Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba ha desestimado una reclamación de responsabilidad patrimonial de más de 52.000 euros interpuesta por la conductora de un patinete contra el Ayuntamiento de la ciudad, tras sufrir una caída a causa de un socavón. A pesar de que el atestado policial corroboró el mal estado de la calzada, el magistrado ha determinado que los usuarios de este tipo de vehículos deben extremar las precauciones debido a su menor estabilidad y capacidad para absorber impactos.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el siniestro tuvo lugar en mayo de 2023, cuando la rueda delantera del patinete eléctrico se introdujo en una profunda hendidura situada en el centro de la vía pública. Este obstáculo provocó que el aparato se frenara en seco y la usuaria saliera despedida por inercia, impactando violentamente contra el asfalto.

A raíz de las lesiones sufridas en la caída, la afectada reclamaba una indemnización de 52.127,89 euros al Consistorio y a su compañía aseguradora, alegando una falta de mantenimiento de la infraestructura municipal en condiciones de seguridad. De hecho, durante el procedimiento, se aportó un atestado policial que certificaba que la calzada presentaba un mal estado de conservación, evidenciando socavones, hendiduras y grietas amplias.

Sin embargo, la sentencia argumenta que la constancia oficial de estos daños no equivale automáticamente a que se trate de una irregularidad relevante que obligue a la Administración a resarcir el daño. El juez subraya que el reducido diámetro de las ruedas de un patinete merma de forma evidente su capacidad para absorber cualquier impacto, lo que exige a sus conductores mantener el control en todo momento y prestar una atención permanente a las circunstancias del pavimento para evitar perder el equilibrio.

En su resolución, el magistrado concluye que los desperfectos, aunque innegablemente existentes, se encontraban dentro del estándar medio de conservación de la vía pública. Dado que el accidente ocurrió a plena luz del día, pasadas las siete y media de la tarde, y en un paso de peatones con buena visibilidad, el juzgador atribuye el siniestro a una falta de diligencia en la conducción frente a unos obstáculos que eran perfectamente perceptibles a poco que se prestara un mínimo de atención.

Asimismo, la sentencia recalca que no se puede exigir a los ayuntamientos que acondicionen todas las vías para conseguir una pavimentación absolutamente lisa y uniforme, ya que ello convertiría a las instituciones en aseguradoras universales de cualquier riesgo social.

Por todo ello, la demanda ha sido íntegramente desestimada, eximiendo de toda responsabilidad a la Administración local. No obstante, el titular del juzgado ha decidido no imponer las costas procesales a la demandante.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena de dos años de prisión a una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio por un delito de estafa a un matrimonio de ancianos al que atendía en su vivienda de Villanueva del Duque. La empleada aprovechó la relación de confianza y el acceso al inmueble para hacerse con la tarjeta de débito y el número PIN de la pareja y realizar varios reintegros de dinero en cajeros automáticos sin su consentimiento.

La resolución desestima de forma íntegra los recursos de apelación presentados tanto por la defensa de la procesada como por la acusación particular, la cual ejercen las herederas del matrimonio, ya fallecido. Según consta en el relato de hechos probados, la procesada desempeñaba labores de limpieza y cuidado en el domicilio del matrimonio. En ese contexto, y sin contar con autorización de los titulares ni de su entorno familiar, la acusada cogió la tarjeta de crédito y el código PIN secreto de la pareja.

Con dicha tarjeta, la cuidadora realizó tres extracciones de dinero consecutivas a espaldas del matrimonio en cajeros automáticos durante el mes de mayo de 2021 que sumaron un total de 2.000 euros. Durante la causa, la investigada admitió haber realizado esas tres operaciones en el cajero, pero defendió que contaba con el permiso verbal del anciano para sacar el dinero a escondidas de su esposa.

Sin embargo, el tribunal ha hecho suyos los argumentos de la jueza de la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba, quien tachó esta coartada de “absurda e inverosímil”, apoyándose en la declaración de la sobrina-nieta del matrimonio. Esta familiar explicó durante el juicio que su tío siempre acudía en persona al cajero cuando necesitaba disponer de efectivo -permaneciendo al menos dentro del vehículo mientras la empleada le asistía- y que jamás realizaba retiradas de esa cuantía ni en esas fechas.

Junto a la condena ratificada, la acusación particular solicitaba en su recurso de apelación elevar la cuantía indemnizatoria hasta los 5.600 euros o decretar la nulidad parcial del fallo. Su objetivo era atribuir a la procesada otros tres reintegros sospechosos detectados en el mismo periodo (1.000 euros el 31 de mayo, 1.000 euros el 8 de junio y 600 euros el 25 de junio de 2021). En este caso, la Audiencia ha aplicado el principio de duda razonable que ya utilizó el juzgado de instancia sobre esas cantidades. Así, la Sala ha argumentado, por un lado, que sobre estas operaciones no existía confesión de la investigada, y, por otro, que las acusaciones renunciaron expresamente en el juicio a la reproducción de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria. Esta renuncia impidió que el material videográfico pudiera contrastarse en el plenario para identificar de forma fehaciente al autor de esas extracciones de dinero.

Además de los dos años de prisión, la condenada tendrá que indemnizar con 2.000 euros a los herederos de las víctimas.

Córdoba continúa situándose a la cabeza de Andalucía en la aplicación de la permanencia de fin de semana a menores infractores, una medida sancionadora conocida coloquialmente como el “arresto en casa”. Según los datos del informe Justicia Juvenil 2026, elaborado por el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIAA), los juzgados de menores de la provincia impusieron un total de 50 medidas de este tipo en 2025, lo que representa un crecimiento del 22% respecto a las 41 dictadas en el ejercicio de 2024.

Con estos registros, Córdoba consolida su papel como el principal territorio andaluz donde se recurre a esta herramienta, al concentrar el 65,8% de todas las permanencias de fin de semana impuestas en la comunidad autonómica (50 sobre un total regional de 76). Aunque la cuota porcentual ha descendido frente a 2024 -año en el que la provincia acaparó el 80,4% de las 51 medidas dictadas en toda Andalucía según este mismo Observatorio-, Córdoba se mantiene a gran distancia de otros territorios donde la aplicación de este castigo es testimonial o nula.

Una comparación de este informe con el de 2024 permite observar un aumento de hasta el 22% en la aplicación de esta medida. Por otro lado, mientras que las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad se han reducido un 20,7% (pasando de 58 casos en 2024 a 46 en 2025), han aumentado las sanciones con un perfil pedagógico y de control del tiempo libre, como las tareas socioeducativas (que crecen de 53 a 65 casos) y el propio arresto en el domicilio los fines de semana (de 41 a 50). La medida más impuesta en la provincia sigue siendo la libertad vigilada, que subió de 96 a 113 casos en el último periodo analizado.

¿En qué consiste y cuándo se aplica la permanencia de fin de semana?

Esta medida de medio abierto se encuentra regulada en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). Según contempla su artículo 7, la permanencia de fin de semana obliga al joven a permanecer en su domicilio o en un centro hasta un máximo de 36 horas consecutivas, comprendidas entre la tarde del viernes y la noche del domingo.

El objetivo de la ley es penalizar al menor privándole de su tiempo de ocio y de relación con su grupo de amigos, momento en el que se suelen desencadenar la mayoría de estas conductas delictivas. Al mismo tiempo, la ley garantiza que la sanción no interfiera con sus obligaciones cotidianas, permitiendo que el joven continúe asistiendo con normalidad al colegio, instituto o puesto de trabajo de lunes a viernes.

Los tribunales recurren a este “arresto de fin de semana” principalmente ante infracciones de carácter leve o medio, como actos de vandalismo urbano, pequeños robos, hurtos, daños a la propiedad o altercados. Según fija la LORPM la duración de esta sanción no puede superar los ocho fines de semana para infracciones leves o cometidas por menores de 14 y 15 años, pudiendo extenderse hasta un máximo de 16 fines de semana en supuestos de mayor gravedad o en menores de 16 y 17 años.

La delincuencia entre la población de 14 a 17 años en 2025 muestra dos realidades contrapuestas y complejas en la provincia de Córdoba. Por un lado, la evolución a largo plazo refleja un importante avance social: el número total de jóvenes condenados con sentencia firme se ha reducido un 31,2% en la última década, en consonancia con la tendencia descendente observada en el conjunto de Andalucía. Sin embargo, la lectura del informe monográfico Justicia Juvenil 2026, publicado por el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIAA), saca a la luz una vertiente preocupante: los delitos de naturaleza sexual han ganado un peso sin precedentes en la justicia juvenil cordobesa.

