Ecologistas en Acción lleva muchos años oponiéndose a la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur), debido a la regresión de sus poblaciones en toda España y en especial, en Andalucía. El culmen del despropósito llega con la apertura de la media veda que permite su caza cuando se ha demostrado científicamente que muchas parejas están en pleno periodo reproductor.

Mucho se ha escrito a estas alturas sobre la polémica tradición de la caza de esta especie migratoria, cuyas poblaciones llevan décadas atravesando una situación delicada. No vamos a hablar aquí de la alteración de sus hábitats en Europa y África, de los efectos de la intensificación agraria ni del deterioro de sus recursos alimenticios, factores todos ellos bien documentados.

La cuestión que interesa aquí es otra: qué sentido tiene autorizar su caza cuando una parte de la población todavía puede estar criando. Su caza, tanto legal como ilegal, supone un impacto importante sobre la dinámica poblacional de la especie. La suspensión temporal de la caza aplicada desde 2021 en el corredor migratorio occidental ofreció, además, una prueba difícil de ignorar: tras años de descenso, la población reproductora respondió con rapidez. La actualización técnica del sistema europeo de gestión adaptativa estimó para 2024 unos 2,13 millones de parejas reproductoras en la ruta occidental, un 40,5 % más que en 2021. Es una recuperación todavía frágil y desde niveles muy bajos, pero demuestra hasta qué punto reducir la mortalidad cinegética puede producir una respuesta poblacional apreciable en pocos años.

Y nuevamente se volvió a su caza el pasado 2025 en la llamada media veda, con cupos de capturas y un sistema de registro digital de las piezas abatidas. En Andalucía, la temporada 2026-2027 mantiene este modelo de aprovechamiento adaptativo y fija un cupo autonómico de 40.338 tórtolas. Los días hábiles son el 22, 23, 29 y 30 de agosto de 2026; y en la zona costera de Cádiz los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre. El acceso al cupo queda limitado a determinados cotos que hayan desarrollado medidas de gestión del hábitat favorables para la especie, conforme a las directrices del Plan de Gestión Adaptativa.

Pero hay una pregunta relevante que hay que hacerse: ¿ha terminado realmente la reproducción de la tórtola cuando empiezan los disparos? La coincidencia entre el final de su fase reproductiva y la apertura del periodo hábil puede permitir que se abatan adultos que todavía atienden nidos con huevos o pollos. Y esto no es un detalle menor. El artículo 7.4 de la Directiva 2009/147/CE, la Directiva de Aves, obliga a los Estados miembros a garantizar que las especies cinegéticas no sean cazadas durante el periodo de reproducción ni durante la crianza. Ya en los años 80 del siglo XX, el antiguo ICONA y algunos investigadores como Francisco José Purroy y Victoriano Peiró alertaban sobre la necesidad de ajustar los periodos de caza a la fenología reproductora de la especie.

Como es de sobra conocido, la tórtola europea realiza una estrategia de cría consistente en encadenar varias puestas, normalmente de uno o dos huevos, dentro de una temporada reproductora relativamente prolongada. Desde el cortejo, la construcción del nido, la incubación (13-14 días) y el desarrollo de los pollos transcurre poco más de un mes por intento reproductor. Tras llegar a sus territorios después de la migración transahariana, puede realizar una primera puesta en mayo-junio, una segunda en junio-julio e incluso una tercera en julio-agosto. Además, esta fenología no es rígida: depende de las condiciones climatológicas de cada temporada, de la latitud y de las características del hábitat.

Esa variabilidad debería ser precisamente la razón para extremar la prudencia, no para trabajar con calendarios administrativos como si la reproducción terminara el mismo día en todos los territorios y todos los años. El investigador Victoriano Peiró ya concluyó en 1990, a partir de un estudio realizado en Madrid durante las temporadas reproductoras de 1983 y 1984, que la caza de la tórtola común debería comenzar en septiembre para evitar efectos negativos sobre la reproducción. La cuestión, por tanto, no es nueva: lleva décadas planteada y sigue sin resolverse satisfactoriamente.

En la provincia de Córdoba se han realizado escasas investigaciones al respecto, pero dos experiencias históricas resultan especialmente ilustrativas. En 1989, en una zona de La Rambla, los investigadores A. Leiva, J. Aragonés, M. Carrasco y R. Pulido estimaron que el 25 % de la población estudiada seguía criando cuando se abrió la media veda: un 21,4 % mantenía nidos con pollos y un 3,6 % tenía todavía huevos. Igualmente, en 1994, en otra zona de Guadalcázar, G. Pareja, A. Leiva y R. Pulido elevaron esa incidencia al 30 %: un 23,3 % de los nidos contenía pollos y un 6,7 %, huevos. Posteriormente, también se han registrado observaciones ocasionales de nidos con pollos durante otras temporadas de media veda en Castro del Río y Baena.

Estos datos, aunque antiguos, no son anecdóticos, demuestran que, al menos en determinadas condiciones, la apertura de la media veda se solapa de forma apreciable con la reproducción. Si la Administración considera que ese riesgo ha desaparecido, la carga de la prueba debería descansar en seguimientos fenológicos actuales, territorialmente representativos y previos a la fijación de los días hábiles.

La gestión adaptativa no puede reducirse a calcular cuántas tórtolas se pueden matar. Para ser verdaderamente adaptativa debe responder también a cuándo pueden cazarse sin interferir con una fase biológica especialmente sensible. De poco sirve sofisticar los cupos, digitalizar los precintos o premiar determinadas mejoras de hábitat si el calendario permite disparar sobre una población en la que todavía hay reproductores atendiendo a sus últimas nidadas. La conservación exige incorporar la fenología real de la especie al mismo nivel que los modelos poblacionales y los cupos de extracción. Lo contrario no es gestión adaptativa: es adaptar la biología de la tórtola al calendario de la media veda.

Una vez más la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de manera vergonzosa se pliega a los intereses espurios y a la presión que ejerce el sector cinegético, más preocupado de cuestiones económicas y de “pegar tiros”. No se atreve a tomar decisiones razonables y sensatas en beneficio de la conservación de todas las especies silvestres.

Es fundamental recordar que la protección de la naturaleza no debe estar supeditada a los intereses económicos de unos pocos, por muy influyente que pueda ser el lobby cinegético. La caza de la tórtola europea, y más en época de reproducción, no puede justificarse como una práctica sostenible o responsable. La evidencia científica respalda que su aprovechamiento en estas condiciones solo contribuye a su declive y pone en riesgo su supervivencia futura. En Andalucía es muy probable que no solo se maten 40.338 ejemplares, también serán víctimas de una muerte segura muchos pollos que aún están en los nidos y que necesitan el alimento que les aporte los padres para salir adelante.

Recientemente hemos escuchado a un diputado popular decir en el Congreso: “Soy del PP. Soy maricón. Y me siento muy orgulloso de ambas cosas”.

Una frase célebre que quedará en la memoria colectiva del parlamentarismo español (?).

Todos sabíamos que era “maricón” y que era del PP. No dijo nada que no supiésemos.

Pero abundando en esas dos identificaciones. Una era más determinante que otra. Mientras ser del PP era la que posicionaba su voto, la de ser “maricón” era completamente intrascendente.

Las declaraciones las hizo el diputado popular para defender la abstención del PP en la proposición legislativa sobre la reforma penal para castigar las falsas terapias de conversión a personas del colectivo LGTBI.

El portavoz del PP se denominó “maricón”, lo que no fue suficiente para defender los intereses del colectivo al que pertenece y se denominó también del PP, lo que en verdad sí fue lo significativo para no apoyar la iniciativa.

El señor diputado demostró su incongruencia vital.

Siendo “maricón”, jamás pertenecería a un partido político que no defienda los derechos del colectivo LGTBI.

Allá él, pero que no saque además pecho haciéndose el valiente. Nos considera tontos a todos.

Afortunadamente, la proposición de ley salió adelante, con la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox

La dirección del grupo parlamentario popular utilizó al “maricón” para dar credibilidad y fundamentos a su posición, lo que fue un mero golpe de efecto, que al contrario de lo que pretendían, los dejó al partido y a su portavoz más aún en evidencia,

El Parlamento Español aprobó en el 2005 la ley del matrimonio igualitario. Como diputado socialista y siendo también “maricón”, voté a favor en 2022 a favor de la ley de igualdad de trato y no discriminación al colectivo LGTBI y en el 2023 voté a favor de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Yo sí tengo razones para sentirme orgulloso.

Estas leyes salieron adelante con los apoyos del PSOE y de otras fuerzas progresistas, donde votamos “maricones” y “no maricones” y siempre con el voto en contra del PP, incluyendo los recursos ante el Tribunal Constitucional que han presentado para frenar los avances legales.

El PP por mucho que traten de maquillar su discurso político, poniendo de portavoz a un “maricón”, siguen dando la espalda al colectivo LGTBI, e incluso yo diría ahora más que nunca, al verse arrastrados por VOX para mantener muchos gobiernos locales y autonómicos.

Estos acuerdos con la ultraderecha le exige al PP seguir la política negacionista, de que el colectivo LGTBI no necesita de normas, ni reivindicaciones, ni de protección, puesto que según ellos vivimos en una normalidad absoluta, negando la realidad, obviando las continuas y cada vez más frecuentes vulneración de nuestros derechos, con violencia, discriminación y represión.

La respuesta penal contra las prácticas o terapias de conversión es un paso más hacia la normalización de la diversidad, a la protección del colectivo LGTBI frente a la barbarie y en defensa de los derechos humanos, la libertad y el respeto democrático a los demás.

En los ya muy lejanos tiempos de mi infancia fue muy popular una serie televisiva llamada Los Invasores, en la que unos extraterrestres aterrizaban en nuestro planeta dispuestos a dominarlo. Para ello, cobraban la apariencia de personas corrientes con las que podías cruzarte cada día. Pero los protagonistas de la serie sabían distinguirlos para combatir la invasión: no tenían ningún tipo de sentimientos, ni latido cardiaco y, además, les delataba la rigidez de su dedo meñique.

Eran tiempos de televisión única y dogma político único, en los que a un golpe de estado llamaban Glorioso Alzamiento Nacional y España estaba amenazada por una conspiración judeo-masónica. Paradójicamente, los herederos de aquel régimen y quienes tratan de retrotraernos a aquel país en blanco y negro, ahora simpatizan con el sionismo y, en cambio, invocan reiteradamente la amenaza del islamismo. Avisan, en general, del peligro de la inmigración pero, sobre todo, la de los musulmanes. Utilizan sistemáticamente el término invasión y alertan contra las oscuras intenciones de islamización del continente europeo, seguramente para justificar una nueva Reconquista bajo la advocación de Santiago Matamoros. Por supuesto, están señalando a los migrantes pobres, a quienes huyen de las hambrunas, las guerras y las persecuciones. No están aludiendo a quienes frecuentan con sus harenes los establecimientos exclusivos del Barrio de Salamanca, ni a quienes atracan sus lujosos yates en Puerto Banús, ni a quienes van adquiriendo cada vez más clubes deportivos, palacetes o fincas rústicas para convertirlas en cotos privados de caza. Estos no son invasores, sino inversores.

Por eso, en estas últimas semanas, no han dudado en aprovechar la grave situación de Ceuta para intensificar los mensajes xenófobos, racistas e islamófobos. Evidentemente la población ceutí está sufriendo una extraordinaria crisis que ha perturbado enormemente la vida de la ciudad y ha desbordado la capacidad de sus servicios e instalaciones. Es muy lógica y entendible la indignación e incluso el miedo de sus habitantes, porque ni el gobierno español, ni la Unión Europea han estado a la altura de las circunstancias. Entendible también, desde luego, la frustración y desesperación de quienes han sido engañados y manipulados para generar esa avalancha humana, aprovechando su desarraigo y su miseria. Más aún, el dolor de las familias de las víctimas de esta enorme tragedia. Pero el calificativo de invasores les añade un estigma absolutamente inapropiado. Por las imágenes y noticias que nos llegan de esas mujeres y hombres, de esas niñas y niños, tienen más pinta de desear un bocadillo de tortilla y un vaso de agua que de conquistar Ceuta o de expandir el Islam por Europa.

Invasión, lo que se dice invasión, fue la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, que obligó al pueblo saharaui a abandonar sus tierras y exiliarse en el desierto argelino, donde permanecen 50 años después. Una invasión consentida por el régimen franquista en sus últimos coletazos y tolerada durante todo este tiempo por los sucesivos gobiernos españoles y organismos internacionales. Invasión es la ocupación de Palestina y de territorios sirios y libaneses perpetrada por el estado genocida de Israel. También lo es la incursión rusa en Ucrania, en una guerra que dura más de cuatro años y está causando tantas víctimas y destrucción sin que se le vea fin. Invasión ha sido la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela para controlar su gobierno y su petróleo. Invasores podríamos considerar a los fondos de capital extranjero que van quedándose con edificios y barrios del centro de las ciudades para especular con ellos, mientras el vecindario tradicional tiene que irse a vivir a las periferias. Invasores, incluso, podríamos llamar a quienes expolian los bienes comunes en provecho propio, dejando sin agua los Baños de Popea para llenar sus piscinas privadas, por poner un ejemplo cercano. Y, ya puestos, sin temor a equivocarnos, también podemos acusar de invasores al avispón asiático o al mejillón cebra.

Anden, por tanto, con cuidado por si se tropiezan con algún invasor. No es difícil distinguirlos, ya saben: carecen de sentimientos. Incluso aunque hayan aprendido a doblar el meñique.

Explicaba mi amigo Vicente Romano García (qepd), catedrático de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla (1), creo recordar en su libro “La Formación de la Mentalidad Sumisa”, el papel de la censura ejercida por el “Gatekeeper” (Cierra Esclusas) en los sistemas de Comunicación o de Difusión unidireccional de los mensajes (prensa escrita, radio, televisión, Internet, etc.), dependiente de los intereses del emisor. Pero en nuestra Guerra Civil, en ambas partes, los sublevados y los republicanos, se dieron cuenta que tenían que impedir que la oleada de corresponsales internacionales que afluyeron a España, pudieran transmitir en sus crónicas unas versiones inciertas y/o perjudiciales para su estratégica comunicativa. A veces estas noticias no se conocían hasta varios días, semanas o meses después de producirse los hechos. Dos sucesos provocaron un cambio en la política de difusión de la información de cada uno de los contendientes.

