La agricultura y la ganadería cada vez es más costosa. Al menos en origen. En la Península Ibérica, el gran cultivo y el que siempre ha tenido la imagen de ser muy rentable, es el olivar, una producción milenaria que ya hizo rica a Hispania. En Roma sobrevive un monte artificial, el Testaccio, que creció por las ánforas arrojadas allí y que habían llegado llenas de aceite de oliva procedentes de la Península.

Hace unos 20 años, los agricultores consideraban que un buen precio para su cosecha era cobrar unos tres euros por kilo de aceite de oliva producido. Pero en las dos últimas décadas, los costes de producción han aumentado tanto que un reciente estudio de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) considera que para que el cultivo siga siendo rentable los agricultores tienen que percibir un mínimo de cinco euros por kilo de aceite producido. Y eso es algo que actualmente no está pasando.

Este alarmante diagnóstico forma parte de la sexta actualización del estudio Aproximación a los Costes del Cultivo del Olivo, coordinado por José María Penco y actualizado a julio de 2026. El informe revela una escalada de gastos sin precedentes: los costes medios de producción se han elevado alrededor de un 57% en apenas los últimos seis años. Esta subida se ha producido en dos tramos; un incremento cercano al 40% entre 2020 y 2023, al que se ha sumado un 12% adicional detectado entre 2023 y 2026. Para entender la magnitud de la crisis, lo que en el primer estudio de 2010 se consideraba un precio satisfactorio —los ya mencionados tres euros por kilogramo— es hoy totalmente insuficiente para cubrir los gastos de la mayoría de los sistemas de cultivo.

La realidad del mercado en julio de 2026, con un precio medio ponderado de 3,265 euros por kilo, sitúa a gran parte del sector por debajo de la rentabilidad. Pero eso es algo que solo ocurre en España. En el resto de países productores es raro ver precios en origen por debajo de los cuatro euros el kilo. Es más, en Italia incluso se paga de media a nueve euros, algo que siempre ha demandado AEMO: concienciar a los consumidores del precio real de la producción de algo tan valioso como el aceite de oliva.

El estudio de costes según el tipo de olivar

La metodología empleada por AEMO, en colaboración con expertos de la Universidad de Córdoba y el Ifapa, ha analizado cuatro grandes sistemas de cultivo para determinar sus umbrales de supervivencia económica. El sistema más castigado es el Olivar Tradicional No Mecanizable (OTNM), típico de sierra o montaña con pendientes superiores al 20% que impiden el uso de maquinaria para la recolección. En estas explotaciones, el coste total de obtención de un kilo de aceite se dispara hasta los 5,31 euros por kilo, lo que las sitúa en una situación de vulnerabilidad extrema. Le sigue el Olivar Tradicional Mecanizable (OTM), con pendientes más moderadas que permiten cierta mecanización, pero que aun así presenta costes de 4,67 euros en secano y 4,18 euros en regadío. Estos dos sistemas tradicionales son el corazón del sector, ya que representan más de la mitad de la superficie de olivar cultivada en España.

El estudio de 2026 introduce como gran novedad la inclusión sistemática de la renta de la tierra y los costes de amortización de la plantación, calculados para un periodo de 25 años. Por ejemplo, en el olivar de seto en regadío, la inversión inicial necesaria alcanza los 11.986 euros por hectárea, incluyendo la preparación del terreno, la instalación del emparrado y el sistema de riego. Estos factores elevan el precio necesario para no perder dinero. Incluso en los sistemas más eficientes, como el Olivar Superintensivo o en Seto (OS), que permite una recolección integral con cosechadora, los costes totales no bajan de los 3,08 euros por kilo en regadío y 3,17 euros en secano. El olivar intensivo, con densidades de entre 200 y 600 árboles por hectárea, se sitúa en un punto intermedio con costes de 3,52 euros en secano y 3,20 euros en regadío.

La composición del gasto diario del agricultor también ha sufrido una transformación profunda. Los precios unitarios de la mano de obra se han fijado en este estudio según la media de los convenios del campo de Córdoba y Jaén para 2025: un trabajador cualificado (tractorista o podador) percibe 10,46 euros por hora, mientras que el peón cobra 9,85 euros a la hora. A esto se suma el coste de la energía y la maquinaria; operar un tractor de 95 caballos cuesta actualmente 47,20 euros por hora, una cifra que ya incluye la amortización, el combustible, el mantenimiento y el propio salario del operario.

Dentro de las labores de cultivo, la recolección sigue siendo la partida más pesada, suponiendo cerca del 40% de los costes totales en los sistemas tradicionales. La optimización de esta tarea mediante la máxima mecanización posible es, según AEMO, la clave absoluta para buscar la rentabilidad. Por otro lado, los costes de riego, que a menudo son ignorados por los propietarios debido a la mayor producción que generan, representan ya en torno al 20% del total de gastos en las explotaciones que cuentan con suministro de agua. La fertilización, por su parte, supone aproximadamente el 15% del total, aunque los expertos advierten que muchos agricultores gastan más de lo necesario al no realizar análisis foliares previos que indiquen las carencias reales del árbol.

El olivar de sierra en peligro de extinción

La situación es especialmente dramática para el olivar de sierra, donde la alta pendiente impide el cambio de sistema o el aumento de la mecanización para recortar gastos. Ante este escenario, AEMO propone que la única salida para estas explotaciones de sierra es la diferenciación: aumentar el valor añadido del aceite aprovechando su alta intensidad aromática y su contenido en biofenoles, así como apostar por la producción ecológica. Además, el informe sugiere potenciar el oleoturismo vinculado a estos paisajes singulares como una fuente de ingresos complementaria y reclama ayudas públicas adicionales que reconozcan el valor social y medioambiental que este tipo de olivar aporta a las comarcas más desfavorecidas.

El sector se enfrenta a una encrucijada vital. Con unos costes que han crecido de forma estable y desproporcionada frente a unos precios en origen marcados por la volatilidad, la supervivencia del olivar tradicional —que sustenta a miles de familias y municipios en España— depende de tres vías: el aumento del precio del aceite mediante la promoción y el fomento de la demanda, la reducción de costes a través de una mecanización extrema o la reconversión racional hacia sistemas más intensivos. Sin un escenario de precios que ronde los cinco euros por kilo, la mayoría de las explotaciones tradicionales españolas se verán forzadas a producir bajo el umbral de la rentabilidad, poniendo en riesgo el futuro de este cultivo milenario.

La cosecha de la actual campaña de aceite de oliva registra un descenso en la producción frente a las estimaciones iniciales, hasta alcanzar 1.298.000 toneladas, cifra que permite un enlace de campaña suficiente para cumplir con las necesidades de mercado, según la información de la mesa sectorial de aceite de oliva y aceituna de mesa. En este foro se han han analizado los principales resultados de la campaña 2025/26 y también se han avanzado las previsiones que dibuja la siguiente campaña, 2026/27, con un alza en la producción.

Aunque la campaña comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre, la cosecha de aceituna ya ha concluido y en estos últimos meses ya casi no hay producción. Como resultado, este año se observa una producción un 9% inferior a la cosecha precedente y un 17 % superior a la media de las últimas cuatro. A pesar de la menor producción, el ritmo de comercialización durante los ocho meses de campaña transcurridos y de los que se disponen datos ha sido similar al de la campaña anterior.

En la reunión de la mesa sectorial también se ha analizado la evolución de las cotizaciones de aceite de oliva que han seguido, en general, una ligera tendencia a la baja durante la campaña, pero se sitúan por encima de los precios de la anterior para las mismas fechas, entre un 5,1 % y un 8,7 %, en función de las distintas categorías, según los últimos datos disponibles.

Buena floración y fruto cuajado para la campaña 2026/27

Durante la reunión, los participantes han intercambiado información sobre el estado del cultivo en las fechas actuales, que apunta a previsiones de cosecha para la campaña 2026/27 superiores a las registradas en la campaña actual, dadas las buenas condiciones climáticas durante los meses de primavera, que han permitido una buena floración y cuajado del fruto.

No obstante, hasta principios de octubre no se conocerán los primeros datos de aforo de la futura campaña, que podrán avanzar la producción que se podrá esperar para la próxima cosecha de aceite de oliva.

La mesa sectorial ha abordado la necesidad de tener dispuestas las herramientas necesarias en el caso de una sobreoferta que pueda generar desequilibrios de mercado. De hecho, el Ministerio ha realizado una consulta pública previa del proyecto de norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27 que ha estado disponible hasta el 3 de julio.

En el caso de la aceituna de mesa, cuya campaña ha llegado a su noveno mes, la producción ha alcanzado 503.000 toneladas, nivel inferior a la pasada campaña, pero que se espera permita cubrir las necesidades de comercialización en el trimestre que resta para finalizar la campaña.

