El Centro de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía investiga un posible incidente de seguridad que podría haber afectado al sistema de información de la Consejería de Educación ‘Séneca’ comprometiendo la confidencialidad de ciertos datos de usuarios del sistema. Se ha detectado un posible acceso no autorizado al identificador de usuario IdEA de algunos profesores, con el que podría haberse accedido a sus cuentas y, por tanto, a los datos personales que constan en el sistema, tanto del profesorado como del alumnado.

Desde el primer momento se han activado las medidas previstas en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Consejería coordinando las acciones la Agencia Digital de Andalucía (ADA), en estrecha colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN). El incidente ha sido denunciado ante la Policía Nacional y comunicado a la autoridad competente en la protección de datos.

Mientras se evalúa el alcance de la incidencia, se han generado nuevas contraseñas para todos los profesionales usuarios en Séneca y prevenir así posibles accesos ilegítimos o intentos de suplantación de identidad. Como medida de prevención adicional, se está realizando un seguimiento continuo especial de los sistemas para detectar cualquier actividad sospechosa.

Asimismo, se recomienda cambiar todas las claves de cuentas almacenadas en gestores de contraseñas vinculadas al usuario IdEA, cuyo uso debe limitarse a fines educativos. Igualmente, es aconsejable extremar la precaución cuando se acceda a estas aplicaciones desde fuera del entorno de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía, a través de una red abierta y con equipos personales.

El Centro de Ciberseguridad está investigando el origen del posible acceso no autorizado, que podría estar en el ataque con un malware al ordenador de un usuario. Mientras tanto, este sistema de información sigue funcionando con total normalidad y puede seguir utilizándose por sus usuarios.

Hubo un tiempo en que Juan Luis Rizos (El Carpio, 1986) recorría los pueblos de Córdoba cargando instrumentos en la furgoneta de una orquesta, enlazando actuaciones, sobreviviendo con clases particulares de música y alargando las noches entre bares y cervezas. Quería vivir de la música. Pero la crisis económica de 2008 acabó por romper aquel sueño. “La música me dijo que no”, resume hoy con una sonrisa un astrofísico que, cuando sintió que había tocado suelo, decidió hacer justo lo contrario: levantar la vista hacia el cielo.

Aquel músico que estudiaba Física por la UNED mientras intentaba llegar a fin de mes tocando en verbenas y locales de la capital, es hoy uno de los investigadores españoles que trabaja en la exploración del Sistema Solar. Acaba de liderar un estudio del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), publicado en Nature Astronomy, que ha conseguido caracterizar Kallichore, una diminuta luna irregular de Júpiter de apenas unos kilómetros de diámetro cuya posición, tamaño, forma y brillo se conocen ahora con una precisión sin precedentes.

El trabajo supone un paso decisivo para que la misión europea JUICE, actualmente en ruta hacia el planeta gigante, pueda realizar un posible sobrevuelo de este pequeño satélite, considerado un fósil del Sistema Solar primitivo. Y, por si fuera poco, hace apenas unas semanas la Unión Astronómica Internacional decidió poner su nombre a un asteroide descubierto en los años noventa, un reconocimiento reservado a investigadores con aportaciones destacadas en el campo de la astronomía.

La moneda de un euro en Moscú

El nombre de Rizos, no obstante, llegó a la bandeja de entrada de este periódico esta semana, como aviso del “alumbramiento” de una pequeña luna jupiterina. El investigador cuenta a Cordópolis que la historia de Kallichore comenzó con un problema aparentemente insalvable. Cuando se incorporó hace un año y medio al equipo científico de la misión JUICE, en una de las primeras reuniones surgió la posibilidad de estudiar esta pequeña luna durante el viaje de la sonda hacia el sistema joviano.

El inconveniente era que nadie sabía con suficiente precisión dónde estaría el satélite en el momento clave. La incertidumbre alcanzaba los 1.500 kilómetros. “Si no sabes exactamente dónde está, no puedes decirle a la sonda dónde tiene que apuntar”, explica el investigador cordobés. Fue entonces cuando propuso recurrir a una técnica que ya conocía bien: las ocultaciones estelares, una especie de “eclipse” en el que un objeto pasa por delante de una estrella y permite calcular su posición con enorme exactitud gracias a los datos de la misión Gaia.

A partir de ahí se puso en marcha una operación internacional que combinó observaciones del telescopio espacial Hubble, del Gran Telescopio Canarias y de decenas de observadores profesionales y aficionados repartidos por Europa y Norteamérica. La preparación duró más de un año y obligó a coordinar telescopios desde Turquía hasta Colorado.

“Caracterizar un objeto de menos de cuatro kilómetros de diámetro, situado a más de cuatro veces la distancia entre la Tierra y el Sol, equivale a estudiar desde Córdoba una moneda de un euro situada en Moscú”, resume Rizos sobre la proeza, que tenía todo en contra para no resultar posible.

La madrugada que salió bien

La noche decisiva fue una madrugada de invierno. Rizos había estado meses poniendo en aviso a observadores de todo el mundo, muchos de ellos simples aficionados, de que ese día concreto de enero, se podría visualizar el fenómeno que permitiría caracterizar a Kallichore. Sin embargo, llegada la fecha, muchos equipos se quedaron sin observar nada por culpa de las nubes, mientras que otros guardaron silencio. Durante horas, el propio investigador dio la campaña prácticamente por perdida. De hecho, relata que se acostó pensando que tendría que escribir un correo de agradecimiento a todos los participantes por el esfuerzo realizado y dar carpetazo a su idea.

Sin embargo, al despertar encontró un mensaje procedente del norte de Italia: un equipo había registrado la ocultación de la estrella. Y no una vez, sino tres. “Pensé que se habían equivocado. Entré a analizar los datos y vi que era verdad”, recuerda. Aquellos tres telescopios permitieron afinar de forma extraordinaria el tamaño, el brillo y la órbita de Kallichore. Rizos tenía su “Eureka”: la primera caracterización física detallada de esta luna irregular y un paso clave para que JUICE pueda estudiarla de cerca cuando llegue a Júpiter.

También tenía resultados a meses de trabajo en pos de algo que el común de los mortales igual no es capaz ni de entender. El investigador cordobés detalla que esa pequeña luna podría conservar materiales prácticamente inalterados desde el origen del Sistema Solar y que la importancia de su caracterización está en que se pueden estudiar objetos similares a los transneptunianos sin necesidad de viajar hasta ellos. “Es muy complicado mandar una sonda a un objeto transneptuniano porque está a 30 o 50 unidades astronómicas”, y desde el punto de vista tecnológico es mucho más complicado. Sin embargo, estas lunas están a cuatro unidades astronómicas. Están, entre comillas, al lado“, explica Rizos, que remata que, en cierto modo, la investigación abre una ventana cercana hacia regiones del Sistema Solar que normalmente resultan inaccesibles.

De Ciudad Jardín a la NASA

Rizos lo cuenta todo con un lenguaje muy claro, esquivando tecnicismos. Se entiende cuando tratas con él y te cuenta cómo ha llegado hasta aquí. La trayectoria del investigador parece una novela de reinvención propia de la España del siglo XXI, que vio cómo su sueño de prosperidad se rompió a finales de la primera década, cuando estalló la crisis inmobiliaria de 2008.

Su historia no es muy distinta de la de miles de españoles que cogieron las maletas, con el añadido de que optó por reciclarse en pleno desmontaje del sistema económico español. Así, mientras estudiaba Física a distancia, Rizos vivía en un pequeño piso de alquiler Ciudad Jardín y seguía tocando con una orquesta cordobesa para sobrevivir. “Veía que no llegaba a fin de mes y tenía que hacer un cambio”, recuerda. Tras terminar la carrera consiguió su primer contrato en Canarias para realizar la tesis doctoral. Después dio el salto a Estados Unidos, donde trabajó en la Universidad de Maryland y participó en algunas de las misiones espaciales de la NASA.

Su tesis estuvo vinculada a OSIRIS-REx, la misión que recogió muestras del asteroide Bennu, y más tarde formó parte del equipo científico de DART, la misión que logró desviar por primera vez la trayectoria de un asteroide mediante un impacto controlado. En 2023 regresó a España gracias a un contrato Juan de la Cierva para incorporarse al Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada.

“Hay gente que tiene un piso en la playa; a mí me ha tocado esto”

Casi al final de la charla, se tiene que recordar a sí mismo que esta luna jupiterina no es lo único relevante que le ha ocurrido en los últimos meses. Y es que hace poco, durante un congreso en Polonia, recibió otro reconocimiento difícil de imaginar para aquel músico que hacía bolos por la provincia. La Unión Astronómica Internacional decidió rebautizar con su nombre un asteroide descubierto en los años noventa, sustituyendo la fría denominación numérica con la que había sido catalogado, por Juan Luis Rizos.

