Con el transcurrir de los años tengo la percepción individual que existen “muchas córdobas”. Observo la Córdoba de los patrimonios históricos, la de sus barrios, la asociativa, la de las desigualdades sociales, la emprendedora, la del medio ambiente, la que posee una ciudadanía diversa... Y estas, en muchos casos, se fusionan, se mezclan, se amontonan... Por momentos cohabitan, también se distancian y otras quedan en el olvido.

Y, entre todas, destaca -con mucha luz y alguna sombra- la Córdoba de nuestra sanidad pública, que, personalmente, me resulta uno de los patrimonios más importantes de esta ciudad, un pilar esencial de la sociedad y un logro colectivo para todas las personas.

En próximas fechas, debo ir concluyendo la estancia en la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Reina Sofía, que tiene una enorme trascendencia e impacto, y debería ser uno de los objetivos principales de las estrategias de la Sanidad. Sus profesionales me han posibilitado una mejoría de la salud general, de las emociones, ¡ah!, y del corazón, que se me averió un poco.

La vida, a veces, es caprichosa en las formas con el juego de los encuentros y desencuentros y, para este caso, me conduce al refranero popular para recordar aquello de “no hay mal que por bien no venga”, porque me encantó conoceros tras descubrir vuestra sensibilidad y humanidad. Os deseo lo mejor. Un abrazo.

Hay debates que no surgen por casualidad. Se construyen, se empujan poco a poco y, cuando la ciudadanía se da cuenta, ya están sobre la mesa como si fueran inevitables. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Córdoba con el escudo de la ciudad.

Conviene empezar por el rigor. El denominado “león rampante” no es un símbolo cualquiera ni neutro: es un emblema histórico vinculado al Reino de León, posteriormente integrado en la Corona de Castilla, y asociado a la heráldica medieval que acompaña a la conquista cristiana de la ciudad en 1236 por Fernando III, conocido como “el Santo”. No es un detalle menor, porque lo que se pretende recuperar no es solo un escudo, sino una determinada lectura del pasado.

Frente a ello, el escudo con el que hoy se identifican la mayoría de cordobeses y cordobesas —el que incorpora la Mezquita, el río Guadalquivir, el Puente Romano o la noria— no es un capricho moderno. Fue adoptado por la primera corporación democrática tras la dictadura, en un momento en el que la ciudad decidió mirarse a sí misma desde una identidad más amplia, más plural y más reconocible.

Pero hay algo aún más relevante. Córdoba no es una ciudad cualquiera. Es la única ciudad del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Mezquita- Catedral (1984), el casco histórico (1994), la Fiesta de los Patios (2012) y Medina Azahara (2018). Y el escudo actual, precisamente, refleja parte de ese patrimonio por el que Córdoba es conocida internacionalmente. Es un símbolo que conecta directamente con lo que somos y con cómo nos ve el mundo.

El “león rampante”, sin embargo, no representa esa Córdoba. Representa otra cosa: una visión parcial, centrada en un episodio histórico concreto y en un relato que algunos quieren volver a colocar en el centro.

Y no estamos ante hechos aislados. Lo que en su día comenzó con un informe que el propio alcalde se apresuró a desautorizar ante el rechazo ciudadano, no ha desaparecido. Ha mutado. Se expresa hoy en pequeños gestos: la presencia creciente del león en actos públicos, el reparto de pines durante la Semana Santa, o su aparición en espacios simbólicos como el cartel de la Feria de Mayo de 2026.

Nada de esto es casual. Es una estrategia de normalización. Un intento de desplazar, poco a poco, el símbolo compartido por la ciudadanía hacia otro que responde a una visión más estrecha de la historia y de la propia ciudad.

Y en este punto, el debate deja de ser estético para convertirse en político.

Porque cuando hablamos de símbolos, hablamos de memoria. De cómo una sociedad decide honrar su pasado y construir su relato colectivo. Las calles, las estatuas, los escudos… no son neutros. Son decisiones conscientes sobre qué y a quién se reconoce.

Y aquí es donde aparece la gran contradicción.

Se nos dice que no hay recursos para cumplir con la memoria democrática, para retirar símbolos del franquismo o para honrar a quienes defendieron la democracia y fueron víctimas del fascismo. Pero, sin embargo, sí parece haberlos para levantar estatuas de medio millón de euros dedicadas a un rey medieval o para reabrir debates simbólicos que la ciudad ya había superado.

No es una cuestión de dinero. Es una cuestión de prioridades.

Porque al final, lo que se está decidiendo no es qué escudo es más bonito. Lo que se está decidiendo es qué pasado se quiere recordar y cuál se quiere dejar en la sombra. Qué ciudad queremos ser y qué relato queremos construir.

Las prioridades son las prioridades. Y cuando un gobierno prefiere mirar al siglo XIII antes que al siglo XXI, cuando elige homenajear a un rey medieval en lugar de a quienes defendieron la democracia, está diciendo claramente qué memoria considera digna de ser recordada.

Y también cuál prefiere olvidar.

Alicia preguntó al conejo ¿” Cuánto tiempo es para siempre”? A lo que el conejo contestó: ”A veces, es solo un segundo”

Como cada año, la próxima madrugada del sábado a domingo, o sea a las 2:00 horas del domingo, los españoles debemos de adelantar los relojes una hora y situarlo a las 3:00 horas.

En mi artículo La Búsqueda del Meridiano: Del Camino de Santiago al Telégrafo (2023), contaba las vicisitudes y luchas políticas que tuvieron lugar para establecer un Meridiano de Referencia, que se estableció en 1854 finalmente en Greenwich (Inglaterra) a escala terrestre, y que dividió la Tierra en 24 Husos horarios.

Para medir el tiempo, se ha recurrido históricamente, a dispositivos o fenómenos que entrañan algún tipo de actividad cíclica: la rotación de la tierra, el péndulo de un reloj, la frecuencia radioeléctrica de un oscilador estable, etcetera. El calendario representa la acumulación de tiempo y fue concebido para poder situar sucesos pasados o acontecimientos futuros. Para entender el calendario es necesario conocer los conceptos de la época que indica un instante determinado de tiempo, el intervalo o tiempo transcurrido entre dos épocas y el estilo que es la fecha que se utiliza como punto de partida de cada ciclo anual.

Los primeros calendarios fueron lunares, empleados por Babilonia y Egipto e introducidos por Metón de Atenas el cual observó que 235 meses lunares cubrían exactamente 19 años (ciclo metónico). Este fue el calendario del mundo antiguo hasta que 46 años a. de C. Julio Cesar con la ayuda de Sisógenes, estableció el calendario Juliano tomando como origen la época iniciada a mediodía del año 4713 a. de C. y basándose en un año de 365,25 días, o sea, tres años de 365 días y el cuarto bisiesto de 366. Este calendario también era erróneo pues representaba una acumulación de tres días cada 400 años y en la reforma establecida por el papa Gregorio XIII en 1582, que es el calendario que aún está vigente, se parte de un año de duración media de 365,2425 días con lo cual el error acumulado respecto al año solar durante cuatrocientos años es de sólo unas horas.

Las fechas del calendario se determinan con respecto a una época, por ejemplo la fecha del nacimiento de Cristo que se dividen en a. de C. y E.C. (Era Cristiana) y se emplean desde hace unos 1400 años ya que antes la referencia era la de la fundación de Roma.

Los estilos han sufrido muchas variaciones. En Inglaterra el estilo de Navidad, según el cual el año comenzaba el 25 de diciembre, fue cambiado en el siglo XIV por el estilo de la Anunciación donde el año comenzaba el 25 de marzo y al adoptarse tardíamente el calendario gregoriano en 1752 fue sustituido por el estilo de la Circuncisión que empieza el día 1 de enero.

De todas maneras, al basarse los calendarios en el movimiento irregular de los cuerpos planetarios no se pueden determinar con precisión la duración de los años, meses, días, segundos, etcetera. Diversos científicos han tratado de utilizar otros patrones de referencia dejando a un lado la astronomía; así Galileo Galilei utilizó el principio del péndulo al observar la estabilidad de las oscilaciones de un candelabro en la catedral de Pisa. En la actualidad el TA (Tiempo Atómico), se basa en la superestabilidad de la oscilación de los átomos de cesio que es de 9.192.632.770 veces por segundo.

La necesidad de sincronizar con precisión los sistemas de telecomunicaciones vía terrestre o por satélite, para transmitir datos cuyos impulsos pueden durar solamente una milimillonésima de segundo, provoca que organismos internacionales como la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), con sede en Francia, sea la máxima autoridad mundial en metrología, encargada de garantizar la uniformidad de las mediciones, incluyendo el tiempo. El BIPM gestiona el Sistema Internacional de Unidades (SI), definiendo el segundo como la unidad básica del tiempo basada en relojes atómicos de cesio, garantizando la precisión global. Igualmente, el CCIR (Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ha dedicado especial atención a la medida del tiempo.

En 1960, varias entidades instituyeron y difundieron una escala de Tiempo Universal Coordinado TUC, que fue finalmente adoptado después de algunas modificaciones por el CCIR, entrando en vigor el primero de enero de mil novecientos setenta y dos. Con el nuevo sistema todos los relojes funcionan con un desplazamiento nulo, no siendo su marcha conmensurable con la duración del día. Al igual que el calendario gregoriano introdujo el año bisiesto, ahora podemos mantener nuestros relojes patrón aproximadamente de acuerdo con el Sol, al añadir o suprimir un segundo a lo largo de intervalos llamado segundo intercalar. El organismo responsable del TUC es la Oficina Internacional de la Hora ubicada en París.

Mientras las mediciones que se hacen con base en las vibraciones de los átomos es estable, la rotación de la Tierra varía ya que esta ha reducido su velocidad. Para solventar esa pequeña desviación, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM), responsable de la norma internacional que fija los relojes el mundo, decidió añadir periódicamente el segundo intercalar cuando la diferencia entre el tiempo astronómico y el universal se aproxima a 0,9 segundos. Desde 1972 se ha añadido en 27 ocasiones, la última vez en 2016.

Aunque para la población el segundo adicional pasa desapercibido, en los sistemas que precisan una medición extremadamente precisa, como los satélites, las telecomunicaciones o incluso dispositivos asociados a los viajes espaciales, puede causar alteraciones. 

De todas formas, hay que señalar que actualmente, teniendo en cuenta los pros y los contras, se está estudiando abandonar la inserción de un segundo al menos con tanta frecuencia.

