema no es que la ciudadanía no tenga formación especializada en epidemiología. Eso es lógico. El problema es la facilidad con la que se construyen narrativas alarmistas que distorsionan la realidad. Se equiparan riesgos incomparables, se exageran probabilidades y se ignoran por completo los mecanismos de control sanitario que llevan décadas funcionando precisamente para evitar crisis.

En este contexto, el buque Hondius deja de ser un caso médico y se convierte en un símbolo. Un símbolo de cómo la combinación de egoísmo individual y desconocimiento colectivo puede bloquear soluciones razonables.

No es la primera vez que ocurre. Ni será la última. Lo vimos durante la pandemia, con el rechazo a centros de aislamiento. Lo vemos con la instalación de infraestructuras necesarias: plantas de tratamiento de residuos, centros de acogida, incluso hospitales. La lógica es siempre la misma: todos reconocen su necesidad, pero nadie los quiere cerca.

Este comportamiento tiene consecuencias muy reales. Retrasa decisiones, complica la gestión de crisis y, en última instancia, puede agravar los problemas que se intentan evitar. En el caso de una emergencia sanitaria, cada hora cuenta. Convertir la gestión en una disputa territorial basada en percepciones y no en datos es, simplemente, irresponsable.

Además, hay un elemento de hipocresía difícil de ignorar. Las mismas sociedades que exigen sistemas sanitarios robustos y respuestas rápidas ante cualquier crisis son las que, llegado el momento, ponen obstáculos cuando esas respuestas implican una mínima incomodidad o percepción de riesgo.

Se reclama seguridad absoluta, pero sin asumir ningún coste. Se exige intervención pública, pero lejos de casa. Se pide solidaridad, pero siempre en abstracto.

El caso del Hondius pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a actuar como una comunidad real cuando la situación lo exige? Porque la solidaridad no se mide en declaraciones, sino en decisiones concretas, especialmente cuando implican asumir riesgos gestionados.

Las autoridades, por su parte, tampoco están exentas de responsabilidad. La falta de pedagogía pública en cuestiones científicas y sanitarias deja un vacío que se llena rápidamente con especulación y miedo. Comunicar bien no es opcional: es una herramienta esencial para evitar que el NIMBY se convierta en la respuesta automática ante cualquier situación compleja.

Pero incluso con una comunicación impecable, hay un límite. Porque el NIMBY no se combate solo con datos; también exige una reflexión colectiva sobre nuestras prioridades como sociedad.

El buque Hondius no es una amenaza. Es una prueba. Una prueba de si somos capaces de responder con racionalidad y sentido común o si, una vez más, el miedo y el egoísmo dictarán nuestras decisiones.

Y, a juzgar por la reacción inicial, la respuesta sigue siendo preocupantemente clara: sí, hay que actuar… pero que lo haga otro.

A mayo de 2026 Córdoba se está completando la digitalización total de Emacsa a través del proyecto #REDES_EMACSA 5.0. Los nuevos contadores inteligentes y los «gemelos digitales» permiten gestionar nuestra red con una precisión nunca vista. Es un avance necesario para detectar fugas en una ciudad que ya roza los 50 grados, pero si miramos la historia de nuestras calles, descubriremos que la tecnología a veces sirve para ganar transparencia y otras, lamentablemente, para que el ciudadano pierda el control sobre su propia realidad.

El mapa en la memoria: La era de los Bonilla

Para entender dónde estamos, hay que recordar que Córdoba fue, durante siglos, una ciudad de “secretos líquidos”. Hasta finales del siglo XIX, el conocimiento sobre el agua no estaba en los planos, sino en la memoria de una estirpe: los Bonilla. Estos maestros fontaneros formaban un gremio cerrado que transmitía el saber de padres a hijos.

Su poder no era poseer el agua, sino poseer la información. Solo ellos conocían la ubicación exacta de las minas de la Sierra y la traza de los atanores de barro que recorrían el subsuelo. Eran los únicos que sabían dónde estaban los registros para verificar pérdidas o cómo aforar las aguas para controlar su volumen. Su pieza clave eran los cauchiles y los partidores, elementos esenciales de la red que se encargaban de distribuir los caudales hacia fuentes, palacios, conventos y casas particulares. Sin planos escritos, la ciudad era rehén de su memoria. Ese secreto de oficio permitió a una familia privatizar el conocimiento del flujo para enriquecerse, hasta que la ciudad obligó a documentar lo que los fontaneros guardaban solo en su memoria.

Con el siglo XX, el modelo cambió. El agua pasó a depender de los pantanos construidos para tal fin y el saber se hizo público. Pero hoy, en 2026, nos enfrentamos a un nuevo “Punto de Quiebre”: el momento en que la información que genera nuestro consumo vale tanto o más que el propio agua.

El agua como “Caballo de Troya” de la especulación

¿Para qué quiere un inversor saber cuánta agua gastamos? En la era digital, el capital busca el rastro de nuestra vida. El agua se ha convertido en el termómetro que decide el destino de las inversiones. El rastro del consumo permite a los grandes fondos detectar dónde es rentable construir hoteles o grandes promociones, creando desequilibrios habitacionales. Incluso el comercio tradicional sufre: el mapa del agua revela el potencial comercial de cada calle, permitiendo que las grandes franquicias decidan dónde implantarse, compitiendo con ventaja contra nuestras tiendas de toda la vida y extrayendo el valor añadido fuera de Córdoba.

La trampa del alquiler: 1,2 millones de euros al año

Hoy, el “cerebro” que nos gestiona es bicefálico. Emacsa tiene sus ojos en la calle de los Plateros, pero su memoria y su capacidad de pensar están alquiladas. Actualmente, pagamos unos 1,2 millones de euros anuales a multinacionales tecnológicas por el software y la “nube” donde se procesan nuestros datos.

Es un alquiler perpetuo que no genera patrimonio para la ciudad. Además, mientras pagamos, la Inteligencia Artificial de estas empresas “aprende” de nuestras tuberías y hábitos. Ese aprendizaje —una sabiduría técnica que vale millones— se lo quedan ellos. Córdoba pone los datos y el dinero; ellos se quedan con la inteligencia estratégica para vendérsela a otros.

El “Dividendo de Soberanía”: Árboles y empleo

¿Hay alternativa? Ciudades como Barcelona ya han demostrado que sí. Si Córdoba invirtiera unos 2,5 millones de euros en crear su propia «Nube Municipal» y utilizara programas de código abierto, la inversión estaría pagada en poco más de cinco años.

A partir de ahí, Córdoba recuperaría un ahorro neto de 750.000 euros cada año. ¿Qué significan 750.000 euros para un vecino? Ese dinero, que hoy sale de la ciudad, permitiría contratar a 10 jardineros y plantar 1.600 árboles maduros cada año, asegurando su riego y cuidado. Podríamos enfriar nuestros barrios con el dinero que hoy regalamos por alquilar un software que debería ser nuestro.

Exigencia de soberanía algorítmica al Consejo de Administración de Emacsa

Ante esta realidad, y en el ejercicio de mi soberanía como ciudadano cordobés, exijo al Consejo de Administración de Emacsa los siguientes compromisos:

1. Exijo una Auditoría de la Custodia: Emacsa debe certificar que las llaves criptográficas de nuestros datos residen en servidores físicos bajo control municipal directo. Las llaves de la ciudad deben estar en la ciudad, no en una “nube” extranjera.

2. Propongo que la Universidad de Córdoba (UCO) actúe como nodo observador independiente: La lógica con la que una máquina decide bajarnos la presión o priorizar un sector no puede ser un «secreto comercial». La UCO debe poder auditar el código para garantizar que no haya discriminación entre barrios y que la tecnología sirva al interés público.

3. Exijo la Propiedad del Aprendizaje: Cualquier mejora en la IA derivada de los datos de Córdoba debe ser propiedad de la ciudad. No aceptamos que nuestra experiencia hídrica sea un activo comercial para terceros.

