La Sala de lo Social del TSJA ha ratificado la sentencia que desestima la pretensión de nulidad de una trabajadora que reclamaba una indemnización de 33.001 euros tras accidentarse en su centro de trabajo, una tienda de ropa de la capital cordobesa, justo después de ser despedida. El tribunal concluye que, al haberse comunicado la extinción del contrato antes del percance, no existe discriminación por razón de salud.

Según la sentencia, en abril de 2023, la empleada se encontraba trabajando cuando la encargada de la tienda, a las 14:00, le comunicó verbalmente que su contrato finalizaba. En la carta de despido, la empresa alegó que los servicios de la trabajadora no resultaban “necesarios en la actualidad”, reconociendo la improcedencia del mismo y fijando una indemnización de 346,50 euros.

Tras su despido, la trabajadora intentó contactar telefónicamente con el administrador sin éxito y subió a una entreplanta para recoger sus objetos personales. Fue en ese momento cuando ocurrió el accidente: apenas 13 minutos después del aviso de su cese, los servicios de emergencia recibieron una llamada informando de que la mujer se había caído por las escaleras.

Como consecuencia del golpe, la empleada sufrió una contusión en el cuello. Al intentar tramitar la asistencia médica a través de la mutua de accidentes de trabajo, la empresa le denegó el parte de asistencia, argumentando que el accidente se produjo cuando la relación laboral ya no estaba vigente. Debido a esta decisión, que ahora la Justicia avala, el proceso médico de la trabajadora fue tramitado como enfermedad común y no como accidente laboral, lo que ha limitado significativamente sus prestaciones y coberturas.

Aunque la compañía reconoció inicialmente la improcedencia del despido y pagó una indemnización de 346,50 euros, la trabajadora la demandó buscando la nulidad del despido, alegando que se trataba de una represalia discriminatoria vinculada a su estado de salud tras la caída.

Sin embargo, el TSJA ha rechazado este argumento dado que el fin del contrato fue notificado “antes de la caída”. Por ello, el tribunal ha sostenido que no puede apreciarse un indicio de discriminación cuando la voluntad de despedir ya se había manifestado antes del siniestro. Aunque el administrador envió el correo formal del despido a las 15:57, el tribunal ha dado plena validez a la comunicación verbal previa de las 14:00.

La justicia ya ha puesto fecha definitiva a uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a la historia reciente del Córdoba CF. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará durante nueve jornadas el juicio contra el expresidente blanquiverde Carlos González por su gestión al frente de la entidad cordobesista. La vista oral ha quedado señalada para los días 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17 de junio, en la sala de vistas de la Ciudad de la Justicia.

El procedimiento judicial tratará de esclarecer si González, máximo accionista y presidente del Córdoba CF entre 2011 y 2018, realizó operaciones económicas irregulares que pudieron perjudicar al patrimonio del club durante su etapa al frente de la sociedad anónima deportiva. La causa analiza diferentes movimientos financieros, préstamos y relaciones mercantiles investigadas desde hace años y que terminarán finalmente siendo examinadas en juicio oral.

La apertura de esta vista supone un nuevo capítulo judicial en torno a una de las etapas más controvertidas de la entidad cordobesista. El mandato de González quedó marcado por el histórico ascenso a Primera División en la temporada 2013-14, pero también por la posterior caída deportiva, el deterioro institucional y una larga cadena de conflictos societarios y judiciales que todavía siguen abiertos años después de su salida del club.

Una denuncia que llegó a archivarse

La causa que ahora llegará a juicio tuvo un recorrido especialmente complejo. El procedimiento partió inicialmente de una denuncia presentada por el también expresidente del Córdoba CF Jesús León, quien acusó a la anterior gestión de presuntas irregularidades económicas durante el periodo de González al frente del club.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba acordó en julio de 2023 el archivo provisional de las actuaciones. En aquel momento, la magistrada instructora consideró que no existían indicios suficientes para sostener la existencia de delitos de administración desleal, apropiación indebida o corrupción entre particulares.

En el auto judicial de archivo, la jueza llegaba incluso a subrayar que durante la etapa investigada el Córdoba CF había experimentado una mejora económica notable, especialmente tras el ascenso a Primera División conseguido en Las Palmas. La resolución apuntaba que el club había incrementado sus ingresos, había mejorado sus resultados y había logrado beneficios durante algunos ejercicios analizados.

Además, la instructora sostenía entonces que muchas de las operaciones denunciadas habían sido conocidas y aprobadas en distintos órganos societarios del club, por lo que no apreciaba inicialmente un perjuicio patrimonial suficientemente acreditado para continuar el procedimiento penal.

La reapertura de la causa

La Fiscalía recurrió la decisión judicial y la Audiencia Provincial terminó ordenando la reapertura de las diligencias. El tribunal consideró que todavía existían elementos que debían ser analizados en profundidad y que determinadas operaciones económicas podían presentar relevancia penal suficiente como para continuar adelante con la investigación.

Esa decisión permitió mantener viva la instrucción y derivó posteriormente en la apertura de juicio oral contra Carlos González y otros investigados vinculados a la gestión societaria del Córdoba CF durante aquellos años.

La causa se centra especialmente en diferentes operaciones financieras realizadas entre 2013 y 2016, una etapa en la que el club manejó importantes cantidades económicas derivadas del ascenso a Primera División y de los ingresos televisivos obtenidos en la máxima categoría del fútbol español.

Entre los movimientos investigados aparece un préstamo superior a 900.000 euros concedido desde el Córdoba CF a una empresa vinculada al entorno empresarial de González para afrontar obligaciones tributarias. Los investigadores tratan de determinar si este tipo de operaciones respondían realmente al interés de la sociedad deportiva o si, por el contrario, pudieron beneficiar de forma indebida a empresas relacionadas con el entonces presidente.

La investigación también analiza diversos contratos, pagos y movimientos de fondos realizados durante aquellos ejercicios, así como la posible existencia de operaciones cruzadas entre sociedades relacionadas con la propiedad del club.

El contexto de una etapa convulsa

El proceso judicial vuelve a colocar bajo el foco una de las épocas más agitadas en la historia contemporánea del Córdoba CF. Carlos González llegó a la entidad en 2011, en un momento de grave dificultad económica y deportiva, y terminó liderando el ascenso a Primera División logrado en junio de 2014 tras el inolvidable gol de Uli Dávila en Las Palmas.

