La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social ha experimentado una profunda transformación en Córdoba durante los últimos 14 años. La provincia ha pasado de registrar 10.484 afiliaciones en enero de 2012 a contabilizar 17.761 en septiembre de 2026, un incremento del 69,4% entre ambos meses. Detrás de esta evolución se encuentra un cambio que va más allá del aumento de las cifras: la creciente presencia de trabajadores procedentes de fuera de la Unión Europea y una estructura laboral en la que el régimen general ha ganado protagonismo, sin que la agricultura haya dejado de desempeñar un papel fundamental.

Los datos mensuales, difundidos por el Ministerio de Seguridad Social, muestran una trayectoria marcada por diferentes etapas. Tras una fuerte caída en los primeros años de la serie, la afiliación extranjera inició una recuperación progresiva que se aceleró especialmente a partir de 2023. La evolución refleja la creciente importancia de la mano de obra extranjera en el mercado laboral provincial, aunque las cifras también están condicionadas por la estacionalidad de determinadas actividades y, especialmente, de las campañas agrícolas.

El cambio más llamativo se observa al comparar la situación actual con la de comienzos de 2012. Entonces, los trabajadores comunitarios representaban la mayoría de las afiliaciones extranjeras. En septiembre de 2026, en cambio, ocho de cada diez afiliaciones correspondían a ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea. Al mismo tiempo, el régimen general ha aumentado su presencia, mientras el trabajo autónomo también registra un avance significativo.

De los mínimos de 2014 al crecimiento de los últimos años

La evolución de la afiliación extranjera en Córdoba no ha seguido una línea ascendente constante. Entre 2012 y 2014 se produjo una importante contracción, que llevó el indicador hasta su mínimo de toda la serie: 5.445 afiliaciones en agosto de 2014.

La caída fue especialmente intensa durante ese período. Mientras que diciembre de 2012 terminó con 10.599 afiliaciones, el cierre de 2014 se situó en 7.768, un 26,7% menos. Estas variaciones deben interpretarse teniendo en cuenta el peso del empleo agrario y sus oscilaciones estacionales, por lo que no pueden atribuirse exclusivamente a una destrucción permanente de puestos de trabajo.

A partir de 2015 comenzó una recuperación que se prolongó durante los años siguientes. En diciembre de 2016 se contabilizaron 10.801 afiliaciones extranjeras y, al cierre de 2018, la cifra alcanzó las 12.510. Posteriormente se produjo una etapa de mayor irregularidad, con registros de 11.328 en diciembre de 2019 y de 11.729 al finalizar 2020.

La recuperación continuó durante los años posteriores, aunque con avances moderados hasta 2022. A partir de entonces, el ritmo se intensificó. Córdoba cerró 2022 con 12.112 afiliaciones extranjeras, pasó a 13.243 en 2023, alcanzó 15.846 en 2024 y terminó 2025 con 17.963.

En tres años, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025, el incremento fue del 48,3%. Esta evolución sitúa el período más reciente entre los de mayor crecimiento de toda la serie.

El último dato disponible, correspondiente a septiembre de 2026, refleja 17.761 afiliaciones. Aunque se encuentra por debajo del cierre de 2025, la comparación entre meses equivalentes muestra un crecimiento interanual del 42,2% respecto a septiembre del año anterior. La magnitud de este último aumento aconseja comprobar la comparabilidad de los registros antes de atribuirlo íntegramente a un cambio real del empleo.

Los trabajadores de fuera de la UE ganan peso en Córdoba

Uno de los cambios más profundos de los últimos años se encuentra en el origen de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social. La evolución de los dos grandes grupos, comunitarios y no comunitarios, muestra una transformación que se ha acentuado especialmente desde finales de la década pasada.

En enero de 2012, Córdoba contabilizaba 6.308 afiliaciones de ciudadanos de la Unión Europea y 4.176 de personas procedentes de países no comunitarios. Los primeros representaban el 60,2% del total, mientras que los segundos suponían el 39,8%.

La situación ha cambiado por completo. En septiembre de 2026, las afiliaciones de trabajadores de fuera de la Unión Europea ascendían a 14.282, frente a 3.479 de ciudadanos comunitarios. De esta forma, los no comunitarios concentran el 80,4% de la afiliación extranjera provincial.

La evolución de ambos grupos ayuda a explicar el crecimiento registrado durante el período analizado. Entre enero de 2012 y septiembre de 2026, las afiliaciones no comunitarias aumentaron un 242%, mientras que las comunitarias disminuyeron un 44,8%.

La diferencia resulta especialmente significativa en los últimos años. Al cierre de 2022, los trabajadores no comunitarios representaban el 62% de las afiliaciones extranjeras. Tres años después, en diciembre de 2025, su peso había aumentado hasta el 73%.

Este cambio refleja una modificación sustancial en la composición de la mano de obra extranjera que participa en el mercado laboral cordobés. Sin embargo, los datos disponibles no permiten identificar qué nacionalidades concretas explican el avance ni determinar cuánto responde a nuevas llegadas, a la incorporación al empleo de personas que ya residían en la provincia o a otros factores.

La agricultura continúa siendo uno de los elementos fundamentales para comprender la afiliación extranjera en Córdoba. Las campañas agrarias provocan importantes variaciones mensuales y condicionan la evolución de las cifras, especialmente durante los meses de verano y al final del año. Sin embargo, la trayectoria del régimen general apunta a una mayor diversificación de las formas de participación laboral de los trabajadores extranjeros.

En enero de 2012, el régimen general contabilizaba 3.022 afiliaciones extranjeras. En septiembre de 2026, la cifra alcanzaba las 10.460, lo que supone un aumento del 246,1% entre ambos extremos de la serie. Este avance contrasta con la evolución del sistema especial agrario. En enero de 2012 registraba 6.573 afiliaciones, frente a las 3.761 de septiembre de 2026. La comparación arroja una reducción del 42,8%, aunque debe interpretarse con cautela por las diferencias estacionales entre ambos meses.

El peso de la agricultura sigue siendo considerable. En diciembre de 2025, el sistema especial agrario contabilizaba 7.635 afiliaciones, prácticamente las mismas que el régimen general, que registraba 7.608.

Por tanto, los datos no permiten concluir que el campo haya dejado de ser un pilar del empleo extranjero en Córdoba. Lo que muestran es que el crecimiento de la afiliación se ha extendido a otras formas de empleo, mientras la actividad agraria continúa desempeñando un papel esencial en determinados momentos del año.

La diferencia entre ambos regímenes también obliga a distinguir entre el volumen registrado en una fecha concreta y la evolución del empleo a lo largo de todo el año. En una provincia con una marcada estacionalidad agrícola, una fotografía mensual puede ofrecer una imagen muy distinta de la que proporcionaría la media anual.

Además, el régimen general agrupa actividades económicas diversas. El archivo no desglosa las afiliaciones por sectores como la construcción, la hostelería, el comercio o la industria, por lo que no permite determinar cuáles de ellos explican el aumento observado.

El crecimiento de la afiliación extranjera también se aprecia en el trabajo por cuenta propia. En enero de 2012, Córdoba registraba 829 afiliaciones de extranjeros al régimen de autónomos no agrarios. En septiembre de 2026, la cifra había aumentado hasta 2.005, un 141,9% más.

El avance muestra que el trabajo autónomo ha ganado presencia dentro del colectivo extranjero, aunque sigue representando una parte menor del total que el régimen general o el sistema especial agrario.

El Informe sobre el Estado de la Pobreza elaborado por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) deja datos de Córdoba muy reveladores y que no han ido teniendo una evolución hacia la igualdad en los últimos años. Las mujeres en la provincia cordobesa percibieron en 2024 un salario bruto medio anual de 16.454 euros, frente a los 20.348 euros que cobraron los hombres. Una diferencia de casi 4.000 euros que supone que la brecha salaría se sitúe en torno al 19%.

Por otro lado, el estudio evidencia también que un total de 88.213 mujeres en Córdoba -lo que representa el 56,4% del total de las trabajadoras ocupadas- perciben sueldos situados por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Asimismo, el colectivo femenino representa el 55,4% de todas las personas clasificadas como mileuristas en la provincia.

Una brecha económica se traslada también a la tasa de desempleo. Pese a que la tasa de paro general descendió en Córdoba hasta el 14,52% en el segundo trimestre de 2026, la distribución por sexos revela una distancia de 7,5 % entre la tasa masculina y la femenina. Además, dentro del colectivo de personas desempleadas, el grupo que más notan esta estadística son las mujeres de 44 años, con 1.013 inscritas en los servicios públicos de empleo.

Cuidado de casas y la dificultad laboral

Por otro lado, el informe, al que ha tenido acceso ese periódico, constata de una notable presencia femenina en el empleo doméstico y de cuidados, unido a una moderada precariedad y vulnerabilidad. En 2025, se registraron 3.250 personas afiliadas en este sector en la provincia de Córdoba, de las que 3.147 eran mujeres, lo que equivale a cerca del 97%.

Asimismo, también existe desigualdad contractual y así se demuestran con los datos de 2025, cuando el 62,16% de los contratos suscritos en Córdoba fueron de carácter temporal (196.461 en total ), concentrándose la inestabilidad principalmente en las trabajadoras: las mujeres firmaron 88.512 contratos temporales frente a solo 39.687 de carácter indefinido. Esta dinámica sitúa la tasa de temporalidad laboral femenina en el 22,63%, por encima del 14,46% registrado entre los hombres de la provincia.

