La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha reiterado al Ministerio de Justicia que revise la comarcalización de la Jurisdicción de Violencia sobre la Mujer en la provincia de Córdoba acordada el pasado junio, al considerarla “incoherente”. Para ello considera “imprescindible” crear una sección especializada en Lucena y así lo ha solicitado en sus alegaciones al Decreto estatal que prevé crear 95 plazas de jueces este año en Andalucía frente a las 216 que la Junta y el TSJA estiman necesarias.

El consejero José Antonio Nieto ha explicado en Comisión parlamentaria que se trata de asuntos muy sensibles que requieren una especialización y acercar la Justicia a las víctimas. Así, ha recordado que los propios jueces y el presidente del TSJA han criticado el actual reparto de estos asuntos en Córdoba que a su juicio “revela un desconocimiento de la provincia”.

La Sección de Violencia de Género de la capital está asumiendo los asuntos también de Lucena, Montoro y Posadas. La Junta considera imprescindible que Lucena cuente con su propia sección especializada que asuma los asuntos de la localidad y de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera. Mientras, en la capital se encargaría de los casos de violencia sobre la mujer de Córdoba, Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.

Se trata de “una distribución más eficiente” que permitiría acercar la Administración de Justicia a la ciudadanía, mejorar la especialización y garantizar una respuesta más ágil y adecuada en un ámbito especialmente sensible, según ha especificado Nieto.

No obstante, el consejero ha insistido en pedir al Ministerio una reflexión rigurosa sobre la comarcalización de esta Jurisdicción para determinar “si es una medida buena o mala, porque si es buena habría que aplicarla en todos los casos y, si es mala, en ninguna. Y si la opción es comarcalizar tendremos que hacerlo de forma lógica”. “No vamos a permitir un sistema dual en Andalucía, en el que a unos partidos judiciales sí se les trate bien y a otros no”.

El consejero ha recordado que además esta jurisdicción ha ampliado sus competencias al asumir desde abril los delitos de violencia sexual tras la entrada en vigor de la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025. Esto ha supuesto una sobrecarga de trabajo denunciada por los jueces ante el Ministerio.

Nieto ha recordado que la Junta ha implantado en el plazo exigido la reforma estatal para transformados los juzgados unipersonales en tribunales de instancia con secciones y servicios comunes. Un esfuerzo técnico y económico que la Junta ha asumido en solitario, ya que la Ley no cuenta con memoria económica. “Sin recursos del Ministerio y sin crear nuevas plazas de jueces”, ha incidido el consejero.

Para abordar esta transformación la Consejería ha ampliado las plantillas de funcionarios con un centenar de nuevas plazas y ha transformado 24 puestos genéricos en especializados en Violencia de Género ante la ampliación de competencias. La inversión en personal, sistemas y equipos informáticos y obras en las sedes para habilitar espacios adaptados a la nueva estructura de trabajo supera los 56 millones.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asistido al evento anual de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Córdoba y ha puesto en valor “la colaboración de los jueces andaluces para llevar a cabo la implantación de la gran reforma impuesta en la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia”.

En este marco, ha agradecido su esfuerzo de los jueces y juezas “ante la complejidad de transformar la organización del trabajo al nuevo modelo de tribunales de instancia en los 85 partidos judiciales, especialmente con el déficit de jueces que arrastra Andalucía”.

Así, Nieto ha garantizado que, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), seguirá “reclamando más plazas para cubrir las necesidades reales ya que las 95 anunciadas por el ministerio resultan insuficientes frente a las 159 solicitadas”.

El consejero ha agradecido a la Asociación Profesional de la Magistratura que haya elegido Córdoba para celebrar su evento anual, una jornada en la que los jueces y juezas asociados a la APM celebran una asamblea y comparten un día de convivencia en el que disfrutarán de una visita a las Reales Caballerizas y un espectáculo ecuestre.

Según han señalado desde el Gobierno andaluz en una nota, el consejero ha dado la bienvenido a los participantes a la ciudad, a quienes ha instado a disfrutar de Córdoba y de las actividades organizadas para la jornada.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha felicitado este jueves a los profesionales del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba por el Premio Justicia Andalucía, que el jurado les ha concedido en la categoría de Innovación y Modernización.

Nieto ha agradecido su “compromiso para mejorar el servicio al justiciable”, y ha puesto su trabajo como “ejemplo para la progresiva digitalización de la Administración de Justicia, que la Junta está impulsando mediante la virtualización de los puestos de trabajo o el desarrollo del Expediente Judicial Electrónico y la Carpeta Justicia”.

Durante una visita al juzgado, que dirige el magistrado Antonio Jesús Rodríguez Castilla y en el que ejerce como letrada de la Administración de Justicia Ana Margarita Villegas, ambos reconocidos con el premio junto al funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial David Muñoz, el consejero ha defendido que “la digitalización de la Justicia es uno de los pilares del Plan Estratégico de Justicia en Andalucía, junto a las actuaciones en materia de infraestructuras judiciales, humanización, accesibilidad y sostenibilidad”.

No obstante, ha destacado que la labor de los profesionales de este órgano cordobés “ha trascendido la mera implementación de herramientas tecnológicas, ya que han sido proactivos en aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el funcionamiento del juzgado y, con ello, el servicio que se presta a la ciudadanía”.

Nieto ha recordado que el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, “ha terminado de implantar el nuevo sistema de gestión procesal @adriano, cuyo despliegue completo era imprescindible para avanzar en la Sede Judicial Electrónica y el Expediente Judicial 100% digital”.

La Consejería, según ha afirmado, “ha avanzado en la interoperatividad de los órganos judiciales, la digitalización de los registros civiles o la virtualización de puestos de trabajos para facilitar a jueces, fiscales y funcionarios acceder a su entorno de trabajo desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y VPN, sin que sus equipos en los juzgados tengan que estar encendidos”.

Todo ello “contribuye a modernizar, agilizar y hacer más sostenible la Justicia, al evitar desplazamientos y ahorrar costes en papel y consumo eléctrico”. El consejero ha defendido que “debe ser un objetivo compartido por todos los operadores jurídicos”, por lo que ha valorado que existan “profesionales comprometidos como los de ese juzgado que nos ayudan en esta tarea”.

Por ese compromiso, el equipo del Juzgado Social 3 de Córdoba ha sido reconocido en la categoría de Innovación y Modernización por el jurado de los II Premios Justicia Andalucía, que en esta edición ha otorgado el Premio de Honor al juez de Menores de Granada Emilio Calatayud, recientemente jubilado, y ha decidido otorgar una mención especial al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Luis Portero, en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA.

Además, los Premios Justicia Andalucía, creados el año pasado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, también reconocen la trayectoria profesional del letrado jiennense José Calabrús y en la modalidad de servicio público de Justicia a José Antonio Raya, funcionario del Cuerpo General de Tramitación Procesal y Administrativa de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Málaga.

El jurado, presidido por la viceconsejera de Justicia, Ana Corredera, ha estado integrado por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago; el secretario de Gobierno del TSJA, Pedro Campoy; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), Federico Fernández; la vicepresidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, María José Carralero; la vicepresidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, María del Mar Ayala, y los secretarios generales y directores generales de la Consejería de Justicia.

Once de los doce partidos judiciales de Córdoba (todos, menos los de la capital) cambiarán su funcionamiento el próximo 1 de julio con la entrada en vigor de la primera fase de la llamada Ley de Eficiencia, un proceso que ha sido calificado por “la mayor transformación del servicio público de Justicia en las últimas siete décadas”, según el consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto.

La reforma, que se está realizando con financiación exclusiva de la Junta de Andalucía —más de 57 millones de euros en toda la comunidad—, implica una reorganización estructural: se sustituye el modelo tradicional de juzgados unipersonales, dirigidos por jueces, por órganos colegiados con unidades jurídicas nuevas y servicios comunes de tramitación. Solo Córdoba capital queda fuera, de momento, hasta el 31 de diciembre, cuando concluye la tercera fase del proceso.

El impacto en la provincia no es solo estructural, también afecta al personal. Córdoba verá incrementada su plantilla judicial con 8 nuevos funcionarios, lo que eleva el número total de efectivos de 173 a 181. Esta ampliación forma parte de las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) negociadas con los sindicatos en los últimos seis meses.