Aquella etapa supuso el regreso del Córdoba CF a la élite del fútbol español después de 42 años. El ascenso multiplicó los ingresos del club gracias al reparto televisivo y permitió a la entidad manejar cifras económicas inéditas hasta entonces en su historia reciente.

Sin embargo, la permanencia en Primera apenas duró una temporada. El descenso de 2015 abrió un periodo de enorme inestabilidad deportiva y social. Las protestas contra la gestión de González fueron creciendo progresivamente entre la afición, especialmente por las decisiones deportivas y por el deterioro institucional que fue sufriendo la entidad.

Finalmente, en 2018 González vendió el paquete mayoritario de acciones a Jesús León, iniciándose entonces otra etapa igualmente convulsa que acabaría años después con el descenso y la desaparición de la sociedad anónima deportiva original.

La Audiencia Provincial ha reservado ahora nueve sesiones para el desarrollo de la vista oral, lo que evidencia la complejidad de la causa y el elevado volumen documental acumulado durante la instrucción.

Durante esas jornadas está previsto que comparezcan acusados, testigos y peritos relacionados con las operaciones investigadas, además de responsables económicos y societarios vinculados al Córdoba CF de aquellos años.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad a indemnizar a dos hombres por los daños personales y materiales derivados de una caída de moto en la carretera. Según la sentencia, el accidente fue provocado por la gran cantidad de cera presente en el asfalto tras el paso de una procesión el día anterior.

El siniestro se produjo cuando la moto iba por la zona de la Cruz del Rastro en dirección al Paseo de la Ribera. Según el parte de la Policía Local, cuyos agentes fueron testigos presenciales al encontrarse justo detrás de la moto en un semáforo, las ruedas de la misma perdieron adherencia debido a la cera acumulada en la calzada, provocando la caída de los dos ocupantes. Los agentes ratificaron en el juicio que la cera “se escurría muchísimo” debido al calor.

En vistas a las declaraciones y las pruebas documentales, el magistrado ha fundamentado su condena en el defectuoso funcionamiento del servicio público de mantenimiento y limpieza de calles. No obstante, la sentencia ha establecido una compensación de culpas, atribuyendo un 75% de responsabilidad a la Administración y un 25%, al motorista y su acompañante, porque la moto no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), lo que ha impedido acreditar si los neumáticos estaban en condiciones óptimas para la circulación. Así las cosas, la cuantificación de los daños ha sido de poco más de 1.000 euros entre daños personales y materiales. No obstante, esta cifra ha quedado reducida a 754,04 euros al quitar el IVA porque los daños materiales se han justificado con un presupuesto de reparación, en lugar de con facturas, por lo que no ha quedado acreditado que el desembolso se haya hecho efectivo.

Absolución tras una caída por losetas en mal estado

Por otro lado, esta misma sección ha absuelto al Consistorio de abonar una indemnización por responsabilidad patrimonial. La demandante, en este caso, solicitaba 3.009,72 euros por las lesiones sufridas tras caerse en febrero de 2025 al tropezar con dos losetas en mal estado en la calle El Algarrobo. El desperfecto era un desnivel máximo de dos centímetros en una acera de 3,30 metros de ancho; un desnivel “jurídicamente irrelevante” para constituir una obligación de indemnizar, según el magistrado.

En esa línea, el juez ha fallado que la responsabilidad del Ayuntamienot no es un sistema de “seguro universal” para cualquier percance en la vía pública, considerando que, en este caso, la caída pudo deberse a una posible distracción de la propia lesionada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la absolución a un empresario cordobés que se enfrentaba a cargos por estafa, insolvencia punible, estafa impropia y estafa procesal, todos ellos vinculados a la gestión de su patrimonio empresarial y la vivienda familiar cedida a sus hijos tras su separación. Los jóvenes acabaron perdieron la casa porque su padre la rehipotecó para saldar una deuda empresarial de tres millones de euros. El tribunal ha concluido que, aunque el procesado mantuvo una estrategia procesal “temeraria o con mala fe”, los delitos de los que se le acusaba han prescrito o no han podido ser probados penalmente.

Según la sentencia, facilitada por el TSJA, los hechos se remontan a septiembre de 2007. En el marco de su divorcio, el acusado firmó un convenio regulador en el que se comprometía a adjudicar a su exmujer y a sus dos hijos el pleno dominio de la vivienda familiar, asegurando que la entregaría “libre de cargas y gravámenes”. Sobre la vivienda ya pesaba una hipoteca de 447.856,86 euros constituida en 2006. Además, el acusado, como socio único de una empresa, arrastraba deudas millonarias con dos entidades que superaban los tres millones de euros.

A pesar de su compromiso judicial de liberar la vivienda de deudas, en abril 2008 el empresario utilizó la casa para avalar una nueva deuda empresarial. Esta operación, sumada a la precaria situación económica de su empresa, provocó que finalmente no se pudieran afrontar los pagos. En septiembre de 2011, la vivienda familiar fue adjudicada a una entidad bancaria tras un procedimiento de ejecución hipotecaria. Como consecuencia directa, los hijos (hoy ya mayores de edad) perdieron la propiedad del 50% de la vivienda, un perjuicio que la Justicia ha valorado en 249.589,67 euros, además de otros 54.909,73 euros correspondientes al usufructo.

En su sentencia de ratificación de absolución -proveniente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba-, el TSJA ha dictaminado que el delito de rehipotecar la vivienda, incumpliendo así el acuerdo de separación, tiene un plazo de prescripción de cinco años. Dado que la querella no se interpuso hasta julio de 2016, la responsabilidad penal se ha extinguido por el paso del tiempo. En segundo lugar, su exmujer planteó en su recurso que el empresario interpuso decenas de denuncias y recursos (más de 30 procedimientos) para dilatar el caso. En este caso, aunque el TSJA ha admitido esta que fue una estrategia para entorpecer el proceso y buscar la prescripción, ha aclarado que “no constituiría, desde luego, un delito de estafa procesal”, ya que no hubo un engaño que indujera a error a los jueces para obtener un beneficio ilícito.

