Las temperaturas extremas que vive Córdoba durante el verano hace necesarias distintas medidas de prevención laboral para mantener la seguridad de los trabajadores, con jornadas más reducidas e intensivas en sectores donde se realizan labores en el exterior como en la construcción o el campo, y toda una serie de medidas obligatorias y otras recomendaciones para preservar la salud ante el calor. Sin embargo, la campaña especial de verano ha registrado distintas denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos en este ámbito, aunque se aprecia que, poco a poco, “va calando la cultura de la prevención. Va calando la idea de que el calor mata”.

Quien hace esta reflexión es el secretario de Salud Laboral de CCOO en Córdoba, Aurelio Martín, para dar cuenta de la labor del sindicato en los centros de trabajo ante las temperaturas que ha marcado máximas de calor extremo. La campaña se ha centrado en informar a los trabajadores y en realizar mucha labor de prevención con estos y las empresas, de manera que se tome conciencia de la necesidad de cumplir las medidas ante las altas temperaturas. Pero, no obstante, el verano ha terminado con una decena de denuncias interpuestas por el sindicato ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos en el sector de la construcción y alguna otra en el sector de servicios y comercio.

“Se han realizado visitas a diario a las obras, tanto en el mes de julio como en agosto”, explica sobre la labor sindical. En estas visitas se ha comprobado si las empresas cumplían los horarios establecidos y el resto de normas ante avisos por calor, como proporcionar sombras, agua y pausas en la tarea, y tener equipos de protección adecuados. Si bien se han interpuesto esa decena de denuncias -algunas repetidas a la misma empresa por reiteración de los incumplimientos-, desde el sindicato sí destacan que, “en general, cuando se ha visitado la obra y se ha hablado con el responsable, se han reconducido medidas y se han puesto los medios sin tener que llegar a denunciar”.

“Trabajadores más concienciados”

Algo parecido ha ocurrido en el sector servicios y el comercio, donde CCOO también ha puesto alguna denuncia por mantener temperaturas por encima de las aconsejadas para trabajar o en la hostelería, donde se han advertido de cuestiones que tienen que ver con el trabajo en las terrazas en las horas de más calor. Pero, “en términos generales, se está cumpliendo las normas también porque los trabajadores están más concienciados, saben sus derechos y se quejan cuando hay una ola de calor. Parece que la cultura de la prevención va calando”, reitera. “Va calando de que el calor es un peligro, que hay que tomar medidas y cumplir las normativas”.

En sectores como la industria, donde no hay una jornada intensiva establecida por convenio, es más complicada la labor de prevención del sindicato, al no poder entrar libremente a comprobar las condiciones de trabajo. Por eso, desde CCOO “hacemos un llamamiento constante a los trabajadores, para que si constatan situaciones en las que se están incumpliendo la normativa de riesgos laborales por las altas temperaturas, lo pongan en nuestro conocimiento y podamos actuar”.

Además, desde el sindicato ponen de relieve cómo los efectos de un golpe de calor pueden no darse en el tajo, sino horas después con el trabajador ya en casa. “Nos preocupa que el efecto del calor a veces no da la cara en el momento, puedes pasarte el día trabajando en la calle pero las consecuencias ocurren cuando estás en casa o durmiendo, te da un paro entonces, pero es consecuencia de un golpe de calor”.

Normativa y crítica a la Inspección de Trabajo

Por eso, ese llamamiento a que los trabajadores denuncien estas situaciones ante sus representantes sindicales o bien en caso de empresas pequeñas ante el propio sindicato, va en paralelo al llamamiento que también dirigen a las empresas. “La responsabilidad sobre la seguridad de los trabajadores es de las empresas, que son las que deben darles los medios necesarios, los epis de protección y controlar que los trabajadores tengan las condiciones adecuadas ante temperaturas extremas. Y si no las pueden garantizar, pues tomar medidas como mandarlos a casa o reestructurar horarios, pero no se puede tener a la gente trabajando poniendo en riesgo su salud”.

De hecho, el decreto sobre temperaturas extremas establece que ante un aviso amarillo, naranja o rojo por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se puede llegar a acordar entre empresa y trabajadores una reducción de la jornada durante el periodo del aviso y recuperar esas horas más adelante. De hecho, en este decreto se incluyen medidas que llegan a proponer que el trabajador puede dejar su tarea si no tiene las condiciones adecuadas debido al calor. Se trata del Real Decreto-ley 4/2023 (RD), de 11 de mayo, que establece la obligación del empresario de prever medidas adecuadas frente a los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por frío, viento, lluvia o, como ahora, por calor. Entre esas medidas también está la de proporcionar más descansos, realizar los trabajos físicos más fuertes a primera hora de la mañana y asegurar el acceso a agua fresca.

Precisamente por la importancia de preservar la salud en el trabajo ante el calor sofocante, desde CCOO denuncian la falta de celeridad de la Inspección de Trabajo en actuar ante las denuncias que se interponen. “Echamos en falta una actuación más rápida de la Inspección”, constata Martín-, “no puede ser que se ponga una denuncia en el mes de julio y en septiembre que estamos no haya ido ningún inspector a la empresa a ver qué está pasando”, para constar qué ocurre en el momento del incumplimiento.

Con todo, llegando al final del verano pero con temperaturas aún extremas en Córdoba, los representantes de los trabajadores siguen pidiendo precaución, que se cumplan las normas de prevención y se apliquen todas las medidas que establece la ley para preservar la salud de quienes trabajan soportando el calor.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba contra la empresa Grupo ADL, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de Fernán Núñez.

La presidenta del Comité de Empresa, María Carmen Moreno, explica que la denuncia recoge diferentes situaciones que, a juicio de CCOO, suponen un incumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de Andalucía, así como de los derechos de información y participación de la representación legal de las personas trabajadoras.

Entre los principales aspectos denunciados se encuentra la organización de las jornadas y los descansos. CCOO señala que se están produciendo situaciones en las que no se respeta adecuadamente el descanso semanal, así como jornadas superiores a nueve horas sin el correspondiente acuerdo con la representación de la plantilla.

El sindicato pone de manifiesto, igualmente, problemas en la organización de las jornadas, señalando que se dan situaciones en las que no se está disfrutando correctamente del descanso de quince minutos cuando la jornada continuada supera las seis horas.

Otro de los puntos destacados por CCOO en la denuncia es la gestión de la bolsa de horas y la posibilidad de que las personas trabajadoras puedan completar sus jornadas. En este sentido, el sindicato denuncia que no se está garantizando adecuadamente la posibilidad de completar la jornada mediante la cobertura de nuevos servicios o de horas generadas por situaciones como bajas por incapacidad temporal, vacaciones u otras circunstancias.

Asimismo, CCOO señala que no se está facilitando de forma adecuada a la representación legal de las personas trabajadoras la información necesaria sobre las horas acumuladas, pendientes de compensación o recuperación, dificultando con ello el seguimiento y control del cumplimiento del Convenio Colectivo.

La organización sindical considera especialmente preocupante esta situación en un sector caracterizado por la alta feminización, la elevada presencia de contratos a tiempo parcial y jornadas fragmentadas, así como por unas importantes exigencias físicas derivadas de la atención directa a personas dependientes.

Falta de información a la representación de las personas trabajadoras

La denuncia también recoge diferentes cuestiones relacionadas con los derechos de información de la representación legal de las personas trabajadoras. CCOO reclama que se facilite información sobre los cuadrantes y programación de jornadas, así como sobre aspectos relacionados con el absentismo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, siniestralidad laboral y medidas de prevención de riesgos laborales. Así, el sindicato denuncia, además, que no se está comunicando adecuadamente a la representación legal determinados cambios de puesto de trabajo.

Otro de los aspectos incluidos en la denuncia está relacionado con los desplazamientos que realiza el personal utilizando sus propios vehículos para acudir a los domicilios de las personas usuarias. CCOO reclama que estos desplazamientos sean compensados correctamente conforme a lo establecido en la normativa y el convenio aplicable.

Desde CCOO de Córdoba se recuerda que el Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio esencial para miles de personas dependientes, pero que sus trabajadoras y trabajadores desarrollan su actividad en unas condiciones que pueden resultar especialmente exigentes.

Se trata de un sector altamente feminizado, con una elevada presencia de jornadas parciales y partidas y con importantes riesgos derivados de la movilización y atención directa de personas dependientes, lo que contribuye a una elevada incidencia de lesiones musculoesqueléticas y problemas de salud relacionados con el desempeño de estas funciones.

Para el sindicato, garantizar el cumplimiento del Convenio Colectivo no solo supone proteger los derechos laborales de la plantilla, sino también garantizar unas condiciones adecuadas para la prestación de un servicio público esencial.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, lamenta que “empresas como Grupo ADL, a las que se les adjudica un contrato para la prestación de un servicio público financiado con fondos públicos, como es el Servicio de Ayuda a Domicilio de Fernán Núñez, incumplan de forma reiterada los pliegos de la licitación y, además, ignoren lo establecido en el reciente Convenio Colectivo del SAD en Andalucía”.