Nicolás Puerto Barrios. Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Exjefe Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de Córdoba de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

Ya sabemos que vivir en el casco histórico de nuestra ciudad tiene grandes ventajas, pero cada día esta apuesta se hace más difícil por los inconvenientes que conlleva, debido en parte a los criterios estéticos y tipológicos protegidos por el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH), que establece la obligatoriedad de utilizar determinados materiales y elementos, sobre todo en patios, fachadas y cubiertas. Estamos de acuerdo aún suponiendo gastos añadidos que no ven compensados, ya que no existen ayudas ni rebajas impositivas por parte de la administración.

Desde el año 2022, las asociaciones vecinales del Casco Histórico estamos reivindicando la posibilidad de tener el mismo derecho que los residentes en el resto de los barrios de Córdoba, e incluso que los locales y establecimientos turísticos (pisos, apartamentos, bares, restaurantes, hoteles), ubicados en el Casco y para los que sí se permite prácticamente cualquier ocupación de vía pública, toldos de colores, carteles y banderolas, luminarias, aires acondicionados y estufas, antenas parabólicas y televisores, cableado de todo tipo y hasta flores y arbustos de plástico, que por lo visto, forman parte de la “libertad individual ”, figura que desconocemos en relación con la legislación y normativa y que nos ha descubierto recientemente nuestro excelentísimo alcalde, sin ningún reparo, al afirmar que él no puede impedir que se incumpla la normativa del PEPCH en cuanto a fachadas y cubiertas.

En relación con la movilidad y accesibilidad, también se nos discrimina. La industria turística, una vez más, disfruta de la posibilidad de carga y descarga, de tránsito de vehículos incluso de grandes dimensiones, mientras la vecindad, no podemos estacionar nuestro vehículo, ni tan siquiera para descargar la compra, ni trasladar a familiares mayores, enfermos y con movilidad reducida (últimamente nos comunican residentes que han sido multados por estacionar con este motivo).

Están haciendo todo lo posible e imposible por “expulsarnos” del Casco. Cada vez son más las personas que abandonan el barrio donde han nacido, crecido, vivido y cuidado durante muchos años o toda su vida. La situación es absolutamente injusta y supone que la despoblación en nuestro casco histórico se multiplica.

No podemos entender esta política por parte de nuestro ayuntamiento y le exigimos que ponga en marcha medidas que reviertan está situación de abandono. Es su obligación y responsabilidad velar y posibilitar por todos los medios que nuestro casco histórico sea un entorno habitable y lleno de vida, promoviendo la rehabilitación integral del mismo y apostar por mantener su valor patrimonial y residencial.

No nos resignamos a dejar abandonada esta riqueza, su belleza, su historia, su vida y su valor. Y no nos resignamos a ser ciudadanos sin derechos.

*Junta Directiva de la Asociación Vecinal La Axerquía.

Hasta hace bien poco los árboles en nuestras ciudades eran un elemento más del paisaje urbano, como podrían ser las farolas o las señales de tráfico. Sin embargo, una larga lista de investigaciones científicas ha demostrado en los últimos 20 años que son mucho más que eso. Especialmente en el campo de la salud pública, es un hecho contrastado que el arbolado urbano, en suficiente calidad y cantidad, reduce los factores de riesgo de mortalidad en las ciudades. Dicho en llano, los árboles salvan vidas. Repasemos brevemente algunos servicios que nos prestan:

Por todo ello, es el momento de que el arbolado en el medio urbano sea considerado infraestructura verde al servicio de la salud pública y el bienestar social en todas sus dimensiones. Más allá de ideologías, es indudable que las administraciones públicas deben abordar el fomento de las zonas verdes con suficiente arbolado. Nos va en ello la vida.

En mayo del año pasado nació la plataforma ciudadana Málaga por la Regeneración, al calor del éxito de las proyecciones del documental “HOPE: Estamos a tiempo”, apoyada por más de 50 colectivos. Nada más empezar fueron conscientes de los acontecimientos “típicos” del verano en gran parte de Andalucía (golpes de calor, incendios forestales, falta de sombra, sequías y problemas de acceso de agua). Por ello, surgió la idea de realizar un borrador de ley no solo para proteger los árboles, sino para mejorar nuestra salud. Málaga por la Regeneración formó un grupo de trabajo técnico para impulsar una ley de protección y fomento del arbolado urbano. La plataforma invitó al Partido Verde andaluz (Verdes Equo) a formar una mesa de trabajo conjunta sobre una iniciativa tan necesaria y urgente para salvar vidas en nuestras ciudades. El fruto de ese trabajo conjunto fue la presentación hace un mes en el Parlamento andaluz de una proposición de ley pionera, coherente y arraigada en el marco jurídico autonómico.

Si todo este esfuerzo ciudadano diera frutos y la ley pudiera ver la luz (y el BOJA), algunos cambios importantes tendrían lugar en nuestras ciudades en los años siguientes. Para empezar, habría una nueva y eficaz forma de proteger el arbolado urbano ya que, si bien es cierto que hay algunas buenas ordenanzas municipales, es bien sabido que la amenaza viene algunas veces precisamente de quienes tienen la obligación de proteger a nuestros árboles. Y es que la Junta de Andalucía tendría por fin herramientas para vigilar e intervenir en la acción o inacción de los ayuntamientos en casos justificados, algo que acabaría con la impunidad de ciertos políticos arboricidas locales.

Los municipios tendrían, además, la obligación de poner en marcha políticas globales de integración, conservación y desarrollo del arbolado urbano a través de los inventarios municipales y los planes de conservación y fomento, con un plazo concreto. Estos planes se basarían en un estudio de indicadores medibles objetivamente para cumplir los fines establecidos en materia de salud pública, adaptación al cambio climático, absorción de carbono y contaminantes atmosféricos, creación de zonas verdes o fomento de la biodiversidad.

La tala y las podas drásticas se considerarían, a diferencia de hoy, la última solución aplicable, permitiéndose solo en circunstancias justificadas por personal funcionario competente. Además, la tala siempre supondría la obligación de trasplantar, reponer o compensar económicamente, en ese orden de prioridades. La compensación económica, en concepto de indemnización a la ciudad, conllevaría la creación de un fondo municipal que solo se podría dedicar a los nuevos compromisos de forestación que la ley atribuye a los municipios.

Estas líneas de actuación requerirían de un ambicioso plan de sensibilización, de formación y de información para que la ciudadanía contemple los árboles como seres vivos y valore los servicios que nos prestan. Porque, como nos dice la ciencia y la realidad, a más árboles, más vidas.

Les escribo como vecino del barrio Parque Azahara, en Córdoba, para trasladarles el estado de abandono en el que se encuentra esta zona de la ciudad. 

Adjunto varias fotografías donde se pueden ver árboles caídos, vegetación sin mantener, suciedad, aceras rotas y un abandono general evidente. Además, las pistas deportivas del barrio están completamente destrozadas y seguimos sin una pasarela decente que permita a los vecinos cruzar el puente del Open Arena, aceras rotas, sin toldo, sin luces… la vía del tren nos separa de todo. 

En definitiva, el barrio está sucio, descuidado y totalmente abandonado. Denunciamos el estado de abandono que sufren muchos barrios de Córdoba, especialmente cuando todos los vecinos cumplimos pagando nuestros impuestos.

Andalucía es memoria viva de nuestra historia, es la voz de nuestros antepasados, es el reflejo de nuestras tradiciones y el orgullo de una tierra que nunca olvida su origen.  

Andalucía es también aroma de nuestra infancia, es gastronomía: pan con aceite. 

Andalucía es tierra de fortuna, de fortuna artística. Cuna de poetas que forjaron nuestro legado con el alma, cuna de pintores que dieron a nuestra bandera el color, cuna de talento que transformó nuestro territorio en patrimonio heredado de generación en generación. 

Andalucía, punto de encuentro. En ti convergen culturas y tradiciones. En ti aprendimos a respetarnos y enriquecernos unos a otros, haciendo de la diversidad una de nuestras mayores fortalezas. Andalucía es mezcla, es herencia y es futuro al mismo tiempo. 

Andalucía, por fuerza invencible. Nunca podrá ser reducida ni silenciada. Jamás podrán arrebatar la dignidad de nuestro acento quienes no alcanzan a comprender que en él late la memoria de quienes nos levantaron y nos forjaron; de aquellos que, siendo injustamente cuestionados y llamados “vagos”, hicieron de Andalucía una tierra de trabajadores incansables y perseverantes. 

Ser andaluz no es cuestión de nacimiento; ser andaluz es reconocer en nosotros una herencia que trasciende del origen y queda arraigada en el alma. Es llevar el sur en la mirada, en la palabra, en el corazón. Es esa alegría que se comparte, la que nos hace únicos, ese arte y esa gracia, ese compromiso que nos honra, ese respeto que se cultiva, y sobre todo, esa pasión que perdura. 

Andalucía es personalidad. Es carácter. Es identidad. Es pertenencia. 

Hoy, con orgullo, alzamos la voz para afirmar que seguimos caminando con la fuerza de nuestro pasado y la esperanza que ponemos en nuestro futuro. Porque somos los herederos de una historia inmensa, somos protagonistas de un pasado lleno de talento, de un presente comprometido y constructores de un futuro mejor. 

Querida Andalucía, dueña de mi corazón, hoy te celebro nombrándote completa: desde Jaén – cuna de olivos que perfuma la memoria -; Córdoba –donde la Mezquita escribe con sus arcos un poema eterno-; Sevilla - alma luminosa que late en el Guadalquivir-; Huelva –tierra de marismas y puente de descubrimiento-; Cádiz –infinito atardecer milenario-; Málaga –refugio del arte en el Mediterráneo-; Granada –reino coronado por la Alhambra-; y Almería –desierto vivo soñado-. Querida Andalucía en tu diversidad, la unidad de un pueblo. En ti, la belleza de ocho nombres que comparten un mismo espíritu. 

¡Viva Andalucía!

Las personas que trabajamos en la Universidad tenemos un privilegio y una responsabilidad. Estamos amparados por un derecho fundamental, la libertad de cátedra, muy conectado con otras libertades públicas consagradas en el transcendental artículo 20 de nuestra actual Constitución, como son la libertad de pensamiento y la de expresión.

