Qué ocurrió en Baena en julio de 1936

En el verano de 1936, Baena era un feudo de la CNT, donde contaba con más de 1000 afiliados. Las relaciones laborales entre la patronal agraria y los jornaleros eran todavía semifeudales. Moreno Gómez recoge a este respecto el testimonio del jornalero baenense Juan Misut Cañadilla: “…Aquellos señores que … se gastaban ochenta mil duros en comprarle un manto a la Virgen o una cruz a Jesús… escatimaban a los obreros hasta el aceite de las comidas…”

El 18 de julio, cuando tienen noticia de lo ocurrido en Córdoba y Sevilla, la patronal agraria y la guardia civil se suman a la sublevación. El domingo 19, por la mañana, el teniente de la guardia civil Pascual Sánchez Ramírez publicó el bando de guerra, constituyéndose en comandante militar de la plaza. Según Moreno Gómez aquel día, en el alto del Coscujo, los guardias fusilaron a 11 campesinos cogidos prisioneros.

Sin embargo, con una sorprendente rapidez y organización, aquellos campesinos atacaron el pueblo la noche del 19 al 20 de julio, lo que provocó que los insurrectos (dos centenares, entre guardias, falangistas, terratenientes y varios militares de la localidad) quedaran sitiados en torno a su punto defensivo principal: la plaza del Ayuntamiento, haciéndose fuertes en este edificio, el cuartel y la Telefónica; así como en el convento de Madre de Dios, el Hospital de Jesús Nazareno, el castillo y en otros puestos secundarios.

La masa obrera y anarquista estableció su puesto de mando en el Asilo-Convento de San Francisco. Cada día que pasaba la subsistencia de los sitiados se tornaba más angustiosa y la resistencia más difícil. Sin embargo, el 28 de julio por la mañana salió de Córdoba una impresionante columna al mando del coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga, compuesta por infantería, guardia de asalto, guardia civil, legionarios y tropa de regulares en vanguardia.

Atravesaron Fernán Núñez, Montemayor, Montilla y Nueva Carteya, donde hubo tiroteo y fusilamientos, según la táctica rifeña que la legión había empleado contra los moros rebeldes del Protectorado español. Estos eran los métodos que ahora venían de vuelta con las tropas de Africa.

A una hora algo incierta de esa tarde se iniciaba la ocupación de Baena, con los moros y legionarios en vanguardia. Entraron por el Pilancón, lavadero público situado en la Fuente Baena, donde empezaron las primeras violencias y, como consecuencia, las primeras víctimas: violaciones, allanamientos y asesinato de los hombres. A otros muchos hombres se los llevan detenidos a la plaza, según la táctica rifeña que ya ensayó Buruaga días antes en Villafranca: concentrar a los hombres para aterrorizar a la población con el fusilamiento público.

Cuando la columna de Buruaga llega a la plaza del Ayuntamiento liberan el sitio sobre los insurrectos y también fusilan a la mayor parte de los rehenes que los golpistas tenían en el Consistorio. Sin embargo, Buruaga no libera ese día a los presos de derechas del Asilo de San Francisco, lo cual hubiera podido hacer sin dificultad, ya que los campesinos republicanos y anarquistas carecían de armas, a excepción de unas pocas escopetas de perdigones que pudieron requisar en los cortijos que rodean Baena. Este craso error estratégico, sumado a los desmanes que causan las tropas franquistas en la localidad, donde se comete uno de los primeros crímenes de lesa humanidad de la guerra civil española, supone la condena a muerte de los 80 presos de derechas que son asesinados a golpes (dato importante, no tenían armas) antes de emprender la huida y abandonar el convento de San Francisco en desbandada.

La matanza de la plaza se prolongaría durante, al menos, dos días más. Los datos del Registro Civil que utilizan la ocultación y eufemismos varios para soslayar la magnitud de los hechos ya fueron estudiados por Moreno Gómez en 1985, a lo que se añade la revisión del Registro llevada a cabo en 2008 por Arcángel Bédmar. En suma, ambos historiadores logran identificar 302 víctimas republicanas, de las que 79 no proceden del Registro sino de otras fuentes. En una revisión aún más reciente (8 de marzo de 2012, Conferencia en el IES Carrillo de Sotomayor en las II Jornadas de Historia de Baena) Arcángel Bédmar identifica hasta un total de 339 personas fusiladas, cifra mínima que, como indica el historiador, está sujeta a futuras revisiones.

Según Moreno Gómez la fiabilidad del Registro Civil, en cuanto a las matanzas cometidas por el franquismo en 1936, dista mucho de la verdad. Su tesis es que sólo fue inscrito, aproximadamente, un tercio de las víctimas reales. En Baena, como en otros sitios, muchos familiares no inscriben a sus víctimas en el Registro, por miedo, porque se marcharon para siempre del pueblo, porque no quedaron familiares directos o porque la burocracia franquista imponía todo tipo de trabas. Sirva como ejemplo que en Baena no se hizo ninguna anotación en el libro del Cementerio. En suma, como balance global, estima Moreno Gómez, que hay que hablar de un mínimo de 700 víctimas en la masacre cometida por los golpistas en Baena en 1936. Porque después de la sangría de finales de julio continuó la masacre de gente desafecta, ya no en las ejecuciones masivas y públicas de la plaza, sino en el cementerio, día tras día, durante todo el resto de 1936.

Los días 5 y 6 de agosto sabemos de, al menos, 48 fusilamientos, de los que 29 aparecen inscritos y 19 constan como no identificados. Los golpistas de Baena causaron tal catástrofe humanitaria que el censo de huérfanos sin recursos en la ciudad ascendió a 600 niños desamparados en 1937. Muchas mujeres hubieron de arreglárselas solas y las señaladamente de izquierdas vivieron en una humillación perpetua: Las pelaron, les dieron aceite de ricino y fueron objeto de abusos sexuales.

Tras la victoria franquista de 1939 tuvieron que regresar, humillados, varios miles de baenenses; al menos 2.174 personas, según datos de Falange. Ni que decir tiene lo que les esperaba: cárcel, torturas, consejos de guerra y muerte, en muchos casos. Durante la posguerra fueron fusilados 46 baenenses más, todos hombres, en Baena, Castro y Córdoba.

La catástrofe humanitaria no acabó ahí. Al menos 171 baenenses sufrieron trabajos forzados en batallones disciplinarios. En la prisión de Córdoba perecieron de hambre 13 hombres de Baena, sobre todo en 1941. También conviene recordar que 17 hombres de Baena acabaron su triste vida en el campo de exterminio nazi de Mauthausen, donde perecieron un total de 4.781 españoles, unos 230 de ellos de la provincia de Córdoba. Calcula Moreno Gómez que sumadas las víctimas de la posguerra a las causadas por el golpe militar, las pérdidas humanas de “presuntos desafectos” al régimen franquista se situarían en torno al millar de personas de Baena. Toda una catástrofe demográfica en el sector de población de hombres adultos, en una localidad que en 1936 tenía unos 23.000 habitantes.

La matanza del paseo del Ayuntamiento

Sobre lo ocurrido en el paseo del Ayuntamiento esa tarde hay numerosos testimonios de testigos directos, lo cual debemos agradecer a la gran labor que en los años 80 hizoFrancisco Moreno Gómez, que pudo escuchar de los propios labios de algunos de sus protagonistas testimonio de lo ocurrido, de uno y otro bando. Su primer libro “República y guerra civil en Córdoba” ve la luz en 1982. Este libro ha tenido varias revisiones y ampliaciones a lo largo de los años, la más actual de la que tenga constancia, publicado por la editorial Crítica, “El genocidio franquista en Córdoba”, fácil de encontrar todavía. Si no fuera por él, que tuvo la ocasión de entrevistarlos cuando todavía vivían, hoy ya no queda ninguno, habríamos perdido en buena medida la verdadera historia de lo que ocurrió en Baena y en otras localidades, más allá de la versión camuflada de la propaganda franquista, pues se recorrió toda la provincia durante sus vacaciones como profesor de secundaria. Para no ser tildado de tendencioso me limitaré a recoger de todos los que aporta Moreno Gómez, sólo el testimonio de Juan Martínez Imbern, que entró en Baena como integrante del ejército rebelde, en la columna del coronel Sáenz de Buruaga:

“Se oyó un disparo y fue el teniente de la guardia civil (Pascual Sánchez Ramírez) que disparó sobre uno de los tendidos (es decir no los fusilaban, los tendían en el suelo y les disparaban en la nuca, seguramente para ahorrar munición)… Me parecía estar durmiendo, en medio de una pesadilla… A medida que subía la calle, me daba cuenta que no era una pesadilla, que era verdad lo ocurrido, pues al lado del bordillo de la acera bajaba un líquido rojizo, agua mezclada con sangre. Al llegar a la plaza vi dos montones de cadáveres, unos encima de otros, como si fueran sacos. En algunos lugares de la plaza echaban agua para lavar la sangre, pero en otros hacían estirar a los detenidos que iban llegando (de sucesivas redadas) sobre la sangre de los anteriores fusilados” (aunque no se trató en ningún caso de fusilamientos, técnicamente hablando, sino de algo mucho más indigno).

Según diversos testimonios, mandaron subir a los hombres al paseo. La plaza o paseo del Ayuntamiento se llenó de vecinos a los que obligaban a subir, sin criterio alguno, muchos de ellos campesinos que a esa hora de la tarde regresaban del campo, puesto que el cuartel general de los defensores de la República no fue liberado hasta el día siguiente, por lo que la mayoría pudo huir hacia Castro del Río. El dato revelador es que el escarmiento se hizo indiscriminadamente sobre población civil, casi exclusivamente hombres adultos, la mayor parte ajenos a la resistencia, que efectivamente hubo en Baena pero sin medios y carente de armas. Resistencia contra los golpistas locales, a los que sin embargo lograron acorralar.

Pues una de las personas congregadas en la plaza esa tarde, como convidado de piedra, fue mi abuelo. El escritor local Fernando Jiménez Ocaña le contó una anécdota al periodista Francisco E. Expósito, que también recoge Arcángel Bédmar en su monografía sobre Baena. Su abuelo estaba ya tendido en el suelo para ser ejecutado, de lo que se salvó por los pelos por idéntico motivo que el mío: obtuvo un aval a tiempo; muchos otros, la mayoría, no tuvieron esa fortuna: “Mi abuelo era un campesino, no estaba metido en política, pero un día las milicias lo llevaron al Paseo, lo tumbaron y le iban a pegar un tiro en la nuca, pero un señorito, un terrateniente, lo vio y dijo: -A este hombre no lo ejecuten porque nunca se ha metido en política y me ha trabajado a mí-. Mi abuelo se levantó asustadísimo el hombre, le pusieron un brazalete, que era una especie de salvoconducto. Lo que mi abuelo me dijo se me ha grabado para siempre, él vio como cargaban muertos en camiones preparados para llevarlos al cementerio”.

No sólo los asesinaban o les obligaban a huir del pueblo, también les confiscaron sus bienes. La apropiación por moros y soldadesca del botín de guerra empezó esa misma tarde, entraban en las casas y se agenciaban de todo lo que tuviera algún valor: comida, joyas, dinero, aparatos de radio, etc. Después, el robo se seguiría haciendo de forma legal. Arcángel Bedmaren su blog, analiza una interesante documentación al respecto, que le proporciona al historiador Gabriel Caballero Cubillo, nieto del que fuera responsable de la Comunidad de Labradores, derechista que estuvo sitiado en el Cuartel de la Guardia Civil, que perdió a mujer e hijos en de San Francisco, y finalmente terminada la guerra fue nombrado juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro, Cabra, Priego y Rute. Entre sus papeles, está el que lleva por título “Relación de muebles traídos de los marxistas y entregados por don Manuel Cubillo”. En suma, una buena fuente de ingresos para las nuevas autoridades municipales fue el expolio de los bienes muebles, ajuares y viviendas de los que habían muerto o escapado. No tengo constancia de que a mi abuelo o a mi abuela le pudieran haber robado algo, puesto que entre poco y nada tenían.

El “supuesto” acto sacrílego de los “rojos” en San Francisco

Hubo durante mucho tiempo una placa en la iglesia conventual de San Francisco, ya retirada, según la cual durante la dominación roja se efectuaron varios disparos contra la imagen de Jesús Nazareno, pero “milagrosamente ninguno llegó a alcanzarla”. Creo que esta versión es sencillamente un fraude. Aunque las fotos son antiguas tienen la suficiente definición, creo, para apreciar claramente que los disparos no son de escopetas de perdigones sino de bala, de fusil con toda probabilidad. Les vuelvo a llamar la atención sobre un dato ya reflejado en el capítulo anterior: los campesinos republicanos y anarquistas carecían de armas, a excepción de unas pocas escopetas de perdigones que pudieron requisar en los cortijos que rodean Baena. De hecho, todas las personas asesinadas en San Francisco lo fueron a golpes, excepto algunos presos que colocaron como parapeto en los balcones, los cuales fueron tiroteados por la fuerza del ejército rebelde que inició la ocupación de la iglesia en la mañana del 29 de julio.

Así que estaríamos ante un bulo más del nacionalcatolicismo. La propaganda franquista también nos hizo creer que Guernica fue incendiada por los rojos o que la matanza de Badajoz era una mentira más del enemigo. En el foro de Facebook “Fotos de Baena antigua”, el 13 de febrero de 2021 se inició un debate con mucha participación, algunas de fechas recientes, y varios e interesantes testimonios en este sentido, algunos de gran valor testimonial porque procedían de testigos directos, señalando que los disparos contra el camarín los realizaron “a discreción” las tropas que tomaron la iglesia, en previsión de que pudiera haber todavía allí gente hostil a los golpistas. Es interesante leerlo. Cuando tomaron la iglesia, cuartel general de anarquistas y republicanos, en su mayoría ya habían huido hacia Castro del Río, a escasos 20 Km.

José Cortés de los Ríos, profesor vecino de Baena, me ha hecho llegar el siguiente testimonio:

“El ejército que entró al mando del coronel Sáenz de Buruaga tenía la capacidad militar suficiente para apoderarse de Baena sin derramar una gota de sangre, pero dicho coronel fue fiel a la consigna de amedrantar a la gente para que no se unieran a los republicanos.

Si en lugar de ir casa por casa apresando a los hombres, reunirlos en el Paseo y asesinarlos, se hubiese dirigido directamente a San Francisco para liberar a los rehenes que allí tenían los republicanos, una y otra matanza se podrían haber evitado.

Los republicanos establecieron su cuartel general en San Francisco. El número de asesinados en dicho convento fue de 81, cuyos nombres y apellidos constan en una lápida existente en el patio del convento.

Uno de los bulos y mentiras del franquismo y de la iglesia católica es presentar estos disparos “realizados por los rojos” como un milagro. Ni los disparos que aparecen en el cristal son un “misterio sin resolver” ni los realizaron los “rojos”. Se sabe que fueron obra de las llamadas tropas nacionales o “golpistas” durante la toma de la iglesia. Está clarísimo, física y matemáticamente, que los disparos fueron realizados desde el coro al suelo del camarín y no a las imágenes, ante el temor de que algunos “rojos” estuviesen escondidos bajo las túnicas y hábitos de las tallas. Siendo yo estudiante, la religión católica era una asignatura obligatoria en bachiller. Mi profesor de religión era el cura D. José María Romero, conocido por “Sandalico”.En más de una ocasión en clase nos dijo que fueron los “nacionales” quienes dispararon al camarín por el temor antes expresado“.

Tres apuntes rápidos

Franco, al finalizar la guerra mundial, con la derrota de las potencias del Eje, cuya ayuda fue decisiva para ganar la guerra civil, estaba en una situación muy precaria. Hace ahora 81 años, en la Conferencia de Potsdam, se decidió el futuro de España, entre otras cosas. El 19 de julio, Stalin planteó la viabilidad de acabar con el régimen de Franco. Truman tibiamente y Churchill de forma enérgica, rechazaron cualquier intervención contra el dictador. El asunto se zanjaría impidiendo la entrada de España en la ONU. Pero Franco tuvo suerte porque la Alianza de EE.UU y la URSS duraría poco. Dos años después, en el inicio de la guerra fría, España ingresó en la ONU y EE.UU puso fin al aislamiento del nuevo régimen franquista.