1) El Asesinato masivo de Badajoz

Este es el caso más conocido y del que hay fechas exactas de cuándo se supo. Fue en agosto de 1936. ¿Qué pasó en la Plaza de Toros de Badajoz, el 14 y 15 de agosto de 1936?

Tras tomar Badajoz, las tropas del coronel golpista, Yagüe, metieron a cientos de presos en la plaza de toros. Allí hubo fusilamientos masivos y las cifras nunca se cerraron: se habla de hasta 4.000, según el propio Yagüe lo reconoció al New York Herald Tribune:

- Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Qué iba a llevar 4.000 prisioneros rojos conmigo...? (2). En la plaza de toros los metían atados. Y luego los quemaban en el cementerio.

La masacre se conoció en el exterior muy pronto, de 24-48 horas. Ya que fueron los corresponsales extranjeros los primeros en entrar el día 15 de agosto.

1. -15 de agosto 1936: Le Temps, publica la crónica de Jacques Berthet

2. -16 de agosto 1936: Diário de Lisboa, saca portada: ‘As colunas de rebeldes prepáran-se para partir’. Mário Neves describe la plaza de toros.

3. -17 de agosto 1936: Le Temps, vuelve con titular: «NO SON 500, SINO MAS DE 4.000 MUERTOS»_

4. -18 de agosto 1936: Le Populaire, habla de 1.500 ejecutados.

5. -18 de agosto 1936*: Le Figaro, en primera plana con artículo de François Mauriac

6. -30 de agosto 1936: Chicago Tribune, publica el famoso artículo de Jay Allen.

René Brut, de Pathé News, sacó las únicas imágenes de los cadáveres. Por eso el régimen tuvo que reaccionar con una censura total. Inmediatamente, el 15 de agosto, Franco nombró a Luis Bolín (3)(4) jefe de prensa y sacó un bando: ningún periodista podía entrar a una ciudad hasta 24h después de la conquista.

Se dice que, en Badajoz, la opinión pública mundial vio por primera vez la política sistemática del terror fascista que años después invadiría Europa.

En zona republicana, el 27 de octubre de 1936, “La Voz de Madrid” publicó un artículo sobre Badajoz, y el asesinato masivo por las fuerzas franquistas.

2) La caída de Bilbao el 19 de junio de 1937.

Durante semanas, la prensa y la radio republicanas habían asegurado a la población, que Bilbao y su sofisticado sistema de fortificaciones (el Cinturón de Hierro) eran inexpugnables. Cuando la ciudad cayó con relativa rapidez, el contraste entre la propaganda triunfalista y la realidad militar generó un profundo trauma psicológico y una crisis de credibilidad institucional en la retaguardia. El gobierno republicano entendió que la propaganda no podía seguir basándose en ocultar sistemáticamente la realidad o en inventar victorias inexistentes. En el bando republicano, la organización de la difusión de las noticias sufrió una profunda transformación institucional, colectivizada y centralizada, motivada por la necesidad de controlar el relato bélico, mantener la moral de la retaguardia y unificar las múltiples voces ideológicas del territorio.

Se priorizó el uso de las estaciones de Onda Corta, ya citadas en el capítulo 2 (como las de Aranjuez de TRANSRADIO, RADIARG en Vallecas y CTNE en Pozuelo del Rey), para transmitir información en tiempo real directamente a Europa, América y Canarias, obviando las dificultades de inestabilidad de las líneas telegráficas y telefónicas terrestres.

Los efectos principales en la estructuración de la información incluyeron: Apertura controlada a corresponsales: El gobierno facilitó el trabajo de periodistas internacionales de renombre (como Ernest Hemingway, Ilia Ehrenburg, Mauriac o Robert Capa), proporcionándoles mayor libertad de movimiento que el bando sublevado, aunque sus crónicas debían pasar obligatoriamente por oficinas de censura telefónica y telegráfica en Madrid o Valencia.

En Madrid estaba al frente de la Oficina de Censura, ubicada en la quinta planta del edificio de Telefónica de la Gran Vía, el escritor y periodista de la UGT, Arturo Barea, que en septiembre de 1937 presentó su renuncia alegando oficialmente “motivos de salud” (sufría un profundo agotamiento nervioso provocado por los incesantes bombardeos en el edificio de la Telefónica).

(1) https://diccionariobiograficodecastillalamancha.es/biografias/romano-garcia-vicente/

(2) Se refería en su camino hacia la toma de Madrid

(3) El periodista del Diario ABC Luis Bolín, es citado en el libro del historiador Angel Viñas, “ La Alemania Nazi y el 18 de Julio”, por haber tenido reuniones con empresarios alemanes para negociar su apoyo al golpe de estado y posterior Guerra Civil en España.

(4) https://guerracivildiadia.blogspot.com/2013/03/luis-bolin-1897-1969.html

Mientras las llamas devoran miles de hectáreas y dejan tras de sí un reguero de ceniza, pérdidas irreparables y pueblos enteros atenazados por el miedo, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido actuar con una premisa clara: no dejar a nadie atrás en la primera línea de la emergencia climática. La reciente aprobación de un Real Decreto-ley que blinda a las personas trabajadoras y empresas paralizadas por los incendios es mucho más que un salvavidas económico; es el embrión tangible del escudo social que debe vertebrar el imprescindible Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

No hablamos de gestos simbólicos. La norma aprobada implica que el Estado asumirá directamente los salarios y las cotizaciones de aquellos cuya actividad se haya visto interrumpida por la devastación del fuego. Además, se amplían los permisos retribuidos para quienes han sido desalojados de sus hogares o han sufrido la pérdida de un ser querido en medio del caos. Es la respuesta de un Ejecutivo que entiende que la crisis climática no es un debate de sobremesa, sino un zarpazo diario a la vida de la gente trabajadora.

Esta medida de protección inmediata se enmarca en una visión más amplia que debe traducirse en un Pacto de Estado sólido. Un escudo que combine la prevención forestal durante los doce meses del año, entendiendo que el monte no arde solo en verano; la inversión continua y planificada en la restauración de ecosistemas arrasados; y una red de seguridad social lo suficientemente fuerte como para que las comarcas más golpeadas no se vean abocadas al abandono tras cada desastre. La transición ecológica no puede construirse sobre la intemperie social.

Sin embargo, mientras las administraciones intentan coser el territorio roto, la maquinaria del negacionismo climático vuelve a activarse con la misma táctica de siempre: la deslegitimación. Tildan este despliegue de protección de “gasto ideológico” y boicotean activamente la posibilidad de un gran acuerdo que trascienda siglas. Su estrategia es tan vieja como peligrosa: paralizar mediante el bulo la respuesta a una crisis que destruye vidas, hogares y naturaleza. Se niegan a ver —o fingen no ver— que la prevención sale más barata que la reconstrucción, y que la inversión pública en adaptación climática es la única garantía de futuro para los sectores económicos que ellos dicen defender.

No podemos permitirnos el lujo del ruido. Frente a quienes encienden la mecha del odio y la desinformación, necesitamos un Estado que refuerce su músculo protector. La emergencia climática ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en humo que entra por las ventanas. Este Pacto de Estado no va de ideología: va de decidir si como sociedad estamos dispuestos a tenderle una mano a quien lo pierde todo o si dejamos que el fuego —el físico y el del discurso— lo calcine también.

Europa arde. El Reino Unido, los Países Bajos, toda Centroeuropa están sufriendo una emergencia climática sin precedentes. Las altas temperaturas y los incendios fuera de control, con centenares de miles de personas evacuadas, infraestructuras inutilizadas, servicios públicos colapsados, centenares de personas muertas por el calor… Exactamente lo que venía prediciendo la ciencia, pero 30 o 40 años antes de lo esperado.

Los gobiernos se disponen a tomar medidas provisionales y apresuradas confirmando que no habían sido capaces de anticiparse desoyendo las múltiples y contundentes advertencias de la ciencia salvo honrosas pero solo testimoniales excepciones. Como por ejemplo, el simulacro por emergencia climática por temperaturas superiores a 50 ºC ensayado en París en septiembre de 2023 o el simulacro que prepara Barcelona para el año 2027 por esta misma circunstancia.

Poco a poco, tímidamente, demasiado tímidamente, se empiezan a anunciar algunas medidas que no solo llegan tarde sino que, con toda seguridad serán insuficientes. Porque para preparar las ciudades y los barrios a estos fenómenos metereológicos extremos hace falta convicción y liderazgo político y, en lo que a la emergencia climática se refiere, esto es algo de lo que carecen los responsables de aplicar las políticas públicas, al menos en los países altamente industrializados.

En nuestro caso, en la ciudad de Córdoba, situada centenares de kilómetros al sur de París o de Barcelona, es decir, mucho más amenazada que estas capitales, el liderazgo político, la convicción sobre la necesidad de tomar medidas urgentes es practicamente nula más allá de desarrollar un plan contra el cambio climático que carece de la suficiente contundencia.

El gobierno municipal debería tomar nota de las iniciativas antes mencionadas de ciudades como París y Barcelona y hacer una fortísima inversión en información y sensibilización para que la ciudadanía no muestre rechazo cuando se empiecen a aplicar medidas presupuestarias que pueden generar incomprensión si no se justifican convenientemente porque, sin ninguna duda, van a alterar los hábitos ciudadanos y generar incomodidad. No se lucha contra el cambio climático organizando conciertos, rallyes o festivales, necesitamos esos recursos para plantar árboles, limpiar los montes o gestionar el suministro de agua potable, un bien escaso.

Curiosamente el gobierno municipal se encuentra tramitando un documento, el plan director de arbolado urbano que se supone que asume como propio y que dice:

La temperatura media de las ciudades ha ido aumentando en los últimos diez años de manera imparable hasta elevarse 0,7°C. Las predicciones de la Estrategia del Cambio Climático 2050 auguran que su temperatura media podría aumentar a lo largo de este siglo hasta 2,5°C en invierno. Este ascenso sería mucho más acentuado en verano, cuando las temperaturas subirían entre 5,5 y 7°C, debido a una previsión de veranos más cálidos, más largos y con olas de calor más frecuentes y duraderas, además de una reducción del 10% de los días de lluvia.

Y eso sin olvidar que la propia Junta de Andalucía, en su herramienta www.mapaclima.es, anuncia que para finales de este siglo, en la banda temporal de 2070 a 2100, Córdoba sufrirá una media de más de 60 días al año con temperaturas superiores a los 40 ºC.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la cordura, a la anticipación y a una profunda reconversión presupuestaria que dote de fondos suficientes las políticas de adaptación al cambio climático y con la mayor urgencia, porque el retraso en la aplicación de estas medidas va a provocar daños difícilmente reversibles al medio natural, al medio urbano y a la vida en las ciudades.

No es la primera vez que doy vueltas al asunto que hoy traigo a Cordópolis y que no es otro que el de la “endogamia”, con tintes hereditarios en algunos casos, que impregna algunos grupos, colectivos o instituciones de nuestra ciudad si bien no sea una cualidad exclusiva de la misma ya que conozco también algún caso en provincias vecinas.

En una conversación con una amiga de allende los mares (afincada en Sevilla y estrecha colaboradora como un servidor de una institución con fuerte compromiso social y cultural con Andalucía que cuenta con sede en Córdoba) me comentaba lo difícil que le fue hacerse un “hueco” en nuestra ciudad en el ámbito que le es propio como el de la Literatura, la Cultura, la Universidad. Decía que sólo encontraba puertas cerradas, miradas aviesas, desconfianza...entre los prebostes de la cosa. Temían, tal vez, que una intrusa aportara nuevas ideas, planteamientos, perspectivas “desconocidas” que removieran el plácido sillón de su Olimpo particular. Y coincidimos plenamente.

Somos un poco en esta Córdoba cerrada muy de mirar hacia dentro, de alimentar con nuestra propia savia, de no mezclar sangre, para que así se perpetúen “limpios” de contaminación colectivos muy diversos y ahí van algunos: Real Academia, Universidad, Federación de Peñas, pregoneros y exaltadores cofrades… Linajes que se mantienen hasta la tercera generación en algún caso sin que hasta el momento conozcamos con objetividad los méritos acreditados para continuar la estela de los sucesores segundo y tercero, por ejemplo. Y es que no sólo se heredan cortijos en la Campiña...

Uno que por profesión y por convencimiento propio es contrario a los monopolios, los sectarismos, el oscurantismo y más partidario de las puertas abiertas, la luz y los taquígrafos entiende que esa cerrazón en el propio caparazón es contraria al enriquecimiento de los colectivos, sean del tipo que sean, con ideas nuevas, con visiones ajenas al aquí mismo y a lo siempre. Más bien, en mi opinión, sean una rémora, una más, para que esta Córdoba, ay, avance, se abra de una vez por todas y pierda ese miedo secular a lo nuevo.

En la dictadura franquista la política era una palabra que tenía un sentido peyorativo. El propio dictador aconsejaba a sus ministros que hicieran como él, no meterse en política.

He estado metido en política desde que era joven y he tenido la oportunidad de hacerlo con responsabilidades de gestión. Siempre he interpretado que hacer política es intentar resolver los problemas de la ciudadanía y hacerlo especialmente en beneficio de los sectores de la sociedad más desfavorecidos y más necesitados . Tuve una oposición que discutía nuestras propuestas para resolver esos problemas porque sus ideas políticas les conducían a favorecer otros intereses. Lógico. Es el juego de la democracia.

En los escasos medios de comunicación existentes entonces, se hacían públicas las distintas opiniones, con más o menos tendenciosidad pero la izquierda nunca gozó de su favor. Entendíamos ingenuamente que los medios debían informar con objetividad de cómo se producían los hechos. Aprendí que los medios son empresas privadas cuyos propietarios tienen unos intereses que se ven especialmente favorecidos por la derecha. Entonces no existían como ahora medios escritos financiados por los lectores. Siempre he creído que el trabajo, los hechos y el contacto directo con los ciudadanos, eran la mejor publicidad que se podía hacer. De esa manera y con mucho trabajo conseguimos transformar y modernizar la ciudad, solucionando los graves problemas que tenía.