Pero también tenemos una responsabilidad, ejercer dichas libertades para una formación democrática de nuestro alumnado, atendiendo al objetivo general para el derecho a la educación que marca otro artículo clave, el 27, que expresa que dicho derecho, con naturaleza jurídico-constitucional de fundamental (con las máximas garantías de protección y efectividad), tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

En este sentido, el propio Tribunal Constitucional, en sentencia de 1985, dejó claro como criterio interpretativo de dicho precepto “la inequívoca vinculación del derecho a la educación con la garantía de la dignidad humana, dada la innegable trascendencia que aquélla adquiere para el pleno y libre desarrollo de la personalidad, y para la misma convivencia en sociedad, que se ve reforzada mediante la enseñanza de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, necesarios para establecer una sociedad democrática avanzada, como reza en el preámbulo de nuestra Constitución”.

Es la Universidad un espacio para la libertad de pensamiento y para la expresión libre de ideas y propuestas; para la investigación libre; para la publicación editorial de los resultados de dicho proceso investigador; para compartir con nuestro alumnado, en el marco de las programaciones y guías docentes, dichos trabajos y resultados académicos; para debatir en clase sobre sus conclusiones en los trabajos prácticos que realizan; o para orientarlos en la parte final de su formación, en los trabajos de fin de grado, ya sobre sus propias investigaciones.

Y, en todo ese proceso, no debemos obviar el objetivo de tener presente el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que, como bien sabemos, es parte esencial de todo texto constitucional actual, pues, el constitucionalismo hemos de entenderlo, no solo como organización de los poderes, sino también como protección de los derechos del individuo, también frente a dichos poderes constituidos.

El espacio universitario, como un terreno de libertad y para la libertad, ha de ser también un entorno propicio para formar a profesionales comprometidos con la idea democrática, con el respeto a los derechos humanos universalmente declarados desde hace décadas, y que, en nuestro caso, se concretan en nuestro propio sistema constitucional de derechos y libertades. Partiendo, desde luego, de la libertad ideológica del artículo 16 de nuestra Constitución, que debe tener un límite en el mandato constitucional del artículo 27, no debiendo ser posible atacar al concepto democrático de nuestro Estado, con el que todos debemos estar implicados, especialmente desde este espacio de libertad de pensamiento y de cátedra que es la Universidad. No podemos olvidar la primera gran proclamación de nuestro texto constitucional actual: España es un Estado social y democrático de Derecho.

En todo caso, sin un derecho a la educación debidamente garantizado con un robusto sistema público educativo, los derechos de participación política derivados de nuestro importante artículo 23 de la Constitución quedarían en meras declaraciones formales. La educación aporta libertad a la ciudadanía para participar de forma consciente y eficaz en el proceso de decisión política democrática, para evitar y/o saber detectar posibles manipulaciones que incidan en su decisión democrática.

Cada vez tengo más claro que es muy importante cuidar y potenciar la idea democrática, el ideal constitucional, como proyecto común de vida y como patrimonio público colectivo, siendo clave para este objetivo la educación en general, y la formación e investigación universitaria en particular, el pensamiento crítico debidamente expresado, con respeto a los principios y valores constitucionales y democráticos.

Es claro que las personas que formamos parte de la comunidad universitaria tenemos una especial responsabilidad: cuidar y defender la democracia.

*Ángel B. Gómez Puerto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

Pocos aspectos de la vida social, económica y cultural podrían concebirse en la actualidad sin el importante soporte que representan los recursos de diferentes ámbitos del dominio público. Sobre el espacio urbano, interurbano y ultraterrestre se planifican y desarrollan todo tipo de actividades que, junto al aprovechamiento del acervo de conocimientos, debidos a los avances científico-técnicos de la humanidad en su conjunto, utilizan bienes limitados y a veces escasos como el agua, el aire, los minerales y el petróleo, el espectro de frecuencias etc., etc. El uso de estos bienes materiales que por su actual deterioro precisan cada vez más de especial protección, o al menos de un empleo racional para su disfrute social justo y equilibrado, debe planificarse cuidadosamente para no alterar sus ciclos de recuperación y con miras a la necesidad que de ellos tendrán las futuras generaciones. De ahí que su carácter comunitario sea aún ineludible.        

Igualmente, muchas de las industrias y empresas que se establecen, no podrían funcionar si, para la producción y distribución para el consumo de las mercancías que fabrican o servicios que suministran, no se sirvieran del dilatado espacio de lo público, como son las infraestructuras de transportes y comunicaciones, los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica, los acopios de grandes volúmenes de agua, o bien los valores añadidos que suponen las concentraciones urbanas y las redes culturales, educativas y de salud.

El cibernético, sesudo y prepotente capitalismo de nuestro tiempo, se encuentra ahora que no sabe avanzar sin el fácil concurso masivo de estos bienes de capital, de trabajo y de relación humana de propiedad colectiva. Para seguir desviando hacia grupos minoritarios la mayor parte de los beneficios a escala nacional o de un grupo de países, no le basta con adquirir a menor precio cada día las mejores habilidades y aptitudes, ¿competitividad?, sino que se fundamenta primordialmente en poner a su servicio aquella otra habilidad llamada “ingeniería financiera”, a cuyas órdenes se disponen las técnicas de la sociología de masas y no muy distante la técnica militar en su caso.

Pero la novedad del capitalismo de masas, hoy día imperante, no es solo que tiene que ocupar, dominar y hasta esquilmar más amplios espacios del patrimonio comunitario en diversos países bajo su mega estrategia de mundialización; a más de ello, necesita requisar aquella parcela del espacio-tiempo reservada hasta ahora para el desarrollo personal del ciudadano en sus facetas creativas y recreativas, de reflexión y de relajo. Esta intromisión, proyectada para invadir los micro ámbitos individuales de grandes extensiones de población, e integrarlos en los actuales mecanismos productivos, se apoya en los medios de comunicación de masas y las técnicas del multimedia hoy tan en boga. En este sentido, tanto la riqueza histórico-artística, como la lengua hablada y escrita y el resto de los sistemas socioculturales de un país, sobre los que se conforma su identidad, que con la inteligencia y el trabajo del hombre como ser social han ido decantándose a lo largo de muchos siglos, suponen la delicada oblea simbólica sobre la que actúan sin recato las modernas industrias culturales para obtener sus plusvalías.

Las llamadas autopistas de la información y los nuevos servicios, que según nos anuncian van a revolucionar nuestros modos de trabajo y comportamiento en el siglo XXI, al igual que la radio, la televisión o el teléfono tienen que recurrir para su funcionamiento a muchos medios adscritos hasta ahora a la esfera de lo público. Así, las frecuencias hertzianas y el segmento espacial de las órbitas geoestacionarias para los satélites de comunicaciones, asignados a cada país por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); la servidumbre de paso urbana e interurbana de que gozan los cables y sistemas de comunicaciones que representan un bien esencial por su carácter estratégico, de seguridad, económico y de articulación del estado; y las infraestructuras de transporte de señales de telecomunicaciones, que como las redes de Telégrafos, Telefónica, RTVE e Hispasat en España, se deben a las grandes inversiones de billones de pesetas realizadas por el propio Estado o las Empresas Públicas. En su desarrollo han gozado del amparo de la Ley de Expropiación Forzosa, fundamentado en el servicio público que debían prestar, y ahora constituyen un atractivo territorio para las multinacionales del sector. Para ello, y arguyendo las ventajas de la globalización del mercado, las nuevas corrientes liberalizadoras justifican en pos de la modernidad, la competitividad y la eficacia, la total desregulación de estas redes y servicios, al objeto de que nuevos operadores encuentren un terreno abonado en nuestro país y entren en el negocio, tanto de los clásicos como de los servicios avanzados de telecomunicación y el multimedia. 

En estos proyectos, que derivan en pérdida de soberanía de los estados, la colaboración de los gobiernos nacionales está siendo fundamental al objeto de romper el llamado“ proteccionismo”, pero puede suceder -como ocurrió tras la aparición de la televisión privada en España, que para dar más de lo mismo, o peor, se facilitó la venta de la Red de Transporte y Difusión de RTVE a precio de saldo- que estos nuevos sistemas de telecomunicación accedan a las infraestructuras de red existente y/o instalen otras, al serle concedido todo o parte del patrimonio público en esta materia, solo con el objetivo económico.

Muchas preguntas se nos plantean al respecto, como por ejemplo: ¿Se va a incrementar, sustancialmente con estas medidas el empleo en nuestro país, en los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual? ¿Redundarán estas redes en beneficio de la colectividad, garantizándose la universalidad de los servicios a prestar?, ¿Se va a definir de forma plural la prioridad en cuanto servicios y contenidos a producir? ¿Quiénes podrán producir contenidos, cómo serán estos y quién controlará que sus fines sean pacíficos, solidarios y democráticos?. ¿O lo que se pretende, con el argumento de la pluralidad, es generar ruido para dificultar la libre percepción y elección de los ciudadanos ante las ofertas económica y políticas que se le presentan? Este tipo de cuestiones deben ser planteadas y solventadas desde el mayor conocimiento posible de los ciudadanos y sus organizaciones. Si es que tenemos que ceder para el mercado nuestro pecunio social, habrá que sopesar los pros y los contras y valorar, si como generalmente sucede, lo que interesa a pocos nos pueda costar muy caro a la mayoría.  

*Nicolás Puerto Barrios, ingeniero técnico de Telecomunicaciones 

La forma importa. Los procedimientos y las normas son clave para evitar la arbitrariedad y la ocurrencia. Prácticamente, es así en multitud de ámbitos de la vida en sociedad, pero, especialmente, en lo referente a la organización política y social, que cada vez se presenta con mayor complejidad.

Especialmente es importante la forma y el procedimiento en el ejercicio del poder político en el Estado democrático. Es garantía de control y límite de la propia manifestación de dichas facultades públicas de soberanía, posibilitando al elemento pueblo de todo Estado, la ciudadanía, poder participar en el espacio público, y poder controlar, directa o indirectamente, a los representantes públicos.

Es importante, pues, que la ciudadanía conozca bien, con toda la precisión y rigurosidad posible, el esquema orgánico de ejercicio del poder, que como todos sabemos, en los estados democráticos es parte esencial de las constituciones, textos fundamentales y fundantes que, además contienen otros dos grandes bloques de contenidos, los derechos y libertades, y los objetivos sociales y económicos del Estado, las denominadas, respectivamente, parte orgánica, dogmática y programática de los textos constitucionales.