Los refuerzos se distribuyen así:

Además, en Palma del Río se desarrollará un proyecto piloto para convertir su nueva Oficina de Justicia en un punto de apoyo que descongestione los juzgados de Posadas y permita a los ciudadanos realizar hasta el 85% de los trámites judiciales sin necesidad de desplazarse.

También se transforman los juzgados de paz en Oficinas de Justicia en los municipios, especialmente en aquellos con más de 7.000 habitantes, donde los funcionarios podrán tramitar directamente expedientes judiciales dentro de sus partidos judiciales de referencia.

La comarcalización de los servicios de violencia de género y sexual

El consejero Nieto ha aprovechado para denunciar la falta de apoyo del Ministerio de Justicia en esta reforma, que —según sus palabras— “ha sido tramitada sin consenso con las comunidades autónomas” y ha obligado a Andalucía a asumir en solitario los costes económicos y de gestión. También ha criticado la “errónea comarcalización” del Servicio de Violencia sobre la Mujer, que agrupa Montoro, Lucena y Posadas bajo el Partido Judicial de Córdoba, una decisión que, a su juicio, ignora la geografía y densidad poblacional del territorio.

La Junta ha solicitado la especialización de más órganos judiciales en violencia de género, pasando de los actuales diez jueces especializados a 22 en toda Andalucía, tras comprobar que otras comunidades, como Cataluña, han recibido 60 nuevos jueces frente a cero en Andalucía.

Por último, Nieto ha mostrado su preocupación por la huelga de jueces y fiscales convocada para los días 1, 2 y 3 de julio. “Esta huelga daña la imagen de la Justicia en Europa y espero que, en el tiempo que falta, haya un acercamiento entre las partes”, ha deseado.

Un nuevo líder después de toda una vida dedicada al sindicato. UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba celebró hoy su II Congreso Provincial en el Palacio de Congresos, con la asistencia de representantes de la federación a nivel provincial, regional y nacional, así como con la presencia del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. La ocasión lo requería, ya que el que hasta hoy ha sido el secretario general de Córdoba, Isaías Ortega, abandonaba el cargo tras más de 23 años dirigiendo la mayor de las federaciones ugetistas en Córdoba al llegar a su jubilación.

Isaías Ortega resaltó que UGT SP Córdoba es la más representativa en la provincia en las administraciones públicas “llegando, incluso, a una representación del 46 % de las personas trabajadoras en el ámbito de lo local, algo que, teniendo en cuenta que hay 26 organizaciones sindicales que se presentan a estas elecciones obteniendo representación, es todo un logro”. Ortega hizo un repaso por la situación actual que viven los servicios públicos en la provincia, y destacó “la preocupación que existe en el ámbito de la sanidad pública, así como, en general la falta de financiación y de profesionales”, y recordó “la situación que viven las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, un sector muy feminizado y poco reconocido, esenciales, pero invisibles para las administraciones, con una serie de problemáticas que abordamos en el congreso en el que mostramos todo nuestro apoyo hacia ellas”. Finalmente, el hasta hoy secretario de UGT SP Córdoba recordó “la defensa que el sindicato hace de la necesidad de rebajar las ratios en los centros de enseñanza, aprovechando la bajada de la natalidad sin disminuir las aulas o el profesorado”.

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública subrayó lo importante que era estar en esta despedida de Isaías Ortega, sobre el que indicó que “ha sido el secretario general de una gran federación, un gran sindicato, y ha sido un gran sindicalista y un gran amigo, al que conozco desde hace mucho tiempo, con el que he discutido muchas veces sobre la administración pública, con mucho diálogo en la búsqueda del acuerdo, dejando un enorme legado en todo el sindicato en Córdoba, no solo en Servicios Públicos, por lo que para mí era necesario estar hoy aquí. Gracias a Isaías Ortega aprendí a reconocer y valorar el papel de los sindicatos, que es un papel fundamental que, en demasiadas ocasiones, e independientemente del color político de las instituciones, no se aprecia ni valora”.

Entre los asistentes al acto estuvo la secretaria general federal de UGT SP, la cordobesa Isabel Araque, que hizo una lectura crítica de la situación sociopolítica de estos momentos, especialmente en aquello que se refiere al surgimiento de movimientos de extrema derecha “que ya están triunfando en otros países de Europa” y que calificó como “enemigos de las personas trabajadoras y de sus derechos laborales, de todo lo que significa y ejemplifica España en el progreso en derechos e igualdad”. Araque hizo, asimismo, un recorrido en su relación personal con Isaías Ortega, al que “culpó” de ser responsable de que ella estuviera dirigiendo ahora la federación a nivel nacional “porque me convenció para entrar en la ejecutiva en su momento, hizo lo posible para que fuese secretaria general de UGT en Córdoba y confió en mí en todo momento”.

Tras la lectura y aprobación por unanimidad de los diversos informes de gestión de la comisión ejecutiva saliente, se procedió a la votación en urna de la única candidatura presentada para renovar este órgano, y que está liderada por el hasta ahora secretario de Organización de la federación en Córdoba, Aurelio Carrillo. El recuento de los votos dio como resultado un apoyo del 97,64 % de los delegados al congreso, con tan solo tres votos en blanco. Natural de Luque, Aurelio Carrillo es funcionario de Andalucía Emprende.

Respecto a la ejecutiva, se verá reforzada con la entrada en Organización de Paco Gómez, hasta ahora responsable en la sección sindical de la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba. Carrillo contará con una secretaria Ejecutiva, María Teresa Barrón. Mamen Rojas seguirá en Administración y asumirá, asimismo, Formación, mientras que Mari Carmen Donoso entrará como responsable de la secretaría de Igualdad y Gestión Sindical. Habrá una vicesecretaría general de Política Social en la que estará al frente Lourdes Muñoz-Torreño, que hasta el momento ocupaba la secretaría de Local, que ahora dirigirá Francisco Téllez. Otro secretario que abandona la ejecutiva por jubilación es Manuel Jiménez, que hasta ahora llevaba la secretaría de Administración Local y Sector Público Andaluz, Javier Portales. Repiten en sus respectivos puestos Juan Carlos Varo, en Enseñanza, Mari Carmen Heredia en Sanidad y Servicios Sociosanitarios, y Federico Bernabé en AGE y Postal.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha asegurado este martes que no ve que sea “una mala solución” el aumento de competencias para los juzgados de Violencia sobre la Mujer que conllevará la aplicación de la nueva Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, pero ello, según ha opinado, también “exige una reordenación de servicios”.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en la Ciudad de la Justicia de Córdoba de Córdoba las Jornadas 'Mediación y Justicia Restaurativa: Humanizando la Justicia', organizadas para celebrar el Día Europeo de la Mediación, Nieto ha recordado que “esta ley, que es una ley esperada por muchos desde hace mucho tiempo, ha tenido el voto en contra del Partido Popular en parte” por la sobrecarga y colapso que algunos juristas pronostican para los juzgados de Violencia sobre la Mujer, y ello porque “la ley lo que recoge, creo que lo recoge mal”, a este respecto.

Ello se debe, según ha explicado el consejero de Justicia andaluz, a que “se ha regulado a golpe de exigencia de grupos minoritarios, sin tener en cuenta el alcance”, aunque, según ha aclarado Nieto, “la medida que se plantea no nos parece que sea una mala solución, el que se puedan unificar en un mismo ámbito todas las actuaciones que tengan que ver con violencia sobre la mujer, violencia sexual, etcétera”.

Sin embargo, este incremento de competencias, según ha subrayado, “exige una reordenación de servicios” y, a juicio de Nieto, “lo que probablemente ocurra es que se modifique algún juzgado de Instrucción y se convierta en un juzgado de Violencia, para que asuma las competencias que ahora mismo se hacían en los juzgados de Instrucción, en lo que se refiere a violencia sexual, etcétera”.

Estos son, según ha precisado, “los casos que se han acumulado a los de Violencia sobre la Mujer y que ahora pues tienen que abordar y que llevar estos juzgados”, los cuales, “ya de por sí, estaban saturados”, es decir, “los juzgados de Violencia, en general, están saturados, y los de Córdoba, en particular, también”.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha presentado este lunes junto a la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, Carmen María Castro Coto, el convenio pionero que ha suscrito la Consejería con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales que va a permitir impulsar la mediación laboral en conflictos que ya están judicializados.

