El Grupo Popular tiene previsto proponer a la actual vicepresidenta primera del Parlamento y diputada por Cádiz, Ana Mestre, como nueva presidenta de la Cámara en sustitución de Jesús Aguirre, a quien, a su vez, su partido propondría como senador por designación autonómica, y ello al hilo de los cambios que en la Mesa del Parlamento implica el acuerdo suscrito la semana pasada entre el PP-A y Vox que posibilitó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Fuentes parlamentarias 'populares' consultadas por Europa Press han confirmado este viernes que el PP-A tiene previsto postular a Ana Mestre como presidenta del Parlamento una vez que tiene que ceder la vicepresidencia primera de la Cámara, para la que fue elegida el pasado 11 de junio y que ostentó ya en la pasada legislatura, en virtud del acuerdo de gobierno con Vox, que cede a dicho partido ese puesto en la Mesa del Parlamento.

De esta manera, la previsión es que Ana Mestre pase de vicepresidenta primera del Parlamento a ser propuesta como nueva presidenta de la institución, responsabilidad en la que sustituiría a Jesús Aguirre, quien, a su vez, sería designado como senador por parte del Parlamento andaluz a propuesta también del PP-A.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya anticipó este pasado jueves, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que dio a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz, de coalición con Vox, que Ana Mestre (PP-A), asumirá nuevas “responsabilidades” una vez que deje dicho puesto de vicepresidenta primera del Parlamento en virtud del acuerdo de gobierno que el PP-A y Vox, y dejó en el aire un posible relevo, en este contexto, en la presidencia de la Mesa de la Cámara andaluza, en manos actualmente de Jesús Aguirre.

El acuerdo que PP-A y Vox suscribieron la semana pasada contempla que Vox asumirá la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento, así como que el Grupo Popular cederá a dicha formación una de las cinco plazas de senadores por designación autonómica que le corresponden en la nueva legislatura.

De esta manera, Ana Mestre tendrá que dejar la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento para dar paso al representante que Vox elija para dicha responsabilidad, que está previsto que sea su diputada Beatriz Sánchez, que ya forma parte del órgano de gobierno de la Cámara como vocal, con voz pero sin voto.

Moreno ya anticipó “nuevas responsabilidades” para Mestre

Por este particular le preguntaron este jueves a Juanma Moreno, quien explicó que en este mes de julio --previsiblemente el día 23-- se celebrará un Pleno en el Parlamento en el que “se van a producir cambios en la Mesa”, y señaló que, en el marco de ese proceso, mantiene “una conversación abierta” con Ana Mestre, de quien auguró que, “sin duda alguna, asumirá responsabilidades” nuevas, “porque es una de las mujeres más capaces y preparadas que hay” en su equipo y con la que va a “contar siempre en distintas responsabilidades”, según subrayó.

Posteriormente, le preguntaron por los nombres que el PP-A propondrá como senadores por designación autonómica para esta legislatura, y expresamente si tiene previsto que el actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, sea uno de ellos.

Moreno respondió que en estos momentos se está “debatiendo” qué cuatro senadores va a proponer el Grupo Popular, si bien avisó de que lo que se proponga “va a estar muy vinculado a los acontecimientos que sucedan también con la Mesa del Parlamento y con otras decisiones, también, que se adopten en los segundos niveles de gobierno”.

El presidente de la Junta señaló que lo primero que quería acometer era la puesta en marcha del nuevo Gobierno, algo para lo que ya ha dado el primer paso con el nombramiento de los consejeros, y apuntó que “a lo largo de la semana que viene y la siguiente” se irán abordando otras cuestiones pendientes, con el objetivo, en todo caso, de que en este mes de julio se aborden “todas ellas”.

Moreno pretende así que a lo largo de este mes queden ya conformados los equipos de las consejerías, con sus viceconsejeros y secretarios generales, así como ya nombrados los delegados territoriales de la Junta en las provincias, y los cambios que se acometan en la Mesa del Parlamento y la designación de senadores autonómicos, según explicó él mismo.

“Lo que está claro es que nos iremos el 31 de julio con todo esto ya cerrado, para que el 1 de septiembre comencemos con un Gobierno absolutamente ya consolidado, con plenas facultades y a pleno rendimiento”, prometió Moreno.

El próximo miércoles, 15 de julio, hay convocada una reunión de la Mesa del Parlamento y otra de la Junta de Portavoces en la que podría quedar definido el orden del día del Pleno a celebrar la semana siguiente, en la que podría abordarse esos cambios en la Mesa y, también, la designación de los senadores que corresponde elegir al Parlamento andaluz.

Un problema que tiene a vecinos opinando de una u otra forma, con la posibilidad de que los votos de la mayoría hable, aunque tampoco se está de acuerdo en eso. El barrio del Zumbacón se encuentra inmerso en una controversia vecinal debido a la propuesta de implantación de una Zona de Aparcamiento Vecinal, lo que se conoce popularmente como zona naranja. Esta medida busca dar respuesta a una problemática que, según algunos, se ha agravado con los años: la saturación de los vehículos en las calles.

De hecho, el proyecto inicial, diseñado por el Ayuntamiento de Córdoba, contempla la creación de 257 plazas de aparcamiento de uso exclusivo para residentes en vías principales como la avenida de la Igualdad y calles como Balanzona, El Vacar o Villaharta. El sistema funcionaría mediante un control tecnológico avanzado en seis cámaras de lectura de matrículas que identificarían los vehículos autorizados. El horario de restricción propuesto para los no residentes sería de 18:00 a 7:00 en días laborables, y durante las 24 horas los sábados, domingos y festivos.

Y esto es el eje central del desacuerdo entre vecinos y, además, los trabajadores de la Cruz Blanca, la Casa Familia San Francisco de Asis. Por un lado, los primeros denuncian que personas de otros barrios y usuarios de pisos turísticos utilizan el Zumbacón como un “aparcamiento gratuito”, dejando al resto sin plazas cerca de sus hogares en un barrio compuesto mayoritariamente por edificios antiguos sin cocheras subterráneas. Por otro lado, los profesionales de la Cruz Blanca se queda sin parking para realizar su jornada laboral, sobre todo en ciertos turnos como el de la tarde o el de la noche.

Paralización del proyecto y el desacuerdo entre los vecinos

A pesar de que esta zona de aparcamiento residencial estaba lista para ser activada de inmediato, el proceso ha quedado paralizado tras detectarse un fuerte malestar entre un sector de los vecinos que asegura no haber sido consultado debidamente. Por tanto, la decisión final se ha pospuesto a una asamblea vecinal que se celebrará en septiembre, donde se votará si el bario adopta finalmente la zona naranja o mantiene el sistema actual.

Sin embargo, este periódico ha querido preguntar a todas las partes implicadas para saber en qué situación está la asamblea, si se ha convocado ya y quiénes decidirá el futuro de este proyecto en el barrio. Primeramente, Antonio Romero, presidente de la Asociación Vecinal El Zumbacón, ha defendido en Cordópolis que es una iniciativa que se ha trabajado desde 2022, cuando una encuesta reflejó que los vecinos estaban de acuerdo. El dirigente ha explicado que el objetivo es garantizar que todos los ciudadanos de este barrio puedan regresar de trabajar tarde y puedan encontrar sitio.

Pese a ello, Romero ha reconocido que ante la aparición de dichas voces críticas, lo más democrático es someterlo a votación. “La asamblea tendrá que respetar si sale sí o si sale no”. Ahora bien, esto también ha traído consigo polémica, ya que, según ha confirmado el presidente, únicamente los socios de la entidad vecinal tendrían derecho a voto en la asamblea de septiembre. Esta restricción ha sido calificada de “ilegal” por otros residentes, quienes sostienen que una asociación de apenas 40 miembros “no puede decidir sobre el futuro de un barrio entero”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha impulsado la medida como un proyecto piloto de sostenibilidad y mejora de la calidad de vida. El Consistorio justificó la intervención en el Zumbacón, un barrio de casas bajas donde las necesidades de aparcamiento son permanentes. No obstante, ante el conflicto surgido, el Ayuntamiento ha optado por la prudencia, esperando a que los vecinos alcancen un consenso antes de proceder con el pintado de las calles y la instalación de la señalética.

Fuentes municipales han confirmado a este periódico que la intención del Ayuntamiento sigue siendo escuchar a los residentes y ver qué piensan de la medida presentada, tratando de que el proyecto sea “vivo” y admita variaciones durante su maduración. El objetivo final del Gobierno local es evitar que el barrio se convierta en un “aparcamiento de otros barrios”, pero aplicando “prudencia y sentido común”.

