El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que personarse en un procedimiento judicial tras la demanda presentada por una mujer que reclama una indemnización por las lesiones que sufrió al caerse en el Puente del Arenal. La demandante atribuye el accidente al mal estado de la calzada, al asegurar que introdujo el pie en un socavón existente en la vía, lo que provocó su caída.

La Asesoría Jurídica municipal ha informado a la Junta de Gobierno Local de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 1 de Córdoba ha emplazado al Consistorio para comparecer en el procedimiento contencioso abreviado número 205/26. La demanda se dirige contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial que la afectada presentó previamente ante el Ayuntamiento.

Según recoge el expediente, la reclamante sostiene que las lesiones fueron consecuencia directa de la caída sufrida al introducir el pie en un socavón existente en la calzada del Puente del Arenal. Sobre esa base, considera que el Ayuntamiento debe responder por el estado de conservación de la vía pública.

Ante el emplazamiento judicial, la Asesoría Jurídica municipal ha comunicado que procederá a personarse en el procedimiento para defender los intereses del Ayuntamiento, en cumplimiento de la obligación legal de las entidades locales de defender sus bienes y derechos, salvo que reciba instrucciones en sentido contrario.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que pone fin a un conflicto administrativo entre un bombero que formó parte del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y el Ayuntamiento de Córdoba. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho del funcionario a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, anulando la resolución municipal que se la denegó inicialmente.

Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando el demandante solicitó el reingreso en el Ayuntamiento de Alicante tras obtener una plaza en dicha administración. Para poder incorporarse a su nuevo destino sin perder su plaza de funcionario de carrera en Córdoba, solicitó la excedencia prevista para la prestación de servicios en otras administraciones. Sin embargo, el consistorio cordobés, entonces en manos de PSOE e IU, rechazó su petición.

Ante esta negativa y la inminente necesidad de trasladarse a Alicante, el bombero se vio obligado a utilizar una vía alternativa para no incurrir en el abandono de su puesto: solicitó una excedencia por cuidado de hijos, aprovechando que había sido padre recientemente para poder marcharse legalmente. A pesar de lograr el traslado mediante este “parche” administrativo, el trabajador decidió llevar el caso a los tribunales para que se le reconociera la situación administrativa correcta.

En su fundamentación jurídica, el TSJA aclara que, según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el paso a la situación de servicio en otras administraciones es de aplicación obligatoria (ope legis) cuando un funcionario de carrera obtiene un destino en otra administración pública mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo. El tribunal subraya que este tipo de movilidad es un derecho “estrictamente subjetivo y voluntario” que no está sometido a limitaciones temporales por parte de la administración de origen.

Finalmente, el fallo revoca la sentencia previa de un juzgado de Córdoba y reconoce formalmente el derecho del bombero a la excedencia por prestación de servicios en el sector público, con efectos retroactivos desde el 23 de marzo de 2019.

La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central ha fijado el calendario para la vista oral por el trágico suceso ocurrido en la base cordobesa de Cerro Muriano, donde fallecieron el soldado sevillano Carlos León y el cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez. Según adelantó Radio Córdoba Cadena SER y ha podido confirmar este periódico, el juicio comenzará el próximo 26 de octubre y se extenderá, inicialmente, durante veinte sesiones repartidas entre los meses de octubre y noviembre.

El procedimiento se dirige contra cuatro mandos del Ejército de Tierra: el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, el comandante Luis Fernando Velasco Quero, y los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido. El tribunal ha programado las sesiones en horario de mañana y tarde, comenzando a las 09:30.

La acusación particular, ejercida por el abogado Luis Romero Santos en representación de la familia del soldado Carlos León, ha solicitado penas de diez años de prisión para cada uno de los cuatro oficiales encausados. Además de la privación de libertad, la acusación reclama la expulsión de la carrera militar, el pago de las costas judiciales y una responsabilidad civil que asciende a una cifra cercana a los 500.000 euros.

Los hechos que se juzgarán se remontan al suceso ocurrido en el ejercicio de paso de un lago artificial en la base de Cerro Muriano, una maniobra que, según la acusación, puso de manifiesto formas de proceder negligentes que deben ser erradicadas de la instrucción y formación del Ejército. Para la familia de las víctimas, este caso evidencia la necesidad de integrar la jurisdicción penal militar en la ordinaria, limitando la primera a cuestiones meramente administrativas.

El juicio contará con la intervención de diez partes con capacidad de interrogatorio, incluyendo tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de una compañía aseguradora. Se ha previsto la comparecencia de más de cien testigos y peritos. Antes del inicio formal de la vista en octubre, el tribunal ha señalado el próximo 31 de julio para llevar a cabo la insaculación del Vocal Militar que deberá juzgar y fallar el procedimiento.

La familia del soldado Carlos León ha reiterado su compromiso de trabajar para que se depuren todas las responsabilidades y el caso no caiga en el olvido. A pesar de los intentos previos por parte de algunas defensas de sancionar al portavoz de la familia por sus declaraciones ante los medios, el Juzgado Togado Central archivó dichas actuaciones al considerarlas amparadas por el derecho a la libertad de expresión e información.

El fiscal que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, considera “perfectamente procedente” la participación de un especialista geólogo para llevar a cabo estudios de terreno, tal y como lo proponen los peritos, “dada la naturaleza de la pericia a practicar en la que determinar el estado del terreno sobre el que se asienta la infraestructura ferroviaria”.

Así lo expone el representante del Ministerio Público en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ante la providencia de la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, para informar en relación al informe remitido por los peritos judiciales designados. El fiscal cree que dicha prueba “puede ser relevante si se conecta con lo que en este momento procesal es el objeto del procedimiento”.

En este caso, los tres peritos judiciales resaltan que, “tras el estudio de la documentación y proyectos de las actuaciones de renovación de vía que se llevaron a cabo poco antes del accidente”, podría ser necesario la elaboración de diversos estudios del terreno que permitan “valorar si en la posible rotura del carril coincidieron otros factores externos a la propia soldadura”.

Así las cosas, “pensando en un fallo del terreno”, los expertos señalan la posibilidad de ejecutar “una campaña geotécnica” para aclarar “el comportamiento de los materiales de la infraestructura ferroviaria en la zona adyacente”, para lo que proponen “el estudio de la ejecución de, al menos, dos sondeos a 15 metros de profundidad en la zona de la infraestructura más cercana a la rotura de carril” y “no menos de cuatro ensayos SPT en las zonas adyacentes a la ubicación de la rotura de carril”.

Estos trabajos, detallan, “deberán ser ejecutados en banda de mantenimiento y de su resultado” se podrá “inferir posibles discontinuidades en la infraestructura y/o el macizo inferior que pudieran haber influido en la rotura de carril”. En todo caso, estas actuaciones “habrá que decidir o no ejecutarlas a la vista de la documentación que deberá entregar Adif y aún no está aportada a la causa”.

Ingeniero de telecomunicaciones

Respecto de la participación de un especialista ingeniero de telecomunicaciones, que piden los peritos para facilitar la comprensión de la no advertencia del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste, el fiscal expone que “la providencia de 29 de enero por la que se acuerda la práctica de la prueba pericial señala que 'a la vista de los solicitado, procédase a la práctica de la diligencia de informe pericial interesada sobre las causas del accidente ferroviario objeto de investigación'”.

En este sentido, apunta que “parece más bien que la intervención del especialista propuesto iría dirigida a valorar cuestiones correspondientes a estadios posteriores a los que son el objeto del presente procedimiento, tal y como está configurado y de acuerdo a la providencia anteriormente referida”.

Así, remarca que lo anterior lo expone “sin perjuicio de que por los peritos puedan proponer dicho especialista de una manera más enfocada a lo que efectivamente ha de ser el objeto de la pericia y en su caso pueda reconsiderarse la valoración en relación a la oportunidad de la participación de este técnico”.