La situación en los primeros años de posguerra fueron dramáticos. Los años 1941 y 42, especialmente duros, “los años del hambre” como se conocen en Baena. Recuerdo la anécdota que cuenta el poeta Juan Bernier en sus Memorias, libro absolutamente insólito en la literatura española. Bernier hizo la guerra con Franco, no por ser especialmente de derechas, sino porque lo reclutaron en Córdoba. De la misma forma, todos los mozos de Villanueva en edad militar lucharon por la República, como cuenta Moreno Gómez, fueran de izquierdas o de derechas. Pues en Sevilla, recién terminada la guerra, tras un altercado, estuvo preso Bernier. A los “comunes” los tenían en el patio del piso bajo. A los rojos en la planta superior, aislados. Cuenta como todas las noches, también cuando estuvo de maestro en Puente Genil más tarde, había sacas y podía escuchar los disparos de fusilería. Estando ya en Córdoba, en los años del hambre, dice que preferían pensar, supongo que los que podían llenar el estómago, que la gente que encontraban tirada en la calle era porque estaban borrachos, no porque estuvieran famélicos, muriéndose literalmente de hambre.

Han transcurrido ya 90 años desde inicio de la guerra civil, más de la mitad de ese tiempo sin el dictador, del que este año se cumplirá el 51 aniversario de su fallecimiento. Dando por bueno que durante los primeros veinte años de la Transición hubiera un pacto de silencio, por las circunstancias que atravesaba el país -ruido de sables incluido-, no tiene ya razón de ser la lentitud en realizar las exhumaciones y la reparación a las víctimas del franquismo. De seguir a este paso, no sólo habrán desaparecido los hijos de los represaliados, efectivamente ni mis padres ni ninguno de mis tíos vive ya, sino también los nietos.

Pero la historia de mi abuelo y las tribulaciones de mi familia en la guerra la dejamos para otro momento, para no hacer más largo este relato.

El 24 de julio de 2026, José María Triper publicó en elEconomista.es una columna titulada «El deporte nacional del absentismo». El artículo sitúa en 1,6 millones las ausencias diarias al trabajo y añade que cerca de 400.000 se producirían sin justificación médica, según datos de las mutuas. Son cifras que merecen examen. Pero también lo merece el modo de nombrarlas: si el propio texto distingue entre ausencias justificadas y no justificadas, ¿por qué reunirlas bajo una metáfora que remite de antemano a la picaresca, la voluntad y el abuso? Hay palabras que describen y palabras que juzgan. A veces basta con cambiar el nombre de las cosas para cambiar también quién parece culpable.

«Incapacidad temporal» nombra una situación de salud acreditada y sometida a control. «Absentismo», empleado sin matices, evoca desentendimiento y falta moral. Fundir ambas realidades borra la frontera entre quien engaña y quien está enfermo, y extiende sobre todos una sospecha que solo debería recaer, con pruebas, sobre conductas concretas. Las palabras importan porque reparten responsabilidades: la primera nos obliga a preguntar qué le ha ocurrido al trabajador; la segunda nos predispone a preguntar qué está haciendo mal. Así se desplaza el debate desde la prevención, las cargas de trabajo, las plantillas insuficientes, la salud mental o la organización del empleo hacia el carácter moral de quien no ha podido acudir. No toda enfermedad nace en el trabajo, desde luego; pero ninguna sociedad seria puede expulsar las condiciones de trabajo de la conversación cuando crecen las bajas. Confundir el efecto con la causa produce titulares; no produce diagnósticos.

El fraude existe. Negarlo sería tan poco honrado como convertirlo en explicación general. Debe perseguirse individualmente, con pruebas, controles y garantías, porque el abuso de un derecho perjudica a quienes sí lo necesitan. Pero un Estado de derecho no puede transformar la excepción en una presunción colectiva. Quien recibe una baja médica ha pasado por una valoración facultativa y queda sujeto a los mecanismos de seguimiento previstos. No tendría, además, que comparecer ante un tribunal difuso de tertulias, columnas y conversaciones de oficina para acreditar su inocencia moral. Una baja no es una recompensa, unas vacaciones ni una dispensa del deber: es una medida temporal para que la salud no termine pagando el precio de continuar cuando ya no se puede.

Escribo como trabajador actualmente en situación de incapacidad temporal. No lo hago contra la empresa que me dio trabajo ni para llevar una relación concreta a la plaza pública. Tampoco pretendo convertir a empresarios y autónomos en caricaturas: ellos conocen, muchas veces de forma directa, el coste humano y económico de sostener una actividad. Mi objeción es otra, y es cívica. El respeto debido a quien nos da trabajo no exige callar cuando el lenguaje público convierte un derecho en motivo de vergüenza. Valorar el trabajo no consiste en santificar el sufrimiento. La vieja dignidad obrera nunca significó aguantar hasta romperse; significó que la vida y la salud de quien trabaja no podían tratarse como materia consumible. No hay ética del trabajo digna de ese nombre si su medida es cuánto dolor soporta una persona antes de quebrarse.

Este lenguaje tiene consecuencias. El trabajador responsable oye hablar de abuso y se dice: «Yo tengo principios; yo aguanto». Retrasa la consulta, minimiza el dolor, oculta la ansiedad y continúa hasta que el daño es mayor. A veces, la retórica que asegura combatir las ausencias contribuye así a prolongarlas. Nadie sensato desea una sociedad con más bajas; precisamente por eso conviene formular bien la pregunta. Si aumentan, averigüemos por qué enferma la gente, qué parte puede prevenirse, qué fallos existen en la organización o en la atención sanitaria y qué medidas permiten volver al empleo con seguridad. Esa investigación no es hostil a la empresa. Una organización que previene el daño, cuida sus equipos y favorece recuperaciones reales es también una organización más estable.

Podemos defender a la vez el cumplimiento de las obligaciones y la protección de la salud. Al empresario le corresponde certeza; al sistema, controles eficaces; al trabajador enfermo, la presunción de decencia. Lo que no cabe es usar una palabra como atajo para colocar bajo sospecha a personas en situaciones muy distintas. Una democracia social no se mide solo por los derechos que reconoce, sino por la posibilidad de ejercerlos sin ser humillado por ello. En el paso de «incapacidad temporal» a «absentismo» cambia algo más que el vocabulario: cambia el lugar desde el que miramos al otro. Reducir las bajas exige que menos personas enfermen, no que más personas se sientan culpables por enfermar. El trabajo merece respeto. La salud de quien trabaja, todavía más.

Mateo López Cuenca es trabajador y escribe a título estrictamente personal

El domingo se disputará la final del Mundial; y, con deseo ferviente de que nuestra selección se proclame campeona del mundo, reconozco que España ya ha conquistado algo infinitamente más valioso que un título: la certeza de que, cuando un pueblo camina unido, no solo multiplica su fuerza, sino que recupera también la memoria de lo que es.

En una época marcada por la confrontación y las etiquetas, el fútbol sobrepasa la normalidad y conserva una virtud extraordinaria que escasea en nuestro tiempo: la capacidad de reunir aquello que parecía condenado a permanecer dividido. Y es que, durante noventa minutos dejan de importar las diferencias ideológicas, el lugar de procedencia o la manera de comprender el mundo. Solo permanece una verdad: nuestro escudo, la bandera y un sentimiento compartido: millones de españoles que laten al mismo compás, unidos por una ilusión que trasciende el deporte y se convierte en símbolo de pertenencia.

Es motivo de orgullo contemplar a nuestra selección entre las mejores del mundo. Pero aún conmueve más advertir que la auténtica victoria no se encuentra únicamente sobre el césped. Habita también en las plazas abarrotadas, en los hogares donde varias generaciones comparten el mismo sofá, en los bares donde desconocidos terminan abrazándose tras un gol, en cada rincón donde la alegría derriba, aunque solo sea por un instante, los muros invisibles que tantas veces levantamos entre nosotros.

Y quizás esa sea la mayor hazaña de nuestra selección: hacer que volvamos a encontrarnos con aquello que nunca debimos olvidar: que pese a nuestras diferencias, existe un sentimiento común que nadie puede discutir ni dividir, un vínculo que nos precede y nos une, un corazón patrio que late con fuerza cada vez que nuestra bandera salta al terreno de juego.

En este Mundial nos habéis enseñado que los sueños también se construyen sobre el césped. Nos habéis hecho volver a creer, a ilusionarnos con cada paso, a emocionarnos con cada triunfo.

Los trofeos ocupan un lugar en las vitrinas. Pero hay victorias, en cambio, que encuentran su hogar en la conciencia de una nación y permanecen mucho después de que el estadio se haya quedado en silencio. Y esa es una victoria que no cabe en ninguna vitrina sino en el corazón de millones de españoles.

Advertía George Santayana que quien no recuerda lo vivido está condenado a una perpetua infancia intelectual. Esta sentencia es una losa para los pueblos que olvidan su historia. Por ello, para entender por qué Córdoba está hoy perdiendo el control sobre su recurso más preciado que es el agua, es necesario contar cómo hace 150 años nuestra principal fuente de abastecimiento público, las aguas de Hoja Maimón, se gestionaba en un contexto de opacidad, asimetrías informativas y una profunda dependencia de intereses privados. Este precedente histórico guarda cierta similitud con lo que estamos viviendo en la actualidad en la gestión de un bien tan necesario como es el agua.

Situémonos en la década de 1870. España y en concreto Córdoba buscaban reponerse de la crisis monárquica del reinado de Isabel II. Apenas despuntaba la década cuando los ecos de la Revolución de 1868, “La Gloriosa”, que a nivel local se materializaron bajo el impulso de la Junta Revolucionaria de Córdoba, derribaron algo más que un trono al dictar un decreto que declaraba “abolidas las murallas que circundan esta población”. Córdoba dejaba de ser una fortaleza del Antiguo Régimen para abrazar la modernidad de la libre circulación de bienes y servicios. Sin embargo, mientras las murallas de piedra caían, otras murallas invisibles, las de la gestión y conservación de nuestros manantiales y fuentes, permanecían incólumes.

Posiblemente, la constante penuria económica del consistorio debido a diferentes avatares históricos a lo largo del siglo XIX abocó a una progresiva degradación a las redes de abastecimiento públicas. Las redes privadas, principalmente de la Iglesia, se vieron gravemente afectadas por las desamortizaciones sucesivas, principalmente por la de Mendizábal de 1835. Su principal resultado fue la transferencia de la titularidad de gran número de huertas con nacimiento de manantiales y sus conducciones que canalizaban sus aguas, a la Hacienda Pública de Madrid.

En 1864, el ayuntamiento tenía constancia de que las conducciones de agua no se gestionaban adecuadamente debido al desconocimiento de su trazado, incluidas las de las ya citadas aguas de Hoja Maimón. La información sobre el recorrido de las tuberías de barro recaía exclusivamente en los maestros fontaneros, personificados en la familia Bonilla. Esta saga gestionaba la red con una dejadez que rozaba lo malicioso, propiciando averías por las cuales cobraban reparaciones “sobrevenidas”. El ejemplo más sangriento de este descontrol fue la instalación por Ángel Bonilla de una bomba de succión; una solución que resultó ser veneno, pues durante diez años forzó el venero arrastrando arena que terminó por lijar y obstruir las viejas tuberías de barro. Semejante despropósito técnico fue posible porque el consistorio carecía de acceso al aforador de caudales que los Bonilla custodiaban en su domicilio. De las tres llaves necesarias para fiscalizar ese patrón de medida, el ayuntamiento había perdido dos, quedando a merced de los datos que la familia suministraba a su conveniencia.

Apenas tres años después, en 1867, el consistorio estaba ahogado por las deudas que dejó la visita real de Isabel II cinco años antes. Negociaron con el gobernador civil permutar el préstamo de estos fastos invirtiendo el dinero adeudado en la reforma integral de las cañerías de agua. El tiempo demostraría que esta solicitud fue una treta que buscaba cancelar la deuda. No se destinó dinero a la reparación de las redes que mostraban numerosas pérdidas y quejas por parte de los vecinos. Esto nos da una idea de la categoría moral de nuestros gobernantes en aquellos años. Años, algunos, de verdadera sequía como fueron los de la década de 1850, la Gran Sequía de 1872-1880, demostrando que la falta de inversión real en las cañerías condenó a la población a décadas de miseria hídrica.

Hacia 1874, ante la continua falta de agua en la ciudad por las circunstancias que estamos describiendo, la corporación municipal se vio en la necesidad de arrendar el uso de una noria existente en Huerta Nueva, situada en su día aproximadamente en el emplazamiento actual de Emacsa.

Esta huerta estaba arrendada a Manuel Romero. Él era conocedor de la falta de supervisión por parte del ayuntamiento y del maestro fontanero. Ante esta coyuntura, aprovechó para lucrarse obstruyendo los conductos de las aguas de la huerta con harapos para fingir averías y desviando el agua y vendiéndola a espaldas del consistorio.

Se atrevió a hacerlo al comprobar que los Bonilla manipulaban las redes a su conveniencia y que el ayuntamiento exigía derramas a los partícipes (vecinos con derechos de cierta cantidad de agua) de Hoja Maimón para restaurar su conducción a sabiendas de que les había vendido el consistorio ciertos volúmenes de agua sin que sus manantiales tuvieran el suficiente aforo. En todo este entramado, el mayor damnificado era el pueblo de Córdoba.

En 1876, ante la falta de lluvias, el alcalde Francisco de Paula Portocarrero ordenó al archivero municipal, José López Amo, clasificar y examinar minuciosamente los fondos documentales para reunir en un solo expediente toda la información sobre el origen y curso de las aguas de la ciudad. López Amo realizó una labor ingente de recopilación, examinando todos los documentos existentes para dar coherencia administrativa al sistema. Sin embargo, esta ordenación del archivo no fue suficiente para recuperar el control real: aunque el ayuntamiento ya podía consultar sus propios papeles, los Bonilla seguían poseyendo el saber práctico sobre el terreno, con detalles y precisiones que ningún legajo podía igualar. La institución había recuperado su memoria escrita, pero seguía siendo rehén de la pericia técnica de una dinastía privada que conocía la red mejor que sus propios dueños.

Años más tarde, ante la persistencia de la sequía y el crecimiento demográfico, se aprobó la conducción de Torrecilla-Antas. La apuesta técnica no fue por el desarrollo de una ingeniería propia, sino por la adopción de soluciones extranjeras: la patente francesa del Sistema J. Lavril, suministrada por la firma barcelonesa Balaciart Hermanos. La documentación comercial de la época revela la servidumbre implícita de esta modernización al destacar la «facilidad de su colocación, al alcance de las personas menos versadas». Se vendía así la ilusión de una tecnología «llave en mano» que permitía prescindir de la capacitación local, interrumpiendo el desarrollo técnico de fontaneros y arquitectos municipales. La red ganó rendimiento, pero el municipio consolidó una subordinación a patentes y manuales extranjeros gestionados desde Barcelona.

Incluso propuestas alternativas, como la presentada por Santos María Pego en 1879 para la Asociación de Partícipes de las Antiguas Aguas del Cabildo, se veían obligadas a recurrir a tecnología foránea, en su caso, tubos de hierro dulce bajo patente de los ingenieros Desnos y Broussant. Sin embargo, el proyecto de Pego marcaba una diferencia política crucial: proponía un sistema de medición mediante un metrónomo de precisión que permitía a los usuarios auditar el reparto con equidad. Pego intentaba devolver a los cordobeses el control sobre la métrica que el modelo municipal entregaba ciegamente a intereses externos.

En el ámbito nacional, la implantación de la peseta en 1868 resultó determinante para este proceso de apertura a la industria extranjera. Esta medida puso fin a la convivencia de múltiples divisas, como los reales, escudos y maravedíes, integrando a España en la Unión Monetaria Latina. Al establecer una paridad directa con el franco francés, se simplificó la contabilidad y se eliminaron las incertidumbres en el cambio que dificultaban la inversión de las potencias industriales. De este modo, la unificación monetaria facilitó la repatriación de beneficios para las concesionarias extranjeras, lo que terminó por convertir a España y a Córdoba, en concreto, en un escenario económicamente accesible para el capital transnacional.

Este logro institucional se produjo en el marco de la Constitución de 1876, catalizadora del régimen de la “oligarquía y el caciquismo”. La estabilidad política emanada de la nueva Carta Magna operó como un incentivo para la llegada de capital transnacional. Así, mientras Córdoba dependía todavía de una obsoleta red de atanores de barro, el capital británico ya había privatizado el agua en Sevilla mediante The Seville Water Works Company Limited (SWW).

Esta inercia de subordinación técnica perduró más allá del siglo XIX, consolidándose en las estructuras institucionales. El municipio cordobés quedó atrapado en un modelo de gestión dependiente que tardaría décadas en revertirse, perpetuando una brecha entre la propiedad pública del recurso y la incapacidad técnica para operarlo de forma autónoma hasta bien entrado el siglo XX.

El primer punto de inflexión en esta dinámica ocurrió en 1938, en plena Guerra Civil, cuando el Ayuntamiento de Córdoba logró la municipalización del servicio al comprar la empresa privada que gestionaba las aguas locales. Aquella operación dio origen al Servicio Municipal de Aguas Potables que, aunque limitado a unos 3.000 abonados, sentó las bases operativas para la gestión directa del recurso.

