La Sección Sindical del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia, a través de una nota de prensa, “la grave situación que presenta el Hospital Provincial de Córdoba como consecuencia del retraso injustificado en las obras de reparación de su fachada y de la falta de actuación de la Administración sanitaria para garantizar unas instalaciones seguras, dignas y adecuadas tanto para las personas trabajadoras como para las personas usuarias del sistema sanitario público”.

CCOO ha trasladado formalmente esta denuncia a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía tras comprobar “el importante deterioro que presenta la fachada del edificio, especialmente, entre las plantas sexta y novena, donde el desprendimiento de elementos estructurales ha obligado a clausurar el acceso a las terrazas de numerosas habitaciones por razones de seguridad”.

Más grave si cabe es el hecho de que se han colocado cintas de advertencia para evitar el paso y carteles informativos en los que puede leerse “Por su seguridad esta puerta debe permanecer cerrada mientras duren las obras de intervención”. “Estos letreros pueden dar a entender que no se pueden usar las puertas de salida de emergencia en las plantas afectadas por las obras, una circunstancia que genera una evidente preocupación por las posibles consecuencias que pudiera tener ante cualquier situación de evacuación o emergencia”, afirma el secretario General del mencionado Sindicato de Sanidad de CCOO de Córdoba, José Damas.

Para el sindicato, resulta “absolutamente inaceptable que un hospital público de referencia mantenga durante meses una situación de deterioro de estas características mientras las obras permanecen paralizadas sin que se exijan responsabilidades a la empresa adjudicataria”.

José Damas advierte que “no estamos hablando únicamente de unas obras retrasadas. Estamos hablando de la seguridad de pacientes, familiares y profesionales. La Administración no puede mirar hacia otro lado mientras un edificio sanitario presenta deficiencias que afectan a la calidad asistencial y a las condiciones de trabajo”.

El responsable sindical añade que “la ciudadanía merece hospitales seguros, bien mantenidos y plenamente operativos. La falta de planificación, el abandono del mantenimiento y la externalización de servicios están teniendo consecuencias directas sobre la sanidad pública andaluza. Cuando el dinero público acaba en manos de empresas privadas sin que estas cumplan sus obligaciones, quienes terminan pagando las consecuencias son los pacientes y los profesionales”.

Para CCOO, esta situación constituye un nuevo ejemplo del progresivo deterioro del patrimonio público sanitario y de un modelo de gestión que prioriza la externalización frente al fortalecimiento de los recursos propios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El sindicato considera especialmente preocupante que, mientras permanecen cerradas habitaciones, terrazas y distintas zonas del edificio, continúen existiendo plantas hospitalarias cerradas por falta de personal, reduciendo la capacidad asistencial de un hospital que atiende diariamente a miles de personas de toda la provincia.

Ante esta situación, CCOO exige la ejecución inmediata de las obras de reparación y consolidación de la fachada del Hospital Provincial, la apertura urgente de un expediente para depurar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los plazos por parte de la empresa adjudicataria y una inspección técnica integral que garantice la seguridad estructural del edificio.

Así mismo, reclama la reapertura, en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan, de terrazas, ventanas y balcones para mejorar las condiciones ambientales de pacientes y profesionales; la eliminación inmediata de cualquier obstáculo que afecte a las vías de evacuación y salidas de emergencia y una información transparente sobre los plazos de ejecución y finalización de las actuaciones.

Para CCOO, la defensa de la sanidad pública pasa también por garantizar que los hospitales públicos sean espacios seguros, accesibles y dignos. El sindicato recuerda que la seguridad laboral y la calidad asistencial son derechos irrenunciables y que ninguna política de ahorro o de privatización puede justificar el deterioro de las infraestructuras sanitarias.

La organización sindical anuncia que continuará vigilando la evolución de esta situación y no descarta promover nuevas actuaciones ante las autoridades competentes si no se adoptan de forma inmediata las medidas necesarias para proteger tanto a las personas trabajadoras como a las personas usuarias del Hospital Provincial de Córdoba.

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha anunciado que va a interponer una denuncia contra Arquisocial, empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de Lucena, ante los juzgados de lo Social por posibles incumplimientos relativos a la jornada laboral.

El sindicato ha decidido acudir a los tribunales después de que este 23 de julio finalizara sin acuerdo el acto de conciliación en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Ahora, será la autoridad laboral la que determine si las prácticas denunciadas por CCOO se ajustan a la legalidad.

En concreto, el comité de empresa, cuya representación está conformada en su totalidad por CCOO, denuncia la posible superación de la jornada anual establecida en el Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de Andalucía mediante la planificación de jornadas superiores a las inicialmente previstas. Igualmente, la representación sindical pone en tela de juicio la modificación de la jornada del personal con contratos a tiempo parcial sin el preceptivo acuerdo entre empresa y persona trabajadora y la ausencia de un registro y control adecuado de la jornada, especialmente, respecto a las horas complementarias realizadas por el personal a tiempo parcial.

El comité de empresa, que reitera su compromiso con la defensa de unas condiciones laborales dignas, el cumplimiento de la legalidad y la mejora del servicio de ayuda a domicilio de Lucena, considera que estas prácticas podrían vulnerar tanto el convenio colectivo como la normativa laboral vigente, afectando directamente a los derechos de las trabajadoras y trabajadores del servicio.

La representación legal de la plantilla lamenta que no haya sido posible alcanzar una solución mediante el diálogo en el Sercla. “Siempre hemos apostado por la negociación como vía para resolver los conflictos laborales, pero, ante la falta de acuerdo, nos vemos en la obligación de acudir a la vía judicial para defender los derechos de la plantilla”, remarca la responsable del sector de CCOO, Inmaculada Morales.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha firmado este lunes el nuevo convenio de distribuidoras de energía eléctrica de la provincia, que tendrá una vigencia de tres años, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y finalizando a finales de 2028.

En una nota, el responsable de Acción Sindical del sindicato, Manuel Muñoz, ha explicado que “el convenio establece una subida anual del 3,5% en todos los conceptos retributivos, incluyendo salario base, permisos retribuidos, complementos y pluses”.

Además, el acuerdo establece una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC con un máximo del 1,5% al término del tercer año de convenio. De esta forma, los trabajadores tendrán en los tres años de vigencia del convenio una subida garantizada del 10,5%, que podría aumentar hasta el 12%.

“Se han mejorado todos los conceptos retributivos, ya que las subidas pactadas afectan tanto al salario base como a permisos retribuidos, complementos y pluses”, ha destacado el responsable sindical, quien ha indicado que, “además de actualizar los permisos retribuidos, se ha añadido un día más de vacaciones, quedando establecidas en 32 días naturales o 24 laborables”.

“Una importante mejora es la incorporación del complemento por trabajo tóxico, penoso o peligroso, que será del 20% del salario base, así como la regulación de guardias y retenes, a las que igualmente se le aplicarán las subidas salariales pactadas, si bien deben ser negociadas internamente en cada empresa”, ha comentado Muñoz.

Otra de las novedades que suma este nuevo convenio es el protocolo Lgtbi+, con el que “se pretende garantizar la igualdad en las empresas, así como garantizar los derechos de las personas de este colectivo”.

“CCOO está satisfecha con el acuerdo rubricado, no sólo porque mejora todos los conceptos salariales, con lo que los trabajadores verán garantizado su poder adquisitivo, e introduce también avances sociales, sino porque crea un marco de estabilidad para las empresas y garantiza un entorno necesario para que las empresas puedan crecer en los próximos años”, ha hecho hincapié.

El secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha denunciado hoy “el grave deterioro y abandono planificado que está sufriendo la sanidad pública cordobesa” y ha advertido de que “la provincia afronta uno de los veranos más difíciles de los últimos años, con menos profesionales, menos recursos y una capacidad asistencial claramente insuficiente para atender las necesidades de la ciudadanía”.

Según un informe elaborado por CCOO, la provincia de Córdoba ha perdido 974 profesionales sanitarios desde 2021, una reducción de plantilla que está teniendo consecuencias directas sobre la calidad asistencial, incrementando las cargas de trabajo, las listas de espera y las dificultades para acceder a una atención sanitaria en condiciones dignas.