En tercer y último lugar, sobre la voluntad de engañar, el alto tribunal andaluz se ha referido a las resoluciones previas del caso en las que ya se consideró que no había quedado probado que el acusado tuviera voluntad de engañar en el momento de firmar el divorcio en 2007. Por lo que el incumplimiento de este acuerdo judicial se debió a la crisis de su empresa, que se encuentra en cierre provisional desde 2013.

Por todo ello, el tribunal ha desestimado íntegramente el recurso de la exmujer y ha confirmado la absolución total del acusado. No obstante, debido a la “complejidad y variedad de cuestiones concernidas”, el TSJA ha decidido declarar de oficio las costas judiciales.

Nueve limpiadoras del Hospital Materno Infantil de Reina Sofía de Córdoba han logrado una batalla judicial en el Tribunal Supremo que les abre la puerta a lograr un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acorde con la legislación en el que se excluyan, de base, los complementos de antigüedad y los pluses de festivos y transportes, tal y como hizo la UTE formada por Eulen, Ferroser e ISS Facility Services en 2019.

Según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, las trabajadoras decidieron en bloque demandar a la empresa por el cálculo de sus nóminas correspondientes a 2019. Todas ellas sostienen que la empresa calculó indebidamente el SMI al incluir en el cómputo complementos como la antigüedad y los pluses de festivos y transporte. La tesis de las limpiadoras es que el salario base por sí solo debería haber alcanzado los 12.600 euros anuales estipulados por el Real Decreto 1462/2018 para ese año, sin que la empresa pudiera utilizar otros pluses para “rellenar” esa cifra mínima legal.

Inicialmente, el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba desestimó sus pretensiones. En esta instancia, el juez se basó en una sentencia de conflicto colectivo previo que determinaba que al salario base se le podían adicionar pluses y complementos para alcanzar el tope del SMI. Además, el juzgado cordobés impuso a las trabajadoras una sanción por temeridad, al considerar que su demanda era una mera reiteración de lo ya juzgado en el ámbito colectivo.

Al intentar apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las trabajadoras se toparon con una cuestión administrativa: el tribunal inadmitió su recurso de suplicación alegando que no se alcanzaba la cuantía mínima de 3.000 euros exigida por la ley para poder recurrir. De hecho, las diferencias reclamadas por las limpiadoras eran menores, oscilando entre los 442 euros de una de ellas y los 2.710 euros, de otra.

Sin embargo, el Supremo ha corregido al tribunal andaluz, ya que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite el recurso cuando la cuestión debatida “afecte a todos o a un gran número de trabajadores”, siempre que esta circunstancia sea notoria. En este caso, el alto tribunal español ha considerado que la reclamación está relacionada directamente con aquella sentencia de conflicto colectivo en la misma empresa, lo que acredita un interés que trasciende lo individual. Además, ha llamado la atención en que son nueve las trabajadoras que han demandado, lo que demostraría que no es un caso aislado, sino que afectaría a un colectivo.

Gracias a este fallo, el Supremo ha anulado la sentencia del TSJA y las actuaciones volverán ahora al tribunal andaluz, que está obligado a admitir el recurso y a resolver, con libertad de criterio, si la empresa debe pagar o no las diferencias salariales reclamadas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha solicitado a la titular del juzgado de Instancia número dos de Montoro personarse “en calidad de actor civil” en la causa que instruye el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y resultaron heridas 155.

El escrito, firmado por la Abogacía del Estado, sostiene que la solicitud de personación se hace al amparo del decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). El decreto anticipón las eindemnizaciones por responsabilidad civil. La norma contempla que “el Estado se subrogará en la titularidad de los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones que en su caso se declaren en favor de los beneficiarios previstos” en el decreto.

La personación tendrá ahora que ser admitida por la jueza, Cristina Recover, que instruye una causa que acumula ya varios tomos y que avanza muy lentamente por su complejidad. También por la gran cantidad de personaciones que ha tenido que resolver.

Un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han sido ya aprobadas desde que el 3 de febrero el Gobierno central abriera el plazo de solicitud de ayudas destinadas a ofrecer un respaldo económico no reembolsable e inmediato a las víctimas y a familiares de fallecidos. De las 136 peticiones aprobadas, 18 ya han sido abonadas y 118 están aprobadas provisionalmente -72 corresponden a familiares de fallecidos y 46 a heridos-, pendiente de que finalice el plazo de diez días otorgado a los solicitantes para que presenten alegaciones a las mismas, según datos oficiales.

Los beneficiarios son personas que viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario que se encontraba a bordo (maquinistas, personal de a bordo o en formación) y que resultaron heridos; y los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con el orden y los criterios establecidos en la normativa aplicable. El procedimiento prevé una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado el archivo de la denuncia presentada por la exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba, María Dolores Baena Alcántara, y ha descartado de manera definitiva la existencia de delitos de acoso laboral o falsedad documental por parte de la secretaria de la Delegación de Cultura, Valle Fuentes Velasco, y el delegado provincial, Eduardo Lucena.

El tribunal ha dictado el auto número 282/2026, mediante el que desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la exdirectora y ratifica la resolución previa del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, que ya había acordado el archivo de la causa penal, según consta en el fallo. La defensa de Fuentes ha sido ejercida por el abogado cordobés José María Ruiz Mateo.

La resolución considera que no existen “indicios suficientes” para sostener la acusación de acoso laboral y concluye que los hechos denunciados responden a problemas organizativos y de funcionamiento interno del museo, sin que pueda apreciarse una actuación deliberada de hostigamiento contra la denunciante.

En este sentido, la sala subraya que no ha quedado acreditado que los investigados desarrollaran conductas dirigidas a degradar profesionalmente a Baena. Asimismo, señala que la escasez de personal y las dificultades organizativas del Museo Arqueológico no pueden atribuirse a una actuación consciente contra la exdirectora. El auto añade además que las decisiones administrativas cuestionadas forman parte del ámbito de organización y funcionamiento de la Administración y no constituyen ilícito penal alguno.

La resolución recuerda igualmente la existencia de una sentencia previa del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba, que ya había descrito un entorno laboral conflictivo en el museo y había desestimado otra reclamación promovida por la propia denunciante.

