La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha pedido a Adif que dado que el informe final de investigación sobre el accidente de Adamuz (Córdoba), que causó 46 fallecidos y más de 120 heridos en enero, con las recomendaciones que se formulen, “probablemente tardará varios meses en ser completado y publicado”, se adopten “todas las posibles medidas de prevención de roturas de carril, así como todas aquellas medidas mitigadoras que reduzcan el riesgo asociado a las mismas, con el fin de ser detectadas antes de que puedan provocar daños de importancia”.

Así lo expone el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, en una carta al presidente de Adif, Luis Pedro Marco, consultada por Europa Press, en la que detalla que “tras los primeros meses de investigación por parte de la CIAF sobre el accidente ocurrido en Adamuz el día 18 de enero de 2026, se ha puesto de relieve la necesidad de detectar la rotura, o cualquier otro defecto grave del carril, en el menor tiempo posible”.

En este sentido, señala que “debido a que aún no se han podido llevar a cabo los necesarios análisis de laboratorio de los cupones de carril correspondientes a la zona de la rotura que dio origen al accidente, no es posible profundizar todavía en las causas de dicha rotura, pero sí es posible hacer algunas consideraciones”.

En primer lugar, recuerda que “las inspecciones visuales realizadas en las ruedas de varios trenes que precedieron al del accidente, así como en los primeros coches del tren accidentado, junto con la deformación observada en el carril, son compatibles con el hecho de que el carril presentara una rotura franca desde algún tiempo antes del suceso”.

Según las primeras inspecciones, “se podría deducir que la fractura habría progresado desde la parte inferior del carril correspondiente a la zona del patín, por lo cual la zona de la cabeza del carril tendría que ser la última en fracturarse”, menciona Barrón.

Rotura del carril desde 22 horas antes

Asimismo, el presidente de la CIAF comenta que “las informaciones del sistema de diagnosis 'SAM TTC' (Sistema de Ayuda al Mantenimiento) parecen indicar que esta rotura del carril podría estar presente, de alguna manera, desde 22 horas antes del accidente”. “El mencionado sistema registra diversos parámetros de los circuitos de vía, aunque sus informaciones se utilizan en las labores de mantenimiento correctivo o preventivo planificado y no constituye una herramienta de alarma”, precisa.

Por otra parte, apunta que “el procedimiento especifico de Adif sobre la gestión de defectos en la infraestructura ferroviaria no contempla un sistema dirigido a la detección de roturas de carril, sino que establece procedimientos de inspección y auscultación de la vía para la prevención de las roturas, pero no se considera específicamente la detección de roturas de carril una vez producidas”. “Ello permite concluir que las medidas mitigadoras preventivas no son suficientes para eliminar completamente el riesgo de una rotura”, subraya.

Habida cuenta del “número de roturas de carril que se producen anualmente, tanto en la red ferroviaria española como en el resto de las redes ferroviarias --y que en su inmensa mayoría no causan incidencias de gravedad--, así como del hecho de que en estos momentos no existe en el mercado un sistema infalible de detección inmediata de roturas de carril”, desde la CIAF ven “aconsejable dedicar una atención especial a la detección temprana de roturas”.

La Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo (AAMST), junto con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Cádiz, han llevado a cabo durante los dos últimos años un proyecto de investigación para conocer cómo afecta el COVID persistente a la capacidad laboral y al estado funcional de las personas trabajadoras. El estudio, financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, ha sido presentado esta mañana en la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO.

El proyecto combina tres áreas: análisis clínico y laboral de los pacientes, creación de modelos predictivos mediante inteligencia artificial y validación de herramientas internacionales que miden la capacidad laboral y las limitaciones funcionales.

Principales resultados del estudio clínico

En la primera fase participaron 281 personas trabajadoras con COVID persistente, con una edad media de 48 años. Los datos muestran un impacto laboral significativo:

· un 83% necesitó una baja laboral, con una duración media de más de un año;

· el 23% sufrió recaídas que obligaron a nuevas bajas,

· solo 1 de cada 4 pudo volver a su puesto sin restricciones,

· un 97% afirmó sentirse incapacitado para realizar su trabajo habitual o necesitar cambios en su actividad,

· y un 30% ve poco probable poder trabajar en los próximos dos años.

Además, muchas personas señalaron dificultades importantes en las tareas mentales y físicas, pérdida de bienestar emocional y escasas expectativas de recuperación. Así lo ha explicado Pilar Aparicio Martínez, profesora titular de del Departamento de Enfermería, Fisiología y Fisioterapia de la UCO, y una de las autoras de la investigación, junto con José Manuel Romero Sánchez, profesor de la Universidad de Cádiz.

Especial incidencia en mujeres

La profesora Aparicio ha explicado que, “en la parte del segundo estudio, que es la que hemos estado haciendo, y de la que tenemos ahora los datos preliminares, hemos conseguido 513 personas y, de esas, el 80% son mujeres”. Esto significa que los problemas que todavía se están viendo de Covid persistente, como la incapacidad laboral o la necesidad de una adecuación del puesto de trabajo, tienen mucha más incidencia en las mujeres. “Además, hay un problema que es no solo la sobrecarga a nivel laboral, sino también la sobrecarga que suponen muchas veces los roles asociados a la mujer, que, en cierto modo, también se une a un problema que es la visualización, porque como muchas de las alteraciones y patologías que presentan las personas con Covid persistente no se ven, no se manifiestan, generan mucha incomprensión”.

Más de 200 síntomas asociados

Alfonso Prieto Costa, presidente de la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo (AAMST), ha explicado que el Covid persistente es una entidad que necesita todavía mucho estudio, pero en la que se han descrito más de 200 síntomas diferentes. Entre esos síntomas, podemos citar como más frecuentes la astenia, el cansancio, lo que se denomina la niebla mental, la afectación de las capacidades cognitivas, etc. “Hasta 200 síntomas diferentes que afectan en más o menos grado, pero que, indudablemente, hay trabajadores a los que los incapacita, y hay que pensar en ellos”, ha insistido.

Un proyecto pionero en España

Durante la jornada se han abordado otros temas de especial relevancia, entre ellos, la valoración de la capacidad laboral en personas con COVID persistente, la empatía y adaptación en el manejo del COVID persistente laboral, y la voz de los pacientes y su experiencia con la enfermedad; así como las perspectivas para la práctica profesional y la investigación futura.

Esta iniciativa es una de las primeras en integrar Medicina del Trabajo, epidemiología clínica e inteligencia artificial para estudiar el COVID persistente. Sus resultados confirman el fuerte impacto de esta enfermedad en la vida laboral y abren la puerta a herramientas objetivas que ayuden a profesionales y pacientes en la toma de decisiones.

La inauguración de la jornada ha contado también con la presencia de María Dolores Redel Macías, directora general de Salud y Prevención de la Universidad de Córdoba; Eloy Girela López, decano de la Facultad de Medicina y Enfermería y presidente de la Asociación Cordobesa de Medicina del Trabajo (ACMET); Álvaro Amo Vázquez de la Torre, presidente de la Asociación Cordobesa de Medicina del Trabajo; y María del Mar Malagón Poyato, subdirectora del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).

La Guardia Civil de Córdoba investiga a dos conductores por sendos delitos contra la seguridad vial tras circular por una vía interurbana a más de 160 kilómetros por hora, excediendo en 80 km/h el límite de velocidad máxima.

Los dos investigados circulaban en horario nocturno por la carretera A-431 (Córdoba – Lora del Río), con un límite de 70 km/h establecido. Dado el notable índice de siniestralidad y afluencia de circulación en esta vía, los agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba habían establecido un punto de verificación de velocidad, alcohol y drogas.

Según informa el Instituto Armado en una nota, al no haber sido posible la parada inmediata de los vehículos infractores, las gestiones para la correcta identificación de los respectivos conductores fueron encomendadas al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), afecta al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba.

Fue entonces cuando se procedió a iniciar la investigación de dos conductores, como presuntos autores de unos supuestos delitos contra la seguridad vial, recogidos en el artículo 379.1 del Código Penal, al circular por vía interurbana, superando en más de 80 km/h el límite de velocidad establecido, circulando uno de los vehículos a 168 km/h y el otro a 163 km/h.

Consecuencias penales

Los conductores investigados, se enfrentan a penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Este tipo de comportamientos, particularmente en horario nocturno, revisten especial gravedad, dada la afluencia en esta vía de usuarios considerados como vulnerables.

Consejos y recomendaciones

La A.T.G.C. recuerda la necesidad de respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos afectados por obras, donde las condiciones de circulación pueden variar y el riesgo de siniestro vial aumenta considerablemente.

Un equipo multidisciplinar del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba (UCO) ha llevado a cabo el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre los parásitos helmintos del águila calzada, es decir, sobre las especies de gusanos parásitos que hospeda esta ave rapaz.

Según ha informado la UCO en una nota, la investigación se justifica en el hecho de que las aves rapaces, como el águila calzada, “tienen una gran importancia ecológica, están en la cima de la cadena trófica y funcionan como indicadores de la salud de los ecosistemas. A pesar de su importancia, hay aún muchas cuestiones que no han sido ampliamente abordadas por la ciencia, como es el estudio de la estructura y composición de las comunidades de helmintos que alojan en su organismo”.

