Asaja Córdoba ha informado este viernes de que la campaña de girasol en la provincia “avanza con retraso y de forma lenta, después de que las lluvias y borrascas registradas durante la primavera retrasaran aproximadamente dos semanas el inicio de la recolección” y, “aunque la calidad del producto ha mejorado respecto a la campaña anterior, los rendimientos obtenidos hasta el momento no están alcanzando las expectativas inicialmente previstas”.

A este respecto y a través de una nota, el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha explicado que “las diferencias entre las distintas fechas de siembra están siendo importantes”, pues “las siembras más tempranas están ofreciendo mejores resultados que las realizadas posteriormente, con una gran variabilidad entre explotaciones y una media provincial que se sitúa actualmente en torno a los 1.200 kilos por hectárea”.

Este año se han sembrado en Córdoba 33.138 hectáreas de girasol, frente a las aproximadamente 25.000 hectáreas de la campaña 2025, lo que supone un incremento significativo de la superficie dedicada a este cultivo, según ha precisado Adell.

En cuanto a las variedades, “continúa la clara apuesta de los agricultores por el girasol Alto Oleico, que representa aproximadamente el 80% de la superficie sembrada, frente al 20% correspondiente al girasol Linoleico”. No obstante, Adell ha señalado que “la reducción de la diferencia de precios entre ambas variedades está generando dudas entre los agricultores a la hora de decidir qué tipo de girasol sembrar en las próximas campañas”.

Uno de los aspectos más positivos de la campaña está siendo la calidad del producto recolectado, pues, según el informe elaborado por el Laboratorio Agroalimentario Aproa, S.L. para Asaja Córdoba, “a partir de las 651 muestras analizadas hasta el momento procedentes de la provincia, la semilla de girasol recolectada esta campaña presenta una mejora de 2,42 puntos porcentuales en rendimiento graso respecto a la campaña anterior”.

Para Adell, esta mejora de la calidad está relacionada fundamentalmente “con las lluvias registradas durante el invierno y con las propias características medioambientales del girasol, cuyo sistema radicular pivotante puede alcanzar hasta dos metros de profundidad, permitiéndole aprovechar el nitrógeno, que ha sido lavado hacia capas más profundas del suelo por las precipitaciones”.

La organización agraria considera que esta capacidad del girasol para aprovechar el nitrógeno disponible y reducir su pérdida por lavado demuestra “el importante beneficio medioambiental que aporta este cultivo, especialmente en años con abundantes precipitaciones”.

Por este motivo, Asaja Córdoba viene “reclamando desde hace tiempo la puesta en marcha de una ayuda agroambiental específica para el girasol”, al considerar que “debe reconocerse económicamente la función que desempeña este cultivo en la conservación y mejora de los suelos y en el aprovechamiento de nutrientes”.

No obstante, el informe de calidad también señala algunos aspectos que deben mejorarse por parte del agricultor, “especialmente la reducción de las impurezas durante la recolección y la realización de la cosecha cuando el grano presente el nivel óptimo de humedad permitido”.

A pesar de la mejora de la calidad y del incremento de la superficie sembrada, Asaja Córdoba ha advertido que “el girasol continúa siendo un cultivo con una rentabilidad muy ajustada para el agricultor. No obstante, las cotizaciones actuales son mejores que las registradas en los últimos años”.

Así, “la última cotización de la lonja de referencia de Córdoba se sitúa en 555 euros por tonelada para el girasol Linoleico 9-2-44 y en 560 euros por tonelada para el Alto Oleico, frente a los 480 euros por tonelada del Linoleico y los 560 euros del Alto Oleico, que se registraban el año pasado”.

Sin embargo, estos precios “deben ponerse en relación con los costes de producción” y, “según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, el coste de producción de referencia de la campaña 2025 se situó en 654 euros por hectárea”.

Tomando como referencia este coste y las actuales cotizaciones, “el agricultor necesita obtener aproximadamente 1.178 kilos de girasol por hectárea para cubrir los costes de producción, una cifra que evidencia la escasa rentabilidad del cultivo y que explica la preocupación del sector ante unos rendimientos que, en numerosas explotaciones, se sitúan en torno a los 1.250 kilos por hectárea y presentan una elevada variabilidad”.

Adell considera necesario “que se tenga en cuenta el doble valor del girasol, por un lado, como cultivo que debe proporcionar una rentabilidad suficiente al agricultor y, por otro, como una herramienta beneficiosa para el medio ambiente y la conservación de los suelos”.

La organización agraria ha insistido en que el girasol, especialmente en campañas con abundantes lluvias, como la actual, “demuestra su capacidad para aprovechar el nitrógeno disponible en el suelo y evitar que se pierda por lavado, contribuyendo así a una agricultura más sostenible”. Por ello, reclama que “este servicio medioambiental sea reconocido mediante una ayuda agroambiental que permita mantener el cultivo y garantizar su continuidad en las explotaciones cordobesas”.

La provincia de Córdoba es la tercera de España con una mayor superficie agrícola declarada con siniestro por incendio, contabilizando hasta 1.489 hectáreas, solo por detrás de Sevilla y Huesca en el territorio nacional.

La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro) ha informado este jueves de que la superficie declarada con siniestro por incendio en 2026 alcanza a 41 provincias, con especial incidencia en cuatro de ellas, todas por encima del millar de hectáreas.

La provincia con mayor afectación es Sevilla, con 2.030 hectáreas, mientras que la segunda es Huesca, con 1.559 hectáreas, en tercer lugar está Córdoba, con 1.489 hectáreas, y la cuarta es la provincia de Lleida, con 1.454 hectáreas.

En una nota, la entidad ha detallado que ha recibido declaraciones de siniestro por incendio correspondientes a 15.842 hectáreas, fundamentalmente agrícolas, aseguradas en 2026, una cifra provisional que previsiblemente seguirá creciendo, a medida que los agricultores sigan comunicando los daños sufridos en las últimas semanas, una vez que han podido acceder a las zonas y explotaciones afectadas, todo ello tras los últimos incendios que sufre España y que ya se sitúa entre las más altas de la última década, sólo superada por 2025.

En este sentido, la superficie siniestrada en lo que va de año ya se sitúa como la segunda más elevada de la última década y confirma la incidencia de los incendios sobre las producciones agrarias durante las dos últimas campañas, han apuntado desde Agroseguro.

En relación con la superficie declarada con siniestro en 2026, los daños corresponden en más de un 90% a cultivos herbáceos --en concreto, cereal de invierno--, aunque se extienden a otra veintena de cultivos, como girasol, leguminosas, frutos secos, aceituna, viñedo, frutales, cítricos o explotaciones forestales.

Las primeras estimaciones apuntan a que las indemnizaciones de 2026 superarán los dos millones de euros por daños en producciones agrícolas españolas, aunque esta cifra tiene un carácter muy provisional. De confirmarse durante la evaluación de daños, a lo largo de la última década Agroseguro habrá abonado más de 22 millones de euros en indemnizaciones por daños provocados por el fuego y los incendios en cultivos agrícolas y en cabañas ganaderas.

Si bien las cifras de indemnización por incendio no son comparables a otros riesgos como el pedrisco, la sequía o la helada, sí destacan por su impacto en las explotaciones y zonas afectadas, dado que provocan --en casi todos los casos-- una pérdida completa de la producción, así como importantes daños personales, económicos y medioambientales.

La cobertura por incendio

Agroseguro ha recordado que los daños provocados por incendio están cubiertos por el sistema español de seguros agrarios combinados, tanto en producciones agrícolas como ganaderas. “Todos los productores asegurados cuentan con protección frente a este riesgo dentro de las garantías básicas de sus pólizas, incluyendo los daños en la producción y, cuando corresponda, en las plantaciones”, ha señalado el director del área Técnica de Agroseguro, Félix Novoa, quien agrega que “en el caso de las explotaciones ganaderas, la cobertura también ampara los daños sufridos por los animales asegurados a consecuencia del fuego”.

Además, para los cultivos herbáceos, la producción con mayor superficie asegurada en España y cuya recolección coincide con el verano, la garantía de incendio se extiende a la producción afectada por la creación de cortafuegos preventivos necesarios para las labores de extinción. El seguro agrario cubre los daños por incendio, independientemente del origen del fuego. El productor asegurado siempre cobrará la indemnización correspondiente y en caso de que se establezca que el incendio ha sido provocado --y se determine el responsable-- se realizarían los trámites pertinentes para que las entidades aseguradoras puedan reclamar los importes abonados.

Por tanto, “la incidencia de los incendios sobre las explotaciones agrarias y ganaderas está siendo especialmente elevada durante las dos últimas campañas”, ha subrayado Novoa, quien ha comentado que “en este contexto, el seguro agrario sigue siendo la principal herramienta para que agricultores y ganaderos puedan recuperar su actividad tras un siniestro”.

Agroseguro ha insistido en que, en caso de incendio, no existe urgencia para comunicar el siniestro. La prioridad debe ser seguir las indicaciones de las autoridades y evitar cualquier riesgo personal. Una vez extinguido el incendio y cuando sea posible acceder a las explotaciones con seguridad para evaluar los daños, los agricultores y ganaderos afectados podrán comunicar el siniestro a través de su mediador o de los canales habituales. Agroseguro ha reiterado su compromiso de coordinar la valoración de los daños y el pago de las indemnizaciones con la máxima agilidad posible, con el objetivo de facilitar la recuperación de las explotaciones afectadas.

A muchos olivareros no les salen las cuentas. Atendiendo a la máxima de la ley de la oferta y la demanda, en un año como el actual, con casi toda la producción aceitera vendida, los precios que se pagan en origen deberían estar subiendo y no al contrario. El propio Ministerio de Agricultura, en su avance a fecha de 31 de julio, reconoce que gran parte de la cosecha de aceite de oliva de este año está ya vendida. Sin embargo, los precios apenas se han movido y están en unos niveles, en origen, que hacen que estén incluso por debajo de la rentabilidad para gran parte de los olivareros tradicionales, tal y como denunció en un extenso estudio la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).

Ante esta aparente contradicción del mercado han puesto ya la voz de alarma numerosas organizaciones agrarias, que acusan directamente a las grandes comercializadoras de mantener los precios en origen artificialmente bajos con una artimaña: la importación, cada vez mayor, de aceite de oliva procedente de Túnez, donde hay excedentes y donde el coste de producción es mucho menor. Estas organizaciones aseguran que esa anomalía de mercado apenas se nota después en los supermercados, donde el precio que el consumidor paga apenas ha variado.

Los datos oficiales permiten poner cifras a la primera parte de esta contradicción. El avance del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), elaborado por el Ministerio de Agricultura a partir de las declaraciones obligatorias del sector, recoge una producción acumulada en la campaña 2025/26 de 1.300.799,64 toneladas a 31 de julio. Las salidas acumuladas alcanzan 1.167.743,32 toneladas. Es decir, las salidas equivalen aproximadamente al 90% de toda la producción registrada durante la campaña. Solo en julio salieron de almazaras, envasadores y operadores 95.266 toneladas.