Desde entonces se ha producido una revolución en la manera de comunicarse con la ciudadanía. Internet y las redes sociales surgidas para una mejor y más rápida comunicación, unido a la transformación digital de los medios escritos y su gran proliferación, han cambiado nuestra forma de entender el mundo. Este profundo cambio, ha sido potenciado por el poder económico, siempre el dinero, que es el que controla a la derecha política. Al poder económico le interesa más concentrar su control lo más posible, de ahí que sean las dictaduras su régimen preferido. Los sistemas democráticos en los países de occidente, ha hecho que tengan que actuar sobre los votantes. En su ayuda han venido las redes sociales y los influencers con enorme atención por los votantes, la inmensa mayoría sin preparación ni interés en la política. Un terreno abonado para controlar sus sentimientos, lo que les permite introducir ideas que son aceptadas, aunque sean contrarias a sus intereses. Es la nueva religión, la fe se deposita en los “sacerdotes de la comunicación”, su Iglesia son las redes sociales. Esto se ha complementado con la creación de nuevos medios de comunicación, radio, prensa y televisión que defienden de forma grosera los intereses de la derecha política y siembran el odio hacia la izquierda. Hemos visto y escuchado en redes sociales a trabajadores, mal pagados y explotados, que insultan al Presidente del Gobierno que les ha subido el sueldo y que ha creado las condiciones para que haya más empleo que nunca y mejorado sus condiciones de trabajo.

Antes decíamos que había que ganarse a la calle, eso requería contactos personales con los ciudadanos. Ahora las redes y los medios pagados hacen el trabajo, más cómodo y más eficaz. Siempre ha sido más fácil ganarse el sentimiento que la razón.

El colmo de esta estrategia llega con la presencia de la derecha en los gobiernos locales y autonómicos, porque desde ahí contribuyen con dinero público a la financiación de los nuevos medios creados. El gurú de la derecha Miguel Angel Rodríguez lo expresó muy gráficamente: “ a los medios ya no hay que comprarlos, hay que ser su mejor cliente”. Inundan con anuncios publicitarios, la inmensa mayoría innecesarios o propagandísticos, los medios afines, que producen una información tendenciosa y en muchas ocasiones falsa siguiendo las directrices de quién los financia. Dos pájaros de un tiro, hacen su propaganda y la pagamos nosotros.

En los tiempos de mi responsabilidad de gestión, las reglas eran otras. Lo único que pagábamos a los medios eran los anuncios que la ley nos obligaba a difundir, edictos, bandos… Hoy me asombra la cantidad de publicidad-propaganda institucional que se lee, se oye y se ve en algunos medios, no en todos. La propaganda ya forma parte del presupuesto de la institución en detrimento de otras necesidades más perentorias. Lo importante no es la gestión sino difundir, aunque sea humo.

En tiempos de la dictadura, contaban el chiste de que un viajante llegó a un pueblo y se paró a comer en el bar. La radio estaba dando “el parte” y el locutor dijo que el caudillo había inaugurado esa misma mañana un puente en una localidad cercana. El viajante sorprendido exclamó que había pasado por el lugar y allí no había ningún puente. El sargento de la guardia civil que estaba presente, le reconvino de una forma airada que lo que tenía que hacer era viajar menos y escuchar más la radio.

Conviene que los que no controlamos los medios, viajemos por el camino de la verdad y denunciemos las mentiras.

Qué ocurrió en Baena en julio de 1936

En el verano de 1936, Baena era un feudo de la CNT, donde contaba con más de 1000 afiliados. Las relaciones laborales entre la patronal agraria y los jornaleros eran todavía semifeudales. Moreno Gómez recoge a este respecto el testimonio del jornalero baenense Juan Misut Cañadilla: “…Aquellos señores que … se gastaban ochenta mil duros en comprarle un manto a la Virgen o una cruz a Jesús… escatimaban a los obreros hasta el aceite de las comidas…”

El 18 de julio, cuando tienen noticia de lo ocurrido en Córdoba y Sevilla, la patronal agraria y la guardia civil se suman a la sublevación. El domingo 19, por la mañana, el teniente de la guardia civil Pascual Sánchez Ramírez publicó el bando de guerra, constituyéndose en comandante militar de la plaza. Según Moreno Gómez aquel día, en el alto del Coscujo, los guardias fusilaron a 11 campesinos cogidos prisioneros.

Sin embargo, con una sorprendente rapidez y organización, aquellos campesinos atacaron el pueblo la noche del 19 al 20 de julio, lo que provocó que los insurrectos (dos centenares, entre guardias, falangistas, terratenientes y varios militares de la localidad) quedaran sitiados en torno a su punto defensivo principal: la plaza del Ayuntamiento, haciéndose fuertes en este edificio, el cuartel y la Telefónica; así como en el convento de Madre de Dios, el Hospital de Jesús Nazareno, el castillo y en otros puestos secundarios.

La masa obrera y anarquista estableció su puesto de mando en el Asilo-Convento de San Francisco. Cada día que pasaba la subsistencia de los sitiados se tornaba más angustiosa y la resistencia más difícil. Sin embargo, el 28 de julio por la mañana salió de Córdoba una impresionante columna al mando del coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga, compuesta por infantería, guardia de asalto, guardia civil, legionarios y tropa de regulares en vanguardia.

Atravesaron Fernán Núñez, Montemayor, Montilla y Nueva Carteya, donde hubo tiroteo y fusilamientos, según la táctica rifeña que la legión había empleado contra los moros rebeldes del Protectorado español. Estos eran los métodos que ahora venían de vuelta con las tropas de Africa.

A una hora algo incierta de esa tarde se iniciaba la ocupación de Baena, con los moros y legionarios en vanguardia. Entraron por el Pilancón, lavadero público situado en la Fuente Baena, donde empezaron las primeras violencias y, como consecuencia, las primeras víctimas: violaciones, allanamientos y asesinato de los hombres. A otros muchos hombres se los llevan detenidos a la plaza, según la táctica rifeña que ya ensayó Buruaga días antes en Villafranca: concentrar a los hombres para aterrorizar a la población con el fusilamiento público.

Cuando la columna de Buruaga llega a la plaza del Ayuntamiento liberan el sitio sobre los insurrectos y también fusilan a la mayor parte de los rehenes que los golpistas tenían en el Consistorio. Sin embargo, Buruaga no libera ese día a los presos de derechas del Asilo de San Francisco, lo cual hubiera podido hacer sin dificultad, ya que los campesinos republicanos y anarquistas carecían de armas, a excepción de unas pocas escopetas de perdigones que pudieron requisar en los cortijos que rodean Baena. Este craso error estratégico, sumado a los desmanes que causan las tropas franquistas en la localidad, donde se comete uno de los primeros crímenes de lesa humanidad de la guerra civil española, supone la condena a muerte de los 80 presos de derechas que son asesinados a golpes (dato importante, no tenían armas) antes de emprender la huida y abandonar el convento de San Francisco en desbandada.

La matanza de la plaza se prolongaría durante, al menos, dos días más. Los datos del Registro Civil que utilizan la ocultación y eufemismos varios para soslayar la magnitud de los hechos ya fueron estudiados por Moreno Gómez en 1985, a lo que se añade la revisión del Registro llevada a cabo en 2008 por Arcángel Bédmar. En suma, ambos historiadores logran identificar 302 víctimas republicanas, de las que 79 no proceden del Registro sino de otras fuentes. En una revisión aún más reciente (8 de marzo de 2012, Conferencia en el IES Carrillo de Sotomayor en las II Jornadas de Historia de Baena) Arcángel Bédmar identifica hasta un total de 339 personas fusiladas, cifra mínima que, como indica el historiador, está sujeta a futuras revisiones.

Según Moreno Gómez la fiabilidad del Registro Civil, en cuanto a las matanzas cometidas por el franquismo en 1936, dista mucho de la verdad. Su tesis es que sólo fue inscrito, aproximadamente, un tercio de las víctimas reales. En Baena, como en otros sitios, muchos familiares no inscriben a sus víctimas en el Registro, por miedo, porque se marcharon para siempre del pueblo, porque no quedaron familiares directos o porque la burocracia franquista imponía todo tipo de trabas. Sirva como ejemplo que en Baena no se hizo ninguna anotación en el libro del Cementerio. En suma, como balance global, estima Moreno Gómez, que hay que hablar de un mínimo de 700 víctimas en la masacre cometida por los golpistas en Baena en 1936. Porque después de la sangría de finales de julio continuó la masacre de gente desafecta, ya no en las ejecuciones masivas y públicas de la plaza, sino en el cementerio, día tras día, durante todo el resto de 1936.

Los días 5 y 6 de agosto sabemos de, al menos, 48 fusilamientos, de los que 29 aparecen inscritos y 19 constan como no identificados. Los golpistas de Baena causaron tal catástrofe humanitaria que el censo de huérfanos sin recursos en la ciudad ascendió a 600 niños desamparados en 1937. Muchas mujeres hubieron de arreglárselas solas y las señaladamente de izquierdas vivieron en una humillación perpetua: Las pelaron, les dieron aceite de ricino y fueron objeto de abusos sexuales.

Tras la victoria franquista de 1939 tuvieron que regresar, humillados, varios miles de baenenses; al menos 2.174 personas, según datos de Falange. Ni que decir tiene lo que les esperaba: cárcel, torturas, consejos de guerra y muerte, en muchos casos. Durante la posguerra fueron fusilados 46 baenenses más, todos hombres, en Baena, Castro y Córdoba.

La catástrofe humanitaria no acabó ahí. Al menos 171 baenenses sufrieron trabajos forzados en batallones disciplinarios. En la prisión de Córdoba perecieron de hambre 13 hombres de Baena, sobre todo en 1941. También conviene recordar que 17 hombres de Baena acabaron su triste vida en el campo de exterminio nazi de Mauthausen, donde perecieron un total de 4.781 españoles, unos 230 de ellos de la provincia de Córdoba. Calcula Moreno Gómez que sumadas las víctimas de la posguerra a las causadas por el golpe militar, las pérdidas humanas de “presuntos desafectos” al régimen franquista se situarían en torno al millar de personas de Baena. Toda una catástrofe demográfica en el sector de población de hombres adultos, en una localidad que en 1936 tenía unos 23.000 habitantes.

La matanza del paseo del Ayuntamiento

Sobre lo ocurrido en el paseo del Ayuntamiento esa tarde hay numerosos testimonios de testigos directos, lo cual debemos agradecer a la gran labor que en los años 80 hizoFrancisco Moreno Gómez, que pudo escuchar de los propios labios de algunos de sus protagonistas testimonio de lo ocurrido, de uno y otro bando. Su primer libro “República y guerra civil en Córdoba” ve la luz en 1982. Este libro ha tenido varias revisiones y ampliaciones a lo largo de los años, la más actual de la que tenga constancia, publicado por la editorial Crítica, “El genocidio franquista en Córdoba”, fácil de encontrar todavía. Si no fuera por él, que tuvo la ocasión de entrevistarlos cuando todavía vivían, hoy ya no queda ninguno, habríamos perdido en buena medida la verdadera historia de lo que ocurrió en Baena y en otras localidades, más allá de la versión camuflada de la propaganda franquista, pues se recorrió toda la provincia durante sus vacaciones como profesor de secundaria. Para no ser tildado de tendencioso me limitaré a recoger de todos los que aporta Moreno Gómez, sólo el testimonio de Juan Martínez Imbern, que entró en Baena como integrante del ejército rebelde, en la columna del coronel Sáenz de Buruaga:

“Se oyó un disparo y fue el teniente de la guardia civil (Pascual Sánchez Ramírez) que disparó sobre uno de los tendidos (es decir no los fusilaban, los tendían en el suelo y les disparaban en la nuca, seguramente para ahorrar munición)… Me parecía estar durmiendo, en medio de una pesadilla… A medida que subía la calle, me daba cuenta que no era una pesadilla, que era verdad lo ocurrido, pues al lado del bordillo de la acera bajaba un líquido rojizo, agua mezclada con sangre. Al llegar a la plaza vi dos montones de cadáveres, unos encima de otros, como si fueran sacos. En algunos lugares de la plaza echaban agua para lavar la sangre, pero en otros hacían estirar a los detenidos que iban llegando (de sucesivas redadas) sobre la sangre de los anteriores fusilados” (aunque no se trató en ningún caso de fusilamientos, técnicamente hablando, sino de algo mucho más indigno).

Según diversos testimonios, mandaron subir a los hombres al paseo. La plaza o paseo del Ayuntamiento se llenó de vecinos a los que obligaban a subir, sin criterio alguno, muchos de ellos campesinos que a esa hora de la tarde regresaban del campo, puesto que el cuartel general de los defensores de la República no fue liberado hasta el día siguiente, por lo que la mayoría pudo huir hacia Castro del Río. El dato revelador es que el escarmiento se hizo indiscriminadamente sobre población civil, casi exclusivamente hombres adultos, la mayor parte ajenos a la resistencia, que efectivamente hubo en Baena pero sin medios y carente de armas. Resistencia contra los golpistas locales, a los que sin embargo lograron acorralar.

Pues una de las personas congregadas en la plaza esa tarde, como convidado de piedra, fue mi abuelo. El escritor local Fernando Jiménez Ocaña le contó una anécdota al periodista Francisco E. Expósito, que también recoge Arcángel Bédmar en su monografía sobre Baena. Su abuelo estaba ya tendido en el suelo para ser ejecutado, de lo que se salvó por los pelos por idéntico motivo que el mío: obtuvo un aval a tiempo; muchos otros, la mayoría, no tuvieron esa fortuna: “Mi abuelo era un campesino, no estaba metido en política, pero un día las milicias lo llevaron al Paseo, lo tumbaron y le iban a pegar un tiro en la nuca, pero un señorito, un terrateniente, lo vio y dijo: -A este hombre no lo ejecuten porque nunca se ha metido en política y me ha trabajado a mí-. Mi abuelo se levantó asustadísimo el hombre, le pusieron un brazalete, que era una especie de salvoconducto. Lo que mi abuelo me dijo se me ha grabado para siempre, él vio como cargaban muertos en camiones preparados para llevarlos al cementerio”.

