La red de vigilancia desplegada por la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía para controlar la presencia de mosquitos transmisores del virus del Nilo Occidental ya ha comenzado a ofrecer los primeros datos de la temporada. Entre ellos destaca la situación registrada en Montalbán, donde las trampas instaladas han capturado entre 500 y 1.000 ejemplares, una cifra que los especialistas consideran de densidad elevada.

Aunque el incremento de la población de mosquitos es progresivo en toda la comunidad, todas las determinaciones realizadas hasta el momento han resultado negativas para la presencia del virus. Desde el inicio del periodo de mayor actividad se han llevado a cabo 593 análisis de las capturas obtenidas por la red de seguimiento y ninguno ha detectado circulación del patógeno.

La Consejería dispone este año de 120 trampas repartidas por Andalucía, a las que se suman los dispositivos instalados por otras administraciones y organismos científicos, entre ellos la Diputación de Córdoba y la Estación Biológica de Doñana del CSIC. En total, el sistema reúne información procedente de cerca de 215 puntos de muestreo, cuyos datos sirven para evaluar el nivel de riesgo en cada municipio.

Los técnicos vigilan principalmente las especies del género Culex, especialmente Culex pipiens y Culex perexiguus, responsables de la transmisión del virus del Nilo Occidental. Cada semana se publica un informe sobre la densidad detectada en las trampas fijas y móviles distribuidas por el territorio andaluz.

Sin casos durante 2026

En el conjunto de la comunidad tampoco se han registrado casos de fiebre del Nilo en personas durante 2026. Además, las pruebas efectuadas en 102 aves silvestres y en équidos tampoco han confirmado infecciones.

Las mayores concentraciones de mosquitos se han localizado en la provincia de Sevilla, donde algunas trampas situadas en Brazo del Este y Cañada de los Pájaros, en La Puebla del Río, han superado los 1.000 ejemplares capturados, un nivel considerado alto. En otros puntos de Andalucía las densidades se mantienen en niveles moderados o bajos.

Paralelamente, los agentes de Salud Pública continúan supervisando los planes municipales de control de plagas y revisando imbornales y otros puntos susceptibles de favorecer la proliferación de mosquitos, dentro del programa anual de prevención frente al virus del Nilo Occidental.

La Junta de Andalucía ha reactivado la investigación minera en la comarca de Los Pedroches, abriendo la puerta a la posible extracción de minerales estratégicos en los términos municipales de Pedroche y Pozoblanco. De hecho, el entorno de este espacio ya cuenta con un rico pasado en este sentido, y ahora la Delegación Territorial de Industriam Energia y Minas de Córdoba ha admitido definitivamente a trámite el permiso de investigación minera denominado 'Romana', un proyecto promovido por la empresa Tharsis Nuevas Exploraciones SL.

El objetivo principal de esta solicitud es la prospección de minerales catalogados en la Sección C, centrándose específicamente en metales base, metales preciosos y minerales estratégicos como el cobre y el bismuto. Para llevar a cabo estos trabajos de evaluación, la compañía ha solicitado investigar una extensa superficie que abarca un total de 112 cuadrículas mineras repartidas entre ambas localidades cordobesas.

Una zona con historia dentro de la minería

La vuelta de la exploración a esta zona no es casual, ya que el entorno de la mina cuenta con un rico pasado que se remonta a la época del Imperio Romano y que vivió una intensa fiebre industrial a principios del siglo XX, gracias a la mina 'La Romana'. De hecho, el cobre era el gran protagonista de una comarca que, pese a ello, ha ido perdiendo importancia hasta la actualidad. Tanto es así que, impulsada por la creciente demanda tecnológica global, la industria busca comprobar si las entrañas de esta tierra aún albergan vetas rentables que fueron inaccesibles para las limitaciones técnicas del pasado.

Para garantizar que esta nueva incursión cuente con un marco ambiental adecuado, el proyecto exige medidas para el entorno. Así, se ha sometido también a información pública un Plan de Restauración, cuyo texto refundido fue presentado por la solicitante en mayo de 2025, el cual detalla cómo se gestionarán los residuos extractivos y se rehabilitará el espacio natural afectado. Este documento cuenta ya con una propuesta de resolución emitida por la Jefatura del Servicio de Industria y Minas.

Con su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba este martes, 9 de junio, la administración abre ambos expedientes a la participación ciudadana. Esto permite que cualquier persona o entidad con la condición de interesada pueda revisar la documentación técnica, que estará expuesta tanto en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía como de forma presencial -mediante cita previa- en la propia Delegación Territorial y en los ayuntamientos afectados.

El plazo establecido para participar en este proceso burocrático se divide en dos fases. Quienes deseen personarse o formular alegaciones cuentan con 30 días para oponerse al Plan de Restauración, y con un máximo de 15 días para el propio Permiso de Investigación, contados a partir del día siguiente a su próxima publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Alrededor de 150 personas han acudido a la concentración convocada frente al Ayuntamiento de Villa del Río por la AMPA del CEIP Poeta Molleja y familias afectadas por los episodios de golpes de calor sufridos por alumnos y alumnas del centro educativo, según han informado a través de una nota de pernsa. La movilización reunió a estudiantes, madres, padres, abuelos, familiares y vecinos para reclamar una solución inmediata a los problemas de climatización que padece el colegio.

La concentración estuvo impulsada, entre otras familias, por Blanca, madre de uno de los alumnos afectados, quien destacó la amplia participación registrada y la implicación de la comunidad educativa. Las familias denunciaron que resulta inadmisible que, en pleno siglo XXI, el alumnado tenga que soportar temperaturas extremas en las aulas, llegando a registrarse situaciones que han provocado golpes de calor en varios menores.

Uno de los momentos más significativos de la protesta fue la presencia de numerosos alumnos y alumnas que habían sufrido directamente las consecuencias de las altas temperaturas durante los últimos días. Muchos acudieron con pancartas reivindicativas para denunciar las condiciones en las que se ven obligados a desarrollar su actividad escolar.

Desde la organización se agradeció el respaldo mostrado por los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE de Villa del Río, así como por la parlamentaria andaluza Rosa María Rodríguez, que participó en la concentración. Al mismo tiempo, las familias lamentaron la ausencia de representantes del equipo de gobierno municipal, una circunstancia que les hizo sentirse desatendidos ante una problemática que afecta directamente a la salud y el bienestar del alumnado.

Las familias y la AMPA reclamaron a las administraciones competentes que aprovechen el periodo estival para ejecutar las actuaciones necesarias que permitan climatizar adecuadamente las aulas del CEIP Poeta Molleja y evitar que el próximo curso se repitan situaciones que ponen en riesgo la salud de niños y niñas.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por miembros de la Corporación Provincial, ha mantenido un encuentro institucional con el consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y ha anunciado la creación de una Oficina Provincial de Espacios Productivos (Olep).

En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Fuentes ha explicado que dicha la puesta en marcha, a través de Cinco SA, de dicha oficina “actuará con ventanilla única provincial, con el objetivo de ofrecer un soporte integral a los municipios, asumiendo de manera proactiva la tutela técnica, la mediación institucional y el desarrollo de sus entornos industriales”.

En definitiva, ha continuado, se va a “ordenar y planificar los espacios productivos de manera que sean espacios competitivos que atraigan inversiones y se genere un incremento exponencial de la capacidad de desarrollo” de la provincia. Esto viene dado por el importante número de polígonos industriales existentes en la provincia, un total de 182, con una superficie de 31.506.973 metros cuadrados y 3.180 empresas instaladas“.

Desde la Diputación, ha añadido, se ha detectado, “tras un minucioso trabajo, un total de ocho ejes de desarrollo que cuentan con una importante capacidad de crecimiento”. Según ha detallado se trata de “la A-45, del polo agroalimentario de la zona norte --Pozoblanco, los que atienden a Córdoba oeste y Córdoba este, con la influencia de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET); el eje Priego de Córdoba-Rute, el que atiende al Guadajoz, el relativo al Guadiato y, finalmente, el de Guadalcázar-Palma del Río-Fuente Palmera”.