De acuerdo con el estudio de la institución autonómica, el 5,9% de los adolescentes varones condenados en Córdoba lo fue por haber cometido alguna infracción o agresión sexual. Esta cifra sitúa a la provincia cordobesa en la segunda posición de toda Andalucía -empatada con la provincia de Málaga (5,9%) y únicamente superada por Jaén, donde este tipo de conductas alcanza el 9,6% de las condenas-. La proporción en Córdoba supera con claridad la media registrada en otros territorios andaluces de mayor tamaño, como Sevilla (4,7%), Granada (3,9%) o Cádiz (3,1%). En términos absolutos dentro de la comunidad, Córdoba representó el 10,5% de todas las personas jóvenes condenadas por delitos sexuales en la región, así como el 12% del total de las infracciones penales de esta índole cometidas en Andalucía.

Al poner estos datos con los de 2024, la evolución revela un salto brusco en la provincia. En solo doce meses, la proporción de adolescentes condenados por delitos sexuales en Córdoba se ha duplicado, pasando del 2,9% registrado en 2024 al 5,9% en 2025. Esta acusada subida ha provocado que la provincia escala de forma notable en el mapa autonómico de la violencia sexual juvenil: si en 2024 Córdoba figuraba en el sexto lugar de Andalucía, en el último informe ha pasado a ocupar el segundo puesto. Paralelamente, la representación cordobesa sobre el total de menores condenados por delitos sexuales en la región ha pasado del 5,1% al 10,5%, mientras que las medidas judiciales impuestas por los juzgados cordobeses por esta causa casi se han duplicado, al pasar de suponer el 5,4% al 10,2% del total andaluz.

Deriva autonómica y perfil nacional de las agresiones

La situación observada en los Juzgados de Menores de Córdoba no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una preocupante deriva autonómica y nacional. En el ámbito andaluz, las condenas a menores por delitos sexuales se han incrementado un 120% desde el año 2017, pasando de 52 condenas registradas al inicio de la serie histórica a 114 en el último ejercicio analizado.

A nivel estatal, donde el número de adolescentes condenados por este motivo ascendió a 584, la tipología de estos delitos revela una clara prevalencia de las agresiones sobre menores de 16 años (representando el 58,4% del total de los casos nacionales, de las cuales el 85,7% fueron agresiones sexuales y el 14,3% violaciones). El resto de las infracciones corresponden a agresiones sexuales a mayores de esa edad (29,7%), delitos de prostitución y corrupción de menores (7,7%), exhibicionismo y provocación sexual (4,0%) y acoso sexual (0,1%).

Más allá del dato relativo a las agresiones sexuales, el informe del Observatorio ofrece mucha más información. Durante el último año en Córdoba, un total de 204 menores de edad resultaron condenados en sentencia firme. De ellos, 181 fueron chicos y el resto, chicas. Por tramos de edad, la mayor concentración de condenas se registró entre los jóvenes de 16 años (62 menores, equivalente al 30,4%) y los de 17 años (57 casos). Por su parte, los adolescentes de 15 años sumaron 43 condenas, mientras que a los 14 años —la edad mínima legal de responsabilidad penal en España— se computaron 41 sancionados en la provincia.

A pesar de que el número absoluto de condenados confirma el descenso progresivo respecto a la década anterior, la intensidad de las infracciones en la provincia continúa en niveles comparativamente altos. Con 12,01 infracciones penales por cada 1.000 adolescentes censados, Córdoba se consolida como la tercera provincia de Andalucía con mayor tasa de infracciones juveniles. La ratio cordobesa se ubica solo por detrás de las provincias de Granada (15,45 por cada 1.000) y Cádiz (13,69), superando holgadamente a provincias más pobladas como Málaga (9,68) o Sevilla (5,93).

La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a un hombre que había sido condenado en primera instancia por un delito leve de lesiones tras morder a su sobrino de siete años en la cara y en la cabeza mientras ambos jugaban al escondite. Para el tribunal, no ha quedado probada la intención explícita de lesionar al menor, aplicando el principio in dubio pro reo a favor del acusado.

Los hechos se remontan a la tarde del 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones del Punto de Encuentro Familiar de Córdoba. El menor acababa de completar el régimen de visitas con su padre y se encontraba en la plaza anexa al edificio junto a su progenitor, su abuela y su tío. Mientras esperaban la hora fijada para la entrega del niño a la madre, el tío y el menor estuvieron jugando al escondite.

Durante el transcurso del juego, el hombre le propinó al niño al menos un mordisco en la cara y entre uno y tres en la cabeza. A consecuencia de ello, el menor sufrió dos lesiones en la mejilla izquierda que precisaron de una única asistencia facultativa y tardaron dos días en curar. Por estos hechos, la plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba impuso inicialmente al tío una multa de 240 euros en total y el pago de una indemnización de 80 euros a favor del niño.

Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado. En la resolución, el magistrado ponente ha aclarado que la sentencia de instancia obvió la necesidad de probar el ánimo de lesionar para poder formular una condena de esta magnitud.

Además, el fallo ha razonado que, si bien en situaciones de conflicto o animadversión previa la existencia de una huella física permite deducir la intención de agredir, en un contexto estrictamente lúdico como este, la dinámica es distinta. Por tanto, para el tribunal, las marcas sufridas por el niño son compatibles con una culpa consciente o con un exceso en la fuerza aplicada durante la propia dinámica del juego, pero no demuestran por sí solas una voluntad de dañar.

Por otro lado, la Audiencia ha fallado que el testimonio del menor o el hecho de que llorase no sirven para demostrar que su tío quisiera agredirlo a propósito, ya que el menor habría sentido el mismo dolor tanto si le hubiera mordido con la intención de hacerle daño como si lo hubiera hecho demasiado fuerte por torpeza durante un juego.

Ante la imposibilidad de acreditar la intencionalidad delictiva dentro de la actividad recreativa, la Audiencia ha revocado la condena y absolver al acusado, declarando de oficio las costas de la primera instancia.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero de este año causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha convocado a los peritos judiciales la próxima semana, desde el día 29 de septiembre para la inspección ocular y realización de reportaje fotográfico de los vagones 1 a 8 del tren Iryo siniestrado.

Así se recoge en la providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista del oficio, derivado de las actuaciones principales, presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba del día 18 de septiembre por el que se da cumplimiento de lo ordenado por providencia del día 12 de agosto, informando al órgano judicial de las fechas previstas.

En dicho oficio se transmite que una vez puestos en contacto con las partes que han de participar en tal actuación, se ha previsto que la misma se lleve a cabo los días 29 --los vagones 6, 7 y 8-- y el día 30 de septiembre --de los vagones 1 a 5--, con la posibilidad de extenderse también al día 1 de octubre.

Al respecto, está prevista la participación de investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en ese acto, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la providencia de la jueza en la que se les autorizaba al acceso al interior de esos vagones a efectos de realizar reportaje fotográfico.

Por otra parte, la UOPJ ha presentado un oficio el día 21 de septiembre aportando copia de las grabaciones recopiladas por dicha unidad perteneciente el proyecto 'TrainData' de la operadora ferroviaria Renfe, para que se una al caso y se dé traslado de las grabaciones a los peritos a los efectos oportunos.

“Tengo el azúcar alto y soy alérgico a las abejas”. Esta ha sido la justificación que ha ofrecido este jueves uno de los dos acusados de provocar un incendio forestal en una finca de Hornachuelos en agosto de 2016 para explicar ante la Audiencia Provincial de Córdoba por qué se encontraba en el interior de la explotación cinegética de madrugada. Tanto él como su sobrino, el otro acusado, se han sentado en el banquillo por unos hechos motivados, según la acusación, por “rencillas de caza furtiva”.

Durante el desarrollo del juicio se han delimitado dos momentos temporales en la finca. El primero de ellos se sitúa en la madrugada del 22 al 23 de agosto de 2016, fecha en la que se declaró el incendio forestal. Según el testimonio de un trabajador de la explotación, esa mañana sintió un fuerte olor a quemado y descubrió un primer foco. Al peinar la zona junto al guarda mayor contabilizaron hasta cinco focos diferentes y detectaron pisadas recientes de, al menos, dos personas a lo largo de un camino de tierra.

El segundo episodio tuvo lugar la noche del 25 de agosto. Otro guarda ha explicado que aquella noche se encontraba de vigilancia junto al guarda mayor cuando escucharon varios disparos. Al acudir al origen de las detonaciones, interceptaron a los dos procesados saliendo por el camino principal a altas horas de la madrugada. Según se ha precisado en las cuestiones previas, todo lo relativo a los disparos de esa noche, el hallazgo posterior de un arma oculta en un lentisco y la intervención de útiles de caza no forma parte de este juicio, sino que es objeto de otro procedimiento que se juzgará próximamente. Los trabajadores han remarcado, además, que la finca estaba perimetrada, se revisaba a diario y carecía de accesos abiertos o caminos públicos.