Asimismo, Cordópolis acudió al barrio para saber el sentir de los vecinos. Y hay una doble variante. Por un lado, Manuel Cabanillas, Rafael Sueco, José Obregón, Juan Pérez, Soledad Luque y María del Carmen Recio son varios de los ciudadanos que se oponen frontalmente a la zona naranja, alegando que la medida “aislará” el barrio. Este grupo de personas han denunciado que la implantación de horarios restringidos impedirá que hijos, nietos o familiares puedan visitar a las personas mayores que viven en la zona, una población especialmente vulnerable en el Zumbacón. “Van a dejar solas a las personas mayores porque sus familias no podrán aparcar para venir a verlos”, lamenta uno de los residentes.

Aunque las quejas seguían sucediéndose con el paso de los minutos. Muchos vecinos aseguraban haberse enterado del proyecto de forma “extraoficial” o a través de carteles en comercios locales, denunciando que las gestiones se han hecho “a escondidas”. Además, han criticado que no se les haya pedido opinión directamente y temen que, tras la zona naranja, el Ayuntamiento acabe imponiendo nuevas tasas o impuestos por aparcar en sus propias calles.

Otra arista de este problema es el impacto económico en los negocios locales también es un punto de fricción. Un ejemplo es el de un taller mecánico de la zona, cuyo propietario ha explicado que necesita espacio en la calle para los vehículos de sus clientes y las grúas. Con la nueva regulación, el negocio se vería gravemente perjudicado al no poder estacionar coches fuera de su local sin riesgo de sanción, lo que, según sus palabras, le obligaría prácticamente a cerrar o trabajar en condiciones imposibles.

Hay vecinos a favor... pero se decidirá en septiembre

Aun así, no están todos en contra. Antonio Romero y Estrella Ruiz también reciben a este periódico en las puertas de sus casas para explicar que ellos no están ni de acuerdo ni en contra. Ambos ven cosas positivas y negativas de la zona naranja, pero apelan a una solución democrática. “Lo que voten en la asamblea los vecinos, pues eso se tendrá que adoptar. Para bien o para mal, lo que decida la mayoría así debería ser”.

El conflicto queda así en suspenso hasta la llegada de septiembre. La asamblea vecinal se perfila como un encuentro donde se decidirá el modelo de convivencia y movilidad para el Zumbacón. Mientras tanto, el barrio permanece dividido entre quienes ven en la zona naranja la solución al caos circulatorio y quienes la perciben como una medida que restringe su libertad y la de sus familias.

3 de julio de 1976. Juan Carlos I, rey de España, nombra a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Apenas habían transcurrido siete meses desde la muerte del dictador Franco y el Gobierno continuista de Arias Navarro se ve incapaz de conducir un país que reclama cambios políticos profundos. Desde diciembre se suceden las huelgas y las movilizaciones obreras lideradas por un sindicato clandestino que exhibe un músculo social creciente.

CCOO todavía es una organización ilegal pero convoca una asamblea general en Madrid con 2.000 delegados procedentes de toda España para los días 27, 28 y 29 de junio. Días antes el Ministerio de Gobernación hace público un comunicado prohibiendo taxativamente el acto. Al frente del departamento se encuentra un ministro gallego llamado Manuel Fraga Iribarne. “La organización ilegal llamada Comisiones Obreras ha anunciado públicamente, a través de algunos medios informativos, la próxima celebración de un congreso nacional”, indica el despacho ministerial. “Dado que a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las Comisiones Obreras son consideradas instrumentos del Partido Comunista de España, el Ministerio de la Gobernación se ve precisado a desautorizar dicho pretendido congreso (...) para lo cual ha cursado las pertinentes instrucciones prohibitivas”.

Está claro. El régimen franquista se atrinchera y se declara dispuesto a taponar cualquier vía de agua del sistema. Pero CCOO no se arredra. Renuncia al congreso de Madrid pero convoca una asamblea general en Barcelona para el 11 de julio. Ilegal, por supuesto. Reduce el número de delegados a 650 y organiza un dispositivo para evitar detenciones masivas. El lugar elegido para el desafío fue la iglesia de Sant Medir, en el barrio de Sants.

Francisco Ferrero tenía 25 años. Entró con 15 en la escuela de aprendices de Electromecánicas y antes de cumplir los 20 ya era un activo militante obrero y antifranquista. Para entonces CCOO se habían infiltrado en las estructuras del sindicato vertical y disputaba palmo a palmo la batalla proletaria en el nuevo orden político y social que estaba a punto emerger.

“La policía nos tenía fichados. Yo intervenía a menudo en el salón de actos del sindicato vertical en Gran Capitán y me tenían controlado”, recuerda Ferrero. El histórico sindicalista cordobés nunca tuvo un problema serio con la justicia, como sí le sucedió a muchos de sus compañeros, algunos de los cuales terminó entre rejas. En una ocasión fue identificado por la policía en una asamblea ilegal en Montoro y multado con 8.000 pesetas.

Ferrero fue uno de los ocho cordobeses que participaron en aquella histórica Asamblea de Barcelona del 76, que ahora celebra el 50 aniversario. Su memoria alcanza a recordar algunos nombres de aquel viaje memorable: Manuel Caballero, José María Fuentes, Rafael Laguna, Antonio Santacruz, Santi Marzo, Manolo Rubia y quizás también Laureano Mohedano. Puede ser que alguno más.

Salieron en dirección a Cataluña en dos coches. Ferrero iba en el Seat 127 verde de Manolo Caballero. Entonces plantarse en Barcelona era una odisea. En algún lugar de Castilla la Mancha hicieron noche. Solo recuerda que se trataba de un área de servicios de una gasolinera. Detuvieron el coche y se echaron a dormir. Unos dentro del vehículo y otros en el suelo puro y duro.

Lo que recuerdo es que hacía un calor tremendo en la Asamblea de Barcelona

Francisco Ferrero — Ex secretario general de CCOO en Córdoba

“Como éramos tan demócratas, lo echamos a suertes”, rememora Manolo Caballero en conversación telefónica. “Y me tocó dormir en el suelo”, asegura con sorna el dueño del vehículo. Caballero tenía 26 años y trabajaba como administrativo en el Banco Vizcaya del Bulevar. Hijo de un trabajador de Electromecánicas y de familia republicana, el joven sindicalista ya militaba en CCOO y frecuentaba los círculos antifranquistas de Córdoba.

En la oficina bancaria el sindicato clandestino gozaba ya de una notable influencia. Allí coincidió con José Luis Villegas, que años después se convertiría en concejal comunista del Ayuntamiento. “En el banco había un nido bueno de rojos, pero teníamos buen cartel y el respeto de la empresa”, afirma.

Manolo Caballero sí probó la crudeza de los calabozos de la comisaría. Tras una asamblea del sindicato vertical, tres agentes de la policía lo interceptaron junto a Manolo Rubia y José María Fuentes. Le pidieron la documentación, lo registraron y le preguntaron por el megáfono que se acababa de usar en la concentración del Bulevar. Fue detenido y pasó tres días en dependencias policiales. Fue asistido por los abogados Filomeno Aparicio y Juan Muñoz Saro, mientras una marcha organizada desde Electromecánicas exigía su inmediata puesta en libertad.

La Asamblea de Barcelona fue un punto de inflexión en la historia de CCOO. Más de 600 delegados de toda España celebraron el primer gran cónclave para dirimir si se constituían ya como sindicato o exploraban fórmulas de unidad obrera con el resto de organizaciones, principalmente la UGT. La reunión estuvo presidida por el sindicalista catalán Cipriano García y contó con la presencia de los históricos Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y Juan Muñiz Zapico.

“Hacía un calor tremendo”, recuerda Ferrero. “Tanto que mucha gente se quitaba la camisa”. El debate fue impetuoso y bronco. Y se impuso la tesis de Marcelino Camacho favorable a la inmediata constitución del sindicato. “Lo respaldó la inmensa mayoría. Yo creo que un 90% de los delegados”, puntualiza el sindicalista histórico, que dirigió CCOO en Córdoba durante 12 años.

“Fue una reunión muy importante, participativa y guerrera”, subraya Manolo Caballero. “Íbamos muy motivados a Barcelona. El dilema era seguir como movimiento obrero o fundirnos con UGT y otros sindicatos”. En aquel momento de tímida apertura política, la filial socialista recibía un tratamiento más benevolente del régimen. Aunque también eran ilegales, el Gobierno de Arias Navarro les había permitido celebrar un congreso en abril del 76. “A CCOO, sin embargo, nos habían denegado la autorización”, protesta Caballero.

La sensación ya era que la dictadura se estaba terminando

Manuel Caballero — Sindicalista de CCOO

Tras la Asamblea de Barcelona, la Transición democrática se aceleró. CCOO activó la organización territorial en toda España. En Córdoba, pocas semanas después, se celebró la reunión fundacional del sindicato en los sótanos del supermercado Deza en la Avenida de Granada. “La sensación era que la dictadura se estaba terminando. El régimen iba a menos”.