En este contexto, el referido equipo multidisciplinar de la UCO ha llevado a cabo el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre los parásitos helmintos del águila calzada (Hieraaetus pennatus) en Europa.

La investigación, dirigida desde la Unidad de Parasitología (ParaCOR) por los profesores Pablo José Rufino Moya y Rafael Zafra Leva, ha contado con la colaboración de especialistas del grupo Gisaz (UCO), del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-UCLM-CSIC-JCCM), del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas CREA Quiebrajano y del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica).

El trabajo analiza la helmintofauna de 28 ejemplares procedentes de Andalucía, recolectados durante un periodo de quince años (2008-2023), y aporta información epidemiológica que amplía de forma significativa el conocimiento disponible sobre esta ave rapaz.

El estudio, publicado en la revista 'International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife', documenta la presencia de 12 géneros de helmintos identificados taxonómicamente, ocho de ellos registrados por primera vez en el águila calzada. Entre las especies detectadas destacan 'Physaloptera alata', con una prevalencia del 25%, y 'Capillaria tenuissima' con el 17,9%. Además, se citan por primera vez en esta especie 'Porrocaecum angusticolle', 'Platynosomum illiciens', 'Strigea falconis', 'Matabelea fuhrmanni' y 'Centrorhynchus buteonis'.

El 67,8% de las águilas estudiadas (19 de 28 individuos) se encontraron parasitadas. Los nematodos fueron el grupo más frecuente (53,5%), seguidos de cestodos (25%), trematodos (21,4%) y acantocéfalos (7,1%). El análisis de la estructura comunitaria reveló una diversidad biológica relativamente baja, con un índice de riqueza de especies de 1,6 lo que indica una comunidad parasitaria empobrecida y sin especies dominantes definidas.

Desde una perspectiva ecológica, los resultados se consideran coherentes con la dieta del águila calzada, basada mayoritariamente en presas aviares y con un consumo reducido de insectos y pequeños mamíferos. Este patrón alimentario limita el contacto con hospedadores intermediarios necesarios para completar muchos ciclos parasitarios. Estas conclusiones coinciden con estudios previos que muestran cómo la composición parasitaria de las rapaces refleja tanto su ecología trófica actual como patrones filogenéticos profundos entre órdenes de aves.

Más allá del interés parasitológico, el estudio aporta información relevante para la conservación de especies. Las rapaces diurnas, como el águila calzada, son bioindicadores clave del estado de los ecosistemas, y el análisis de sus comunidades parasitarias permite inferir aspectos como la disponibilidad de presas, la calidad del hábitat o la estabilidad trófica. Esta información adquiere especial relevancia en un contexto en el que evaluaciones recientes apuntan a una posible reclasificación del águila calzada como especie de 'Preocupación Menor' a 'Casi Amenazada', según criterios de SEO/BirdLife.

Esta contribución científica, desarrollada en el marco de la línea de investigación del grupo AGR133 'Parasitofauna de animales de vida libre' de la Unidad de Parasitología, sienta las bases para futuras investigaciones sobre las interacciones hospedador-parásito en rapaces migratorias europeas y constituye, hasta el momento, el conjunto de datos más extenso disponible para esta especie en el ámbito europeo.

Una investigación internacional con participación del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del CSIC ha identificado la base molecular que explica la defoliación (pérdida de hojas) causada en algodón y olivo por Verticillium dahliae, un hongo que provoca grandes pérdidas de rendimiento en los cultivos y cuya presencia se extiende por todo el mediterráneo.

Según ha informado el IAS-CSIC, el trabajo, publicado en la revista Nature Communications, abre la puerta a un diagnóstico más fiable de la infección, así como a una mejor vigilancia de cepas peligrosas y al diseño de estrategias de resistencia e intervención.

Verticillium dahliae es un patógeno fúngico responsable de la verticilosis o enfermedad del marchitamiento vascular, una grave enfermedad que afecta a cientos de plantas dicotiledóneas, incluyendo el algodón, el olivo y el tomate. El hongo, que habita en suelos de todo el mundo, entra a la planta por las raíces y coloniza sus vasos xilemáticos, bloqueando el transporte de agua.

Los síntomas de la enfermedad incluyen marchitamiento, retraso del crecimiento, clorosis (enfermedad caracterizada por el amarilleamiento de las hojas por una producción insuficiente de clorofila, esencial para la fotosíntesis) y senescencia (estado en el que la célula deja de dividirse, pero no muere y genera inflamación) temprana.

“El control del marchitamiento por Verticillium es notoriamente difícil”, ha señalado la investigadora del IAS-CSIC Carmen Gómez-Lama Cabanás, quien ha explicado que “en algodón, olivo o pistacho, ciertas cepas de V. dahliae pueden causar síntomas graves”. “Estas cepas, que los científicos denominan patotipo D, están en aumento y plantean una amenaza significativa para las plantaciones de algodón y olivo en todo el mundo”, ha aseverado.

Identificar la causa

Hasta ahora, la base genética subyacente a este patotipo D, el más virulento, había permanecido desconocida. Asimismo, existía controversia sobre la causa de la diferencia en agresividad entre las cepas defoliantes y no defoliantes. En esta investigación, el equipo ha combinado genómica comparativa, genética funcional, análisis estructural y filogenómica para descubrir el determinante molecular de la defoliación.

“Identificamos una pequeña región genómica específica del patotipo que causa efectos más graves, y vimos que codifica dos genes efectores secretados duplicados”, ha detallado Gómez-Lama (un gen efector es una molécula producida por el patógeno -normalmente una proteína- que modifica la fisiología de la planta huésped para facilitar la infección).

Según ha expuesto, “la eliminación simultánea de ambas copias de genes abolió la patogenicidad y la defoliación en algodón y olivo, así como en Nicotiana benthamiana y Arabidopsis thaliana, dos plantas modelo muy usadas para estudios en biología vegetal”. Además, “las deleciones simples redujeron la virulencia y la complementación genética restauró los síntomas de la enfermedad”, ha indicado la investigadora del IAS-CSIC.

Por el contrario, la introducción de estos mismos genes en cepas no defoliantes fue suficiente para inducir la defoliación. Aunque la identificación de la base molecular no se traduce en una aplicación inmediata en el manejo de fincas, sí que abre la puerta al diseño de mejores estrategias de manejo y prevención.

De hecho, el equipo investigador recomienda a los mejoradores que busquen germoplasma que haya evolucionado para reconocer la proteína efectora D, dado que dicho germoplasma podría albergar genes de resistencia dirigidos contra esta proteína efectora específica.

“Tras la identificación de la proteína responsable, el siguiente paso es estudiar mejor su mecanismo de acción a nivel molecular para comprender cómo contribuye al desarrollo de la enfermedad y al proceso de defoliación”, ha apuntado Bart Thomma, profesor de Microbiología Evolutiva en la Universidad de Colonia (Alemania).

Por su parte, Luigi Faino, de la Universidad de Roma Sapienza (Italia) confía en que “si hay colaboración empresarial, en un plazo de diez años podríamos ver las primeras plantas de algodón modificadas genéticamente para una mejor resistencia a esta cepa”.

Un equipo de investigación del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de Córdoba ha identificado variedades de avena con elevados niveles de proteínas, fibras y compuestos antioxidantes que podrán servir como base para el desarrollo de nuevas semillas más saludables, productivas y adaptadas a una agricultura sostenible.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el estudio, realizado en colaboración con el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba (UCO) y del Instituto Agronómico Nacional de Túnez, ha analizado 126 variedades procedentes de 18 países mediterráneos, todas ellas cultivadas en Córdoba en las mismas condiciones experimentales, con el objetivo de localizar aquellas que reúnen las características más demandadas por la industria alimentaria y los programas de mejora genética.

El estudio, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y que ha sido publicado en la revista científica 'Antioxidants', revela que alrededor del 20% de las muestras estudiadas concentra buena parte de los rasgos nutricionales más valiosos, lo que abre nuevas oportunidades para desarrollar cultivos capaces de combinar calidad alimentaria, sostenibilidad y rentabilidad agraria.

Los investigadores han analizado componentes asociados a beneficios para la salud, como los betaglucanos, una fibra reconocida por su capacidad para ayudar a reducir el colesterol y regular la glucosa en sangre, y también han estudiado los arabinoxilanos, que están relacionados con el equilibrio de la microbiota intestinal, y antioxidantes naturales, como los polifenoles y las avenantramidas, compuestos exclusivos de la avena con propiedades antiinflamatorias y cardioprotectoras.

El trabajo demuestra que existen importantes diferencias entre variedades y especies de avena. Algunas alcanzaron niveles de proteína de hasta el 18,5%, mientras que otras destacaron por su elevado contenido en fibra y antioxidantes. Además, los científicos han observado que determinados compuestos beneficiosos aparecen asociados entre sí, lo que permitirá diseñar estrategias de mejora genética orientadas a obtener semillas con perfiles nutricionales más completos.

La investigación también pone de relieve el valor de las variedades tradicionales mediterráneas, que conservan una gran diversidad genética acumulada durante generaciones y constituyen una fuente de características de enorme interés para afrontar los retos futuros de la agricultura y la alimentación.