Rechazo de la acusación de falsedad documental

Uno de los aspectos centrales del recurso hacía referencia a la supuesta manipulación de un informe administrativo fechado el 19 de diciembre de 2023. Sin embargo, la Audiencia Provincial rechaza de forma contundente esta acusación y avala plenamente la autenticidad del documento. La sala concede especial relevancia al informe emitido por la Agencia Digital de Andalucía, destacando la fiabilidad del sistema de firma electrónica y sellado temporal utilizado por la Junta de Andalucía.

Según recoge el auto, cualquier modificación posterior del contenido del documento habría generado necesariamente un error de integridad detectable por el sistema informático, por lo que considera inviables las hipótesis planteadas por la acusación particular. De hecho, el tribunal llega a calificar esas hipótesis de “rocambolescas”, al requerir supuestos fallos de seguridad o manipulaciones técnicas para las que no existe prueba alguna.

Dos resoluciones judiciales coinciden en descartar delito

Con esta decisión, la Audiencia Provincial confirma en todos sus extremos el archivo decretado en enero de 2026, consolidando así el criterio de dos órganos judiciales distintos que coinciden en negar la existencia de conductas penalmente relevantes.

La defensa de Valle Fuentes Velasco considera que la resolución posee una “extraordinaria relevancia jurídica y pública”, ya que, a su juicio, desmonta de forma exhaustiva las acusaciones formuladas durante el procedimiento. El abogado defensor, José María Ruiz Mateo, sostiene además que el auto confirma “la inexistencia absoluta de actos de hostigamiento o persecución laboral”, así como “la plena autenticidad, integridad y trazabilidad del documento administrativo cuestionado”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un joven a tres años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública tras ser sorprendido suministrando estupefacientes en un centro asistencial de la capital. La condenena se ha impuesto después de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.

Según la sentencia, los hechos tuvieron lugar durante el mes de enero de 2023. El acusado acudió a Fepamic con el objetivo de obtener un beneficio ilícito mediante la venta de droga. En las instalaciones del centro, el procesado proporcionó a un interno, un total de seis envoltorios de plástico que contenían cocaína. En el momento de la compra, agentes de la Policía Nacional incautaron la sustancia, que arrojó un peso cercano a los tres gramos de una pureza superior al 80%, cuyo valor en el mercado ilícito era de 312,41 euros.

Se da la circunstancia de que, al tiempo de los hechos, el comprador estaba asistiendo a la Fundación Hogar Renacer para seguir un proceso de rehabilitación por su adicción a las drogas, contando con seguimiento médico y psicológico. No obstante, la Audiencia ha señalado que no ha quedado probado que el acusado tuviera conocimiento de este hecho, lo que podría haber agravado la pena de prisión.

Además de la condena a cárcel, el tribunal le ha impuesto uan multa de 630 euros y el pago de las costas.

Una empresa cordobesa aparece en el auto de 88 páginas con el que el juez José Luis Calama, titular de la sección de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, ha imputado por primera vez a un expresidente del Gobierno. La entidad Agropecuaria Lucena S. L. aparece como una de las empresas de la trama en la que el magistrado acusa a José Luis Rodríguez Zapatero de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado describe “la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”. La red se articularía mediante “un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos”. Los “indicios” en los que se basa el magistrado apunta a que “los clientes de la red” pagaban “cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes”. Esos fondos “posteriormente” serían redistribuidos “hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez”.

Julio Martínez es un empresario, titular de Análisis Relevante, la compañía para que la facturaba Zapatero. Pero también es el titular de una empresa cordobesa: Agropecuaria Lucena SL. Esta empresa, según publicó El Confidencial, estuvo en el radar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional durante la investigación. Los agentes de la UDEF se llevaron documentos de esta empresa, dedicada a la producción de aceite de oliva.

En el auto, Agropecuaria Lucena aparece una vez, por el pago en el año 2020 de una cantidad de 20.993,50 euros a Whathefav SL, la empresa gestionada por las dos hijas de Zapatero y que la investigación considera como un vehículo clave en la trama para el trasvase del dinero obtenido. Whathefav SL es una empresa que se dedica al marketing digital.

Agropecuaria Lucena gestiona una finca de 28 hectáreas de olivar en este municipio cordobés, junto al río Anzur, en el pago de Cobacho. La empresa, no obstante, está en el Registro Mercantil de Alicante. La compañía tenía su sede en Elda. Los agentes de la UDEF registraron sus oficinas el pasado 11 de diciembre de 2025. Estas oficinas eran compartidas por otras empresas del propio Martínez.

Según los datos del Registro de la Propiedad, divulgados por El Confidencial, esta empresa ha declarado un capital social de 2,3 millones en el ejercicio fiscal de 2023. Sus activos son de 1,7 millones de euros. En la finca de la que es propiedad hay además de los olivos dos viviendas de 150 metros cuadrados y un almacén para aperos. En la entidad también estaban los hermanos de Martínez, que en 2021 desaparecieron de la misma.

La investigación de la UDEF que ha desembocado en la imputación de Zapatero contó con la colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) —vinculada a control de inmigración y aduanas—. A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la HSI puso a disposición de la UDEF la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas, socio venezolano de la aerolínea Plus Ultra. Muchas de las conversaciones recogidas en el auto del juez como pruebas de la implicación de la trama corrupta en actividades ilegales tienen como protagonista al propio Reyes.

La imputación de Zapatero ha sacudido la política española, también la local, y ha dejado en estado de shock al Gobierno de España. Zapatero era un expresidente considerado como una especie de faro político por gran parte de la izquierda española.

Este miércoles, el Juzgado de lo Penal número 6 -especializado en violencia de género- de la Ciudad de la Justicia de Córdoba ha acogido el juicio rápido contra el exmarido de Tulia, F.L.A., que debía haberse celebrado el 13 de abril, el mismo día que presuntamente la asesinó, por delitos de lesiones, amenazas y daños ocurridos dos días antes y por los que la mujer le había denunciado.

En la vista han estado presentes los hijos de Tulia, Álex y Lili Caballero, que con vistas al juicio por el crimen cometido sobre su madre han pedido que la justicia caiga contra el presunto autor y este cumpla la máxima pena. “Está siendo un proceso muy duro. Lo hacemos por mi madre”, han dicho a la salida del juicio, donde Álex ha pedido que al presunto autor “le caiga lo máximo y no salga de la cárcel. Y que esto no se vuelva a repetir. Para que mi madre no haya sido una víctima más ni un caso más (de violencia de género). Mi madre no va a ser un número más”, ha dicho en referencia a la estadística que registra a las víctimas mortales por violencia de género.