La vivienda, un problema principal para los cordobeses

Dejando a un lado la brecha salarial entre géneros, el apartado de la vivienda también ejerce una presión fuerte para la provincia cordobesa. Pese a que el precio de la vivienda libre en Córdoba se situó en 1.285 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026, la capacidad adquisitiva de las familias ha desencadenado en una presión hipotecaria. En 2025, las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 282% hasta alcanzar los 883 casos, impulsadas por el encarecimiento del coste de la vida y la subida de las cuotas variables.

Además, entre 2022 y 2025, la oferta de plazas turísticas en Córdoba se disparó algo más del 82%, pasando de 10.187 a 18.570 plazas registradas. La conversión de inmuebles residenciales en alojamientos turísticos está reduciendo la oferta de alquiler habitual en los barrios más céntricos de la capital, dificultando el acceso a una vivienda asequible para la población residente.

En materia educativa, la tasa de abandono escolar temprano en Córdoba se elevó al 15% en 2024, registrando una acusada brecha de género donde los hombres jóvenes presentan una tasa de abandono significativamente mayor que la de las mujeres (19,8% frente al 9,1%). Para amortiguar estas desigualdades, la red de educación pública canalizó 20,99 millones de euros en becas y ayudas al estudio durante el curso 2024-2025.

Por otro lado, el informe también ha reflejado que la población extranjera residente en Córdoba creció un 16,23% entre 2023 y 2025 hasta alcanzar las 30.226 personas, mostrando un saldo migratorio positivo de 1.718 personas en el último ejercicio analizado. En este contexto, la concesión de 175 autorizaciones de residencia y trabajo a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género desde 2021 visibiliza la necesidad de reforzar la protección institucional ante situaciones de múltiple vulnerabilidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pidió a finales de julio que la Junta de Andalucía fuera sancionada por la Inspección de Trabajo después de que judicialmente haya quedado probado que el Gobierno andaluz ha abusado de los contratos temporales en el yacimiento de Medina Azahara.

Así queda de manifiesto en la sentencia a la que ha accedido este periódico. A preguntas de este periódico, Cultura no ha confirmado si el expediente sancionador se ha efectuado ya y, de haberse realizado, a cuánto ha ascendido la sanción. Esta solicitud del TSJA llega después de que el alto tribunal andaluz haya confirmado que la Junta mantuvo de forma irregular y precaria a un trabajador en el conjunto arqueológico durante más de cuatro años y medio.

El trabajador en cuestión era el expendedor del Centro de Recepción de Medina Azahara, quien estuvo cubriendo este puesto desde noviembre de 2018 hasta junio de 2023, rebasando el límite máximo de tres años que fija la ley para las plazas vacantes sin que existiera justificación o causa excepcional alguna. De este modo, el empleado estuvo desempeñando sus labores en el yacimiento de forma ininterrumpida durante cuatro años y siete meses. Sin embargo, en junio de 2023, la Consejería le notificó la resolución del contrato tras la adjudicación definitiva del puesto a un trabajador fijo mediante un concurso de traslados.

Tras el cese, el trabajador recurrió a la vía judicial. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba estimó la demanda en abril de 2024, declaró la improcedencia del despido y condenó a la Junta a elegir entre la readmisión del empleado o el abono de una indemnización superior a los 13.600 euros. Sin embargo, la Administración autonómica decidió recurrir en suplicación.

En su fallo, el TSJA ha abordado el recurso alineándose con recientes sentencias del Tribunal Supremo. En primer lugar, el tribunal ha aclarado que no es posible otorgar la condición de personal fijo ni declarar la improcedencia del despido a un trabajador que no ha superado un proceso selectivo de acceso al empleo público. Según ha remarcado la Sala, la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público exigen de forma imperativa cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad, trámite por el que el demandante no había pasado.

Dado que la plaza fue cubierta de forma legal mediante un concurso de traslados entre personal fijo, la extinción del contrato no puede catalogarse como un despido improcedente. Por ello, la Sala ha revocado esa calificación y ha reajustado la compensación económica hasta situarse en poco más de 8.000 euros.

En segundo lugar, y a pesar de reducir esta cantidad, la sentencia no ha restado un ápice de gravedad al fallo dado que el mismo certifica que existió un abuso manifiesto en la contratación temporal al superar con creces los tres años de tope establecidos para la cobertura de vacantes en el sector público. Por esta razón, la sentencia decreta el envío de esta sentencia a la Inspección de Trabajo para que depure las responsabilidades administrativas de Cultura.

Además, el fallo deja una puerta abierta para el trabajador dado que este puede demandar de nuevo a la Junta para que lo indemnice por ese abuso de la contratación temporal.

Córdoba cerró el mes de septiembre con más parados pero, aunque pueda resultar contradictorio, más personas afiliadas a la Seguridad Social. Según el cruce de los datos aportados tanto por el Ministerio de Trabajo como por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la provincia tiene más demandantes de un puesto de trabajo y más afiliados.

¿Cómo se explica la contradicción? Es complejo pero es posible. El principal motivo por el que ha aumentado el paro en Córdoba es por que hay más personas demandando un empleo en las oficinas del paro. En estas oficinas es donde se calcula el paro registrado, que a veces no tiene que ver con el desempleo real. Muchos cordobeses sin trabajo optan por no acudir a estas oficinas, bien por que son estudiantes que están en edad de trabajar pero que han decidido no inscribirse en estas oficinas en busca de un empleo, bien por que se trata de personas que han estado en el mercado laboral a las que se le han acabado las ayudas y que desaparecen también de los listados oficiales.

Por otra parte, el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido por otro motivo: la regularización masiva de extranjeros, que ha surtido especial efecto en el mes de septiembre. Muchos de esos trabajadores no aparecían tampoco en los registros oficiales. Ahora lo hacen directamente como dados de alta en la Seguridad Social, sin haber pasado previamente por una oficina de empleo.

De esta manera, Córdoba ha cerrado septiembre con 381 desempleados más. A la vez hay 1.611 afiliados más a la Seguridad Social. En España la regularización masiva de extranjeros ha supuesto un récord en el número de afiliados (más de 22 millones de personas). En Córdoba no. Aún hubo más afiliados en diciembre de 2024. Entonces, la provincia cerró con 322.127 afiliados a la Seguridad Social. Septiembre de 2026 lo ha hecho con 314.661.

No obstante, ha mejorado la cifra en el último año. Los datos del Ministerio indican que la provincia tiene ahora 7.880 afiliados más a la Seguridad Social que hace justo un año, un 2,5% más que entonces. El desempleo también ha bajado de manera notable. Hay 6.469 parados menos que en septiembre del año pasado. Estos datos, una vez cruzados, coinciden a su vez con el número de inmigrantes regularizados en la provincia: algo más de un millar.

CCOO advierte sobre la trampa de la precariedad en Córdoba

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, ha valorado de forma muy crítica los últimos datos del desempleo en la provincia, que reflejan una subida de 381 personas en las listas del paro, hasta situar el total en 46.203 personas desempleadas. La responsable sindical asegura que Córdoba “vuelve a atraparse en su propio espejismo, evidenciando la trampa de nuestro mercado de trabajo: Tenemos 9.071 contratos más que el mes pasado, pero la realidad nos estalla en la cara porque las colas del paro siguen creciendo”.

Para Acaiña, los números destapan la extrema volatilidad del empleo cordobés. Este mes se han firmado 28.057 contratos (el 63,25% de ellos, temporales), pero la Seguridad Social apenas ha sumado 1.611 afiliaciones nuevas. “Esto significa que solo el 5,74% de las firmas se traduce en un alta real. El resto es puro troceamiento: personas de la clase trabajadora encadenando contratos por días o por horas para intentar sobrevivir”, ha subrayado.

A esto se suma la alarmante dependencia del monocultivo del sector servicios, que aglutina a 30.647 personas en paro (el 66,33% del total). En palabras de la secretaria de Empleo, “una economía que respira al ritmo de las campañas y agoniza cuando estas terminan, dejando siempre a las mismas personas atrás”.

La radiografía del desempleo, además, sigue teniendo un innegable rostro femenino. Del total de personas sin trabajo, 28.512 son mujeres (el 61,71%) frente a 17.691 hombres (el 38,29%). “Hablamos de una desigualdad estructural inamovible que castiga desproporcionadamente a las trabajadoras”, incide Acaiña.

Pero el dato más demoledor para CCOO llega al analizar quién accede a la poca estabilidad que se genera. Según el Observatorio de las Ocupaciones, de los 5.959 nuevos contratos indefinidos iniciales registrados en la provincia, 4.005 han sido para hombres (67,21%) y apenas 1.954 (32,79%) para mujeres. “El mercado no es neutral. Ellas no solo son mayoría absoluta en el desempleo, sino que son sistemáticamente marginadas a la hora de repartir la estabilidad”, ha denunciado de forma rotunda.

Por ello, la responsable de CCOO exige medidas reales que transformen el modelo productivo de la provincia, dejando un mensaje muy claro a las instituciones: “El mercado laboral de Córdoba no avanza, simplemente da vueltas sobre sí mismo triturando derechos”. Para CCOO, mientras celebrar presuntos picos de contratación signifique repartir el mismo empleo precario entre más manos, los datos seguirán siendo el reflejo de un conformismo inaceptable.