También se han analizado las implicaciones comerciales de los aranceles interpuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española y cuyas consecuencias se cifran en pérdidas de 257 millones de euros. E, igualmente, se han abordado cuestiones relativas al correcto funcionamiento de la cadena de valor del aceite de oliva y de los diversos sistemas de los que se dispone para su control.

Un equipo de investigación del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de Córdoba ha identificado variedades de avena con elevados niveles de proteínas, fibras y compuestos antioxidantes que podrán servir como base para el desarrollo de nuevas semillas más saludables, productivas y adaptadas a una agricultura sostenible.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el estudio, realizado en colaboración con el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba (UCO) y del Instituto Agronómico Nacional de Túnez, ha analizado 126 variedades procedentes de 18 países mediterráneos, todas ellas cultivadas en Córdoba en las mismas condiciones experimentales, con el objetivo de localizar aquellas que reúnen las características más demandadas por la industria alimentaria y los programas de mejora genética.

El estudio, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y que ha sido publicado en la revista científica 'Antioxidants', revela que alrededor del 20% de las muestras estudiadas concentra buena parte de los rasgos nutricionales más valiosos, lo que abre nuevas oportunidades para desarrollar cultivos capaces de combinar calidad alimentaria, sostenibilidad y rentabilidad agraria.

Los investigadores han analizado componentes asociados a beneficios para la salud, como los betaglucanos, una fibra reconocida por su capacidad para ayudar a reducir el colesterol y regular la glucosa en sangre, y también han estudiado los arabinoxilanos, que están relacionados con el equilibrio de la microbiota intestinal, y antioxidantes naturales, como los polifenoles y las avenantramidas, compuestos exclusivos de la avena con propiedades antiinflamatorias y cardioprotectoras.

El trabajo demuestra que existen importantes diferencias entre variedades y especies de avena. Algunas alcanzaron niveles de proteína de hasta el 18,5%, mientras que otras destacaron por su elevado contenido en fibra y antioxidantes. Además, los científicos han observado que determinados compuestos beneficiosos aparecen asociados entre sí, lo que permitirá diseñar estrategias de mejora genética orientadas a obtener semillas con perfiles nutricionales más completos.

La investigación también pone de relieve el valor de las variedades tradicionales mediterráneas, que conservan una gran diversidad genética acumulada durante generaciones y constituyen una fuente de características de enorme interés para afrontar los retos futuros de la agricultura y la alimentación.

Según ha explicado a Fundación Descubre la investigadora del IAS-CSI y coautora del estudio, Gracia Montilla, el objetivo no es seleccionar una única variedad ideal, sino combinar, mediante programas de mejora genética, los mejores atributos encontrados en cada una de ellas para responder a las demandas de los consumidores, agricultores e industria alimentaria.

Sistemas agrícolas más sostenibles

Además de su interés nutricional, la avena es un cultivo resistente y versátil, capaz de desarrollarse en condiciones menos favorables que otros cereales, por lo que puede desempeñar un papel relevante en sistemas agrícolas más sostenibles y mejor adaptados al cambio climático.

Este trabajo constituye una primera fase de investigación que permitirá incorporar los resultados obtenidos a futuros programas de mejora genética, integrando también otros factores de interés agronómico como el rendimiento, la resistencia a enfermedades o la adaptación a distintas condiciones ambientales.

La investigación ha sido financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía a través del proyecto Qualifica, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Para la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, este avance refuerza la posición de Andalucía como referente en investigación agroalimentaria y demuestra el potencial de la ciencia para impulsar una alimentación más saludable, una agricultura más sostenible y nuevas oportunidades de innovación para el sector agroalimentario andaluz.

La Universidad de Córdoba (UCO), a través de su Cátedra Internacional Enia de Inteligencia Artificial y Agricultura, y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) han firmado este jueves un protocolo general de actuación para colaborar en las actividades de investigación, innovación y transferencia que se promuevan en el seno de esta cátedra.

Según ha informado la UCO en una nota, el convenio ha sido suscrito por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y la presidenta del Ifapa, Marta Bosquet, en un acto en el que también ha participado la directora de la Cátedra Internacional Enia Córdoba, Rosa Gallardo; la vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo, y el investigador titular del Ifapa, Carlos Parra.

El acuerdo tiene como objetivo establecer un marco de colaboración estable entre ambas instituciones para facilitar el desarrollo de proyectos y acciones conjuntas relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial al sector agroalimentario. Esta alianza permitirá reforzar la conexión entre la investigación universitaria, la innovación tecnológica y las necesidades reales del sector en Andalucía.

La colaboración podrá contemplar, entre otras actuaciones, el asesoramiento recíproco, el intercambio de información científica y tecnológica, la elaboración de informes, la creación de grupos de trabajo, la organización de actividades comunes de promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la ejecución de estudios, proyectos y programas de I+D en ámbitos vinculados a la inteligencia artificial aplicada a la agricultura.

Además, el protocolo prevé la cooperación en programas de formación de personal investigador y la organización de jornadas y seminarios sobre temas de interés común, especialmente aquellos centrados en el uso de tecnologías inteligentes para avanzar hacia una agricultura más eficiente, sostenible y competitiva.

Con la firma de este convenio, la Universidad de Córdoba, su Cátedra Internacional Enia de Inteligencia Artificial y Agricultura y el Ifapa refuerzan su compromiso con la modernización del sector agroalimentario andaluz y con el desarrollo de soluciones tecnológicas que respondan a los retos a los que se enfrenta en la actualidad.

El germen de este acuerdo está en el congreso internacional AI-Agrifood, celebrado el pasado 19 de marzo, organizado por la Cátedra Enia de la Universidad de Córdoba junto con el Ifapa y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC).

La Cátedra Internacional Enia de Inteligencia Artificial y Agricultura es una iniciativa de la Universidad de Córdoba que busca impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento sobre la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector agroalimentario y forestal.

Esta cátedra pretende integrar tecnologías como espacios de datos, gemelos digitales, sistemas predictivos y asistentes virtuales en distintos cultivos y ecosistemas, como los mediterráneos, extensivos, leñosos o invernaderos, con el objetivo de mejorar la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia del sector.

Se trata de una alianza público-privada con una financiación superior a los 2 millones de euros, promovida por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública junto a empresas como Hispatec, Fertinagro, XFarm Technologies y Deuser.

Con un plan de trabajo para el periodo 2023-2027, que incluye más de 40 actividades, la cátedra cuenta con la participación de 72 investigadores de instituciones como la Universidad de Córdoba, el IAS-CSIC y la Universidad de Melbourne (Australia).

La integración de esta última y las cartas de adhesión y compromiso que firmaron el Trinity College Dublin (Irlanda), ARS-USDA, UK Leuven, Uncuyo, S3P Agrifood T&BD, EDIH Andalucía Agrotech y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), donde se ha trabajado y trabaja para la formación de 'startups' (agtech) de los 34 países miembros de esta entidad, convierten a la cátedra en un referente global en innovación y digitalización agroalimentaria.

Para consolidar el liderazgo europeo de España en producción ecológica, Ecovalia exige una Política Agraria Común (PAC) suficientemente dotada, un mayor respaldo institucional y una apuesta decidida por el desarrollo del mercado interior, especialmente a través de la compra pública de alimentos ecológicos. La asociación ha aprovechado la celebración de su 35 aniversario para lanzar un mensaje claro sobre el futuro del sector ecológico español.  

Durante el encuentro conmemorativo celebrado en el marco de su Asamblea General, la asociación reunió a representantes y profesionales del sector, así como a representantes institucionales y directores de medios de comunicación. El objetivo, reflexionar sobre los desafíos que afronta la producción ecológica en un contexto marcado por el cambio climático, la volatilidad de los mercados internacionales y la necesidad de garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias ecológicas a presente y a futuro.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la conferencia impartida por el periodista especializado en información agroalimentaria Pablo Rodríguez Pinilla, quien analizó el contexto actual de la Política Agraria Común y los desafíos estratégicos que afronta el sector agrario europeo en los próximos años.

En este marco, Ecovalia recordó que España supera ya los tres millones de hectáreas certificadas en producción ecológica y lidera la Unión Europea en superficie ecológica, una posición que, según la organización, requiere un respaldo presupuestario estable y suficiente dentro de la futura PAC para evitar retrocesos en superficie, operadores e inversiones.

