La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un hombre por un delito de coacciones en el ámbito de la violencia sobre la mujer. El tribunal considera probado que el acusado utilizó una estrategia de engaño y presión para intentar doblegar la voluntad de su expareja, con quien había finalizado una relación de tres años meses atrás.

Según la sentencia, un día de septiembre de 2025, el condenado se presentó en el lugar de trabajo de la víctima, una cafetería de Poniente Sur, tras haberle enviado el día anterior mensajes recriminatorios porque ella no respondía a sus llamadas. Una vez allí, le aseguró que existían vídeos de contenido íntimo de ella con otros hombres circulando por internet y le propuso “quedar en el centro y tomar una cerveza” para enseñárselos.

Sin embargo, no existían tales imágenes y todo era un engaño para forzar un contacto que su exnovia, que estaba realmente angustiada sobre la posible existencia de esos vídeos. En esos momentos, la víctima se encontraba ya en tratamiento psicológico desde abril de 2023 por una patología ansioso-depresiva derivada, precisamente, de su relación sentimental con el acusado

Por estos hechos, el hombre fue condenado, por la plaza número 6 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba, a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad o a siete meses de prisión. Además, se le impuso la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 150 metros o a comunicarse con ella durante un año y siete meses, y otra prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y tres meses.

Frente a este fallo, el condenado interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial, quien solo ha estimado reducir esta última prohibición al no haber sido suficientemente motivada. En ese sentido, el tribunal ha estimado que el hombre no podrá tener acceso ni llevar armas durante un año y siete meses.

Facua Córdoba ha asegurado este jueves que un banco ha sido “condenado a abonar” a un socio de la asociación de consumidores “los 930 euros que le sustrajeron mediante catorce cargos en su cuenta tras pinchar en un enlace que recibió por SMS que simulaba proceder de la Dirección General de Tráfico (DGT)”.

Así lo ha señalado la asociación en una nota en la que ha detallado que la sentencia de la Plaza número 12 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba establece que “el banco tendrá que pagar también los intereses legales desde la fecha de los cargos fraudulentos (34 euros) y de las costas procesales (más de 800 euros), rechazando los argumentos de la entidad”, que “trató de atribuir al afectado una supuesta negligencia grave”.

Facua ha detallado que en la sentencia, la jueza “deja claro” que “la identificación de entornos no seguros no está al alcance de cualquier usuario”, por lo que considera que “pinchar el enlace que le ofrece el SMS fraudulento no supone una grave negligencia” por parte del afectado.

Además, “da un toque de atención a la entidad bancaria al no detectar movimientos sospechosos por unos importes en sucesivas disposiciones efectuadas en un brevísimo periodo de tiempo y en distintos establecimientos comerciales desde lugares tan dispares como Alemania e Irlanda”.

Los hechos se remontan a abril de 2025, cuando el afectado, de 77 años, “recibió en su teléfono móvil un SMS que aparentaba proceder de la DGT y que le informaba de una supuesta multa de tráfico pendiente de pago”. Tras acceder al enlace, “una web que imitaba a la de Tráfico le pidió sus datos para pagar la sanción 'fake'. Después de introducirlos”, el hombre “fue objeto de numerosos cargos en su cuenta (uno de 280 euros y trece de 50 euros) por un importe total de 930 euros”.

Sin embargo, “a pesar de que el afectado comunicó inmediatamente la incidencia” al banco y “presentó la correspondiente denuncia policial”, la entidad “rechazó devolverle las cantidades sustraídas de manera ilícita con el argumento de que es responsabilidad del cliente custodiar las tarjetas bancarias”.

“En el banco me dijeron que no me reembolsaban el dinero porque era yo quién había dado mis datos a los estafadores”, cuenta el afectado, quien decidió acudir a Facua Córdoba, organización de la que es socio desde el año 2010, para que le ayudasen a recuperar su dinero.

Así las cosas, la asociación presentó una nueva reclamación al banco, pero también fue desestimada. Tras esta segunda negativa, el afectado decidió acudir a los tribunales con el asesoramiento y el respaldo jurídico de Facua Córdoba.

La sentencia, firmada el 29 de mayo de 2026, concluye que el afectado “actuó con diligencia y que el banco no logró acreditar ni la existencia de una actuación fraudulenta por parte del cliente ni una conducta gravemente negligente que justificara trasladarle las pérdidas económicas derivadas de la estafa”. Asimismo, destaca “la rápida actuación de la víctima, quien comunicó los hechos a la entidad bancaria el mismo día en que detectó las operaciones sospechosas”.

Por ello, ha resuelto condenar al banco a pagar al afectado, que se muestra “encantadísimo con la gestión” que han “hecho en Facua, 100% satisfecho”, los “930 euros que le sustrajeron a través de un SMS suplantando a la DGT, más los intereses legales y las costas procesales”.

Facua anima a los afectados a reclamar

Facua Córdoba recuerda que las víctimas de fraudes bancarios a través de técnicas como el 'phishing' o el 'smishing' tienen derecho a reclamar la devolución de las cantidades sustraídas siempre que no hayan cometido una negligencia grave.

La asociación anima a los afectados por este tipo de estafas a presentar reclamación ante su entidad financiera, denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acudir a Facua en caso de que el banco rechace asumir su responsabilidad.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, celebrado este jueves, ha respondido a un oficio del Ministerio de Justicia sobre el proyecto de Real Decreto para la creación de 500 nuevas unidades judiciales para 2026. Entre otras cuestiones, en dicha reunión se ha acordado infomar favorablemente la creación de una unidad especializada en el Tribunal de Instancia de Lucena, medida que se integra en un plan de reorganización judicial para optimizar la atención en la provincia de Córdoba.

Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta nueva unidad no solo atenderá a su partido judicial, sino que extenderá su jurisdicción a las zonas de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera. La Junta ve así una muestra de apoyo a la petición que realizó el pasado mes de marzo, cuando tachó de “incoherente” la comarcalización establecida por el Ministerio de Justicia. Actualmente, la Sección de Violencia de Género de la capital está asumiendo los asuntos también de Lucena, Montoro y Posadas.

Ante ello, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública consideró “imprescindible” que Lucena cuente con su propia sección especializada que asuma los asuntos de esta localidad y de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera. Mientras, en la capital se encargarían de los casos de violencia sobre la mujer de Córdoba, Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.

Simultáneamente, el Consejo ha aprobado ha informado favorablemente de la ampliación de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba capital. A partir de la implementación del plan, este órgano asumirá también los casos de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.

Otras cuestiones judiciales

Más allá de los cambios en Córdoba, el CGPJ ha solicitado la creación de seis plazas de magistrado/a para el alto tribunal: dos para la Sala de lo Civil, dos para la de lo Penal y dos para la de lo Social. Además, ha propuesto quue las nuevas plazas entren en funcionamiento de forma escalonada: el 1 de enero, las de los órganos colegiados (Supremo, Audiencia Nacional, TSJ y Audiencias Provinciales), jueces de Adscripción Territorial y plazas de categoría de juez; el 1 de junio, las de los tribunales de Instancia en ciudades sede de TSJ o Audiencias Provinciales; y el 1 de noviembre, el resto de plazas creadas.

Por otro lado, el Poder Judicial ha informado favorablemente de la creación de una nueva plaza judicial en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, ampliando su cobertura al partido judicial de Amurrio.

El Consejo ha subrayado que es “imprescindible” que todas estas nuevas unidades cuenten con los medios materiales, tecnológicos y personales adecuados desde el primer día de su funcionamiento. Finalmente, el Pleno del CGPJ ha recordado la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la formación de los jueces al nuevo modelo de Tribunales de Instancia.

La plaza número 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba ha estimado la demanda defendida por el Bufete Osuna -letrados expertos en procesos de filiación de gran relevancia mediática, como fueron los de El Cordobés y Julio Iglesias-, y ha obligado a tres hijos a incluir en el reparto de la herencia bienes que supuestamente habían comprado a su padre y que también pertenecían a dos progenitores que tuvo este hombre fuera del matrimonio.

Según la sentencia, facilitada a este periódico por dicho bufete, en junio de 1990, una sentencia reconoció la filiación no matrimonial de esos dos hijos con respecto de su padre. Solo 12 días después de aquel fallo, el padre otorgó testamento legando los tercios de mejora y libre disposición a sus hijos matrimoniales, limitando a estos dos hijos recién reconocidos legalmente a percibir únicamente la legítima.