Según han explicado en rueda de prensa, se trata de un convenio “pionero en España”, que pretende ofrecer una “segunda oportunidad a la vía del diálogo y el acuerdo” en los casos de despidos, reclamaciones de cantidad y demás conflictos laborales, y liberar así de carga de trabajo a los juzgados de lo Social, donde los asuntos “se eternizan incluso durante años”.

A este respecto, Nieto ha pedido “la colaboración y la confianza” de los jueces de lo Social para alcanzar “el éxito” de esta vía alternativa de resolución de conflictos. Además, ha instado a las empresas y los trabajadores cordobeses a aprovechar la experiencia de los graduados sociales en Derecho Laboral para probar la mediación con su colaboración en conflictos ya judicializados. Una medida que ha calificado como “el proyecto estrella de este 2025”.

El consejero ha recordado que la jurisdicción Social “es una de las más saturadas, con vistas que se fijan para 2027 e incluso 2028”, de ahí la importancia de este proyecto que ha visto la luz “gracias a la perseverancia y la implicación de los graduados sociales cuyo papel y labor tengo que destacar”, pues, “de forma altruista se han implicado con el objeto de demostrar que hay margen para buscar una solución”.

Nieto ha explicado que, por Ley, los conflictos laborales antes de llegar a los juzgados tienen que pasar por el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación (CMAC) para intentar alcanzar el acuerdo entre las partes, y ahora, con la mediación laboral, se trata de dar “una segunda oportunidad” y evitar el juicio.

La mediación, según ha resaltado, es una alternativa “más eficaz, rápida y satisfactoria que la controversia, ya que se basa en el diálogo y el acuerdo entre las partes, además de ahorrar costes económicos y reducir los plazos, contribuyendo así a aliviar la sobrecarga de los juzgados”. Por ello, el consejero ha defendido que “merece la pena explorar esta vía en el ámbito laboral de la mano de profesionales especializados en la materia como los graduados sociales”.

Con este fin, la Consejería de Justiia ha firmado un convenio pionero con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, para poner en marcha una experiencia piloto para que los juzgados de lo Social, a través de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) que la Junta puso en marcha en 2021, puedan derivar los asuntos que consideren mediables y contar con una bolsa de graduados sociales voluntarios para que actúen como mediadores.

El Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, como el resto de los colegios provinciales y bajo la coordinación del Consejo Andaluz, creará una Comisión de Mediación encargada de nombrar a los profesionales que formarán parte de la bolsa de esta provincia y de hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas.

Los técnicos del PIMA, ubicado en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, realizarán la primera sesión informativa a las partes implicadas y, si aceptan intentar un acuerdo, las remitirán a los mediadores de esa bolsa de graduados sociales del Colegio.

El consejero ha destacado que esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Mediación que está desarrollando la Consejería para impulsar esta fórmula poco explorada en España y que está contribuyendo a reducir la alta tasa de litigiosidad y la sobrecarga de los tribunales andaluces, ante “la negativa del Gobierno a crear nuevos órganos” en la comunidad. Así ha destacado que Andalucía ha dejado de ocupar las primeras posiciones en tasa de litigiosidad, pues en el tercer trimestre de 2024 “ya se ha situado en la quinta posición”.

En este sentido, ha destacado las medidas puestas en marcha en 2024 por la Junta, como incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita, la primera comunidad que lo hace; o la puesta en marcha del Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito, que ha recibido 1.600 asuntos en toda Andalucía y ha logrado acuerdo “en el 50% de los casos cerrados”, en un plazo medio de unos 30 días.

Sin juzgados nuevos

Nieto ha lamentado que estas medidas no se vean arropadas por el Ministerio de Justicia, “al que reclamos 56 nuevos juzgados para 2025, pero la respuesta ha sido cero. Nunca se había dado una respuesta tan cicatera y dañina, con la excusa de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia”, publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que va a suponer una transformación de la actual organización de la Justicia.

En este sentido, el consejero de Justicia ha lamentado que “la Ley no trae los presagios más favorables, porque esto es como un yo invito y tú pagas”, dado que “el Gobierno deja solas a las comunidades autónomas con un plazo muy corto”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, Carmen María Castro Coto, ha agradecido a la Junta “la confianza depositada, con un convenio pionero en España, ya que esta jurisdicción ha sido siempre la gran olvidada”.

Castro Coto ha afirmado que es necesario “que la sociedad cambie el chip” y dar una oportunidad a la mediación. Igualmente, ha pedido la colaboración del resto de operadores jurídicos para lograr el impulso necesario, pues “nosotros solo actuamos como mediadores entre las partes, que se sentarán con sus respectivos representantes”.

Oficina judicial

Por otro lado, respecto a la puesta en marcha del Nuevo Modelo de Oficina Judicial en Córdoba capital y Lucena (Córdoba), entre otros partidos judiciales de Andalucía, Nieto ha recordado que, para hacer frente al nuevo gasto que ello conllevará para la Junta de Andalucía, “le hemos pedido al Ministerio que cambie el sistema de costes que van a tener” que asumir las comunidades autónomas, y “la respuesta ha sido que te busques la vida”.

Eso es, según ha asegurado el consejero, que harán en la Junta de Andalucía, es decir, trabajar para afrontar el “reto de que en el año 2025, tal y como establece la Ley, tengamos transformados todos los partidos judiciales en tribunales de Instancia”.

Eso significa, según ha precisado, que “a 31 de julio tenemos que transformar 70 partidos judiciales de Andalucía en tribunales de Instancia. A 1 de octubre tenemos que transformar otros tres y el resto a 31 de diciembre”, reconociendo Nieto que “no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer”.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha lamentado este miércoles que, desde que él es consejero, “siempre ha habido una petición del cuarto juzgado de Lucena (Córdoba), y la respuesta del Ministerio (de Justicia) ha sido no”, y “este año la negativa ha sido más rotunda, porque hemos pedido 56 nuevos órganos judiciales” para Andalucía “y la respuesta del Ministerio ha sido cero, o sea, ni el de Lucena, ni ninguno”.

Nieto ha respondido así después de que, en la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública del Parlamento de Andalucía, la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha señalado “la situación de atasco a diario que sufre el Juzgado de Violencia de Género” de Lucena, y la necesidad, por ello, de que “se declare como juzgado específico”, añadiendo que, “en todo caso, la petición del cuarto juzgado está” hecha y, aunque ha reconocido que su creación no es competencia de la Junta, ha opinado que Nieto tendría “que poner en valor en algún momento que es necesario” y, “mientras que se consigue o no se consigue un cuarto juzgado, podría ir solicitando un refuerzo”.

Ante ello y tras recordar la negativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes a crear un cuarto juzgado en Lucena, Nieto ha resaltado que él no decide “dónde hay un Juzgado de Violencia de Género”, lo mismo que tampoco decide “dónde hay un juez de adscripción temporal, porque eso no es competencia mía”, por lo que ha animado a Ambrosio a mire “qué es competencia del Tribunal Superior de Justicia (de Andalucía), qué es competencia el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), qué es competencia del Ministerio y cuál es la nuestra”, de la Junta de Andalucía.

En relación con ésta última, Nieto ha explicado que a la Junta de Andalucía le compete “poner los medios de apoyo a los jueces, a los órganos judiciales que decida el Ministerio, y eso es lo que hacemos”, señalando que “un nuevo Juzgado de Violencia de Género no es competencia” de la Junta, ni tampoco crear un nuevo juzgado, en general, subrayando que “las goteras sí son competencia nuestra”, en referencia a la demanda previa de Ambrosio de que se reparen las goteras que han aparecido en la nueva sede judicial de Lucena.

Por último y tras haber cuestionado Ambrosio la aplicación del nuevo modelo de oficina judicial en la Ciudad de la Justicia de Lucena, Nieto ha señalado que “hay un modelo de sede judicial para toda España, que consensuamos las comunidades autónomas y el Ministerio, y que supone que por cada dos juzgados se hace una sala de vistas”, y “en el caso de Lucena, como son tres (juzgados), pues todavía salen mejor”, pues hay dos salas de vistas.

La comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 arrancará sus interrogatorios el próximo 19 de noviembre con el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán y una semana después comparecerán el excomisario de policía José Manuel Villarejo y el exsecretario de Estado del Ministerio del Interior y actual consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, así lo han acordado este martes la Mesa y los portavoces de la comisión en una reunión a puerta cerrada.