También es clave que la ciudadanía conozca que las constituciones, también la nuestra de final de los años setenta del pasado siglo, son documentos jurídicos modificables, adaptables, sustituibles incluso en su totalidad, por supuesto siguiendo las normas de reforma que las propias constituciones incluyen para el ejercicio del denominado poder de reforma, una variante del poder constituyente. 

Como en su día afirmó, con sabiduría, el profesor Tomás y Valiente (1932-1996), “la promulgación de una Constitución, el ejercicio del poder constituyente para la constitución de un Estado no significa la pérdida de la soberanía por parte del pueblo, pues, una nación políticamente organizada puede en adelante cambiar su Constitución sustituyéndola por otra, o reformándola parcialmente”, idea que conecta con el afamado artículo 28 de una de las primeras constituciones de la historia universal, la francesa de 1793, que proclamó que “un pueblo tiene siempre derecho a revisar, reforma o cambiar su Constitución”, añadiendo que “una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras”.

Con la pretensión de abordar los dos grandes objetivos que acabo de esbozar, conocer el funcionamiento del Estado democrático, y la posibilidad de reformarlo para defenderlo, adaptándolo a la realidad actual, recientemente (enero 2026) la editorial Atelier, radicada en Barcelona, me ha publicado el trabajo Instituciones democráticas y estructura del Estado en España, que, a modo de curso básico bajo la modalidad de ciencia jurídica abierta (https://atelieropenaccess.com/products/instituciones-democraticas-y-estructura-del-estado-en-espana), expone el funcionamiento de los órganos constituciones, y propone hasta treinta bases temáticas para un nuevo Estado democrático, con la esperanza de que las personas jóvenes lo conozcan y lo defiendan, para lograr, en todo caso, que sea una organización racional para el ejercicio del poder que mire al bien común, pero partiendo de la voluntad del pueblo.

*Ángel B. Gómez Puerto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

Ya en 1974, en el capítulo “Cotos y montería” de El hombre y la Tierra, Félix Rodríguez de la Fuente advertía algo que hoy sigue siendo incómodo de escuchar: la naturaleza posee mecanismos propios de autorregulación y, salvo excepciones muy concretas, “nunca pasa nada” cuando el ser humano no interviene. Lo que sí suele pasar —y él lo decía con crudeza— es que, desde nuestro profundo desconocimiento, actuamos “como un grupo de niños con globos llenos de pintura en un museo”. Su alarma ante la posible extinción del lobo, el gran depredador que estructura la pirámide ecológica, resuena hoy con una vigencia dolorosa.

Nuestro deseo de cazar por deporte responde a un impulso competitivo impostado, muy alejado de la esencia primitiva que nos permitió sobrevivir: cazar para alimentarnos y encontrar la felicidad en la conexión respetuosa con el entorno. La ciencia ecológica lo ha mostrado una y otra vez: los ecosistemas funcionan mejor cuando cada especie cumple su papel sin interferencias artificiales. Los depredadores regulan a los herbívoros, los herbívoros modelan la vegetación y la vegetación sostiene al resto de la vida. Cuando sustituimos ese equilibrio por decisiones humanas guiadas por intereses recreativos, el resultado no es más estabilidad, sino más desorden.

La paradoja del jabalí es un ejemplo claro. A pesar de que numerosos estudios señalan que la presión cinegética desestructura los grupos sociales, elimina hembras adultas experimentadas y dispara la reproducción temprana —aumentando la proporción de juveniles—, muchos cazadores siguen defendiendo que su actividad es una herramienta eficaz de control. Sin embargo, la evidencia es tozuda: las poblaciones sometidas a caza intensa responden con mayor fecundidad, ciclos reproductivos más cortos y camadas más numerosas. Cuanto más se caza, más se acelera la dinámica poblacional. Y cuanto más se acelera, más se justifica seguir cazando. Un círculo vicioso difícil de sostener.

La situación en Sierra Morena de Córdoba resulta desalentadora para quienes solo queremos disfrutar del campo. No basta con encontrar fincas completamente valladas que fragmentan el territorio y dificultan el movimiento natural de la fauna —un problema reconocido en toda la Península—; además, debemos asumir que no podemos planificar una ruta con tranquilidad. En cualquier momento pueden aparecer advertencias que nos amedrentan incluso en zonas de dominio público. Esta fragmentación no solo limita nuestra libertad como ciudadanía: también compromete a especies que necesitan grandes áreas continuas para mantener poblaciones sanas, desde el lince ibérico hasta los propios ungulados que la caza dice gestionar.

En este clima de permanente defensiva, estamos perdiendo la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo superfluo. Somos primates hechos para vivir en colectividad, pero la falta de cumplimiento de las normas —y la permisividad ante quienes las vulneran— erosiona la convivencia y nos enfrenta. Defender el acceso responsable al medio natural no es una cuestión ideológica: es una necesidad ecológica y social.

A ello se suma un problema institucional grave. Según me explica el Coordinador de la UB‑1, en el año 2000 había 100 Agentes de Medio Ambiente en la provincia de Córdoba; en 2026 quedan 78. Próximamente, se jubilan 27, lo que reducirá la plantilla a 51: la mitad de los históricos. En la Unidad de Córdoba, de 12 Agentes se pasará en breve a tan solo uno, sin reposición prevista. Según la normativa andaluza, estos Agentes —funcionarios de la Junta— son la autoridad responsable del control y vigilancia de la actividad cinegética, a veces con apoyo del Seprona, también mermado y obligado a desplazarse desde puntos remotos. Con esta falta de personal, dejamos en abandono extremo nuestro patrimonio forestal y faunístico. Esta situación es extrapolable a toda Andalucía.

La situación invita a preguntarse si los beneficios económicos derivados de la actividad cinegética cumplen los requisitos que se exigen a cualquier otra actividad empresarial: beneficios declarados, impuestos pagados, IVA incluido. La normativa existe, pero sin personal suficiente para verificar su cumplimiento, queda en papel mojado. Un ejemplo elocuente: la norma contempla controles de alcoholemia a los participantes en las cacerías, pero los Agentes de Medio Ambiente no disponen de los dispositivos necesarios para realizarlos.

El 7 de diciembre de 2025, mientras caminaba por el arroyo Bejarano —en plena Reserva Natural Fluvial del mismo nombre, en Córdoba— me topé con una tortuga que no encajaba del todo en el paisaje. A simple vista sospeché que no era un galápago leproso, nuestra especie autóctona, sino quizá una mascota abandonada por alguien que creyó estar “devolviéndola a la naturaleza”. La intuición se confirmó después: se trataba de una tortuga mapa de Ouachita (Graptemys ouachitensis), una especie exótica originaria de Norteamérica.

Gracias al asesoramiento de especialistas, el hallazgo quedó documentado en la revista Trianoi de la Sociedad Cordobesa de Historia Natural como el primer registro confirmado de esta especie en la provincia. Un dato que, más allá de la anécdota, subraya la creciente amenaza que representan las invasiones biológicas en ecosistemas especialmente frágiles como la cuenca del Guadalquivir.

La tortuga mapa de Ouachita es un reptil acuático de tamaño medio, con un caparazón serrado que en las hembras puede alcanzar los 28 centímetros. Su presencia no es inocua: compite con especies nativas y altera la diversidad local. De hecho, modelos ecológicos recientes señalan la cuenca del Guadalquivir como un área de alto riesgo para su establecimiento, debido a la similitud climática con su hábitat original. El ejemplar que encontré —de apenas 95 × 70 × 35 mm— se suma a otro registro previo del género Graptemys en el Guadalquivir cordobés en 2023, un indicio preocupante de que la presión sobre la fauna autóctona va en aumento.

La parte más desconcertante llegó después. Ni las autoridades locales ni las autonómicas asumían la responsabilidad de recibir al animal, de modo que asumí su manejo por mi cuenta. Tras trasladarla a Madrid, al Centro Félix Rodríguez de la Fuente —donde previamente me habían asegurado que la aceptarían—, también la rechazaron por tratarse de una especie incluida en el convenio CITES. Solo me facilitaron un correo electrónico de contacto. Finalmente, y gracias a la buena voluntad de un veterinario de Tragsatec, que presta asistencia técnica a la autoridad administrativa CITES (MITECO), y la buena predisposición de la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad de Toledo, la tortuga pudo ser acogida en este centro.

Este recorrido absurdo para un solo ejemplar revela algo más profundo: la ausencia de protocolos eficaces para gestionar especies alóctonas incluso dentro de reservas naturales, pese a que los propios informes científicos insisten en la necesidad de un monitoreo periódico.

En los últimos días, he solicitado formalmente al Ayuntamiento de Córdoba y a la Consejería de Medio Ambiente que establezcan un servicio claro y accesible para la recepción de fauna exótica. No puede recaer en la ciudadanía la responsabilidad de suplir la inacción institucional.

Los expertos que firman el artículo, vinculados a la Universidad de Córdoba, reclaman también medidas de control y seguimiento en el arroyo Bejarano, similares a las aplicadas a otras invasoras como Trachemys scripta. La protección de estos espacios de alto valor ecológico exige una implicación administrativa real y sostenida.

La gestión de las invasiones biológicas no puede depender de la buena voluntad de quienes se encuentran con el problema por casualidad. Si queremos proteger nuestros espacios naturales, necesitamos administraciones que asuman su responsabilidad y actúen con la diligencia que estos casos requieren.

El accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, merece un periodismo riguroso, no sensacionalismo disfrazado de valentía. Y mucho menos que bulos y desinformación circulen por las Redes Sociales sin control gracias a aportes dudosos de los medios. Y Finbarr O'Reilly, fotógrafo del New York Times y docente de fotografía, ha cruzado una línea que ningún profesional debería traspasar: publicar información no contrastada sobre una tragedia que aún necesita respuestas.

Como antiguo alumno suyo, confieso mi profunda decepción. En sus clases aprendimos sobre la audacia necesaria en el fotoperiodismo, la posibilidad de saltarse las barreras cuando la historia lo requiere, capturar lo que otros no se atreven a mostrar. Pero también debimos aprender algo fundamental que en esta ocasión he echado de menos en su trabajo: la diferencia abismal entre el coraje periodístico y la irresponsabilidad informativa.