Según el magistrado, este acto inició una “dinámica conductual” de la familia matrimonial para evitar que los dos hermanos extramatrimoniales concurrieran en igualdad de condiciones al reparto de los bienes. Así, para vaciar el patrimonio, el fallecido realizó diversas transmisiones de inmuebles a sus hijos matrimoniales bajo la apariencia de ventas reales en los años 1999, 2002, 2006 y 2008. Estas prácticas de despatrimonialización se aceleraron en 2002, cuando al padre se le diagnosticó un cáncer y acabó fallecido en 2020. En aquel momento, este hombre solo era titular de una cuenta bancaria que tenía 3.692,70 euros.

Para formular su fallo condenatorio, el juez ha considerado determinante la falta de capacidad económica que tenían los hijos matrimoniales para realizar dichas adquisiciones. En esa línea, los demandados -que alegaron que las transmisiones se hicieron “por amor”-no aportaron pruebas de disponer de ingresos a través de su vida laboral o ahorros suficientes para pagar el precio de los inmuebles. Además, en los interrogatorios se admitió que no se pagó precio alguno, alegando pagos “en metálico” sin ningún rastro bancario ni cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales.

Frente a estos argumentos, el magistrado ha señalado que la familia tenía un “deber especial” de documentar meticulosamente cualquier transacción para demostrar que no era un fraude, algo que no hicieron. Por todo ello, el titular de este juzgado ha declarado que estas operaciones fueron en realidad “donaciones indirectas” y ha condenado a los demandados a computar el valor de dichos bienes para repartirlos de forma igualitaria entre todos los hijos del fallecido.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a Ramón F. L. y Jesús G. B. a 20 años de prisión cada uno por el asesinato con alevosía de Rafael en su piso de la calle Reina Mercedes, en la zona de Sagunto. Asimismo, Manuela T. A., pareja sentimental de Ramón, ha sido condenada a ocho años de cárcel como cómplice del mismo delito. Esta sentencia llega después de que el jurado los declarara culpables el pasado viernes 12 de junio.

Según los hechos probados, los tres condenados conocieron a la víctima en un comedor social de Córdoba en marzo de 2024. Tras entablar una relación de confianza, Rafael les permitió instalarse en su piso el 1 de abril de ese año. Apenas dos días después, en la madrugada del 2 al 3 de abril, fue asesinado. Por motivos que no han podido ser esclarecidos durante el juicio, Ramón y Jesús comenzaron a golpearle en el salón del piso. Posteriormente, lo trasladaron a la fuerza a un pequeño dormitorio colindante donde, aprovechando la estrechez del lugar para anular su defensa, continuaron la agresión con puñetazos y patadas. Ramón utilizó un travesaño de hierro de la cama para golpear reiteradamente a la víctima en la cabeza y el cuerpo.

Mientras uno de los agresores se subía a horcajadas sobre la víctima y le tapaba la nariz y la boca para que no gritara, el otro le anudó un cinturón de albornoz en el cuello, apretándolo hasta causarle la muerte por estrangulamiento y sofocación. Por el modo en que se produjo la agresión, la jueza ha ratificado la existencia de alevosía en los dos autores del asesinato

Durante la agresión, los tres acusados mantuvieron la música a un volumen muy elevado y hablaron a voces para evitar que los vecinos escucharan los gritos de auxilio. Según sostiene la jueza, Manuela, a pesar de conocer lo que estaba sucediendo, no hizo nada por impedir la agresión ni pedir ayuda. Incluso, cuando los vecinos llamaron a la puerta por el ruido, ella y Ramón aparentaron total normalidad para evitar ser descubiertos.

Tras el crimen, los tres condenados permanecieron en la vivienda hasta las 9:00, momento en el que huyeron llevándose dos cadenas de oro, zapatillas, un teléfono móvil y las llaves de la casa. Horas más tarde, esa misma tarde, Jesús regresó al piso usando las llaves de la víctima para sustraer un televisor. La detención de los tres se produjo el 5 de abril en una nave abandonada del polígono Chinales, donde la Policía halló los objetos sustraídos a la víctima.

La jueza rechaza todas las atenuantes de los procesados

La magistrada ha rechazado las dos atenuantes que formularon las defensas. Así, ha desestimado “arrebato u obcecación” de Ramón al no probarse que la víctima hubiera intentado agredir sexualmente a Manuela, como él afirmaba. También se ha rechazado la atenuante de confesión al considerarse que solo admitió los hechos parcialmente cuando ya se sentía acorralado por las pruebas. Con relación a Jesús, la jueza no ha tenido en cuenta la atenuante de toxifrenia, ya que los informes periciales indicaron que su consumo de sustancias no afectó a sus facultades volitivas en el momento del crimen.

Además de los 20 años de asesinato, la jueza ha impuesto a Ramón y a Jesús una multa de 360 euros por un delito leve de hurto. Este último, además, ha sido condenado a dos años de cárcel por el robo con fuerza del televisor. En relación con Manuela, además de los ocho años de prisión por su complicidad en el asesinato, deberá pagar la misma multa que los otros dos condenados por el delito leve de hurto.

Tras cumplir prisión, Ramón y Jesús tendrán diez años de libertad vigilada, y Manuela, ocho. En concepto de responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar solidariamente a la familia del fallecido: 74.129 euros para su hija, 49.419 euros para su madre y 22.238 euros para cada uno de sus tres hermanos.

La plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba ha dictado el procesamiento de un hombre por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en 2024 tras una disputa en un pub de la capital donde el agresor supuestamente atacó a un joven por recriminarle su actitud hacia las mujeres que lo acompañaban.

Según el auto de procesamiento, al que ha accedido este periódico, el apuñalamiento se produjo el 23 de noviembre de 2024 en un pub de Ciudad Jardín, donde se encontraba la víctima con sus amigos. En un momento dado, un grupo de cinco personas comenzó a rodear de forma “chulesca y amenazante” a las mujeres que iban con la víctima.

Después de que la víctima les recriminara su comportamiento, el procesado se abalanzó hacia ella en varias ocasiones intentando agredirle, aunque no lo consiguió. Sin embargo, una vez fuera del local, el denunciado siguió al joven y le asestó dos puñaladas con una navaja en el costado y la espalda.

A consecuencia del ataque, la víctima sufrió un traumatismo abdominal y laceraciones en el bazo que le provocaron un hemoperitoneo. Aunque no requirió cirugía de urgencia, el informe médico forense ha dejado constancia de que existió un riesgo vital potencial. Si la trayectoria de la herida hubiera sido ligeramente distinta, la hemorragia podría haber resultado mortal. El acusado, defendido por la abogada María del Mar Jiménez Sánchez, fue detenido el mismo día de la agresión y estuvo en prisión poco más de una semana.

Tras la investigación, la magistrada ha transformado la causa en sumario al deducir un presunto homicidio en grado de tentativa, delito que está penado con más de nueve años de cárcel. Además, ha previsto una indemnización a la víctima de 6.000 euros. Una vez que la jueza considere que se han practicado todas las diligencias necesarias, dictará un auto de conclusión del sumario y remitirá la causa a la Audiencia Provincial para los posteriores escritos de la Fiscalía y la defensa.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a cuatro años y un día de prisión por abusar sexualmente de una niña de diez años, nieta de su entonces pareja, durante el confinamiento decretado por la pandemia en 2020. La sentencia también le impone multas por exhibicionismo y provocación sexual, una indemnización de 10.000 euros para la víctima y libertad vigilada.

Según recoge el fallo, los hechos ocurrieron en una vivienda de la capital cordobesa en la que convivían el acusado, su pareja, la hija de esta y sus dos hijos menores de edad, y un tío de la víctima. La niña, que mantenía una relación de confianza con el procesado y llegó a llamarle “abuelo”, tenía diez años cuando comenzaron los abusos. El tribunal ha considerado acreditado que el condenado, un sexagenario, aprovechó momentos de relativa intimidad en la vivienda, fundamentalmente por la noche, para mostrar a la menor vídeos pornográficos almacenados en su móvil.

Asimismo, en una ocasión le exhibió sus genitales y le pidió que los tocara, aunque no ha quedado acreditado que la niña llegara a hacerlo dado que la niña no lo recordaba. A pesar de que la vivienda no era de grandes dimensiones, estos hechos ocurrían sentados ambos en el sofá del salón y semiocultos por una columna cuando el resto de habitantes de la casa se iban a dormir o hacían otros quehaceres.

Una noche calurosa del verano de 2020, la víctima, el acusado y su abuela durmieron en el salón, en un mismo colchón, dado que era la estancia que tenía aire acondicionado. Cuando la abuela se encontraba profundamente dormida, el acusado aprovechó para hacer tocamientos a la menor. Esas actitudes, todavía no valoradas adecuadamente por la niña, ya propiciaron un cierto rechazo hacia el procesado, hasta el punto de que cuando volvía los fines de semana a casa después de trabajar fuera, intentaba no coincidir con él, quedándose en su dormitorio.