Cajas negras

En cuanto a las pruebas metalúrgicas sobre evidencias de carril recogidas en el lugar del accidente, y a la vista de las recomendaciones dadas por los peritos, conectadas con la documental incorporada a las actuaciones, en particular la incorporada junto a las diligencias de la Guardia Civil en relación a los laboratorios propuestos para llevar a cabo las pruebas sobre dichas evidencias, el representante del Ministerio Público muestra su “conformidad a que por el Juzgado se dé prioridad en el uso de piezas de convicción afectas a un procedimiento judicial, al laboratorio de Cenim sobre el laboratorio Aimen en lo que se refiere al uso de los lotes 1 y 2 que deben ser objeto de pruebas en dichos laboratorios todo ello conforme a los argumentos dados por por los peritos”. La jueza ha resuelto a tal efecto.

Igualmente, el fiscal expresa su “conformidad a las propuestas de los peritos en lo que se refiere a la acreditación de calibración y homologación de procesos y maquinaria, inclusión de ensayos de hidrógeno, presencia de los peritos en dichas operaciones y dación de cuenta de los laboratorios con entrega de muestras a la autoridad judicial, todo lo anterior conforme a lo dispuesto en la LECrim y la creación de la Autoridad para la Investigación de Accidentes Ferroviarios --en lo que se refiere a las relaciones CIAF/autoridad judicial--”.

En relación a la presencia de técnicos para la interpretación del contenido de los RJU --cajas negras-- de los trenes siniestrados, el fiscal muestra su “conformidad a la presencia de personal técnico responsable de fabricación o integración de cada una de las unidades de tren siniestradas, pareciendo necesaria su presencia para una adecuada interpretación de los datos contenidos en dichos RJU”.

Y en lo referente a la documentación reclamada por los peritos a aportar por Adif, el representante del Ministerio Público expresa su “conformidad” a que se haga el requerimiento a Adif, tal y como en la propia providencia de 12 de julio ya se hace y la jueza ha comunicado nuevamente.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, no ve “suficientemente determinado” que intervenga el experto en telecomunicaciones que le han solicitado los tres peritos judiciales para comprender “por qué nadie advirtió la ubicación del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste”.

Según recoge la providencia de este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, visto el escrito presentado por los peritos judicialmente designados, en el que interesan la intervención de un ingeniero de telecomunicaciones especialista en el ámbito ferroviario para la elaboración del dictamen pericial encomendado, así como el informe del Ministerio Fiscal obrante en las actuaciones, antes de resolver sobre dicha solicitud, requiere a los peritos para que dentro del plazo de 9 días procedan a “reevaluar la necesidad de intervención del citado profesional y amplíen en su caso la fundamentación de su petición”.

En este sentido, les pide que precisen “de forma concreta el objeto de actuación técnica interesada y su incidencia en el esclarecimiento de las causas del accidente ferroviario del que trae causa la presente instrucción”. Ello por cuanto, a la vista de las actuaciones practicadas y de la justificación ofrecida, “no resulta suficientemente determinado que la intervención interesada se proyecte sobre extremos directamente relacionados con las causas del accidente, pudiendo referirse, en principio a hechos posteriores que exceden del objeto de la pericia”, expone la jueza.

Asimismo, pide nuevamente a los peritos para que dentro del plazo anterior “manifiesten si estiman necesaria la intervención de cualesquiera otros profesionales o especialistas para la adecuada emisión de su informe, indicando en cada caso la concreta finalidad de su intervención y su vinculación con el objeto de la instrucción”.

Ante ello, da traslado a los peritos, quedando los autos pendientes de resolver sobre la procedencia de la asistencias técnicas interesadas una vez evacuado el presente requerimiento. Contra dicha providencia cabe recurso de reforma mediante escrito presentado en la Oficina judicial en el plazo de tres días contados desde su notificación.

Petición de los peritos

Al respecto, los investigadores consideran “necesario” la participación de “un ingeniero de telecomunicaciones especializado en comunicaciones ferroviarias” para que les “aclare los enclavamientos y sistemas de detección que tiene la vía para detectar la presencia de un tren en cada uno de los cantones ferroviarios”, así como “las comunicaciones de este sistema con el puesto de mando”.

Los peritos resaltan que, “tras el estudio de la documentación y proyectos de las actuaciones de renovación de vía que se llevaron a cabo poco antes del accidente”, podría ser necesario la elaboración de diversos estudios del terreno que permitan “valorar si en la posible rotura del carril coincidieron otros factores externos a la propia soldadura”.

Así las cosas, “pensando en un fallo del terreno”, los expertos señalan la posibilidad de ejecutar “una campaña geotécnica” para aclarar “el comportamiento de los materiales de la infraestructura ferroviaria en la zona adyacente”, para lo que proponen “el estudio de la ejecución de, al menos, dos sondeos a 15 metros de profundidad en la zona de la infraestructura más cercana a la rotura de carril” y “no menos de cuatro ensayos SPT en las zonas adyacentes a la ubicación de la rotura de carril”.

Solicitud a ADIF

Por otra parte, en la misma providencia, la jueza informa de que ha recibido por la representación procesal de Adif un escrito del día 17 de julio por el que se aportan expedientes requeridos sobre la contratación de obras y suministros de renovación de la vía que aún no constaban en la causa, en virtud de la providencia del día 12 de julio, de modo que se une a las diligencias y se tiene “por cumplimentado parcialmente en plazo el requerimiento efectuado”.

En este caso, asegura que los “proyectos relativos a la ejecución y modificados, si los hubiere, del expediente de renovación de elementos de la línea aérea de contacto de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, de los kilómetros 315 a 470 no han resultado aportados a fecha de la presente por dificultades técnicas derivadas del peso de los archivos, habiéndolo puesto en conocimiento de la Sección la representación procesal de Adif”. Por ello, la jueza pide a Adif, mediante su representación procesal, que en el plazo de dos días ponga a su disposición, mediante USB, la documentación requerida y “no aportada por problemas técnicos”.

Igualmente, da traslado de los expedientes administrativos aportados a los peritos designados judicialmente para que dentro del plazo de 9 días informen a este órgano judicial, a la vista de la documentación aportada y el contenido de su informe del día 3 de julio, “si resulta necesaria la intervención de determinados profesionales o especialistas para la adecuada emisión de su dictamen, indicando en cada caso la finalidad de su intervención y su vinculación con el objeto de la instrucción, quedando los autos pendientes de resolver sobre la procedencia de la asistencias técnicas interesadas una vez evacuado el presente requerimiento”, todo ello, “sin perjuicio, de darle traslado del resto de documentación aportada por la representación procesal de Adif una vez haya sido formalmente presentada”.

En este sentido, la jueza solicitó la aportación del proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el tramo Guadalmez-Córdoba, así como el expediente de suministro, transporte y premontaje de aparatos de vía. También, la documentación relativa al suministro, transporte y balasto para la renovación de desvíos; el proyecto de renovación de desvíos (fase 2) en la misma línea, y los proyectos relativos a la ejecución y modificados, si lo hubiera, de la renovación de elementos de la línea aérea de contacto de la LAV Madrid-Sevilla entre los kilómetros 315 y 470.

La causa según un ingeniero

De igual modo, en la providencia se recoge que se une al caso el oficio remitido por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de fecha del 3 de julio, por el que se remite al juzgado un informe y fotografías de las causas y lugar del accidente remitidos a la Policía Judicial por un especialista en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Al hilo, la Guardia Civil traslada que dicho ingeniero colegiado redacta “un informe acompañado de fotografías supuestamente del lugar del accidente de Adamuz, centrando su parecer técnico en una fractura de carril provocada, según su criterio, por una mala ejecución de la soldadura”.

Sobre el origen de las fotografías, indica que “las obtuvo a través de un grupo de WhatsApp de técnicos e ingenieros que las estaban difundiendo y comentándolas, pero que las mismas fueron realizadas por la Dirección de Seguridad y Autoprotección de la vía de ferrocarril de Sevilla de Adif o Renfe poco después de ocurrir el accidente”.