Para el presidente de la institución provincial son “ocho grandes ejes sobre los que trabajar como enclaves preferentes destinados a la consolidación de espacios productivos de alto valor industrial y alto impacto económico y social”.

Fuentes ha hecho referencia, además, a que “estos avances van a ir ligados a la necesidad de mitigar deficiencias estructurales como la resolución de los déficits en infraestructuras eléctricas, un problema que afecta de manera muy agravada a la zona norte de la provincia de Córdoba”.

Por su parte, el consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha hecho público que el próximo martes 16 de junio se abrirá la ventanilla “para tramitar las ayudas que, vinculadas a la aplicación de la Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria de Andalucía, pondrán en carga 50 millones de euros”.

Paradela ha insistido en que “este marco normativo va a permitir dotar de competitividad a los 2.379 polígonos industriales que repartidos en 540 municipios están funcionando en Andalucía y cuyas industrias representan entre el 15 y el 20% del tejido productivo andaluz”.

Estas ayudas, ha matizado, “podrán destinarse a mejorar la capacidad energética de estas infraestructuras, así como a impulsar su eficiencia desde el punto de vista energético, pero también para los accesos y viales, para garantizar la vigilancia y seguridad o para la gestión de residuos”.

Según el responsable autonómico de Industria, Energía y Minas, “el papel de las entidades locales en la aplicación de este marco normativo es esencial y, en el caso concreto de Córdoba, la Diputación toma la iniciativa y anuncia la puesta en marcha de una oficina que, sin duda, vendrá a contribuir a la modernización de estos espacios productivos”.

Atiendiendo a la provincia de Córdoba, Paradela ha puesto de manifiesto que “cuenta con un importante volumen de proyectos tractores a los que se destinan incentivos regionales, alrededor de 29 proyectos que alcanzan los 600 millones de euros en inversiones. Unas cifras que vienen dadas por el importante momento que se vive en la provincia en torno a dos vectores, uno de ello vinculado a sector productivos tradicionales y otro vinculado a la defensa, la logística avanzada, los valles cero emisiones netas y la tecnología dual”.

Planificación del transporte eléctrico

Por otra parte, Fuentes y Paradela han señalado el “déficit estructural” energético que sufren Córdoba y Andalucía, un asunto que debe resolverse con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recalcando que aún están “a la espera del resultado final de la planificación de transporte eléctrico elaborada por el Gobierno de España” tras las alegaciones presentadas en “diciembre”.

“La energía es imprescindible para impulsar proyectos industriales, pero también para impulsar infraestructuras clásicas, viviendas o nuevas modalidades relacionadas con la transición energética, como el almacenamiento energético”, ha apostillado el consejero.

El consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha aclarado este lunes que el proyecto minero de estaño Oropesa, previsto en el término municipal cordobés de Fuente Obejuna, “solo es viable si obtiene la autorización medioambiental necesaria”.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la sede de la institución provincial, Paradela ha recordado que “es un proyecto que está en tramitación ambiental”, pues “se hicieron una serie de observaciones al proyecto, que son conocidas por la compañía” promotora, Minas de Estaño de España (Mespa), empresa española filial de la australiana Elementos Limited.

Por tanto, en la Junta confían en que “el proyecto se ajuste para hacer posibles los permisos pertinentes, pero, evidentemente, hay que cumplir, no solo el marco legal, sino los parámetros que se exijan en esa posible autorización ambiental”.

A juicio de Paradela, quien ha estado acompañado por el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, “el estaño es un metal muy interesante”, hasta el punto de que es “un mineral crítico, tanto para Estados Unidos, como para Canadá y para Australia. No lo es actualmente para la Unión Europea (UE), pero pensamos que en sucesivas actualizaciones desde esa lista el estaño estará incluido”.

De hecho, según ha argumentado, “poner esa mina en marcha multiplicaría por 14 ó 15 veces la disponibilidad de ese metal en la Unión Europea. Así que, desde luego que es un proyecto interesante, pero solo es viable si obtiene la autorización medioambiental necesaria”, no queriendo Paradela dar plazos sobre cuándo se puede resolver esa autorización medioambiental.

El proyecto

El proyecto minero Oropesa, según ha informado recientemente Mespa, a través del manager del proyecto y director facultativo, Antonio Ortega, “es el resultado de más de una década de trabajos de investigación minera y una inversión de 25 millones de euros”.

Este trabajo, según ha precisado Ortega, ha permitido definir “un yacimiento con unas reservas estimadas en 15,9 millones de toneladas y una capacidad de producción de 3.350 toneladas al año de estaño contenido en el concentrado”. Esta cifra equivale a casi el 10% del consumo anual de estaño primario en la UE y al 1% de la producción mundial.

Ortega ha expuesto también que “Oropesa es el único proyecto integrado de la mina al metal en Europa, dado que el concentrado se fundirá en las instalaciones de Iberian Smelting en Robledollano (Cáceres)”.

El Gobierno de la España ha confirmado que la finalización de las obras del cuartel de la Guardia Civil en La Carlota se mantienen en el plazo previsto, situando la entrega de la infraestructura para el último trimestre del 2026. Esta confirmación llega tras una respuesta parlamentaria en el Senado, donde el Ejecutivo ha detallado el estado actual de los trabajos y los ajustes financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto del nuevo edificio.

La información se ha dado a conocer tras las preguntas formuladas por los senadores del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Casanueva, Lorena Guerra y Fernando Priego. En su respuesta, el Gobierno asegura que, por el momento, no se contempla ningún retraso adicional sobre esta nueva fecha prevista. Por otro lado, uno de los puntos clave en el desarrollo de la obra ha sido la aprobación de una modificación del contrato. Este ajuste ha supuesto un incremento de 17.118,79 euros sobre el presupuesto inicial, lo que sitúa la inversión total del Ministerio del Interior en 1.890.718,29 euros, impuestos incluidos, para la construcción integral del edificio.

Respecto al avance de los trabajos, el Ejecutivo ha informado de que, a fecha actual, se ha ejecutado ya el 50% de la obra. Esto se traduce en una inversión materializada de aproximadamente 944.405,72 euros, lo que demuestra que el proyecto ha superado su fase inicial de cimentación y estructura básica para entrar en el ecuador de su desarrollo constructivo. El proyecto se integra dentro del Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado (2019-2025), una estrategia nacional que busca renovar los acuartelamientos que presentan mayores carencias operativas y de habitabilidad en la provincia de Córdoba.

Entre las mejoras más significativas que incluirá el nuevo cuartel destaca la creación de un vestuario femenino digno. Asimismo, el proyecto contempla la seguridad integral del recinto mediante un estudio elaborado por el Servicio de Protección y Seguridad (Seprose) de la Guardia Civil. Además, se mantiene la colaboración con el Ayuntamiento de La Carlota para buscar una ubicación provisional para los vehículos oficiales, reduciendo la distancia actual de un kilómetro que deben recorrer los agentes para acceder a la flota en el puesto provisional.

La localidad cordobesa de Dos Torres se prepara un año más para convertirse, los días 31 de julio y 1 de agosto, en el tablero de El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches, un evento multitudinario que en esta ocasión alcanza los 68 equipos --65 equipos inscritos, dos equipos invitados y un equipo inclusivo-- y que pasa de las 46 casillas habituales a un total de 50, incorporando una nueva zona de juego y aumentando el recorrido hasta 2,5 kilómetros.

Según informa la web del evento, consultada por Europa Press, en la edición de 2025 se dieron cita 65 equipos con un total de 585 jugadores, que, llegados de toda la geografía española, lanzaron los dados y recorrieron las casillas ubicadas a lo largo de la localidad usía para lograr el gran objetivo: ser los primeros en llegar al final. Además, la partida contó con cerca de 350 voluntarios que velaron por el buen desarrollo de la partida y unos 8.000 visitantes.

Este año se celebra la decimotercera edición, que cuenta como principal novedad con la ampliación de la participación hasta los 68 equipos, la cifra más alta registrada desde el nacimiento de esta iniciativa. En concreto, el tablero estará integrado por 65 equipos inscritos, dos equipos invitados y un equipo inclusivo, reforzando así el compromiso de la organización con la accesibilidad y la integración.