Saltarse un perímetro policial para documentar la realidad es una cosa. Publicar información sin verificar, difundir datos que pueden estar equivocados, contribuir a la desinformación en medio del caos y el dolor de las familias... es algo muy diferente. Es negligencia profesional y gasolina para que difusores de bulos, pseudomedios y pseudoperiodistas tergiversen aún más los hechos. ¿Quién no ha visto titulares, tertulias y videos de Instagram y TikTok en los que se ha hablado sobre la irresponsabilidad e ineficacia de los investigadores, la Guardia Civil, el Gobierno y de cualquiera que pasaba por allí? Y todo por una fotografía de un bogie en un canal que, de hecho, ya había sido localizada e identificada

Quiero pensar que todo esto ha sido un error, y no una demostración de lo que Byun Chul-Han definió como la infocracia. Un error que no solo afecta al autor de la fotografía, sino también al medio que la ha publicado. El New York Times, un medio que presume de sus estándares de verificación, ha permitido que se publique contenido sobre el accidente sin el debido contraste.

O'Reilly nos enseñó a ser intrépidos con la cámara, pero hay algo que es más importante: nuestra obligación no es solo capturar la imagen o conseguir la historia, sino servir a la verdad y respetar a quienes sufren. Por tanto, la decepción es doble: la del alumno que descubre que su profesor no practica lo que predica u olvida practicarlo, y la del ciudadano que ve cómo un medio de referencia mundial falla en lo más básico. En Córdoba no se necesitaban fotógrafos temerarios ni titulares apresurados. Se necesitaba periodismo serio, verificado, humano.

*Mario Martija, fotógrafo

En un país se nota la tragedia por detalles mínimos: cuando hay más termos en la mesa, más mantas dobladas en los brazos, más puertas abiertas sin preguntas.

Nadie sabe qué decir del todo. Pero casi todo el mundo sabe qué hacer. Como si la vida hubiera tirado al suelo nuestros nombres propios y ahora nos tocara agacharnos, sin hacer ruido, para recogerlos.

Porque hay un momento en el que una noticia deja de ser cifra o titular y acaba siendo nombres. Tantos como personas. Y entonces pasa algo bonito, aunque duela decirlo: el pueblo se vuelve más pueblo.

En días así, la bondad no hace ruido. No posa. No escribe hilos. Casi no deja fotos. Solo se nota: en un coche ofrecido, en un “cuando puedas, dime”, en una silla apartada, en un “ven conmigo” a tiempo.

Y uno aprende —a la fuerza— una lección sencilla: la vida no nos pide que lo entendamos todo, nos pide que estemos. Hay cosas que no dependen de nosotros; lo que sí depende es no endurecernos, no convertir el dolor en espectáculo, no usar la herida como excusa para odiar más. Mantener el pulso sereno, la palabra justa, la mano cerca.

Todas las tragedias dejan dolor, sí, y también una verdad incómoda: vivimos demasiado como si no fuéramos a perder nada. Por eso, en estas horas, lo único decente es el cuidado: el duelo sin espectáculo, la información sin ruido, la empatía sin propaganda. Que el dolor no se convierta en costumbre.

Como escribió Benjamín Prado, “aparten sus oscuras banderas de las víctimas”. Y yo añado: que a nadie se le olvide qué era hacer política cuando de verdad importaba—buscar un suelo común, bajar el tono, cuidar el consenso—y no convertir el dolor en un campo de batalla.

Quizá lo mejor que pueda hacer cualquiera —también quien gobierna— es eso: no abandonar. No opinar. Y recordar —con respeto— que la vida no se merece nuestra prisa, sino nuestra atención (y luchar por que sea así). Con eso, el país se parecería un poco más a un nosotros.

A mediados de diciembre, cuando María Jesús revisó la lista de las guardias para las navidades, creyó ser víctima de una inocentada: aparte del 22 y el 25 le había tocado también la guardia del 28, Día de Inocentes. Y, qué casualidad, el 28 de diciembre del año del Señor de 2025, último domingo del año y día de Inocentes, por más señas, me vi en la necesidad perentoria de acudir de urgencias a mi hospital de referencia. Al hospital donde trabaja María Jesús, una R1 de familia.

A las once de una mañana de llovizna, la sala de espera estaba medio llena. Amplia, con sillones cómodos y luminosos ventanales hacia la sierra, inspira tranquilidad y esperanza. Varios gatos en manada acechan a los gorriones a los pies de los pinos. Incluso desde un hospital es bonito ver llover. A las doce, un celador me nombró y nos condujo a la consulta.

María Jesús es una chica de unos veintipocos años, sobra decirlo, pero lo diré: guapa y de una exquisita amabilidad. Se la ve fresca todavía y con ganas. Los domingos se dan los relevos de la guardia a las diez, así que sólo lleva dos horas de trabajo. Le conté mi historia y mis miedos. “Casi todo lo que me dice lo tengo recogido aquí en el ordenador, pero me gusta oírselo a usted. Veo que es usted un internista jubilado ¿verdad? ¡Qué vergüenza, atenderlo cuando usted sabe de esto mucho más que yo!”

—Olvídate de todo eso y trátame como a un paciente más.

Me interroga, se interesa, escribe y luego me hace tumbarme en la camilla para tocarme el abdomen y la pelvis y para hacerme… ¡Un tacto rectal! Los hombres bromeamos entre nosotros sobre la putada de que un urólogo basto te meta el dedo por el culo. Pero el dedo enguantado de esta joven es suave y delicado. “¿Te ha molestado mucho?”, me pregunta. “Nada de nada”, le respondo mientras me ataco el hato pensando en que todos los médicos deberían ser mujeres.

En esos momentos, y pese a la corrosión que mis miedos engendran en mi ánimo, me sentí reconfortado. Sí, reconfortado al comprobar que ni la enorme sequía de medios ni el pertinaz maltrato de la administración sanitaria han podido agostar la simiente médica, que sigue brotando en terreno yermo, como crecen los jaramagos en los tejados abandonados: por voluntad inquebrantable. Por vocación, si queréis.

A la una del mediodía me llevan al TAC. Nada, diez minutos. Y volví a la amplia sala de espera con la Peque. El ámbito ya es otro, ahora la sala está petada de gente. Toda llena. Y ambulancias que llegan y ambulancias que salen. Mucho movimiento para celadores que entran y salen pregonando nombres; mucha mascarilla por doquier; toses, estornudos, gente que dormita en sus sillones; gente que almuerza un sándwich vomitado por la máquina expendedora a 3,50 euros; gente que bebe agua en espera de la ecografía; gente que pasea aburrida de tanto esperar… Un anciano solitario, tumbado en su camilla, se saca la churra y se orina encima. Y en uno de los rincones una anciana demente, desde su incómoda camilla, nos canta villancicos antiguos, “en el portal de Belén han entrado los ladrones y al probe de san José le han robado los calzones”. Y yo me distraigo mirando al monte húmedo y tupido. Los gatos se han aburrido y han bajado a la calle, que los gorriones se han cobijado en los altos pimpollos.

A las cuatro y cuarenta minutos de la tarde nos llaman a consulta. A escuchar el veredicto de boca de una chica encantadora. “Nada serio, podéis estar tranquilos, gracias a Dios. Dos calculitos en los uréteres. Nada más. El recto y el sigma, sin problemas”. La Peque y yo suspiramos. “Y os pido disculpas por tanta espera, pero estamos hasta los topes”. Con la tranquilidad del resultado del TAC, me atreví a indagar cómo le iba el día.

“No he podido ni bajar a almorzar. Entre paciente y paciente, muerdo este bocadillo de tortilla y me llevo un trago de agua a la boca. Y seguramente tampoco podré cenar. Llevo media hora meándome, perdonad la expresión, y aguanto y aguanto. Tal como veo la cosa, hoy hasta las doce de la noche no podré mover el culo del asiento”. Y me contó que solamente estaban tres médicos para atender las urgencias generales, dos R2 de familia y ella, una R1. El único médico adjunto (de plantilla) estaba en función de consultor.

¿Cómo es posible que tres residentes imberbes atiendan de Urgencias hospitalarias a una población cercana a los 200.000 ciudadanos? ¿Cómo un médico, en este caso una médica, puede permanecer 14 horas seguidas sentada frente al ordenador, dale que te pego, paciente tras paciente sin tiempo siquiera para comer o hacer sus necesidades? ¿Cómo se puede entender esto en un mundo de tantos derechos laborales? ¿Acaso seguimos en tiempos de negreros y esclavos? Tal como yo viví la situación en este día, las urgencias del hospital hubiesen necesitado, como mínimo cuatro consultas con un médico adjunto en cada una. Nunca las consultas de urgencias deberían recaer en manos de residentes primerizos.

Esto no es algo anecdótico, esto acontece cada día en cualquiera de nuestros hospitales públicos, principalmente en los hospitales comarcales. Y sucede así porque el sistema organizativo hospitalario coloca a los residentes como el principal soporte de las urgencias. Sin ellos, el sistema colapsaría. Lo cual es una auténtica barbaridad, sobre todo si hablamos de residentes bisoños, por cuanto vulnera el principio de supervisión y de responsabilidad progresiva, desvirtúa el carácter formativo de la residencia, expone al residente a una sobrecarga desproporcionada a su competencia y pone en riesgo la salud laboral del médico y la seguridad de sus pacientes. Estas circunstancias explican perfectamente el porqué de la huida de los médicos hacia otros sitios más amigables, más legales y más leales.

Los residentes de primer y segundo año más que aprender, sufren en las urgencias. Sufren nervios, angustia, insomnio, culpa, hambre e indignidad y sensación de haberse equivocado. Algunos de ellos, tal vez los más débiles de espíritu, abandonan. Los demás aguantan con la esperanza de que estos dos años de penurias son el precio para poder, al fin, salir de la esclavitud y comprar la libertad. No hay derecho.

Y viendo el percal de las urgencias ese día tan especial, se me antojó estar rodeado de Santos Inocentes. Unos, esos residentes tan desamparados que han de cargar con fardos demasiado pesados para sus espaldas; otros, nosotros, los sufridos pacientes que aguantamos horas y horas interminables en salas abarrotadas, cansados de mirarnos los unos a los otros y de buscar gatos cazadores de gorriones por entre la fronda del monte.

¿Cuándo despertará la ciudadanía para exigir una atención sanitaria de calidad? ¿Para cuándo los servicios de urgencias hospitalarias con dotación médica propia y completa?