La entidad insiste en que la producción ecológica constituye una herramienta estratégica para reforzar la autonomía alimentaria europea, reducir la dependencia de fertilizantes e insumos de origen fósil, generar empleo en el medio rural y atraer a nuevas generaciones al campo. En este sentido, Ecovalia defiende que la nueva PAC debe blindar los recursos destinados a la producción ecológica y garantizar una financiación acorde con el peso que este modelo productivo tiene ya en España. Son necesarios al menos 1.000 millones de euros para mantener la situación actual en el sector, ya que un retroceso significaría un detrimento de la sostenibilidad y soberanía alimentaria en nuestro país.

Asimismo, la organización subrayó la importancia de desarrollar medidas que impulsen el consumo interno de productos ecológicos. Entre ellas, destaca el potencial transformador de la compra pública alimentaria en colegios, hospitales y centros sociosanitarios, una herramienta que considera fundamental para acercar los alimentos ecológicos a la ciudadanía y generar nuevas oportunidades para agricultores y ganaderos.

Reconocimiento a figuras referentes en el sector

Coincidiendo con este aniversario, Ecovalia rindió homenaje a profesionales cuya trayectoria refleja la evolución de la producción ecológica en España durante las últimas décadas.

Entre los reconocidos se encuentra Juan Silva Pozo, ganadero ecológico del Valle de Los Pedroches y uno de los pioneros de la ganadería ecológica y extensiva en Andalucía, cuya trayectoria representa el compromiso de quienes apostaron por este modelo cuando todavía era una alternativa minoritaria.

También fue reconocido Mariano Vinuesa, ganadero ecológico de Tarifa (Cádiz), referente de una generación de profesionales vinculados históricamente a la actividad ganadera que decidieron incorporar la producción ecológica como una evolución natural de su forma de entender el campo, el territorio y el manejo sostenible de los recursos.

La asociación distinguió igualmente a Manuel Vaquero, impulsor de Ajos de la Abuela Carmen, por su contribución a la innovación y al desarrollo de productos ecológicos de alto valor añadido. Ecovalia destacó además el ejemplo de relevo generacional desarrollado en la empresa, actualmente liderada por una nueva generación familiar que garantiza la continuidad del proyecto.

El reconocimiento se completó con Antonio Adame, agricultor de Fuente Palmera (Córdoba), vinculado a la producción ecológica de cítricos, huevos y membrillo, así como a la exportación y generación de valor añadido desde el territorio. La entidad puso en valor tanto su trayectoria empresarial como el proceso de relevo generacional que asegura la continuidad de una actividad estrechamente ligada al desarrollo rural.

Para Ecovalia, las historias de estos profesionales representan la mejor prueba de la transformación experimentada por el sector durante los últimos 35 años y demuestran que la producción ecológica ha pasado de ser una apuesta pionera, a convertirse en un modelo productivo consolidado, innovador y con capacidad para responder a los desafíos económicos, sociales y ambientales del futuro.

“Celebramos 35 años de trabajo colectivo, pero también reivindicamos los próximos 35. La producción ecológica ha demostrado que forma parte de la solución a muchos de los retos que afronta el campo europeo. Ahora necesitamos políticas que estén a la altura de ese potencial”, destacó la organización.

El olivar tradicional da un paso al frente con la presentación, en Córdoba, de la nueva asociación OliveA Tradición y Progreso, que nace con vocación nacional para defender la viabilidad económica, social y medioambiental del modelo de cultivo que representa la mayor parte del olivar español. La entidad surge con un mensaje claro: preservar el patrimonio histórico, cultural y paisajístico que representa el olivar tradicional, incorporando al mismo tiempo innovación, conocimiento y nuevas tecnologías que permitan garantizar su rentabilidad y su continuidad en el futuro. “Nuestro propio nombre resume nuestra razón de ser. Tradición significa conservar el patrimonio que hemos heredado: nuestro olivar, nuestro paisaje y nuestras gentes. Y progreso significa entender que no basta con hacer lo de siempre. Tenemos que incorporar el conocimiento, la tecnología y las nuevas herramientas para que ese patrimonio siga siendo viable y rentable para las próximas generaciones”, afirmó el presidente de OliveA, José Gilabert.

La asociación defiende la convivencia de todos los modelos productivos presentes en el sector, aunque reclama una diferenciación clara de cada sistema y de los valores que aporta el olivar tradicional. “No estamos aquí para enfrentar modelos de producción. Lo que defendemos es que no son lo mismo y que deben valorarse adecuadamente. Lo importante es que cada modelo aplique buenas prácticas agronómicas, ambientales y comerciales para generar más valor. El olivar tradicional tiene todavía un amplio recorrido por delante en ese camino y OliveA quiere contribuir a acelerarlo”, señaló Gilabert.

La asociación plantea una hoja de ruta basada en dos grandes pilares: la representación institucional de los olivareros tradicionales y la puesta en común de estrategias que permitan diferenciar y valorizar los aceites procedentes de variedades tradicionales. Entre las líneas de trabajo destacan la mejora de las prácticas agronómicas, la apuesta por una producción más sostenible y ecológica, el adelanto de las campañas de recolección para obtener aceites de mayor calidad, la reducción de costes de producción y la búsqueda de soluciones al creciente problema de la falta de mano de obra.

En este sentido, la vicepresidenta de OliveA, Nuria Yáñez, destacó que el futuro del olivar tradicional pasa por la profesionalización, la innovación y el trabajo conjunto entre agricultores, cooperativas y entidades técnicas. “Estamos convencidos de que proteger el olivar tradicional es proteger el medio rural, sobre todo porque el 70% del olivar de Andalucía es tradicional. Hablamos de un modelo que genera empleo, fija población, conserva el paisaje y contribuye al equilibrio ambiental. Nuestro objetivo es dar voz a esos agricultores y ayudarles a mejorar su rentabilidad mediante la modernización de las explotaciones, la digitalización, la adaptación de maquinaria específica para este tipo de cultivo y el impulso al relevo generacional”, explicó.

OlivA Tradición y Progreso considera fundamental avanzar en una estrategia comercial común que permita mejorar el posicionamiento de los aceites procedentes del olivar tradicional. “Durante demasiado tiempo hemos producido excelentes aceites sin construir una estrategia conjunta para defender su valor. Necesitamos ordenar la comercialización, comunicar mejor nuestras fortalezas y ofrecer al consumidor un producto diferenciado, sostenible y certificado que compita por su calidad”, defendió el presidente de OliveA, y confirmó: “Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas deben desempeñar un papel clave en este proceso, certificando tanto el origen como la calidad diferencial de los aceites elaborados a partir de variedades tradicionales. El mercado necesita reconocer no sólo la calidad intrínseca del aceite, sino también todos los bienes públicos que genera el olivar tradicional: empleo, biodiversidad, fijación de población, protección del paisaje y desarrollo económico ”.

OliveA reclama una revisión de los criterios de apoyo público al sector para priorizar a los olivares de montaña, alta montaña y secano. “Las ayudas deben dirigirse prioritariamente a quienes más las necesitan. No tiene sentido aplicar los mismos criterios a explotaciones altamente eficientes que a olivares que soportan costes mucho mayores y desempeñan una función social y ambiental fundamental para nuestros territorios”, defendió el secretario de OliveA, Rafael Almirón, que añadió: “Trabajaremos para lograr un reparto más justo de los recursos hídricos y una adaptación de las políticas agrarias a las necesidades reales del olivar tradicional”.

En cuanto a la situación actual del mercado del aceite de oliva, en OliveA consideramos imprescindible recuperar niveles de precios que permitan la viabilidad económica de las explotaciones, porque hay mercado para todos los aceites. “No podemos permitir que el futuro del sector pase por expulsar a miles de agricultores para que unos pocos concentren el negocio. El olivar tradicional tiene derecho a competir y a seguir siendo una fuente de riqueza para nuestros pueblos”, concluyó José Gilabert.

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, acompañado por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha informado este lunes de la finalización del pago de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), casi 276 millones de euros, correspondientes a la campaña 2025, una inyección económica que permitirá reforzar la actividad de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, en el conjunto de Andalucía, el último abono realizado asciende a casi 147 millones de euros y ha beneficiado a más de 196.500 agricultores y ganaderos. En el caso de Córdoba, este último pago ha supuesto la llegada de cerca de 31,5 millones de euros a más de 36.100 agricultores y ganaderos.

En este sentido, el delegado ha puesto de manifiesto que, en el conjunto de la campaña 2025, la Junta de Andalucía ha abonado en la provincia casi 276 millones de euros correspondientes a más de 36.600 expedientes.

“Córdoba se consolida como la tercera provincia andaluza que más fondos de la PAC recibe, con casi 276 millones de euros, solo por detrás de Jaén y Sevilla. Es un dato que refleja el enorme peso” que tiene el sector agrario cordobés “en la economía andaluza y española”, ha afirmado.