“Hay gente que tiene un piso en la playa; a mí me ha tocado esto”, bromea. Aunque detrás de la frase hay algo más que humor. También la conciencia de haber atravesado etapas muy distintas: la precariedad de la crisis, las noches de carretera con la orquesta, los años de investigación en Estados Unidos y, ahora, la posibilidad de que una sonda europea sobrevuele una luna cuya posición él ha ayudado a desentrañar.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves una declaración institucional en la que muestra su pésame por la muerte del exrector y consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, e impulsa los trámites para que el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, el primer centro de estas características que se pone en marcha en España, lleve su nombre.

De este acuerdo dará traslado a la Junta de Andalucía, administración de la que depende este centro de investigación sanitaria. Se trata del primer centro de estas características que se ha puesto en marcha en España y nació con el objetivo de convertirse en un referente nacional e internacional en investigación aplicada al control y prevención de enfermedades emergentes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Córdoba ha manifestado el reconocimiento, la admiración y el agradecimiento de la ciudad de Córdoba a José Carlos Gómez Villamandos por su extraordinaria contribución al sistema universitario del conjunto de España.

El Pleno ha trasladado las condolencias de la Corporación Municipal a su familia, amistades, compañeros y compañeras, así como a toda la comunidad universitaria. “El Ayuntamiento de Córdoba expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, quien fuera catedrático, investigador y una de las figuras más influyentes del sistema universitario español de las últimas décadas”, afirma el texto.

Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en la comunidad universitaria cordobesa y en el conjunto del sistema universitario español, donde ha dejado una profunda huella. En julio de 2022 fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, cargo que desempeñó hasta su muerte, si bien su trayectoria ha sido larga y prolífica, marcada por su capacidad de trabajo y su vinculación permanente con la Universidad de Córdoba.

Trayectoria

Nacido en Córdoba en 1963, era licenciado en Veterinaria por la UCO, con Premio Extraordinario de Licenciatura en 1986, y obtuvo el grado de doctor en 1988. Desarrolló una destacada labor investigadora en el ámbito de la anatomía patológica veterinaria, la patogenia de enfermedades víricas, la respuesta inmune e inflamatoria y la sanidad animal.

Autor de más de 125 artículos científicos y director de 17 tesis doctorales, participó y lideró numerosos proyectos nacionales e internacionales de investigación. Su vinculación con la gestión universitaria comenzó a finales de los años noventa y fue en mayo de 2014 cuando fue elegido rector de la Universidad de Córdoba, convirtiéndose en el primer rector formado íntegramente en la propia institución.

Reelegido para un segundo mandato, permaneció al frente de la UCO hasta julio de 2022. Durante esos ocho años impulsó el relevo generacional del profesorado, reforzó la inversión en investigación y transferencia del conocimiento, la internacionalización y el papel de la Universidad de Córdoba como agente de desarrollo social, cultural y territorial.

Su proyección en el ámbito universitario español se consolidó con su elección como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2019, cargo para el que fue reelegido en 2021. Su presidencia coincidió con la pandemia de Covid-19, etapa en la que desempeñó un papel destacado en la coordinación del sistema universitario español y en la adaptación de la enseñanza superior a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria.

A lo largo de su carrera ocupó numerosas responsabilidades institucionales, entre ellas la presidencia del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, y en julio de 2022 fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Su trayectoria científica y académica le valió el reconocimiento de numerosas instituciones. Fue académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental, académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

Su muerte ha supuesto la pérdida de una de las figuras más influyentes de la universidad cordobesa, andaluza y española de las últimas décadas, con una trayectoria marcada por la docencia, la investigación, la gestión académica y el servicio público.

Una investigación internacional liderada por las universidades de Córdoba y Pisa ha reconstruido, a partir de los análisis isotópicos, las huellas que la alimentación dejó en los restos humanos de una necrópolis italiana, revelando cómo era la vida cotidiana de una comunidad de hace 2.700 años. A pesar del paso del tiempo, algunos patrones de comportamiento se repiten: la alimentación, la movilidad de las personas, las diferencias de género y el papel del simbolismo funerario en la representación del estatus social.

El estudio se ha centrado en la necrópolis de Novilara, una de las mayores áreas funerarias de la cultura picena (una cultura prerromana del centro de Italia que existió al mismo tiempo que las sociedades tartésicas de la Península Ibérica, entre otras), y ha combinado análisis bioarqueológicos y multi-isotópicos.

En concreto, el equipo de investigación ha analizado los isótopos estables del carbono, del nitrógeno y del azufre, es decir, “huellas químicas” de la alimentación que quedan registradas en huesos, dientes, pelo y uñas, y que pueden conservarse durante miles de años. “Durante su formación, los huesos y los dientes incorporan la composición isotópica de los alimentos y el agua consumidos. Como resultado, su análisis puede aportar información sobre la dieta, la movilidad y el entorno en el que vivieron las personas”, explica la investigadora del Área de Prehistoria de la Universidad de Córdoba Zita Laffranchi.

Y si los isótopos dan información sobre la alimentación, la comida puede dar pistas sobre comportamientos sociales. En este sentido, la investigación ha revelado una dieta diferente en función del sexo (los hombres tenían un mayor acceso a la proteína animal en comparación con las mujeres) y que se trataba de una sociedad en la que entre el 1,4% y el 6,4% de las personas procedían de otras zonas, lo que sugiere movilidad y contactos con otras poblaciones, algunas incluso lejanas.

La dieta, basada principalmente en cereales y carne más que pescado, a pesar de la proximidad del mar Adriático (a solo 6 kilómetros), sugiere que el prestigio reflejado en algunas tumbas no siempre iba acompañado de diferencias apreciables en las condiciones de vida de quienes fueron enterrados.

“La investigación muestra que la desigualdad social no puede interpretarse únicamente a partir de los objetos depositados en las tumbas”, explica Laffranchi. Así, individuos inhumados con objetos de gran valor, como adornos de ámbar o armas, no presentaban señales isotópicas de haber comido mejor que aquellas personas enterradas en forma más humilde. Esto sugiere que el estatus social expresado en la tumba era una construcción simbólica que no reflejaba necesariamente la posición o las condiciones de vida de la persona fallecida, sino que probablemente respondía, al menos en parte, a las decisiones y tradiciones de los supervivientes de la comunidad.

La investigación, publicada en la revista Journal of Archaeological Science, aporta nuevas evidencias sobre el estilo de vida de las sociedades prerromanas de la Edad del Hierro y ayuda a comprender hasta qué punto la diferencia social, el género y la movilidad se reflejaban en la vida cotidiana. De esta forma, “el estudio demuestra el potencial de los enfoques bioarqueológicos para comprender cómo las personas experimentaban la identidad, la movilidad y las diferencias sociales en el pasado”, sostiene Marco Milella, investigador de la Universidad de Pisa.

Los tres peritos judiciales designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, han solicitado la participación de un especialista en telecomunicaciones para comprender “por qué nadie advirtió la ubicación del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste”.

Según recoge el escrito al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores ven “necesario” la participación de “un ingeniero de telecomunicaciones especializado en comunicaciones ferroviarias” para que les “aclare los enclavamientos y sistemas de detección que tiene la vía para detectar la presencia de un tren en cada uno de los cantones ferroviarios”, así como “las comunicaciones de este sistema con el puesto de mando”.

Por otra parte, los peritos resaltan que, “tras el estudio de la documentación y proyectos de las actuaciones de renovación de vía que se llevaron a cabo poco antes del accidente”, podría ser necesario la elaboración de diversos estudios del terreno que permitan “valorar si en la posible rotura del carril coincidieron otros factores externos a la propia soldadura”.

Así las cosas, “pensando en un fallo del terreno”, los expertos señalan la posibilidad de ejecutar “una campaña geotécnica” para aclarar “el comportamiento de los materiales de la infraestructura ferroviaria en la zona adyacente”, para lo que proponen “el estudio de la ejecución de, al menos, dos sondeos a 15 ml de profundidad en la zona de la infraestructura más cercana a la rotura de carril” y “no menos de cuatro ensayos SPT en las zonas adyacentes a la ubicación de la rotura de carril”.

Estos trabajos, detallan, “deberán ser ejecutados en banda de mantenimiento y de su resultado” se podrá “inferir posibles discontinuidades en la infraestructura y/o el macizo inferior que pudieran haber influido en la rotura de carril”. En todo caso, estas actuaciones “habrá que decidir o no ejecutarlas a la vista de la documentación que deberá entregar Adif y aún no está aportada a la causa”.

En lo referente al análisis metalúrgico de las evidencias recogidas en el tramo de Adamuz, los peritos sugieren “alterar el orden del concurso público en cuanto a la ejecución de los lotes” propuesto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), de modo que se asigne el Lote 1 a Cenim, entidad pública adscrita al CSIC, con sede en Madrid, y el Lote 2 a Aimen, empresa privada con sede en O Porriño (Galicia).