*José María Rivera Cívico es médico jubilado.

No sé si vieron ustedes el programa del viernes 19 de Diciembre de la Sexta Columna. El reportaje se anunciaba con frases como ésta: “Del rosario a Rosalia: ¿Ha vuelto la fe?”. Para responder a esa pregunta, como buen documental se suponía que preguntaban a personas expertas o representantes de colectivos u organizaciones diversas, con posturas diferentes. Por ello, entiendo, contactaron conmigo como presidente de Europa Laica; aunque cuando me concretaran los temas a tratar, sobre los que versaron los 45 minutos de entrevista grabada, además de varias cuestiones sobre la religiosidad en la juventud actual, incluía otros como: el problema de la segregación educativa, la bondad o no de la misma, el valor de la diversidad en el aprendizaje, la compaña de la Plataforma “Religión fuera de la Escuela”, situación de la laicidad en España, el conflicto entre permitir o no el derribo de viviendas de 1000 familias para terminar el proyecto original de la Basílica de la Sagrada Familia.

 Pero como vimos, el 90% del programa se centró en el supuesto aumento de la religiosidad en la juventud. Parece que había mucho interés en debatir si “la espiritualidad está de moda” , si “estamos ante una reivindicación auténtica de lo católico o una nueva expresión del oportunismo y la banalización”. Un tema de interés y de gran actualidad, sobre todo por el foco mediático puesto sobre el “atrezo” espiritualista del último álbum de Rosalía, la película “los Domingos”, los actos de la organización Hakuna y el seguimiento de algunos influencers “religiosos”.

Pero las opiniones y sobre todo “testimonios” que se emitieron eran todos, a excepción de una socióloga investigadora de fenómenos religiosos (cuyas creencias no conozco),de personas católicas: el presidente de la Conferencia episcopal, el obispo de Tarragona, una periodista de la COPE, el director de Religión Digital; y muchos miembros del movimiento- secta Hakuna.

Durante una buena parte de la emisión el fundador de esta secta (un sacerdote del OPUS) alaba a los y las jóvenes que la forman; el director explica en diferentes momentos las bondades de la misma, los buenos objetivos que persigue y hasta como se financia, sin olvidar todos los logros espirituales de la juventud militante y creyente. Y distintos miembros explicando, con rostros radiantes, la felicidad de seguir los preceptos religiosos. Bastantes minutos se dedican también al testimonio de una joven monja comentando la felicidad y casi éxtasis que experimenta en su día a día conventual. Todo esto acompañado de imágenes de conciertos de la secta, o del encuentro de jóvenes en el Vaticano, con voz en off recalcando la multitud de seguidores. Muy poco de la relación y utilización de estos movimientos con la extrema derecha, que según la cadena era un objetivo del programa: “Los rosarios se exhiben en las manifestaciones. Imágenes religiosas se mezclan con pancartas políticas. Y la decoración navideña reivindica cada año más su origen religioso”

No les pareció oportuno emitir los comentarios del representante laico sobre la confusión, promovida por la Jerarquía de la Iglesia Católica, entre espiritualidad y religiosidad y de ambas con la institución religiosa; que la encuesta que encargó el Vaticano a GD3 está claramente sesgada, sobre todo en sus interpretaciones. Que el informe de la Fundación Ferrer y Guardia explica que hoy hay más jóvenes que hace un par de años que dicen ser “religiosos”, pero lo asocian a sentimientos espirituales que nada tienen que ver con una religión y más bien con sentimientos de solidaridad , de paz o de trascendencia de lo material; en muchos casos esa espiritualidad se manifiesta en prácticas de meditación o yoga o en la astrología. Que el CIS muestra que un 37% de jóvenes dicen tener sentimientos religiosos, pero no llega al 20% quienes se declaran católicos o de otra religión y muchos menos los que practican. Y el peligro que supone que una parte, aunque pequeña, de ese porcentaje de practicantes estén siendo captados por movimientos ultracatólicos y ultraconservadores, como Hakuna. O que esos valores ultraconservadores son trasmitidos en algunos centros educativos religiosos y en algunos púlpitos.

Tampoco vieron conveniente emitir mi opinión del carácter de marketing y consumismo de la moda de canciones con tintes espirituales y adornos de símbolos religiosos.

Por supuesto, no se presenta en contraposición el 63% de jóvenes que no se definen como religiosos, los movimientos en los que militan, los sentimientos que les motivan o las actividades en que se implican.

El espectador puede quedarse con la conclusión de que “los jóvenes en España” son religiosos practicantes, asociados en grupos ultracatólicos y ultraconservadores, donde encuentran el sosiego y la felicidad que buscan. Un buen reclamo para las chicas y los chicos que están buscando una luz en su vida.

Programas como éste no ayudan precisamente a frenar el auge de la ultraderecha en la juventud.

La privatización de la salud de los ciudadanos pasó, en muchos casos, de ser un servicio fundamental, un derecho, totalmente público, universal y gratuito a convertirse en un negocio que controlan grandes empresas y fondos de inversión.

El origen de todo el entramado empresarial sanitario fue la aprobación de la ley 15/97, redactada por Feijóo en el Gobierno de Aznar y que fue apoyada por PP, PSOE, PNV y CyU. En su artículo único, apartado 2, recoge lo siguiente:

“La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.

Esta ley 15/97 desarrolla la Ley General de Sanidad 14/1986, aprobada por el PSOE y que en su art. 90 dice:

“Las administraciones públicas sanitarias en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellos”.

Pero la ley del 86 tenía límites. Decía que se harán conciertos privados cuando las administraciones públicas prioricen “la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios” y “cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo”. Estas condiciones se rompen con la ley 15/97 y ya se puede privatizar la sanidad, aunque tenga un carácter lucrativo, como está ocurriendo.

¿Qué repercusión ha tenido esta ley del 97 en la estructura y funcionamiento del sistema sanitario público? Veamos.

Esta ley llamada “Habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud” abrió las puertas de par en par para que entidades privadas (grandes empresas y fondos de inversión), que, a través de acuerdos y concesiones, podrán gestionar con fondos propios o utilizando los públicos, el sistema sanitario, ya fuera a través de hospitales privados subvencionados con fondos públicos o participando con un canon en la gestión de hospitales públicos. 

Con la ley a su favor, la Comunidad de Madrid se lanzó de forma desaforada a la privatización, siendo el laboratorio de pruebas para que otras comunidades gobernadas por el PP siguieran su camino (Galicia, Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla y León, …). Este modelo neoliberal salvaje ha supuesto el desvío de miles de millones públicos a los bolsillos de grandes tenedores de concesiones y contratos, lógicamente en detrimento de inversiones totalmente necesarias (en equipos técnicos, modernización y ampliación de infraestructuras y contratación de personal sanitario y de servicios) para los centros públicos. Como se verá después esta brutal privatización ha elevado el gasto en sanidad, no ha mejorado la eficacia ni la eficiencia y ha empeorado a atención a los ciudadanos con largas listas de espera, tanto en atención primaria como hospitalaria.

Un informe elaborado por UGT-Madrid analiza los distintos modelos de gestión privada implantados por Gallardón, Aguirre y en este momento Ayuso. Con el respaldo de esta base legal estatal (15/97), la Comunidad de Madrid estrenó a lo grande la asunción de las transferencias sanitarias que se hicieron efectivas en 2002. Al amparo de esta ley, la Comunidad de Madrid habilitó dos hospitales con personalidad jurídica y patrimonial propia, la Fundación Hospital de Alcorcón y la Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada.

Con el entonces Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, y con José Ignacio Echániz, “ideólogo de las privatizaciones del PP”, afirma UGT en su informe, se aprobó la LOSCAM, Ley 12/2001 de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que posibilitó la integración en la red pública de empresas privadas. Es decir, el dinero era público, pero la provisión era privada.

Con la llegada de Esperanza Aguirre en 2003 a la presidencia de la Comunidad arrancó la primera gran ola de privatizaciones (2003-2008). Fue la época de los hospitales de concesión de obra pública (modelo PFI- Iniciativa de Financiación Privada). Una empresa privada construye y financia hospitales (hasta un total de siete en Madrid) y, a cambio, gestiona todos los servicios no asistenciales (limpieza, mantenimiento, catering) durante un largo periodo de tiempo (30 años). La empresa constructora recibía un canon anual (dinero público) para amortizar los costes de construcción y los servicios complementarios. 

Esta privatización corrió a cargo del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que actualmente está investigado, junto a Aguirre, por el caso “Púnica”. Fue la época de financiación ilegal del PP, de cobro de sobresueldos, de muchos imputados y algunos condenados de su gobierno, de la fallida adjudicación de la “Ciudad de la Justicia” (Francisco Granados y la Gürtel). 

El modelo Alzira fue el barco insignia del proyecto sanitario del Partido Popular valenciano. Fue pionero en España al privatizar la gestión del hospital público de Alzira (Hospital Universitario de la Ribera), entregándole todos sus servicios a la empresa privada Ribera Salud. Fue un fracaso total por su enorme endeudamiento. Estudios científicos demostraron que, este modelo de concesiones, supone, para ganar más, disminución de camas hospitalarias, contratos y condiciones laborales pésimas, problemas de saturación de urgencias, falta de personal y dificultades de gestión financiera. Su enorme deuda obligó en 2018 al gobierno del Botánico (PSOE y Compromís con el apoyo de Podemos) a revertir la gestión y reconvertir al hospital de Alzira, integrándolo en el sistema público valenciano.

A pesar del enorme fracaso del modelo de concesiones que el PP propició, aún quedan muchísimos servicios y actividades privatizados de la sanidad pública valenciana. Hay una gran cantidad de dinero que va a parar a empresas privadas con ánimo de lucro: resonancias magnéticas, hemodiálisis, transporte sanitario, radioterapia... Así como servicios no sanitarios: limpieza, mantenimiento, cocina, hostelería...

Pero el diploma de honor de la privatización de la sanidad pública se la lleva la Comunidad de Madrid con su presidenta, Sra. Ayuso, fiel discípula de la Esperanza Aguirre. El modelo de concesiones se lo otorgó ¿a quién si no? A Ribera Salud para gestionar el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz en 2011.

En el pliego de condiciones, la empresa concesionaria recibe un canon anual por los habitantes que pertenecen a su zona (150.000 personas). Pero claro aquí está la trampa. Para ganar más necesita que enfermos de otras áreas utilicen sus servicios que cobraran aparte (no cápita). 