La sentencia deja constancia de que la violencia sexual a la que fue sometida la niña dejó impacto psicológico que se manifestó en su propia autoestima, con sensación de culpa, asco o vergüenza. Años más tarde, cuando la menor inició su adolescencia y comenzó a tener relaciones afectivas y sexuales, fue consciente de lo que había sufrido en su infancia. A ese conocimiento contribuyó la formación recibida en materia de educación sexual en su instituto.

Tras el juicio, la Audiencia ha condenado a este hombre a cuatro años y un día de prisión por un delito de abusos sexuales a una menor de 16 años con la agravante de aprovechamiento de una situación de convivencia. Asimismo, le ha impuesto una multa de 4.328 euros por un delito continuado de provocación sexual y otra de 1.440 euros por un delito de exhibicionismo. A esto se suman las prohibiciones de comunicación por cualquier medio y de aproximación a una distancia inferior a 300 metros respecto de la menor, de su domicilio, lugar de estudios o cualquiera en que se encuentre por plazo de cinco años y un día.

Por último, se le ha impuesto cinco años de libertad vigilada, inhabilitación para trabajar con menores durante nueve años, una indemnización a la víctima de 10.000 euros y el pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puente Genil dictó el pasado vieres un auto acordando la libertad provisional bajo fianza de 3.000 euros para el conductor acusado de causar la muerte a una joven de 24 años en noviembre de 2024. El investigado, que se encontraba en prisión desde finales de enero de 2025, ya ha abonado la fianza impuesta para abandonar el centro penitenciario, según ha confirmado a este periódico el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha adelantado Puente Genil OK.

A pesar de su puesta en libertad, solicitada por su defensa, el tribunal ha impuesto estrictas medidas cautelares para garantizar su sujeción al proceso judicial. El acusado tiene prohibido residir y acudir a la localidad de Puente Genil, así como la salida del territorio nacional, motivo por el cual se le ha retirado el pasaporte. Además, deberá comparecer en sede judicial todos los lunes y mantiene intervenido su permiso de conducir desde que adquirió la condición de investigado.

El atropello ocurrió la tarde del domingo 3 de noviembre de 2024, cuando la víctima fue atropellada por un coche que se dio a la fuga. Tras meses de investigación coordinada entre la Guardia Civil y la Policía Local, en la que se analizó minuciosamente el vehículo localizado en la provincia de Sevilla, los agentes detuvieron al presunto autor el 28 de enero de 2025.

En su primera comparecencia judicial, realizada el 29 de enero de 2025, se decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, atribuyéndole inicialmente delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y conducción temeraria.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por Renfe contra la providencia denegatoria de pedir que el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía aportara las llamadas relacionadas con los hechos acontecidos, “manteniendo íntegramente todo su contenido”, toda vez que el fiscal también ha pedido desestimar el recurso y confirmar la resolución.

Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en las presentes diligencias, seguidas por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes por el accidente ferroviario entre los trenes Iryo y Alvia, se denegó la práctica de las diligencias interesadas por la representación procesal de Renfe Viajeros, consistente en requerir al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía las grabaciones, informe final del despliegue de emergencias e información sobre “si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia”.

Contra la citada resolución se interpuso por dicha representación, en tiempo y forma, recurso de reforma, para que en su virtud se revocara la resolución impugnada y se acordara la práctica de la diligencia de prueba solicitada. Mientras, el Ministerio Público ha solicitado la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada, a la vez que distintas partes personadas han formulado escritos de impugnación y oposición al recurso de Renfe.

Dos son los argumentos fundamentales que emplea el letrado de Renfe para “atacar la providencia recurrida”, a saber, uno de forma, “la falta de motivación de la resolución impugnada”, y otro de fondo, “al entender que la diligencia de prueba solicitada es necesaria y pertinente”.

Por lo que se refiere al primer argumento, la jueza explica que “la resolución impugnada se encuentra mínimamente motivada y cumple suficientemente los requisitos exigidos al efecto por el artículo 248.2 de la LOPJ, pues en la misma se expresan meridianamente los argumentos en base a los cuales se dicta, pues lo cierto es que el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución no exige una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, pues ello conduciría a dictar resoluciones sumamente extensas que nada añadirían a los argumentos de fondo que, en definitiva, les sirven de fundamento”. En cualquier caso, asegura que “dicho defecto queda subsanado con la presente resolución”.

Tiempo de asistencia a los trenes

En cuanto al fondo del asunto, en el recurso se alega que la diligencia cuya práctica se interesa por Renfe tiene como objeto “aclarar los motivos por los que los servicios de emergencia no tenían constancia de que eran dos y no uno los trenes siniestrados y si ello supuso que tardaran más de una hora en llegar al tren Alvia sin prestar auxilio a las víctimas que se encontraban atrapadas, tomando como base la información contenida en el informe de la Guardia Civil del día 20 de abril”.

Pues bien, la jueza detalla que “la práctica de diligencias de investigación durante la fase de instrucción constituye una facultad exclusiva del juez instructor como 'director' del procedimiento en esta fase, actividad jurisdiccional que sin embargo no es ajena a las propias partes del proceso, a cuya instancia pueden ser ordenadas diligencias de prueba o para el esclarecimiento de los hechos tal y como dispone el artículo 311 LECrim”.

En este caso, apunta que “el referido derecho de las partes a solicitar diligencias de investigación no es ilimitado, fijando el precepto citado como único límite, que el juez no las considere inútiles o perjudiciales para la investigación”.

Así, la jueza remarca que “en la fase de instrucción del procedimiento penal --sea abreviado o procedimiento ordinario--, la necesidad y/o pertinencia de las diligencias de investigación habrá de guardar relación directa con la finalidad esencial que la ley procesal penal atribuye a dicha fase, de modo que estén encaminadas a preparar el juicio y averiguar y hacer constar la perpetración del delito, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como la culpabilidad de los delincuentes, o encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento”.

La magistrada advierte de “investigación prospectiva”

En el caso de autos, la jueza argumenta que “la prueba propuesta por el recurrente es totalmente inútil e innecesaria en el estadio procesal en el que se encuentra la presente instrucción y ninguna luz arrojaría para el esclarecimiento de los hechos, e incluso podría considerarse perjudicial sirviendo para dilatar de forma innecesaria el procedimiento, además de que es reproducción de la pedida anteriormente, no por el recurrente, sino por la CIAF y denegadas por providencia del día 7 de abril”.

En efecto, la presente instrucción se sigue por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes consecuencia del accidente ferroviario, “siendo como es de entender el objeto del procedimiento determinar cuál fue la causa que originó el siniestro entre los dos trenes implicados y dirimir las correspondientes responsabilidades penales y, en ningún caso, y por ahora, aclarar los motivos por los que los servicios de emergencia no tenían constancia de que eran dos y no uno los trenes siniestrados y si ello supuso que tardaran más de una hora en llegar al tren Alvia sin prestar auxilio a las víctimas que se encontraban atrapadas, como expone expresamente en su escrito el recurrente”, subraya la jueza en el auto.

“Ello, a la vista notoria, de que en ese caso la instrucción se seguiría por delitos distintos a los que están siendo objeto de instrucción, asimismo extender el objeto del procedimiento a las incidencias en la prestación de los servicios de salvamento y rescate, sería dar comienzo a una investigación prospectiva y no procedente, teniendo en cuenta, que por el momento y a la vista del resultado de las actuaciones tanto policiales como judiciales no existen mínimos indicios de ilicitud penal en dicho sentido, visión ésta compartida por el Ministerio Fiscal, y sin que valga para sostener la petición de prueba del recurrente las manifestaciones hechas por la Guardia Civil en su informe en el estadio en el que se encuentra la instrucción”, declara la jueza.

Por tanto, mantiene que la prueba propuesta por Renfe es “impertinente e inútil, de tal manera que no se encuentra relacionada con el objeto de la instrucción ni ayudarían a clarificar la causa, únicamente a su dilación indebida, sin que los argumentos esgrimidos por el recurrente hayan desvirtuado el contenido de la resolución impugnada”, de ahí que desestime el recurso de reforma interpuesto por Renfe.

En relación con ello, el fiscal de caso asegura que las diligencias pedidas por Renfe “no son pertinentes”, porque se trata de “un procedimiento penal y la causa busca dirimir posibles responsabilidades penales individuales”.