El delegado ha resaltado, además, que una de cada cinco ayudas directas de la PAC abonadas en Andalucía ha tenido como destino agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba. Se trata de “liquidez para las explotaciones agrarias, de capacidad para afrontar campañas agrícolas, de mantenimiento del empleo y de estabilidad para miles de familias que viven directa o indirectamente del campo”, ha señalado.

Asimismo, ha recordado que estas ayudas adquieren una importancia aún mayor en un contexto marcado por los efectos de la sequía, la volatilidad de los mercados y el incremento de los costes de producción. “Las ayudas de la PAC son una herramienta fundamental para garantizar la rentabilidad y la continuidad de las explotaciones agrarias y ganaderas cordobesas”, ha añadido.

No obstante, Molina ha querido poner de manifiesto que los resultados obtenidos podrían ser “aún mejores con un reparto más favorable para Andalucía”, pues “la aplicación del actual Plan Estratégico de la PAC diseñado por el Gobierno de España ha supuesto una pérdida de recursos para la provincia de Córdoba”, ha señalado.

En este sentido, ha explicado que antes de la entrada en vigor del actual modelo los pagos del primer pilar de la PAC rondaban los 304 millones de euros anuales, mientras que actualmente esa cifra se sitúa en torno a los 285 millones. Es decir, “una reducción superior a los 19 millones de euros cada año para los agricultores y ganaderos” cordobeses, ha afirmado.

A pesar de ello, ha destacado la importancia que sigue teniendo la Política Agraria Común para el desarrollo económico y social de la provincia. “Más allá de la Solicitud Única, la PAC moviliza en Córdoba una media anual de 348,6 millones de euros entre ayudas directas y medidas de desarrollo rural, lo que demuestra el papel esencial que sigue desempeñando para el sostenimiento del medio rural cordobés”, ha indicado.

Por ello, ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía de seguir defendiendo los intereses del sector. Así, seguirá defendiendo “ante todas las administraciones una PAC más justa para Andalucía y para Córdoba”, porque es “una potencia agraria europea” y merece “una financiación acorde a su peso productivo”, ha subrayado.

El delegado del Gobierno ha destacado también el esfuerzo del Ejecutivo andaluz para garantizar el relevo generacional en el campo. En este sentido, ha recordado que la Junta ha aprobado recientemente una inyección de casi 18 millones de euros para incorporar a 339 nuevos jóvenes agricultores y ganaderos en la provincia de Córdoba, con una ayuda media superior a los 52.000 euros por beneficiario.

“Tan importante como apoyar a quienes ya están en el campo es garantizar que haya una nueva generación dispuesta a tomar el relevo”, ha señalado.

Molina ha puesto igualmente en valor la práctica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno. “Esta decisión ha supuesto un auténtico alivio para muchas familias agricultoras y ganaderas. Hoy pueden transmitir sus explotaciones, sus fincas, su maquinaria o sus negocios sin poner en riesgo su viabilidad económica”, ha explicado.

Según ha señalado, esta medida evita la fragmentación de explotaciones, protege el patrimonio familiar, favorece el relevo generacional y contribuye a mantener la actividad económica y el empleo en los municipios rurales.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha destacado que la política agraria de la Junta de Andalucía se sustenta en tres pilares fundamentales: ayudas para garantizar la rentabilidad de las explotaciones, apoyo a los jóvenes para asegurar el relevo generacional y una fiscalidad que facilite la continuidad de las explotaciones familiares.

“Si Córdoba es hoy la tercera provincia andaluza receptora de fondos de la PAC es porque cuenta con un sector agrario fuerte, competitivo y comprometido, uno de los principales motores económicos de nuestra provincia”. Así, ha trasladado su reconocimiento a agricultores y ganaderos “por su esfuerzo diario y reiterar el compromiso de la Junta de Andalucía con un sector que genera empleo, riqueza, exportaciones y oportunidades en cada rincón de nuestra tierra”, ha concluido.

El sector del aceite de oliva en España atraviesa una situación de extrema tensión, una vez más. Esta vez, la tensión de los productores está marcada por una persistente caída de los precios en origen que contradice los fundamentos básicos del mercado. Según los datos actualizados a fecha de este viernes por el portal Oleista.com, el precio medio del aceite de oliva virgen extra (AOVE) en España se sitúa en 3,85 euros por cada kilo producido, lo que representa un descenso del 3,50% en los últimos diez días.

Este desplome es todavía más acusado en otras categorías, con el aceite virgen cotizando a una media de 3,27 euros por cada kilo producido (un 19,56% menos en diez días) y el lampante situándose en los 3,08 euros por cada kilo producido, tras registrar una caída del 19,85% en el mismo periodo. Esta tendencia a la baja resulta paradójica para los productores, ya que la campaña 2025/26 ha registrado una producción entre un 3% y un 6% inferior a la anterior en España, sumado a un descenso del 4% en la producción mundial según el Consejo Oleícola Internacional.

Esta “ecuación rota” supone que, a pesar de haber menos aceite disponible y de que los costes de producción se han disparado un 60% por el encarecimiento de la energía y los fertilizantes, los precios que percibe el agricultor siguen hundiéndose. Actualmente, las cotizaciones se encuentran significativamente por debajo del umbral de rentabilidad, estimado en unos 4,50 euros por cada kilo producido para el olivar tradicional, lo que está provocando que muchas explotaciones trabajen bajo pérdidas operativas.

Organizaciones como COAG denuncian que esta situación no responde a razones agronómicas, sino a una estrategia deliberada de los envasadores que, aprovechando su posición de poder en el mercado (oligopsonio), habrían paralizado las compras desde mediados de abril para forzar una bajada de precios y generar incertidumbre entre los productores.

A este escenario de presión se suma la denuncia sobre el denominado “aceite fantasma tunecino”, un producto que entra en España eludiendo los aranceles ordinarios y que, en muchos casos, pierde su rastro de origen tras pasar por países como Portugal antes de llegar a los lineales de los supermercados españoles. Se estima que el 81% del aceite de Túnez importado en 2025 utilizó cauces que esquivan los controles del contingente europeo, compitiendo de forma desleal con el producto nacional.

Por otro lado, la confianza en el mercado se ha visto seriamente dañada por un error detectado en los datos de mayo publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), lo que provocó un parón en las operaciones comerciales y contribuyó a la desestabilización de los precios. Ante este clima de inestabilidad, el Ministerio de Agricultura ya ha iniciado la consulta pública de una norma de comercialización para la campaña 2026/27 con el objetivo de regular la oferta y tratar de estabilizar el funcionamiento de un mercado que actualmente se encuentra profundamente tensionado.

Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba ha celebrado su asamblea general de socios, un encuentro en el que se ha hecho balance económico, social y sectorial del ejercicio 2025 y en el que se ha puesto de manifiesto, una vez más, “el papel esencial del cooperativismo agroalimentario como motor económico, social y territorial de la provincia”.

Según ha informado Cooperativas Agro-Alimentarias de Córdoba en una nota, durante la asamblea se ha destacado que “la facturación conjunta de las cooperativas agroalimentarias cordobesas ascendió en 2025 a 2.309.288.030 euros, una cifra que refleja la fortaleza y resiliencia del modelo cooperativo, así como su capacidad para generar valor en el territorio, pese a las dificultades sobrevenidas a lo largo del ejercicio”.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, ha subrayado que 2025 ha estado marcado por una “progresiva normalización” de la climatología, tras dos años de sequía extrema, lo que ha permitido una recuperación general de los sectores agrícolas y ganaderos.

No obstante, ha advertido que esta mejora no ha supuesto la desaparición de los problemas estructurales del sector, sino la aparición o continuidad de otros retos de gran calado. En este sentido, Sánchez de Puerta ha recordado que “el olivar se recuperó, aunque por debajo de las expectativas iniciales, debido a la incidencia de un otoño severo que mermó las previsiones de cosecha”.

También ha hecho referencia a las dificultades sufridas por la viña, “afectada por enfermedades fúngicas, como el oídio”, así como a la situación de los rumiantes, “muy perjudicados por la lengua azul y con mermas relevantes en la producción”, y a ello se ha sumado “la incertidumbre generada en el sector porcino por el brote de peste porcina africana detectado en Cataluña, con consecuencias en los mercados y en los precios”.

El aceite de oliva, por su parte, volvió a situarse como “el principal sector productivo de la provincia, con una facturación de 839 millones de euros, seguido del vacuno de leche, con 591millones, y de la alimentación animal y piensos, con 303 millones”. También “tuvieron un peso destacado los suministros, el vacuno de carne, el porcino, la aceituna de mesa, los cítricos, el ovino y caprino de carne, los cultivos herbáceos y el sector vitivinícola”.

