La Fundación 1º de Mayo, en colaboración con CCOO de Andalucía, celebrará en Córdoba los próximos 23 y 24 de octubre un congreso que reunirá a especialistas nacionales e internacionales “para analizar las transformaciones de la economía, el trabajo y la democracia en el mundo actual” y debatir hacia dónde va el capitalismo, en el que la ponencia inaugural correrá a cargo de la conocida economista italiana Clara Mattei.

Así lo han dado a conocer este viernes en la sede de CCOO en Córdoba el presidente de la Fundación 1º de Mayo, Fernando Lezcano; la secretaria general del sindicato en Andalucía, Nuria López, y la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, explicando que el evento abordará cuestiones como “la intensificación de las prácticas neocoloniales, la explotación laboral, el deterioro de las políticas redistributivas y el papel de los medios de comunicación ante la crisis del capitalismo”, a través de ponencias y mesas redondas, que se celebrarán en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO).

Fernando Lezcano ha señalado que la cita abordará cómo el capitalismo, “en su actual fase de acumulación salvaje de beneficios”, ataca cualquier regulación democrática para imponer su lógica de coger el dinero y correr“, mientras que Nuria López ha alertado durante la presentación que ”la actual concentración de poder y riqueza en el mundo está provocando un desequilibrio y un reparto injusto“, con ”la grave consecuencia de que los derechos fundamentales acaban siendo mercancía, pura y dura, con la que se especula hasta despreciar la propia vida de las personas“.

Además de la ponencia de Clara Mattei, quien analizará las principales características de este nuevo periodo y “planteará si nos encontramos ante una nueva etapa del capitalismo”, se celebrarán dos ponencias magistrales más. Así, el catedrático emérito de Sociología de la Universidad Paris Nanterre, Christian Laval, abordará la relación entre democracia y capitalismo. Por su parte, la catedrática de Historia Almudena Hernando Gonzalo reflexionará sobre el auge tecnológico y el inicio de la poshistoria.

El congreso incluirá además varias mesas redondas en las que destacados especialistas debatirán algunas de las principales dimensiones, entre ellos Francisco Louçã, María José Guerra Palmero, Ramón Rueda López, Carlos Prieto Rodríguez, Paula Rodríguez Modroño, Daniel Cela García, Nacho Álvarez Peralta, Susana Ruiz Rodríguez, Natalia Arias Pérez, Carlos Sánchez Sanz, Belén Carreño Bravo, Javier Aroca Alonso, e Isabel Morillo Arjona.

La primera jornada se cerrará con la presentación del libro '1976. Las huelgas de la Transición', editado por la Fundación 1º de Mayo en colaboración con la editorial La Catarata. El libro “recuerda los movimientos obreros que en 1976 fueron uno de los principales protagonistas del cambio político tras la muerte de Franco y que vuelven a estar de actualidad, no sólo por cumplirse ahora 50 años desde su celebración, sino por la próxima convocatoria de huelga por la vivienda el próximo 11 de noviembre”.

“Vamos a la huelga general convencidas y convencidos de que es posible repartir la riqueza de manera más justa porque somos nosotras y nosotros, trabajadoras y trabajadores, quienes la generamos”, ha asegurado la secretaria general de CCOO de Andalucía, quien ha afirmado que la riqueza “debe traducirse en mejores salarios, control de precios, regulación del mercado de la vivienda y refuerzo de los servicios públicos”, ha apostillado.

La clausura correrá a cargo del abogado, periodista y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, y del secretario general de CCOO, Unai Sordo. La asistencia al congreso es gratuita, aunque será necesario inscribirse previamente y las plazas estarán limitadas al aforo del recinto.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba rechaza de forma rotunda el presupuesto aprobado por el Consejo Rector del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema-Jardín Botánico), un presupuesto que califica de ficticio, irreal y de pura supervivencia y que ha sido elaborado mediante un ejercicio de ingeniería financiera que pone en grave riesgo la viabilidad operativa del Imgema y los derechos de su plantilla.

CCOO denuncia, especialmente, la falta de sensibilidad y prudencia mostrada en la tramitación del documento. Durante la sesión del Consejo Rector, se propuso formalmente a la nueva presidenta, Marien Pozanco -que llevaba menos de una semana en el cargo-, que dejara el proyecto de presupuesto en cuarentena o sobre la mesa con el objetivo de permitirle conocer a fondo la realidad del Instituto y valorar con rigor el alcance de las cuentas antes de su votación. Lejos de actuar con prudencia y responsabilidad ante un documento estratégico, la Presidencia rechazó la propuesta y mantuvo el presupuesto como punto del orden del día para forzar su aprobación.

A pesar de los continuos anuncios de la Gerencia del Imgema sobre la inminente aprobación de la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo municipal, el presupuesto para 2027 no destina un solo euro a su aplicación. Anunciar una RPT carente de cobertura económica constituye una grave falta de rigor administrativo que perjudica seriamente a la plantilla, opina CCOO que critica, además, que mientras el Imgema asume cada vez más instalaciones y competencia -como la gestión de los huertos urbanos o colecciones botánicas-, el presupuesto de gastos corrientes y mantenimiento se recorta un 3 %, un recorte que la propia Intervención Municipal advierte que es “técnicamente irreal e inviable” y recordando que en 2026 ya hizo falta un suplemento extraordinario de 200.000 euros para no paralizar el servicio.

A esto se une que el Fondo de Contingencia, que el año pasado contaba con 122.183 euros para atender gastos imprevistos, emergencias o situaciones extraordinarias, este año sufre un tijeretazo del 91,82 %, quedando reducido a unos testimoniales 10.000 euros.

Pero además, CCOO pone el acento en que las cuentas se sustentan en unas estimaciones de ingresos poco creíbles. Se proyectan unos ingresos de 216.000 euros en tasas y entradas a la Ciudad de los Niños y Niñas y al Jardín Botánico, lo que supone duplicar la recaudación real del 2025 y cuadriplicar la de 2024. Además, se incluyen 210.000 euros del convenio del Banco de Germoplasma con la Junta de Andalucía a pesar de que el mismo vence en mayo de 2027. Es evidente que si estos ingresos hinchados no se cumplen, se generará un agujero económico que provocará nuevos recortes, advierte CCOO.

No acaban ahí las críticas del sindicato. La congelación del capítulo de Inversiones, que queda a 0 euros, no responde a una falta de necesidades, sino a la incapacidad manifiesta de gestión de la Gerencia, que acumula 1.308.664,43 € en remanentes bloqueados y no ejecutados de los ejercicios 2022, 2024 y 2025.

El Imgema no puede seguir gestionado a base de golpe político, ni de cuentas que no cuadran, confiando el día a día a parchear el presupuesto con modificaciones sobre la marcha, y dejando la ansiada RPT en agua de borrajas. Desde CCOO lo tenemos claro: pedimos la retirada inmediata de este presupuesto y la presentación de un nuevo borrador serio de verdad, con dinero real sobre la mesa para la RPT, y que se desbloqueen de una vez por todas los fondos de inversión. Es la única forma de garantizar unos servicios públicos medioambientales a la altura de lo que Córdoba merece.

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba reclama a la empresa lucentina Exclusivas Rocan, dedicada al comercio al por mayor de flores y plantas artificiales, que dé una solución inmediata a la situación de impago de nóminas a sus 13 trabajadores, una situación que se viene prolongando por 7 meses.

Según el sindicato, los trabajadores vienen sufriendo retrasos en el cobro de sus salarios desde octubre del año pasado, pero desde marzo de este año no han recibido ninguna de sus nóminas, aduciendo que “no hay dinero” y sin plantear ninguna solución a esta insoportable situación, que ha provocado que varios trabajadores hayan enfermado y les hayan dado de baja por cuadros de ansiedad y depresión.

Ante la falta de cobro, 9 de los 13 trabajadores decidieron acudir a los tribunales que, en 3 casos, les han concedido una medida cautelar que suspende sus servicios a la empresa que, paradójicamente, contrató de agosto a octubre -la época de más trabajo por la preparación de materiales para la festividad de Todos los Santos- a 6 trabajadores de origen extranjero -a los que CCOO “desconoce si ha dado de alta en la Seguridad Social”- “a los que sí ha pagado sus salarios, lo que pone en entredicho que la empresa no disponga de ingresos suficientes como para abonar las nóminas a sus trabajadores”.