En cualquier caso, entre otras peticiones, exigen que “ambos laboratorios acrediten la calibración y homologación exacta de los procesos y maquinaria empleada”, así como “la presencia de estos peritos en las operaciones de toma de muestras, corte e identificación de probetas, además de en cuantas pruebas destructivas sea necesario” y que los informes realizados “expresamente se dirijan a la autoridad judicial, no a la CIAF”.

Con respecto a la lectura de las RJU, o 'cajas negras', los investigadores designados por el juzgado estiman que, tal y como señala Hasler Rail, empresa responsable del software, “no será necesaria la presencia de más técnicos para la interpretación de los datos contenidos en la RJU de los trenes”, aunque sí requieren “la presencia del fabricante o integrador de cada una de las unidades de tren implicadas”, así como la “del operador ferroviario en cuanto que conoce el contexto operativo, procedimientos de explotación, condiciones de servicio y cualquier información relevante sobre la circulación”.

Un trabajo liderado por el investigador del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) Alberto Hornero ha validado el uso del índice CWSI (Crop Water Stress Index) en dehesa y ha demostrado su potencial para comparar el estrés hídrico entre años, zonas y condiciones meteorológicas distintas, manteniendo su relevancia para la detección temprana de procesos de decaimiento como la seca.

Según informa el IAS-CSIC en una nota, en la región mediterránea, la encina (Quercus ilex), que ocupa más de dos millones de hectáreas de tierras forestales, desempeña un papel fundamental en la biodiversidad, la estabilidad del suelo, el secuestro de carbono y la regulación del agua, y tiene un gran valor cultural, económico y recreativo.

El alto valor económico de la encina se atribuye a su papel en la producción de bellotas para la alimentación in situ del cerdo ibérico, de ahí la importancia de detectar de forma precoz procesos de estrés hídrico y decaimiento del árbol. En este contexto, un trabajo liderado por Alberto Hornero, investigador del IAS-CSIC, ha demostrado que el índice CWSI, ampliamente utilizado en agricultura, puede adaptarse a encinares mediterráneos para evaluar el estrés hídrico del arbolado a partir de imágenes térmicas de alta resolución y mejorar el seguimiento temprano de procesos de decaimiento como la seca.

El estudio, publicado en 'Remote Sensing of Environment' y que se enmarca en los proyectos Quercusat, Espectramed y D-Traits de la Universidad de Córdoba (UCO) que ha financiado y coordinado esta línea de investigación, que ha permitido el diseño experimental, la toma de datos en campo, las campañas aéreas, los análisis y el procesamiento de imágenes, supone un avance metodológico porque traslada este índice, tradicionalmente de cultivo, al contexto de cubiertas forestales naturales, donde la estructura de la vegetación, la heterogeneidad del dosel y la variabilidad ambiental dificultan su aplicación directa.

La investigación se basa en una serie temporal de imágenes térmicas aéreas adquiridas entre 2012 y 2024 en dos zonas de estudio en Huelva y Córdoba, combinadas con sensores infrarrojos instalados sobre copas de encina y medidas fisiológicas tomadas en campo. Esta información permitió establecer una línea de referencia específica para encina y calcular un indicador térmico normalizado y más robusto, capaz de comparar el estado hídrico de los árboles en distintos años, lugares y condiciones meteorológicas.

“Cuando una encina dispone de agua y transpira correctamente, su copa se refrigera; cuando sufre estrés hídrico, reduce la transpiración y se calienta. Lo importante ha sido convertir esa señal térmica en un indicador fiable y comparable”, ha explicado Alberto Hornero.

En este sentido, los resultados muestran que el CWSI se relaciona significativamente con variables fisiológicas clave, como el potencial hídrico y la conductancia estomática (velocidad a la que el CO2 entra, o el vapor de agua sale, a través de los estomas de las hojas), y que permite diferenciar niveles de severidad del decaimiento, lo que abre la puerta a no solo a utilizar imágenes térmicas para detectar zonas vulnerables antes de que los síntomas visuales sean plenamente evidentes, hechos reflejados en trabajos previos de este equipo de investigación, sino de poder caracterizarlo de manera absoluta.

El trabajo tiene especial relevancia para la gestión de dehesas mediterráneas, ecosistemas de gran valor ecológico, económico y cultural que se enfrentan a una presión creciente por la sequía, el aumento de la aridez, la degradación del suelo y la presencia de patógenos.

“La posibilidad de cartografiar el estrés hídrico árbol a árbol, entre fechas y zonas, puede ayudar a priorizar actuaciones, orientar tratamientos selvícolas y avanzar hacia una gestión forestal más precisa y adaptativa frente al cambio climático”, ha remarcado el investigador del IAS-CSIC.

Esta línea de investigación se refuerza actualmente en el marco del proyecto europeo 'Tread', coordinado por el IAS-CSIC y orientado a avanzar en el desarrollo de herramientas de teledetección para el seguimiento del estrés hídrico y del decaimiento forestal.

Un artículo académico publicado en la revista 'European Journal of Wildlife Research' y liderado por personal científico del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, señala que permitir que los gatos deambulen libremente, como el caso de la gestión tolerada de determinadas colonias felinas, podría entrar “en contradicción con normativas internacionales de protección de la biodiversidad”, afirmando que “hay tantas razones para pasear a los gatos con correa --o mantenerlos bajo supervisión en recintos cerrados--, como para pasear a los perros”.

Según informa el IESA-CSIC en una nota, el estudio, liderado por el investigador Carlos Javier Durá, cuenta con el profesor titular de la Universidad de Tilburg (Países Bajos) Arie Trouwborst e investigadores de otros centros como el catedrático de ecología de la Universidad Miguel Hernández (Elche), José Antonio Sánchez Zapata y la profesora titular de Ecología de la Universidad de Alicante, Esther Sebastián, junto a los investigadores independientes, Francisco Almarcha y Elvira Martínez.

“Los resultados del análisis justifican un trato legal más homogéneo para perros y gatos en lo que respecta a su libertad de movimiento, mediante un endurecimiento de las normas que afectan a los gatos”, indican los investigadores. Los expertos proponen seguir el ejemplo de Canberra (Australia): trasladar gradualmente los gatos que deambulan libremente, incluyendo las colonias felinas, a santuarios o a catios comunitarios o particulares.

“Cualquier gato nuevo debe permanecer dentro de casa (mejorado según corresponda con un recinto exterior para gatos, o paseos con correa) desde el principio”, proponen los investigadores.

Además, sostienen que este estudio “explora una situación que a muchos les ha parecido injusta a lo largo de la historia: el trato desigual que reciben los gatos y los perros, una situación que persiste a día de hoy en muchos lugares”. Además, indican que “nadie concibe dejar a un perro suelto por las calles de una ciudad por las noches o preocuparse poco por su alimentación, algo que sí sucede con los gatos”.

Al mismo tiempo, el estudio concluye que los gatos deben ser considerados como especies exóticas al carecer de un territorio originario e invasoras, ya que ocasionan un grave impacto en la biodiversidad, con las consecuencias legales que ello conlleva.

El estudio propone incluir un enfoque interdisciplinar para abordar la cuestión, en el que participen expertos en derecho medioambiental, veterinaria, ecología, educación medioambiental, salud pública, urbanismo, ética y ciencias sociales, para desarrollar estrategias de gestión dentro del marco de la ley y “que sean sostenibles a largo plazo”.

Amenazas para otras especies

Los impactos adversos documentados de los gatos domésticos sobre la biodiversidad son “significativamente mayores que los de los perros”, advierten. Así, “a los gatos se les atribuye la extinción de más de 60 especies, mientras que, a los perros, un mínimo de diez”.

En este sentido, desde la perspectiva de la conservación y la legislación sobre biodiversidad, “es lógico que los gatos estén sujetos al menos a las mismas restricciones que los perros, si no a más”, inciden. Sin embargo, en la práctica, se suele “observar lo contrario: los dueños de perros parecen tener más probabilidades de recibir una multa por infringir la legislación sobre fauna silvestre al permitir que sus mascotas deambulen libremente que los dueños de gatos”, determinan.

En el caso de la Unión Europea, sostiene el estudio, el incumplimiento de la normativa medioambiental descrita resulta difícil de conciliar con la Estrategia Europea de Conservación de la Biodiversidad 2030 y el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, cuyo objetivo es reforzar el marco jurídico para la recuperación de la naturaleza y aumentar el cumplimiento de la legislación medioambiental europea.

Metodología

El artículo revisa la literatura científica del impacto de gatos y perros en la biodiversidad al analizar la percepción social sobre estas especies desde un punto de vista cultural. Ello incluye sentimientos diversos, que van desde el miedo hasta el aprecio, relacionados con las diferencias en los riesgos que suponen para las personas, el tamaño de los animales, la dificultad para manejarlos y su comportamiento.

Los expertos han analizado en este estudio la normativa internacional vigente sobre la gestión de gatos y perros, en particular, los tratados internacionales y la legislación de la Unión Europea.