No sólo los asesinaban o les obligaban a huir del pueblo, también les confiscaron sus bienes. La apropiación por moros y soldadesca del botín de guerra empezó esa misma tarde, entraban en las casas y se agenciaban de todo lo que tuviera algún valor: comida, joyas, dinero, aparatos de radio, etc. Después, el robo se seguiría haciendo de forma legal. Arcángel Bedmaren su blog, analiza una interesante documentación al respecto, que le proporciona al historiador Gabriel Caballero Cubillo, nieto del que fuera responsable de la Comunidad de Labradores, derechista que estuvo sitiado en el Cuartel de la Guardia Civil, que perdió a mujer e hijos en de San Francisco, y finalmente terminada la guerra fue nombrado juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro, Cabra, Priego y Rute. Entre sus papeles, está el que lleva por título “Relación de muebles traídos de los marxistas y entregados por don Manuel Cubillo”. En suma, una buena fuente de ingresos para las nuevas autoridades municipales fue el expolio de los bienes muebles, ajuares y viviendas de los que habían muerto o escapado. No tengo constancia de que a mi abuelo o a mi abuela le pudieran haber robado algo, puesto que entre poco y nada tenían.

El “supuesto” acto sacrílego de los “rojos” en San Francisco

Hubo durante mucho tiempo una placa en la iglesia conventual de San Francisco, ya retirada, según la cual durante la dominación roja se efectuaron varios disparos contra la imagen de Jesús Nazareno, pero “milagrosamente ninguno llegó a alcanzarla”. Creo que esta versión es sencillamente un fraude. Aunque las fotos son antiguas tienen la suficiente definición, creo, para apreciar claramente que los disparos no son de escopetas de perdigones sino de bala, de fusil con toda probabilidad. Les vuelvo a llamar la atención sobre un dato ya reflejado en el capítulo anterior: los campesinos republicanos y anarquistas carecían de armas, a excepción de unas pocas escopetas de perdigones que pudieron requisar en los cortijos que rodean Baena. De hecho, todas las personas asesinadas en San Francisco lo fueron a golpes, excepto algunos presos que colocaron como parapeto en los balcones, los cuales fueron tiroteados por la fuerza del ejército rebelde que inició la ocupación de la iglesia en la mañana del 29 de julio.

Así que estaríamos ante un bulo más del nacionalcatolicismo. La propaganda franquista también nos hizo creer que Guernica fue incendiada por los rojos o que la matanza de Badajoz era una mentira más del enemigo. En el foro de Facebook “Fotos de Baena antigua”, el 13 de febrero de 2021 se inició un debate con mucha participación, algunas de fechas recientes, y varios e interesantes testimonios en este sentido, algunos de gran valor testimonial porque procedían de testigos directos, señalando que los disparos contra el camarín los realizaron “a discreción” las tropas que tomaron la iglesia, en previsión de que pudiera haber todavía allí gente hostil a los golpistas. Es interesante leerlo. Cuando tomaron la iglesia, cuartel general de anarquistas y republicanos, en su mayoría ya habían huido hacia Castro del Río, a escasos 20 Km.

José Cortés de los Ríos, profesor vecino de Baena, me ha hecho llegar el siguiente testimonio:

“El ejército que entró al mando del coronel Sáenz de Buruaga tenía la capacidad militar suficiente para apoderarse de Baena sin derramar una gota de sangre, pero dicho coronel fue fiel a la consigna de amedrantar a la gente para que no se unieran a los republicanos.

Si en lugar de ir casa por casa apresando a los hombres, reunirlos en el Paseo y asesinarlos, se hubiese dirigido directamente a San Francisco para liberar a los rehenes que allí tenían los republicanos, una y otra matanza se podrían haber evitado.

Los republicanos establecieron su cuartel general en San Francisco. El número de asesinados en dicho convento fue de 81, cuyos nombres y apellidos constan en una lápida existente en el patio del convento.

Uno de los bulos y mentiras del franquismo y de la iglesia católica es presentar estos disparos “realizados por los rojos” como un milagro. Ni los disparos que aparecen en el cristal son un “misterio sin resolver” ni los realizaron los “rojos”. Se sabe que fueron obra de las llamadas tropas nacionales o “golpistas” durante la toma de la iglesia. Está clarísimo, física y matemáticamente, que los disparos fueron realizados desde el coro al suelo del camarín y no a las imágenes, ante el temor de que algunos “rojos” estuviesen escondidos bajo las túnicas y hábitos de las tallas. Siendo yo estudiante, la religión católica era una asignatura obligatoria en bachiller. Mi profesor de religión era el cura D. José María Romero, conocido por “Sandalico”.En más de una ocasión en clase nos dijo que fueron los “nacionales” quienes dispararon al camarín por el temor antes expresado“.

Tres apuntes rápidos

Franco, al finalizar la guerra mundial, con la derrota de las potencias del Eje, cuya ayuda fue decisiva para ganar la guerra civil, estaba en una situación muy precaria. Hace ahora 81 años, en la Conferencia de Potsdam, se decidió el futuro de España, entre otras cosas. El 19 de julio, Stalin planteó la viabilidad de acabar con el régimen de Franco. Truman tibiamente y Churchill de forma enérgica, rechazaron cualquier intervención contra el dictador. El asunto se zanjaría impidiendo la entrada de España en la ONU. Pero Franco tuvo suerte porque la Alianza de EE.UU y la URSS duraría poco. Dos años después, en el inicio de la guerra fría, España ingresó en la ONU y EE.UU puso fin al aislamiento del nuevo régimen franquista.

La situación en los primeros años de posguerra fueron dramáticos. Los años 1941 y 42, especialmente duros, “los años del hambre” como se conocen en Baena. Recuerdo la anécdota que cuenta el poeta Juan Bernier en sus Memorias, libro absolutamente insólito en la literatura española. Bernier hizo la guerra con Franco, no por ser especialmente de derechas, sino porque lo reclutaron en Córdoba. De la misma forma, todos los mozos de Villanueva en edad militar lucharon por la República, como cuenta Moreno Gómez, fueran de izquierdas o de derechas. Pues en Sevilla, recién terminada la guerra, tras un altercado, estuvo preso Bernier. A los “comunes” los tenían en el patio del piso bajo. A los rojos en la planta superior, aislados. Cuenta como todas las noches, también cuando estuvo de maestro en Puente Genil más tarde, había sacas y podía escuchar los disparos de fusilería. Estando ya en Córdoba, en los años del hambre, dice que preferían pensar, supongo que los que podían llenar el estómago, que la gente que encontraban tirada en la calle era porque estaban borrachos, no porque estuvieran famélicos, muriéndose literalmente de hambre.

Han transcurrido ya 90 años desde inicio de la guerra civil, más de la mitad de ese tiempo sin el dictador, del que este año se cumplirá el 51 aniversario de su fallecimiento. Dando por bueno que durante los primeros veinte años de la Transición hubiera un pacto de silencio, por las circunstancias que atravesaba el país -ruido de sables incluido-, no tiene ya razón de ser la lentitud en realizar las exhumaciones y la reparación a las víctimas del franquismo. De seguir a este paso, no sólo habrán desaparecido los hijos de los represaliados, efectivamente ni mis padres ni ninguno de mis tíos vive ya, sino también los nietos.

Pero la historia de mi abuelo y las tribulaciones de mi familia en la guerra la dejamos para otro momento, para no hacer más largo este relato.

El 24 de julio de 2026, José María Triper publicó en elEconomista.es una columna titulada «El deporte nacional del absentismo». El artículo sitúa en 1,6 millones las ausencias diarias al trabajo y añade que cerca de 400.000 se producirían sin justificación médica, según datos de las mutuas. Son cifras que merecen examen. Pero también lo merece el modo de nombrarlas: si el propio texto distingue entre ausencias justificadas y no justificadas, ¿por qué reunirlas bajo una metáfora que remite de antemano a la picaresca, la voluntad y el abuso? Hay palabras que describen y palabras que juzgan. A veces basta con cambiar el nombre de las cosas para cambiar también quién parece culpable.

«Incapacidad temporal» nombra una situación de salud acreditada y sometida a control. «Absentismo», empleado sin matices, evoca desentendimiento y falta moral. Fundir ambas realidades borra la frontera entre quien engaña y quien está enfermo, y extiende sobre todos una sospecha que solo debería recaer, con pruebas, sobre conductas concretas. Las palabras importan porque reparten responsabilidades: la primera nos obliga a preguntar qué le ha ocurrido al trabajador; la segunda nos predispone a preguntar qué está haciendo mal. Así se desplaza el debate desde la prevención, las cargas de trabajo, las plantillas insuficientes, la salud mental o la organización del empleo hacia el carácter moral de quien no ha podido acudir. No toda enfermedad nace en el trabajo, desde luego; pero ninguna sociedad seria puede expulsar las condiciones de trabajo de la conversación cuando crecen las bajas. Confundir el efecto con la causa produce titulares; no produce diagnósticos.

El fraude existe. Negarlo sería tan poco honrado como convertirlo en explicación general. Debe perseguirse individualmente, con pruebas, controles y garantías, porque el abuso de un derecho perjudica a quienes sí lo necesitan. Pero un Estado de derecho no puede transformar la excepción en una presunción colectiva. Quien recibe una baja médica ha pasado por una valoración facultativa y queda sujeto a los mecanismos de seguimiento previstos. No tendría, además, que comparecer ante un tribunal difuso de tertulias, columnas y conversaciones de oficina para acreditar su inocencia moral. Una baja no es una recompensa, unas vacaciones ni una dispensa del deber: es una medida temporal para que la salud no termine pagando el precio de continuar cuando ya no se puede.

Escribo como trabajador actualmente en situación de incapacidad temporal. No lo hago contra la empresa que me dio trabajo ni para llevar una relación concreta a la plaza pública. Tampoco pretendo convertir a empresarios y autónomos en caricaturas: ellos conocen, muchas veces de forma directa, el coste humano y económico de sostener una actividad. Mi objeción es otra, y es cívica. El respeto debido a quien nos da trabajo no exige callar cuando el lenguaje público convierte un derecho en motivo de vergüenza. Valorar el trabajo no consiste en santificar el sufrimiento. La vieja dignidad obrera nunca significó aguantar hasta romperse; significó que la vida y la salud de quien trabaja no podían tratarse como materia consumible. No hay ética del trabajo digna de ese nombre si su medida es cuánto dolor soporta una persona antes de quebrarse.

Este lenguaje tiene consecuencias. El trabajador responsable oye hablar de abuso y se dice: «Yo tengo principios; yo aguanto». Retrasa la consulta, minimiza el dolor, oculta la ansiedad y continúa hasta que el daño es mayor. A veces, la retórica que asegura combatir las ausencias contribuye así a prolongarlas. Nadie sensato desea una sociedad con más bajas; precisamente por eso conviene formular bien la pregunta. Si aumentan, averigüemos por qué enferma la gente, qué parte puede prevenirse, qué fallos existen en la organización o en la atención sanitaria y qué medidas permiten volver al empleo con seguridad. Esa investigación no es hostil a la empresa. Una organización que previene el daño, cuida sus equipos y favorece recuperaciones reales es también una organización más estable.

Podemos defender a la vez el cumplimiento de las obligaciones y la protección de la salud. Al empresario le corresponde certeza; al sistema, controles eficaces; al trabajador enfermo, la presunción de decencia. Lo que no cabe es usar una palabra como atajo para colocar bajo sospecha a personas en situaciones muy distintas. Una democracia social no se mide solo por los derechos que reconoce, sino por la posibilidad de ejercerlos sin ser humillado por ello. En el paso de «incapacidad temporal» a «absentismo» cambia algo más que el vocabulario: cambia el lugar desde el que miramos al otro. Reducir las bajas exige que menos personas enfermen, no que más personas se sientan culpables por enfermar. El trabajo merece respeto. La salud de quien trabaja, todavía más.

Mateo López Cuenca es trabajador y escribe a título estrictamente personal

En el mes de julio se ha cumplido el cincuenta aniversario de la transformación del movimiento sindical Comisiones Obreras en el Sindicato Comisiones Obreras; exigiendo su legalización ante el gobierno de la dictadura, que se negaba a las libertades sindicales y políticas en nuestro país, a pesar de la muerte de Franco acaecida en 1975.

En 1976 los dirigentes de CCOO convocaron a más de 600 delegados del territorio nacional, a una reunión el día 11 de julio de 1976, de forma clandestina en la iglesia de Sant Medir, situada en el barrio de Sants de Barcelona; desafiando la prohibición del gobierno posfranquista, representado en el ministro de la Gobernación Manuel Fraga Iribarne, para la constitución de esta organización en sindicato para la defensa de los intereses de los trabajadores en particular y de los intereses del país en general.

Comisiones Obreras tenía gran parte de sus dirigentes en procesos penales, en detención carcelaria o, como en el caso de Puertollano y Ciudad Real, en la clandestinidad, huidos camino al vecino país francés o refugiados con familiares en otras partes del país. El panorama (sindical) no era muy propicio para la actividad sindical aunque ésta no había parado desde la famosa huelga de mayo de 1962, (auspiciada por el Partido Comunista de España), tanto desde dentro del sindicato vertical como de forma clandestina; asumiendo los riesgos de las detenciones, las malas prácticas de la represión policial y las condenas judiciales habidas en aquellos momentos en la provincia de Ciudad Real y en todo el pais.

Puede destacarse como muy significativo que la dirección nacional de Comisiones Obreras estaba en la cárcel o a la espera de juicio y condena. (1972; 1973 y noviembre de 1975 de su puesta en libertad). En Ciudad Real al igual que en toda España también se daba esta situación de detenciones y habían sido detenidos dirigentes sindicales y políticos; señalando como referencia a José A. García Rubio y Francisco Piqueras del PCE y otros compañeros y personalidades (F G; M A; D. P. etc.)

En estos momentos de presión sindical, casi de forma abierta, en las empresas y, fundamentalmente, en los sectores más propicios (construcción, metal y petroquímicas), las voces gubernamentales avisaban a la población del riesgo de caer en manos de sindicatos que querían crear dictaduras comunistas dentro de las empresas. Pero al final demostraríamos que nuestro objetivo no eran las dictaduras, que ya habíamos tenido una por muy largo tiempo, sino la democratización del mundo del trabajo, la disminución de la economía sumergida muy elevada en determinados sectores, la reducción de las largas jornadas de trabajo o la incorporación en las empresas de medidas de seguridad, tan escasas en esos años.