Para Damas, “la situación que estamos viviendo no es fruto de la casualidad ni de la falta de profesionales exclusivamente, sino de años de recortes, mala planificación y decisiones políticas que están debilitando deliberadamente la sanidad pública para favorecer el negocio privado”.

El sindicato denuncia igualmente el fracaso del Plan Vacacional del Servicio Andaluz de Salud. Los 3.477 contratos anunciados para cubrir las vacaciones de más de 10.900 profesionales apenas permiten sustituir una media de 9,4 días por trabajador, muy lejos del mes de descanso reglamentario.

“Se ofertan contratos tarde, de escasa duración y con bolsas de empleo desactualizadas. El resultado es que miles de profesionales optan por marcharse a otras comunidades autónomas o a la sanidad privada, mientras nuestros centros sanitarios se quedan sin personal suficiente para atender a la población”, ha señalado el responsable sindical.

El informe de CCOO también revela una situación especialmente alarmante en los hospitales de la provincia, donde durante este verano permanecerán cerradas o bloqueadas al menos 264 camas hospitalarias, a las que se suman otras 211 camas sin ocupación en el complejo Reina Sofía, y ello, “en una provincia que mantiene elevadas listas de espera y una población cada vez más envejecida”, recuerda el dirigente sindical.

Además, la actividad quirúrgica sufrirá importantes reducciones, con suspensión de programas de tarde, disminución de quirófanos y situaciones críticas en varios hospitales comarcales.

En Atención Primaria, CCOO denuncia un auténtico “desmantelamiento estival” de la asistencia, ya que ningún centro de salud de la provincia mantendrá actividad ordinaria por las tardes entre el 29 de junio y el 17 de septiembre.

“La falta de sustituciones está provocando situaciones límite en numerosos centros de salud, con médicos atendiendo cupos duplicados, plantillas bajo mínimos y demoras para conseguir una cita que en muchos casos superan los veinte días”, denuncia el secretario General de Sanidad quien remarca que “la ciudadanía está pagando las consecuencias de unas políticas sanitarias equivocadas. Se cierran consultas, se reducen servicios y se obliga a profesionales y pacientes a soportar una situación insostenible”.

CCOO recuerda, además, que Andalucía continúa liderando las listas de espera sanitarias en España y critica la falta de transparencia de la Consejería de Salud, que no publica datos oficiales desde junio de 2025.

Para el sindicato, resulta especialmente preocupante que, mientras se reducen recursos públicos, el Servicio Andaluz de Salud destine este año 724 millones de euros a conciertos sanitarios y planes de choque con medios privados, una cifra que previsiblemente superará los mil millones de euros al cierre del ejercicio.

“Se están cerrando camas y dejando plazas sin cubrir mientras se inyectan cantidades millonarias a la sanidad privada. Estamos ante un modelo que debilita progresivamente el sistema público y pone en riesgo un derecho fundamental de la ciudadanía”, ha denunciado Damas.

Ante esta situación, CCOO exige a la Junta de Andalucía la cobertura inmediata de todas las sustituciones, la apertura de las camas cerradas, un plan urgente de captación y fidelización de profesionales, la recuperación de la actividad ordinaria en atención primaria y la publicación inmediata de los datos reales de listas de espera.

“La sanidad pública cordobesa está llegando a un punto crítico. No vamos a permanecer callados mientras se deteriora uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Defender la sanidad pública es defender el derecho a la salud y la igualdad de toda la ciudadanía”, ha concluido José Damas.

3 de julio de 1976. Juan Carlos I, rey de España, nombra a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Apenas habían transcurrido siete meses desde la muerte del dictador Franco y el Gobierno continuista de Arias Navarro se ve incapaz de conducir un país que reclama cambios políticos profundos. Desde diciembre se suceden las huelgas y las movilizaciones obreras lideradas por un sindicato clandestino que exhibe un músculo social creciente.

CCOO todavía es una organización ilegal pero convoca una asamblea general en Madrid con 2.000 delegados procedentes de toda España para los días 27, 28 y 29 de junio. Días antes el Ministerio de Gobernación hace público un comunicado prohibiendo taxativamente el acto. Al frente del departamento se encuentra un ministro gallego llamado Manuel Fraga Iribarne. “La organización ilegal llamada Comisiones Obreras ha anunciado públicamente, a través de algunos medios informativos, la próxima celebración de un congreso nacional”, indica el despacho ministerial. “Dado que a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las Comisiones Obreras son consideradas instrumentos del Partido Comunista de España, el Ministerio de la Gobernación se ve precisado a desautorizar dicho pretendido congreso (...) para lo cual ha cursado las pertinentes instrucciones prohibitivas”.

Está claro. El régimen franquista se atrinchera y se declara dispuesto a taponar cualquier vía de agua del sistema. Pero CCOO no se arredra. Renuncia al congreso de Madrid pero convoca una asamblea general en Barcelona para el 11 de julio. Ilegal, por supuesto. Reduce el número de delegados a 650 y organiza un dispositivo para evitar detenciones masivas. El lugar elegido para el desafío fue la iglesia de Sant Medir, en el barrio de Sants.

Francisco Ferrero tenía 25 años. Entró con 15 en la escuela de aprendices de Electromecánicas y antes de cumplir los 20 ya era un activo militante obrero y antifranquista. Para entonces CCOO se habían infiltrado en las estructuras del sindicato vertical y disputaba palmo a palmo la batalla proletaria en el nuevo orden político y social que estaba a punto emerger.

“La policía nos tenía fichados. Yo intervenía a menudo en el salón de actos del sindicato vertical en Gran Capitán y me tenían controlado”, recuerda Ferrero. El histórico sindicalista cordobés nunca tuvo un problema serio con la justicia, como sí le sucedió a muchos de sus compañeros, algunos de los cuales terminó entre rejas. En una ocasión fue identificado por la policía en una asamblea ilegal en Montoro y multado con 8.000 pesetas.

Ferrero fue uno de los ocho cordobeses que participaron en aquella histórica Asamblea de Barcelona del 76, que ahora celebra el 50 aniversario. Su memoria alcanza a recordar algunos nombres de aquel viaje memorable: Manuel Caballero, José María Fuentes, Rafael Laguna, Antonio Santacruz, Santi Marzo, Manolo Rubia y quizás también Laureano Mohedano. Puede ser que alguno más.

Salieron en dirección a Cataluña en dos coches. Ferrero iba en el Seat 127 verde de Manolo Caballero. Entonces plantarse en Barcelona era una odisea. En algún lugar de Castilla la Mancha hicieron noche. Solo recuerda que se trataba de un área de servicios de una gasolinera. Detuvieron el coche y se echaron a dormir. Unos dentro del vehículo y otros en el suelo puro y duro.

Lo que recuerdo es que hacía un calor tremendo en la Asamblea de Barcelona

Francisco Ferrero — Ex secretario general de CCOO en Córdoba

“Como éramos tan demócratas, lo echamos a suertes”, rememora Manolo Caballero en conversación telefónica. “Y me tocó dormir en el suelo”, asegura con sorna el dueño del vehículo. Caballero tenía 26 años y trabajaba como administrativo en el Banco Vizcaya del Bulevar. Hijo de un trabajador de Electromecánicas y de familia republicana, el joven sindicalista ya militaba en CCOO y frecuentaba los círculos antifranquistas de Córdoba.

En la oficina bancaria el sindicato clandestino gozaba ya de una notable influencia. Allí coincidió con José Luis Villegas, que años después se convertiría en concejal comunista del Ayuntamiento. “En el banco había un nido bueno de rojos, pero teníamos buen cartel y el respeto de la empresa”, afirma.

Manolo Caballero sí probó la crudeza de los calabozos de la comisaría. Tras una asamblea del sindicato vertical, tres agentes de la policía lo interceptaron junto a Manolo Rubia y José María Fuentes. Le pidieron la documentación, lo registraron y le preguntaron por el megáfono que se acababa de usar en la concentración del Bulevar. Fue detenido y pasó tres días en dependencias policiales. Fue asistido por los abogados Filomeno Aparicio y Juan Muñoz Saro, mientras una marcha organizada desde Electromecánicas exigía su inmediata puesta en libertad.