Según ha explicado a Fundación Descubre la investigadora del IAS-CSI y coautora del estudio, Gracia Montilla, el objetivo no es seleccionar una única variedad ideal, sino combinar, mediante programas de mejora genética, los mejores atributos encontrados en cada una de ellas para responder a las demandas de los consumidores, agricultores e industria alimentaria.

Sistemas agrícolas más sostenibles

Además de su interés nutricional, la avena es un cultivo resistente y versátil, capaz de desarrollarse en condiciones menos favorables que otros cereales, por lo que puede desempeñar un papel relevante en sistemas agrícolas más sostenibles y mejor adaptados al cambio climático.

Este trabajo constituye una primera fase de investigación que permitirá incorporar los resultados obtenidos a futuros programas de mejora genética, integrando también otros factores de interés agronómico como el rendimiento, la resistencia a enfermedades o la adaptación a distintas condiciones ambientales.

La investigación ha sido financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía a través del proyecto Qualifica, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Para la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, este avance refuerza la posición de Andalucía como referente en investigación agroalimentaria y demuestra el potencial de la ciencia para impulsar una alimentación más saludable, una agricultura más sostenible y nuevas oportunidades de innovación para el sector agroalimentario andaluz.

Un total de 23 personas propietarias de fincas de dehesa ha participado durante dos años en el seguimiento del estado de salud del arbolado y clima gracias al sistema de alerta y recogida de datos diseñado por el proyecto de ciencia ciudadana DehesAlert, coordinado por la Universidad de Córdoba y la Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP) con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Este proyecto de ciencia ciudadana tiene como objetivo conseguir un diagnóstico de partida sobre la afectación de la dehesa cordobesa y el desarrollo de un sistema de monitoreo y pronóstico participativo que contribuya a la sostenibilidad de este ecosistema fundamental en la economía andaluza.

Según los datos presentados por Pablo González, investigador del grupo de Evaluación y Restauración de Sistemas Agroforestales (ERSAF) de la UCO y responsable del proyecto, un total de 313 árboles han sido puestos en monitorización permanente durante la vigencia de esa primera fase, aunque se espera seguir sumando árboles y fincas a través de una aplicación de toma de datos en la que propietarios y gestores de dehesa pueden ir tomando datos sobre el estado de salud de sus árboles, pero también de las condiciones climatológicas del territorio. La información recabada alimenta un sistema de seguimiento de las fincas que complementado con información de teledetección y otras bases de datos permite a propietarios y gestores mantener una vigilancia permanente de su dehesa para tomar decisiones de gestión sobre el arbolado.

El acto de presentación de resultados, celebrado en el salón de actos de CICAP en Pozoblanco el pasado 23 de junio, ha contado con la participación de una veintena de personas, entre personal investigador, gestores y propietarios, que ha reflexionado sobre la experiencia de los participantes en el proyecto, mejoras en el sistema de seguimiento y el interés en mantener el seguimiento participativo.

Así mismo se debatieron cuestiones como la interlocución con la Administración en el diseño de políticas públicas de ayuda a la dehesa y se presentó de la mano de la investigadora Ana Andreu el proyecto DRYAD (Demonstration and Modelling of Nature-Based Solutions (NBS) to enhance the resilience of Mediterranean agro-silvo-pastoral ecosystems and landscapes), financiado por el programa Horizon Europe y centrado en el desarrollo, prueba y demostración de soluciones basadas en la naturaleza (NBS) en regiones de cuatro países: España (Andalucía y Extremadura), Portugal (Alentejo), Italia (Cerdeña) y Grecia (Etolia-Acarnania).  

Como broche de participación del proyecto, el municipio de Pedroche acogió la primera edición de DehesaBlitz el pasado 20 de junio, una iniciativa organizada por el proyecto DehesAlert y LIFE Fagesos que combinó ciencia, participación ciudadana y conservación del medio natural para profundizar en el conocimiento y evaluación de los ecosistemas de dehesa.

Durante la jornada, 71 participantes entre público general, investigadores, y estudiantes de la UCO trabajaron de forma coordinada para recopilar información sobre la salud de 940 encinas en la dehesa pública más grande de Andalucía. La actividad ha permitido dar a conocer las características y problemáticas de la dehesa, así como generar datos de gran valor acerca de la participación de la ciudadanía en proyectos de investigación forestal.

Un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba (UCO) ha diseñado dos metodologías para aplicar grafeno sobre superficies metálicas usando plasma, un gas ionizado al que frecuentemente se le denomina como el 'cuarto estado de la materia', a presión atmosférica.

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que el Laboratorio de Innovación en Plasmas (LIPs) ya avanzó en el uso del plasma para la producción de grafeno, ese material revolucionario que le valió el Nobel a sus descubridores.

Recientemente, un nuevo diseño tecnológico consiguió incrementar la producción de grafeno más de un 22%. Siguiendo esa línea de investigación, ahora proponen dos metodologías para aplicar grafeno, que también es altamente anticorrosivo, sobre superficies metálicas usando plasmas de microondas a presión atmosférica, con el objetivo de no modificar las propiedades de los metales.

“El primero de los métodos que desarrollamos permite una transferencia directa, es decir”, se expone una superficie al plasma con el que se está “sintetizando el grafeno y éste se deposita directamente en la superficie. Es la forma más rápida de hacerlo”, ha explicado el investigador principal del trabajo, Francisco Javier Morales.

El segundo método, ha continuado el investigador Andrés Raya, “es un método de tres pasos que consiste en la síntesis de grafeno a partir del plasma, la dispersión del grafeno en un disolvente orgánico y luego la aplicación de esa mezcla como si fuese una pintura”. Este método en tres pasos es “más lento, pero es más versátil y permite jugar con los diferentes parámetros”.

Así, mientras que la primera metodología es más rápida, la segunda consigue mejores resultados en cuanto a grado de cobertura de la superficie, ya que penetra mejor en las grietas y rugosidades del material. Si la primera necesita de un equipamiento industrial para su uso, la segunda podría llegar al usuario común, al que se le facilitaría la dispersión que usaría luego con un aerógrafo.

Estas metodologías “podrían aplicarse en la protección de los electrodos de las pilas de combustible que están expuestas a medios muy oxidativos como el oxígeno o el agua deteriorando sus electrodos y membranas. Con esta técnica la corriente continuaría circulando, pero se evitaría esa oxidación”, ha detallado el investigador José Muñoz.

El desafío que enfrentan ambos métodos es que ninguno ofrecía una adhesión suficientemente fuerte entre la capa de grafeno y la superficie metálica, “no se adherían lo suficiente”, por lo que se necesita “mejorar ese aspecto”, ha señalado la investigadora Rocío Rincón.

A falta de esta adherencia, el equipo señala que ya de por sí la obtención de esas capas de grafeno sobre los metales y el efecto que tienen sobre la superficie del metal así como la puesta a punto de ambos métodos es un avance “muy valioso”.

Con las pruebas que no han funcionado han “podido aprender mucho sobre el material, sobre la manera de depositarlo, hay una serie de resultados negativos que son muy valiosos y que ha ayudado a afinar el método”, ha recalcado Rocío Rincón.

En el nacimiento de esta nueva línea de investigación los próximos pasos a seguir están claros: buscar un aumento de esa adherencia del grafeno al metal. En el Laboratorio de Innovación en Plasmas ya estudian esta mejora tanto para el método de aplicación directa como para el método en tres pasos.

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha pedido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil que “a la mayor brevedad” informe e identifique a los mantenedores del tren Alvia e Iryo implicados --agentes, empresas, técnicos y/o trabajadores de las mismas-- que “han de concurrir en unidad de acto para llevar a cabo el análisis interpretativo de los datos obtenidos de los registradores jurídicos de los trenes siniestrados”.

Así lo reclama la jueza en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista de un escrito presentado por la mercantil de las cajas negras, en cumplimiento de un requerimiento efectuado, por el que se informa al órgano judicial de que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben de realizarse por el fabricante/integrador y el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”.

En concreto, la empresa de las cajas negras ha presentado el referido escrito al pedirle el juzgado que informe “si el perito designado para la instalación de la licencia o software posee los conocimientos necesarios para la interpretación y sincronización de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los trenes Iryo y Alvia y, en caso contrario, indicar qué actores resultan necesarios para la práctica de la diligencia en unidad de acto”.

Ante ello, el documento lo formula la entidad “con ánimo de máxima colaboración con la investigación judicial y con el propósito de delimitar, de forma clara y comprensible para personal jurídico no necesariamente técnico, el alcance de la colaboración que puede prestar la empresa como fabricante del registrador jurídico, así como los límites técnicos naturales de dicha colaboración respecto de un análisis interpretativo, operativo o causal de los datos registrados”.

Al hilo, la empresa explica que es “el fabricante y proveedor tecnológico de los sistemas de registro instalados en las unidades afectadas”. Por ello, asevera que dispone del “conocimiento específico sobre el registrador jurídico, sus herramientas de software y el modo en que los datos pueden ser cargados y representados gráficamente para facilitar su consulta técnica”.