Durante la declaración del acusado que ha alegado “cuestiones de salud” como justificación de su presencia en la finca de madrugada, ha afirmado que “nunca” había pisado la explotación salvo la noche en la que fue detenido. Además, ha negado que rompiera la malla cinegética de la finca o que tuviera conflictos de caza furtiva. Al ser cuestionado por la acusación particular sobre la coincidencia de sus suelas con las marcas halladas junto a las llamas días antes, no ha sabido responder.

Por su parte, su sobrino -que está en prisión- también ha negado todos los cargos y ha asegurado no haber tenido “jamás” problemas relacionados con la caza. Pese a que ambos han negado ser cazadores, un agente de la Benemérita ha declarado que conocía a los procesados solo profesionalmente y por cuestiones ligadas a la caza furtiva.

Además de esta manifestación, las declaraciones de los guardias civiles y de Medio Ambiente han servido para desgranar las pesquisas de investigación, dejando al descubierto algunas dudas sobre la contundencia de las pruebas. El agente de la Guardia Civil que hizo la inspección ocular del incendio ha confirmado que en la zona calcinada se hallaron las pisadas de tres tipos de calzado distintos, ninguna coincidente con los empleados del recinto, pero dos de ellas sí eran compatibles con el “diseño” del calzado que llevaban días después los acusados cuando fueron detenidos tras los disparos en la misma finca.

No obstante, el cómo se tomaron las fotografías de ese calzado ha determinado en gran medida el informe que posteriormente ha elaborado la Guardia Civil. Así, el agente encargado de analizar las imágenes de las huellas y del calzado ha lamentado que las fotografías se hicieran “sin retirarles las botas, doblando el pie, desde una perspectiva inadecuada y sin testigo métrico”. Esto último es lo que hubiera permitido medir las proporciones reales del calzado. Por todo ello, el agente ha concluido que las suelas y las marcas eran simplemente “compatibles”, pero que resultaba “imposible” determinar que fuesen las mismas al existir “multitud de calzados idénticos en el mercado”.

Sobre el incendio, un agente de Medio Ambiente ha confirmado que el mismo fue intencionado, porque no fue accidental, aunque ha matizado que se llevó a cabo “sin intención de causar un daño masivo dada la hora y la meteorología”. Hay que recordar que el terreno afectado estaba constituido por matorral arbolado bajo. Sin embargo, las llamas no llegaron a propagarse de forma significativa y el fuego quedó limitado a la citada superficie de 0,15 hectáreas. No obstante, este agente también ha dicho que este tipo de acciones se pueden llevar a cabo “para mostrar a otra lo que una persona puede llegar a hacer o no”.

La Fiscalía ha mantenido la pena de prisión de dos años por el delito de incendio forestal, aunque ha solicitado que se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Por su parte, las defensas han pedido la absolución de los acusados ante la “debilidad” de los indicios, como el cotejo de las huellas y la falta de argumentación de esas “rencillas por caza furtiva” dado que no han delcarado “los propietarios de la finca”.

Ninguna de las personas arrestadas por el desmantelamiento de la red acusada de explotar sexualmente a mujeres los siete días de la semana en Córdoba ha ingresado en prisión preventiva. Según ha podido saber este periódico, cuatro de los siete detenidos pasaron a disposición judicial, decretándose su libertad provisional, aunque con medidas.

El operativo, del que informó esta semana la Policía Nacional, se saldó con siete detenidos en la ciudad de Córdoba y dos en Cáceres. Según la Policía, los arrestados forman parte de una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en clubes de alterne. Así, se ha logrado la liberación de cuatro mujeres y la detección de otras 25 víctimas potenciales, entre ellas una madre y su hija. Todas eran mujeres de origen sudamericano forzadas a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, siete días a la semana, en condiciones muy precarias y bajo un férreo control.

En el caso de los detenidos en Córdoba, se trata de un hombre y seis mujeres. De todos ellos, solo cuatro pasaron a disposición judicial porque el resto fueron puestos en libertad en sede policial. Junto al decreto de libertad provisional, la jueza ha impuesto a las detenidas la obligación de comparecer quincenalmente -los días 1 y 15 de cada mes-, junto a la exigencia de comunicar de inmediato cualquier cambio de domicilio. Respecto de una de ellas, además, se ha estimado la petición del Ministerio Fiscal, por lo que la jueza le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España.

Las actuaciones judiciales se han dividido en dos causas que han caído sobre dos juzgados diferentes. Por un lado, el de Violencia sobre la Mujer investigará el presunto delito de trata de seres humanos y, por otro, la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba hará lo propio con las diligencias abiertas por un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

Inicio de la investigación

La investigación se inició en noviembre de 2025 con las denuncias de cuatro víctimas que pusieron a los agentes sobre la pista de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en clubes de alterne.

A raíz de esas denuncias, los investigadores pusieron en marcha múltiples pesquisas que les permitieron constatar la existencia de una organización criminal asentada en las ciudades de Córdoba y Cáceres, perfectamente jerarquizada y con un claro reparto de papeles en aras a conseguir su objetivo final, que no era otro que la explotación sexual de las víctimas.

Las víctimas eran mujeres de origen sudamericano traídas a España mediante engaño y aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad, prometiéndoles trabajos dignos y bien remunerados y que a la postre eran coaccionadas, mediante amenazas, al ejercicio de la prostitución. El entramado imponía a las mujeres unas condiciones gravosas y muy precarias, obligándolas al ejercicio de la prostitución en jornadas de 24 horas los siete días de la semana. Bajo amenazas y vejaciones, eran obligadas a aceptar todo tipo de prácticas sexuales solicitadas por los clientes, incluso cuando se encontraban enfermas o con la menstruación.

Las tarifas y servicios a realizar eran impuestos por la organización, así como los servicios en el exterior, teniendo prohibidas las salidas sin la previa autorización de los responsables de la organización. Los beneficios generados por las víctimas eran recaudados por los responsables de los locales, que posteriormente entregaban a las víctimas las cantidades estipuladas por los servicios realizados.

Cuando las víctimas no generaban beneficios suficientes, bien porque llevaban mucho tiempo y ya eran muy conocidas por los clientes o bien por problemas de actitud, eran intercambiadas entre los clubes para dar continuidad a su explotación sexual.

Durante el operativo policial se ha procedido a la entrada y registro de tres pisos y un club en la ciudad de Córdoba, y un segundo club en la ciudad de Cáceres, donde se ha intervenido 28.000 euros en efectivo, dispositivos móviles y electrónicos, diversa documentación y sustancias estupefacientes.

La Sección de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Córdoba, mediante auto de 18 de septiembre de 2026, ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Córdoba (Asaja Córdoba), según ha informado la patronal agraria a través de una nota de prensa. La resolución acuerda la incoación de diligencias previas y, entre otras actuaciones, la remisión de la querella y de la documentación aportada a la unidad especializada en nuevas tecnologías, a fin de que investigue los hechos y proponga las diligencias que resulten procedentes.

Los hechos se remontan a comienzos de febrero de 2026, cuando Asaja Córdoba se vio en la necesidad de encargar una auditoría informática. La auditoría, según Asaja, permitió constatar el borrado masivo de información alojada en el servidor central de la entidad, así como la eliminación íntegra del contenido de los dispositivos corporativos asignados a un antiguo alto directivo.

Los informes periciales forenses incorporados al procedimiento describen, entre otros extremos, la eliminación de más de 90.000 correos electrónicos corporativos —32.640 de ellos en una sola mañana—, la reducción deliberada del periodo de conservación de las copias de seguridad, la pérdida de cientos de miles de archivos y la existencia de accesos no autorizados y reiterados a los buzones de correo de otras trabajadoras de la organización. El auto califica provisionalmente estos hechos como constitutivos de posibles delitos de daños informáticos.

No es esta la primera resolución judicial relacionada con los hechos. La Sección de lo Social (Plaza n.º 5) del Tribunal de Instancia de Córdoba, en sentencia de 1 de septiembre de 2026, desestimó íntegramente la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por una de las antiguas trabajadoras, hoy investigada, por la supuesta vulneración de su derecho a la intimidad con ocasión de la intervención de su ordenador corporativo durante la auditoría. La sentencia califica la actuación de Asaja Córdoba de “necesaria, idónea y proporcionada”, constata que no se accedió a documentación privada de la trabajadora y declara probados tanto el borrado de unos 45 GB de información del sistema de copias de seguridad de la entidad —“el equivalente a 33.000 ejemplares de El Quijote, para hacernos una idea de la magnitud del desastre”, en palabras de la propia resolución— como el formateo de los dispositivos corporativos del antiguo alto directivo.