4. Exijo el fin de los “Silos Tecnológicos”: Córdoba no puede seguir pagando licencias redundantes para Emacsa, Sadeco o Aucorsa. Exijo un plan para unificar la infraestructura de datos municipal, recuperando una soberanía que hoy está fragmentada y en manos ajenas.

Si hace un siglo luchamos para que el mapa del agua no fuera el secreto de una familia, no debemos aceptar hoy que sea el secreto de un algoritmo. El mapa del agua debe volver a ser, de verdad, de todos los cordobeses.

*Por Pancho Gamero Gutiérrez. Doctor Ingeniero Agrónomo y Graduado en Historia del Arte.

En un sistema democrático como el nuestro, cuando se ocupan cargos de responsabilidad política, se tiene la obligación de resolver los problemas de la ciudadanía, mejorar su situación y facilitar en todo lo posible la convivencia, en eso consiste la política, aunque ya se nos haya olvidado. Sin duda la derecha defiende y apuesta por privilegiar al sector privado en detrimento de lo público, de ahí su bajada de impuestos, para que le paguemos a las empresas privadas que nos prestan los servicios. Las políticas de izquierdas se basan en potenciar el sector público, como garantía, control, eficacia y asumiendo la responsabilidad directa de la prestación de los servicios esenciales. Hasta aquí lo conocido que conviene recordar.

Desde la llegada de la democracia al Ayuntamiento de Córdoba, los distintos gobiernos municipales, mayoritariamente de izquierdas, modernizaron la prestación de los servicios municipales en un proceso de descentralización, mediante la creación de empresas públicas municipales. Así se fueron constituyendo hasta siete empresas y organismos autónomos, que se unieron a la ya existente Emacsa, creada en la etapa predemocrática. La empresa de saneamiento Sadeco fue de las primeras que se pusieron en funcionamiento y se hizo bajo mi mandato.

Entiendo que una de las principales obligaciones de un Ayuntamiento, para mí una de las más importantes, es mantener una imagen limpia y ordenada de la ciudad. De ahí la necesidad de volcar la atención y recursos en conseguir ese objetivo. Para alcanzarlo con la mayor eficacia creamos la empresa de saneamiento. Se le proporcionó el material necesario, personal, vehículos modernos, se hizo un nuevo vertedero, se dotó la ciudad de papeleras (el mismo modelo que había en la ciudad de París) y de un servicio eficaz de limpieza viaria, además de la recogida de enseres, tareas de desratización, etc. Se comenzó una labor de concienciación ciudadana y de educación en colegios, se editaron folletos y se hicieron programas específicos para crear una conciencia de que la ciudad debía estar limpia y mantenerla era tarea de todos. El resultado fue que tuvimos una ciudad cuya limpieza era resaltada por los visitantes en comparación con otras ciudades. Fuimos ejemplo y los empleados de su staff técnico fueron reclamados desde distintos lugares de España para explicar cómo lo estaban haciendo. Quedó demostrada fehacientemente que desde el sector público se puede hacer una gestión eficaz.

Ahora conocemos por los trabajadores que en los últimos siete años no se ha renovado el material, no se reparan los vehículos averiados y se contratan otros fuera de la empresa, que además no se limpian las calles por falta de personal, algunas presentando un aspecto penoso, las bolsas de basura amontonadas por la incapacidad de los contenedores. Todo ello dan una imagen de abandono impropia de una ciudad como Córdoba. Que en los últimos años haya habido cuatro gerentes en la empresa, denota una falta absoluta de dirección política.

A los que contribuimos a crear en el pasado esa imagen tan positiva de Córdoba, nos duele ver la situación que atraviesa Sadeco y como consecuencia la imagen descuidada y sucia de la ciudad. Si la empresa ha funcionado eficazmente y ahora no lo hace solo puede ser debido a una mala gestión, consecuencia de una voluntad política para acabar con ella y privatizar el servicio en beneficio de alguna poderosa empresa que ya lo gestiona en otras ciudades.

Un servicio que se prestaba con eficacia y solvencia en beneficio de los ciudadanos, no se puede, no se debe, desmantelar por la aplicación de una ideología política. Si el mal servicio se debe solamente a la mala gestión, pido al Alcalde que intervenga directamente y si es preciso tome las riendas.

Los cordobeses tenemos que recuperar la confianza en nuestra empresa de saneamiento y recuperar la imagen de una ciudad modelo.

La Asociación 'Annius Verus vuelve a alzar la voz ante lo que es ya un deterioro imparable de uno de los inmuebles más emblemáticos de Espejo: la Casa de la Cadena. Este edificio, ejemplo destacado de la arquitectura civil del siglo XVIII, no es solo una fachada en la Plaza de la Constitución; es un edificio con grado de protección estructural que, además, alberga elementos con la máxima protección legal, catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) y está incluido en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura desde 1979.

Desde nuestra fundación hace más de una década, hemos mantenido diversas reuniones con representantes municipales. Sin embargo, a día de hoy, la solución sigue sin llegar. Ya en 2021, el cronista oficial de la localidad lanzaba un SOS en prensa que, lamentablemente, continúa plenamente vigente: el inmueble presenta un estado de deterioro avanzado, con daños visibles y un riesgo real de pérdida de elementos históricos irrecuperables.

Desde la asociación consideramos que la conservación de nuestro legado colectivo no puede quedar supeditada a la inacción por intereses particulares. Existen mecanismos legales suficientes para evitar que este bien se pierda para siempre.

Hacemos un llamamiento a la opinión pública y a las instituciones para mantener la atención sobre esta cuestión y evitar que la resignación gane la partida a la preservación y recuperación de nuestro patrimonio. Asimismo, reiteramos la plena disposición a colaborar en cuantas iniciativas contribuyan a alcanzar este objetivo.

* Pablo Ruiz Luque, presidente de la Asociación para la defensa del patrimonio histórico de Espejo 'Annius Verus'

Como bien saben los militares, toda operación bélica precisa de objetivos precisos. Los enfrentamientos armados sin ton ni son constituyen, como ha quedado evidente en la guerra de Trump contra Irán, un desastre sin paliativos.  En el ámbito del arte esos objetivos han de ser sensata y escrupulosamente fundamentados. Facere quidem aliquid certa cum ratione artis est (hacer algo con una razón cierta es lo propio del arte) decía el arquitecto renacentista Leon Battista Alberti. Los artistas documentan la diversidad y complejidad de su tiempo con lenguajes, herramientas y métodos novedosos y los museos cuentan la historia del lugar en un amplio contexto universal. Nada de estas premisas parece que impregne la tontuna pretensión del equipo de José María Bellido al entregar un espacio municipal, como Caballerizas Reales, a una empresa cultural privada radicada en Barcelona.

El denominado Museo Europeo de Arte Contemporáneo de Barcelona se basa en una idea de llamativa simpleza. En su condición de proyecto empresarial privado, y como les ocurre a todos los museos de cera que en el mundo son, tiene todas las argumentaciones para existir siempre que su viabilidad económica quede garantizado por la afluencia de público. Esa afluencia la facilita un producto de consumo fácil. Y nada más fácil y oportunista que una pintura hiperrealista en la que los atrevimientos más llamativos consistan en colocar tres brazos a un retrato de Palomo Spain.

 Como indican mis compañeros, y cuantos han firmado la carta pública que circula por la ciudad con ocasión de esta decisión del equipo de Bellido, el arte contemporáneo hace mucho tiempo que superó la dialéctica del “presunto” enfrentamiento entre realismo y abstracción. En los discursos artísticos actuales es válida tanto la impronta realista como la abstracta, a condición de que la mirada del creador aporte novedades semánticas y elimine estereotipos. Por ello es incuestionablemente indecente que parte del patrimonio municipal se ofrezca a empresas privadas que desdeñen toda esta compleja casuística y persigan solo el beneficio económico.