CSIF señala que los jóvenes y las mujeres vuelven a sostener el incremento del paro

CSIF señala que los jóvenes y las mujeres vuelven a ser los más afectados por la subida del paro que se registró en septiembre en Córdoba, al mismo tiempo que muestra su preocupación por la situación de la industria dada la pérdida de empleo que sufrió el mes pasado y por el mantenimiento de la precariedad y la temporalidad en las contrataciones.

El presidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López, considera “especialmente grave la situación del empleo juvenil en nuestra provincia, con una nueva subida del paro de este colectivo, que en septiembre fue del 7,8%”. “Es muy triste comprobar cómo mes a mes vemos cuántos de nuestros jóvenes no tienen más remedio que hacer las maletas y marcharse a otra provincia o a fuera de nuestro país para encontrar un puesto de trabajo con unas condiciones laborales y salariales dignas, perdiendo, de este modo, un talento que se ha formado aquí que difícilmente recuperaremos”, lamenta el dirigente sindical.

Igualmente, son las mujeres las que conforman el otro colectivo que más se ve afectado por el aumento del paro. Así, la cifra de desempleadas a finales de septiembre se situó en Córdoba en 28.512, lo que representa casi el 62% del total. En este sentido, el responsable provincial de CSIF señala que “a estas mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, hay que añadir cuestiones como la discriminación salarial o los problemas para la conciliación familiar y laboral que sufren muchas de ellas en sus puestos de trabajo”.

El máximo responsable de la organización sindical a nivel provincial también apunta que la temporalidad sigue siendo lo habitual en los nuevos empleos como demuestra el hecho de que casi dos de cada tres contratos firmados en septiembre eran temporales. “Con toda probabilidad, esta tendencia continuará en los próximos meses con el inicio de campañas agrarias tan relevantes como la del olivar o la de los cítricos y de la temporada fuerte del comercio con la llegada próxima de las fiestas navideñas”, recalca López.

UGT alerta de la vulnerabilidad del sistema productivo en Córdoba

UGT Córdoba ha asumido los datos del paro en la provincia del mes de septiembre publicados con prudencia ante los acontecimientos a nivel nacional e internacional que están influyendo en la actividad económica. “Si bien no podemos mostrar satisfacción por los datos que elevan a las personas inscritas en el SAE como desempleadas en 381 personas más con respecto al mes anterior, hay que evaluar la cifra interanual que nos indica que hace un año estaban inscritas 6.469 desempleadas más”, han asegurado a través de una nota de prensa.

Para UGT Córdoba, estos datos tienen una doble lectura. “Por un lado, observamos cómo el fuerte descenso experimentado en el último año refleja un acierto en las políticas laborales, en el crecimiento de las actividades económicas en nuestra provincia y, por otro lado, con un preocupante descenso de la población que nos indica que aún hay muchos cordobeses que deciden buscar un futuro mejor en otras provincias e incluso en el extranjero”, exponen.

Córdoba ha cerrado el mes de septiembre con un leve incremento del desempleo, según los datos divulgados este viernes por el Ministerio de Trabajo. En concreto, la provincia tiene 381 desempleados más que el mes anterior. Eso sí, en Córdoba hay 6.469 desempleados menos que hace justo un año.

En total, en Córdoba hay 46.203 personas en demanda de un puesto de trabajo, una de las cifras más bajas de las últimas tres décadas. El desempleo en la provincia ha crecido en septiembre a causa de la destrucción de puestos de trabajo en el sector servicios (133) más tras el final de la temporada de verano, la industria (73 personas más) y la incorporación al mercado de personas sin empleo anterior (322). Eso sí, ha bajado en la agricultura pero sobre todo en la construcción.

El incremento mensual supone una subida del 0,83% respecto a agosto, un comportamiento más contenido que el registrado en el conjunto de Andalucía. De hecho, la comunidad autónoma cerró septiembre con 536.989 parados, 6.733 más que el mes anterior, un aumento del 1,27%. En términos interanuales, sin embargo, la evolución cordobesa es claramente descendente: los 46.203 desempleados actuales son un 12,28% menos que los registrados en septiembre de 2025.

Los servicios concentran la mayor parte del paro

El sector servicios continúa siendo, con diferencia, el que concentra un mayor número de desempleados en la provincia. En septiembre se contabilizaron 30.647 personas en paro procedentes de esta actividad. A continuación aparecen la industria, con 4.032 desempleados; la construcción, con 3.339; y la agricultura, con 2.911. A estas cifras hay que sumar las 5.274 personas que figuran en el colectivo de quienes no tenían un empleo anterior.

La fotografía del mes muestra así un comportamiento desigual entre las distintas ramas de actividad. El aumento del desempleo se concentra fundamentalmente en los servicios, la industria y el colectivo sin empleo anterior, mientras que agricultura y construcción contribuyen a contener el incremento general del paro.

El comportamiento de septiembre tiene además un componente estacional. El final de los meses de verano suele traducirse en un aumento de la demanda de empleo en actividades vinculadas a los servicios, una circunstancia que también se refleja en las cifras nacionales. En el conjunto de España, el paro registrado aumentó en septiembre en 23.587 personas, hasta situarse en 2.379.505 desempleados. El incremento fue del 1% mensual.

Casi 6.500 parados menos en un año

Más allá del dato mensual, la principal referencia positiva de la estadística cordobesa está en la comparación interanual. La provincia ha reducido su número de desempleados en 6.469 personas en los últimos doce meses, lo que supone una caída del 12,28%.

Este descenso mantiene a Córdoba dentro de la tendencia general de reducción del paro en Andalucía. La comunidad acumula 62.738 desempleados menos que hace un año, un descenso del 10,46%. En términos nacionales, la reducción interanual es más moderada: España contabiliza 42.160 parados menos que en septiembre de 2025, un 1,74% menos.

La evolución provincial adquiere especial relevancia al comparar Córdoba con el resto de Andalucía. Todas las provincias andaluzas, salvo Sevilla, registraron aumentos del paro durante septiembre. Sevilla fue la única que redujo su desempleo, con 692 personas menos, mientras que Córdoba sumó 381. Los mayores incrementos correspondieron a Cádiz, con 2.294 parados más; Granada, con 1.259; Málaga, con 1.057; y Huelva, con 729.

Andalucía suma 6.733 desempleados

El comportamiento de Córdoba se enmarca en un septiembre de aumento generalizado del paro en Andalucía. La comunidad autónoma terminó el mes con 536.989 personas registradas como desempleadas, 6.733 más que en agosto.

El incremento andaluz contrasta con la evolución de algunas comunidades autónomas. En septiembre el desempleo únicamente descendió en Canarias y La Rioja, mientras que aumentó en las otras 15 comunidades. En términos absolutos, Andalucía registró el mayor incremento mensual, por delante de la Comunidad de Madrid y Galicia.

A escala provincial, el paro descendió en ocho provincias españolas y aumentó en las 44 restantes. Las mayores bajadas se produjeron en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. Entre los incrementos más elevados aparecen Madrid, Cádiz y Alicante.

El paro femenino sigue siendo mayoritario

El mercado laboral cordobés mantiene también una diferencia significativa entre hombres y mujeres en el número de personas registradas como desempleadas. El desglose provincial del SEPE muestra que las mujeres representan una parte importante del colectivo de personas en paro, en línea con la estructura que se observa tanto en Andalucía como en el conjunto de España.

A nivel nacional, de los 2.379.505 parados registrados en septiembre, 1.428.405 eran mujeres y 951.100 hombres. El desempleo femenino aumentó en septiembre en 9.648 personas respecto a agosto, mientras que el masculino lo hizo en 13.939. Frente a septiembre de 2025, sin embargo, el paro femenino se redujo en 40.499 personas y el masculino en 1.661.

También los jóvenes experimentaron un repunte del desempleo en septiembre. En el conjunto del país, el número de menores de 25 años registrados como parados aumentó en 21.411 personas durante el mes, un 12,77%. En cambio, entre los mayores de 25 años el incremento fue de 2.176 personas, un 0,10%.

Construcción y agricultura ayudan a contener el incremento

Uno de los elementos que explican que el aumento global del paro cordobés haya sido limitado es el comportamiento de la construcción. La provincia mantiene en este sector 3.339 personas registradas como desempleadas y la evolución mensual fue descendente.

La agricultura también redujo su número de parados durante septiembre. Este comportamiento resulta especialmente relevante para una provincia como Córdoba, donde las actividades agrarias tienen un peso considerable y donde la evolución de las campañas agrícolas puede introducir importantes oscilaciones mensuales en las cifras de desempleo.

En el conjunto de España se produjo un patrón parcialmente distinto: el paro aumentó en agricultura, industria y servicios, mientras que disminuyó en construcción. En concreto, el sector servicios sumó 6.707 desempleados, agricultura 601 e industria 39, mientras que la construcción redujo el paro en 1.726 personas. El colectivo sin empleo anterior experimentó el mayor incremento, con 17.966 personas más.

Un mercado laboral que mantiene la reducción anual del paro

Los datos de septiembre dibujan, por tanto, dos realidades simultáneas para Córdoba. Por un lado, el desempleo vuelve a crecer después del verano, con 381 personas más registradas en las oficinas de empleo. Por otro, la provincia mantiene una reducción muy significativa respecto al mismo mes del año anterior, con 6.469 desempleados menos.