Durante los últimos meses, Asaja Córdoba ha mantenido “un deliberado silencio institucional frente a las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación que ponían en duda la gestión de su actual presidente y de su Comité de Dirección, en un contexto de contestación interna impulsada por un reducido grupo de personas próximas a alguno de los investigados. La organización ha preferido no responder a lo que considera ataques injustificados, muchos de ellos basados en informaciones no contrastadas, y ha centrado todos sus esfuerzos en la defensa de los intereses de sus asociados y en el esclarecimiento de los hechos por los cauces legalmente establecidos, evitando cualquier pronunciamiento que pudiera comprometer el curso de las investigaciones. Ese trabajo, desarrollado con discreción y responsabilidad, se ha traducido en las diligencias judiciales que ahora se hacen públicas”.

La jueza de la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba ha absuelto de todos los cargos a la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Reina Sofía, Carmen Prada, que había sido imputada por la muerte de un paciente en 2020. Según ha adelantado El País y ha podido confirmar este periódico, la magistrada no ha considerado probadas las tesis tanto de la acusación particular como de la Fiscalía.

No ha sido hasta la media mañana de este lunes cuando la fiscal Carmen Romero ha tenido en sus manos la sentencia. Una vez leída, valorará si el Ministerio Público recurrirá o no el fallo. Prada se sentó en el banquillo de los acusados el pasado mes de abril. Durante cuatro sesiones, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa pudieron interrogar no solo a la procesada, sino también a familiares del fallecido, médicos y facultativos del Reina Sofía, y peritos.

La resolución judicial determina que Prada prestó sus servicios profesionales en la sanidad pública aplicando un diagnóstico en concordancia con el resto de especialistas que atendieron al paciente y empleando adecuadamente los recursos y protocolos asistenciales disponibles. La jueza ha concluido que la actuación de la psiquiatra no incurrió en falta de seguimiento ni en desatención médica.

Este proceso penal se derivó del fallecimiento de un paciente en junio de 2020. Durante el juicio, la magistrada pidió que no se hablara de suicidio. De hecho, Prada negó que el paciente tuviera una voluntad real de quitarse la vida. Según la acusada, el fallecimiento del joven y sus crisis previas no respondían a un perfil autolítico, sino a una “situación de impulsividad y de riesgo” derivada de un estilo de vida marcado por el consumo de sustancias.

En la última sesión del juicio, la Fiscalía mantuvo una petición de dos años de cárcel e inhabilitación profesional por los delitos de homicidio imprudente y denegación de asistencia sanitaria. Por su parte, la acusación particular en representación de la familia reclamaba penas que alcanzaban los cuatro años de prisión, además de solicitar una indemnización de 755.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Durante toda la vista oral, Prada rechazó toda negligencia o mala praxis, subrayando que no constaban evidencias ni indicadores de riesgo suicida en las evaluaciones clínicas del paciente y que se respetó en todo momento el marco normativo sobre ingresos involuntarios y atención psiquiátrica.

Habrá ampliación*

El juicio por las muertes del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), de la Brigada Guzmán El Bueno X, en un ejercicio en el lago artificial de la base militar cordobesa de Cerro Muriano, realizado en la mañana del 21 de diciembre de 2023, que estaba previsto empezar el 26 de octubre en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, en Madrid, se ha aplazado a 2027.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han apuntado que previsiblemente se celebrará en el primer trimestre del año, después de que las partes han pedido un aplazamiento al coincidir con señalamientos de los letrados que ya estaban fijados.

Mientras, el abogado de la acusación particular de la familia del soldado Carlos León, Luis Romero, ha manifestado, tras la notificación inicial del señalamiento del juicio, que “es uno de los procesos penales militares más relevantes de las últimas décadas”.

El juicio se celebrará contra el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el capitán Jaime Tato Garrido, el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y el comandante Luis Fernando Velasco Quero. “Por la gravedad de los hechos, por el resultado mortal y por la condición de los acusados, oficiales y jefes del Ejército, este procedimiento se sitúa entre los juicios penales militares más importantes de la historia contemporánea española”, ha resaltado.

Desde esta acusación particular se han solicitado penas de alrededor de diez años de prisión para el teniente coronel José Luis Zanfaño, el comandante Luis Fernando Velasco, el capitán Ignacio Zúñiga y el capitán Jaime Tato, así como la expulsión de la carrera militar, la imposición de costas y una responsabilidad civil cercana a los 500.000 euros.

Este caso pone de manifiesto, a juicio de la acusación particular, “la existencia de formas de proceder negligentes que deben desaparecer del Ejército español, tanto en su instrucción como en su formación y en su cultura interna”. Del mismo modo, considera que “ha vuelto a evidenciar la necesidad de integrar la jurisdicción penal militar en la jurisdicción ordinaria, reservando la jurisdicción militar para cuestiones estrictamente administrativas o disciplinarias de carácter interno”.

Denuncias y sanciones

También, el letrado ha destacado que, en el ejercicio de la acusación particular y como portavoz de la familia, “se promovieron denuncias e iniciativas sancionadoras por parte de algunas defensas, especialmente de los letrados del capitán Jaime Tato Garrido y del capitán Ignacio Zúñiga Morillas, por las declaraciones efectuadas ante los medios de comunicación, las ruedas de prensa convocadas y las opiniones vertidas sobre el desarrollo de la causa”.

Sin embargo, el Juzgado Togado Central archivó dichas actuaciones al considerar que “esa actuación estaba amparada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, de información y de defensa”. Por otra parte, el Juzgado Togado Militar de Sevilla impuso una sanción de amonestación o advertencia, pero dicha resolución no es firme y, además, se encuentra prescrita.

En cuanto al desarrollo del juicio, Romero ha apuntado que “su complejidad es extraordinaria”, de modo que intervendrán diez partes con capacidad de interrogatorio: tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la representación de la compañía aseguradora y cuatro defensas.

Está prevista la declaración de más de cien testigos y peritos, además de los propios acusados. Ello supondrá más de mil interrogatorios, si se atiende al número de partes con posibilidad depreguntar y al elevado número de testigos, peritos y acusados que comparecerán en la vista. Si a ello se añade la duración de las cuestiones previas, la prueba documental, las conclusiones y los informes finales, “resulta razonable prever que la duración efectiva del juicio pueda extenderse incluso más allá de las 20 sesiones inicialmente fijadas”.

Al respecto, la familia de Carlos León pidió desde el primer día que “este caso no cayera en el olvido”, de modo que “ese compromiso sigue plenamente vigente, y esta acusación particular continuará trabajando para que se depuren todas las responsabilidades”, ha subrayado el abogado.

Padres del cabo

Los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar piden penas de nueve años y seis meses de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, así como el pago de indemnizaciones por 257.064 euros para los padres y el hermano del cabo, siendo responsable civil subsidiario el Estado.

Según recoge la calificación de la acusación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el capitán Zúñiga fue “el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio”, consistente en 'paso del río', “tomando una serie de decisiones de las que fue conocedor y participe, de forma activa y directa, el teniente Tato, sin que tales decisiones fueran comunicadas al entonces jefe de la Plana Mayor del Regimiento, teniente coronel Zanfaño, en comisión de servicio, o al comandante Velasco, nombrado en sustitución”.

“Pese a no comunicar estas decisiones por parte del capitán y el teniente a la Plana Mayor, la misma omitió el deber objetivo de cuidado que le está encomendado”, se indica, para apuntar que el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco no actuaron con la diligencia debida, no tuvieron en cuenta la obligación inherente al cargo de evitación de que el riesgo de una obligación se materializase en un resultado lesivo, y ello, porque la Plana Mayor no cumple su comitiva sólo con la recepción de la documentación de las maniobras, sino que ante esto, comienza su labor de diligenciar, custodiar y cuidar de las mismas“.

La Fiscalía

Y el Fiscal Jurídico Militar ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato. Según recoge la calificación del Ministerio Público, aparece como responsable en concepto de autor por “su participación material y directa” el capitán procesado por dos delitos contra la eficacia en el servicio del artículo 77.1 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 142.1 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, así como el teniente.

Además, exige a los procesados de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, “siendo responsable civil subsidiario el Estado”.

En concreto, se detalla en la calificación que el capitán Zúñiga, jefe de la Compañía en Período Básico de Instrucción (PBI) y jefe de actividad en las maniobras ALFA desarrolladas entre el 18 y 22 de diciembre de 2023, fue el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio.