Con el fin de “profundizar en el origen y trazabilidad de esas fotografías”, el día 30 de junio, los agentes de la UOPJ se pusieron en contacto telefónico con el ingeniero, al objeto de obtener más datos, solicitándole que aportara datos de trazabilidad y de origen de las fotografías.

Sin embargo, tres días después esta persona aún no había aportado los datos solicitados, por lo que “continúan las gestiones tendentes a completar la información recibida sobre el origen de las fotografías, y poder así, determinar su interés o no de incorporarlas a las actuaciones”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una pena de dos años y dos meses de cárcel para la antigua directora del centro de mayores de la calle Frailes de Córdoba por los delitos de fraude y estafa. La mujer, que ha reconocido los hechos, tendrá que devolver más de 170.000 euros.

En concreto, el fallo señala que la antigua directora ocultó la muerte de uno de los residentes para seguir cobrando su pensión. También habría creado una plaza “fantasma” en la residencia para desviar el dinero de los familiares a su propia cuenta bancaria.

Según los hechos probados reflejados en la sentencia, la acusada aprovechó su cargo para lucrarse mediante dos operativas distintas. En la primera de ellas, tras el fallecimiento de un residente en enero de 2021, la mujer no comunicó la defunción a la Seguridad Social para continuar percibiendo la pensión en la cuenta que el fallecido compartía con su esposa, también residente en el centro. Posteriormente, contrató una nueva cuenta bancaria a nombre de la viuda —quien padecía una discapacidad mental— y vinculó a ella un teléfono personal para operar con una tarjeta de débito. A través de esta maniobra, realizó 20 operaciones fraudulentas, incluyendo transferencias a una cuenta de su propia hija menor de edad, apoderándose de un total de 37.808 euros.

La segunda trama delictiva se extendió durante casi una década, entre 2013 y 2022. La condenada, siempre según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, ideó la creación de una plaza adicional en la enfermería del centro que no constaba en los registros oficiales de la residencia ni de la Junta de Andalucía. La mujer firmaba contratos con los familiares de los nuevos residentes siguiendo el modelo oficial, pero les indicaba que los pagos debían realizarse en efectivo o en una cuenta bancaria personal o compartida con su hija. Para evitar que el fraude fuera detectado por la institución, la directora no inscribía a estos residentes en el Libro de Registro de Usuarios. Mediante este sistema de “plazas fantasma”, la acusada llegó a apropiarse de 140.637 euros provenientes de las mensualidades de numerosos residentes.

El tribunal ha tenido en cuenta las atenuantes de confesión y reparación del daño, ya que la acusada reconoció los hechos antes del juicio y realizó algunas consignaciones económicas para devolver lo estafado. Finalmente, la condena se divide en cinco meses de prisión por el delito de fraude a la Seguridad Social y un año y nueve meses por el delito de estafa.

Además de la pena de cárcel, la exdirectora ha sido inhabilitada para trabajar en residencias de mayores durante cinco años y deberá indemnizar al Banco de Santander y a la Fundación San Juan de Dios de Lucena con las cantidades totales defraudadas.

La plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba ha absuelto a un hombre para quien el Ministerio Fiscal solicitaba penas de hasta un año de prisión por estafa informática y, de forma alternativa, nueve meses por blanqueo de capitales por imprudencia grave. El magistrado ha determinado que no existe prueba suficiente que vincule al acusado con la trama de phishing que sustrajo más de 1.000 euros a una víctima que acabaron en su cuenta bancaria.

Los hechos probados se remontan a abril de 2022, cuando la perjudicada recibió un SMS que suplantaba la identidad del BBVA. El mensaje alertaba de un acceso fraudulento y facilitaba un enlace a una web idéntica a la del banco donde la mujer introdujo sus claves, permitiendo que desconocidos tomaran el control de su cuenta. Inmediatamente, se ordenó una transferencia de 1.105 euros hacia la cuenta del acusado, defendido por el letrado Salvador López Vinuesa.

A pesar de que el dinero llegó a la cuenta del procesado, el magistrado ha considerado que los indicios son insuficientes para condenarlo. En primer lugar, el acusado abrió la cuenta de forma presencial y la utilizaba para sus movimientos cotidianos, por lo que es “contrario a la experiencia humana” que alguien que pretenda ocultar un delito utilice un instrumento tan fácilmente rastreable. En segundo lugar, el dinero transferido por la víctima permaneció en la cuenta durante 19 días sin que el acusado intentara moverlos o esconderlos. Finalmente, fue la propia entidad bancaria la que retrocedió la operación tras la denuncia de la víctima. En tercer y último lugar, no se ha podido probar que el procesado enviara el SMS, creara la web falsa o estuviera concertado con quienes lo hicieron.

Asimismo, el juez ha descartado la acusación de blanqueo de capitales, argumentando que la ley española no castiga la participación imprudente en una estafa y que el dinero no se ingresó para ser “lavado”, sino como parte de la ejecución del fraude mismo. Además, haciendo uso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el caso se enmarcaría en un “negocio de bagatela” debido a que la cuantía (poco más de mil euros) es “insignificante” para afectar “al orden socioeconómico”, bien jurídico que protege el delito de blanqueo.

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) fue condenada el pasado mes de marzo por no contratar a un empleado en una plaza de oficial de oficios al considerar probado que se trató de una represalia directa por haber demandado previamente a la entidad. Así lo ha fallado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de la que se informó muy brevemente en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba del pasado mes de mayo, no abordando la sentencia en su integridad, que recoge que el director de Recursos Humanos le llegó a decir al empleado que, con la demanda, se le habían “cerrado las puertas para el fijo”.

Según la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el empleado mantenía una relación laboral con Emacsa desde junio de 2017 a través de una concatenación de siete contratos temporales. En septiembre de 2023, su contrato fue extinguido, una decisión que el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba declaró como despido improcedente al determinar que los contratos vinculados a la atendían, en realidad, a necesidades permanentes de la empresa. Paralelamente a esta situación, este trabajador había participado en octubre de 2022 en un concurso-oposición interno para cubrir una plaza de oficial de oficios en la subárea de depuración. Tras superar las pruebas, el trabajador obtuvo la tercera posición en la lista definitiva de aprobados, la cual, según el convenio colectivo y las bases del concurso, tenía una vigencia de dos años para cubrir futuras vacantes.

El punto de inflexión del caso se produjo en abril de 2024, un mes antes de que la empresa debiera llamarlo para ocupar una vacante. En aquel mes, el trabajador mantuvo una conversación con el responsable de Recursos Humanos de Emacsa en la que este le recriminó haber demandado a la empresa por su despido previo. En la grabación de dicho encuentro, el directivo se mostró “sorprendido y decepcionado” por la reclamación judicial, calificándola de “desleal”. De forma explícita, el responsable de RRHH le advirtió que con esa conducta “se le cerraban las puertas para fijo” y que, al formar él mismo parte de los tribunales evaluadores, le sería “muy difícil puntuarlo bien en la entrevista” de futuros concursos. El juzgado de instancia consideró que estas palabras eran un “desahogo”, pero para el TSJA, constituyeron una “amenaza”.

Poco después, en mayo de 2024, surgió una vacante de oficial de oficios. Según la sentencia, Emacsa, ignorando el orden de la lista donde el empleado era el siguiente candidato, decidió “saltarlo” y adjudicar la plaza al aspirante que ocupaba la quinta posición. En la respuesta a su demanda, Emacsa intentó justificar su actuación alegando que el trabajador no tenía un contrato vigente en el momento de la vacante y que, por tanto, no cumplía el requisito de ser “personal de la empresa”. Sin embargo, el TSJA rechazó esta tesis de forma tajante, calificándola de “interpretación restrictiva” y contraria a la finalidad del proceso selectivo.

