La Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena a seis meses de prisión para una mujer que sustrajo 700 euros en efectivo de una cartera que un cliente dejó olvidada sobre el asiento de una mesa del bingo ubicada en el centro de la capital. La Sección Segunda desestima así el recurso de apelación presentado por la procesada y confirma íntegramente la sentencia dictada por l Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba.

Según recoge la sentencia, los hechos tuvieron lugar durante la noche del 4 de mayo de 2024 en el Bingo Zahira, a donde acudió la víctima acompañada de su esposa. Ya dentro, se sentó en una de las mesas donde también se encontraba la acusada. En un momento dado, el hombre sacó su cartera con la intención de comprar varios cartones de bingo. Al volver a guardarla, por un descuido, la cartera se le quedó sobre el asiento del sillón sin que él se diera cuenta.

A los pocos momentos, el cliente se cambió de sillón, aunque dentro de la misma mesa. Fue entonces cuando la procesada, percatándose de lo ocurrido, acercó la silla en la que había quedado abandonada la billetera, la cogió y sustrajo los 700 euros que había en su interior. De inmediato, devolvió disimuladamente la cartera al asiento de donde la había cogido. Transcurridos solo unos minutos, la víctima se dio cuenta de que no llevaba encima su documentación. Al localizar la cartera en el sillón y comprobar su interior, descubrió que le faltaban los 700 euros que acababa de cobrar previamente por unos trabajos realizados, un dinero que no ha podido recuperar y que sigue reclamando.

El juzgado de instancia la condenó a seis meses de prisión por un delito menos grave de hurto, además de a indemnizar al hombre con el dinero que le sustrajo. En su recurso, la mujer alegó que no había pruebas suficientes para condenarla, que no se había acreditado la existencia del dinero sustraído y que solo se limitó a dejar la cartera en el sillón, sin tocar su contenido. Sin embargo, el tribunal ha considerado de vital importancia el atestado policial y, muy especialmente, las cámaras de seguridad del bingo. En las grabaciones examinadas se observa con claridad cómo la procesada introdujo la mano en la billetera olvidada, extrajo papel moneda y se lo guardó en el interior del sujetador, dejando posteriormente la cartera en el mismo lugar justo antes de que el hombre se diera cuenta de que la había perdido.

Por todo ello, los magistrados han confirmado la sentencia, aunque las costas han sido declaradas de oficio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha abierto la vía del indulto para un padre condenado por no pagar la pensión de alimentos de su hija menor. En la resolución, a la que ha accedido Cordópolis, el tribunal revisa la orden de alejamiento impuesta en primera instancia y plantea la posibilidad de indultar o suspender la pena para evitar que la niña quede desprotegida, dado que en la actualidad convive con él y ostenta su guarda y custodia.

El fallo estima de forma parcial el recurso de apelación presentado por el progenitor y reduce de un año a seis meses la prohibición de acercamiento a la menor al apreciar un defecto procesal en la actuación de la Fiscalía. Al mismo tiempo, la Sala mantiene la pena principal de seis meses de multa y la obligación de indemnizar a la madre con 10.664 euros por las cuotas adeudadas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2013, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Córdoba aprobó el convenio de divorcio de la pareja, fijando la obligación del padre de ingresar 248 euros mensuales para la manutención de su primera hija, que quedó inicialmente bajo la custodia de la madre. Sin embargo, el padre dejó de ingresar la cuota de marzo de 2021 y desatendió el pago de manera continuada desde abril de 2022 hasta el juicio, celebrado en octubre de 2025. Pese a que la defensa alegó dificultades económicas tras perder su trabajo y tener tres hijos más con su nueva pareja, los magistrados confirman que el acusado alternó empleos con subsidios de desempleo superiores a los 1.000 euros mensuales sin aportar un solo euro a la menor durante más de dos años, por lo que revalidan la condena económica.

La gran paradoja de este procedimiento radica en que, durante los años que tardó en tramitarse la causa penal, la realidad familiar dio un giro de 180 grados: la menor pasó a estar bajo la guarda y custodia legal del padre. Al constatar esta circunstancia antes del juicio oral, el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones e interesó la medida de alejamiento exclusivamente respecto de la exmujer.

Atendiendo a esa petición, la jueza de instancia no incluyó a la niña en la orden de alejamiento. Sin embargo, tras notificarse la sentencia inicial, la Fiscalía alegó un supuesto “error material” e impulsó un auto posterior para añadir también la prohibición de acercamiento hacia la menor durante un año.

La Audiencia subraya ahora que esa adición posterior fue irregular porque el juzgado no incurrió en ninguna omisión, sino que se limitó a resolver lo que las acusaciones habían pedido. No obstante, al tratarse de un delito de impago de pensiones, se debe aplicar por ley una orden de alejamiento respecto de la menor. Así, la Sala ha optado por reajustar la orden de alejamiento respecto a la hija, reduciéndola al mínimo legal de seis meses.

Dado que la jurisdicción penal no tiene competencias para retirar o modificar las medidas de custodia -materia reservada en exclusiva a Familia-, los magistrados han apelado directamente al juzgado que deba ejecutar la condena para que suspenda o adapte la pena basándose en el principio del interés superior de la niña, evitando así provocar una situación de indefensión o desamparo a la menor.

Al mismo tiempo, la Audiencia ha abierto la puerta a la tramitación de un indulto parcial ante el Ministerio de Justicia que deje sin efecto la prohibición de acercamiento mientras la menor continúe bajo el cuidado directo de su padre.

El abultado historial del conocido delincuente como El Gamba suma una nueva condena firme. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado íntegramente la resolución impuesta en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital, por lo que el procesado encadena su décima condena tras acumular cerca de dos décadas de actividad delictiva.

Los hechos que han motivado esta nueva sentencia se remontan a la mañana del 5 de mayo de 2023. Alrededor de las 9:50, el acusado se desplazó en un turismo hasta una vivienda situada en Almodóvar del Río. Lo hizo conduciendo el vehículo pese a carecer por completo de permiso, al no haberlo obtenido nunca, y acompañado por una mujer cuya identidad no pudo ser determinada.