El mismo consistió en 'paso de río' en el que fallecieron el cabo y el soldado. “En ningún momento, tanto en la preparación como en la ejecución del ejercicio, el capitán Zúñiga expuso a sus mandos las condiciones en las que se iba a ejecutar o desarrollar, no especificó que se tratara de una actividad que tuviera por objeto practicar la flotabilidad, tampoco explicó por dónde y de qué manera se iba a realizar el ejercicio consistente en 'paso de río', sino que actuando, bajo un criterio personal e improvisado, basado en la necesidad de 'nadar y evitar ir andando', buscó apoyo en su unidad orgánica, en base a la previsión de una circular, para que la práctica se realizase conforme había ideado”, según el fiscal.

El Tribunal Contencioso-Administrativo de Córdoba ha rechazado la demanda interpuesta por una vecina que reclamaba al Ayuntamiento de la ciudad una indemnización de 19.733,83 euros tras sufrir una caída en la vía pública de la que culpaba al mal estado del pavimento.

Tal y como se detalla en el archivo judicial, los hechos se remontan al 13 de septiembre de 2021, cuando la demandante transitaba por la calle Avellano sobre las 08:20 horas en dirección a su puesto de trabajo. Según la versión de la actora, la caída se produjo por el mal estado del pavimento, concretamente por unos adoquines descolocados en la calzada, lo que le ocasionó una fractura en el hombro izquierdo.

Sin embargo, en la sentencia emitida el 9 de septiembre de 2026, el juez ha dado la razón al Ayuntamiento de Córdoba y a su aseguradora, desestimando la reclamación patrimonial. El magistrado fundamenta su decisión haciendo especial hincapié en la falta de pruebas objetivas, directas o indirectas, que acrediten cómo y por qué se produjo exactamente la caída.

La resolución detalla que la mujer no aportó ningún testigo que presenciara el accidente. Tampoco se presentó un certificado de asistencia sanitaria inmediata tras el suceso. A esto se suma que el atestado de la Policía Local no se realizó en el momento del percance; los agentes acudieron con posterioridad y se limitaron a recoger la versión referencial del marido de la accidentada, quien les señaló el lugar.

El fallo judicial también subraya la inexistencia de pruebas sobre el supuesto mal estado de la calle. La demandante no aportó ninguna fotografía del desperfecto tomada el mismo día de la caída. Según el juez, la única imagen gráfica aportada por la policía mostraba simplemente un adoquín en la calzada con un espacio habitual entre piezas, relleno de agua por las circunstancias del momento, pero que no evidenciaba ningún daño inusual o desperfecto real.

Además de esta ausencia probatoria, la resolución recuerda que la mujer caminaba por la calzada, una zona destinada al tráfico de vehículos, de forma voluntaria y existiendo aceras y pasos de peatones habilitados en las proximidades. La sentencia aclara que la exigencia municipal sobre el mantenimiento y la seguridad de una carretera destinada a coches es diferente a la que se requiere para las zonas destinadas al tránsito peatonal.

El fallo judicial concluye eximiendo de responsabilidad al consistorio al no probarse el mecanismo de la caída ni el nexo causal entre un mal funcionamiento de los servicios públicos y la lesión. Dada la naturaleza de las valoraciones de causa y efecto en el caso, el juez ha decidido no imponer las costas procesales a ninguna de las partes.

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar con 2.231,92 euros a un conductor cuyo vehículo resultó dañado por la caída de una rama de grandes dimensiones mientras se encontraba estacionado en una calle perpendicular a la avenida de Rabanales. La sentencia, del Tribunal Contencioso-Administrativo, estima parcialmente el recurso presentado por el afectado contra la desestimación presunta de su reclamación de responsabilidad patrimonial.

El texto judicial indica que los hechos se produjeron el 9 de julio de 2025, cuando el automóvil estaba aparcado en las inmediaciones del gimnasio Aira. El propietario reclamó inicialmente 3.379,13 euros por los desperfectos ocasionados en el vehículo, aunque la cantidad objeto del procedimiento quedó reducida a 2.678,57 euros después de que su compañía aseguradora le abonara 700,56 euros por la sustitución de las lunas.

El tribunal considera acreditada la relación entre la caída de la rama y el funcionamiento del servicio público de mantenimiento del arbolado, a partir de los informes elaborados por la Policía Local y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

No obstante, la resolución limita la indemnización a los daños cuya relación con el siniestro ha quedado probada. El magistrado excluye los desperfectos situados en el lado izquierdo del vehículo y en las puertas traseras, al no aparecer reflejados en el parte del servicio de bomberos ni quedar acreditada su vinculación con la caída de la rama.

Por este motivo, la sentencia descuenta 446,65 euros, con el IVA incluido, de la cantidad reclamada y fija la indemnización en 2.231,92 euros. Para recibir el importe correspondiente al IVA, el conductor deberá presentar la factura oficial de reparación en el plazo de un mes desde la firmeza de la resolución. El fallo no establece una imposición especial de costas procesales.

El juzgado rechaza otra reclamación similar por estar el árbol en una parcela privada

Paralelamente, en otra resolución, la Plaza Judicial número 4 de la misma Sección de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado íntegramente una reclamación contra el Ayuntamiento de Córdoba por los daños ocasionados por la caída de una rama sobre un vehículo estacionado en la calle Santa Colomba.

La sentencia, dictada el 9 de septiembre de 2026, responde a la demanda presentada por Mapfre España, que reclamaba 902,30 euros por vía de subrogación por los daños registrados el 19 de agosto de 2024 en un turismo aparcado en la citada calle. El siniestro estuvo provocado por el desplome de una rama de un ejemplar de Acer negundo.

En este caso, el tribunal concluye que el árbol no pertenecía al dominio público viario, sino que se encontraba en un parterre ubicado dentro de una parcela privada de uso público en la barriada de la Fuensanta. La decisión se apoya en los informes y planos urbanísticos aportados al procedimiento.

La resolución establece que la obligación de mantenimiento y conservación de estos espacios corresponde a los propietarios de las parcelas, por lo que no aprecia un título de imputación que permita atribuir la responsabilidad al Ayuntamiento. En consecuencia, rechaza la reclamación de la aseguradora.

El juzgado tampoco impone las costas procesales en este segundo procedimiento. Entre los motivos señalados figura la existencia de serias dudas jurídicas sobre el asunto, así como el hecho de que la Administración no hubiera resuelto expresamente la reclamación en la vía administrativa.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita cinco años de prisión para una mujer acusada de apropiarse de las obras de arte que pertenecían a la persona con la que convivía en un piso de Córdoba y venderlas posteriormente en un anticuario. El juicio está previsto para el próximo 29 de septiembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, la acusada convivía con la víctima en una vivienda en la que se encontraban diversas obras pictóricas y piezas de arte procedentes de la herencia familiar de esta última. La víctima se marchó a vivir a otro lugar, dejando en el inmueble sus bienes y enseres.

Fue entonces, siempre según la Fiscalía, cuando la acusada, “guiada por el ánimo de enriquecimiento injusto”, se habría apoderado de las obras de arte, pese a conocer quién era su propietario, para posteriormente venderlas.

El escrito sostiene que la mujer acudió a un establecimiento de Córdoba dedicado a la compra de este tipo de bienes y manifestó que las obras eran de su propiedad. El responsable del negocio se desplazó hasta el domicilio para comprobar los objetos que pretendía vender y, tras acordar el precio, adquirió cinco lotes de obras de arte.

La Fiscalía sostiene que las piezas procedían de la herencia familiar de la víctima y que la persona que las adquirió conocía su procedencia. Por estos hechos, además de la acusada que habría realizado las ventas, hay otros tres acusados para los que el Ministerio Público solicita penas de tres años de prisión para cada uno por sendos delitos continuados de receptación.

Los hechos, según la calificación provisional, serían constitutivos para la principal acusada de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que para los otros tres procesados la Fiscalía aprecia tres delitos continuados de receptación, uno para cada acusado.

Para la mujer acusada de la apropiación, el Ministerio Público solicita cinco años de prisión y una multa de doce meses a razón de 12 euros diarios, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.

Para cada uno de los otros tres acusados, la petición fiscal asciende a tres años de prisión, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita dos años y seis meses de prisión para un hombre al que acusa de estafar a otra persona con la supuesta organización de un concierto en Córdoba. El juicio se celebrará el próximo 29 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado habría ofrecido a la víctima la posibilidad de organizar un concierto en un teatro de Córdoba, con la participación de un cantante y otros artistas, y le habría planteado que ambos participarían al 50% de los beneficios del evento.

Para dar apariencia de realidad al proyecto, siempre según la Fiscalía, el acusado habría mostrado a la perjudicada documentación relativa a la contratación del cantante y otros artistas, así como información sobre las tarifas aplicables para la cesión de las instalaciones del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE). También le habría presentado un pacto de socios destinado a crear una empresa de eventos.