El periodo de inscripción estará abierto hasta el próximo 10 de junio y los equipos podrán acceder al tablero a través de dos vías: el sistema de baremo, mediante la participación en diferentes retos virtuales organizados en redes sociales, y el tradicional sorteo, que completará las plazas disponibles.

Otra de las novedades es la ampliación del tablero, que pasará de las 46 casillas habituales a un total de 50, incorporando una nueva zona de juego y aumentando el recorrido hasta 2,5 kilómetros. La competición crecerá también en número de desafíos, pasando de 33 a 36 pruebas, con una reorganización de diferentes espacios destinada a mejorar la logística del evento, agilizar el tránsito de los equipos y ofrecer una experiencia más dinámica tanto para los participantes como para el público.

La organización, encabezada por Dionisio Cuenca, presidente de la Asociación del Juego de la Oca de Dos Torres, ha destacado que estas modificaciones “responden al objetivo de seguir mejorando el desarrollo del juego sin perder la esencia” que ha convertido a la oca en “una de las actividades más reconocidas y multitudinarias de Los Pedroches”.

Otra de las novedades es la puesta en marcha de diferentes paquetes de inscripción. Los equipos podrán optar por la modalidad básica o combinar su participación con la adquisición anticipada de merchandising oficial de la XIII edición, entre el que se incluyen artículos como vasos conmemorativos, mochilas o calcetines personalizados.

Asimismo, la organización modificará el sistema de avituallamiento. Por primera vez, cada equipo recibirá al inicio de la prueba un lote de productos de la comarca para consumir durante el recorrido. Esta medida permitirá mejorar la comodidad de los participantes y, al mismo tiempo, reforzar la promoción de la gastronomía de Los Pedroches, convirtiendo los productos locales en protagonistas activos del desarrollo del juego.

Cabe destacar que la XIII edición de El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches servirá también para rendir homenaje al fallecido Juanlu Dorado, colaborador estrechamente vinculado al crecimiento y consolidación de la imagen del evento durante los últimos años. Como muestra de reconocimiento a su aportación al proyecto, la organización ha decidido incorporar su figura a las camisetas oficiales que vestirán tanto los participantes como los voluntarios durante el desarrollo de la prueba.

Con estas novedades, El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches afronta una nueva edición marcada por el crecimiento, la innovación y la consolidación de una iniciativa que, trece años después de su nacimiento, continúa reuniendo a cientos de personas y proyectando el nombre de Los Pedroches más allá de los límites de la comarca.

“¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento de Baena autorice, dentro de sus competencias municipales, la instalación de una planta de biogás en el término municipal?”. Esta es la pregunta que el grupo GRODEN-Ecologistas en Acción ha presentado ante el Consistorio baenense en su propuesta de que se realice una consulta popular entre los vecinos del municipio sobre la instalación de esta planta.

La postura del grupo ecologista “no es un no al biogás, sino un sí a decidir qué modelo de economía circular queremos para Baena” y añade que buscan “el interés local” dando prioridad a residuos propios, protegiendo el olivar y salvaguardando el agua y el suelo de la zona.

Así, en su propuesta, citan como “posibles impactos ambientales y territoriales” de la planta de biogás proyectada, tales como “incremento del tráfico pesado en caminos rurales; emisiones odoríferas; riesgos de filtraciones o vertidos; impacto sobre acuíferos y alteraciones paisajísticas en un entorno predominantemente agrícola”.

“En un municipio como el nuestro, donde la calidad ambiental del territorio es un activo estratégico, cualquier decisión de esta naturaleza debe contar con una elevada legitimidad social”, argumenta el grupo ecologista.

En su exposición de motivos para presentar la propuesta de hacer una consulta popular sobre este proyecto, señalan que Baena es un territorio olivarero y agroambiental, con su “economía, paisaje, estructura social y proyección exterior profundamente vinculados al cultivo del olivar y a la producción oleícola”. “Este modelo productivo no solo tiene dimensión económica, sino también ambiental (mantenimiento del suelo y biodiversidad asociada); territorial (configuración del paisaje agrario); cultural (identidad local) y social (empleo directo e indirecto)”.

Asimismo, exponen que “la transición hacia un modelo de economía circular constituye un objetivo estratégico tanto a nivel europeo como autonómico. En el ámbito local, ello implica: priorizar el aprovechamiento de residuos generados en el propio municipio; reducir la dependencia de residuos externos; minimizar impactos ambientales; y favorecer cadenas de valor cortas y sostenibles”. Y añaden que el sector del olivar ya genera subproductos (alperujo, restos de poda, biomasa) que pueden integrarse en esquemas de valorización energética o agronómica dentro del propio territorio.

Sin embargo -indican en su propuesta-, “la instalación de una planta de biogás de gran capacidad implicaría la entrada de residuos procedentes de otros municipios, la transformación del modelo actual hacia un esquema industrial intensivo y el riesgo de desalineación con una economía circular verdaderamente local”.

El grupo GRODEN-Ecologistas en Acción acompaña la propuesta de la normativa legal sobre las competencias del Ayuntamiento de Baena para realizar la consulta y sobre la implantación de un proyecto como la planta de biogás. Y pide al Consistorio que se apruebe la celebración de la pregunta a los vecinos, que deberá contar con la autorización preceptiva del Gobierno central para su convocatoria.

Por último, insisten en que “sea cual sea el resultado” de esa consulta popular, “dará estabilidad política, reducirá la conflictividad social y reforzará la transparencia institucional”.

El Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), organismo dependiente de la Diputación de Córdoba, ha sacado la licitación para organizar la III edición de 'Sabor a Córdoba'. Esta feria agroalimentaria busca ser un espacio expositivo donde mostrar la riqueza de los sectores productivos cordobeses, así como dar a conocer la historia, tradiciones y recursos naturales de nuestras comarcas, tal y como ha explicado en otras ediciones.

La cita tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de octubre en las instalaciones del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC), ubicado en el Parque Joyero. El evento contará con una zona expositiva y un programa de actividades diseñado para atraer tanto a profesionales del sector como al público general. El objetivo final de la institución provincial es fomentar el desarrollo socioeconómico, crear empleo y combatir activamente el despoblamiento en los pueblos de la provincia a través de la puesta en valor de sus productos endógenos.

Uno de los atractivos de esta tercera edición será el mantenimiento de dos espacios importantes. El Túnel del AOVE volverá a ofrecer un área independiente de al menos 30 metros cuadrados donde los visitantes podrán conocer y catar los aceites de las empresas expositoras y de las Denominaciones de Origen de la provincia. De igual manera, el Túnel del Vino acercará la cultura vitivinícola cordobesa a los asistentes, organizando las muestras por categorías y ofreciendo fichas de cata detalladas mediante códigos QR para potenciar la experiencia comercial.

La gastronomía en vivo tendrá un papel protagonista nuevamente con el apartado de showcooking, un área dotada con una gran pantalla LED de más de ocho metros para seguir las elaboraciones. En este espacio, chefs locales y jóvenes de la cocina cordobesa realizarán entre cuatro y seis demostraciones culinarias diarias utilizando los productos presentes en la feria. Las actividades se complementarán con un escenario principal dedicado al folklore y las tradiciones, y una zona de talleres interactivos para la formación y divulgación artesanal.

La feria contará con la participación empresarial e institucional. Se estima la presencia de 70 expositores agroalimentarios distribuidos en stands modulares, además de ocho espacios diáfanos reservados para las comarcas de la provincia y Córdoba capital. Como principal novedad de este año, se incorporará la Ruta Eco, un itinerario señalizado que permitirá a los visitantes localizar fácilmente a los productores ecológicos cordobeses.

El presupuesto base de licitación para este servicio integral de organización se ha fijado en 179.866,50 euros -impuestos incluidos-. Las empresas interesadas en gestionar este gran evento tienen hasta el próximo 26 de junio de 2026 para presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha concluido, tras realizar el análisis microbiológico de 368 muestras de las aguas de baño de todo el litoral andaluz, incluidas aguas continentales, que el estado general de las aguas se encuentra dentro de los límites de calidad sanitaria establecidos. No obstante, señala a la presa de La Colada, en El Viso (Córdoba), donde se ha prohibido el baño por la presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas para la salud.