Una vez en el lugar, saltó la valla perimetral de la finca para acceder al recinto exterior de la propiedad. Ya dentro, desvalijó parte de las pertenencias del inmueble apoderándose de cuatro neumáticos, un juego de llantas de un vehículo Mercedes-Benz, un gato hidráulico y una batería de coche. Para consumar el robo, su acompañante le auxilió desde el exterior recibiendo los objetos por encima del cercado para introducirlos rápidamente en el coche. Ambos se dieron a la fuga a continuación con el acusado nuevamente al volante. Los efectos sustraídos, que no han podido ser recuperados, fueron tasados pericialmente en 817 euros. Por estos hechos, fue condenado a un total de tres años y 11 meses de cárcel, tras aplicársele la agravante de reincidencia.

En su recurso de apelación, la defensa de El Gamba alegó que la pena era desproporcionada y que el inmueble no podía ser considerado una casa habitada. Sin embargo, la Audiencia sostiene que, gracias a las cámaras de seguridad, se pudo comprobar que el inmueble era una parcela. Sobre la desproporción de la condena, el tribunal ha mostrado su “estupefacción”, recordando que la jueza de instancia aplicó directamente el mínimo legal.

Con esta resolución, El Gamba alcanza las diez sentencias firmes desde 2008 y dictadas por órganos judiciales de Córdoba, Posadas y Badajoz por delitos de robo con fuerza, hurtos, sustracción de vehículos y conducción sin carné o con pérdida total de puntos. Además de las penas privativas de libertad, el condenado deberá indemnizar al propietario del chalé con 817 euros más los intereses legales.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará la semana que viene a cinco personas que se vieron involucradas en una pelea entre familias en 2025. En total, la Fiscalía pide 26 años de prisión entre todos, así como medidas de alejamiento y libertad vigilada.

Según el escrito del Ministerio Público, en el transcurso de la discusión, ambas familias portaban palos, piedras y cuchillos, agrediéndose mutuamente. Dos de los acusados golpearon con una piedra y con un cuchillo en la cabeza a otro procesado al tiempo que el padre de aquellos golpearon igualmente a este acusado con una hoz atada a un palo.

Durante esta agresión, dos personas acudieron a auxiliarlo, momento en que otro imputado le pegó al ya herido un puñetazo en la boca y con ayuda de un palo de madera asestó a otra persona un golpe en la cara a otra persona. Mientras se producía la pelea, dos de los acusados intentaron acabar con la vida de uno de los implicados en la pelea asestándole dos navajazos y golpeándole la cabeza con un hacha.

En consecuencia, la Fiscalía pide siete años de prisión para dos personas pro un delito de homicidio en grado de tentativa. Además, solicita una orden de alejamiento y de comunicación con respecto de la víctima durante diez años, junto a la medida de libertad vigilada.

Para esta víctima, que también está imputada, y para otro acusado, el Ministerio Público solicita tres años de cárcel por un delito de lesiones, así como una orden de alejamiento y de comunicación durante cinco años con respecto de otra víctima a quienes ambos investigados habrían agredido.

En esta última agresión habría participado un último acusado, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión y una orden de alejamiento y de comunicación durante cinco años acusado de un delito de lesiones. Además, se enfrenta a tres años de prisión por otro delito de lesiones y una multa de 600 euros por un delito leve de lesiones.

Un fallo en la calificación jurídica por parte del Ministerio Fiscal ha librado de la condena a una mujer acusada de gastar casi 11.000 euros de la anciana a la que cuidaba en Córdoba. La Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de la procesada, señalando que acusarla de un delito de apropiación indebida en lugar de estafa impide imponerle una pena sin vulnerar sus derechos fundamentales.

Según la sentencia facilitada por el TSJA, los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre febrero de 2021 y julio de 2022, cuando la acusaba cuidado de forma eventual a una mujer nacida en 1938 que vivía sola y cuyo estado de salud era precario. Durante ese tiempo, la cuidadora utilizó la tarjeta de crédito de la víctima para realizar múltiples compras en establecimientos y plataformas online, así como extracciones en cajeros automáticos (en ocasiones por importes superiores a los 400 euros), acumulando un total de 10.875,85 euros. Todas estas operaciones se realizaron sin el conocimiento ni el consentimiento de la titular.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba absolvió a la mujer, fallo que fue recurrido por la Fiscalía ante el TSJA. El Ministerio Público solicitaba que la mujer fuera condenada por apropiación indebida o, de forma subsidiaria, por un delito de estafa impropia, sosteniendo que la víctima le había entregado voluntariamente la tarjeta y el número PIN para hacer frente a los gastos del hogar.

Sin embargo, en la sentencia dictada por el tribunal andaluz se remarca que la resolución de la Audiencia estableció como hecho probado que la procesada usó la tarjeta de forma fraudulenta y sin consentimiento, pero en ningún momento acreditó que la anciana le hubiera entregado de manera voluntaria la tarjeta. Esta distinción es clave: mientras que la apropiación indebida exige que el acusado haya recibido el bien de forma legítima antes de apropiarse de él, el uso engañoso o no autorizado de una tarjeta constituye un delito de estafa.

Ante ello, el tribunal ha confirmado la absolución de la acusada y ha declarado de oficio las costas de la segunda instancia.

La plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado a Cajasur Banco a devolver 3.954,40 euros a un cliente que sufrió una estafa informática en su móvil. La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, condena además a la entidad al pago de los intereses y de las costas.

Los hechos se remontan a finales de septiembre de 2023, cuando el demandante detectó una serie de cargos no autorizados en su tarjeta bancaria por un importe total que inicialmente superaba los 18.000 euros. Aunque el banco logró detener y retroceder gran parte de las transacciones sospechosas, rechazó devolver el perjuicio económico final de casi 4.000 euros alegando que el usuario había incurrido en una “negligencia grave” al descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, infectando su terminal con un malware que capturó sus credenciales de acceso.

Frente a esta postura, la víctima, defendida por el despacho Cabrera Abogados, acudió a los tribunales sosteniendo que en ningún momento autorizó ni consintió dichas operaciones y que la responsabilidad debía recaer sobre el banco. En el fallo, la jueza recuerda que la responsabilidad en este tipo de operaciones no autorizadas es de carácter cuasi-objetivo para las entidades financieras, a las que corresponde probar que existió fraude o una negligencia grave por parte del usuario.