El plan de trabajo acordado por esta comisión establece que si se cita a personas relacionadas con el CNI deberá convocarse para acoger su comparecencia la Comisión de Gastos Reservados, que es la única autorizada para tratar de sobre información reservada. Eso sí, si el Gobierno desclasifica los documentos que pueda tener en su haber el CNI sobre estos atentados, los comparecientes podrán ser interrogados por la propia comisión de investigación.

El Ejecutivo ya ha adelantado su disposición a desclasificar esa documentación y tiene casi un mes por delante para hacerlo permitiendo así que la comparecencia de Sanz Roldán fuera en abierto ante la propia comisión.

Además, para el día 19 se va a citar también, al exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) José Luis Olivera Serrano, y ya el 26 será el turno del excomisario José Manuel Villarejo, quien ya ha acudido en el pasado a otras comisiones de investigación del Congreso.

Villarejo fue el excomisario que alentó la idea de que el CNI podría estar detrás de aquellos atentados, para dar un “susto” al Govern, dado que el espionaje español había mantenido contactos con el imam de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, mientras había estado en prisión.

Según la tesis de Villarejo, esos atentados habrían sido un “error” de cálculo del CNI, al que atribuyó la creación de un posible “comando ficticio” para hacer creer a las autoridades catalanas que había un riesgo y que así ellas tuvieran que pedir protección al Estado, en un momento de pleno auge del proceso independentista. El excomisario aseguró en su momento que todo se descontroló al fallecer el imam de Ripoll la víspera de los atentados por la explosión que tuvo lugar en Alcanar (Tarragona).

Y el mismo día que Villarejo va a ser convocado el primer político que comparecerá ante este órgano. Se trata de José Antonio Nieto, que fue secretario de Estado de Seguridad con el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido. Ya en diciembre, la previsión es que se cite a comparecer al exministro de Exteriores José Manuel García Margallo y al propio Zoido.

En el listado de comparecientes aprobado por la comisión también figuran, entre otros, el expresidente del Gobierno Marian Rajoy, la que fuera su vicepresidenta y responsable del CNI Soraya Sáenz de Santamaría, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que aún tiene una orden de detención del Tribunal Supremo por el procés.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido este martes en Córdoba que el Plan de Humanización de la Justicia que diseña la Junta de Andalucía “aspira a transformar vidas”, como ya ocurre con los menores infractores que pasan por los centros y servicios del sistema de Justicia Juvenil andaluz, que “es un referente a nivel nacional e internacional”.

En este contexto, Nieto ha firmado un convenio de colaboración con la presidenta de la Fundación Futuro Singular Córdoba, Ángela Amate, para que menores infractores realicen prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socieducativas impuestas por los jueces colaborando con la entidad, que trabaja por el desarrollo personal de las personas con discapacidad intelectual para que participen plenamente en la vida familiar, social y laboral.

Se trata de un acuerdo que “beneficia a la comunidad”, ya que la entidad cuenta con apoyo para su labor y los menores infractores conocen de cerca otras realidades de las que toman conciencia, lo que contribuye a su reeducación. Por ello, ha agradecido a la presidenta de Futuro Singular su colaboración para poder dar “una segunda oportunidad” a jóvenes que aún tienen mucho que aportar a la sociedad.

La Consejería de Justicia, según ha recordado Nieto, tiene acuerdos con 230 ayuntamientos y entidades de toda Andalucía para facilitar el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad que imponen los jueces y, según ha resaltado el consejero, Córdoba es una de las provincias que más colabora con el sistema de Justicia Juvenil, ya que el 75% de sus municipios han suscrito convenios con la Junta, y Futuro Singular es la tercera entidad que lo firma, tras la Fundación Promi y Córdoba Acoge. Por ello, ha felicitado, tanto al delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, como la delegada territorial de Justicia, Raquel López, por buscar una colaboración imprescindible.

Nieto ha puesto en valor el éxito del trabajo que se realiza con los menores infractores en los centros y servicios de Justicia Juvenil, ya que “conseguimos que entre el 75 y 80% no reincida”, gracias a una intervención integral de los profesionales que trabajan con ellos mientras cumplen las medidas impuestas por los jueces. Una intervención que tiene en cuenta sus circunstancias y características personales que, con frecuencia, influyen en la situación de conflicto que los lleva ante al juez.

El consejero ha abogado por extender esa atención centrada en las circunstancias y características personales a todo el sistema judicial, haciéndolo más accesible, comprensible y cercano, especialmente para las personas más vulnerables.

Accesibilidad

Por este motivo, según ha subrayado Nieto, la Consejería de Justicia ha diseñado un Plan de Humanización de la Justicia, que este lunes ya fue abordado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que incluye medidas en distintos ámbitos, para lograr “objetivos ambiciosos”.

Así, en materia de accesibilidad, va “más allá de las obligaciones legales” para eliminar barreras arquitectónicas en los edificios judiciales -en las que se intervendrá mediante actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras Judiciales-, al contemplar también medidas frente a las “barreras sensoriales”, para los usuarios con discapacidad visual o auditiva. Para ello, se instalarán señalizaciones accesibles en los juzgados y 500 bucles magnéticos en los mostradores de información para facilitar la audición a personas con implantes cocleares. En Córdoba ya se han instalado 23, en la Ciudad de la Justicia de la capital y en los juzgados de la provincia.

El consejero ha argumentado que “una justicia más humana tiene que ser comprensible” y, en este contexto, ha reconocido que los documentos jurídicos resultan “difíciles de entender, no solo para las personas con discapacidad intelectual, sino para muchos ciudadanos”. Por ello, la Consejería ultima un Decreto para crear la figura del facilitador, que acompañe y oriente a cualquiera que necesite apoyo para desenvolverse en los diferentes trámites que conlleva un procedimiento judicial. Actualmente se está desplegando un proyecto piloto en Almería.

Además, la Consejería tiene a disposición de los jueces un servicio de traducción a lectura fácil de resoluciones y autos que afectan a personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o con dificultades de comprensión.

Nieto ha dejado claro que “los más vulnerables deben tener más apoyo” y ha recordado la labor que desde hace 25 años realiza el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), que ofrece atención integral a las víctimas de cualquier tipo de delito y de cualquier municipio gracias a equipos itinerantes. El año pasado el SAVA atendió en Córdoba a 2.600 personas, “el 91% mujeres que, desgraciadamente, sigue siendo un perfil vulnerable en muchas materias”.

“Justicia restaurativa”

Uno de los ejes del Plan de Humanización es la apuesta por “la Justicia restaurativa”, basada en “la mediación eficiente que haga que las víctimas puedan tener un resarcimiento que vaya a más allá de una compensación, como la que se obtiene a través de una sentencia”.

De hecho, la apuesta de la Consejería por la mediación la ha llevado a crear un servicio público y gratuito para la mediación Penal, el Sempa, que en mayo empezó a funcionar en cinco provincias y desde hace un mes existe en toda Andalucía. Nieto ha destacado los buenos resultados que ya está dando este servicio, con 179 acuerdos cerrados que han evitado otros tantos casos en los juzgados, aliviando así la sobrecarga de éstos y permitiendo que se puedan centrar en asuntos complejos.

No obstante, además de agilizar la resolución de conflictos, el consejero ha hecho hincapié en que la cultura del diálogo y el acuerdo conlleva también mayor capacidad de restauración para la víctima, y ha subrayado que la Junta ha apostado por acercar la posibilidad de acudir a la mediación a cualquier ciudadano, independientemente de sus recursos económicos, ya que “Andalucía es la primera comunidad que ha incorporado la mediación a la Justicia Gratuita”. Desde que se incluyó el 1 de enero, los abogados del turno de oficio ya han certificado 72 procesos cerrados con acuerdos en el primer semestre del año, ocho de ellos en la provincia de Córdoba.

Nieto ha concluido destacando que la apuesta de la Junta por una Justicia más humana “no es una improvisación, hay un plan y un objetivo de atender a la población más vulnerable, con el apoyo de quienes diariamente se dedican a atender a esa población más vulnerables, como Futuro Singular”.

Por su parte, la presidenta de la fundación cordobesa ha señalado que para la entidad esta colaboración con la Consejería de Justicia es una “gran oportunidad para ofrecer a estos menores otra realidad de la vida, comprobar que hay personas con muchísimas dificultades que son capaces de superarlas con esfuerzo y trabajo. Creo que eso les va a dar una enseñanza de vida que esperamos que les sirva para el futuro”.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha animado este lunes a los cordobeses víctimas de algún delito a probar la resolución de conflictos a través del Servicio de Mediación Penal para Adultos (Sempa), un servicio público y gratuito que desde mayo funciona en cinco provincias andaluzas y que en esta jornada echa a andar en Córdoba, Málaga y Cádiz.