El dato tiene una segunda lectura todavía más significativa. Las existencias finales en las almazaras se situaron en 329.940,82 toneladas, frente a las 418.582,72 toneladas del mes anterior. En un solo mes, por tanto, el stock registrado en las almazaras se redujo en 88.642 toneladas. No parece, al menos a la vista de estos datos, un mercado en el que el aceite español se esté acumulando sin salida. Al contrario: durante la campaña se ha producido un fuerte ritmo de comercialización y las existencias han experimentado una reducción muy importante durante el último mes.

Hay que hacer una precisión para no interpretar de manera incorrecta las cifras. Los 1,16 millones de toneladas de salidas acumuladas no significan literalmente que exactamente esa cantidad de la producción de esta campaña haya sido vendida, porque las salidas y las existencias incorporan movimientos y existencias procedentes del inicio de campaña. Pero sí permiten afirmar que la comercialización ha absorbido una parte muy elevada del volumen producido y que el ritmo de salidas continúa siendo considerable. Y, pese a ello, el precio no responde al comportamiento que cabría esperar si la disponibilidad de aceite español fuera el único factor determinante.

Con esas existencias, apenas quedaría aceite de oliva en las almazaras españolas para cuatro meses y medio. Es decir, los almacenes llegarían al enlace de campaña prácticamente vacíos (ya que la cosecha arranca en otoño). En años anteriores y con esos datos, los precios en origen subían de manera más que notable.

El precio sigue lejos del coste de producir

Las cotizaciones recogidas por Oleista permiten comprobar cuál es el nivel al que se está negociando el aceite en origen. En la semana 30 del año, con datos actualizados a finales de julio, la referencia española se situaba en 3,76 euros por kilo para el aceite de oliva virgen extra, 3,13 euros para el virgen y 3,01 euros para el lampante. En Andalucía, las referencias eran muy similares: 3,74 euros para el virgen extra, 3,15 para el virgen y 3,02 para el lampante.

En Córdoba, una de las principales zonas productoras españolas, Oleista situaba a finales de julio el virgen extra en 3,68 euros por kilo, el virgen en 3,40 euros y el lampante en 2,94 euros. En Jaén, otra de las grandes zonas productoras, las referencias eran de 3,97 euros para el virgen extra, 3,15 para el virgen y 3,02 para el lampante. Son precios que, especialmente en las categorías inferiores y en buena parte de las operaciones de virgen extra, quedan muy lejos de los costes calculados para determinados modelos de olivar.

El estudio actualizado por AEMO en julio de 2026 calcula que los costes medios de producción han aumentado alrededor de un 57% en los últimos seis años. El olivar tradicional no mecanizable de secano presenta un coste de 5,31 euros por kilo, mientras que el tradicional mecanizable se sitúa en 4,67 euros en secano y 4,18 euros en regadío. Incluso los sistemas intensivos presentan costes de 3,52 euros en secano y 3,20 euros en regadío, mientras que el superintensivo o en seto alcanza 3,17 euros en secano y 3,08 en regadío.

La conclusión de AEMO es especialmente preocupante para el modelo tradicional: el precio que hace unos quince años podía considerarse bueno, alrededor de tres euros por kilo, ya no sirve para cubrir los costes actuales. El estudio considera que una parte muy importante del olivar necesita precios próximos a los cinco euros para garantizar su rentabilidad. La consecuencia es que el mismo precio que para un comprador puede parecer una oportunidad de mercado puede convertirse para un agricultor tradicional en una venta a pérdidas.

La paradoja se produce mientras aumenta la entrada de aceite tunecino

Es en este punto donde las organizaciones agrarias sitúan la pieza que, a su juicio, falta para entender el comportamiento del mercado. COAG señala que en la pasada campaña ya entraron oficialmente en España más de 80.000 toneladas de aceite de oliva tunecino y que apenas 14.500 toneladas lo hicieron por los cauces habituales. Según su denuncia, unas 65.500 toneladas, el 81% del total, entraron mediante un régimen aduanero pensado para mercancías destinadas a transformación y posterior reexportación. La organización sostiene que una parte de ese aceite puede terminar compitiendo indirectamente con el producto español.

COAG pone además el foco en una segunda vía: la entrada de aceite tunecino en otros países europeos antes de su llegada a España. La organización menciona expresamente el caso de Portugal y señala que las importaciones portuguesas de aceite tunecino pasaron de 962 toneladas en 2023 a 3.406 en 2024, mientras Portugal reexportó hacia España 131.877 toneladas de aceite ese último año. La organización considera que estas operaciones dificultan conocer con claridad el origen real del producto que termina en el mercado.

OliveA Tradición y Progreso coincide en señalar el incremento de las importaciones tunecinas, aunque aporta cifras diferentes y una interpretación más centrada en el efecto que tienen sobre la formación del precio. La organización afirma, a partir de datos de Aduanas y AICA, que las importaciones procedentes de Túnez han aumentado un 85% desde 2016, hasta alcanzar una media anual de 123.000 toneladas. Según OliveA, España se ha convertido en el principal destino europeo del aceite tunecino.

La asociación señala además que en 2025 el 61% del aceite importado de Túnez, unas 95.000 toneladas según sus datos, entró mediante el régimen de perfeccionamiento activo, que permite la importación sin aranceles cuando el producto es posteriormente reexportado. Para el primer cuatrimestre de 2026, OliveA sitúa en el 96% la proporción de aceite tunecino autorizado mediante este sistema.

El régimen de perfeccionamiento activo es legal. La propia OliveA reconoce expresamente que se trata de un mecanismo sometido a control aduanero. Lo que cuestiona la asociación no es su existencia, sino su utilización creciente y, especialmente, que haya dejado de ser una herramienta excepcional vinculada a necesidades concretas para convertirse, a su juicio, en una vía estructural de abastecimiento que altera el mercado.

“Cada tonelada que entra es una tonelada que deja de comprarse aquí”

OliveA sostiene que los grandes operadores pueden recurrir al aceite tunecino, más barato, para cubrir parte de sus necesidades de comercialización y reexportación, reduciendo así la presión compradora sobre el aceite español.

La organización relaciona esta estrategia con otro dato que considera significativo: a cierre de junio de 2026 España ya había importado 202.000 toneladas de aceite de oliva, el 92% del volumen que, según su referencia, estaba previsto para toda la campaña, 220.000 toneladas. Ese volumen sería un 20% superior a la media de las cinco campañas anteriores y un 15% mayor que el registrado en la campaña precedente. OliveA sostiene que el aumento de las importaciones coincide con un descenso de las salidas desde las almazaras durante los dos últimos meses y que esta circunstancia contribuye a generar presión comercial sobre el productor español.

Es aquí donde aparece la contradicción que está provocando la alarma en el sector. Por un lado, el aceite español se vende. Por otro, España importa cantidades crecientes de aceite de otros países. Y, simultáneamente, el precio que recibe el agricultor permanece en niveles que no cubren los costes de una parte muy importante del olivar tradicional.

OliveA sostiene que buena parte del aceite almacenado continúa precisamente en las provincias donde se concentra el olivar tradicional. Según sus datos, Jaén tendría unas 160.000 toneladas, Córdoba unas 102.000, Sevilla 48.000 y Granada 22.500. En conjunto, estas cuatro provincias reunirían alrededor del 80% de las existencias nacionales.

Los datos del MAPA confirman, en cualquier caso, el enorme peso de Andalucía en la estructura productiva española. A 31 de julio, las almazaras andaluzas acumulaban 974.505 toneladas de producción durante la campaña, de las que 388.951 correspondían a Jaén y 246.735 a Córdoba. Las existencias finales en Andalucía ascendían a 262.248 toneladas.

El problema es que disponer de una parte importante del aceite no garantiza automáticamente capacidad para imponer un precio. Si los compradores cuentan con otras fuentes de suministro, la posición negociadora del productor puede debilitarse aunque el aceite nacional siga siendo necesario.

Esta es precisamente la tesis que las organizaciones agrarias quieren colocar en el debate: la existencia de aceite importado puede cambiar la relación de fuerzas en el mercado español, porque reduce la urgencia de algunos compradores para acudir a las almazaras españolas.

Y mientras tanto, el consumidor no ve una caída equivalente

La otra gran paradoja se encuentra al final de la cadena. Si la cotización en origen se sitúa alrededor de los 3,7 euros por kilo para el AOVE, cabría esperar que una reducción importante del coste de la materia prima terminase trasladándose con rapidez al consumidor. Sin embargo, los datos de Oleista para el 28 de julio mostraban precios de marca blanca de AOVE de aproximadamente 4,80-4,95 euros por litro en formato de un litro en varias grandes cadenas. Para el formato de tres litros, las referencias estaban entre 13,85 y 14,25 euros, mientras que en cinco litros aparecían referencias de 21,37 a 24,47 euros, dependiendo de la cadena y del formato.

No se puede comparar directamente un precio en origen expresado en euros por kilo con el precio final por litro: entre ambos existen costes de molturación, almacenamiento, transporte, envasado, distribución, márgenes e impuestos, además de diferencias de calidad y formato. Pero sí aparece una cuestión que preocupa al sector productor: la caída o estancamiento de la cotización en origen no se traslada de forma automática ni proporcional al precio que paga el consumidor. El agricultor, por tanto, puede estar soportando buena parte del ajuste sin que el consumidor final perciba una rebaja equivalente.

Un mercado que las organizaciones consideran “distorsionado”

OliveA afirma directamente que la evolución de las cotizaciones “no responde a la lógica del mercado”, sino a estrategias comerciales de grandes operadores. Es una acusación de enorme calado que la organización vincula al aumento de las importaciones tunecinas y a la sustitución de compras al olivar español.

COAG, por su parte, considera que la combinación de precios en origen por debajo de la rentabilidad, entrada de aceite extracomunitario y problemas de trazabilidad reúne condiciones suficientes para reclamar a la Comisión Europea la activación de mecanismos de salvaguardia. La organización ha pedido al Ministerio de Agricultura que se oponga a una eventual ampliación del contingente preferencial tunecino, que solicite la activación de las cláusulas de salvaguardia y que refuerce los controles aduaneros y de trazabilidad.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba, al igual que ya han solicitado otras provincias, así como la propia ASAJA-Andalucía, ha reclamado a la Junta que permita de nuevo, “a la mayor brevedad posible”, la recolección nocturna de aceituna en los olivares en seto. La petición llega apenas unos días después de que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente haya prorrogado durante otro año la suspensión de esta práctica mediante cosechadoras cabalgantes entre el ocaso y la salida del sol. Esta prohibición se produjo después de que se detectase una alta mortalidad entre los pájaros que aprovechaban la noche para dormir en estos olivares y que acababan dentro de las cosechadoras.

Asaja Córdoba considera que la restricción generalizada debería sustituirse por un sistema más selectivo, que permita trabajar durante la noche en la mayor parte de las explotaciones y limite la cosecha únicamente en aquellas zonas o circunstancias en las que se haya acreditado una afección concreta sobre la avifauna. “Carece de sentido mantener una limitación generalizada”, asegura la patronal agraria en Córdoba.