Arropados por familiares y amigos que han acompañado a los hijos de Tulia ante el juicio, estos han reclamado “que se haga justicia y nadie pase por algo así”, en palabras de Lili, que ha explicado cómo viven su realidad ahora sin su madre. “Sigo sin asimilar que no está. Cada día espero una llamada suya”.

A la espera de conocer cuándo será el juicio por el crimen de Tulia, los hechos que se enjuiciaban este miércoles eran los presuntos delitos de lesiones, amenazas y daños materiales que denunció la mujer el 11 de abril, dos días antes de que su exmarido presuntamente la matara una hora antes de acudir al juicio rápido por dichos hechos. La defensa del acusado ha pedido la suspensión del juicio, aludiendo a un posible estado de “enajenación mental” del hombre, si bien no se ha hecho hasta el momento un informe médico al respecto. La acusación se ha opuesto a la suspensión y la jueza ha determinado finalmente que el juicio se celebrara.

Así, la acusación y la Fiscalía piden un año de cárcel por el delito de lesiones, otro año de prisión por el delito de amenazas y una multa e indemnización por los daños materiales. La defensa, por su parte, estima que no se produjeron lesiones ni amenazas y solo admite una indemnización de 105 euros por los daños.

Los hechos enjuiciados se refieren al 11 de abril, cuando Tulia denunció que su exmarido había entrado en su vivienda sin su consentimiento y, mientras ella escuchaba música, golpeó el equipo de música con un martillo de grandes dimensiones. La mujer declaró que consiguió quitárselo de encima, aunque el hombre la agarró del pecho, la empujó y la amenazó asegurándole que le quemaría y destrozaría la vivienda. La víctima llamó a la Policía y después acudió a un centro de salud, donde se le emitió un parte médico que adjuntó en su denuncia.

El agresor fue detenido entonces y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado, trasladándolo a la vivienda de un familiar.

Testimonio de los policías y declaración que hizo la víctima

En el juicio celebrado hoy, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar. Quienes sí han prestado testimonio han sido los cinco agentes de la Policía Nacional que actuaron ante estos hechos, cuando Tulia llamó a la Policía, cuando prestó declaración para interponer la denuncia y cuando fue acompañada al centro de salud para certificar en un parte las lesiones. Asimismo, se ha podido ver dicho parte de lesiones y se ha escuchado la declaración que hizo Tulia aquel día sobre los hechos.

La acusación, que representa a la familia de Tulia, ha señalado que las declaraciones de los policías han sido “contundentes” y “los hechos han quedado acreditados”, así como con la declaración de la médica sobre la lesión causada a la mujer “agarrándola del cuello”. Sobre las presuntas amenazas, también se ha señalado cómo denunció que su exmarido dijo “te voy a meter fuego a la casa”.

Por su parte, la defensa del acusado ha esgrimido que no se han acreditado los delitos de lesiones ni las amenazas, admitiendo solo los daños materiales que se provocaron al equipo de música de la mujer aquel día. Sobre su petición de suspensión por un posible estado de enajenación mental del hombre, la defensa espera que se elabore un informe médico al respecto para el juicio sobre el asesinato de Tulia y esgrime que se ha solicitado al haber indicios de tal estado, incluyendo manifestaciones autolíticas y el traslado a otra prisión que ha sufrido por ello, si bien la acusación ve en esto la posible vía para la defensa del acusado en el juicio por el asesinato de su exmujer.

El juicio ha quedado visto para sentencia y se espera que esta se conozca en 15 días.

El Partido Animalista Pacma ha celebrado la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia de Córdoba que condena a un ganadero de Dos Torres (Córdoba) por un delito continuado de maltrato animal tras la muerte de 36 vacas por deshidratación y falta de alimento en una explotación ganadera extensiva.

La resolución judicial considera probado que el acusado, responsable de una finca con cerca de un centenar de reses, permaneció varios días sin supervisar a los animales ni garantizar su acceso a agua y pasto, pese a conocer el estado de agotamiento del cercado en el que se encontraban. Como consecuencia, los animales quedaron atrapados en una parcela sin recursos suficientes, provocando la muerte de 36 vacas entre los días 27 y 29 de mayo de 2022.

Durante el procedimiento, el Partido Animalista Pacma ejerció la acusación particular y defendió que los hechos debían ser considerados un delito continuado de maltrato animal; una tesis finalmente respaldada por el juzgado. La sentencia recoge expresamente la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre la consideración de los animales como seres sintientes y la necesidad de proteger individualmente su bienestar.

El fallo condena al acusado a 13 meses de prisión, además de 38 meses de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con animales, así como para su tenencia. También deberá asumir las costas procesales, incluidas las derivadas de la acusación particular ejercida por Pacma.

Desde Pacma, que consideran la condena “insuficiente” debido a que el acusado no entrará en prisión a pesar de la consecuencia de muerte de un elevado número de animales, entienden que esta sentencia supone “un pequeño avance en la persecución penal de los casos de abandono y negligencia en explotaciones ganaderas, especialmente en sistemas extensivos donde el control sobre los animales suele relajarse bajo la falsa premisa de una supuesta autosuficiencia del ganado”, concluye la formación política.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena que impuso el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba a Cajasur, obligándola a abonar 92.248,40 euros a un antiguo trabajador de Córdoba en concepto de compensación por jubilación anticipada, según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis. El tribunal ha rechazado así la pretensión del banco de eludir este pago, quien argumentó que el empleado ya cobraba una pensión de viudedad y alcanzaba el tope máximo legal de prestaciones.

Pedro (nombre ficticio) decidió prejubilarse en 2016, cuando Cajasur puso en marcha un ERE. En aquel acuerdo con la representación de los trabajadores, la empresa se comprometió a que todo aquel empleado que decidiera prejubilarse tendría “una cantidad compensatoria del importe anual de la reducción” que representaba “la situación de jubilación anticipada respecto de la situación de jubilación prevista en la fecha de jubilación ordinaria”.