Al hilo, añade que “extender el objeto del procedimiento a las incidencias del rescate posterior, que es lo que parece inferirse de la finalidad de las diligencias propuestas, por el momento, no parece procedente a la vista de las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo de los que no resultan por el momento unos mínimos indicios de ilícito penal”.

La Jefatura de la Policía Local de Benamejí ha dado traslado a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en Córdoba y a la Fiscalía Delegada de Seguridad Vial de informes técnicos sobre la situación que presenta la antigua carretera nacional N-331 tras la caída masiva de pinos registrada durante los últimos meses.

Los escritos remitidos por el jefe de la Policía Local advierten de la persistencia de un riesgo potencial grave para la vida y la integridad física de las personas debido a la presencia de árboles caídos en el entorno de la vía y a la existencia de numerosos ejemplares que continúan amenazando la seguridad de quienes transitan diariamente por esta carretera.

La remisión de esta documentación a la Fiscalía se produce después de que el pasado 6 de febrero la Policía Local emitiera un informe técnico de Seguridad Vial que calificaba la situación como un riesgo “no tolerable” y reclamaba medidas urgentes para evitar posibles accidentes de consecuencias graves o incluso fatales.

Más de mil árboles caídos y un riesgo que continúa vigente

Los temporales registrados a finales de enero y principios de febrero provocaron la caída de más de un millar de pinos en la masa forestal colindante a la N-331A. Más de un centenar de estos ejemplares llegaron a invadir directamente la calzada, obligando al cierre temporal de la vía y a numerosas intervenciones de emergencia por parte de los servicios municipales para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cuatro meses después, gran parte del arbolado derribado continúa acumulado sobre el terreno. Los informes técnicos alertan de que esta situación mantiene el riesgo para la circulación y aumenta considerablemente el peligro de incendios forestales ante la llegada del verano, al existir una enorme cantidad de madera seca susceptible de actuar como combustible.

Asimismo, la Policía Local insiste en la necesidad de actuar sobre la zona de servidumbre de la carretera para evitar que nuevos árboles puedan desplomarse sobre la vía y provocar daños personales o materiales. Ante la gravedad de los hechos y la ausencia de actuaciones suficientes para resolver el problema, el Ayuntamiento de Benamejí solicitó hace meses el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz, trasladando la situación de riesgo existente, la necesidad de una intervención urgente y la insuficiencia de medios municipales para afrontar una actuación forestal de estas dimensiones.

Esta petición se suma ahora a la remisión de los informes a la Fiscalía, con el objetivo de que las administraciones competentes actúen de forma coordinada y urgente.

Actuaciones municipales con medios limitados

Según recoge la documentación técnica, mientras continúa a la espera de una respuesta efectiva por parte de las administraciones competentes, el Ayuntamiento de Benamejí ha seguido actuando dentro de sus posibilidades para minimizar los riesgos existentes.

Durante estos meses, los servicios municipales han retirado numerosos árboles que habían invadido la calzada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad vial. Además, se han iniciado nuevas labores de limpieza de cunetas y retirada de arbolado caído en los márgenes de la carretera con medios propios.

No obstante, los informes ponen de manifiesto que la magnitud del problema supera ampliamente la capacidad técnica, humana y económica de una administración local. La gestión de una masa forestal afectada por la caída de más de mil árboles requiere recursos especializados y actuaciones que exceden las competencias y posibilidades de los servicios municipales. Por todo ello, la Jefatura de la Policía Local considera especialmente preocupante la falta de actuaciones por parte de las administraciones con competencias en materia de gestión y conservación forestal.

En los informes se advierte de que la ausencia de una respuesta efectiva, pese a las comunicaciones realizadas a diferentes organismos y a las reiteradas peticiones de intervención, mantiene un escenario de riesgo evidente para vecinos, trabajadores, transportistas y visitantes.

En este sentido, se reclama la implicación inmediata de todas las administraciones competentes, con especial atención a la Junta de Andalucía, a la que se atribuye una responsabilidad fundamental en la gestión de esta situación. La falta de actuación durante estos meses mantiene un riesgo directo para la seguridad vial, la prevención de incendios forestales y la protección de quienes viven o transitan por esta zona.

Una vía estratégica para la comarca

La N-331A constituye una infraestructura esencial para la movilidad de Benamejí, El Tejar y Palenciana. Además de ser utilizada diariamente por residentes y trabajadores, la carretera da acceso al paraje de Los Caños y a numerosas instalaciones turísticas, deportivas y de ocio frecuentadas durante todo el año por familias, escolares y visitantes.

Por este motivo, la Policía Local considera imprescindible que se adopten medidas urgentes antes de que una situación ampliamente advertida por los informes técnicos pueda derivar en consecuencias irreparables.

En esta misma línea, la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara Estepa, ha señalado que “aún estamos a tiempo de evitar daños personales, materiales y medioambientales”, y ha confiado en que “no tenga que producirse una desgracia para que las administraciones competentes den la respuesta que esta situación requiere desde hace meses”.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar la semana que viene a dos hombres acusados de asaltar e intentar prender fuego a una vivienda en Córdoba mientras sus ocupantes se encontraban en el interior. El Ministerio Público pide para ellos ocho años de cárcel.

Los hechos, según la Fiscalía, comenzaron cuando los acusados se desplazaron en vehículo a una calle de Córdoba con el objetivo de localizar a una persona con la que, al parecer, mantenían desavenencias por motivos familiares. En un primer momento, se equivocaron de domicilio y golpearon la puerta y partieron una maceta en una vivienda ajena, llegando a romper la cerradura antes de percatarse de su error.

Tras darse cuenta de que se habían equivocado, los dos acusados se trasladaron a la vivienda correcta en la misma calle. Allí, despertaron a la víctima y a su familia a base de golpes en la puerta y gritos amenazantes. Aunque abandonaron el lugar ante la llegada de la Policía, regresaron una vez que las patrullas se marcharon, armados con navajas. En este segundo ataque, los acusados no se limitaron a las amenazas verbales. Según la calificación fiscal, prendieron fuego al tubo de evacuación de un aparato de aire acondicionado que asomaba por una ventana del salón, protegida únicamente por un cartón.

El escrito de calificación subraya que esta acción puso en grave peligro la vida de los ocupantes, dada la “alta combustibilidad” de los materiales y la proximidad de unas cortinas que podrían haber propagado el fuego rápidamente por todo el inmueble. El incendio no llegó a mayores gracias a que el propio afectado logró sofocar las llamas de inmediato. Poco después, una dotación policial interceptó a los sospechosos, quienes portaban en ese momento dos navajas de 16 y 10 centímetros de hoja.

Por tanto, la Fiscalía pide siete años de prisión por el delito de tentativa de incendio con peligro para la vida e integridad de las personas y un año de cárcel por un delito de amenazas. Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público interesa una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicación con las víctimas durante un periodo de tres años, así como el decomiso y destrucción de las navajas intervenidas

El hombre que llamó 100 veces a su exmujer en un día ha vuelto a ser absuelto por el juzgado especialista de violencia de género de Córdoba. Después de una primera sentencia absolutoria que fue revocada por la Audiencia Provincial por “irracional” e “inconsistente”, el procesado ha obtenido de nuevo una sentencia favorable por este mismo juzgado, pero con otro titular. Según el juez, no ha quedado probado ni el delito de vejaciones ni el de acoso por el que venía acusado, ya que, a su juicio, la denunciante “tendría que haber cambiado de móvil” si realmente se sintió acosada.

La sentencia, a la que ha accedido este periódico, echar por tierra la denuncia de la mujer, quien ha reconocido a este medio que no la recurrirá. Cabe señalar que este caso se ha vuelto a juzgar porque la Audiencia estimó su recurso dado que la Fiscalía consideró que la primera absolución del hombre se hizo acorde a la ley.

En esta nueva sentencia de la plaza número 6 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba, el juez ha calificado de “barbaridad” que el hombre efectuara 100 llamadas a su exmujer en apenas diez horas y media. Sin embargo, ha argumentado que, como todas se hicieron el mismo día, es “imposible” que las mismas afectaran “a la víctima más allá de las molestias propias de alguien que recibe llamadas con insistencia”.

En esa misma línea, el magistrado continúa asegurando que la mujer mantuvo su agenda con normalidad, por lo que “el plan que tenía ese día no se vio alterado”. Además, según él, no hay un “nexo causal” entre estas llamadas y “la ansiedad y miedo a salir sola” que la víctima trasladó durante el juicio. Ante todo ello, el juez ha ido más allá y ha asegurado que si ella se sintió acosada, “tendría más sentido haber cambiado de móvil u otras conductas relacionadas con esa vía de comunicación”.