El 27 de abril de 1977 CCOO fue oficialmente legalizada. Dieciocho días antes había salido de las catacumbas el PCE. España pasaba página tras una feroz dictadura de 40 años. De aquellos 650 delegados sindicales que dieron vida a la histórica Asamblea de Barcelona, apenas 60 vuelven medio siglo después a Cataluña para celebrar una fecha clave.

De Córdoba regresan cuatro: Francisco Ferrero, Manuel Caballero, Antonio Santacruz y José María Fuentes. Ya no lo hacen a bordo del Seat 127 verde ni dormirán en el suelo. Ahora viajan en AVE y se alojan en hotel. Nada que ver con aquella aventura irrepetible de una España que estaba empezando a despertar.

La asociación protectora Galgos del Sur, con sede en Villafranca de Córdoba, trabaja desde 2010 en el rescate de perros abandonados, principalmente, de razas de caza como galgos y podencos andaluces, desechados tras el fin de cada temporada. En el primer semestre de este año, esta protectora ha rescatado a un total de 209 perros, que cuidan en sus instalaciones y a los que buscan familias que los adopten. Y, muchas de ellas, acaban llegando a países de Europa, donde existe una alta conciencia sobre el bienestar de los animales y se roza el abandono cero.

Desde Córdoba, muchos de esos perros son adoptados por personas de países como Holanda, Alemania, Bélgica, Finlandia, Suiza, Reino Unido, Francia e Italia, explica a este periódico el cofundador de Galgos del Sur, Javier Luna. “Muchos de ellos son países concienciados con el bienestar animal y quienes nos contactan son conocedores de la situación de los perros de caza abandonados. Están muy concienciados y les ofrecen una nueva oportunidad”.

Esa nueva oportunidad llega con los perros que esta protectora cordobesa recoge. Este año, en el primer semestre, ya han recibido 209 perros, “una cifra bastante alta, teniendo en cuenta que en todo el año 2025 fueron un total de 280”, apunta Luna. El 90% de estos perros son galgos o podencos y llegan a manos de la protectora cuando son “desechados” y ya no son útiles tras el fin de la temporada de caza. “Pero, ya no solo recogemos perros en febrero cuando acaba la temporada, ahora estamos recibiendo hasta en verano, en cualquier época”, advierte.

Algunos de los perros son “cedidos” directamente por los galgueros, cuando ya no los utilizan, y contactan con Galgos del Sur para que acaben en sus instalaciones. Otras muchas veces, los perros son rescatados al encontrarlos abandonados. “No llevan microchip y así no se puede dar con el dueño”, explica Luna sobre quienes realizan esa práctica de abandonar a los perros. Aparte, la protectora colabora muchas veces con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, cuando hay rehalas decomisadas por su estado de abandono, y se hacen cargo de esos perros, como casos recientes ocurridos en Hornachuelos o Lucena.

Visita de preadopción

Los perros son tratados y recuperados por Galgos del Sur en sus instalaciones, con capacidad para hasta 120 animales y acompañamiento de personas desde las 7:00 hasta las 23:00, además de vigilancia nocturna. A la puerta de estas instalaciones -ya sea físicamente o a través de internet-, llaman quienes quieren adoptar a uno de estos perros, ya sea desde España o el resto de Europa.

“El proceso de adopción busca que el animal encuentre un sitio digno, ya sea en España o el extranjero. Los animales son familia”, explica el responsable de la protectora sobre el objetivo de la asociación. Para lograr ese objetivo, la asociación constata con una visita a la casa de la familia que adopta que se adapta a poder tener un perro en condiciones adecuadas: “Si es en España, hacemos una visita de preadopción con voluntarios que tenemos por todo el país. Si es en el extranjero, la visita la realiza algún responsable de asociaciones protectoras con las que colaboramos allí”.

Y en esa visita se fijan en que el animal encuentre un hogar, donde tenga un bienestar adecuado, así como seguridad para evitar que pueda escaparse o tener un accidente. “Se mira si hay que poner una malla en una terraza o subir la altura de una valla”, pone como ejemplos Luna. Una vez conseguido el ok, el animal se prepara para el viaje: “Va esterilizado, con el microchip y una analítica” que muestra su salud. Y viaja en un transporte especializado y autorizado, además de acondicionado para el animal.

Al final de ese largo viaje desde el sur de España, al perro le espera su nueva familia y una nueva vida. Un final que en Galgos del Sur llevan escribiendo ya desde hace más de 15 años y que hace posible que los perros que son abandonados encuentren un hogar donde pasar el resto de sus días.

La decisión del Ayuntamiento de Córdoba de solicitar a la Junta de Andalucía que estudie el ejercicio del derecho de retracto sobre los antiguos cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia ha reabierto un nuevo debate jurídico sobre el alcance real de esa figura prevista en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

El alcalde, José María Bellido, remitió este miércoles un escrito a la Consejería de Cultura en el que sostiene que la Administración autonómica podría subrogarse en la compraventa de los tres inmuebles al considerar que se encuentran dentro del ámbito del Conjunto Histórico de Córdoba y que la transmisión se habría producido sin la comunicación previa prevista en el artículo 17 de la Ley 14/2007.

En el posterior Pleno, Bellido insistió varias veces en que es la Junta la que tenía ese derecho preferente a adquirir los tres cines sobre el Ayuntamiento, a pesar de que él mismo, como alcalde, renunció dos veces a ejercerlo sin mencionar dicha preferencia en ningún momento del proceso (ni en 2025, ni en 2026, cuando finalmente el empresario Antonio Amil compró los cines).

Este viernes, fuentes de la propia Delegación Territorial de Cultura y Turismo han confirmado a este periódico que ninguno de los cuatro cines de verano de Córdoba —Delicias, Fuenseca, Olimpia y Coliseo San Andrés— figura inscrito individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni forma parte de manera individual del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

Ese dato resulta relevante porque el artículo 17 de la Ley de Patrimonio Histórico limita expresamente el derecho de tanteo y retracto a los bienes inscritos en el Catálogo General. En el caso concreto de los Conjuntos Históricos, como ocurre con el casco histórico de Córdoba, la norma restringe además esa posibilidad a tres supuestos: inmuebles inscritos individualmente en el Catálogo General, aquellos expresamente señalados en las instrucciones particulares o los que, además de encontrarse dentro del Conjunto Histórico, estén incluidos en los catálogos urbanísticos y formen parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

La confirmación de la Junta implica que los antiguos cines no cumplen, al menos, dos de esos requisitos esenciales, al no estar inscritos ni en el Catálogo General ni en el Inventario autonómico. Queda por dilucidar si, por el hecho de que formen parte del Conjunto Histórico de Córdoba y que éste sí goce de protección patrimonail, le otorga al Gobierno Andaluz la capacidad de ejercer el derecho de retracto. Desde el Gobierno Andaluz, por el momento, solo han dicho que ésta es “una cuestión interpretable” que aún no se ha valorado.

Una cuestión ya planteada tras la compraventa

La posibilidad de que la Junta pudiera intervenir en la operación ya fue analizada por este periódico cuando se supo que se había formalizado la venta de los inmuebles el pasado mes de mayo. En aquel momento, Cordópolis consultó tanto con el Gobierno Andaluz como con expertos jurídicos que participaron en la operación.

Estos últimos transmitieron entonces que la notificación remitida a la Administración autonómica tuvo un carácter exclusivamente formal, al entender que la Junta carecía de herramientas legales para ejercer un derecho de adquisición preferente sobre unos inmuebles que no cuentan con protección patrimonial autonómica específica.

Esas mismas fuentes sostenían que la protección de los cines es exclusivamente urbanística. Los tres recintos aparecen recogidos en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH) dentro del Catálogo de Bienes Protegidos con la calificación de “jardines públicos”, una figura que preserva el destino general de los espacios, pero que no equivale a su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni en el Inventario de Bienes Reconocidos.

Esa protección urbanística impide determinadas transformaciones urbanísticas, pero no activa por sí sola el régimen de tanteo y retracto previsto en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. El Ayuntamiento, sin embargo, ahora sostiene que la Junta debería, como mínimo, estudiar si esto es así.

La interpretación del Ayuntamiento y la del propietario

El Ayuntamiento sostiene que concurren las circunstancias necesarias para que la Junta estudie el ejercicio del derecho de retracto y ha pedido formalmente a la Consejería que analice la operación. El portavoz del Gobierno municipal y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha defendido desde que trascendió la compraventa que el Consistorio no podía intervenir directamente, en base a dos informes.