CCOO exige a Exclusivas Rocan que, o establezca un plan de pagos para ponerse al día en el abono de las nóminas, o presente un expediente de regulación de empleo para extinguir los contratos y que las personas trabajadoras puedan acceder a las prestaciones que les corresponden, porque no es de recibo que los trabajadores lleven 7 meses trabajando gratis y sin perspectivas de cobrar.

El Juzgado de lo Social número dos de Córdoba ha declarado nulo el plan de externalización parcial (PEP) que Hitachi Energy Córdoba ha implantado “de forma unilateral sin la preceptiva negociación en el marco del convenio colectivo” y ha condenado a la multinacional “a pagar 30.000 euros por vulnerar derechos fundamentales”, según ha informado el sindicato CCOO a través de una nota de prensa. De esta forma, el fallo declara la nulidad de las decisiones de la empresa de marzo a mayo de 2026 y de todas sus ejecuciones (cartas individuales, reubicaciones o movilidades) “al entender que la empresa actuó al margen de la ley, eludiendo el periodo de consultas obligatorio y vulnerando el derecho de información de los trabajadores”.

Las secciones sindicales de CCOO -sindicato con la mayoría absoluta en el comité de empresa- y USO entienden que la sentencia “no solo frena la externalización unilateral, sino que aclara de forma contundente los puntos de controversia que se han generado en los últimos meses: la vigencia de la negociación del convenio colectivo y la representatividad legítima de las personas trabajadoras”.

La sentencia ratifica en sus hechos probados que “el convenio colectivo de empresa está denunciado y la mesa negociadora válidamente constituida (con sus correspondientes reuniones y actas). La decisión unilateral de la empresa de imponer externalizaciones se produjo precisamente en este contexto de negociación, utilizando maniobras unilaterales para dinamitar el marco convencional”.  

Asimismo, la resolución judicial deja constancia formal y probada de que “la plantilla ha ejercido sus derechos legítimos mediante concentraciones, reclamaciones y la convocatoria legal de huelga en el marco del conflicto de la negociación colectiva”. El juez vincula “el actuar de la empresa con una conducta de represalia e interferencia en el conflicto laboral, condenándola a pagar 30.000 euros de indemnización por vulnerar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva”.  

Al certificar la continuidad de la mesa negociadora, la vigencia del comité de empresa legítimamente constituido y la plena legalidad de las medidas de conflicto (como la huelga) e indemnizar por vulneración de la libertad sindical, queda jurídicamente desarticulada cualquier maniobra o asamblea de “revocación” promovida para debilitar la representación legal. “La sentencia deja claro quiénes son los representantes legítimos reconocidos por la ley y la injusticia de las trabas impuestas por la empresa durante la negociación”, según la nota de prensa.  

CCOO y USO exigen a la Dirección de Hitachi Energy que acate de inmediato la resolución judicial, detenga las externalizaciones, revierta cualquier cambio forzoso y se siente a negociar de buena fe el Convenio Colectivo con la representación legal y legítima de la plantilla.  

En este sentido, CCOO y USO reclaman a la empresa “la paralización inmediata de la pretensión de iniciar un periodo de consultas sobre el Plan Parcial de Externalización que, hay que recordar, debe llevarse a cabo en el marco de la negociación del convenio colectivo”. Ambas secciones sindicales tachan de “incongruente y fraudulento que la empresa pretenda” iniciar un periodo de consultas alegando hacerlo “en cumplimiento de la sentencia” cuando el acatamiento de la resolución judicial exige, de forma previa e ineludible, devolver a toda la plantilla afectada a sus puestos y condiciones originales, dejando sin efecto las movilidades, reubicaciones y subcontrataciones nulas.

Ambos sindicatos recuerdan a Hitachi que pretender negociar sobre hechos consumados que siguen desplegando efectos ilegítimos contraviene el Estatuto de los Trabajadores y las Disposiciones Final Octava y Adicional del Convenio Colectivo de Empresa, además de persistir en la falta de entrega de la información previa y detallada requerida en la normativa convencional.

Por ello, la mayoría del Comité de Empresa de Hitachi Energy en Córdoba exige la reposición de la plantilla a sus puestos de origen, la entrega de toda la documentación sobre subcontratación y el reconocimiento de la negociación del convenio colectivo como requisito indispensable para iniciar el periodo de consultas, cuyo inicio ha fijado la empresa para mañana viernes.

De seguir adelante, CCOO y USO advierten que se reservan ejercer acciones legales, administrativas y judiciales —incluida la denuncia ante la Inspección de Trabajo y la solicitud de ejecución provisional de la sentencia— a los únicos efectos de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por “los abusos” de la empresa Factor Deporte, Ocio y Formación contra la plantilla que presta el servicio de acompañamiento escolar 'Camino al cole' del Ayuntamiento de la capital por “comprometer a su plantilla a no casarse, operarse o quedarse embarazada en los próximos meses”.

En una nota, el responsable de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de CCOO de Córdoba, Fernando Rueda, ha explicado que “la empresa ha hecho llegar a sus trabajadores un 'Registro de empleados y empleadas' en el que, entre otras cuestiones, les pide que certifiquen que en la entrevista de trabajo han informado, entre otras cuestiones, de que 'no tengo prevista ninguna situación que imposibilite mi continuidad durante este contrato en los próximos meses (viaje, asunto familiar, embarazo, operación, boda, otro empleo, etc.)'”.

“Esta petición es absolutamente ilegal y discriminatoria y supone un brutal ataque a los derechos laborales de las personas trabajadoras en general, y de las mujeres en particular”, ha dicho el responsable sindical, quien ha afirmado que “este no es el único abuso denunciado ante la autoridad laboral”.

En otra comunicación, según CCOO, “la empresa avisa a su personal que en el caso de que un trabajador falte o no asista a su puesto de trabajo sin avisar previamente y sin autorización, se descontará del salario mensual los costes correspondientes”.

“Aunque Factor Deporte, Ocio y Formación debe respetar las condiciones laborales de la anterior adjudicataria, una de las primeras medidas que ha adoptado ha sido la reducción de la jornada laboral de dos a 1,5 horas, achacando dicha reducción al contrato de adjudicación del servicio”, han detallado desde el sindicato.

Según ha expuesto Rueda, “estas son las consecuencias de las externalizaciones a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos del PP, con precariedad laboral, abusos, acoso y desprecio por las personas trabajadoras”, de manera que ha exigido al Ayuntamiento que “tome cartas en el asunto y haga cumplir a las empresas que contrata la normativa laboral”.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha mantenido este lunes un encuentro con representantes del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba, encabezados por su presidente, Álvaro García (CCOO), para conocer la situación de la plantilla y abordar el conflicto laboral abierto con la dirección de la compañía japonesa, anunciando Santiago que hará gestiones ante los ministerios de Trabajo y de Economía.

Según ha informado IU en una nota, en el encuentro, que ha contado con la participación del secretario general de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, y de medio centenar de trabajadores de Hitachi, se ha informado sobre la situación actual de la planta cordobesa, tras “la nueva ruptura de las negociaciones por parte de la empresa” y, ante ello, Santiago ha avanzado que planteará al Ministerio de Economía que traslade a las autoridades de Japón la situación de la planta cordobesa, y que gestionará una reunión del comité de empresa con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha señalado que el conflicto ha incorporado nuevas cuestiones desde su inicio, vinculado a las diferencias salariales. “Lo que empezó como un conflicto contra las diferencias salariales, contra la clara discriminación salarial, se ha transformado en un conflicto en el que se sanciona directamente a los representantes de los trabajadores, y en donde se sustituyen trabajadores y puestos de trabajo externalizando mediante subcontratas”, ha explicado.

“Hitachi ha traspasado demasiadas líneas rojas”, ha afirmado Santiago, quien ha señalado que se trata de una empresa con beneficios y que recibe ayudas públicas. En este sentido, ha defendido que la compañía debe respetar los derechos de los trabajadores.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Álvaro García, ha explicado la situación de 32 trabajadores que, según ha señalado, se encuentran actualmente en sus domicilios mientras una empresa subcontratada está desempeñando trabajos en la fábrica. “La subcontrata ha entrado en la fábrica por la puerta de atrás sin negociarlo con el comité de empresa y a día de hoy están trabajando en nuestros puestos de trabajo”, ha criticado.