Después de tanto tiempo dedicado a la gestión municipal, Bellido debería saber que las iniciativas culturales de los ayuntamientos deben estar orientadas en la formación de los ciudadanos. Y que no hay mayor beneficio, ni satisfacción ni felicidad, que la autoestima que proporciona una ciudadanía educada y formada. En la diversidad y la complejidad, en el rigor y la excelencia. Los árboles de los parques no rinden beneficios económicos pero nos facilitan una existencia más placentera y saludable, y de ahí que invirtamos en su cuidado y mantenimiento.

*Mi tío Bartolomé Barrios Herruzo

Después de su lucha en el frente republicano y su huida a Francia en el invierno de 1939, mi tío Bartolomé fue confinado a la interperie en la playa de Argeles Sur-Mer, en la que murieron muchos españoles. De allí pasó a un Campo de Trabajo para Extranjeros (CTE) francés en Dijon, de donde fue apresado por los nazis, en abril de 1941 y trasladado al Campo de Mauthausen (AUSTRIA), siendo uno de los pocos supervivientes al ser liberado este Campo por el ejército estadounidense el 5 de mayo de 1945. ¡Nueve años sin saber la familia nada de él, desde que salió de Obejo (Córdoba)! Mi sobrina francesa Christine Andreu, su nieta, profesora de español en el instituto Pablo Picasso de Toulouse, presentó en el Ayuntamiento de Carbonne, un libro en los dos idiomas, sobre las vicisitudes y sufrimientos de su abuelo desde 1936 a 1945, que escribió con ayuda de su padre José Barrios Gómiz (fallecido el pasado 3 de marzo), a la que yo asistí el 18 de junio de 2024. Algunos datos de su libro, en el que tuve una modesta colaboración, muestran como un ser humano aún convertido en un número, logra mantener y recuperar su identidad.

“La última etapa protocolar de la llegada de los prisioneros a Mauthausen era la identificación. El secretario del campo los recibía en un despacho para apuntar su nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento y les asignaba un número. Al entrar en los campos de concentración alemanes, los deportados perdían de inmediato su identidad y se convertían en una matrícula. Mi padre llevaba el número 3818”.

“Parece que en Mauthausen la matrícula no estaba tatuada en el brazo de los presos como en otros campos, sino marcada en pequeñas placas de metal. Tengo en mi posesión las dos placas que mi padre llevó en la muñeca durante su deportación. Son los únicos objetos que volvieron del infierno del campo y para mí tienen un gran valor. Estas dos placas de metal las talló mi propio padre que siempre fue muy hábil y meticuloso. En la primera placa, en medio de ella y de tamaño grande, mi padre puso su número de matrícula: 3818, con un corazón arriba y un corazón abajo. Arriba a la izquierda puso: KLM (KL es la abreviatura de Konzentrationslager, que en alemán significa campo de concentración y la M es la primera letra de Mauthausen). Debajo, las cifras ”1.4.41“ correspondientes a la fecha de su entrada en el Campo de Mauthausen. Añadió una rosa arriba a la derecha y otra rosa abajo a la izquierda”.

Quisiera finalmente destacar, que el haber sido requerido por su profesiòn para la herrería del campo, le permitió, poco a poco, ir labrando en varias placas con gran habilidad artística, distintas letras agrupadas que son las siglas de los muchos de sus familiares, padre y madre, herman@s, esposa e hij@s, que yo ayudé a mi sobrina Christine a descifrar y que relaciona en su libro. Destaca en una de las placas, las pequeñas poblaciones austriacas de Ternberg y Vocklabruck, en las que había dos Subcampos de Concentración dependientes de Mauthausen y donde posiblemente tuvo que desplazarse Bartolomé con frecuencia para herrar caballos. Finalmente, quizá en la duda de que no pudiera salir vivo de allí. En otra placa, Bartolomé también realza en sus orejetas, las siglas de su provincia de nacimiento y origen: Córdoba y España.

*Nicolás Puerto Barrios, escritor y periodista Primer Premio Nacional de Prensa de 1983.

La palabra “Madre” se desborda en cualquier intento de definirla, al pronunciarla intentamos abarcar algo tan inmenso que roza lo infinito: una presencia que no se mide en tiempo ni en gestos, sino en huellas profundas que forman el latido de nuestro corazón. Y el Día de la Madre no es excepción, no se trata de una fecha, sino de una pausa necesaria para admirar nuestro origen.

Una madre es una mujer fuerte, valiente y resiliente, pero esas palabras apenas rozan la superficie de lo que realmente es. Es entrega sin medida, sin descanso, sin reservas. Es sustento incluso cuando todo parece quebrarse; es quien se reconstruye en silencio para seguir siendo refugio. Su amor no conoce límites ni condiciones; es una llama constante y serena que trasciende los límites del alma.

En ella nacen todas las profesiones, porque en ella comienza la vida. Es la primera albañil que levanta con paciencia y manos invisibles, los cimientos de nuestro ser. Es también la primera maestra, la que escribe las lecciones más importantes en el lenguaje del cariño y el ejemplo. Mamá es la médica que alivia dolores sin diagnóstico; es la ingeniera que diseña con precisión los planos de nuestros sueños; esa psicóloga que entiende el lenguaje silencioso de nuestras emociones y tormentas interiores. Y también, es la abogada que defiende nuestra inocencia ante el mundo; la artista que pinta de esperanza los días grises; científica que observa, aprende y transforma cada caída en aprendizaje; limpiadora que armoniza el desorden del alma; costurera que remienda silencios y une lo que parecía perdido. En cada una de ellas, late la misma esencia: la de una madre que, antes que cualquier título, ya lo ha sido todo.

En su mirada aprendemos el valor del esfuerzo, la vocación y la ternura. En cada logro que celebramos, en cada meta alcanzada, hay una parte de ella latiendo en segundo plano. Porque una madre no sólo acompaña los triunfos: los hace posibles. Es el centro invisible que impulsa, el motor silencioso que nunca deja de creer, incluso cuando nosotros dudamos. Su fe en nosotros se convierte, con el tiempo, en nuestra propia voz interior.

Y, sin embargo, su grandeza más profunda habita en lo invisible: en esas victorias silenciosas tejidas con sacrificio, dedicación y amor inquebrantable. Una madre es el reflejo de algo inmenso, de algo etéreo: la capacidad de dar sin esperar, de amar sin medida. Y en ese amor —el más puro que puede experimentarse— encontramos, siempre, nuestro verdadero hogar.

Para todas las madres que son guía y raíz, por recordarnos que sin ellas no seríamos.

Y especialmente a la mía: Te quiero MAMÁ.

Hay algo profundamente cómodo en creer que el karma se encargará de todo. Que, de alguna manera, el daño causado acabará volviéndose contra quien lo provoca sin que nadie tenga que hacer nada. Es una idea reconfortante… y completamente inútil.

Porque el karma no vota.

Mientras algunos esperan esa especie de justicia automática, en Andalucía hay gente esperando meses para una cita médica, familias atrapadas en un limbo burocrático para acceder a la dependencia y aulas donde cada recorte se traduce en menos oportunidades. Esa es la realidad. No una metáfora. No una opinión. Una realidad que tiene responsables políticos concretos.

Y esos responsables no van a desaparecer por arte de magia.

Juanma Moreno Bonilla no va a dejar la Junta porque “la vida ponga las cosas en su sitio”. No va a caer por el peso moral de sus decisiones. Si sigue gobernando, será por algo mucho más simple: porque alguien le vota… o porque demasiada gente decide no hacerlo.

Aquí es donde conviene dejar de lado las excusas.

Decir que “todos son iguales” no es una postura crítica, es una renuncia. Decir que “mi voto no sirve para nada” no es realismo, es resignación. Y la resignación, en política, siempre juega a favor de quien ya está en el poder.