Esos dos informes son uno de 2024 del secretario del Pleno centrado en si el Consistorio podría llevar a cabo la actividad de cines de verano y otro de este año 2026 centrado en los efectos que tenía el cambio de propietario en el alquiler para eventos municipales de los cines que mantiene desde hace años el Gobierno Local. La realidad es que ninguno de esos dos informes mencionan en ninguna parte que es la Junta de Andalucía la que tiene preferencia en el derecho de tanteo y retracto.

Por su parte, el actual propietario insiste en que toda esta cuestión se estudió desde el principio y que la Junta de Andalucía no tiene el derecho de tanteo y retracto, que corresponde al Ayuntamiento por tener alquilados los cines hasta octubre (de hecho, Amil ha avanzado que en los próximos días volverá a ofrecerles el derecho de tanteo, ya que ha recibido una nueva oferta de 850.000 euros por los cines y entiende que el Consistorio tiene preferencia sobre el posible comprador).

En cualquier caso, el Ayuntamiento lo que ha pedido es que sea la Administración autonómica la que deba pronunciarse sobre esa interpretación jurídica y determinar si concurren o no los presupuestos legales para ejercer el retracto solicitado por el Ayuntamiento. Si la Junta dice que sí, técnicamente estaría dentro del plazo de seis meses para adquirirlos por 300.000 euros (ese fue el precio por los que los compró Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo). Si dice que no, el capítulo se tendrá que dar por cerrado.

La Junta pide tiempo

Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por este periódico evitan adelantar cuál será el criterio jurídico definitivo sobre la petición remitida por el alcalde y recuerdan que el departamento acaba de iniciar una nueva etapa tras los recientes cambios en el Gobierno andaluz.

“Es un tema que se va a estudiar y que queremos ver con todas las garantías, pero es que aún no ha dado tiempo”, señalan las mismas fuentes, que piden paciencia hasta que el nuevo equipo de la Consejería de Cultura tome posesión y pueda analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento antes de adoptar una decisión.

La Coordinadora “SOS Cines de Verano” ha denunciado públicamente la última “carambola” del Alcalde de Córdoba al trasladar a la Junta de Andalucía la responsabilidad sobre el derecho de retracto de los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias. “Solo busca ocultar que el propio Alcalde renuncié en su dia a ejercer el derecho de compra directa, despachando a los herederos de Martin Cafiuelo con una simple carta de renuncia desde la Alcaldia sin haber pasado dicha decision por la Junta de Gobierno, como marca la ley”, recalca la organización.

La Coordinadora califica de “táctica de distracción” el hecho de exigir ahora a la administración autonómica que asuma el riesgo legal y económico, mientras los cines permanecen cerrados otra temporada más. “”Conviene recordar el valor de lo que esté en juego. Los cines de verano de Cérdoba nacieron en 1923 y vivieron su edad de oro en los afios cincuenta y sesenta, cuando llegaron a coexistir mas de treinta salas simulténeas, una por barrio. Hoy Cérdoba es la Unica ciudad de Espafia que conserva cines de verano centenarios en activo, integrados en su trama urbana histérica —un patrimonio que ni Sevilla ni Mélaga pueden igualar. No hablamos de solares vacios ni de un capricho vecinal: hablamos de patrimonio etnolégico vivo y de memoria colectiva de la ciudad“.

Ante esta situación, la plataforma plantea dos interrogantes críticos a la administración local:

La Coordinadora “SOS Cines de Verano” ha calificado el proceder municipal como “intolerable”. “Desde SOS Cines de Verano no vamos a permitir que los cines sean una patata caliente en el juego político entre las administraciones. Por tanto, exigimos la declaración BIC inmediata de los cuatro cines como blindaje absoluto y su compra forzosa para que pasen a ser un bien público y su reapertura inmediata bajo una gestión que garantice, por encima de todo, su uso cultural como cines de verano.

Asimismo, han manifestado su preocupación por la reciente moción de PP y Vox sobre “refugios climáticos e islas verdes”, insistiendo en que el uso primordial de cine de verano no debe verse comprometido por otros fines.

La Coordinadora reitera su voluntad de seguir movilizándose y agotando todas las vías legales para asegurar la protección definitiva y la reapertura de este patrimonio histórico de Córdoba.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha conmemorado hoy el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio con un acto institucional en el que ha reivindicado la necesidad de impulsar una reforma estructural de la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ha reconocido públicamente la trayectoria de los profesionales que cumplen 25 años de permanencia en el Turno de Oficio y ha presentado el nuevo Canal de Participación para la mejora del Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, una iniciativa destinada a incorporar las propuestas y experiencias de la Abogacía y de la ciudadanía para seguir fortaleciendo este servicio esencial.

Durante su intervención, el decano del Colegio, Carlos Arias, destacó que la Justicia Gratuita constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y subrayó que el verdadero valor del sistema reside en el compromiso de los cientos de abogados y abogadas que garantizan el derecho de defensa los 365 días del año.

Arias recordó que este año se cumplen treinta años de la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y defendió que ha llegado el momento de afrontar una reforma profunda del sistema que permita responder a la realidad social y judicial actual. “La Abogacía no reclama privilegios. Reclama una Justicia Gratuita fuerte, moderna y preparada para afrontar los retos del presente y del futuro. Porque cuando se debilita la Justicia Gratuita, quienes realmente pierden son los ciudadanos”.

En este sentido, el decano reivindicó una nueva regulación que garantice una financiación suficiente y estable, unas retribuciones acordes con la responsabilidad que asumen los profesionales de la Abogacía de Oficio, el reconocimiento de todo el trabajo efectivamente realizado, una mayor homogeneidad territorial y una organización capaz de responder a las nuevas necesidades del servicio.

Más actividad y nuevos retos para el Turno de Oficio

La diputada responsable del Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, Sofía Fuentes, explicó durante el acto que el servicio continúa experimentando un importante incremento de actividad y destacó el trabajo que diariamente desarrollan tanto los profesionales de la Abogacía como el propio Colegio para garantizar una respuesta permanente a la ciudadanía.

Durante los seis primeros meses de 2026, el Colegio de la Abogacía de Córdoba ha registrado 9.408 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, frente a las 8.498 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento superior al diez por ciento.

En ese mismo periodo se han realizado 5.556 asistencias a personas detenidas, frente a las 5.290 registradas durante el primer semestre de 2025, mientras que las designaciones penales han pasado de 3.868 a 4.204, confirmando la tendencia creciente de la actividad del servicio.

Especialmente significativo resulta el incremento experimentado por el Turno especializado de Violencia sobre la Mujer, que ha realizado 519 asistencias durante los seis primeros meses del año, un 26 % más que en el mismo periodo de 2025 y la cifra más elevada de los tres últimos ejercicios.

Durante su intervención, Fuentes recordó que detrás de estas cifras existe un importante trabajo organizativo y de coordinación que muchas veces permanece invisible para la ciudadanía.

Además de la actividad asistencial, puso en valor la labor que desarrolla la Comisión de Justicia Gratuita del Colegio, integrada por profesionales que se reúnen periódicamente para estudiar expedientes, resolver incidencias y adoptar acuerdos que contribuyen al correcto funcionamiento del servicio.

La responsable del Turno de Oficio se refirió también a algunos de los principales retos afrontados durante el último año, entre ellos la adaptación derivada de la nueva organización territorial de determinados órganos judiciales, el incremento del número de guardias en la provincia —que ha permitido reforzar la asistencia diaria en los distintos partidos judiciales— y la puesta en marcha del nuevo servicio de conciliación impulsado por la Consejería de Justicia para procedimientos civiles en los que una de las partes tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Un nuevo Canal de Participación para seguir mejorando el servicio

Uno de los momentos centrales del acto fue la presentación del nuevo Canal de Participación para la mejora del Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, una iniciativa impulsada por el Colegio con la que se pretende abrir un espacio permanente de escucha activa y participación.

El Canal permitirá recoger propuestas, experiencias y sugerencias tanto de los profesionales de la Abogacía como de los ciudadanos que hayan utilizado el servicio, con el objetivo de incorporar ese conocimiento a la mejora continua de la Justicia Gratuita.

El Colegio recordó que esta herramienta, disponible en la web del Colegio - https://icacordoba.com/secciones/tu-experiencia-mejora-la-justicia-gratuita - no constituye un canal de reclamaciones o denuncias, sino un espacio de participación constructiva orientado a identificar oportunidades de mejora, compartir buenas prácticas y fortalecer la calidad del servicio desde la experiencia de quienes mejor conocen su funcionamiento.

Homenaje a 25 años de compromiso con el Turno de Oficio

El acto concluyó con la entrega de los reconocimientos a los profesionales que este año cumplen 25 años de permanencia en el Turno de Oficio.