García ha insistido en que la representación de los trabajadores mantiene su disposición a alcanzar un acuerdo con la empresa y, para ello, quieren “seguir negociando con la empresa”, si bien ha avisado que la plantilla contempla llevar a cabo movilizaciones y huelga ante la continuidad del conflicto, aunque ha remarcado que la voluntad del comité es evitar llegar a ese escenario.

Por su parte, la concejala de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha reclamado al alcalde, José María Bellido (PP), que intervenga ante la situación de la plantilla y ha puesto el foco en los beneficios fiscales que, según ha señalado, recibe Hitachi por parte del Ayuntamiento de Córdoba, además de las ayudas públicas procedentes de distintas administraciones.

“Lo que recibe esta empresa se tiene que traducir en respeto de los derechos de la clase trabajadora”, ha defendido Ruiz, quien ha reclamado que las administraciones hagan valer las medidas de apoyo concedidas a la compañía y favorezcan la recuperación de la negociación colectiva.

La concejala ha recordado que, cuando comenzó el conflicto, el comité de empresa y la plantilla facilitaron la negociación rebajando el nivel de movilización y, por eso, ahora “vamos a exigir a las administraciones que hagan valer los beneficios que se ha llevado esta empresa para que repercuta directamente en la clase trabajadora, en respetar sus derechos y en obligarles a que se sienten para volver a recuperar la negociación colectiva”, ha concluido.

CCOO pone a disposición de las personas trabajadoras su nueva Guía de Búsqueda de Empleo, una publicación con la que se pretende ayudar a las personas que se encuentran buscando empleo con herramientas y consejos adaptados a la nueva realidad laboral, que se caracteriza por un entorno en constante transformación donde la capacidad de adaptación se ha convertido en una competencia fundamental para profesionales, empresas e instituciones. Saber adaptarse a ese entorno cambiante es primordial a la hora de encontrar empleo y de ahí nace esta guía que forma parte de la Línea Juventud Formada e Informada del programa Destino Empleo del acuerdo de concertación con la Diputación de Córdoba. 

“La realidad laboral actual se caracteriza por un entorno en constante transformación donde la capacidad de adaptación se ha convertido en una competencia fundamental para profesionales a empresas e instituciones”, señala la responsable del programa, Cristina Soler.

La digitalización, la inteligencia artificial y la automatización están transformando procesos, ocupaciones y competencias profesionales a gran velocidad. Las empresas compiten en mercados cada vez más amplios e interconectados generando nuevas oportunidades, pero también mayores exigencias de competitividad. Los ciclos económicos, las tensiones internacionales y los cambios demográficos influyen directamente en la creación y transformación del empleo. El teletrabajo, los modelos híbridos, el trabajo por proyectos y la economía digital están redefiniendo las relaciones laborales tradicionales. “Este entorno laboral exige superar el modelo tradicional basado sólo en títulos. Las empresas priorizan hoy la capacidad de adaptación y el desenvolvimiento efectivo en ecosistemas digitales altamente dinámicos y tecnológicos y buscan un equilibrio riguroso entre conocimientos técnicos especializados y competencias humanas”, apunta la responsable sindical.

Para dar respuesta a todos estos retos, CCOO ha elaborado una guía que proporciona herramientas y consejos sobre distintos aspectos directamente relacionados con la búsqueda de empleo exitosa. Así, por ejemplo, aborda el proceso de autoconocimiento profesional, la transformación del mercado y nuevas profesiones, las competencias clave en el entorno organizacional, la inteligencia artificial como herramienta estratégica o la marca personal y redes de contacto. Asimismo, proporciona información sobre las herramientas y canales para la búsqueda de empleo, la preparación y ejecución de entrevistas exitosas, el bienestar emocional en la búsqueda activa, la formación permanente y evolución profesional, el emprendimiento y el autoempleo y el perfil del profesional del futuro.

Finalizado el periodo de prórroga acordado por la Comisión Técnica para intentar alcanzar puntos de encuentro en materia del convenio colectivo y el proceso de externalizaciones de Hitachi Energy de Córdoba, la empresa ha rechazado continuar con dicho espacio de trabajo, “incumpliendo los compromisos adquiridos y frustrando cualquier posibilidad de avance efectivo”, han trasladado desde CCOO --sindicato con mayoría absoluta en el comité de empresa-- y USO, que dan por extinguida la prórroga y el compromiso de no movilización, “al no haberse cumplido ninguna de las condiciones pactadas”.

Así, ambos sindicatos han anunciado en una nota que se plantean “retomar el calendario de movilizaciones ante la ausencia de avances reales en la negociación del convenio colectivo y la actitud de bloqueo mantenida por la dirección de la firma japonesa”.

El comité de empresa había convocado una asamblea informativa dirigida exclusivamente al personal de talleres para explicar la situación del convenio y del plan de externalización. Sin embargo, “mandos intermedios y personal de oficina --no convocados-- irrumpieron por la fuerza en la sala, impidiendo su celebración e increpando e insultando a los delegados sindicales”, han explicado desde CCOO y USO, que han exigido a la empresa “la apertura inmediata de una investigación interna por estos hechos, que constituyen una obstrucción a una reunión legalmente convocada y un ataque directo a la representación sindical”.

Para ambos sindicatos, “lo ocurrido en la asamblea es una consecuencia directa del clima antisindical que se vive en la planta”, al tiempo que han advertido de que “la Dirección de Recursos Humanos mantiene una actitud de mala fe, bloqueando la negociación colectiva y adoptando decisiones unilaterales que vulneran la normativa laboral y los compromisos adquiridos en la Comisión Técnica”.

Además, han señalado que “la empresa continúa ejecutando su plan de externalización, incurriendo en cesión ilegal de trabajadores, mientras compañeros que desempeñaban esas funciones están siendo enviados a sus casas durante dos semanas”.

“Subcontrataciones y externalizaciones”

En este sentido, CCOO y USO han criticado que “la empresa ha continuado con subcontrataciones y externalizaciones pese al compromiso de paralización, obstaculiza la labor del comité de empresa y de la comisión negociadora, intentando negar la representatividad del colectivo técnico e ignora resoluciones de la autoridad laboral, laudos arbitrales y sentencias firmes que confirman la ultraactividad del convenio y la imposibilidad de convocar elecciones en puestos ya cubiertos”.

Igualmente, han remarcado que “Hitachi aplica movilidad arbitraria, impone cambios de puesto y desvía carga estructural a contratas externas, incumple la garantía de ocupación efectiva, la promoción profesional interna y la obligación de impartir formación adecuada por no hablar de que desatiende obligaciones preventivas y de vigilancia de la salud en puestos de alta peligrosidad”.

“Este escenario evidencia un acoso sistemático, infracciones reiteradas y una inacción voluntaria por parte de la Dirección de RRHH de la empresa”, han apuntado desde CCOO y USO, que trasladarán a la asamblea de trabajadores la propuesta de “retomar movilizaciones y activar todas las vías sindicales y legales disponibles”.

No obstante, ambos sindicatos han reiterado su “disposición al diálogo de buena fe, siempre que la empresa rectifique, abandone el bloqueo unilateral y se siente a buscar soluciones reales y consensuadas para el conflicto que atraviesa la planta de Córdoba”.

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba critica que la empresa Leser Facility Services, adjudicataria del servicio de limpieza del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (Hacienda Local) -organismo autónomo de la Diputación de Córdoba- y de los parques del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, haya dejado de pagar a sus más de treinta trabajadoras la nómina de agosto y no facilite ninguna información a la plantilla sobre dicho impago y cuándo piensa ponerse al día.

CCOO ha tenido conocimiento de que la empresa atraviesa dificultades económicas y teme que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, las trabajadoras queden desamparadas y sin cobrar sus nóminas.

Por ello, el secretario de Acción Sindical del mencionado Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, ha mantenido una reunión con responsables del Servicio de Contratación de la institución provincial para abordar posibles soluciones al problema.

Quintana ha señalado que la Diputación ya está estudiando llevar a cabo una cesión de contrato y se encuentra en conversaciones para tratar de encontrar una empresa que asuma el contrato.

CCOO dice que la institución provincial se ha dado un plazo de una semana para tratar de llevar a cabo la cesión del contrato pero, de no poder realizarse, habrá que extinguir el contrato actual para tratar de solventar con la mayor celeridad posible la situación generada por la empresa y garantizar a las trabajadoras el cobro de sus salarios y los mínimos retrasos posibles.