En una oferta previamente remitida se propuso un soporte técnico especializado para cargar los registros, verificar que puedan visualizarse correctamente y asistir a los usuarios autorizados en la identificación de señales, eventos, parámetros y su significado funcional dentro del sistema de registro, pero “dicha propuesta excluía expresamente cualquier análisis interpretativo, pericial o conclusivo de los datos, así como la determinación de causas, factores contribuyentes o responsabilidades del accidente”, indican desde la entidad.

El perito designado

Sobre los conocimientos del perito designado para la instalación de la licencia o software. A juicio de la empresa, “debe distinguirse entre la instalación, configuración o uso básico de una licencia o herramienta de software, y la interpretación técnica-operativa de los datos contenidos en los registradores jurídicos”.

En este sentido, expone que “un perito o técnico designado para la instalación de la licencia o software puede disponer de conocimientos suficientes para instalar la herramienta, abrir los ficheros, visualizar gráficas, ordenar señales y consultar eventos, siempre que reciba el soporte técnico necesario del fabricante del registrador”.

No obstante, aclaran que “esa no equivale, por sí sola, a disponer de los conocimientos necesarios para interpretar de forma completa y causal los datos registrados por los trenes Iryo y Alvia”, de modo que “la interpretación y sincronización materialmente útil de los datos, entendida como correlación de señales y eventos para explicar el comportamiento de las unidades ferroviarias y las circunstancias del accidente, requiere la intervención de los actores que conocen la arquitectura, configuración, lógica funcional, operación y mantenimiento de cada tren”.

Por tanto, para que la diligencia pueda realizarse “con rigor técnico y para evitar que la visualización de datos sea confundida con una interpretación causal completa”, la empresa considera conveniente que participen, al menos, la propia empresa, como fabricante del registrador jurídico, para prestar soporte en la carga, visualización, identificación de señales y explicación técnica de la herramienta y del sistema de registro; el fabricante o integrador de cada una de las unidades de tren implicadas, por ser quien conoce la arquitectura integrada del tren, las interfaces entre subsistemas y la lógica funcional del vehículo.

Asimismo, el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, por disponer del historial de mantenimiento, configuración real, intervenciones y estado material de las unidades --solicitud que realiza el juzgado ahora--; el operador ferroviario correspondiente, en la medida en que pueda aportar el contexto operativo, procedimientos de explotación, condiciones de servicio y cualquier información relevante sobre la circulación, y los peritos judiciales o técnicos designados por el órgano judicial, que deberán valorar la información aportada por los distintos actores y emitir las conclusiones que procedan dentro de su mandato.

En particular, explican que “el informe interpretativo destinado a explicar qué sucedió en el tren mediante la correlación de señales y eventos debería ser elaborado por el fabricante/integrador del tren y por el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, con el auxilio de la empresa únicamente en lo relativo al correcto acceso, visualización y comprensión técnica de los registros desde la perspectiva del registrador jurídico”.

En definitiva, la empresa reitera “su plena disposición a colaborar con el órgano judicial dentro de su ámbito de competencia técnica como fabricante del registrador jurídico”. En ese ámbito, la entidad puede “facilitar la carga y visualización de los datos, explicar el funcionamiento del sistema de registro, identificar las señales disponibles y configurar vistas o cronologías que permitan una consulta estructurada de la información almacenada”.

No obstante, subrayan que “la interpretación de los datos para determinar el comportamiento global de las unidades ferroviarias, reconstruir la secuencia causal del accidente, valorar la normalidad o anormalidad de la interacción entre subsistemas y emitir conclusiones sobre causas raíz, factores contribuyentes o responsabilidades no corresponde al fabricante del registrador jurídico”. Así, puntualizan que “dicha interpretación exige un conocimiento completo del tren como sistema integrado, de su configuración real, de su historial de mantenimiento y de su operación”.

En consecuencia, la empresa de las cajas negras considera que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben ser realizados por el fabricante/integrador y por el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”. La entidad debería actuar como “facilitador técnico del acceso, carga, visualización y comprensión funcional de los registros, pero no como responsable del análisis causal o interpretativo del accidente”.

En este caso, aseveran que “esta delimitación protege la fiabilidad técnica de la diligencia, evita atribuir a cada actor conocimientos o responsabilidades que no le corresponden y permite que el órgano judicial reciba una interpretación fundada por quienes están en mejor posición técnica para correlacionar los datos registrados con el comportamiento integral de las unidades ferroviarias”.

La representación legal del hombre al que fracturaron la mandíbula de un puñetazo en una agresión homófoba en noviembre de 2025 en las cercanías del Vial Norte ha solicitado al juez que autorice la geolocalización de los teléfonos móviles que había en la zona donde sucedieron los hechos a la hora de los mismos, con el fin de poder identificar a los presuntos autores.

Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2025 en la confluencia de la avenida Cruz de Juárez con el Vial Norte y fueron relatados por el hombre a su llegada al hospital, en cuyo parte figura que se encontraba volviendo a su casa por la noche ese día y se cruzó con un grupo de chavales que empezaron a increparle con comentarios homófobos, a los que él respondió y, uno de los jóvenes le dio un puñetazo en la mandíbula. El parte médico -al que tuvo acceso este medio-, señalaba en el apartado de lesiones una fractura mandibular.

La víctima, tras estar ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y ser intervenida quirúrgicamente, formalizó una denuncia ante la Policía Nacional que, con su relato de los hechos, abrió una investigación por los hechos, dando traslado al juzgado. Fuentes del caso relatan a este periódico cómo la Policía Judicial solicitó al juez acceder a la geolocalización de los teléfonos móviles en la zona y la hora de la agresión, con el fin de poder identificar a los presuntos agresores que habían sido captados por algunas cámaras del lugar, pero la petición fue rechazada inicialmente y el caso sobreseído provisionalmente.

Tras conocer esto la representación de la víctima y presentar un escrito de alegaciones solicitando que se le diera traslado de las actuaciones y se accediera a la geolocalización de los móviles, dicho recurso fue desestimado en un auto del juzgado de Instrucción plaza número 4 de Córdoba, al que se ha presentado ahora un recurso de apelación ahora ante la Audiencia Provincial. En este último recurso se insiste en solicitar como medida de investigación la autorización a la Policía Judicial para el geoposicionamiento de los teléfonos móviles en la zona y a la hora de los hechos denunciados, con el fin de poder identificar los móviles que utilizaran -y con ello a sus dueños- los presuntos agresores.

“Identificación de los autores del execrable delito de odio”

En el recurso -al que ha tenido acceso este periódico-, se argumenta que la medida se podría llevar a cabo “reduciendo y acotando el ámbito espacial, el radio de afección y los demás elementos de acceso a la información de las personas que pudieran haberse conectado con las estaciones BTS” de la zona, de manera que así “se pueda dar respuesta conjunta y armónica tanto a la búsqueda e identificación de los autores del execrable delito de odio que aquí nos ocupa, cuanto al respecto de los derechos fundamentales que pudieran, en su caso, verse afectados”.

E insiste en que “en el caso que nos ocupa, se puede intentar al menos y en aras de averiguar lo relativo a la comisión del delito, acompasar lo solicitado por la policía judicial al respeto de la normativa y jurisprudencia”.

En ese sentido, sostiene que la medida solicitada para la investigación policial podría acordarse y sumarse a la denuncia de los hechos y su corroboración objetiva y periférica con el parte médico o las grabaciones de las cámaras de la zona donde ocurrieron los hechos y la posterior huida de los presuntos autores.

La representación legal de la víctima cree que proporcionar la geolocalización de los móviles sería “una medida legítima (...) que resulta idónea, necesaria y proporcional, dirigida a la averiguación y descubrimiento de los autores de un delito grave con importantes secuelas” para el hombre agredido “e incluso, para el resto de la sociedad por lo censurable y odioso de la conducta denunciada”.

Este recurso de apelación se interpone tras el auto que desestimaba un primer recurso de reforma sobre la petición de autorizar el geoposicionamiento de los teléfonos móviles, amparándose en distinta jurisprudencia que así lo avala con sentencias de los últimos años, sostiene la representación de la víctima.

La Guardia Civil ha investigado en la localidad de Villanueva de Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenirle 14 comprimidos de éxtasis que arrojaron un peso aproximado de 5 gramos.

La actuación se desarrolló en el casco urbano de la localidad de Villanueva de Córdoba cuando, agentes del Puesto de la Guardia Civil de ese municipio, prestaban servicio preventivo de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones de la estación de autobuses de la localidad.

Durante el servicio, los agentes observaron a una persona joven que, al percatarse de la presencia policial, trató de evitar el contacto con los guardias civiles cambiando bruscamente de dirección y mostrando actitud nerviosa, por lo que se procedió a su identificación.

Tras practicar un cacheo superficial, los agentes localizaron en uno de sus bolsillos 14 comprimidos sin envase médico y con formas y colores diversos, que una vez fueron sometidos a las correspondientes pruebas de identificación resultaron ser éxtasis, con un peso en conjunto aproximado de cinco gramos.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, así como a la intervención de la sustancia estupefaciente hallada.

La actuación se enmarca en el Plan para la Prevención del Consumo de Drogas en Zonas de Ocio que la Guardia Civil desarrolla de forma permanente para prevenir el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes en espacios públicos y zonas de concentración de personas. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.