De este modo, el tribunal dictaminó que el requisito de pertenecer a la plantilla debe cumplirse en el momento de concurrir al proceso, pero no es necesario mantener el contrato durante los dos años de vigencia de la lista de aprobados para ejercer el derecho a la plaza. Para los magistrados, el salto en la bolsa careció de justificación técnica y fue un “comportamiento antijurídico” conectado temporalmente con las amenazas del directivo.

La revocación

La sentencia del TSJA revocó el fallo inicial de instancia y condenó a Emacsa a otorgar al empleado la plaza de oficial y a abonarle los sueldos que dejó de percibir desde mayo de 2024, cuando su plaza fue ocupada indebidamente por otra persona. Además, a la empresa pública se le impuso una condena adicional de 7.501 euros por la vulneración de la garantía de indemnidad del trabajador, que el TSJA calificó como una infracción muy grave.

Tras conocer la sentencia en su integridad, este periódico formulo una gran batería de preguntas al gabinete de comunicación de Emacsa que apenas han sido respondidas. Así, la empresa pública ha asegurado que se acató la sentencia, que el trabajador fue readmitido en su puesto y que al director de Recursos Humanos se le abrió un expediente disciplinario. Aunque en un primer momento Emacsa aseguró que el “responsable de Personal volvió a su puesto tras cumplir el expediente disciplinario”, en posteriores conversaciones con este medio, el gabinete de comunicación no ha querido volver a confirmar esto. Además, tampoco ha querido informar en qué ha consistido dicho expediente y durante cuánto tiempo se ha aplicado, tratándose además de una empresa pública.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha autorizado el traslado de tramos de carril de la zona en cuestión para el análisis en los laboratorios, que tendrán seis meses para emitir un informe, tras recibir las muestras.

Según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se autoriza la práctica de las diligencias periciales e investigaciones técnicas propuestas consistentes en los ensayos metalúrgicos sobre los vestigios y muestras obrantes en las presentes actuaciones.

Atendiendo a “la especial complejidad técnica y trascendencia de las actuaciones” comprendidas en el lote I, se encomienda la ejecución de dicho lote al laboratorio propuesto de naturaleza pública Cenim, “por apreciarse, 'prima facie', una mayor solvencia técnica y capacidad operativa, haber ofrecido una propuesta de trabajo más clara y estructurada, y al resultar un laboratorio de naturaleza pública encontrándose adscrito al CSIC, ello para realizar los análisis, ensayos, actuaciones y/o pruebas previstos, sin perjuicio de las restantes actuaciones que corresponden al otro laboratorio interviniente, Aimen, al que le corresponderán los trabajos incluidos en el lote II conforme a su propuesta”.

De este modo, la jueza acuerda que el traslado de las muestras, piezas y/o probetas entre el lugar de depósito y los distintos laboratorios se efectuará bajo el control y supervisión de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, levantándose la correspondiente diligencia en la que se hará constar la identificación completa de las personas que entregan y reciben las muestras, piezas y/o probetas, fecha, hora y lugar de cada entrega y recepción, identificación individualizada de cada muestra, pieza y/o probeta, finalidad concreta del traslado, así como cualquier otro dato que resulte de relevancia y necesidad para garantizar la cadena de custodia, las actas que se extiendan deberán de ser remitidas al juzgado.

Peritos y Guardia Civil

Tanto la UOPJ como los peritos designados judicialmente deberán de estar presentes en todas las operaciones de apertura de embalajes, toma de muestras, extracción/identificación de probetas, corte de piezas o cualquier otra actuación que implique alteración, división o destrucción parcial o total de las muestras originales, levantándose acta por la Policía Judicial que deberá ser remitida al órgano judicial.

Con ocasión de dichas actuaciones, se procederá a la apertura de nuevas hojas o registros individualizados de cadena de custodia para cada uno de los fragmentos, porciones o probetas obtenidos, manteniendo en cada momento la plena trazabilidad respecto de la muestra de origen.

Las reuniones de seguimiento técnico que se celebren por los laboratorios designados, así como cualquier actuación de especial relevancia pericial, incluyendo, entre otras, la apertura de embalajes, selección/toma de muestras, extracción/identificación de probetas, trabajos de corte, realización de ensayos destructivos, transferencia entre laboratorios, interpretación conjunta de resultados o decisiones metodológicas relevantes, deberán ser comunicadas al juzgado con una antelación mínima de 15 días a ser practicada/s.

A dichas actuaciones serán convocados los peritos judiciales designados en la causa, al objeto de posibilitar su asistencia y garantizar los principios de contradicción, inmediación técnica y plena transparencia en la práctica de las diligencias periciales.

Cualquier desplazamiento de muestras o probetas entre los laboratorios deberá ser ejecutado bajo control de la Policía Judicial, dejándose constancia documental de la continuidad de la cadena de custodia, extendiéndose acta que deberá de ser remitida al juzgado.

Los laboratorios intervinientes adquieren la condición de depositarios judiciales de las muestras, probetas, efectos y/o vestigios que les sean entregados, quedando sujetos a las responsabilidades legales inherentes a dicha condición y debiendo de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar su estado de conservación e integridad, su protección frente a pérdidas, alteraciones, contaminaciones o accesos no autorizados, así como la custodia en instalaciones seguras de todas aquellas muestras o probetas que no se encuentren en uso.

Sistema de control

Además, la jueza subraya que “los laboratorios deberán implantar sistemas de control de acceso que permita identificar de forma precisa: la persona que accede a la muestra o probeta, la fecha y hora de acceso, la actuación realizada, la finalidad o propósito del acceso”. El registro quedará a disposición del juzgado cuando fuere requerido.

Toda la información relativa al traslado, manipulación, análisis y custodia de las muestras tendrá carácter reservado y confidencial, debiendo de adoptarse por los laboratorios las medidas necesarias para impedir la divulgación de datos o resultados fuera del ámbito de la presente instrucción.

Los informes, dictámenes, resultados analíticos, cuadernos de laboratorio, registros instrumentales y demás documentación técnica que se genere deberá remitirse por los laboratorios al juzgado a través de la UOPJ, sin perjuicio de la remisión de los mismos informes a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Debiéndose de hacerse la remisión de manera simultánea.

Igualmente, deberán de preservarse a disposición del órgano judicial, en la medida en el que la técnica y materialmente resulte posible, cantidades suficientes de muestra original y de las probetas obtenidas, a fin de permitir la práctica de análisis complementarios o de contradicción pericial que pudieran interesarse en el curso de la instrucción.

PRUEBAS ANALÍTICAS Y TÉCNICAS

Por lo que respecta a las pruebas analíticas, ensayos y trabajos descritos en la propuesta de contratación del Cenim, deberá de añadirse a los 12 procesos descritos la práctica del peso por metro lineal de cada uno de los tramos de vía a ensayar previstos en el estudio.

Por lo que respecta a las técnicas para medir el hidrógeno cuya realización se prevé/aconseja por el Cenim en su propuesta, deberán practicarse, y dado que, según la documentación obrante en las actuaciones, la concreta entidad o empresa ejecutante de los mencionados ensayos no ha resultado aún determinada, se acuerda que cualquier subcontratación de dichos análisis estará condicionada a la previa autorización judicial.

La comunicación previa a la Sección deberá incluir la identificación de la empresa, entidad, organismo y/o laboratorio que se propone para realizar los trabajos, detallando su solvencia técnica, instalaciones y concretas pruebas o actuaciones a desarrollar, y demás datos que se consideren de utilidad a efectos de valoración y resolver la propuesta. Dicha comunicación deberá de hacerse con una antelación mínima de un mes respecto de la fecha prevista para el inicio de tales trabajos.

Ambos laboratorios, Cenim y Aimen, deberán acreditar la calibración y homologación exacta de los procesos y maquinaria empleada. Asimismo, disponen de un plazo de seis meses a contar desde la fecha de la recepción de las muestras para emitir su informe y/o dictamen final, que “deberán de ponerlos inmediatamente a disposición del órgano judicial y de la CIAF, la remisión deberá de hacerse de forma simultánea”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Córdoba, confirmando así la condena previa que obliga a la administración local a abonar una importante suma económica a un antiguo trabajador. El fallo ratifica que la institución pública, al actuar como empleadora, está plenamente sometida al derecho laboral y a sus consecuencias por demora en los pagos.