Ante la acusación de que el hombre la insultaba constantemente llamándola “hija de la gran puta”, el juez ha sentenciado que, si estas vejaciones eran tan frecuentes, la mujer “bien podría haber grabado alguna conversación vejatoria o hacerse acompañar de una persona que escuchase lo que le decía su interlocutor”.

Junto a esta absolución, ha decretado la prohibición de comunicación y de alejamiento que el hombre tenía impuesta sobre su exmujer.

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha pedido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil que “a la mayor brevedad” informe e identifique a los mantenedores del tren Alvia e Iryo implicados --agentes, empresas, técnicos y/o trabajadores de las mismas-- que “han de concurrir en unidad de acto para llevar a cabo el análisis interpretativo de los datos obtenidos de los registradores jurídicos de los trenes siniestrados”.

Así lo reclama la jueza en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista de un escrito presentado por la mercantil de las cajas negras, en cumplimiento de un requerimiento efectuado, por el que se informa al órgano judicial de que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben de realizarse por el fabricante/integrador y el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”.

En concreto, la empresa de las cajas negras ha presentado el referido escrito al pedirle el juzgado que informe “si el perito designado para la instalación de la licencia o software posee los conocimientos necesarios para la interpretación y sincronización de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los trenes Iryo y Alvia y, en caso contrario, indicar qué actores resultan necesarios para la práctica de la diligencia en unidad de acto”.

Ante ello, el documento lo formula la entidad “con ánimo de máxima colaboración con la investigación judicial y con el propósito de delimitar, de forma clara y comprensible para personal jurídico no necesariamente técnico, el alcance de la colaboración que puede prestar la empresa como fabricante del registrador jurídico, así como los límites técnicos naturales de dicha colaboración respecto de un análisis interpretativo, operativo o causal de los datos registrados”.

Al hilo, la empresa explica que es “el fabricante y proveedor tecnológico de los sistemas de registro instalados en las unidades afectadas”. Por ello, asevera que dispone del “conocimiento específico sobre el registrador jurídico, sus herramientas de software y el modo en que los datos pueden ser cargados y representados gráficamente para facilitar su consulta técnica”.

En una oferta previamente remitida se propuso un soporte técnico especializado para cargar los registros, verificar que puedan visualizarse correctamente y asistir a los usuarios autorizados en la identificación de señales, eventos, parámetros y su significado funcional dentro del sistema de registro, pero “dicha propuesta excluía expresamente cualquier análisis interpretativo, pericial o conclusivo de los datos, así como la determinación de causas, factores contribuyentes o responsabilidades del accidente”, indican desde la entidad.

El perito designado

Sobre los conocimientos del perito designado para la instalación de la licencia o software. A juicio de la empresa, “debe distinguirse entre la instalación, configuración o uso básico de una licencia o herramienta de software, y la interpretación técnica-operativa de los datos contenidos en los registradores jurídicos”.

En este sentido, expone que “un perito o técnico designado para la instalación de la licencia o software puede disponer de conocimientos suficientes para instalar la herramienta, abrir los ficheros, visualizar gráficas, ordenar señales y consultar eventos, siempre que reciba el soporte técnico necesario del fabricante del registrador”.

No obstante, aclaran que “esa no equivale, por sí sola, a disponer de los conocimientos necesarios para interpretar de forma completa y causal los datos registrados por los trenes Iryo y Alvia”, de modo que “la interpretación y sincronización materialmente útil de los datos, entendida como correlación de señales y eventos para explicar el comportamiento de las unidades ferroviarias y las circunstancias del accidente, requiere la intervención de los actores que conocen la arquitectura, configuración, lógica funcional, operación y mantenimiento de cada tren”.

Por tanto, para que la diligencia pueda realizarse “con rigor técnico y para evitar que la visualización de datos sea confundida con una interpretación causal completa”, la empresa considera conveniente que participen, al menos, la propia empresa, como fabricante del registrador jurídico, para prestar soporte en la carga, visualización, identificación de señales y explicación técnica de la herramienta y del sistema de registro; el fabricante o integrador de cada una de las unidades de tren implicadas, por ser quien conoce la arquitectura integrada del tren, las interfaces entre subsistemas y la lógica funcional del vehículo.

Asimismo, el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, por disponer del historial de mantenimiento, configuración real, intervenciones y estado material de las unidades --solicitud que realiza el juzgado ahora--; el operador ferroviario correspondiente, en la medida en que pueda aportar el contexto operativo, procedimientos de explotación, condiciones de servicio y cualquier información relevante sobre la circulación, y los peritos judiciales o técnicos designados por el órgano judicial, que deberán valorar la información aportada por los distintos actores y emitir las conclusiones que procedan dentro de su mandato.

En particular, explican que “el informe interpretativo destinado a explicar qué sucedió en el tren mediante la correlación de señales y eventos debería ser elaborado por el fabricante/integrador del tren y por el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, con el auxilio de la empresa únicamente en lo relativo al correcto acceso, visualización y comprensión técnica de los registros desde la perspectiva del registrador jurídico”.

En definitiva, la empresa reitera “su plena disposición a colaborar con el órgano judicial dentro de su ámbito de competencia técnica como fabricante del registrador jurídico”. En ese ámbito, la entidad puede “facilitar la carga y visualización de los datos, explicar el funcionamiento del sistema de registro, identificar las señales disponibles y configurar vistas o cronologías que permitan una consulta estructurada de la información almacenada”.

No obstante, subrayan que “la interpretación de los datos para determinar el comportamiento global de las unidades ferroviarias, reconstruir la secuencia causal del accidente, valorar la normalidad o anormalidad de la interacción entre subsistemas y emitir conclusiones sobre causas raíz, factores contribuyentes o responsabilidades no corresponde al fabricante del registrador jurídico”. Así, puntualizan que “dicha interpretación exige un conocimiento completo del tren como sistema integrado, de su configuración real, de su historial de mantenimiento y de su operación”.

En consecuencia, la empresa de las cajas negras considera que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben ser realizados por el fabricante/integrador y por el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”. La entidad debería actuar como “facilitador técnico del acceso, carga, visualización y comprensión funcional de los registros, pero no como responsable del análisis causal o interpretativo del accidente”.

En este caso, aseveran que “esta delimitación protege la fiabilidad técnica de la diligencia, evita atribuir a cada actor conocimientos o responsabilidades que no le corresponden y permite que el órgano judicial reciba una interpretación fundada por quienes están en mejor posición técnica para correlacionar los datos registrados con el comportamiento integral de las unidades ferroviarias”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), retirando la prestación que un juzgado de Córdoba había concedido inicialmente a un banderillero, quien la solicitó durante la pandemia del covid.

Según la sentencia, el demandante, alegando que era banderillero, solicitó esta ayuda en junio de 2020 al amparo del Real Decreto-ley 17/2020. Esta norma fue la primera en establecer medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente al impacto económico de la pandemia.

Sin embargo, el SEPE denegó la solicitud alegando que los profesionales taurinos no estaban incluidos en el ámbito de aplicación de dicha ley. Tras un largo proceso judicial, el Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba dio la razón al trabajador en diciembre de 2023, reconociéndole el derecho a cobrar la ayuda desde mayo de 2020.

Frente a este fallo, el SEPE ha interpuesto un recurso que ha sido estimado por el TSJA, que ha señalado que el primer decreto de mayo de 2020, al que se refiere el banderillero, estaba dirigido exclusivamente a las artes escénicas, la música y la cinematografía, y no a los profesionales taurinos.

No fue hasta la aprobación de un segundo paquete de medidas, el Real Decreto-ley 32/2020 en noviembre de ese año, cuando se habilitó específicamente el “acceso extraordinario a la prestación por desempleo de profesionales taurinos”. Junto a ello, el TSJA ha subrayado que este derecho no tiene carácter retroactivo y nació el 5 de noviembre de 2020, por lo que no es posible reclamar las ayudas correspondientes a los meses anteriores.

Con este fallo, el TSJA ha absuelto al SEPE de pagar al banderillo las cantidades reclamadas.

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha acordado incluir en la causa el escrito emitido por el secretario del Área Técnica del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) de 8 de agosto de 2025 dirigido a Adif y en el se comunicaba “la preocupación por el estado general de las líneas”, y en particular de la red de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla, junto a otras.

Así lo recoge la jueza en una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de haberlo solicitado el día 2 de junio una de las partes personadas en el procedimiento. Dicho escrito lo dirigió el Semaf en agosto de 2025 al director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, al director corporativo de Seguridad en la circulación de Adif y al subdirector de Circulación AV Adif.