Las temperaturas extremas que vive Córdoba durante el verano hace necesarias distintas medidas de prevención laboral para mantener la seguridad de los trabajadores, con jornadas más reducidas e intensivas en sectores donde se realizan labores en el exterior como en la construcción o el campo, y toda una serie de medidas obligatorias y otras recomendaciones para preservar la salud ante el calor. Sin embargo, la campaña especial de verano ha registrado distintas denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos en este ámbito, aunque se aprecia que, poco a poco, “va calando la cultura de la prevención. Va calando la idea de que el calor mata”.

Quien hace esta reflexión es el secretario de Salud Laboral de CCOO en Córdoba, Aurelio Martín, para dar cuenta de la labor del sindicato en los centros de trabajo ante las temperaturas que ha marcado máximas de calor extremo. La campaña se ha centrado en informar a los trabajadores y en realizar mucha labor de prevención con estos y las empresas, de manera que se tome conciencia de la necesidad de cumplir las medidas ante las altas temperaturas. Pero, no obstante, el verano ha terminado con una decena de denuncias interpuestas por el sindicato ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos en el sector de la construcción y alguna otra en el sector de servicios y comercio.

“Se han realizado visitas a diario a las obras, tanto en el mes de julio como en agosto”, explica sobre la labor sindical. En estas visitas se ha comprobado si las empresas cumplían los horarios establecidos y el resto de normas ante avisos por calor, como proporcionar sombras, agua y pausas en la tarea, y tener equipos de protección adecuados. Si bien se han interpuesto esa decena de denuncias -algunas repetidas a la misma empresa por reiteración de los incumplimientos-, desde el sindicato sí destacan que, “en general, cuando se ha visitado la obra y se ha hablado con el responsable, se han reconducido medidas y se han puesto los medios sin tener que llegar a denunciar”.

“Trabajadores más concienciados”

Algo parecido ha ocurrido en el sector servicios y el comercio, donde CCOO también ha puesto alguna denuncia por mantener temperaturas por encima de las aconsejadas para trabajar o en la hostelería, donde se han advertido de cuestiones que tienen que ver con el trabajo en las terrazas en las horas de más calor. Pero, “en términos generales, se está cumpliendo las normas también porque los trabajadores están más concienciados, saben sus derechos y se quejan cuando hay una ola de calor. Parece que la cultura de la prevención va calando”, reitera. “Va calando de que el calor es un peligro, que hay que tomar medidas y cumplir las normativas”.

En sectores como la industria, donde no hay una jornada intensiva establecida por convenio, es más complicada la labor de prevención del sindicato, al no poder entrar libremente a comprobar las condiciones de trabajo. Por eso, desde CCOO “hacemos un llamamiento constante a los trabajadores, para que si constatan situaciones en las que se están incumpliendo la normativa de riesgos laborales por las altas temperaturas, lo pongan en nuestro conocimiento y podamos actuar”.

Además, desde el sindicato ponen de relieve cómo los efectos de un golpe de calor pueden no darse en el tajo, sino horas después con el trabajador ya en casa. “Nos preocupa que el efecto del calor a veces no da la cara en el momento, puedes pasarte el día trabajando en la calle pero las consecuencias ocurren cuando estás en casa o durmiendo, te da un paro entonces, pero es consecuencia de un golpe de calor”.

Normativa y crítica a la Inspección de Trabajo

Por eso, ese llamamiento a que los trabajadores denuncien estas situaciones ante sus representantes sindicales o bien en caso de empresas pequeñas ante el propio sindicato, va en paralelo al llamamiento que también dirigen a las empresas. “La responsabilidad sobre la seguridad de los trabajadores es de las empresas, que son las que deben darles los medios necesarios, los epis de protección y controlar que los trabajadores tengan las condiciones adecuadas ante temperaturas extremas. Y si no las pueden garantizar, pues tomar medidas como mandarlos a casa o reestructurar horarios, pero no se puede tener a la gente trabajando poniendo en riesgo su salud”.

De hecho, el decreto sobre temperaturas extremas establece que ante un aviso amarillo, naranja o rojo por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se puede llegar a acordar entre empresa y trabajadores una reducción de la jornada durante el periodo del aviso y recuperar esas horas más adelante. De hecho, en este decreto se incluyen medidas que llegan a proponer que el trabajador puede dejar su tarea si no tiene las condiciones adecuadas debido al calor. Se trata del Real Decreto-ley 4/2023 (RD), de 11 de mayo, que establece la obligación del empresario de prever medidas adecuadas frente a los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por frío, viento, lluvia o, como ahora, por calor. Entre esas medidas también está la de proporcionar más descansos, realizar los trabajos físicos más fuertes a primera hora de la mañana y asegurar el acceso a agua fresca.

Precisamente por la importancia de preservar la salud en el trabajo ante el calor sofocante, desde CCOO denuncian la falta de celeridad de la Inspección de Trabajo en actuar ante las denuncias que se interponen. “Echamos en falta una actuación más rápida de la Inspección”, constata Martín-, “no puede ser que se ponga una denuncia en el mes de julio y en septiembre que estamos no haya ido ningún inspector a la empresa a ver qué está pasando”, para constar qué ocurre en el momento del incumplimiento.

Con todo, llegando al final del verano pero con temperaturas aún extremas en Córdoba, los representantes de los trabajadores siguen pidiendo precaución, que se cumplan las normas de prevención y se apliquen todas las medidas que establece la ley para preservar la salud de quienes trabajan soportando el calor.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba contra la empresa Grupo ADL, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de Fernán Núñez.

La presidenta del Comité de Empresa, María Carmen Moreno, explica que la denuncia recoge diferentes situaciones que, a juicio de CCOO, suponen un incumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de Andalucía, así como de los derechos de información y participación de la representación legal de las personas trabajadoras.

Entre los principales aspectos denunciados se encuentra la organización de las jornadas y los descansos. CCOO señala que se están produciendo situaciones en las que no se respeta adecuadamente el descanso semanal, así como jornadas superiores a nueve horas sin el correspondiente acuerdo con la representación de la plantilla.

El sindicato pone de manifiesto, igualmente, problemas en la organización de las jornadas, señalando que se dan situaciones en las que no se está disfrutando correctamente del descanso de quince minutos cuando la jornada continuada supera las seis horas.

Otro de los puntos destacados por CCOO en la denuncia es la gestión de la bolsa de horas y la posibilidad de que las personas trabajadoras puedan completar sus jornadas. En este sentido, el sindicato denuncia que no se está garantizando adecuadamente la posibilidad de completar la jornada mediante la cobertura de nuevos servicios o de horas generadas por situaciones como bajas por incapacidad temporal, vacaciones u otras circunstancias.

Asimismo, CCOO señala que no se está facilitando de forma adecuada a la representación legal de las personas trabajadoras la información necesaria sobre las horas acumuladas, pendientes de compensación o recuperación, dificultando con ello el seguimiento y control del cumplimiento del Convenio Colectivo.

La organización sindical considera especialmente preocupante esta situación en un sector caracterizado por la alta feminización, la elevada presencia de contratos a tiempo parcial y jornadas fragmentadas, así como por unas importantes exigencias físicas derivadas de la atención directa a personas dependientes.

Falta de información a la representación de las personas trabajadoras

La denuncia también recoge diferentes cuestiones relacionadas con los derechos de información de la representación legal de las personas trabajadoras. CCOO reclama que se facilite información sobre los cuadrantes y programación de jornadas, así como sobre aspectos relacionados con el absentismo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, siniestralidad laboral y medidas de prevención de riesgos laborales. Así, el sindicato denuncia, además, que no se está comunicando adecuadamente a la representación legal determinados cambios de puesto de trabajo.

Otro de los aspectos incluidos en la denuncia está relacionado con los desplazamientos que realiza el personal utilizando sus propios vehículos para acudir a los domicilios de las personas usuarias. CCOO reclama que estos desplazamientos sean compensados correctamente conforme a lo establecido en la normativa y el convenio aplicable.

Desde CCOO de Córdoba se recuerda que el Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio esencial para miles de personas dependientes, pero que sus trabajadoras y trabajadores desarrollan su actividad en unas condiciones que pueden resultar especialmente exigentes.