El ingeniero técnico en informática trabajó para el Consistorio entre octubre de 2019 y abril de 2020 mediante un contrato de duración determinada por obra y servicio, con el objetivo de crear y actualizar bases de datos para el Consorcio Orquesta de Córdoba. Dicha contratación se enmarcó en el programa Iniciativas de Cooperación Local, una colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para el fomento del empleo. Sin embargo, tras la finalización de la relación laboral, el empleado reclamó diferencias salariales no percibidas conforme al convenio colectivo de aplicación, así como la indemnización correspondiente por la extinción de su contrato temporal.

A pesar de contar con la categoría profesional de ingeniero técnico en informática, el demandante percibía un salario mensual prorrateado de 1.162,50 euros. El empleado reclamó judicialmente las diferencias respecto a lo que legalmente le correspondía percibir según el convenio colectivo extraestatutario aplicable al personal del propio Ayuntamiento, cuantificadas en 14.631,38 euros, a los que sumó 483,49 euros en concepto de indemnización por finalización de contrato. La sentencia original del juzgado de lo Social, ahora confirmada, condena al Ayuntamiento de Córdoba al pago íntegro de dichas cantidades, que son tan elevadas debido al interés del 10% de demora que también ha ratificado el alto tribunal andaluz.

Además del pago de las cantidades adeudadas y los intereses acumulados, el Ayuntamiento de Córdoba ha sido condenado al abono de las costas del recurso, fijadas en 800 euros (más IVA) en concepto de honorarios para el letrado del demandante.

El 13 de febrero de 2017, un operativo de Vigilancia Aduanera en una nave de la carretera de Alba, en Córdoba capital, parecía haber asestado un golpe al mercado ilícito de tabaco. Los agentes intervinieron 2.713 kilos de tabaco en hoja y picadura pertenecientes a una empresa bajo la sospecha de que se trataba de un delito de contrabando al carecer de las licencias del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Sin embargo, aquel alijo, que la Justicia terminaría declarando totalmente legal años después, nunca pudo ser devuelto a su dueño: acabó convertido en cenizas mucho antes de que se dictara la primera sentencia. Su propietario tampoco ha sido

La destrucción del tabaco no fue una pena anticipada por el supuesto contrabando, sino una medida de urgencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba. Apenas un mes después de la incautación, la empresa depositaria de la mercancía informó al juzgado sobre el “alarmante peligro” de que apareciera el insecto lasioderma, una plaga que se expande con extrema rapidez en el tabaco almacenado.

Debido al riesgo de que los bichos infectaran el resto del tabaco legal que la empresa custodiaba en sus instalaciones, el juez se vio “obligado” a autorizar la quema preventiva de la mercancía el 31 de mayo de 2017 para “evitar un mal mayor”. En aquel momento, la instrucción seguía considerando que el tabaco era fruto de una actividad ilícita. Dos años más tarde, el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba absolvió al empresario, determinando que la mercancía era de curso legal y no constituía un delito de contrabando. En enero de 2020, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ratificó la absolución como después hizo en marzo de 2022 el Tribunal Supremo. Todas las sentencias coincidieron en que el tabaco era de curso legal y que había sido “injustamente destruido” al ser tratado erróneamente como contrabando. El demandante se vio obligado a cerrar su empresa.

Ante ello, el propietario reclamó una indemnización de 416.464 euros al Estado por los daños sufridos que ahora ha rechazado la Audiencia Nacional. En su demanda, el empresario alegó un “funcionamiento anormal” de la Justicia, pero este órgano jurisdiccional ha aclarado que, al proceder el daño de una decisión tomada por un juez -el auto de destrucción-, debería haber reclamado por “error judicial”. Esta vía exige una declaración previa del Tribunal Supremo que certifique que el juez se equivocó, un paso que no se dio.

Además, y según informes periciales, la sentencia señala que el tabaco habría perdido todo su valor comercial “en apenas seis meses” dadas las condiciones de los almacenes donde se custodiaba. Por tanto, para cuando llegó la absolución definitiva años después, el producto ya no habría tenido valor alguno, independientemente de si se hubiera quemado o no. De este modo, para la Audiencia Nacional, el juzgado de instrucción que acordó la destrucción de las hojas de tabaco no actuó con falta de diligencia. Las costas procesales han sido impuestas al empresario.

El mapa de la instrucción judicial de casos de violencia de género quedará modificado a partir del próximo 31 de diciembre. Así ha quedado reflejado en el Real Decreto 559/2026 publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado, que confirma que, a partir de esa fecha, la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba capital extenderá su jurisdicción de forma masiva. Esta oficina centralizará a partir de esa fecha todos los casos procedentes de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo, convirtiéndose en el gran eje judicial para el norte y el centro de la provincia.

El objetivo de este movimiento, según detalla la normativa, es encontrar un equilibrio entre la proximidad a la víctima y la necesidad de una respuesta judicial altamente especializada. Al agrupar estos partidos judiciales bajo el paraguas de la capital, se pretende que las víctimas reciban una atención más experta en procedimientos que exigen un tratamiento técnico muy específico. Además, esta medida permitirá liberar de carga de trabajo a los juzgados mixtos de los pueblos (Pozoblanco, Peñarroya, Montoro y Posadas), que hasta ahora debían compaginar los asuntos de violencia machista con sus casos ordinarios civiles y penales.

Para que la capital pueda asumir este incremento de carga de trabajo en el norte, el decreto establece que Córdoba dejará de conocer los asuntos de violencia sobre la mujer de Lucena y Cabra. De esta forma, Lucena se convertirá en el referente en esta materia en el sur de la provincia. La ciudad lucentina estrenará su propia Sección de Violencia sobre la Mujer con jurisdicción extendida a los partidos de Montilla, Baena, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera, aunque en este caso la efectividad plena de la agrupación se ha fijado para el 1 de noviembre de 2027. Esta reorganización es la que el pasado mes de marzo propuso el entonces consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, para una “distribución más eficiente”.

Para evitar cualquier tipo de desprotección durante el cambio de modelo, el BOE establece un estricto régimen transitorio. Los juzgados actuales de los pueblos seguirán conociendo de los casos hasta que las nuevas agrupaciones sean plenamente efectivas. Asimismo, las plazas que ya están tramitando procedimientos conservarán su competencia sobre los mismos hasta que concluyan definitivamente. En el caso concreto de la capital, la sección cordobesa mantendrá el control de todos los procesos de violencia machista procedentes de Lucena y Cabra que ya estén en trámite en la fecha del cambio.

Junto a esto, el Real Decreto establece la creación de un total de 500 nuevas plazas judiciales. Para el caso específico de Córdoba, las nuevas plazas -seis de magistrado y uno de juez- se distribuyen de la siguiente forma según su especialidad y tipo. En la capital, las nuevas plazas son categoría de magistrado. Entre ellas se encuentran las plazas 3 y 5 de la Sección Civil, la 3 de Familia, Infancia y Capacidad; la 6 de lo Social y la plaza 2 de lo Mercantil. En Lucena, el decreto ha creado la plaza 4 de la Sección Civil y de Instrucción, que tiene categoría de juez, y la número 1 de la sección especializada en Violencia sobre la Mujer, que sí tiene la categoría de magistrado.

Los tres peritos judiciales designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, han solicitado la participación de un especialista en telecomunicaciones para comprender “por qué nadie advirtió la ubicación del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste”.

Según recoge el escrito al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores ven “necesario” la participación de “un ingeniero de telecomunicaciones especializado en comunicaciones ferroviarias” para que les “aclare los enclavamientos y sistemas de detección que tiene la vía para detectar la presencia de un tren en cada uno de los cantones ferroviarios”, así como “las comunicaciones de este sistema con el puesto de mando”.