Durante este homenaje, el decano destacó que detrás de ese cuarto de siglo de servicio existen “cientos de guardias, miles de asistencias y una forma de entender la Abogacía basada en el compromiso con las personas y con la defensa de sus derechos”.

En esta edición han este reconocimiento los siguientes colegiados y colegiadas: Arturo Guzmán Teughels; Aurora Ruiz López; Álvaro González-Astolfi Infante; Carmen Palacios Lebrón; Francisco José Simón Sánchez; Gonzalo de los Ríos Romero; Juana María del Carmen Gaitán Lora; Luis María Cornejo Domínguez; María del Carmen Palma del Moral; María Dolores Leal Reyes; Pedro José Cantos Luque y Rafael Jesús Molina Arévalo

El Colegio de la Abogacía de Córdoba quiso agradecer públicamente la dedicación, disponibilidad y vocación de servicio de todos los profesionales homenajeados, destacando que su labor constituye una de las mejores expresiones del compromiso social de la Abogacía y una garantía imprescindible para que el derecho a la asistencia jurídica gratuita siga siendo una realidad efectiva para quienes más lo necesitan.

José Luis Delgado ya ha tomado posesión de su cargo como nuevo Jefe de la Policía Local de Córdoba en un acto celebrado en la Sala Orive. Con una trayectoria de 19 años en la Policía Nacional en Córdoba, donde ha liderado unidades como la Unión de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica y la Brigada de Información, asume el cargo no como un destino administrativo, sino como un compromiso personal con su tierra.

En una atención a medios antes del acto oficial y acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado de Seguridad y Vía Pública, Jesús Coca; y la comisaria de la Policía Nacional, María Dolores López, entre otros, el nuevo jefe de la Local se ha referido al sacrificio profesional que ha supuesto este paso, revelando que ha renunciado a su ascenso a comisario principal en la Policía Nacional para liderar la jefatura local. Respecto a sus objetivos, Delgado huye los planes a corto plazo y apuesta por una estrategia de transformación profunda: “Mi estrategia es muy clara: dejar esto un poquito mejor de lo que yo me lo encuentro y, si puede ser, mucho mejor para quien me suceda en el puesto dentro de nueve años”.

Sobre los problemas inmediatos de la ciudad, Delgado -cuya familia vive en Peñarroya, ha puntualizado- ha señalado que Córdoba es una ciudad segura, pero que requiere la escucha de la sociedad para dar respuesta a las demandas: “Atención ciudadana va a ser el principal objetivo, intentar darle una respuesta lo más inmediata y eficaz o canalizarla hacia quien corresponda”. Cuando se asiente en el cargo, junto con el regidor hará un “análisis de situación” en el que Bellido tendrá que explicarle “hacia dónde quiere llevar a Córdoba y qué parte de implicación tiene en ese camino la Policía Local”.

Ingeniero técnico, licenciado en Ciencias Policiales y máster en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública, Delgado ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1995. Desde entonces ha desarrollado una amplia carrera que comenzó en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Cataluña y continuó durante 15 años en la Comisaría Provincial de Córdoba, donde dirigió, entre otras responsabilidades, la Brigada Provincial de Información.

Ascendido a comisario en 2018, desempeñó la Jefatura Local de Operaciones en Algeciras y posteriormente en Córdoba, antes de asumir la jefatura de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Granada. Su nombramiento como comisario jefe de Motril se produjo en 2022, puesto del que esta misma semana se ha despedido en la ciudad granadina. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones, entre ellas dos Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco, la Cruz de la Guardia Civil con distintivo blanco, la Medalla de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, la Medalla de la Policía Local de Granada y más de un centenar de felicitaciones policiales por actuaciones destacadas.

El alcalde de Córdoba ha agradecido la labor de los jefes salientes, Antonio Serrano y Juan Díaz, y ha explicado que la llegada de Delgado busca un “salto de calidad” mediante la incorporación de nuevas tecnologías y métodos de trabajo: “Tenemos al frente a la mejor persona que podíamos tener, con el cariño y el respeto de todos los que han trabajado con él a lo largo de una dilatadísima trayectoria y eso es algo impagable”.

Además, Bellido ha anunciado un cambio estructural para descargar de tareas burocráticas a la Jefatura de Policía. El 1 de septiembre, según ha adelantado, se activará la Dirección General de Seguridad, Emergencia y Protección Civil, liderada por un perfil técnico experto en catástrofes. “Necesitamos a alguien al frente de la gestión íntegra de la emergencia. El Jefe de la Policía Local se encarga de la seguridad ciudadana y de la convivencia, y necesitamos una persona que esté íntegramente dedicada a este apartado”.

La provincia de Córdoba ha vuelto a convertirse en protagonista de los sorteos celebrados este jueves, 9 de julio, gracias a los premios repartidos por La Primitiva y la Lotería Nacional, que han dejado miles de euros entre los municipios de Rute y El Carpio.

La mayor alegría llegó con el sorteo de La Primitiva, donde un boleto validado en la administración de lotería número 2 de Rute -situada en la calle Juan Carlos I- ha resultado agraciado con un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario), dotado con 44.331,01 euros.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 22, 28, 30, 35, 38 y 43, con el 3 como número complementario, el 8 como reintegro y el Joker 1482783. En esta categoría hay cinco boletos acertantes en toda España, uno de ellos el sellado en la localidad cordobesa. Además, no hay acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por lo que el bote seguirá creciendo hasta alcanzar los 33 millones de euros para el próximo sorteo.

A este premio se suma el obtenido en el sorteo de la Lotería Nacional, que también ha dejado un importante alegría en la provincia de Córdoba: el primer premio, correspondiente al número 56.177, dotado con 300.000 euros al número (30.000 euros al décimo) y que se ha vendido en el establecimiento ubicado en la plaza de la Constitución, 6, del municipio cordobés de El Carpio.

Por su parte, el segundo premio, correspondiente al número 35.934, ha repartido 60.000 euros al número (6.000 euros al décimo) y ha recaído en administraciones de Alicante, Valencia, Sevilla, Pontevedra, Almería, Asturias, Barcelona, Cádiz, A Coruña, Granada, Las Palmas, Lleida y Málaga, sin dejar premios en la provincia de Córdoba.

Se ha hablado mucho de las altas temperaturas que ha sufrido Córdoba en los últimos diez días, y eso también tiene consecuencias directas en su población, sobre todo en la más vulnerable. Eso ha hecho que haya incrementado de manera notable la actividad en los servicios médicos, tal y como ha explicado a este periódico Ángel Delgado, médico de Urgencias del Hospital Reina Sofía. El experto sanitario ha apuntado que la prevalencia de patologías relacionadas con el calor es actualmente mucho mayor que en meses previos como abril o mayo, además de que este fenómeno es especialmente visible durante las horas del mediodía.

Ángel Delgado sabe de primera mano lo que está sucediendo en las Urgencias del Reina Sofía en estas últimas semanas. De hecho, el doctor ha destacado a Cordópolis que entre las consultas más frecuentes destacan los síncopes por calor, especialmente en pacientes de edad avanzada. La vulnerabilidad en los mayores aumenta debido a que, con los años, el hipotálamo se degenera y se pierde la sensación de sed. Esto provoca bajadas bruscas de tensión y desvanecimientos en la vía pública.

De momento, en Córdoba tan solo se ha registrado un golpe de calor, según ha confirmado el consejero Antonio Sanz. Sin embargo, las altas temperaturas no traen consigo únicamente esta patología. Y es que es una de las consecuencias que menos se ven en comparación con otras afecciones relacionadas. El calor extremo actúa como un factor que reagudiza enfermedades crónicas, provocando complicaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedades renales que son muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura.

Calambres, fiebre o cansancio

Asimismo, las Urgencias están atendiendo a muchas personas con agotamiento y calambres debido a la exposición prolongada al sol, ya sea por motivos laborales o por permanecer mucho tiempo en la calle. El doctor Delgado compara estos síntomas con los que sufren los deportistas de élite, explicando que el cuerpo responde con calambres en los gemelos cuando no hay una hidratación correcta durante el esfuerzo físico a altas temperaturas.

Por otro lado, Ángel Delgado también menciona a este periódico la aparición de cuadros catarrales y faringitis. Estos problemas respiratorios están vinculados a los cambios bruscos de temperatura que se experimentan al pasar de ambientes exteriores extremadamente calurosos a espacios con aire acondicionado, lo que debilita la salud de los ciudadanos en estos días de verano. Como suelen denominar actualmente como un 'resfriado'.