Además, la sentencia recalca que ser víctima de un engaño cibernético complejo no constituye negligencia grave y cuestiona el intento de la banca de desvincularse de los riesgos del canal móvil. “Ha sido la banca la que principalmente se ha beneficiado de las nuevas tecnologías: su uso le ha permitido abaratar costes mediante el sistema de que sean los clientes los que realicen materialmente las operaciones. Resulta justo que sea el banco el que se haga cargo de ese margen de riesgo que ha introducido el uso de las nuevas tecnologías”, recoge el fallo.

La cantidad que el banco deberá devolver al usuario se ajusta a la cuantía al importe real defraudado tras el bloqueo parcial ejercido por la entidad y las reclamaciones previas. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de cuatro años y un día de prisión impuesta a un hombre por un delito de abuso sexual cometido sobre la hija de tres años de una amiga en Córdoba capital. La resolución confirma asimismo la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Córdoba, que le impone seis años de inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad, remunerada o no, que conlleve contacto directo con menores de edad.

Los hechos sucedieron el 2 de enero de 2022. El procesado se encontraba en la vivienda de su amiga tras ser invitado a comer debido a la estrecha relación de amistad y confianza que mantennían. Aprovechando que la mujer subió un momento a la azotea a tender la ropa y dejó a sus dos hijos -de tres y cinco años- a su cuidado, el hombre sentó a la pequeña en su regazo con las piernas abiertas y le realizó tocamientos reiterados en la zona genital por encima de la ropa.

Al regresar, la madre sorprendió al hombre in fraganti. Tras presenciar la escena, la mujer trasladó inmediatamente a la menor al hospital. Aunque la progenitora relató los hechos ante el juzgado de instrucción, no los denunció ni ha ejercido la acusación particular. De hecho, pidió el archivo de las actuaciones para evitar que la niña pasara “por un trauma” y que “no quería saber nada más del tema”. Sin embargo, al tratarse de un delito perseguible de oficio que afecta a una menor, el Ministerio Fiscal asumió la causa hasta lograr la condena.

En la resolución del recurso, el TSJA ha rechazado la versión del procesado, quien alegó que solo intentaba “remeterle la ropa” a la niña, y concluye que el relato de la madre es plenamente veraz y que no existía ningún motivo para inventar una acusación de tal gravedad.

El cordobés que incendió la barra del bar Las Postas, ubicado en la Avenida de Cádiz del municipio sevillano Los Palacios y Villafranca tras pedir “mayonesa o kétchup” para su montadito y obtener una respuesta negativa por parte de los camareros, ha aceptado tres años y medio de cárcel, si bien enfrentaba una petición fiscal de once años de prisión.

Durante la sesión, celebrada durante la presente jornada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, este varón, a preguntas del fiscal, ha reconocido haber rociado la barra del bar con una botella de plástico llena de gasolina tras esta negativa, a sabiendas de que el establecimiento se encontraba repleto de clientes en ese momento.

Tras este reconocimiento y gracias a la conformidad de las partes personadas con las penas y hechos consensuados, la Fiscalía, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, ha rebajado de once a tres años y medio su petición de pena privativa de libertad.

Ello, al tener en cuenta además que este hombre abonó con carácter previo a la celebración de la cita y en concepto de responsabilidad civil por los daños causados un total de 9.245 euros.

Por ello, ha sido posible aplicar una atenuante cualificada de reparación del daño respecto al delito de incendio, que además ha sido valorado en menor grado y considerado de menor entidad.

El implicado, además, ha aceptado multas de algo más de 76 euros por cada uno de los dos delitos leves de lesiones, referidos a los daños causados a los camareros que en ese momento trabajan en el establecimiento. Finalmente, el juicio ha quedado visto para sentencia.

Cabe recordar que el propietario, en el momento de los hechos, comentó a esta agencia que en principio el hombre mostró “normalidad” ante la falta de ambas salsas.

“Pidió mayonesa y el camarero le dijo que no, porque no tenemos. Somos un bar que nos dedicamos principalmente a los desayunos, por la tarde tenemos copas, cafés y algún montadito por si alguien tiene hambre, poco más”, detallaba entonces el dueño del establecimiento, José Antonio Caballero.

La plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba ha solicitado un informe exhaustivo de la situación social y habitacional de las mujeres afectadas tras la clausura de un club de la capital, ubicado en Chinales, después de que la Policía Nacional haya situado allí una red de prostitución.

Hay que recordar que la clausura temporal del establecimiento se produjo el pasado 15 de octubre a petición de la Fiscalía de Córdoba. El objetivo de esta medida es neutralizar cualquier riesgo de reiteración delictiva mientras avanza la instrucción de la causa. Esta providencia de la jueza llega después de que el abogado de las investigadas solicitara una modificación parcial de la clausura dado que el cierre había dejado a las mujeres en una situación de “desamparo habitacional” al no disponer de un lugar alternativo donde dormir.

Por este motivo, el letrado solicitó, con carácter urgente, permitir la pernocta de las mujeres en sus habitaciones y el uso de los servicios básicos -manteniendo sellada la actividad comercial y prohibiendo la entrada de clientes- o, subsidiariamente, la intervención urgente de los servicios sociales de emergencia.

Ante esta solicitud, la jueza ha emitido una providencia requiriendo al Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Policía Nacional para que informe sobre tres cuestiones. En primer lugar, la magistrada quiere saber cuántas mujeres había en el club en el momento en que fue precintado. En segundo lugar, urge a que la Policía informe sobre si se les ofreció un lugar donde residir en el momento de la intervención, detallando qué alternativas se les propusieron y cuál fue la respuesta individual de cada una de ellas.

En tercer y último lugar, la jueza interesa saber si, actualmente, todas las mujeres tienen un lugar donde vivir. En el caso de que alguna carezcan del mismo, los agentes deberán hacer las gestiones oportunas con organizaciones o Servicios Sociales para que todas estén bajo techo.