Un nuevo estudio revela que la Península Ibérica alberga dos especies de conejo y no una como se pensaba hasta ahora, un hallazgo que se recoge en el artículo 'When taxonomy lags behind evolution: Conservation implications of cryptic diversity in the Iberian rabbit', publicado recientemente en la revista 'Biological Conservation', por personal científico del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).

Según informa la entidad en una nota, la investigación internacional, liderada por los investigadores del grupo 'Tramas' del IESA-CSIC, Rafael Villafuerte y Miguel Delibes-Mateos, que cuenta con la participación de expertos de diversas instituciones de España, Portugal y Reino Unido, analiza las diferencias entre ambas especies de forma concluyente.

La nueva especie reconocida, el conejo ibérico ('Oryctolagus algirus'), le debe su denominación a su procedencia exclusiva de la Península Ibérica, con la excepción de algunas islas atlánticas y el norte de África donde fue introducida por los humanos, y se distribuye de forma natural por todo el territorio portugués y el oeste español.

Por su parte, el conejo europeo ('Oryctolagus cuniculus'), también originario de la península, se encuentra en el este español y como introducido en casi toda Europa, Oceanía, Argentina, Chile y numerosas islas oceánicas.

Los autores coinciden que reconocer esta diversidad “no implica cambiar la realidad, sino comprenderla y describirla con mayor precisión”. Según Villafuerte, “las dos especies siempre han estado ahí, pero lo que ha cambiado es nuestro conocimiento sobre ellas”, al indicar que este nuevo conocimiento permitirá “reinterpretar mejor numerosos resultados obtenidos en el pasado y diseñar estrategias de gestión y conservación más eficaces para cada una de las dos especies”.

En este artículo, los autores sintetizan los resultados derivados de investigaciones de diversas disciplinas que muestran las diferencias entre ambas especies, que incluyen características genéticas, morfológicas, ecológicas, reproductivas y comportamentales, junto a diferencias en el estado de las poblaciones.

Así, por ejemplo, el conejo Ibérico presenta menor tamaño y peso que el conejo europeo, y de media, produce un menor número de descendientes por camada. Las diferencias también se extienden a la trayectoria de crecimiento, comunidades de parásitos, composición del microbioma intestinal o incluso, las propiedades de la carne.

Los dos conejos, que se consideraban hasta la fecha subespecies del conejo europeo, divergieron hace aproximadamente dos millones de años tras quedar aislados en dos refugios glaciares situados en extremos opuestos de la Península Ibérica: uno en el valle del Ebro y otro en el Golfo de Cádiz.

El estudio recuerda que, a pesar de que ambos son muy parecidos a simple vista y durante más de un siglo se han tratado como una única especie, la evidencia científica demuestra que su historia evolutiva, biología y situación de conservación son diferentes. Actualmente, ambas especies mantienen distribuciones separadas en la península.

La investigación ilustra cómo la ciencia avanza al incorporar nuevas evidencias, sostienen los autores, ya que, en ocasiones, organismos que parecen prácticamente idénticos, denominados “crípticos”, esconden historias evolutivas independientes que sólo pueden descubrirse a través de estudios integrados.

Implicaciones para su conservación

Los autores del artículo plantean que reconocer esta diversidad es fundamental para comprender mejor la realidad del conejo ibérico y mejorar su conservación. Ambos conejos constituyen una pieza clave de los ecosistemas mediterráneos y son la presa principal de hasta 40 especies de depredadores emblemáticos como el lince ibérico.

Sin embargo, mientras el conejo europeo mantiene poblaciones estables e incluso crecientes en determinadas zonas, el conejo ibérico experimenta un acusado declive en gran parte de su población. Según los autores, continuar evaluando ambas especies como si fueran una sola, como se ha hecho hasta ahora, puede ocultar la situación real de la más amenazada y dificultar la adopción de medidas de conservación específicas. No se puede “seguir gestionando como una sola especie dos conejos que han evolucionado por separado durante casi dos millones de años”, explica el investigador del IESA-CSIC, Miguel Delibes-Mateos.

En este sentido, su reconocimiento como especies distintas permitirá mejorar los programas de seguimiento, las evaluaciones del estado de conservación, las translocaciones, la planificación cinegética y las estrategias de recuperación, evitando extrapolar resultados obtenidos para una especie a la otra.

Este trabajo ha contado con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España a través de los proyectos de referencia PID2020-114724RB-I00 y PID2023-152079OB-I00.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha pedido a Adif que dado que el informe final de investigación sobre el accidente de Adamuz (Córdoba), que causó 46 fallecidos y más de 120 heridos en enero, con las recomendaciones que se formulen, “probablemente tardará varios meses en ser completado y publicado”, se adopten “todas las posibles medidas de prevención de roturas de carril, así como todas aquellas medidas mitigadoras que reduzcan el riesgo asociado a las mismas, con el fin de ser detectadas antes de que puedan provocar daños de importancia”.

Así lo expone el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, en una carta al presidente de Adif, Luis Pedro Marco, consultada por Europa Press, en la que detalla que “tras los primeros meses de investigación por parte de la CIAF sobre el accidente ocurrido en Adamuz el día 18 de enero de 2026, se ha puesto de relieve la necesidad de detectar la rotura, o cualquier otro defecto grave del carril, en el menor tiempo posible”.

En este sentido, señala que “debido a que aún no se han podido llevar a cabo los necesarios análisis de laboratorio de los cupones de carril correspondientes a la zona de la rotura que dio origen al accidente, no es posible profundizar todavía en las causas de dicha rotura, pero sí es posible hacer algunas consideraciones”.

En primer lugar, recuerda que “las inspecciones visuales realizadas en las ruedas de varios trenes que precedieron al del accidente, así como en los primeros coches del tren accidentado, junto con la deformación observada en el carril, son compatibles con el hecho de que el carril presentara una rotura franca desde algún tiempo antes del suceso”.

Según las primeras inspecciones, “se podría deducir que la fractura habría progresado desde la parte inferior del carril correspondiente a la zona del patín, por lo cual la zona de la cabeza del carril tendría que ser la última en fracturarse”, menciona Barrón.

Rotura del carril desde 22 horas antes

Asimismo, el presidente de la CIAF comenta que “las informaciones del sistema de diagnosis 'SAM TTC' (Sistema de Ayuda al Mantenimiento) parecen indicar que esta rotura del carril podría estar presente, de alguna manera, desde 22 horas antes del accidente”. “El mencionado sistema registra diversos parámetros de los circuitos de vía, aunque sus informaciones se utilizan en las labores de mantenimiento correctivo o preventivo planificado y no constituye una herramienta de alarma”, precisa.

Por otra parte, apunta que “el procedimiento especifico de Adif sobre la gestión de defectos en la infraestructura ferroviaria no contempla un sistema dirigido a la detección de roturas de carril, sino que establece procedimientos de inspección y auscultación de la vía para la prevención de las roturas, pero no se considera específicamente la detección de roturas de carril una vez producidas”. “Ello permite concluir que las medidas mitigadoras preventivas no son suficientes para eliminar completamente el riesgo de una rotura”, subraya.

Habida cuenta del “número de roturas de carril que se producen anualmente, tanto en la red ferroviaria española como en el resto de las redes ferroviarias --y que en su inmensa mayoría no causan incidencias de gravedad--, así como del hecho de que en estos momentos no existe en el mercado un sistema infalible de detección inmediata de roturas de carril”, desde la CIAF ven “aconsejable dedicar una atención especial a la detección temprana de roturas”.

La Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo (AAMST), junto con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Cádiz, han llevado a cabo durante los dos últimos años un proyecto de investigación para conocer cómo afecta el COVID persistente a la capacidad laboral y al estado funcional de las personas trabajadoras. El estudio, financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, ha sido presentado esta mañana en la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO.

El proyecto combina tres áreas: análisis clínico y laboral de los pacientes, creación de modelos predictivos mediante inteligencia artificial y validación de herramientas internacionales que miden la capacidad laboral y las limitaciones funcionales.

Principales resultados del estudio clínico

En la primera fase participaron 281 personas trabajadoras con COVID persistente, con una edad media de 48 años. Los datos muestran un impacto laboral significativo:

· un 83% necesitó una baja laboral, con una duración media de más de un año;

· el 23% sufrió recaídas que obligaron a nuevas bajas,

· solo 1 de cada 4 pudo volver a su puesto sin restricciones,

· un 97% afirmó sentirse incapacitado para realizar su trabajo habitual o necesitar cambios en su actividad,

· y un 30% ve poco probable poder trabajar en los próximos dos años.

Además, muchas personas señalaron dificultades importantes en las tareas mentales y físicas, pérdida de bienestar emocional y escasas expectativas de recuperación. Así lo ha explicado Pilar Aparicio Martínez, profesora titular de del Departamento de Enfermería, Fisiología y Fisioterapia de la UCO, y una de las autoras de la investigación, junto con José Manuel Romero Sánchez, profesor de la Universidad de Cádiz.