Comisiones Obreras tenía muy claroque la empresa era el núcleo fundamental para incorporar políticas democratizadoras en el mundo del trabajo. La actividad sindical y democrática en los últimos años de la década de los 70 y principios de los 80 posibilitaría avances importantes. Quizás el logro más destacable sea el Estatuto de los Trabajadores, negociado y aprobado por la UCD de Adolfo Suarez que, junto al artículo 35 de la Constitución Española, han servido para lograr cuotas de progreso y bienestar en el mundo laboral.

El Estatuto de los Trabajadores que fue recogido en el artículo 35 apartado 2 de la Constitución española fue consecuencia de una enmienda legislativa presentada por el Partido Comunista. La finalidad de esta incorporación era crear un texto legal que garantizase, en la empresa y en los lugares de trabajo, el cumplimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía, mientras efectuaban su prestación de trabajo.

En este mismo año de 1976, el diario Lanza de Ciudad Real publicó unas declaraciones mías, en representación de Comisiones Obreras a mi vuelta de la reunión en la iglesia de Sant Medir el día 10 de julio, en una entrevista realizada por Angel Jara, en las que se planteaba la necesidad de la legalización de los sindicatos fuera de la Organización Sindical (Sindicato Vertical). En este mismo año, se reivindicaba desde Barcelona, y a pesar de su situación de clandestinidad o de semilibertad, la legalización del sindicato Comisiones Obreras, y también sería el punto de arranque para el comienzo de la organización sindical efectiva, la posterior contratación de servicios jurídicos y la organización piramidal del sindicato. Ese mismo año de 1976 se constató que era imposible la continuidad de la CNS (Sindicato Vertical); lo que quedaba de la organización sindical no eran más que el nombre y la estructura de los edificios, como organización estaba vacía y llevaba muchos años de espaldas a la realidad de los trabajadores. Por tanto, era necesaria la creación de una organización nueva que atendiera a las demandas de libertad sindical, no solo de Comisiones Obreras sino también de los otros sindicatos que estaban en la misma tesis de libertad sindical. Cincuenta años después, posando la mirada en los cambios producidos, podemos ver los elementos estructurales de mejora que les ha llegado a las personas del mundo laboral.

Desde 1976 a nuestros días, se ha producido un avance lo suficientemente objetivo como para valorar el crecimiento, tanto económico como social de nuestra sociedad y, en particular, en la mejora de las condiciones laborales y de incorporación de la mujer en la vida laboral; que a veces se intenta ocultar para que pase inadvertido a la opinión pública. En estos días 8 y 9 del mes de julio nos hemos vuelto a encontrar en las cocheras de Sants de Barcelona, donde se formalizo el acto fundacional del sindicato Comisiones Obreras. Ha sido un honor estar allí y poder decir que estos cincuenta años de activismo sindical han servido y mucho al mundo del trabajo; señalando la participación y la colaboración de los sindicatos en las reformas legales que propiciaron el tránsito desde el franquismo a la transición democrática y en la petición que CC OO siga siendo un sindicato de concordia para el progreso de nuestra sociedad.

El domingo se disputará la final del Mundial; y, con deseo ferviente de que nuestra selección se proclame campeona del mundo, reconozco que España ya ha conquistado algo infinitamente más valioso que un título: la certeza de que, cuando un pueblo camina unido, no solo multiplica su fuerza, sino que recupera también la memoria de lo que es.

En una época marcada por la confrontación y las etiquetas, el fútbol sobrepasa la normalidad y conserva una virtud extraordinaria que escasea en nuestro tiempo: la capacidad de reunir aquello que parecía condenado a permanecer dividido. Y es que, durante noventa minutos dejan de importar las diferencias ideológicas, el lugar de procedencia o la manera de comprender el mundo. Solo permanece una verdad: nuestro escudo, la bandera y un sentimiento compartido: millones de españoles que laten al mismo compás, unidos por una ilusión que trasciende el deporte y se convierte en símbolo de pertenencia.

Es motivo de orgullo contemplar a nuestra selección entre las mejores del mundo. Pero aún conmueve más advertir que la auténtica victoria no se encuentra únicamente sobre el césped. Habita también en las plazas abarrotadas, en los hogares donde varias generaciones comparten el mismo sofá, en los bares donde desconocidos terminan abrazándose tras un gol, en cada rincón donde la alegría derriba, aunque solo sea por un instante, los muros invisibles que tantas veces levantamos entre nosotros.

Y quizás esa sea la mayor hazaña de nuestra selección: hacer que volvamos a encontrarnos con aquello que nunca debimos olvidar: que pese a nuestras diferencias, existe un sentimiento común que nadie puede discutir ni dividir, un vínculo que nos precede y nos une, un corazón patrio que late con fuerza cada vez que nuestra bandera salta al terreno de juego.

En este Mundial nos habéis enseñado que los sueños también se construyen sobre el césped. Nos habéis hecho volver a creer, a ilusionarnos con cada paso, a emocionarnos con cada triunfo.

Los trofeos ocupan un lugar en las vitrinas. Pero hay victorias, en cambio, que encuentran su hogar en la conciencia de una nación y permanecen mucho después de que el estadio se haya quedado en silencio. Y esa es una victoria que no cabe en ninguna vitrina sino en el corazón de millones de españoles.

Advertía George Santayana que quien no recuerda lo vivido está condenado a una perpetua infancia intelectual. Esta sentencia es una losa para los pueblos que olvidan su historia. Por ello, para entender por qué Córdoba está hoy perdiendo el control sobre su recurso más preciado que es el agua, es necesario contar cómo hace 150 años nuestra principal fuente de abastecimiento público, las aguas de Hoja Maimón, se gestionaba en un contexto de opacidad, asimetrías informativas y una profunda dependencia de intereses privados. Este precedente histórico guarda cierta similitud con lo que estamos viviendo en la actualidad en la gestión de un bien tan necesario como es el agua.

Situémonos en la década de 1870. España y en concreto Córdoba buscaban reponerse de la crisis monárquica del reinado de Isabel II. Apenas despuntaba la década cuando los ecos de la Revolución de 1868, “La Gloriosa”, que a nivel local se materializaron bajo el impulso de la Junta Revolucionaria de Córdoba, derribaron algo más que un trono al dictar un decreto que declaraba “abolidas las murallas que circundan esta población”. Córdoba dejaba de ser una fortaleza del Antiguo Régimen para abrazar la modernidad de la libre circulación de bienes y servicios. Sin embargo, mientras las murallas de piedra caían, otras murallas invisibles, las de la gestión y conservación de nuestros manantiales y fuentes, permanecían incólumes.

Posiblemente, la constante penuria económica del consistorio debido a diferentes avatares históricos a lo largo del siglo XIX abocó a una progresiva degradación a las redes de abastecimiento públicas. Las redes privadas, principalmente de la Iglesia, se vieron gravemente afectadas por las desamortizaciones sucesivas, principalmente por la de Mendizábal de 1835. Su principal resultado fue la transferencia de la titularidad de gran número de huertas con nacimiento de manantiales y sus conducciones que canalizaban sus aguas, a la Hacienda Pública de Madrid.

En 1864, el ayuntamiento tenía constancia de que las conducciones de agua no se gestionaban adecuadamente debido al desconocimiento de su trazado, incluidas las de las ya citadas aguas de Hoja Maimón. La información sobre el recorrido de las tuberías de barro recaía exclusivamente en los maestros fontaneros, personificados en la familia Bonilla. Esta saga gestionaba la red con una dejadez que rozaba lo malicioso, propiciando averías por las cuales cobraban reparaciones “sobrevenidas”. El ejemplo más sangriento de este descontrol fue la instalación por Ángel Bonilla de una bomba de succión; una solución que resultó ser veneno, pues durante diez años forzó el venero arrastrando arena que terminó por lijar y obstruir las viejas tuberías de barro. Semejante despropósito técnico fue posible porque el consistorio carecía de acceso al aforador de caudales que los Bonilla custodiaban en su domicilio. De las tres llaves necesarias para fiscalizar ese patrón de medida, el ayuntamiento había perdido dos, quedando a merced de los datos que la familia suministraba a su conveniencia.

Apenas tres años después, en 1867, el consistorio estaba ahogado por las deudas que dejó la visita real de Isabel II cinco años antes. Negociaron con el gobernador civil permutar el préstamo de estos fastos invirtiendo el dinero adeudado en la reforma integral de las cañerías de agua. El tiempo demostraría que esta solicitud fue una treta que buscaba cancelar la deuda. No se destinó dinero a la reparación de las redes que mostraban numerosas pérdidas y quejas por parte de los vecinos. Esto nos da una idea de la categoría moral de nuestros gobernantes en aquellos años. Años, algunos, de verdadera sequía como fueron los de la década de 1850, la Gran Sequía de 1872-1880, demostrando que la falta de inversión real en las cañerías condenó a la población a décadas de miseria hídrica.

Hacia 1874, ante la continua falta de agua en la ciudad por las circunstancias que estamos describiendo, la corporación municipal se vio en la necesidad de arrendar el uso de una noria existente en Huerta Nueva, situada en su día aproximadamente en el emplazamiento actual de Emacsa.

Esta huerta estaba arrendada a Manuel Romero. Él era conocedor de la falta de supervisión por parte del ayuntamiento y del maestro fontanero. Ante esta coyuntura, aprovechó para lucrarse obstruyendo los conductos de las aguas de la huerta con harapos para fingir averías y desviando el agua y vendiéndola a espaldas del consistorio.

Se atrevió a hacerlo al comprobar que los Bonilla manipulaban las redes a su conveniencia y que el ayuntamiento exigía derramas a los partícipes (vecinos con derechos de cierta cantidad de agua) de Hoja Maimón para restaurar su conducción a sabiendas de que les había vendido el consistorio ciertos volúmenes de agua sin que sus manantiales tuvieran el suficiente aforo. En todo este entramado, el mayor damnificado era el pueblo de Córdoba.

En 1876, ante la falta de lluvias, el alcalde Francisco de Paula Portocarrero ordenó al archivero municipal, José López Amo, clasificar y examinar minuciosamente los fondos documentales para reunir en un solo expediente toda la información sobre el origen y curso de las aguas de la ciudad. López Amo realizó una labor ingente de recopilación, examinando todos los documentos existentes para dar coherencia administrativa al sistema. Sin embargo, esta ordenación del archivo no fue suficiente para recuperar el control real: aunque el ayuntamiento ya podía consultar sus propios papeles, los Bonilla seguían poseyendo el saber práctico sobre el terreno, con detalles y precisiones que ningún legajo podía igualar. La institución había recuperado su memoria escrita, pero seguía siendo rehén de la pericia técnica de una dinastía privada que conocía la red mejor que sus propios dueños.

Años más tarde, ante la persistencia de la sequía y el crecimiento demográfico, se aprobó la conducción de Torrecilla-Antas. La apuesta técnica no fue por el desarrollo de una ingeniería propia, sino por la adopción de soluciones extranjeras: la patente francesa del Sistema J. Lavril, suministrada por la firma barcelonesa Balaciart Hermanos. La documentación comercial de la época revela la servidumbre implícita de esta modernización al destacar la «facilidad de su colocación, al alcance de las personas menos versadas». Se vendía así la ilusión de una tecnología «llave en mano» que permitía prescindir de la capacitación local, interrumpiendo el desarrollo técnico de fontaneros y arquitectos municipales. La red ganó rendimiento, pero el municipio consolidó una subordinación a patentes y manuales extranjeros gestionados desde Barcelona.

Incluso propuestas alternativas, como la presentada por Santos María Pego en 1879 para la Asociación de Partícipes de las Antiguas Aguas del Cabildo, se veían obligadas a recurrir a tecnología foránea, en su caso, tubos de hierro dulce bajo patente de los ingenieros Desnos y Broussant. Sin embargo, el proyecto de Pego marcaba una diferencia política crucial: proponía un sistema de medición mediante un metrónomo de precisión que permitía a los usuarios auditar el reparto con equidad. Pego intentaba devolver a los cordobeses el control sobre la métrica que el modelo municipal entregaba ciegamente a intereses externos.

En el ámbito nacional, la implantación de la peseta en 1868 resultó determinante para este proceso de apertura a la industria extranjera. Esta medida puso fin a la convivencia de múltiples divisas, como los reales, escudos y maravedíes, integrando a España en la Unión Monetaria Latina. Al establecer una paridad directa con el franco francés, se simplificó la contabilidad y se eliminaron las incertidumbres en el cambio que dificultaban la inversión de las potencias industriales. De este modo, la unificación monetaria facilitó la repatriación de beneficios para las concesionarias extranjeras, lo que terminó por convertir a España y a Córdoba, en concreto, en un escenario económicamente accesible para el capital transnacional.

Este logro institucional se produjo en el marco de la Constitución de 1876, catalizadora del régimen de la “oligarquía y el caciquismo”. La estabilidad política emanada de la nueva Carta Magna operó como un incentivo para la llegada de capital transnacional. Así, mientras Córdoba dependía todavía de una obsoleta red de atanores de barro, el capital británico ya había privatizado el agua en Sevilla mediante The Seville Water Works Company Limited (SWW).

Esta inercia de subordinación técnica perduró más allá del siglo XIX, consolidándose en las estructuras institucionales. El municipio cordobés quedó atrapado en un modelo de gestión dependiente que tardaría décadas en revertirse, perpetuando una brecha entre la propiedad pública del recurso y la incapacidad técnica para operarlo de forma autónoma hasta bien entrado el siglo XX.

El primer punto de inflexión en esta dinámica ocurrió en 1938, en plena Guerra Civil, cuando el Ayuntamiento de Córdoba logró la municipalización del servicio al comprar la empresa privada que gestionaba las aguas locales. Aquella operación dio origen al Servicio Municipal de Aguas Potables que, aunque limitado a unos 3.000 abonados, sentó las bases operativas para la gestión directa del recurso.

La recuperación plena de dicha soberanía no se materializó hasta noventa años después de aquellos desencuentros decimonónicos, en 1969, mediante la constitución de Emacsa bajo la dirección unificadora del ingeniero Juan Chastang Marín. Chastang articuló el control integral del ciclo hidráulico, abarcando desde la captación en los embalses de la cuenca hasta el suministro final de la capital. Esta estructura centralizada aseguraba una planificación rigurosa y una alta capacidad de respuesta ante contingencias.