Damas recuerda que el contrato de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de Fernán Núñez puede suponer un presupuesto que supera los 3 millones de euros anuales, por lo que considera imprescindible que una actividad financiada con recursos públicos se desarrolle garantizando también el cumplimiento de las condiciones laborales de las personas que prestan el servicio.

El responsable sindical señala, además, que recientemente la Inspección de Trabajo ha intervenido en asuntos similares relacionados con el SAD de Montemayor cuando era gestionado por el Grupo ADL, por lo que considera especialmente preocupante que sigan apareciendo situaciones denunciadas por la representación sindical en otros servicios gestionados por esta empresa.

Desde el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba se exige a Grupo ADL el cumplimiento íntegro del Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de Andalucía, así como el respeto de los derechos laborales y de representación de toda la plantilla.

“Desde CCOO no vamos a parar de exigir la dignificación del sector de la dependencia y, concretamente, que los derechos laborales del personal de ayuda a domicilio se apliquen al 100%, como así se establece en el Convenio Colectivo”, afirma José Damas.

El secretario General recuerda que el actual Convenio Colectivo fue suscrito por las organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, y las patronales del sector, por lo que considera que “no vamos a permitir que los derechos reconocidos en el convenio queden en el papel y no se apliquen en los centros de trabajo”.

CCOO confía en que la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social permita comprobar los hechos denunciados y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y del Convenio Colecivo.

El sindicato seguirá vigilando las condiciones laborales en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Fernán Núñez y continuará defendiendo la dignificación de las trabajadoras y trabajadores del sector de la dependencia, así como la calidad de un servicio público esencial para la ciudadanía.

Agosto nunca fue un buen mes para el mercado laboral cordobés. Y aunque en términos absolutos, desde hace un año hay 6.000 parados menos en la provincia, los sindicatos aseguran que los últimos buenos datos de empleo en la provincia (aunque en agosto el desempleo haya vuelto a subir) tienen letra pequeña.

Tanto CCOO como CSIF y UGT coinciden en que la alta temporalidad de el empleo y la falta de oportunidades en sectores vitales como la industria está provocando una pronunciada pérdida de población activa a causa de la emigración juvenil. Es lo que señalan que ha pasado este verano, que muchos jóvenes han optado por acudir a las zonas de costa para buscar un puesto de trabajo bien pagado con el que poder subsistir gran parte del resto del año.

Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inclusión confirman que el paro registrado en la provincia de Córdoba aumentó en 545 personas durante el mes de agosto (+1,20%), situando la cifra total de desempleados en 45.822 personas. Aunque la comparativa interanual muestra una reducción del paro del 12,60% (6.604 desempleados menos que en agosto de 2025), las organizaciones sindicales advierten que este descenso anual positivo no debe ocultar las profundas flaquezas del sistema.

De hecho, el sindicato CSIF ha encendido las alarmas al revelar otro indicador negativo de este último mes: la provincia de Córdoba perdió 1.276 afiliados a la Seguridad Social en agosto. Para su presidente provincial, Antonio Rafael López, este fuerte descenso en la cotización demuestra una notable caída de la actividad económica tras el término de los meses centrales del verano, especialmente en el sector turístico y hostelero, lo que saca a relucir la “excesiva temporalidad y enorme fragilidad” del mercado de trabajo cordobés.

Por sectores económicos, el comportamiento de agosto volvió a estar fuertemente marcado por la estacionalidad: El sector servicios concentró casi todo el incremento del desempleo, sumando 374 nuevos parados (para un total de 30.514 personas en desempleo en este ámbito, lo que representa el 66,59% del paro provincial).

En cambio, la construcción registró un repunte de 146 personas desempleadas (alcanzando los 3.452 parados). UGT atribuye esta subida a la pausa de actividad por las extremas temperaturas veraniegas y la no cobertura de vacaciones.

El lastre de la temporalidad: contratos efímeros y rotación constante

La calidad de las contrataciones en la provincia sigue bajo la lupa de los agentes sociales. Durante el mes de agosto se firmaron un total de 18.986 contratos, lo que representa un drástico descenso de 3.172 firmas respecto a julio (-14,32%).

La letra pequeña de estos contratos es evidente: el 66,18% de los contratos realizados en agosto fueron temporales (12.565 contratos), frente a un tímido 33,82% de carácter indefinido (6.421 contratos).

Desde UGT Córdoba, su Secretaria de Empleo, Paqui Haro, destaca que el acumulado de temporalidad en la provincia se mantiene en un elevadísimo 64,20%. Tanto UGT como CCOO insisten en que la reforma laboral debe vigilarse estrechamente, puesto que el descenso del desempleo se debe en gran medida a una “mayor rotación en la contratación” y no a la creación genuina de puestos de trabajo de calidad y larga duración. Para CCOO, el verdadero desafío de la provincia radica en consolidar empleos “con derechos y salarios dignos, y no una sucesión de contratos temporales”.

El drama de la juventud cordobesa: subempleo y maletas preparadas

La falta de un horizonte laboral estable está impactando con especial dureza a las generaciones más jóvenes. Según denuncia CSIF, el paro juvenil en menores de 25 años subió en 146 personas solo en agosto. La organización indica que miles de jóvenes cordobeses se enfrentan a ofertas de empleo profundamente precarias o a la inactividad, lo que acaba “obligándoles a marcharse a otra provincia o fuera de España para tener mejores oportunidades”.

Esta pérdida de capital humano y demográfico es respaldada por la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, quien advierte que la reducción del paro anual está estrechamente ligada a “la pérdida de población en la provincia y a una menor población activa”.

Para aquellos jóvenes que deciden no emigrar de forma definitiva, la alternativa de supervivencia pasa por la movilidad estacional. UGT Córdoba constata en su valoración que son numerosos los cordobeses que se ven forzados a trasladarse temporalmente a las zonas costeras durante la época estival con la intención de cubrir la falta de demanda laboral en la capital y obtener ingresos temporales que les permitan “subsistir de mejor manera el resto del año”.

El debate de las soluciones: industrialización, innovación y la oportunidad de la BLET

Ante esta coyuntura de fragilidad y estacionalidad, los tres sindicatos coinciden unánimemente en una receta: un cambio urgente del modelo productivo de Córdoba a través de la industrialización. El tejido productivo cordobés requiere dejar de depender de manera tan exclusiva de los servicios y la agricultura estacional.

UGT ve en la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) una “oportunidad única” para atraer firmas del sector tecnológico, la seguridad y la industria de defensa. Además, señalan eventos inminentes como el Congreso de la Industria de la Defensa (en octubre) como el escaparate idóneo para consolidar la expansión industrial y de recursos humanos de la provincia.

CCOO reclama un cambio de modelo que impulse no solo el sector industrial, sino también el potencial agroindustrial, logístico y de transporte ferroviario de Córdoba, buscando una diversificación que garantice la estabilidad y la igualdad salarial.

CSIF demanda a las administraciones públicas una apuesta decidida no solo por la industria y la innovación, sino también por el fortalecimiento del sector público para garantizar empleo de calidad estructurado y duradero.

La brecha de género sigue condicionando el desempleo

El análisis sindical del mes de agosto arroja asimismo una preocupante lectura en términos de género. Del total de desempleados cordobeses, el 61,58% son mujeres (28.219 paradas frente a 17.603 hombres), lo que sitúa la brecha de género en 10.616 mujeres más en paro que hombres. CCOO insiste en que no se puede “normalizar que seis de cada diez personas desempleadas sean mujeres” y denuncia que la desigual distribución de las tareas de cuidados sigue lastrando la trayectoria laboral femenina.

No obstante, UGT Córdoba aporta un pequeño matiz positivo dentro del segmento juvenil: en los menores de 25 años, el desempleo masculino superó al femenino en 130 personas en agosto (2.004 hombres frente a 1.874 mujeres paradas). Desde la unión sindical animan a que este cambio de tendencia se exporte al resto de tramos de edad para avanzar hacia contrataciones y puestos de responsabilidad plenamente igualitarios.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha expresado este jueves su “preocupación” por la situación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, “cuyo personal se encuentra desbordado, viéndose obligado a prolongar su jornada laboral prácticamente todos los días, con las consecuencias sobre la salud y la conciliación” que ello conlleva.

Según ha informado el sindicato en una nota, “la plantilla de estos juzgados prolongan a diario su jornada para poder atender a las personas detenidas y sacar adelante unos procedimientos especialmente sensibles. Esta carga se ha incrementado aún más tras la ampliación del partido judicial de Córdoba, que ahora asume también asuntos procedentes de Pozoblanco, Lucena y Cabra”.

Así lo ha asegurado la delegada de CCOO en Justicia, Susana Jiménez, quien ha opinado que “reunir varios partidos judiciales no acerca la Justicia a las víctimas de violencia sobre la mujer. Al contrario, supone un obstáculo añadido en un momento especialmente delicado, el de tomar la decisión de denunciar”.

Por otra parte, “la creación de un nuevo Juzgado de Violencia a principios de año tampoco vino acompañada de una ampliación suficiente de la plantilla. Inicialmente, solo se incorporaron dos tramitadores y, posteriormente, tres tramitadores más y un gestor de refuerzo”, y “la realidad es que esa dotación resulta claramente insuficiente”.