Especial incidencia en mujeres

La profesora Aparicio ha explicado que, “en la parte del segundo estudio, que es la que hemos estado haciendo, y de la que tenemos ahora los datos preliminares, hemos conseguido 513 personas y, de esas, el 80% son mujeres”. Esto significa que los problemas que todavía se están viendo de Covid persistente, como la incapacidad laboral o la necesidad de una adecuación del puesto de trabajo, tienen mucha más incidencia en las mujeres. “Además, hay un problema que es no solo la sobrecarga a nivel laboral, sino también la sobrecarga que suponen muchas veces los roles asociados a la mujer, que, en cierto modo, también se une a un problema que es la visualización, porque como muchas de las alteraciones y patologías que presentan las personas con Covid persistente no se ven, no se manifiestan, generan mucha incomprensión”.

Más de 200 síntomas asociados

Alfonso Prieto Costa, presidente de la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo (AAMST), ha explicado que el Covid persistente es una entidad que necesita todavía mucho estudio, pero en la que se han descrito más de 200 síntomas diferentes. Entre esos síntomas, podemos citar como más frecuentes la astenia, el cansancio, lo que se denomina la niebla mental, la afectación de las capacidades cognitivas, etc. “Hasta 200 síntomas diferentes que afectan en más o menos grado, pero que, indudablemente, hay trabajadores a los que los incapacita, y hay que pensar en ellos”, ha insistido.

Un proyecto pionero en España

Durante la jornada se han abordado otros temas de especial relevancia, entre ellos, la valoración de la capacidad laboral en personas con COVID persistente, la empatía y adaptación en el manejo del COVID persistente laboral, y la voz de los pacientes y su experiencia con la enfermedad; así como las perspectivas para la práctica profesional y la investigación futura.

Esta iniciativa es una de las primeras en integrar Medicina del Trabajo, epidemiología clínica e inteligencia artificial para estudiar el COVID persistente. Sus resultados confirman el fuerte impacto de esta enfermedad en la vida laboral y abren la puerta a herramientas objetivas que ayuden a profesionales y pacientes en la toma de decisiones.

La inauguración de la jornada ha contado también con la presencia de María Dolores Redel Macías, directora general de Salud y Prevención de la Universidad de Córdoba; Eloy Girela López, decano de la Facultad de Medicina y Enfermería y presidente de la Asociación Cordobesa de Medicina del Trabajo (ACMET); Álvaro Amo Vázquez de la Torre, presidente de la Asociación Cordobesa de Medicina del Trabajo; y María del Mar Malagón Poyato, subdirectora del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).

La Guardia Civil de Córdoba investiga a dos conductores por sendos delitos contra la seguridad vial tras circular por una vía interurbana a más de 160 kilómetros por hora, excediendo en 80 km/h el límite de velocidad máxima.

Los dos investigados circulaban en horario nocturno por la carretera A-431 (Córdoba – Lora del Río), con un límite de 70 km/h establecido. Dado el notable índice de siniestralidad y afluencia de circulación en esta vía, los agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba habían establecido un punto de verificación de velocidad, alcohol y drogas.

Según informa el Instituto Armado en una nota, al no haber sido posible la parada inmediata de los vehículos infractores, las gestiones para la correcta identificación de los respectivos conductores fueron encomendadas al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), afecta al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba.

Fue entonces cuando se procedió a iniciar la investigación de dos conductores, como presuntos autores de unos supuestos delitos contra la seguridad vial, recogidos en el artículo 379.1 del Código Penal, al circular por vía interurbana, superando en más de 80 km/h el límite de velocidad establecido, circulando uno de los vehículos a 168 km/h y el otro a 163 km/h.

Consecuencias penales

Los conductores investigados, se enfrentan a penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Este tipo de comportamientos, particularmente en horario nocturno, revisten especial gravedad, dada la afluencia en esta vía de usuarios considerados como vulnerables.

Consejos y recomendaciones

La A.T.G.C. recuerda la necesidad de respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos afectados por obras, donde las condiciones de circulación pueden variar y el riesgo de siniestro vial aumenta considerablemente.

Un equipo multidisciplinar del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba (UCO) ha llevado a cabo el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre los parásitos helmintos del águila calzada, es decir, sobre las especies de gusanos parásitos que hospeda esta ave rapaz.

Según ha informado la UCO en una nota, la investigación se justifica en el hecho de que las aves rapaces, como el águila calzada, “tienen una gran importancia ecológica, están en la cima de la cadena trófica y funcionan como indicadores de la salud de los ecosistemas. A pesar de su importancia, hay aún muchas cuestiones que no han sido ampliamente abordadas por la ciencia, como es el estudio de la estructura y composición de las comunidades de helmintos que alojan en su organismo”.

En este contexto, el referido equipo multidisciplinar de la UCO ha llevado a cabo el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre los parásitos helmintos del águila calzada (Hieraaetus pennatus) en Europa.

La investigación, dirigida desde la Unidad de Parasitología (ParaCOR) por los profesores Pablo José Rufino Moya y Rafael Zafra Leva, ha contado con la colaboración de especialistas del grupo Gisaz (UCO), del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-UCLM-CSIC-JCCM), del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas CREA Quiebrajano y del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica).

El trabajo analiza la helmintofauna de 28 ejemplares procedentes de Andalucía, recolectados durante un periodo de quince años (2008-2023), y aporta información epidemiológica que amplía de forma significativa el conocimiento disponible sobre esta ave rapaz.

El estudio, publicado en la revista 'International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife', documenta la presencia de 12 géneros de helmintos identificados taxonómicamente, ocho de ellos registrados por primera vez en el águila calzada. Entre las especies detectadas destacan 'Physaloptera alata', con una prevalencia del 25%, y 'Capillaria tenuissima' con el 17,9%. Además, se citan por primera vez en esta especie 'Porrocaecum angusticolle', 'Platynosomum illiciens', 'Strigea falconis', 'Matabelea fuhrmanni' y 'Centrorhynchus buteonis'.

El 67,8% de las águilas estudiadas (19 de 28 individuos) se encontraron parasitadas. Los nematodos fueron el grupo más frecuente (53,5%), seguidos de cestodos (25%), trematodos (21,4%) y acantocéfalos (7,1%). El análisis de la estructura comunitaria reveló una diversidad biológica relativamente baja, con un índice de riqueza de especies de 1,6 lo que indica una comunidad parasitaria empobrecida y sin especies dominantes definidas.

Desde una perspectiva ecológica, los resultados se consideran coherentes con la dieta del águila calzada, basada mayoritariamente en presas aviares y con un consumo reducido de insectos y pequeños mamíferos. Este patrón alimentario limita el contacto con hospedadores intermediarios necesarios para completar muchos ciclos parasitarios. Estas conclusiones coinciden con estudios previos que muestran cómo la composición parasitaria de las rapaces refleja tanto su ecología trófica actual como patrones filogenéticos profundos entre órdenes de aves.

Más allá del interés parasitológico, el estudio aporta información relevante para la conservación de especies. Las rapaces diurnas, como el águila calzada, son bioindicadores clave del estado de los ecosistemas, y el análisis de sus comunidades parasitarias permite inferir aspectos como la disponibilidad de presas, la calidad del hábitat o la estabilidad trófica. Esta información adquiere especial relevancia en un contexto en el que evaluaciones recientes apuntan a una posible reclasificación del águila calzada como especie de 'Preocupación Menor' a 'Casi Amenazada', según criterios de SEO/BirdLife.

Esta contribución científica, desarrollada en el marco de la línea de investigación del grupo AGR133 'Parasitofauna de animales de vida libre' de la Unidad de Parasitología, sienta las bases para futuras investigaciones sobre las interacciones hospedador-parásito en rapaces migratorias europeas y constituye, hasta el momento, el conjunto de datos más extenso disponible para esta especie en el ámbito europeo.

Una investigación internacional con participación del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del CSIC ha identificado la base molecular que explica la defoliación (pérdida de hojas) causada en algodón y olivo por Verticillium dahliae, un hongo que provoca grandes pérdidas de rendimiento en los cultivos y cuya presencia se extiende por todo el mediterráneo.

Según ha informado el IAS-CSIC, el trabajo, publicado en la revista Nature Communications, abre la puerta a un diagnóstico más fiable de la infección, así como a una mejor vigilancia de cepas peligrosas y al diseño de estrategias de resistencia e intervención.

Verticillium dahliae es un patógeno fúngico responsable de la verticilosis o enfermedad del marchitamiento vascular, una grave enfermedad que afecta a cientos de plantas dicotiledóneas, incluyendo el algodón, el olivo y el tomate. El hongo, que habita en suelos de todo el mundo, entra a la planta por las raíces y coloniza sus vasos xilemáticos, bloqueando el transporte de agua.