Cada vez que alguien se queda en casa el día de las elecciones, está facilitando que las políticas que dice criticar continúen. Así de claro. No hay neutralidad posible cuando lo que está en juego es la sanidad pública, la educación o la atención a las personas más vulnerables.

Porque no, no es verdad que todo dé igual.

No da igual apostar por reforzar la sanidad pública o dejar que se deteriore mientras crecen los intereses privados. No da igual invertir en educación o recortar recursos. No da igual proteger a quienes dependen de lo público para vivir con dignidad o mirar hacia otro lado.

Y, sin embargo, seguimos escuchando lo del karma.

Como si bastara con indignarse en una conversación, compartir un mensaje o quejarse en redes sociales. Como si eso, por sí solo, cambiara algo. No lo hace. Nunca lo ha hecho.

Lo único que cambia gobiernos son los votos.

Votos conscientes, votos críticos, votos que entienden que no participar también tiene consecuencias. Porque cada papeleta que no se introduce en una urna es una oportunidad perdida para frenar políticas que están haciendo daño.

No se trata de épica ni de grandes discursos. Se trata de responsabilidad. De asumir que si algo no te gusta, la única forma real de cambiarlo es actuando cuando toca.

Y eso ocurre un día muy concreto: el de las elecciones.

Ese día no vota el karma. No vota la indignación acumulada. No votan los comentarios en redes. Votan las personas. O no votan.

Y entre una cosa y la otra se decide todo.

Quien de verdad quiera acabar con esta situación en Andalucía tiene que entenderlo de una vez: no basta con desear un cambio. Hay que provocarlo.

Metiendo una papeleta en la urna.

Con el transcurrir de los años tengo la percepción individual que existen “muchas córdobas”. Observo la Córdoba de los patrimonios históricos, la de sus barrios, la asociativa, la de las desigualdades sociales, la emprendedora, la del medio ambiente, la que posee una ciudadanía diversa... Y estas, en muchos casos, se fusionan, se mezclan, se amontonan... Por momentos cohabitan, también se distancian y otras quedan en el olvido.

Y, entre todas, destaca -con mucha luz y alguna sombra- la Córdoba de nuestra sanidad pública, que, personalmente, me resulta uno de los patrimonios más importantes de esta ciudad, un pilar esencial de la sociedad y un logro colectivo para todas las personas.

En próximas fechas, debo ir concluyendo la estancia en la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Reina Sofía, que tiene una enorme trascendencia e impacto, y debería ser uno de los objetivos principales de las estrategias de la Sanidad. Sus profesionales me han posibilitado una mejoría de la salud general, de las emociones, ¡ah!, y del corazón, que se me averió un poco.

La vida, a veces, es caprichosa en las formas con el juego de los encuentros y desencuentros y, para este caso, me conduce al refranero popular para recordar aquello de “no hay mal que por bien no venga”, porque me encantó conoceros tras descubrir vuestra sensibilidad y humanidad. Os deseo lo mejor. Un abrazo.

Hay debates que no surgen por casualidad. Se construyen, se empujan poco a poco y, cuando la ciudadanía se da cuenta, ya están sobre la mesa como si fueran inevitables. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Córdoba con el escudo de la ciudad.

Conviene empezar por el rigor. El denominado “león rampante” no es un símbolo cualquiera ni neutro: es un emblema histórico vinculado al Reino de León, posteriormente integrado en la Corona de Castilla, y asociado a la heráldica medieval que acompaña a la conquista cristiana de la ciudad en 1236 por Fernando III, conocido como “el Santo”. No es un detalle menor, porque lo que se pretende recuperar no es solo un escudo, sino una determinada lectura del pasado.

Frente a ello, el escudo con el que hoy se identifican la mayoría de cordobeses y cordobesas —el que incorpora la Mezquita, el río Guadalquivir, el Puente Romano o la noria— no es un capricho moderno. Fue adoptado por la primera corporación democrática tras la dictadura, en un momento en el que la ciudad decidió mirarse a sí misma desde una identidad más amplia, más plural y más reconocible.

Pero hay algo aún más relevante. Córdoba no es una ciudad cualquiera. Es la única ciudad del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Mezquita- Catedral (1984), el casco histórico (1994), la Fiesta de los Patios (2012) y Medina Azahara (2018). Y el escudo actual, precisamente, refleja parte de ese patrimonio por el que Córdoba es conocida internacionalmente. Es un símbolo que conecta directamente con lo que somos y con cómo nos ve el mundo.

El “león rampante”, sin embargo, no representa esa Córdoba. Representa otra cosa: una visión parcial, centrada en un episodio histórico concreto y en un relato que algunos quieren volver a colocar en el centro.

Y no estamos ante hechos aislados. Lo que en su día comenzó con un informe que el propio alcalde se apresuró a desautorizar ante el rechazo ciudadano, no ha desaparecido. Ha mutado. Se expresa hoy en pequeños gestos: la presencia creciente del león en actos públicos, el reparto de pines durante la Semana Santa, o su aparición en espacios simbólicos como el cartel de la Feria de Mayo de 2026.

Nada de esto es casual. Es una estrategia de normalización. Un intento de desplazar, poco a poco, el símbolo compartido por la ciudadanía hacia otro que responde a una visión más estrecha de la historia y de la propia ciudad.

Y en este punto, el debate deja de ser estético para convertirse en político.

Porque cuando hablamos de símbolos, hablamos de memoria. De cómo una sociedad decide honrar su pasado y construir su relato colectivo. Las calles, las estatuas, los escudos… no son neutros. Son decisiones conscientes sobre qué y a quién se reconoce.

Y aquí es donde aparece la gran contradicción.

Se nos dice que no hay recursos para cumplir con la memoria democrática, para retirar símbolos del franquismo o para honrar a quienes defendieron la democracia y fueron víctimas del fascismo. Pero, sin embargo, sí parece haberlos para levantar estatuas de medio millón de euros dedicadas a un rey medieval o para reabrir debates simbólicos que la ciudad ya había superado.

No es una cuestión de dinero. Es una cuestión de prioridades.

Porque al final, lo que se está decidiendo no es qué escudo es más bonito. Lo que se está decidiendo es qué pasado se quiere recordar y cuál se quiere dejar en la sombra. Qué ciudad queremos ser y qué relato queremos construir.

Las prioridades son las prioridades. Y cuando un gobierno prefiere mirar al siglo XIII antes que al siglo XXI, cuando elige homenajear a un rey medieval en lugar de a quienes defendieron la democracia, está diciendo claramente qué memoria considera digna de ser recordada.

Y también cuál prefiere olvidar.

Alicia preguntó al conejo ¿” Cuánto tiempo es para siempre”? A lo que el conejo contestó: ”A veces, es solo un segundo”

Como cada año, la próxima madrugada del sábado a domingo, o sea a las 2:00 horas del domingo, los españoles debemos de adelantar los relojes una hora y situarlo a las 3:00 horas.

En mi artículo La Búsqueda del Meridiano: Del Camino de Santiago al Telégrafo (2023), contaba las vicisitudes y luchas políticas que tuvieron lugar para establecer un Meridiano de Referencia, que se estableció en 1854 finalmente en Greenwich (Inglaterra) a escala terrestre, y que dividió la Tierra en 24 Husos horarios.

Para medir el tiempo, se ha recurrido históricamente, a dispositivos o fenómenos que entrañan algún tipo de actividad cíclica: la rotación de la tierra, el péndulo de un reloj, la frecuencia radioeléctrica de un oscilador estable, etcetera. El calendario representa la acumulación de tiempo y fue concebido para poder situar sucesos pasados o acontecimientos futuros. Para entender el calendario es necesario conocer los conceptos de la época que indica un instante determinado de tiempo, el intervalo o tiempo transcurrido entre dos épocas y el estilo que es la fecha que se utiliza como punto de partida de cada ciclo anual.