Entre los argumentos del sector figura la calidad del fruto. Asaja sostiene que las temperaturas más bajas durante las noches de septiembre, octubre y noviembre permiten que las aceitunas lleguen a la almazara en mejores condiciones, con menores daños mecánicos y menos riesgo de fermentación. La asociación añade que las bajas temperaturas favorecen la conservación de aromas y otros compuestos relacionados con la calidad del aceite de oliva virgen extra.

Otro argumento de peso para la patronal es la transformación de los olivares y el aumento, paulatino, cada año, de este tipo de cultivos.“ La problemática de la mano de obra de cara a recolección, unida a la falta de rentabilidad de otros cultivos (especialmente los herbáceos), hacen que cada año haya en nuestra provincia más superficie de olivar en seto, y los periodos de recolección son los que son, o sea, la campaña de recogida con cosechadoras no puede prolongarse en el tiempo. Además, ante un posible escenario de inviernos lluviosos, como el pasado lo fue, las campañas de recolección, haciéndolo solo en horario diurno, de prolongarían de una manera manifiestamente inviable. Nuestra agricultura se moderniza y se adapta a las necesidades de nuestros tiempos, y esta prohibición de la recolección nocturna, va contra lo mismo”, aseguran.

La organización agraria insiste en la importancia del factor laboral en sus reivindicaciones. A su juicio, recuperar los turnos nocturnos permitiría reducir la exposición de los trabajadores a unas temperaturas diurnas cada vez más elevadas y adaptar mejor las labores agrícolas a los episodios de calor que se registran durante el comienzo de las campañas.

“La polémica suspensión se remonta a octubre de 2019, cuando la Junta prohibió por primera vez la recogida nocturna en los olivares en seto mediante cosechadoras cabalgantes aplicando el principio de precaución. La Administración autonómica puso entonces en marcha un proyecto para estudiar el impacto real sobre las aves y analizar posibles técnicas que hicieran compatible la actividad agrícola con la protección de la biodiversidad”, aseguran.

Los posteriores trabajos coordinados por el IFAPA realizaron 44 controles sobre 137 hectáreas representativas de olivar en seto y contabilizaron 8.127 ejemplares pertenecientes a 66 especies. La Junta concluyó que estos olivares albergan una importante riqueza de avifauna y que la cosecha mecanizada nocturna genera efectos negativos sobre determinadas especies, “aunque en alrededor del 30% de la superficie controlada fueron nulos o muy bajos”.

Durante estos años también se han probado diferentes fórmulas para reducir el impacto, como la cetrería, dispositivos acústicos, láseres, robótica y equipos de gas. En ensayos realizados durante la campaña 2022-2023, un sistema tecnológico instalado en las cosechadoras redujo significativamente la mortalidad directa, afirma la patronal. La Junta mantiene el veto por el riesgo para las aves, aunque admite ensayos de tecnologías que permitan reducir la mortalidad.

La Junta publicó el pasado 5 de agosto una nueva resolución que mantiene la suspensión durante otro año. La norma contempla excepciones exclusivamente para proyectos experimentales de I+D, de carácter no comercial y previamente autorizados. También deja abierta la posibilidad de levantar la restricción si futuros estudios acreditan métodos suficientemente seguros para evitar daños a la fauna. El plan prevé al menos 80 inspecciones nocturnas en explotaciones andaluzas para vigilar su cumplimiento.

Un grupo de socios de Asaja Córdoba ha reclamado al presidente de la organización, Fernando Adell, que ordene la devolución inmediata de las cantidades cobradas de más en las cuotas correspondientes a 2026. Los asociados sostienen que el incremento aplicado este año carece del respaldo legal necesario de los órganos de gobierno de la entidad, después de que tanto la Junta Directiva de 6 de abril de 2026 como la Asamblea Ordinaria de 29 de abril de 2026, máximo órgano de decisión de la organización, rechazaran los presupuestos propuestos por Fernando Adell en los que debía aprobarse definitivamente dicha subida de las cuotas.

En un comunicado, el grupo afirma que esa subida de cuotas fue aprobada provisionalmente en la Asamblea de 2025, pero al rechazarse los presupuestos de 2026 es nula de pleno derecho, siendo el cobro realizado indebido al quedar prorrogados los presupuestos de 2025 y, por tanto, las cuotas de 2025. “La huida hacia delante de Fernando Adell, manteniéndose en su cargo en Asaja a pesar del rechazo por parte de la Asamblea anual a la memoria y las cuentas de 2025, así como a los presupuestos de 2026, está teniendo graves consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales para Asaja”, señalan.

En base a ello, y a que el presidente aún no ha reintegrado a los asociados lo cobrado de más, socios de Asaja solicitan que, de manera inmediata, el presidente ordene la devolución a todos los socios de Asaja Córdoba de lo que se haya cobrado de más en las cuotas de 2026. A juicio de dichos socios, mantener ese dinero supone ignorar los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno y trasladar a los socios las consecuencias de una gestión que califican de “oscura, poco transparente y carente del rigor profesional exigible a una organización de la importancia de Asaja Córdoba”. Los asociados advierten de que, en caso de que no se proceda a la devolución inmediata, estudiarán poner los hechos en conocimiento de los organismos administrativos y de las jurisdicciones competentes para que se determinen las posibles responsabilidades derivadas del cobro.

Una organización en situación de “precariedad institucional”

Esta controversia se produce, además, en un contexto de grave inestabilidad interna. La Junta de Andalucía ha reconocido recientemente las dimisiones presentadas por cuatro miembros del Comité Ejecutivo de Asaja Córdoba, con efectos desde el 16 de febrero de 2026. Según denuncian los socios, esta resolución confirma la situación de precariedad en la que se encuentran actualmente los órganos de dirección de la organización y el incumplimiento de sus estatutos, puesto que Asaja Córdoba continúa sin contar con secretario de actas ni vicepresidente primero desde las dimisiones producidas en febrero y tampoco dispone de secretario general desde finales del pasado mes de enero, pese a tratarse de cargos esenciales según sus estatutos para el funcionamiento ordinario de la entidad y para la certificación de los acuerdos adoptados, por lo que los acuerdos adoptados desde entonces son nulos.

Los asociados recuerdan también que Fernando Adell no ha conseguido que la Junta Directiva apruebe la renovación de los cargos vacantes ni la composición de un nuevo Comité Ejecutivo. A pesar de ello, sostienen que el presidente ha continuado tomando decisiones sin ofrecer información suficiente sobre su contenido ni sobre el respaldo estatutario con el que cuenta.

El documento remitido por los socios señala que la Junta Directiva y la Asamblea también rechazaron la memoria de actividades y las cuentas correspondientes a 2025, además de los presupuestos de 2026. Este escenario, unido a la falta de responsables en puestos estatutariamente relevantes, ha sumido a Asaja Córdoba en una situación de bloqueo institucional que, según los asociados, exige una solución inmediata: la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones.

Críticas a la gestión de Fernando Adell

Los socios responsabilizan directamente a Fernando Adell del deterioro institucional que atraviesa la organización. Consideran que el presidente ha perdido el respaldo mayoritario de los órganos de gobierno, pero se niega a asumir las consecuencias políticas y organizativas derivadas del rechazo reiterado a sus propuestas. A su entender, la negativa de Adell a dimitir y a facilitar la celebración de un nuevo proceso electoral está prolongando innecesariamente una crisis que afecta al funcionamiento interno, a los trabajadores, a los servicios que reciben los asociados y a la capacidad de Asaja para defender con eficacia los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia.

Los socios denuncian igualmente la falta de transparencia de la presidencia, especialmente en relación con las actas de los órganos de gobierno, las decisiones económicas adoptadas durante los últimos meses y la documentación solicitada formalmente por algunos asociados sin éxito. Esta forma de proceder, señalan, está provocando un “daño incalculable” a la imagen y a la reputación de Asaja Córdoba. Una organización llamada a representar al sector agrario provincial, añaden, no puede permanecer sometida a una crisis permanente, con sus órganos de dirección cuestionados y sin ofrecer explicaciones claras a quienes sostienen la entidad mediante sus cuotas.

Los asociados alertan de que la actual situación no constituye únicamente un problema interno, sino que amenaza con afectar a la viabilidad futura de la organización. La falta de presupuestos aprobados, la ausencia de cargos fundamentales, los conflictos laborales y judiciales y la pérdida de confianza de una parte significativa de los socios están generando una situación que consideran insostenible.

En este sentido, reclaman que se ponga fin a una gestión que está convirtiendo a los propios socios en víctimas de las decisiones adoptadas por la presidencia. Los socios reiteran finalmente la necesidad de que Fernando Adell dé un paso al lado y permita la convocatoria de un proceso electoral que devuelva la voz a los asociados y posibilite la formación de unos órganos de gobierno plenamente operativos. “Cada día que se prolonga esta situación aumenta el daño causado a Asaja Córdoba, a sus trabajadores y a los agricultores y ganaderos a los que debe representar”, concluyen los socios, que consideran imprescindible recuperar cuanto antes la normalidad democrática, la profesionalidad y la credibilidad de la entidad.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía impulsa la conservación de la flora silvestre a través del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA), una infraestructura científica que actúa como una auténtica 'Arca de Noé' de la biodiversidad vegetal. En sus instalaciones, ubicadas en el Real Jardín Botánico de Córdoba y gestionadas en colaboración con el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (IMGEMA) y la Universidad de Córdoba, se custodia el patrimonio genético de miles de especies que forman parte de la identidad natural andaluza, muchas de ellas amenazadas por el cambio climático, los incendios o la transformación de sus hábitats.

En este contexto, la Junta de Andalucía destinará hasta 2027 un total de 840.000 euros para asegurar el funcionamiento y la mejora continua de este centro, considerado uno de los más relevantes de España y un referente en el ámbito de la conservación vegetal. Esta inversión permitirá robustecer una infraestructura estratégica que conecta la protección del patrimonio natural con la investigación científica, la innovación y la transferencia de conocimiento.

El BGVA forma parte de la estrategia de conservación ex situ-in situ, junto con la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico, el Laboratorio de Propagación Vegetal (LPV) y los Planes de Recuperación y Conservación de flora de Andalucía. Este Banco conserva actualmente más de 12.500 accesiones de semillas y material vegetal correspondientes a unos 3.300 taxones de la flora andaluza e ibérica. Este volumen de recursos genéticos supone más del 60% de la flora de la Península Ibérica y Baleares, lo que sitúa a Andalucía en una posición destacada en la preservación de la biodiversidad vegetal a escala nacional e internacional. Cada una de estas muestras constituye una reserva de futuro, un testimonio vivo de la riqueza botánica del territorio y una garantía frente a posibles escenarios de pérdida de especies.

Andalucía alberga uno de los patrimonios florísticos más ricos de Europa, con más de 4.000 especies de plantas vasculares y cerca de 450 endemismos. Este capital natural, que define paisajes y ecosistemas únicos, requiere de herramientas avanzadas que permitan anticiparse a los riesgos y asegurar su conservación a largo plazo. En este escenario, el Banco de Germoplasma se consolida como un pilar esencial de la política ambiental andaluza, capaz de preservar hoy los recursos genéticos que serán clave mañana.