Los síntomas de la enfermedad incluyen marchitamiento, retraso del crecimiento, clorosis (enfermedad caracterizada por el amarilleamiento de las hojas por una producción insuficiente de clorofila, esencial para la fotosíntesis) y senescencia (estado en el que la célula deja de dividirse, pero no muere y genera inflamación) temprana.

“El control del marchitamiento por Verticillium es notoriamente difícil”, ha señalado la investigadora del IAS-CSIC Carmen Gómez-Lama Cabanás, quien ha explicado que “en algodón, olivo o pistacho, ciertas cepas de V. dahliae pueden causar síntomas graves”. “Estas cepas, que los científicos denominan patotipo D, están en aumento y plantean una amenaza significativa para las plantaciones de algodón y olivo en todo el mundo”, ha aseverado.

Identificar la causa

Hasta ahora, la base genética subyacente a este patotipo D, el más virulento, había permanecido desconocida. Asimismo, existía controversia sobre la causa de la diferencia en agresividad entre las cepas defoliantes y no defoliantes. En esta investigación, el equipo ha combinado genómica comparativa, genética funcional, análisis estructural y filogenómica para descubrir el determinante molecular de la defoliación.

“Identificamos una pequeña región genómica específica del patotipo que causa efectos más graves, y vimos que codifica dos genes efectores secretados duplicados”, ha detallado Gómez-Lama (un gen efector es una molécula producida por el patógeno -normalmente una proteína- que modifica la fisiología de la planta huésped para facilitar la infección).

Según ha expuesto, “la eliminación simultánea de ambas copias de genes abolió la patogenicidad y la defoliación en algodón y olivo, así como en Nicotiana benthamiana y Arabidopsis thaliana, dos plantas modelo muy usadas para estudios en biología vegetal”. Además, “las deleciones simples redujeron la virulencia y la complementación genética restauró los síntomas de la enfermedad”, ha indicado la investigadora del IAS-CSIC.

Por el contrario, la introducción de estos mismos genes en cepas no defoliantes fue suficiente para inducir la defoliación. Aunque la identificación de la base molecular no se traduce en una aplicación inmediata en el manejo de fincas, sí que abre la puerta al diseño de mejores estrategias de manejo y prevención.

De hecho, el equipo investigador recomienda a los mejoradores que busquen germoplasma que haya evolucionado para reconocer la proteína efectora D, dado que dicho germoplasma podría albergar genes de resistencia dirigidos contra esta proteína efectora específica.

“Tras la identificación de la proteína responsable, el siguiente paso es estudiar mejor su mecanismo de acción a nivel molecular para comprender cómo contribuye al desarrollo de la enfermedad y al proceso de defoliación”, ha apuntado Bart Thomma, profesor de Microbiología Evolutiva en la Universidad de Colonia (Alemania).

Por su parte, Luigi Faino, de la Universidad de Roma Sapienza (Italia) confía en que “si hay colaboración empresarial, en un plazo de diez años podríamos ver las primeras plantas de algodón modificadas genéticamente para una mejor resistencia a esta cepa”.

Un equipo de investigación del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de Córdoba ha identificado variedades de avena con elevados niveles de proteínas, fibras y compuestos antioxidantes que podrán servir como base para el desarrollo de nuevas semillas más saludables, productivas y adaptadas a una agricultura sostenible.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el estudio, realizado en colaboración con el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba (UCO) y del Instituto Agronómico Nacional de Túnez, ha analizado 126 variedades procedentes de 18 países mediterráneos, todas ellas cultivadas en Córdoba en las mismas condiciones experimentales, con el objetivo de localizar aquellas que reúnen las características más demandadas por la industria alimentaria y los programas de mejora genética.

El estudio, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y que ha sido publicado en la revista científica 'Antioxidants', revela que alrededor del 20% de las muestras estudiadas concentra buena parte de los rasgos nutricionales más valiosos, lo que abre nuevas oportunidades para desarrollar cultivos capaces de combinar calidad alimentaria, sostenibilidad y rentabilidad agraria.

Los investigadores han analizado componentes asociados a beneficios para la salud, como los betaglucanos, una fibra reconocida por su capacidad para ayudar a reducir el colesterol y regular la glucosa en sangre, y también han estudiado los arabinoxilanos, que están relacionados con el equilibrio de la microbiota intestinal, y antioxidantes naturales, como los polifenoles y las avenantramidas, compuestos exclusivos de la avena con propiedades antiinflamatorias y cardioprotectoras.

El trabajo demuestra que existen importantes diferencias entre variedades y especies de avena. Algunas alcanzaron niveles de proteína de hasta el 18,5%, mientras que otras destacaron por su elevado contenido en fibra y antioxidantes. Además, los científicos han observado que determinados compuestos beneficiosos aparecen asociados entre sí, lo que permitirá diseñar estrategias de mejora genética orientadas a obtener semillas con perfiles nutricionales más completos.

La investigación también pone de relieve el valor de las variedades tradicionales mediterráneas, que conservan una gran diversidad genética acumulada durante generaciones y constituyen una fuente de características de enorme interés para afrontar los retos futuros de la agricultura y la alimentación.

Según ha explicado a Fundación Descubre la investigadora del IAS-CSI y coautora del estudio, Gracia Montilla, el objetivo no es seleccionar una única variedad ideal, sino combinar, mediante programas de mejora genética, los mejores atributos encontrados en cada una de ellas para responder a las demandas de los consumidores, agricultores e industria alimentaria.

Sistemas agrícolas más sostenibles

Además de su interés nutricional, la avena es un cultivo resistente y versátil, capaz de desarrollarse en condiciones menos favorables que otros cereales, por lo que puede desempeñar un papel relevante en sistemas agrícolas más sostenibles y mejor adaptados al cambio climático.

Este trabajo constituye una primera fase de investigación que permitirá incorporar los resultados obtenidos a futuros programas de mejora genética, integrando también otros factores de interés agronómico como el rendimiento, la resistencia a enfermedades o la adaptación a distintas condiciones ambientales.

La investigación ha sido financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía a través del proyecto Qualifica, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Para la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, este avance refuerza la posición de Andalucía como referente en investigación agroalimentaria y demuestra el potencial de la ciencia para impulsar una alimentación más saludable, una agricultura más sostenible y nuevas oportunidades de innovación para el sector agroalimentario andaluz.

Un total de 23 personas propietarias de fincas de dehesa ha participado durante dos años en el seguimiento del estado de salud del arbolado y clima gracias al sistema de alerta y recogida de datos diseñado por el proyecto de ciencia ciudadana DehesAlert, coordinado por la Universidad de Córdoba y la Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP) con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Este proyecto de ciencia ciudadana tiene como objetivo conseguir un diagnóstico de partida sobre la afectación de la dehesa cordobesa y el desarrollo de un sistema de monitoreo y pronóstico participativo que contribuya a la sostenibilidad de este ecosistema fundamental en la economía andaluza.

Según los datos presentados por Pablo González, investigador del grupo de Evaluación y Restauración de Sistemas Agroforestales (ERSAF) de la UCO y responsable del proyecto, un total de 313 árboles han sido puestos en monitorización permanente durante la vigencia de esa primera fase, aunque se espera seguir sumando árboles y fincas a través de una aplicación de toma de datos en la que propietarios y gestores de dehesa pueden ir tomando datos sobre el estado de salud de sus árboles, pero también de las condiciones climatológicas del territorio. La información recabada alimenta un sistema de seguimiento de las fincas que complementado con información de teledetección y otras bases de datos permite a propietarios y gestores mantener una vigilancia permanente de su dehesa para tomar decisiones de gestión sobre el arbolado.

El acto de presentación de resultados, celebrado en el salón de actos de CICAP en Pozoblanco el pasado 23 de junio, ha contado con la participación de una veintena de personas, entre personal investigador, gestores y propietarios, que ha reflexionado sobre la experiencia de los participantes en el proyecto, mejoras en el sistema de seguimiento y el interés en mantener el seguimiento participativo.

Así mismo se debatieron cuestiones como la interlocución con la Administración en el diseño de políticas públicas de ayuda a la dehesa y se presentó de la mano de la investigadora Ana Andreu el proyecto DRYAD (Demonstration and Modelling of Nature-Based Solutions (NBS) to enhance the resilience of Mediterranean agro-silvo-pastoral ecosystems and landscapes), financiado por el programa Horizon Europe y centrado en el desarrollo, prueba y demostración de soluciones basadas en la naturaleza (NBS) en regiones de cuatro países: España (Andalucía y Extremadura), Portugal (Alentejo), Italia (Cerdeña) y Grecia (Etolia-Acarnania).  

Como broche de participación del proyecto, el municipio de Pedroche acogió la primera edición de DehesaBlitz el pasado 20 de junio, una iniciativa organizada por el proyecto DehesAlert y LIFE Fagesos que combinó ciencia, participación ciudadana y conservación del medio natural para profundizar en el conocimiento y evaluación de los ecosistemas de dehesa.