La Fiscalía sostiene que el negocio ofrecido era ficticio y que, mediante esta supuesta operación, el acusado consiguió que la perjudicada le entregara un total de 14.531 euros en concepto de inversión para el proyecto.

Sin embargo, el concierto nunca llegó a celebrarse. Ante las dudas sobre la veracidad del negocio, la víctima reclamó al acusado la devolución del dinero aportado. De acuerdo con el escrito fiscal, únicamente consiguió recuperar 1.000 euros, además de que el acusado firmara un documento de reconocimiento de deuda.

El Ministerio Público sostiene que, hasta la fecha, el acusado no ha reintegrado el resto de la cantidad presuntamente defraudada y que tampoco habría tenido intención de llevar a cabo el negocio que había ofrecido.

La Fiscalía califica estos hechos, de forma provisional, como un delito de estafa, previsto y penado en los artículos 248 y 250.1.6 del Código Penal. Considera al acusado responsable en concepto de autor y señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por estos hechos, solicita para él una pena de dos años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de ocho meses a razón de diez euros diarios y el pago de las costas. La vista oral está señalada para el 29 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

19 años después, los 15 de Torilejos (como son conocidos en Posadas, Córdoba) han sido absueltos de todos los delitos de los que estaban acusados por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba. Los 15 de Torilejos formaban parte de un grupo ecologista que en el año 2007 protestaba cada semana ante la cancela instalada por la familia Sánchez Ramade en un camino público. Torilejos es hoy una vía abierta al público. Pero el 14 de septiembre del año 2007 un importante dispositivo de la Guardia Civil acudió a la cancela a custodiarla. Cuando la protesta llegó a su fin y mucha gente se había marchado, ya casi al anochecer, se produjo un encontronazo entre el dispositivo policial y los manifestantes.

Desde hace 19 años, estos 15 ecologistas (en su mayoría vecinos de Posadas) han permanecido en situación procesal de investigados o acusados. En todos estos años, la instrucción se ha ido alargando. Uno de los principales agentes de la Guardia Civil que los acusaba ha fallecido. Muchos de los agentes que prestaron testimonio en el juicio habían olvidado gran parte de lo sucedido o fueron muy imprecisos en sus interrogatorios.

En una extensa sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la jueza sostiene la inocencia de los acusados en la vaguedad de las pruebas aportadas y en la contrariedad de los testimonios de los agentes de la Guardia Civil. También descarta que los manifestantes acudiesen a la cancela con la intención de agredir a los guardias civiles, como se afirmaba, o incluso que ya portasen mochilas cargadas de piedras o adoquines. E incluso llega a sostener que a diferencia de las jornadas de protesta que se venían desarrollando en la zona en aquella jornada el dispositivo policial fue especialmente importante.

La familia Sánchez Ramade, unos empresarios cordobeses muy importantes entonces pero cuya fortuna se vino abajo con la crisis inmobiliaria del año siguiente, había ordenado la instalación de la valla para evitar el tránsito junto a su finca privada. Desde hacía meses, pugnaba en los tribunales con estos grupos de ecologistas que reclamaban que la valla era ilegal y que debía retirarse.

Cada viernes, entre 50 y 80 personas acudía a protestar para que se abriese el camino. Entre los manifestantes había personas mayores e incluso niños. Cada viernes, sostiene la sentencia, la Guardia Civil se presentaba en la zona y grababa la protesta. Los agentes se llegaban a despedir de los manifestantes cuando concluían hasta el viernes siguiente. Pero aquel viernes, la defensa de los ecologistas ha sostenido en el juicio que los guardias no les estaban grabando —no se ha aportado ninguna imagen en el juicio— sino esperando.

Una concentración que se repetía cada viernes

En las protestas anteriores, además, los manifestantes reclamaban el acceso al camino y, al menos de manera simbólica, terminaban entrando en él. La sentencia señala que esas concentraciones se venían desarrollando desde hacía aproximadamente dos meses y que las anteriores habían sido grabadas por los agentes, aunque esas imágenes no fueron incorporadas a la causa. Para la magistrada, disponer de ellas habría resultado especialmente útil para comprobar cómo se desarrollaban aquellas protestas.

La diferencia de aquella tarde estuvo, entre otras cuestiones, en el número de agentes desplegados. La resolución considera probado que se comisionó un dispositivo más numeroso que en las jornadas anteriores, con guardias civiles situados tanto fuera como dentro de la finca y varios vehículos policiales en su interior.

Sobre las 20:30, cuando ya estaba anocheciendo, permanecían en el lugar los acusados y aproximadamente otras cincuenta personas que no fueron identificadas. Algunos de los concentrados hablaron con el sargento que estaba al mando del dispositivo para reclamar que el camino era público y cuestionar que se impidiera el acceso. La sentencia recoge que estaban molestos, pero no da por acreditado qué ocurrió exactamente después, según consta en los hechos probados descritos por la jueza.

Lo que sí considera probado es que se produjo un altercado entre agentes y concentrados y que durante el mismo se lanzaron piedras de manera indiscriminada contra los guardias civiles. Algunos agentes resultaron lesionados y dos vehículos oficiales sufrieron desperfectos. Los agentes utilizaron material antidisturbios y terminaron refugiándose en el interior de la finca.

La magistrada concluye que no se ha acreditado que el altercado hubiera sido previamente concertado ni que respondiera a un plan preconcebido en el que participaran, en mayor o menor medida, los acusados. Tampoco considera probada la participación concreta de ninguno de ellos en el altercado.

La existencia de un enfrentamiento no implica, jurídicamente, que pueda atribuirse automáticamente su responsabilidad penal a todas las personas que estaban presentes. Y eso es precisamente lo que, después de analizar durante decenas de páginas las declaraciones de los agentes, las de los acusados y la documentación incorporada a la causa, concluye la magistrada.

Una de las hipótesis que manejaban las acusaciones era que los manifestantes habían acudido a la concentración preparados para atacar a los agentes. La supuesta prueba de esa planificación previa eran las piedras, ladrillos o adoquines que algunos agentes aseguraron haber visto en las mochilas de los concentrados. La sentencia no da por probado ese extremo.

La magistrada explica que una agente afirmó en el juicio que los manifestantes habían lanzado “adoquines”, pero que ese dato no había aparecido con esa precisión en su declaración durante la instrucción. Otros agentes aseguraron que no habían visto ni recordaban ladrillos. Y en la inspección ocular realizada al día siguiente las piedras aparecían ya amontonadas, cuando habían transcurrido horas tanto desde el incidente de la cancela como desde el episodio posterior ocurrido aquella madrugada en el bar Campo de Tiro. Por ello, la persona que realizó aquella inspección no podía determinar que esas piedras hubieran sido llevadas en las mochilas de los acusados.

La jueza también concede relevancia a que dos agentes afirmasen en el juicio haber visto recoger piedras, pero no hubieran trasladado ese dato en el atestado inicial. A su juicio, esa contradicción afecta directamente a la hipótesis de que hubiera una preparación previa.

Tampoco encaja, según la resolución, la supuesta planificación con el desarrollo habitual de las concentraciones. Los propios testimonios apuntaban a que las protestas anteriores tenían un carácter similar y que en ocasiones los asistentes habían podido acceder al camino por el lateral de una finca colindante. Incluso un agente de la Brigada de Información declaró que no esperaba lo que finalmente sucedió.

Las identificaciones, el otro gran problema de la acusación

La segunda gran dificultad que encuentra la sentencia está en identificar quién hizo qué. Los agentes sí situaron a los acusados en el lugar. Eso no se discute. La cuestión era determinar si alguno de ellos había participado en las agresiones, en el lanzamiento de piedras o en los daños por los que se pedía su condena. Y ahí, según la jueza, la prueba no alcanza el nivel necesario para dictar una sentencia condenatoria.

La resolución analiza de forma individualizada diferentes testimonios y encuentra contradicciones. Una de las agentes, por ejemplo, atribuyó a un acusado papeles diferentes en distintos momentos de la investigación: en una ocasión lo situó lanzando piedras y posteriormente afirmó que la había agredido. La magistrada también destaca que otros testigos lo situaban en la cabecera de la concentración, reclamando el acceso al camino.

La situación se complica todavía más porque uno de los principales agentes que aparecía como perjudicado había fallecido antes de la celebración del juicio y su declaración no fue incorporada al plenario por la vía procesal correspondiente. Además, la jueza considera acreditado que las lesiones que inicialmente se le atribuían como consecuencia del incidente de Torilejos correspondían en realidad a otro episodio ocurrido horas después, en el bar Campo de Tiro.