Las grabaciones publicadas por El País recogen que el director General de Ribera Salud, Pablo Gallart, da órdenes muy claras para aumentar las ganancias de su empresa. Así explica este CEO que es importante alargar las listas de espera, aumentar la atención a pacientes “no cápita” (de otros hospitales por los que cobra) y reutilizar material quirúrgico de un solo uso. El Sr. Gallart ha sido apartado de su cargo tras la publicación del escándalo. En estos años de concesión, y denunciado por bastantes sanitarios, este hospital ha disminuido las camas hospitalarias, ha puesto en marcha contratos y condiciones laborales pésimas (muchos sanitarios en cuanto han podido han huido), tiene problemas de saturación de urgencias y una gran falta de personal. 

El hospital de Torrejón priorizaba las operaciones más rentables, alargando o derivando las que eran más costosas. Adelantaba las intervenciones de pacientes de otros hospitales para cobrar por ello. Lo más importante para Ribera Salud era ganar más dinero, obtener beneficio, aunque fuera a costa de la salud de los pacientes de su zona.

La Sra. Ayuso, tirando balones fuera, resta credibilidad a la información publicada por El País y a la queja de empleados y pacientes, denunciado la mala gestión del Hospital de Torrejón. No se puede olvidar la estrecha relación de la pareja de la presidenta con el Grupo Quirón que tantos millones públicos ha recibido para pagarle los favores hechos y el dinero ganado por el Sr. González Amador, su novio, trabajador de Quirón con nombre falso. Por ello, este hospital privado ha multiplicado por seis los pacientes que capta de la sanidad pública en una década, engordando sus ganancias. 

Con la grave crisis actual de la gripe, Madrid se encuentra en colapso hospitalario, con camas y enfermos en los pasillos y un personal sanitario reducido que, aunque dediquen mucho más tiempo del que deben, se encuentran desbordados, manifestando que no pueden aguantar más, ni prestar un servicio sanitario eficiente, de calidad y digno. Esta es la dura realidad que padecen los madrileños con su derecho a la salud, robada para que unas cuantas empresas se lucren.

No se sabe qué le puede pasar al Sr. Feijóo al exigir una auditoría a la Sra. Ayuso por los audios y problemas de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón ¿Correrá el mismo camino que su antecesor Casado? A lo mejor, lo manda Ayuso de nuevo a Galicia con su amigo Marcial Dorado.

Esta gravísima perversión de la privatización de un derecho fundamental como es la salud, es la práctica continuada de todos los gobiernos de comunidades autónomas gobernadas por el PP. En Andalucía el traspaso de cientos de millones públicos (con un total de 235+242 millones entre Cádiz y Sevilla), a hospitales privados, cuando la ley no lo permitía, se hacía a través de contratos masivos fraccionados. Esta ilegalidad ha llevado a abrir diligencias en dos frentes judiciales (uno en cada provincia), por los que han desfilado los tres últimos gerentes del SAS de Moreno Bonilla, acusados de malversación de dinero público.

Pero hay más. En los últimos años “los cribados de cáncer de mamas” han generado una enorme alarma con las 2317 víctimas reconocidas por la Junta, aunque para Amama (asociación de víctimas) han sido más de 4.000. Desde que la noticia salió a la luz, se han manifestado en la calle miles de personas exigiendo responsabilidades y la renuncia del presidente, que ha eludido su responsabilidad, dimitiendo a sus gerentes. 

Ante esta gravísima situación el Sr Moreno Bonilla, responsable directo del grave deterioro del SAS, tiene la desvergüenza de declarar en Barcelona que la afectación del cribado sólo aqueja a 23 mujeres. La indignación y la falta de respeto a las víctimas, ha llevado a Amama a manifestar que son más 300 las afectadas (posiblemente algunas ya hayan muerto) y que continuarán con las movilizaciones y denuncias para que los responsables paguen por su negligencia e irresponsabilidad.

Los problemas de las privatizaciones de la sanidad pública se extienden a todas las comunidades del PP. Este partido lleva en su ADN el gen privatizador de su política ultraliberal, porque al Partido Popular no le preocupa la vida de las personas. Lo demuestran los 7.291 ancianos fallecidos sin asistencia médica en las residencias de Madrid, los 229 muertos, por negligencia, en la Dana en Valencia y las más de 300 mujeres (algunas posiblemente hayan fallecido) que han desarrollado, sin saberlo, el cáncer de mamas por los cribados en Andalucía.

Ante esta degradante situación, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado que se va a publicar a principios de 2026 una Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud que derogará la 15/97, limitando la colaboración público-privada que tanto daño está causando a la sanidad pública. Lógicamente, se debe contar con el apoyo de su socio mayoritario en el Gobierno, el PSOE. ¿Estará este partido de acuerdo, teniendo en cuenta que esa ley fue aprobada con los votos socialistas en 1997? Ya se verá.

Juan García Ballesteros, miembro del Colectivo Prometeo

En estos años de incertidumbre social ante nuestro futuro, frente a una Europa sin rumbo, como observadores pasivos, sin opinión, en un nuevo café europeo para todos, descafeinado, tenemos que despertar de nuestro letargo histórico.

Hace unos días el arqueólogo Antonio Monterroso dándonos una lección de historia, escribió un manifiesto geopolítico y sociológico sobre el destino de Córdoba. Utilizó el pasado para legitimar el futuro y lanzar un ataque feroz contra la mentalidad actual de la ciudad. En esta línea, hoy quiero soñar el futuro para legitimar nuestro presente y acreditar que somos legítimos herederos de nuestro pasado. Vamos a ello.

Las ciudades son órganos vivos, una especie de Gaia, cuya esencia en Córdoba se manifiesta en el diálogo constante entre la Sierra y el río Guadalquivir, un todo interconectado que modula su propia existencia, donde lo digital está bordando una nueva epidermis ontológica. La globalización ha urdido un nuevo paradigma de relaciones culturales, económicas, y de toda naturaleza, especialmente medioambientales, de las que no somos ajenos, que requiere su conocimiento y consciencia.

Nuestro actual reto es desafiar nuestro enfoque negativo de la vida que ha sido alimentado por la cultura actual, ampliada por internet, los medios de comunicación, articulado en un postmodernismo relativista. Todos somos dueños de nuestra verdad, existen multitud de verdades, la verdad ya no es única. Pienso que tenemos que resetear nuestro pensamiento y actuar en positivo, en realidades concretas, y urgentes.

Tomo como ejemplo los actuales efectos nocivos que las borrascas en estos últimos años están incidiendo en la ciudad, la última, la Borrasca Claudia. Planteo un nuevo enfoque.

Estamos finalizando la construcción de un tanque de tormentas a nivel del río Guadalquivir. Recordando planteamientos de la mecánica clásica, el agua como elemento está dotada al mismo tiempo de una energía potencial que le permite hacer un uso práctico de ella y de energía cinética que si se utiliza sabiamente es productiva, pero si se ignora es erosiva, dañina.

Para empezar a legitimar nuestra herencia romana y árabe, al igual que hicieron nuestros antepasados gestionaría el agua en la sierra, mi planteamiento es que el agua sea captada y almacenada temporalmente en la zona norte de la ciudad, al pie de la sierra, donde aún conserva su energía potencial. Así, se le pueden dar más usos que el simple bombeo a la EDAR de La Golondrina ya a nivel del río. Este sistema serviría, en un primer momento, para descargar la red de saneamiento de Emacsa de las importantes avenidas de agua, motivadas por fenómenos meteorológicos que últimamente azotan con fuerza, provocando fuertes precipitaciones, las nuevas borrascas.

Parémonos un momento a analizar la naturaleza de estos nuevos fenómenos meteorológicos, para conocer el problema. Este es el nuevo escenario, un océano con fiebre. Tomemos como ejemplo la reciente Borrasca Claudia. Le llamaremos “El Caso Claudia” y hagamos un Análisis Forense del Evento. Para ello nos trasladaremos al pasado 8 de noviembre del presente año 2025.

Esta borrasca dejó calles anegadas, árboles caídos y colectores desbordados. No fue un capricho del tiempo: fue el síntoma de un cambio profundo.

Si analizamos este episodio con las herramientas de reanálisis climático, aparece una huella nítida. El 8 de noviembre, mientras barrios como el Corregidor o la avenida Gran Vía Parque se inundaban, el Golfo de Cádiz presentaba una anomalía de temperatura superficial del agua cercana a +2 ºC respecto a su valor normal. En septiembre era de +0,9 ºC: el océano, lejos de enfriarse como antes, estaba reteniendo el calor del verano como una auténtica batería energética, cargando la atmósfera de humedad. Ese fue el combustible.

Falta el detonador, la chispa: esta fue la interacción de este golfo cálido con una Vaguada Polar profunda (un Jet Stream meridional que traía aire con una temperatura cercana a los -50º C) generando una convección explosiva. Esta dinámica atmosférica propició que los vientos del Suroeste (Ábregos) se canalizaran por el Valle del Guadalquivir, impactando frontalmente contra la Sierra de Córdoba y descargando sobre las cuencas de los arroyos de nuestra ciudad.

El resultado lo conocemos, colectores colapsados y barrios inundados. Pero el diagnóstico nos dice algo más, esto no fue un accidente, es un síntoma de un cambio estructural. El océano seguirá calentándose y las borrascas seguirán siendo explosivas. Por eso, seguir confiando únicamente en infraestructuras grises y centralizadas en la cota baja es una estrategia del siglo XX para problemas del siglo XXI.

Hago una propuesta. Frente a la solución inercial de enterrar arroyos y hacer obras faraónicas hormigonadas como tanques de tormentas de 22 millones de euros, propongo desplegar una Infraestructura Verde en la cabecera en la cuenca de los arroyos.

Tomo como ejemplo la del Arroyo San Cristóbal. Podría salir su construcción sobre unos 2 millones de euros ahorrándonos unos 20 millones que es lo que ha costado el tanque de tormentas que se está construyendo.

Este proyecto, se circunscribiría por encima del soterramiento de este arroyo que existe en unos terrenos municipales colindantes con la avenida del Calasancio que se unen espacial y longitudinalmente con el parque de la Asomadilla.