Si bien la transición democrática ofreció una coyuntura idónea para consolidar la gestión del agua en el territorio cordobés, el proceso fracasó debido a un conflicto político de carácter estructural. Este desencuentro se consumó el 21 de diciembre de 1985, al amparo de la recién aprobada Ley de Bases del Régimen Local. El proyecto de «provincializar» Emacsa para erigirla en la entidad gestora de todo el ámbito provincial colapsó por una disputa de representatividad: Izquierda Unida condicionó el acuerdo a la reserva del 51 % del control accionarial, mientras que el PSOE, desde la Diputación Provincial, exigió una gobernanza estrictamente paritaria. Ante la falta de consenso, la corporación provincial constituyó de manera unilateral la empresa Emproacsa, con el fin de asumir la dirección técnica de los consorcios hídricos, como los de las zonas Norte, Sur y Alto Guadalquivir, que hasta entonces tutelaba la Confederación Hidrográfica. De este modo, el mapa concesional de Córdoba quedó definitivamente fracturado, consolidando una gestión dual que dividía el recurso entre la capital y el resto de la provincia.

Esta ruptura institucional fragmentó la unidad operativa del agua y originó la bicefalia (Emacsa para la capital y Emproacsa para la provincia) que persiste en la actualidad. Este proceso fue contemporáneo a otro hito de apertura exterior: la integración de España en la Comunidad Económica Europea en 1986. Si en el siglo XIX la peseta facilitó la conexión con el capitalismo industrial, la adhesión al mercado común y la posterior adopción del euro en 2002 representaron la inserción definitiva en una economía de escala continental. Sin embargo, mientras el Estado adaptaba sus estructuras a las exigencias de Bruselas, Córdoba consolidaba esa fractura administrativa interna que neutralizó cualquier posibilidad de respuesta unificada ante los nuevos desafíos globales.

Este inmovilismo estructural relegó a Emacsa a un marco operativo insular heredado de su fundación predemocrática. A diferencia del modelo metropolitano de Sevilla, las sucesivas reformas de los estatutos de la entidad cordobesa jamás contemplaron la apertura de su accionariado para articular una gobernanza regional. Mientras que Emasesa adaptó sus estatutos en 1993 para incorporar a los municipios limítrofes a su propiedad, la corporación cordobesa preservó su modelo autárquico. En este punto radica la asimetría de la innovación local: Emacsa opera con altos estándares de eficiencia interna, pero adolece de proyección territorial; prioriza la excelencia en la gestión doméstica frente al liderazgo regional. Se constata así la diferencia entre la aspiración a controlar la infraestructura de conectividad (Sevilla) y la complacencia de poseer el activo mejor optimizado pero confinado (Córdoba).

Como consecuencia de este repliegue, Emacsa ha acometido una actualización tecnológica convencional mediante la adquisición de la plataforma propietaria de la multinacional Schneider Electric-AVEVA. Esta opción representa la línea de menor resistencia técnica: perpetuar la vinculación con el proveedor histórico a costa de transferir el conocimiento táctico de la ingeniería local. Al externalizar los procesos de inteligencia analítica en una arquitectura de código cerrado, el control cognitivo de la red abandona la soberanía municipal. Esta involución presenta una severa paradoja histórica: de la cesión de la infraestructura física a las patentes francesas en el siglo XIX, se ha pasado a la entrega del algoritmo de gestión a un conglomerado transnacional en el siglo XXI.

Por el contrario, el modelo sevillano ilustra una estrategia divergente. Emasesa ejerce el liderazgo sectorial tras constituirse en un nodo tecnológico y centro de analítica de datos de referencia en Andalucía. Esta autonomía operativa obedece a una decisión deliberada de eludir la dependencia de grandes proveedores de software propietario, articulando alianzas con el ecosistema de código abierto y consultoras especializadas como Wellness TechGroup o la FIWARE Foundation. Mediante esta cooperación, Sevilla ha desarrollado una plataforma pública de gestión hídrica integral que optimiza la captación de fondos comunitarios, 15,4 millones de euros, una cifra que triplica la asignación cordobesa, dado que los criterios de financiación de la Unión Europea priorizan aquellas infraestructuras tecnológicas de carácter interoperable y uso compartido.

Esta divergencia estratégica adquiere una urgencia perentoria ante un hito normativo inmediato: la entrada en vigor, el 2 de agosto de 2026, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA). La nueva ley cataloga los sistemas de distribución de agua como infraestructuras de «alto riesgo», lo que proscribe el empleo de algoritmos opacos o de código cerrado que impidan una auditoría externa. Aunque el consistorio confíe en una moratoria transitoria hasta 2030, esa tregua es un espejismo: cualquier actualización operativa del software antes de esa fecha obligará a Emacsa a cumplir de inmediato con la norma. Si la naturaleza cerrada de la plataforma de Schneider impide garantizar la trazabilidad y la supervisión humana independiente que exige Europa, la entidad incurrirá en un incumplimiento de conformidad. Es el regreso de la paradoja de las llaves perdidas: si el ayuntamiento no posee el código, no puede abrir la “caja negra” para que sea auditada, exponiéndose a una sanción que podría alcanzar los 15 millones de euros. Córdoba no puede permitirse ser, otra vez, rehén de una llave que no tiene.

La resolución de esta vulnerabilidad exige la superación definitiva de la fractura institucional datada en 1985. En este sentido, la propuesta para la constitución de un Cerebro Digital Soberano, concebido con la Universidad de Córdoba (UCO) y articulado mediante proyectos como ALIA, ofrece la coyuntura idónea para que Emacsa y Emproacsa trasciendan, por fin, el marco estatutario de 1969. Daniel García-Ibarrola y Salvador Fuentes tienen ante sí la oportunidad histórica de sustituir la actual dependencia del arrendamiento tecnológico por la soberanía sobre sus propios sistemas de gestión. El agua, en su condición de bien de dominio público, demanda un modelo de gobernanza digital igualmente público, transparente y arraigado en la realidad cordobesa. El 2 de agosto de 2026, cuando el Reglamento Europeo de IA empiece a exigir cuentas sobre la transparencia de los algoritmos de infraestructuras críticas, se sabrá si los actuales responsables decidieron ejercer el mando sobre nuestra propia inteligencia hídrica o si prefirieron resignarse a ser meros inquilinos de un software ajeno.

*Pancho Gamero, doctor Ingeniero Agrónomo y egresado en Historia del Arte

El nombre de este insecto le viene por su postura de rezo cuando se prepara para la caza y es conocida por comerse a su pareja durante el apareamiento.

Es la imagen que me ha venido a la cabeza, como una buena metáfora, al leer las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, señor Argüello. Declaraciones que no sólo son un insulto a los sectores o personas a las que se refiere, sino también una provocación moral e intelectual a la ciudadanía en general, viniendo del máximo representante de la Iglesia Católica en nuestro país.

Se ha remitido a las pruebas para decir que el Estado, sin ética, se convierte en una banda de ladrones. Y lo dice desde la “autoridad moral” de quien representa a una institución que se ha apropiado del 80% del patrimonio nacional que explota en beneficio propio y de más de 100.000 propiedades inmuebles de todo tipo. Una institución que recibe de ese Estado “ladrón” todo tipo de privilegios económicos, estimados en unos 13.000 millones de euros anuales, permitiéndole lucrarse con la educación, la sanidad, los servicios sociales, los geriátricos y hasta con la caridad, todo exento de cualquier tipo de impuestos.

Ha denunciado, al puro estilo de Vox, las paguitas y las limosnas, lo que nombra como “Cáritas laico” del gobierno a las personas migrantes y las más necesitadas. Olvida que el Cáritas que la Iglesia controla y utiliza para hacer apostolado clientelar funciona con fondos públicos y de particulares, mientras la organización que la mangonea no aporta ni el 5% del presupuesto, que a su vez es una mínima parte de lo que recibe del Estado vía recaudación fiscal (ese 0’7% de quienes marcan la casilla, que se detrae de la caja común).

Se ha referido también al orgullo gay como un pecado de Satán. Supongo que estaría pensando en la cantidad de miembros del clero homosexuales, que en muchos casos practican su “antinatural tendencia” abusando de menores, cientos de miles de víctimas que han sido ocultadas y silenciadas y que en su inmensa mayoría siguen sin recibir ni justicia ni reparación.

Y este ataque al gobierno se produce en un momento álgido de las relaciones de aquel con la Iglesia Católica, donde las muestras de amor llegan al clímax de someter la cámara legislativa al púlpito del jefe del Vaticano y aplaudirlo extasiados hasta la extenuación. En un Estado que, traicionando la Constitución, somete sus poderes a la influencia y dirección de la Iglesia. Con unos partidos democráticos y progresistas que, con honrosas excepciones, anteponen esa relación tóxica y masoquista a su propia existencia. Parece que el animal ya se ha comido la cabeza de su amante y ha suplantado su cerebro. La visita del Papa ha sido una prueba evidente, donde todos los estamentos han seguido las indicaciones y se han adelantado a los deseos de la Jerarquía Católica. Aunque mantiene las conexiones nerviosas y las estructuras necesarias para seguir incrementando el placer de sus privilegios. Ahora le queda la tarea de seguir fagocitando poco a poco el resto del cuerpo desde su interior, hasta dejarlo en una piel vacía. Llevar su corrosiva ideología a los órganos - instituciones administrativas y a los tejidos sociales, ya lo ha conseguido en una parte, ligada sobre todo a los partidos de derechas.

Desgraciadamente, en el ejemplo de la naturaleza ya no habría nada que hacer. Espero que en la vida político-social se pueda reaccionar. Aunque parece que, visto lo visto, la reacción tendrá que comenzar en la sociedad. En los colectivos directamente atacados y acosados o señalados por la ideología, las declaraciones y las actuaciones de la institución que representa Argüello; en toda la población que defienda los Derechos Humanos; en la ciudadanía que quiere una democracia avanzada y, por tanto, laica; en los sectores más desfavorecidos y los trabajadores, que necesitan un mejor reparto de la riqueza y la eliminación de privilegios; en la intelectualidad y todas las personas racionalistas y librepensadoras, aunque sólo sea por desterrar el cutrerío cultural. Es de suponer que partidos como BNG y Podemos, que se posicionaron ante el disparate del tratamiento institucional de la visita del Sr. Prevost mantengan la coherencia, conscientes de la necesidad de actuar en esa dirección por la propia supervivencia. Y, con el optimismo de la razón, pienso que todos los demás partidos democráticos podrán ir recobrando la cabeza, aunque sea por la presión de sus bases.

Declaraciones como estas, como tantas otras y tantos hechos, de la Conferencia Episcopal deberían hacer reflexionar a esa mayoría no creyente y a los sectores creyentes democráticos, y convencernos de que debemos movilizarnos por un Estado laico para garantizar y desarrollar una verdadera democracia.

La moraleja de la metáfora es clara: la única garantía de supervivencia es separarse de la mantis religiosa. No se puede esperar un cambio en su naturaleza. Como en aquella otra fábula en la que el escorpión responde a la rana que le pregunta por qué le picó cuando le había ayudado a pasar el río: “Está en mi naturaleza”.

*José Antonio Naz Valverde, presidente de Europa Laica

Días después del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, solo allí donde llegaba la cobertura de las emisiones vía radio y las líneas telefónicas y/o telegráficas, fundamentalmente las grandes ciudades y pueblos importantes de España, se podía tener, al menos, una idea del desarrollo y situación general de la guerra. No así en la mayor parte del país sumido, sobre todo en zonas rurales, en la incertidumbre y el miedo.

Ya destaqué en mi anterior libro sobre “La Radiodifusión en la República, el Golpe de Estado y la Guerra Civil Española”, que los franquistas, a pocos días del golpe, todavía no habían triunfado en la mayor parte del territorio nacional y mucho menos en las capitales más importantes: Madrid, Barcelona y Valencia. Pero esta situación se fue revirtiendo debido a la intervención de los cuatro ejércitos aliados contra la República: el franquista afín de la península, el de las tropas africanas de regulares y legionarios que era un contingente de unos 30.000 soldados muy entrenados para la lucha, el apoyo del Nazi alemán y el Fascista italiano. Además, aunque menos importantes, fueron las tropas portuguesas de lo “Viriatos ”, voluntarios promovidos subrepticiamente por la Dictadura Salazarista de Portugal (1).

Por otra parte, con ayuda de la instalación de equipamientos de radiodifusión de gran potencia procedentes de la Alemania nazi y la Italia fascista, el bando rebelde fue acaparando el relato del éxito golpista. Es notorio que, de los aproximadamente 400.000 receptores de radiodifusión existentes en España en esas fechas, por su gran costo, en su mayoría eran propiedad de familias de mejor poder adquisitivo, entre ellas las organizaciones de los “quintacolumnistas”. Este término fue inventado por el general franquista Emilio Mola en una locución radiofónica. Las cuatro columnas, eran las agrupaciones militares del bando sublevado que avanzaban hacia Madrid de forma simultánea desde diferentes puntos geográficos, en el otoño de 1936.

Según la documentación histórica consultada, los frentes de avance correspondían a los siguientes ejes: La columna de Toledo: Tropas que subían desde el sur tras haber tomado Toledo y el Alcázar. La columna de la carretera de Extremadura: Fuerzas compuestas en gran parte por tropas coloniales (regulares y legionarios) que avanzaban por el suroeste de la península. La columna de la Sierra: Tropas procedentes del norte que presionaban a través de los pasos de la Sierra de Guadarrama y Somosierra. La columna de Sigüenza: Contingentes militares que empujaban desde el noreste, en el eje de la provincia de Guadalajara. Estas fuerzas operaban bajo la dirección del general Mola en el norte y la ejecución en el terreno de comandantes, como el general José Enrique Varela, rodeando de forma progresiva los accesos principales a Madrid. La quinta columna: era una red civil y clandestina de saboteadores que, en contacto vía radio, ayudaban al bando nacional ocultándose en la retaguardia enemiga.