Nieto ha inaugurado las instalaciones del Sempa cordobés, ubicado en la Ciudad de la Justicia y gestionado por la entidad Imeris, que cuenta con un equipo integrado por tres profesionales --jurista, criminólogo y psicólogo-- especializados en mediación. Y ha instado tanto a los ciudadanos como a los jueces de la provincia a derivar asuntos a esta vía “más ágil y satisfactoria” con la que aspiran a “rebajar la litigiosidad, la carga de trabajo de los juzgados, reducir los tiempos de espera para la resolución de conflictos y mejorar la calidad de la Justicia”.

En este sentido, el consejero ha señalado que los resultados logrados en apenas cuatro meses en las provincias donde existe este servicio desde mayo --Almería, Granada, Jaén, Huelva y Sevilla-- resultan “muy esperanzadores”. Así, en este tiempo, han llegado a los distintos Sempa 405 asuntos y ya se han logrado 98 acuerdos en un plazo medio de 45 días frente a “los dos o tres años” que se prolonga un proceso judicial.

Nieto ha destacado especialmente el “excepcional” funcionamiento del servicio en Almería, donde de los 90 asuntos derivados, en 60 ya se han alcanzado acuerdos. Los cinco Sempa que ya funcionan han atendido en total a 788 personas: 385 víctimas (53,50% mujeres y 46,50% hombres) y 403 victimarias (35,24% mujeres y 64,76% hombres).

El consejero ha explicado que al Sempa pueden acudir tanto los ciudadanos directamente como derivados por los jueces, a quienes también ha instado a confiar en esta fórmula para reducir la carga de trabajo de los juzgados y agilizar no sólo los asuntos que se deriven a esta vía, sino también los plazos de resolución de aquellos asuntos que no pueden ser resueltos a través de la mediación.

Al respecto, ha detallado que por ley está vetada la mediación para los delitos de violencia de género y sexual, si bien ha señalado que es una fórmula “muy útil” en delitos leves de amenazas, robos, peleas o agresiones filioparentales, donde suele haber “un conflicto de fondo que muchas veces no se resuelve con una sentencia”.

CARÁCTER PSICOLÓGICO

Según ha expuesto Nieto, “se priman mucho las medidas de carácter psicológico: el perdón del agresor, la compensación de los daños que se hayan podido producir, e incluso en muchos casos la multa se ha convertido en una donación a una ONG”, a la vez que ha subrayado que “la mediación es una vía poco explorada en Andalucía, pero en la que se viene trabajando en varios países de la Unión Europea desde hace mucho tiempo, forma parte de lo que se conoce como Justicia restaurativa que tiene una valoración muy alta desde el punto de vista de la convivencia y resuelve problemas que podrían eternizarse entre las partes cuando la sentencia no es satisfactoria para ellas”.

También en España comunidades como Navarra, País Vasco y Cataluña han logrado reducir la litigiosidad a través de la mediación y “en Andalucía también lo podemos conseguir”, de ahí que impulsar esta fórmula sea una “prioridad” dentro del Plan Estratégico de Justicia con el fin de reducir la excesiva conflictividad judicial, ha resaltado.

Andalucía acabó el año pasado con una tasa de 156,8 asuntos por cada mil habitantes, tan sólo superada por Canarias, y en el primer trimestre de 2024 la litigiosidad es de 41,28 causas por cada mil ciudadanos.

Otras medidas

La creación de los Sempa, con una inversión de 1.123.043,60 euros (139.775,45 euros en Córdoba) para los contratos de gestión de los ocho equipos provinciales --con una duración de 12 meses prorrogable-- se completa con otras medidas ya en marcha como la inclusión de la mediación en el en el sistema de Justicia Gratuita desde el día 1 de enero de este año.

De esta forma, permite que cualquier andaluz con derecho a un abogado de oficio cuente con asesoramiento jurídico para procesos de mediación e involucra a los profesionales, que perciben hasta 400 euros por su trabajo en caso de acuerdo. En el primer trimestre del año los abogados de oficio han certificado 18 procesos de mediación y en el segundo trimestre, 54.

En la Justicia Juvenil ya existe desde hace años un Servicio de Mediación Penal de menores, que el año pasado llevó a cabo 2.276 mediaciones con menores infractores de las que el 80% acabaron con conformidades. Además, la Consejería de Justicia tramita la creación de un Consejo Andaluz de la Mediación y la elaboración de un Registro de profesionales y entidades de mediación para que los andaluces puedan acceder a un listado de especialistas en la materia.

La provincia de Córdoba cuenta, a fecha de 31 de diciembre de 2023, con 11.000 asociaciones registradas oficialmente, una cifra que asciende a casi 100.000 en Andalucía, 92.822 concretamente, lo que supone un 2% más que a final del ejercicio anterior. Entre ellas destacan las vinculadas al ámbito cultural o científico, que representan casi el 20% (18.488), seguidas de las entidades recreativas (10.304) y las vecinales (8.428).

En una nota, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha puesto en valor la importancia del movimiento asociativo como “articulación de la participación de la ciudadanía en la vida pública, defendiendo los intereses de distintos colectivos y, en muchos casos, promoviendo la actuación de las administraciones públicas para dar solución a problemas”.

Durante 2023 se inscribieron en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, gestionado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, 2.140 nuevas entidades (435 más que en 2022) mientras que se disolvieron 201 (48 más que en el ejercicio anterior). Casi la mitad de las creadas el año pasado son regionales (859) y el resto locales (680), provinciales (510) y en menor medida comarcales (81). En diez casos no consta el ámbito que comprende.

Por áreas, en el pasado ejercicio la mayoría de las asociaciones registradas se dedican a la cultura, las artes, las letras o el ámbito científico (480), seguidas de las dedicadas a la naturaleza (291), las deportivas (200) y las de acción social (143).

De las 92.822 asociaciones inscritas, 391 son de utilidad pública, que están obligadas a presentar una rendición anual de cuentas que incluya su patrimonio, situación financiera, así como el origen, cuantía, destino y aplicación de los ingresos públicos percibidos.

Además de las asociaciones culturales, recreativas y vecinales, destacan las entidades de acción social (7.646), educativas (6.939), deportivas (7.080) y las relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente (5.749). Otras tipologías son las juveniles, de mujeres, personas mayores, consumidores o para la defensa de la diversidad sexual; la profesionales y familiares, entre otros.

La solicitud de inscripción en este registro debe presentarse telemáticamente e incluir el acta fundacional, los estatutos de la entidad, un certificado del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente de la persona jurídica en el que conste la voluntad de constituir la asociación y la persona física que la representará y, en el caso de federaciones o confederaciones, el acuerdo de integración de las asociaciones que la integran.

El formulario para solicitar la inscripción está disponible en la web de la Consejería ('https://lajunta.es/4yefc'). Además de la inscripción, debe comunicarse al Registro cualquier cambio en los Estatutos, así como la disolución de entidades.

José Antonio Nieto y José Carlos Gómez Villamandos se mantienen en el Gobierno de la Junta de Andalucía como consejeros. Ambos conservan sus cargos después de la gran remodelación del gobierno regional que acaba de acometer este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El propio Moreno ha citado a “los cordobeses” Nieto en Justicia y Villamandos en Universidades como consejeros que se mantienen en sus cargos después de unos cambios importantes.

En total, la Junta de Andalucía dispone de 14 consejerías. El cambio más significativo se produce en Salud. Su consejera, Catalina García, es relegada a Sostenibilidad. En su lugar, Moreno confía en Rocío Hernández Soto, pediatra y encargada del distrito sanitario Aljarafe de Sevilla.

También importante es el cambio en la Consejería de Cultura y Deporte, que pierde Turismo. Su titular anterior se queda con Turismo, Arturo Bernal. Pero Cultura regresa a Patricia del Pozo, que ya dirigió sus competencias en el primer gobierno de Moreno, el del pacto con Ciudadanos.