Así, según ha afirmado, “la sobrecarga de trabajo es inasumible y dificulta seriamente la conciliación de la vida laboral y familiar de estos funcionarios, obligados a prolongar su jornada prácticamente todos los días”.

La responsable sindical ha explicado que “en el Juzgado de lo Penal con especialidad en violencia, se está señalando para marzo de 2027 y las audiencias preliminares para septiembre de ese mismo año. Actualmente, el Juzgado de lo Penal con competencia en violencia cuenta hasta final de año con el refuerzo de un juez, circunstancia que está evitando que el retraso sea todavía mayor en unos procedimientos cuya naturaleza exige una especial agilidad”.

La situación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer “no es excepcional” y, cuando “han pasado ya seis meses desde la entrada en funcionamiento de los tribunales de Instancia, al menos en Córdoba, la realidad demuestra que las expectativas creadas no se han traducido en una mejora del servicio público de Justicia”.

Además, “los retrasos en los procedimientos de los juzgados de lo Social continúan siendo inaceptables. En el mejor de los casos, los señalamientos ya alcanzan el año 2029 y una justicia que no es rápida, no es justicia. Pensemos en una persona que ha sido despedida y la empresa no le quiere abonar la indemnización que le corresponde. Esperar dos años a que el juzgado dicte una resolución sobre un derecho reconocido por Ley es injusto y, además, deja los derechos vacíos de contenido por no obtener respuesta en un plazo razonable”.

Jiménez ha señalado que “el malestar entre los funcionarios de Justicia es evidente. La implantación del nuevo modelo ha supuesto para muchos la pérdida de destinos que habían conseguido tras más de 20 años de antigüedad. Han sido destinados a jurisdicciones que, en muchos casos, desconocen, sin un plan de formación que facilite la adaptación y sin ningún incentivo económico que compense ese cambio. Todo ello mientras los funcionarios del resto de comunidades autónomas sí han visto incrementado su complemento específico”.

A esta situación se suma una carga de trabajo que, “en la mayoría de los juzgados de Córdoba, supera ampliamente los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzando en muchos casos más del 200%”, y “tampoco ayuda la falta de personal, agravada por el retraso en la cobertura de bajas por incapacidad temporal y de vacantes, que en ocasiones permanecen sin cubrir durante más de tres meses”.

A todo ello hay que sumar, según ha añadido la sindicalista, que “los funcionarios deben convivir cada día con una herramienta informática que, lejos de facilitar su trabajo, lo dificulta. La aplicación @Adriano ha permanecido durante este año más de 14 días sin poder utilizarse y, cuando funciona, su lentitud a partir de las 12,30 horas hace prácticamente imposible desarrollar con normalidad la tramitación de los procedimientos. Está herramienta informática, sencillamente, no cumple la función para la que se creó y no facilita el trabajo de los funcionarios”.

En el resto de la provincia, los juzgados “trabajan igualmente por encima de las ratios establecidas por el CGPJ y soportan un retraso que ya puede calificarse de endémico. Además, el tiempo que se tarda en cubrir las bajas por incapacidad temporal y las vacantes afecta aún más a estos órganos, al contar con plantillas más reducidas y asumir mayores cargas de trabajo”.

CCOO admite que la creación de un nuevo juzgado de lo Social, uno de Familia, uno Mercantil y dos civiles previstas para el año que viene “contribuirá a mejorar las ratios de trabajo”. También en Lucena se crean dos nuevos juzgados, uno de ellos exclusivo de Violencia sobre la Mujer, con competencia sobre Montilla, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Baena. Por su parte, Córdoba asumirá la competencia en materia de Violencia sobre la Mujer de Montoro, Posadas, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo.

Ahora bien, “la creación de nuevos órganos judiciales solo tendrá efectos reales si viene acompañada de nuevas plazas de funcionarios y del correspondiente refuerzo de la Fiscalía. De lo contrario, será imposible reducir el retraso acumulado y únicamente se conseguirá repartir la misma carga de trabajo entre prácticamente los mismos profesionales”, advierte la representante de CCOO.

El sindicato CCOO de Andalucía ha advertido este martes de “los riesgos que supone el proceso de desinversión y venta del Grupo Deoleo para el tejido productivo regional” y, por ello, ha exigido “la entrada de inversores con solvencia técnica y financiera que aseguren el mantenimiento del empleo directo e indirecto y el desarrollo de sus marcas estratégicas”.

La organización sindical ha manifestado en una nota su “preocupación ante una operación mercantil que pueda amenazar la soberanía de un sector clave para la economía andaluza y española”.

A este respecto, el secretario general de CCOO de Industria de Andalucía, José Hurtado Quirós, ha exigido que “cualquier posible adjudicatario tiene que asumir un compromiso firme e inequívoco con el mantenimiento del empleo en todas sus plantas operativas”, tanto de los puestos de trabajo “directos como indirectos, así como el desarrollo y potenciación de marcas icónicas y estratégicas, como Carbonell, Bertolli o Carapelli”.

En ese sentido, la central sindical ha defendido que “la calidad, la autenticidad y la trazabilidad del aceite de oliva constituyen pilares irrenunciables para la actividad comercial en el territorio”. De ahí que CCOO de Andalucía haya “rechazado categóricamente la llegada de fondos o competidores que pongan en riesgo la reputación del producto”, y ha recordado que “la capacidad productiva del grupo se vertebra en el eje Sevilla-Córdoba-Jaén, con su centro neurálgico en Antequera (Málaga)”.

Además, el sindicato ha instado al Gobierno andaluz y al Ejecutivo central a “actuar con la máxima coordinación institucional para blindar la cadena de valor del sector oleícola”. Así, CCOO de Andalucía ha llamado a “priorizar proyectos de capital nacional” y ha reclamado al Gobierno de España “el ejercicio de sus facultades legales de bloqueo sobre inversiones extranjeras si la venta compromete la estabilidad laboral y la implantación industrial en Andalucía”.

Junto a ello, CCOO de Andalucía ha reclamado “la constitución de un espacio de interlocución con la Administración y el empresariado para vigilar de manera estricta el proceso de venta de Deoleo”. La organización sindical ha ratificado también que mantendrá la movilización e iniciará “las acciones necesarias para garantizar el futuro de la clase trabajadora y evitar la desindustrialización del sector estratégico andaluz”.

CCOO de Andalucía ha calificado este lunes de “crítica” la situación actual del dispositivo Infoca en el ecuador de la campaña de peligro alto de incendios forestales. La organización sindical ha alertado de que “el incumplimiento de las coberturas operativas supone un riesgo extremo que podría agravarse”, confirmando la “falta” de un dispositivo cubierto al 100% en la comunidad.

En una nota de prensa, la central sindical ha subrayado que “la deficiente gestión administrativa ha mermado la capacidad operativa del servicio público”. El secretario general de la sección sindical en la Agencia EMA, Raúl Mena, ha advertido de que “actualmente, faltan por contratar más de 250 bomberos forestales en el dispositivo, y mucho nos tememos que se queden sin cubrir”.

Esta falta de personal se debe principalmente al incumplimiento de los plazos de resolución de las Ofertas de Empleo Público (OEP) en curso, lo que ha provocado el agotamiento de las bolsas de trabajo. Para intentar paliar el déficit, se está recurriendo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un procedimiento que para estos casos “ralentiza” la incorporación de personal al requerir perfiles con una formación adecuada.

En ese sentido, la organización ha denunciado que las carencias en la primera línea de fuego, especialmente en Grupos de Bomberos Especialistas y Bomberos Conductores de Autobombas, han llevado a recolocar al personal de las torres de vigilancia, “desmantelando la estructura de detección temprana del Infoca”. “Esta sobrecarga, la falta de formación, sumada a la falta de cobertura de las bajas de larga duración, ha derivado en un incremento significativo de los accidentes laborales respecto a ejercicios anteriores”.

Asimismo, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, ha situado el origen del colapso en el traspaso del servicio a la nueva macroagencia. “Desde CCOO no nos opusimos a su creación, pero esta Agencia nació carente de medios humanos necesarios en recursos humanos y servicios horizontales para resolver los procesos administrativos en los plazos requeridos”, ha afirmado Hurtado.

Además, ha criticado que “después de más de 210 kilómetros recorridos por el fuego, árbol a árbol, parcela a parcela, calcinándolo todo, la inacción no puede ser la respuesta”, denunciando el negacionismo ante el cambio climático instalado en el Gobierno andaluz tras el pacto de Gobierno entre PP y Vox.

Este “colapso administrativo” mantiene “bloqueados” los concursos de traslado y promoción interna, obligando a cientos de trabajadores a permanecer desplazados lejos de sus hogares. Asimismo, los órganos de representación laboral, como el Comité Intercentros, se encuentran completamente paralizados por la falta de interlocución con la dirección de la Agencia.

CCOO ha añadido que “siguen sin resolverse deficiencias estructurales como la falta de Equipos de Protección Individual (EPI), el uso de furgonetas tipo turismo para el transporte de personal y la adquisición de vehículos autobomba que no cumplen con las prestaciones forestales necesarias”.