Operativo de la Policía

El operativo policial inicial se saldó con la detención de siete personas en Córdoba y dos en Cáceres, interviniéndose 28.000 euros en efectivo, drogas y documentación. Ninguno de los arrestados ingresó en prisión preventiva, dictando el juzgado su libertad provisional con medidas cautelares como comparecencias quincenales, prohibición de salida del territorio nacional para una de las investigadas y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

De acuerdo con el atestado policial, la organización criminal operaba captando a mujeres en situación de vulnerabilidad en sus países de origen mediante falsas ofertas de empleo. Una vez en España, la red presuntamente las sometía a un control férreo de tarifas y horarios para forzarlas a ejercer la prostitución de manera ininterrumpida, las 24 horas de los siete días de la semana.

Tras la investigación, las actuaciones judiciales se han dividido en dos causas que han caído sobre dos juzgados diferentes. Por un lado, el de Violencia sobre la Mujer investiga el presunto delito de trata de seres humanos y, por otro, la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba tiene diligencias abiertas por un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

“Sin informador, no hay lucha contra la corrupción”. Con esta rotunda premisa, el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude (OAAF), Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha urgido en Córdoba a establecer mecanismos reales para proteger a quienes denuncian irregularidades frente al terrible miedo a sufrir represalias laborales o personales. Ha sido durante la inauguración de las jornadas sobre prevención del fraude y lucha contra la corrupción celebradas en el Colegio de la Abogacía, un foro en el que el jefe antifraude ha advertido de que la persona que da el paso de alertar “muchas veces se debate entre el miedo y la zozobra sobre si va a ser objeto de represalias”.

Durante su intervención, Sánchez Zamorano, que ha recordado sus 40 años de trayectoria como magistrado, ha subrayado que una buena parte de las denuncias que ha recibido su departamento se han registrado de manera anónima precisamente por ese temor a las represalias. Para abordar este reto democrático, el director adjunto de la Oficina, Manuel Pérez Piña, especialista en la materia, ha sido el encargado de abordar cómo se gestiona tanto la protección del informante como la denuncia anónima. Asimismo, Sanchez Zamorano ha querido reconocer expresamente el papel indispensable de los profesionales del derecho en este engranaje, ya que, tal y como ha aseverado, “sin abogados, no hay tutela judicial efectiva”.

Previamente, el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha defendido con firmeza que “una abogacía bien formada es una abogacía mejor preparada para asesorar, prevenir conflictos, identificar riesgos, proteger derechos y contribuir a que las actuaciones se desarrollen dentro del marco de la legalidad”. Arias ha reivindicado que los abogados y abogadas se han consolidado como “los primeros detectores de humo cuando se produce un tema” y actúan siempre como “el primer escudo” ciudadano frente a las irregularidades. Además, ha alertado de la gravedad de estos delitos, subrayando que el fraude y la corrupción “deterioran la confianza ciudadana, debilitan la credibilidad de las instituciones y afectan a la igualdad ante la ley”. Por ello, ha exigido que la colaboración entre organismos no sea una mera declaración de intenciones, sino que se traduzca en espacios reales de trabajo.

En esta misma línea de defensa de lo público, el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Córdoba, Jorge Fernández Gañán, ha remarcado que luchar contra el fraude ha significado “defender la confianza de los ciudadanos en las instituciones” y “proteger los recursos públicos”. Fernández ha explicado que “quien defrauda no solo incumple una norma, sino que está obteniendo una ventaja injusta frente a otros”, un comportamiento que perjudica directamente a aquellas empresas y profesionales que “actúan honestamente”. El delegado ha recordado las dos vías de actuación de la Agencia: el fomento del cumplimiento voluntario y la persecución implacable del delito. En este punto, ha aprovechado para alabar efusivamente la labor “a veces muy callada y muy soterrada, pero importantísima” del servicio de Vigilancia Aduanera frente al contrabando, el blanqueo y el fraude fiscal.

La apertura del acto ha sido clausurada por la secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Cañizares Castellanos, quien ha asegurado que desde la llegada de Vox a la Consejería de Justicia se ha asumido “el absoluto compromiso de intentar solventar los problemas” crónicos de la administración, reconociendo abiertamente “unos déficits de recursos humanos muy importantes”.

Para hacer frente a esta situación y dotar de medios a la justicia, Cañizares ha aportado cifras y medidas concretas, como los “236 refuerzos en toda Andalucía”, y ha anunciado se cubrirán “95 plazas judiciales y 36 de fiscales”. Igualmente, ha adelantado el compromiso autonómico de dotar de infraestructura y ordenadores a los nuevos despachos y de incorporar a 160 funcionarios. En estas jornadas también intervendrán el magistrado de lo Penal de Córoba José Ignacio Vilaplanza y el jefe de Vigilancia Aduanera de Córdoba, Antonio Sánchez Jiménez.

Multa para una multiservicios por vulnerar los derechos laborales de hasta 36 camareras de piso y limpiadoras de dos hoteles de Córdoba. Según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sanción que la Delegación Territorial de Empleo impuso a una empresa multiservicios por reducir descansos y vacaciones a estas trabajadoras que ejercían en los hoteles Córdoba Center y Ayre.

En ambos establecimientos, esta empresa está subcontratada de 2017 para las labores de limpieza de las zonas comunes. Tras una investigación realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se constató que esta mercantil imponía a su plantilla unas condiciones de trabajo inferiores a las fijadas por la legislación vigente y por el Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Hostelería de Córdoba.

En concreto, la Inspección de Trabajo detectó irregularidades directas en el régimen de descansos semanales y en el disfrute de las vacaciones del personal, vulnerando lo establecido en el artículo 84.1 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 14, 15 y 17 del convenio sectorial cordobés. Según tipificó Empleo, la empresa había cometido una infracción grave de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) con la agravante del volumen de trabajadoras afectadas tras confirmarse que el recorte de derechos alcanzaba a un total de 36 empleadas de ambos hoteles. Así, estipuló la sanción en 3.125 euros.

Tras ser sancionada por Empleo y ver desestimado su posterior recurso ante la Dirección General de Trabajo, la mercantil llevó el caso a los tribunales. Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba desestimó su demanda en marzo de 2024.