La Asamblea de Barcelona fue un punto de inflexión en la historia de CCOO. Más de 600 delegados de toda España celebraron el primer gran cónclave para dirimir si se constituían ya como sindicato o exploraban fórmulas de unidad obrera con el resto de organizaciones, principalmente la UGT. La reunión estuvo presidida por el sindicalista catalán Cipriano García y contó con la presencia de los históricos Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y Juan Muñiz Zapico.

“Hacía un calor tremendo”, recuerda Ferrero. “Tanto que mucha gente se quitaba la camisa”. El debate fue impetuoso y bronco. Y se impuso la tesis de Marcelino Camacho favorable a la inmediata constitución del sindicato. “Lo respaldó la inmensa mayoría. Yo creo que un 90% de los delegados”, puntualiza el sindicalista histórico, que dirigió CCOO en Córdoba durante 12 años.

“Fue una reunión muy importante, participativa y guerrera”, subraya Manolo Caballero. “Íbamos muy motivados a Barcelona. El dilema era seguir como movimiento obrero o fundirnos con UGT y otros sindicatos”. En aquel momento de tímida apertura política, la filial socialista recibía un tratamiento más benevolente del régimen. Aunque también eran ilegales, el Gobierno de Arias Navarro les había permitido celebrar un congreso en abril del 76. “A CCOO, sin embargo, nos habían denegado la autorización”, protesta Caballero.

La sensación ya era que la dictadura se estaba terminando

Manuel Caballero — Sindicalista de CCOO

Tras la Asamblea de Barcelona, la Transición democrática se aceleró. CCOO activó la organización territorial en toda España. En Córdoba, pocas semanas después, se celebró la reunión fundacional del sindicato en los sótanos del supermercado Deza en la Avenida de Granada. “La sensación era que la dictadura se estaba terminando. El régimen iba a menos”.

El 27 de abril de 1977 CCOO fue oficialmente legalizada. Dieciocho días antes había salido de las catacumbas el PCE. España pasaba página tras una feroz dictadura de 40 años. De aquellos 650 delegados sindicales que dieron vida a la histórica Asamblea de Barcelona, apenas 60 vuelven medio siglo después a Cataluña para celebrar una fecha clave.

De Córdoba regresan cuatro: Francisco Ferrero, Manuel Caballero, Antonio Santacruz y José María Fuentes. Ya no lo hacen a bordo del Seat 127 verde ni dormirán en el suelo. Ahora viajan en AVE y se alojan en hotel. Nada que ver con aquella aventura irrepetible de una España que estaba empezando a despertar.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba suspende la gestión de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba y, por ello, le pone tareas para el verano. “El sistema educativo cordobés ha acabado el curso con enormes deficiencias por culpa de la gestión de la Delegación. Por ello, le ponemos tareas para el verano. Para ver si para el curso que viene ya pueden aprobar”, dice el secretario General del mencionado Sindicato de Enseñanza, José Enrique Guerra.

En primer lugar, la Delegación ha suspendido este curso (un año más) en el sistema de climatización de los centros. CCOO pide a la Delegación que este verano empiece un plan integral de climatización en toda la provincia, que deje de improvisar año tras año y que acuda a la raíz del problema. Para ello, “debe iniciar un estudio centro a centro de sus necesidades y marcar un calendario de implantación de las reformas necesarias para que la totalidad de los centros de la provincia estén adaptados a las temperaturas extremas que vivimos en Córdoba, tanto en invierno como, sobre todo, en verano”, remarca Guerra.

En segundo lugar, “creemos que la Delegación debe estudiar más en Atención a la Diversidad. Está claro que esta asignatura sigue estando pendiente. Ya tenemos cronificada una carencia de profesionales especialistas para la Atención a la Diversidad (profesorado terapeuta -PT-, Audición y Lenguaje -AL- y orientadoras) con muchos de ellos compartiendo 2 y hasta 3 centros y muchos puestos estructurales sustituidos por puestos vinculados a fondos europeos, lo que nos hace cuestionarnos qué va a pasar cuando se acaben esos fondos”, señala el responsable sindical quien añade que “a esta falta de profesionales se suma este curso un recorte presupuestario de un 30% de los Equipos de Orientación Educativa (EOE). Si el recorte en sí mismo es ya un golpe duro a la labor que estas y estos profesionales realizan por toda la provincia, los efectos son todavía peores porque estos equipos llevan años reclamando más recursos económicos, humanos y hasta de infraestructuras debido a la enorme sobrecarga de su día a día atendiendo a aquel alumnado que más lo necesita”.

En tercer lugar, este verano debe ser el momento en que la Delegación cambie sus hábitos de trabajo sobre el recorte de unidades. Cada año se producen recortes de unidades públicas en Córdoba. “Este curso la Delegación ha querido camuflar los números anunciando el aumento de varias unidades (unas 20). Pero la realidad es otra. Ese aumento es siempre sobre sus propias predicciones donde ya había recortado unidades con respecto a lo ya existente. Y, por otro lado, hay muchos casos donde el recorte ha sido evidente. Estamos hablando de los casos del CEIP López Diéguez, donde en Infantil de 3 años se le ha negado la segunda unidad dejando fuera a 7 niños. Esto condena a este centro a no recuperar nunca la segunda línea que ya tenía. Lo mismo ha ocurrido en otros centros de la provincia”, denuncia el secretario de Enseñanza de CCOO de Córdoba.

En cuarto lugar, hay casos concretos que la Delegación debe atender con urgencia casos concretos como el del Colegio Público Rural Vía Augusta de Villaharta, en donde han dejado una sola aula desde 3 años de Infantil a sexto de Primaria, con 7 menores con necesidades educativas.

No son estas las únicas cuestiones que debe abordar la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, pero desde luego, si son algunas de las más urgentes para CCOO, que va a seguir exigiendo a la administración educativa que apueste por una enseñanza pública de calidad, que dé respuesta a las necesidades reales del alumnado y de las familias y que abandone la política de deterioro y precarización del sistema educativo que viene promoviendo y deje de forzar a las familias a acudir a la enseñanza privada y concertada para que sus hijos e hijas reciban la educación que necesitan y merecen. “La educación es un pilar del estado de bienestar, que nos iguala a todos y garantiza la igualdad de oportunidades y por ello no vamos a dejar de reclamar a la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que cumpla sus funciones, que no son otras que proporcionar los medios para ofrecer una educación de calidad, personalizada y que no deje a nadie atrás”, apostilla José Enrique Guerra.

Delegados de CCOO Córdoba en el sector del metal se han concentrado este martes a las puertas de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), donde se ha celebrado una nueva reunión de la mesa de negociación del nuevo convenio del metal de la provincia, que el sindicato pretende que recoja “mejoras y no recortes”.

Según ha informado CCOO en una nota, la concentración responde a la preocupación del sindicato “por la deriva que está tomando la negociación y que hace temer que el futuro convenio, no solo no mejore las condiciones laborales, sino que las empeore, y no aborde demandas históricas, como la jornada continua obligatoria en verano o el plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad”.

A este respecto, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha explicado que, “después de siete meses, apenas se ha avanzado en la negociación y las propuestas que han presentado la patronal y UGT hasta el momento suponen un retroceso y un desmantelamiento del convenio colectivo, incluyendo mejoras para unos trabajadores pero no para otros, en vez de avanzar en mejoras para todas las personas trabajadoras”, de mode que “se está negociando un convenio a la carta para determinadas empresas”.

En este sentido, el responsable de Acción Sindical del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Manuel Muñoz, ha criticado que “se pretenda engañar a las personas trabajadoras con una propuesta de reducción de la jornada anual en seis horas, al tiempo que se incrementa la jornada irregular, lo que implica una desregularización de la jornada laboral y un paso atrás en cuestión de conciliación de vida laboral y familiar”.