Además, la nueva consejera de Educación será la que fue viceconsejera, Carmen Castillo. Agricultura sigue en poder de Ramón Fernández Pacheco, que deja de ser el portavoz. La nueva portavoz será Carolina España.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, considera sobre la figura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su continuidad al frente del Gobierno andaluz ante la eventualidad de hacer carrera política en Madrid que “la suerte es que tenemos Juanma para rato”, convencido de que “es un presidente con una enorme ilusión y unas ganas de trabajar que son ahora casi mayores que cuando llegó en 2019 al gobierno”.

En una entrevista con Europa Press, cuestionado por el hecho de que la expresidenta socialista Susana Díaz pudiera ser un buen espejo donde mirarse para que Moreno deseche la tentación de dar el salto a la política nacional, Nieto afirma al respecto que “cualquier persona que le conoce sabe que Juanma tiene una idea muy clara, vive el hoy y se vuelca y en su cabeza hoy no hay nada que no sea Andalucía, que no tenga que ver con la realidad de nuestra tierra”.

El consejero de Justicia esgrime otro argumento para sostener la continuidad de Moreno en Andalucía como es “una lealtad absoluta con el presidente Feijóo, al que apoya y al que arropa y no pierde oportunidad para hacerlo”, antes de apuntar una secuencia lógica donde “nuestro proyecto” supone “el de Juanma Moreno en Andalucía; Feijóo en España y ahí nos vamos a volcar” con la meta de que “España también tenga la oportunidad de tener un buen gobierno como tiene Andalucía”.

Preguntado por el hecho de si el presidente de la Junta de Andalucía se ha convertido en la horma del zapato del electorado andaluz, el consejero de Justicia sostiene que “Juanma Moreno es el político que mejor ha entendido a la sociedad andaluza con diferencia” para desplegar que ese conocimiento de la población andaluza se traduce en haber captado que “los ciudadanos no quieren confrontación, no quieren choque, no quieren crispación, no quieren enfrentamiento”, y esto Moreno “lo ha entendido perfectamente”, además del hecho de que “va en su carácter, en su forma de hacer política”.

“Él siempre defiende la integración”, prosigue explicando sobre la figura del presidente andaluz, de quien remarca que “sabe que cuando llega al gobierno que tiene que abrir puentes para que todo el mundo pueda sentirse parte de esta comunidad que es Andalucía”, aun cuando admite que “tenemos un partido político, una ideología muy determinada”, que asegura se aparca porque “cuando estamos en el gobierno la obligación es gestionar para todos”.

“Yo no puedo definir un juzgado para los del PP, yo tengo que pensar en el servicio de la justicia y en la sede judicial adecuada para cualquier ciudadano que necesite acercarse a un juzgado, atender o poner una demanda o ser testigo en un pleito”, continúa explicando en ese sentido.

Cuando se le pregunta por la cara B de esa luna de miel de Moreno con el electorado andaluz, es decir, que el Partido Popular de Andalucía empiece a tener dependencia de Moreno, plantea que “cuando se tiene un liderazgo tan marcado como el que el que tiene Juanma Moreno, evidentemente, se produce una dependencia”, aunque precisa también que “creo que hay un equipo”, antes de colegir sobre la relación entre el grupo y su líder que “ese equipo tiene claro quién es su líder, que es Juanma Moreno y asumimos que esa dependencia existe”.

“Él tiene un compromiso con Andalucía y con el PP Andaluz muy claro con lo que ese compromiso tampoco está en riesgo y lo que nos gustaría es evolucionarlo. Que pudiéramos entrar en el Juanma Moreno 2.0, 3.0, 4.0 porque fuéramos capaces de ir haciendo cada vez más fuerte, más sólido y más creíble ese proyecto político que Juanma tiene para Andalucía”, continúa argumentando el consejero.

Ante la pregunta de si hay banquillo en el PP andaluz, Nieto sostiene que “en este momento hay más banquillo que nunca porque tenemos más alcaldes que nunca, más concejales que nunca, más presidentes de diputación que nunca”, de manera que hay un amplio caladero “de diferentes edades donde se puede ir buscando ese perfil idóneo que el PP, que el Gobierno andaluz necesita”.

Sustitutos de Moreno: “No estaré cuando el presidente deje de serlo”

Cuando se le pregunta si en su caso por currículum, ya que ha sido alcalde de Córdoba, secretario de Estado de Seguridad, portavoz del PP-A en el Parlamento y consejero en la actualidad, puede ser uno de los integrantes de ese banquillo de potenciales sustitutos de Moreno, Nieto asegura que sus pretensiones están colmadas “con hacer el trabajo que Juanma me ha encargado, que es tratar de ordenar algo que estaba bastante desordenado”.

Tras explicar que tareas como “la justicia, las relaciones con la Administración local y la Función Pública requerían una actuación”, y que no son competencias catalogadas entre “las más brillantes” y que, por ello, “no somos los que ocupamos las portadas de los periódicos, no es la gestión más agradecida”, aunque reivindica que “es necesaria y yo estoy encantado y cada día más agradecido al presidente por esa oportunidad”.

“Yo tengo la misma edad que el presidente, nacimos con 20 días de diferencia y mi generación es la generación del presidente y yo, a lo mejor, incluso antes de que el presidente deje de serlo, pues probablemente yo no estaré”, continúa explicando sobre sus expectativas.

“Aquí tenemos presidente para rato por edad, pero, sobre todo, por ilusión y el reto es conseguir que, además, mantenga esa ilusión y esa fuerza el mayor tiempo posible”, remacha Nieto su argumentación.

Gestión sanitaria

Ante la pregunta de la gestión de la sanidad pública andaluza como mayor factor de desgaste del Gobierno andaluz, Nieto afirma que “el servicio de salud en general es prioritario” y que esa consideración “el presidente de la Junta lo tiene clarísimo”, que proyecta a que “la inversión en salud se incremente exponencialmente en estos años”.

Tras defender un incremento del gasto de 5.400 millones más de lo que lo hizo el último Gobierno socialista en 2018, el consejero se pregunta “cómo estaría si le quitáramos 5.400 millones de euros” y concluye que “seguramente hubiese quebrado definitivamente”, antes de afirmar que “el Servicio Andaluz de Salud estaba al borde de la quiebra, estaba en la UVI y lo que estamos haciendo es recuperarlo”.

“Eso requiere de una transición, hemos salido de una situación crítica, estamos ahora mismo en una situación que evidentemente es mejorable, nosotros sabemos que es mejorable, pero también sabemos que la vía para mejorarla es incrementar de una forma importante la inversión, estabilizar los servicios y ahora tratar de analizar cuáles son los problemas que se derivan estrictamente de la gestión”, explica Nieto.

El consejero explica que “somos perfectamente conscientes, no de que la salud nos provoque un desgaste, sino de que la salud es prioritaria para el ciudadano” y afirma que “también estoy convencido de dos cosas”, para explicar entonces que esas dos apreciaciones son que “los ciudadanos van a seguir queriendo el mejor servicio de salud posible” y que “la oposición no va a perder la oportunidad de meter el dedo en el ojo cada vez que haya una oportunidad en esa materia”.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto, ha realizado este viernes una visita institucional a Posadas (Córdoba), donde ha mantenido una reunión con el alcalde, Emilio Martínez, y otros miembros de la Corporación municipal, para trasladarle vías de colaboración destinadas a mejorar la sede de los juzgados, con el objetivo común de “preservar contra viento y marea que se mantenga el partido judicial”.

Tal y como ha indicado la Junta de Andalucía, Posadas es cabecera del partido judicial número 5 de la provincia de Córdoba, que engloba también a los municipios de Almodóvar del Río, La Carlota, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos y Palma del Río. Cuenta con tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción, el último de ellos creado en 2010, lo que obligó a habilitar una nueva planta en el edificio judicial para poder albergarlo.

La sede dispone también de dos salas de vista y acoge el Registro Civil, la consulta del médico forense y espacios para la Guardia Civil y para detenidos.

En este contexto, Nieto ha admitido que el edificio presenta “algunos problemas de espacio para albergar todos estos órganos y carece de sitio para posibles ampliaciones futuras en un partido judicial que desde hace unos años padece una sobrecarga de trabajo, especialmente en la Jurisdicción Civil”.

Por ello, ha abordado con el alcalde la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento para “mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía y las condiciones de trabajo de los funcionarios, jueces y fiscales” con el “objetivo común” de mantener el partido judicial.

La visita a Posadas se enmarca en la ronda de contactos que el consejero está realizando con los responsables municipales para establecer un diálogo de igual a igual y una “colaboración estrecha” con el objetivo conjunto de mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía en cualquier rincón de Andalucía, sin distinción entre una gran capital y un pequeño municipio de interior.