Según ha detallado la Junta en una nota, el informe sobre el estado del litoral de la segunda quincena de mayo señala también como excepción la playa de Levante, de La Línea de la Concepción (Cádiz), donde se ha prohibido el baño en la zona porque se han detectado vertidos puntuales de aguas residuales.

Además, estas actuaciones, enmarcadas en el Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño, han reportado información sobre la rotura de un emisario que ha afectado a las playas de Guadalmar y del Campo de Golf, de Málaga, ante la que el Ayuntamiento ya ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los bañistas.

Este año, además, se ha dado de alta una nueva zona de baño continental en la localidad de Faraján (Málaga) y se han añadido y modificado puntos de muestreos en las playas de Guadalmansa y Galera dorada, en la localidad de Estepona, y en la playa Los Monteros, de Marbella, todas en la provincia de Málaga. De acuerdo con la normativa vigente, la temporada de baño en Andalucía comienza el 1 de junio y finaliza el 30 de septiembre, si bien se permite, en función de la ubicación y las características de la zona, disminuir esta temporada.

Así, existen en la comunidad un total de 17 zonas de baño de temporada de corta duración, todas ellas continentales, cuyo comienzo de temporada será el próximo 1 de julio. No obstante, en este inicio de la temporada, la Consejería ha vigilado 368 puntos de muestreo que 287 corresponden a zonas de baño con temporada habitual, de las cuales son 278 marítimas censadas (359 puntos de muestreo) y nueve zonas de baño continentales andaluzas con temporada completa.

Por provincias, la Junta ha expuesto que en Almería se han realizado un total de 91 muestreos en los 91 puntos censados, que se encuentran repartidos en 78 zonas de baño de 14 municipios. En Cádiz, se han tomado muestras en los 79 puntos censados, repartidos en 58 zonas de baño de 16 municipios. En Granada, en los 38 puntos censados que se encuentran en 30 zonas de baño de diez municipios. En Huelva, en los 50 puntos censados, repartidos en 25 zonas de baño de nueve municipios. Y en Málaga, en los 101 puntos censados, que se encuentran repartidos en 87 zonas de baño de 14 municipios.

En el caso de las zonas de baño continentales, el muestreo se ha llevado a cabo en la Balsa Cela en Lúcar (Almería); en los embalses de Cubillas, en Albolote; Bermejales, en Arenas del Rey; Negratín, en Cuevas del Campo; y en el Manantial de Fuencaliente, en los municipios de Huéscar y Orce, en la provincia de Granada.

En Córdoba, se han analizado las aguas del embalse de La Breña II, en Almodóvar del Río, y de la Presa de la Colada, en El Viso. En la presa de La Colada, se mantiene la prohibición del baño, por presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas para la salud hasta no confirmar niveles por debajo del riesgo por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Finalmente, en Sevilla se han analizado las aguas de la Ribera del Huéznar en San Nicolás del Puerto.

El resto de las zonas de baño continentales comenzarán su temporada el próximo 1 de julio, por lo que, a partir de ese día, aparecerán en la actualización de los informes quincenales. Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo -de cristal, plástico, caucho, madera-, que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario.

Salud Pública emite estos informes sobre la calidad sanitaria de las aguas, que indica su aptitud y en su caso e informa sobre recomendaciones o prohibiciones de baño, cada quince días a lo largo de la temporada estival y estará disponible para su consulta en la web de Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias hasta que finalice la temporada de baño el 30 de septiembre.

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha denunciado la falta de actuación de la Junta de Andalucía en el CEIP Poeta Molleja de Villa del Río, donde las obras de bioclimatización adjudicadas en junio de 2022 siguen sin ejecutarse “pese a los anuncios y compromisos realizados por el Gobierno de Moreno Bonilla.

Rodríguez ha recordado que en septiembre de 2025 el delegado territorial de Educación visitó el centro junto al alcalde de Villa del Río para anunciar el próximo inicio de las obras. “Ha pasado otro curso escolar completo y las actuaciones siguen sin comenzar. Estamos ante otro ejemplo de las promesas incumplidas de Moreno Bonilla con la educación pública”, ha señalado.

La parlamentaria ha mostrado su “preocupación” por las condiciones que soporta el alumnado del centro, una situación que se ha agravado en los últimos días tras producirse mareos entre varios estudiantes debido a las altas temperaturas registradas en las aulas. “No podemos normalizar que haya niños y niñas que sufran mareos por el calor mientras la Junta sigue sin ejecutar unas obras comprometidas hace tres años. Lo que ocurre en Villa del Río es la consecuencia directa de una gestión negligente que está afectando a numerosos centros educativos de la provincia de Córdoba y de toda Andalucía”, ha afirmado.

Rodríguez ha advertido de que la próxima semana se esperan temperaturas cercanas a los 38 grados y ha denunciado que miles de alumnos y alumnas siguen acudiendo a colegios que carecen de sistemas adecuados de climatización. “El CEIP Poeta Molleja no es una excepción. Es el reflejo de una realidad que están sufriendo muchos centros educativos cordobeses que continúan esperando unas inversiones prometidas y nunca ejecutadas. Moreno Bonilla lleva años anunciando soluciones mientras los niños y niñas siguen pasando calor en las aulas”.

Desde Por Andalucía también han querido reconocer el esfuerzo de las comunidades educativas para afrontar una situación que debería resolver la administración autonómica. “Ante la desidia de la Junta, son las AMPAs las que en muchos casos están asumiendo el coste de ventiladores y otras medidas para hacer más soportables las clases. Las familias están poniendo recursos de su bolsillo para cubrir unas necesidades que debería garantizar el Gobierno andaluz”.

La parlamentaria ha criticado que la única respuesta de la Junta haya sido permitir la salida anticipada del alumnado durante los episodios de calor extremo. “Reducir el horario lectivo no soluciona el problema, simplemente traslada las consecuencias a las familias. Lo que hacen falta son inversiones, planificación y obras ejecutadas”.

Por Andalucía exige a la Consejería de Desarrollo Educativo que informe “de inmediato” sobre el estado del proyecto de bioclimatización del CEIP Poeta Molleja y que acelere las actuaciones pendientes en todos los colegios de la provincia que continúan sin contar con medidas adecuadas frente a las temperaturas extremas.

Finalmente, Rodríguez ha animado a la ciudadanía a participar en la concentración convocada el próximo lunes frente al Ayuntamiento de Villa del Río, a partir de las 20:30. “Las familias tienen motivos de sobra para movilizarse y exigir respuestas. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, gobernados por el mismo partido, no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras nuestros niños y niñas soportan unas condiciones impropias de una educación pública de calidad”.

La Carlota está preparándose para albergar una de las fábricas punteras a nivel andaluz en cuanto a la carne de ave se refiere, aunque tendrá que esperar unos meses más. El inicio de las operaciones de la nueva planta de procesamiento avícola de AviSerrano en dicha localidad cordobesa tendrá lugar finalmente en agosto, después de que las previsiones iniciales situaban la inauguración en el presente mes de junio.

Según ha podido confirmar este periódico, el ajuste en el calendario supone un retraso respecto a los planes comunicados originalmente por el grupo AviSerrano. No obstante, el proyecto sigue avanzando con su objetivo primordial: consolidarse como un motor económico para la provincia de Córdoba, sobre todo para La Carlota. De hecho, el interés que despertó esta iniciativa fue notable. La empresa ha recibido más de 5.000 currículos de aspirantes interesados en formar parte de este centro de producción. Y la procedencia no solo se pone el foco en la extensión cordobesa, sino que también en otras provincias de España.

Para ello, el departamento de Recursos Humanos de AviSerrano ya está ultimando la valoración de cada documento para llevar a cabo la selección del personal. Tanto es así que la empresa busca cubrir entre 300 y 500 puestos de trabajo para empezar la actividad en agosto. En esta primera fase, tal y como ha contado este periódico en otras ocasiones, la búsqueda se ha centrado en perfiles técnicos y de alta cualificación, como operarios de producción, técnicos de mantenimiento industrial, especialistas en calidad y expertos en seguridad alimentaria.