Ya entonces, la sentencia era firme, ya que las sanciones administrativas en materia laboral (a diferencia de las de Seguridad Social, cuyo límite es de 3.000 euros) solo admiten recurso de suplicación cuando su cuantía supera el umbral ordinario de los 18.000 euros. No obstante, en un último intento por anular la sanción, la emprea elevó un recurso de suplicación ante el TSJA alegando la “afectación general” del asunto. Es decir, la mercantil quiso convertir esta sanción en un conflicto colectivo dado el elevado número de afectados.

Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha inadmitido el recurso rechazando esta tesis, aclarando que un expediente sancionador a una empresa exige evaluar una responsabilidad individual y no genera por sí solo un conflicto colectivo. Al ser una infracción y sanción únicas impuestas a la mercantil, se excluye dicha excepción. No obstante, la sentencia del juzgado, ha insistido, era irrecurrible.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un hombre a diez años y diez meses de prisión como autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. La resolución, con fecha de 1 de octubre de 2026, rechaza de pleno el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado y confirma tanto las penas accesorias como las medidas de alejamiento y la indemnización fijadas a favor de la víctima.

Según los hechos probados, los abusos se cometieron en fechas indeterminadas entre el verano de 2018 y finales del verano de 2019. El condenado convivía desde el año 2013 con su pareja y los dos hijos menores de esta en una vivienda de la provincia de Córdoba. Aprovechando la situación de convivencia y el vínculo de confianza -ya que los menores lo consideraban como a un padre-, el procesado sometió a la niña, nacida en junio de 2008 y que contaba con diez y 11 años, a diversos actos de índole sexual.

Las agresiones se produjeron de manera reiterada en diferentes escenarios, como la piscina de la azotea del edificio, el interior de la vivienda familiar, el vehículo cuando el agresor recogía a la menor del colegio, e incluso en el transcurso de viajes familiares a destinos como Almería y Málaga. Las conductas incluían desde exigencias de tocamientos, masturbaciones y felaciones, hasta la visualización de vídeos pornográficos y rozamientos de carácter sexual sin penetración vaginal.

Como consecuencia directa de las agresiones sufridas, la menor experimentó un profundo cambio en su estado anímico, volviéndose triste, reservada y poco comunicativa, lo que requirió asistencia psicológica especializada. La situación salió a la luz cuando la víctima contó lo ocurrido a su madre y a su abuelo, lo que llevó a que la progenitora denunciara los hechos en agosto de 2020.

En su recurso a la sentencia de la Audiencia, la defensa alegó vulneración de la presunción de inocencia, señalando supuestas contradicciones y un posible móvil espurio por parte de la menor. Sin embargo, el TSJA ha desestimado estos argumentos, subrayando que el testimonio de la víctima ha sido estable, coherente y libre de contradicciones esenciales a lo largo del procedimiento. Además, ha tenido en cuenta las declaraciones de la madre y del abuelo de la niña relativas al cambio de conducta de la menor, y el informe pericial elaborado por la fundación Adima, que descartó alteraciones psicopatológicas, fabulación o presiones del entorno, calificando el testimonio como “probablemente creíble”.

Además de la pena de prisión, a la que se le aplicó la atenuante simple de dilaciones indebidas, la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, tutela o guarda durante seis años; una inhabilitación especial de 15 años para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores, la prohibición de aproximación a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio y de sus lugares de estudio o trabajo, así como de comunicación por cualquier medio durante 12 años; libertad vigilada durante seis años y una indemnización de 15.000 euros a la menos, además del pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.

Contra esta sentencia cabe la interposición de un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto a un camarero de Córdoba que había sido condenado a tres años y medio de prisión acusado de haber robado 90.000 euros del bar en el que trabajaba. Según el fallo del alto tribunal andaluz, no hay pruebas suficientes para condenar a este hombre de apropiación indebida, ya que lo único que se habría llevado serían 90 euros.

El acusado era camarero del establecimiento, ubicado en el polígono industrial Las Quemadas y donde principalmente se servía el menú del día a clientes. De media, se dispensaban entre 70 y 90 servicios a un precio cada uno que rondaba los nueve euros por menú. La relación con su jefe era de gran confianza, casi familiar, llegando al extremo de que, por la amistad que entre ambos existía, le autorizaba al camarero a apuntar los menús encargados y las cantidades recibidas de sus clientes en una libreta, cuyo contenido no se cotejaba con la facturación ni con el total de los menús servidos.

Tras ser despedido en julio de 2017, el propietario del bar denunció al trabajador alegando que, “aprovechándose de esa relación, así como del deficiente control contable, detrajo paulatinamente, al menos desde 2012”, la cantidad de 90.000 euros relativa a los menús cobrados.

En mayo de 2023, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al camarero a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida con la agravante de abuso de relaciones personales con la víctima, además de al pago de una indemnización por el dinero robado. Para fundamentar la condena, el tribunal valoró unas grabaciones de seguridad en las que se veía al trabajador coger varios billetes, así como declaraciones de clientes y compañeros que afirmaban haber visto al camarero guardar dinero en el bolsillo, no entregar tickets o acudir al baño con frecuencia.

Además, el tribunal apreció que el acusado había adquirido “un piso, un coche, un trastero y una parcela de terreno”, fallando que “la experiencia cotidiana demuestra que con los mismos resulta inviable sostener tales gastos”.

Frente a este fallo, la defensa del camarero -la letrada María del Mar Mingorance Moreno- interpuso un recurso que ha sido estimado íntegramente por el TSJA. En relación con las grabaciones de las cámaras, el camarero se habría adueñado únicamente de 90 euros, hechos por los que se le podría imputar un delito leve de hurto continuado. No obstante, el TSJA recuerda que no se le podía condenar por este delito dado que no era el objeto de la acusación.

Además, el tribunal señala que el informe pericial no pudo determinar la suma defraudada “por no disponer de una contabilidad o documentación fiables”, a la vez que reprocha que durante la investigación no se ahondara en determinar cuáles eran las fuentes de ingresos de este trabajador para criticar que adquiriera determinados bienes.