La organización provincial cuenta con más de 80 cooperativas socias, que agrupan a más de 88.000 personas socias, de las que 28.000 son mujeres y 7.000 son jóvenes menores de 40 años. Estos datos “evidencian la dimensión económica y social de las cooperativas agroalimentarias cordobesas, así como su contribución al mantenimiento de la actividad en el medio rural”.

Un reciente informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Mapfre ha revelado que Córdoba ha registrado un total de 31 víctimas mortales en siniestros agrícolas en el periodo analizado de 2010-2023. Una situación que sitúa a la provincia cordobesa en una posición intermedia dentro del ranking nacional, siendo más concretamente la número 17, compartiendo el mismo número de fallecidos con otras provincias como Burgos y Jaén.

Este informe, al que ha tenido acceso este periódico, compara la incidencia de accidentes mortales en el sector agrario y ahí demuestra que la mayoría se concentran en la cornisa noroccidental de la Península Ibérica. De hecho, La Coruña lidera esta estadística con 92 fallecidos en apenas 13 años, seguida de Lugo con 73 y Pontevedra con 72, cifras que duplican o incluso se quedan cerca de triplicar los registros de Córdoba. Por su parte, otras provincias con alta siniestralidad son Murcia y Valencia, ambas con 69 víctimas.

1.620 muertos en el sector agrario y en el 87% de los casos intervino una máquina

El documento identifica a nivel nacional un total de 1.620 fallecidos en el sector agrario desde 2010 hasta 2023, un total de trece años que supone una media de 116 muertes anuales. Dentro de estas cifras, Córdoba representa el 2% del total de estas víctimas, una cifra significativa que subraya la necesidad de paliar este problema. Aunque más aún si se tiene en cuenta el factor principal de estos sucesos: una máquina agrícola.

Del total de fallecidos en España, 1.407 personas perdieron la vida en accidentes donde intervino una máquina agrícola, lo que representa el 87% de los casos. Más concretamente, el tractor es, el vehículo más peligroso, estando en el 70% de los accidentes mortales registrados. El análisis, por el otro lado, indica que el vuelco es el tipo de accidente más frecuente, causando 777 muertes en el periodo estudiado, lo que equivale a un fallecimiento por semana en España.

Este último dato aumenta su gravedad aún más cuando el informe confirma que el 90% de los tractores implicados en vuelcos mortales no disponía de una estructura de protección o llevaba el arco de seguridad abatido. Es decir, que la mayoría de estas muertes podrían haberse evitado si se hubieran utilizado los sistemas de protección y el cinturón de seguridad.

Asimismo, el perfil de la víctima en estos siniestros es que el 94% son hombres y la edad media se sitúa en los 59,8 años. Por otro lado, el mes de mayo es el más crítico en este sentido, acumulando 159 siniestros mortales a nivel nacional. Los lunes y martes son los días con más accidentes y la franja horaria se sitúa entre las 16:00 y las 18:00.

El estudio ha advertido, a su vez, que las estadísticas oficiales solo recogen el 29% de la siniestralidad real. Esto se debe a que muchos de estos accidentes ocurren en ámbitos privados o involucran a personas que no están dadas de alta como trabajadores agrarios por cuenta ajena, lo que invisibiliza el problema ante la administración pública. Por tanto, tanto la Universidad de Navarra como la de Zaragoza y la Fundación Mapfre ha recomendado fomentar la renovación del parque de maquinaria, sobre todo para paliar la falta de los sistemas de seguridad avanzada en modelos antiguos.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha informado este martes que la provincia de Córdoba “afronta una campaña de almendra favorable, en lo que a producción se refiere”, pues se estima que alcanzará las “11.000 toneladas, lo que representa un incremento del 30% respecto a la campaña anterior”.

A través de una nota, Adell ha precisado que “son estimaciones y quedan unos meses importantes aún, pero si todo va bien se podría alcanzar la cifra prevista”, señalando que, a nivel nacional, “se estima una cosecha de 135.250 toneladas de almendra grano, un 6,58% superior a la de la campaña anterior y un 32,89% por encima de la media de los últimos cinco años”.

Este aumento de la producción viene impulsado por dos factores clave, como son “las abundantes precipitaciones registradas durante el otoño, el invierno y el inicio de la primavera, pero también porque los años anteriores no fueron buenos y el efecto vecería tiene mucha importancia”, según ha subrayado Adell.

De este modo, las lluvias “han permitido recuperar las reservas hídricas, tanto en los suelos, como en los embalses, que presentan niveles muy elevados tras varios años marcados por la sequía, lo que garantiza también unas buenas dotaciones de agua para el riego durante el desarrollo final del cultivo, y contribuye a mejorar las expectativas de cosecha en las principales zonas productoras de la provincia”.

Por tanto, Adell ha destacado que la evolución del cultivo ha sido favorable, en términos generales, gracias a la disponibilidad de agua y al buen estado vegetativo de las plantaciones. No obstante, ha recordado que “las condiciones de elevada humedad registradas durante esta campaña también han favorecido la aparición de enfermedades fúngicas, por lo que será fundamental mantener una adecuada vigilancia fitosanitaria para preservar el potencial productivo hasta la recolección”.

Ello ha conllevado que los tratamientos, entre ellos los fungicidas, “han sido superiores y, por ende, el gasto en el cultivo, además de los daños en las infraestructuras de las fincas por las borrascas y el plus de gasto en fertilizante, a causa de la subida por los conflictos bélicos”.

Bajada de superficie

Junto a ello, Adell ha expresado su preocupación por “las grandes cifras de bajada de la superficie de almendro, debido únicamente a la proliferación exponencial de la plaga conocida como gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis), que provoca la muerte de los árboles”, y ha lamentado que, “desde que eliminaron del mercado materias activas eficaces y redujeron el número de aplicaciones, la superficie no deja de bajar”.

De hecho y según datos de la Junta de Andalucía que maneja Asaja, “la superficie en Córdoba ha bajado en dos años más de 2.500 hectáreas”. De hecho, en la última semana, Asaja Córdoba ha tenido conocimiento del arranque de dos plantaciones de almendro de sus asociados.

Para el presidente de la organización agraria, esta situación “está acabando silenciosamente con las plantaciones de almendros en Córdoba”, por lo que ha pedido a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura “que pongan soluciones”, ya que “esto es solo el principio de lo que pasará si se sigue prohibiendo el uso de fitosanitarios en este y otros cultivos”.

De hecho, ha afirmado que “la Junta de Andalucía reconoce el gran problema que tienen los agricultores e incluso en su web afirma que, en los últimos años, el gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) ha pasado de ser una plaga secundaria a convertirse en una de las principales amenazas para el cultivo del almendro en Andalucía debido, entre otros motivos, a los periodos de sequía, restricciones en las dotaciones de agua y prohibición de materias activas para su control”.

En este sentido, “su incidencia es tan grave que pone en riesgo la viabilidad de algunas explotaciones, una realidad que se agudiza con la reducción de materias activas autorizadas para su control químico”.

Es por ello, que Asaja Córdoba solicitará a la Consejería de Agricultura la “autorización excepcional de materias activas para que, a su vez, lo trasladen al Ministerio de Agricultura, y ayudas específicas para los agricultores que han tenido que arrancar las plantaciones, similares a las que el año pasado se publicaron para el mildiu en la viña y el algodoncillo en el olivar, ya que se está poniendo en peligro, en muchos casos, la continuidad y supervivencia de las explotaciones agrarias y este fue el principal argumento de la existencia de esas ayudas”.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha informado del inicio de la recolección de cereales en la provincia, una campaña marcada por unas condiciones meteorológicas muy diferentes a las de los últimos años, pero cuyos resultados “no están siendo tan positivos como cabría esperar tras un ejercicio pluviométrico por encima de la media”.

Según ha explicado Adell, las abundantes lluvias registradas durante el invierno y la primavera han provocado una gran heterogeneidad entre explotaciones, encontrándose parcelas con resultados aceptables junto a otras con rendimientos claramente inferiores. En términos generales, “la cosecha presenta unas producciones medias-bajas, alejadas de las expectativas que se habían generado tras las precipitaciones acumuladas”.

“El año meteorológico no ha permitido que los cultivos se desarrollen con normalidad, ya que en muchos momentos no se ha podido acceder a las parcelas para realizar los tratamientos contra plagas y enfermedades ni aplicar los abonados en las fechas más adecuadas”, ha señalado el presidente de ASAJA Córdoba.

Las persistentes lluvias han favorecido además una elevada incidencia de enfermedades fúngicas y malas hierbas, obligando en numerosas ocasiones a repetir tratamientos, especialmente fungicidas, hasta en dos aplicaciones. Asimismo, se han producido importantes retrasos en la aplicación de los abonados de cobertera y de los tratamientos fitosanitarios, repercutiendo negativamente en el desarrollo final de los cultivos.