Este pago, que debía realizarse de forma efectiva “en un único pago y por una sola vez” al jubilarse el empleado, tenía el objetivo de blindar sus ingresos ante el recorte que aplica la Seguridad Social por retirarse antes de la edad legal. Sin embargo, cuando Pedro solicitó la compensación en 2022, el banco se negó porque el extrabajador ya percibía una pensión de viudedad y la suma de esta con su nueva pensión de jubilación alcanzaba el tope máximo de pensiones públicas permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE)

Frente a este argumento, el TSJA ha recordado a Cajasur que el espíritu del acuerdo era “evitar” que el trabajador tuviera “una pérdida adquisitiva por el hecho de acceder a la jubilación anticipada”, y que la situación personal de este extrabajador “no cambia” la finalidad del acuerdo. Además, ha subrayado que en ese documento no se recogió que, para la cantidad a abonar por Cajasur, se tuvieran en cuentas las prestaciones que pudiera estar recibiendo el empleado, ni que se excluyó la obligación de pagar esta compensación si entre todas esas prestaciones se llegaba “a la pensión máxima anual”.

La resolución confirma íntegramente la condena de instancia çey impone las costas del recurso a Cajasur, que deberá abonar otros 600 euros adicionales para los honorarios del letrado del extrabajador. Desde Kutxabank han señalado a este medio que este es “un caso único” en la entidad y que es “sobrevenido por un cambio normativo de los ecoficientes reductores en la tramitación de jubilaciones anticipadas tras acuerdo colectivo del ERTE de 2016”.

El Tribunal de Cuentas ha iniciado un proceso legal contra la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco). El organismo judicial investiga unos gastos sin justificar de 35.000 euros que corresponden al ejercicio fiscal del año 2021. Estos gastos habrían sido autorizados por el gerente de la época y por los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales, a los que el Tribunal de Cuentas considera presuntos responsables contables y a los que pide que abonen este dinero.

Por su parte, Sadeco ha convocado para este miércoles un consejo de administración extraordinario y urgente. El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de nueve días para que la empresa pública se pueda personar en el caso. Sadeco planteará a los miembros de su consejo de administración el inicio de las correspondientes acciones legales.

La investigación tiene su origen en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2021. Tras analizar la gestión de la empresa, el Ministerio Fiscal puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas hechos que podrían ser constitutivos de responsabilidad contable por alcance.

La cifra exacta bajo sospecha asciende a 34.499,30 euros, de los cuales 30.595,79 euros corresponden al principal y 3.903,51 euros a intereses legales generados. Esta cantidad se deriva de un incremento no justificado del gasto con cargo al Fondo Social de la empresa. Según los documentos judiciales, el gasto ejecutado en este fondo pasó de 90.724,21 euros en 2020 a 121.320,00 euros en 2021.

Este incremento, siempre según el Tribunal de Cuentas, vulneraría la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que prohibía que los gastos de acción social global del personal al servicio del sector público experimentaran crecimientos respecto a los de 2020.

Los “presuntos responsables contables”

La instructora del caso ha identificado como presuntos responsables directos y solidarios de este menoscabo de fondos públicos a las personas que intervinieron en la autorización y pago de estas ayudas: el exgerente y los miembros de la comisión. También las herederas de una mujer que formaba parte de la comisión pero que murió en el año 2022.

A pesar de que los implicados alegaron que el aumento del gasto se debió a la “normalización” de las ayudas tras las restricciones de la pandemia del COVID-19 en 2020, la instructora rechazó estos argumentos, señalando que la ley establece una prohibición “clara y objetiva” sin excepciones implícitas por circunstancias pandémicas.

La dirección actual de Sadeco recibió la notificación oficial del Tribunal de Cuentas el pasado 13 de mayo de 2026. Ante la gravedad de la situación y el plazo perentorio de nueve días otorgado por el tribunal para comparecer en los autos, la presidencia de la empresa ha convocado una sesión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración para este miércoles, 20 de mayo.

El orden del día de esta reunión incluye de forma destacada la autorización para el ejercicio de acciones legales en nombre de Sadeco ante el Tribunal de Cuentas. Esta medida busca proteger los intereses de la empresa municipal y cumplir con los requerimientos judiciales dentro del procedimiento de reintegro por alcance iniciado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por uno de los dos condenados en Córdoba, E.M.A.C., por emborrachar a una menor de 14 años y abusar de ellas en febrero de 2019 en un pueblo de la provincia. Así, el tribunal ha confirmado su condena de cuatro años de prisión y la pena a dos años de cárcel para el segundo condenado, J.L.O.R.

Según los hechos probados en la sentencia, el 1 de febrero de 2019, los dos acusados quedaron con las víctimas en un parque de una localidad cordobesa. Los hombres compraron bebidas alcohólicas y se las proporcionaron a las menores con un objetivo claro: lograr que se desinhibieran para poder abusar de ellas más fácilmente, integrando el consumo de sustancias como parte de un “juego de seducción y disfrute sexual” proyectado por los procesados. Una vez las menores estuvieron bajo los efectos del alcohol, los agresores se separaron con cada una de las víctimas.

Así, E.M.A.C. llevó a una de las víctimas su propio domicilio. Aprovechando que la niña estaba incapacitada por la embriaguez, la desnudó de cintura para abajo mientras ella yacía boca abajo en la cama y abusó de ella. Por otro lado. J.L.O.R. convenció a la otra menor para ir a dar una vuelta en su coche. Pese a las negativas reiteradas de la joven, el agresor detuvo el vehículo cerca de una piscina municipal y abusó de ella.

Tras los abusos cometidos en el domicilio de E.M.A.C., la víctima fue hallada inicialmente por su amiga “semidesnuda, envuelta en una manta medio inconsciente”. Tras ayudarla a vestirse, su amiga la acompañó hasta el portal de su vivienda alrededor de la medianoche. Fue en ese lugar donde sus padres la encontraron en condiciones deplorables: la menor tenía la “ropa a medio poner”, se encontraba completamente desorientada y era “incapaz de mantenerse en pie y articular palabra” debido a la severa intoxicación etílica.

La sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida por E.M.A.C., quien alegó que se tuvieran en cuenta como atenuante el consumo de alcohol y cannabis. Sin embargo, el TSJA ha rechazado íntegramente el recurso, donde se alegó, también, una “desigualdad de trato” respecto al otro condenado. No obstante, el tribunal ha manifestado que la pena es mayor para E.M.A.C. porque doblaba la edad de la menor (él tenía entonces 28 años) y porque se aprovechó de una embriaguez “cercana a la inconsciencia”.