Ciencia que comienza en el territorio

El trabajo del Banco no empieza en el laboratorio, sino en el propio medio natural. Equipos especializados de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales recorren los distintos ecosistemas andaluces para recolectar semillas de forma selectiva, respetando siempre el equilibrio de las poblaciones silvestres. Cada recolección responde a criterios científicos rigurosos y forma parte de una estrategia global de conservación que conecta el territorio con la investigación.

Una vez en el laboratorio, las semillas son sometidas a un proceso minucioso que incluye su limpieza, deshidratación y análisis de viabilidad. Este tratamiento permite garantizar que las muestras mantengan su capacidad de germinación a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un recurso disponible para futuras generaciones. Cada accesión cuenta, además, con una completa información asociada —geográfica, ecológica y fenológica— que asegura su trazabilidad y valor científico.

El almacenamiento se realiza en condiciones controladas, en cámaras frigoríficas que alcanzan temperaturas de hasta -20 grados, lo que hace posible conservar el material vegetal durante décadas e, incluso, siglos. En este espacio, cada semilla deja de ser un elemento efímero para convertirse en una pieza clave de una memoria biológica que se proyecta hacia el futuro.

En este sentido, el Banco de Germoplasma ha reforzado en los últimos años sus capacidades técnicas mediante la modernización de sus instalaciones. Una inversión superior a 280.000 euros, cofinanciada con fondos europeos FEADER, ha permitido incorporar nuevas cámaras de conservación, equipos de germinación y tecnología de laboratorio que garantizan el cumplimiento de los estándares internacionales más exigentes.

Este avance ha consolidado al BGVA como una infraestructura científica de referencia, preparada para afrontar los desafíos actuales en materia de biodiversidad y para responder a las necesidades de la comunidad investigadora. Su funcionamiento se apoya en un equipo técnico altamente especializado y en la colaboración institucional entre la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba y el IMGEMA, un modelo que ha demostrado su eficacia en la gestión del conocimiento y la conservación de los recursos naturales.

De la conservación a la investigación aplicada

Lejos de limitarse a la preservación, el Banco de Germoplasma desempeña un papel activo en el impulso de la investigación. Los recursos genéticos que alberga han servido de base para estudios en ámbitos como la farmacología, la mejora agronómica o el análisis de la adaptación de las especies a diferentes condiciones climáticas.

Esta proyección científica sitúa al BGVA en el centro de una red de cooperación internacional que incluye el intercambio de semillas con más de 40 instituciones de todo el mundo, a través de iniciativas como el sistema Index Seminum. De este modo, Andalucía contribuye de forma directa a los esfuerzos globales por conservar la biodiversidad y generar conocimiento útil para afrontar los retos ambientales del presente.

Asimismo, la utilidad del Banco de Germoplasma se hace especialmente visible en los proyectos de recuperación de especies y restauración de ecosistemas que forman parte del patrimonio natural andaluz. Uno de los casos más emblemáticos es el del 'Diplotaxis siettiana', conocido como jaramago de Alborán, que llegó a desaparecer en estado silvestre y cuya reintroducción ha sido posible gracias a semillas conservadas durante décadas.

Con el objetivo de fortalecer la colaboración entre administraciones, facilitar el intercambio de material vegetal y conocimiento, y avanzar hacia una estrategia común para la conservación de la biodiversidad vegetal en España, el BGVA se integra en la Red de Centros Nacionales de Recursos Genéticos Forestales y de Flora Silvestre del MITECO, y colabora mediante el depósito de muestras de semillas andaluzas en el Banco Nacional, además de cesiones de las mismas a través del Banco en Red, reforzando la conservación y seguridad a largo plazo de la biodiversidad vegetal.

Un legado para las generaciones futuras

El Banco de Germoplasma mantiene una representación destacada de especies procedentes de espacios naturales emblemáticos como Sierra Nevada, Doñana o Cabo de Gata, donde se concentran algunas de las joyas botánicas más singulares del territorio. La conservación de estas especies responde a una visión que trasciende lo científico y se adentra en el compromiso con la identidad y el legado ambiental de Andalucía.

Como una gran 'Arca de Noé' vegetal, el BGVA custodia no solo semillas, sino también oportunidades. En cada muestra conservada se encierra la posibilidad de restaurar un paisaje, de avanzar en la investigación o de dar respuesta a los desafíos ambientales del futuro. Una labor silenciosa y constante que sitúa a Andalucía en la vanguardia de la conservación de la biodiversidad vegetal.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha informado este jueves del inicio de la recogida de la almendra en la provincia con una producción menor de la que se preveía, aproximadamente de un 5-10% debido al ataque de la araña roja ante la falta de materias activas existentes y el aumento de generaciones de esta plaga. Ello ha provocado en esta campaña la caída de hojas con la correspondiente disminución de cosecha; aunque más importante es que está comprometiendo la cosecha del año que viene.

Por ello, Asaja Córdoba ha solicitado a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura tratamientos excepcionales para poder frenar el ataque de este año a las plantaciones debido a esta plaga. Y es que la previsión era de una campaña de almendra favorable, en lo que a producción se refiere, dado que la producción estimada era de 11.000 toneladas, algo que representaba un incremento del 30% respecto a la campaña anterior.

Este aumento de la producción viene impulsado por dos factores clave, como son las abundantes precipitaciones registradas durante el otoño, el invierno y el inicio de la primavera, pero también porque “los años anteriores no fueron buenos y el efecto vecería tiene mucha importancia”, ha subrayado Adell.

De este modo, las lluvias han permitido recuperar las reservas hídricas tanto en los suelos como en los embalses, que presentan niveles muy elevados tras varios años marcados por la sequía, algo que garantiza también unas buenas dotaciones de agua para el riego durante el desarrollo final del cultivo y “contribuye a mejorar las expectativas de cosecha en las principales zonas productoras de la provincia”.

Bajada de superficie “preocupante”

No obstante, Adell ha mostrado su “preocupación por las grandes cifras de bajada de la superficie de almendro debido únicamente a la proliferación exponencial de la plaga conocida como gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis), que provoca la muerte de los árboles”, a la vez que ha lamentado que, “desde que eliminaron del mercado materias activas eficaces y redujeron el número de aplicaciones, la superficie no deja de bajar”. Según fuentes de la administración autonómica, la superficie en Córdoba ha bajado en dos años más de 2.500 hectáreas.

Para el presidente de la organización agraria, “esta situación acaba silenciosamente con las plantaciones de almendros en Córdoba”, por lo que ha vuelto a pedir a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura que “pongan soluciones porque esto es sólo el principio de lo que pasará si se siguen prohibiendo el uso de fitosanitarios en este y otros cultivos”.

Es por ello, que Asaja Córdoba ha solicitado a la administracion la autorización excepcional de materias activas y ayudas específicas para los agricultores que han tenido que arrancar las plantaciones, similares a las que el año pasado se publicaron para el mildiu en la viña y el algodoncillo en el olivar, dado que “se está poniendo en peligro, en muchos casos, la continuidad y supervivencia de las explotaciones agrarias y este fue el principal argumento de la existencia de esas ayudas”.

La senadora del PP de Córdoba Lorena Guerra ha criticado este miércoles “el abandono que sufre el sector agrario tras los graves incendios registrados este verano” y ha exigido al Gobierno “la activación inmediata de ayudas para los agricultores y ganaderos que han visto arrasadas sus explotaciones”.

“Detrás de cada hectárea calcinada no sólo hay árboles o cultivos, sino explotaciones familiares, ganado, maquinaria, inversiones y el esfuerzo de toda una vida que ha quedado reducido a cenizas en apenas unas horas”, ha afirmado la popular en una nota.

Guerra ha recordado que “recuperar una explotación agrícola o ganadera requiere años de trabajo, inversión y sacrificio”, por lo que considera “imprescindible una respuesta rápida por parte del Estado”. “El campo no puede sentirse sólo cuando más necesita el respaldo de las instituciones”, ha subrayado, para apostillar que “las familias afectadas necesitan soluciones, no silencio”.

La senadora popular ha criticado “la ausencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en uno de los momentos más difíciles para el sector”. “Mientras miles de agricultores y ganaderos luchaban por salvar sus explotaciones y afrontaban pérdidas irreparables, el ministro ha vuelto a demostrar que está más pendiente de su agenda y de su futuro político que de defender al campo español”, ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que “un ministro de Agricultura tiene la obligación de estar al lado de quienes sostienen el sector primario, visitar las zonas afectadas, escuchar a los damnificados y liderar la respuesta del Gobierno”. “Luis Planas ha vuelto a dar la espalda al campo cuando más lo necesitaba”, ha reprochado.

Guerra ha anunciado que el PP llevará esta situación a la Cámara Alta. “Desde el Senado vamos a exigir al Gobierno de España la puesta en marcha inmediata de ayudas directas, beneficios fiscales, medidas extraordinarias de recuperación y todo el apoyo necesario para que agricultores y ganaderos puedan reconstruir sus explotaciones y recuperar cuanto antes su medio de vida”, ha dicho.

“El campo español merece un Gobierno que esté a su lado en los momentos más difíciles”, ha defendido, para manifestar que “los agricultores y ganaderos no pueden seguir sintiéndose abandonados mientras ven desaparecer entre las llamas el trabajo de toda una vida”.

La agricultura y la ganadería cada vez es más costosa. Al menos en origen. En la Península Ibérica, el gran cultivo y el que siempre ha tenido la imagen de ser muy rentable, es el olivar, una producción milenaria que ya hizo rica a Hispania. En Roma sobrevive un monte artificial, el Testaccio, que creció por las ánforas arrojadas allí y que habían llegado llenas de aceite de oliva procedentes de la Península.

Hace unos 20 años, los agricultores consideraban que un buen precio para su cosecha era cobrar unos tres euros por kilo de aceite de oliva producido. Pero en las dos últimas décadas, los costes de producción han aumentado tanto que un reciente estudio de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) considera que para que el cultivo siga siendo rentable los agricultores tienen que percibir un mínimo de cinco euros por kilo de aceite producido. Y eso es algo que actualmente no está pasando.

Este alarmante diagnóstico forma parte de la sexta actualización del estudio Aproximación a los Costes del Cultivo del Olivo, coordinado por José María Penco y actualizado a julio de 2026. El informe revela una escalada de gastos sin precedentes: los costes medios de producción se han elevado alrededor de un 57% en apenas los últimos seis años. Esta subida se ha producido en dos tramos; un incremento cercano al 40% entre 2020 y 2023, al que se ha sumado un 12% adicional detectado entre 2023 y 2026. Para entender la magnitud de la crisis, lo que en el primer estudio de 2010 se consideraba un precio satisfactorio —los ya mencionados tres euros por kilogramo— es hoy totalmente insuficiente para cubrir los gastos de la mayoría de los sistemas de cultivo.

La realidad del mercado en julio de 2026, con un precio medio ponderado de 3,265 euros por kilo, sitúa a gran parte del sector por debajo de la rentabilidad. Pero eso es algo que solo ocurre en España. En el resto de países productores es raro ver precios en origen por debajo de los cuatro euros el kilo. Es más, en Italia incluso se paga de media a nueve euros, algo que siempre ha demandado AEMO: concienciar a los consumidores del precio real de la producción de algo tan valioso como el aceite de oliva.