CCOO de Andalucía ha reclamado la apertura inmediata de una “investigación exhaustiva” sobre el trágico incendio de Los Gallardos y ha exigido al Gobierno andaluz una “correcta gestión” de los recursos para “garantizar la seguridad laboral ante un incremento significativo de los accidentes respecto a años anteriores” y la activación inmediata de la interlocución paralizada en el Comité Intercentros.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha demandado este jueves a las administraciones “un mayor esfuerzo inversor en materia de prevención de los incendios forestales”, pues “lo que antes se venía desarrollando de manera cotidiana por los habitantes del mundo rural se tiene que sustituir por laborales preventivas”.

En este sentido y a través de una nota, el sindicato ha explicado que “el cambio de modelo en el medio rural nos ha abocado al abandono de usos y costumbres que venían aprovechando al máximo los recursos que la naturaleza nos ofrece”. Así, “dejar de pastorear zonas cercanas a los pueblos, no recoger leñas, piñas o matorral para calentarse, y no plantar huertos junto a los núcleos urbanos de los que abastecerse, nos ha abocado a que la masa forestal gane terreno y aumente la superficie año tras año en nuestro país”.

CCOO ha recordado que existen “multitud de formas de ejecutar la prevención en incendios forestales, bien sea mediante el desbroce y eliminación de material vegetal de forma mecanizada o manual, realizando clareos y fajas de seguridad junto a caminos o ejecutando quemas controladas bajo estrictas ventanas de prescripción, o abriendo y manteniendo cortafuegos en nuestras masas arbóreas”.

En cualquier caso, para CCOO todas son “labores esenciales que ayudan a manejar esas cargas de combustible que pueden generar problemas en verano”, pues, “que un incendio forestal llegue a una zona tratada de manera preventiva, implica que se genere una ventana de oportunidad donde tal vez se pueda atajar el incendio o minimizar su avance desde una zona de trabajo más segura”.

El sindicato ha señalado que, “de manera generalizada, se habla de que el coste por hectárea en labores preventivas se estima en 3.000 euros y la cuantificación para una hectárea de extinción asciende a 30.000 euros”, es decir, “estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de aumentar los presupuestos en prevención, ya que se demuestra que serán mucho más eficientes por rendimiento entre coste/beneficio”.

Por otro lado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Córdoba ha agradecido “la profesionalidad y el compromiso de los 80 agentes de medio ambiente que tiene la Junta de Andalucía en Córdoba y su provincia, que actúan en los espacios naturales protegidos, en la gestión forestal y vías pecuarias”, y también a “todas las personas implicadas en la extinción de los incendios y en la protección y atención de las personas que se han visto afectadas, con las que se solidarizan”.

La Sección Sindical del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia, a través de una nota de prensa, “la grave situación que presenta el Hospital Provincial de Córdoba como consecuencia del retraso injustificado en las obras de reparación de su fachada y de la falta de actuación de la Administración sanitaria para garantizar unas instalaciones seguras, dignas y adecuadas tanto para las personas trabajadoras como para las personas usuarias del sistema sanitario público”.

CCOO ha trasladado formalmente esta denuncia a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía tras comprobar “el importante deterioro que presenta la fachada del edificio, especialmente, entre las plantas sexta y novena, donde el desprendimiento de elementos estructurales ha obligado a clausurar el acceso a las terrazas de numerosas habitaciones por razones de seguridad”.

Más grave si cabe es el hecho de que se han colocado cintas de advertencia para evitar el paso y carteles informativos en los que puede leerse “Por su seguridad esta puerta debe permanecer cerrada mientras duren las obras de intervención”. “Estos letreros pueden dar a entender que no se pueden usar las puertas de salida de emergencia en las plantas afectadas por las obras, una circunstancia que genera una evidente preocupación por las posibles consecuencias que pudiera tener ante cualquier situación de evacuación o emergencia”, afirma el secretario General del mencionado Sindicato de Sanidad de CCOO de Córdoba, José Damas.

Para el sindicato, resulta “absolutamente inaceptable que un hospital público de referencia mantenga durante meses una situación de deterioro de estas características mientras las obras permanecen paralizadas sin que se exijan responsabilidades a la empresa adjudicataria”.

José Damas advierte que “no estamos hablando únicamente de unas obras retrasadas. Estamos hablando de la seguridad de pacientes, familiares y profesionales. La Administración no puede mirar hacia otro lado mientras un edificio sanitario presenta deficiencias que afectan a la calidad asistencial y a las condiciones de trabajo”.

El responsable sindical añade que “la ciudadanía merece hospitales seguros, bien mantenidos y plenamente operativos. La falta de planificación, el abandono del mantenimiento y la externalización de servicios están teniendo consecuencias directas sobre la sanidad pública andaluza. Cuando el dinero público acaba en manos de empresas privadas sin que estas cumplan sus obligaciones, quienes terminan pagando las consecuencias son los pacientes y los profesionales”.

Para CCOO, esta situación constituye un nuevo ejemplo del progresivo deterioro del patrimonio público sanitario y de un modelo de gestión que prioriza la externalización frente al fortalecimiento de los recursos propios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El sindicato considera especialmente preocupante que, mientras permanecen cerradas habitaciones, terrazas y distintas zonas del edificio, continúen existiendo plantas hospitalarias cerradas por falta de personal, reduciendo la capacidad asistencial de un hospital que atiende diariamente a miles de personas de toda la provincia.

Ante esta situación, CCOO exige la ejecución inmediata de las obras de reparación y consolidación de la fachada del Hospital Provincial, la apertura urgente de un expediente para depurar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los plazos por parte de la empresa adjudicataria y una inspección técnica integral que garantice la seguridad estructural del edificio.

Así mismo, reclama la reapertura, en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan, de terrazas, ventanas y balcones para mejorar las condiciones ambientales de pacientes y profesionales; la eliminación inmediata de cualquier obstáculo que afecte a las vías de evacuación y salidas de emergencia y una información transparente sobre los plazos de ejecución y finalización de las actuaciones.

Para CCOO, la defensa de la sanidad pública pasa también por garantizar que los hospitales públicos sean espacios seguros, accesibles y dignos. El sindicato recuerda que la seguridad laboral y la calidad asistencial son derechos irrenunciables y que ninguna política de ahorro o de privatización puede justificar el deterioro de las infraestructuras sanitarias.

La organización sindical anuncia que continuará vigilando la evolución de esta situación y no descarta promover nuevas actuaciones ante las autoridades competentes si no se adoptan de forma inmediata las medidas necesarias para proteger tanto a las personas trabajadoras como a las personas usuarias del Hospital Provincial de Córdoba.

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha anunciado que va a interponer una denuncia contra Arquisocial, empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de Lucena, ante los juzgados de lo Social por posibles incumplimientos relativos a la jornada laboral.

El sindicato ha decidido acudir a los tribunales después de que este 23 de julio finalizara sin acuerdo el acto de conciliación en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Ahora, será la autoridad laboral la que determine si las prácticas denunciadas por CCOO se ajustan a la legalidad.

En concreto, el comité de empresa, cuya representación está conformada en su totalidad por CCOO, denuncia la posible superación de la jornada anual establecida en el Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de Andalucía mediante la planificación de jornadas superiores a las inicialmente previstas. Igualmente, la representación sindical pone en tela de juicio la modificación de la jornada del personal con contratos a tiempo parcial sin el preceptivo acuerdo entre empresa y persona trabajadora y la ausencia de un registro y control adecuado de la jornada, especialmente, respecto a las horas complementarias realizadas por el personal a tiempo parcial.

El comité de empresa, que reitera su compromiso con la defensa de unas condiciones laborales dignas, el cumplimiento de la legalidad y la mejora del servicio de ayuda a domicilio de Lucena, considera que estas prácticas podrían vulnerar tanto el convenio colectivo como la normativa laboral vigente, afectando directamente a los derechos de las trabajadoras y trabajadores del servicio.

La representación legal de la plantilla lamenta que no haya sido posible alcanzar una solución mediante el diálogo en el Sercla. “Siempre hemos apostado por la negociación como vía para resolver los conflictos laborales, pero, ante la falta de acuerdo, nos vemos en la obligación de acudir a la vía judicial para defender los derechos de la plantilla”, remarca la responsable del sector de CCOO, Inmaculada Morales.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha firmado este lunes el nuevo convenio de distribuidoras de energía eléctrica de la provincia, que tendrá una vigencia de tres años, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y finalizando a finales de 2028.

En una nota, el responsable de Acción Sindical del sindicato, Manuel Muñoz, ha explicado que “el convenio establece una subida anual del 3,5% en todos los conceptos retributivos, incluyendo salario base, permisos retribuidos, complementos y pluses”.

Además, el acuerdo establece una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC con un máximo del 1,5% al término del tercer año de convenio. De esta forma, los trabajadores tendrán en los tres años de vigencia del convenio una subida garantizada del 10,5%, que podría aumentar hasta el 12%.

“Se han mejorado todos los conceptos retributivos, ya que las subidas pactadas afectan tanto al salario base como a permisos retribuidos, complementos y pluses”, ha destacado el responsable sindical, quien ha indicado que, “además de actualizar los permisos retribuidos, se ha añadido un día más de vacaciones, quedando establecidas en 32 días naturales o 24 laborables”.