Los 46.203 parados registrados suponen además una cifra contenida dentro de la serie reciente y consolidan la evolución descendente que ha experimentado el desempleo provincial durante los últimos años. El dato de septiembre se produce, además, en un contexto nacional en el que el paro vuelve a aumentar en términos mensuales, aunque continúa por debajo de los niveles de hace un año.

La estadística de septiembre deja así en Córdoba un balance marcado por el habitual repunte del desempleo tras el verano, pero con una reducción interanual que mantiene la cifra de parados en niveles históricamente bajos para la provincia.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por “los abusos” de la empresa Factor Deporte, Ocio y Formación contra la plantilla que presta el servicio de acompañamiento escolar 'Camino al cole' del Ayuntamiento de la capital por “comprometer a su plantilla a no casarse, operarse o quedarse embarazada en los próximos meses”.

En una nota, el responsable de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de CCOO de Córdoba, Fernando Rueda, ha explicado que “la empresa ha hecho llegar a sus trabajadores un 'Registro de empleados y empleadas' en el que, entre otras cuestiones, les pide que certifiquen que en la entrevista de trabajo han informado, entre otras cuestiones, de que 'no tengo prevista ninguna situación que imposibilite mi continuidad durante este contrato en los próximos meses (viaje, asunto familiar, embarazo, operación, boda, otro empleo, etc.)'”.

“Esta petición es absolutamente ilegal y discriminatoria y supone un brutal ataque a los derechos laborales de las personas trabajadoras en general, y de las mujeres en particular”, ha dicho el responsable sindical, quien ha afirmado que “este no es el único abuso denunciado ante la autoridad laboral”.

En otra comunicación, según CCOO, “la empresa avisa a su personal que en el caso de que un trabajador falte o no asista a su puesto de trabajo sin avisar previamente y sin autorización, se descontará del salario mensual los costes correspondientes”.

“Aunque Factor Deporte, Ocio y Formación debe respetar las condiciones laborales de la anterior adjudicataria, una de las primeras medidas que ha adoptado ha sido la reducción de la jornada laboral de dos a 1,5 horas, achacando dicha reducción al contrato de adjudicación del servicio”, han detallado desde el sindicato.

Según ha expuesto Rueda, “estas son las consecuencias de las externalizaciones a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos del PP, con precariedad laboral, abusos, acoso y desprecio por las personas trabajadoras”, de manera que ha exigido al Ayuntamiento que “tome cartas en el asunto y haga cumplir a las empresas que contrata la normativa laboral”.

El Ayuntamiento de Córdoba abre este miércoles el plazo para presentar las solicitudes a la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la empleabilidad de las personas jóvenes de Córdoba de este año 2026.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el anuncio de esta convocatoria para entidades sin fin de lucro que se pueden beneficiar de las ayudas. Estas tienen como finalidad de interés social, promover la empleabilidad de las personas jóvenes en el municipio de Córdoba, mediante la puesta en marcha de actividades y proyectos a realizar por las entidades que resulten beneficiarias.

La cuantía total de esta convocatoria de subvenciones asciende a 60.000 euros correspondientes al presente ejercicio. Mientras tanto, las cuantías de las subvenciones para las actuaciones que promuevan la empleabilidad de las personas jóvenes de Córdoba serán de, como máximo, 10.000 euros por proyecto y entidad como subvención.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, es decir, desde este miércoles 16 de septiembre.

Septiembre significa el reinicio de la actividad para mayores y pequeños después de un periodo más o menos largo de vacaciones, de jornadas donde no hay ni horarios ni tareas marcadas. Volver a la rutina supone un proceso de readaptación al que el cuerpo y la mente responden de distintas formas, provocando unos días o incluso semanas en los que cuesta llevar a cabo esa adaptación. Y ahí, se abren paso el cansancio, la apatía, la irritabilidad, la falta de concentración, el sueño y el estrés como algunos de los efectos que tiene el intentar volver a la rutina y la actividad laboral o académica.

“Con la vuelta a la rutina nos enfrentamos a un proceso de readaptación, de cambios de horarios y demanda de actividad y tiempos”, explica a Cordópolis la investigadora pre doctoral de la Universidad de Córdoba (UCO) e integrante del grupo de Psicología Aplicada del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba(Imibic), Sandra Marqués. Durante las vacaciones han desaparecido esas demandas laborales o académicas, hay horarios más flexibles y disminuye el nivel de estrés y aumenta el bienestar -explica la experta-. “Ahora hay que volver a adaptar nuestros horarios y esa transición genera a veces malestar en algunas personas”.

“El cansancio, la apatía, la irritabilidad, el sueño o la dificultad para concentrarse son respuestas a esa adaptación” durante varios días o semanas, según las personas. “Pasamos de tener más control sobre nuestro tiempo en vacaciones a tener menos tiempo disponible. Y eso puede generar más estrés, con los horarios y obligaciones de la rutina. En vacaciones hemos tenido más libertad para decidir qué hacemos y esa pérdida de libertad genera estrés”, señala.

Lo que habitualmente cuesta más es enfrentarse a recuperar los horarios ciertos hábitos como el sueño. “Durante las vacaciones solemos acostarnos y levantarnos más tarde y volver de forma brusca al horario habitual -ya sea del trabajo o de clase- puede hacer que estemos más cansados y nos cueste concentrarnos en la tarea más”.

“No exigirnos estar al 100% el primer día”

Como consejos para que este proceso de adaptación no provoque problemas, esta psicóloga indican que es oportuno “retomar la rutina de forma gradual, no exigirnos estar al 100% el primer día o ponernos de todo al día durante una mañana. Es algo más complicado y debe ser progresivo”. Otro de los puntos clave es “tener unos hábitos adecuados de sueño” y no sobrecargarse de tareas ni establecer grandes objetivos, sino ir paso a paso. Y, junto a ello, no dejar los momentos de descanso y de socialización de los que hemos disfrutado en vacaciones: “Hay que mantener los encuentros con amigos y la familia”.

Este proceso de adaptación se da tanto en adultos como en niños, unos con la recuperación de las responsabilidades laborales y familiares -lo que aumenta la percepción de tener poco control sobre el tiempo propio-, y otros con las tareas académicas. “La diferencia entre adultos y niños está en que los primeros tienen capacidad para identificar y poner palabras a aquello que están sintiendo, a su malestar. Los niños hacen eso de manera más indirecta: pueden estar más irritables, llorar más fácilmente... es importante saber interpretar ese comportamiento del niño porque puede responder a una dificultad para adaptarse” a la rutina. “Es importante explicarle a los niños los pasos que van a dar para ir volviendo poco a poco a sus tareas”.

Con todo, en la adaptación a la vuelta a la rutina confluyen distintos factores, como variables psicosociales que influyen junto a las circunstancias externas en cada persona. “No es lo mismo unas vacaciones basadas en el descanso que unas llenas de actividad donde no ha habido tiempo de recuperación. Y luego también influyen factores como los recursos de cada persona, la gestión de sus emociones, la carga laboral que conlleva su trabajo, etcétera. Juegan muchos factores”, advierte. Y ahí, los estudios que llevan a cabo desde el grupo de Psicología Aplicada del Imibic, ayudan a comprender cómo se relacionan esos factores con el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas en general y, en una época como esta, en la vuelta a la rutina que marca septiembre.

Las temperaturas extremas que vive Córdoba durante el verano hace necesarias distintas medidas de prevención laboral para mantener la seguridad de los trabajadores, con jornadas más reducidas e intensivas en sectores donde se realizan labores en el exterior como en la construcción o el campo, y toda una serie de medidas obligatorias y otras recomendaciones para preservar la salud ante el calor. Sin embargo, la campaña especial de verano ha registrado distintas denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos en este ámbito, aunque se aprecia que, poco a poco, “va calando la cultura de la prevención. Va calando la idea de que el calor mata”.

Quien hace esta reflexión es el secretario de Salud Laboral de CCOO en Córdoba, Aurelio Martín, para dar cuenta de la labor del sindicato en los centros de trabajo ante las temperaturas que ha marcado máximas de calor extremo. La campaña se ha centrado en informar a los trabajadores y en realizar mucha labor de prevención con estos y las empresas, de manera que se tome conciencia de la necesidad de cumplir las medidas ante las altas temperaturas. Pero, no obstante, el verano ha terminado con una decena de denuncias interpuestas por el sindicato ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos en el sector de la construcción y alguna otra en el sector de servicios y comercio.

“Se han realizado visitas a diario a las obras, tanto en el mes de julio como en agosto”, explica sobre la labor sindical. En estas visitas se ha comprobado si las empresas cumplían los horarios establecidos y el resto de normas ante avisos por calor, como proporcionar sombras, agua y pausas en la tarea, y tener equipos de protección adecuados. Si bien se han interpuesto esa decena de denuncias -algunas repetidas a la misma empresa por reiteración de los incumplimientos-, desde el sindicato sí destacan que, “en general, cuando se ha visitado la obra y se ha hablado con el responsable, se han reconducido medidas y se han puesto los medios sin tener que llegar a denunciar”.