Por otra parte, los peritos resaltan que, “tras el estudio de la documentación y proyectos de las actuaciones de renovación de vía que se llevaron a cabo poco antes del accidente”, podría ser necesario la elaboración de diversos estudios del terreno que permitan “valorar si en la posible rotura del carril coincidieron otros factores externos a la propia soldadura”.

Así las cosas, “pensando en un fallo del terreno”, los expertos señalan la posibilidad de ejecutar “una campaña geotécnica” para aclarar “el comportamiento de los materiales de la infraestructura ferroviaria en la zona adyacente”, para lo que proponen “el estudio de la ejecución de, al menos, dos sondeos a 15 ml de profundidad en la zona de la infraestructura más cercana a la rotura de carril” y “no menos de cuatro ensayos SPT en las zonas adyacentes a la ubicación de la rotura de carril”.

Estos trabajos, detallan, “deberán ser ejecutados en banda de mantenimiento y de su resultado” se podrá “inferir posibles discontinuidades en la infraestructura y/o el macizo inferior que pudieran haber influido en la rotura de carril”. En todo caso, estas actuaciones “habrá que decidir o no ejecutarlas a la vista de la documentación que deberá entregar Adif y aún no está aportada a la causa”.

En lo referente al análisis metalúrgico de las evidencias recogidas en el tramo de Adamuz, los peritos sugieren “alterar el orden del concurso público en cuanto a la ejecución de los lotes” propuesto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), de modo que se asigne el Lote 1 a Cenim, entidad pública adscrita al CSIC, con sede en Madrid, y el Lote 2 a Aimen, empresa privada con sede en O Porriño (Galicia).

En cualquier caso, entre otras peticiones, exigen que “ambos laboratorios acrediten la calibración y homologación exacta de los procesos y maquinaria empleada”, así como “la presencia de estos peritos en las operaciones de toma de muestras, corte e identificación de probetas, además de en cuantas pruebas destructivas sea necesario” y que los informes realizados “expresamente se dirijan a la autoridad judicial, no a la CIAF”.

Con respecto a la lectura de las RJU, o 'cajas negras', los investigadores designados por el juzgado estiman que, tal y como señala Hasler Rail, empresa responsable del software, “no será necesaria la presencia de más técnicos para la interpretación de los datos contenidos en la RJU de los trenes”, aunque sí requieren “la presencia del fabricante o integrador de cada una de las unidades de tren implicadas”, así como la “del operador ferroviario en cuanto que conoce el contexto operativo, procedimientos de explotación, condiciones de servicio y cualquier información relevante sobre la circulación”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado a la Dirección General de la Policía a reconocer como accidente en acto de servicio la grave lesión sufrida por un agente de la Policía Nacional de Córdoba que se cayó con la bicicleta cuando regresaba a su domicilio al finalizar su jornada laboral. La sentencia, dictada por la Sección Cuarta del alto tribunal andaluz, estima íntegramente el recurso presentado por el funcionario y anula la resolución administrativa que había rechazado considerar el siniestro como un accidente in itinere, es decir, ocurrido durante el desplazamiento habitual entre el lugar de trabajo y la vivienda del trabajador.

Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2023. El agente había terminado su servicio de mañana a las 15:00 en la comisaría de Campo Madre de Dios y emprendió el trayecto de regreso a su domicilio, situado en la avenida Gran Vía Parque, utilizando la bicicleta. Según ha quedado acreditad, apenas diez minutos después, sufrió una caída en la avenida Campo Santo de los Mártires al resbalar la rueda delantera sobre el pavimento. Como consecuencia del accidente sufrió un arrancamiento postraumático del bíceps del brazo izquierdo, lesión de la que tuvo que ser operado.

Sin embargo, la Dirección General de la Policía archivó el expediente de averiguación de causas al entender que no existían pruebas suficientes para demostrar que la caída se hubiera producido realmente cuando el funcionario regresaba directamente a su domicilio. En ese sentido, sostenía que el único relato existente era el del propio agente, que no había testigos presenciales y que tampoco podía descartarse que hubiera mediado culpa por su parte. Pero el TSJA ha rechazado esos argumentos. En primer lugar, porque considera acreditado que el policía acudió al servicio de Urgencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba poco más de una hora después de finalizar el servicio, desmontando así la tesis utilizada durante la tramitación administrativa de que habían transcurrido casi seis horas entre el accidente y la asistencia médica. Esa conclusión se apoyaba únicamente en un informe posterior de traumatología, mientras que el parte de Urgencias, incorporado posteriormente al expediente, demostraba la inmediatez temporal de la atención sanitaria.

Además, la Sala recuerda que la ausencia de testigos presenciales no basta por sí sola para negar la existencia de un accidente in itinere dado que este tipo de accidentes suelen producirse cuando el trabajador viaja solo y que la prueba puede construirse a partir de un conjunto de indicios suficientemente sólidos. En este caso, la sentencia destaca que no se discute que el agente terminara su jornada a las 15:00, que utilizara la bicicleta para regresar a casa ni que comunicara lo sucedido esa misma tarde tanto a la Sala del 091 como a varios mandos policiales. A ello se suma el informe elaborado por la Unidad Provincial de Sanidad, que apreciaba la relación de causalidad entre la caída y las lesiones sufridas. Todo ello ha llevado al tribunal a concluir que existe prueba suficiente para considerar acreditado que el accidente ocurrió durante el trayecto de regreso al domicilio.

En segundo lugar, la Administración había apuntado que la caída pudo deberse a una conducta negligente del propio policía, pero el TSJA ha recordado que la legislación únicamente excluye la consideración de accidente en acto de servicio cuando exista dolo o una negligencia grave o temeraria, circunstancias que no concurren en este caso.

Por tanto, el alto tribunal andaluz ha concluido que en este caso concurren todos los requisitos legales para reconocer que las lesiones fueron sufridas en acto de servicio, en su modalidad de accidente in itinere, por lo que ha estimado el recurso, ha anulado la resolución de la Dirección General de la Policía y ha condenado a la Administración al pago de las costas procesales, con un límite de 300 euros más IVA.

El Colegio de Abogados de Huelva ha sancionado al abogado que promovió, pocos días después del accidente de Adamuz, una plataforma de afectados, lo que conllevó una “captación desleal de clientes” que lo situó “en ventaja” frente a sus compañeros, además “de atentar contra la dignidad de las víctimas”. La sanción supone cuatro meses de suspensión del ejercicio profesional o, alternativamente, una multa de 2.000 euros al cometer una infracción grave de las normas deontológicas y legales.

Según la resolución del expediente disciplinario al que ha tenido acceso este periódico, este procedimiento sancionador contra José Luis Orta Prieto se inició después de que dos abogados -ambos, familiares de víctimas de la tragedia- formularan sendas quejas ante el Colegio de Abogados de Huelva. Para uno de ellos, que es hermano de una víctima, la actuación de Orta fue “un intento de lucrarse de la desgracia general” en un momento de “máxima vulnerabilidad”. Desde el punto de vista humano, este letrado asegura que la actuación del abogado estuvo “carente de ética y moral”, acusándole de una “catadura moral reprobable”. Mientras, el segundo letrado que formuló una queja, hermano de un fallecido, lamenta la “poca delicadeza o empatía” de su compañero de profesión, denunciando que la publicidad de su plataforma comenzó cuando él “ni siquiera tenía aún el cuerpo de su hermano”.

La instrucción del expediente ha determinado que el sancionado utilizó televisión, radio, internet y redes sociales para difundir la Plataforma de Afectados por el Accidente Ferroviario de Adamuz apenas seis o siete días después de la tragedia. Esta conducta supone una “vulneración flagrante” del artículo ocho de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, que prohíbe expresamente a los abogados dirigirse a víctimas de grandes catástrofes para ofrecer servicios antes de que transcurran 45 días.