“Una importante mejora es la incorporación del complemento por trabajo tóxico, penoso o peligroso, que será del 20% del salario base, así como la regulación de guardias y retenes, a las que igualmente se le aplicarán las subidas salariales pactadas, si bien deben ser negociadas internamente en cada empresa”, ha comentado Muñoz.

Otra de las novedades que suma este nuevo convenio es el protocolo Lgtbi+, con el que “se pretende garantizar la igualdad en las empresas, así como garantizar los derechos de las personas de este colectivo”.

“CCOO está satisfecha con el acuerdo rubricado, no sólo porque mejora todos los conceptos salariales, con lo que los trabajadores verán garantizado su poder adquisitivo, e introduce también avances sociales, sino porque crea un marco de estabilidad para las empresas y garantiza un entorno necesario para que las empresas puedan crecer en los próximos años”, ha hecho hincapié.

El secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha denunciado hoy “el grave deterioro y abandono planificado que está sufriendo la sanidad pública cordobesa” y ha advertido de que “la provincia afronta uno de los veranos más difíciles de los últimos años, con menos profesionales, menos recursos y una capacidad asistencial claramente insuficiente para atender las necesidades de la ciudadanía”.

Según un informe elaborado por CCOO, la provincia de Córdoba ha perdido 974 profesionales sanitarios desde 2021, una reducción de plantilla que está teniendo consecuencias directas sobre la calidad asistencial, incrementando las cargas de trabajo, las listas de espera y las dificultades para acceder a una atención sanitaria en condiciones dignas.

Para Damas, “la situación que estamos viviendo no es fruto de la casualidad ni de la falta de profesionales exclusivamente, sino de años de recortes, mala planificación y decisiones políticas que están debilitando deliberadamente la sanidad pública para favorecer el negocio privado”.

El sindicato denuncia igualmente el fracaso del Plan Vacacional del Servicio Andaluz de Salud. Los 3.477 contratos anunciados para cubrir las vacaciones de más de 10.900 profesionales apenas permiten sustituir una media de 9,4 días por trabajador, muy lejos del mes de descanso reglamentario.

“Se ofertan contratos tarde, de escasa duración y con bolsas de empleo desactualizadas. El resultado es que miles de profesionales optan por marcharse a otras comunidades autónomas o a la sanidad privada, mientras nuestros centros sanitarios se quedan sin personal suficiente para atender a la población”, ha señalado el responsable sindical.

El informe de CCOO también revela una situación especialmente alarmante en los hospitales de la provincia, donde durante este verano permanecerán cerradas o bloqueadas al menos 264 camas hospitalarias, a las que se suman otras 211 camas sin ocupación en el complejo Reina Sofía, y ello, “en una provincia que mantiene elevadas listas de espera y una población cada vez más envejecida”, recuerda el dirigente sindical.

Además, la actividad quirúrgica sufrirá importantes reducciones, con suspensión de programas de tarde, disminución de quirófanos y situaciones críticas en varios hospitales comarcales.

En Atención Primaria, CCOO denuncia un auténtico “desmantelamiento estival” de la asistencia, ya que ningún centro de salud de la provincia mantendrá actividad ordinaria por las tardes entre el 29 de junio y el 17 de septiembre.

“La falta de sustituciones está provocando situaciones límite en numerosos centros de salud, con médicos atendiendo cupos duplicados, plantillas bajo mínimos y demoras para conseguir una cita que en muchos casos superan los veinte días”, denuncia el secretario General de Sanidad quien remarca que “la ciudadanía está pagando las consecuencias de unas políticas sanitarias equivocadas. Se cierran consultas, se reducen servicios y se obliga a profesionales y pacientes a soportar una situación insostenible”.

CCOO recuerda, además, que Andalucía continúa liderando las listas de espera sanitarias en España y critica la falta de transparencia de la Consejería de Salud, que no publica datos oficiales desde junio de 2025.

Para el sindicato, resulta especialmente preocupante que, mientras se reducen recursos públicos, el Servicio Andaluz de Salud destine este año 724 millones de euros a conciertos sanitarios y planes de choque con medios privados, una cifra que previsiblemente superará los mil millones de euros al cierre del ejercicio.

“Se están cerrando camas y dejando plazas sin cubrir mientras se inyectan cantidades millonarias a la sanidad privada. Estamos ante un modelo que debilita progresivamente el sistema público y pone en riesgo un derecho fundamental de la ciudadanía”, ha denunciado Damas.

Ante esta situación, CCOO exige a la Junta de Andalucía la cobertura inmediata de todas las sustituciones, la apertura de las camas cerradas, un plan urgente de captación y fidelización de profesionales, la recuperación de la actividad ordinaria en atención primaria y la publicación inmediata de los datos reales de listas de espera.

“La sanidad pública cordobesa está llegando a un punto crítico. No vamos a permanecer callados mientras se deteriora uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Defender la sanidad pública es defender el derecho a la salud y la igualdad de toda la ciudadanía”, ha concluido José Damas.

3 de julio de 1976. Juan Carlos I, rey de España, nombra a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Apenas habían transcurrido siete meses desde la muerte del dictador Franco y el Gobierno continuista de Arias Navarro se ve incapaz de conducir un país que reclama cambios políticos profundos. Desde diciembre se suceden las huelgas y las movilizaciones obreras lideradas por un sindicato clandestino que exhibe un músculo social creciente.

CCOO todavía es una organización ilegal pero convoca una asamblea general en Madrid con 2.000 delegados procedentes de toda España para los días 27, 28 y 29 de junio. Días antes el Ministerio de Gobernación hace público un comunicado prohibiendo taxativamente el acto. Al frente del departamento se encuentra un ministro gallego llamado Manuel Fraga Iribarne. “La organización ilegal llamada Comisiones Obreras ha anunciado públicamente, a través de algunos medios informativos, la próxima celebración de un congreso nacional”, indica el despacho ministerial. “Dado que a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las Comisiones Obreras son consideradas instrumentos del Partido Comunista de España, el Ministerio de la Gobernación se ve precisado a desautorizar dicho pretendido congreso (...) para lo cual ha cursado las pertinentes instrucciones prohibitivas”.

Está claro. El régimen franquista se atrinchera y se declara dispuesto a taponar cualquier vía de agua del sistema. Pero CCOO no se arredra. Renuncia al congreso de Madrid pero convoca una asamblea general en Barcelona para el 11 de julio. Ilegal, por supuesto. Reduce el número de delegados a 650 y organiza un dispositivo para evitar detenciones masivas. El lugar elegido para el desafío fue la iglesia de Sant Medir, en el barrio de Sants.

Francisco Ferrero tenía 25 años. Entró con 15 en la escuela de aprendices de Electromecánicas y antes de cumplir los 20 ya era un activo militante obrero y antifranquista. Para entonces CCOO se habían infiltrado en las estructuras del sindicato vertical y disputaba palmo a palmo la batalla proletaria en el nuevo orden político y social que estaba a punto emerger.

“La policía nos tenía fichados. Yo intervenía a menudo en el salón de actos del sindicato vertical en Gran Capitán y me tenían controlado”, recuerda Ferrero. El histórico sindicalista cordobés nunca tuvo un problema serio con la justicia, como sí le sucedió a muchos de sus compañeros, algunos de los cuales terminó entre rejas. En una ocasión fue identificado por la policía en una asamblea ilegal en Montoro y multado con 8.000 pesetas.

Ferrero fue uno de los ocho cordobeses que participaron en aquella histórica Asamblea de Barcelona del 76, que ahora celebra el 50 aniversario. Su memoria alcanza a recordar algunos nombres de aquel viaje memorable: Manuel Caballero, José María Fuentes, Rafael Laguna, Antonio Santacruz, Santi Marzo, Manolo Rubia y quizás también Laureano Mohedano. Puede ser que alguno más.

Salieron en dirección a Cataluña en dos coches. Ferrero iba en el Seat 127 verde de Manolo Caballero. Entonces plantarse en Barcelona era una odisea. En algún lugar de Castilla la Mancha hicieron noche. Solo recuerda que se trataba de un área de servicios de una gasolinera. Detuvieron el coche y se echaron a dormir. Unos dentro del vehículo y otros en el suelo puro y duro.

Lo que recuerdo es que hacía un calor tremendo en la Asamblea de Barcelona

Francisco Ferrero — Ex secretario general de CCOO en Córdoba

“Como éramos tan demócratas, lo echamos a suertes”, rememora Manolo Caballero en conversación telefónica. “Y me tocó dormir en el suelo”, asegura con sorna el dueño del vehículo. Caballero tenía 26 años y trabajaba como administrativo en el Banco Vizcaya del Bulevar. Hijo de un trabajador de Electromecánicas y de familia republicana, el joven sindicalista ya militaba en CCOO y frecuentaba los círculos antifranquistas de Córdoba.

En la oficina bancaria el sindicato clandestino gozaba ya de una notable influencia. Allí coincidió con José Luis Villegas, que años después se convertiría en concejal comunista del Ayuntamiento. “En el banco había un nido bueno de rojos, pero teníamos buen cartel y el respeto de la empresa”, afirma.