Ante esta situación, lo importante es reconocer los primeros síntomas de alerta para acudir a Urgencias. Delgado señala que la debilidad extrema, el cansancio fuera de lo normal y los dolores de cabeza intensos -asociados a una elevación de la temperatura corporal o fiebre- son signos claros de que el calor está afectando seriamente al organismo. También pueden aparecer vómitos, diarrea y una sensación de sed y sudoración continuas.

En los casos más graves, la situación puede derivar en estados de confusión mental, lo que indica que se está entrando en una fase crítica de riesgo para la salud. Este síntoma, junto con los anteriores, puede ser la antesala de un golpe de calor severo si no se interviene a tiempo y se estabiliza al paciente.

Para prevenir estos cuadros, el doctor Delgado recomienda evitar las actividades en la calle entre las 11:00 y las 20:00, priorizando las gestiones a primera hora de la mañana. Además, aconseja beber entre dos y tres litros de agua al día aunque no se tenga sed, evitar comidas copiosas y el consumo excesivo de alcohol, y no realizar deporte en las horas centrales del día.

La Junta de Andalucía ha abierto la convocatoria de subvenciones para financiar acciones formativas dirigidas a cubrir las necesidades de empleo que generará la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba. La iniciativa, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), cuenta con un presupuesto de 4.888.264,42 euros para las anualidades 2026 y 2027 y está dirigida tanto a personas desempleadas como ocupadas de la provincia.

El programa pretende impulsar la cualificación profesional en sectores estratégicos relacionados con la actividad de la futura infraestructura militar y de las empresas auxiliares que se instalarán en su entorno. Entre las áreas prioritarias figuran la logística, la fabricación mecánica, la electrónica, las telecomunicaciones, la digitalización y la inteligencia artificial.

La convocatoria contempla tres líneas de actuación: formación en el trabajo para personas desempleadas, formación para personas ocupadas y ofertas de Formación Profesional de Grado C para desempleados. Todas las acciones deberán impartirse de forma presencial y estarán orientadas a mejorar la empleabilidad de los participantes y responder a la demanda de personal especializado que generará la Base Logística.

Según recoge la resolución, la Base Logística del Ejército de Tierra supondrá un importante impulso económico para Córdoba y requerirá alrededor de 1.700 trabajadores, de los cuales unos 1.300 serán personal civil. Además, aproximadamente el 30 % de los puestos estarán vinculados a perfiles tecnológicos altamente cualificados, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial, la informática o las telecomunicaciones.

Del presupuesto total, cerca de 2,56 millones de euros se destinarán a la formación profesional de Grado C para personas desempleadas, mientras que 1,95 millones financiarán acciones formativas para desempleados y 377.010 euros se reservarán para la formación de trabajadores ocupados. La financiación procede íntegramente de fondos de la Administración General del Estado.

Podrán solicitar estas ayudas entidades de formación públicas y privadas que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria y dispongan de centros autorizados en Andalucía. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA.

El sindicato de enseñanza Ustea ha advertido que centros escolares cierran, en estos días, la organización y las plantillas de funcionamiento para el próximo curso con los mismos problemas del curso anterior. Y señalan que han detectado, a día de hoy, decenas de aulas en la provincia de Córdoba que superan ya la ratio legal máxima permitida tras el período ordinario de escolarización.

En ese sentido, detalla en un comunicado que hay aulas de 28 alumnos/as en el CEIP Andrés de Cervantes (Cabra), CEIP Enríquez Barrios, CEIP Cervantes (Espejo) y CEIP María Coronel (Aguilar de la Frontera).

La ratio máxima permitida en las etapas de Infantil y Primaria es de 25 niños/as por aula. Estas ratios pueden verse incrementadas, de manera excepcional, hasta en un 10% por circunstancias sobrevenidas como el cambio de domicilio, una vez comenzado el curso 2026/2027. Por ello, comenzar el curso con aulas de 28 alumnos y alumnas supone superar la legalidad desde el inicio, denuncia el sindicato.

También existen otros centros que se encuentran, a día de hoy, con clases a 27 niños/as, como es el caso del CEIP Hernán Ruiz, CEIP Nuestra Señora de la Salud (Posadas) y CEIP José María Pemán (Puente Genil), CEIP Noreña (Córdoba) o CEIP Nuestra Señora de Gracia (Benamejí).

Asimismo -prosigue-, hay numerosos centros con 26 alumnos y alumnas por aula, como el CEIP Nuestra Señora del Carmen (Lucena) y el CEIP Europa (Córdoba), con varios niveles afectados; o el CEIP Francisco Solano (Montoro) y CEIP López Diéguez (Córdoba), además de decenas de centros más repartidos por toda la provincia.

Aulas mixtas

El sindicato también denuncia la creación de nuevas aulas mixtas en el CEIP José de la Torre y del Cerro, con 16 alumnos y alumnas, cuando la ratio máxima permitida para este tipo de agrupamientos es de 15. Las aulas mixtas son aquellas en las que convive alumnado de distintos niveles educativos dentro de una misma clase, una medida que la Administración está utilizando cada vez con mayor frecuencia para evitar mantener unidades independientes.

Desde la organización sindical denuncian abiertamente que estas aulas no se crean jamás en un centro concertado, ni siquiera en una fase posterior. “Esta doble vara de medir supone una clara discriminación hacia la red pública de centros”.

Ustea alerta además de que, una vez más, los centros de compensatoria vuelven a ser los grandes perjudicados por esta política educativa. El próximo curso desaparecerán dos unidades en el CEIP Los Mochos, lo que dejará al centro con dos aulas mixtas al máximo de la ratio permitida, ignorando las especiales necesidades educativas y sociales que presenta este tipo de centros y dificultando aún más una atención educativa adecuada para el alumnado más vulnerable.

Sonia León, responsable de organización de Ustea Córdoba, apunta que “la Consejería asfixia a las delegaciones territoriales para que cuadren los números. Su intención es seguir suprimiendo unidades en la escuela pública, dejando incluso ratios ilegales de partida –recordemos que ya son 2758 aulas menos en Infantil y Primaria desde que gobierna el Partido Popular–”.

León denuncia “la contradicción de una Administración que anuncia públicamente una reducción de ratios mientras permite que numerosos centros comiencen el curso incumpliendo los límites establecidos. Si realmente existiera voluntad política de fortalecer la escuela pública, la primera medida sería eliminar estas ratios ilegales y frenar la supresión de unidades”.

Desde Ustea exigen a la Dirección General de Planificación y Escolarización que dé marcha atrás en este tipo de prácticas descritas y apueste por una educación pública de calidad, aumento real de las plantillas con financiación propia y bajada de ratio efectiva en todas las etapas educativas.

Afirman, con rotundidad, que estarán en las calles en septiembre “porque la masificación de las aulas y el desmantelamiento progresivo de la enseñanza pública no pueden seguir normalizándose”.

La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, (Córdoba, 1975), ha presentado su renuncia al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; un “cambio que estaba previsto y pactado”. Fuentes de la Consejería ha confirmado así la renuncia de Valle García, adelantada por la SER.

Valle García fue nombrada en diciembre de 2023 cuando era directora gerente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Sustituyó a Diego Vargas. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba (UCO) desde 1998, hizo la residencia en el Hospital Universitario Reina Sofía y es especialista en Aparato Digestivo desde 2003.

La ya ex directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, han comparecido como investigados en las diligencias previas por la contratación administrativa de emergencias en el SAS en la pospandemia del coronavirus.

La directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, se personó en el juzgado “con abogado propio” para “defenderse” de la querella presentada por los diputados del grupo socialista en el Parlamento andaluz por “posibles irregularidades” en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021, que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

El propietario de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia, Antonio Amil, volverá a ofrecer al Ayuntamiento de Córdoba el derecho de tanteo sobre los tres inmuebles, esta vez a partir de una oferta de compra de 850.000 euros presentada por una asociación cordobesa vinculada a las artes escénicas.

Según ha explicado el empresario en declaraciones a Cordópolis, el escrito será registrado entre este viernes y comienzos de la próxima semana y permitirá al Consistorio decidir si iguala las condiciones económicas de la operación para adquirir los espacios.

Amil asegura que la entidad interesada desarrolla desde hace años su actividad en Córdoba y ha diseñado un proyecto cultural que compatibiliza la conservación de los antiguos cines con una programación estable de artes escénicas y actividades para los barrios. Aunque ha rehusado identificar a la asociación hasta que se formalice la comunicación al Ayuntamiento, sostiene que se trata de una iniciativa “muy atractiva” para la ciudad y que él mismo continuaría vinculado al proyecto como colaborador.

Asimismo, el propietario afirma que ha rechazado otras ofertas de compra porque considera que esta propuesta garantiza la continuidad del uso cultural de los tres recintos. “Queremos que esos espacios sigan teniendo cultura”, ha señalado Amil, que sostiene que esta nueva operación supone, a su juicio, que el Ayuntamiento sí dispone ahora de una vía para hacerse con los inmuebles si realmente existe voluntad política.