Frente a ello, CCOO propone que el convenio “incluya la jornada continuada obligatoria del 1 de junio al 30 de septiembre, una reivindicación histórica y absolutamente necesaria debido a las altísimas temperaturas que sufre la provincia”, siendo “incomprensible que en una obra de construcción o rehabilitación se termine a las 14:00 y un instalador de aire acondicionado, un soldador o un electricista puedan estar las 18:00 en la misma obra”.

En base a ello, Muñoz ha lamentado que “UGT y la patronal no muestren respeto por la salud y la seguridad de las personas trabajadoras”, siendo una “muestra de ello la propuesta que han hecho de eliminar los complementos por baja médica a partir de la tercera, algo que puede rozar la ilegalidad, porque estaría por debajo de lo establecido por la Seguridad Social”.

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha criticado este lunes que, “ni UGT, ni la patronal de la construcción, Construcor, se hayan personado hoy en el Sercla para ratificar el acuerdo sobre la subida salarial del colectivo de operadores de grúas torre de la provincia”.

Según ha señalado dicho sindicato en una nota, “no se han presentado porque sabían que CCOO iba a exponer una modificación de la redacción del acuerdo que UGT y la patronal se apresuraron a firmar digitalmente en mayo, ya que, con la redacción actual, la subida salarial está abocada a desaparecer cuando se negocie el próximo convenio estatal del sector, de ahí la prisa por firmar antes de que el colectivo se les echara encima”.

Así lo ha asgurado la secretaria general del mencionado Sindicato del Hábitat de CCOO Córdoba, Esperanza Sánchez, quien ha insistido en que “un acuerdo de esta envergadura no se podía firmar deprisa y corriendo”, y ha lamentado que “UGT se posicione del lado de la patronal y rompa la confianza de los operadores de grúas torre haciendo valer una mayoría que no responde al sentir mayoritario del colectivo en la actualidad”.

A juicio de la sindicalista de CCOO, “la actitud de la patronal y del sindicato UGT supone una absoluta falta de respeto a unos trabajadores que han soportado una huelga de 72 días y que confiaban en que el acuerdo tuviera vocación de permanencia, como también es la voluntad de CCOO”, recordando Sánchez que ha sido CCOO el sindicado “que ha intercedido con los trabajadores ante la autoridad laboral, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía e incluso grupos parlamentarios”.

El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha denunciado en un comunicado emitido a los medios de comunicación “la presión y la persecución laboral” que sufre un trabajador de la piscina municipal de Carcabuey por parte del alcalde de la localidad, Juan Miguel Sánchez Cabezuelo, quien ha hecho llegar al mencionado trabajador un requerimiento en el que le impone una serie de tareas técnicas, operativas y de limpieza “absolutamente inasumibles por una sola persona en el plazo fijado en el requerimiento”.

CCOO ha querido mostrar su profundo “malestar y su rechazo e indignación” por la actitud de Sánchez Cabezuelo quien amenaza al trabajador con abrirle “un expediente disciplinario si no cumple las tareas especificadas en el requerimiento, cuando sabe bien que es totalmente imposible llevarlas a cabo todas en el plazo de tiempo que se le exige”.

No es la única muestra de la actitud “déspota y autoritaria de Sánchez Cabezuelo”. Según CCOO, ayer mismo, a las 08:00, “realizó una ronda de visitas individuales a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento carcabulense con una clara intención: amedrentar a la plantilla y evitar la concentración que se ha producido a las 10:00 ante las puertas de la piscina municipal, durante el tiempo de desayuno, a pesar de la advertencia explícita del alcalde de que podrían sufrir represalias laborales”.

Así, trabajadores de la plantilla municipal se han concentrado a las puertas de la piscina municipal para mostrar su rechazo a la política del miedo que impone Sánchez Cabazuelo y ayudar al compañero en la ejecución de las tareas encomendadas.

Los servicios jurídicos del sindicato, que advierte que no va a “consentir maniobras de presión ni coacciones”, están estudiando si la circular constituye un delito de acoso laboral y aunque el alcalde ha intentado restar importancia a su comunicación oficial con un comunicado en el que dice que el requerimiento “se limitó a concretar y recordar las funciones y responsabilidades asociadas a su puesto de trabajo durante la temporada de apertura de las instalaciones”, CCOO recuerda que en el requerimiento se detalla explícitamente que “se le informa de las responsabilidades de su puesto de trabajo como responsable de mantenimiento de la piscina, así como de la relación de tareas y plazos de ejecución de obligado cumplimiento, a realizar antes de la apertura de la piscina, de forma improrrogable para el viernes 19 de junio de 2026” y no como pretende hacer creer ahora, durante el periodo de apertura de la piscina municipal.

Las relaciones laborales en el Ayuntamiento de Carcabuey se han deteriorado con el relevo del delegado de personal, que ha sido elegido por el 90 % de la plantilla municipal y que “no es del gusto del alcalde”, que pretende imponer como delegada de personal a otra trabajadora de otro sindicato que no es mayoritario y a la que está facilitando información personal y profesional de los trabajadores que niega al delegado de CCOO. Cuya presencia impone en las mesas de negociación a las que no tiene derecho a asistir. Todo ello será puesto en conocimiento de la autoridad laboral competente para dirimir si se están vulnerando los derechos sindicales.

La Sección Sindical de CCOO en la Administración de Justicia denuncia que el Sistema de Gestión Procesal @Adriano se ha parado totalmente hasta en 15 ocasiones en lo que va de año, la última de ellas, hoy mismo. En concreto, el sindicato afirma que el sistema ha dejado de funcionar los días 14 y 23 de enero, los días 3, 4, 12 y 19 de febrero, el 13, 18 y 24 de marzo, así como los días 16, 20, 21 y 24 de abril, 5 de mayo y hoy, 16 de junio.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía invirtió en 2023 más de 3 millones de euros en la implantación del sistema @Adriano que se supone que venía a facilitar la vida al personal de Justicia agilizando su trabajo diario en la tramitación de procedimientos.

Para CCOO, la implantación de este gestor procesal no solo no ha cumplido con lo que se prometía, sino que desde su puesta en funcionamiento ha presentado fallos y disfuncionalidades que no dejan al funcionariado de justicia realizar su trabajo con la eficiencia y productividad deseada.

La guinda del pastel ha aparecido con la implantación de los tribunales de instancia y su adaptación en el sistema de gestión, lo que se ha traducido en días enteros de parón del sistema informático, por no hablar de los numerosos días en los que el sistema tiene parones o se ralentiza por horas, especialmente, a última hora de la mañana.

Estos hechos han sido denunciados desde un principio por CCOO, sin que hasta la fecha se haya solucionado el problema. La seriedad de la justicia y la satisfacción del justiciable no pueden estar a expensas de si funciona bien o no el sistema @Adriano.

Desde CCOO se insta nuevamente a la Consejería de Justicia a que adopte las medidas necesarias para resolver el problema y que permita al personal de justicia realizar su trabajo con normalidad al tiempo que se garantizan los derechos procesales de la ciudadanía.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba critica que la Consejería de Salud presente como un éxito su Plan Vacacional para el verano de 2026 anunciando la realización de 3.477 contratos cuando ni explica la duración de los mismos ni el impacto real que tendrán sobre la cobertura de las vacaciones del personal sanitario.

Según los cálculos del sindicato, los 3.477 contratos previstos para cubrir las ausencias de los 10.900 profesionales que trabajan en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Córdoba supondrán una cobertura media de tan solo 9,4 días por trabajador, cuando cada profesional tiene derecho a disfrutar de un mes de vacaciones.

Por áreas sanitarias, las previsiones de sustitución son las siguientes:

Para CCOO, esta situación evidencia, una vez más, la escasa previsión y la falta de planificación por parte del SAS para garantizar una adecuada atención sanitaria durante el periodo estival. El sindicato considera que la Consejería pretende maquillar la realidad ocultando la insuficiente cobertura de las sustituciones y la persistente falta de personal.

El secretario General del mencionado Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, señala que “la falta de sustituciones obliga a los y las profesionales que permanecen en activo a asumir la carga de trabajo de sus compañeros y compañeras ausentes, generando un importante desgaste en el sistema sanitario público y favoreciendo la fuga de profesionales hacia otras comunidades autónomas con mejores condiciones laborales”.