La sentencia recuerda que aquel segundo episodio ya había sido juzgado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba en 2017. Por aquellos hechos fueron condenados dos de los acusados. Las lesiones y determinados daños que se reclamaban ahora en el procedimiento de Torilejos habían quedado vinculados por la sentencia a aquel episodio posterior. La jueza aprecia, por ello, cosa juzgada respecto de esas lesiones y daños.

La resolución llega después de que, en la última sesión del juicio celebrada en diciembre de 2025, la propia Fiscalía mantuviera la acusación sobre los delitos pero reconociera una de las principales dificultades del caso: que los testigos hablaban del lanzamiento de piedras, pero no podían identificar quién las había lanzado ni quién había causado con ellas las lesiones.

La Fiscalía mantuvo entonces que los hechos podían ser constitutivos de atentado, desórdenes públicos, lesiones y daños, pero admitió que no había quedado acreditada la participación concreta de los acusados. También retiró la acusación por las lesiones de uno de los agentes al concluir que se habían producido en el episodio posterior del bar Campo de Tiro y no durante la protesta de la cancela.

La acusación particular de los agentes defendió una interpretación muy distinta. Sus abogados sostuvieron que los hechos habían quedado probados y que la actuación de los acusados había estado organizada. Uno de los letrados llegó a describir la protesta como una estrategia preparada y comparó el episodio con una batalla. Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución al considerar que no existía una identificación rigurosa de los autores y que no había prueba de cargo suficiente.

La sentencia acaba decantándose por esta última cuestión estrictamente jurídica: no por considerar que no hubiera ocurrido ningún altercado, sino porque no se ha probado que los acusados fueran quienes participaron en los actos delictivos que se les atribuían.

La jueza: los agentes pueden ser prueba, pero aquí existen contradicciones

La magistrada dedica una parte importante de la resolución a explicar el valor de las declaraciones de los agentes de la autoridad. La sentencia recuerda que las declaraciones de policías y guardias civiles pueden constituir prueba de cargo suficiente cuando los agentes son testigos de hechos que conocen directamente en el ejercicio de sus funciones. Pero introduce una precisión relevante para este caso: cuando los propios agentes son quienes han resultado involucrados en los hechos que están siendo juzgados, sus declaraciones deben valorarse como cualquier otra prueba testifical y no disfrutan automáticamente de un valor probatorio privilegiado.

A partir de ahí, la magistrada examina las diferentes versiones y concluye que las identificaciones no resultan suficientemente sólidas. En algunos casos, los propios agentes manifestaron no recordar haber realizado determinados reconocimientos fotográficos. En otros, las identificaciones se realizaron sobre personas que simplemente estaban presentes en el lugar. La sentencia destaca además que la visibilidad era reducida porque el altercado se produjo cuando estaba anocheciendo y que en la zona permanecían más de cincuenta personas. La conclusión de la jueza es tajante: “la prueba practicada ha resultado insuficiente para considerar acreditada la participación en los hechos de los acusados”.

La magistrada recuerda que la presunción de inocencia exige que exista una prueba de cargo suficiente para poder condenar. No basta con que exista una sospecha, una posibilidad o que una persona estuviera presente cuando se produjeron los hechos. La sentencia cita la doctrina constitucional y del Tribunal Supremo para recordar que la presunción de inocencia solo puede quedar desvirtuada mediante una actividad probatoria suficiente, practicada con las garantías procesales y de la que pueda deducirse racionalmente la culpabilidad del acusado.

Casi dos décadas de procedimiento

La sentencia llega después de una tramitación excepcionalmente larga. Las diligencias previas se incoaron en septiembre de 2007. El procedimiento abreviado no quedó encauzado hasta 2016 y la apertura del juicio oral se acordó en 2019. Después llegaron nuevos aplazamientos y suspensiones. La propia sentencia enumera varios de ellos: problemas técnicos para grabar el audio, cambios en los señalamientos, una recusación, una urgencia médica de uno de los abogados de la acusación particular, problemas relacionados con las defensas, recursos y nuevas designaciones de letrados.

Cuando finalmente se fijó el juicio, se necesitaron varias jornadas para practicar toda la prueba. La primera sesión incluso tuvo que suspenderse por la falta de citación de uno de los acusados. Finalmente, la vista se desarrolló en cinco sesiones antes de quedar vista para sentencia. La propia resolución reconoce expresamente que en la tramitación no se han respetado los plazos ordinarios, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, la complejidad de la causa, el número de acusados y la duración de las fases de instrucción y enjuiciamiento.

El paso del tiempo ha tenido además una consecuencia directa sobre la prueba: uno de los agentes que figuraba entre los perjudicados falleció antes del juicio y otros testigos tuvieron dificultades para recordar con precisión lo ocurrido aquella tarde de septiembre de 2007.

Un camino que ya está abierto

Mientras el procedimiento penal se prolongaba durante casi dos décadas, la disputa sobre el camino de Torilejos siguió su propio recorrido. La vía que motivó las protestas es un antiguo camino pecuario que une Posadas y Almodóvar del Río a través de Sierra Morena. La cancela ya no existe. El camino está abierto y continúa siendo utilizado, tanto por ganaderos como por senderistas y ciclistas. La apertura se produjo después de que la Junta de Andalucía obtuviera respaldo judicial a su carácter público.

El contraste temporal resulta especialmente llamativo: aquello que en 2007 movilizó durante semanas a vecinos, ganaderos y colectivos ecologistas y que acabó desembocando en un procedimiento penal de casi veinte años forma hoy parte de una vía pública abierta al tránsito.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita tres años de prisión para tres empresarios acusados de haber articulado un entramado societario con el que, según sostiene el ministerio público, habrían defraudado más de 600.000 euros en cuotas a la Seguridad Social. Los tres acusados se sentarán ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba el próximo 29 de septiembre, donde deberán responder de la acusación formulada por la Fiscalía.

El escrito de acusación, correspondiente a unas diligencias previas tramitadas por un Juzgado de Instrucción de Córdoba, sostiene que los acusados actuaron “de común acuerdo y de manera concertada” para constituir sucesivamente varias sociedades mercantiles y continuar la actividad empresarial pese a las deudas que se iban generando con la Seguridad Social.

Según el relato del Ministerio Público, el objetivo habría sido evitar tanto el pago de las cuotas de cotización de los trabajadores como la actuación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. Para ello, siempre según la acusación, se habría diseñado una estructura societaria mediante la creación sucesiva o simultánea de cuatro mercantiles que habrían desarrollado su actividad utilizando el mismo local.

La Fiscalía atribuye a uno de los acusados el papel de verdadero gestor de las sociedades. De acuerdo con su versión, esta persona habría diseñado la estructura empresarial con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito y eludir el pago de las cuotas correspondientes a los trabajadores contratados por las empresas.

El escrito señala asimismo a otro de los acusados como supuesto testaferro. El Ministerio Público sostiene que habría actuado “de común acuerdo” con el presunto responsable de la gestión de las sociedades, figurando formalmente como fundador y administrador único y aparente de las distintas entidades que integraban el entramado.

El tercer acusado habría desempeñado, según la Fiscalía, otra función dentro de la estructura. El ministerio público afirma que habría participado y colaborado con los otros dos acusados, interviniendo como uno de los sucesivos arrendatarios simulados del local donde se desarrollaba la actividad empresarial.

La acusación considera que esta sucesión de arrendatarios habría servido para “enmascarar la titularidad real del negocio” y dificultar el cobro de las cantidades adeudadas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sociedades sucesivas ante el aumento de las deudas

El mecanismo descrito por la Fiscalía habría comenzado cuando la primera de las entidades empezó a acumular deuda con la Seguridad Social como consecuencia del impago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores.

A partir de ese momento, según el relato acusatorio, los investigados habrían optado por constituir nuevas sociedades para continuar con la actividad empresarial y evitar que las deudas acumuladas pudieran ser efectivamente cobradas.

El Ministerio Público sostiene que las nuevas sociedades se fueron sucediendo con esa finalidad, de manera que la actividad podía mantenerse mientras las obligaciones pendientes con la Seguridad Social permanecían sin satisfacer.

La acusación hace especial hincapié en la utilización del mismo local y en la sucesión de sociedades y personas que aparecían formalmente vinculadas a la explotación del negocio. Para la Fiscalía, estos elementos formarían parte de una estrategia destinada a impedir o dificultar que la Tesorería pudiera localizar al verdadero responsable de la actividad y hacer efectivo el cobro de las cantidades adeudadas.

En concreto, el escrito señala que las empresas habrían generado deudas por cuotas de la Seguridad Social correspondientes al Régimen General de los trabajadores contratados, al no haberse presentado los correspondientes boletines de cotización ni las declaraciones de ingresos.