Por todo ello, concluye la sentencia del TSJA, persistiendo una duda razonable sobre la realidad de los hechos, el tribunal ha anulado la condena.

Nueva condena para el Ayuntamiento de Córdoba por deficiencias en el mantenimiento de la vía pública. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Consistorio a indemnizar con 3.171,50 euros, más los intereses, a una vecina que sufrió una aparatosa caída en la vía pública debido al mal estado de la acera.

Los hechos se produjeron durante la noche del 4 de octubre de 2024, sobre las 23:30, a la altura del número 44 de la calle Hermano Juan Fernández. Según consta en la resolución, la mujer tropezó y cayó al suelo repentinamente tras abandonar la terraza de un establecimiento de hostelería cercano. Como consecuencia del impacto, sufrió diversas lesiones, perjuicios personales y secuelas que un dictamen pericial valoró en un total de 6.343 euros.

Frente a la reclamación de la perjudicada, el Ayuntamiento y su aseguradora se opusieron al pago argumentando que el desperfecto era visible y conocido. Asimismo, un informe del Jefe de la Unidad de Mantenimiento de la Vía Pública intentó sostener que la caída se debió únicamente a una baldosa partida y suelta con un desnivel de apenas dos centímetros.

Sin embargo, el magistrado ha tumbado esta versión técnica a la luz de las pruebas fotográficas aportadas al expediente. De esta forma, en el fallo se señala explícitamente que la acera presentaba huecos y losas partidas y sueltas en un tramo continuo y defectuoso que ocupaba casi toda la zona de paso. Por tanto, el deterioro era amplio e irregular, por lo que la caída pudo producirse por cualquiera de las deficiencias o por el conjunto de todas ellas, agravado por la escasez de luz nocturna que provocaba el ramaje de los árboles de gran porte sobre las farolas.

Pese a este incumplimiento de las competencias de mantenimiento de la vía pública, el juzgado no ha atribuido la responsabilidad en exclusiva al Ayuntamiento. De este modo, razona que la propia viandante incurrió en una omisión de diligencia al no extremar la atención en su caminar por una zona cuyo mal estado le era conocido y en un horario de visibilidad reducida.

Por ello, el juez ha aplicado el criterio habitual de concurrencia de culpas al 50%, fijando la condena en 3.171,50 euros. La resolución es firme.

La disposición al entendimiento y el acuerdo que marcó el arranque del año en los juzgados de familia de la provincia de Córdoba ha cedido terreno al litigio. Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al segundo trimestre de 2026, publicados este lunes, las demandas entre exparejas para resolver las medidas que afectan a sus hijos -tales como la guarda y custodia, el régimen de visitas o la pensión de alimentos- han experimentado un fuerte rebrote en relación con los tres primeros meses del año.

El indicador más claro de este retorno al conflicto judicial se localiza en las uniones no matrimoniales. Si entre enero y marzo las demandas contenciosas (no consensuadas) para fijar las medidas reguladoras de los menores en parejas de hecho se habían desplomado a mínimos históricos con solo 64 expedientes, entre abril y junio la cifra ha saltado hasta los 100 pleitos, lo que supone un incremento del 56,25% en apenas tres meses.

Este incremento refleja un cambio de dinámica evidente. Mientras que en el primer trimestre los pactos amistosos en las parejas no casadas duplicaban a los litigios en los juzgados cordobeses (112 acuerdos frente a 64 juicios), en el segundo trimestre, la balanza ha tendido hacia la confrontación: los acuerdos amigables crecieron a un ritmo mucho más moderado (+15,2%, alcanzando 129 pactos), pero los enfrentamientos en el juzgado se dispararon.

En estos procedimientos de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, la falta de acuerdo obliga al juez de familia a intervenir de forma directa para dictaminar el modelo de custodia (exclusiva o compartida), la cuantía de la pensión de manutención y la atribución del uso de la vivienda familiar.

No obstante, según los datos del CGPJ, en el caso de los matrimonios, la provincia de Córdoba también ha experimentado un giro similar. En relación a los divorcios no consensuados, las demandas por la vía contenciosa han vuelto a repuntar un 12,87% en el segundo trimestre, elevándose a 114 litigios.

En el lado opuesto, las rupturas de mutuo acuerdo, que habían alcanzado una cifra de 203 firmas en el arranque del año, han descendido un 21,67% entre abril y junio, quedándose en 159 acuerdos.

La revisión de sentencias previas, lo que más crece en este segundo trimestre

Pese a todo, el dato más elevado dado a conocer este lunes por el órgano de gobierno de los jueces se encuentra en las demandas presentadas para modificar medidas sentenciadas en el pasado. Ya fuera para renegociar las pensiones alimenticias o para solicitar cambios en los regímenes de custodia y visitas, la actividad en este apartado se ha incrementado un 74,49% entre trimestres, pasando de 98 casos en el primer trimestre a 171 en el segundo.

Dentro de esta avalancha de revisiones de medidas, el conflicto es el claro dominante: de las 171 solicitudes registradas entre abril y junio, 118 fueron de no consensuadas y solo 53 se tramitaron mediante acuerdo previo.

En resumen, sumando divorcios, separaciones, nulidades, regulaciones de guarda y custodia y modificaciones de medidas, la actividad de los juzgados de familia en la provincia de Córdoba ha crecido un 21,22% en el segundo trimestre del año, pasando de los 589 procedimientos iniciales a un total de 714 intervenciones judiciales entre abril y junio de 2026.

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) ha pedido a la jueza que deje sin efecto su inclusión en la representación y defensa comunes de las acusaciones populares, que lleva el partido de ultraderecha Vox, en la causa por el accidente ferroviario de Adamuz. El sindicato ha mostrado además su discrepancia con la solicitud de Vox de citar como testigo a la investigadora Isabel López López, de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT).

En un escrito presentado ante la Plaza nº 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, el sindicato sostiene que la petición de Vox, fechada el 16 de octubre, se formuló en nombre de “la actuación común de las acusaciones populares” sin que SEMAF fuera consultado. Según su escrito, tampoco participó en la definición de su contenido ni dio su conformidad a la citación o al objeto del interrogatorio propuestos. El sindicato subraya que no se pueden presentar escritos en nombre de todas las acusaciones populares cuando ni siquiera han sido consultadas.