Los primeros calendarios fueron lunares, empleados por Babilonia y Egipto e introducidos por Metón de Atenas el cual observó que 235 meses lunares cubrían exactamente 19 años (ciclo metónico). Este fue el calendario del mundo antiguo hasta que 46 años a. de C. Julio Cesar con la ayuda de Sisógenes, estableció el calendario Juliano tomando como origen la época iniciada a mediodía del año 4713 a. de C. y basándose en un año de 365,25 días, o sea, tres años de 365 días y el cuarto bisiesto de 366. Este calendario también era erróneo pues representaba una acumulación de tres días cada 400 años y en la reforma establecida por el papa Gregorio XIII en 1582, que es el calendario que aún está vigente, se parte de un año de duración media de 365,2425 días con lo cual el error acumulado respecto al año solar durante cuatrocientos años es de sólo unas horas.

Las fechas del calendario se determinan con respecto a una época, por ejemplo la fecha del nacimiento de Cristo que se dividen en a. de C. y E.C. (Era Cristiana) y se emplean desde hace unos 1400 años ya que antes la referencia era la de la fundación de Roma.

Los estilos han sufrido muchas variaciones. En Inglaterra el estilo de Navidad, según el cual el año comenzaba el 25 de diciembre, fue cambiado en el siglo XIV por el estilo de la Anunciación donde el año comenzaba el 25 de marzo y al adoptarse tardíamente el calendario gregoriano en 1752 fue sustituido por el estilo de la Circuncisión que empieza el día 1 de enero.

De todas maneras, al basarse los calendarios en el movimiento irregular de los cuerpos planetarios no se pueden determinar con precisión la duración de los años, meses, días, segundos, etcetera. Diversos científicos han tratado de utilizar otros patrones de referencia dejando a un lado la astronomía; así Galileo Galilei utilizó el principio del péndulo al observar la estabilidad de las oscilaciones de un candelabro en la catedral de Pisa. En la actualidad el TA (Tiempo Atómico), se basa en la superestabilidad de la oscilación de los átomos de cesio que es de 9.192.632.770 veces por segundo.

La necesidad de sincronizar con precisión los sistemas de telecomunicaciones vía terrestre o por satélite, para transmitir datos cuyos impulsos pueden durar solamente una milimillonésima de segundo, provoca que organismos internacionales como la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), con sede en Francia, sea la máxima autoridad mundial en metrología, encargada de garantizar la uniformidad de las mediciones, incluyendo el tiempo. El BIPM gestiona el Sistema Internacional de Unidades (SI), definiendo el segundo como la unidad básica del tiempo basada en relojes atómicos de cesio, garantizando la precisión global. Igualmente, el CCIR (Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ha dedicado especial atención a la medida del tiempo.

En 1960, varias entidades instituyeron y difundieron una escala de Tiempo Universal Coordinado TUC, que fue finalmente adoptado después de algunas modificaciones por el CCIR, entrando en vigor el primero de enero de mil novecientos setenta y dos. Con el nuevo sistema todos los relojes funcionan con un desplazamiento nulo, no siendo su marcha conmensurable con la duración del día. Al igual que el calendario gregoriano introdujo el año bisiesto, ahora podemos mantener nuestros relojes patrón aproximadamente de acuerdo con el Sol, al añadir o suprimir un segundo a lo largo de intervalos llamado segundo intercalar. El organismo responsable del TUC es la Oficina Internacional de la Hora ubicada en París.

Mientras las mediciones que se hacen con base en las vibraciones de los átomos es estable, la rotación de la Tierra varía ya que esta ha reducido su velocidad. Para solventar esa pequeña desviación, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM), responsable de la norma internacional que fija los relojes el mundo, decidió añadir periódicamente el segundo intercalar cuando la diferencia entre el tiempo astronómico y el universal se aproxima a 0,9 segundos. Desde 1972 se ha añadido en 27 ocasiones, la última vez en 2016.

Aunque para la población el segundo adicional pasa desapercibido, en los sistemas que precisan una medición extremadamente precisa, como los satélites, las telecomunicaciones o incluso dispositivos asociados a los viajes espaciales, puede causar alteraciones. 

De todas formas, hay que señalar que actualmente, teniendo en cuenta los pros y los contras, se está estudiando abandonar la inserción de un segundo al menos con tanta frecuencia.

Nicolás Puerto Barrios. Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Exjefe Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de Córdoba de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

Ya sabemos que vivir en el casco histórico de nuestra ciudad tiene grandes ventajas, pero cada día esta apuesta se hace más difícil por los inconvenientes que conlleva, debido en parte a los criterios estéticos y tipológicos protegidos por el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH), que establece la obligatoriedad de utilizar determinados materiales y elementos, sobre todo en patios, fachadas y cubiertas. Estamos de acuerdo aún suponiendo gastos añadidos que no ven compensados, ya que no existen ayudas ni rebajas impositivas por parte de la administración.

Desde el año 2022, las asociaciones vecinales del Casco Histórico estamos reivindicando la posibilidad de tener el mismo derecho que los residentes en el resto de los barrios de Córdoba, e incluso que los locales y establecimientos turísticos (pisos, apartamentos, bares, restaurantes, hoteles), ubicados en el Casco y para los que sí se permite prácticamente cualquier ocupación de vía pública, toldos de colores, carteles y banderolas, luminarias, aires acondicionados y estufas, antenas parabólicas y televisores, cableado de todo tipo y hasta flores y arbustos de plástico, que por lo visto, forman parte de la “libertad individual ”, figura que desconocemos en relación con la legislación y normativa y que nos ha descubierto recientemente nuestro excelentísimo alcalde, sin ningún reparo, al afirmar que él no puede impedir que se incumpla la normativa del PEPCH en cuanto a fachadas y cubiertas.

En relación con la movilidad y accesibilidad, también se nos discrimina. La industria turística, una vez más, disfruta de la posibilidad de carga y descarga, de tránsito de vehículos incluso de grandes dimensiones, mientras la vecindad, no podemos estacionar nuestro vehículo, ni tan siquiera para descargar la compra, ni trasladar a familiares mayores, enfermos y con movilidad reducida (últimamente nos comunican residentes que han sido multados por estacionar con este motivo).

Están haciendo todo lo posible e imposible por “expulsarnos” del Casco. Cada vez son más las personas que abandonan el barrio donde han nacido, crecido, vivido y cuidado durante muchos años o toda su vida. La situación es absolutamente injusta y supone que la despoblación en nuestro casco histórico se multiplica.

No podemos entender esta política por parte de nuestro ayuntamiento y le exigimos que ponga en marcha medidas que reviertan está situación de abandono. Es su obligación y responsabilidad velar y posibilitar por todos los medios que nuestro casco histórico sea un entorno habitable y lleno de vida, promoviendo la rehabilitación integral del mismo y apostar por mantener su valor patrimonial y residencial.

No nos resignamos a dejar abandonada esta riqueza, su belleza, su historia, su vida y su valor. Y no nos resignamos a ser ciudadanos sin derechos.

*Junta Directiva de la Asociación Vecinal La Axerquía.

Hasta hace bien poco los árboles en nuestras ciudades eran un elemento más del paisaje urbano, como podrían ser las farolas o las señales de tráfico. Sin embargo, una larga lista de investigaciones científicas ha demostrado en los últimos 20 años que son mucho más que eso. Especialmente en el campo de la salud pública, es un hecho contrastado que el arbolado urbano, en suficiente calidad y cantidad, reduce los factores de riesgo de mortalidad en las ciudades. Dicho en llano, los árboles salvan vidas. Repasemos brevemente algunos servicios que nos prestan:

Por todo ello, es el momento de que el arbolado en el medio urbano sea considerado infraestructura verde al servicio de la salud pública y el bienestar social en todas sus dimensiones. Más allá de ideologías, es indudable que las administraciones públicas deben abordar el fomento de las zonas verdes con suficiente arbolado. Nos va en ello la vida.