Durante el encuentro, el consejero ha informado al regidor del cuarto Decreto de simplificación administrativa que prepara el Gobierno andaluz que facilitará la relación entre la Junta y los ayuntamientos, al “eliminar burocracia innecesaria que sobrecarga de trabajo” a los funcionarios municipales y “no ayuda a la calidad del servicio” que se presta.

Nieto se ha referido también a la Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía que está elaborando la Consejería, con la colaboración de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) y un comité de expertos integrado por profesionales de la Sociología, la Geografía Humana, la Economía y la Estadística, el Desarrollo rural sostenible y la Administración Local.

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada del país y “no tiene un problema generalizado de despoblación como otros territorios”. De hecho, los últimos datos de la revisión censal recientemente publicados por el INE revelan que sigue creciendo. Pero ese crecimiento no es equilibrado de forma que mientras localidades de la Costa del Sol en Málaga o Roquetas de Mar en Almería experimentan un rápido aumento de habitantes, con la consiguiente necesidad de prestar servicios a esa creciente población, en muchas comarcas de interior hay pequeños municipios que llevan décadas perdiendo habitantes.

No es el caso de Posadas, que en los últimos 20 años ha ganado casi 200 vecinos y supera los 7.260, pero sí de otros municipios vecinos de la Vega del Guadalquivir. El objetivo de la Estrategia impulsada por la Secretaría general de Administración Local de la Consejería --cuya responsable, María Luisa Ceballos, ha acompañado al consejero en la visita--, es poner en valor la calidad de vida y los buenos servicios que ofrecen muchos de estos municipios, así como contribuir desde la Junta a garantizar su mantenimiento y mejora.

“Se trata de que los vecinos de la comarca de la Vega del Guadalquivir tengan la misma calidad de servicios que los de una capital y otros territorios, y tenemos que darles oportunidades de futuro a las familias, servicios de calidad en sanidad, educación y transportes para que quienes viven aquí no se marchen y para atraer nuevos habitantes interesados en esa calidad de vida que ofrecen nuestros pueblos”, ha defendido el consejero, que también ha estado acompañado por la delegada territorial de la Consejería en Córdoba, Raquel López.

Por su parte, el alcalde de Posadas, Emilio Martínez, ha agradecido a Nieto su visita y ha calificado de “fructífera” la reunión en la que se han abordado tanto las necesidades judiciales de la localidad como los problemas de las entidades locales en materia de financiación para asumir sus competencias.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha defendido este martes que las mejoras realizadas por la Consejería en el sistema de Justicia Gratuita son una garantía para la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, quienes tienen derecho a un abogado de oficio “sea cual sea su renta” sin tener que acreditar la falta de recursos económicos para ser beneficiarias.

El consejero ha inaugurado en Córdoba junto a la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosario Alarcón, y el decano del Colegio de la Abogacía cordobesa, Carlos Arias López, un curso de formación especializado sobre violencia de género para letrados de oficio. En Córdoba, forman parte del mismo 739 profesionales, de los que más del 58% forman parte del turno especializado de violencia de género (431).

En concreto, las consejerías de Justicia y de Inclusión Social han organizado un ciclo de once cursos, la mayoría de los cuales ya se han celebrado, en todos los colegios de abogados de Andalucía --el jueves se celebrará en Lucena (Córdoba)-- para actualizar sus conocimientos ante los cambios normativos, pero también fomentar la sensibilidad y empatía que deben tener los letrados que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género que, para Nieto, “trasciende lo puramente jurídico, son también un soporte psicológico”.

El consejero de Justicia ha defendido que “todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que ese reto de acabar con la violencia de género sea una realidad”. Aunque la elevada cifra de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas de este año --17 en Andalucía y 51 en España-- hacen que ese reto parezca “casi imposible”, el consejero de Justicia ha incidido en que “la colaboración es el camino y tenemos que perseverar en él, y la formación es la mejor herramienta”.

Estos cursos forman parte de la estrecha colaboración entre las consejerías de Justicia y de Inclusión Social, que recientemente han suscrito un protocolo para mejorar la coordinación entre los recursos del IAM y el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), que atiende a víctimas de todo tipo de delitos, si bien el 43% son mujeres que han sufrido violencia de género.

Una “deuda” saldada

Al igual que la de los profesionales del SAVA, Nieto ha destacado la importante labor social que realizan los 8.900 abogados inscritos en Andalucía en el turno de oficio --4.400 de ellos en el turno especializado de violencia de género--. Una labor que la Consejería ha reconocido incrementando sus compensaciones económicas, “injustamente congeladas desde 2009”. “Teníamos una deuda con ellos, sin quienes sería imposible prestar el servicio de Justicia Gratuita”, ha subrayado.

Así, ha anunciado que este lunes se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la nueva orden de módulos y bases que incrementa las retribuciones hasta un 20% y que se aplicará a los servicios que presten desde el 1 de enero de 2024 ('https://juntadeandalucia.es/boja/2023/217/3'). No obstante, ya este año perciben un 4% más, conforme al acuerdo alcanzado con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) mientras se tramitaba la norma, que también ha sido consensuada.

Igualmente, ha valorado que este año se han incrementado las guardias autorizadas a los colegios profesionales para habilitar, por primera vez, 7.300 específicas para la asistencia en casos de violencia de género, “algo que no existía y que pedían los colegios”. Y también se ha incrementado en torno a un 30% la retribución de las guardias según los procedimientos.

Pago del tercer trimestre

Precisamente se ultima el pago de los servicios prestados en el tercer trimestre del año, que fueron certificados por los colegios el 30 de octubre. La previsión es que el dinero llegue al Cadeca a finales de esta semana o principios de la próxima, dentro del marco de los 15 días hábiles desde que presentaron las certificaciones de los servicios realizados, aunque “legalmente no hay un plazo fijado”, ha indicado.

Para Nieto, “todas estas medidas muestran el compromiso de la Consejería con los profesionales de la Abogacía, que son quienes asisten al justiciable y, especialmente a los usuarios del sistema de Justicia Gratuita”, a lo que ha agregado que “este servicio es el garante del derecho a la Justicia a las personas más vulnerables por la falta de recursos económicos para pagarse un abogado privado o por ser víctimas de determinados delitos, como la violencia de género, la trata de seres humanos o el terrorismo”, dado que “en ese caso resultan beneficiarias sin tener que acreditar su situación económica”.

DAR MÁS HERRAMIENTAS

Por su parte, la coordinadora provincial del IAM ha subrayado que esta formación especializada a los profesionales de la Abogacía forma parte de “una estrategia del Gobierno andaluz de fortalecer y dar más herramientas a las víctimas de violencia de género en ese difícil y durísimo camino que es dar el paso a la denuncia”.

“En ese paso necesitan una sensibilización especial para que no se echen atrás, que ratifiquen la denuncia, porque eso salva vidas”, ha explicado Alarcón, quien ha añadido que el protocolo entre ambas consejerías también prevé la formación especializada a todo el personal del SAVA por parte del IAM.

Y el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba ha agradecido la “apuesta” de la Junta por la formación de los profesionales y el reconocimiento a los que forman parte del turno de oficio con la nueva orden reguladora de sus compensaciones económicas, a la vez que ha incidido en que “para luchar contra la violencia de género todo lo que se haga es poco”.

En concreto, el magistrado Antonio José Puntas, la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer y Violencia en el Ámbito Familiar, Silvia Berdugo, y la letrada Concepción Ortega han sido los ponentes de las jornadas de este martes en el Colegio de Abogados de Córdoba a las que también han asistido el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, y la delegada territorial de Justicia de la Junta, Raquel López.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha manifestado este martes que los profesionales de la justicia se concentran en contra de la ley de amnistía acordada entre el PSOE y Junts, para que la formación independentista catalana apoye una nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, debido a que “sufren una sensación de sorpresa e indignación, porque cuando se ha conocido el texto de la ley todavía han chocado más algunas partes del contenido”.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto al decano del Colegio de la Abogacía, Carlos Arias López, el consejero ha apuntado que “cuando se leía en un acuerdo entre dos formaciones políticas hablar del 'lawfare', de que los jueces utilizan argumentos políticos en sus sentencias, es algo absolutamente desproporcionado e injusto, porque eso no sucede en nuestro país, en una democracia avanzada y madura como la española”, de modo que “indigna que eso aparezca en un documento”, ha advertido.