Según el colegio, el objetivo real de la plataforma era el asesoramiento legal y la “canalización de acciones judiciales”, creando un “efecto llamada” publicitario que situó al letrado en una ventaja injusta frente a sus compañeros y atentó contra la dignidad de las víctimas. Hay que señalar que, semanas después del anuncio de esta plataforma, la Junta de Gobierno de este colegio informó de que “la captación de clientes por parte de abogados en casos de tragedia como la que se ha vivido días atrás está expresamente prohibida por el Código Deontológico de la Abogacía y supone un atentado muy grave contra la ética profesional”.

Frente a este análisis que realizó el colegio con relación al inicio del expepediente disciplinario, antes de su resolución, Orta solicitó el archivo del mismo alegando que actuó de buena fe y sin ánimo de lucro, buscando únicamente prestar un “asesoramiento profesional desinteresado” y preventivo. En su defensa, esgrimió su trayectoria de 12 años de trabajo gratuito al frente de la asociación Huelva bebés robados para demostrar su carácter altruista. Asimismo, argumentó que la plataforma fue una “idea primigenia” que retiró en cuanto conoció el malestar generado.

Aunque inicialmente la infracción se tipificó como muy grave -lo que podría haber conllevado la expulsión del Colegio o la suspensión del ejercicio profesional durante un periodo de entre uno y dos años-, la Junta de Gobierno ha optado por calificarla como grave al considerar la inexistencia de antecedentes previos y factores de reincidencia, pero “atendiendo al malestar generado en las víctimas y la falta de respeto al periodo de luto. Contra este acuerdo, el letrado ha señalado a este periódio que interpondrá un recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

El Ayuntamiento de Córdoba deberá indemnizar a una vecina que se cayó al suelo, junto con su hija menor, cuando ambas iban en moto por el Pasaje Pantoja. Según el fallo de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba, el Consistorio deberá abonarle 2.590,62 euros, una cantidad sustancialmente inferior a los 5.339,22 euros inicialmente reclamados debido a una concurrencia de culpas y a la falta de acreditación de las facturas de reparación.

El siniestro se produjo cuando la demandante circulaba a escasa velocidad -apenas 10 km/h al estar saliendo de su garaje- a la altura del número 9 del Pasaje Pantoja de la capital cordobesa. En ese punto, la calzada presentaba una deformidad provocada por el empuje de las raíces de un árbol, lo que había levantado una placa de hormigón, generando un desnivel de unos cinco centímetros. Al pasar por encima, la conductora perdió el control del ciclomotor, yéndose al suelo junto a su hija menor.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Córdoba a la reclamación de responsabilidad patrimonial por la vía administrativa, la afectada acudió a los tribunales para solicitar una indemnización. Aunque el magistrado le ha dado la razón, solo en parte, ya que ha considerado que la mujer conocía el lugar y debió haber sido más diligente. Así, la demandante residía a escasos metros de donde se ubicaba el resalte. Al ser un lugar de paso habitual de entrada y salida, el juez ha determinado que la conductora “debía conocer el mal estado de la calzada”. Además, dado que el accidente ocurrió a plena luz del día y circulando a velocidad reducida, el fallo ha concluido que la víctima “debió extremar las precauciones al circular por él o atravesarlo en su lugar de menor desnivel para así no perder el equilibrio”.

Pese a todo, el magistrado ha decretado una concurrencia de culpas al 50% entre el Consistorio y la conductora. En cuanto a la cuantificación económica, el tribunal ha validado íntegramente las indemnizaciones por las lesiones físicas de la madre (2.934,22 euros) y de su hija (1.285,56 euros), al estar respaldadas por informes de alta de Urgencias, así como los 36,30 euros correspondientes al coste de la elaboración del presupuesto del taller.

La controversia económica llegó con los daños materiales de la motocicleta. La demandante exigía el abono de la tasación pericial, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No obstante, el magistrado ha recordado que el IVA es un tributo intrínsecamente ligado a una transacción real y efectiva de bienes o servicios. Al haber aportado únicamente un presupuesto y ninguna factura que acreditase el desembolso y la reparación real del vehículo, el juez ha denegado la inclusión de dicho impuesto.

De este modo, la suma total de daños personales y materiales quedó fijada en 5.181,24 euros. Al aplicarse la reducción del 50% por la concurrencia de culpas, la condena final impuesta al Ayuntamiento se situó en 2.590,62 euros, cantidad a la que se añadirán los intereses legales pertinentes.

La jueza de la plaza númeor 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha acordado una nueva batería de diligencias dentro de la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado mes de enero. Entre ellas, destaca el requerimiento dirigido a Adif para que aporte varios expedientes administrativos relacionados con las obras de renovación ejecutadas en el tramo de Adamuz, al considerar que forman parte del expediente de la actuación y todavía no constan incorporados a la causa.

La resolución, fechada el 12 de julio y a la que ha accedido este periódico, ordena a Adif remitir el proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura entre Guadalmez y Córdoba, la documentación del suministro y premontaje de aparatos de vía, el expediente relativo al suministro y transporte de balasto para la renovación de desvíos, el proyecto de renovación de desvíos de la fase 2 y los proyectos de ejecución -y sus posibles modificaciones- correspondientes a la renovación de elementos de la línea aérea de contacto entre los puntos kilométricos 315 y 470 de la línea Madrid-Sevilla.

Antes de realizar este requerimiento, la magistrada ya ha incorporado al procedimiento dos expedientes que, aunque habían sido aportados, no figuraban en la relación de contratos correspondientes a las actuaciones en el tramo de Adamuz. Se trata de un contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia de los proyectos y obras de renovación de distintas instalaciones ferroviarias y de otro de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de energía de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La providencia también ha ordenado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba que identifique, con la mayor brevedad, al fabricante del tren Alvia implicado en el accidente y a técnicos o trabajadores de la empresa fabricante, así como de Renfe e Iryo, que puedan participar en un nuevo análisis e interpretación de los datos obtenidos de las unidades registradoras de los trenes accidentados. La jueza ha precisado que se procurará que sean profesionales distintos de los que intervinieron en la interpretación recogida en el informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

En relación con las solicitudes formuladas por la CIAF, la magistrada ha autorizado el acceso a los informes de autopsia con fines exclusivamente técnicos y bajo estrictas condiciones de confidencialidad. De este modo, el examen deberá realizarse en sede judicial, sin posibilidad de obtener copias o reproducir la documentación y preservando la identidad de las personas afectadas.

Asimismo, ha permitido el acceso al interior de los coches 6, 7 y 8 del tren de Iryo, que permanecen intervenidos judicialmente, para realizar un reportaje fotográfico, aunque la diligencia deberá desarrollarse bajo la supervisión de la UOPJ de Córdoba y adoptando las medidas necesarias para evitar cualquier alteración de posibles vestigios de interés para la investigación.

Respecto a la petición de recuperar el registrador de datos DEUTA del tren Alvia, la jueza ha aplazado la decisión hasta recibir un informe de los peritos judiciales sobre si dicha actuación resulta compatible con las diligencias periciales aún pendientes. Además, ha comunicado a la CIAF que el reportaje fotográfico elaborado por el Equipo Central de Inspección (ECI) todavía no ha sido remitido al juzgado.

La resolución incorpora, además, diversos oficios de la UOPJ relativos a la supervisión de trabajos realizados por Adif en cumplimiento de anteriores resoluciones judiciales, entre ellos actuaciones sobre el sistema de detección del comportamiento dinámico del pantógrafo, el almacenamiento de material en la base de Hornachuelos y trabajos de mantenimiento y adecuación en instalaciones de telecomunicaciones situadas en el entorno del túnel de Loma del Partidor.

Por otra parte, la magistrada ha vuelto a recabar informes periciales sobre la solicitud de Iryo para desprecintar y revisar los coches 1 al 5 antes de su traslado a la base de mantenimiento de La Sagra (Toledo), con el fin de determinar si esas operaciones podrían afectar a pruebas o vestigios relevantes para la investigación.