Además, el sindicato muestra su preocupación por la falta de realismo del plan presentado. “Aunque la Consejería anuncia una determinada previsión de contratación, la realidad es que actualmente no existen candidatos suficientes en las bolsas de empleo para cubrir las necesidades asistenciales previstas”, advierte Damas.

Según CCOO, esta situación es especialmente grave en categorías como medicina, donde resulta prácticamente imposible realizar nuevas contrataciones. De hecho, en las Áreas Sanitarias Norte y Sur ni siquiera se han previsto contratos para determinados perfiles médicos. En el caso de Enfermería, tampoco existe disponibilidad suficiente para cubrir más del 30 % de las contrataciones previstas, obligando a recurrir a ofertas específicas que tampoco están logrando cubrir las necesidades existentes.

La falta de profesionales comienza a afectar igualmente a categorías que tradicionalmente no presentaban problemas de cobertura, como Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), personal de cocina, lavandería y planchado, mantenimiento o celadores, entre otras.

Para el responsable sindical, “la desastrosa planificación y la falta de voluntad de la Consejería de Salud para actualizar la bolsa de empleo están provocando que sigamos trabajando con listados que no se actualizan desde 2023”.

Como ejemplo de esta situación, CCOO recuerda que, en la última convocatoria para personal médico, realizada el pasado 13 de mayo, se ofertaron 44 plazas de medicina de familia para los distritos Córdoba y Guadalquivir, obteniéndose unos resultados muy preocupantes. En el Distrito de Atención Primaria de Córdoba, de las 22 plazas ofertadas únicamente pudo cubrirse una, quedando vacantes 21 puestos. En el Distrito de Atención Primaria Guadalquivir, de las 22 plazas disponibles solo se cubrieron tres. 

Asimismo, de las cinco plazas de Pediatría ofertadas, únicamente se logró cubrir una.

José Damas apunta que, además, “el cierre de servicios, la reducción de un 15 % de camas hospitalarias y la disminución de la actividad quirúrgica durante el verano provocarán un nuevo incremento de las listas de espera, cuyos datos llevan más de un año sin actualizarse”.

“Lo más grave es que detrás de estas cifras hay personas que ven cómo se agravan sus patologías mientras esperan una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica. Paralelamente, nos encontramos con profesionales cada vez más sobrecargados, sometidos a contratos precarios, con retribuciones entre las más bajas del país y una creciente desmotivación que alimenta la marcha de trabajadores hacia opciones laborales más dignas”, señala el secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba.

Por todo ello, CCOO considera inaceptable que se normalice el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública durante el periodo estival bajo el argumento de la falta de profesionales. Para el sindicato, uno de los problemas en este periodo estival radica en la inoperatividad de las bolsas de empleo y en una política de recortes en las sustituciones que incrementa la carga laboral de los profesionales y deteriora la calidad de la atención sanitaria que recibe la ciudadanía.

El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba denuncia la precariedad laboral que sufre el personal de Instituto Municipal de Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba (IMAE) y la falta de inversión en los tres espacios escénicos -Gran Teatro, Teatro Góngora y La Axerquía- que gestiona actualmente.

La plantilla del IMAE ha celebrado una asamblea en la que se han planteado las precarias condiciones laborales que sufren los trabajadores y trabajadoras del Instituto y la deficiente situación de las instalaciones de los teatros públicos.

José Carlos Alba, responsable del mencionado Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba explicó que, en dicha asamblea, “se ha puesto de manifiesto la profesionalidad e implicación de los trabajadores que, con una plantilla cada vez más reducida, tienen que sacar adelante una ingente cantidad de trabajo, derivado de una programación cada vez más elevada y llevada a cabo con altos estándares calidad”. Así, el año pasado se desarrollaron 296 funciones en 259 días, teniendo en cuenta que hasta el año 2007, se daba servicio a un solo teatro, el Gran Teatro, con un 25% más de plantilla y que a partir de ese año entró en funcionamiento el Teatro de la Axerquía y en 2011 el Teatro Góngora, con una plantilla que ha ido mermando sin reposición de todas las bajas.

Según el responsable sindical, “la dificultad de gestionar tres Teatros radica en que se ha triplicado el número de espectáculos, que se desarrollan con los mismos estándares de calidad, con menos trabajadores y con más carga de trabajo, todo ello con la exigencia que conlleva desarrollar el servicio público en la Administración Pública, es decir, planificando, presupuestando, proyectando y cumpliendo la normativa tanto en la contratación pública, como en la transparencia, en la prevención de riesgos y en la seguridad de las instalaciones, para garantizar, las condiciones de seguridad para trabajadores, compañías y público”.

Además, CCOO apunta que la prolífica y sobredimensionada programación implica una sobreexposición y deterioro de los edificios y, en consecuencia, lleva aparejada una especial diligencia en la revisión, restructuración y mantenimiento de las instalaciones que, con los escasos recursos personales de los que dispone el IMAE, es imposible de abordar, produciéndose situaciones de peligro e inseguridad que no se deben obviar. “No podemos esperar a que otros organismos nos requieran abordar la remodelación y actualización de los espacios públicos, es necesario acometer ya esas reformas para garantizar a la ciudadanía unos teatros públicos seguros”, remarcó Alba.

“La falta de personal obliga a que los profesionales que prestan sus servicios sean multidisciplinares, acudiendo a hacer trabajos de todas las categorías sin que ello sea reconocido”, añade el representante de CCOO quien recuerda que, “para ello se ha estado ordenando los recursos personales con una negociación que ha durado 18 meses y que debería culminar con su aprobación en la Junta de Gobierno Local, sin que se garantice su aprobación, ya que desde mediados de mayo está bloqueada”.

“Las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del IMAE -una mejora de las condiciones laborales y una inversión real en los teatros- no son solo mejoras laborales, sino una condición indispensable para garantizar un servicio público de calidad y seguro para las compañías, el público y la ciudadanía cordobesa”, hace hincapié José Carlos Alba. Por ello, y ante la falta de respuesta de los responsables del Instituto, la plantilla ha planteado un calendario de movilizaciones y actuaciones que comenzarán próximamente.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número dos de Córdoba ha declarado nulo el cambio de puesto de trabajo de un empleado de Hitachi Energy, “al que la empresa tendrá que indemnizar por una vulneración de derechos fundamentales, al haber modificado sustancialmente sus condiciones de trabajo”, según ha informado CCOO a través de una nota de prensa.

El trabajador, que viene prestando servicios en Hitachi Energy desde 2004, desempeñaba la función de verificador de juntas dentro de la sección de terminación, en turno de mañana y de lunes a viernes. Este puesto, con funciones de recepción, inspección y de fabricación, era ocupado solo por este trabajador al presentar una limitación física reconocida.

El empleado fue uno de los 76 sancionados por la empresa en diciembre de 2025 con 60 días de suspensión de empleo y sueldo, sanción que ha sido impugnada judicialmente y que se encuentra pendiente de juicio, según el comunicado de CCOO. Al hacerse efectivas las medidas cautelares dictadas por el juzgado sobre dicha sanción, el trabajador se incorporó a su puesto de trabajo, pero la empresa le informó verbalmente que, desde ese momento, pasaba a ocupar el puesto de montador dentro de la citada sección de terminación, puesto que tiene dificultades para desempeñar por sus limitaciones físicas.

Ahora, el juzgado afirma en la sentencia que “se entiende que existe una modificación sustancial que se evidencia ante las nuevas funciones dentro de la misma sección de terminación vinculada a las reclamaciones legítimas ejercidas por el trabajador y a su estado de salud” y que dicha modificación sustancial de las condiciones de trabajo es consecuencia del ejercicio del derecho de huelga por parte del trabajador. En concreto, el fallo judicial indica que el cambio de puesto “solo puede obedecer desde el sentido común a la represalia y a la vulneración del derecho a la salud en su vertiente de no discriminación e igualdad”.