“Trabajadores más concienciados”

Algo parecido ha ocurrido en el sector servicios y el comercio, donde CCOO también ha puesto alguna denuncia por mantener temperaturas por encima de las aconsejadas para trabajar o en la hostelería, donde se han advertido de cuestiones que tienen que ver con el trabajo en las terrazas en las horas de más calor. Pero, “en términos generales, se está cumpliendo las normas también porque los trabajadores están más concienciados, saben sus derechos y se quejan cuando hay una ola de calor. Parece que la cultura de la prevención va calando”, reitera. “Va calando de que el calor es un peligro, que hay que tomar medidas y cumplir las normativas”.

En sectores como la industria, donde no hay una jornada intensiva establecida por convenio, es más complicada la labor de prevención del sindicato, al no poder entrar libremente a comprobar las condiciones de trabajo. Por eso, desde CCOO “hacemos un llamamiento constante a los trabajadores, para que si constatan situaciones en las que se están incumpliendo la normativa de riesgos laborales por las altas temperaturas, lo pongan en nuestro conocimiento y podamos actuar”.

Además, desde el sindicato ponen de relieve cómo los efectos de un golpe de calor pueden no darse en el tajo, sino horas después con el trabajador ya en casa. “Nos preocupa que el efecto del calor a veces no da la cara en el momento, puedes pasarte el día trabajando en la calle pero las consecuencias ocurren cuando estás en casa o durmiendo, te da un paro entonces, pero es consecuencia de un golpe de calor”.

Normativa y crítica a la Inspección de Trabajo

Por eso, ese llamamiento a que los trabajadores denuncien estas situaciones ante sus representantes sindicales o bien en caso de empresas pequeñas ante el propio sindicato, va en paralelo al llamamiento que también dirigen a las empresas. “La responsabilidad sobre la seguridad de los trabajadores es de las empresas, que son las que deben darles los medios necesarios, los epis de protección y controlar que los trabajadores tengan las condiciones adecuadas ante temperaturas extremas. Y si no las pueden garantizar, pues tomar medidas como mandarlos a casa o reestructurar horarios, pero no se puede tener a la gente trabajando poniendo en riesgo su salud”.

De hecho, el decreto sobre temperaturas extremas establece que ante un aviso amarillo, naranja o rojo por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se puede llegar a acordar entre empresa y trabajadores una reducción de la jornada durante el periodo del aviso y recuperar esas horas más adelante. De hecho, en este decreto se incluyen medidas que llegan a proponer que el trabajador puede dejar su tarea si no tiene las condiciones adecuadas debido al calor. Se trata del Real Decreto-ley 4/2023 (RD), de 11 de mayo, que establece la obligación del empresario de prever medidas adecuadas frente a los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por frío, viento, lluvia o, como ahora, por calor. Entre esas medidas también está la de proporcionar más descansos, realizar los trabajos físicos más fuertes a primera hora de la mañana y asegurar el acceso a agua fresca.

Precisamente por la importancia de preservar la salud en el trabajo ante el calor sofocante, desde CCOO denuncian la falta de celeridad de la Inspección de Trabajo en actuar ante las denuncias que se interponen. “Echamos en falta una actuación más rápida de la Inspección”, constata Martín-, “no puede ser que se ponga una denuncia en el mes de julio y en septiembre que estamos no haya ido ningún inspector a la empresa a ver qué está pasando”, para constar qué ocurre en el momento del incumplimiento.

Con todo, llegando al final del verano pero con temperaturas aún extremas en Córdoba, los representantes de los trabajadores siguen pidiendo precaución, que se cumplan las normas de prevención y se apliquen todas las medidas que establece la ley para preservar la salud de quienes trabajan soportando el calor.

CSIF se ha concentrado este jueves frente a la oficina principal de Correos en Córdoba, ubicada en la calle Cruz Conde, por el incumplimiento de la empresa pública postal del Acuerdo Marco, firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que se comprometió a reforzar la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos.

Según ha informado en un comunicado, el responsable del Sector de Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF Córdoba, Francisco Guerrero, esta concentración -que se ha replicado en toda España-, supone el inicio de un plan de movilizaciones que tendrá su continuación el jueves 17 de septiembre que culminará el miércoles 30 de septiembre en una concentración multitudinaria en Madrid, donde CSIF exigirá un cambio inmediato en este organismo.

Este responsable sindical señala que la falta de contratación de refuerzos ha supuesto que la plantilla de Correos en la provincia de Córdoba haya pasado en apenas tres años de contar con unos 660 profesionales a los pocos más de medio millar que existen actualmente, una disminución del 20% que repercute directamente en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. De todos ellos, en torno a un 20% se encuentran a tiempo parcial, con un sueldo que oscila entre los 800 y los 900 euros. Sin embargo, a esos mismos trabajadores/as a tiempo parcial se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra la necesidad urgente de reconocerles la jornada completa.

Guerrero asegura que, tras la financiación del Servicio Postal Universal (SPU) y del SIEG Servicios de Interés Económico General (SIEG), con unos 1.000 millones de euros hasta 2030, Correos ya tiene los recursos económicos para dar la vuelta a esta situación, tal y como firmó en el Acuerdo Marco.

Además, se da la circunstancia de unos de 9.500 empleados laborales en el conjunto del país llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, a nivel global, tiene una media de edad superior a los 52 años. El sindicato apunta que el plan de rejuvenecimiento establece que los empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria. No obstante, aún no se ha producido ninguna salida. CSIF también reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Por todo ello, ante pasividad de la empresa, CSIF inicia movilizaciones para recuperar el empleo de calidad y garantizar el servicio público que demanda la ciudadanía, sin descartar dar continuidad a las mismas con otro tipo de acciones más contundentes si la empresa no reacciona a nuestras demandas.

El desempleo en la provincia de Córdoba ha vuelto a aumentar en el mes de agosto, un mes que es malo para el mercado laboral en toda España. Según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo e Inclusión, el desempleo en Córdoba ha crecido en 545 personas en agosto, una cifra similar a la del año pasado. Eso sí, hay 6.604 personas menos en situación de demanda de empleo que hace justo un año.

En total, Córdoba cerró agosto con 45.822 personas registradas como desempleadas, lo que supone un incremento mensual del 1,20%. Aunque el dato vuelve a situar a la provincia en terreno negativo respecto al mes anterior, la comparación con agosto de 2025 ofrece una fotografía bastante más favorable: el paro se ha reducido un 12,60% interanual.

El comportamiento del mercado laboral cordobés durante agosto vuelve a estar muy condicionado por la evolución de los distintos sectores económicos. El sector servicios concentra buena parte del aumento del desempleo, mientras que también crece el número de personas sin empleo en la construcción. En sentido contrario, la agricultura es el único de los grandes sectores que consigue reducir el número de desempleados durante el mes.

Servicios y construcción elevan el paro

De las 545 personas que se incorporaron al desempleo en agosto, una parte muy importante procede del sector servicios. Córdoba contabiliza 30.514 desempleados procedentes de este sector, que representa el 66,59% de todo el paro registrado en la provincia.

En agosto, el desempleo en los servicios aumentó en 374 personas. Es, con diferencia, el sector que más contribuye al incremento mensual del paro y explica aproximadamente siete de cada diez nuevos desempleados registrados durante el mes. La construcción también presenta una evolución negativa. El número de desempleados procedentes de este sector aumentó en 146 personas, hasta alcanzar las 3.452.

El sector industrial, por su parte, se mantiene prácticamente estable, aunque también registra un ligero incremento del desempleo. En agosto había 3.959 personas paradas procedentes de la industria, ocho más que el mes anterior. A estos datos se suman las personas que no habían tenido un empleo anterior, cuyo número aumentó en 146, hasta alcanzar las 4.952.

La principal excepción dentro de esta evolución negativa se encuentra en la agricultura. Mientras servicios, construcción e industria aumentan o mantienen sus cifras de desempleo, el sector agrícola registra un descenso de 129 personas. Córdoba contabiliza 2.945 desempleados procedentes de la agricultura, el 6,43% del total provincial.

El dato resulta especialmente significativo si se observa también la contratación. La agricultura generó en agosto 5.310 contratos, el 27,97% de todos los contratos registrados en la provincia. Solo los servicios, con 9.853 contratos, superaron a la actividad agrícola.

Así, el comportamiento de agosto vuelve a poner de manifiesto el peso que tiene la actividad agraria en el mercado laboral cordobés, tanto por su capacidad para generar empleo como por su componente estacional.

El paro sigue teniendo rostro femenino

La distribución del desempleo por sexos vuelve a mostrar una importante diferencia entre hombres y mujeres. De las 45.822 personas desempleadas registradas en Córdoba, 28.219 son mujeres, frente a 17.603 hombres. Las mujeres representan, por tanto, el 61,58% del paro provincial, mientras que los hombres suponen el 38,42%.

La diferencia se hace todavía más evidente entre las personas mayores de 25 años. En este grupo se contabilizan 26.345 mujeres desempleadas, frente a 15.599 hombres. Entre los menores de 25 años, sin embargo, las cifras están mucho más equilibradas: hay 2.004 hombres y 1.874 mujeres en situación de desempleo. En conjunto, el paro juvenil representa 3.878 personas, el 8,46% del total.

La evolución del paro contrasta con la contratación. En Córdoba se registraron durante agosto 18.986 contratos, lo que supone 3.172 menos que en julio, una caída mensual del 14,32%. Sin embargo, también en este caso la comparación interanual ofrece una lectura más positiva. En relación con agosto de 2025, se registraron 1.772 contratos más, un incremento del 10,29%. La contratación, por tanto, baja con fuerza respecto al mes anterior, pero se mantiene por encima de los niveles de hace un año.