La idea es crear lo que llamo un “Rosario de Humedales” en dirección al parque de la Asomadilla. En concreto tres que actuarían como balsas, articulado en tres fases, que imitan a la naturaleza: el primer humedal frenaría la primera avenida de estas aguas torrenciales de las borrascas, para disipar su energía. En la cota más alta, pequeños azudes de piedra frenarían la velocidad del agua que baja de la Sierra, quitándole su fuerza destructiva antes de que entre en la red de saneamiento. Seguida de un humedal central en forma de lagunas encadenadas capaces de retener entre unos 30.000 metros cúbicos de agua aproximadamente. Esos son 30 millones de litros que no bajarían de golpe a colapsar los colectores de la avenida Gran Vía Parque, y el barrio del Corregidor sino que quedarían almacenados arriba de forma segura y, por último, un tercer humedal a las puertas del lado norte del parque de la Asomadilla.

Se trata de aplicar la inteligencia territorial: crear un sistema de lagunas de laminación que actuarían como un escudo. Retenemos el agua arriba, aprovechando su energía potencial para gestionarla, en lugar de dejar que se convierta en esa energía cinética destructiva que revienta las alcantarillas de la parte baja de la ciudad. Además, limpiamos esa primera agua de lluvia mediante filtros verdes, por gravedad, sin coste energético, antes de que llegue al río.

Lo mejor de esta propuesta es que no es una obra invisible enterrada bajo el asfalto. En época de lluvias, funciona como un escudo hidráulico. Pero el resto del año, sería un nuevo parque fluvial para la ciudadanía, un corredor verde que conectaría físicamente el Parque de la Asomadilla con el entorno natural de la Sierra.

En los humedales podrían plantarse macrófitas como eneas y carrizos, auténticos filtros verdes capaces de atrapar sólidos y parte de los contaminantes que arrastra la primera lluvia. Entre ellos, un bosque de ribera con álamos blancos y fresnos estabilizaría los taludes y levantaría un “techo verde” capaz de dar sombra allí donde hoy solo hay sol y polvo.

En una ciudad que cada verano roza los límites de lo soportable, esa combinación de láminas de agua y arbolado funcionaría como un regulador térmico natural, reduciendo varios grados la temperatura respecto a las calles asfaltadas colindantes. Al mismo tiempo, recuperar la antigua vaguada del arroyo abriría un corredor de ventilación que permitiría respirar mejor al barrio, dejando que las brisas que bajan de la sierra encuentren un cauce libre hacia la ciudad.

Además, esta visión encaja con los propios compromisos de la ciudad. El plan de inversiones de nuestra empresa municipal de aguas ya contempla la necesidad de mejorar el tratamiento de pluviales y fomentar el uso de recursos no convencionales para riego y usos urbanos. La Agenda Córdoba habla de renaturalizar la ciudad, crear corredores verdes y cerrar el Anillo Verde Norte conectando con la sierra. Una red de humedales en San Cristóbal no sería una ocurrencia aislada, sino la traducción hidráulica de esos documentos, menos hormigón enterrado, más territorio vivo al servicio de la ciudadanía.

También el clima a gran escala reclama esta adaptación. La Oscilación del Atlántico Norte (NAO) está modulando nuestras secuencias de años secos y húmedos, alternando periodos de borrascas encadenadas con etapas de sequía prolongada. Un sistema de humedales profundos en cabecera permite precisamente eso, laminar avenidas súbitas en fases húmedas y mantener láminas de agua y biodiversidad en fases secas, actuando como refugio climático urbano.

Seamos dignos de nuestro tiempo e, inspirados por la conciencia que despertó nuestro añorado Carlos Castilla del Pino al advertir sobre la destrucción de nuestras calles, atrevámonos a soñar y a crear nuestro futuro, asegurando hoy la Córdoba que queremos para mañana.

Ecologistas en Acción de Córdoba viene denunciando durante muchos años, incluido el último episodio ocurrido en el 2024, que la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, autorizó, presuntamente, o al menos consintió, la colocación de una armada de cierre de cazadores dentro del Parque Periurbano de Los Villares, un espacio natural protegido donde la práctica cinegética es incompatible con los fines de esta figura de protección ambiental adicional. Una actividad prohibida, no solo en las 60/70 hectáreas que ocupa el área recreativa en sí, sino el conjunto de los terrenos públicos denominados “Los Villares Bajos”, número 19 del Catálogo de los Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Córdoba.

El 29 de noviembre del año pasado, una caravana de vehículo pudieron acceder a una pista forestal que linda con la finca “Valdegrillos”. Para que eso fuese posible, un Agente de Medio Ambiente abrió un candado y retiró la cadena para que accediera una caravana de vehículos 4X4. Posteriormente el Agente de Medio Ambiente descendió por la pista en su vehículo oficial abriendo la comitiva. Más tarde, como pudimos comprobar in situ, se colocó una armada a lo largo de la pista forestal de los terrenos públicos del referido ENP, en contra de lo que sostuvieron, tanto la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente como el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

Lo sucedido conviertió en su día a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en presunto cooperante necesario de una infracción administrativa, incluso cabiendo la posibilidad de un reproche penal (presunta prevaricación), encarnado en el máximo responsable de esta Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba, al autorizar a sabiendas algo que vulnera lal normativa vigente en materia ambiental.

Esto mismo que hemos denunciado tantas veces por distintas vías puede volver a suceder si no lo evitamos entre todos/as, el próximo 28 de diciembre, fecha autoriza para la celebración de la batida anual en la finca Valdegrillos (Córdoba). Cabe recordar a la Sr. Delegado de la D.T. de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba que la normativa específica del Parque Periurbano de Los Villares no contempla la caza como una actividad compatible. Además, es conveniente recordar que la Ley 8/2003, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía regula en su Artículo 49 las ZONAS DE SEGURIDAD, prohibiéndose con carácter general el uso de armas de fuego en 'ZONAS RECREATIVAS', como es el conjunto de los terrenos forestales públicos integrados en el monte “Los Villares Bajos”. Además, la Resolución de 29 de mayo de 2024, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se declaran como zonas de seguridad a todos los equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece medidas al objeto de garantizar la seguridad de los distintos usuarios del medio natural respecto a la práctica de la actividad cinegética, amplia en ciertos supuesto el nivel de protección al objeto de garantizar la seguridad del resto de los usuarios del monte. En concreto, en las “zonas habitadas, recreativas o de acampada y sus proximidades (supuesto d), se ampliaran en una franja de 250 metros en todas las direcciones.

Los requisitos establecidos en la citada Resolución no permite, por las propias características del terreno y orografía de la finca Valdegrillos, colocar una armada de cierre dentro de la propia finca que cumpla el requisito de una distancia de 250 metros en todas direcciones. Por tanto, no cabría la excusa de dejar pasar la comitiva de vehículos con cazadores y sus respectivas armas por el área recreativa del Parque Periurbano de Los Villares.

En consecuencia, Ecologistas en Acción de Cordoba solicita ante el anuncio de la batida esta temporada para el próximo 28 de diciembre, instamos a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente el cumplimiento de la normativa vigente, la específica que regula el Parque Periurbano de Los Villares, así como la Resolución del 29 de mayo de 2024, que declara todas las zonas recreativas como ZONAS DE SEGURIDAD, estableciendo medidas complementarias a la ya establecidas en su día por la Ley 8/2003, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.

En este mismo sentido, esta organización ambientalista, solicita la presencia, en coordinación con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, de Agentes de Medio Ambiente con tiempo suficiente antes del inicio de la batida (suelta de las rehalas), para supervisar in situ la colocación de las armadas, con arreglo a la normativa anteriormente destacada

Hoy he recibido un audio que me ha helado la sangre. Una docente, al frente de una clase, tuvo que asistir a una alumna de cinco años inconsciente, vomitando y con una saturación de oxígeno del 56%. ¿La respuesta del sistema ante una urgencia vital? El 061 la dejó en espera. Es el reflejo más cruel de una degradación que ya no es invisible, sino cotidiana. Cuando lo público se vende, el bienestar se convierte en un lujo y la emergencia en rutina.

La Sanidad y la Educación públicas se están desangrando en Andalucía a la velocidad de un cohete, mientras la sociedad permanece en un estado de hibernación que solo beneficia a quienes necesitan silencio para seguir recortando. No es casualidad que la precariedad avance; es un proyecto político ejecutado a base de recortes, promesas huecas y powerpoints que maquillan el abandono de los servicios públicos. Lo que antes garantizaba igualdad hoy se subasta al mejor postor.

Ya nos sucedió con la vivienda: dejamos que se destruyera su función social y ahora el acceso a un alquiler digno es un privilegio improbable. El negocio siempre empieza donde mueren los derechos. Si seguimos en este letargo, cuando queramos reaccionar la sanidad y la educación serán los siguientes lujos inalcanzables.

No podemos aceptar que se nos venda “el oro y el moro” a costa de convertir derechos esenciales en nichos de mercado, mientras se recorta personal y se multiplica la burocracia política. Privatizar lo básico no es modernización, es abandono, una operación quirúrgica destinada a amputar lo público pieza a pieza. Cada vez que privaticen un servicio, recordemos que no están mejorando nada: están poniendo precio a lo que antes era un derecho.

Por desgracia lo he estado viendo durante muchos meses en las urgencias del Hospital Reina Sofía: profesionales excelentes completamente desbordados, obligados a que pacientes oncológicos esperen durante horas, sentados en sillas de ruedas, mientras el sistema les pide paciencia como si la paciencia curara. Dejar caer los servicios públicos para justificar su privatización es la jugada más vieja, execrable e indecente del manual político.

La sociedad debe despertar ya de esta hibernación inaceptable. Nos están acostumbrando a sobrevivir entre migas para que olvidemos que merecemos un sistema robusto, no uno en estado terminal. Es imprescindible alzar la voz y exigir responsabilidades a quienes, entre recorte y recorte, solo piensan en privatizar, blindar intereses y subirse los sueldos. Convertir ciudadanos en clientes cautivos es la forma más elegante de empobrecer a un país sin que haga ruido.

Si no reaccionamos ahora, pagaremos un precio mucho más alto. Igual que la inacción pasada nos arrebató el acceso a una vivienda digna, la inacción presente nos arrebatará el derecho a ser atendidos, educados y protegidos sin tener que sacar la tarjeta de crédito. Mañana, lo que hoy es esencial será un lujo. Y para entonces, será demasiado tarde para que la espera tenga respuesta.