Un grupo de la Universidad de Córdoba (UCO) ha participado en el monitoreo de huevos de 14 especies de aves durante una década con el objetivo de caracterizar la exposición de las aves silvestres a contaminantes ambientales.

Según ha informado la UCO en una nota, el huevo de un ave silvestre es, a simple vista, una muestra de la continuidad de la especie, pero también puede ser un reservorio químico que ofrezca una fotografía general de la salud ambiental del entorno del ave.

Siguiendo esa filosofía el grupo de Toxicología Veterinaria (AGR-125) de la UCO, perteneciente a la Unidad de Investigación Competitiva de Zoonosis y Enfermedades Emergentes de la UCO (Enzoem), ha colaborado con el Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna Silvestre de Andalucía (CAD) en el monitoreo de huevos de 14 especies.

Bajo una perspectiva 'One Health' en la que la salud ambiental, la humana y la animal están interrelacionadas, este estudio va más allá de detectar la contaminación en el huevo y determinar qué implicaciones tiene sobre las aves.

Como explica el investigador de Toxicología Veterinaria y responsable del estudio Nahúm Ayala, “el uso de los huevos como herramienta para la biomonitorización ofrece una visión general que permite determinar qué contaminantes están circulando en los ecosistemas”.

Tras analizar los huevos sin eclosionar recogidos en entornos naturales entre 2014 y 2024 se detectó la presencia de contaminantes derivados del DDT, un pesticida que fue prohibido en la década de los 70 por sus efectos nocivos sobre la salud humana y la de los ecosistemas. Además de estos contaminantes clásicos, que persisten medio siglo después de su prohibición, también identificaron residuos de plaguicidas o fungicidas de uso actual.

“Este tipo de contaminantes tienen implicaciones directas en la reproducción de especies como en las que, como el quebrantahuesos, sólo ponen uno o dos huevos al año, por lo que un fracaso reproductivo es muy importante. La presencia de DDT, por ejemplo, está relacionada con un adelgazamiento de la cáscara del huevo, que predispone a una mayor entrada de microorganismos o pérdida de humedad, poniendo en riesgo la viabilidad del huevo”, ha explicado la investigadora del CAD y autora principal del estudio, Isabel Fernández.

En este caso, los huevos fueron sometidos a un examen detallado, que incluyó mediciones biométricas, evaluación del desarrollo embrionario e investigación de posibles causas de fallos reproductivos junto con análisis químicos de cáscaras y contenido de los huevos para analizar los diferentes contaminantes.

Los datos de este tipo de ensayos son esenciales sobre el terreno, “ya que generan una información muy útil para la gestión de espacios naturales y de especies incluidas en programas de conservación, además de ser esenciales para detectar contaminantes emergentes de forma temprana”, ha señalado Ayala.

Las rapaces, uno de los grupos más representados en este estudio, ocupan los niveles más altos de la cadena trófica, por lo que la presencia de estos contaminantes en sus huevos son una prueba de cómo se acumulan y cómo persisten estos contaminantes en el medioambiente.

Este trabajo, encuadrado dentro de la línea de biomonitorización de fauna silvestre del grupo de investigación, dará pie a futuras investigaciones sobre la presencia y acumulación de contaminantes emergentes de interés ambiental, como los microplásticos, usando la fauna silvestre como centinelas de la salud del entorno en el que habitan.

Investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba han detectado las primeras obreras de avispón oriental (Vespa orientalis) en la capital cordobesa, en el marco del estudio que el IAS-CSIC viene desarrollando para conocer la ecología y ciclo anual de esta especie invasora en el entorno urbano.

La observación se produjo el pasado día 5 durante el seguimiento de varios nidos primarios localizados en distintas zonas de la ciudad. En dichos nidos se detectaron las primeras obreras de la temporada, pertenecientes a la primera generación desarrollada por las reinas fundadoras.

Esta observación se produce 78 días después de la detección de las primeras reinas fundadoras activas tras la hibernación, registrada el pasado 19 de marzo mediante un sistema de trampeo para la monitorización temprana de la especie. El periodo transcurrido entre ambas observaciones corresponde a la fase fundacional de la colonia, durante la cual cada reina construye el nido inicial, busca alimento y cría en solitario a la primera generación de obreras. Las obreras observadas corresponden a la denominada generación nanítica, formada por individuos de menor tamaño que se desarrollan bajo las limitaciones nutricionales propias de las primeras etapas de crecimiento de la colonia.

“La detección de las primeras obreras aporta una referencia importante para comprender el desarrollo estacional de la especie en Córdoba. El intervalo observado entre la aparición de las primeras reinas fundadoras y la emergencia de las primeras obreras proporciona información útil para caracterizar la fenología de Vespa orientalis en las condiciones climáticas de nuestra ciudad y mejorar el diseño y la eficacia de futuras estrategias de vigilancia y control”, explica la investigadora del IAS-CSIC Mónica Fernández-Aparicio.

Actualmente, tanto las reinas fundadoras como las primeras obreras desarrollan actividad dentro y fuera del nido. “Durante esta fase temprana, las reinas continúan realizando vuelos de forrajeo para obtener recursos alimenticios destinados al mantenimiento de la colonia y al desarrollo de nuevas larvas. En consecuencia, el trampeo dirigido a reinas fundadoras sigue siendo potencialmente útil como herramienta de control de la población durante esta etapa inicial del desarrollo de las colonias”, apunta Fernández-Aparicio.

A medida que aumenta el número de obreras, estas asumen progresivamente las tareas de búsqueda de recursos, alimentación de las larvas, y ampliación del nido, permitiendo que la reina concentre su actividad reproductora en el interior de la colonia. “Durante las próximas semanas se espera un crecimiento gradual del tamaño de los nidos, reduciéndose progresivamente la contribución directa de las reinas a las actividades de forrajeo. El número de obreras por nido crecerá hasta alcanzar un máximo al final de verano y principios de otoño. En esas etapas el trampeo dirigido a obreras perderá su eficacia como método de reducción de la densidad de población, aunque tendrá utilidad como sistema de monitorización”, subraya la responsable del estudio.

Los nidos monitorizados por el IAS-CSIC durante esta campaña se encuentran en cavidades asociadas a construcciones humanas, lo que coincide con observaciones realizadas en años previos tanto en Córdoba como en otros entornos urbanos, donde la especie utiliza huecos en edificios para establecer los nidos. Por este motivo, los investigadores recomiendan prestar atención a la presencia repetida de avispones entrando y saliendo de una misma cavidad en fachadas, cajas de persianas, tejados, muros u otras estructuras similares. Ante la presencia de un nido, se recomienda comunicar la observación a los servicios municipales competentes o, en caso de riesgo para las personas, a los servicios de emergencia.

Asimismo, los investigadores recuerdan la importancia de no confundir el avispón oriental (Vespa orientalis) con el avispón europeo (Vespa crabro), una especie autóctona también presente en la ciudad de Córdoba. Aunque ambas pertenecen al género Vespa, presentan diferencias significativas en morfología, ecología e impacto económico.

La combinación de diferentes herramientas de seguimiento, incluyendo sistemas de trampeo selectivo, observación directa de la actividad de las reinas fundadoras y monitorización continuada de nidos, está permitiendo al IAS-CSIC documentar el desarrollo estacional de Vespa orientalis en Córdoba. Hasta el momento, el equipo investigador ha registrado la mortalidad final de ciclo de obreras y machos observada a partir del 20 de noviembre de 2025, la aparición de las primeras reinas fundadoras activas tras la hibernación el 19 de marzo de 2026 y la emergencia de las primeras obreras el 5 de junio de 2026. “La identificación de estos hitos fenológicos durante los próximos años constituirá una herramienta fundamental para comprender la dinámica poblacional de la especie y mejorar las estrategias de vigilancia y gestión en entornos urbanos”, destaca la investigadora.

Además del seguimiento fenológico, el estudio del IAS-CSIC incluye la identificación de los recursos alimenticios utilizados por las reinas fundadoras durante los dos primeros meses tras la salida de hibernación. Entre las fuentes de alimento observadas se encuentran melazas producidas por cochinillas y pulgones, flores, exudados foliares y proteína procedente de diversos insectos, incluyendo moscas, abejas, avispas y mariposas. Estas observaciones contribuyen a mejorar el conocimiento sobre la ecología temprana de la especie en entornos urbanos.

El seguimiento continuará con el objetivo de documentar la evolución de las colonias y completar el conocimiento sobre el comportamiento Vespa orientalis en el entorno urbano de Córdoba.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha informado sobre la adjudicación provisional de los contratos con los laboratorios metalúrgicos para el análisis de los carriles fracturados en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde en la tarde del domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Según recoge el oficio de la CIAF a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press y trasladado al Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que lleva la causa, el proceso de selección y contratación de laboratorios “se halla en su última fase”, una vez reunida la Junta de Contratación el día 20 de mayo. Se ha tramitado como contrato de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad (según el artículo 168 b) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) y por tramitación de urgencia.

No obstante, habida cuenta de que “las muestras a ensayar han sido encomendadas a la CIAF por el juzgado al cargo de la investigación, la adjudicación definitiva y la ejecución del contrato con los laboratorios queda supeditada a la validación y permiso por parte de la autoridad judicial, que deberá asimismo conceder su permiso para el traslado de las muestras, su entrega a los laboratorios, la extracción de las probetas y los ensayos a realizar”.