La recuperación plena de dicha soberanía no se materializó hasta noventa años después de aquellos desencuentros decimonónicos, en 1969, mediante la constitución de Emacsa bajo la dirección unificadora del ingeniero Juan Chastang Marín. Chastang articuló el control integral del ciclo hidráulico, abarcando desde la captación en los embalses de la cuenca hasta el suministro final de la capital. Esta estructura centralizada aseguraba una planificación rigurosa y una alta capacidad de respuesta ante contingencias.

Si bien la transición democrática ofreció una coyuntura idónea para consolidar la gestión del agua en el territorio cordobés, el proceso fracasó debido a un conflicto político de carácter estructural. Este desencuentro se consumó el 21 de diciembre de 1985, al amparo de la recién aprobada Ley de Bases del Régimen Local. El proyecto de «provincializar» Emacsa para erigirla en la entidad gestora de todo el ámbito provincial colapsó por una disputa de representatividad: Izquierda Unida condicionó el acuerdo a la reserva del 51 % del control accionarial, mientras que el PSOE, desde la Diputación Provincial, exigió una gobernanza estrictamente paritaria. Ante la falta de consenso, la corporación provincial constituyó de manera unilateral la empresa Emproacsa, con el fin de asumir la dirección técnica de los consorcios hídricos, como los de las zonas Norte, Sur y Alto Guadalquivir, que hasta entonces tutelaba la Confederación Hidrográfica. De este modo, el mapa concesional de Córdoba quedó definitivamente fracturado, consolidando una gestión dual que dividía el recurso entre la capital y el resto de la provincia.

Esta ruptura institucional fragmentó la unidad operativa del agua y originó la bicefalia (Emacsa para la capital y Emproacsa para la provincia) que persiste en la actualidad. Este proceso fue contemporáneo a otro hito de apertura exterior: la integración de España en la Comunidad Económica Europea en 1986. Si en el siglo XIX la peseta facilitó la conexión con el capitalismo industrial, la adhesión al mercado común y la posterior adopción del euro en 2002 representaron la inserción definitiva en una economía de escala continental. Sin embargo, mientras el Estado adaptaba sus estructuras a las exigencias de Bruselas, Córdoba consolidaba esa fractura administrativa interna que neutralizó cualquier posibilidad de respuesta unificada ante los nuevos desafíos globales.

Este inmovilismo estructural relegó a Emacsa a un marco operativo insular heredado de su fundación predemocrática. A diferencia del modelo metropolitano de Sevilla, las sucesivas reformas de los estatutos de la entidad cordobesa jamás contemplaron la apertura de su accionariado para articular una gobernanza regional. Mientras que Emasesa adaptó sus estatutos en 1993 para incorporar a los municipios limítrofes a su propiedad, la corporación cordobesa preservó su modelo autárquico. En este punto radica la asimetría de la innovación local: Emacsa opera con altos estándares de eficiencia interna, pero adolece de proyección territorial; prioriza la excelencia en la gestión doméstica frente al liderazgo regional. Se constata así la diferencia entre la aspiración a controlar la infraestructura de conectividad (Sevilla) y la complacencia de poseer el activo mejor optimizado pero confinado (Córdoba).

Como consecuencia de este repliegue, Emacsa ha acometido una actualización tecnológica convencional mediante la adquisición de la plataforma propietaria de la multinacional Schneider Electric-AVEVA. Esta opción representa la línea de menor resistencia técnica: perpetuar la vinculación con el proveedor histórico a costa de transferir el conocimiento táctico de la ingeniería local. Al externalizar los procesos de inteligencia analítica en una arquitectura de código cerrado, el control cognitivo de la red abandona la soberanía municipal. Esta involución presenta una severa paradoja histórica: de la cesión de la infraestructura física a las patentes francesas en el siglo XIX, se ha pasado a la entrega del algoritmo de gestión a un conglomerado transnacional en el siglo XXI.

Por el contrario, el modelo sevillano ilustra una estrategia divergente. Emasesa ejerce el liderazgo sectorial tras constituirse en un nodo tecnológico y centro de analítica de datos de referencia en Andalucía. Esta autonomía operativa obedece a una decisión deliberada de eludir la dependencia de grandes proveedores de software propietario, articulando alianzas con el ecosistema de código abierto y consultoras especializadas como Wellness TechGroup o la FIWARE Foundation. Mediante esta cooperación, Sevilla ha desarrollado una plataforma pública de gestión hídrica integral que optimiza la captación de fondos comunitarios, 15,4 millones de euros, una cifra que triplica la asignación cordobesa, dado que los criterios de financiación de la Unión Europea priorizan aquellas infraestructuras tecnológicas de carácter interoperable y uso compartido.

Esta divergencia estratégica adquiere una urgencia perentoria ante un hito normativo inmediato: la entrada en vigor, el 2 de agosto de 2026, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA). La nueva ley cataloga los sistemas de distribución de agua como infraestructuras de «alto riesgo», lo que proscribe el empleo de algoritmos opacos o de código cerrado que impidan una auditoría externa. Aunque el consistorio confíe en una moratoria transitoria hasta 2030, esa tregua es un espejismo: cualquier actualización operativa del software antes de esa fecha obligará a Emacsa a cumplir de inmediato con la norma. Si la naturaleza cerrada de la plataforma de Schneider impide garantizar la trazabilidad y la supervisión humana independiente que exige Europa, la entidad incurrirá en un incumplimiento de conformidad. Es el regreso de la paradoja de las llaves perdidas: si el ayuntamiento no posee el código, no puede abrir la “caja negra” para que sea auditada, exponiéndose a una sanción que podría alcanzar los 15 millones de euros. Córdoba no puede permitirse ser, otra vez, rehén de una llave que no tiene.

La resolución de esta vulnerabilidad exige la superación definitiva de la fractura institucional datada en 1985. En este sentido, la propuesta para la constitución de un Cerebro Digital Soberano, concebido con la Universidad de Córdoba (UCO) y articulado mediante proyectos como ALIA, ofrece la coyuntura idónea para que Emacsa y Emproacsa trasciendan, por fin, el marco estatutario de 1969. Daniel García-Ibarrola y Salvador Fuentes tienen ante sí la oportunidad histórica de sustituir la actual dependencia del arrendamiento tecnológico por la soberanía sobre sus propios sistemas de gestión. El agua, en su condición de bien de dominio público, demanda un modelo de gobernanza digital igualmente público, transparente y arraigado en la realidad cordobesa. El 2 de agosto de 2026, cuando el Reglamento Europeo de IA empiece a exigir cuentas sobre la transparencia de los algoritmos de infraestructuras críticas, se sabrá si los actuales responsables decidieron ejercer el mando sobre nuestra propia inteligencia hídrica o si prefirieron resignarse a ser meros inquilinos de un software ajeno.

*Pancho Gamero, doctor Ingeniero Agrónomo y egresado en Historia del Arte

El nombre de este insecto le viene por su postura de rezo cuando se prepara para la caza y es conocida por comerse a su pareja durante el apareamiento.

Es la imagen que me ha venido a la cabeza, como una buena metáfora, al leer las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, señor Argüello. Declaraciones que no sólo son un insulto a los sectores o personas a las que se refiere, sino también una provocación moral e intelectual a la ciudadanía en general, viniendo del máximo representante de la Iglesia Católica en nuestro país.

Se ha remitido a las pruebas para decir que el Estado, sin ética, se convierte en una banda de ladrones. Y lo dice desde la “autoridad moral” de quien representa a una institución que se ha apropiado del 80% del patrimonio nacional que explota en beneficio propio y de más de 100.000 propiedades inmuebles de todo tipo. Una institución que recibe de ese Estado “ladrón” todo tipo de privilegios económicos, estimados en unos 13.000 millones de euros anuales, permitiéndole lucrarse con la educación, la sanidad, los servicios sociales, los geriátricos y hasta con la caridad, todo exento de cualquier tipo de impuestos.

Ha denunciado, al puro estilo de Vox, las paguitas y las limosnas, lo que nombra como “Cáritas laico” del gobierno a las personas migrantes y las más necesitadas. Olvida que el Cáritas que la Iglesia controla y utiliza para hacer apostolado clientelar funciona con fondos públicos y de particulares, mientras la organización que la mangonea no aporta ni el 5% del presupuesto, que a su vez es una mínima parte de lo que recibe del Estado vía recaudación fiscal (ese 0’7% de quienes marcan la casilla, que se detrae de la caja común).

Se ha referido también al orgullo gay como un pecado de Satán. Supongo que estaría pensando en la cantidad de miembros del clero homosexuales, que en muchos casos practican su “antinatural tendencia” abusando de menores, cientos de miles de víctimas que han sido ocultadas y silenciadas y que en su inmensa mayoría siguen sin recibir ni justicia ni reparación.

Y este ataque al gobierno se produce en un momento álgido de las relaciones de aquel con la Iglesia Católica, donde las muestras de amor llegan al clímax de someter la cámara legislativa al púlpito del jefe del Vaticano y aplaudirlo extasiados hasta la extenuación. En un Estado que, traicionando la Constitución, somete sus poderes a la influencia y dirección de la Iglesia. Con unos partidos democráticos y progresistas que, con honrosas excepciones, anteponen esa relación tóxica y masoquista a su propia existencia. Parece que el animal ya se ha comido la cabeza de su amante y ha suplantado su cerebro. La visita del Papa ha sido una prueba evidente, donde todos los estamentos han seguido las indicaciones y se han adelantado a los deseos de la Jerarquía Católica. Aunque mantiene las conexiones nerviosas y las estructuras necesarias para seguir incrementando el placer de sus privilegios. Ahora le queda la tarea de seguir fagocitando poco a poco el resto del cuerpo desde su interior, hasta dejarlo en una piel vacía. Llevar su corrosiva ideología a los órganos - instituciones administrativas y a los tejidos sociales, ya lo ha conseguido en una parte, ligada sobre todo a los partidos de derechas.

Desgraciadamente, en el ejemplo de la naturaleza ya no habría nada que hacer. Espero que en la vida político-social se pueda reaccionar. Aunque parece que, visto lo visto, la reacción tendrá que comenzar en la sociedad. En los colectivos directamente atacados y acosados o señalados por la ideología, las declaraciones y las actuaciones de la institución que representa Argüello; en toda la población que defienda los Derechos Humanos; en la ciudadanía que quiere una democracia avanzada y, por tanto, laica; en los sectores más desfavorecidos y los trabajadores, que necesitan un mejor reparto de la riqueza y la eliminación de privilegios; en la intelectualidad y todas las personas racionalistas y librepensadoras, aunque sólo sea por desterrar el cutrerío cultural. Es de suponer que partidos como BNG y Podemos, que se posicionaron ante el disparate del tratamiento institucional de la visita del Sr. Prevost mantengan la coherencia, conscientes de la necesidad de actuar en esa dirección por la propia supervivencia. Y, con el optimismo de la razón, pienso que todos los demás partidos democráticos podrán ir recobrando la cabeza, aunque sea por la presión de sus bases.

Declaraciones como estas, como tantas otras y tantos hechos, de la Conferencia Episcopal deberían hacer reflexionar a esa mayoría no creyente y a los sectores creyentes democráticos, y convencernos de que debemos movilizarnos por un Estado laico para garantizar y desarrollar una verdadera democracia.

La moraleja de la metáfora es clara: la única garantía de supervivencia es separarse de la mantis religiosa. No se puede esperar un cambio en su naturaleza. Como en aquella otra fábula en la que el escorpión responde a la rana que le pregunta por qué le picó cuando le había ayudado a pasar el río: “Está en mi naturaleza”.

*José Antonio Naz Valverde, presidente de Europa Laica

Días después del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, solo allí donde llegaba la cobertura de las emisiones vía radio y las líneas telefónicas y/o telegráficas, fundamentalmente las grandes ciudades y pueblos importantes de España, se podía tener, al menos, una idea del desarrollo y situación general de la guerra. No así en la mayor parte del país sumido, sobre todo en zonas rurales, en la incertidumbre y el miedo.

Ya destaqué en mi anterior libro sobre “La Radiodifusión en la República, el Golpe de Estado y la Guerra Civil Española”, que los franquistas, a pocos días del golpe, todavía no habían triunfado en la mayor parte del territorio nacional y mucho menos en las capitales más importantes: Madrid, Barcelona y Valencia. Pero esta situación se fue revirtiendo debido a la intervención de los cuatro ejércitos aliados contra la República: el franquista afín de la península, el de las tropas africanas de regulares y legionarios que era un contingente de unos 30.000 soldados muy entrenados para la lucha, el apoyo del Nazi alemán y el Fascista italiano. Además, aunque menos importantes, fueron las tropas portuguesas de lo “Viriatos ”, voluntarios promovidos subrepticiamente por la Dictadura Salazarista de Portugal (1).

Por otra parte, con ayuda de la instalación de equipamientos de radiodifusión de gran potencia procedentes de la Alemania nazi y la Italia fascista, el bando rebelde fue acaparando el relato del éxito golpista. Es notorio que, de los aproximadamente 400.000 receptores de radiodifusión existentes en España en esas fechas, por su gran costo, en su mayoría eran propiedad de familias de mejor poder adquisitivo, entre ellas las organizaciones de los “quintacolumnistas”. Este término fue inventado por el general franquista Emilio Mola en una locución radiofónica. Las cuatro columnas, eran las agrupaciones militares del bando sublevado que avanzaban hacia Madrid de forma simultánea desde diferentes puntos geográficos, en el otoño de 1936.

Según la documentación histórica consultada, los frentes de avance correspondían a los siguientes ejes: La columna de Toledo: Tropas que subían desde el sur tras haber tomado Toledo y el Alcázar. La columna de la carretera de Extremadura: Fuerzas compuestas en gran parte por tropas coloniales (regulares y legionarios) que avanzaban por el suroeste de la península. La columna de la Sierra: Tropas procedentes del norte que presionaban a través de los pasos de la Sierra de Guadarrama y Somosierra. La columna de Sigüenza: Contingentes militares que empujaban desde el noreste, en el eje de la provincia de Guadalajara. Estas fuerzas operaban bajo la dirección del general Mola en el norte y la ejecución en el terreno de comandantes, como el general José Enrique Varela, rodeando de forma progresiva los accesos principales a Madrid. La quinta columna: era una red civil y clandestina de saboteadores que, en contacto vía radio, ayudaban al bando nacional ocultándose en la retaguardia enemiga.

En la zona republicana se adoptó rápidamente el término para alertar a la población sobre el “enemigo interior”, sin embargo, esto también supuso una gran paranoia colectiva. Además de requisar las emisoras privadas de radiodifusión, que disponían de la concesión del Estado desde 1924, el Gobierno de la República intentó controlar los grupos de ciudadanos que eran titulares de aparatos receptores que no contaban con Licencia, y aquellos que, aun con ella, fueran sospechosos de estar en contacto con las tropas golpistas. Pero esto no pudo conseguirse totalmente, y a veces aparecían por Madrid y otras ciudades pasquines y octavillas, anunciando el avance franquista y animando a la rebelión.

La prensa privada como tal desapareció por completo en la zona republicana, tras el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936. Los periódicos de propiedad particular e independiente fueron incautados por el Gobierno republicano, por comités obreros o por sindicatos gráficos (como la UGT y la CNT) para convertirse en órganos de propaganda de partidos políticos y milicias: Por ejemplo ABC y La Voz (la edición de Madrid) (2), El Debate, Ya, El Siglo Futuro, El Sol e Informaciones.

Aun con las dificultades de la escasez de papel, las organizaciones populares republicanas editaban, en su zona de influencia, revistas informativas, culturales, TBO`s, etc.. que procuraban distribuir por el territorio todavía fiel a la República. La distribución abarcaba diferentes géneros y audiencias, adaptándose a las necesidades de la guerra y la retaguardia: Prensa de frente y miliciana: Editadas por batallones, brigadas y sindicatos (como el 5º Regimiento). Servían como órgano de propaganda, arenga y moral combativa. Revistas culturales y literarias: Destacaba “Hora de España”, financiada por el Ministerio de Propaganda, donde escribieron destacados intelectuales y poetas de la época. Revistas ilustradas y de retaguardia: Publicaciones como “Mi Revista” o “Espectáculo” (del Sindicato de Industrias del Espectáculo), destinadas a mantener la actividad cultural y dar soporte a los refugiados y heridos. Sátira política: Cabeceras como “La Traca” y “L'Esquella de la Torratxa”, orientadas a la crítica ideológica de izquierdas y anticlerical. Buena parte de estas publicaciones han sido recopiladas y digitalizadas. Para investigar los números originales o buscar artículos, el lector puede consultar los catálogos digitales de la Hemeroteca del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona o al catálogo del Kiosco Digital de la Guerra Civil Española del Ministerio de Cultura.