Como consecuencia de esta situación, los rendimientos obtenidos vuelven a situarse en niveles similares a los de campañas anteriores, pese a tratarse de un año con una pluviometría significativamente superior a la media provincial.

En cuanto al comportamiento de las distintas variedades, Asaja Córdoba destaca que los trigos blandos presentan un mejor estado general que los trigos duros y las cebadas. No obstante, las producciones son inferiores a las de la campaña pasada y, además, se ha vuelto a registrar la presencia del mosquito del trigo (Mayetiola destructor), una plaga que viene afectando a los cerealistas cordobeses durante los últimos años.

Las previsiones apuntan a rendimientos medios en trigo blando de alrededor de 3.500 kilogramos por hectárea, mientras que los trigos duros apenas alcanzarán los 2.800 kilogramos por hectárea de media. Respecto a la calidad del grano, la organización agraria prevé una campaña muy desigual, reflejo de la variabilidad observada en las distintas zonas productoras y explotaciones.

Situación de las leguminosas

La campaña de leguminosas también presenta importantes contrastes según especies y zonas de cultivo. Las persistentes lluvias dificultaron las siembras durante buena parte de la campaña, reduciendo significativamente la superficie implantada. Muchas parcelas no pudieron sembrarse y, en aquellas que sí se establecieron, “los problemas de nascencia y enfermedades han provocado una notable reducción de las producciones, especialmente en guisantes y habas”.

Por el contrario, los garbanzos de primavera muestran una evolución más favorable y presentan un desarrollo vegetativo satisfactorio hasta el momento.

Precios estancados frente al aumento de los costes

Asaja Córdoba recuerda que la rentabilidad del cereal sigue siendo una de las principales preocupaciones de los agricultores. Aunque “los costes de producción se han incrementado notablemente durante las últimas décadas, los precios percibidos por los productores no han evolucionado al mismo ritmo”.

Como ejemplo, la organización destaca que, en el año 1990, el trigo blando cotizaba a 25,60 pesetas por kilogramo, lo que equivale a 153,86 euros por tonelada. Sin embargo, si se actualiza esta cantidad conforme a la inflación acumulada registrada en España desde entonces, cercana al 155 por ciento según los datos oficiales del Índice de Precios de Consumo (IPC), ese precio equivaldría actualmente a unos 392 euros por tonelada.

Esta comparación pone de manifiesto “la pérdida de poder adquisitivo y rentabilidad que han sufrido los cerealistas en las últimas décadas, especialmente en un contexto marcado por el incremento de los costes de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, combustible, maquinaria y mano de obra”.

Petición para las labores de suelo

Por ello, la organización agraria reclama medidas que permitan “garantizar unos precios justos para los productores, acordes con la evolución de los costes y con el esfuerzo que realizan los agricultores para mantener la producción de cereal en la provincia de Córdoba”.

Asimismo, ante la creciente presión de plagas y enfermedades, Asaja Córdoba hace un llamamiento a las administraciones para que se permita a los agricultores realizar las labores agrícolas necesarias en el momento oportuno.

En este sentido, Fernando Adell ha insistido en la necesidad de “dejar a los agricultores labrar en tiempo para intentar sanear los suelos de todas las plagas y enfermedades que están sufriendo los cultivos y que cada vez son más agresivas”, contribuyendo así a mejorar la sanidad vegetal y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas de la provincia.

La provincia de Córdoba destina ya una cuarta parte de su superficie agrícola total a la producción ecológica. Del global de 986.800 hectáreas de superficie agrícola. 257.883 hectáreas ya son ecológicas, lo que supone el 26,1%.

Así lo ponen de manifiesto los datos del Balance de Producción Ecológica de Andalucía publicado por la Junta sobre el año 2025, donde se constata, además, que la provincia de Córdoba es la que tiene una mayor superficie ecológica en toda la comunidad autónoma en términos absolutos.

Del total de 257.883 hectáreas destinadas a la producción ecológica, destacan las 152.484 hectáreas (el 17%) para pastos, praderas y forrajes; otras 105.399 hectáreas (24%) para cultivos agrícolas; y 526 hectáreas (1%) de bosque y recolección silvestre. Así, hay 42.471 hectáreas de olivar ecológico, 30.079 hectáreas para barbecho y abono verde y otras 526 hectáreas de bosque y recolección silvestre.

Con todo, Córdoba destaca por ser la primera provincia andaluza en terreno ecológico destinado al barbecho y abono verde, al igual que lidera el cultivo de cereales y el olivar.

El informe de la Producción Ecológica andaluza apunta, además, que en el sector de la agricultura ecológica, en Córdoba hay 3.010 productores, 147 preparadores, 12 importadores y 124 comercializadores, dando un total 3.186 operadores en este ámbito en la provincia.

Córdoba, líder en cabezas de ganado ecológico

En cuanto a la ganadería, la provincia de Córdoba suma un total de 1.446 explotaciones, según la estadística oficial. Y es, además, líder en Andalucía en el número de cabezas de ganado ecológico, con 157.459.

De ellas, 32.593 cabezas son de vacuno de carne; 105.048 son de ovino de carne y 1.006 de ovino de leche, mientras hay 7.290 cabezas de porcino ecológico. De otros sectores ganaderos, se destaca las 7.343 cabezas de producción de huevos y las 1.639 de la apicultura. Con estos datos, Córdoba es la primera provincia andaluza en producción de ovino de carne ecológica y en porcino ecológico.

Finalmente, respecto a las actividades agroindustriales ecológicas, se cifran en 416 en la provincia cordobesa. De ellas, 135 son almazaras o envasadoras de aceite (la segunda provincia andaluza con más tras Jaén).

Otras 45 trabajan las conservas, semiconservas y zumos vegetales; 40 más la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos; 24 son de manipulación y envasado de frutos secos; 22 más de manipulación y envasado de granos y 18 trabajan la elaboración de especias, aromáticas y medicinales.

Los ministros de Comercio de la Unión Europea han dado este viernes luz verde a suspender durante un año los aranceles aduaneros sobre determinados fertilizantes nitrogenados utilizados en la producción agrícola europea, una medida con la que el bloque busca reducir los costes para agricultores y productores europeos y disminuir la dependencia de Rusia y Bielorrusia en este sector.

La suspensión afectará a productos como la urea y el amoníaco, utilizados para producir fertilizantes nitrogenados, y permitirá ahorrar alrededor de 60 millones de euros en derechos de importación, según las estimaciones de la Comisión Europea, que puso esta propuesta sobre la mesa el pasado febrero.

Además, la UE considera que la medida contribuirá a reforzar una red comercial “más diversificada” en un contexto marcado por el aumento de los precios de los fertilizantes desde 2021 y por el impacto de la guerra rusa contra Ucrania sobre los mercados agrícolas y energéticos.

En la práctica, la suspensión solo se aplicará a productos que actualmente no entren ya en la UE libres de aranceles desde países con acceso preferencial al mercado comunitario.

Además, para proteger a los productores europeos, la medida quedará limitada a una cuota equivalente al volumen de importaciones sujetas al régimen general en 2024 más un 20% adicional de los volúmenes importados ese mismo año desde Rusia y Bielorrusia.

Los Veintisiete han precisado además que la suspensión no se aplicará a productos procedentes de Rusia por la “guerra de agresión injustificada” contra Ucrania ni tampoco a los importados desde Bielorrusia por su apoyo a Moscú y por su “desprecio” del Derecho internacional, las libertades fundamentales y los Derechos Humanos.

Según los datos de la UE, el bloque importó en 2024 alrededor de dos millones de toneladas de amoníaco y 5,9 millones de toneladas de urea, además de otros 6,7 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y mezclas con nitrógeno.

La medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y permanecerá vigente durante un año, aunque la Comisión Europea seguirá supervisando el mercado de fertilizantes y podrá proponer una prórroga o una modificación de la suspensión si lo considera necesario.

UPA Córdoba ha alertado a través de una nota de prensa de la delicada situación que atraviesan actualmente los cultivos de cereales de invierno en la provincia, especialmente en la zona norte, donde las intensas lluvias y el exceso de humedad han provocado daños severos e incluso pérdidas prácticamente totales en numerosas explotaciones. El secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, califica la campaña como crítica y muestra su enorme preocupación por la evolución de los cultivos en un momento decisivo para la producción.