El estudio de costes según el tipo de olivar

La metodología empleada por AEMO, en colaboración con expertos de la Universidad de Córdoba y el Ifapa, ha analizado cuatro grandes sistemas de cultivo para determinar sus umbrales de supervivencia económica. El sistema más castigado es el Olivar Tradicional No Mecanizable (OTNM), típico de sierra o montaña con pendientes superiores al 20% que impiden el uso de maquinaria para la recolección. En estas explotaciones, el coste total de obtención de un kilo de aceite se dispara hasta los 5,31 euros por kilo, lo que las sitúa en una situación de vulnerabilidad extrema. Le sigue el Olivar Tradicional Mecanizable (OTM), con pendientes más moderadas que permiten cierta mecanización, pero que aun así presenta costes de 4,67 euros en secano y 4,18 euros en regadío. Estos dos sistemas tradicionales son el corazón del sector, ya que representan más de la mitad de la superficie de olivar cultivada en España.

El estudio de 2026 introduce como gran novedad la inclusión sistemática de la renta de la tierra y los costes de amortización de la plantación, calculados para un periodo de 25 años. Por ejemplo, en el olivar de seto en regadío, la inversión inicial necesaria alcanza los 11.986 euros por hectárea, incluyendo la preparación del terreno, la instalación del emparrado y el sistema de riego. Estos factores elevan el precio necesario para no perder dinero. Incluso en los sistemas más eficientes, como el Olivar Superintensivo o en Seto (OS), que permite una recolección integral con cosechadora, los costes totales no bajan de los 3,08 euros por kilo en regadío y 3,17 euros en secano. El olivar intensivo, con densidades de entre 200 y 600 árboles por hectárea, se sitúa en un punto intermedio con costes de 3,52 euros en secano y 3,20 euros en regadío.

La composición del gasto diario del agricultor también ha sufrido una transformación profunda. Los precios unitarios de la mano de obra se han fijado en este estudio según la media de los convenios del campo de Córdoba y Jaén para 2025: un trabajador cualificado (tractorista o podador) percibe 10,46 euros por hora, mientras que el peón cobra 9,85 euros a la hora. A esto se suma el coste de la energía y la maquinaria; operar un tractor de 95 caballos cuesta actualmente 47,20 euros por hora, una cifra que ya incluye la amortización, el combustible, el mantenimiento y el propio salario del operario.

Dentro de las labores de cultivo, la recolección sigue siendo la partida más pesada, suponiendo cerca del 40% de los costes totales en los sistemas tradicionales. La optimización de esta tarea mediante la máxima mecanización posible es, según AEMO, la clave absoluta para buscar la rentabilidad. Por otro lado, los costes de riego, que a menudo son ignorados por los propietarios debido a la mayor producción que generan, representan ya en torno al 20% del total de gastos en las explotaciones que cuentan con suministro de agua. La fertilización, por su parte, supone aproximadamente el 15% del total, aunque los expertos advierten que muchos agricultores gastan más de lo necesario al no realizar análisis foliares previos que indiquen las carencias reales del árbol.

El olivar de sierra en peligro de extinción

La situación es especialmente dramática para el olivar de sierra, donde la alta pendiente impide el cambio de sistema o el aumento de la mecanización para recortar gastos. Ante este escenario, AEMO propone que la única salida para estas explotaciones de sierra es la diferenciación: aumentar el valor añadido del aceite aprovechando su alta intensidad aromática y su contenido en biofenoles, así como apostar por la producción ecológica. Además, el informe sugiere potenciar el oleoturismo vinculado a estos paisajes singulares como una fuente de ingresos complementaria y reclama ayudas públicas adicionales que reconozcan el valor social y medioambiental que este tipo de olivar aporta a las comarcas más desfavorecidas.

El sector se enfrenta a una encrucijada vital. Con unos costes que han crecido de forma estable y desproporcionada frente a unos precios en origen marcados por la volatilidad, la supervivencia del olivar tradicional —que sustenta a miles de familias y municipios en España— depende de tres vías: el aumento del precio del aceite mediante la promoción y el fomento de la demanda, la reducción de costes a través de una mecanización extrema o la reconversión racional hacia sistemas más intensivos. Sin un escenario de precios que ronde los cinco euros por kilo, la mayoría de las explotaciones tradicionales españolas se verán forzadas a producir bajo el umbral de la rentabilidad, poniendo en riesgo el futuro de este cultivo milenario.

La cosecha de la actual campaña de aceite de oliva registra un descenso en la producción frente a las estimaciones iniciales, hasta alcanzar 1.298.000 toneladas, cifra que permite un enlace de campaña suficiente para cumplir con las necesidades de mercado, según la información de la mesa sectorial de aceite de oliva y aceituna de mesa. En este foro se han han analizado los principales resultados de la campaña 2025/26 y también se han avanzado las previsiones que dibuja la siguiente campaña, 2026/27, con un alza en la producción.

Aunque la campaña comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre, la cosecha de aceituna ya ha concluido y en estos últimos meses ya casi no hay producción. Como resultado, este año se observa una producción un 9% inferior a la cosecha precedente y un 17 % superior a la media de las últimas cuatro. A pesar de la menor producción, el ritmo de comercialización durante los ocho meses de campaña transcurridos y de los que se disponen datos ha sido similar al de la campaña anterior.

En la reunión de la mesa sectorial también se ha analizado la evolución de las cotizaciones de aceite de oliva que han seguido, en general, una ligera tendencia a la baja durante la campaña, pero se sitúan por encima de los precios de la anterior para las mismas fechas, entre un 5,1 % y un 8,7 %, en función de las distintas categorías, según los últimos datos disponibles.

Buena floración y fruto cuajado para la campaña 2026/27

Durante la reunión, los participantes han intercambiado información sobre el estado del cultivo en las fechas actuales, que apunta a previsiones de cosecha para la campaña 2026/27 superiores a las registradas en la campaña actual, dadas las buenas condiciones climáticas durante los meses de primavera, que han permitido una buena floración y cuajado del fruto.

No obstante, hasta principios de octubre no se conocerán los primeros datos de aforo de la futura campaña, que podrán avanzar la producción que se podrá esperar para la próxima cosecha de aceite de oliva.

La mesa sectorial ha abordado la necesidad de tener dispuestas las herramientas necesarias en el caso de una sobreoferta que pueda generar desequilibrios de mercado. De hecho, el Ministerio ha realizado una consulta pública previa del proyecto de norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27 que ha estado disponible hasta el 3 de julio.

En el caso de la aceituna de mesa, cuya campaña ha llegado a su noveno mes, la producción ha alcanzado 503.000 toneladas, nivel inferior a la pasada campaña, pero que se espera permita cubrir las necesidades de comercialización en el trimestre que resta para finalizar la campaña.

También se han analizado las implicaciones comerciales de los aranceles interpuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española y cuyas consecuencias se cifran en pérdidas de 257 millones de euros. E, igualmente, se han abordado cuestiones relativas al correcto funcionamiento de la cadena de valor del aceite de oliva y de los diversos sistemas de los que se dispone para su control.

Un equipo de investigación del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de Córdoba ha identificado variedades de avena con elevados niveles de proteínas, fibras y compuestos antioxidantes que podrán servir como base para el desarrollo de nuevas semillas más saludables, productivas y adaptadas a una agricultura sostenible.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el estudio, realizado en colaboración con el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba (UCO) y del Instituto Agronómico Nacional de Túnez, ha analizado 126 variedades procedentes de 18 países mediterráneos, todas ellas cultivadas en Córdoba en las mismas condiciones experimentales, con el objetivo de localizar aquellas que reúnen las características más demandadas por la industria alimentaria y los programas de mejora genética.

El estudio, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y que ha sido publicado en la revista científica 'Antioxidants', revela que alrededor del 20% de las muestras estudiadas concentra buena parte de los rasgos nutricionales más valiosos, lo que abre nuevas oportunidades para desarrollar cultivos capaces de combinar calidad alimentaria, sostenibilidad y rentabilidad agraria.

Los investigadores han analizado componentes asociados a beneficios para la salud, como los betaglucanos, una fibra reconocida por su capacidad para ayudar a reducir el colesterol y regular la glucosa en sangre, y también han estudiado los arabinoxilanos, que están relacionados con el equilibrio de la microbiota intestinal, y antioxidantes naturales, como los polifenoles y las avenantramidas, compuestos exclusivos de la avena con propiedades antiinflamatorias y cardioprotectoras.

El trabajo demuestra que existen importantes diferencias entre variedades y especies de avena. Algunas alcanzaron niveles de proteína de hasta el 18,5%, mientras que otras destacaron por su elevado contenido en fibra y antioxidantes. Además, los científicos han observado que determinados compuestos beneficiosos aparecen asociados entre sí, lo que permitirá diseñar estrategias de mejora genética orientadas a obtener semillas con perfiles nutricionales más completos.

La investigación también pone de relieve el valor de las variedades tradicionales mediterráneas, que conservan una gran diversidad genética acumulada durante generaciones y constituyen una fuente de características de enorme interés para afrontar los retos futuros de la agricultura y la alimentación.

Según ha explicado a Fundación Descubre la investigadora del IAS-CSI y coautora del estudio, Gracia Montilla, el objetivo no es seleccionar una única variedad ideal, sino combinar, mediante programas de mejora genética, los mejores atributos encontrados en cada una de ellas para responder a las demandas de los consumidores, agricultores e industria alimentaria.

Sistemas agrícolas más sostenibles

Además de su interés nutricional, la avena es un cultivo resistente y versátil, capaz de desarrollarse en condiciones menos favorables que otros cereales, por lo que puede desempeñar un papel relevante en sistemas agrícolas más sostenibles y mejor adaptados al cambio climático.

Este trabajo constituye una primera fase de investigación que permitirá incorporar los resultados obtenidos a futuros programas de mejora genética, integrando también otros factores de interés agronómico como el rendimiento, la resistencia a enfermedades o la adaptación a distintas condiciones ambientales.

La investigación ha sido financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía a través del proyecto Qualifica, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Para la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, este avance refuerza la posición de Andalucía como referente en investigación agroalimentaria y demuestra el potencial de la ciencia para impulsar una alimentación más saludable, una agricultura más sostenible y nuevas oportunidades de innovación para el sector agroalimentario andaluz.

La Universidad de Córdoba (UCO), a través de su Cátedra Internacional Enia de Inteligencia Artificial y Agricultura, y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) han firmado este jueves un protocolo general de actuación para colaborar en las actividades de investigación, innovación y transferencia que se promuevan en el seno de esta cátedra.

Según ha informado la UCO en una nota, el convenio ha sido suscrito por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y la presidenta del Ifapa, Marta Bosquet, en un acto en el que también ha participado la directora de la Cátedra Internacional Enia Córdoba, Rosa Gallardo; la vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo, y el investigador titular del Ifapa, Carlos Parra.

El acuerdo tiene como objetivo establecer un marco de colaboración estable entre ambas instituciones para facilitar el desarrollo de proyectos y acciones conjuntas relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial al sector agroalimentario. Esta alianza permitirá reforzar la conexión entre la investigación universitaria, la innovación tecnológica y las necesidades reales del sector en Andalucía.