Por último, hay que resaltar, que la gran mayoría de los poetas, escritores y artistas de vanguardia españoles, junto a destacadas figuras internacionales, ejercieron como intelectuales activistas de apoyo a la Segunda República, organizándose para divulgar documentos a través de colectivos culturales y mítines en los frentes de batalla para combatir el ascenso del fascismo.(1) Intervinieron ya en julio de 1936. No respetaron su firma del Pacto de No Intervención. Y tampoco la Unión Soviética que ayudó a la República en Octubre de 1936. (2) La Edición de Córdoba, en la que luego fui suscriptor y colaborador a principios de los años ochenta durante la dirección de Francisco Solano Márquez, fue requisada y su director Pablo Troyano ejecutado por los fasciosos.

*Nicolás Puerto Barrios, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Escritor y Periodista. Miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones Córdoba

Cada mes de junio se repite la misma escenografía. Juanma Moreno se planta delante de los helicópteros del INFOCA, sonríe para las cámaras y suelta la frase que ya forma parte de su libreto permanente de campaña: “un esfuerzo nunca antes visto en Andalucía”. Este año le ha tocado hablar de 271 millones de euros, “un 5% más que el año pasado y un 60% más que” en 2018, de 4.700 profesionales y de “43 medios aéreos entre helicópteros y aviones, tres más que en 2025”. Se ha permitido incluso proclamar que Andalucía cuenta ya con “un servicio propio que es probablemente el más solvente que hay en España” y que es, gracias a él, “una potencia en la lucha contra los incendios forestales” preparada “ante los duros efectos del cambio climático”. Un discurso bonito, redondo, hecho para la ovación. El problema es que, en cuanto uno deja de mirar al atril y se pone a leer el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el relato se desmorona solo.

Vayamos a los números, que son los que no mienten cuando alguien no los maquilla a tiempo.

El Plan Anual para la Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía —el PAIIFF, aprobado por Orden de 15 de diciembre de 2025— dotaba al dispositivo en 2025 de 45 unidades aéreas: 17 aviones y 28 helicópteros. El Plan para 2026 lo reduce a 40: 14 aviones y 26 helicópteros. Tres aviones menos y dos helicópteros menos, en un año en el que ni la AEMET ni los propios técnicos del operativo se atreven a decir que el riesgo vaya a ser menor que el anterior. A eso hay que sumarle la caída de los puntos fijos de vigilancia, los que detectan el humo antes de que se convierta en tragedia: de 198 a 186, con los “otros puntos” evaporándose casi por completo, de 19 a solo 5. Repásenlo con calma: mientras el presidente presume de “tres medios más”, el documento que su propia Consejería firma y publica dice justo lo contrario. No es una opinión mía, es aritmética del BOJA.

La infraestructura, curiosamente, no se ha tocado: las 28 bases de helicóptero y las 11 bases de avión siguen intactas en el papel. Lo que se ha recortado no es la red, sino lo que vuela dentro de ella. Es la diferencia entre tener un garaje y tener coche: la Junta mantiene el garaje, lo enseña en las ruedas de prensa y presume de él, pero ha metido menos coches.

Y aquí llega la parte que roza el esperpento administrativo, la que deja en evidencia con qué rigor se redactan los documentos que nos tienen que proteger la vida y el monte. En la página 100 del Plan 2026, el propio texto reconoce que el dispositivo aéreo “cuenta con un total de 40 unidades”. Dos páginas después, en las tablas que detallan dónde está cada avión y cada helicóptero, los títulos dicen otra cosa: “AVIONES: 17 unidades” y “HELICÓPTEROS: 28 unidades”. Sumen: 45. La misma cifra exacta del año pasado. Alguien copió y pegó el catálogo de 2025 para redactar el de 2026, cambió los datos de dentro de las tablas —ahí sí aparecen los 14 aviones y los 26 helicópteros reales, uno por uno, provincia por provincia— pero se olvidó de tocar el título. Un plan que se contradice a sí mismo en menos de dos páginas no es una errata: es la prueba de que ni siquiera se revisó con el cuidado mínimo que exige un documento que Moreno Bonilla utiliza cada verano para venderse como garante de “la potencia” andaluza contra el fuego.

Si la propia Consejería no repara en que sus tablas no cuadran con su resumen, ¿qué garantía tenemos de que el resto del documento —las previsiones de riesgo, las zonas estratégicas, los indicadores de eficacia— se haya revisado con más rigor? Cuando un gobierno recorta medios de extinción y encima no se molesta en corregir el papel que lo demuestra, no estamos ante un despiste: estamos ante una gestión que da por hecho que nadie va a comparar los planes de un año con los del siguiente. Y ese “nadie” incluye, aparentemente, al propio presidente cuando sale a dar cifras de memoria.

Pero el autobombo de Moreno no se sostiene solo con aviones. Mientras él hablaba de “esfuerzo nunca antes visto”, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente reconocía, por transparencia, que en septiembre de 2025 contaba con 698 agentes de medio ambiente —la vigilancia sobre el terreno, la detección temprana, la investigación de causas— y que en junio de 2026, justo al inicio de la campaña de alto riesgo, se había quedado en 602. Noventa y seis efectivos menos en nueve meses: un 14% de la plantilla, con solo 78 nombramientos nuevos por 130 jubilaciones.

Andalucía tiene la mayor superficie forestal de España y una de las orografías más castigadas por el fuego de toda la cuenca mediterránea. No hace falta ser alarmista para señalar lo evidente: en un contexto de veranos cada vez más largos y más secos, recortar un 11% la flota aérea propia, un 6% los puntos fijos de vigilancia y un 14% la plantilla de agentes medioambientales no es una cuestión de matices contables ni un problema de comunicación. Es una decisión política que Juanma Moreno prefiere disimular detrás de un micrófono en lugar de explicar con el mismo detalle con el que exige “trato igualitario” al Gobierno central. Se puede pedir cuatro aviones más al Estado y, al mismo tiempo, no explicar por qué se han retirado cinco propios. Se puede hablar de “potencia” mientras se pierden noventa y seis agentes forestales en nueve meses. Lo que no se puede hacer, o no se debería poder hacer sin que alguien lo señale, es cobrar aplausos por un dispositivo que, sobre el terreno, hace aguas por mil puestos sin cubrir.

Mientras tanto, si el monte arde este verano y los helicópteros que faltan hacen falta, ya sabemos dónde buscar la explicación: no en el cielo, y tampoco en el atril donde Moreno Bonilla recita cifras récord, sino en el BOJA que su propio Gobierno firma, publica y, por lo visto, ni siquiera se lee.

Ante las afirmaciones vertidas por el Sr. Iván de Arteaga en su reciente artículo de opinión, considero, en primer lugar, que ha sido un texto plagado de valoraciones personales, interpretaciones interesadas y afirmaciones que no reflejan la realidad de Asaja Córdoba.

Antes de responder a las acusaciones, quiero comenzar agradeciendo su reconocimiento tras afirmar que en años anteriores existía un magnífico equipo de colaboradores y profesionales, puesto que durante diecisiete años tuve el honor de ser vicepresidente 1º de Asaja Córdoba junto al presidente, el Sr. Ignacio Fernández de Mesa. Usted, por cierto, también estuvo durante esos diecisiete años como tesorero de Asaja Córdoba y, junto a otros dos señores más, formamos el comité ejecutivo de Asaja Córdoba durante esos 17 años aproximadamente. Como usted bien, dice fueron años de intenso trabajo en los que compartimos el objetivo de convertir Asaja Córdoba en la organización de referencia del campo cordobés.

Agradezco sinceramente todo lo positivo que construimos juntos durante esos años. Precisamente por haber formado parte de ese proyecto, conozco perfectamente el esfuerzo que costó levantar esta organización y soy el primero en querer preservar su prestigio.

Cuando asumí la presidencia, existía el compromiso de dar continuidad a aquello que había funcionado bien. Y así se ha hecho. Sin embargo, continuidad nunca ha significado conformismo ni inmovilismo. Al acceder a la presidencia, comprobé que existían determinadas prácticas, formas de funcionamiento y determinados “usos y costumbres internos” que en mi anterior etapa de Vicepresidente 1º desconocía por completo, y que me consta que desconocían otros miembros del comité ejecutivo pasado y actual; y que, bajo mi responsabilidad, no estaba dispuesto ni a consentir ni a mantener porque entendía que no respondían al modelo de gestión que considero adecuado para una organización como Asaja Córdoba.

Un presidente no está para perpetuar inercias, sino para asumir la responsabilidad de corregir aquello que entiende que debe mejorarse, aunque esas decisiones puedan resultar incómodas para algunas personas.

En ese contexto, se adoptaron distintas decisiones de organización interna y de gobierno corporativo. Entre ellas, la revocación de determinados poderes que existían en la agencia de seguros vinculada, Corseas, hacia el entonces secretario general de Asaja Córdoba, el Sr. Rafael Navas, y que habían sido otorgados por el Sr. Ignacio Fernández de Mesa. Esa decisión respondió exclusivamente a una pérdida de confianza hacia el Sr. Rafael Navas y al convencimiento de que la Presidencia debía recuperar el control directo sobre aquellas facultades que afectan al patrimonio y a la gestión de entidades vinculadas a Asaja. Fue una decisión de responsabilidad, no de enfrentamiento personal. Como puede entender, yo no podía mantener al Sr. Navas, con unos poderes en Corseas que son vulgarmente conocidos como “poderes de ruina”.

Es precisamente a partir de ese momento, cuando algunas discrepancias internas comenzaron a hacerse más visibles. Respeto que existan opiniones diferentes sobre la gestión, pero discrepar de determinadas decisiones no justifica construir un relato que pretende presentar como una crisis institucional lo que, en realidad, es una diferencia sobre el modelo de dirección de la organización.

Como firme defensor de los principios democráticos y asociativos, considero legítimas, necesarias y enriquecedoras las discrepancias que pudieran existir en relación con el modelo de gestión. Sin embargo, no es admisible que se falte a la verdad, como hace el Sr. De Arteaga en su epístola. Siguiendo la máxima que el dato mata al relato, el que pretende construir el Sr. De Arteaga choca frontalmente con los acontecimientos acaecidos en los últimos meses en el seno de Asaja Córdoba. Así:

Por último, me va a permitir el Sr. De Arteaga que no dé respuesta a la, también falsa, afirmación relativa al despido de dos trabajadores de Asaja, pues es una cuestión que se encuentra sub iudice. Preferimos que sean los tribunales de justicia los que hablen.

Como presidente, seguiré tendiendo la mano al diálogo, escuchando todas las opiniones y trabajando para fortalecer Asaja Córdoba. Pero también defenderé el buen nombre de la organización frente a quienes, por intereses personales o por discrepancias legítimas mal canalizadas, optan por trasladar el debate interno al terreno mediático.

Los socios saben que mi compromiso no es con personas concretas ni con dinámicas heredadas. Mi compromiso es con una Asaja Córdoba moderna, transparente, profesional y preparada para afrontar los enormes desafíos que tiene hoy el campo cordobés. Esa responsabilidad exige, en ocasiones, tomar decisiones difíciles. Y seguiré haciéndolo siempre que considere que son las mejores para la organización y para sus asociados.

El olor a dama de noche y a jazmín, el crujir del albero bajo los pies, el rumor constante de las chicharras, los gatos paseando entre las piernas y el bocadillo envuelto en papel de plata. Para cualquier cordobés, esta estampa no es una mera postal nostálgica, sino la esencia viva e insustituible de sus noches de estío. Los cines de verano no son solo recintos donde se proyectan películas; son los verdaderos pulmones sociales de una ciudad que, durante los meses más asfixiantes del año, necesita respirar al aire libre, es el gran patio para los que no tenemos casa en la playa, es el lugar dónde la soledad se siente acompañada.

Sin embargo, este espacio cívico, vecinal y cultural se encuentra hoy bajo la grave amenaza de la desaparición, víctima de la especulación inmobiliaria, de una visión mercantilista y cortoplacista que confunde de nuevo el valor con el precio.

Córdoba no es Fuengirola. Y al afirmar esto no hay desdén alguno hacia la respetable localidad malagueña llena de cordobeses, sino la constatación empírica de que cada territorio tiene su propia idiosincrasia y debe defender su propio modelo de desarrollo. La Costa del Sol ha abrazado históricamente un modelo de turismo y ocio de masas, una “cultura a granel” diseñada para el consumo rápido, la homogeneización y la masificación del sol y playa. Córdoba, por el contrario, atesora un modelo de vida fraguado a fuego lento a lo largo de los siglos. Su belleza y su atractivo no residen en la estandarización de las franquicias que asaltan los cascos históricos vaciándolos de alma, sino en la singularidad innegociable de su vida cotidiana, en la pausa de sus patios y en la magia insondable de sus cines de verano: el Delicias, el Fuenseca, el Coliseo San Andrés o el Olimpia.

Perder los cines de verano significa extirpar un pedazo del alma cordobesa para sustituirlo por el vacío del hormigón, casas para los coches o por el enésimo bloque de apartamentos turísticos. Significa rendirse sin presentar batalla ante la dictadura de una globalización que aniquila lo local, transformando ciudades milenarias e históricas en meros decorados de cartón piedra para visitantes de paso. Defender los cines de verano es hacer una defensa encendida y necesaria de la cultura de calidad frente a la cultura de usar y tirar. Es apostar por el séptimo arte como acto de comunión vecinal, donde abuelos, padres, nietos y nietas comparten un espacio intergeneracional que cohesiona el tejido social del barrio.

La singularidad de Córdoba se desvanece un poco más cada vez que un ambigú apaga sus luces para siempre y una pantalla de cal blanca es derribada por las excavadoras. No podemos permitir que el centro de la ciudad se convierta en un escaparate sin vida propia, un parque temático estéril donde los propios cordobeses acaben sintiéndose extranjeros en sus propias calles. La cultura de calidad exige proteger con valentía los espacios físicos y humanos que la hacen posible. Reivindicar nuestros cines de verano es reivindicarnos a nosotros mismos, es recordarnos quiénes somos y decir en voz alta que Córdoba tiene un latido único, profundo y cultural, y que sus noches, perfumadas de cine y ambigú, no están a la venta.

El problema no es la licencia, el problema no es el ruido, el problema no son los vecinos, nunca lo fue. El problema es el modelo urbano, social y cultural que el Partido Popular tiene para nuestra ciudad y que, por no entenderla, no cuida en su singularidad. La ceguera les provoca querer hacer negocio con todo, no solo descuidando un patrimonio tan valioso como los cines de verano, sino realizando una mala gestión del dinero público, además les impide ver cómo dinamitan la convivencia entre vecinos y vecinas de Córdoba. El problema es el modelo de ciudad, el escaparate de plástico que cierra a la hora de la merienda. Así no. Apunto el camino de la solución, los cines de verano deben ser declarados Bien de Interés Cultural, porque lo son.

Córdoba es una superposición de civilizaciones, un palimpsesto de estratos que comienza con el comercio tartésico de metales y alcanza hoy su capa digital. Bajo el modelo de Smart City, este nuevo estrato pretende erigirse como una malla invisible que promete optimizar recursos mediante la interconexión de datos, pero plantea una duda razonable: ¿es la tecnología un medio para el ciudadano o un fin para la captura de soberanía técnica? En la práctica, la Smart City se despliega como un stack o pila de capas tecnológicas que van desde los sensores en nuestras calles hasta la inteligencia artificial que toma decisiones. El riesgo no es la tecnología en sí, sino que este «cerebro digital» se convierta en una infraestructura cerrada. Córdoba corre el riesgo de pasar de ser una ciudad soberana a ser una ciudad gestionada bajo licencia.

El objetivo de este escrito es analizar cómo este modelo digital cambia la naturaleza ontológica de Córdoba; es decir, la esencia misma de lo que significa ser una ciudad. Debemos comprender que hoy, al mismo tiempo que se construye una calle o se instala una infraestructura, se está creando un espacio público virtual. Esta dimensión no es una ficción; es una expansión de la realidad de Córdoba que agranda nuestra ciudad hacia lo digital. Como advierte el experto en soberanía tecnológica Evgeny Morozov, el peligro es que no estamos viendo este nuevo territorio como lo que es: un espacio público. Al contratar servicios que dependen de las Big Tech (gigantes de Silicon Valley como Google, Microsoft o Amazon) para gestionar estos datos, el Ayuntamiento cede la soberanía de un espacio que debería ser tan público como el suelo que pisamos.