Según explica Francisco Moreno, las siembras comenzaron ya con importantes dificultades debido a las persistentes lluvias registradas durante el otoño e invierno, que impidieron en muchos casos acceder a las parcelas en las fechas adecuadas. “Ha habido muchas fincas donde se sembró tarde porque directamente no se podía entrar al terreno”, señala. Aunque, en líneas generales, el aspecto visual de los trigos en la campiña cordobesa y el Valle del Guadalquivir es aceptable, el secretario general de UPA Córdoba advierte que la situación real es mucho más compleja. “El trigo, cuando es pequeño, no quiere tanta agua. Necesita frío y humedad moderada para que la raíz profundice y el cultivo se desarrolle bien, y este año hemos tenido justo lo contrario”, explica Francisco Moreno.

Además, el incremento de las temperaturas, unido a la elevada humedad, está favoreciendo la aparición de enfermedades fúngicas que ya están afectando a numerosas parcelas. “Estamos viendo ya problemas importantes de hongos y un deterioro evidente del estado de los cultivos, lo que puede redundar en un menor rendimiento de cosecha”, añade Francisco Moreno. Sin embargo, la situación más preocupante se concentra en el norte de la provincia, especialmente en municipios del Alto Guadiato, donde el exceso de agua ha causado estragos irreversibles.

“Ahí sí tenemos un auténtico desastre. Se sembró y posteriormente llovió tanto que muchas parcelas quedaron completamente encharcadas. Eso ha provocado pudrición de raíces y, en muchísimos casos, la pérdida total del cereal”, lamenta Francisco Moreno. UPA Córdoba hace hincapié en el hecho de que muchos agricultores ni siquiera han podido acceder a las explotaciones para realizar tratamientos fitosanitarios o controlar las malas hierbas debido al estado del terreno. “La hierba se ha comido literalmente muchos cultivos porque no se ha podido entrar a tratar. Hay agricultores que prácticamente no van a poder recolectar nada”, lamenta Francisco Moreno. UPA Córdoba subraya, asimismo, el fuerte impacto económico y social que esta situación tendrá en unas comarcas especialmente vulnerables y con escasas alternativas productivas. “Estamos hablando de zonas ya de por sí deprimidas, donde el cereal supone una actividad fundamental para muchas familias. La situación es muy preocupante”, insiste Francisco Moreno.

El secretario general de UPA Córdoba recuerda que las primeras parcelas que ya se están cosechando en el norte de la provincia, destinadas principalmente a forraje para ganado, están ofreciendo además resultados muy negativos, lo que confirma los peores temores del sector. Ante este escenario, UPA Córdoba reclama un seguimiento exhaustivo de la evolución de la campaña y no descarta solicitar medidas de apoyo si las pérdidas continúan agravándose en las próximas semanas. “Todavía queda por ver qué ocurre cuando entren las cosechadoras, pero desde luego no estamos ante una campaña excelente ni mucho menos. La incertidumbre ahora mismo es máxima”, concluye Francisco Moreno.

Asaja Córdoba ha señalado que la campaña citrícola, que ya ha concluido en la provincia, “ha estado marcada por un descenso en la producción que se estima en un 40%”, con lo que, “finalmente, ha sido superior al 30% estimado por la Junta de Andalucía en sus aforos de inicio de campaña”.

Según ha informado la patronal agraria en una nota, en la última sesión de la mesa de cítricos, en la que ha participado Asaja Córdoba, “se ha aprovechado para hacer un análisis de la campaña 2025-2026 en la Vega del Guadalquivir, que prácticamente se encuentra ya al final de la recolección en una campaña marcada también por las borrascas acaecidas entre los meses de diciembre y febrero”.

En cuanto a los precios en origen de las naranjas, y a pesar del descenso de producción, “la demanda ha sido menor que la esperada, y las cotizaciones se han mantenido más o menos constantes, tanto de fresco, como de industria”.

En el caso de la industria, “el sector ha acogido con ilusión el anuncio de dos nuevos proyectos para la zona, por un lado, la unión de los productores de la Vega de naranja de industria en Dcoop y la compra de la fábrica de Zumosol y, por otro, el anuncio de García Carrión de abrir una fábrica en Fuente Palmera que, en ambos casos, deben contribuir a garantizar un precio justo y estable para la naranja destinada a zumo”. La sesión ha finalizado con “unas cotizaciones de 0,41 a 0,44 euros por kilo para la variedad Valencia Delta Calidad 1ª y de 0,35 euros por kilo para la naranja de industria”.

Otro de los aspectos que se han analizado fueron los efectos de las borrascas que azotaron la provincia entre los meses de diciembre y febrero, “que ocasionaron numerosos destrozos y pérdidas en muchas explotaciones, y de los que se esperan las ayudas de las diferentes administraciones y el efecto en la próxima campaña”.

Al menos, “ha sido un año en el que las citadas borrascas han provocado que las dotaciones de riego previstas para este verano sean las normales de antes de los años de sequía”.

El municipio cordobés de Montoro acogerá los próximos 21 y 22 de mayo de 2026 la Jornada Técnica ‘El Encuentro del Olivar Tradicional’, una cita organizada por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y el Ayuntamiento de Montoro, que reunirá a expertos, productores, cooperativas e instituciones para analizar los retos y oportunidades del olivar tradicional y de montaña.

El director generte de AEMO, José María Penco, ha defendido este viernes en la presentación de la Semana del Olivo de Montoro la necesidad de garantizar la convivencia entre los nuevos modelos de olivar moderno y eficiente y los olivares tradicionales, especialmente los ubicados en zonas de sierra y pendiente, donde la mecanización resulta mucho más compleja.

Lo ha hecho acompañado de la alcaldesa de la localidad, Lola Amo, quien ha destacado que este encuentro supone una oportunidad para mostrar “la fortaleza” de los municipios ligados al olivar de sierra y reforzar su papel como motor económico de la provincia. Amo ha explicado que el municipio ha apostado en 2026 por renovar el formato de promoción de Montoro como tierra de aceites y vincularlo a una programación cultural y gastronómica más amplia.

Entre las actividades previstas figuran la celebración de San Isidro, este mismo viernes, con una procesión por las calles del municipio, pistoletazo de salida de un programa gastronómico que tiene cita clave este sábado en la Plaza de España con el cocinero Enrique Sánchez y chefs locales, así como iniciativas dirigidas a acercar el sector a los jóvenes.

Por su parte, Penco ha recordado que España cuenta con más de 550.000 hectáreas de olivar tradicional y de montaña, explotaciones que soportan costes de producción muy superiores a los del olivar intensivo. “Mientras producir un kilo de aceite en sistemas intensivos puede rondar los dos euros, en el olivar tradicional de montaña puede situarse en torno a los cinco euros”, ha explicado. Ante esta situación, el responsable de AEMO considera imprescindible reforzar la diferenciación del producto y comunicar al consumidor sus valores añadidos. “Son aceites con más esencia, más ricos sensorialmente, más afrutados, intensos y saludables”, ha señalado.

La jornada contará con la participación de especialistas como Plácido Pascual, considerado uno de los catadores de aceite más reconocidos de España, y abordará también las propiedades saludables de estos aceites. Según ha destacado Penco, los árboles sometidos a condiciones más extremas generan una mayor concentración de fenoles, compuestos antioxidantes beneficiosos para la salud, un aspecto que será analizado junto al investigador Fernando López Segura.

Otro de los ejes del encuentro será el papel ambiental del olivar de montaña. AEMO subrayará que este modelo agrícola funciona como “un bosque cultivado” capaz de fijar carbono y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Según los datos expuestos por la organización, un olivar bien gestionado puede absorber hasta cinco toneladas de CO2 por hectárea.

El programa dedicará además un espacio destacado al oleoturismo, una actividad que AEMO considera estratégica para el desarrollo económico de las zonas olivareras. Penco ha señalado que los olivares de montaña “son los más bellos y atractivos para el visitante” y ha avanzado la intención de coordinar desde Córdoba las distintas rutas del aceite de España siguiendo el modelo desarrollado por el enoturismo.

Las jornadas cuentan ya con más de 150 personas inscritas y reunirán a representantes del sector productor, cooperativas, almazaras, distribuidores y expertos en sostenibilidad y comercialización. El enlace para apuntarse está aquí.

La alcaldesa ha querido subrayar también la importancia de garantizar precios justos para asegurar el relevo generacional en el olivar de pendiente. “Hay mucho cariño por este trabajo, pero es importante que los precios reconozcan el esfuerzo que requiere”, ha afirmado.

Además, durante toda la semana previa al encuentro se desarrollarán catas didácticas de aceite en los cuatro centros educativos de la localidad y continuará el impulso al plan municipal de oleoturismo, con la implicación de almazaras, alojamientos rurales y restaurantes para consolidar esta actividad como fuente de empleo y desarrollo económico.

Asaja Córdoba ha advertido este jueves de la “situación crítica” que, a su juicio, “atraviesan actualmente los cultivos de cereales de invierno en la provincia, en un momento clave para su desarrollo”, pues “las condiciones meteorológicas de las últimas semanas están teniendo un impacto negativo significativo en el estado de los cultivos, generando preocupación entre los agricultores”.