En mayo del año pasado nació la plataforma ciudadana Málaga por la Regeneración, al calor del éxito de las proyecciones del documental “HOPE: Estamos a tiempo”, apoyada por más de 50 colectivos. Nada más empezar fueron conscientes de los acontecimientos “típicos” del verano en gran parte de Andalucía (golpes de calor, incendios forestales, falta de sombra, sequías y problemas de acceso de agua). Por ello, surgió la idea de realizar un borrador de ley no solo para proteger los árboles, sino para mejorar nuestra salud. Málaga por la Regeneración formó un grupo de trabajo técnico para impulsar una ley de protección y fomento del arbolado urbano. La plataforma invitó al Partido Verde andaluz (Verdes Equo) a formar una mesa de trabajo conjunta sobre una iniciativa tan necesaria y urgente para salvar vidas en nuestras ciudades. El fruto de ese trabajo conjunto fue la presentación hace un mes en el Parlamento andaluz de una proposición de ley pionera, coherente y arraigada en el marco jurídico autonómico.

Si todo este esfuerzo ciudadano diera frutos y la ley pudiera ver la luz (y el BOJA), algunos cambios importantes tendrían lugar en nuestras ciudades en los años siguientes. Para empezar, habría una nueva y eficaz forma de proteger el arbolado urbano ya que, si bien es cierto que hay algunas buenas ordenanzas municipales, es bien sabido que la amenaza viene algunas veces precisamente de quienes tienen la obligación de proteger a nuestros árboles. Y es que la Junta de Andalucía tendría por fin herramientas para vigilar e intervenir en la acción o inacción de los ayuntamientos en casos justificados, algo que acabaría con la impunidad de ciertos políticos arboricidas locales.

Los municipios tendrían, además, la obligación de poner en marcha políticas globales de integración, conservación y desarrollo del arbolado urbano a través de los inventarios municipales y los planes de conservación y fomento, con un plazo concreto. Estos planes se basarían en un estudio de indicadores medibles objetivamente para cumplir los fines establecidos en materia de salud pública, adaptación al cambio climático, absorción de carbono y contaminantes atmosféricos, creación de zonas verdes o fomento de la biodiversidad.

La tala y las podas drásticas se considerarían, a diferencia de hoy, la última solución aplicable, permitiéndose solo en circunstancias justificadas por personal funcionario competente. Además, la tala siempre supondría la obligación de trasplantar, reponer o compensar económicamente, en ese orden de prioridades. La compensación económica, en concepto de indemnización a la ciudad, conllevaría la creación de un fondo municipal que solo se podría dedicar a los nuevos compromisos de forestación que la ley atribuye a los municipios.

Estas líneas de actuación requerirían de un ambicioso plan de sensibilización, de formación y de información para que la ciudadanía contemple los árboles como seres vivos y valore los servicios que nos prestan. Porque, como nos dice la ciencia y la realidad, a más árboles, más vidas.

Les escribo como vecino del barrio Parque Azahara, en Córdoba, para trasladarles el estado de abandono en el que se encuentra esta zona de la ciudad. 

Adjunto varias fotografías donde se pueden ver árboles caídos, vegetación sin mantener, suciedad, aceras rotas y un abandono general evidente. Además, las pistas deportivas del barrio están completamente destrozadas y seguimos sin una pasarela decente que permita a los vecinos cruzar el puente del Open Arena, aceras rotas, sin toldo, sin luces… la vía del tren nos separa de todo. 

En definitiva, el barrio está sucio, descuidado y totalmente abandonado. Denunciamos el estado de abandono que sufren muchos barrios de Córdoba, especialmente cuando todos los vecinos cumplimos pagando nuestros impuestos.

Andalucía es memoria viva de nuestra historia, es la voz de nuestros antepasados, es el reflejo de nuestras tradiciones y el orgullo de una tierra que nunca olvida su origen.  

Andalucía es también aroma de nuestra infancia, es gastronomía: pan con aceite. 

Andalucía es tierra de fortuna, de fortuna artística. Cuna de poetas que forjaron nuestro legado con el alma, cuna de pintores que dieron a nuestra bandera el color, cuna de talento que transformó nuestro territorio en patrimonio heredado de generación en generación. 

Andalucía, punto de encuentro. En ti convergen culturas y tradiciones. En ti aprendimos a respetarnos y enriquecernos unos a otros, haciendo de la diversidad una de nuestras mayores fortalezas. Andalucía es mezcla, es herencia y es futuro al mismo tiempo. 

Andalucía, por fuerza invencible. Nunca podrá ser reducida ni silenciada. Jamás podrán arrebatar la dignidad de nuestro acento quienes no alcanzan a comprender que en él late la memoria de quienes nos levantaron y nos forjaron; de aquellos que, siendo injustamente cuestionados y llamados “vagos”, hicieron de Andalucía una tierra de trabajadores incansables y perseverantes. 

Ser andaluz no es cuestión de nacimiento; ser andaluz es reconocer en nosotros una herencia que trasciende del origen y queda arraigada en el alma. Es llevar el sur en la mirada, en la palabra, en el corazón. Es esa alegría que se comparte, la que nos hace únicos, ese arte y esa gracia, ese compromiso que nos honra, ese respeto que se cultiva, y sobre todo, esa pasión que perdura. 

Andalucía es personalidad. Es carácter. Es identidad. Es pertenencia. 

Hoy, con orgullo, alzamos la voz para afirmar que seguimos caminando con la fuerza de nuestro pasado y la esperanza que ponemos en nuestro futuro. Porque somos los herederos de una historia inmensa, somos protagonistas de un pasado lleno de talento, de un presente comprometido y constructores de un futuro mejor. 

Querida Andalucía, dueña de mi corazón, hoy te celebro nombrándote completa: desde Jaén – cuna de olivos que perfuma la memoria -; Córdoba –donde la Mezquita escribe con sus arcos un poema eterno-; Sevilla - alma luminosa que late en el Guadalquivir-; Huelva –tierra de marismas y puente de descubrimiento-; Cádiz –infinito atardecer milenario-; Málaga –refugio del arte en el Mediterráneo-; Granada –reino coronado por la Alhambra-; y Almería –desierto vivo soñado-. Querida Andalucía en tu diversidad, la unidad de un pueblo. En ti, la belleza de ocho nombres que comparten un mismo espíritu. 

¡Viva Andalucía!

Las personas que trabajamos en la Universidad tenemos un privilegio y una responsabilidad. Estamos amparados por un derecho fundamental, la libertad de cátedra, muy conectado con otras libertades públicas consagradas en el transcendental artículo 20 de nuestra actual Constitución, como son la libertad de pensamiento y la de expresión.

Pero también tenemos una responsabilidad, ejercer dichas libertades para una formación democrática de nuestro alumnado, atendiendo al objetivo general para el derecho a la educación que marca otro artículo clave, el 27, que expresa que dicho derecho, con naturaleza jurídico-constitucional de fundamental (con las máximas garantías de protección y efectividad), tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

En este sentido, el propio Tribunal Constitucional, en sentencia de 1985, dejó claro como criterio interpretativo de dicho precepto “la inequívoca vinculación del derecho a la educación con la garantía de la dignidad humana, dada la innegable trascendencia que aquélla adquiere para el pleno y libre desarrollo de la personalidad, y para la misma convivencia en sociedad, que se ve reforzada mediante la enseñanza de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, necesarios para establecer una sociedad democrática avanzada, como reza en el preámbulo de nuestra Constitución”.