Al respecto, los maquinistas advirtieron hace un año de la existencia de “cantidad de baches, garrotes, descompensación en la catenaria, etc.”, que estaban produciendo “una falta de confortabilidad y fiabilidad en los viajes” y una “degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías”. Asimismo, se dejaba constancia de que los maquinistas reportaban estas incidencias “diariamente a los responsables de Circulación Adif, sin que se tome ninguna medida”.

Ante “la gravedad de la situación descrita y el riesgo evidente para la seguridad de viajeros y trabajadores”, en la misma comunicación, Semaf solicitó expresamente la adopción de “una medida preventiva concreta y de carácter inmediato: la reducción de la velocidad máxima en dichas líneas, estableciéndose como límite 250 kilómetros por hora, medida que debería extenderse en el tiempo hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior”.

En este caso, la Asociación Liberum también presentó una denuncia en el Juzgado de Montoro dos días después del siniestro por “hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores” contra dos directivos de Adif y otro de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), así como “contra cualquier otro sujeto que en el curso de las investigaciones y a juicio de Su Señoría se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño, esté o no aforado”.

En la referida denuncia incluyeron el escrito del Semaf, subrayando que “pese a la gravedad de la advertencia, la identificación precisa de los riesgos y la propuesta de una medida correctora específica, razonable y proporcionada, los denunciados, en su condición de máximos responsables de la seguridad en la infraestructura y la circulación ferroviaria, omitieron adoptar medida alguna para mitigar o eliminar el riesgo denunciado”, al tiempo que apostillaron que “no consta que se acordara la reducción de velocidad solicitada, ni que se iniciaran actuaciones urgentes de mantenimiento en las vías señaladas”.

Así, señalaron que “el fatal accidente acaecido en Adamuz es la materialización directa del riesgo grave y conocido sobre el que fueron advertidos los denunciados”, a lo que añadieron que “la omisión de su deber de actuar, no adoptando las medidas de seguridad que les eran exigibles y que les fueron expresamente solicitadas, fue la causa determinante o, cuanto menos, un factor causal decisivo en la producción del siniestro y de sus trágicas consecuencias”.

Análisis de carriles fracturados

Por otra parte, la jueza ha acordado unir al caso un oficio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil por el que se remite expediente de contratación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) requerido por el juzgado mediante providencia del día 2 de junio, a la vez que se da traslado al Ministerio Fiscal para que informe a los efectos oportunos.

En concreto, la CIAF ya ha informado sobre la adjudicación provisional de los contratos con los laboratorios metalúrgicos para el análisis de los carriles fracturados en el siniestro ferroviario.

Según recoge el oficio de la CIAF a la Benemérita, al que ha tenido acceso Europa Press, el proceso de selección y contratación de laboratorios “se halla en su última fase”, una vez reunida la Junta de Contratación el día 20 de mayo. Se ha tramitado como contrato de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad (según el artículo 168 b) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) y por tramitación de urgencia.

No obstante, habida cuenta de que “las muestras a ensayar han sido encomendadas a la CIAF por el juzgado al cargo de la investigación, la adjudicación definitiva y la ejecución del contrato con los laboratorios queda supeditada a la validación y permiso por parte de la autoridad judicial, que deberá asimismo conceder su permiso para el traslado de las muestras, su entrega a los laboratorios, la extracción de las probetas y los ensayos a realizar”.

Dichos condicionantes han sido incluidos en las prescripciones del contrato. Para el procedimiento negociado han sido invitadas tres empresas de laboratorios metalúrgicos previamente seleccionadas por la CIAF en base a “su acreditación, solvencia técnica y ausencia de conflictos de intereses”, si bien una de ellas desistió antes de la Junta de Contratación, por lo que el procedimiento ha sido negociado con Cenim, entidad pública adscrita al CSIC, con sede en Madrid, y Aimen, empresa privada con sede en O Porriño (Galicia).

Al respecto, se asegura que “ambas empresas cuentan con los medios, la acreditación y la experiencia necesaria y no incurren en ningún conflicto de intereses con las entidades y empresas involucradas en el accidente, ni tampoco relacionadas con las obras de renovación de la línea afectada”.

Dos laboratorios independientes

En este sentido, el objetivo del contrato es “contar con dos laboratorios independientes que realicen los ensayos necesarios en paralelo, de modo que se refuerce la independencia de los análisis y la fiabilidad de los resultados”. Sin embargo, se puntualiza que “algunas de la pruebas y trabajos a realizar están condicionados inevitablemente por el hecho de que sólo hay un lote de muestras sobre el que trabajar, por lo que sólo las podría ejecutar un laboratorio”.

Se trata, por una parte, de las pruebas no destructivas iniciales, “a realizar sobre las muestras inalteradas, sin tampoco alterarlas --inspección visual, toma de fotografías, escaneo--”, y por otra parte, de la extracción de probetas a partir de las muestras, algo que “implicará corte y mecanización, y por lo tanto alterará las muestras de manera inevitable e irreversible”.

Aún con todo, la CIAF explica que “en ambos casos puede estar presente un técnico del segundo laboratorio que supervise la ejecución”. Asimismo, el segundo laboratorio recibirá una copia de las imágenes u otras inspecciones realizadas por el primero para analizarlas por separado. Una vez extraídas las probetas por el primer laboratorio, el segundo dispondrá de un lote de probetas con las que realizar el resto de ensayos, “de manera paralela e independiente”.

El jurado del crimen de Sagunto ha declarado culpables de asesinato con alevosía a Ramón y Jesús. El jurado ha dado a conocer este viernes el resultado de las votaciones que han llevado a considerar que los dos primeros son culpables de haber asesinado a Rafael en su piso de la calle Reina Mercedes, mientras que Manuela ha sido considerada culpable de cómplice de asesinato.

El jurado ha considerado probado que Ramón y Jesús son autores de un delito de asesinato. Según el relato de los hechos que el jurado ha dado por válido, los tres acusados conocieron a Rafael en un comedor social y se fueron a vivir al piso de este. El día 2 de abril, por causas que no han quedado esclarecidas, Ramón y Jesús agredieron a la víctima en el salón de su domicilio para luego trasladarla a la fuerza a un dormitorio de reducidas dimensiones al fondo del piso. En dicha habitación, Rafael fue golpeado con puñetazos, patadas y un travesaño de hierro, siendo finalmente estrangulado con un cinturón, muriendo asfixiado.

El veredicto ha introducido la existencia de alevosía, pues los atacantes buscaron mermar las facultades de defensa de la víctima y evitar su huida al confinarlo en una habitación pequeña, aprovechando además que eran dos. Asimismo, se ha declarado probado que, durante la agresión, los tres acusados subieron el volumen de la música para que los vecinos no escucharan los gritos ni los golpes.

Respecto a la tercera acusada, Manuela, el jurado la ha declarado culpable de complicidad en el asesinato. Así, han considerado probado que esta mujer, pareja sentimental de Ramón, estuvo presente durante la agresión y, a pesar de ser consciente de lo que sucedía debido a las reducidas dimensiones de la vivienda, no hizo nada para impedir el ataque, auxiliar a la víctima ni pedir ayuda. En ese sentido, el jurado no ha considerado probado que el retraso leve que tiene la procesada influyó negativamente en el conocimiento de estos hechos. Además, según el jurado, Manuela abandonó el domicilio al día siguiente junto a los otros dos acusados sin denunciar los hechos.

Tras acabar con la vida de Rafael, los tres acusados permanecieron en la vivienda antes de marcharse con diversas pertenencias del fallecido, incluyendo dos cadenas doradas, un teléfono móvil y unas zapatillas. Por estos hechos, han sido declarados culpables de un delito leve de hurto. Adicionalmente, Jesús ha sido hallado culpable de un delito de robo con fuerza por regresar a la vivienda horas después utilizando las llaves de la víctima para sustraer un televisor.

El jurado no ha considerado probado que Ramón agrediera a Rafael por un arrebato por una supuesta agresión sexual que la víctima habría cometido sobre Manuela. Además, ha rechazado por unanimidad que Jesús tuviera afectadas sus facultades volitivas e intelectivas debido a su trastorno por consumo de cannabis y cocaína

Penas de prisión y rechazo a conceder indultos

Tras la lectura del veredicto, las acusaciones han formulado sus peticiones de pena. Por el delito de asesinato, la Fiscalía pide 20 años de prisión y la acusación particular, 25 años, además de una multa de 1.080 euros por el delito leve de hurto y, para Jesús, una pena adicional de tres años de prisión por el robo del televisor.