Manolo Caballero sí probó la crudeza de los calabozos de la comisaría. Tras una asamblea del sindicato vertical, tres agentes de la policía lo interceptaron junto a Manolo Rubia y José María Fuentes. Le pidieron la documentación, lo registraron y le preguntaron por el megáfono que se acababa de usar en la concentración del Bulevar. Fue detenido y pasó tres días en dependencias policiales. Fue asistido por los abogados Filomeno Aparicio y Juan Muñoz Saro, mientras una marcha organizada desde Electromecánicas exigía su inmediata puesta en libertad.

La Asamblea de Barcelona fue un punto de inflexión en la historia de CCOO. Más de 600 delegados de toda España celebraron el primer gran cónclave para dirimir si se constituían ya como sindicato o exploraban fórmulas de unidad obrera con el resto de organizaciones, principalmente la UGT. La reunión estuvo presidida por el sindicalista catalán Cipriano García y contó con la presencia de los históricos Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y Juan Muñiz Zapico.

“Hacía un calor tremendo”, recuerda Ferrero. “Tanto que mucha gente se quitaba la camisa”. El debate fue impetuoso y bronco. Y se impuso la tesis de Marcelino Camacho favorable a la inmediata constitución del sindicato. “Lo respaldó la inmensa mayoría. Yo creo que un 90% de los delegados”, puntualiza el sindicalista histórico, que dirigió CCOO en Córdoba durante 12 años.

“Fue una reunión muy importante, participativa y guerrera”, subraya Manolo Caballero. “Íbamos muy motivados a Barcelona. El dilema era seguir como movimiento obrero o fundirnos con UGT y otros sindicatos”. En aquel momento de tímida apertura política, la filial socialista recibía un tratamiento más benevolente del régimen. Aunque también eran ilegales, el Gobierno de Arias Navarro les había permitido celebrar un congreso en abril del 76. “A CCOO, sin embargo, nos habían denegado la autorización”, protesta Caballero.

La sensación ya era que la dictadura se estaba terminando

Manuel Caballero — Sindicalista de CCOO

Tras la Asamblea de Barcelona, la Transición democrática se aceleró. CCOO activó la organización territorial en toda España. En Córdoba, pocas semanas después, se celebró la reunión fundacional del sindicato en los sótanos del supermercado Deza en la Avenida de Granada. “La sensación era que la dictadura se estaba terminando. El régimen iba a menos”.

El 27 de abril de 1977 CCOO fue oficialmente legalizada. Dieciocho días antes había salido de las catacumbas el PCE. España pasaba página tras una feroz dictadura de 40 años. De aquellos 650 delegados sindicales que dieron vida a la histórica Asamblea de Barcelona, apenas 60 vuelven medio siglo después a Cataluña para celebrar una fecha clave.

De Córdoba regresan cuatro: Francisco Ferrero, Manuel Caballero, Antonio Santacruz y José María Fuentes. Ya no lo hacen a bordo del Seat 127 verde ni dormirán en el suelo. Ahora viajan en AVE y se alojan en hotel. Nada que ver con aquella aventura irrepetible de una España que estaba empezando a despertar.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba suspende la gestión de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba y, por ello, le pone tareas para el verano. “El sistema educativo cordobés ha acabado el curso con enormes deficiencias por culpa de la gestión de la Delegación. Por ello, le ponemos tareas para el verano. Para ver si para el curso que viene ya pueden aprobar”, dice el secretario General del mencionado Sindicato de Enseñanza, José Enrique Guerra.

En primer lugar, la Delegación ha suspendido este curso (un año más) en el sistema de climatización de los centros. CCOO pide a la Delegación que este verano empiece un plan integral de climatización en toda la provincia, que deje de improvisar año tras año y que acuda a la raíz del problema. Para ello, “debe iniciar un estudio centro a centro de sus necesidades y marcar un calendario de implantación de las reformas necesarias para que la totalidad de los centros de la provincia estén adaptados a las temperaturas extremas que vivimos en Córdoba, tanto en invierno como, sobre todo, en verano”, remarca Guerra.

En segundo lugar, “creemos que la Delegación debe estudiar más en Atención a la Diversidad. Está claro que esta asignatura sigue estando pendiente. Ya tenemos cronificada una carencia de profesionales especialistas para la Atención a la Diversidad (profesorado terapeuta -PT-, Audición y Lenguaje -AL- y orientadoras) con muchos de ellos compartiendo 2 y hasta 3 centros y muchos puestos estructurales sustituidos por puestos vinculados a fondos europeos, lo que nos hace cuestionarnos qué va a pasar cuando se acaben esos fondos”, señala el responsable sindical quien añade que “a esta falta de profesionales se suma este curso un recorte presupuestario de un 30% de los Equipos de Orientación Educativa (EOE). Si el recorte en sí mismo es ya un golpe duro a la labor que estas y estos profesionales realizan por toda la provincia, los efectos son todavía peores porque estos equipos llevan años reclamando más recursos económicos, humanos y hasta de infraestructuras debido a la enorme sobrecarga de su día a día atendiendo a aquel alumnado que más lo necesita”.

En tercer lugar, este verano debe ser el momento en que la Delegación cambie sus hábitos de trabajo sobre el recorte de unidades. Cada año se producen recortes de unidades públicas en Córdoba. “Este curso la Delegación ha querido camuflar los números anunciando el aumento de varias unidades (unas 20). Pero la realidad es otra. Ese aumento es siempre sobre sus propias predicciones donde ya había recortado unidades con respecto a lo ya existente. Y, por otro lado, hay muchos casos donde el recorte ha sido evidente. Estamos hablando de los casos del CEIP López Diéguez, donde en Infantil de 3 años se le ha negado la segunda unidad dejando fuera a 7 niños. Esto condena a este centro a no recuperar nunca la segunda línea que ya tenía. Lo mismo ha ocurrido en otros centros de la provincia”, denuncia el secretario de Enseñanza de CCOO de Córdoba.

En cuarto lugar, hay casos concretos que la Delegación debe atender con urgencia casos concretos como el del Colegio Público Rural Vía Augusta de Villaharta, en donde han dejado una sola aula desde 3 años de Infantil a sexto de Primaria, con 7 menores con necesidades educativas.

No son estas las únicas cuestiones que debe abordar la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, pero desde luego, si son algunas de las más urgentes para CCOO, que va a seguir exigiendo a la administración educativa que apueste por una enseñanza pública de calidad, que dé respuesta a las necesidades reales del alumnado y de las familias y que abandone la política de deterioro y precarización del sistema educativo que viene promoviendo y deje de forzar a las familias a acudir a la enseñanza privada y concertada para que sus hijos e hijas reciban la educación que necesitan y merecen. “La educación es un pilar del estado de bienestar, que nos iguala a todos y garantiza la igualdad de oportunidades y por ello no vamos a dejar de reclamar a la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que cumpla sus funciones, que no son otras que proporcionar los medios para ofrecer una educación de calidad, personalizada y que no deje a nadie atrás”, apostilla José Enrique Guerra.

Delegados de CCOO Córdoba en el sector del metal se han concentrado este martes a las puertas de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), donde se ha celebrado una nueva reunión de la mesa de negociación del nuevo convenio del metal de la provincia, que el sindicato pretende que recoja “mejoras y no recortes”.

Según ha informado CCOO en una nota, la concentración responde a la preocupación del sindicato “por la deriva que está tomando la negociación y que hace temer que el futuro convenio, no solo no mejore las condiciones laborales, sino que las empeore, y no aborde demandas históricas, como la jornada continua obligatoria en verano o el plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad”.

A este respecto, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha explicado que, “después de siete meses, apenas se ha avanzado en la negociación y las propuestas que han presentado la patronal y UGT hasta el momento suponen un retroceso y un desmantelamiento del convenio colectivo, incluyendo mejoras para unos trabajadores pero no para otros, en vez de avanzar en mejoras para todas las personas trabajadoras”, de mode que “se está negociando un convenio a la carta para determinadas empresas”.

En este sentido, el responsable de Acción Sindical del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Manuel Muñoz, ha criticado que “se pretenda engañar a las personas trabajadoras con una propuesta de reducción de la jornada anual en seis horas, al tiempo que se incrementa la jornada irregular, lo que implica una desregularización de la jornada laboral y un paso atrás en cuestión de conciliación de vida laboral y familiar”.

Frente a ello, CCOO propone que el convenio “incluya la jornada continuada obligatoria del 1 de junio al 30 de septiembre, una reivindicación histórica y absolutamente necesaria debido a las altísimas temperaturas que sufre la provincia”, siendo “incomprensible que en una obra de construcción o rehabilitación se termine a las 14:00 y un instalador de aire acondicionado, un soldador o un electricista puedan estar las 18:00 en la misma obra”.

En base a ello, Muñoz ha lamentado que “UGT y la patronal no muestren respeto por la salud y la seguridad de las personas trabajadoras”, siendo una “muestra de ello la propuesta que han hecho de eliminar los complementos por baja médica a partir de la tercera, algo que puede rozar la ilegalidad, porque estaría por debajo de lo establecido por la Seguridad Social”.