Se trata de un sector altamente feminizado, con una elevada presencia de jornadas parciales y partidas y con importantes riesgos derivados de la movilización y atención directa de personas dependientes, lo que contribuye a una elevada incidencia de lesiones musculoesqueléticas y problemas de salud relacionados con el desempeño de estas funciones.

Para el sindicato, garantizar el cumplimiento del Convenio Colectivo no solo supone proteger los derechos laborales de la plantilla, sino también garantizar unas condiciones adecuadas para la prestación de un servicio público esencial.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, lamenta que “empresas como Grupo ADL, a las que se les adjudica un contrato para la prestación de un servicio público financiado con fondos públicos, como es el Servicio de Ayuda a Domicilio de Fernán Núñez, incumplan de forma reiterada los pliegos de la licitación y, además, ignoren lo establecido en el reciente Convenio Colectivo del SAD en Andalucía”.

Damas recuerda que el contrato de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de Fernán Núñez puede suponer un presupuesto que supera los 3 millones de euros anuales, por lo que considera imprescindible que una actividad financiada con recursos públicos se desarrolle garantizando también el cumplimiento de las condiciones laborales de las personas que prestan el servicio.

El responsable sindical señala, además, que recientemente la Inspección de Trabajo ha intervenido en asuntos similares relacionados con el SAD de Montemayor cuando era gestionado por el Grupo ADL, por lo que considera especialmente preocupante que sigan apareciendo situaciones denunciadas por la representación sindical en otros servicios gestionados por esta empresa.

Desde el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba se exige a Grupo ADL el cumplimiento íntegro del Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de Andalucía, así como el respeto de los derechos laborales y de representación de toda la plantilla.

“Desde CCOO no vamos a parar de exigir la dignificación del sector de la dependencia y, concretamente, que los derechos laborales del personal de ayuda a domicilio se apliquen al 100%, como así se establece en el Convenio Colectivo”, afirma José Damas.

El secretario General recuerda que el actual Convenio Colectivo fue suscrito por las organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, y las patronales del sector, por lo que considera que “no vamos a permitir que los derechos reconocidos en el convenio queden en el papel y no se apliquen en los centros de trabajo”.

CCOO confía en que la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social permita comprobar los hechos denunciados y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y del Convenio Colecivo.

El sindicato seguirá vigilando las condiciones laborales en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Fernán Núñez y continuará defendiendo la dignificación de las trabajadoras y trabajadores del sector de la dependencia, así como la calidad de un servicio público esencial para la ciudadanía.

Agosto nunca fue un buen mes para el mercado laboral cordobés. Y aunque en términos absolutos, desde hace un año hay 6.000 parados menos en la provincia, los sindicatos aseguran que los últimos buenos datos de empleo en la provincia (aunque en agosto el desempleo haya vuelto a subir) tienen letra pequeña.

Tanto CCOO como CSIF y UGT coinciden en que la alta temporalidad de el empleo y la falta de oportunidades en sectores vitales como la industria está provocando una pronunciada pérdida de población activa a causa de la emigración juvenil. Es lo que señalan que ha pasado este verano, que muchos jóvenes han optado por acudir a las zonas de costa para buscar un puesto de trabajo bien pagado con el que poder subsistir gran parte del resto del año.

Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inclusión confirman que el paro registrado en la provincia de Córdoba aumentó en 545 personas durante el mes de agosto (+1,20%), situando la cifra total de desempleados en 45.822 personas. Aunque la comparativa interanual muestra una reducción del paro del 12,60% (6.604 desempleados menos que en agosto de 2025), las organizaciones sindicales advierten que este descenso anual positivo no debe ocultar las profundas flaquezas del sistema.

De hecho, el sindicato CSIF ha encendido las alarmas al revelar otro indicador negativo de este último mes: la provincia de Córdoba perdió 1.276 afiliados a la Seguridad Social en agosto. Para su presidente provincial, Antonio Rafael López, este fuerte descenso en la cotización demuestra una notable caída de la actividad económica tras el término de los meses centrales del verano, especialmente en el sector turístico y hostelero, lo que saca a relucir la “excesiva temporalidad y enorme fragilidad” del mercado de trabajo cordobés.

Por sectores económicos, el comportamiento de agosto volvió a estar fuertemente marcado por la estacionalidad: El sector servicios concentró casi todo el incremento del desempleo, sumando 374 nuevos parados (para un total de 30.514 personas en desempleo en este ámbito, lo que representa el 66,59% del paro provincial).

En cambio, la construcción registró un repunte de 146 personas desempleadas (alcanzando los 3.452 parados). UGT atribuye esta subida a la pausa de actividad por las extremas temperaturas veraniegas y la no cobertura de vacaciones.

El lastre de la temporalidad: contratos efímeros y rotación constante

La calidad de las contrataciones en la provincia sigue bajo la lupa de los agentes sociales. Durante el mes de agosto se firmaron un total de 18.986 contratos, lo que representa un drástico descenso de 3.172 firmas respecto a julio (-14,32%).

La letra pequeña de estos contratos es evidente: el 66,18% de los contratos realizados en agosto fueron temporales (12.565 contratos), frente a un tímido 33,82% de carácter indefinido (6.421 contratos).

Desde UGT Córdoba, su Secretaria de Empleo, Paqui Haro, destaca que el acumulado de temporalidad en la provincia se mantiene en un elevadísimo 64,20%. Tanto UGT como CCOO insisten en que la reforma laboral debe vigilarse estrechamente, puesto que el descenso del desempleo se debe en gran medida a una “mayor rotación en la contratación” y no a la creación genuina de puestos de trabajo de calidad y larga duración. Para CCOO, el verdadero desafío de la provincia radica en consolidar empleos “con derechos y salarios dignos, y no una sucesión de contratos temporales”.

El drama de la juventud cordobesa: subempleo y maletas preparadas

La falta de un horizonte laboral estable está impactando con especial dureza a las generaciones más jóvenes. Según denuncia CSIF, el paro juvenil en menores de 25 años subió en 146 personas solo en agosto. La organización indica que miles de jóvenes cordobeses se enfrentan a ofertas de empleo profundamente precarias o a la inactividad, lo que acaba “obligándoles a marcharse a otra provincia o fuera de España para tener mejores oportunidades”.

Esta pérdida de capital humano y demográfico es respaldada por la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, quien advierte que la reducción del paro anual está estrechamente ligada a “la pérdida de población en la provincia y a una menor población activa”.

Para aquellos jóvenes que deciden no emigrar de forma definitiva, la alternativa de supervivencia pasa por la movilidad estacional. UGT Córdoba constata en su valoración que son numerosos los cordobeses que se ven forzados a trasladarse temporalmente a las zonas costeras durante la época estival con la intención de cubrir la falta de demanda laboral en la capital y obtener ingresos temporales que les permitan “subsistir de mejor manera el resto del año”.

El debate de las soluciones: industrialización, innovación y la oportunidad de la BLET

Ante esta coyuntura de fragilidad y estacionalidad, los tres sindicatos coinciden unánimemente en una receta: un cambio urgente del modelo productivo de Córdoba a través de la industrialización. El tejido productivo cordobés requiere dejar de depender de manera tan exclusiva de los servicios y la agricultura estacional.

UGT ve en la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) una “oportunidad única” para atraer firmas del sector tecnológico, la seguridad y la industria de defensa. Además, señalan eventos inminentes como el Congreso de la Industria de la Defensa (en octubre) como el escaparate idóneo para consolidar la expansión industrial y de recursos humanos de la provincia.

CCOO reclama un cambio de modelo que impulse no solo el sector industrial, sino también el potencial agroindustrial, logístico y de transporte ferroviario de Córdoba, buscando una diversificación que garantice la estabilidad y la igualdad salarial.

CSIF demanda a las administraciones públicas una apuesta decidida no solo por la industria y la innovación, sino también por el fortalecimiento del sector público para garantizar empleo de calidad estructurado y duradero.

La brecha de género sigue condicionando el desempleo

El análisis sindical del mes de agosto arroja asimismo una preocupante lectura en términos de género. Del total de desempleados cordobeses, el 61,58% son mujeres (28.219 paradas frente a 17.603 hombres), lo que sitúa la brecha de género en 10.616 mujeres más en paro que hombres. CCOO insiste en que no se puede “normalizar que seis de cada diez personas desempleadas sean mujeres” y denuncia que la desigual distribución de las tareas de cuidados sigue lastrando la trayectoria laboral femenina.