Si este modelo de dependencia le resulta familiar, es porque nuestra tierra lleva dos mil años sufriendo la misma maldición extractiva. El paralelismo entre los algoritmos actuales y la gestión del mineral en la Corduba romana es asombroso. En el siglo I d.C., la tecnología punta era el conocimiento metalúrgico para fundir el cobre de nuestra Sierra: el aes Cordubense. Los yacimientos de Cerro Muriano o las fundiciones de Trassierra no eran de los cordobeses, sino de los publicani (grandes sociedades de capitalistas de Roma) gestionados por conductores (contratistas privados) que actuaban como las Big Tech de hoy. Pero la red era aún más vasta: en el norte de la provincia, el yacimiento de Doña Rama (Belmez) revela que éramos el principal polo de plomo del mundo occidental. Lingotes marcados con las siglas «S S» de la Societas Sisaponensis, una poderosa corporación citada por Cicerón, demuestran que Córdoba era el cerebro logístico de una red que exportaba recursos por todo el Mediterráneo. Según investigaciones de la UCO, esta empresa tenía su capital y sede en Corduba, desplegando una compleja infraestructura de personas y recursos entre el Guadiato y el Valle de Alcudia. Córdoba ponía el mineral y el sudor; Roma y las corporaciones se quedaban con el valor añadido de la moneda y el control de la red.“

En el siglo X, Córdoba rompió este ciclo convirtiéndose en un centro de soberanía del conocimiento. Aquella Qurtuba fue una «Smart City» primitiva: mientras el resto de Europa carecía de infraestructuras básicas, nuestra ciudad diseñaba su propia inteligencia urbana. Un ejemplo magistral es la Noria de la Albolafia, una proeza de ingeniería que alimentaba una red hidráulica propia, o el sofisticado sistema de alcantarillado y pavimentación que hacía de Córdoba una ciudad funcional. Aquella tecnología no era alquilada; era fruto de un saber local que se exportaba al mundo. Sin embargo, en 1856, la historia volvió a la senda extractiva con el tren. Mientras la ingeniería británica de Cochrane & Co. levantaba estructuras como el popularmente conocido puente de Hierro sobre el arroyo de Pedroches, alzado en 1873 en las inmediaciones de Mirabueno, grandes compañías de capital extranjero como la MZA se hacían con las concesiones. En este mismo entorno de Chinales, el escocés Duncan Shaw fundaba en 1861 la Fábrica de Plomo de Pozo Ancho, una industria que durante casi un siglo extrajo valor dejando tras de sí hitos como el cementerio protestante del Arroyo de las Piedras para sus empleados ingleses. Córdoba puso la tierra y la mano de obra, pero el «cerebro» del negocio y los beneficios viajaron de vuelta a los bancos de Londres y París. Cuando el modelo entró en crisis, las empresas se marcharon dejando una infraestructura obsoleta que el Estado tuvo que nacionalizar en 1941, dando origen a la RENFE, mientras la fundición de Shaw era finalmente derribada en 1959.

Hoy, en 2026, el mineral es nuestra existencia misma convertida en código. Para entenderlo, basta observar nuestra «sombra digital» cotidiana. Al caminar por Córdoba, generamos una media de 288 registros de nuestra ubicación exacta al día. Al entrar en el casco histórico, una red de cerca de un centenar de sensores y cámaras inteligentes, financiada con fondos europeos para convertirnos en un «Destino Inteligente», procesa ya nuestra presencia. En milisegundos, el sistema descompone la imagen: estima la edad, registra el color o la marca de nuestra ropa, e identifica si portamos un teléfono móvil en la mano o una bolsa de una compra reciente. Esta densa malla, que suma desde las cámaras de control de acceso hasta los nuevos dispositivos 360º dotados de inteligencia artificial, no busca nuestra seguridad, sino convertir nuestro movimiento en un flujo de datos predecible.

Esta transformación no es una hipótesis; ya opera de forma silenciosa en los 100.000 contadores de Emacsa (bajo tecnología de Schneider Electric y AVEVA), en los 1.000 sensores de SADECO y en los 220 cruces semafóricos inteligentes. Córdoba está siendo diseccionada en bits antes de que hayamos decidido quién posee el bisturí. Al delegar la gestión de estos servicios esenciales en algoritmos opacos, el Ayuntamiento privatiza de facto la lógica de funcionamiento de nuestra propia infraestructura. La eficiencia técnica es hoy el envoltorio de una renuncia: la entrega de nuestra biografía urbana a una inteligencia alquilada que decide, sin transparencia, cómo fluye el agua o cómo se recoge nuestra basura.

Esta dinámica se observa en diversos nodos donde el suelo público y la tecnología privada convergen. En centros deportivos como GO fit, la infraestructura técnica permite una monitorización constante a través de llaves digitales y lectores de huella dactilar. Debemos entender que estos registros biométricos no son simples llaves de paso; son parámetros de nuestra salud, nuestro esfuerzo, frecuencia cardíaca y rendimiento, convertidos en datos. Este uso de la biometría sitúa al centro en una zona de alta fricción legal: según la normativa vigente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la obligatoriedad de la huella es sancionable si no se ofrece una alternativa no invasiva al usuario. Cualquier abonado tiene el derecho de exigir un método de acceso que no capture su identidad biológica, como una tarjeta física o un código, obligando al centro a ofrecer una opción que respete la soberanía que empieza, literalmente, en la punta de nuestros dedos. Al vincularse a Mutua Madrileña, el sistema cae bajo la Ley de IA de la UE (AI Act). La gravedad es máxima: nuestra biometría y datos de salud viajan a servidores en Italia para ser procesados fuera de nuestra jurisdicción. Córdoba exporta el pulso de sus ciudadanos a miles de kilómetros, un flujo invisible que el Anexo III (5.b) de la normativa clasifica como de «alto riesgo» por su potencial impacto en la valoración de perfiles financieros.

Es imperativo aclarar que no se trata de una acusación de uso, sino de señalar una arquitectura de riesgo que requiere transparencia absoluta. Especial atención merece la infancia en programas como GO fit Kids, donde la normalización de la biovigilancia debe ser auditada bajo el prisma de los derechos del menor. Del mismo modo, en grandes superficies como El Corte Inglés o La Sierra, tecnologías de WiFi Tracking mapean nuestros recorridos, convirtiendo el derecho a la ciudad en un producto de mercado.

Pero la sombra digital llega hasta nuestras células. En el Imibic y el Biobanco del Hospital Reina Sofía, miles de cordobeses entregamos nuestras muestras biológicas, desde nuestra sangre hasta tejidos de nuestros órganos, para investigar enfermedades. Es un acto altruista, pero aquí se produce la mayor «sustracción» de valor. El sistema funciona como una refinería: el ciudadano pone el ADN, el médico público pone el trabajo, pero el producto final, el algoritmo que predice un tumor, acaba blindado por patentes extranjeras. Estamos regalando el «crudo» biológico para luego comprar la gasolina a precio de oro. Es la misma trampa de nuestro aceite de oliva: vendemos el granel para que otros lo envasen y nos lo vendan como lujo.

Es en este proceso de refinamiento donde reside la verdadera trampa del aprendizaje: el valor real para estas empresas no es el dato bruto de hoy, sino el Modelo Digital que esculpen con nosotros. Cada vez que el sistema «lee» nuestro esfuerzo en el gimnasio o nuestra respuesta a un tratamiento, su Inteligencia Artificial aprende. Una vez extraída la esencia, la empresa puede permitirse el lujo de borrar nuestros registros para cumplir la ley; ya nos han vaciado de su verdadero valor. Se quedan con la Lógica del Modelo: una «máquina de predecir» que es propiedad de grandes grupos corporativos. El dato es el rastro; el modelo es el dueño del rastro. A este extractivismo se suma la Burbuja de Beneficios (Earnings Bubble), una espiral donde las Big Tech inflan sus balances comprándose servicios entre sí. Si estas tecnológicas extranjeras se vienen abajo por el estallido de una burbuja alimentada por la especulación, Córdoba corre el riesgo de repetir el error del ferrocarril de 1859. Aquella inversión pública millonaria, realizada en plena fiebre de capitales privados, nos dejó una red fragmentada y una soberanía secuestrada por entidades en quiebra que el Estado tuvo que rescatar décadas después. Hoy, el peligro es el mismo: financiar con dinero público, esos 7,6 millones de euros de fondos europeos, una infraestructura de sensores y algoritmos que, si la burbuja estalla, se convertirá en un cementerio de chatarra digital; una ciudad cuya gestión básica habrá quedado huérfana de inteligencia propia y atrapada en una «caja negra» sin soporte técnico.

Frente a esta inercia, hoy emerge la alternativa soberana: el proyecto ALIA. Esta infraestructura pública de IA, desarrollada en el Barcelona Supercomputing Center (Centro Nacional de Supercomputación), permite que instituciones como la Universidad de Córdoba (UCO) desarrollen soluciones locales utilizando una base tecnológica auditable. Sin embargo, la soberanía real no es un simple cambio de manos del dato; para evitar que la dictadura corporativa sea sustituida por una sinarquía burocrática, este estrato digital debe ser radicalmente abierto y auditable por la sociedad civil. Debemos comprender que la soberanía no se alquila al Estado, se ejerce desde la propiedad física y criptográfica del dato por parte del individuo. Solo bajo este control ciudadano cobra sentido el potencial de este modelo: si un cordobés pudiera integrar sus datos biométricos de GO fit en su Carpeta Ciudadana, ese rastro dejaría de ser un activo cautivo en un silo privado y pasaría a ser una herramienta de autonomía personal. La soberanía real implica el derecho a la trazabilidad y propiedad del dato: que cada registro generado por el ciudadano lleve una marca de origen que lo identifique como su dueño legítimo.

Esto permitiría una portabilidad efectiva: que el ciudadano pueda descargar su historial clínico y deportivo de su gimnasio en un formato abierto y seguro para llevarlo a su médico de elección o a centros de análisis independientes, permitiendo que su información sea analizada por quien él decida y no solo por el algoritmo que la capturó. Al poseer el dato y su clave de cifrado, el cordobés deja de ser un sujeto monitorizado para ser el dueño de su biografía clínica. Incluso la sanidad local, nutriéndose directamente de la inteligencia procesada en este Nodo de Soberanía Local, podría proponer chequeos preventivos a colectivos con riesgo cardiovascular basándose en patrones de actividad real. Córdoba debe usar el proyecto ALIA para crear este Modelo Digital Local.

Nos acercamos a un horizonte decisivo. En agosto de 2026, cuando finalicen los plazos de implantación de estos sistemas, el Ayuntamiento tendrá la última oportunidad de ser garante de esta soberanía mediante la Auditoría de Algoritmos, la creación de Nodos de Soberanía Local y la Protección del Aprendizaje. La plataforma digital única de 7,6 millones de euros no puede ser el precio de nuestra servidumbre. Si Córdoba protege con celo sus cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, es hora de entender que este estrato digital es nuestra herencia presente. Por ello, el «Modelo Digital de Córdoba» debe ser declarado Bien de Interés Público. No podemos permitir que el espejo matemático de nuestra ciudad sea una propiedad privada. Una ciudad que fue faro del conocimiento en el siglo X no puede permitirse ser una colonia digital en el siglo XXI. La «inteligencia» de nuestra ciudad debe ser patrimonio de sus ciudadanos, y nuestra biometría una propiedad privada e inalienable, o será una nueva forma de servidumbre.

Cuando hace justo veinte años, a finales de mayo de 2006, nos reuníamos en Córdoba un grupo de personas a comentar la novela Demian de Herman Hesse, en el café Español, no podríamos predecir que aquella conversación inicial se prolongaría hasta hace solo unos días, esta vez en línea, cuando comentábamos otra novela: Volver a casa de Yaa Gyasi. Entre ambas, cientos de libros y de encuentros al amparo de unas lecturas que han sido foco de aprendizaje y de amistad. 

Hace veinte años, Paco, Ángel, Rosauro y Carlos fundamos la tertulia literaria Café con letras, fantaseando con que el proyecto transcendería al tiempo y al espacio, más como un anhelo colectivo que con una hoja de ruta clara. Había algo de sueño desmedido y cierto exceso de compromiso para unos muchachos que en la veintena creían en el poder transformador de la literatura. Sentíamos que aquello que estábamos creando solo podría durar si era a golpe (tras golpe) de novela, poesía o teatro. En la línea de salida, quedó el número cero de la revista literaria del mismo nombre y que pasó inadvertida por la atmósfera cultural de Córdoba, pero que quizá no tuviera otro fin que el servir de armazón para lo que vendría después. 

Y por el camino también quedaron los bares y tabernas que nos vieron discutir con vehemencia hasta que El astronauta y la cálida amabilidad de Pablo nos acogieron para convertirse en nuestro hogar durante muchísimos años. Actualmente, el devenir de los tertulianos nos ha obligado a sacar provecho de las nuevas tecnologías, para que nuestras voces se escuchen desde Europa, América o África, pero siempre habitando el cálido ambiente que da la literatura compartida. Y si bien los puntos geográficos han ido variando, desde primera hora fue la diversidad lo que definió a unos lectores que surgían de la historia, la medicina, el periodismo, la ingeniería, la enseñanza, la administración, o el tejido asociativo cordobés. Como se puede comprobar, gente sin formación académica y específica en literatura, pero que por eso mismo ha sabido leer y comentar sin complejos, con una naturalidad y una frescura que todavía es la esencia de nuestros encuentros. Eso junto con la curiosidad y las ganas incombustibles de seguir aprendiendo. ¿Pero qué nos hemos enseñado unos a otros y qué nos han enseñados los libros?

Durante estas dos décadas de Café con letras hemos leído a los clásicos (Dostoivesky, Beckett, o Woolf), a contemporáneos de casi todos los continentes (Mo-yan, Wajdi Mouawad, o Mary Karr) o a integrantes del panteón patrio (Gamoneda, Valle-Inclán o Alfonso Sastre). Hemos recorrido selvas desconocidas, habitado ciudades imaginadas, mares embravecidos y desiertos descarnados. Y hemos aprendido, por ejemplo, que el poder, cualquiera que sea su origen, corrompe y embrutece, que los actos de sometimiento y humillación impactan a todos por igual, o que las personas no son materia de comercio. También que podemos reconocernos a nosotros mismos en otros horizontes, en la diversidad de culturas y pueblos visitados mediante la imaginación. Y que ciertos valores pueden hacer mejor a cualquier sociedad. Porque, sobre todo, la tertulia nos ha permitido ver una misma realidad desde las distintas perspectivas de sus miembros y nos ha descubierto visiones que hubieran pasado inadvertidas sin este tremendo ejercicio de empatía que es escuchar al otro y hacer el esfuerzo de comprenderlo. Y es precisamente a eso a lo que nos hemos dedicado Paco, Ángel, Rosauro, Carlos, Vero, Tani, Giuseppe, las Elenas, Pura, Yolanda, Eva, Raquel, Miguel, Luca, Luciano, Ángela, Cecilia o Itziar… y todos aquellos (¡han sido tantos!) que alguna vez han pasado por estos encuentros, donde nos orgullece decir que siempre hemos tenido abiertas las puertas para todo el que ha querido asomarse. 

Gracias a Café con letras por iluminar ese trayecto en el que además, y como daño colateral, no hemos tenido más remedio que hacernos amigos. Y gracias por demostrar que en Córdoba sigue siendo venero de proyectos culturales humildes, pero sólidos y de largo aliento. Que la vida nos regale otros veinte años de tanta dicha entre amigos, quizá todavía algo locos e inconscientes, pero felices de saber que en ese espacio literario hay un refugio del mundo.

Ángel Remis, Elena Cobos y Rosauro Varo, miembros de las tertulias “Café con letras”

La cultura siempre ocasiona quebraderos de cabeza a quienes no la disfrutan ni cultivan de forma habitual. Recelosos de sus mecanismos y maneras, el entramado creativo se convierte en fastidio. Leer exige tiempo y atención y también escuchar música o ver cine lo precisa. La pintura, en cambio, no precisa de tiempo para ser percibida. Un simple vistazo parece suficiente para captar su contenido. Pero, ay, el problema surge con el arte contemporáneo, cuando lo que vemos se escapa a nuestra comprensión y cuestiona los valores de nuestro pequeño mundo burgués.

La imagen del alcalde Bellido desprende tener una vida plana. No digo yo que la tenga, sino que esa percepción es la que desprende. No imaginamos que sea un voraz lector ni un adicto de la literatura, porque la práctica de la lectura fomenta el encantamiento de la palabra y reviste a tus razonamientos de matices dialécticos. Tampoco lo imagina uno extasiándose ante un cuadro de Rothko. Y no es que no haya tenido oportunidades para entrar en contacto con el arte contemporáneo. En el catálogo de la primera exposición que organicé en la Sala Vimcorsa (Equipo 57. Esculturas) allá por 2002, Bellido Roche figuraba ya como representante del PP en su Consejo de Administración. 