SEMAF considera prematuro acordar la citación en los términos planteados, porque podría afectar a la investigación técnica en curso. El sindicato aclara que no pide que se prohíba la declaración ni que la AITAT tenga un veto o una autorización vinculante, y reconoce que la pertenencia de la investigadora al equipo técnico no le impide declarar.

Eso sí, advierte de que el interrogatorio propuesto por Vox va más allá de reconocer la autoría de una comunicación. Incluye preguntas sobre comprobaciones del equipo, documentos y versiones examinados, verificaciones de autenticidad y trazabilidad, inferencias técnicas y la relevancia de las discrepancias para identificar soldaduras, además de una cláusula abierta sobre cualquier otra cuestión relacionada con los hechos. A su juicio, ello podría obligar a revelar información de una investigación técnica aún abierta y exigiría distinguir entre hechos conocidos personalmente por la investigadora y valoraciones técnicas. El sindicato no se opone a que el tribunal disponga de las comunicaciones pertinentes, pero pide que se compruebe su incorporación íntegra a la causa, evitando duplicidades y respetando la reserva cuando proceda.

En el segundo apartado del escrito, SEMAF afirma que el episodio evidencia una discrepancia concreta de orientación procesal, y no una diferencia ideológica. Sin sostener que toda decisión común requiera unanimidad, cita la doctrina del artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que exige una convergencia suficiente de intereses y de orientación procesal. Según el sindicato, coincidir en esclarecer el accidente no implica que todas las acusaciones deban solicitar las mismas diligencias ni compartir las decisiones de la dirección común.

Así, entienden que el auto de 8 de octubre de 2026 mantuvo a SEMAF como parte, pero canalizó su actuación a través de los profesionales designados por Vox, sin prever un mecanismo para expresar posiciones discrepantes. El sindicato, que ya ha interpuesto recurso de reforma y subsidiario de apelación contra esa resolución, pide que se deje sin efecto la unificación respecto de SEMAF, permitiéndole continuar con sus profesionales designados. Subsidiariamente, solicita que se mantenga provisionalmente su postulación propia hasta que se resuelva la incidencia y el recurso pendiente.

En el resto de sus peticiones, SEMAF pide que se haga constar que no se le puede atribuir conformidad con la solicitud de Vox y que no se acuerde por ahora la citación de la investigadora. Si la declaración alcanzara información reservada, solicita que se comunique previamente a la AITAT y que el tribunal resuelva de forma motivada sobre la necesidad, el momento y el alcance del interrogatorio, delimitando en su caso las materias.

La plaza dos de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de la capital por la inactividad administrativa en relación con el retraso en el pago de facturas derivadas del suministro de energía eléctrica prestado por la compañía Endesa. La resolución estima parcialmente el recurso de la mercantil y obliga al consistorio la obligación de indemnizar los intereses moratorios generados y asumir los costes de cobro.

Según la sentencia, el litigio arrancó el pasado mes de febrero después de que Endesa presentar un recurso contencioso-administrativo poniendo de manifiesto la inactividad del Ayuntamiento cordobés ante el impago de facturas de luz. En su escrito solicitaba el abono de los intereses de demora devengados desde el vencimiento de cada recibo, así como la correspondiente indemnización por los costes de cobro.

A lo largo del procedimiento judicial, el Ayuntamiento pagó las facturas a Endesa, pero la causa continuó abierta para determinar el derecho de la compañía a percibir los intereses derivados de la morosidad en la que había incurrido el Consistorio. La disputa entre este y la mercantil venía por determinar cuándo la institución municipal incurría en mora, es decir, cuándo empieza a incumplir el pago de una deuda. Por un lado, Endesa sostenía que los intereses debían computarse transcurridos 30 días desde la fecha de presentación de las facturas en el registro administrativo. Sin embargo, el Ayuntamiento de Córdoba argumentaba que el cómputo no debía iniciarse a los 30 días de la presentación, sino transcurridos ese periodo desde la fecha de aprobación de la conformidad de las facturas.

Para resolver este dilema, el juez ha acudido a la doctrina del Tribunal Supremo, dando la razón al Ayuntamiento en el criterio de cómputo: la mora no se inicia a los 30 días de presentar la factura, sino a los 60 días tras su registro (30 días de comprobación más 30 días para el abono). Sin embargo, dado que el Consistorio no aportó el desglose detallado de las liquidaciones de cada factura, el juzgado ha estimado parcialmente el recurso de Endesa.

Así, la cuantía exacta que el Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar a Endesa en concepto de intereses de demora se determinará en el periodo de ejecución de la sentencia o al dar cumplimiento voluntario al fallo, aplicando estrictamente el criterio de los 60 días fijado en la resolución. Además, el Consistorio ha sido condenado a pagar a Endesa 400 euros en concepto de indemnización por los costes de cobro, cifra que se incrementará con los intereses legales correspondientes hasta su completo pago. La sentencia es firme.

El juicio por la muerte de un hombre a manos de su cuñado en la barriada de Las Moreras no se celebrará de momento según lo previsto. La vista oral, señalada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba bajo el procedimiento del Tribunal del Jurado para arrancar este lunes y desarrollarse a lo largo de la semana, ha sido suspendida a última hora para permitir que las partes ultimen un acuerdo de conformidad, según ha podido saber Cordópolis.

De esta forma, la Fiscalía, la acusación particular -representada por la familia del fallecido- y la defensa del procesado se encuentran negociando los términos de un acuerdo que evitaría el desarrollo íntegro del juicio con jurado popular y fijaría de mutuo acuerdo las penas y las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Los hechos objeto de juicio se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, la víctima -R.R.E-. se encontró con su cuñada y la hija de esta, lo que desencadenó una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento verbal y un forcejeo entre ambos adultos. La situación pareció calmarse momentáneamente cuando la esposa de la víctima intervino para separarlos y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, J.M.P., este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones. Según la Fiscalía, “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato, solicitando para el procesado penas de 20 años de prisión, diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y alrededor de 38.000 euros para cada uno de los hijos de la víctima, además de otras cuantías destinadas a la madre y hermanos del fallecido.