No obstante, UGT Córdoba aporta un pequeño matiz positivo dentro del segmento juvenil: en los menores de 25 años, el desempleo masculino superó al femenino en 130 personas en agosto (2.004 hombres frente a 1.874 mujeres paradas). Desde la unión sindical animan a que este cambio de tendencia se exporte al resto de tramos de edad para avanzar hacia contrataciones y puestos de responsabilidad plenamente igualitarios.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha expresado este jueves su “preocupación” por la situación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, “cuyo personal se encuentra desbordado, viéndose obligado a prolongar su jornada laboral prácticamente todos los días, con las consecuencias sobre la salud y la conciliación” que ello conlleva.

Según ha informado el sindicato en una nota, “la plantilla de estos juzgados prolongan a diario su jornada para poder atender a las personas detenidas y sacar adelante unos procedimientos especialmente sensibles. Esta carga se ha incrementado aún más tras la ampliación del partido judicial de Córdoba, que ahora asume también asuntos procedentes de Pozoblanco, Lucena y Cabra”.

Así lo ha asegurado la delegada de CCOO en Justicia, Susana Jiménez, quien ha opinado que “reunir varios partidos judiciales no acerca la Justicia a las víctimas de violencia sobre la mujer. Al contrario, supone un obstáculo añadido en un momento especialmente delicado, el de tomar la decisión de denunciar”.

Por otra parte, “la creación de un nuevo Juzgado de Violencia a principios de año tampoco vino acompañada de una ampliación suficiente de la plantilla. Inicialmente, solo se incorporaron dos tramitadores y, posteriormente, tres tramitadores más y un gestor de refuerzo”, y “la realidad es que esa dotación resulta claramente insuficiente”.

Así, según ha afirmado, “la sobrecarga de trabajo es inasumible y dificulta seriamente la conciliación de la vida laboral y familiar de estos funcionarios, obligados a prolongar su jornada prácticamente todos los días”.

La responsable sindical ha explicado que “en el Juzgado de lo Penal con especialidad en violencia, se está señalando para marzo de 2027 y las audiencias preliminares para septiembre de ese mismo año. Actualmente, el Juzgado de lo Penal con competencia en violencia cuenta hasta final de año con el refuerzo de un juez, circunstancia que está evitando que el retraso sea todavía mayor en unos procedimientos cuya naturaleza exige una especial agilidad”.

La situación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer “no es excepcional” y, cuando “han pasado ya seis meses desde la entrada en funcionamiento de los tribunales de Instancia, al menos en Córdoba, la realidad demuestra que las expectativas creadas no se han traducido en una mejora del servicio público de Justicia”.

Además, “los retrasos en los procedimientos de los juzgados de lo Social continúan siendo inaceptables. En el mejor de los casos, los señalamientos ya alcanzan el año 2029 y una justicia que no es rápida, no es justicia. Pensemos en una persona que ha sido despedida y la empresa no le quiere abonar la indemnización que le corresponde. Esperar dos años a que el juzgado dicte una resolución sobre un derecho reconocido por Ley es injusto y, además, deja los derechos vacíos de contenido por no obtener respuesta en un plazo razonable”.

Jiménez ha señalado que “el malestar entre los funcionarios de Justicia es evidente. La implantación del nuevo modelo ha supuesto para muchos la pérdida de destinos que habían conseguido tras más de 20 años de antigüedad. Han sido destinados a jurisdicciones que, en muchos casos, desconocen, sin un plan de formación que facilite la adaptación y sin ningún incentivo económico que compense ese cambio. Todo ello mientras los funcionarios del resto de comunidades autónomas sí han visto incrementado su complemento específico”.

A esta situación se suma una carga de trabajo que, “en la mayoría de los juzgados de Córdoba, supera ampliamente los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzando en muchos casos más del 200%”, y “tampoco ayuda la falta de personal, agravada por el retraso en la cobertura de bajas por incapacidad temporal y de vacantes, que en ocasiones permanecen sin cubrir durante más de tres meses”.

A todo ello hay que sumar, según ha añadido la sindicalista, que “los funcionarios deben convivir cada día con una herramienta informática que, lejos de facilitar su trabajo, lo dificulta. La aplicación @Adriano ha permanecido durante este año más de 14 días sin poder utilizarse y, cuando funciona, su lentitud a partir de las 12,30 horas hace prácticamente imposible desarrollar con normalidad la tramitación de los procedimientos. Está herramienta informática, sencillamente, no cumple la función para la que se creó y no facilita el trabajo de los funcionarios”.

En el resto de la provincia, los juzgados “trabajan igualmente por encima de las ratios establecidas por el CGPJ y soportan un retraso que ya puede calificarse de endémico. Además, el tiempo que se tarda en cubrir las bajas por incapacidad temporal y las vacantes afecta aún más a estos órganos, al contar con plantillas más reducidas y asumir mayores cargas de trabajo”.

CCOO admite que la creación de un nuevo juzgado de lo Social, uno de Familia, uno Mercantil y dos civiles previstas para el año que viene “contribuirá a mejorar las ratios de trabajo”. También en Lucena se crean dos nuevos juzgados, uno de ellos exclusivo de Violencia sobre la Mujer, con competencia sobre Montilla, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Baena. Por su parte, Córdoba asumirá la competencia en materia de Violencia sobre la Mujer de Montoro, Posadas, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo.

Ahora bien, “la creación de nuevos órganos judiciales solo tendrá efectos reales si viene acompañada de nuevas plazas de funcionarios y del correspondiente refuerzo de la Fiscalía. De lo contrario, será imposible reducir el retraso acumulado y únicamente se conseguirá repartir la misma carga de trabajo entre prácticamente los mismos profesionales”, advierte la representante de CCOO.

El sindicato CCOO de Andalucía ha advertido este martes de “los riesgos que supone el proceso de desinversión y venta del Grupo Deoleo para el tejido productivo regional” y, por ello, ha exigido “la entrada de inversores con solvencia técnica y financiera que aseguren el mantenimiento del empleo directo e indirecto y el desarrollo de sus marcas estratégicas”.

La organización sindical ha manifestado en una nota su “preocupación ante una operación mercantil que pueda amenazar la soberanía de un sector clave para la economía andaluza y española”.

A este respecto, el secretario general de CCOO de Industria de Andalucía, José Hurtado Quirós, ha exigido que “cualquier posible adjudicatario tiene que asumir un compromiso firme e inequívoco con el mantenimiento del empleo en todas sus plantas operativas”, tanto de los puestos de trabajo “directos como indirectos, así como el desarrollo y potenciación de marcas icónicas y estratégicas, como Carbonell, Bertolli o Carapelli”.

En ese sentido, la central sindical ha defendido que “la calidad, la autenticidad y la trazabilidad del aceite de oliva constituyen pilares irrenunciables para la actividad comercial en el territorio”. De ahí que CCOO de Andalucía haya “rechazado categóricamente la llegada de fondos o competidores que pongan en riesgo la reputación del producto”, y ha recordado que “la capacidad productiva del grupo se vertebra en el eje Sevilla-Córdoba-Jaén, con su centro neurálgico en Antequera (Málaga)”.

Además, el sindicato ha instado al Gobierno andaluz y al Ejecutivo central a “actuar con la máxima coordinación institucional para blindar la cadena de valor del sector oleícola”. Así, CCOO de Andalucía ha llamado a “priorizar proyectos de capital nacional” y ha reclamado al Gobierno de España “el ejercicio de sus facultades legales de bloqueo sobre inversiones extranjeras si la venta compromete la estabilidad laboral y la implantación industrial en Andalucía”.

Junto a ello, CCOO de Andalucía ha reclamado “la constitución de un espacio de interlocución con la Administración y el empresariado para vigilar de manera estricta el proceso de venta de Deoleo”. La organización sindical ha ratificado también que mantendrá la movilización e iniciará “las acciones necesarias para garantizar el futuro de la clase trabajadora y evitar la desindustrialización del sector estratégico andaluz”.

CCOO de Andalucía ha calificado este lunes de “crítica” la situación actual del dispositivo Infoca en el ecuador de la campaña de peligro alto de incendios forestales. La organización sindical ha alertado de que “el incumplimiento de las coberturas operativas supone un riesgo extremo que podría agravarse”, confirmando la “falta” de un dispositivo cubierto al 100% en la comunidad.