Para Manuela, las dos acusaciones han coincidido en solicitar diez años de prisión por la complicidad en el asesinato, así como una multa de 1.080 euros por el hurto.

Por su parte, la defensa de Ramón pide 15 años por el asesinato y una multa por el hurto, mientras que para Manuela ha solicitado la pena mínima para un cómplice de asesinato y otra multa por el hurto. La letrada de Jesús, por otro lado, ha interesado 15 años de prisión por el asesinato, una multa por el hurto y un año de prisión por el robo del televisor.

Por último, el jurado se ha mostrado desfavorable a la concesión de cualquier beneficio de suspensión de la ejecución de las penas o a la propuesta de indulto para ninguno de los tres condenados. La acusación particular ha solicitado también una indemnización de más de 112.000 euros para la hija del fallecido por el daño moral sufrido.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dado así por finalizado este juicio, que comenzó el pasado lunes. En la lectura del veredicto han estado presentes tanto los tres acusados como familiares y vecinos de la víctima. Todas las preguntas han sido resueltas por unanimidad salvo dos. Así, se ha aprobado por mayoría de siete votos a favor y dos en contra que Ramón y Jesús eligieron un lugar reducido (la habitación al fondo) para que la víctima tuviera mermadas sus facultades de defensa y no pudiera huir.

La segunda y última pregunta que ha salido adelante por mayoría ha sido la relacionada con la intención de matar que tenía Ramón. En este caso, el jurado ha considerado probado este hecho por ocho votos a favor y uno en contra.

La representación legal del hombre al que fracturaron la mandíbula de un puñetazo en una agresión homófoba en noviembre de 2025 en las cercanías del Vial Norte ha solicitado al juez que autorice la geolocalización de los teléfonos móviles que había en la zona donde sucedieron los hechos a la hora de los mismos, con el fin de poder identificar a los presuntos autores.

Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2025 en la confluencia de la avenida Cruz de Juárez con el Vial Norte y fueron relatados por el hombre a su llegada al hospital, en cuyo parte figura que se encontraba volviendo a su casa por la noche ese día y se cruzó con un grupo de chavales que empezaron a increparle con comentarios homófobos, a los que él respondió y, uno de los jóvenes le dio un puñetazo en la mandíbula. El parte médico -al que tuvo acceso este medio-, señalaba en el apartado de lesiones una fractura mandibular.

La víctima, tras estar ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y ser intervenida quirúrgicamente, formalizó una denuncia ante la Policía Nacional que, con su relato de los hechos, abrió una investigación por los hechos, dando traslado al juzgado. Fuentes del caso relatan a este periódico cómo la Policía Judicial solicitó al juez acceder a la geolocalización de los teléfonos móviles en la zona y la hora de la agresión, con el fin de poder identificar a los presuntos agresores que habían sido captados por algunas cámaras del lugar, pero la petición fue rechazada inicialmente y el caso sobreseído provisionalmente.

Tras conocer esto la representación de la víctima y presentar un escrito de alegaciones solicitando que se le diera traslado de las actuaciones y se accediera a la geolocalización de los móviles, dicho recurso fue desestimado en un auto del juzgado de Instrucción plaza número 4 de Córdoba, al que se ha presentado ahora un recurso de apelación ahora ante la Audiencia Provincial. En este último recurso se insiste en solicitar como medida de investigación la autorización a la Policía Judicial para el geoposicionamiento de los teléfonos móviles en la zona y a la hora de los hechos denunciados, con el fin de poder identificar los móviles que utilizaran -y con ello a sus dueños- los presuntos agresores.

“Identificación de los autores del execrable delito de odio”

En el recurso -al que ha tenido acceso este periódico-, se argumenta que la medida se podría llevar a cabo “reduciendo y acotando el ámbito espacial, el radio de afección y los demás elementos de acceso a la información de las personas que pudieran haberse conectado con las estaciones BTS” de la zona, de manera que así “se pueda dar respuesta conjunta y armónica tanto a la búsqueda e identificación de los autores del execrable delito de odio que aquí nos ocupa, cuanto al respecto de los derechos fundamentales que pudieran, en su caso, verse afectados”.

E insiste en que “en el caso que nos ocupa, se puede intentar al menos y en aras de averiguar lo relativo a la comisión del delito, acompasar lo solicitado por la policía judicial al respeto de la normativa y jurisprudencia”.

En ese sentido, sostiene que la medida solicitada para la investigación policial podría acordarse y sumarse a la denuncia de los hechos y su corroboración objetiva y periférica con el parte médico o las grabaciones de las cámaras de la zona donde ocurrieron los hechos y la posterior huida de los presuntos autores.

La representación legal de la víctima cree que proporcionar la geolocalización de los móviles sería “una medida legítima (...) que resulta idónea, necesaria y proporcional, dirigida a la averiguación y descubrimiento de los autores de un delito grave con importantes secuelas” para el hombre agredido “e incluso, para el resto de la sociedad por lo censurable y odioso de la conducta denunciada”.

Este recurso de apelación se interpone tras el auto que desestimaba un primer recurso de reforma sobre la petición de autorizar el geoposicionamiento de los teléfonos móviles, amparándose en distinta jurisprudencia que así lo avala con sentencias de los últimos años, sostiene la representación de la víctima.

La Letrada de la Administración de Justicia de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ha pedido a los peritos designados para elaborar informes en el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, que procedan, en el plazo de cinco días, a la formulación de una nueva propuesta económica excluyendo la solicitud de provisión de fondos.

Así lo recoge una providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía haya emitido un escrito en respuesta al librado en su día por el juzgado en relación a la aprobación del presupuesto pericial presentado.

En dicho escrito, consultado por Europa Press, se apunta que en el presupuesto enviado por los peritos hay un apartado denominado propuesta económica, “con una estimación de gastos a la que la Delegación Territorial no muestra oposición”. No obstante, en el mismo apartado figura la solicitud de los peritos designados de que “se constituya una provisión de fondos de un 30% del importe de honorarios y de un 50% del importe de gastos”.

Al respecto, precisa que conforme a las normas que regulan los pagos que han de realizarse por la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, “la comprobación material del gasto consiste en verificar materialmente, antes del reconocimiento de la obligación, la efectiva realización de las prestaciones de servicios financiadas con fondos públicos”.

Además, agrega que el Decreto 4/2018, de 16 de enero, por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes, en su artículo 10.1 señala que “la Administración de la Junta abonará el importe de los informes periciales y de las traducciones e interpretaciones a las entidades adjudicatarias de los contratos y a los profesionales privados a la conclusión de los trabajos”, por lo que “no cabría la provisión de fondos solicitada en la propuesta económica”.

En este sentido, se resalta que “se observa en el presupuesto elaborado por los peritos, a efectos de la justificación de la inclusión de la provisión de fondos, el argumento, en relación con el procedimiento iniciado, de que 'resulta previsible que el mismo se prolongue durante un período de tiempo especialmente elevado y que la sentencia en la que se resuelva sobre las costas del proceso sólo podrá producirse una vez haya finalizado dicho procedimiento'”.

Ante ello, desde la Junta aclaran que “para la realización del pago no es preciso esperar a que se dicte una sentencia que incluya pronunciamiento sobre las costas, sino que, una vez realizado el servicio y certificado por el órgano judicial, se procederá a ordenar el pago del gasto aprobado”.

Por tanto, “y tal como se advertía en el oficio de fecha 20 de febrero, por el que esta Delegación Territorial comunicaba a esa plaza judicial del Tribunal de Instancia de Montoro que una vez emitido el presupuesto por los peritos designados se enviara para su aprobación, no resulta posible la provisión de fondos”, por lo que se ruega a la jueza que “ponga tal circunstancia en conocimiento de los peritos para que procedan, en su caso, a la formulación de una nueva propuesta económica excluyendo la solicitud de provisión de fondos”.

Unos 250.000 euros

Los tres peritos designados estiman tener dictamen sobre el caso en un plazo de nueve meses, con una provisión de fondos inicial para el trabajo valorada en unos 250.000 euros.

Según recoge el escrito al juzgado, se prevé desarrollar el dictamen inicial en “un período de nueve meses, contados a partir de la recepción de toda la documentación necesaria que forma parte de los archivos del procedimiento”. No obstante, aseguran que “dicho plazo podrá acomodarse en el tiempo a las necesidades del juzgado”.