De los contratos registrados en agosto, 6.421 fueron indefinidos, el 33,82%, mientras que 12.565 fueron temporales, el 66,18%. La contratación indefinida aumenta en términos interanuales un 9,41%, con 552 contratos más que en agosto del año anterior. Los contratos temporales también crecen, en este caso un 10,75%, con 1.220 más.

El desempleo sube en toda Andalucía

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (0,64%) hasta los 530.256 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La comunidad aumenta el número de parados tras encadenar cuatro meses liderando la caída del paro a nivel nacional. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. En el último año el desempleo acumula un descenso de 62.355 parados, lo que supone un 10,52% menos.

Por sectores, el paro subió en todos excepto en Agricultura, con 869 menos. Así, las subidas estuvieron encabezadas por Servicios, 2.610 más; seguido de Construcción, con 1.082 más; Sin Empleo Anterior, 325 e Industria, con 246.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (365.996), Sin Empleo Anterior (60.779), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (28.251), Industria (28.943) y Construcción (46.287).

En cuanto a sexos, de los 530.256 desempleados registrados en julio, 323.166 fueron mujeres y 207.090 hombres.

El paro subió en todas las provincias excepto en Málaga (-409), siendo Sevilla donde hubo mayor subida (1.457), seguida por Córdoba (545); Granada (457); Jaén (393); Almería (384); Cádiz (328) y Huelva (239).

En agosto se registraron 208.756 contratos en Andalucía, un 5,55% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 78.485 fueron contratos indefinidos y 130.271 contratos temporales.

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando el desempleo subió en 54.371 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en agosto en seis ocasiones y ha subido en 25. El mayor descenso fue el de agosto de 2021, cuando disminuyó en 82.583 parados, mientras que el mayor aumento fue el registrado en 2008, cuando la crisis financiera elevó el desempleo en más de 103.000 personas en ese mes. En agosto del año pasado, el paro subió en 21.905 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 15.137 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 70.593 personas, lo que supone un 2,91% menos, con un retroceso del paro femenino de 52.974 mujeres (-3,6%) y una caída del desempleo masculino de 17.619 varones (-1,8%).

El secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, alerta de que el fin de las jornadas intensivas contempladas en algunos convenios colectivos no exime a las empresas de proteger a sus plantillas frente al estrés térmico. UGT ha recordado que las muertes atribuibles a las altas temperaturas en Córdoba han aumentado considerablemente respecto al pasado año y reclama a empresas y administraciones que la prevención se traduzca en “hechos concretos y no solamente en palabras”

UGT Córdoba ha advertido hoy de que la llegada del mes de septiembre no supone el final del riesgo que las altas temperaturas representan para la salud y la seguridad de las personas trabajadoras. El sindicato ha recordado que, aunque en estas fechas finalizan las jornadas intensivas establecidas en algunos convenios colectivos, las empresas siguen estando obligadas a evaluar el riesgo por exposición al calor y adoptar las medidas preventivas necesarias.

Sarmiento ha insistido en que “el calendario laboral puede decir que hemos llegado a septiembre, pero las temperaturas no entienden de calendarios ni de convenios colectivos. Si continúa haciendo calor y existe riesgo para la salud de las personas trabajadoras, las medidas preventivas tienen que continuar aplicándose”.

Desde UGT Córdoba han señalado que resulta especialmente importante mantener esta vigilancia ante una realidad climática en la que los episodios de temperaturas elevadas comienzan cada vez antes y se prolongan durante más tiempo, “una circunstancia especialmente relevante en una provincia como Córdoba, tradicionalmente expuesta a temperaturas muy altas durante el verano”.

Según ha destacado Sarmiento, “estamos comprobando cómo los periodos de calor se hacen más largos, aumentan los días con temperaturas extremas y las olas de calor pueden comenzar antes de lo habitual y prolongarse incluso durante el otoño y, por tanto, la prevención frente al estrés térmico tiene que estar presente mientras exista el riesgo, independientemente del mes en el que nos encontremos”.

31 fallecimientos atribuibles al calor frente a los 10 del pasado año

El secretario de UGT Córdoba ha llamado especialmente la atención sobre los datos de mortalidad atribuible a las temperaturas recogidos por el sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Según los datos manejados por el sindicato, “durante el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 2 de septiembre de 2025 se contabilizaron en Córdoba 10 fallecimientos atribuibles a las temperaturas pero, sin embargo, entre el 22 de junio y el 31 de agosto de este año la cifra asciende ya a 31 fallecimientos atribuibles al calor”.

Para UGT, estos datos demuestran que las altas temperaturas constituyen un problema que debe abordarse también desde la prevención de riesgos laborales. “El calor mata y llevamos años diciéndolo, y los datos vuelven a demostrar que no estamos ante una cuestión menor y, aunque hemos avanzado en concienciación y en cultura preventiva, no podemos permitirnos retroceder en la aplicación efectiva de las medidas”, ha advertido el secretario de Salud Laboral del sindicato.

Sarmiento ha recordado, además, que los efectos del calor sobre la siniestralidad laboral no siempre aparecen identificados directamente como un golpe de calor. Según ha explicado, “el calor puede estar detrás de numerosos accidentes o patologías que posteriormente se contabilizan de otra manera, de manera que una persona que trabaja en altura puede sufrir un mareo provocado por las altas temperaturas y caer; o alguien que realiza una actividad física intensa en el campo puede sufrir un episodio cardiovascular favorecido por el estrés térmico, y en las estadísticas aparecerá la caída o el infarto, pero detrás puede encontrarse la exposición al calor”.

Otro dato que ha señalado el responsable de UGT Córdoba viene dado por las muertes por calor del pasado año en personas menores de 64 años que, señala, han pasado de cero a tres en el presente año 2026.

UGT denuncia un retroceso en la prevención durante este verano

Sarmiento ha lamentado que durante este año se hayan producido situaciones que, a juicio del sindicato, suponen un retroceso en la aplicación de las medidas preventivas frente al estrés térmico y ha recordado que UGT Córdoba ya ha denunciado incumplimientos, incluso en trabajos relacionados con obras del ámbito municipal de la capital cordobesa, y ha reclamado “una mayor vigilancia para garantizar el cumplimiento de la legislación”.

“Todos los años existe un compromiso común en materia de prevención para combatir el estrés térmico, pero ahora necesitamos que ese compromiso se traduzca en hechos concretos y no solamente en palabras, y las administraciones competentes deben vigilar y actuar y, sobre todo, las empresas tienen que cumplir escrupulosamente con sus obligaciones”, ha reclamado.

Septiembre no elimina las obligaciones de las empresas

El responsable de Salud Laboral del sindicato ha subrayado que “el final de las jornadas intensivas contempladas en determinados convenios colectivos no significa que finalicen las obligaciones empresariales en materia de prevención frente a las altas temperaturas” y ha destacado que “la normativa de prevención de riesgos laborales obliga a evaluar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y adoptar las medidas necesarias cuando las condiciones meteorológicas puedan poner en peligro la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”.

Sarmiento ha recordado con especial interés la regulación sobre los trabajos al aire libre y aquellos lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados y que señala que “ante fenómenos meteorológicos adversos, las empresas deben evaluar los riesgos y establecer las medidas adecuadas, incluyendo la adaptación de las condiciones y horarios de trabajo cuando resulte necesario”. “Que termine una jornada intensiva establecida por convenio no significa que al día siguiente una persona tenga que trabajar durante las horas de mayor temperatura si existe un riesgo evidente para su salud. La obligación de proteger al trabajador permanece”, ha recalcado.

Por otra parte, el ugetista ha recordado que “en situaciones en las que las medidas preventivas ordinarias no resulten suficientes, deben adoptarse las medidas organizativas necesarias para evitar la exposición a las horas de mayor riesgo, especialmente cuando existan avisos meteorológicos oficiales”.

Sarmiento ha insistido, además, en que “la protección frente a situaciones de riesgo grave derivadas de fenómenos meteorológicos no debe traducirse en una pérdida económica para las personas trabajadoras. ”La prevención tiene que mantenerse mientras exista el riesgo“

Por todo ello, desde UGT Córdoba han realizado un llamamiento a las empresas de la provincia para que mantengan durante septiembre y durante todo el tiempo que sea necesario las medidas preventivas frente al estrés térmico, prestando especial atención a los trabajos al aire libre y a actividades como la construcción, el campo, la hostelería y otros sectores con una elevada exposición a las temperaturas. Asimismo, el sindicato reclama a las administraciones públicas y organismos competentes que intensifiquen la vigilancia del cumplimiento de la normativa.

“Septiembre no puede convertirse en una frontera artificial para la prevención y, si tenemos temperaturas propias del verano durante septiembre o incluso durante el otoño, tenemos que seguir actuando exactamente igual, ya que lo que determina las medidas preventivas es el riesgo existente, no la fecha del calendario”, ha confirmado Jaime Sarmiento.

Finalmente, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba ha hecho un llamamiento directo a las personas trabajadoras para que comuniquen cualquier situación en la que consideren que las altas temperaturas pueden poner en peligro su seguridad o su salud. “Pedimos a los trabajadores y trabajadoras que no normalicen situaciones de riesgo y que consulten con el sindicato ante cualquier incumplimiento, puesto que una deficiente prevención puede tener consecuencias muy graves para la persona trabajadora y para su familia, y por eso insistimos una vez más en un mensaje que debe quedar muy claro: el calor mata y prevenir sus efectos en el trabajo es una obligación, no una opción”, ha concluido.