Inversión, características y servicios complementarios

Aun así, el crecimiento no queda aquí, porque la planta aspira a alcanzar una cifra entre 1.000 y 1.500 empleos directos para finales de 2026 o principios de 2027. Además, AviSerrano ha puesto sobre la mesa una inversión que oscila entre los 60 y 100 millones de euros, en un complejo que se ubica en una parcela de 102.000 metros cuadrados en el Parque Empresarial Nuevas Poblaciones, para tener una buena conexión con la autovía A-4.

Por otro lado, la fábrica consistirá en un centro de procesado de aves de gran capacidad, diseñado para sacrificar hasta 12.500 pollos y 2.500 pavos por hora. Estas instalaciones cuentan con tecnología de vanguardia para optimizar la cadena de producción desde el primer momento. Además del matadero y la sala de despiece, el proyecto incluye una sala de envasado con capacidad para producir 300.000 bandejas diarias de producto fresco.

Asimismo, el complejo contará en el futuro con servicios complementarios como una gasolinera, cafetería, restaurante y un hotel de cuatro estrellas con 60 habitaciones. Se prevé que todas estas instalaciones auxiliares estén totalmente finalizadas para marzo de 2027.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, ha anunciado que desde el Ayuntamiento de Lucena se pondrá en marcha a partir del próximo lunes 8 de junio una nueva campaña informativa y de vigilancia destinada a reforzar la tenencia responsable de mascotas y el cumplimiento de la normativa municipal relacionada con la convivencia ciudadana.

Esta actuación tendrá una duración aproximada de quince días y dará continuidad a las campañas desarrolladas durante el pasado año 2025. “Durante este periodo, la Policía Local reforzará su presencia en parques, zonas verdes, jardines y espacios públicos, donde se concentra habitualmente la mayor afluencia de personas acompañadas de mascotas”, ha explicado Ángel Novillo, acompañado por el inspector de la Policía Local, David Navas, y el subinspector Eloy González.

Entre los principales objetivos de la campaña se encuentra recordar a los propietarios la obligación de recoger los excrementos de sus animales y mantener bajo control a los perros en todo momento mediante el uso de correa. Asimismo, se prestará especial atención al cumplimiento de la normativa aplicable a los perros potencialmente peligrosos, que deberán circular con bozal y con la correspondiente licencia administrativa en vigor.

La Policía Local también realizará controles de identificación animal mediante dispositivos lectores de microchip cedidos por el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba. Estos aparatos permiten escanear el microchip implantado en el animal y conocer de forma inmediata los datos de su titular, facilitando la comprobación del cumplimiento de las obligaciones legales en materia de identificación y registro.

Las infracciones detectadas durante la campaña podrán ser objeto de sanción económica, con importes que habitualmente oscilan entre los 200 y los 500 euros, dependiendo de la gravedad de la conducta y de posibles reincidencias. Desde el Ayuntamiento de Lucena se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener limpios y seguros los espacios públicos, favoreciendo una convivencia responsable y respetuosa entre propietarios de mascotas y el resto de vecinos.

El mildiu sigue estando presente en Montilla-Moriles. Las temperaturas son más altas y las borrascas parece que han pasado a un segundo plano, pero la evolución de esta enfermedad ha marcado una cota bastante alta en la última semana. Según el último boletín de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) de la Junta de Andalucía, la presencia de cepas afectadas por el hongo ha ascendido significativamente, alcanzando ya el 63,64% de las estaciones de control biológico muestreadas (ECB). Este dato supone un incremento respecto al 54,55% registrado desde el 17 al 24 de mayo.

Este repunte de la enfermedad coincide con un momento que es crucial para el desarrollo de la viña. Actualmente, el estado fenológico dominante en la región es el 'K' (tamaño del grano guisante), que representa el 90,9% de las explotaciones, mientras que el 9,1% restante se encuentra en el estado 'J' (cuajado). En esta fase, la vigilancia se vuelve determinante para asegurar la calidad de la futura cosecha, de ahí la importancia que tienen ambas.

Los técnicos de la RAIF han señalado que el valor medio provincial de cepas afectadas también ha experimentado un crecimiento, situándose en el 6,36%, frente al 5,45% de la semana pasada. Una evolución idéntica se ha observado en el porcentaje de hojas que muestran síntomas de la enfermedad, consolidando la tendencia al alza del hongo en la campiña cordobesa.

Como ha comentado este periódico anteriormente, esta proliferación del mildiu no es fruto de la casualidad, ya que proviene de una alta carga de inóculo invernante heredada de la campaña anterior, donde se registró un elevado nivel de incidencia. El hongo sobrevive al invierno en el suelo, principalmente en restos de hojas caídas, esperando las condiciones adecuadas para activar sus estructuras de resistencia.

A pesar de la expansión en las hojas, el informe arroja una nota que alivia en cierta instancia: continúa sin observarse la presencia de racimos con síntomas en las zonas muestreadas. No obstante, se advierte de que el ataque sobre los frutos recién formados puede recubrirlos de un polvo blanco, mientras que en granos más desarrollados aparecen manchas blanquecinas que terminan por deprimirlos y oscurecerlos.

Por otro lado, las previsiones apuntan a una estabilidad climática con temperaturas máximas de entre 34 y 38 ºC, acompañadas de una humedad relativa baja. Dado que las temperaturas superiores a los 29 ºC limitan o inhiben la germinación del mildiu, el calor extremo previsto podría frenar su avance natural. Aunque, sin embargo, la RAIF aconseja no bajar la guardia en este sentido.

Para que se produzca una infección primaria de mildiu, deben cumplirse tres condiciones básicas: brotes con una longitud igual o superior a 10 centímetros, lluvias de más de 10 milímetros en uno o dos días y una temperatura media por encima de los 10 ºC. Aunque no se prevén lluvias inmediatas, la humedad residual y las condiciones previas han sido suficientes para mantener activo al patógeno.

La localidad cordobesa de Espejo celebra hasta el día 7 de junio las primeras jornadas de memoria democrática 'Comandante Pérez Salas', que plantean como objetivo central la demanda al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía del “reconocimiento y catalogación inmediata y efectiva” de la zona de la Loma de las Dehesillas, donde fue tomada la fotografía 'Muerte de un Miliciano' por Robert Capa o por su mujer, Gerda Taro, como Bien de Interés Cultural y Lugar de Memoria Democrática.

Así lo ha indicado la organización del encuentro en una nota en la que ha detallado que el soldado republicano Federico Borrell es el personaje inmortalizado en la imagen mundialmente conocida como “uno de los grandes símbolos del siglo XX contra el militarismo y la violencia del fascismo, que pronto se extenderían por toda Europa”.

Tanto la imagen 'Muerte de un Miliciano' como el escenario físico en que fue tomada “reúnen en el más alto grado la relevancia histórica y cultural para ser considerados por el Estado español Bien de Interés Cultural y Lugar de Memoria Democrática e inscritos como tales en los correspondientes catálogos oficiales”, y su catalogación situaría al pueblo de Espejo y a toda la comarca de la Campiña “en el mapa global de los territorios que constituyen un patrimonio para toda la humanidad como referentes de las luchas populares antifascistas del siglo XX y que son recorridos y visitados por miles de viajeros comprometidos o interesados en estos temas”.

Por estas razones, el Ayuntamiento de Espejo solicitó en mayo de 2015 a la Junta de Andalucía la declaración de los lugares vinculados a la toma de la icónica fotografía como Lugar de Memoria Democrática, mientras que el Foro por la Memoria Democrática de Espejo 'Comandante Pérez Salas' volvió a pedir formalmente en 2023, tanto a la Junta de Andalucía como a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno central, la catalogación de este espacio como Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico y, simultáneamente, como Lugar de Memoria Democrática, siendo hasta ahora “el silencio administrativo” la “única respuesta”.

Cabe señalar que el Foro por la Memoria Democrática de Córdoba y la Federación Provincial de Asociaciones por la Memoria Democrática de Córdoba apoyan esta petición.