En cuanto a la propuesta económica, teniendo en cuenta “la extensión y complejidad de los trabajos periciales necesarios para la emisión del informe solicitado, y la dedicación en términos de tiempo y recursos que implicará el desarrollo de dichos trabajos, y considerando, por otro lado, que, habida cuenta de la naturaleza de este procedimiento, resulta previsible que el mismo se prolongue durante un período de tiempo especialmente elevado y que la sentencia en la que se resuelva sobre las costas del proceso sólo podrá producirse una vez haya finalizado dicho procedimiento”, ven “necesaria una provisión de fondos para llevar a cabo los trabajos solicitados, a efectos de evitar que el desarrollo de los mismos suponga un perjuicio económico relevante a los peritos como consecuencia de las circunstancias”.

Habida cuenta del “volumen y complejidad” de los antecedentes a examinar, “la dedicación intensiva requerida por el trabajo durante los seis meses en los que se estima que el mismo tendrá que desarrollarse, dado el tiempo disponible, y la naturaleza del dictamen a emitir”, estiman una dedicación de unas 1.500 horas de trabajo, con un coste de 125 euros/hora, lo que totaliza unos honorarios inicialmente previstos de 187.500 euros más IVA.

Igualmente, una estimación de gastos para viajes, desplazamiento y asistencia a pruebas, ensayos y diligencias varias del 10% de los honorarios estimados por 18.750 euros más IVA. Y la intervención o participación de otros técnicos necesarios para la confección de la pericial definitiva serán propuestos al juzgado para su consideración, no incluyéndolos en el coste del dictamen.

Honorarios y gastos iniciales

En cualquier caso, los peritos expresan que, “en este momento, es imposible determinar con exactitud --por la ingente cantidad de documentación puesta a su disposición y la previsible nueva que se generará en forma de pruebas, ensayos, dictámenes complementarios y estudios de terceros-- la cuantía exacta de la dedicación a necesitar”.

Por tanto, subrayan que estos honorarios y gastos son “iniciales, tentativos y susceptibles de que, conforme se realice el trabajo, deban ser ampliados para la terminación satisfactoria de la pericia”. Asimismo, y “habida cuenta de la dedicación, gastos y duración que requerirá la pericia”, creen “necesario que se reconsidere la previsión inicial de no hacer una provisión de fondos al comienzo de los trabajos”.

Así, estiman “de justicia solicitar el abono de una provisión de fondos por un importe igual a dicha cuantía”, de forma que en el momento del inicio de los trabajos esté un 30% del importe de honorarios, 56.250 euros más IVA, y un 50% del importe de gastos, 9.375 euros más IVA. Ambas cantidades totalizan 65.625 euros más IVA, 79.406,25 euros con IVA incluido.

Y a la entrega del dictamen, la restante cantidad, el 70% restante del importe de honorarios, 131.250 euros más IVA, y el 50% restante del importe de gastos, 9.375 euros más IVA. Ambas cantidades totalizan 140.625 euros más IVA, siendo 170.156,25 euros con IVA incluido.

En el importe solicitado en el escrito queda incluida “la dedicación necesaria para la comparecencia ante el juzgado o posteriores instancias para la ratificación del dictamen y la respuesta a las preguntas que fueran formuladas por las distintas partes intervinientes”.

Tras tres intensas jornadas de testimonios, pruebas periciales y alegatos finales en el juicio por el crimen de Sagunto, los nueve miembros del jurado han recibido este jueves el cuestionario con el objeto del veredicto -compuesto por 17 preguntas- y se han retirado a deliberar. En caso de que no se alcance un acuerdo a lo largo de la jornada de hoy, los miembros del jurado deberán pernoctar conjuntamente en un hotel de la capital cordobesa, incomunicados, hasta que logren emitir un veredicto, siempre motivado, sobre la culpabilidad o inocencia de R., J. y M.

El juicio, que se ha desarrollado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, ha dejado tras de sí un relato de extrema violencia, contradicciones y estrategias de defensa contrapuestas. El juicio arrancó el pasado lunes con la lectura de las calificaciones. Según el Ministerio Público y la acusación particular, los procesados R. y J., tras una fiesta en el piso de la víctima, le propinaron una paliza brutal y le asfixiaron.

En esta sesión, los familiares y vecinos de Rafael coincidieron en que no era habitual que él metiera a gente en su casa. Una vecina relató cómo aquella noche escuchó risas y música alta, seguida de un “golpe seco”, tras el cual no volvió a oír a la víctima. Horas después del crimen, y tras ser avisado telefónicamente de que algo pasaba, un hermano de Rafael fue al piso y allí halló el cadáver “totalmente reventado” bajo un colchón.

La segunda jornada estuvo marcada por las pruebas forenses, que revelaron que Rafael sufrió una “agresión muy brutal” y una agonía prolongada, presentando múltiples fracturas en costillas y lesiones en todo el cuerpo. La causa de la muerte fue asfixia por oclusión de nariz y boca combinada con estrangulación manual. Los forenses también han sido determinantes al afirmar que la víctima intentó defenderse y que en los hechos intervinieron, como mínimo, dos personas. Además, la Policía Científica confirmó el hallazgo de ADN de J. bajo una uña de la víctima y huellas de R. en el travesaño de hierro de la cama utilizado como arma.

En la última sesión, dos de los acusados rompieron su silencio, aunque solo respondieron a sus defensas. R. confesó haber golpeado a Rafael, pero alegó un “arrebato” tras supuestamente encontrar a la víctima intentando agredir sexualmente a su novia, M. Por su parte, esta afirmó haberse quedado “bloqueada” y no haber escuchado nada del ataque. El tercer procesado, J., se negó a declarar.

La fiscal, en su informe final, calificó la versión de la agresión sexual como un “traje a medida” y una excusa “perversa” para eludir la responsabilidad penal, señalando que la hora de la muerte no coincide con el relato de los acusados. No obstante, la fiscal retiró el delito de robo con violencia, manteniendo únicamente el de asesinato y un robo con fuerza menor. Así, R. y J. se enfrentan a 20 años de prisión por el delito de asesinato y tres años adicionales por robo para todos los procesados. En el caso de M. además de este último delito, considera que M. es cómplice de asesinato, por lo que solicita diez años de cárcel.

Por su parte, la defensa de R. y M. solicita calificar los hechos como homicidio doloso con atenuante de arrebato para él y la libre absolución, para ella. La defensa de J. pide que su cliente sea absuelto o, subsidiariamente interesado cinco años de prisión por un delito de homicidio y una multa de 180 euros por un delito leve de hurto.

Ahora, el jurado debe decidir si la muerte de Rafael fue un asesinato o fruto de una reacción impulsiva, y determinar el grado de implicación de cada uno de los tres procesados.

El Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite el recurso de casación de una vecina de Córdoba contra la sentencia que absolvía al cirujano plástico que la operó del pecho. El alto tribunal español ha considerado que la demanda de esta mujer tiene interés casacional y tendrá que determinar si hubo una vulneración del deber de información médica tras un tratamiento postoperatorio que provocó una atrofia cutánea permanente en uno de sus senos.

Los hechos se remontan a junio de 2014, cuando la demandante se sometió a una intervención que combinaba la cirugía estética con la médica para paliar dolores de espalda por hipertrofia mamaria. Tras la operación, sufrió una apertura de las suturas que derivó en cicatrices hipertróficas. Para corregirlas, casi un año después, el cirujano aplicó infiltraciones de corticoides.

Según la denuncia, estas inyecciones provocaron que la piel del pecho quedara “extremadamente fina”, de aspecto “nacarado” y con una coloración “rojizo-vinosa” irreversible. Por este perjuicio estético y el trastorno afectivo derivado, con síntomas depresivos, la mujer reclama una indemnización de 150.000 euros.

La clave que ha llevado al Supremo a reabrir el caso es la ausencia de un consentimiento informado específico para las infiltraciones. Durante el proceso, el cirujano reconoció que no informó a la paciente sobre el riesgo de que los corticoides pudieran provocar atrofia cutánea. Hasta esta resolución del máximo órgano jurisdiccional de España, la Audiencia Provincial de Córdoba había exculpado al facultativo alegando que el tratamiento fue adecuado a la normativa médica, que la infiltración era un “procedimiento menor” que no requería consentimiento por escrito y que el documento firmado antes de la cirugía ya mencionaba genéricamente la posibilidad de “tratamientos adicionales” para la cicatrización.

Sin embargo, el Supremo no ha visto tan claro que la paciente tuviera toda la información a la hora de someterse a esas infiltraciones. De esta forma, examinará si la información genérica inicial era suficiente o si, ante el riesgo de una secuela tan grave como la atrofia irreversible, el médico estaba obligado a advertir específicamente a la paciente antes de proceder con las inyecciones.