Por su parte, la defensa del acusado rechaza la calificación de asesinato y sostiene que los hechos constituyen un delito de homicidio. En su escrito de defensa, la representación del acusado destaca que este confesó lo ocurrido ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al percatarse de que su mujer había sido agredida previamente. Asimismo, alega que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por “miedo insuperable” y en legítima defensa.

En caso de fructificar las conversaciones de conformidad a raíz de esta suspensión, las partes acudirán de nuevo a la Audiencia con un acuerdo cerrado para dictar sentencia firme.

Un militar destinado en la base de Cerro Muriano de Córdoba ha sido expulsado definitivamente de las Fuerzas Armadas. Tal y como ha podido saber este periódico, el soldado ingresó en el Ejército de Tierra en agosto de 2020, pero, al solicitar la renovación de su compromiso inicial, sus superiores decidieron que no era apto para seguir en el cuerpo debido a su mala conducta y continuas faltas de disciplina durante los dos años en los que estuvo en filas.

A través de una reciente resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado íntegramente el recurso planteado por el militar y ha respaldado la actuación de la Administración del Estado, al considerar plenamente acreditada su falta de idoneidad y su inadaptación al rigor y los valores de la vida militar.

El soldado ingresó en la institución en agosto de 2020. En febrero de 2022, al aproximarse el fin de su contrato inicial de dos años, solicitó la correspondiente renovación. Sin embargo, la Jefatura del Mando de Personal desestimó su pretensión tras analizar los informes emitidos por la Asesoría Jurídica del Cuartel General y por la Sección de Evaluación. Esta misma decisión fue ratificada en alzada en marzo de 2023 por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

En su escrito, el TSJA hace un exhaustivo análisis de todos los datos que obran en el expediente del soldado y que avalan su salida definitiva de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, el hombre obtuvo la peor calificación en su informe de evaluación personal (IPEC) en seis apartados fundamentales: carácter, relación personal, actitud ante el servicio, trabajo en equipo, actitud con los superiores y prestigio. En el resto de las facetas analizadas -como aptitudes físicas e intelectuales, fiabilidad o adaptación- tampoco superó la segunda peor nota, arrojando un resultado global claramente negativo firmado de forma unánime por los tres miembros de la Junta de Calificación.

En segundo lugar, en otoño de 2021, el soldado manifestó que “no se encontraba en condiciones” de participar durante seis meses en la misión internacional de paz que los militares de Cerro Muriano desempeñan en el Líbano. De hecho, rechazó formar parte del contingente, asegurando que prefería quedarse en Córdoba.

Además, el informe de la Asesoría Jurídica del Cuartel General expone que el soldado “no avisa a su superior de sus continuas faltas al trabajo, descuida su aseo personal, abandona sus obligaciones si no hay un mando presente y no colabora en las tareas colectivas, sino que deja el trabajo a sus compañeros y no realiza las tareas que le encomiendan sus superiores o lo hace tarde”.

Asimismo, el soldado cuenta en su historial con cuatro sanciones leves -que supusieron reprensión y multa- por infracciones relativas a la “inexactitud en el cumplimiento de las órdenes, descuido continuado en el aseo y vestimenta reglamentaria, falta de puntualidad y abandono temporal de los actos de servicio”. A todo ello se suma que, según el Capitán de Caballería jefe de su escuadrón, el soldado mostraba un «mediocre conocimiento de sus funciones, defecto de disciplina y actitud indeseable».

Por último, el coronel jefe de la Sección de Evaluación puso de manifiesto “la inhabilidad” del soldado “para sujetarse a la disciplina y al rigor de la vida militar”, desaconsejando su continuidad “porque no hay garantía de que responderá adecuadamente cuando las circunstancias pudieren exigirlo, siendo, por otro lado, más que dudosa su capacidad de sacrificio y esfuerzo”.

Cumplir las pruebas físicas no da “derecho automático” a continuar en las Fuerzas Armadas

Frente a todos estos argumentos, el soldado alegó en su demanda que contaba a su favor con informes médicos favorables, que había superado las marcas de las pruebas físicas y que carecía de antecedentes penales.

Sin embargo, el tribunal andaluz ha argumentado de forma tajante que no existe un “derecho subjetivo automático” a la renovación del compromiso para el personal de la escala de tropa y marinería temporal. Para la Sala, cumplir los requisitos médicos y físicos son “presupuestos indispensables, pero no suficientes” si no van acompañados de la declaración de idoneidad, concluyendo que “los hechos que narran los informes son, por sí mismos, de la gravedad suficiente” para ratificar la rescisión de su contrato.

Como consecuencia de la desestimación total de la demanda, el TSJA ha condenado al recurrente al pago de las costas del procedimiento, con un límite máximo de 300 euros más IVA.

Las tres personas detenidas este viernes por agentes de la Policía Nacional de Córdoba han sido puestas en libertad después de pasar a disposición judicial, según ha podido saber este periódico. Los arrestados están acusados de haber protagonizado una agresión contra otras dos personas a la salida de un pub del Vial Norte en la madrugada del 25 de septiembre de este año.

En concreto, esa madrugada los servicios de emergencias tuvieron que atender a dos personas que aseguraban haber sido víctimas de una paliza. Uno de ellos presentaba una herida por arma blanca en un glúteo.

Dos de los tres arrestados se han entregado este viernes en la Comisaría de la Policía Nacional de Campo Madre de Dios. El tercero ha sido detenido en su puesto de trabajo. Los detenidos, defendidos por la abogada cordobesa María del Mar Jiménez, han sido puestos a disposición judicial en la tarde de este viernes.

A última hora, el titular del juzgado número dos de Córdoba, en funciones de guardia ya que el caso lo lleva el número seis, ha dictado la puesta en libertad de los tres detenidos, a pesar de que la Fiscalía Provincial solicitaba su ingreso en prisión provisional. Los arrestados tienen una orden de alejamiento contra las víctimas, según las fuentes, a las que no pueden acercarse a menos de 300 metros.