En la zona republicana se adoptó rápidamente el término para alertar a la población sobre el “enemigo interior”, sin embargo, esto también supuso una gran paranoia colectiva. Además de requisar las emisoras privadas de radiodifusión, que disponían de la concesión del Estado desde 1924, el Gobierno de la República intentó controlar los grupos de ciudadanos que eran titulares de aparatos receptores que no contaban con Licencia, y aquellos que, aun con ella, fueran sospechosos de estar en contacto con las tropas golpistas. Pero esto no pudo conseguirse totalmente, y a veces aparecían por Madrid y otras ciudades pasquines y octavillas, anunciando el avance franquista y animando a la rebelión.

La prensa privada como tal desapareció por completo en la zona republicana, tras el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936. Los periódicos de propiedad particular e independiente fueron incautados por el Gobierno republicano, por comités obreros o por sindicatos gráficos (como la UGT y la CNT) para convertirse en órganos de propaganda de partidos políticos y milicias: Por ejemplo ABC y La Voz (la edición de Madrid) (2), El Debate, Ya, El Siglo Futuro, El Sol e Informaciones.

Aun con las dificultades de la escasez de papel, las organizaciones populares republicanas editaban, en su zona de influencia, revistas informativas, culturales, TBO`s, etc.. que procuraban distribuir por el territorio todavía fiel a la República. La distribución abarcaba diferentes géneros y audiencias, adaptándose a las necesidades de la guerra y la retaguardia: Prensa de frente y miliciana: Editadas por batallones, brigadas y sindicatos (como el 5º Regimiento). Servían como órgano de propaganda, arenga y moral combativa. Revistas culturales y literarias: Destacaba “Hora de España”, financiada por el Ministerio de Propaganda, donde escribieron destacados intelectuales y poetas de la época. Revistas ilustradas y de retaguardia: Publicaciones como “Mi Revista” o “Espectáculo” (del Sindicato de Industrias del Espectáculo), destinadas a mantener la actividad cultural y dar soporte a los refugiados y heridos. Sátira política: Cabeceras como “La Traca” y “L'Esquella de la Torratxa”, orientadas a la crítica ideológica de izquierdas y anticlerical. Buena parte de estas publicaciones han sido recopiladas y digitalizadas. Para investigar los números originales o buscar artículos, el lector puede consultar los catálogos digitales de la Hemeroteca del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona o al catálogo del Kiosco Digital de la Guerra Civil Española del Ministerio de Cultura.

Por último, hay que resaltar, que la gran mayoría de los poetas, escritores y artistas de vanguardia españoles, junto a destacadas figuras internacionales, ejercieron como intelectuales activistas de apoyo a la Segunda República, organizándose para divulgar documentos a través de colectivos culturales y mítines en los frentes de batalla para combatir el ascenso del fascismo.(1) Intervinieron ya en julio de 1936. No respetaron su firma del Pacto de No Intervención. Y tampoco la Unión Soviética que ayudó a la República en Octubre de 1936. (2) La Edición de Córdoba, en la que luego fui suscriptor y colaborador a principios de los años ochenta durante la dirección de Francisco Solano Márquez, fue requisada y su director Pablo Troyano ejecutado por los fasciosos.

*Nicolás Puerto Barrios, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Escritor y Periodista. Miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones Córdoba

Cada mes de junio se repite la misma escenografía. Juanma Moreno se planta delante de los helicópteros del INFOCA, sonríe para las cámaras y suelta la frase que ya forma parte de su libreto permanente de campaña: “un esfuerzo nunca antes visto en Andalucía”. Este año le ha tocado hablar de 271 millones de euros, “un 5% más que el año pasado y un 60% más que” en 2018, de 4.700 profesionales y de “43 medios aéreos entre helicópteros y aviones, tres más que en 2025”. Se ha permitido incluso proclamar que Andalucía cuenta ya con “un servicio propio que es probablemente el más solvente que hay en España” y que es, gracias a él, “una potencia en la lucha contra los incendios forestales” preparada “ante los duros efectos del cambio climático”. Un discurso bonito, redondo, hecho para la ovación. El problema es que, en cuanto uno deja de mirar al atril y se pone a leer el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el relato se desmorona solo.

Vayamos a los números, que son los que no mienten cuando alguien no los maquilla a tiempo.

El Plan Anual para la Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía —el PAIIFF, aprobado por Orden de 15 de diciembre de 2025— dotaba al dispositivo en 2025 de 45 unidades aéreas: 17 aviones y 28 helicópteros. El Plan para 2026 lo reduce a 40: 14 aviones y 26 helicópteros. Tres aviones menos y dos helicópteros menos, en un año en el que ni la AEMET ni los propios técnicos del operativo se atreven a decir que el riesgo vaya a ser menor que el anterior. A eso hay que sumarle la caída de los puntos fijos de vigilancia, los que detectan el humo antes de que se convierta en tragedia: de 198 a 186, con los “otros puntos” evaporándose casi por completo, de 19 a solo 5. Repásenlo con calma: mientras el presidente presume de “tres medios más”, el documento que su propia Consejería firma y publica dice justo lo contrario. No es una opinión mía, es aritmética del BOJA.

La infraestructura, curiosamente, no se ha tocado: las 28 bases de helicóptero y las 11 bases de avión siguen intactas en el papel. Lo que se ha recortado no es la red, sino lo que vuela dentro de ella. Es la diferencia entre tener un garaje y tener coche: la Junta mantiene el garaje, lo enseña en las ruedas de prensa y presume de él, pero ha metido menos coches.

Y aquí llega la parte que roza el esperpento administrativo, la que deja en evidencia con qué rigor se redactan los documentos que nos tienen que proteger la vida y el monte. En la página 100 del Plan 2026, el propio texto reconoce que el dispositivo aéreo “cuenta con un total de 40 unidades”. Dos páginas después, en las tablas que detallan dónde está cada avión y cada helicóptero, los títulos dicen otra cosa: “AVIONES: 17 unidades” y “HELICÓPTEROS: 28 unidades”. Sumen: 45. La misma cifra exacta del año pasado. Alguien copió y pegó el catálogo de 2025 para redactar el de 2026, cambió los datos de dentro de las tablas —ahí sí aparecen los 14 aviones y los 26 helicópteros reales, uno por uno, provincia por provincia— pero se olvidó de tocar el título. Un plan que se contradice a sí mismo en menos de dos páginas no es una errata: es la prueba de que ni siquiera se revisó con el cuidado mínimo que exige un documento que Moreno Bonilla utiliza cada verano para venderse como garante de “la potencia” andaluza contra el fuego.

Si la propia Consejería no repara en que sus tablas no cuadran con su resumen, ¿qué garantía tenemos de que el resto del documento —las previsiones de riesgo, las zonas estratégicas, los indicadores de eficacia— se haya revisado con más rigor? Cuando un gobierno recorta medios de extinción y encima no se molesta en corregir el papel que lo demuestra, no estamos ante un despiste: estamos ante una gestión que da por hecho que nadie va a comparar los planes de un año con los del siguiente. Y ese “nadie” incluye, aparentemente, al propio presidente cuando sale a dar cifras de memoria.

Pero el autobombo de Moreno no se sostiene solo con aviones. Mientras él hablaba de “esfuerzo nunca antes visto”, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente reconocía, por transparencia, que en septiembre de 2025 contaba con 698 agentes de medio ambiente —la vigilancia sobre el terreno, la detección temprana, la investigación de causas— y que en junio de 2026, justo al inicio de la campaña de alto riesgo, se había quedado en 602. Noventa y seis efectivos menos en nueve meses: un 14% de la plantilla, con solo 78 nombramientos nuevos por 130 jubilaciones.

Andalucía tiene la mayor superficie forestal de España y una de las orografías más castigadas por el fuego de toda la cuenca mediterránea. No hace falta ser alarmista para señalar lo evidente: en un contexto de veranos cada vez más largos y más secos, recortar un 11% la flota aérea propia, un 6% los puntos fijos de vigilancia y un 14% la plantilla de agentes medioambientales no es una cuestión de matices contables ni un problema de comunicación. Es una decisión política que Juanma Moreno prefiere disimular detrás de un micrófono en lugar de explicar con el mismo detalle con el que exige “trato igualitario” al Gobierno central. Se puede pedir cuatro aviones más al Estado y, al mismo tiempo, no explicar por qué se han retirado cinco propios. Se puede hablar de “potencia” mientras se pierden noventa y seis agentes forestales en nueve meses. Lo que no se puede hacer, o no se debería poder hacer sin que alguien lo señale, es cobrar aplausos por un dispositivo que, sobre el terreno, hace aguas por mil puestos sin cubrir.

Mientras tanto, si el monte arde este verano y los helicópteros que faltan hacen falta, ya sabemos dónde buscar la explicación: no en el cielo, y tampoco en el atril donde Moreno Bonilla recita cifras récord, sino en el BOJA que su propio Gobierno firma, publica y, por lo visto, ni siquiera se lee.

3-0: contundente 3-0

5-0: manita

Advertir el árbitro a un jugador: apercibir

Alineación titular: once de gala

Amonestar: sancionar, mostrar tarjeta

Árbitro: colegiado, réferi

Árbitro asistente: juez de línea, linier

Atrapar el balón el portero: hacerse con el balón, blocar

Avanzar regateando con toques cortos de balón: llevar el balón cosido al pie

Balón: pelota, esférico, cuero, redonda

Caerse: ir al suelo

Cambio: sustitución

Camiseta: elástica

Carrera: cabalgada

Centrar al área por alto: colgar el balón

Centrar con la derecha jugando por la banda izquierda o viceversa: a pierna cambiada

Centrar por alto al punto de penalti: balón a la olla

Chutar con la derecha siendo zurdo o con la izquierda siendo diestro: darle con la mala

Córner: saque de esquina

Correr con el balón en dirección a la portería rival: progresar

Correr con el balón hasta introducirse en el área rival: meterse hasta la cocina

Crear ocasiones de gol: generar peligro

Defender con muchos jugadores: encerrarse atrás, recular, defender con todo

Defensa: zaga

Defensor: zaguero, defensa

Defensor implacable y aguerrido: mariscal

Delantera: ataque

Delantero: atacante

Delantero centro: nueve, ariete

Delantero más importante del equipo: referencia atacante

Desmarcarse, ocupar posiciones: desplegarse

Disparar: chutar, golpear, pegarle

Disparo: chut, golpeo, lanzamiento

Disparo fuerte: zapatazo, zambombazo

Escuadra: cruceta, pico del marco

Estilo de juego al ataque con pocos pases horizontales: verticalidad

Estrategia de acumular muchos defensores en su área: poner el autobús

Evitar el gol el portero con la mano: meter la manopla

Fallo clamoroso que propicia un gol del rival: cantada

Ganar: vencer, superar

Ganar y clasificarse para la siguiente ronda del torneo: hacer los deberes

Gol: tanto, diana

Gol vistoso o virtuoso: golazo, chicharro

Golpeo defectuoso al balón, pero que, aun así, va dirigido a portería o acaba en gol: semifallo

Indicar (el árbitro): señalar, pitar

Iniciar jugada a la contra: armar la contra

Inicio de jugada desde área propia: salida de balón

Irse de un defensor, amagando hacia un lado con el balón, pero escapándose por el lado contrario: romperle la cadera al defensor

Jugada o incidente durante el juego: lance

Jugador incisivo en la delantera: puñal

Jugador que apenas interviene en el juego: inédito, desaparecido

Jugador que marca dos goles en un partido: bigoleador

Jugador que marca un gol o más en un partido: goleador

Lanzar el balón hacia delante a distancia larga: pelota larga

Lateral del terreno de juego: costado

Lateral que sube al ataque: carrilero

Lesión: problema físico

Lesionado: roto

Línea frontal del área grande: balcón del área

Marcador: casillero, electrónico

Marcar: anotar, batir al portero, batir la meta

Marcar 3 goles o más y ganar: golear

Marcar 6 goles y recibir menos: set

Marcar un gol por la escuadra: quitarle las telarañas a la portería, clavarla por la escuadra

Neutralizar el potencial de un delantero rival: secar al delantero

Pantalón: calzón

Partido: encuentro, enfrentamiento

Partido entre dos rivales fuertes, con mucha expectación en un torneo: final anticipada

Pasar el balón: combinar, entregar, tocar

Pase al jugador que marca gol: asistencia

Pase de balón entre jugadores rivales a un compañero que ataca: pase filtrado

Penalti: pena máxima, penal, once metros

Perder tiempo en los minutos finales: matar el partido

Pierna derecha: diestra

Pierna izquierda: zurda

Por la escuadra: por toda la escuadra

Portería: meta, arco

Portero: guardameta, meta, arquero, cancerbero

Posición que ocupa un jugador sobre el terreno de juego: demarcación

Poste: palo, madera

Poste más cercano a la situación del balón: palo corto, primer palo

Poste más lejano a la situación del balón: palo largo, segundo palo

Primera parte: primera mitad, primer acto

Regatear: driblar, sortear

Regatear a un defensor: irse del defensor

Segunda parte: segunda mitad, segundo acto

Selección: equipo, combinado, plantilla, plantel, once, conjunto

Selección de Alemania: combinado germano

Selección de Argentina: combinado albiceleste

Selección de Brasil: La Canarinha

Selección de España: La Roja

Selección de España sub-21: La Rojita

Selección de Francia: combinado galo

Selección de Inglaterra: combinado de los tres leones

Selección de Uruguay: combinado charrúa

Ser eliminado de un torneo: hacer las maletas, irse para casa, ver la final desde el sofá

Silbido: pitido

Terreno de juego: rectángulo de juego, campo, hierba, césped

Tiempo adicional: añadido, alargue

Tirarse al suelo un jugador para fingir que ha sido objeto de penalti: piscinazo

Travesaño: larguero

Tres goles marcados por un jugador en un mismo partido: hat-trick

Últimos 5 minutos del partido: compases finales

Últimos 15-20 minutos del partido: tramo final

Zona libre de rivales que propicia el ataque: autopista

Ante las afirmaciones vertidas por el Sr. Iván de Arteaga en su reciente artículo de opinión, considero, en primer lugar, que ha sido un texto plagado de valoraciones personales, interpretaciones interesadas y afirmaciones que no reflejan la realidad de Asaja Córdoba.