La colaboración podrá contemplar, entre otras actuaciones, el asesoramiento recíproco, el intercambio de información científica y tecnológica, la elaboración de informes, la creación de grupos de trabajo, la organización de actividades comunes de promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la ejecución de estudios, proyectos y programas de I+D en ámbitos vinculados a la inteligencia artificial aplicada a la agricultura.

Además, el protocolo prevé la cooperación en programas de formación de personal investigador y la organización de jornadas y seminarios sobre temas de interés común, especialmente aquellos centrados en el uso de tecnologías inteligentes para avanzar hacia una agricultura más eficiente, sostenible y competitiva.

Con la firma de este convenio, la Universidad de Córdoba, su Cátedra Internacional Enia de Inteligencia Artificial y Agricultura y el Ifapa refuerzan su compromiso con la modernización del sector agroalimentario andaluz y con el desarrollo de soluciones tecnológicas que respondan a los retos a los que se enfrenta en la actualidad.

El germen de este acuerdo está en el congreso internacional AI-Agrifood, celebrado el pasado 19 de marzo, organizado por la Cátedra Enia de la Universidad de Córdoba junto con el Ifapa y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC).

La Cátedra Internacional Enia de Inteligencia Artificial y Agricultura es una iniciativa de la Universidad de Córdoba que busca impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento sobre la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector agroalimentario y forestal.

Esta cátedra pretende integrar tecnologías como espacios de datos, gemelos digitales, sistemas predictivos y asistentes virtuales en distintos cultivos y ecosistemas, como los mediterráneos, extensivos, leñosos o invernaderos, con el objetivo de mejorar la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia del sector.

Se trata de una alianza público-privada con una financiación superior a los 2 millones de euros, promovida por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública junto a empresas como Hispatec, Fertinagro, XFarm Technologies y Deuser.

Con un plan de trabajo para el periodo 2023-2027, que incluye más de 40 actividades, la cátedra cuenta con la participación de 72 investigadores de instituciones como la Universidad de Córdoba, el IAS-CSIC y la Universidad de Melbourne (Australia).

La integración de esta última y las cartas de adhesión y compromiso que firmaron el Trinity College Dublin (Irlanda), ARS-USDA, UK Leuven, Uncuyo, S3P Agrifood T&BD, EDIH Andalucía Agrotech y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), donde se ha trabajado y trabaja para la formación de 'startups' (agtech) de los 34 países miembros de esta entidad, convierten a la cátedra en un referente global en innovación y digitalización agroalimentaria.

Para consolidar el liderazgo europeo de España en producción ecológica, Ecovalia exige una Política Agraria Común (PAC) suficientemente dotada, un mayor respaldo institucional y una apuesta decidida por el desarrollo del mercado interior, especialmente a través de la compra pública de alimentos ecológicos. La asociación ha aprovechado la celebración de su 35 aniversario para lanzar un mensaje claro sobre el futuro del sector ecológico español.  

Durante el encuentro conmemorativo celebrado en el marco de su Asamblea General, la asociación reunió a representantes y profesionales del sector, así como a representantes institucionales y directores de medios de comunicación. El objetivo, reflexionar sobre los desafíos que afronta la producción ecológica en un contexto marcado por el cambio climático, la volatilidad de los mercados internacionales y la necesidad de garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias ecológicas a presente y a futuro.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la conferencia impartida por el periodista especializado en información agroalimentaria Pablo Rodríguez Pinilla, quien analizó el contexto actual de la Política Agraria Común y los desafíos estratégicos que afronta el sector agrario europeo en los próximos años.

En este marco, Ecovalia recordó que España supera ya los tres millones de hectáreas certificadas en producción ecológica y lidera la Unión Europea en superficie ecológica, una posición que, según la organización, requiere un respaldo presupuestario estable y suficiente dentro de la futura PAC para evitar retrocesos en superficie, operadores e inversiones.

La entidad insiste en que la producción ecológica constituye una herramienta estratégica para reforzar la autonomía alimentaria europea, reducir la dependencia de fertilizantes e insumos de origen fósil, generar empleo en el medio rural y atraer a nuevas generaciones al campo. En este sentido, Ecovalia defiende que la nueva PAC debe blindar los recursos destinados a la producción ecológica y garantizar una financiación acorde con el peso que este modelo productivo tiene ya en España. Son necesarios al menos 1.000 millones de euros para mantener la situación actual en el sector, ya que un retroceso significaría un detrimento de la sostenibilidad y soberanía alimentaria en nuestro país.

Asimismo, la organización subrayó la importancia de desarrollar medidas que impulsen el consumo interno de productos ecológicos. Entre ellas, destaca el potencial transformador de la compra pública alimentaria en colegios, hospitales y centros sociosanitarios, una herramienta que considera fundamental para acercar los alimentos ecológicos a la ciudadanía y generar nuevas oportunidades para agricultores y ganaderos.

Reconocimiento a figuras referentes en el sector

Coincidiendo con este aniversario, Ecovalia rindió homenaje a profesionales cuya trayectoria refleja la evolución de la producción ecológica en España durante las últimas décadas.

Entre los reconocidos se encuentra Juan Silva Pozo, ganadero ecológico del Valle de Los Pedroches y uno de los pioneros de la ganadería ecológica y extensiva en Andalucía, cuya trayectoria representa el compromiso de quienes apostaron por este modelo cuando todavía era una alternativa minoritaria.

También fue reconocido Mariano Vinuesa, ganadero ecológico de Tarifa (Cádiz), referente de una generación de profesionales vinculados históricamente a la actividad ganadera que decidieron incorporar la producción ecológica como una evolución natural de su forma de entender el campo, el territorio y el manejo sostenible de los recursos.

La asociación distinguió igualmente a Manuel Vaquero, impulsor de Ajos de la Abuela Carmen, por su contribución a la innovación y al desarrollo de productos ecológicos de alto valor añadido. Ecovalia destacó además el ejemplo de relevo generacional desarrollado en la empresa, actualmente liderada por una nueva generación familiar que garantiza la continuidad del proyecto.

El reconocimiento se completó con Antonio Adame, agricultor de Fuente Palmera (Córdoba), vinculado a la producción ecológica de cítricos, huevos y membrillo, así como a la exportación y generación de valor añadido desde el territorio. La entidad puso en valor tanto su trayectoria empresarial como el proceso de relevo generacional que asegura la continuidad de una actividad estrechamente ligada al desarrollo rural.

Para Ecovalia, las historias de estos profesionales representan la mejor prueba de la transformación experimentada por el sector durante los últimos 35 años y demuestran que la producción ecológica ha pasado de ser una apuesta pionera, a convertirse en un modelo productivo consolidado, innovador y con capacidad para responder a los desafíos económicos, sociales y ambientales del futuro.

“Celebramos 35 años de trabajo colectivo, pero también reivindicamos los próximos 35. La producción ecológica ha demostrado que forma parte de la solución a muchos de los retos que afronta el campo europeo. Ahora necesitamos políticas que estén a la altura de ese potencial”, destacó la organización.

El olivar tradicional da un paso al frente con la presentación, en Córdoba, de la nueva asociación OliveA Tradición y Progreso, que nace con vocación nacional para defender la viabilidad económica, social y medioambiental del modelo de cultivo que representa la mayor parte del olivar español. La entidad surge con un mensaje claro: preservar el patrimonio histórico, cultural y paisajístico que representa el olivar tradicional, incorporando al mismo tiempo innovación, conocimiento y nuevas tecnologías que permitan garantizar su rentabilidad y su continuidad en el futuro. “Nuestro propio nombre resume nuestra razón de ser. Tradición significa conservar el patrimonio que hemos heredado: nuestro olivar, nuestro paisaje y nuestras gentes. Y progreso significa entender que no basta con hacer lo de siempre. Tenemos que incorporar el conocimiento, la tecnología y las nuevas herramientas para que ese patrimonio siga siendo viable y rentable para las próximas generaciones”, afirmó el presidente de OliveA, José Gilabert.

La asociación defiende la convivencia de todos los modelos productivos presentes en el sector, aunque reclama una diferenciación clara de cada sistema y de los valores que aporta el olivar tradicional. “No estamos aquí para enfrentar modelos de producción. Lo que defendemos es que no son lo mismo y que deben valorarse adecuadamente. Lo importante es que cada modelo aplique buenas prácticas agronómicas, ambientales y comerciales para generar más valor. El olivar tradicional tiene todavía un amplio recorrido por delante en ese camino y OliveA quiere contribuir a acelerarlo”, señaló Gilabert.

La asociación plantea una hoja de ruta basada en dos grandes pilares: la representación institucional de los olivareros tradicionales y la puesta en común de estrategias que permitan diferenciar y valorizar los aceites procedentes de variedades tradicionales. Entre las líneas de trabajo destacan la mejora de las prácticas agronómicas, la apuesta por una producción más sostenible y ecológica, el adelanto de las campañas de recolección para obtener aceites de mayor calidad, la reducción de costes de producción y la búsqueda de soluciones al creciente problema de la falta de mano de obra.

En este sentido, la vicepresidenta de OliveA, Nuria Yáñez, destacó que el futuro del olivar tradicional pasa por la profesionalización, la innovación y el trabajo conjunto entre agricultores, cooperativas y entidades técnicas. “Estamos convencidos de que proteger el olivar tradicional es proteger el medio rural, sobre todo porque el 70% del olivar de Andalucía es tradicional. Hablamos de un modelo que genera empleo, fija población, conserva el paisaje y contribuye al equilibrio ambiental. Nuestro objetivo es dar voz a esos agricultores y ayudarles a mejorar su rentabilidad mediante la modernización de las explotaciones, la digitalización, la adaptación de maquinaria específica para este tipo de cultivo y el impulso al relevo generacional”, explicó.

OlivA Tradición y Progreso considera fundamental avanzar en una estrategia comercial común que permita mejorar el posicionamiento de los aceites procedentes del olivar tradicional. “Durante demasiado tiempo hemos producido excelentes aceites sin construir una estrategia conjunta para defender su valor. Necesitamos ordenar la comercialización, comunicar mejor nuestras fortalezas y ofrecer al consumidor un producto diferenciado, sostenible y certificado que compita por su calidad”, defendió el presidente de OliveA, y confirmó: “Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas deben desempeñar un papel clave en este proceso, certificando tanto el origen como la calidad diferencial de los aceites elaborados a partir de variedades tradicionales. El mercado necesita reconocer no sólo la calidad intrínseca del aceite, sino también todos los bienes públicos que genera el olivar tradicional: empleo, biodiversidad, fijación de población, protección del paisaje y desarrollo económico ”.

OliveA reclama una revisión de los criterios de apoyo público al sector para priorizar a los olivares de montaña, alta montaña y secano. “Las ayudas deben dirigirse prioritariamente a quienes más las necesitan. No tiene sentido aplicar los mismos criterios a explotaciones altamente eficientes que a olivares que soportan costes mucho mayores y desempeñan una función social y ambiental fundamental para nuestros territorios”, defendió el secretario de OliveA, Rafael Almirón, que añadió: “Trabajaremos para lograr un reparto más justo de los recursos hídricos y una adaptación de las políticas agrarias a las necesidades reales del olivar tradicional”.