En una nota de prensa, la central sindical ha subrayado que “la deficiente gestión administrativa ha mermado la capacidad operativa del servicio público”. El secretario general de la sección sindical en la Agencia EMA, Raúl Mena, ha advertido de que “actualmente, faltan por contratar más de 250 bomberos forestales en el dispositivo, y mucho nos tememos que se queden sin cubrir”.

Esta falta de personal se debe principalmente al incumplimiento de los plazos de resolución de las Ofertas de Empleo Público (OEP) en curso, lo que ha provocado el agotamiento de las bolsas de trabajo. Para intentar paliar el déficit, se está recurriendo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un procedimiento que para estos casos “ralentiza” la incorporación de personal al requerir perfiles con una formación adecuada.

En ese sentido, la organización ha denunciado que las carencias en la primera línea de fuego, especialmente en Grupos de Bomberos Especialistas y Bomberos Conductores de Autobombas, han llevado a recolocar al personal de las torres de vigilancia, “desmantelando la estructura de detección temprana del Infoca”. “Esta sobrecarga, la falta de formación, sumada a la falta de cobertura de las bajas de larga duración, ha derivado en un incremento significativo de los accidentes laborales respecto a ejercicios anteriores”.

Asimismo, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, ha situado el origen del colapso en el traspaso del servicio a la nueva macroagencia. “Desde CCOO no nos opusimos a su creación, pero esta Agencia nació carente de medios humanos necesarios en recursos humanos y servicios horizontales para resolver los procesos administrativos en los plazos requeridos”, ha afirmado Hurtado.

Además, ha criticado que “después de más de 210 kilómetros recorridos por el fuego, árbol a árbol, parcela a parcela, calcinándolo todo, la inacción no puede ser la respuesta”, denunciando el negacionismo ante el cambio climático instalado en el Gobierno andaluz tras el pacto de Gobierno entre PP y Vox.

Este “colapso administrativo” mantiene “bloqueados” los concursos de traslado y promoción interna, obligando a cientos de trabajadores a permanecer desplazados lejos de sus hogares. Asimismo, los órganos de representación laboral, como el Comité Intercentros, se encuentran completamente paralizados por la falta de interlocución con la dirección de la Agencia.

CCOO ha añadido que “siguen sin resolverse deficiencias estructurales como la falta de Equipos de Protección Individual (EPI), el uso de furgonetas tipo turismo para el transporte de personal y la adquisición de vehículos autobomba que no cumplen con las prestaciones forestales necesarias”.

CCOO de Andalucía ha reclamado la apertura inmediata de una “investigación exhaustiva” sobre el trágico incendio de Los Gallardos y ha exigido al Gobierno andaluz una “correcta gestión” de los recursos para “garantizar la seguridad laboral ante un incremento significativo de los accidentes respecto a años anteriores” y la activación inmediata de la interlocución paralizada en el Comité Intercentros.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha demandado este jueves a las administraciones “un mayor esfuerzo inversor en materia de prevención de los incendios forestales”, pues “lo que antes se venía desarrollando de manera cotidiana por los habitantes del mundo rural se tiene que sustituir por laborales preventivas”.

En este sentido y a través de una nota, el sindicato ha explicado que “el cambio de modelo en el medio rural nos ha abocado al abandono de usos y costumbres que venían aprovechando al máximo los recursos que la naturaleza nos ofrece”. Así, “dejar de pastorear zonas cercanas a los pueblos, no recoger leñas, piñas o matorral para calentarse, y no plantar huertos junto a los núcleos urbanos de los que abastecerse, nos ha abocado a que la masa forestal gane terreno y aumente la superficie año tras año en nuestro país”.

CCOO ha recordado que existen “multitud de formas de ejecutar la prevención en incendios forestales, bien sea mediante el desbroce y eliminación de material vegetal de forma mecanizada o manual, realizando clareos y fajas de seguridad junto a caminos o ejecutando quemas controladas bajo estrictas ventanas de prescripción, o abriendo y manteniendo cortafuegos en nuestras masas arbóreas”.

En cualquier caso, para CCOO todas son “labores esenciales que ayudan a manejar esas cargas de combustible que pueden generar problemas en verano”, pues, “que un incendio forestal llegue a una zona tratada de manera preventiva, implica que se genere una ventana de oportunidad donde tal vez se pueda atajar el incendio o minimizar su avance desde una zona de trabajo más segura”.

El sindicato ha señalado que, “de manera generalizada, se habla de que el coste por hectárea en labores preventivas se estima en 3.000 euros y la cuantificación para una hectárea de extinción asciende a 30.000 euros”, es decir, “estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de aumentar los presupuestos en prevención, ya que se demuestra que serán mucho más eficientes por rendimiento entre coste/beneficio”.

Por otro lado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Córdoba ha agradecido “la profesionalidad y el compromiso de los 80 agentes de medio ambiente que tiene la Junta de Andalucía en Córdoba y su provincia, que actúan en los espacios naturales protegidos, en la gestión forestal y vías pecuarias”, y también a “todas las personas implicadas en la extinción de los incendios y en la protección y atención de las personas que se han visto afectadas, con las que se solidarizan”.

La Sección Sindical del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia, a través de una nota de prensa, “la grave situación que presenta el Hospital Provincial de Córdoba como consecuencia del retraso injustificado en las obras de reparación de su fachada y de la falta de actuación de la Administración sanitaria para garantizar unas instalaciones seguras, dignas y adecuadas tanto para las personas trabajadoras como para las personas usuarias del sistema sanitario público”.

CCOO ha trasladado formalmente esta denuncia a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía tras comprobar “el importante deterioro que presenta la fachada del edificio, especialmente, entre las plantas sexta y novena, donde el desprendimiento de elementos estructurales ha obligado a clausurar el acceso a las terrazas de numerosas habitaciones por razones de seguridad”.

Más grave si cabe es el hecho de que se han colocado cintas de advertencia para evitar el paso y carteles informativos en los que puede leerse “Por su seguridad esta puerta debe permanecer cerrada mientras duren las obras de intervención”. “Estos letreros pueden dar a entender que no se pueden usar las puertas de salida de emergencia en las plantas afectadas por las obras, una circunstancia que genera una evidente preocupación por las posibles consecuencias que pudiera tener ante cualquier situación de evacuación o emergencia”, afirma el secretario General del mencionado Sindicato de Sanidad de CCOO de Córdoba, José Damas.

Para el sindicato, resulta “absolutamente inaceptable que un hospital público de referencia mantenga durante meses una situación de deterioro de estas características mientras las obras permanecen paralizadas sin que se exijan responsabilidades a la empresa adjudicataria”.

José Damas advierte que “no estamos hablando únicamente de unas obras retrasadas. Estamos hablando de la seguridad de pacientes, familiares y profesionales. La Administración no puede mirar hacia otro lado mientras un edificio sanitario presenta deficiencias que afectan a la calidad asistencial y a las condiciones de trabajo”.

El responsable sindical añade que “la ciudadanía merece hospitales seguros, bien mantenidos y plenamente operativos. La falta de planificación, el abandono del mantenimiento y la externalización de servicios están teniendo consecuencias directas sobre la sanidad pública andaluza. Cuando el dinero público acaba en manos de empresas privadas sin que estas cumplan sus obligaciones, quienes terminan pagando las consecuencias son los pacientes y los profesionales”.

Para CCOO, esta situación constituye un nuevo ejemplo del progresivo deterioro del patrimonio público sanitario y de un modelo de gestión que prioriza la externalización frente al fortalecimiento de los recursos propios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El sindicato considera especialmente preocupante que, mientras permanecen cerradas habitaciones, terrazas y distintas zonas del edificio, continúen existiendo plantas hospitalarias cerradas por falta de personal, reduciendo la capacidad asistencial de un hospital que atiende diariamente a miles de personas de toda la provincia.

Ante esta situación, CCOO exige la ejecución inmediata de las obras de reparación y consolidación de la fachada del Hospital Provincial, la apertura urgente de un expediente para depurar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los plazos por parte de la empresa adjudicataria y una inspección técnica integral que garantice la seguridad estructural del edificio.

Así mismo, reclama la reapertura, en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan, de terrazas, ventanas y balcones para mejorar las condiciones ambientales de pacientes y profesionales; la eliminación inmediata de cualquier obstáculo que afecte a las vías de evacuación y salidas de emergencia y una información transparente sobre los plazos de ejecución y finalización de las actuaciones.