Antes de responder a las acusaciones, quiero comenzar agradeciendo su reconocimiento tras afirmar que en años anteriores existía un magnífico equipo de colaboradores y profesionales, puesto que durante diecisiete años tuve el honor de ser vicepresidente 1º de Asaja Córdoba junto al presidente, el Sr. Ignacio Fernández de Mesa. Usted, por cierto, también estuvo durante esos diecisiete años como tesorero de Asaja Córdoba y, junto a otros dos señores más, formamos el comité ejecutivo de Asaja Córdoba durante esos 17 años aproximadamente. Como usted bien, dice fueron años de intenso trabajo en los que compartimos el objetivo de convertir Asaja Córdoba en la organización de referencia del campo cordobés.

Agradezco sinceramente todo lo positivo que construimos juntos durante esos años. Precisamente por haber formado parte de ese proyecto, conozco perfectamente el esfuerzo que costó levantar esta organización y soy el primero en querer preservar su prestigio.

Cuando asumí la presidencia, existía el compromiso de dar continuidad a aquello que había funcionado bien. Y así se ha hecho. Sin embargo, continuidad nunca ha significado conformismo ni inmovilismo. Al acceder a la presidencia, comprobé que existían determinadas prácticas, formas de funcionamiento y determinados “usos y costumbres internos” que en mi anterior etapa de Vicepresidente 1º desconocía por completo, y que me consta que desconocían otros miembros del comité ejecutivo pasado y actual; y que, bajo mi responsabilidad, no estaba dispuesto ni a consentir ni a mantener porque entendía que no respondían al modelo de gestión que considero adecuado para una organización como Asaja Córdoba.

Un presidente no está para perpetuar inercias, sino para asumir la responsabilidad de corregir aquello que entiende que debe mejorarse, aunque esas decisiones puedan resultar incómodas para algunas personas.

En ese contexto, se adoptaron distintas decisiones de organización interna y de gobierno corporativo. Entre ellas, la revocación de determinados poderes que existían en la agencia de seguros vinculada, Corseas, hacia el entonces secretario general de Asaja Córdoba, el Sr. Rafael Navas, y que habían sido otorgados por el Sr. Ignacio Fernández de Mesa. Esa decisión respondió exclusivamente a una pérdida de confianza hacia el Sr. Rafael Navas y al convencimiento de que la Presidencia debía recuperar el control directo sobre aquellas facultades que afectan al patrimonio y a la gestión de entidades vinculadas a Asaja. Fue una decisión de responsabilidad, no de enfrentamiento personal. Como puede entender, yo no podía mantener al Sr. Navas, con unos poderes en Corseas que son vulgarmente conocidos como “poderes de ruina”.

Es precisamente a partir de ese momento, cuando algunas discrepancias internas comenzaron a hacerse más visibles. Respeto que existan opiniones diferentes sobre la gestión, pero discrepar de determinadas decisiones no justifica construir un relato que pretende presentar como una crisis institucional lo que, en realidad, es una diferencia sobre el modelo de dirección de la organización.

Como firme defensor de los principios democráticos y asociativos, considero legítimas, necesarias y enriquecedoras las discrepancias que pudieran existir en relación con el modelo de gestión. Sin embargo, no es admisible que se falte a la verdad, como hace el Sr. De Arteaga en su epístola. Siguiendo la máxima que el dato mata al relato, el que pretende construir el Sr. De Arteaga choca frontalmente con los acontecimientos acaecidos en los últimos meses en el seno de Asaja Córdoba. Así:

Por último, me va a permitir el Sr. De Arteaga que no dé respuesta a la, también falsa, afirmación relativa al despido de dos trabajadores de Asaja, pues es una cuestión que se encuentra sub iudice. Preferimos que sean los tribunales de justicia los que hablen.

Como presidente, seguiré tendiendo la mano al diálogo, escuchando todas las opiniones y trabajando para fortalecer Asaja Córdoba. Pero también defenderé el buen nombre de la organización frente a quienes, por intereses personales o por discrepancias legítimas mal canalizadas, optan por trasladar el debate interno al terreno mediático.

Los socios saben que mi compromiso no es con personas concretas ni con dinámicas heredadas. Mi compromiso es con una Asaja Córdoba moderna, transparente, profesional y preparada para afrontar los enormes desafíos que tiene hoy el campo cordobés. Esa responsabilidad exige, en ocasiones, tomar decisiones difíciles. Y seguiré haciéndolo siempre que considere que son las mejores para la organización y para sus asociados.

Hablar del Festival de la Guitarra de Córdoba es hablar de uno de los grandes referentes culturales de la ciudad. Durante décadas ha sido un escaparate internacional que convirtió a Córdoba en la capital mundial de la guitarra, reuniendo a los mejores intérpretes de flamenco, clásica, jazz, blues, rock y otras músicas. Un festival que no solo programaba conciertos, sino que generaba identidad, orgullo, formación y prestigio.

Sin embargo, en los últimos años resulta difícil evitar una sensación de pérdida de ambición. El Festival sigue siendo un acontecimiento importante, pero ha dejado de liderar para conformarse con mantener el tipo. Y esa diferencia es enorme cuando se trata de un evento con cuarenta y cinco años de historia.

La programación continúa ofreciendo nombres de calidad, pero cuesta encontrar esos grandes artistas internacionales que convertían cada edición en una cita imprescindible. Antes, el Festival era noticia porque reunía a figuras únicas; hoy, demasiadas veces, la sensación es la de un cartel correcto, modesto sin ambición y sin el efecto llamada que caracterizó sus mejores años. Con todo el respeto que merecen todos los artistas invitados y sus trayectorias, no es un problema de cartel, es de modelo. Potenciar iniciativas privadas con presupuesto público que contraprograman a los “buques insignia” de la cultura cordobesa, es un modelo, un modelo al que hay que combatir. 

Tampoco parece existir una apuesta económica acorde con la dimensión histórica del Festival. La cultura no puede entenderse únicamente como un gasto; también es una inversión en imagen, turismo, economía local y proyección internacional. Córdoba posee uno de los festivales especializados más prestigiosos de Europa, pero mantener ese prestigio exige recursos, planificación y una estrategia cultural clara. Los grandes festivales no sobreviven gracias a la inercia: necesitan una apuesta decidida.

En este contexto tienen especial relevancia las recientes declaraciones de Paco Peña, fundador e impulsor del Festival de la Guitarra. Sus palabras no nacen de la crítica fácil, sino del conocimiento de quien creó este proyecto y lo vio crecer desde sus primeras ediciones.

Paco Peña ha lamentado que el festival haya perdido parte del ambiente humano que lo hizo único y ha criticado la coincidencia de otros grandes eventos musicales impulsados por la misma administración durante las mismas fechas. “Lo veo fatal” y “si es la misma autoridad, la misma institución, ya lo entiendo menos”, afirmó al referirse a la competencia con otros ciclos musicales.

Sus reflexiones van mucho más allá de un problema de calendario. Plantean una cuestión de modelo cultural. Si una ciudad dispone de un festival internacional consolidado, parece lógico concentrar esfuerzos para fortalecerlo en lugar de fragmentar la oferta con iniciativas que compiten por el mismo público y los mismos recursos.

También resulta especialmente significativa otra de sus observaciones: la pérdida del espíritu de los primeros años, cuando el Festival era un lugar de encuentro entre estudiantes, músicos, vecinos y aficionados llegados de todo el mundo. Aquella convivencia convirtió al Festival en una experiencia cultural irrepetible, más allá de los conciertos.

El reto no consiste únicamente en contratar artistas. Consiste en recuperar un proyecto cultural con personalidad propia, capaz de volver a situar a Córdoba como referencia internacional de la guitarra. Eso implica reforzar los cursos, abrir espacios para jóvenes intérpretes, atraer grandes nombres internacionales, favorecer el contacto entre artistas y público y convertir la ciudad, durante esos días, en un auténtico escaparate de la guitarra que consiga no solo poner el foco en la ciudad sino consolidar procesos que consigan atraer a los jóvenes a la cultura, a la música en directo, a la guitarra como artefacto cultural y social. 

Córdoba posee patrimonio, historia y tradición suficientes para liderar este proyecto. Lo que necesita es ambición, ganas y una apuesta política y presupuestaria acorde con esa aspiración.

El Festival de la Guitarra no merece sobrevivir únicamente gracias a su pasado. Merece construir un futuro a la altura de la ciudad que representa. Escuchar a quienes lo hicieron posible, como Paco Peña, no debería entenderse como una crítica incómoda, sino como una oportunidad para recuperar la ambición de un certamen que durante muchos años fue motivo de orgullo para Córdoba y referente cultural dentro y fuera de España.

Apunto una idea al estilo de Belmonte según Chaves Nogales: parar, templar y mandar. Traducido: definir el modelo que marque la estrategia, implementarlo haciéndolo “convivible” con las iniciativas privadas y hacerlo, sin olvidar quién manda, para despistados, manda lo público. Con esto recuperaremos el alma de este festival y volveremos a creer en él. 

Victoria Fernández Domíguez es parlamentaria andaluza PSOE

Asaja Córdoba ha sido históricamente una referencia en el sector agrario, consolidada tras 25 años de una gestión que dotó a la organización de un prestigio indubitado en España y Europa. Conviene recordar que, gracias al anterior presidente, Ignacio Fernández de Mesa, y su magnífico equipo de colaboradores y profesionales, quienes partían de una patronal quebrada y casi irrelevante, ésta pasó a tener presencia en todos los foros posibles que afectasen al mundo agro cordobés, en Córdoba y fuera de Córdoba, y desarrolló numerosas actividades dando, además, un servicio extraordinario a sus asociados. Tras un tiempo de mucho esfuerzo y dedicación, se consiguió una organización potente, prestigiosa y respetada.

Sin embargo, la actual etapa bajo la presidencia de Fernando Adell ha derivado en una situación de complejidad institucional que requiere un análisis profundo por parte de sus asociados.

Tras la renovación de la presidencia, se esperaba una labor continuista, al presentarse una única candidatura, encabezada por Fernando Adell, quien había sido vicepresidente con Ignacio Fernández de Mesa, al que acompañamos casi la totalidad de la Junta Directiva anterior. No obstante, desde el inicio del mandato actual, se han observado dinámicas que se alejan de los estándares de un cargo ejecutivo de esta relevancia. En las reuniones de los órganos de gobierno, se ha detectado una falta de preparación técnica en asuntos críticos para el sector, así como una desconexión con los intereses generales de los asociados, manifestada en declaraciones públicas que no siempre han reflejado el sentir de la organización.

Un punto de inflexión fue el incumplimiento del acuerdo unánime de la Junta Directiva respecto a la relación con el Ministerio de Agricultura, quien había sido nombrado “persona non grata” para la asociación. La decisión unilateral de modificar el posicionamiento institucional sin consultar previamente al Comité Ejecutivo ni a la Junta Directiva ha generado un malestar justificado. En una organización democrática, la transparencia y el debate de las propuestas son pilares fundamentales que parecen haber sido relegados.

Si bien es cierto que tanto yo, como Vicepresidente 1º entonces, como algunos miembros del Comité Ejecutivo y algunos socios, en privado, intentamos en varias ocasiones reconducir la situación, el resultado siempre resultó infructuoso, consiguiendo, tan solo, una enemistad cada vez más manifiesta con el Presidente, ante la disparidad de opiniones sobre su gestión.

La situación alcanzó un nivel crítico en la Junta Directiva del 14 de enero de 2025, tras más de cinco meses sin convocatorias. En dicha sesión, donde imperó una posición completamente autoritaria del sr. Adell, se rechazaron peticiones legítimas de los miembros para analizar la gestión actual en una Asamblea extraordinaria y/o la dimisión inmediata del presidente. Esta falta de apertura al diálogo interno provocó la salida del Secretario General, tras 25 años de extraordinario trabajo, pues no estaba dispuesto a ser cómplice de esa forma de actuar, y la dimisión de cinco de los nueve vocales del Comité Ejecutivo, incluyéndome a mí como Vicepresidente 1º. Desde entonces, Asaja 2 Córdoba se encuentra en una situación de bloqueo institucional, careciendo de cargos estatutarios obligatorios como la Vicepresidencia 1ª y la Secretaría de Actas.

A raíz de la referida Junta Directiva y del nefasto resultado a las legítimas peticiones de varios de los miembros, 429 socios, es decir, más del cinco por ciento del total -conforme establecen los Estatutos-, reiteraron, a través de requerimiento notarial, la solicitud de convocatoria de Asamblea extraordinaria para analizar la gestión de Fernando Adell, a lo que nuevamente se negó.

Lejos de mejorar el anterior escenario, el 6 de abril de 2026, se celebró una nueva Junta Directiva ante la presencia de un Sr. Notario, lo cual deja entrever la complicada situación en la que se encuentra inmersa la Asociación. En esa reunión, no se aprobaron ni la memoria de 2025, ni las cuentas de 2025, ni los presupuestos de 2026, ni la propuesta de un nuevo Comité Ejecutivo.

A pesar del rechazo a sus propuestas por parte de la Junta Directiva, Fernando Adell, en lugar de tomar medidas para subsanar esa situación, decidió convocar la Asamblea anual ordinaria. La misma se celebró el 29 de abril de 2026, en la que, además de, presuntamente, impedir el acceso a los representantes de algunos socios, a pesar de estar debidamente acreditados, la Asamblea también rechazó la aprobación de la memoria del 2025, las cuentas de 2025 y los presupuestos de 2026.

Otros hechos objetivos que refuerzan la preocupación de muchos socios, es que existen solicitudes de información por vía de burofax que no han recibido respuesta, afectando al derecho de los socios a la transparencia, así como, se ha decidido sin consenso alguno el despido de varios trabajadores con una dilatada trayectoria en la casa, en circunstancias que actualmente se dirimen en los tribunales de justicia, con el consecuente coste económico que ello puede acarrear a la organización.

Es difícil comprender cómo se mantiene la actual línea de dirección cuando el órgano máximo de la asociación, la Asamblea, ha rechazado sus propuestas fundamentales.

La defensa de Asaja, de sus trabajadores y del campo cordobés exige recuperar el funcionamiento democrático y la solvencia que siempre nos caracterizó. Ante la falta de soluciones internas, la vía judicial se presenta como el último recurso para salvaguardar el futuro de nuestra organización, la cual no dudaremos en usar si no cambia inminentemente la gestión.