Puede que para los políticos españoles conservadores la cultura no sea una asignatura exigible. Con nostalgia añora uno aquella recomendación que recibiera Jacques Chirac de Valéry Giscard d’Estaing de que adquiera mayores brillos de sofisticación cultural si quería llegar algún día a representar a la ciudadanía francesa.

Ya sé que está feo comparar, pero para eso lo hago. A Francisco de la Torre lo puedes introducir en cualquier ágora cultural sin que ponga cara de boniato. Unos amigos míos, votantes de Podemos, se desplazaron hasta Málaga porque quisieron conocerlo. Hechas las presentaciones, De la Torre empezó a disertar de lo divino y humano con una naturalidad aplastante. Francisco de la Torre siempre se ha distinguido por su excelente ojo para seleccionar asesores. He ahí la clave de su inteligencia. En Córdoba residen un notario (¡un notario!) y un abogado (¡un abogado!) que disponen de un amplio conocimiento sobre arte contemporáneo. O sea que el ideario conservador (que se le suponen a ambas profesiones) no es óbice para disponer de criterios y sensibilidad en esa materia tan espesa para algunos que es el arte contemporáneo.

Imaginemos que Bellido contara con el asesoramiento de alguno de ellos. Sin dudarlo, y por motivos de higiene institucional en una ciudad con tantas declaraciones patrimoniales, le instaría a rechazar de inmediato el convenio de colaboración con el Museo Europeo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Porque esa colección se articula sobre bases muy reaccionarias, muy obsoletas en el discurso de las artes visuales y muy ñoñas en el relato de la contemporaneidad. Y porque es una colección churriburri.

El dilema no es colaborar o rechazar a una empresa privada. El problema es que esa empresa privada parece ofrecer muy chatos beneficios a la ciudad. Pero Bellido Roche no se baja del burro. Y no solamente eso sino que empieza a mercadear ofreciendo el espacio de Regina a los opositores críticos a su plan. Lo que denota que para él la cultura es el caramelo que se le ofrece al niño para que no moleste y olvidando que la cultura es el principio para obtener una sociedad más armónica y aventurera, el método para lograr mayores cotas de razonamiento, el sistema para crecer y mejorar como personas y, sobre todo, el eje vertebrador de toda acción política.

¡El eje vertebrador de toda acción política! A Bellido esta premisa le debe sonar a pamemas. ¡Un poco de sofisticación cultural y algo de implicación personal y criterio en su gestión, padre mío! 

Estas palabras pronunciadas por el Papa a las pocas horas de haber dado un discurso a congresistas y senadores, con representación de los poderes del Estado, mostraban el júbilo del jugador que ha sentenciado el partido. El lunes 8, Prevost, con el sermón del Congreso en el que se erigió en referente moral de los poderes del Estado español, aplaudido hasta la extenuación por todos ellos, marcó un golazo por toda la escuadra derecha a la democracia y a la aconfesionalidad proclamada en la constitución. Ese gol marcó la victoria del catolicismo y de su Iglesia sobre derechos humanos como la libertad de conciencia y la nodiscriminaciónn ni privilegios por razón de creencias. El gol ha sido tan magnífico que dejó hundido y humillado al equipo de la laicidad del Estado, de la soberanía popular representada en los legisladores, de la separación de poderes y de la separación del Estado y las religiones.

En la jugada se han impuesto todos los argumentos del equipo visitante: la supeditación de las leyes a la supremacía moral; el ataque a la legislación sobre libertades sexuales, sobre los derechos reproductivos, sobre el derecho a una muerte digna; la libertad de las familias para exigir el adoctrinamiento a su gusto de los menores, pagándolo con dinero del común.

Apenas ha habido ataques del equipo de casa, a pesar de tener recursos tan potentes como: el expolio de gran parte del patrimonio nacional; los miles de bebes robados; las víctimas del patronato de protección a la mujer; el reclamo de verdad, justicia y reparación de las decenas de miles de víctimas de pederastia eclesiástica; la exigencia de perdón por la participación en el golpe contra la república y ser el soporte ideológico del franquismo.

Ninguno de estos posibles ataques han tenido efecto, ante el freno de defensas tan potentes como las palabras paz o inmigrantes. Los intentos de penetración de jugadores locales laicistas, las asistencias continuas a los grupos parlamentarios se han visto repelidos por ellos mismos, tan descoordinados que, salvo alguna excepción, disparaban sobre su propia meta.

También influyó el clamor del graderío, copado por hinchas leoninos o el apoyo descarado y cansino de los árbitros mediáticos. Sin minusvalorar el hecho de haberse encomendado al apóstol Santiago y a la virgen del Pilar.

Con este golazo la Iglesia consigue recuperar la copa del Estado Católico, que durante tantos años había ostentado. Esa que viene de la tradición de los Reyes Católicos, que simbolizan la unidad en la religión y la monarquía, y que destierra a quien no lo asuma. El premio tiene un gran valor ideológico, pero también inmensos privilegios económicos: la apropiación de unos 100.000 inmuebles, exenciones fiscales de todo tipo, cesión de una parte de la recaudación fiscal, convenios de gran parte de los servicios sociales, de hospitales, de escuelas, explotación del Patrimonio… Hasta 13.000 m€ anuales, casi un 0,8% del PIB. Ahora durante varios días debemos soportar el paseo triunfal por una buena parte del territorio, celebrando diversos eventos que dejen evidencia de su victoria.

Y esto nos lo hemos buscado nosotros mismos. No teníamos ninguna necesidad de traer a jugar a ese equipo en nuestro campo. Y mucho menos a darle todas las facilidades y recursos. Y sobre todo organizar el partido de manera tan favorable para él.

¿Tendremos que resignarnos a que esto sea “para siempre”? Si no queremos que sea así, debemos reorganizar y reforzar nuestro equipo. El club debe activarse. Habrá que poner a entrenar a la numerosa potencial cantera, el 40% de no creyentes, los creyentes no practicantes, 35%, y los laicos de entre el 18% de practicantes. Toda esa mayoría, sin duda, tiene capacidad para preparar una buena selección que nos represente y luche por los colores de la libertad de conciencia, la igualdad y el bien común. Que recupere el buen juego de la verdadera democracia laica. Y conseguir, por fin, la Copa del Estado Laico.

*José Antonio Naz Valverde, presidente de Europa Laica.

El pasado 24 de mayo publiqué en este mismo medio un artículo bajo el título de “Democracia versus socialismo”. En él, tras una serie de reflexiones, me atreví a proponer la abstención del PSOE en el debate de investidura del próximo presidente de la Junta de Andalucía. Primero, porque el vencedor de las últimas elecciones autonómicas ha sido el Partido Popular, por holgada mayoría, y le corresponde gobernar. Segundo, porque al no tener mayoría absoluta, precisa del apoyo o de la abstención de otras formaciones políticas para lograr la investidura. Tercero, porque frente a la eventualidad de un pacto de mayor o menor alcance entre el PP y la extrema derecha antidemocrática que representa Vox, el PSOE debería sacrificarse, aceptar su derrota, facilitar esa investidura y luego hacer una oposición responsable, como establecen las reglas del juego democrático.

Comprendo que a más de un militante y votante socialista le haya parecido desacertada e inadecuada la propuesta que sugerí. Pero vuelvo a insistir en ella cuando se aproxima el momento de la verdad en el Parlamento autonómico. Al escribir estas líneas el previsible pacto PP-Vox, que ya es realidad en otras Comunidades, no se ha producido en Andalucía. Esto quiere decir que estamos a tiempo de impedir que se produzca aquí, con las nefastas consecuencias que aparejaría a la calidad democrática y a la pérdida de muchos de los valores que contempla nuestra Constitución.

Hasta hace poco llegué a creer que lo escrito el 24 de mayo era solo producto de mis reflexiones o simples elucubraciones derivadas de mi edad. Pero observo que no estoy solo. El portavoz socialista en el Parlamento de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha dicho en la cámara regional que su grupo está dispuesto a apoyar y salvar los presupuestos autonómicos a cambio de que el PP rompa con Vox y sean cesados sus consejeros, proponiendo la firma de siete grandes acuerdos estratégicos en áreas fundamentales. Es más o menos lo que señalé en mi artículo. Como era previsible, el PP ha respondido diciendo que la propuesta socialista ha llegado tarde y después de haber votado en contra de la señora Guardiola en su investidura como presidenta de Extremadura. Esta fue la postura del entonces candidato, Miguel Ángel Gallardo, después de haber conseguido el peor resultado para su partido en unas elecciones autonómicas. No carecen de razón los populares extremeños porque esa propuesta debió haberse producido en la investidura y no después, cuando los pactos PP-Vox se han consumado.

Si en Extremadura parece muy difícil romper con la deriva que ha supuesto la entrada de los antidemócratas en el Gobierno regional, en Andalucía aún hay tiempo para evitarlo. Por ello aplaudo las declaraciones de Óskar Martín, secretario general de UGT-Andalucía, que acaba de señalar la necesidad de un acuerdo estratégico entre PP y PSOE para posibilitar el Gobierno de Juanma Moreno sin las ataduras de Vox. O sea, romper con la equivocada política de bloques antagónicos que hoy impera en España y “tender puentes entre demócratas de verdad”. Si ese acuerdo es aceptado por el PP de Andalucía, nadie podrá poner en duda su compromiso con la democracia por encima de intereses personales y partidistas. Si lo hace el PSOE habrá reafirmado que la DEMOCRACIA es su principal seña de identidad. Ya lo dijo Indalecio Prieto al manifestar que era “socialista a fuer de liberal”. Porque no se puede ser liberal y garantizar el disfrute de la libertad sin ser socialista, ni esta militancia es posible sin poner por encima de todo a la libertad –la verdadera y no la de tomar cañas- y a la democracia.

Estoy de acuerdo con esa política de tender puentes. Primero, porque es lo que señala el raciocinio, no lo que demandan las vísceras. Segundo, porque siempre es preferible un entendimiento en aquello que de verdad nos une, para evitar a quienes propagan la destrucción de nuestro orden democrático. Y tercero, porque es lo que nos enseña a Historia.

En esto me van a permitir que les hable como historiador y les señale dos ejemplos a considerar para intentar ver más allá de la cortedad que hay ante nuestras narices. El primero de ellos nos lleva a la reconstrucción de Europa tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue necesario, entre otras cosas, un gran acuerdo entre la democracia cristiana y la socialdemocracia para evitar que reverdeciera el fascismo o se impusiera el totalitarismo stalinista. Gracias a ese gran acuerdo Europa alcanzó unas cotas de estabilidad política y de bienestar que aún perviven.  

El otro ejemplo hay que buscarlo en el Reino Unido, con la reforma electoral preconizada en 1884 por el premier liberal William Ewart Gladstone y pactada con los conservadores. Aquello creó tensiones en su propio partido y le perjudicó momentáneamente, hasta el punto de perder las elecciones de 1886. Pero no dudó en hacerla porque con esas reformas se ampliaba el derecho al voto y se evitaban los movimientos revolucionarios que asolaban al resto de Europa. Así, el Reino Unido continuó sin sobresaltos su camino para conseguir pasar de un régimen liberal controlado por las minorías a otro cada vez más democrático.

La opinión que traslado en estas líneas no deja de ser la de un simple ciudadano que cree en los valores de nuestra Constitución y en la democracia. Un ciudadano que conoció lo que fue España bajo una dictadura en la que la libertad fue suplantada por la tiranía. Un ciudadano que ha dedicado su trayectoria profesional a la investigación y a la docencia de la Historia. Buena parte de ella ha abarcado lo que fue el pasado del socialismo cordobés en particular y español en general. Su historia no ha sido la de los maximalismos –aunque de todo ha habido- sino la de un partido y una organización sindical que han contribuido más que nadie a hacer de España un país democrático que preconiza como sus valores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Si ha contribuido a este logro, tiene ahora la responsabilidad de preservarlo cuando se asoman nubarrones sobre su futuro. Por ello aplaudo las palabras de Álvaro Sánchez Cotrina y Óskar Martín que han sabido imponerse a quienes hoy deberían callar y dar un paso atrás después de haber sufrido las mayores derrotas electorales de su partido en Extremadura y Andalucía. Los perdedores en ambos territorios han de asumir la lección de reconocer sus fracasos. No les queda más alternativa que permitir la llegada de una savia nueva que anteponga el sentido del Estado y la prioridad de la defensa de la democracia a todo lo demás. Aún hay tiempo para ello. Esto es más sencillo que lo que hicieron otros socialistas que les precedieron: pagar con sus vidas la defensa de la libertad.

Se señalaba en el medio local Baena Hoy el pasado 31 de mayo, en un interesante artículo, la opacidad con que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baena ha tratado todo lo relativo a la macroplanta de biometano proyectada en el término municipal. Porque desde 2024, en que se iniciaron los trámites, algunos de ellos en el propio Ayuntamiento de Baena, el vacío informativo ha contribuido a exacerbar los recelos de la opinión pública sobre un proyecto que ha percibido que se movía en lo que podríamos denominar un “punto ciego” o “ángulo muerto”. Ambas denominaciones se refieren al campo que queda fuera de la visión que un conductor tiene a través de los retrovisores central y laterales del automóvil. En ese espacio, fuera del campo de visión de los ciudadanos, se ha movido todo el proyecto. Hasta ahora.

Pero creo que esta política de apagón informativo no puede ya resultar rentable, menos que a nadie al equipo de gobierno. Sobre todo cuando la respuesta ciudadana en contra del proyecto ha comenzado a articularse, el equipo de gobierno no tendrá más remedio que pronunciarse. Y, obviamente, la oposición también.

Gracias a la indicación de José Cortes de los Ríos, que localizó el pleno donde se discutió una moción sobre las plantas de biogás, la cual fue aprobada por unanimidad de la corporación baenense, a finales de marzo pasado, inicio de la Semana de Pasión. Todos los plenos están en YouTube, por lo que es fácil de localizar, si alguien tiene interés en verlo. Yo llevaba tiempo sin ver uno, la verdad.

Lo primero que me llama la atención es que a estas alturas, hace escasamente dos meses, el pleno se entretenga con una moción abstracta, que se aprueba por unanimidad, más o menos a favor de las energías renovables, “no estamos en contra de las mismas, se afirma, pero con garantías”. Así todo, en plan genérico y abstracto. 

Porque a estas alturas de la película, no es si las plantas de biogás o biometano son buenas o malas. Evidentemente, dependerá de cada caso. Si se plantean a pequeña escala como en Alemania (donde el modelo es de pequeña instalación casi en cada granja para sus propios residuos) o a gran escala como aquí, donde sólo prima al interés económico. Y así, al amparo de las subvenciones europeas, vemos surgir proyectos desmesurados, propios de lo que Antonio Turiel ha definido como megalomanía ibérica.

 Ya no es el tiempo de discutir en abstracto sobre el biogás o el biometano. El debate es otro más concreto:

1. Si con lo que ya sabemos, que es bastante, está corporación municipal está a favor o en contra de la macroplanta de biogás proyectada en Baena. Estamos hablando concretamente de esta.

2. Si el Ayuntamiento en el ejercicio de las competencias que tiene respecto a autorizar la planta, está por apoyar el proyecto, pararlo o seguir mareando la perdiz.

Otro debate tiene poco interés ya, como tampoco lo tenía hace dos meses. Es ganas de perder el tiempo. Como por cierto lo perdí yo visualizando un debate carente de contenidos concretos sobre el proyecto que se está tramitando en Baena. Se lo pueden ahorrar el visionado.

Ya no es posible ocultar más el debate concreto. Porque la ciudadanía finalmente se ha organizado para mostrar su oposición al macroproyecto. El pasado sábado 6 de junio, a pesar de una convocatoria confusa y defectuosa, ochenta personas se concentraron en la plaza del paseo del Ayuntamiento. Y, lo que es más importante, han empezado a organizarse y articular la protesta ciudadana. Para ello ha sido determinante el asesoramiento de las plataformas ya constituidas en los pueblos colindantes, de las que una nutrida representación acudió a Baena el pasado sábado. A lo largo de esta semana se distribuirán hojas de firmas en los comercios de Baena y Albendín, para que la ciudadanía empadronada y mayor de edad, puedan reflejar con su firma su oposición a la macroplanta. Y de esta manera solicitar a las autoridades competentes “que no autoricen estos proyectos sobredimensionados en zonas incapaces de proporcionar la materia prima necesaria” (Es decir, la basura que traerán desde fuera).

Para que la producción de una macroplanta sea posible, tienen que traer suficientes residuos orgánicos de otras zonas. Por ejemplo, trasiego de purines, un considerable volumen de líquidos contaminantes que deben ser transportados desde la granja de origen a la planta en camiones cisterna.