Dichos condicionantes han sido incluidos en las prescripciones del contrato. Para el procedimiento negociado han sido invitadas tres empresas de laboratorios metalúrgicos previamente seleccionadas por la CIAF en base a “su acreditación, solvencia técnica y ausencia de conflictos de intereses”, si bien una de ellas desistió antes de la Junta de Contratación, por lo que el procedimiento ha sido negociado con Cenim, entidad pública adscrita al CSIC, con sede en Madrid, y Aimen, empresa privada con sede en O Porriño (Galicia).

Al respecto, se asegura que “ambas empresas cuentan con los medios, la acreditación y la experiencia necesaria y no incurren en ningún conflicto de intereses con las entidades y empresas involucradas en el accidente, ni tampoco relacionadas con las obras de renovación de la línea afectada”.

En este sentido, el objetivo del contrato es “contar con dos laboratorios independientes que realicen los ensayos necesarios en paralelo, de modo que se refuerce la independencia de los análisis y la fiabilidad de los resultados”. Sin embargo, se puntualiza que “algunas de las pruebas y trabajos a realizar están condicionados inevitablemente por el hecho de que sólo hay un lote de muestras sobre el que trabajar, por lo que sólo las podría ejecutar un laboratorio”.

Se trata, por una parte, de las pruebas no destructivas iniciales, “a realizar sobre las muestras inalteradas, sin tampoco alterarlas --inspección visual, toma de fotografías, escaneo--”, y por otra parte, de la extracción de probetas a partir de las muestras, algo que “implicará corte y mecanización, y, por lo tanto, alterará las muestras de manera inevitable e irreversible”.

Aún con todo, la CIAF explica que “en ambos casos puede estar presente un técnico del segundo laboratorio que supervise la ejecución”. Asimismo, el segundo laboratorio recibirá una copia de las imágenes u otras inspecciones realizadas por el primero para analizarlas por separado. Una vez extraídas las probetas por el primer laboratorio, el segundo dispondrá de un lote de probetas con las que realizar el resto de ensayos, “de manera paralela e independiente”.

Las labores

Por este motivo y con las premisas expuestas, el contrato licitado ha sido dividido en dos lotes para su ejecución, de forma que el Lote 1, del primer laboratorio, incluirá la realización de pruebas no destructivas sobre las muestras de carril, “sin alterarlas”, para lo cual estará presente como observador un representante del segundo laboratorio, “al que se hará entrega de una copia de las imágenes o lecturas obtenidas”.

También, se encuentra la extracción de probetas a partir de las muestras para la realización de ensayos, en lo que estará presente como observador un representante del laboratorio y se extraerán dos lotes probetas para los siguientes ensayos, y uno de esos lotes será entregado al segundo laboratorio. Asimismo, la realización de pruebas sobre las probetas extraídas y la realización de informes sobre los trabajos y resultados de las fases anteriores.

Y en el Lote 2, del segundo laboratorio, se incluye la supervisión de las pruebas no destructivas realizadas por el primer laboratorio sobre las muestras de carril, ante lo cual se recibirá copia de las imágenes o lecturas obtenidas por el primer laboratorio, para su estudio e interpretación.

La supervisión de extracción de probetas por parte del primer laboratorio, de modo que se recibirá uno de los lotes para la realización de los siguientes ensayos. La realización de pruebas sobre las probetas --recibidas del primer laboratorio--, y la realización de informes sobre los trabajos y resultados de las fases anteriores. La parte referente a los ensayos no destructivos de la primera fase se realizará a partir de la información entregada por el primer laboratorio.

“Solvencia y capacidad”

Teniendo en cuenta estas condiciones se ha elaborado el expediente de contratación con arreglo a la Ley de Contratos del Sector Público --incluyendo las correspondientes memorias justificativa y económica, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas--.

En este caso, desde la CIAF se subraya que “acreditada y validada la plena solvencia y capacidad técnica de ambos laboratorios para la realización de todos los trabajos requeridos”, la Junta de Contratación ha valorado las ofertas y en ambos lotes la mayor puntuación, según las fórmulas aplicadas, ha sido obtenida por Aimen. De acuerdo con las cláusulas del expediente de contratación, “no es posible adjudicar al mismo licitador los dos lotes --para cumplir el objetivo de que ambos sean realizados por laboratorios diferentes--”.

En previsión de dicha eventualidad se requirió, al inicio del procedimiento, que los licitadores expresasen un orden de preferencia sobre los lotes, resultando que ambos --Aimen y Cenim-- manifestaron su preferencia por el primer lote. En consecuencia, en aplicación de las cláusulas de contratación y la legislación establecida, correspondería la adjudicación del Lote 1 a Aimen y del Lote 2 a Cenim.

Se pone todo esto en conocimiento del Tribunal --a través del presente oficio a la Policía Judicial-- con el objeto de que “pueda valorar la idoneidad de la adjudicación y conceder, si así lo considera, su visto bueno para la adjudicación definitiva del contrato”. En caso de que el Tribunal lo considere necesario para hacer su valoración, se le podrá facilitar la documentación pertinente del expediente de contratación.

Al hilo de ello, desde la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado se ha acordado enviar a la pieza separada dicho oficio del día 22 de mayo presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita para que la jueza acuerde lo procedente.

El investigador de la Universidad de Córdoba (UCO) y responsable del grupo de Hepatología Molecular en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) Manuel D. Gahete ha recibido el Premio Manuel Losada Villasante en la categoría de Investigación Científica.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que el jurado de los premios, que celebran su XIV edición, ha valorado “su destacada trayectoria investigadora y sus relevantes contribuciones en el ámbito de la biomedicina y el cáncer hepático”, así como la “solidez, coherencia e impacto internacional de una línea de investigación centrada en el estudio de los mecanismos moleculares que conectan las alteraciones metabólicas con el desarrollo y progresión del carcinoma hepatocelular”.

Los galardones tienen como finalidad la promoción y el reconocimiento de la actividad investigadora en la Comunidad Autónoma de Andalucía, respaldando el desarrollo de iniciativas innovadoras que redunden en beneficio de toda la sociedad. Están organizados por la Sociedad Española de Radiodifusión, con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro Interalimentario y la Universidad de Sevilla.

El trabajo de Gahete ha permitido avanzar de manera significativa en la comprensión del papel de la regulación del ARN en la fisiopatología del cáncer hepático y sus investigaciones han abierto nuevas perspectivas para la identificación de biomarcadores y el diseño de estrategias terapéuticas innovadoras. El reconocimiento también destaca su capacidad de liderazgo científico y su compromiso con la formación de nuevos investigadores, así como su implicación en la divulgación y comunicación de la ciencia, acercando la investigación biomédica a la sociedad.

La piroplasmosis es una enfermedad transmitida por garrapatas y causada por los hemoparásitos Babesia caballi y Theileria equi, que afecta a todos los équidos: caballos, burros y mulas, e incluso cebras. La piroplasmosis causa cuadros clínicos sobre-agudos, agudos, crónicos y portadores asintomáticos. Los signos clínicos más comunes son fiebre, ictericia y anemia, aunque aquellos animales con la forma crónica podrían solamente presentar una disminución del rendimiento deportivo o pérdida de peso. La mayoría de los caballos afectados en España son asintomáticos, lo que implica difícil detección y focos de infección silenciosos para otros caballos. Además, aun siendo asintomáticos, la enfermedad es de declaración obligatoria en España, por lo que merma enormemente el comercio internacional.

Existe un tercer causante de esta enfermedad, Theileria haneyi, descrito por primera vez en 2018 en Estados Unidos y que no había sido identificado en España hasta ahora. Un estudio del área de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Córdoba (UCO) en colaboración con la Universidad de Washington, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y Laboratorios Gasset ha detectado, por primera vez en España, la presencia de Theileria haneyi en 3 caballos localizados en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga.

“La experiencia de nuestro grupo en manejar caballos con piroplasmosis, sobre todo caballos de alto valor y deportistas de élite, nos permite estar involucrados en el seguimiento y control sanitario de gran cantidad de estos animales. A lo largo de estos años encontramos frecuentes discrepancias en los resultados de las diferentes pruebas de laboratorio usadas para el diagnóstico de la piroplasmosis. Este hecho nos llevó a plantearnos si podría existir un nuevo parásito no descrito en España que provocase esas particularidades” explica Francisco Javier Mendoza García, uno de los autores del estudio.

Se investigó la presencia de Theileria haneyi en muestras de sangre de 222 équidos de 19 provincias españolas. Se realizaron varios tipos de PCR para la detección molecular de la presencia del parásito en la sangre del caballo, amplificando fragmentos de genes exclusivos tanto de Theileria equi como de Theileria haneyi, en pos de determinar exactamente qué especie de Theileria estaba presente en cada animal. Para certificar que se trataba de ese parásito previamente no detectado, se amplificó un gen completo específico de Theileria haneyi en los caballos positivos para compararlo con otras cepas existentes del mismo parásito alrededor del mundo y así poder estudiar también el grado de similitud entre ellos.