Además de la pena de prisión, E.M.A.C. deberá abonar a la víctima 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil, y el tribunal ha ratificado los siete años de libertad vigilada y los cinco de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima.

Tal y como ya anunció el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, en una entrevista en Cordópolis, la Fiscalía acaba de dar un paso más en la lucha contra la corrupción con la creación de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. La fiscal delegada, según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), será Azahara Buendía López.

El nombramiento, dictado por la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, responde a la necesidad de contar con una estructura especializada para investigar infracciones penales cometidas en el seno de las instituciones públicas. Buendía López ha sido seleccionada entre un total de dos candidatos tras un proceso iniciado en marzo de 2026 por Sobrón. Su designación se ha fundamentado en su “trayectoria profesional y su antigüedad en la Carrera Fiscal”, factores que avalan su idoneidad para liderar este frente contra las irregularidades administrativas.

La puesta en marcha de esta delegación y la elección de su titular han contado con el informe favorable del Fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, la audiencia del Consejo Fiscal, que supervisó la idoneidad del perfil de Buendía; y la ratificación de la Fiscalía General, que hizo propia la motivación de la jefatura provincial.

Además de este nombramiento, el BOE ha hecho pública la renovación de Carmen Romero Urrutia como fiscal delegada de delitos económicos.

Tulia llamó a la Policía Nacional apenas dos horas antes de su asesinato el 13 de abril. En esa llamada, trasladó a los agentes sus sospechas de que su exmarido, actualmente en prisión provisional por supuestamente acabar con vida ese mismo día, se encontraba escondido en su piso, ubicado en el mismo bloque donde vivía ella. Así lo ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas a la investigación, por lo que se confirma lo manifestado y defendido por los hijos de la víctima.

Según la documentación a la que ha accedido Cordópolis, Tulia llamó a la Policía a las 6:48 del 13 de abril. Hay que recordar que el detenido habría acabado con la vida de su exmujer apenas dos horas después de esa llamada en la que la víctima trasladó a los agentes que sospechaba que el hombre estaba en su piso, en una planta superior al suyo, porque le había parecido haberlo escuchado. El hombre no podía estar en su vivienda porque tenía una orden de alejamiento por una agresión que Tulia sufrió el 11 de abril.

Sobre las 15:00 de ese día, la mujer llamó a la Policía denunciando que su exmarido había entrado en su casa con un martillo, destrozando un equipo de sonido. El agresor fue detenido y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado. Esta agresión iba a juzgarse el 13 de abril a las 10:00, pero Tulia fue asesinada una hora antes de ir a declarar.

Ahora, un oficio de la Policía Nacional remitido al juzgado ha dejado constancia de que la víctima trasladó a los agentes su miedo al intuir que su exmarido había roto la orden de alejamiento y se encontraba en su piso apenas dos horas antes de, supuestamente, cometer el crimen. Cuando la Policía recibió la llamada, una dotación de agentes acudió al barrio de La Fuensanta y se entrevistó con Tulia. Los agentes llamaron a la puerta del piso en el que vivía el hombre, pero nadie contestó a la puerta ni escucharon ruidos en el interior. Entonces, los policías se retiraron tras darle instrucciones a Tulia sobre los pasos a seguir.

Aproximadamente dos horas después de esta visita, se consumó el asesinato. La agresión previa al crimen se juzgará este miércoles en la Ciudad de la Justicia.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a tres hombres a una pena de dos años de prisión y al pago de una multa de 3.850 euros a cada uno como autores de un delito de tenencia de moneda falsa, después de que fueran interceptados en un control policial con todo ese material.

Los hechos probados se remontan a las 21:00 del 8 de octubre de 2021. Los tres acusados, ya condenados, viajaban en un vehículo de alquiler que fue interceptado en un control preventivo de la Policía Nacional ubicado en las inmediaciones del Parque Joyero de Córdoba. Pedro conducía el turismo, mientras que Rogelio y Augusto viajaban como copiloto y pasajero trasero, respectivamente.

Durante el registro del vehículo y el cacheo de sus ocupantes, los agentes descubrieron tres billetes de 50 euros ocultos en la cartera del conductor, una bolsa de tela a los pies del copiloto que contenía varios sobres con 37 billetes de 100 euros y un revólver simulado de color plata que los acusados habían arrojado desde el coche instantes antes de ser detenidos.

En total, la suma del dinero falso ascendía a 3.850 euros. En el juicio, los peritos del Banco de España determinaron que los billetes eran “imitaciones peligrosas” realizadas con tecnología de chorro de tinta, que, a simple vist,a podían confundirse con dinero legítimo debido a la buena simulación de las marcas de agua y los hilos de seguridad.

En su sentencia, a la que ha accedido este medio, la Audiencia Provincial ha fallado que los tres acusados eran plenamente conscientes de la falsedad del dinero, pese a las versiones incoherentes y contradictorias que ofrecieron sobre el motivo de su viaje desde Fuengirola a Córdoba.

En un inicio, alegaron que se encontraban en la ciudad para cobrar una deuda o realizar el intercambio de un reloj de la marca Rolex. Sin embargo, la Sala ha calificado esta versión de “sencillamente increíble”, señalando que un reloj de ese tipo tiene un valor de mercado muy superior a los 3.700 euros encontrados en la bolsa. Además, el lugar donde fueron interceptados no formaba parte del itinerario natural entre Fuengirola y Córdoba, y que el centro comercial donde supuestamente harían el intercambio del reloj -La Sierra- estaba a kilómetros de distancia de donde fueron detenidos. Por todo ello, la sentencia no ha podido precisar el origen y el destino final de los billetes falsos que transportaban.

Aunque el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de cinco años de prisión y una multa de 15.400 euros, el tribunal ha optado por reducir la condena en dos grados por dos motivos. El primero, el escaso valor de la moneda, ya que el precio aparente del dinero falso (3.850 euros) ha sido considerado mínimo.

El segundo motivo es el de las dilaciones extraordinarias e indebidas. Tal y como ha apuntado el tribunal, el proceso ha durado cinco años y cuatro meses, sufriendo parones injustificados, como el retraso de un año en el traslado de la causa desde el juzgado de instrucción a la Audiencia Provincial y una demora de 17 meses en la emisión de un informe forense de uno de los acusados.