Como recientemente señalaban dos eminentes científicos del CSIC, Antonio Turiel y Fernando Valladares, hay sobradas razones para oponerse a las macroplantas de biogás y biomasa. Máxime, dicen, cuando el consumo de electricidad “está en su punto más bajo en 17 años. Sí, han leído bien: el consumo de electricidad lleva cayendo desde 2008, sobre todo a causa de la intensa desindustrialización que ha sufrido el país”. La mayor parte de la industria española, los grandes chupones de electricidad, ha tiempo que duerme el sueño de los justos.

Cada 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Un día como ese del mes de junio de 1972 comenzó la histórica Cumbre Mundial por el Medio Ambiente en Estocolmo, organizada por la ONU, primera alerta de que el modo de vida y de producción debía cambiar. Se iniciaba un camino imparable de políticas y legislación para el cuidado de los valores ambientales. Al año siguiente, las entonces denominadas Comunidades Europeas aprobaron el I Programa de Acción Medioambiental 1973-1976, estando en esta fase en desarrollo el VIII Programa de Acción en materia medioambiental, que se aprobó a través de la Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030.

Como vemos, el espacio de integración que supone la Unión Europea ha sido, es, y debiera seguir siendo un elemento activo en las políticas ambientales, sobre todo en un contexto histórico, este de la tercera década del siglo XXI, en el que crecen las opciones políticas que niegan que el medio ambiente esté amenazado, intentando poner en cuestión (con falsedades) a la evidencia científica sobre la materia, y que está siendo objeto de debate programático en los recientes procesos electorales y en la conformación de gobiernos en las diferentes escalas administrativas. Sigue siendo muy necesaria la educación ambiental.

Hagamos algo de balance histórico y perspectiva de futuro. Durante la primera década del siglo XXI y buena parte de la segunda, se había hablado muy poco de la importancia de proteger los valores ambientales. La crisis económica de final de la primera década de siglo, sus causas y sus consecuencias provocó el olvido de cuestiones como el medio ambiente. No obstante, en el año 2019 se reactivó el debate y el interés por la protección global del medio ambiente, sobre todo desde que en el año 2018 se iniciara un movimiento juvenil (los viernes por el futuro) para reclamar un cambio, un mayor compromiso de los Estados contra el cambio climático, siendo uno de sus iconos la joven estudiante sueca Greta Thunberg.

Todo empezó, como hemos apuntado, a partir de la cumbre de Naciones Unidas de Estocolmo de 1972 (del 5 al 12 de junio), y, sobre todo, tras la Cumbre de Río de 1992, cuando las políticas medioambientales y las normas jurídicas de protección experimentaron un avance notable, que lamentablemente en la primera década y parte de la segunda del presente siglo habían caído bastante en el olvido. Desde esa fecha, se celebra el Día Mundial de Medio Ambiente el 5 de junio.

Un concepto clave en el trabajo global por el entorno es el de desarrollo sostenible. El libro “Nuestro Futuro Común” (1987), que lideró la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, constituyó el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. La generación de la preocupación social por la protección del medio ambiente, y la incorporación de esta nueva demanda social y sentimiento colectivo en los ordenamientos jurídicos occidentales se producen durante el siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, como hemos apuntado. La toma de conciencia sobre el grado de deterioro de los recursos naturales hizo necesario que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales se enfrentaran al dilema entre desarrollo económico de los territorios y la protección del medio ambiente. 

En este proceso histórico, un punto de inflexión determinante lo constituyó la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano que tuvo lugar, como hemos dicho, en Estocolmo en junio de 1972. A partir de esta fecha, sobre todo en el ámbito de las instituciones de las Comunidades Europeas, se inicia una intensa labor de elaboración y aprobación de normas de protección ambiental que determinará de forma notable el cambio de los ordenamientos jurídicos de los Estados en materia ambiental, y el inicio de un cambio social en cuanto a la sensibilización ciudadana hacia el medio ambiente. 

También, entre final de los años sesenta y principios de los setenta, se promueven, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los llamados Derechos Humanos de Tercera Generación, entre los que se encuentra el derecho al medio ambiente, como un derecho inherente a la persona y con el objetivo del progreso social y elevación del nivel de vida de todos los pueblos.

Precisamente, nuestra Constitución de 1978 se aprueba pocos años después y está inmersa en este nuevo escenario internacional y europeo, aunque todavía no éramos Estado miembro de las Comunidades Europeas. Por tanto, la introducción del artículo 45 en nuestra Constitución (derecho constitucional al medio ambiente y deber de conservar el entorno), con rango de principio rector de la política económica y social, hay que leerlo e interpretarlo en ese nuevo contexto político y jurídico internacional favorable a lo ambiental y en el marco del nuevo constitucionalismo social del momento. Nuestro artículo 45 tiene también una clara influencia de la Constitución de Portugal de 1976, producto jurídico-político de la denominada Revolución de Los Claveles (25 de abril de 1974).

En la evolución histórica de la protección jurídica del medio ambiente es central el papel de la Unión Europea, que supuso la adaptación jurídico-ambiental de España con su incorporación en enero de 1986. Con la vigencia de las normas ambientales comunitarias, estatales y autonómicas, se generó en nuestro Estado una compleja trama de normas y políticas ambientales. En este escenario competencial, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales están siendo determinantes tanto en la generación de nuevas normas, como en la ejecución de medidas tendentes a conseguir los objetivos constitucionales de protección del medio ambiente.

En este proceso histórico es muy importante el año 2015, con varios acontecimientos globales de capital trascendencia, ante la evidencia científica de los graves problemas ambientales que nos amenazan. Uno de ellos fue la cumbre de París sobre cambio climático, cuyas medidas están en fase de desarrollo con demasiada lentitud y a la que nos referiremos más adelante. 

En ese año 2015, se produce un hecho absolutamente inédito. La Iglesia Católica, a través del Sumo Pontífice el Papa Francisco, se pronuncia sobre el medio ambiente, en la Encíclica Laudato Si “Sobre el cuidado de la casa común”, documento vaticano en que se llega a afirmar “hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás”. 

También en 2015, en sesión de 25 de septiembre, aprobó la Asamblea General de la ONU la Agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para trabajar en diferentes ámbitos de actuación y de manera transversal, con 169 metas de carácter integrado, que abarcan las esferas económicas, social y ambiental. Estos son los ODS:

Objetivo 1: fin de la pobreza.

Objetivo 2: hambre cero.

Objetivo 3: salud y bienestar.

Objetivo 4: educación de calidad.

Objetivo 5: igualdad de género.

Objetivo 6: agua limpia y saneamiento.

Objetivo 7: energía asequible y no contaminante.

Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico.

Objetivo 9: industria, innovación e infraestructura.

Objetivo 10: reducción de las desigualdades.

Objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles.

Objetivo 12: producción y consumo responsables.

Objetivo 13: acción por el clima.

Objetivo 14: vida submarina.

Objetivo 15: vida de ecosistemas terrestres.

Objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas.

Objetivo 17: alianzas para lograr los objetivos.

En este recorrido, como hemos apuntado, en agosto de 2018, ante la parálisis casi de la voluntad de los Estados para dar cumplimiento a los acuerdos de París, en Suecia se inicia el movimiento de la juventud mundial a favor de la lucha frente al cambio climático, con la estudiante Greta Thunberg como “portavoz” mundial, los viernes por el futuro, que tuvo su culminación en la huelga mundial por el clima en septiembre de 2019, coincidiendo con la nueva cumbre de Naciones Unidas celebrada en Nueva York. En la Cumbre de Glasgow de noviembre de 2021 se retomó la agenda mundial contra el cambio climático.

Afortunadamente, el medio ambiente está de nuevo en agenda política e institucional gracias sobre todo a que la sociedad civil, la gente joven en especial, los científicos que con sus datos han evidenciado los problemas sin resolver, las personas que con compromisos e iniciativas ciudadanas han mantenido acciones de información y concienciación, y también gracias al compromiso de muchas ciudades con políticas locales determinadas por el medio ambiente. Otro hito muy importante que evidencia que el medio ambiente ha entrado con empuje en la agenda política fue la declaración de emergencia climática del Parlamento Europeo, aprobada en 2019, o el Pacto Verde Europeo que se puso en marcha al inicio de la tercera década de siglo.

Las consecuencias políticas y jurídicas de este proceso ha sido la vigencia en la actualidad de un cuerpo normativo ambiental amplio en diversos Estados, así como unas estructuras administrativas ambientales especializadas, con el reto común de garantizar el cumplimiento efectivo de dichas normas, para lo cual es estratégico contar con la implicación y la participación de la sociedad y de los colectivos implicados. 

Esperemos que todo este nuevo compromiso se traduzca en un cambio de tendencia global, y los seres humanos empecemos a cuidar de verdad a nuestro bien común medioambiental, no tenemos alternativa como dicen nuestros jóvenes. Necesitamos que la protección del medio ambiente sea un valor ético, un compromiso personal, una nueva solidaridad con los bienes comunes que nos rodean. El objetivo no es fácil, pues, también en esta tercera década de siglo se han desarrollado movimientos políticos y sociales que niegan la problemática medioambiental, propugnando una actividad humana sin límites y sin respeto por la conservación de la naturaleza.

Es importante además desarrollar programas de formación reglada en diferentes ámbitos de enseñanza, incluida la universitaria. En particular, el Grado en Derecho debería contener materias obligatorias para la enseñanza e investigación de la protección constitucional del medio ambiente, así como de la normativa de desarrollo y organización administrativa, el Derecho Ambiental, en definitiva. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba hemos dado ya algunos pasos en ese sentido, insertando temas en varias asignaturas del Área de Derecho Constitucional.

La formación y la implicación ciudadana en el cuidado del medio ambiente es clave para la efectividad de la protección, y para un deseable cambio del modelo productivo y de relación entre los seres vivos. Como constitucionalistas, los docentes e investigadoras del Derecho Constitucional tenemos una especial responsabilidad, debemos aportar elementos pedagógicos para que en los textos constitucionales del futuro inserten más preocupaciones globales como puede ser la salud planetaria, el cuidado del medio ambiente y de los seres vivos que habitamos el planeta, la pedagogía de los cuidados, en definitiva.

Como elemento de esperanza, es de destacar que las políticas ambientales están cada vez más legitimadas por los datos científicos, que vienen a corroborar de manera inequívoca la necesidad de actuar sin demora a pesar de los intentos negacionistas interesados que pretenden con noticias falsas deslegitimar las acciones públicas de protección del entorno. Por esta razón es tan importante la información y la formación sobre la necesidad de proteger nuestro derecho colectivo al medio ambiente, nuestro derecho, en definitiva, a la vida.

Sin proteger el medio ambiente, el Estado social y democrático de derecho quedaría obsoleto, desconectado de los problemas actuales reales. España debe plantearse, una vez consolidada la democracia, el objetivo de conseguir una sociedad respetuosa con los valores de nuestro entorno, como un desarrollo de esa sociedad democrática avanzada que proclama el preámbulo de nuestro texto constitucional. En definitiva, debemos evolucionar hacia un modelo de constitucionalismo centrado en la naturaleza, un constitucionalismo ambiental, que mire de manera comprometida al interés general, a los bienes comunes de la humanidad, al cuidado de la vida.

(*) La Tesis Doctoral del autor de este artículo lleva por título La protección constitucional del medio ambiente. Implicación de la ciudadanía en el cuidado del bien común medioambiental (Universidad de Córdoba, 2020 https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/19624 )

Hay incendios que destruyen madera, hierro y pintura. Y hay incendios que parecen calcinar algo más difícil de nombrar. Hace unos días ardió un viejo carrusel de una plaza de Córdoba, al lado de mi casa. Al verlo después del siniestro, con los caballitos convertidos en sombras negras de sí mismos, uno tenía la sensación de estar contemplando el esqueleto de una infancia.

Los caballos seguían allí, erguidos sobre sus barras metálicas, pero habían perdido la alegría del galope inmóvil. Ya no parecían animales de feria, sino fósiles del Carbonífero rescatados de una catástrofe antigua. El fuego les había arrancado el color y les había dejado una pátina de noche y de tizne. Algunos conservaban todavía la forma exacta del sueño que fueron, como esos juguetes encontrados en los desvanes que guardan la memoria de unas manos desaparecidas.

Durante meses aquel carrusel había permanecido cerrado. La música dejó de sonar, los niños dejaron de dar vueltas y las luces dejaron de perseguir la tarde. Entonces apareció un hombre. Un indigente. Llegaba empujando un carro cargado de mantas, bolsas y objetos sin valor para los demás, pero imprescindibles para él. Entraba y salía de la atracción como quien cruza la puerta de su casa. Había convertido aquel reino abandonado de la infancia en una vivienda improvisada.

La imagen poseía una extraña belleza triste. Mientras los caballitos aguardaban pasajeros que nunca llegaban, aquel hombre ocupaba el centro de la pista. Donde antes giraban los sueños infantiles, habitaba ahora la supervivencia. El carrusel había cambiado de función sin que nadie lo anunciara: dejó de ser una fábrica de recuerdos para convertirse en refugio contra la intemperie.

Quizá por eso las fotografías del incendio resultan tan conmovedoras. No muestran solamente una atracción destruida. Muestran dos derrotas simultáneas. La derrota de la infancia y la derrota de la pobreza. Las cenizas parecen haber caído por igual sobre ambas.

Al contemplar esos caballos carbonizados me vino a la memoria aquella melancolía luminosa que Serrat depositó en El carrusel del Furo. En aquella canción el carrusel era una pequeña máquina del tiempo que seguía girando mientras la vida se alejaba por otros caminos. Cada vuelta era una estación perdida, un amor que se marchaba, una calle que ya no existía. También este carrusel cordobés parece haberse detenido en medio de una canción. Como si la música se hubiera apagado de pronto y los caballitos hubieran quedado suspendidos para siempre en el último compás.

Las ciudades suelen creer que están hechas de avenidas, edificios y estadísticas. No es verdad. Las ciudades están hechas de lugares donde alguien fue feliz alguna vez. Un banco, una heladería, un cine, una plaza o un carrusel. Cuando desaparecen, no perdemos un objeto urbano; perdemos una pequeña patria sentimental.

Ahora los caballos negros permanecen inmóviles, achicharrados bajo el sol de junio, escapados de un bosque calcinado. Y uno imagina que, cuando cae la noche y la plaza se vacía, todavía conservan en sus lomos el eco remoto de las risas infantiles. Quizá también el recuerdo silencioso de aquel mendigo que encontró entre ellos un techo provisional contra la soledad.

Porque al final los carruseles se parecen mucho a la vida: dan vueltas sobre el mismo eje mientras nosotros creemos avanzar. Y cuando la música termina, descubrimos que lo único que permanece es el temblor de las imágenes. Un caballo de madera. Una canción de Serrat. Un hombre empujando un carro. Un puñado de cenizas flotando en la tarde de Córdoba. Y esa tristeza suave, casi dulce, que deja siempre el humo cuando se lleva algo que amábamos sin saberlo.

Entre el 6 y el 12 de junio León XIV, jefe de la Iglesia católica, realizará en nuestro país una visita “apostólica”. Según la conferencia episcopal es, ante todo, un acontecimiento de fe. Viene a reforzar la fe de los creyentes y a evangelizar la sociedad española, anunciando a Jesucristo “en las familias, en las parroquias, en la cultura y en el servicio a los más vulnerables”. Según las propias palabras del Papa, viene a remover las conciencias de los fieles para que eleven la mirada (el eslogan es “alzad la mirada”) hacia la fe, pero se comprometan en la misión en la tierra, para extender la fe a su alrededor. Se trata de un plan de reconversión al catolicismo de un país que está cada vez más secularizado y el 40% de la población se declara no creyente.

Si esto es así, ¿qué pinta el Gobierno y las distintas administraciones de un Estado aconfesional preparando, promoviendo, apoyando por todos los medios este viaje? Y lo que es más sangrante, ¿a cuento de qué la mesa del Congreso y del Senado, por unanimidad, invitan al Papa a dar un discurso a congresistas y senadores en sede parlamentaria?.

En pura lógica, se puede deducir que el Gobierno español forma parte del proyecto de reforzamiento de la fe y la misión de reconversión del papa. No tiene reparo en proclamar “el intenso trabajo que se ha llevado a cabo desde el Gobierno para asegurar que la visita sea un éxito”. Algo evidente, con visitas frecuentes al Vaticano del ministro de Presidencia en los últimos meses y del propio presidente del Gobierno recientemente, con entrevistas habituales con la Conferencia Episcopal; con un sinfín de medidas, medios y recursos facilitadas por todas las administraciones; organizando dispositivos de seguridad y movilidad que se activarán durante esos días en España, considerados “sin precedentes”; declarando la visita como “evento de especial interés público”, lo que conlleva grandes deducciones fiscales en las donaciones. No repetimos todas las cifras de millones de euros aportados por las distintas administraciones, la cesión de servicios y espacios públicos y la completa disposición de todas las instituciones públicas que se estimen necesarias para el éxito del evento.