Es la Universidad un espacio para la libertad de pensamiento y para la expresión libre de ideas y propuestas; para la investigación libre; para la publicación editorial de los resultados de dicho proceso investigador; para compartir con nuestro alumnado, en el marco de las programaciones y guías docentes, dichos trabajos y resultados académicos; para debatir en clase sobre sus conclusiones en los trabajos prácticos que realizan; o para orientarlos en la parte final de su formación, en los trabajos de fin de grado, ya sobre sus propias investigaciones.

Y, en todo ese proceso, no debemos obviar el objetivo de tener presente el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que, como bien sabemos, es parte esencial de todo texto constitucional actual, pues, el constitucionalismo hemos de entenderlo, no solo como organización de los poderes, sino también como protección de los derechos del individuo, también frente a dichos poderes constituidos.

El espacio universitario, como un terreno de libertad y para la libertad, ha de ser también un entorno propicio para formar a profesionales comprometidos con la idea democrática, con el respeto a los derechos humanos universalmente declarados desde hace décadas, y que, en nuestro caso, se concretan en nuestro propio sistema constitucional de derechos y libertades. Partiendo, desde luego, de la libertad ideológica del artículo 16 de nuestra Constitución, que debe tener un límite en el mandato constitucional del artículo 27, no debiendo ser posible atacar al concepto democrático de nuestro Estado, con el que todos debemos estar implicados, especialmente desde este espacio de libertad de pensamiento y de cátedra que es la Universidad. No podemos olvidar la primera gran proclamación de nuestro texto constitucional actual: España es un Estado social y democrático de Derecho.

En todo caso, sin un derecho a la educación debidamente garantizado con un robusto sistema público educativo, los derechos de participación política derivados de nuestro importante artículo 23 de la Constitución quedarían en meras declaraciones formales. La educación aporta libertad a la ciudadanía para participar de forma consciente y eficaz en el proceso de decisión política democrática, para evitar y/o saber detectar posibles manipulaciones que incidan en su decisión democrática.

Cada vez tengo más claro que es muy importante cuidar y potenciar la idea democrática, el ideal constitucional, como proyecto común de vida y como patrimonio público colectivo, siendo clave para este objetivo la educación en general, y la formación e investigación universitaria en particular, el pensamiento crítico debidamente expresado, con respeto a los principios y valores constitucionales y democráticos.

Es claro que las personas que formamos parte de la comunidad universitaria tenemos una especial responsabilidad: cuidar y defender la democracia.

*Ángel B. Gómez Puerto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

Pocos aspectos de la vida social, económica y cultural podrían concebirse en la actualidad sin el importante soporte que representan los recursos de diferentes ámbitos del dominio público. Sobre el espacio urbano, interurbano y ultraterrestre se planifican y desarrollan todo tipo de actividades que, junto al aprovechamiento del acervo de conocimientos, debidos a los avances científico-técnicos de la humanidad en su conjunto, utilizan bienes limitados y a veces escasos como el agua, el aire, los minerales y el petróleo, el espectro de frecuencias etc., etc. El uso de estos bienes materiales que por su actual deterioro precisan cada vez más de especial protección, o al menos de un empleo racional para su disfrute social justo y equilibrado, debe planificarse cuidadosamente para no alterar sus ciclos de recuperación y con miras a la necesidad que de ellos tendrán las futuras generaciones. De ahí que su carácter comunitario sea aún ineludible.        

Igualmente, muchas de las industrias y empresas que se establecen, no podrían funcionar si, para la producción y distribución para el consumo de las mercancías que fabrican o servicios que suministran, no se sirvieran del dilatado espacio de lo público, como son las infraestructuras de transportes y comunicaciones, los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica, los acopios de grandes volúmenes de agua, o bien los valores añadidos que suponen las concentraciones urbanas y las redes culturales, educativas y de salud.

El cibernético, sesudo y prepotente capitalismo de nuestro tiempo, se encuentra ahora que no sabe avanzar sin el fácil concurso masivo de estos bienes de capital, de trabajo y de relación humana de propiedad colectiva. Para seguir desviando hacia grupos minoritarios la mayor parte de los beneficios a escala nacional o de un grupo de países, no le basta con adquirir a menor precio cada día las mejores habilidades y aptitudes, ¿competitividad?, sino que se fundamenta primordialmente en poner a su servicio aquella otra habilidad llamada “ingeniería financiera”, a cuyas órdenes se disponen las técnicas de la sociología de masas y no muy distante la técnica militar en su caso.

Pero la novedad del capitalismo de masas, hoy día imperante, no es solo que tiene que ocupar, dominar y hasta esquilmar más amplios espacios del patrimonio comunitario en diversos países bajo su mega estrategia de mundialización; a más de ello, necesita requisar aquella parcela del espacio-tiempo reservada hasta ahora para el desarrollo personal del ciudadano en sus facetas creativas y recreativas, de reflexión y de relajo. Esta intromisión, proyectada para invadir los micro ámbitos individuales de grandes extensiones de población, e integrarlos en los actuales mecanismos productivos, se apoya en los medios de comunicación de masas y las técnicas del multimedia hoy tan en boga. En este sentido, tanto la riqueza histórico-artística, como la lengua hablada y escrita y el resto de los sistemas socioculturales de un país, sobre los que se conforma su identidad, que con la inteligencia y el trabajo del hombre como ser social han ido decantándose a lo largo de muchos siglos, suponen la delicada oblea simbólica sobre la que actúan sin recato las modernas industrias culturales para obtener sus plusvalías.

Las llamadas autopistas de la información y los nuevos servicios, que según nos anuncian van a revolucionar nuestros modos de trabajo y comportamiento en el siglo XXI, al igual que la radio, la televisión o el teléfono tienen que recurrir para su funcionamiento a muchos medios adscritos hasta ahora a la esfera de lo público. Así, las frecuencias hertzianas y el segmento espacial de las órbitas geoestacionarias para los satélites de comunicaciones, asignados a cada país por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); la servidumbre de paso urbana e interurbana de que gozan los cables y sistemas de comunicaciones que representan un bien esencial por su carácter estratégico, de seguridad, económico y de articulación del estado; y las infraestructuras de transporte de señales de telecomunicaciones, que como las redes de Telégrafos, Telefónica, RTVE e Hispasat en España, se deben a las grandes inversiones de billones de pesetas realizadas por el propio Estado o las Empresas Públicas. En su desarrollo han gozado del amparo de la Ley de Expropiación Forzosa, fundamentado en el servicio público que debían prestar, y ahora constituyen un atractivo territorio para las multinacionales del sector. Para ello, y arguyendo las ventajas de la globalización del mercado, las nuevas corrientes liberalizadoras justifican en pos de la modernidad, la competitividad y la eficacia, la total desregulación de estas redes y servicios, al objeto de que nuevos operadores encuentren un terreno abonado en nuestro país y entren en el negocio, tanto de los clásicos como de los servicios avanzados de telecomunicación y el multimedia. 

En estos proyectos, que derivan en pérdida de soberanía de los estados, la colaboración de los gobiernos nacionales está siendo fundamental al objeto de romper el llamado“ proteccionismo”, pero puede suceder -como ocurrió tras la aparición de la televisión privada en España, que para dar más de lo mismo, o peor, se facilitó la venta de la Red de Transporte y Difusión de RTVE a precio de saldo- que estos nuevos sistemas de telecomunicación accedan a las infraestructuras de red existente y/o instalen otras, al serle concedido todo o parte del patrimonio público en esta materia, solo con el objetivo económico.