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha criticado este lunes que, “ni UGT, ni la patronal de la construcción, Construcor, se hayan personado hoy en el Sercla para ratificar el acuerdo sobre la subida salarial del colectivo de operadores de grúas torre de la provincia”.

Según ha señalado dicho sindicato en una nota, “no se han presentado porque sabían que CCOO iba a exponer una modificación de la redacción del acuerdo que UGT y la patronal se apresuraron a firmar digitalmente en mayo, ya que, con la redacción actual, la subida salarial está abocada a desaparecer cuando se negocie el próximo convenio estatal del sector, de ahí la prisa por firmar antes de que el colectivo se les echara encima”.

Así lo ha asgurado la secretaria general del mencionado Sindicato del Hábitat de CCOO Córdoba, Esperanza Sánchez, quien ha insistido en que “un acuerdo de esta envergadura no se podía firmar deprisa y corriendo”, y ha lamentado que “UGT se posicione del lado de la patronal y rompa la confianza de los operadores de grúas torre haciendo valer una mayoría que no responde al sentir mayoritario del colectivo en la actualidad”.

A juicio de la sindicalista de CCOO, “la actitud de la patronal y del sindicato UGT supone una absoluta falta de respeto a unos trabajadores que han soportado una huelga de 72 días y que confiaban en que el acuerdo tuviera vocación de permanencia, como también es la voluntad de CCOO”, recordando Sánchez que ha sido CCOO el sindicado “que ha intercedido con los trabajadores ante la autoridad laboral, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía e incluso grupos parlamentarios”.

El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha denunciado en un comunicado emitido a los medios de comunicación “la presión y la persecución laboral” que sufre un trabajador de la piscina municipal de Carcabuey por parte del alcalde de la localidad, Juan Miguel Sánchez Cabezuelo, quien ha hecho llegar al mencionado trabajador un requerimiento en el que le impone una serie de tareas técnicas, operativas y de limpieza “absolutamente inasumibles por una sola persona en el plazo fijado en el requerimiento”.

CCOO ha querido mostrar su profundo “malestar y su rechazo e indignación” por la actitud de Sánchez Cabezuelo quien amenaza al trabajador con abrirle “un expediente disciplinario si no cumple las tareas especificadas en el requerimiento, cuando sabe bien que es totalmente imposible llevarlas a cabo todas en el plazo de tiempo que se le exige”.

No es la única muestra de la actitud “déspota y autoritaria de Sánchez Cabezuelo”. Según CCOO, ayer mismo, a las 08:00, “realizó una ronda de visitas individuales a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento carcabulense con una clara intención: amedrentar a la plantilla y evitar la concentración que se ha producido a las 10:00 ante las puertas de la piscina municipal, durante el tiempo de desayuno, a pesar de la advertencia explícita del alcalde de que podrían sufrir represalias laborales”.

Así, trabajadores de la plantilla municipal se han concentrado a las puertas de la piscina municipal para mostrar su rechazo a la política del miedo que impone Sánchez Cabazuelo y ayudar al compañero en la ejecución de las tareas encomendadas.

Los servicios jurídicos del sindicato, que advierte que no va a “consentir maniobras de presión ni coacciones”, están estudiando si la circular constituye un delito de acoso laboral y aunque el alcalde ha intentado restar importancia a su comunicación oficial con un comunicado en el que dice que el requerimiento “se limitó a concretar y recordar las funciones y responsabilidades asociadas a su puesto de trabajo durante la temporada de apertura de las instalaciones”, CCOO recuerda que en el requerimiento se detalla explícitamente que “se le informa de las responsabilidades de su puesto de trabajo como responsable de mantenimiento de la piscina, así como de la relación de tareas y plazos de ejecución de obligado cumplimiento, a realizar antes de la apertura de la piscina, de forma improrrogable para el viernes 19 de junio de 2026” y no como pretende hacer creer ahora, durante el periodo de apertura de la piscina municipal.

Las relaciones laborales en el Ayuntamiento de Carcabuey se han deteriorado con el relevo del delegado de personal, que ha sido elegido por el 90 % de la plantilla municipal y que “no es del gusto del alcalde”, que pretende imponer como delegada de personal a otra trabajadora de otro sindicato que no es mayoritario y a la que está facilitando información personal y profesional de los trabajadores que niega al delegado de CCOO. Cuya presencia impone en las mesas de negociación a las que no tiene derecho a asistir. Todo ello será puesto en conocimiento de la autoridad laboral competente para dirimir si se están vulnerando los derechos sindicales.

La Sección Sindical de CCOO en la Administración de Justicia denuncia que el Sistema de Gestión Procesal @Adriano se ha parado totalmente hasta en 15 ocasiones en lo que va de año, la última de ellas, hoy mismo. En concreto, el sindicato afirma que el sistema ha dejado de funcionar los días 14 y 23 de enero, los días 3, 4, 12 y 19 de febrero, el 13, 18 y 24 de marzo, así como los días 16, 20, 21 y 24 de abril, 5 de mayo y hoy, 16 de junio.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía invirtió en 2023 más de 3 millones de euros en la implantación del sistema @Adriano que se supone que venía a facilitar la vida al personal de Justicia agilizando su trabajo diario en la tramitación de procedimientos.

Para CCOO, la implantación de este gestor procesal no solo no ha cumplido con lo que se prometía, sino que desde su puesta en funcionamiento ha presentado fallos y disfuncionalidades que no dejan al funcionariado de justicia realizar su trabajo con la eficiencia y productividad deseada.

La guinda del pastel ha aparecido con la implantación de los tribunales de instancia y su adaptación en el sistema de gestión, lo que se ha traducido en días enteros de parón del sistema informático, por no hablar de los numerosos días en los que el sistema tiene parones o se ralentiza por horas, especialmente, a última hora de la mañana.

Estos hechos han sido denunciados desde un principio por CCOO, sin que hasta la fecha se haya solucionado el problema. La seriedad de la justicia y la satisfacción del justiciable no pueden estar a expensas de si funciona bien o no el sistema @Adriano.

Desde CCOO se insta nuevamente a la Consejería de Justicia a que adopte las medidas necesarias para resolver el problema y que permita al personal de justicia realizar su trabajo con normalidad al tiempo que se garantizan los derechos procesales de la ciudadanía.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba critica que la Consejería de Salud presente como un éxito su Plan Vacacional para el verano de 2026 anunciando la realización de 3.477 contratos cuando ni explica la duración de los mismos ni el impacto real que tendrán sobre la cobertura de las vacaciones del personal sanitario.

Según los cálculos del sindicato, los 3.477 contratos previstos para cubrir las ausencias de los 10.900 profesionales que trabajan en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Córdoba supondrán una cobertura media de tan solo 9,4 días por trabajador, cuando cada profesional tiene derecho a disfrutar de un mes de vacaciones.

Por áreas sanitarias, las previsiones de sustitución son las siguientes:

Para CCOO, esta situación evidencia, una vez más, la escasa previsión y la falta de planificación por parte del SAS para garantizar una adecuada atención sanitaria durante el periodo estival. El sindicato considera que la Consejería pretende maquillar la realidad ocultando la insuficiente cobertura de las sustituciones y la persistente falta de personal.

El secretario General del mencionado Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, señala que “la falta de sustituciones obliga a los y las profesionales que permanecen en activo a asumir la carga de trabajo de sus compañeros y compañeras ausentes, generando un importante desgaste en el sistema sanitario público y favoreciendo la fuga de profesionales hacia otras comunidades autónomas con mejores condiciones laborales”.

Además, el sindicato muestra su preocupación por la falta de realismo del plan presentado. “Aunque la Consejería anuncia una determinada previsión de contratación, la realidad es que actualmente no existen candidatos suficientes en las bolsas de empleo para cubrir las necesidades asistenciales previstas”, advierte Damas.

Según CCOO, esta situación es especialmente grave en categorías como medicina, donde resulta prácticamente imposible realizar nuevas contrataciones. De hecho, en las Áreas Sanitarias Norte y Sur ni siquiera se han previsto contratos para determinados perfiles médicos. En el caso de Enfermería, tampoco existe disponibilidad suficiente para cubrir más del 30 % de las contrataciones previstas, obligando a recurrir a ofertas específicas que tampoco están logrando cubrir las necesidades existentes.

La falta de profesionales comienza a afectar igualmente a categorías que tradicionalmente no presentaban problemas de cobertura, como Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), personal de cocina, lavandería y planchado, mantenimiento o celadores, entre otras.

Para el responsable sindical, “la desastrosa planificación y la falta de voluntad de la Consejería de Salud para actualizar la bolsa de empleo están provocando que sigamos trabajando con listados que no se actualizan desde 2023”.

Como ejemplo de esta situación, CCOO recuerda que, en la última convocatoria para personal médico, realizada el pasado 13 de mayo, se ofertaron 44 plazas de medicina de familia para los distritos Córdoba y Guadalquivir, obteniéndose unos resultados muy preocupantes. En el Distrito de Atención Primaria de Córdoba, de las 22 plazas ofertadas únicamente pudo cubrirse una, quedando vacantes 21 puestos. En el Distrito de Atención Primaria Guadalquivir, de las 22 plazas disponibles solo se cubrieron tres. 