Implicaciones veterinarias y de control sanitario

La primera detección de esta especie en tres de los caballos analizados tendrá implicaciones veterinarias y de control sanitario en caballos ya que la co-infección de T.haneyi y T. equi favorece a una “superinfección” y podría hacer más resistente a T. equi frente a los fármacos que se usan frente a la enfermedad e incluso a las propias defensas del organismo.

Para el investigador, “hay que tener en cuenta que, a día de hoy, no existe ninguna prueba serológica comercial para el diagnóstico de esta enfermedad. Por otro lado, las medidas terapéuticas que comúnmente se administran para el tratamiento de T. equi parecen no ser efectivas contra T. haneyi, no existiendo aún un fármaco capaz de eliminar este parásito del hospedador, con las implicaciones clínicas, sanitarias y epidemiológicas que esto conlleva”.

Habiendo detectado la presencia del parásito en el país, se torna necesario desarrollar pruebas diagnósticas convencionales y medidas terapéuticas eficaces contra él. Para el equipo, “el siguiente paso es aumentar el tamaño muestral con muestras sanguíneas de équidos procedentes de todos los puntos de la geografía nacional, en aras de determinar la prevalencia tanto molecular como serológica de esta nueva enfermedad en España”.

El calor extremo ya no es una amenaza futura, sino una realidad que experimentan millones de personas cada año y que cada vez llega antes. Ni siquiera hace falta que sea verano. Es 2 de junio en Córdoba y las temperaturas tumban aves y secan árboles en plena ciudad. Owen Atkin, profesor de Ciencias Vegetales de la Universidad Nacional de Australia, señala a la puerta precisamente para hablar de una realidad que es presente, y no es un posibilidad que está por llegar.

Atkin es el presidente del comité organizador del 47º Simposio New Phytologist, que se celebra en Córdoba del 2 al 5 de junio. Unos minutos antes de que arranque, charla brevemente con Cordópolis. Sonríe cuando se le dice que para hacer trabajo de campo en Córdoba basta con salir del salón de actos donde se celebra el congreso y andar diez minutos por la avenida de Medina Azahara que da acceso al Rectorado.

El investigador australiano considera que las olas de calor son una de las manifestaciones más tangibles del cambio climático para la ciudadanía. “Muchas personas no se preocupan por el calentamiento global porque lo ven como algo lejano o gradual, pero sí experimentan el calor extremo”, explica. “Cuando tu cuerpo sufre un día de 50 grados, entiendes de forma inmediata el impacto que eso puede tener sobre toda la vida”.

Precisamente por ello, el simposio centra buena parte de su atención en cómo las plantas responden a temperaturas extremas y qué lecciones pueden extraerse para la adaptación de ciudades, cultivos y ecosistemas naturales. Atkin advierte de que incluso en el escenario más optimista de reducción de emisiones, los episodios de calor extremo seguirán aumentando durante mucho tiempo.

“Aunque consigamos reducir las emisiones netas al mínimo posible, tendremos más olas de calor en el futuro. Tendremos que adaptarnos”, afirma alguien que ha desarrollado investigaciones de campo en entornos tan diversos como el Ártico, los bosques tropicales y los desiertos, lo que le ha permitido comprender cómo varía el intercambio de carbono de las hojas entre especies adaptadas a condiciones térmicas muy diferentes.

Lugares como Córdoba tendrán que lidiar no solo con 50 ºC, sino con 55 ºC, tal vez más

En ese contexto, Córdoba aparece como un laboratorio natural para estudiar los efectos de las altas temperaturas. El científico no descarta que ciudades como la capital cordobesa deban afrontar en el futuro temperaturas superiores a los 55 grados centígrados. “La cuestión es qué significará eso no solo para las personas, sino también para los sistemas naturales y las plantas”, señala.

Lejos de ver la vegetación como una víctima pasiva del calentamiento, Atkin cree que puede formar parte de la solución. Muchas especies vegetales son capaces de sobrevivir a temperaturas cercanas a los 50 grados y los investigadores trabajan para comprender qué mecanismos les permiten resistir esas condiciones. “Necesitamos aprender por qué algunas plantas pueden soportar ese calor y utilizar ese conocimiento para ayudar a nuestras ciudades y a nuestra agricultura”, explica.

A su juicio, España cuenta con una ventaja importante gracias a su experiencia histórica frente a las altas temperaturas. El diseño urbano adaptado al clima mediterráneo, el uso de vegetación para reducir el calor en las ciudades y el conocimiento acumulado por el sector agrícola convierten al país en una referencia internacional.

“España y Córdoba va por delante en muchos aspectos y pueden enseñar al mundo cómo enfrentarse al calor extremo, cómo diseñar ciudades más frescas, cómo utilizar las plantas para mantenerlas habitables y cómo desarrollar una agricultura capaz de prosperar en condiciones de calor extremo”, concluye.

La Universidad de Córdoba (UCO) se ha convertido esta semana en el centro internacional de la investigación sobre los efectos del calor extremo en los seres vivos con la celebración del 47th New Phytologist Symposium: Extreme Heat: Extending the Thermal Limits of Life, un congreso que reúne a 150 investigadores procedentes de 22 países para debatir los avances científicos más recientes sobre la adaptación de las plantas y los ecosistemas a temperaturas cada vez más elevadas.

La inauguración contó con la participación de la vicerrectora de Campus Sostenible de la UCO, Amanda García, junto a los profesores e investigadores Rafael Villar y Cristina Crespo, del área de Ecología de la Universidad de Córdoba, quienes destacaron la importancia de un encuentro científico que se celebra precisamente en una ciudad acostumbrada a registrar algunas de las temperaturas más altas de Europa.

Durante la apertura, la representante de la Universidad subrayó que hablar de calor extremo en Córdoba “parece algo evidente”, pero recordó que el objetivo de la investigación científica es encontrar fórmulas que permitan adaptarse a un fenómeno que cada vez resulta más frecuente e intenso. En este sentido, destacó el papel de la comunidad investigadora internacional reunida en la ciudad para profundizar en el conocimiento del problema y aportar soluciones prácticas.

Adaptarse a un fenómeno que irá en aumento

El profesor Rafael Villar, del Departamento de Ecología de la UCO y miembro del comité organizador, explicó que el simposio reúne a algunos de los científicos más prestigiosos del mundo en el estudio de los efectos del calor extremo sobre las plantas. Según Villar, el objetivo es comprender mejor cómo responden los organismos vegetales a las temperaturas extremas y qué mecanismos de adaptación pueden desarrollarse ante un escenario marcado por el aumento de las olas de calor.

El investigador recordó que la reducción de las emisiones de dióxido de carbono sigue siendo una prioridad para mitigar el cambio climático, pero señaló que la adaptación constituye igualmente un reto fundamental. En este contexto, destacó la necesidad de conocer cómo pueden responder las plantas a condiciones ambientales cada vez más severas, especialmente en sectores tan sensibles como la agricultura, los bosques y los ecosistemas naturales. “Esperamos que de este simposio surjan propuestas y soluciones para afrontar un problema que será cada vez más recurrente”, indicó.

Uno de los ámbitos de investigación que está desarrollando actualmente la Universidad de Córdoba se centra en el estudio de los límites térmicos de las especies vegetales presentes en parques y zonas verdes urbanas. La profesora Cristina Crespo, también investigadora del área de Ecología, explicó que los trabajos buscan determinar qué especies son capaces de soportar mejor las temperaturas extremas y cuáles podrían ver comprometido su funcionamiento en el futuro.

La flora urbana, una aliada frente al calor

La investigadora señaló que las plantas urbanas desempeñan un papel esencial en la regulación térmica de las ciudades. Además de su valor ambiental y paisajístico, contribuyen a reducir la temperatura del aire y a mejorar el confort térmico de la población. “Si las plantas dejan de funcionar adecuadamente, también perderán parte de su capacidad para refrigerar el ambiente, lo que podría intensificar el fenómeno conocido como isla de calor urbana”, explicó.

Los estudios realizados por el grupo de investigación muestran que no todas las especies responden igual ante el aumento de las temperaturas. En particular, algunas especies ornamentales procedentes de regiones tropicales presentan un comportamiento menos favorable del esperado en términos de resistencia térmica y capacidad de enfriamiento.

Por el contrario, las especies originarias de climas mediterráneos y templados parecen mostrar una mayor adaptación a las condiciones extremas que ya se están registrando en ciudades como Córdoba. Durante la inuaguración, Crespo defendió también la necesidad de acercar el conocimiento científico a la ciudadanía y a los responsables de la planificación urbana.

La investigadora reconoció que existe una creciente preocupación social por la conservación de la flora urbana y las zonas verdes, aunque considera que todavía queda un amplio margen para mejorar la concienciación y la incorporación de criterios científicos en la gestión de las ciudades. En este sentido, destacó el papel de los investigadores en la divulgación de resultados y en la transferencia de conocimiento hacia administraciones y gestores públicos.

Además de la flora urbana, los grupos de investigación de la Universidad de Córdoba trabajan en otras áreas estrechamente relacionadas con los efectos del calor extremo. Entre ellas destacan los estudios sobre el funcionamiento de los bosques mediterráneos y la adaptación de los sistemas agrícolas a las nuevas condiciones climáticas.