Fórmulas administrativas

“Le vamos a hacer llegar al Ayuntamiento un nuevo derecho de tanteo para que decida si quiere comprar o no los espacios”, ha insitido, antes de discrepar de la interpretación jurídica defendida por el equipo de gobierno municipal en torno al derecho de retracto.

Mientras el Ayuntamiento sostiene que únicamente la Junta de Andalucía podría ejercer esa facultad sobre los inmuebles, Amil insiste en que la Administración autonómica carece de esa competencia porque los cines no están declarados individualmente como bienes protegidos dentro del Catálogo al que hace mención la Ley de Patrimonio. El Ayuntamiento, según el equipo jurídico, sí que tiene ese derecho, puesto que mantiene un alquiler sobre dos de los tres espacios (y que sigue vigente hasta octubre, mes a partir del cual no se renovará).

Respecto al futuro de los cines, mantiene que el cierre de este verano no responde a una falta de interés empresarial, sino a la imposibilidad de obtener las autorizaciones necesarias para proyectar películas con seguridad jurídica. A su juicio, existen fórmulas administrativas para compatibilizar la actividad cinematográfica durante los meses estivales con el resto de usos culturales previstos para estos espacios.

Finalmente, el propietario asegura que continuará buscando soluciones que permitan mantener el carácter cultural de los tres antiguos cines de verano, ya sea mediante la adquisición por parte del Ayuntamiento o a través del proyecto impulsado por la asociación cordobesa interesada en la compra.

El mercado inmobiliario en Córdoba también refleja las altas temperaturas que sufren los ciudadanos y qué herramientas usan para paliar este condicionante. Según los últimos datos del informe de Pisos.com, el precio de una vivienda en la provincia cordobesa experimenta un incremento del 104,6% si cuenta con piscina en comparación con aquellas que no disponen de esta instalación. Este porcentaje supone que, en la práctica, el valor del inmueble se duplica, situando a Córdoba como una de las zonas donde este equipamiento más encarece el producto final tan solo por detrás de nueve provincias.

Analizando el informe, un inmueble sin piscina en la provincia tiene un coste medio de 1.008,09 euros por metro cuadrado, lo que equivale a unos 100.809 euros para una vivienda tipo de 100 metros cuadrados. En contraste, si esa misma vivienda dispone de piscina, el precio se dispara hasta los 2.062,08 euros por metro cuadrado, alcanzando un valor total de 206.208 euros.

En una ciudad donde las piscinas están incrementando

Esta revalorización no es fruto de la casualidad y se asienta sobre una base de demanda creciente que ya venía advirtiéndose en ejercicios anteriores. Como antecedente, la capital cordobesa se ha consolidado como la ciudad española con mayor número de piscinas en relación a su población. Los datos del Catastro más recientes indican que la ciudad cuenta con una piscina por cada 26 habitantes.

En el último año, la capital cordobesa ha sumado 410 nuevas instalaciones, alcanzando un total de 12.330 piscinas no cubiertas. Este crecimiento del 3,4% en apenas doce meses confirma una tendencia al alza. De hecho, desde el año 2019, antes de la pandemia, la ciudad ha incorporado 1.064 nuevos espacios, lo que supone un crecimiento cercano al 9,5%.

Esta dinámica por el baño se extiende también por toda la geografía provincial. El conjunto de la provincia de Córdoba registra ya 34.674 piscinas, sumando las de la capital y las repartidas por el resto de municipios. Solo en el último año, las localidades de la provincia han sumado 1.570 nuevas instalaciones, lo que representa un incremento del 7,6% respecto al ejercicio anterior.

Tras la capital, los municipios que lideran este ranking y que contribuyen a mantener la alta valoración inmobiliaria son Lucena, con 2.006 piscinas, seguida de La Carlota (1.345), Montilla (1.297) y Cabra (1.225). Otras localidades como Puente Genil, Priego de Córdoba o Almodóvar del Río también presentan cifras significativas que refuerzan la importancia de este activo en el mercado de compraventa local.

Este fenómeno se produce, además, en el primer año de normalidad hídrica tras varios ejercicios condicionados por las restricciones de agua y la sequía técnica. La recuperación de los niveles en los embalses y la estabilidad en el suministro han servido de catalizador para que los propietarios e inversores vuelvan a apostar decididamente por la construcción de piscinas como elemento de confort y, sobre todo, de rentabilidad.

Los cordobeses José Antonio Nieto y Rocío Blanco formarán parte del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía tras las últimas elecciones autonómicas que venció el Partido Popular y que ha necesitado a Vox para estar al frente del Parlamento de Andalucía. Por un lado, el político pasa de ser consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública para ser el representante de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, mientras que Blanco se mantiene al frente de la de Empleo.

Una formación que ha tenido muchas novedades tras la comparecencia de Juanma Moreno. El Gobierno autonómico tendrá tres vicepresidencias que estarán encargadas por Antonio Sanz, Manuel Gavira y Carolina España. Además, ha formado dos nuevas consejerías que son la de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, liderada por Rocío Díaz, además de la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que ocupará como ya se ha mencionado anteriormente José Antonio Nieto.

José Antonio Nieto deja Justicia, en manos de Vox, para pasar a Inteligencia Artificial

José Antonio Nieto nació el 10 de abril de 1970 en Guadalcázar y actualmente era el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Para estas elecciones, estaba dentro de la lista de Córdoba como número cinco y finalmente proseguirá bajo el equipo de gobierno de Juanma Moreno, quien será el presidente de la Junta de Andalucía.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, el nuevo consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha sido portavoz del grupo popular en el Parlamento autonómico durante la pasada legislatura. Empezó en política en su pueblo natal, pero muy pronto dio el salto a Córdoba capital, donde se convirtió en alcalde en 2011.

Fue coordinador electoral regional del PP andaluz, vicesecretario general de Formación y Electoral del PP de Córdoba, secretario general y presidente del partido en la provincia hasta 2017. En 2015 y 2016 encabezó la candidatura por Córdoba al Congreso de los Diputados, siendo designado secretario de Estado de Seguridad. En 2018 fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Rocío Blanco continuará en Empleo y Empresa

Nacida en Córdoba en 1966, Rocío Blanco se incorporó al Gobierno andaluz en 2019 como consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Licenciada en Derecho en la Universidad de su ciudad natal, en 1993 entró en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo. En 1997 fue nombrada directora provincial del Instituto Social de la Marina en Málaga, cargo que ocupó durante quince años.

En 2012 asumió la dirección en la capital malagueña de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tres años más tarde se le entregó la Cruz al Mérito Policial por la labor realizada en la lucha contra el fraude.

La defensa del futuro de los cines de verano de Córdoba volvió este jueves al Pleno municipal con un debate marcado por un amplio consenso sobre la necesidad de preservar este patrimonio singular, aunque con profundas discrepancias sobre cómo hacerlo y, sobre todo, sobre la gestión que el Gobierno municipal ha realizado en los últimos años.

El debate llegaba después de un nuevo giro de guion, conocido este mismos jueves, tras hacerse pública una carta del alcalde, José María Bellido, reclamando a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de tanteo y retracto y adquiera los cines Delicias, Fuenseca y Olimpia. Aunque desde el PP han insistido en que esta acción no es un cambio de postura, todos los grupos políticos y también la ciudadanía presente en el Pleno, lo han interpretado de ese modo, y eso ha ayudado a que, por encima de las fórmulas, vuelva a quedar claro en que hay unanimidad en la necesidad de preservar y proteger los cines de verano.

El debate ha sido largo, pero menos bronco de lo esperado. La novedad, otro golpe de efecto no previsto, llegó al final, cuando el alcalde hizo uso de la palabra para lanzar una propuesta: crear una mesa o comisión de seguimiento integrada por los grupos políticos y la coordinadora SOS Cines de Verano con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los acuerdos plenarios y “reconstruir la confianza”.

Antropología y etnografía

La sesión comenzó con la intervención de la antropóloga Mónica Alonso, una de las impulsoras de la solicitud para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) los cuatro cines de verano de Córdoba. Alonso defendió que la propuesta municipal de convertir estos espacios en refugios climáticos con proyecciones culturales puede ser compatible con su protección patrimonial, aunque insistió en que resulta “imperativo” iniciar cuanto antes la declaración BIC.

Recordó que Córdoba es la única ciudad española que conserva cines de verano en su Casco Histórico y definió estos espacios como “patios culturales que prolongan el patio cordobés a escala de barrio”, además de constituir “una respuesta arquitectónica única al clima de nuestra ciudad”. A su juicio, la ciudad tiene ante sí una oportunidad para convertirse en un referente europeo en la conservación del patrimonio etnológico. “Protegerlos no los frena, los dignifica y garantiza su valor social”, afirmó, antes de señalar que el actual Ayuntamiento puede pasar a la historia como el que salvó un patrimonio único.