Asimismo, de las cinco plazas de Pediatría ofertadas, únicamente se logró cubrir una.

José Damas apunta que, además, “el cierre de servicios, la reducción de un 15 % de camas hospitalarias y la disminución de la actividad quirúrgica durante el verano provocarán un nuevo incremento de las listas de espera, cuyos datos llevan más de un año sin actualizarse”.

“Lo más grave es que detrás de estas cifras hay personas que ven cómo se agravan sus patologías mientras esperan una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica. Paralelamente, nos encontramos con profesionales cada vez más sobrecargados, sometidos a contratos precarios, con retribuciones entre las más bajas del país y una creciente desmotivación que alimenta la marcha de trabajadores hacia opciones laborales más dignas”, señala el secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba.

Por todo ello, CCOO considera inaceptable que se normalice el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública durante el periodo estival bajo el argumento de la falta de profesionales. Para el sindicato, uno de los problemas en este periodo estival radica en la inoperatividad de las bolsas de empleo y en una política de recortes en las sustituciones que incrementa la carga laboral de los profesionales y deteriora la calidad de la atención sanitaria que recibe la ciudadanía.

El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba denuncia la precariedad laboral que sufre el personal de Instituto Municipal de Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba (IMAE) y la falta de inversión en los tres espacios escénicos -Gran Teatro, Teatro Góngora y La Axerquía- que gestiona actualmente.

La plantilla del IMAE ha celebrado una asamblea en la que se han planteado las precarias condiciones laborales que sufren los trabajadores y trabajadoras del Instituto y la deficiente situación de las instalaciones de los teatros públicos.

José Carlos Alba, responsable del mencionado Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba explicó que, en dicha asamblea, “se ha puesto de manifiesto la profesionalidad e implicación de los trabajadores que, con una plantilla cada vez más reducida, tienen que sacar adelante una ingente cantidad de trabajo, derivado de una programación cada vez más elevada y llevada a cabo con altos estándares calidad”. Así, el año pasado se desarrollaron 296 funciones en 259 días, teniendo en cuenta que hasta el año 2007, se daba servicio a un solo teatro, el Gran Teatro, con un 25% más de plantilla y que a partir de ese año entró en funcionamiento el Teatro de la Axerquía y en 2011 el Teatro Góngora, con una plantilla que ha ido mermando sin reposición de todas las bajas.

Según el responsable sindical, “la dificultad de gestionar tres Teatros radica en que se ha triplicado el número de espectáculos, que se desarrollan con los mismos estándares de calidad, con menos trabajadores y con más carga de trabajo, todo ello con la exigencia que conlleva desarrollar el servicio público en la Administración Pública, es decir, planificando, presupuestando, proyectando y cumpliendo la normativa tanto en la contratación pública, como en la transparencia, en la prevención de riesgos y en la seguridad de las instalaciones, para garantizar, las condiciones de seguridad para trabajadores, compañías y público”.

Además, CCOO apunta que la prolífica y sobredimensionada programación implica una sobreexposición y deterioro de los edificios y, en consecuencia, lleva aparejada una especial diligencia en la revisión, restructuración y mantenimiento de las instalaciones que, con los escasos recursos personales de los que dispone el IMAE, es imposible de abordar, produciéndose situaciones de peligro e inseguridad que no se deben obviar. “No podemos esperar a que otros organismos nos requieran abordar la remodelación y actualización de los espacios públicos, es necesario acometer ya esas reformas para garantizar a la ciudadanía unos teatros públicos seguros”, remarcó Alba.

“La falta de personal obliga a que los profesionales que prestan sus servicios sean multidisciplinares, acudiendo a hacer trabajos de todas las categorías sin que ello sea reconocido”, añade el representante de CCOO quien recuerda que, “para ello se ha estado ordenando los recursos personales con una negociación que ha durado 18 meses y que debería culminar con su aprobación en la Junta de Gobierno Local, sin que se garantice su aprobación, ya que desde mediados de mayo está bloqueada”.

“Las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del IMAE -una mejora de las condiciones laborales y una inversión real en los teatros- no son solo mejoras laborales, sino una condición indispensable para garantizar un servicio público de calidad y seguro para las compañías, el público y la ciudadanía cordobesa”, hace hincapié José Carlos Alba. Por ello, y ante la falta de respuesta de los responsables del Instituto, la plantilla ha planteado un calendario de movilizaciones y actuaciones que comenzarán próximamente.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número dos de Córdoba ha declarado nulo el cambio de puesto de trabajo de un empleado de Hitachi Energy, “al que la empresa tendrá que indemnizar por una vulneración de derechos fundamentales, al haber modificado sustancialmente sus condiciones de trabajo”, según ha informado CCOO a través de una nota de prensa.

El trabajador, que viene prestando servicios en Hitachi Energy desde 2004, desempeñaba la función de verificador de juntas dentro de la sección de terminación, en turno de mañana y de lunes a viernes. Este puesto, con funciones de recepción, inspección y de fabricación, era ocupado solo por este trabajador al presentar una limitación física reconocida.

El empleado fue uno de los 76 sancionados por la empresa en diciembre de 2025 con 60 días de suspensión de empleo y sueldo, sanción que ha sido impugnada judicialmente y que se encuentra pendiente de juicio, según el comunicado de CCOO. Al hacerse efectivas las medidas cautelares dictadas por el juzgado sobre dicha sanción, el trabajador se incorporó a su puesto de trabajo, pero la empresa le informó verbalmente que, desde ese momento, pasaba a ocupar el puesto de montador dentro de la citada sección de terminación, puesto que tiene dificultades para desempeñar por sus limitaciones físicas.

Ahora, el juzgado afirma en la sentencia que “se entiende que existe una modificación sustancial que se evidencia ante las nuevas funciones dentro de la misma sección de terminación vinculada a las reclamaciones legítimas ejercidas por el trabajador y a su estado de salud” y que dicha modificación sustancial de las condiciones de trabajo es consecuencia del ejercicio del derecho de huelga por parte del trabajador. En concreto, el fallo judicial indica que el cambio de puesto “solo puede obedecer desde el sentido común a la represalia y a la vulneración del derecho a la salud en su vertiente de no discriminación e igualdad”.

Por todo ello, el juzgado estima la demanda interpuesta por el trabajador declarando nula la modificación sustancial de las condiciones de trabajo producidas y, en consecuencia, que se le reponga en sus anteriores condiciones de trabajo con todos los efectos que deriven en Derecho condenando a la demandada al abono de una indemnización al trabajador de 10.000 euros.

El 18 de diciembre de 2025, CCOO y la empresa llegaron a un acuerdo en el que se comprometían a abrir un proceso de negociación entre el 22 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 con al menos cuatro reuniones. Durante ese espacio de tiempo, según establecía el acuerdo, Hitachi suspendía la ejecución de las sanciones que había impuesto a 76 trabajadores que no debían incorporarse a sus puestos de trabajo por decisión de la empresa, que adujo “circunstancias organizativas y productivas”. Sin embargo, la empresa remitió un comunicado a los trabajadores afectados para indicarles que los días en los que no se estaba aplicando la sanción serían compensados con vacaciones, días de libre elección y horas a compensar, en total 11 días.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número cuatro de Córdoba entiende que los esos días no tienen que ser compensados. “La no incorporación efectiva de los trabajadores a sus puestos obedeció a una causa no imputable a la voluntad de estos sino a las necesidades de organización de la empresa lo que nos remite a lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto de los trabajadores a cuyo tenor si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador este conservará el derecho a su salario sin que pueda hacerse recompensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo”, indica el fallo del juzgado.

De esta forma, los trabajadores afectados podrán disfrutar de los días de vacaciones, días de libre elección y horas que les hayan sido denegados para compensar los días que no trabajaron por decisión de la empresa. 

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, se congratula de los últimos fallos judiciales, que “vienen a corroborar los abusos que Hitachi ha venido llevando a cabo desde que se convocó la huelga en noviembre de 2025, una huelga que, cabe recordar, sigue convocada, dada la falta de avance en las negociaciones sobre el convenio colectivo”. No obstante, el responsable sindical lamentó que “la empresa nos obligue a judicializar cada una de sus decisiones”.

Este miércoles se ha celebrado un Sercla por el calendario laboral del 2026, “al que no se ha personado la empresa, por lo que CCOO y USO tendrán que volver a los juzgados para reclamar su nulidad, ya que no ha sido válidamente acordado con la representación legal de las personas trabajadoras”. “Otro ejemplo más de la continua vulneración de derechos laborales que viene soportando la plantilla de Hitachi”, remarcó Jiménez, quien hace un llamamiento a la empresa para “reconducir su actitud y dejar de tomar decisiones que sabe que van a tener consecuencias judiciales y económicas”.

“Lo único que queremos es llegar a un acuerdo y que la paz social vuelva a la fábrica pero, desde luego, mientras se sigan vulnerando los derechos laborales de la plantilla CCOO seguirá defendiendo a los trabajadores y trabajadoras”, apostilló el responsable de Industria.