Córdoba vivirá esta semana varias jornadas con avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por temperaturas que pueden superar los 40 °C en el observatorio del aeropuerto y algunos más en distintos puntos de la ciudad. De hecho, la previsión meteorológica para esta semana señala cómo a partir de mitad de semana el calor extremo de nuevo se hará presente en la zona del Valle del Guadalquivir. Pero, a estas alturas del calendario comenzando septiembre este martes, ya ha expirado la jornada especial de verano en sectores como el campo o la construcción que buscaba protegerles del calor del verano. Y, ahora, afrontan estos días con ese mismo calor pero sin el horario restringido para no estar expuestos a las temperaturas más elevadas.

En el caso de los trabajadores del campo, el convenio establecía que la jornada intensiva se aplicara este año entre el 1 de junio y el 31 de agosto. En la construcción, se ha hecho lo propio entre el 8 de junio y el 28 de agosto y en esta semana hasta el 4 de septiembre ya se amplía la jornada una hora más, aunque sigue siendo de forma continuada, pero alcanzando un horario donde el sol azota. Con todo, ante ellos se vislumbra una semana difícil por el calor sofocante, con el inicio del mes de septiembre, en la que ya no tienen la cobertura de la jornada especial de pleno verano. La Aemet ya ha activado el aviso amarillo por calor en la zona central de Córdoba —que incluye a la capital— para este mismo lunes y se espera que se alcancen los 40 °C e incluso se sobrepasen a partir del miércoles. De ser así, la Aemet tendría que activar el aviso naranja en Córdoba.

Con esas temperaturas y sin la obligación de la jornada especial de verano en la construcción y el campo, los trabajadores podrían sufrir en las horas centrales del día el calor de estas jornadas mientras faenan. Para evitar el calor y el efecto del sol en esas horas, en verano los trabajos en el campo —por ejemplo—, se inician muchas veces al alba o incluso de madrugada, como medida de protección de los trabajadores y también para los propios productos que se recolectan. En la construcción, también se ha aplicado la jornada reducida y en horario continuado de mañana, para terminar antes de las 15.00, siendo lo normal de 7.00 a 14.00. Pero ese horario ya ha decaído. Solo en el caso particular de cada empresa, se podría negociar un horario adaptado, que luego habría que cuadrar en el cómputo anual de horas trabajadas.

En la provincia de Córdoba hay unos 52.000 trabajadores del campo y unos 20.000 de la construcción, las dos principales actividades afectadas por esta situación, con el desarrollo de sus labores en el exterior con las temperaturas que haya. Asimismo, hay otros trabajadores cuyos convenios no establecen la jornada intensiva aunque sí la recomendación de hacerla, como es el caso del sector de la madera —5.000 trabajadores— o en los derivados del cemento —otros 2.000 empleados—. Y otros muchos trabajadores que desarrollan su actividad en la calle, como repartidores o guías turísticos por ejemplo, de nuevo sufrirán las altas temperaturas en Córdoba.

Medidas contra el calor

Para estos sectores laborales también se acude al decreto sobre temperaturas extremas, que establece que ante un aviso amarillo, naranja o rojo por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se puede llegar a acordar entre empresa y trabajadores una reducción de la jornada durante el periodo del aviso y recuperar esas horas más adelante. De hecho, en este decreto se incluyen medidas que llegan a proponer que el trabajador puede dejar su tarea si no tiene las condiciones adecuadas debido al calor.

Se trata del Real Decreto-ley 4/2023 (RD), de 11 de mayo, que establece la obligación del empresario de prever medidas adecuadas frente a los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por frío, viento, lluvia o, como ahora, por calor. Entre esas medidas también está la de proporcionar más descansos, realizar los trabajos físicos más fuertes a primera hora de la mañana y asegurar el acceso a agua fresca.

En otros sectores como el de la madera, el metal o los derivados del cemento, donde actualmente no está incluida la jornada intensiva en sus respectivos convenios, sí se establece como recomendación que la empresa puede seguir. En general, muchas empresas cumplen un horario propio en verano, tiempo en el que la vida se adapta al termómetro en la provincia de Córdoba. En cualquier caso, existen otro tipo de medidas, más allá de la jornada intensiva, que se deben llevar a cabo ante el alza de las temperaturas, como es una correcta hidratación, mantener protegida la cabeza del sol directo, utilizar ropa adecuada para el calor y, en general, cumplir con todas las normativas de prevención laboral.

Córdoba se situó, en 2025, entre las provincias andaluzas con menor presencia de población extranjera, pero con un papel importantísimo en el mercado laboral cordobés, especialmente en el campo, donde se concentraron buena parte de los contratos registrados: hasta el 74%.

Estas son dos de las interesantes conclusiones que sobresalen del informe Las Personas Extranjeras en el Mercado de Trabajo Andaluz. 2025 publicado recientemente por el Observatorio Argos. Aunque Córdoba no es una de las provincias que destaca por recibir grandes volúmenes de inmigración en términos absolutos, sí se consolida como un territorio de una fortísima especialización laboral y con una capacidad de absorción que reduce el desempleo extranjero a cifras residuales.

Con 30.226 ciudadanos extranjeros empadronados, Córdoba representa apenas el 3,36% del total regional y un 3,91% de su población total. Estas cifras demuestran que, en volumen de empadronamiento, Córdoba se sitúa a la cola de la comunidad, superando únicamente a la provincia de Jaén, que registra 25.569 extranjeros. La distancia es abismal respecto a los grandes polos de atracción de la región como Málaga, que lidera con 341.229 empadronados extranjeros.

Sin embargo, la realidad de los extranjeros que cuentan con residencia legal (con tarjeta o certificado en vigor) muestra un rasgo sumamente positivo para el mercado de trabajo: de los 42.156 residentes legales de la provincia (el 3,74% de Andalucía), un total de 36.306 personas tienen entre 16 y 64 años. Esto significa que más del 84% de este colectivo se encuentra en edad potencialmente activa. El informe Argos destaca precisamente a Córdoba, junto a Huelva y Sevilla, como una de las tres únicas provincias andaluzas que logran superar esta altísima tasa de potencialidad laboral. Dentro de este colectivo residente, la comunidad rumana destaca como la principal nacionalidad en suelo cordobés.

El campo: el motor indiscutible de la contratación

Esta juventud de la población extranjera responde directamente al dinamismo de la contratación agrícola cordobesa. Durante 2025 se firmaron en Córdoba 50.950 contratos a personas extranjeras (el 7,92% del total andaluz). Este dato representa un crecimiento interanual del 25,35%, un ritmo que duplica ampliamente la media de crecimiento de Andalucía, situada en el 10,24%.

El gran responsable de este incremento es el sector primario. De los 50.950 contratos formalizados, la imponente cifra de 37.708 se concentró en la agricultura, lo que significa que aproximadamente tres de cada cuatro contratos (el 74%) firmados por extranjeros en Córdoba tuvieron como destino el campo. El resto de sectores económicos tuvo un papel secundario en comparación: servicios acumuló 9.825 firmas, construcción sumó 1.791 e industria registró 1.626.

Si descendemos al nivel de las ocupaciones, la figura del peón agrícola (exceptuando huertas, invernaderos, viveros y jardines) es el pilar absoluto del mercado laboral extranjero, con 31.469 contratos. Esta única ocupación representa por sí sola casi dos tercios del total de la contratación de la provincia.

Este perfil agrario diferencia drásticamente a Córdoba del conjunto de la comunidad andaluza, donde el sector servicios es, por regla general, el mayor empleador extranjero (el 66,14% de los contratos a nivel autonómico son en servicios y solo el 18,84% en agricultura). Córdoba se alinea más con el modelo de Huelva, que también experimenta una altísima especialización agrícola al registrar 93.128 contratos en el campo, mientras se distancia de provincias costeras como Málaga (90.118 contratos en servicios) o Cádiz (19.403 en servicios), volcadas en el sector terciario.

Bajo desempleo y un peso moderado en la afiliación

La enorme actividad de las campañas agrícolas estacionales explica que los contratos firmados superen significativamente el número medio de personas empleadas en un momento concreto. Córdoba cuenta con una afiliación media de 13.372 extranjeros a la Seguridad Social, lo que representa un 3,61% del total andaluz y el 4,32% de la afiliación provincial. Del total de cotizantes extranjeros, 3.760 se encuadran en el Sistema Especial Agrario (que creció un 22% durante el año), mientras que 6.926 pertenecen al Régimen General, 919 al de Empleados de Hogar y 1.766 cotizan como autónomos. Junto con Jaén (3,28% del total regional), Córdoba es la provincia andaluza con menor peso absoluto de afiliados extranjeros.

No obstante, esta moderada presencia de trabajadores estables contrasta con unos excelentes datos de ocupación, ya que el paro registrado entre la población extranjera es prácticamente marginal. Al cierre de diciembre de 2025, la provincia cordobesa registró tan solo 2.185 extranjeros parados. Esta cifra representa un mínimo histórico en la región, situando a Córdoba como la segunda provincia con menos desempleo extranjero de Andalucía, solo por detrás de Jaén (1.386 parados) y prácticamente igualada con Huelva (2.150 parados).