Para CCOO, la defensa de la sanidad pública pasa también por garantizar que los hospitales públicos sean espacios seguros, accesibles y dignos. El sindicato recuerda que la seguridad laboral y la calidad asistencial son derechos irrenunciables y que ninguna política de ahorro o de privatización puede justificar el deterioro de las infraestructuras sanitarias.

La organización sindical anuncia que continuará vigilando la evolución de esta situación y no descarta promover nuevas actuaciones ante las autoridades competentes si no se adoptan de forma inmediata las medidas necesarias para proteger tanto a las personas trabajadoras como a las personas usuarias del Hospital Provincial de Córdoba.

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha anunciado que va a interponer una denuncia contra Arquisocial, empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de Lucena, ante los juzgados de lo Social por posibles incumplimientos relativos a la jornada laboral.

El sindicato ha decidido acudir a los tribunales después de que este 23 de julio finalizara sin acuerdo el acto de conciliación en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Ahora, será la autoridad laboral la que determine si las prácticas denunciadas por CCOO se ajustan a la legalidad.

En concreto, el comité de empresa, cuya representación está conformada en su totalidad por CCOO, denuncia la posible superación de la jornada anual establecida en el Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de Andalucía mediante la planificación de jornadas superiores a las inicialmente previstas. Igualmente, la representación sindical pone en tela de juicio la modificación de la jornada del personal con contratos a tiempo parcial sin el preceptivo acuerdo entre empresa y persona trabajadora y la ausencia de un registro y control adecuado de la jornada, especialmente, respecto a las horas complementarias realizadas por el personal a tiempo parcial.

El comité de empresa, que reitera su compromiso con la defensa de unas condiciones laborales dignas, el cumplimiento de la legalidad y la mejora del servicio de ayuda a domicilio de Lucena, considera que estas prácticas podrían vulnerar tanto el convenio colectivo como la normativa laboral vigente, afectando directamente a los derechos de las trabajadoras y trabajadores del servicio.

La representación legal de la plantilla lamenta que no haya sido posible alcanzar una solución mediante el diálogo en el Sercla. “Siempre hemos apostado por la negociación como vía para resolver los conflictos laborales, pero, ante la falta de acuerdo, nos vemos en la obligación de acudir a la vía judicial para defender los derechos de la plantilla”, remarca la responsable del sector de CCOO, Inmaculada Morales.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha firmado este lunes el nuevo convenio de distribuidoras de energía eléctrica de la provincia, que tendrá una vigencia de tres años, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y finalizando a finales de 2028.

En una nota, el responsable de Acción Sindical del sindicato, Manuel Muñoz, ha explicado que “el convenio establece una subida anual del 3,5% en todos los conceptos retributivos, incluyendo salario base, permisos retribuidos, complementos y pluses”.

Además, el acuerdo establece una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC con un máximo del 1,5% al término del tercer año de convenio. De esta forma, los trabajadores tendrán en los tres años de vigencia del convenio una subida garantizada del 10,5%, que podría aumentar hasta el 12%.

“Se han mejorado todos los conceptos retributivos, ya que las subidas pactadas afectan tanto al salario base como a permisos retribuidos, complementos y pluses”, ha destacado el responsable sindical, quien ha indicado que, “además de actualizar los permisos retribuidos, se ha añadido un día más de vacaciones, quedando establecidas en 32 días naturales o 24 laborables”.

“Una importante mejora es la incorporación del complemento por trabajo tóxico, penoso o peligroso, que será del 20% del salario base, así como la regulación de guardias y retenes, a las que igualmente se le aplicarán las subidas salariales pactadas, si bien deben ser negociadas internamente en cada empresa”, ha comentado Muñoz.

Otra de las novedades que suma este nuevo convenio es el protocolo Lgtbi+, con el que “se pretende garantizar la igualdad en las empresas, así como garantizar los derechos de las personas de este colectivo”.

“CCOO está satisfecha con el acuerdo rubricado, no sólo porque mejora todos los conceptos salariales, con lo que los trabajadores verán garantizado su poder adquisitivo, e introduce también avances sociales, sino porque crea un marco de estabilidad para las empresas y garantiza un entorno necesario para que las empresas puedan crecer en los próximos años”, ha hecho hincapié.

El secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha denunciado hoy “el grave deterioro y abandono planificado que está sufriendo la sanidad pública cordobesa” y ha advertido de que “la provincia afronta uno de los veranos más difíciles de los últimos años, con menos profesionales, menos recursos y una capacidad asistencial claramente insuficiente para atender las necesidades de la ciudadanía”.

Según un informe elaborado por CCOO, la provincia de Córdoba ha perdido 974 profesionales sanitarios desde 2021, una reducción de plantilla que está teniendo consecuencias directas sobre la calidad asistencial, incrementando las cargas de trabajo, las listas de espera y las dificultades para acceder a una atención sanitaria en condiciones dignas.

Para Damas, “la situación que estamos viviendo no es fruto de la casualidad ni de la falta de profesionales exclusivamente, sino de años de recortes, mala planificación y decisiones políticas que están debilitando deliberadamente la sanidad pública para favorecer el negocio privado”.

El sindicato denuncia igualmente el fracaso del Plan Vacacional del Servicio Andaluz de Salud. Los 3.477 contratos anunciados para cubrir las vacaciones de más de 10.900 profesionales apenas permiten sustituir una media de 9,4 días por trabajador, muy lejos del mes de descanso reglamentario.

“Se ofertan contratos tarde, de escasa duración y con bolsas de empleo desactualizadas. El resultado es que miles de profesionales optan por marcharse a otras comunidades autónomas o a la sanidad privada, mientras nuestros centros sanitarios se quedan sin personal suficiente para atender a la población”, ha señalado el responsable sindical.

El informe de CCOO también revela una situación especialmente alarmante en los hospitales de la provincia, donde durante este verano permanecerán cerradas o bloqueadas al menos 264 camas hospitalarias, a las que se suman otras 211 camas sin ocupación en el complejo Reina Sofía, y ello, “en una provincia que mantiene elevadas listas de espera y una población cada vez más envejecida”, recuerda el dirigente sindical.

Además, la actividad quirúrgica sufrirá importantes reducciones, con suspensión de programas de tarde, disminución de quirófanos y situaciones críticas en varios hospitales comarcales.

En Atención Primaria, CCOO denuncia un auténtico “desmantelamiento estival” de la asistencia, ya que ningún centro de salud de la provincia mantendrá actividad ordinaria por las tardes entre el 29 de junio y el 17 de septiembre.

“La falta de sustituciones está provocando situaciones límite en numerosos centros de salud, con médicos atendiendo cupos duplicados, plantillas bajo mínimos y demoras para conseguir una cita que en muchos casos superan los veinte días”, denuncia el secretario General de Sanidad quien remarca que “la ciudadanía está pagando las consecuencias de unas políticas sanitarias equivocadas. Se cierran consultas, se reducen servicios y se obliga a profesionales y pacientes a soportar una situación insostenible”.

CCOO recuerda, además, que Andalucía continúa liderando las listas de espera sanitarias en España y critica la falta de transparencia de la Consejería de Salud, que no publica datos oficiales desde junio de 2025.

Para el sindicato, resulta especialmente preocupante que, mientras se reducen recursos públicos, el Servicio Andaluz de Salud destine este año 724 millones de euros a conciertos sanitarios y planes de choque con medios privados, una cifra que previsiblemente superará los mil millones de euros al cierre del ejercicio.

“Se están cerrando camas y dejando plazas sin cubrir mientras se inyectan cantidades millonarias a la sanidad privada. Estamos ante un modelo que debilita progresivamente el sistema público y pone en riesgo un derecho fundamental de la ciudadanía”, ha denunciado Damas.

Ante esta situación, CCOO exige a la Junta de Andalucía la cobertura inmediata de todas las sustituciones, la apertura de las camas cerradas, un plan urgente de captación y fidelización de profesionales, la recuperación de la actividad ordinaria en atención primaria y la publicación inmediata de los datos reales de listas de espera.

“La sanidad pública cordobesa está llegando a un punto crítico. No vamos a permanecer callados mientras se deteriora uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Defender la sanidad pública es defender el derecho a la salud y la igualdad de toda la ciudadanía”, ha concluido José Damas.