Durante la jornada, 71 participantes entre público general, investigadores, y estudiantes de la UCO trabajaron de forma coordinada para recopilar información sobre la salud de 940 encinas en la dehesa pública más grande de Andalucía. La actividad ha permitido dar a conocer las características y problemáticas de la dehesa, así como generar datos de gran valor acerca de la participación de la ciudadanía en proyectos de investigación forestal.

Un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba (UCO) ha diseñado dos metodologías para aplicar grafeno sobre superficies metálicas usando plasma, un gas ionizado al que frecuentemente se le denomina como el 'cuarto estado de la materia', a presión atmosférica.

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que el Laboratorio de Innovación en Plasmas (LIPs) ya avanzó en el uso del plasma para la producción de grafeno, ese material revolucionario que le valió el Nobel a sus descubridores.

Recientemente, un nuevo diseño tecnológico consiguió incrementar la producción de grafeno más de un 22%. Siguiendo esa línea de investigación, ahora proponen dos metodologías para aplicar grafeno, que también es altamente anticorrosivo, sobre superficies metálicas usando plasmas de microondas a presión atmosférica, con el objetivo de no modificar las propiedades de los metales.

“El primero de los métodos que desarrollamos permite una transferencia directa, es decir”, se expone una superficie al plasma con el que se está “sintetizando el grafeno y éste se deposita directamente en la superficie. Es la forma más rápida de hacerlo”, ha explicado el investigador principal del trabajo, Francisco Javier Morales.

El segundo método, ha continuado el investigador Andrés Raya, “es un método de tres pasos que consiste en la síntesis de grafeno a partir del plasma, la dispersión del grafeno en un disolvente orgánico y luego la aplicación de esa mezcla como si fuese una pintura”. Este método en tres pasos es “más lento, pero es más versátil y permite jugar con los diferentes parámetros”.

Así, mientras que la primera metodología es más rápida, la segunda consigue mejores resultados en cuanto a grado de cobertura de la superficie, ya que penetra mejor en las grietas y rugosidades del material. Si la primera necesita de un equipamiento industrial para su uso, la segunda podría llegar al usuario común, al que se le facilitaría la dispersión que usaría luego con un aerógrafo.

Estas metodologías “podrían aplicarse en la protección de los electrodos de las pilas de combustible que están expuestas a medios muy oxidativos como el oxígeno o el agua deteriorando sus electrodos y membranas. Con esta técnica la corriente continuaría circulando, pero se evitaría esa oxidación”, ha detallado el investigador José Muñoz.

El desafío que enfrentan ambos métodos es que ninguno ofrecía una adhesión suficientemente fuerte entre la capa de grafeno y la superficie metálica, “no se adherían lo suficiente”, por lo que se necesita “mejorar ese aspecto”, ha señalado la investigadora Rocío Rincón.

A falta de esta adherencia, el equipo señala que ya de por sí la obtención de esas capas de grafeno sobre los metales y el efecto que tienen sobre la superficie del metal así como la puesta a punto de ambos métodos es un avance “muy valioso”.

Con las pruebas que no han funcionado han “podido aprender mucho sobre el material, sobre la manera de depositarlo, hay una serie de resultados negativos que son muy valiosos y que ha ayudado a afinar el método”, ha recalcado Rocío Rincón.

En el nacimiento de esta nueva línea de investigación los próximos pasos a seguir están claros: buscar un aumento de esa adherencia del grafeno al metal. En el Laboratorio de Innovación en Plasmas ya estudian esta mejora tanto para el método de aplicación directa como para el método en tres pasos.

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha pedido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil que “a la mayor brevedad” informe e identifique a los mantenedores del tren Alvia e Iryo implicados --agentes, empresas, técnicos y/o trabajadores de las mismas-- que “han de concurrir en unidad de acto para llevar a cabo el análisis interpretativo de los datos obtenidos de los registradores jurídicos de los trenes siniestrados”.

Así lo reclama la jueza en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista de un escrito presentado por la mercantil de las cajas negras, en cumplimiento de un requerimiento efectuado, por el que se informa al órgano judicial de que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben de realizarse por el fabricante/integrador y el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”.

En concreto, la empresa de las cajas negras ha presentado el referido escrito al pedirle el juzgado que informe “si el perito designado para la instalación de la licencia o software posee los conocimientos necesarios para la interpretación y sincronización de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los trenes Iryo y Alvia y, en caso contrario, indicar qué actores resultan necesarios para la práctica de la diligencia en unidad de acto”.

Ante ello, el documento lo formula la entidad “con ánimo de máxima colaboración con la investigación judicial y con el propósito de delimitar, de forma clara y comprensible para personal jurídico no necesariamente técnico, el alcance de la colaboración que puede prestar la empresa como fabricante del registrador jurídico, así como los límites técnicos naturales de dicha colaboración respecto de un análisis interpretativo, operativo o causal de los datos registrados”.

Al hilo, la empresa explica que es “el fabricante y proveedor tecnológico de los sistemas de registro instalados en las unidades afectadas”. Por ello, asevera que dispone del “conocimiento específico sobre el registrador jurídico, sus herramientas de software y el modo en que los datos pueden ser cargados y representados gráficamente para facilitar su consulta técnica”.

En una oferta previamente remitida se propuso un soporte técnico especializado para cargar los registros, verificar que puedan visualizarse correctamente y asistir a los usuarios autorizados en la identificación de señales, eventos, parámetros y su significado funcional dentro del sistema de registro, pero “dicha propuesta excluía expresamente cualquier análisis interpretativo, pericial o conclusivo de los datos, así como la determinación de causas, factores contribuyentes o responsabilidades del accidente”, indican desde la entidad.

El perito designado

Sobre los conocimientos del perito designado para la instalación de la licencia o software. A juicio de la empresa, “debe distinguirse entre la instalación, configuración o uso básico de una licencia o herramienta de software, y la interpretación técnica-operativa de los datos contenidos en los registradores jurídicos”.

En este sentido, expone que “un perito o técnico designado para la instalación de la licencia o software puede disponer de conocimientos suficientes para instalar la herramienta, abrir los ficheros, visualizar gráficas, ordenar señales y consultar eventos, siempre que reciba el soporte técnico necesario del fabricante del registrador”.

No obstante, aclaran que “esa no equivale, por sí sola, a disponer de los conocimientos necesarios para interpretar de forma completa y causal los datos registrados por los trenes Iryo y Alvia”, de modo que “la interpretación y sincronización materialmente útil de los datos, entendida como correlación de señales y eventos para explicar el comportamiento de las unidades ferroviarias y las circunstancias del accidente, requiere la intervención de los actores que conocen la arquitectura, configuración, lógica funcional, operación y mantenimiento de cada tren”.

Por tanto, para que la diligencia pueda realizarse “con rigor técnico y para evitar que la visualización de datos sea confundida con una interpretación causal completa”, la empresa considera conveniente que participen, al menos, la propia empresa, como fabricante del registrador jurídico, para prestar soporte en la carga, visualización, identificación de señales y explicación técnica de la herramienta y del sistema de registro; el fabricante o integrador de cada una de las unidades de tren implicadas, por ser quien conoce la arquitectura integrada del tren, las interfaces entre subsistemas y la lógica funcional del vehículo.

Asimismo, el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, por disponer del historial de mantenimiento, configuración real, intervenciones y estado material de las unidades --solicitud que realiza el juzgado ahora--; el operador ferroviario correspondiente, en la medida en que pueda aportar el contexto operativo, procedimientos de explotación, condiciones de servicio y cualquier información relevante sobre la circulación, y los peritos judiciales o técnicos designados por el órgano judicial, que deberán valorar la información aportada por los distintos actores y emitir las conclusiones que procedan dentro de su mandato.

En particular, explican que “el informe interpretativo destinado a explicar qué sucedió en el tren mediante la correlación de señales y eventos debería ser elaborado por el fabricante/integrador del tren y por el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, con el auxilio de la empresa únicamente en lo relativo al correcto acceso, visualización y comprensión técnica de los registros desde la perspectiva del registrador jurídico”.

En definitiva, la empresa reitera “su plena disposición a colaborar con el órgano judicial dentro de su ámbito de competencia técnica como fabricante del registrador jurídico”. En ese ámbito, la entidad puede “facilitar la carga y visualización de los datos, explicar el funcionamiento del sistema de registro, identificar las señales disponibles y configurar vistas o cronologías que permitan una consulta estructurada de la información almacenada”.

No obstante, subrayan que “la interpretación de los datos para determinar el comportamiento global de las unidades ferroviarias, reconstruir la secuencia causal del accidente, valorar la normalidad o anormalidad de la interacción entre subsistemas y emitir conclusiones sobre causas raíz, factores contribuyentes o responsabilidades no corresponde al fabricante del registrador jurídico”. Así, puntualizan que “dicha interpretación exige un conocimiento completo del tren como sistema integrado, de su configuración real, de su historial de mantenimiento y de su operación”.