Greenar, Vorn Bioenergy y Oleícola El Tejar han reafirmado hoy en una rueda de prensa su proyecto para implantar en Baena (Córdoba) una planta de biogás con una inversión 39 de millones que permitirá transformar hasta 400.000 toneladas de residuos olivareros en gas natural.

Según la información facilitada por los promotores, la planta de biogás de Baena se integra en las estrategias europeas, nacionales y autonómicas destinadas a impulsar las energías renovables y avanzar hacia modelos productivos más sostenibles, poniendo en valor los residuos orgánicos procedentes de la actividad olivarera. La planta de biometano Hojiblanca Biometano 5 (HB5) es una iniciativa promovida por Greenar y Vorn Bioenergy Iberia, en colaboración con Oleícola El Tejar, para transformar subproductos agroindustriales del olivar en energía renovable y fertilizantes orgánicos. Ubicada en el paraje de Amarguilla, en Baena, la instalación utilizará principalmente alperujo y alpechín desgrasado procedentes de Oleícola El Tejar, materiales que serán transportados mediante tubería, evitando así el tráfico asociado al transporte por carretera.

La actuación contempla una inversión cercana a los 39 millones de euros, una capacidad de tratamiento de 300.000 toneladas anuales en una primera fase y de 400.000 toneladas en una segunda, así como la creación de más de diez puestos de trabajo directos y alrededor de treinta indirectos, además del empleo generado durante el periodo de construcción.

La instalación producirá biometano con una pureza superior al 98%, que será inyectado en la red de gas natural mediante una conducción de aproximadamente 1.041 metros, sustituyendo combustibles fósiles por energía renovable de origen local. Asimismo, generará CO₂ biogénico licuado y digestato con valor agronómico, contribuyendo a un modelo de economía circular que permite aprovechar residuos del sector oleícola y devolver nutrientes al suelo agrícola. Según los promotores, esta actividad permitirá diversificar los ingresos vinculados al olivar, fortalecer el tejido cooperativo y mantener en el territorio una parte significativa del valor económico generado.

Uno de los principales argumentos que respaldan la instalación es su contribución a la modernización de la gestión del alperujo. Andalucía produce más de cinco millones de toneladas de este subproducto cada año y Oleícola El Tejar gestiona aproximadamente el 40 % del volumen generado en la comunidad autónoma. La incorporación de una planta de biometano se plantea como una evolución natural para el sector, al convertir un residuo complejo de gestionar en productos de alto valor añadido como biometano, CO₂ renovable y fertilizantes orgánicos, reduciendo al mismo tiempo las emisiones y mejorando la sostenibilidad de la cadena de producción del aceite de oliva.

Reducción de emisiones CO2

Desde el punto de vista ambiental y energético, la iniciativa destaca por su contribución a la descarbonización y al fortalecimiento de la independencia energética. El biometano obtenido puede reducir hasta un 70% las emisiones de CO₂ en comparación con el gas natural fósil al que sustituye, mientras que la captura y licuefacción del CO₂ biogénico contribuye a avanzar hacia un balance de carbono negativo. Del mismo modo, la derivación de la fracción líquida del alperujo hacia esta instalación permitiría reducir en más de un 60 % las emisiones atmosféricas asociadas al tratamiento actual de estos residuos.

El documento también da respuesta a algunas de las principales preocupaciones planteadas por parte de la ciudadanía. En relación con los posibles olores, emisiones, riesgos para la salud, contaminación de acuíferos o incremento del tráfico, los promotores sostienen que la instalación funcionará mediante sistemas cerrados y herméticos, incorporando tecnologías de tratamiento de gases, biofiltros y controles ambientales sujetos a las exigencias de la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Además, recuerdan que la materia prima principal será el alperujo procedente de Oleícola El Tejar —hasta 340.000 toneladas anuales respaldadas por contrato de suministro—, por lo que el funcionamiento de la planta no depende de nuevas explotaciones ganaderas ni favorecería la implantación de macrogranjas.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de información pública ambiental dentro del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada ante la Junta de Andalucía, mientras que la tramitación urbanística municipal continúa paralizada. Los promotores defienden que la actuación está alineada con las estrategias europeas y nacionales de impulso al biometano y con los objetivos de transición energética, economía circular y reducción de la dependencia energética exterior, considerándola una oportunidad para reforzar la competitividad del sector oleícola y generar actividad económica sostenible en Baena y su entorno.

La instalación permitirá valorizar residuos orgánicos procedentes de actividades agroindustriales y de otras fuentes autorizadas, transformándolos en energía renovable y productos útiles para la actividad agrícola, evitando que estos materiales generen emisiones de gases de efecto invernadero de manera incontrolada.

Gracias a este proceso, se contribuirá a reducir la dependencia de combustibles fósiles, impulsar la producción energética de origen renovable y avanzar en los objetivos de descarbonización marcados por las instituciones europeas y españolas.

Asimismo, la valorización de residuos mediante tecnologías de biogás constituye una de las herramientas reconocidas internacionalmente para impulsar la economía circular, permitiendo que materiales tradicionalmente considerados desechos puedan reincorporarse al ciclo productivo de forma eficiente y sostenible.

Impacto para el empleo y el desarrollo local

Los promotores de la planta defienden que, junto a sus beneficios ambientales, la futura planta generará oportunidades económicas para Baena y su entorno, tanto durante la fase de construcción como una vez entre en funcionamiento. Su puesta en marcha favorecerá la creación de empleo directo e indirecto, la contratación de servicios auxiliares y la colaboración con empresas locales vinculadas al transporte, mantenimiento, ingeniería y servicios técnicos.

Además, la inversión asociada contribuirá a reforzar la actividad económica de la zona y a consolidar nuevas oportunidades ligadas a sectores estratégicos como las energías renovables, la innovación medioambiental y la gestión sostenible de recursos.

Greenar y Vorn Bioenergy reiteran que su objetivo es desarrollar una actuación que aporte valor ambiental, económico y social al municipio, manteniendo una relación permanente de colaboración con las instituciones y la ciudadanía. Las compañías consideran legítimo que existan distintas sensibilidades y opiniones en torno a iniciativas de esta naturaleza, pero defienden que el debate público debe sustentarse en información contrastada, análisis técnicos rigurosos y el respeto a los procedimientos administrativos que garantizan la protección del interés general.

Por ello, ambas entidades renuevan su invitación a todos los colectivos interesados para participar en espacios de diálogo y conocimiento que permitan abordar cualquier cuestión relacionada con la instalación desde la transparencia, el rigor y la voluntad de colaboración. Greenar y Vorn Bioenergy aseguran que seguirán trabajando para que esta planta de biogás se convierta en un ejemplo de innovación, sostenibilidad y compromiso con el futuro del territorio, contribuyendo a una transición energética ordenada, responsable y beneficiosa para el conjunto de la sociedad.

Compromiso de transparencia y sostenibilidad

Durante la rueda de prensa celebrada en el Casino de Baena, los promotores de la planta han mostrado su compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y el desarrollo económico del territorio en relación con el avance de este proyecto. La iniciativa ha superado los procedimientos de evaluación y autorización previstos en la normativa vigente y está llamada a desempeñar un papel relevante en la transición energética, el impulso de la economía circular y la gestión sostenible de los residuos orgánicos de la comarca. Actualmente, el expediente se encuentra en fase de información pública, un procedimiento que corresponde tramitar a la Junta de Andalucía.

Ante las recientes manifestaciones públicas realizadas por distintos colectivos y plataformas contrarias a la instalación, el CEO de Greenar, Diego Aranda, y la responsable de Materias Primas de Vorn Bioenergy, María Martín, han querido trasladar a la ciudadanía, a las administraciones y a los agentes sociales un mensaje de tranquilidad y confianza, insistiendo en que la propuesta ha sido sometida a todos los controles técnicos, ambientales y administrativos exigidos por la legislación vigente y por las autoridades competentes.

En este sentido, Diego Aranda ha señalado que “estamos dispuestos a ofrecer toda la información que se nos demande por parte de la ciudadanía, siempre que se haga de forma correcta y con buena fe”. Asimismo, ha anunciado la puesta en marcha de un canal directo de comunicación a través de la página web biometanobaena.es, donde se atenderán las consultas de quienes se identifiquen y utilicen el formulario de contacto habilitado para ello.