Muchas preguntas se nos plantean al respecto, como por ejemplo: ¿Se va a incrementar, sustancialmente con estas medidas el empleo en nuestro país, en los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual? ¿Redundarán estas redes en beneficio de la colectividad, garantizándose la universalidad de los servicios a prestar?, ¿Se va a definir de forma plural la prioridad en cuanto servicios y contenidos a producir? ¿Quiénes podrán producir contenidos, cómo serán estos y quién controlará que sus fines sean pacíficos, solidarios y democráticos?. ¿O lo que se pretende, con el argumento de la pluralidad, es generar ruido para dificultar la libre percepción y elección de los ciudadanos ante las ofertas económica y políticas que se le presentan? Este tipo de cuestiones deben ser planteadas y solventadas desde el mayor conocimiento posible de los ciudadanos y sus organizaciones. Si es que tenemos que ceder para el mercado nuestro pecunio social, habrá que sopesar los pros y los contras y valorar, si como generalmente sucede, lo que interesa a pocos nos pueda costar muy caro a la mayoría.  

*Nicolás Puerto Barrios, ingeniero técnico de Telecomunicaciones 

La forma importa. Los procedimientos y las normas son clave para evitar la arbitrariedad y la ocurrencia. Prácticamente, es así en multitud de ámbitos de la vida en sociedad, pero, especialmente, en lo referente a la organización política y social, que cada vez se presenta con mayor complejidad.

Especialmente es importante la forma y el procedimiento en el ejercicio del poder político en el Estado democrático. Es garantía de control y límite de la propia manifestación de dichas facultades públicas de soberanía, posibilitando al elemento pueblo de todo Estado, la ciudadanía, poder participar en el espacio público, y poder controlar, directa o indirectamente, a los representantes públicos.

Es importante, pues, que la ciudadanía conozca bien, con toda la precisión y rigurosidad posible, el esquema orgánico de ejercicio del poder, que como todos sabemos, en los estados democráticos es parte esencial de las constituciones, textos fundamentales y fundantes que, además contienen otros dos grandes bloques de contenidos, los derechos y libertades, y los objetivos sociales y económicos del Estado, las denominadas, respectivamente, parte orgánica, dogmática y programática de los textos constitucionales.

También es clave que la ciudadanía conozca que las constituciones, también la nuestra de final de los años setenta del pasado siglo, son documentos jurídicos modificables, adaptables, sustituibles incluso en su totalidad, por supuesto siguiendo las normas de reforma que las propias constituciones incluyen para el ejercicio del denominado poder de reforma, una variante del poder constituyente. 

Como en su día afirmó, con sabiduría, el profesor Tomás y Valiente (1932-1996), “la promulgación de una Constitución, el ejercicio del poder constituyente para la constitución de un Estado no significa la pérdida de la soberanía por parte del pueblo, pues, una nación políticamente organizada puede en adelante cambiar su Constitución sustituyéndola por otra, o reformándola parcialmente”, idea que conecta con el afamado artículo 28 de una de las primeras constituciones de la historia universal, la francesa de 1793, que proclamó que “un pueblo tiene siempre derecho a revisar, reforma o cambiar su Constitución”, añadiendo que “una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras”.

Con la pretensión de abordar los dos grandes objetivos que acabo de esbozar, conocer el funcionamiento del Estado democrático, y la posibilidad de reformarlo para defenderlo, adaptándolo a la realidad actual, recientemente (enero 2026) la editorial Atelier, radicada en Barcelona, me ha publicado el trabajo Instituciones democráticas y estructura del Estado en España, que, a modo de curso básico bajo la modalidad de ciencia jurídica abierta (https://atelieropenaccess.com/products/instituciones-democraticas-y-estructura-del-estado-en-espana), expone el funcionamiento de los órganos constituciones, y propone hasta treinta bases temáticas para un nuevo Estado democrático, con la esperanza de que las personas jóvenes lo conozcan y lo defiendan, para lograr, en todo caso, que sea una organización racional para el ejercicio del poder que mire al bien común, pero partiendo de la voluntad del pueblo.

*Ángel B. Gómez Puerto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

Ya en 1974, en el capítulo “Cotos y montería” de El hombre y la Tierra, Félix Rodríguez de la Fuente advertía algo que hoy sigue siendo incómodo de escuchar: la naturaleza posee mecanismos propios de autorregulación y, salvo excepciones muy concretas, “nunca pasa nada” cuando el ser humano no interviene. Lo que sí suele pasar —y él lo decía con crudeza— es que, desde nuestro profundo desconocimiento, actuamos “como un grupo de niños con globos llenos de pintura en un museo”. Su alarma ante la posible extinción del lobo, el gran depredador que estructura la pirámide ecológica, resuena hoy con una vigencia dolorosa.

Nuestro deseo de cazar por deporte responde a un impulso competitivo impostado, muy alejado de la esencia primitiva que nos permitió sobrevivir: cazar para alimentarnos y encontrar la felicidad en la conexión respetuosa con el entorno. La ciencia ecológica lo ha mostrado una y otra vez: los ecosistemas funcionan mejor cuando cada especie cumple su papel sin interferencias artificiales. Los depredadores regulan a los herbívoros, los herbívoros modelan la vegetación y la vegetación sostiene al resto de la vida. Cuando sustituimos ese equilibrio por decisiones humanas guiadas por intereses recreativos, el resultado no es más estabilidad, sino más desorden.

La paradoja del jabalí es un ejemplo claro. A pesar de que numerosos estudios señalan que la presión cinegética desestructura los grupos sociales, elimina hembras adultas experimentadas y dispara la reproducción temprana —aumentando la proporción de juveniles—, muchos cazadores siguen defendiendo que su actividad es una herramienta eficaz de control. Sin embargo, la evidencia es tozuda: las poblaciones sometidas a caza intensa responden con mayor fecundidad, ciclos reproductivos más cortos y camadas más numerosas. Cuanto más se caza, más se acelera la dinámica poblacional. Y cuanto más se acelera, más se justifica seguir cazando. Un círculo vicioso difícil de sostener.

La situación en Sierra Morena de Córdoba resulta desalentadora para quienes solo queremos disfrutar del campo. No basta con encontrar fincas completamente valladas que fragmentan el territorio y dificultan el movimiento natural de la fauna —un problema reconocido en toda la Península—; además, debemos asumir que no podemos planificar una ruta con tranquilidad. En cualquier momento pueden aparecer advertencias que nos amedrentan incluso en zonas de dominio público. Esta fragmentación no solo limita nuestra libertad como ciudadanía: también compromete a especies que necesitan grandes áreas continuas para mantener poblaciones sanas, desde el lince ibérico hasta los propios ungulados que la caza dice gestionar.

En este clima de permanente defensiva, estamos perdiendo la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo superfluo. Somos primates hechos para vivir en colectividad, pero la falta de cumplimiento de las normas —y la permisividad ante quienes las vulneran— erosiona la convivencia y nos enfrenta. Defender el acceso responsable al medio natural no es una cuestión ideológica: es una necesidad ecológica y social.

A ello se suma un problema institucional grave. Según me explica el Coordinador de la UB‑1, en el año 2000 había 100 Agentes de Medio Ambiente en la provincia de Córdoba; en 2026 quedan 78. Próximamente, se jubilan 27, lo que reducirá la plantilla a 51: la mitad de los históricos. En la Unidad de Córdoba, de 12 Agentes se pasará en breve a tan solo uno, sin reposición prevista. Según la normativa andaluza, estos Agentes —funcionarios de la Junta— son la autoridad responsable del control y vigilancia de la actividad cinegética, a veces con apoyo del Seprona, también mermado y obligado a desplazarse desde puntos remotos. Con esta falta de personal, dejamos en abandono extremo nuestro patrimonio forestal y faunístico. Esta situación es extrapolable a toda Andalucía.

La situación invita a preguntarse si los beneficios económicos derivados de la actividad cinegética cumplen los requisitos que se exigen a cualquier otra actividad empresarial: beneficios declarados, impuestos pagados, IVA incluido. La normativa existe, pero sin personal suficiente para verificar su cumplimiento, queda en papel mojado. Un ejemplo elocuente: la norma contempla controles de alcoholemia a los participantes en las cacerías, pero los Agentes de Medio Ambiente no disponen de los dispositivos necesarios para realizarlos.