Según explicó Crespo, el incremento de las temperaturas también favorece la expansión de plagas y especies exóticas que pueden afectar negativamente a los ecosistemas forestales y agrícolas. Por ello, diversos equipos de investigación están analizando las posibles consecuencias futuras y las estrategias de adaptación más eficaces.

Una semana de debates científicos

La jornada inaugural del congreso, celebrada el martes 2 de junio, comenzó con la recepción de los participantes y un acto de bienvenida institucional a cargo de representantes de la Universidad de Córdoba y del comité organizador. La programación científica arrancó con la sesión Heatwaves and plant life – when and where (Olas de calor y vida vegetal: cuándo y dónde), presidida por Owen Atkin (presidente del Comité Organizador del congreso) y Alice Gauthier.

Posteriormente se ha celebrado una mesa redonda dedicada a los microclimas, la modelización de temperaturas superficiales, las consecuencias biológicas de la exposición al calor y la recurrencia de episodios extremos.

Tras una pausa, la segunda sesión científica se centra en las respuestas ecoevolutivas al calor extremo, con ponencias sobre tolerancia térmica, servicios ecosistémicos, límites de la fotosíntesis, adaptación de gramíneas en áreas geotermales, vulnerabilidad térmica y variabilidad en la resistencia fisiológica de las plantas. La jornada concluye con sesiones de comunicaciones breves, exposición de pósteres científicos y una recepción para los participantes.

El simposio continuará durante toda la semana en Córdoba y finalizará el viernes al mediodía, después de varias jornadas dedicadas a compartir investigaciones y debatir estrategias que permitan comprender mejor cómo la vida en la Tierra puede enfrentarse a un futuro marcado por temperaturas cada vez más extremas.

El Movimiento Sumar Córdoba ha mostrado su “más absoluta indignación y condena” ante las imágenes difundidas en redes sociales en las que se observa a tres jóvenes subidos a las columnas exteriores de la Mezquita-Catedral de Córdoba, “aparentemente orinando sobre una de las históricas puertas del monumento”. Los hechos habrían ocurrido durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud y “han generado una profunda alarma social y un amplio rechazo entre la ciudadanía cordobesa”. 

En un comunicado, Lola Alcaide, co-coordinadora de Movimiento Sumar Córdoba y licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ha manifestado que los hechos no constituyen “una simple gamberrada ni ante una anécdota propia de una noche de excesos”. “Estamos ante un acto de desprecio hacia uno de los monumentos más importantes del mundo, un bien que forma parte del patrimonio colectivo de toda la humanidad y de la identidad de Córdoba”, ha abundado. 

Explica que la Mezquita-Catedral constituye uno de los principales reconocimientos patrimoniales de la UNESCO y es símbolo universal de la convivencia de culturas que ha caracterizado históricamente a nuestra ciudad, y que Córdoba tiene además el honor de ser la única capital del mundo que cuenta con cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO, un privilegio que conlleva también una enorme responsabilidad en la conservación y protección de ese legado. 

Por ello, desde Sumar Córdoba exigen que los hechos sean investigados con rigor y que se determine si pueden constituir un delito contra el patrimonio histórico. Asimismo, consideran imprescindible esclarecer todas las circunstancias que rodean el incidente y depurar las responsabilidades que correspondan. 

“Las imágenes muestran además gestos cuya interpretación ha generado preocupación social. Sin embargo, creemos que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar su significado y valorar si pudieran existir elementos que justificasen investigar otras posibles tipificaciones penales. Lo que sí resulta indiscutible es la gravedad del comportamiento exhibido y el daño causado a la imagen y dignidad de un monumento de valor universal”, lamenta Alcaide.

Asimismo, afirma que no se puede normalizar que nuestro patrimonio sea utilizado como escenario para actos de humillación, vandalismo o exhibicionismo“ e insiste en que ”Córdoba vive en gran medida de la riqueza histórica, cultural y artística que heredamos de generaciones anteriores y en que defender ese legado es una obligación cívica e institucional“ 

Movimiento Sumar Córdoba espera que las administraciones competentes, las fuerzas de seguridad y los organismos responsables de la protección del patrimonio actúen con la máxima diligencia para esclarecer los hechos y evitar que queden reducidos a una mera polémica pasajera en redes sociales. 

“La defensa del patrimonio histórico no admite indiferencia. Quien ataca o degrada un monumento de este valor no ofende únicamente a Córdoba: ofende a toda la ciudadanía y al legado cultural que pertenece a las generaciones presentes y futuras”, afirma la nota. 

Las autoridades no han iniciado investigación

Este periódico ya preguntó el pasado domingo por la imagen, después de que comenzara a circular por diversas redes sociales. En aquel momento, la Policía Local indicó que no conocía la imagen y que ninguna institución (ni el Cabildo, ni la Junta ni ningún particular) había denunciado los hechos. Desde la Junta de Andalucía también aclararon que “no actúa de oficio a no ser que haya daños en el patrimonio”.

Por su parte, en el Cabildo sí que conocía la imagen, si bien sus cámaras no enfocan a la calle y no podían determinar su veracidad. La institución eclesiástica afirmó que, por encima del presunto daño patrimonial que se pudiera haber causado al monumento, también está el riesgo que habrían sufrido los supuestos autores al subirse a las columnas.

El investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Rafael Luque, ha sido proclamado Premio de Investigación 2026 Princesa de Girona en el CongreFest que se ha celebrado en Murcia este martes. Luque ha agradecido el reconocimiento señalando que los valores que representa la fundación son los que intenta aplicar en su carrera y su proceso de divulgación científica. “Llevo más de 15 años llevando el telescopio por todos los pueblos y regiones de Andalucía”, ha explicado.

Así, ha agradecido a la fundación “poder tener la oportunidad y un altavoz para inspirar a jóvenes no sólo ya en las zonas rurales de Andalucía, sino de toda España para seguir carreras de ciencia, para hacer investigación científica y hacerlo a través de la astronomía que nos permite, bajo un mismo cielo, ver que no tenemos diferencias”.

La ciudad de Murcia acoge esta semana la quinta y última parada del Tour del Talento de la Fundación Princesa Girona que este martes ha contado con la presencia del Rey Felipe VI en el Princesa de Girona CongresFest para presenciar el anuncio del ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026.

Acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido recibido por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez. Por sorpresa, el tenista murciano Carlos Alcaraz ha participado en una charla sobre su carrera.

Felipe VI ha presenciado la segunda parte del acto donde los cinco candidatos al Premio Princesa de Girona de Investigación 2026 han explicado su labor. Ana Benítez, investigadora de la Universidad Técnica de Múnich; Carla Casadevall Serrano, especialista en conversión sostenible de energía; Javier Santos, profesor e investigador de la Universitat Pompeu Fabra; Pablo Rodríguez Fernández, investigador principal en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); y Rafael Luque, investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, han compartido con los asistentes su trayectoria y sus logros.

La entrega del galardón se celebrará el próximo 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, presidida por la Familia Real, junto al resto de premiados en las distintas categorías proclamadas a lo largo de las diferentes paradas del Tour del talento 2026.

Experiencias compartidas

A lo largo del acto, la química y Premio Princesa de Girona de Investigación 2016, Silvia Osuna, el matemático y Premio Princesa de Girona de Investigación 2014, Alberto Enciso, y la ingeniera de telecomunicación y Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2022, Elisenda Bou, han reflexionado sobre sus trayectorias y los grandes retos científicos actuales, poniendo en valor el papel de la investigación y el talento joven.

También han intervenido el químico y Premio Princesa de Girona de Investigación 2018, Guillermo Mínguez, y la biotecnóloga y emprendedora científica, Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, Patricia Aymà, que han hablado sobre sus carreras y los desafíos científicos contemporáneos.

La programación también ha abordado los retos de la exploración espacial y la innovación científica como palancas de transformación global. Lucía Matamoros, astronauta análoga, ha tratado sobre los desafíos actuales vinculados a la misión Artemis y al futuro de la presencia humana en el espacio. Su intervención ha incluido el testimonio en vídeo de Jesús Calleja, tercer español en viajar al espacio y primer no astronauta profesional en hacerlo, que ha compartido su experiencia.

Asimismo, se ha celebrado un coloquio que ha reunido a Aymà y a las investigadoras Sonia Soto y Elena Fuertes, jóvenes del Centro de Innovación de AMFRESH, sobre los grandes retos científicos y tecnológicos del presente, la capacidad humana de explorar nuevos límites -también en el ámbito espacial- y el papel de la investigación, la creatividad y el talento joven como motores de progreso e inspiración para las nuevas generaciones.

El acto ha incluido un espacio dedicado al deporte como escuela de valores, con la participación de los dos jóvenes distinguidos con el Galardón a los Valores de Jóvenes Deportistas Princesa de Girona 2025, la gimnasta rítmica Inés Bergua, reconocida con el oro en la categoría femenina por su trayectoria marcada por el esfuerzo, la disciplina y la excelencia deportiva; y el nadador Guillermo Gracia, oro en la categoría masculina, distinguido por su compromiso, capacidad de superación y dedicación tanto dentro como fuera de la competición.

En este diálogo han destacado valores como la constancia, la superación, la disciplina y la ambición de seguir explorando nuevos límites, trazando un paralelismo entre el deporte, la ciencia y la innovación.