Asimismo, la jueza ha acordado incorporar al procedimiento el escrito presentado por Intermodalidad de Levante S.A. (ILSA), en el que solicita la participación de determinados técnicos en la futura diligencia de interpretación de los datos de las unidades registradoras, petición sobre la que resolverá una vez reciba la información solicitada a la UOPJ.

Finalmente, en dicha provindencia, la jueza autorizó practicar este lunes una inspección ocular judicial en el lugar del accidente con la asistencia de los peritos judiciales, el Ministerio Fiscal y la UOPJ de Córdoba para que los especialistas pudieran conocer sobre el terreno las características de la vía, el trazado y el resto de circunstancias relevantes que permitan valorar técnicamente la mecánica y la posible forma de producción del siniestro.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la exclusión del Ayuntamiento de Huelva como acusación popular en la causa del accidente ferroviario de Adamuz en un auto reciente, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio contra una decisión previa del juzgado de Montoro.

El tribunal ha seguido exactamente la misma línea que el auto dictado anteriormente para el Ayuntamiento de Punta Umbría, que también solicitó personarse en la causa. Fue el pasado mes de marzo cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro dictó un auto denegando la personación del consistorio onubense. El Ayuntamiento de Huelva interpuso un recurso de reforma y, posteriormente, un recurso de apelación, alegando su interés en la causa y basándose en informes de Servicios Sociales sobre la asistencia prestada a las víctimas de los hechos investigados

Sin embargo, los magistrados han confirmado el auto de Montoro, fundamentado su decisión en una doctrina jurisprudencial consolidada que observa con cautela cómo las administraciones locales intentan intervenir en procesos donde no son víctimas directas. En el texto, los magistrados señalan que “en los últimos tiempos se ha visto en la doctrina, con preocupación, que las personas jurídicas públicas parecen haber desarrollado una creciente vocación participativa en los procesos penales en los que no tienen la condición de ofendidos ni de perjudicados”. Esto llevaría a lo que se conoce como “hipertrofia acusatoria” y a que el proceso sea más lento y afecte a los derechos del acusado, quien “debería defenderse frente a dos entidades públicas, el Ministerio Fiscal y la persona jurídico pública”, las cuales “no son ofendidas por el delito y defienden intereses similares”. Para la Audiencia, es imperativo garantizar que “ninguna persona pueda verse acusada por una parte que carece de condiciones para ello”, asegurando así el principio de igualdad de armas.

El Ayuntamiento de Huelva había intentado justificar su presencia en la causa basándose en la asistencia prestada a los vecinos afectados a través de los Servicios Sociales. Sin embargo, el tribunal ha afirmado que dicha labor, aunque positiva, no otorga derechos procesales automáticos: “La prestación de asistencia por parte del Consistorio a los vecinos y familias afectados por los hechos no hace desplazar la ausencia del presupuesto legitimador por más encomiable y así lo es que sea dicho apoyo”. El auto aclara que la legitimación de una entidad local “no nace per se por la afectación de vecinos del municipio”.

Finalmente, la Audiencia concluye que no existe vulneración de derechos fundamentales, puesto que “los perjudicados están personados en la causa en defensa de sus derechos y, aunque huelgue decirlo, el Ministerio Fiscal en defensa de los intereses que constitucionalmente le están encomendados”. Con esta resolución, se confirma que el Consistorio onubense carece de legitimación para ejercer la acción popular en este caso concreto, sin que se hayan impuesto costas procesales por esta apelación.

Así las cosas, los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría quedan definitivamente fuera de la causa como acusación popular. Asimismo, también fueron rechazadas las solicitudes de personación del sindicato Alferro y de Iustitia Europea. Por el contrario, la jueza de Montoro sí ha admitido las acusaciones populares de Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, además de la personación de la Junta de Andalucía como actor civil.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de prisión de siete años y medio impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a un hombre por supuestamente agredir sexualmente con penetración a una mujer en estado de embriaguez en casa de un amigo.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación.

En concreto, se da por probado que los hechos ocurrieron en Córdoba entre la noche del 6 y el 7 de septiembre de 2019, cuando, tras coincidir en un pub de Córdoba capital, la víctima “comenzó a sentirse mal”, siendo acompañada por otra persona “a los servicios del establecimiento, donde vomitó, empeorando su estado hasta el punto de no poder mantenerse erguida”, lo que motivó su traslado al exterior del establecimiento.

“Ya fuera y tras negarse esta última a que los amigos avisaran a una ambulancia por miedo a la reacción de sus padres, decidieron trasladarla al domicilio” de uno de los amigos. Una vez en el referido domicilio, tras introducir a la víctima “en la bañera y mojarla para intentar reanimarla, la llevaron a uno de los dormitorios del piso, quitándole la ropa mojada” y dejándola “tendida en la cama” para descansar.

Según la resolución, una vez allí, el acusado entró en el dormitorio, “desnudándose e introduciéndose en la cama donde estaba tendida, penetrándola con el pene por la vía anal, bucal y vaginal, al tiempo que la agarraba para obligarla, pese a que ella intentaba apartarlo, si bien no lo consiguió debido al estado de aturdimiento y desorientación que seguía sufriendo por su estado de embriaguez”, llegando el acusado a “eyacular en su vagina”.

A consecuencia de los hechos relatados, la víctima sufrió “tres erosiones tipo arañazo en región escapular derecha, leve equimosis transversa en el dorso del brazo derecho, erosión superficial filiforme en región axilar derecha y pequeña solución de continuidad epidérmica tipo grieta localizada en borde externo a las seis horas y pocos milímetros en región anal, lesiones que han precisado para su sanidad una primera asistencia facultativa, habiendo sufrido cinco días perjuicio personal básico, sin ningún día de pérdida temporal de calidad de vida”.

Además de la pena de prisión, el procesado ha sido condenado a una orden de alejamiento sobre la víctima de 500 metros y de comunicación con ella durante nueve años, libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, por el tiempo de siete años y el pago de una indemnización de 200 euros por las lesiones sufridas y de 7.800 euros por el daño moral causado. Por otro lado, se ha absuelto al acusado de otro delito cometido sobre una de las acompañantes.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha desestimado la demanda presentada por una vecina que reclamaba al Ayuntamiento una indemnización de 10.082 euros por las lesiones sufridas tras una caída en una acera de la ciudad, al considerar que no existe responsabilidad patrimonial de la Administración y que el accidente se produjo en un lugar donde el desperfecto era perfectamente visible y evitable.

La sentencia, dictada el pasado 1 de julio, confirma íntegramente la resolución municipal que había rechazado previamente la reclamación de la afectada y declara que la actuación del Consistorio fue conforme a Derecho. Además, no impone las costas del procedimiento al entender que existen dudas jurídicas derivadas de resoluciones judiciales contradictorias sobre casos similares.

El origen del litigio fue una caída sufrida por la demandante sobre las 14:30, a plena luz del día, en una acera que presentaba un levantamiento provocado por las raíces de un árbol. Durante el procedimiento ha quedado acreditado que el desperfecto ocupaba aproximadamente una superficie de 80 por 80 centímetros y que el desnivel máximo apenas alcanzaba los 2,5 centímetros en una de las baldosas. Además, el juzgado ha considerado probado que existía espacio suficiente para transitar sin necesidad de pisar la zona deteriorada.

En el fallo, el magistrado ha repasado la doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Y, aunque ha recordado que el sistema español establece una responsabilidad de carácter objetivo, también ha insistido en que ello no significa que cualquier accidente ocurrido en la vía pública genere automáticamente el deber de indemnizar.

Por todo ello, el magistrado ha concluido que la demandante “debió extremar las precauciones, evitando pasar por esa parte de la acera y limitándose a la que se encontraba en buen estado o caminar con la debida precaución”, confirmándose así la legalidad de la resolución municipal que denegó la indemnización solicitada.