Ante ello, Nieto ha destacado que “estos días se ha tenido que ver cómo en la puerta de la mayoría de las sedes judiciales se han unido jueces, fiscales, letrados, abogados y procuradores diciendo que no todo vale en este tema, que no pongan más tensión”.

Y es que, “bastante es la precariedad con la que trabajan, la falta de recursos y medios, en muchos casos con unas retribuciones muy por debajo de lo que se necesita, como para ahora dar una vuelta de tuerca más, retorcer más aún la justicia con una ley que ata las manos a los jueces a la hora de tomar medidas en torno a algo tan grave y serio como es luchar contra la malversación, la corrupción y los delitos de terrorismo”, ha indicado el consejero.

Al respecto, ha lamentado que ello “se recoge en una norma que exculpa a unos delincuentes por el hecho de hacerlo con una bandera, la del independentismo”, cuando, según ha señalado, “eso no procede, ni es adecuado, es una mala forma de gestionar el país y hace mucho daño a la justicia en general”.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha defendido este miércoles como principales retos para adaptar la Administración regional al siglo XXI el rejuvenecimiento de la plantilla, ante la jubilación del 40% del personal hasta 2030; el cambio de los perfiles profesionales ante las nuevas necesidades y la implantación de la cultura evaluadora.

Al inaugurar en Córdoba las jornadas provinciales de difusión de la Ley de Función Pública de Andalucía, junto al delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina, y la delegada territorial de la Consejería, Raquel López, Nieto ha detallado que dicha cita, que el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) organiza en todas las provincias para difundir los cambios legislativos en marcha, ayuda a “motivar al conjunto del funcionariado de la Junta” a que con su trabajo diario contribuya a construir una Administración moderna, adaptada al siglo XXI.

El objetivo de estas jornadas, ha precisado, es “trasladar a quienes hacen posible que la Administración mejore y dirigen servicios que estamos poniendo en marcha iniciativas legislativas como Ley de Función Pública, una de las más avanzadas de España junto a País vasco y Valencia, que nos coloca en la vanguardia”; el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2023-2030 aprobado este martes en Consejo de Gobierno para “afrontar el gran reto del envejecimiento de la plantilla” y el “cambio de perfiles que necesitamos”, o el I Plan de Igualdad de la Administración General, para que “la transformación se haga garantizando las mismas oportunidades a mujeres y hombres”.

Nieto ha defendido “la colaboración y el diálogo permanente con quienes trabajan en la Administración para hacer posible estos cambios”. Tanto la ley, aprobada antes de verano por el Parlamento de Andalucía, como los dos planes que ha visto este martes el Consejo de Gobierno “se han acordado con las organizaciones sindicales” y trabajado de manera “transversal con el conjunto de las consejerías”, ha resaltado.

Ante ello, “hay un equipo con una voluntad de impulsar la mejora continua de la Administración andaluza, que confiamos en que motive al conjunto del funcionariado de la Junta para mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía”, ha incidido durante el acto, para valorar el “buen trabajo de la inmensa mayoría” de empleados públicos.

“Queremos que eso se valore, motivar premiando el buen trabajo en la productividad, a la hora de elegir destino y que la carrera profesional no te obligue a cambiar de puesto o incluso de ciudad para promocionar, y que no se juzgue a todos los funcionarios por una minoría que no está a la altura”, ha remarcado.

También, ha asumido que es responsabilidad del Gobierno andaluz “prestarles las condiciones adecuadas” para desempeñar su labor en cuanto a los entornos de trabajo, recursos materiales y tecnológicos.

El consejero ha aclarado que tanto el Plan Estratégico de Recursos Humanos, como el Plan de Igualdad, tienen “un horizonte temporal, de siete y cuatro años, respectivamente”, si bien incluyen evaluaciones intermedias y finales. “Vamos a ir midiendo si la Junta de Andalucía consigue tener uno de los mejores servicios públicos”, ha aseverado.

La Oficina Judicial

Por otra parte, el consejero de Justicia ha valorado que “la Oficina Judicial empezó a implantarse a lo largo de este año”. En Córdoba está aprobada la orden de implantación, pero no la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por el Ministerio de Justicia, de ahí que no se haya iniciado el despliegue y se abordará en cuanto se tenga, a la vez que están en marcha las experiencias piloto en El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga (Málaga). En Córdoba sí está plenamente desplegada la Oficina Fiscal.

Entretanto, Nieto ha comentado que este miércoles se celebra la comisión mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y “se va a poder seguir hablando de la mejora permanente del servicio que se presta al ciudadano en materia de justicia, en la parte que se puede influir desde la Junta de Andalucía, que no es todo”.

En este caso, ha destacado que desde la Junta “se trata de atender de una forma correcta con ciudades de la justicia como la de Córdoba”, de manera que quieren “impulsar las ciudades de la justicia de Jaén, Cádiz y Huelva y la mejora de las sedes judiciales en Granada”.

Así, ha aseverado que “hay mucho que hacer, pero el camino está ya bien trazado y hay un nivel de colaboración y de complicidad, incluso positiva, con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con los letrados, los fiscales y los abogados”, subrayando que “crear un buen clima es un requisito imprescindible para avanzar adecuadamente”.

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Aurelio Aguilar, ha reclamado este viernes explicaciones al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, y al consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública y exsecretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, por la que ha denominado “rama andaluza” de la 'operación Kitchen', el presunto espionaje parapolicial que se habría orquestado desde el Ministerio de Interior durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno, para robarles todo el material comprometedor que pudieran tener del partido o sus dirigentes.

En un comunicado, el parlamentario socialista ha reclamado estas explicaciones tras lamentar que este viernes “vuelva a ser noticia la rama andaluza de la 'operación Kitchen'”, y ha criticado que “la policía patriótica que creó el exministro Jorge Fernández Díaz no terminó con su salida del Ministerio”. La Cadena SER ha avanzado este viernes que los pinchazos telefónicos llegaron a la época de Juan Ignacio Zoido como ministro de Interior, con el cordobés José Antonio Nieto como secretario de estado de Seguridad.

Así, José Aurelio Aguilar ha señalado que “sabemos que se pinchó el teléfono del número dos de la Policía”, al que el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido “posteriormente cesó, y que actualmente es el comisario de Málaga”, ha abundado.

El parlamentario socialista ha considerado que Juanma “Moreno Bonilla y el consejero Nieto tienen mucho que explicar sobre esta trama”, así como que “esta rama de andaluza de la 'Kitchen' es un nuevo escándalo más marca del Partido Popular”.

De esta manera, el representante del PSOE-A ha aseverado que “hoy sabemos que, siendo ministro Juan Ignacio Zoido, y secretario de Estado el actual consejero de Justicia, José Antonio Nieto, continuaron los pinchazos telefónicos para intentar torpedear la investigación de la corrupción del Partido Popular”.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha reclamado este jueves una “salida rápida” a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, pues supone “un problema terrible”, que “hace mucho daño a todos”.

En declaraciones a los periodistas en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, que ha visitado junto al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, el consejero de Justicia ha dicho tener “los dedos cruzados esperando que en esa reunión que hay en el Ministerio de Justicia pueda alcanzarse una solución” al “problema terrible que se está generando con esta huelga”.

De hecho, según ha precisado, “solo en la provincia de Córdoba son ya más de 1.200 juicios los suspendidos desde que se inició la huelga y eso está creando un problema muy serio”, como ha podido comprobar Nieto en una reunión que ha mantenido este mismo jueves “con la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba”, donde le han manifestado “el drama que representa para los abogados esta situación”.

Así, la consecuencia es que “no pueden tramitar, no pueden cobrar y no terminan los procedimientos”, de forma que la huelga “está creando un colapso en una parte de la sociedad muy importante”, sin olvidar al “justiciable, que al final es al que nos debemos todos y que ve como esta huelga está agravando, más aún si cabe, el problema de agilidad de la Justicia”.

Todo ello justifica, según ha señalado Nieto, el que tenga “los dedos cruzados”, en la confianza de que “la reunión termine bien” y, por ello, le ha pedido al Ministerio de Justicia, “y también a los letrados, que hagan” por alcanzar “un punto de encuentro y que desbloqueemos esta situación”, dado que “esta huelga nos hace mucho daño a todos y tenemos que encontrarle una salida rápida”.