Por todo ello, el juzgado estima la demanda interpuesta por el trabajador declarando nula la modificación sustancial de las condiciones de trabajo producidas y, en consecuencia, que se le reponga en sus anteriores condiciones de trabajo con todos los efectos que deriven en Derecho condenando a la demandada al abono de una indemnización al trabajador de 10.000 euros.

El 18 de diciembre de 2025, CCOO y la empresa llegaron a un acuerdo en el que se comprometían a abrir un proceso de negociación entre el 22 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 con al menos cuatro reuniones. Durante ese espacio de tiempo, según establecía el acuerdo, Hitachi suspendía la ejecución de las sanciones que había impuesto a 76 trabajadores que no debían incorporarse a sus puestos de trabajo por decisión de la empresa, que adujo “circunstancias organizativas y productivas”. Sin embargo, la empresa remitió un comunicado a los trabajadores afectados para indicarles que los días en los que no se estaba aplicando la sanción serían compensados con vacaciones, días de libre elección y horas a compensar, en total 11 días.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número cuatro de Córdoba entiende que los esos días no tienen que ser compensados. “La no incorporación efectiva de los trabajadores a sus puestos obedeció a una causa no imputable a la voluntad de estos sino a las necesidades de organización de la empresa lo que nos remite a lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto de los trabajadores a cuyo tenor si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador este conservará el derecho a su salario sin que pueda hacerse recompensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo”, indica el fallo del juzgado.

De esta forma, los trabajadores afectados podrán disfrutar de los días de vacaciones, días de libre elección y horas que les hayan sido denegados para compensar los días que no trabajaron por decisión de la empresa. 

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, se congratula de los últimos fallos judiciales, que “vienen a corroborar los abusos que Hitachi ha venido llevando a cabo desde que se convocó la huelga en noviembre de 2025, una huelga que, cabe recordar, sigue convocada, dada la falta de avance en las negociaciones sobre el convenio colectivo”. No obstante, el responsable sindical lamentó que “la empresa nos obligue a judicializar cada una de sus decisiones”.

Este miércoles se ha celebrado un Sercla por el calendario laboral del 2026, “al que no se ha personado la empresa, por lo que CCOO y USO tendrán que volver a los juzgados para reclamar su nulidad, ya que no ha sido válidamente acordado con la representación legal de las personas trabajadoras”. “Otro ejemplo más de la continua vulneración de derechos laborales que viene soportando la plantilla de Hitachi”, remarcó Jiménez, quien hace un llamamiento a la empresa para “reconducir su actitud y dejar de tomar decisiones que sabe que van a tener consecuencias judiciales y económicas”.

“Lo único que queremos es llegar a un acuerdo y que la paz social vuelva a la fábrica pero, desde luego, mientras se sigan vulnerando los derechos laborales de la plantilla CCOO seguirá defendiendo a los trabajadores y trabajadoras”, apostilló el responsable de Industria.

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba se ha concentrado este mediodía en dos turnos (antes de la entrada del turno de tarde y a la salida del turno de mañana, con 15 minutos de diferencia) para mostrar su respaldo a la compañera que la semana pasada sufrió una grave agresión verbal y amenazas por parte del que era chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica.

Cabe recordar que el personal de Hitachi estaba llamado a concentrarse el pasado viernes durante su tiempo para el bocadillo, pero la Dirección de la planta impidió a los trabajadores salir y, por ello, se volvió a convocar una concentración hoy, en el cambio de turnos, por expreso deseo del personal.

Durante la movilización, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva (CCOO), dio lectura a un manifiesto en el que se dejaba claro que “estamos aquí para mostrarle nuestro apoyo a la compañera tras la agresión sufrida el pasado miércoles. Queremos trasladarle públicamente nuestro respaldo, nuestro cariño y nuestro compromiso para que no se sienta sola ante unos hechos tan graves. Lo ocurrido no tiene cabida en ningún entorno de trabajo. La violencia, las amenazas o cualquier comportamiento agresivo son absolutamente incompatibles con los valores de respeto, convivencia y dignidad que deben regir las relaciones entre las personas”.

“Queremos dejar claro un mensaje firme y rotundo: No vamos a tolerar ninguna agresión de este tipo contra nadie de la fábrica de Córdoba, independientemente de su puesto, función o responsabilidad”, leyó García Leiva quien remarcó que “todas las personas tenemos derecho a desarrollar nuestro trabajo en un entorno seguro, libre de violencia y de cualquier forma de intimidación”.

Pero además, “este acto no es solo una muestra de apoyo a la compañera, es también una declaración colectiva de principios. La plantilla debe permanecer unida frente a cualquier conducta que atente ante la integridad física o moral de cualquier compañero o compañera”, dijo el responsable sindical.

La plantilla confía en que las medidas legales adoptadas permitan “garantizar la protección de las personas trabajadoras y evitar situaciones como esta para que no vuelvan a repetirse” y, en cualquier caso, “seguiremos defendiendo el respeto, la seguridad y la dignidad de todas las personas que formamos parte de este centro de trabajo”. 

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba critica las declaraciones que el presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, ha realizado en una entrevista publicada en un medio de comunicación local en las que expone las intenciones de la patronal hostelera respecto al futuro convenio de hostelería. CCOO ha mostrado su perplejidad ante las declaraciones, que hablan de que “ser el referente de Andalucía para arriba”, cuando en el sindicato “constantemente” reciben a trabajadores que cuentan “los abusos que sufren, los reiterados incumplimientos del convenio y las precarias condiciones laborales que tienen”.

En este sentido, la organización sindical pone el acento en la “hipocresía” mostrada por Guerrero quien, por un lado, afirma que “hay que formar a la gente, tenemos que darle cariño, tenemos que enamorarlos” y, por otro, elude la responsabilidad de las empresas en la formación continua del personal diciendo que son los sindicatos los que tienen que formar a la gente. “Los sindicatos están para defender los derechos laborales de las personas trabajadoras y mejorar sus condiciones de trabajo y, efectivamente, en ese ámbito ofrecemos muchos cursos y talleres, pero no es nuestra obligación formal al personal, eso es obligación de las empresas y un derecho de los trabajadores y trabajadoras”, recordó CCOO.

“En una cosa sí le damos la razón a Guerrero y es que la hostelería tenía un problema en lo laboral, pero el cambio no ha venido por arte de magia. Ha sido el hartazgo de los trabajadores y trabajadoras el que ha forzado el cambio, no los empresarios. Si por ellos fuera, seguirían teniendo a la gente contratada a tiempo parcial echando jornadas completas, sin pagar horas extra, sin los descansos preceptivos, vamos, sin derechos”, afirmó el Sindicato de Servicios de CCOO.

En cuanto a la referencia a las bajas laborales, CCOO negó el porcentaje del 14% dado por Guerrero. “Los permisos retribuidos, las bajas de maternidad, las vacaciones o los días de asuntos propios no son absentismo. El porcentaje de absentismo en hostelería no es del 14% y si lo fuera, quizá los empresarios debieran meditar los motivos que provocan tantas bajas. Quizá sean las precarias condiciones laborales, los sueldos bajos, la temporalidad y la parcialidad en la contratación lo que hace que la gente se enferme y no pueda trabajar. Son muchos los sectores que trabajan en fines de semana y festivos y no tienen los problemas de cobertura que tiene la hostelería, por algo será”, remarcó el sindicato.

Por otra parte, el Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba afirmó que “el sindicato defiende la profesionalización del sector, y su dignificación también, pero eso no se consigue creando agravios comparativos entre los y las profesionales ni con afirmaciones como que el trabajador que se forme tendrá subida de sueldo y el que no, no. ¿Van las empresas a facilitar la formación a su personal? Ojalá. Sería una noticia excelente, porque hasta la fecha, la formación continua en la hostelería es una quimera”.

En cualquier caso, el anuncio del presidente de Hostecor de que no piensa firmar ninguna subida salarial en el próximo convenio “nos parece una desfachatez, una declaración de soberbia que en nada ayuda a crear el clima de diálogo y negociación que necesita la hostelería cordobesa para alcanzar ese nivel de excelencia del que tanto presume Guerrero que, le recordamos, lo consigue gracias a la profesionalidad y el buen hacer de los trabajadores y trabajadoras que están en las cocinas, tras las barras y en los comedores y terrazas”.

Miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba se han concentrado hoy a las puertas de la fábrica para mostrar su repulsa a la agresión que el pasado miércoles sufrió una delegada de CCOO por parte del chófer del jefe de Recursos Humanos de la firma, un trabajador de la empresa de seguridad contratada por Hitachi.

El presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva (CCOO), señaló que “nos hemos concentrado para mostrar nuestro respaldo y nuestro apoyo a la compañera delegada que el miércoles sufrió una grave agresión verbal y amenazas por parte de un trabajador de la empresa de seguridad que ejercía como chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica”.

Precisamente, el jefe de Recursos Humanos ha impedido hoy que la plantilla de la fábrica se sumase a la concentración de repulsa y rechazo a cualquier tipo de violencia en su tiempo para el bocadillo, pero como “muchos compañeros nos han expresado su deseo de mostrar públicamente su apoyo a la compañera, que hay que recordar que tuvo de ser atendida por los servicios médicos de la empresa, primero, y luego en Urgencias, nos volveremos a concentrar el próximo lunes a la salida del turno de mañana, para que los trabajadores puedan expresar su repulsa a la agresión sufrida por la compañera”, explicó García Leiva.

Por su parte, el secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, recordó que “nunca habíamos vivido situaciones tan lamentables en esta fábrica, y no comprendemos la agresividad de esta persona contra una trabajadora con la que no tiene relación alguna. Esta situación viene generada por el clima de tensión que se ha venido generando por parte de la empresa y que ha desembocado, por desgracia, en una agresión que, de no haber intervenido varios compañeros allí presentes, así como hasta cuatro vigilantes de seguridad, podría haber sido mucho más grave de lo que fue”. 

A la concentración se sumó la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, así como el delegado de USO y un responsable de CTA, que no tiene representación en el comité de empresa.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha condenado este jueves “la agresión sufrida ayer por una delegada del sindicato en Hitachi Energy, por parte del chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica”, lo cual, según ha precisado el sindicato, ocurrió “a mediodía de ayer, cuando el conductor, miembro del equipo” de una empresa de seguridad contratado por Hitachi, “increpó a la delegada y llegó a amenazarla con que tuviera cuidado en la calle”.

Según ha informado el sindicato en una nota, “la agresividad mostrada por el chófer fue tal que dos vigilantes de seguridad tuvieron que retenerlo y sacarlo varias veces de las instalaciones al tiempo que otros cuatro trabajadores de la planta se interponían en defensa de la trabajadora”.

El secretario general del Sindicato de Industria, Agustín Jiménez, presente en el altercado, ha relatado que “varios delegados del comité de empresa, entre ellos la trabajadora agredida y él mismo, estaban hablando sobre cuestiones de carácter sindical. La delegada se despidió de los compañeros para ir a por su almuerzo, momento en que el conductor se acercó a ella y le increpó porque consideraba que le había hecho un gesto feo, cuando ella en ningún momento se había dirigido al chófer, que llevaba un rato deambulando por los alrededores, haciendo como que hacía fotos y hablaba por teléfono”.

Jiménez ha afirmado que “la agresividad fue tal que cuatro vigilantes de seguridad tuvieron que intervenir para contener al conductor del jefe de Recursos Humanos y expulsarlo varias veces del recinto mientras profería insultos y amenazas a la delegada”.

La trabajadora “requirió atención médica y medicación, ante el estado de ansiedad generado por la violencia verbal utilizada” por el trabajador de la empresa de seguridad, y acompañada por otros delegados de CCOO, el propio Agustín Jiménez, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, “interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, que ya se había personado en la fábrica para levantar atestado”.

Agustín Jiménez ha lamentado que “el jefe de Recursos Humanos de Hitachi, Pedro Anguita, no se haya dirigido aún a la delegada para interesarse por su estado, y se haya limitado a echar balones fuera, diciendo que el presunto agresor no es trabajador de Hitachi y que se produjo una discusión, cuando lo que hubo fue una agresión”.

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) ha formalizado la firma de los convenios específicos de colaboración con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) correspondientes al ejercicio 2026. Estos acuerdos dan continuidad a la línea de colaboración estrecha y continuada que el Ayuntamiento mantiene con los agentes económicos y sociales para impulsar la empleabilidad y fortalecer el tejido empresarial local.

Según ha informado el Consistorio, ambos convenios cuentan con una subvención de 30.000 euros cada uno, financiados al 100% por el instituto municipal. Los proyectos están diseñados para responder de manera directa a las demandas actuales del mercado de trabajo, abordando tanto la reducción de las brechas de género como la capacitación en sectores estratégicos en crecimiento.

En este sentido, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha valorado el alcance de estas alianzas, destacando que un año más vuelven a plasmar “el apoyo decidido a los agentes sociales a través de estos convenios de colaboración”.

Así, la edil ha recordado que “no es la primera vez que se firman estos acuerdos, porque tenemos la firme convicción de que la escucha activa y la corresponsabilidad con los sindicatos son herramientas indispensables para la reactivación económica de Córdoba, logrando de este modo que las políticas de empleo sean más eficaces y lleguen de forma directa a quienes más lo necesitan”.

Brecha de género y precariedad laboral

El proyecto presentado por CCOO Córdoba surge para “dar respuesta a la brecha de género y precariedad laboral que afecta a las mujeres en la provincia”. El programa prevé beneficiar de forma directa a una media de 340 personas y se centrará en la realización de talleres y actividades formativas presenciales y telemáticas.

Estas acciones se orientarán al empoderamiento personal y profesional, el fomento del emprendimiento femenino, la adquisición de competencias digitales y la orientación laboral, tomando como colectivo preferente a mujeres en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha hecho hincapié en que “la edición anterior del programa puso de manifiesto la necesidad de seguir impulsando medidas que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral pero también, el mantenimiento del empleo”.

Borrego ha advertido de que, “aunque hoy las mujeres tienen un mayor nivel de cualificación que los hombres, las brechas relacionadas con el empleo se mantienen, puesto que siguen siendo las cuidadoras, las que sacrifican su carrera por las cargas familiares y las que tienen más dificultades para ascender y ocupar puestos de responsabilidad, viéndose además perjudicadas por la brecha salarial y por los prejuicios que todavía hoy tiene el empresariado hacia el trabajo femenino”.

Por todo ello, la responsable sindical ha remarcado que “programas como este siguen siendo muy importantes” y ha agradecido al Imdeec su “compromiso con la mejora del empleo femenino”. Según ha explicado, “este convenio les va a permitir poner en marcha acciones que facilitarán herramientas útiles para ayudar a las personas participantes, particularmente a las mujeres, en el proceso de creación, gestión y/o consolidación de negocios, estimulando la creatividad y la innovación junto a un aspecto que el sindicato considera muy importante, como es la formación en lo que se denomina soft skills o habilidades blandas”.

Transición energética y sostenibilidad

Mientras, la iniciativa de UGT se enfoca de lleno en la transición energética y la sostenibilidad. El programa consiste en una acción formativa presencial de 140 horas de duración --repartidas en 35 jornadas-- centrada en la instalación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos. El curso, dirigido prioritariamente a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, mujeres o personas con discapacidad, combina teoría, prácticas en simuladores reales y certificación para trabajos en altura.

A este respecto, la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha calificado como positivo el alcance de esta formación técnica, explicando que con este convenio 'Futuro Solar 2026' “se da un paso más para que la formación vaya de la mano de las oportunidades reales de empleo, tratándose de un sector con muchísimo futuro en el que Córdoba no puede quedarse atrás”.

Asimismo, Laguna ha incidido en que “lo importante es que este proyecto no se queda en la teoría, pues lo que queremos es que la gente salga con una preparación práctica que le sirva de verdad para encontrar trabajo o mejorar el que ya tiene”.