Así, según ha informado la patronal agraria en una nota, ha podido constatar sobre el terreno que “las siembras más tempranas presentan un mejor comportamiento que las tardías”, pero que “el aumento de las temperaturas, combinado con la elevada humedad y las precipitaciones recientes, está favoreciendo la proliferación de enfermedades y esta situación está debilitando notablemente los cultivos”.

Desde Asaja Córdoba se ha señalado que “ya se está produciendo una caída importante en el estado de los cereales, lo que previsiblemente afectará a la producción final” y, “aunque aún es pronto para cuantificar con exactitud las pérdidas, las primeras estimaciones apuntan a una merma considerable”, especialmente en la campiña cordobesa, principal zona productora de cereales de invierno en la provincia.

Además, en la zona Norte “ya han comenzado a cosecharse las primeras parcelas, destinadas principalmente a forraje para el ganado”, y “los resultados iniciales no son alentadores, lo que refuerza la preocupación general del sector”.

En este contexto, Asaja Córdoba ha calificado la campaña como “crítica” y ha señalado “la incertidumbre existente a corto plazo”, precisando que “la evolución de las condiciones climáticas en los próximos días será determinante, especialmente en lo relativo a la incidencia de enfermedades y la posibilidad de que los cultivos puedan recuperarse parcialmente”.

Asaja Córdoba celebró este miércoles su asamblea general con la participación de alrededor de 250 asistentes, de los más de 5.000 socios con los que cuenta la organización agraria en la provincia. La reunión se desarrolló con normalidad y dentro del clima habitual de debate y participación, a pesar del cisma abierto por una parte de los asociados, que piden la dimisión del presidente, Fernando Adell.

Durante la sesión, se sometieron a votación la memoria de actividades del ejercicio anterior, las cuentas correspondientes a 2025 y el presupuesto previsto para 2026. Las tres propuestas fueron rechazadas por “una diferencia mínima de votos”, lo que supone un revés para la Presidencia, que esgrime en un comunicado que en el resultado “fue determinante que una parte muy significativa de votos estaba concentrada en determinados grupos familiares o empresariales”.

Durante su intervención, el presidente de ASAJA Córdoba, Fernando Adell, planteó la necesidad de impulsar una renovación y modernización progresiva dentro de la organización, favoreciendo la incorporación de perfiles más jóvenes y promoviendo una mayor apertura en los procesos de participación interna.

Asimismo, defendió la conveniencia de revisar los actuales estatutos en profundidad, incluyendo que las retribuciones del presidente no puedan ser superiores al equivalente al salario mínimo interprofesional.

La asamblea concluyó sin incidentes, reflejando la pluralidad de posturas existentes en el seno de la organización y abriendo el debate sobre posibles cambios en su estructura y funcionamiento de cara al futuro.

Lo que durante años ha sido visto como un problema ambiental y logístico para muchas explotaciones ganaderas puede convertirse en una de las grandes oportunidades del campo andaluz. Esa ha sido una de las principales conclusiones del encuentro Diálogos SABE, celebrado en el Campus de Rabanales de Córdoba bajo el título Ciencia y Alimentación Sostenible: de los gases de purines al fertilizante, una cita en la que agricultores, ganaderos, técnicos e investigadores han puesto sobre la mesa soluciones para aprovechar los residuos ganaderos y transformarlos en energía, agua reutilizable o fertilizantes naturales.

La jornada, presentada por Adrián González, responsable del proyecto Forioms, centrado en la captación de gases procedentes de los purines para su posterior uso agrícola, ha servido para abordar uno de los grandes desafíos del sector primario: cómo producir alimentos de calidad en un contexto marcado por el incremento de costes, la presión normativa europea y la creciente incertidumbre internacional.

En la mesa redonda participaron Carmen Quintero, representante de COAG y titular de explotación agraria, y Emilio de León, veterinario vinculado a Covap, quienes coincidieron en que el sector necesita nuevas herramientas para seguir siendo competitivo sin renunciar a la sostenibilidad.

“Las cuentas no nos salen”

Carmen Quintero resumió con claridad la situación que vive buena parte del campo español. “El mayor reto es producir alimentos de calidad con todos los requisitos que nos imponen en la Unión Europea y convivir con una competencia desleal. Las cuentas no nos salen”, afirmó.

La representante agraria defendió que agricultores y ganaderos están haciendo un importante esfuerzo de adaptación, pero advirtió de que no se puede exigir más sin garantizar rentabilidad. En su opinión, el aprovechamiento de subproductos y la reducción de dependencia exterior son dos claves para el futuro inmediato.

En la misma línea se expresó Emilio de León, quien señaló que otro de los desafíos actuales es “contar lo bueno del campo y no solo lo malo”. A su juicio, la imagen distorsionada del sector dificulta el relevo generacional. “Así poco podemos atraer a la gente joven”, lamentó.

El purín, de problema a oportunidad

Uno de los asuntos centrales del debate fue la gestión de los purines, especialmente en las explotaciones de vacuno de leche, donde el almacenamiento y tratamiento de estos residuos se ha convertido en un reto técnico y económico.

Sin embargo, lejos de considerarlo solo un residuo, Emilio de León defendió el enorme potencial de estos materiales. “En siete años de experiencia estamos convencidos de que el purín de las vacas es un productazo”, aseguró. Según explicó, en algunas explotaciones de vacuno de leche ya cerca del 20% de los ingresos procede de subproductos vinculados a esa gestión.

De León puso como ejemplo la planta de biogás de Covap, impulsada para valorizar estos residuos y transformarlos en energía. Recordó que anteriormente era necesario traer gas desde Huelva en cisternas para alimentar turbinas, mientras que ahora se trabaja para producir energía a partir de recursos propios.

Además, avanzó que la entidad está ultimando un nuevo proyecto valorado en 30 millones de euros que permitirá obtener agua líquida reutilizable a partir de la fracción líquida del purín. “La parte sólida es un fertilizante fantástico”, añadió.

Biofertilizantes para devolver vida al suelo

Otra de las vías analizadas durante la jornada fue la elaboración de biofertilizantes mediante procesos biológicos capaces de mejorar la fertilidad de la tierra y reducir el uso de productos químicos importados.

Carmen Quintero recordó que desde COAG Málaga se impulsó hace años una experiencia pionera con un profesor mexicano para trabajar con bacterias beneficiosas y regenerar los suelos agrícolas.

“En las últimas décadas hemos visto que el suelo ha ido perdiendo vida”, señaló. Frente a ello, explicó que estos métodos buscan “coger lo bueno de los suelos de la montaña y llevarlo a nuestras fincas”, introduciendo microorganismos capaces de recuperar actividad biológica y mejorar el rendimiento de los cultivos.

La ventaja, sostuvo, es doble: por un lado se mejora la salud del suelo y por otro se reduce la dependencia de fertilizantes sintéticos cuyo precio está condicionado por mercados internacionales. “Con recursos cercanos podemos resolver grandes problemas”, defendió.

El impacto de la geopolítica

El debate también giró en torno a cómo los conflictos internacionales afectan de manera directa al campo europeo. Tanto Quintero como De León aludieron a la guerra de Ucrania y a la actual tensión en el estrecho de Ormuz como ejemplos de factores externos que repercuten de forma inmediata en los costes de producción.

De León recordó que una parte muy importante del comercio mundial de urea, uno de los fertilizantes más utilizados, transita por esa zona estratégica. “El 40% de la urea pasa por Ormuz”, indicó, subrayando la vulnerabilidad del sistema actual.

Por su parte, Quintero rememoró cómo la invasión rusa de Ucrania disparó los precios y generó una crisis sin precedentes para agricultores y ganaderos. “No podemos estar pasivos ante una situación así”, aseguró, recordando las gestiones realizadas por organizaciones agrarias en Bruselas.

Soberanía alimentaria y cambio de modelo

Ambos ponentes coincidieron en que la situación actual obliga a replantear el modelo productivo. Para Carmen Quintero, el sector necesita “un cambio de modelo” basado en una menor dependencia de materias primas e insumos procedentes del exterior.

“Tenemos que buscar nuestra soberanía alimentaria. Comer tenemos que comer, haya guerra o no”, resumió. Emilio de León añadió que sostenibilidad económica y medioambiental no son conceptos opuestos, sino complementarios. “Somos fieles creyentes de que ambas cosas son sinérgicas”, afirmó.

El propio moderador recordó un dato revelador: si se lograra recoger y aprovechar todo el amoniaco procedente de las vacas de las granjas de la Península Ibérica, podría fertilizarse hasta el 35% de toda su superficie agraria.