La cantidad total que maneja la Fiscalía supera los 600.000 euros. La cifra puede concretarse en 617.288,06 euros, cantidad que se desprende de la multa de 1.234.576,12 euros solicitada por el Ministerio Público, al corresponder esta última al doble de la cantidad que considera defraudada.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de defraudación a la Seguridad Social, previsto y castigado en los artículos 307, 307 bis y 310 bis del Código Penal.

El escrito atribuye a los tres acusados la condición de autores, de acuerdo con el artículo 28 del Código Penal, y señala expresamente que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Sobre esta base, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión, además de la correspondiente accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

A ello se suma una multa de 1.234.576,12 euros, que la Fiscalía fija en el doble de la cantidad presuntamente defraudada. El escrito contempla asimismo la responsabilidad personal subsidiaria prevista legalmente para el supuesto de impago de la multa, estableciendo un día de privación de libertad por cada 100 euros, con el límite que recoge la propia acusación, además del pago de las costas.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide una pena de tres años de cárcel para dos acusados de provocar un pequeño incendio forestal en la provincia, según consta la calificación provisional del Ministerio Fiscal. Los dos procesados se sentarán ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba el próximo 24 de septiembre, donde serán juzgados.

Según sostiene el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, los hechos se produjeron en una finca de la provincia, donde se originó un incendio forestal que llegó a afectar a una superficie de aproximadamente 0,15 hectáreas de terreno forestal.

La acusación sostiene que, en momentos anteriores al incendio, los dos acusados, “actuando de común acuerdo” y con la intención de causar un daño al medio natural, utilizaron un mechero o un medio similar, que no ha podido ser determinado, para prender fuego a la vegetación existente en cinco focos diferentes. El terreno afectado estaba constituido por matorral arbolado bajo. Sin embargo, las llamas no llegaron a propagarse de forma significativa y el fuego quedó limitado a la citada superficie de 0,15 hectáreas.

Uno de los elementos determinantes para que el incendio no alcanzara mayores dimensiones fue, según recoge la Fiscalía, la rápida intervención derivada de la detección del fuego. En la finca, un guarda dio aviso de la existencia del incendio forestal, lo que permitió que la situación no evolucionara hacia un siniestro de mayor entidad.

A ello se sumaron las condiciones meteorológicas de aquella noche. El Ministerio Público señala que el fuego se extinguió sin que fuera necesaria una intervención de los servicios de extinción y atribuye la ausencia de una mayor propagación a las condiciones climatológicas, ya que el viento era “insignificante” y la probabilidad de ignición era baja. Precisamente estas circunstancias hicieron que el incendio quedara finalmente reducido a una extensión muy limitada. La Fiscalía señala expresamente que no se ocasionaron gastos de extinción.

Pese a la reducida superficie afectada, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, previsto en el artículo 352.1 del Código Penal.

Regresaron a la finca con un rifle

La actuación que se atribuye a los acusados no habría terminado con la provocación de los cinco focos. Posteriormente, según la calificación provisional, ambos regresaron nuevamente a la finca portando un arma de fuego para cuya tenencia carecían de la licencia preceptiva. La Fiscalía sostiene que los acusados escondieron el arma entre los arbustos con la finalidad de evitar ser localizados con ella por los guardas de la finca.

El arma fue finalmente localizada y, según consta en el escrito del Ministerio Público, se trataba de un rifle monotiro de percusión central de la marca BRNO, de calibre 243 Winchester. El informe incorporado al procedimiento concluyó que el arma se encontraba en correcto estado de funcionamiento y que disparaba con normalidad utilizando la munición adecuada a sus características y calibre. Por este segundo hecho, la Fiscalía acusa a los dos procesados de un delito de tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía considera que los dos acusados son responsables de ambos delitos en concepto de autores, al entender que actuaron conjuntamente. Asimismo, señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por el delito de incendio forestal, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una pena de dos años de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 16 meses a razón de diez euros diarios.

La petición económica supone una multa de 4.800 euros para cada acusado, de acuerdo con la cuota diaria y la duración solicitadas por la Fiscalía. El escrito añade que, en caso de impago, procedería la responsabilidad personal subsidiaria de ocho meses de privación de libertad, conforme al artículo 53 del Código Penal.

A estas penas se suma, por el delito de tenencia ilícita de armas, una condena de un año de prisión para cada procesado, junto con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha reducido de 2.7000 a 1.080 euros la multa impuesta a un hombre por un delito continuado de impago de pensiones tras acumular años de incumplimientos respecto a las pensiones para su hijo menor de edad y para su exmujer.

Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando un juzgado de familia de Córdoba estableció que el progenitor debía abonar 300 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos para su hijo, así como una pensión compensatoria de 150 euros al mes para su exesposa. A pesar de tener conocimiento de esta obligación, el acusado dejó de abonar la prestación compensatoria en febrero de 2021 y la de alimentos, a partir de mayo de 2022.

A lo largo de los años siguientes, el impago se mantuvo de forma casi ininterrumpida. La ejecución forzosa promovida en la vía civil apenas permitió embargar 1.200 euros en enero de 2023, importe que resultó insuficiente para frenar la acumulación de la deuda. En total, el hombre llegó a acumular cinco años sin pagar la pensión compensatoria y cerca de tres años seguidos sin abonar la pensión de alimentos, realizándose únicamente abonos parciales y esporádicos a partir del año 2025.

Frente a las alegaciones de la defensa, que justificó los impagos por la falta de ingresos tras perder su empleo habitual en la ONCE en 2022 y por atravesar periodos de extrema vulnerabilidad, la Audiencia Provincial ha ratificado la existencia de un delito de abandono de familia porque la obligación de prestar alimentos a los hijos tiene un carácter prioritario frente a cualquier otra deuda o gasto.

Asimismo, los magistrados han señalado que el acusado perdió su empleo en la ONCE por una baja voluntaria, coincidiendo con la vía de embargo civil, y que en ningún momento instó un procedimiento de modificación de medidas para solicitar la reducción de las pensiones. Por ello, el tribunal ha concluido que existió una “voluntad maliciosa de dejar desatendido” a su hijo y a su exmujer.

No obstante, el tribunal ha estimado la petición subsidiaria de la defensa, que consistía en una reducción de la multa impuesta por el juzgado de instancia, por lo que el hombre deberá pagar una multa de 1.080 euros en lugar de 2.700 euros. La Audiencia ha justificado esta reducción señalando que el condenado percibe actualmente unos ingresos cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), debe sufragar 300 euros mensuales de alquiler y tiene que hacer frente de forma simultánea a las futuras mensualidades y al pago de la deuda acumulada, la cual supera los 18.500 euros.

En lo relativo a las medidas de protección, la Sala ha mantenido la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su exmujer y de su hijo, de su domicilio o de sus lugares de estudio y trabajo durante un periodo de seis meses y un día. La resolución también ha confirmado las indemnizaciones por responsabilidad civil que el acusado deberá abonar a las víctimas, fijando la deuda por pensión de alimentos en 9.932,13 euros a favor del hijo y en 8.632,13 euros, para su exmujer.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena de un año de prisión para un hombre que se hizo pasar por reformista, cobró más de 2.200 euros por unos trabajos que nunca llegó a realizar y amenazó gravemente a la propietaria de la vivienda cuando esta le reclamó el dinero.

La resolución judicial ratifica así íntegramente el fallo dictado por la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Córdoba, que le impuso además dos meses de multa y la obligación de indemnizar a la víctima con la cantidad exacta estafada: 2.287,35 euros.

Los hechos se iniciaron tras anunciarse el acusado en el portal milanuncios.com ofreciendo servicios de reformas y arreglos del hogar. La víctima contactó con él para ejecutar diversos trabajos en su inmueble de la capital cordobesa, entre los que se incluían el alisado y la reparación de desperfectos en las paredes. A pesar de recibir de forma continuada distintos adelantos económicos -destinados teóricamente a la compra de materiales como cierres de aluminio-, el condenado acudía a la vivienda sin completar ninguna tarea, limitándose a dejar el piso en obras y a consumir tabaco y cerveza mientras pasaba el tiempo en la ventana, según relataron algunos testigos durante el juicio.

Ante esta situación, la víctima le recriminó por WhatsApp su actitud, a lo que el acusado, con ánimo de amedrentarla, le dijo en un contexto intimidatorio “voy a coser a tu hermano a tiros” y “voy a llamar a gitanos amigos míos”.

Tras la sentencia condenatoria de instancia, la defensa recurrió el fallo alegó que el caso era un “mero incumplimiento de contrato civil”. Sin embargo, la Audiencia ha subrayado que existió una maniobra engañosa y una “evidente voluntad incumplidora” desde el origen, utilizando la vivienda patas arriba como un mero pretexto para seguir sacando dinero a la víctima, quien finalmente tuvo que contratar a otras empresas para poder terminar la obra.