Además de la pena de cárcel y la multa, se ha decretado el decomiso definitivo de los billetes falsos para su destrucción.

El Sindicato Manos Limpias ha presentado un escrito ante el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, para comunicar que desiste como acusación popular ante “el inmenso” número de personaciones en el caso, además del Ministerio Público.

Según expone el sindicato en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, “el proceso tiene las suficientes garantías” ante las acusaciones populares personadas y solicita al juzgado que admita el desistimiento y que proceda a la devolución de la fianza de 3.000 euros.

Al respecto, la jueza dictó hace menos de un mes sendas providencias en las que requería tanto a las acusaciones particulares personadas, que suman 142, como a las acusaciones populares, un total de seis, para que, en el plazo de 15 días procedieran a “unificarse bajo una sola representación y dirección letrada, designando al efecto procurador y letrado comunes, con indicación expresa de quien asumirá la representación unificada”.

Además, apercibía expresamente a las referidas acusaciones particulares de que, transcurrido el plazo concedido sin haberse alcanzado acuerdo, “este órgano judicial procederá a su unificación de oficio”, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En una providencia posterior --fechada el 23 de abril-- indicaba que “a fin de salvaguardar el principio de contradicción, la igualdad de las partes personadas y la adecuada ordenación del procedimiento”, acuerda dar la opción a las partes personadas para que formulen las alegaciones que “estimen pertinentes en relación a la procedencia y alcance de la unificación interesada” en un plazo de diez días.

También suspendió el cómputo del plazo de 15 días, que “quedará en suspenso hasta en tanto en cuanto recaiga resolución resolviendo sobre la cuestión de la unificación una vez formuladas las alegaciones, reanudándose el cómputo una vez se dicte la oportuna resolución, y sin perjuicio de que a la vista de lo resuelto se pueda dejar sin efecto o modificar la providencia del día 22 de abril”.

Alegaciones en contra de la unificación

Al hilo, distintas partes personadas en la causa han presentado alegaciones ante ello, entre ellas la representación procesal de la familia Morillo, afectada por la muerte de Mario Jara Morillo, quien falleció en el siniestro, que interpuso ante el Tribunal de Instancia de Montoro un recurso de reforma, defendiendo “la libre elección de abogado frente a la unificación impuesta”.

Según explicaron desde la dirección letrada, con Luis Romero Santos, abogado penalista y Doctor en Derecho, se produce “vulneración de derechos fundamentales”, dado que “la medida judicial vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, en su vertiente de tutela judicial efectiva y derecho de defensa, al restringir la facultad de las víctimas de elegir libremente a su abogado”.

En este sentido, remarcaron que “la imposición de una dirección letrada única supone una restricción directa de este derecho fundamental, al obligar a las perjudicadas a someter su estrategia procesal a un letrado no elegido por ellas”.

La plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de la capital y ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por una entidad financiera que actuaba frente a la “inactividad administrativa” del Consistorio en relación con el pago de hasta 57 facturas.

Aunque inicialmente la demanda se interpuso por 58 facturas, la condena finalmente ha hecho alusión a 57 recibos de servicios de carburantes y de mantenimiento de ascensores que ascienden a 20.434,82 euros. En cuanto a los plazos, el fallo ha establecido que el Ayuntamiento ha incurrido en mora tras superar los 60 días desde la presentación de la factura (30 días para la conformidad y otros 30 para el pago). Por ello, los intereses a pagar por parte del Consistorio se calcularán “desde el día 61º siguiente a la debida presentación de la respectiva factura, y hasta el de su abono efectivo”. Además, en la base del cálculo de los intereses de demora se deberá incluir la cuota del IVA.

Junto al pago de estos intereses, el Ayuntamiento deberá hacer frente a una indemnización de 40 euros por cada una de las 57 facturas pagadas fuera de plazo; una medida automática que tiene como objetivo directo “desalentar la morosidad” en las operaciones comerciales de la administración, tal y como señala la sentencia.

El fallo supone una estimación parcial del recurso interpuesto por la demandante, ya que la financiera pedía que, además de los intereses por el retraso de las facturas, se le pagaran intereses extra sobre esos mismos intereses. En consecuencia, el Ayuntamiento ha logrado evitar un recargo mayor dado que el magistrado ha rechazado el pago de esos intereses, que solo se permite “cuando la deuda es líquida”, es decir, cuando la cantidad es exacta, indiscutible y se puede calcular con una simple suma. En este caso, el juez ha considerado que la cifra no era clara desde el principio debido a las “divergencias mantenidas en el proceso”, ya que durante el juicio hubo que corregir errores en las facturas, recalcular el IVA y descartar recibos que no cumplían los requisitos legales. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.

Un hombre ha aceptado cuatro años de prisión por haber apuñalado a otro hombre en la avenida Compositor Rafael Castro. La Fiscalía pedía para él siete años de cárcel, pero la pena ha quedado reducida tras un acuerdo entre el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa, lo que ha evitado que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba haya celebrado el juicio programado para este lunes

Los hechos ocurrieron el 18 de enero del pasado año, cuando el ya condenado y la víctima comenzaron una discusión en un descampado cercano al centro comercial El Arcángel, donde ambos eran aparcacoches. En el transcurso de la misma, el procesado extrajo una navaja y, con la intención de acabar con la vida del otro hombre, le asestó una puñalada en el cuello, huyendo inmediatamente del lugar de los hechos. No obstante, el agresor fue detenido ese mismo día.

A pesar de la gravedad del ataque, la víctima logró salvar su vida gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios. La víctima tuvo que ser ingresada y sometida a una operación quirúrgica de urgencia debido a una intensa hemorragia causada por la perforación irregular de la vena yugular interna.

Por estos hechos, que han sido catalogados como un delito de homicidio en grado de tentativa, la Audiencia de Córdoba ha condenado al hombre a cuatro años de prisión y a la inhabilitación especial durante el tiempo que dure la condena. Además, le ha impuesto la prohibición de comunicación y de acercamiento a la víctima durante cinco años y el pago de una indemnización de 15.000 euros. Asimismo, deberá abonar las costas del juicio y las de la acusación particular.