En consecuencia, la empresa de las cajas negras considera que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben ser realizados por el fabricante/integrador y por el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”. La entidad debería actuar como “facilitador técnico del acceso, carga, visualización y comprensión funcional de los registros, pero no como responsable del análisis causal o interpretativo del accidente”.

En este caso, aseveran que “esta delimitación protege la fiabilidad técnica de la diligencia, evita atribuir a cada actor conocimientos o responsabilidades que no le corresponden y permite que el órgano judicial reciba una interpretación fundada por quienes están en mejor posición técnica para correlacionar los datos registrados con el comportamiento integral de las unidades ferroviarias”.

La representación legal del hombre al que fracturaron la mandíbula de un puñetazo en una agresión homófoba en noviembre de 2025 en las cercanías del Vial Norte ha solicitado al juez que autorice la geolocalización de los teléfonos móviles que había en la zona donde sucedieron los hechos a la hora de los mismos, con el fin de poder identificar a los presuntos autores.

Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2025 en la confluencia de la avenida Cruz de Juárez con el Vial Norte y fueron relatados por el hombre a su llegada al hospital, en cuyo parte figura que se encontraba volviendo a su casa por la noche ese día y se cruzó con un grupo de chavales que empezaron a increparle con comentarios homófobos, a los que él respondió y, uno de los jóvenes le dio un puñetazo en la mandíbula. El parte médico -al que tuvo acceso este medio-, señalaba en el apartado de lesiones una fractura mandibular.

La víctima, tras estar ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y ser intervenida quirúrgicamente, formalizó una denuncia ante la Policía Nacional que, con su relato de los hechos, abrió una investigación por los hechos, dando traslado al juzgado. Fuentes del caso relatan a este periódico cómo la Policía Judicial solicitó al juez acceder a la geolocalización de los teléfonos móviles en la zona y la hora de la agresión, con el fin de poder identificar a los presuntos agresores que habían sido captados por algunas cámaras del lugar, pero la petición fue rechazada inicialmente y el caso sobreseído provisionalmente.

Tras conocer esto la representación de la víctima y presentar un escrito de alegaciones solicitando que se le diera traslado de las actuaciones y se accediera a la geolocalización de los móviles, dicho recurso fue desestimado en un auto del juzgado de Instrucción plaza número 4 de Córdoba, al que se ha presentado ahora un recurso de apelación ahora ante la Audiencia Provincial. En este último recurso se insiste en solicitar como medida de investigación la autorización a la Policía Judicial para el geoposicionamiento de los teléfonos móviles en la zona y a la hora de los hechos denunciados, con el fin de poder identificar los móviles que utilizaran -y con ello a sus dueños- los presuntos agresores.

“Identificación de los autores del execrable delito de odio”

En el recurso -al que ha tenido acceso este periódico-, se argumenta que la medida se podría llevar a cabo “reduciendo y acotando el ámbito espacial, el radio de afección y los demás elementos de acceso a la información de las personas que pudieran haberse conectado con las estaciones BTS” de la zona, de manera que así “se pueda dar respuesta conjunta y armónica tanto a la búsqueda e identificación de los autores del execrable delito de odio que aquí nos ocupa, cuanto al respecto de los derechos fundamentales que pudieran, en su caso, verse afectados”.

E insiste en que “en el caso que nos ocupa, se puede intentar al menos y en aras de averiguar lo relativo a la comisión del delito, acompasar lo solicitado por la policía judicial al respeto de la normativa y jurisprudencia”.

En ese sentido, sostiene que la medida solicitada para la investigación policial podría acordarse y sumarse a la denuncia de los hechos y su corroboración objetiva y periférica con el parte médico o las grabaciones de las cámaras de la zona donde ocurrieron los hechos y la posterior huida de los presuntos autores.

La representación legal de la víctima cree que proporcionar la geolocalización de los móviles sería “una medida legítima (...) que resulta idónea, necesaria y proporcional, dirigida a la averiguación y descubrimiento de los autores de un delito grave con importantes secuelas” para el hombre agredido “e incluso, para el resto de la sociedad por lo censurable y odioso de la conducta denunciada”.

Este recurso de apelación se interpone tras el auto que desestimaba un primer recurso de reforma sobre la petición de autorizar el geoposicionamiento de los teléfonos móviles, amparándose en distinta jurisprudencia que así lo avala con sentencias de los últimos años, sostiene la representación de la víctima.

La Guardia Civil ha investigado en la localidad de Villanueva de Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenirle 14 comprimidos de éxtasis que arrojaron un peso aproximado de 5 gramos.

La actuación se desarrolló en el casco urbano de la localidad de Villanueva de Córdoba cuando, agentes del Puesto de la Guardia Civil de ese municipio, prestaban servicio preventivo de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones de la estación de autobuses de la localidad.

Durante el servicio, los agentes observaron a una persona joven que, al percatarse de la presencia policial, trató de evitar el contacto con los guardias civiles cambiando bruscamente de dirección y mostrando actitud nerviosa, por lo que se procedió a su identificación.

Tras practicar un cacheo superficial, los agentes localizaron en uno de sus bolsillos 14 comprimidos sin envase médico y con formas y colores diversos, que una vez fueron sometidos a las correspondientes pruebas de identificación resultaron ser éxtasis, con un peso en conjunto aproximado de cinco gramos.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, así como a la intervención de la sustancia estupefaciente hallada.

La actuación se enmarca en el Plan para la Prevención del Consumo de Drogas en Zonas de Ocio que la Guardia Civil desarrolla de forma permanente para prevenir el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes en espacios públicos y zonas de concentración de personas. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.

Un grupo de la Universidad de Córdoba (UCO) ha participado en el monitoreo de huevos de 14 especies de aves durante una década con el objetivo de caracterizar la exposición de las aves silvestres a contaminantes ambientales.

Según ha informado la UCO en una nota, el huevo de un ave silvestre es, a simple vista, una muestra de la continuidad de la especie, pero también puede ser un reservorio químico que ofrezca una fotografía general de la salud ambiental del entorno del ave.

Siguiendo esa filosofía el grupo de Toxicología Veterinaria (AGR-125) de la UCO, perteneciente a la Unidad de Investigación Competitiva de Zoonosis y Enfermedades Emergentes de la UCO (Enzoem), ha colaborado con el Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna Silvestre de Andalucía (CAD) en el monitoreo de huevos de 14 especies.

Bajo una perspectiva 'One Health' en la que la salud ambiental, la humana y la animal están interrelacionadas, este estudio va más allá de detectar la contaminación en el huevo y determinar qué implicaciones tiene sobre las aves.

Como explica el investigador de Toxicología Veterinaria y responsable del estudio Nahúm Ayala, “el uso de los huevos como herramienta para la biomonitorización ofrece una visión general que permite determinar qué contaminantes están circulando en los ecosistemas”.

Tras analizar los huevos sin eclosionar recogidos en entornos naturales entre 2014 y 2024 se detectó la presencia de contaminantes derivados del DDT, un pesticida que fue prohibido en la década de los 70 por sus efectos nocivos sobre la salud humana y la de los ecosistemas. Además de estos contaminantes clásicos, que persisten medio siglo después de su prohibición, también identificaron residuos de plaguicidas o fungicidas de uso actual.

“Este tipo de contaminantes tienen implicaciones directas en la reproducción de especies como en las que, como el quebrantahuesos, sólo ponen uno o dos huevos al año, por lo que un fracaso reproductivo es muy importante. La presencia de DDT, por ejemplo, está relacionada con un adelgazamiento de la cáscara del huevo, que predispone a una mayor entrada de microorganismos o pérdida de humedad, poniendo en riesgo la viabilidad del huevo”, ha explicado la investigadora del CAD y autora principal del estudio, Isabel Fernández.

En este caso, los huevos fueron sometidos a un examen detallado, que incluyó mediciones biométricas, evaluación del desarrollo embrionario e investigación de posibles causas de fallos reproductivos junto con análisis químicos de cáscaras y contenido de los huevos para analizar los diferentes contaminantes.

Los datos de este tipo de ensayos son esenciales sobre el terreno, “ya que generan una información muy útil para la gestión de espacios naturales y de especies incluidas en programas de conservación, además de ser esenciales para detectar contaminantes emergentes de forma temprana”, ha señalado Ayala.

Las rapaces, uno de los grupos más representados en este estudio, ocupan los niveles más altos de la cadena trófica, por lo que la presencia de estos contaminantes en sus huevos son una prueba de cómo se acumulan y cómo persisten estos contaminantes en el medioambiente.

Este trabajo, encuadrado dentro de la línea de biomonitorización de fauna silvestre del grupo de investigación, dará pie a futuras investigaciones sobre la presencia y acumulación de contaminantes emergentes de interés ambiental, como los microplásticos, usando la fauna silvestre como centinelas de la salud del entorno en el que habitan.