El CEO de Greenar ha lamentado las acusaciones de falta de transparencia vertidas desde distintos ámbitos y ha defendido que la documentación ha estado disponible para todas las personas que la han solicitado. “El documento del proyecto está publicado en la web de la Junta de Andalucía y, además, propusimos la creación de una comisión informativa a quienes han impulsado actividades contrarias a la planta, sin haber recibido respuesta desde que planteamos esa posibilidad el pasado mes de febrero”, ha explicado. Aranda también ha advertido sobre “la enorme cantidad de bulos, mentiras, desinformación y convocatorias fantasma que circulan por las redes sociales y que únicamente contribuyen a generar confusión entre la población”.

Por este motivo, ha reiterado la voluntad de los promotores de facilitar cuantas aclaraciones sean necesarias para evitar situaciones como la vivida esta semana. “Se convoca una manifestación de forma anónima, sin solicitar autorización a las administraciones correspondientes, se genera una gran repercusión en redes sociales y posteriormente se desconvoca”, ha afirmado. A su juicio, se trata de asuntos que deben abordarse con responsabilidad y rigor. En la misma línea, ha dejado claro que la empresa no participará en debates promovidos desde el anonimato o a través de redes sociales y ha apelado a la confianza de los vecinos de Baena, ofreciendo información a colectivos, asociaciones, organizaciones y particulares que deseen conocer más detalles sobre la instalación, siempre desde la transparencia y el respeto a las normas de participación.

Tanto Diego Aranda como María Martín han coincidido en la necesidad de promover un clima de diálogo constructivo y de facilitar el acceso a la información mediante la creación de una comisión informativa abierta y representativa. La finalidad de este órgano será proporcionar un espacio de encuentro donde compartir información técnica, resolver dudas, aclarar aspectos relacionados con el funcionamiento de la planta y escuchar las inquietudes de los distintos sectores de la sociedad.

Un proyecto respaldado por los procedimientos administrativos y ambientales

La planta impulsada por Greenar y Vorn Bioenergy ha seguido de forma rigurosa todas las fases de tramitación previstas por la normativa autonómica y estatal, incorporando los estudios técnicos, ambientales y sectoriales requeridos por las administraciones competentes.

La iniciativa ha sido analizada por los organismos encargados de evaluar su viabilidad técnica, su adecuación urbanística y su compatibilidad ambiental, cumpliendo los requisitos necesarios para la obtención de las autorizaciones correspondientes.

Este procedimiento garantiza que una instalación de estas características únicamente pueda desarrollarse cuando acredita, mediante documentación técnica y procesos reglados, el cumplimiento de los estándares exigidos en materia de protección ambiental, seguridad industrial, gestión de residuos y salud pública.

“Las autorizaciones obtenidas son el resultado de un procedimiento transparente, garantista y sometido al control de las administraciones competentes. Nuestro compromiso ha sido siempre trabajar con absoluto rigor técnico y dentro del marco legal vigente”, ha afirmado María Martín. La responsable de Materias Primas de Vorn Bioenergy ha subrayado además que “la transición energética requiere soluciones capaces de transformar residuos en recursos, reducir emisiones y generar energía renovable de manera eficiente. Esta iniciativa responde precisamente a esos objetivos y ha sido evaluada conforme a los criterios técnicos establecidos por la normativa”.

A finales del mes de mayo, los ayuntamientos de los municipios malagueños de Alameda, Humilladero, Fuente de Piedra y Mollina publicaban un comunicado en el que afirmaban que “a pesar de las abundantes lluvias registradas, la situación de los acuíferos continúa siendo preocupante”, por lo que anunciaban que restringían el uso de agua. Los cuatro ayuntamientos, en un bando conjunto, señalaban que tras varios años consecutivos de “grave sequía y escasas precipitaciones”, las reservas subterráneas de agua no se han recuperado lo suficiente y pedían responsabilidad y colaboración a la ciudadanía frente a esta “situación crítica”. Y con el objetivo de “garantizar el suministro en los próximos meses”, han adoptado una serie de restricciones como prohibir utilizar la red de abastecimiento para el riego de huertos y jardines, para la limpieza de fachadas o coches particulares, o el llenado de piscinas privadas.

A cuenta de estas restricciones, de nuevo se ha puesto sobre la mesa la reclamación de un trasvase de agua del pantano de Iznájar (Córdoba) para esta zona de Málaga que recurrentemente afronta cortes de suministro por la sequía. La petición del trasvase colea desde hace años desde los municipios malagueños y, enfrente, cuando el pantano -el más grande de Andalucía- atravesaba también las consecuencias de la sequía, Iznájar y otros municipios ribereños se negaban a esta medida.

Ante ello, está la posición distanciada de las administraciones, con el Gobierno señalando hace años que el trasvase tenía que ver con competencias de la Junta de Andalucía y la administración autonómica apelando a 'dar la batalla' para lograr este trasvase de agua para los pueblos de Málaga, una petición hecha desde el inicio del gobierno del PP en la región.

Ahora, antes de que el verano arranque y con restricciones de agua ya impuestas en los municipios malagueños afectados, de nuevo el trasvase de Iznájar sale a la palestra. Al comienzo de esta semana, la Junta de Andalucía volvía a realizar esta reclamación al Gobierno central. Lo hacía por boca de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que reiteraba la necesidad de mejorar el abastecimiento y el aprovechamiento de los recursos hídricos en la comarca malagueña de Antequera -donde están los municipios que ya han anunciado restricciones de agua-, e instaba a los ayuntamientos a sumarse a la reivindicación del trasvase de Iznájar que la Junta de Andalucía lleva pidiendo desde 2019.

“Es el Gobierno de España el que debe otorgar la autorización que permita el trasvase desde el pantano de Iznájar, en Córdoba, a varios municipios de la comarca de Antequera”, ha apuntado Navarro. En esta misma línea, ha recordado que ha habido “dos años muy positivos desde el punto de las precipitaciones, pero venimos de una larga sequía que ha tenido un impacto muy negativo en las masas de agua subterráneas; y eso hace que municipios, como Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Alameda, se vean abocados, un año más, a sufrir cortes del suministro por la mala calidad del agua”.

“Autorización del Consejo de Ministros” y 50 millones comprometidos

La delegada del Gobierno andaluz ha afirmado que “estamos a falta de lo mismo que hace siete años, y es la firma por parte del Consejo de Ministros de esa autorización de 4,9 hectómetros cúbicos para traer agua a los municipios más afectados de la provincia”. Para Navarro, la solución definitiva pasa, “como llevamos diciendo desde 2019, y trabajando en ello, por las conexiones del pantano de Iznájar con este territorio”.

Actualmente, el pantano de Iznájar se encuentra al 88% de su capacidad, por lo que, ha dicho, “hay agua y volvemos a pedir el compromiso del Estado, porque en época de sequía entendemos las reticencias, pero ahora no. Ahora hay agua y, sin embargo, tenemos municipios en la provincia de Málaga que se tienen que ver abocados a nuevos cortes de suministro”.

Navarro ha indicado, además, que el trasvase beneficiaría a varias localidades, de forma directa y a través de los propios acuíferos, ya que la actuación prevista y demandada por el Gobierno andaluz beneficiaría a los municipios de Alameda, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Tapia, Antequera, Archidona, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco.

La delegada de la Junta ha afirmado que hay comprometidos 50 millones de euros para la ejecución de las obras necesarias de dicha infraestructura de abastecimiento en alta desde Iznájar hasta los municipios de la zona norte de esta comarca.

La pelota está en el tejado de las administraciones mientras, de nuevo, estos pueblos de Málaga vuelven a sufrir restricciones de agua pese al tren de borrascas de este invierno y las copiosas lluvias.

La Diputación de Córdoba, a través de la empresa pública provincial CINCO SA, ha reactivado el proceso para completar la construcción de las 26 viviendas sociales que quedaron paralizadas meses atrás. Esta medida busca retomar de forma urgente unas promociones que cuentan con financiación de los fondos Next Generation EU y que sufrieron importantes retrasos bajo la gestión de las anteriores empresas adjudicatarias.