Parece que estuviéramos en el medievo, en el “reino cristiano” de España, recibiendo al jefe de la Iglesia que viene a visitar uno de sus reinos. Así lo pueden pensar y desear los partidos de derechas que entienden la patria como un rey y una religión.

Pero el Gobierno y la mayoría de los partidos que lo apoyan, más allá de las propias declaraciones del Papa o del propio programa ya conocido, intentan transformar esta visita en un acto de Estado. Quieren hacer ver a la gente progresista que se trata de una hábil jugada política, que el jefe de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano, vendría a corroborar las posiciones del Gobierno respecto a la inmigración y la paz o sus políticas sociales. Supongo que piensan incluso que les va a ayudar electoralmente. Es el Papa 'progre' que dice que no hay que hacer guerras y que las personas inmigrantes y las pobres deben ser tratadas con caridad cristiana.

Quizás no se han parado a pensar que ese discurso lo han repetido todos los papas, son palabras vacías que no se traducen en hechos, ni acuerdos. Y no sienten ridículo al poner como ejemplo de la buena conexión los últimos acuerdos alcanzados: el renunciar a la recuperación del patrimonio expoliado; la resignificación de Cuelgamuros, dejando la cruz sobre las víctimas de la “cruzada” y metiendo a la Iglesia en la Comisión de la pretendida “resignificación”; el cobro de algunos impuestos como el ICIO, exigido por la UE y que se reduce al 5% por las exenciones de la ley de Mecenazgo; el acuerdo con la CEE y las órdenes religiosas para indemnizar a las víctimas de pederastia eclesial, sin cuantificar cantidades, sin plantear la imprescriptibilidad, sin plantear justicia, poniendo límites temporales para la reclamación, que estará en manos de una comisión con presencia de miembros de la Iglesia. Esos “magníficos acuerdos” bien valen una misa, por eso nuestro presidente asistiría a la misa en la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, y hará una visita al papa en la Nunciatura, además de participar en las recepciones oficiales.

Por supuesto, ni la Iglesia Católica plantea ni el gobierno demanda la eliminación de los inmensos privilegios de que disfruta: acabar con los acuerdos de 1976 y 79; devolución del patrimonio immatriculado sin certificación de propiedad; anunciar la autofinancian a la que se comprometieron hace 50 años; pedir perdón, aplicar justicia y reparación a las víctimas de pederastia eclesial, a los bebés robados, a las víctimas del patronato de la mujer, a los cientos de miles de víctimas del golpe a la República y de la represión del franquismo promovidos y apoyados por la Iglesia Católica. Nada de esto está previsto, pero hace unos días el Vaticano aprobó el proceso de beatificación de otros 80 “mártires de la revolución socialista” de 1936.

Lo que sí está previsto es la movilización de decenas de miles de fieles, fundamentalmente conservadores y de jóvenes ultraconservadores.

Europa Laica, junto con docenas de colectivos y más de cien personalidades, ha promovido un manifiesto denunciando estos aspectos y demandando la ruptura de los acuerdos de 1976 y 1979. Hemos denunciado la aberración antidemocrática y contraria a la aconfesionalidad constitucional de erigir un púlpito en la sede de la soberanía popular, solicitando la eliminación de este acto o la ausencia del mismo de los y las representantes de la ciudadanía (hasta ahora sólo el BNG y PODEMOS han asumido esta petición).

Todas las posibles actividades o esfuerzos de los colectivos laicistas por intentar estos u otros razonamientos democráticos están siendo sepultados, y lo serán aún más, por los cientos de horas y las miles de páginas diarias de todos los medios “informativos” privados o públicos, porfiando por adular al personaje y divinizar (nunca mejor dicho) el evento.

Después de esta visita los privilegios de la Iglesia Católica quedarán aún más consolidados y nuestra democracia más debilitada. Y el gobierno más progresista de la democracia habrá contribuido aplicadamente al retroceso hacia el Estado confesional propio de las monarquías absolutistas, abandonando la senda de la modernidad, el humanismo y la libertad de conciencia que con muchas dificultades empezaba a transitar la sociedad española. Estaremos dando un paso más hacia los fundamentalismos, renegando del laicismo, garantía de respeto y convivencia.

La única esperanza está en la concienciación personal que conduzca a la movilización social. Europa Laica, en red con todos los colectivos y movimientos que comparten los valores de la libertad de conciencia, la racionalidad y el humanismo, seguiremos en ello.

*José Antonio Naz Valverde, presidente de Europa Laica.

La visita del Papa, lejos de tratarse de un hecho aislado o un acontecimiento puntual, se sitúa como una llamada concreta a cada uno de nosotros, se trata de la actualización de un mensaje que vuelve a hacerse presente hoy y que pone en el centro la importancia del ‘sí’ como decisión fundamental en la vida cristiana; pero este “SÍ” no implica una ausencia absoluta de dudas, sino la voluntad de caminar en medio de ellas.

Esta visita supone un cambio de paradigma. En un contexto social marcado por la inmediatez, la fragilidad de los vínculos afectivos, el ruido social, las prisas del día a día y las exigencias personales; Dios nos llama a “frenar” y sentir, a escuchar y aprender del silencio. La presencia de los jóvenes en torno a este acontecimiento sugiere una realidad significativa: la persistencia en la búsqueda de sentido que no ha desaparecido en las nuevas generaciones, y que lejos de menguar en número, revela una numerosa juventud inquieta y valiente dispuesta a llevar la palabra de Jesús a cualquier lugar del mundo. Pero esta visita no solo convoca a quienes ya viven la fe, sino también a aquellos que observan a distancia, el Señor nos recuerda que nos llama a todos, creyentes y buscadores, dejando claro que la fe no es un ámbito cerrado, sino una invitación abierta a despertar nuevas preguntas.

Desde esta perspectiva, la fe no puede entenderse como conjunto de creencias sino como una forma de vida. Incluso en una sociedad que nos invita a la superficialidad, y donde lo visible y lo verificable parecen ocupar el centro, la fe se presenta como una experiencia espiritual que sostiene una verdad: la elección de ser cristiano. Y no es tarea fácil, puesto que ser cristiano implica la renuncia, en parte, a uno mismo; la carga de la cruz cada día sin garantías humanas de recompensa. Pero, aun así, con total certeza puedo afirmar que este camino merece la pena, porque en esa entrega se revela lo divino y es donde uno descubre la libertad más verdadera: el amor de Dios.

Una frase resume a la perfección la idea de ser cristiano es: “No estamos hechos para la Tierra, porque nuestra meta es el cielo”. Esta expresión sintetiza una visión antropológica en la que la vida no se agota en lo inmediato, sino que guarda una nueva promesa cada día y revela su sentido paso a paso. Es en definitiva una vida que merece ser vivida, y que nos regala cada día la oportunidad de acercarnos más al cielo.

En este sentido, la próxima visita del Papa se convierte en un recordatorio vivo de esta forma de entender la fe. Y su presencia no solo confirma que este camino, aunque exigente, sigue siendo fértil, sino que también nos invita a mirar más allá de lo superficial y a reconocer que la vida cristiana se despliega en una dimensión que trasciende lo visible y nos invita a ser mejores cada día. No se trata, por tanto, de un evento de carácter religioso, sino de un signo que renueva la esperanza y nos impulsa a comprender nuestra existencia desde una perspectiva más amplia.

En el número 1 de la calle de los Plateros, sede central de Emacsa, se está ejecutando una reconfiguración profunda de la ciudad. Tras analizar un registro de 48 páginas con la facturación real de Córdoba entre 2021 y 2025, junto a la descripción técnica de la red de abastecimiento (firmada por los ingenieros Cañadillas y Gimeno) y los acuerdos del Boletín Oficial de la Provincia, la conclusión es inapelable: Córdoba está sacrificando la autonomía de su sistema hídrico para convertirlo en el soporte vital de la futura Base Logística del Ejército (BLET).

Alcolea: 81 millones de litros para un escenario vacío

Los registros oficiales de consumo revelan una anomalía técnica de gran escala. En la zona de Alcolea y la barriada del Ángel, el consumo de agua para usos industriales y oficiales creció un 47% en solo tres años. El dato más revelador ocurre en 2024, cuando esa zona consumió 81 millones de litros de agua adicionales.

Lo sorprendente es que en 2024 no se había construido ni un solo edificio de la Base Logística. Ese volumen de agua —que equivale a llenar 33 piscinas olímpicas— se evaporó literalmente en las obras de urbanización: mover 500.000 metros cúbicos de tierra y humectar el terreno para evitar el polvo. El sistema ha desviado una cantidad masiva de agua, que habitualmente forma parte del sistema de captación de emergencia desde el río, solo para preparar el suelo de un proyecto que aún no ha empezado a funcionar.

El aseguramiento del perímetro militar

La reciente decisión de Emacsa de asumir la gestión de la red de la urbanización Encinares de Alcolea y de la barriada del Ángel no responde a un criterio de ayuda vecinal. Es una operación de aseguramiento del perímetro militar. El organismo municipal no puede permitirse que redes privadas o envejecidas, con sus previsibles fugas y averías, resten presión o generen inestabilidad en el suministro de la Base. Al “nacionalizar” estas redes, Emacsa toma el control total del flujo en la zona. El objetivo es eliminar cualquier “ruido” técnico en los alrededores de la Base para que el suministro militar sea impecable, aunque el coste de reparar esas tuberías viejas se traslade ahora al recibo de todos los cordobeses.

La urgencia de los 30 millones y el cuello de botella

Emacsa ha adjudicado un contrato marco de 30,5 millones de euros para el mantenimiento de las redes. Aunque se presenta como una inversión para toda la ciudad, la prioridad es el Este. La rehabilitación del colector de Alcolea se ha realizado con una urgencia inaudita: turnos de 48 horas ininterrumpidas. Esta prisa se explica por la fragilidad del sistema: Alcolea se abastece a través de un único conducto (la arteria de Tejavana) de entre 400 y 800 mm de diámetro. Es el punto más débil de la red. El sistema sabe que esta tubería no soportaría el estrés de la construcción de los 34 edificios de la Base que comienza en septiembre. Se está reforzando el sistema a contrarreloj para que la infraestructura militar no falle, mientras otros barrios reciben una atención desproporcionadamente menor.

El Sector Sur y el Centro: la anemia y el turismo

Mientras el Este se refuerza, los barrios del Sector Sur muestran una caída del 10% en el consumo. Esto no es solo ahorro; es el resultado de gestionar una red vieja reduciendo la presión para evitar que las tuberías estallen. Es una realidad invisible: el vecino del Sur pierde fuerza en su grifo para que el sistema pueda garantizar el caudal necesario hacia el nuevo polo militar. La inversión en la zona de la Base es hoy inmensamente superior a la que recibe un vecino del Sur. Por su parte, el Casco Histórico refleja otro cambio de prioridades. Mientras los residentes se marchan, el consumo de hoteles y negocios ha subido un 27%. Con temperaturas de 42ºC, los hoteles utilizan sistemas de refrigeración que enfrían el aire evaporando agua potable que no vuelve a la red. Un solo turista gasta hoy el triple de agua que un vecino, y el nuevo sistema de gestión digital prioriza este consumo comercial frente a la estabilidad de las viviendas.

El imán de los fondos: El agua como indicador de riqueza

Este despliegue tecnológico ha convertido el registro del agua en un imán para fondos de inversión internacionales y grandes grupos inmobiliarios. Al analizar el consumo agregado de cada zona, estos inversores pueden radiografiar la rentabilidad de la ciudad con una precisión quirúrgica. No es una hipótesis: es el modelo de negocio de SOCIMIs y fondos como Blackstone (a través de su filial logística Logicor) o Azora, que monitorizan la capacidad de carga de las infraestructuras antes de desembarcar en un territorio. Para ellos, el dato del agua es un termómetro que marca dónde hay dinero y dónde hay oportunidad de negocio.

Un ejemplo claro lo encontramos en la barriada del Brillante, donde el consumo doméstico supera los 119.000 metros cúbicos anuales. Al entregar estos datos a la nube gestionada por multinacionales como Schneider y AVEVA, Emacsa actúa involuntariamente como un 'broker' de información. Estamos regalando la biografía económica de nuestros barrios a entidades que, asesoradas por consultoras como CBRE o JLL, buscan predecir la gentrificación y especular con el valor de nuestras calles incluso antes de que el propio Ayuntamiento sea consciente de ello.

El Granadal y el algoritmo de la escasez

El polígono de El Granadal consume casi medio millón de metros cúbicos al año, un gasto enorme comparado con la eficiencia del Parque Tecnológico de Rabanales 21. Además, la modernización hacia el sistema digital REDES 5.0 entrega la gestión a software de multinacionales externas como Schneider y su plataforma AVEVA. En la próxima sequía, un algoritmo decidirá las prioridades. Con una Base Militar que tiene blindada por ley una potencia eléctrica de 10,89 MVA y su propio depósito de 8,2 millones de euros, el software protegerá la actividad estatal y sacrificará la presión de las casas particulares.

La inercia de la ubicación estratégica

Esta subordinación de los recursos locales al interés estatal no es un fenómeno nuevo, sino una constante en la evolución urbana de Córdoba marcada por la búsqueda del enclave logístico perfecto. En 1568, Felipe II ya eligió la zona más noble y estratégica de la ciudad, la antigua huerta califal junto al Alcázar, para sus Caballerizas Reales, tomando para sí el caudal de los veneros de la Sierra. Siglos después, el patrón se repitió en el Marrubial con la cesión gratuita de terrenos municipales para el Cuartel de Alfonso XII, aprovechando un nodo de expansión clave que el Estado obtuvo sin coste de suelo.

Sin embargo, el precedente que mejor explica el presente es el del Cuartel de San Rafael en 1900. Si hoy la Base Logística se proyecta junto a la Autovía del Sur (N-IV) para garantizar su conectividad, hace un siglo el enclave crítico era la proximidad a la línea del ferrocarril. Para asegurar aquel despliegue en Cercadilla, el Ayuntamiento no solo aportó 250.000 pesetas, sino que ejecutó el desvío del Arroyo del Moro hacia el Oeste. Aquella obra de ingeniería eliminó un obstáculo natural que 'molestaba' al flujo militar, de la misma forma que hoy se reconfigura la red de Emacsa para eliminar cualquier 'ruido' técnico en el suministro de la Base.

La historia revela que el Estado siempre elige los nodos vitales de Córdoba —ayer el Alcázar y el tren, hoy la autovía—, pero delega en la ciudad el coste de adaptar el territorio. Si en 1900 se movieron cauces de arroyos para atraer regimientos, en 2024 se aceptan peajes de mantenimiento de carreteras nacionales y se compromete la estabilidad de la red pública. La diferencia es que la servidumbre actual ya no es solo física, sino digital: antes se sacrificaba el trazado de un arroyo; hoy se entrega la soberanía de nuestros datos de consumo a la lógica de los mercados globales.

El peaje de la carretera y la conclusión

Como remate, la ciudad ha tenido que aceptar la propiedad de 12 kilómetros de la antigua carretera N-IV. El Estado ha traspasado este gasto a los cordobeses, que ahora deberán pagar 2 millones de euros anuales de su presupuesto municipal para mantener una vía que sirve de acceso alternativo a la Base.

Este peaje final confirma que el Ayuntamiento y Emacsa, lejos de pilotar el futuro de la ciudad, están siendo succionados por la inercia de una historia que se repite. Córdoba vuelve a comportarse como una ciudad-huésped, incapaz de imponer sus propias necesidades biológicas frente a las urgencias del soberano de turno. Bajo el barniz de la digitalización y los algoritmos de Schneider, late la misma sumisión que cedió veneros en 1568 y movió arroyos en 1900. El agua, rastro físico de esta transformación, delata que estamos financiando con nuestro recibo un enclave de seguridad nacional mientras permitimos que la red de nuestros barrios se degrade por puro agotamiento institucional. No es modernización; es la vieja servidumbre de siempre, ahora monitorizada en la nube. Estamos pagando la puesta a punto de un sistema que garantiza el futuro de la Base Logística, sacrificando la red y la estabilidad de los barrios donde realmente vive la gente.

Basado en datos de facturación de Emacsa, la descripción técnica de la red de abastecimiento y el BOP nº 120, la Real Academia de Córdoba.

*Pancho Gamero. Doctor Ingeniero Agrónomo