En cuanto a la situación actual del mercado del aceite de oliva, en OliveA consideramos imprescindible recuperar niveles de precios que permitan la viabilidad económica de las explotaciones, porque hay mercado para todos los aceites. “No podemos permitir que el futuro del sector pase por expulsar a miles de agricultores para que unos pocos concentren el negocio. El olivar tradicional tiene derecho a competir y a seguir siendo una fuente de riqueza para nuestros pueblos”, concluyó José Gilabert.

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, acompañado por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha informado este lunes de la finalización del pago de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), casi 276 millones de euros, correspondientes a la campaña 2025, una inyección económica que permitirá reforzar la actividad de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, en el conjunto de Andalucía, el último abono realizado asciende a casi 147 millones de euros y ha beneficiado a más de 196.500 agricultores y ganaderos. En el caso de Córdoba, este último pago ha supuesto la llegada de cerca de 31,5 millones de euros a más de 36.100 agricultores y ganaderos.

En este sentido, el delegado ha puesto de manifiesto que, en el conjunto de la campaña 2025, la Junta de Andalucía ha abonado en la provincia casi 276 millones de euros correspondientes a más de 36.600 expedientes.

“Córdoba se consolida como la tercera provincia andaluza que más fondos de la PAC recibe, con casi 276 millones de euros, solo por detrás de Jaén y Sevilla. Es un dato que refleja el enorme peso” que tiene el sector agrario cordobés “en la economía andaluza y española”, ha afirmado.

El delegado ha resaltado, además, que una de cada cinco ayudas directas de la PAC abonadas en Andalucía ha tenido como destino agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba. Se trata de “liquidez para las explotaciones agrarias, de capacidad para afrontar campañas agrícolas, de mantenimiento del empleo y de estabilidad para miles de familias que viven directa o indirectamente del campo”, ha señalado.

Asimismo, ha recordado que estas ayudas adquieren una importancia aún mayor en un contexto marcado por los efectos de la sequía, la volatilidad de los mercados y el incremento de los costes de producción. “Las ayudas de la PAC son una herramienta fundamental para garantizar la rentabilidad y la continuidad de las explotaciones agrarias y ganaderas cordobesas”, ha añadido.

No obstante, Molina ha querido poner de manifiesto que los resultados obtenidos podrían ser “aún mejores con un reparto más favorable para Andalucía”, pues “la aplicación del actual Plan Estratégico de la PAC diseñado por el Gobierno de España ha supuesto una pérdida de recursos para la provincia de Córdoba”, ha señalado.

En este sentido, ha explicado que antes de la entrada en vigor del actual modelo los pagos del primer pilar de la PAC rondaban los 304 millones de euros anuales, mientras que actualmente esa cifra se sitúa en torno a los 285 millones. Es decir, “una reducción superior a los 19 millones de euros cada año para los agricultores y ganaderos” cordobeses, ha afirmado.

A pesar de ello, ha destacado la importancia que sigue teniendo la Política Agraria Común para el desarrollo económico y social de la provincia. “Más allá de la Solicitud Única, la PAC moviliza en Córdoba una media anual de 348,6 millones de euros entre ayudas directas y medidas de desarrollo rural, lo que demuestra el papel esencial que sigue desempeñando para el sostenimiento del medio rural cordobés”, ha indicado.

Por ello, ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía de seguir defendiendo los intereses del sector. Así, seguirá defendiendo “ante todas las administraciones una PAC más justa para Andalucía y para Córdoba”, porque es “una potencia agraria europea” y merece “una financiación acorde a su peso productivo”, ha subrayado.

El delegado del Gobierno ha destacado también el esfuerzo del Ejecutivo andaluz para garantizar el relevo generacional en el campo. En este sentido, ha recordado que la Junta ha aprobado recientemente una inyección de casi 18 millones de euros para incorporar a 339 nuevos jóvenes agricultores y ganaderos en la provincia de Córdoba, con una ayuda media superior a los 52.000 euros por beneficiario.

“Tan importante como apoyar a quienes ya están en el campo es garantizar que haya una nueva generación dispuesta a tomar el relevo”, ha señalado.

Molina ha puesto igualmente en valor la práctica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno. “Esta decisión ha supuesto un auténtico alivio para muchas familias agricultoras y ganaderas. Hoy pueden transmitir sus explotaciones, sus fincas, su maquinaria o sus negocios sin poner en riesgo su viabilidad económica”, ha explicado.

Según ha señalado, esta medida evita la fragmentación de explotaciones, protege el patrimonio familiar, favorece el relevo generacional y contribuye a mantener la actividad económica y el empleo en los municipios rurales.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha destacado que la política agraria de la Junta de Andalucía se sustenta en tres pilares fundamentales: ayudas para garantizar la rentabilidad de las explotaciones, apoyo a los jóvenes para asegurar el relevo generacional y una fiscalidad que facilite la continuidad de las explotaciones familiares.

“Si Córdoba es hoy la tercera provincia andaluza receptora de fondos de la PAC es porque cuenta con un sector agrario fuerte, competitivo y comprometido, uno de los principales motores económicos de nuestra provincia”. Así, ha trasladado su reconocimiento a agricultores y ganaderos “por su esfuerzo diario y reiterar el compromiso de la Junta de Andalucía con un sector que genera empleo, riqueza, exportaciones y oportunidades en cada rincón de nuestra tierra”, ha concluido.

El sector del aceite de oliva en España atraviesa una situación de extrema tensión, una vez más. Esta vez, la tensión de los productores está marcada por una persistente caída de los precios en origen que contradice los fundamentos básicos del mercado. Según los datos actualizados a fecha de este viernes por el portal Oleista.com, el precio medio del aceite de oliva virgen extra (AOVE) en España se sitúa en 3,85 euros por cada kilo producido, lo que representa un descenso del 3,50% en los últimos diez días.

Este desplome es todavía más acusado en otras categorías, con el aceite virgen cotizando a una media de 3,27 euros por cada kilo producido (un 19,56% menos en diez días) y el lampante situándose en los 3,08 euros por cada kilo producido, tras registrar una caída del 19,85% en el mismo periodo. Esta tendencia a la baja resulta paradójica para los productores, ya que la campaña 2025/26 ha registrado una producción entre un 3% y un 6% inferior a la anterior en España, sumado a un descenso del 4% en la producción mundial según el Consejo Oleícola Internacional.

Esta “ecuación rota” supone que, a pesar de haber menos aceite disponible y de que los costes de producción se han disparado un 60% por el encarecimiento de la energía y los fertilizantes, los precios que percibe el agricultor siguen hundiéndose. Actualmente, las cotizaciones se encuentran significativamente por debajo del umbral de rentabilidad, estimado en unos 4,50 euros por cada kilo producido para el olivar tradicional, lo que está provocando que muchas explotaciones trabajen bajo pérdidas operativas.

Organizaciones como COAG denuncian que esta situación no responde a razones agronómicas, sino a una estrategia deliberada de los envasadores que, aprovechando su posición de poder en el mercado (oligopsonio), habrían paralizado las compras desde mediados de abril para forzar una bajada de precios y generar incertidumbre entre los productores.

A este escenario de presión se suma la denuncia sobre el denominado “aceite fantasma tunecino”, un producto que entra en España eludiendo los aranceles ordinarios y que, en muchos casos, pierde su rastro de origen tras pasar por países como Portugal antes de llegar a los lineales de los supermercados españoles. Se estima que el 81% del aceite de Túnez importado en 2025 utilizó cauces que esquivan los controles del contingente europeo, compitiendo de forma desleal con el producto nacional.

Por otro lado, la confianza en el mercado se ha visto seriamente dañada por un error detectado en los datos de mayo publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), lo que provocó un parón en las operaciones comerciales y contribuyó a la desestabilización de los precios. Ante este clima de inestabilidad, el Ministerio de Agricultura ya ha iniciado la consulta pública de una norma de comercialización para la campaña 2026/27 con el objetivo de regular la oferta y tratar de estabilizar el funcionamiento de un mercado que actualmente se encuentra profundamente tensionado.

Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba ha celebrado su asamblea general de socios, un encuentro en el que se ha hecho balance económico, social y sectorial del ejercicio 2025 y en el que se ha puesto de manifiesto, una vez más, “el papel esencial del cooperativismo agroalimentario como motor económico, social y territorial de la provincia”.

Según ha informado Cooperativas Agro-Alimentarias de Córdoba en una nota, durante la asamblea se ha destacado que “la facturación conjunta de las cooperativas agroalimentarias cordobesas ascendió en 2025 a 2.309.288.030 euros, una cifra que refleja la fortaleza y resiliencia del modelo cooperativo, así como su capacidad para generar valor en el territorio, pese a las dificultades sobrevenidas a lo largo del ejercicio”.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, ha subrayado que 2025 ha estado marcado por una “progresiva normalización” de la climatología, tras dos años de sequía extrema, lo que ha permitido una recuperación general de los sectores agrícolas y ganaderos.

No obstante, ha advertido que esta mejora no ha supuesto la desaparición de los problemas estructurales del sector, sino la aparición o continuidad de otros retos de gran calado. En este sentido, Sánchez de Puerta ha recordado que “el olivar se recuperó, aunque por debajo de las expectativas iniciales, debido a la incidencia de un otoño severo que mermó las previsiones de cosecha”.

También ha hecho referencia a las dificultades sufridas por la viña, “afectada por enfermedades fúngicas, como el oídio”, así como a la situación de los rumiantes, “muy perjudicados por la lengua azul y con mermas relevantes en la producción”, y a ello se ha sumado “la incertidumbre generada en el sector porcino por el brote de peste porcina africana detectado en Cataluña, con consecuencias en los mercados y en los precios”.

El aceite de oliva, por su parte, volvió a situarse como “el principal sector productivo de la provincia, con una facturación de 839 millones de euros, seguido del vacuno de leche, con 591millones, y de la alimentación animal y piensos, con 303 millones”. También “tuvieron un peso destacado los suministros, el vacuno de carne, el porcino, la aceituna de mesa, los cítricos, el ovino y caprino de carne, los cultivos herbáceos y el sector vitivinícola”.

La organización provincial cuenta con más de 80 cooperativas socias, que agrupan a más de 88.000 personas socias, de las que 28.000 son mujeres y 7.000 son jóvenes menores de 40 años. Estos datos “evidencian la dimensión económica y social de las cooperativas agroalimentarias cordobesas, así como su contribución al mantenimiento de la actividad en el medio rural”.

Un reciente informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Mapfre ha revelado que Córdoba ha registrado un total de 31 víctimas mortales en siniestros agrícolas en el periodo analizado de 2010-2023. Una situación que sitúa a la provincia cordobesa en una posición intermedia dentro del ranking nacional, siendo más concretamente la número 17, compartiendo el mismo número de fallecidos con otras provincias como Burgos y Jaén.