El origen de esta nueva licitación reside en la resolución de los contratos con dos constructoras externas que no cumplieron con los plazos previstos en los pliegos. Aunque el programa total contempla la construcción de 46 inmuebles destinados al alquiler social o asequible en once municipios de la provincia, más de la mitad del proyecto se vio afectado por la falta de solvencia técnica de las empresas mencionadas, obligando a la administración provincial a reiniciar los trámites para evitar el bloqueo del plan.

Según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público al que ha podido acceder este periódico, las nuevas licitaciones afectan a seis localidades cordobesas. En concreto, se han sacado a concurso las obras de terminación de siete viviendas protegidas en Nueva Carteya, cuatro en La Carlota, tres en Aguilar de la Frontera, tres en Fuente Palmera, tres en Dos Torres y una en El Viso. Estas actuaciones suman un total de 21 unidades habitacionales, a las que se añadirán próximamente las restantes hasta completar las 26 afectadas por la rescisión contractual.

Pese a la preocupación inicial por el calendario de ejecución, la Diputación aseguró a este periódico que los fondos europeos están plenamente “garantizados” y que no existe riesgo de pérdida de las ayudas. Para asegurar la financiación, la institución ha formalizado una prórroga dentro de los mecanismos previstos para el sector de la construcción, afectado en los últimos meses por el incremento de costes derivado de la coyuntura internacional y la Guerra de Irán.

La Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad y la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera han publicado hoy en el BOJA la resolución por la que se declara la emergencia cinegética temporal en los terrenos cinegéticos y no cinegéticos de Andalucía por daños, riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad vial causados por el jabalí y el cerdo asilvestrado.

La medida responde al crecimiento sostenido de las poblaciones de ambas especies en la comunidad autónoma y al nuevo escenario epidemiológico derivado de la aparición de focos de peste porcina africana (PPA) en España, considerada una de las principales amenazas sanitarias para el sector porcino europeo. A fecha de 28 de mayo de 2026, desde la declaración de esta enfermedad el pasado 28 de noviembre se han confirmado un total de 325 casos/jabalíes positivos por PPA, dentro de los 52 focos detectados en los 13 municipios afectados de Cataluña.

La Junta de Andalucía viene adoptando desde 2014 medidas excepcionales orientadas al control de estas poblaciones por los importantes daños que ocasionan sobre los ecosistemas, la agricultura, la ganadería, la seguridad vial y la salud pública. La resolución aprobada para la temporada 2026-2027 refuerza estas actuaciones con el objetivo prioritario de disminuir la probabilidad de entrada y difusión de la peste porcina africana en Andalucía, así como limitar otras enfermedades que afectan a la fauna silvestre y al ganado.

Hay que señalar que tanto el jabalí como el cerdo asilvestrado, dada su elevada densidad, capacidad de desplazamiento y comportamiento oportunista, generan importantes impactos sobre los ecosistemas y las explotaciones agroganaderas. Además, actúan como reservorios y transmisores de enfermedades animales de especial relevancia sanitaria.

Todas las actuaciones contempladas en la resolución están encaminadas a controlar las poblaciones de jabalí y avanzar en la erradicación de los cerdos asilvestrados presentes en el medio natural andaluz. Con ello se pretende reducir daños en la agricultura y la ganadería, minimizar los riesgos ambientales y disminuir los accidentes de tráfico asociados a la presencia de fauna silvestre.

La resolución también suspende, con carácter general, las repoblaciones de jabalíes en terrenos cinegéticos andaluces, una medida preventiva orientada a evitar incrementos artificiales de las poblaciones y reducir los riesgos sanitarios asociados.

Las medidas de control podrán desarrollarse mediante capturas en vivo y mediante el uso de armas, pudiendo realizarse a través de las distintas modalidades recogidas en la resolución tanto en terrenos cinegéticos como en terrenos no cinegéticos.

Capturaderos, aguardos y recechos

Entre las principales medidas previstas figura la posibilidad de realizar durante toda la temporada modalidades de aguardo y aguardo nocturno y los recechos entre el 1 de agosto de 2026 y el 1 de marzo de 2027.

Se permite la instalación de capturaderos de jabalí mediante el procedimiento de comunicación previa posibilitando que una única comunicación abarque toda la temporada. Los ejemplares capturados deberán ser sacrificados.

La resolución permite igualmente en los cotos de caza el aporte puntual de pequeñas cantidades de alimento vegetal para mejorar la eficacia de los aguardos, manteniéndose la prohibición del uso de alimentos cárnicos y de sistemas dispensadores de alimentación.

Para facilitar la identificación de los ejemplares, mejorar la eficacia de los controles y reforzar la seguridad de las personas cazadoras, exclusivamente en los terrenos cinegéticos se permite el uso de visores nocturnos y térmicos debiendo de portar el cazador autorización expresa del titular del coto.

Además, se posibilita repetir dentro del periodo hábil una batida de gestión para el jabalí y/o cerdo asilvestrado en manchas en las que ya se haya celebrado con anterioridad una montería, gancho o batida, por el procedimiento de comunicación previa.

Asimismo, se priorizará el control de hembras adultas y subadultas por su importancia en la dinámica de crecimiento de las poblaciones.

Con estas medidas, la Junta de Andalucía refuerza la colaboración con el sector cinegético, agrícola y ganadero para hacer frente a una problemática que afecta al medio natural, a las explotaciones agroganaderas, a la sanidad animal y a la propia seguridad de las personas, contribuyendo al mantenimiento del equilibrio ecológico y a la protección de uno de los sectores productivos más importantes de la comunidad autónoma.

El Ayuntamiento de Lucena instalará 67 cámaras de viodevigilancia para controlar el tráfico en puntos críticos donde se produce una mayor concentración de incidencias, accidentes y siniestralidad. El Pleno ha ratificado la propuesta de aprobación del gasto plurianual destinado a la contratación del suministro, instalación, implantación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento del nuevo sistema de videovigilancia y control del tráfico del municipio. 

Así, la actuación prevé la instalación de esas 67 cámaras distribuidas en 48 puntos o nodos estratégicos de la ciudad, especialmente en accesos, rotondas y vías principales donde se registran mayores incidencias de tráfico o siniestralidad. De todas ellas, 14 contarán con sistemas de lectura de matrículas y 53 estarán destinadas únicamente al visionado convencional.

Desde la Policía Local se ha subrayado que el sistema no incorpora mecanismos de denuncia automática ni persigue un objetivo recaudatorio, sino que está orientado exclusivamente a la regulación del tráfico, la mejora de la movilidad y el apoyo a la seguridad ciudadana. En cualquier caso, el proyecto está sujeto a futuras ampliaciones conforme evolucione el crecimiento urbano de la ciudad y las necesidades de control y regulación vial.

El proyecto contempla una inversión inicial de 176.359,65 euros más IVA durante el ejercicio 2026 para el suministro, instalación y montaje de las cámaras. Además, el expediente incluye el mantenimiento del sistema durante los próximos cuatro años hasta 2030, con una partida anual de 34.428,39 euros más IVA.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, acompañado por Pepe Pino y David Navas desde la Policía Local, han explicado que la aprobación por el Pleno de este trámite ha supuesto un paso “indispensable” para culminar “un proyecto estratégico que permitirá mejorar la regulación del tráfico y reforzar la seguridad vial en distintos puntos de la ciudad”.

El edil lucentino ha recordado que la licitación inicial tuvo que reiniciarse tras un recurso presentado por una empresa ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, estimado parcialmente.

A partir de ese momento, las delegaciones implicadas, entre las que también se encuentran Servicios Operativos e Informática, revisaron y reforzaron los pliegos técnicos y administrativos con el objetivo de completar un expediente “más sólido y mejor definido”, basado en la reorganización de las ubicaciones de las cámaras y el refuerzo de todas las garantías relacionadas con la protección de datos, obteniendo el respaldo unánime de todos los grupos políticos en la comisión informativa de Régimen Interior.