Luego arrancó el debate político el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, que atribuyó el cambio de posición del Gobierno municipal a la presión ejercida por la plataforma ciudadana SOS Cines de Verano. “Han conseguido doblar la cuchara de un Gobierno con mayoría absoluta”, afirmó, recordando que Bellido pasó de considerar el problema “irresoluble” a pedir ahora la intervención de la Junta de Andalucía.

Hidalgo reprochó además al Ejecutivo local que no haya desarrollado la moción aprobada por unanimidad en 2023 para instar a la Junta a iniciar la declaración BIC y acusó al alcalde de haber renunciado en dos ocasiones (y de forma “irregular”, a su juicio) al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre los cines. A su juicio, el Ayuntamiento ha mantenido durante estos años una voluntad clara de abandonar estos espacios.

Frente a esas críticas, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, aseguró compartir “al cien por cien” la exposición realizada por Mónica Alonso y reconoció que el Gobierno municipal ha tenido “un déficit de explicación” sobre su hoja de ruta. Defendió que siempre se ha actuado conforme a la legalidad y sostuvo que la intención del Ejecutivo ha sido recuperar estos espacios como refugios climáticos que mantengan un uso cinematográfico de carácter cultural, pero no de exhibición comercial.

“No podemos proyectar Torrentes”, resumió Torrico para diferenciar el modelo planteado por el Ayuntamiento del funcionamiento tradicional de los cines comerciales. Asimismo, insistió en que corresponde a la Junta de Andalucía iniciar la declaración BIC y ejercer, si lo considera oportuno, el derecho de tanteo y retracto previsto en la Ley de Patrimonio.

Desde el Grupo Socialista, Antonio Hurtado abrió su intervención recordando la figura de Martín Cañuelo y calificando de “quijotesca” su labor en defensa de los cines de verano. Después cargó contra Bellido, al que acusó de convertir el Casco Histórico en “un dormitorio para turistas y despedidas de soltero”, y aseguró no confiar en el Gobierno municipal tras las renuncias al derecho de tanteo y retracto, que considera carentes de justificación técnica y jurídica. El portavoz socialista defendió la expropiación como la vía más adecuada para garantizar la conservación de los cines y anunció que ha puesto la actuación municipal en manos de abogados para analizarla.

La portavoz de Vox, Marta León, coincidió en considerar los cines de verano parte de la identidad cultural de Córdoba y mostró su sorpresa porque la petición a la Junta para ejercer el derecho de tanteo y retracto no se hubiera realizado antes de este jueves. No obstante, otorgó al Gobierno municipal un “voto de confianza”, aunque advirtió de que su grupo permanecerá vigilante para comprobar el cumplimiento de los acuerdos.

Segundo y tercer turno

El debate mantuvo la tensión durante los sucesivos turnos de palabra. Torrico pidió a la oposición mirar “más hacia adelante que hacia atrás” y aseguró que el Ayuntamiento cumplirá la moción aprobada. Hurtado replicó que el cambio de posición del PP responde únicamente al intento de apagar “el incendio que ustedes mismos han provocado” y reveló que ya en 2023, él mismo había trasladado al Ayuntamiento la disposición de los herederos de Martín Cañuelo a vender los cines al consistorio, que no dio entonces ningún paso hacia ello.

Por su parte, Hidalgo habló de “cinismo político” por parte del Gobierno municipal y sostuvo que el cambio de rumbo solo se ha producido gracias a la presión ciudadana. En su última intervención propuso además reconocer la figura de Martín Cañuelo incorporando su archivo personal al Archivo Municipal y honrando su nombre en algún espacio de la ciudad.

El encargado de cerrar el debate fue el alcalde, José María Bellido, que agradeció el trabajo desarrollado por Mónica Alonso e hizo un repaso cronológico del cumplimiento de la moción aprobada en 2023. Reiteró que la competencia principal para ejercer el derecho de tanteo y retracto corresponde a la Administración autonómica y justificó el cambio de escenario señalando que ahora concurren circunstancias nuevas, ya que el propietario ha dejado de ejercer la actividad y carece de licencia, lo que abre el plazo legal para que la Junta pueda ejercer el retracto. Posteriormente, añadió, será necesario modificar el planeamiento urbanístico vigente porque “no nos convence el actual”.

El alcalde rechazó además las acusaciones de haber favorecido la especulación urbanística y recordó que fue su Gobierno quien rechazó el proyecto de aparcamientos previsto para esos suelos. Finalmente, admitió que es necesario recuperar la confianza entre los distintos actores implicados y lanzó una propuesta que marcó el cierre del debate: impulsar una mesa de trabajo con representación de todos los grupos municipales y de la coordinadora SOS Cines de Verano para supervisar el cumplimiento de la moción y acompañar el proceso de recuperación de estos espacios.

En las votaciones posteriores, la moción presentada por el PSOE fue rechazada con los votos en contra del PP, el apoyo del PSOE y Hacemos Córdoba y la abstención de Vox. La iniciativa del PP salió adelante gracias a los votos favorables de populares y Vox, mientras PSOE y Hacemos Córdoba optaron por la abstención. Por último, la propuesta de Hacemos Córdoba fue rechazada al votar en contra el PP, con el apoyo de Hacemos y PSOE y la abstención de Vox.

La moción aprobada es la siguiente:

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha criticado duramente el diseño gráfico de la nueva campaña de convivencia del Ayuntamiento, que usa una imagen de mujeres con diademas de penes en alusión as las despedidas de soltero y soltera que, desde mediados de agosto, sancionará el Consistorio.

En una rueda de prensa, que la organización también ha denunciado el pacto andaluz PP-Vox, la portavoz -Elena Vega-c ha calificado la imagen utilizada de “mal gusto y muy burda”, además de enfatizar que esta representación es una “imagen estereotipada” de las mujeres que evidencia la “ausencia de unas políticas de igualdad transversales” en el Ayuntamiento.

“Es sorprendente ver cómo dentro del movimiento feminista se hace una denuncia de cómo las despedidas de soltero son las que hacen una hipersexualización” de la mujer y desde el Ayuntamiento de Córdoba se usa una imagen en la que “nosotras salimos retratadas con este tipo de felpa”. Vega ha asegurado que estas quejas han sido trasladadas al coordinador de la Casa de la Igualdad de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, quien les habría traslado su comprensión.

Por otro lado, la plataforma ha anunciado una ambiciosa agenda de verano para combatir el negacionismo desde la educación. El próximo lunes 13 de julios arrancará una ruta de Cuentacuentos en igualdad que recorrerá ocho municipios: Villaralto, Belalcázar, Fuente Palmera, Palma del Río, Nueva Carteya, Cardeña, Lucena y Doña Mencía; zonas rurales donde la asociación ha apreciado “mayores déficits”. Estos talleres, que se realizarán a las 10:00 y 12:00 en colaboración con las escuelas de verano, pretenden ser un “dique de contención frente al negacionismo”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha oficializado el traslado temporal del mercadillo del Sector Sur. Esta medida responde a una “prueba piloto” que busca reubicar los puestos de venta ambulante en un nuevo entorno, una decisión que el Consistorio ha tomado de manera urgente según aparece en el Tablón de Anuncios.

El cambio de ubicación se hará efectivo a partir del 1 de septiembre de 2026 y se prolongará, de forma ininterrumpida, hasta el 31 de agosto de 2027, incluyendo ambos días. Durante este periodo, la actividad comercial se trasladará a la calle Huelva y a un tramo de la calle Jaén, específicamente en la zona situada junto a la avenida de Cádiz. Esta resolución conlleva la suspensión temporal de la celebración del mercadillo en sus ubicaciones tradicionales de la calle Libertador Sucre y los pasajes Ubrique y Ayamonte.

La nueva disposición del mercadillo ha sido diseñada para albergar un total de 36 puestos, los cuales se distribuirán en una sola fila y de manera correlativa. Según los detalles técnicos del proyecto, el puesto número 1 se instalará en el tramo de la calle Jaén más cercano a la avenida de Cádiz, mientras que el puesto 36 se ubicará en la calle Huelva, en las proximidades de la calle Jerez, justo detrás del centro de salud de la zona.

La puesta en marcha de esta prueba piloto ha requerido la coordinación de diversas áreas municipales. El decreto ya ha sido comunicado a la Policía Local, Sadeco, Aucorsa y al Centro de Salud del Sector Sur (Santa Victoria), así como a las asociaciones de comercio ambulante.