Este informe, al que ha tenido acceso este periódico, compara la incidencia de accidentes mortales en el sector agrario y ahí demuestra que la mayoría se concentran en la cornisa noroccidental de la Península Ibérica. De hecho, La Coruña lidera esta estadística con 92 fallecidos en apenas 13 años, seguida de Lugo con 73 y Pontevedra con 72, cifras que duplican o incluso se quedan cerca de triplicar los registros de Córdoba. Por su parte, otras provincias con alta siniestralidad son Murcia y Valencia, ambas con 69 víctimas.

1.620 muertos en el sector agrario y en el 87% de los casos intervino una máquina

El documento identifica a nivel nacional un total de 1.620 fallecidos en el sector agrario desde 2010 hasta 2023, un total de trece años que supone una media de 116 muertes anuales. Dentro de estas cifras, Córdoba representa el 2% del total de estas víctimas, una cifra significativa que subraya la necesidad de paliar este problema. Aunque más aún si se tiene en cuenta el factor principal de estos sucesos: una máquina agrícola.

Del total de fallecidos en España, 1.407 personas perdieron la vida en accidentes donde intervino una máquina agrícola, lo que representa el 87% de los casos. Más concretamente, el tractor es, el vehículo más peligroso, estando en el 70% de los accidentes mortales registrados. El análisis, por el otro lado, indica que el vuelco es el tipo de accidente más frecuente, causando 777 muertes en el periodo estudiado, lo que equivale a un fallecimiento por semana en España.

Este último dato aumenta su gravedad aún más cuando el informe confirma que el 90% de los tractores implicados en vuelcos mortales no disponía de una estructura de protección o llevaba el arco de seguridad abatido. Es decir, que la mayoría de estas muertes podrían haberse evitado si se hubieran utilizado los sistemas de protección y el cinturón de seguridad.

Asimismo, el perfil de la víctima en estos siniestros es que el 94% son hombres y la edad media se sitúa en los 59,8 años. Por otro lado, el mes de mayo es el más crítico en este sentido, acumulando 159 siniestros mortales a nivel nacional. Los lunes y martes son los días con más accidentes y la franja horaria se sitúa entre las 16:00 y las 18:00.

El estudio ha advertido, a su vez, que las estadísticas oficiales solo recogen el 29% de la siniestralidad real. Esto se debe a que muchos de estos accidentes ocurren en ámbitos privados o involucran a personas que no están dadas de alta como trabajadores agrarios por cuenta ajena, lo que invisibiliza el problema ante la administración pública. Por tanto, tanto la Universidad de Navarra como la de Zaragoza y la Fundación Mapfre ha recomendado fomentar la renovación del parque de maquinaria, sobre todo para paliar la falta de los sistemas de seguridad avanzada en modelos antiguos.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha informado este martes que la provincia de Córdoba “afronta una campaña de almendra favorable, en lo que a producción se refiere”, pues se estima que alcanzará las “11.000 toneladas, lo que representa un incremento del 30% respecto a la campaña anterior”.

A través de una nota, Adell ha precisado que “son estimaciones y quedan unos meses importantes aún, pero si todo va bien se podría alcanzar la cifra prevista”, señalando que, a nivel nacional, “se estima una cosecha de 135.250 toneladas de almendra grano, un 6,58% superior a la de la campaña anterior y un 32,89% por encima de la media de los últimos cinco años”.

Este aumento de la producción viene impulsado por dos factores clave, como son “las abundantes precipitaciones registradas durante el otoño, el invierno y el inicio de la primavera, pero también porque los años anteriores no fueron buenos y el efecto vecería tiene mucha importancia”, según ha subrayado Adell.

De este modo, las lluvias “han permitido recuperar las reservas hídricas, tanto en los suelos, como en los embalses, que presentan niveles muy elevados tras varios años marcados por la sequía, lo que garantiza también unas buenas dotaciones de agua para el riego durante el desarrollo final del cultivo, y contribuye a mejorar las expectativas de cosecha en las principales zonas productoras de la provincia”.

Por tanto, Adell ha destacado que la evolución del cultivo ha sido favorable, en términos generales, gracias a la disponibilidad de agua y al buen estado vegetativo de las plantaciones. No obstante, ha recordado que “las condiciones de elevada humedad registradas durante esta campaña también han favorecido la aparición de enfermedades fúngicas, por lo que será fundamental mantener una adecuada vigilancia fitosanitaria para preservar el potencial productivo hasta la recolección”.

Ello ha conllevado que los tratamientos, entre ellos los fungicidas, “han sido superiores y, por ende, el gasto en el cultivo, además de los daños en las infraestructuras de las fincas por las borrascas y el plus de gasto en fertilizante, a causa de la subida por los conflictos bélicos”.

Bajada de superficie

Junto a ello, Adell ha expresado su preocupación por “las grandes cifras de bajada de la superficie de almendro, debido únicamente a la proliferación exponencial de la plaga conocida como gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis), que provoca la muerte de los árboles”, y ha lamentado que, “desde que eliminaron del mercado materias activas eficaces y redujeron el número de aplicaciones, la superficie no deja de bajar”.

De hecho y según datos de la Junta de Andalucía que maneja Asaja, “la superficie en Córdoba ha bajado en dos años más de 2.500 hectáreas”. De hecho, en la última semana, Asaja Córdoba ha tenido conocimiento del arranque de dos plantaciones de almendro de sus asociados.

Para el presidente de la organización agraria, esta situación “está acabando silenciosamente con las plantaciones de almendros en Córdoba”, por lo que ha pedido a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura “que pongan soluciones”, ya que “esto es solo el principio de lo que pasará si se sigue prohibiendo el uso de fitosanitarios en este y otros cultivos”.

De hecho, ha afirmado que “la Junta de Andalucía reconoce el gran problema que tienen los agricultores e incluso en su web afirma que, en los últimos años, el gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) ha pasado de ser una plaga secundaria a convertirse en una de las principales amenazas para el cultivo del almendro en Andalucía debido, entre otros motivos, a los periodos de sequía, restricciones en las dotaciones de agua y prohibición de materias activas para su control”.

En este sentido, “su incidencia es tan grave que pone en riesgo la viabilidad de algunas explotaciones, una realidad que se agudiza con la reducción de materias activas autorizadas para su control químico”.

Es por ello, que Asaja Córdoba solicitará a la Consejería de Agricultura la “autorización excepcional de materias activas para que, a su vez, lo trasladen al Ministerio de Agricultura, y ayudas específicas para los agricultores que han tenido que arrancar las plantaciones, similares a las que el año pasado se publicaron para el mildiu en la viña y el algodoncillo en el olivar, ya que se está poniendo en peligro, en muchos casos, la continuidad y supervivencia de las explotaciones agrarias y este fue el principal argumento de la existencia de esas ayudas”.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha informado del inicio de la recolección de cereales en la provincia, una campaña marcada por unas condiciones meteorológicas muy diferentes a las de los últimos años, pero cuyos resultados “no están siendo tan positivos como cabría esperar tras un ejercicio pluviométrico por encima de la media”.

Según ha explicado Adell, las abundantes lluvias registradas durante el invierno y la primavera han provocado una gran heterogeneidad entre explotaciones, encontrándose parcelas con resultados aceptables junto a otras con rendimientos claramente inferiores. En términos generales, “la cosecha presenta unas producciones medias-bajas, alejadas de las expectativas que se habían generado tras las precipitaciones acumuladas”.

“El año meteorológico no ha permitido que los cultivos se desarrollen con normalidad, ya que en muchos momentos no se ha podido acceder a las parcelas para realizar los tratamientos contra plagas y enfermedades ni aplicar los abonados en las fechas más adecuadas”, ha señalado el presidente de ASAJA Córdoba.

Las persistentes lluvias han favorecido además una elevada incidencia de enfermedades fúngicas y malas hierbas, obligando en numerosas ocasiones a repetir tratamientos, especialmente fungicidas, hasta en dos aplicaciones. Asimismo, se han producido importantes retrasos en la aplicación de los abonados de cobertera y de los tratamientos fitosanitarios, repercutiendo negativamente en el desarrollo final de los cultivos.

Como consecuencia de esta situación, los rendimientos obtenidos vuelven a situarse en niveles similares a los de campañas anteriores, pese a tratarse de un año con una pluviometría significativamente superior a la media provincial.

En cuanto al comportamiento de las distintas variedades, Asaja Córdoba destaca que los trigos blandos presentan un mejor estado general que los trigos duros y las cebadas. No obstante, las producciones son inferiores a las de la campaña pasada y, además, se ha vuelto a registrar la presencia del mosquito del trigo (Mayetiola destructor), una plaga que viene afectando a los cerealistas cordobeses durante los últimos años.

Las previsiones apuntan a rendimientos medios en trigo blando de alrededor de 3.500 kilogramos por hectárea, mientras que los trigos duros apenas alcanzarán los 2.800 kilogramos por hectárea de media. Respecto a la calidad del grano, la organización agraria prevé una campaña muy desigual, reflejo de la variabilidad observada en las distintas zonas productoras y explotaciones.

Situación de las leguminosas

La campaña de leguminosas también presenta importantes contrastes según especies y zonas de cultivo. Las persistentes lluvias dificultaron las siembras durante buena parte de la campaña, reduciendo significativamente la superficie implantada. Muchas parcelas no pudieron sembrarse y, en aquellas que sí se establecieron, “los problemas de nascencia y enfermedades han provocado una notable reducción de las producciones, especialmente en guisantes y habas”.

Por el contrario, los garbanzos de primavera muestran una evolución más favorable y presentan un desarrollo vegetativo satisfactorio hasta el momento.

Precios estancados frente al aumento de los costes

Asaja Córdoba recuerda que la rentabilidad del cereal sigue siendo una de las principales preocupaciones de los agricultores. Aunque “los costes de producción se han incrementado notablemente durante las últimas décadas, los precios percibidos por los productores no han evolucionado al mismo ritmo”.

Como ejemplo, la organización destaca que, en el año 1990, el trigo blando cotizaba a 25,60 pesetas por kilogramo, lo que equivale a 153,86 euros por tonelada. Sin embargo, si se actualiza esta cantidad conforme a la inflación acumulada registrada en España desde entonces, cercana al 155 por ciento según los datos oficiales del Índice de Precios de Consumo (IPC), ese precio equivaldría actualmente a unos 392 euros por tonelada.

Esta comparación pone de manifiesto “la pérdida de poder adquisitivo y rentabilidad que han sufrido los cerealistas en las últimas décadas, especialmente en un contexto marcado por el incremento de los costes de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, combustible, maquinaria y mano de obra”.

Petición para las labores de suelo

Por ello, la organización agraria reclama medidas que permitan “garantizar unos precios justos para los productores, acordes con la evolución de los costes y con el esfuerzo que realizan los agricultores para mantener la producción de cereal en la provincia de Córdoba”.

Asimismo, ante la creciente presión de plagas y enfermedades, Asaja Córdoba hace un llamamiento a las administraciones para que se permita a los agricultores realizar las labores agrícolas necesarias en el momento oportuno.

En este sentido, Fernando Adell ha insistido en la necesidad de “dejar a los agricultores labrar en tiempo para intentar sanear los suelos de todas las plagas y enfermedades que están sufriendo los cultivos y que cada vez son más agresivas”, contribuyendo así a mejorar la sanidad vegetal y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas de la provincia.