Además, la responsable de UGT ha recalcado que desde el sindicato han querido poner el foco “en personas que lo tienen más difícil para incorporarse al mercado laboral, porque la transición energética también tiene que ser una oportunidad para generar empleo con igualdad”.

Igualmente, ha indicado que “cuando las administraciones y los agentes sociales trabajan juntos, salen proyectos útiles para la ciudad y para la gente trabajadora, siendo este convenio entre Imdeec y UGT un buen ejemplo de ello”.

Los dos proyectos se desarrollarán a lo largo de los próximos meses dentro del término de la ciudad. Para velar por el correcto desarrollo y el cumplimiento de los objetivos fijados, se constituirán comisiones de seguimiento bilaterales compuestas por representantes del Imdeec y de cada organización sindical.

El sindicato CCOO ha iniciado una campaña de difusión y vigilancia en las obras que se ejecutan en la provincia de Córdoba para que se cumpla la jornada intensiva que comiebnza el 8 de junio y las medidas establecidas por ley para prevenir los golpes de calor de los trabajadores de este sector que están al aire libre soportando altas temperaturas. Por ello, representantes sindicales realizarán visitas a todas las obras de la provincia para controlar que se cumplan estas medidas, mientras el sindicato exige a la Inspección de Trabajo que actúe en tiempo y forma ante las denuncias que se presenten por incumplimientos en el tajo.

La campaña, bajo el lema 'Frente al sol, sombra, agua fría y jornada reducida' será difundida por CCOO entre los trabajadores de la construcción sobre sus derechos y las normas para evitar los golpes de calor, como cumplir la jornada reducida para evitar las peores horas de calor, tener zonas de sombra y agua fresca, así como crema de protección solar. Asimismo, se recuerda que, por decreto, está establecido que los avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llevan aparejadas medidas en función del grado de la misma, como prevención si hay aviso amarillo, adaptación de la jornada si hay aviso naranja o si es rojo incluso la paralización de la actividad.

Durante el verano pasado, CCOO interpuso 16 denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la jornada reducida en la construcción y de las medidas para tener al alcance de los trabajadores sombras, agua fresca o los descansos oportunos, así como ropa adaptada a las altas temperaturas y reorganización de tareas en función de las horas de más calor.

Este año, la jornada intensiva “gana una semana más” con respecto veranos anteriores, cuando comenzó el 16 de junio en 2025 o el 17 de junio en 2024, ha recordado la secretaria general de Hábitat en CCOO, María Esperanza Sánchez. Y ha destacado que la campaña de vigilancia del sindicato este año hará hincapié en que “las medidas de prevención de golpes de calor estén al alcance de los trabajadores y se cumplan”. Como ejemplos, ha puesto que la llegada de un camión de cemento a una obra al filo de cumplirse el final de la jornada obliga a los trabajadores a prolongarla o que de nada sirve que la crema protectora solar esté guardada en un cajón.

“El año pasado no tuvimos ninguna muerte, pero sí hubo trabajadores que sufrieron golpes de calor”, ha recordado, destacando que “muchas veces los síntomas de camuflan con una enfermedad o aparecen fuera del trabajo al llegar a casa, con mareos, dolor de cabeza, etcétera”.

Por eso, desde CCOO recalcan que “la prevención es lo mejor” y reiteran las necesidad de que la Inspección de Trabajo “haga especial seguimiento a las denuncias” que se interpongan por incumplimientos, acudiendo a la obra sin demora antes de que “el hecho denunciado desaparezca”.

El sindicato ha hecho un llamamiento a que las administraciones responsables de obras también vigilen el cumplimiento de las normas por parte de subcontratas, poniendo como ejemplo cómo el año pasado se asfaltaban calles en Córdoba a las 14:30 a 42 ºC y los responsables de la obra pretendían seguir con más camiones de alquitrán pendientes, hasta que miembros sindicales lograron parar el trabajo en esas condiciones.

Por último, aunque esta campaña es específica para el sector de la construcción, CCOO recuerda las medidas preventivas que deben tomarse también en otros ámbitos, como las trabajadoras de ayuda a domicilio o de limpieza de portales, que van de un domicilio a otro en horas de calor, o los vigilantes de seguridad en la puerta de edificios a pleno sol.

Las secretarías de Salud Laboral y de Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba han alertado este jueves 28 de mayo, con motivo de la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, de que “la parcialidad laboral y los ritmos de trabajo están cronificando la ansiedad y las lesiones en las trabajadoras”.

Por este motivo y a través de una nota el sindicato ha exigido “una renovación urgente y profunda de las políticas de prevención de riesgos laborales, dado que los planes de seguridad actuales de las empresas han quedado obsoletos ante las nuevas realidades del mercado de trabajo, penalizando de forma directa la salud física y mental de las trabajadoras”.

En este sentido, la secretaria de la Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba, Cristina Soler, ha señalado que “el debate ya no puede limitarse a los riesgos tradicionales. En 2026, la salud laboral de las mujeres se está quebrando por la precariedad que sufren a diario”, debido a “la parcialidad contractual no deseada, las condiciones laborales inestables, la flexibilidad extrema de horarios y la falta de desconexión digital, entre otras”.

La consecuencia, según recoge el I Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía 2026-2029, es que “las mujeres representan el 61,3% de la atención médica, con una prevalencia femenina del 14,4% en trastornos de ansiedad y del 10,5% en depresión”, siendo “la precariedad y la desigualdad laboral” las que “disparan estos trastornos psicosociales”.

A esto se suma “la persistencia de un sesgo estructural en el reconocimiento de la salud de las mujeres. Mientras que las patologías de los sectores masculinizados se consideran de origen profesional de manera casi automática, las dolencias de las mujeres se siguen tratando como enfermedades comunes derivadas de su biología o de su vida familiar. Además, el sesgo de género en la prevención sigue patente, dando lugar a falta de medidas preventivas con enfoque de género”, según ha expuesto Soler.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha subrayado que “en la provincia de Córdoba se abrieron en 2025 un total de 82 expedientes por enfermedad profesional, correspondiendo el 42,68% a mujeres. De estos, el 80% de los casos han sido causados por agentes físicos, el 11% por agentes biológicos y el 9% por enfermedades de la piel causados por otros agentes no incluidos en los grupos anteriores”.

Del total de partes abiertos a mujeres, “el 31,71% han dado lugar a baja médica. Además, cabe destacar que en 2025 se ha producido un incremento respecto a 2024 de la siniestralidad laboral de las mujeres, con resultados de baja en jornada laboral por sobresfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a radiaciones, ruido, luz o presión”.

A tenor de todos estos datos, los responsables sindicales han señalado tres factores que “están afectando gravemente a la salud femenina en el ámbito laboral”. Por un lado, “la parcialidad sigue teniendo rostro de mujer, con más de un 70% de la contratación parcial”, y “la inestabilidad económica dispara los cuadros de estrés y supone un importante factor de riesgo para la salud mental de las mujeres”.

En segundo lugar se sitúa “la infradeclaración de enfermedades que afectan primordialmente a sectores muy feminizados”. Así, “tendinitis, síndrome del túnel carpiano o sobrecargas lumbares se siguen tramitando como contingencia común en multitud de casos”, y a todo ello se une, en tercer lugar, “el impacto de los nuevos ritmos de trabajo y la digitalización, que generan un incremento de la fatiga, afectando mayoritariamente a las mujeres debido a la persistencia de la doble presencia”, con la carga de trabajo laboral y la doméstica.

Para frenar esta desprotección, CCOO plantea varias líneas de acción, empezando por “la incorporación transversal de la perspectiva de género en la salud laboral y reconocer expresamente el origen laboral de determinadas patologías en sectores feminizados”.

Además, el sindicato reclama “una evaluación de riesgos psicosociales obligatoria y actualizada”, porque “las empresas no pueden obviar el impacto del estrés, la carga mental y los turnos cambiantes y la necesidad de realizar las oportunas mediciones bajo metodologías con perspectiva de género”, siendo también “necesaria una adaptación real de puestos por edad y salud reproductiva” y, “por supuesto, hay que implementar medidas para reducir la precariedad laboral femenina, que eleva el número de enfermedades profesionales en sectores feminizados”.