Esta situación es radicalmente distinta a la de otras provincias con mercados laborales más saturados, como Málaga, que encabeza el paro extranjero con 14.861 desempleados, Almería con 8.251, o Sevilla con 7.083. Además, estos 2.185 parados extranjeros representan apenas el 4,45% del paro registrado en toda la provincia de Córdoba, lo que evidencia que el desempleo de este colectivo apenas ejerce presión sobre el mercado laboral cordobés.

En definitiva, la población extranjera en Córdoba, que viene a la provincia eminentemente para trabajar, se ha convertido en un motor estratégico e indispensable para garantizar el sostenimiento de las campañas agrícolas de la provincia.

Córdoba es la provincia de Andalucía en la que menos creció el número de trabajadores autónomos en la última década. La provincia cordobesa ha pasado de 51.195 trabajadores autónomos en el mes de julio del año 2016 a los 54.907 de julio de este año, lo que supone un incremento del 7,3% en ese periodo, el menor aumento porcentual entre las provincias de la comunidad andaluza.

Y es que todos los demás territorios andaluces crecieron por encima en autónomos en la última década. Málaga lidera este ranking, con un 33,2% más de estos trabajadores -según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del mes pasado, avanzados por Diario Sur-. La provincia malagueña cuenta con 146.234 trabajadores autónomos.

Le sigue en crecimiento en la última década la provincia de Cádiz, con un 18,5% más de estos trabajadores -tiene 69.286 ahora-, mientras que Sevilla creció un 17,9% y registra 122.629 autónomos.

El aumento de trabajadores autónomos en los últimos diez años en la provincia de Granada fue del 16,7% -tiene 71.240-, mientras que en Almería creció un 14,2% -64.664 trabajadores autónomos actualmente-; la provincia de Huelva subió un 12,3% -hasta tener 30.277- y la de Jaén creció un 9% -cuenta con 43.205 autónomos-, todas ellas por encima del 7,3% que creció la afiliación de estos trabajadores en la provincia de Córdoba.

Aumento en números absolutos: 3.712 autónomos más

No obstante, en números absolutos, Córdoba sumó en ese periodo 3.712 autónomos más, cifra que está por encima de los 3.318 de Huelva y los 3.576 de Jaén, dada la proporción de la población de estas provincias. Córdoba ha pasado de tener 51.195 trabajadores autónomos en julio de 2016 a los 54.907 de ese mismo mes de este año.

A nivel nacional, en la última década los trabajadores autónomos crecieron un 8,34%, con provincias que junto a Málaga y Cádiz destacan en el aumento de este tipo de trabajadores, como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Alicante, Baleares o Madrid, si bien hay una veintena de territorios que redujeron su número en la última década, como Lugo, Palencia, Zamora, Ourense, Teruel o León, entre otras, donde cayó más de un 10% el número de autónomos.

Andalucía ha contabilizado más de 1.600 millones de euros (1.605.774.797) en inversión de obra pública durante el primer semestre de 2026 destinados a 701 obras con un plazo medio de ejecución de 25 meses. Así, la evolución respecto al mismo periodo del año pasado representa una caída del 22,24%, cuando las licitaciones realizadas por el Estado y la Junta de Andalucía superaron los 2.000 millones (2.065.053.257 euros).

Según los últimos datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), consultados por Europa Press, la variación anual ha supuesto también un descenso de 30 licitaciones de obras públicas, aunque el plazo medio de construcción se ha reducido en catorce meses.

De esta forma, la Administración central ha desembolsado 909.138.739 euros hasta junio de este año, con 496 licitaciones de obras cuya duración estimada es de 28 meses, lo que supone una disminución del presupuesto del 14,8%, con cerca de 158 millones de euros de diferencia con respecto a 2025. Por su parte, la Junta de Andalucía ha invertido un 30,2% menos de fondos en la comunidad, con un presupuesto de 696.636.068 euros (301.375.000 de diferencia) y un total de 205 operaciones licitadas, diez menos con respecto a junio pasado.

En cuanto a la inversión por provincias, la asignación de ambas administraciones sitúa a Sevilla en el primer puesto, cuyas 110 obras ocupan el 31% (497.973.100 euros) del total presupuestado; seguida de Málaga, con 74 obras y un 24,1% (387.757.470); Cádiz, con 225 obras y un 13,95% (224.757.470); Almería, con 62 obras y un 9,7% (155.619.077) y 10 licitaciones que no han sido regionalizadas y suponen un 8,53% (137.105.827).

El resto de provincias son Granada, con 71 obras y un 4,57% (73.423.213); Córdoba, con 48 obras y un 3,2% (51.536.718); Jaén, con 48 obras y un 2,6% (42.494.179) y Huelva en último lugar, con 53 obras y un 2,2% (35.743.751) del total presupuestado.

Además, de toda la inversión realizada en este año, un 69,1% ha estado dirigida a 231 obras por valor de más de 1.000 millones de euros (1.109.822.991), mientras que los proyectos de rehabilitación han ocupado un 30,8% de los fondos, con 470 obras por valor de 495.951.606 euros.

Igualmente, la proporción de licitaciones dedicadas a obras civiles como infraestructuras de transporte, urbanización o proyectos de recuperación y prevención ha representado un 58,94% del presupuesto correspondiente a 232 operaciones equivalentes a 946.557.935 millones. Por ello, en el ámbito de las edificaciones se han licitado 469 obras de 659.216.862 millones (41,05% del total).

Desde el año 1994, ambas administraciones públicas han invertido más de 52.000 millones de euros (52.904.207.898) en Andalucía, a través de 28.296 obras distribuidas por Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Huelva y Jaén, según la cantidad presupuestada en las licitaciones de cada provincia. Por otro lado, las administraciones locales como ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios y comunidades de regantes han destinado 914.445.991 euros a inversión en licitaciones durante el primer semestre de 2026, lo que supone 1.751 obras.

Asimismo, entre los tipos de licitaciones con más inversión hasta junio de 2026 están las obras de ferrocarriles (37,78%), cuyos fondos se centran en Sevilla; seguidas por los proyectos sanitarios (18,1%), con mayor concurrencia en Málaga; las terminales (7,7%), las depuradoras y desaladoras (7,24%) y las obras de carácter administrativo (5,6%), cuya presencia es destacada en Cádiz, con 90 obras.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha iniciado un proceso de selección en Córdoba capital de conductores/as de camión para llevar a cabo labores de transporte de aves vivas entre distintas explotaciones ganaderas a nivel autonómico y nacional.

La oferta contempla un total de 12 vacantes con contrato de trabajo indefinido a jornada completa, con un salario bruto mensual de 2.800 euros y pagas extraordinarias prorrateadas. Las personas seleccionadas asumirán el traslado de la mercancía de aves vivas entre diferentes granjas ubicadas en distintos puntos de la geografía andaluza y española. Entre las tareas asignadas se incluye la conducción del vehículo pesado, así como la carga y descarga directa de las aves en los puntos de origen y destino.

Debido a las peculiaridades logísticas del sector avícola, el horario de trabajo comenzará de forma habitual a partir de las 22:00, por lo que se requiere disponibilidad para la realización de turno nocturno. Para poder optar a una de las 12 vacantes, los aspirantes deben estar en posesión del permiso de conducir Clase C y disponer de la Tarjeta de Cualificación del Conductor (CAP) en vigor para la modalidad de mercancías.

El plazo para la presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 1 de septiembre de 2026.

Un colegio privado de La Carlota, en Córdoba, ha sido condenado a pagar una sanción de 6.251 euros por haber obstruido a la Inspección de Trabajo durante una visita en junio de 2020, en plena pandemia. Los inspectores acudieron al centro, donde apreciaron claros indicios de que había actividad docente presencial, prohibida por el estado de alarma debido al covid. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado así el recurso interpuesto por la empresa propietaria del centro después de que el Juzgado de lo Social numéro 4 de Córdoba ratificara la sanción impuesta por el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de junio de 2020, cuando inspectoras de Trabajo acudieron al centro educativo. Según la sentencia, al llegar al colegio, los responsables impidieron inicialmente su acceso. Durante la espera a las puertas del colegio, las inspectoras vieron cómo una persona salía del colegio para recoger a unos niños, pasando todos al interior del centro.

Desde la planta de arriba, se asomó alguien del colegio, a quien las inspectoras le comunicaron que pretendían realizar una inspección de trabajo, por lo que pidieron la apertura d ela puerta. Tras esperar unos minutos, nadie respondió a este requerimiento. Mientras tanto, las inspectoras se percataron de que dos personas con niños, de muy corta edad, abandonaban el colegio por un callejón lateral, pese a las peticiones de las agentes para que detuvieran su salida. Además, vieron cómo un coche aparcó la puerta, se bajaron niños y, después, abandonó el lugar.

Según la sentencia, las inspectoras tuvieron que llamar a la Guardia Civil. Tras personarse la pareja de agentes, las empleadas del colegio abrieron la verja del centro, accediendo todos al interior. Allí atendió a la Inspección una persona que se identificó como administradora de la empresa, a quien estos funcionarios de Trabajo exhibieron sus credenciales recordando que están facultados para “acceder libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, en todo centro de trabajo”, recordándole que cualquier acción u omisión destinada a impedir sus labores constituye una infracción. Una vez que pudieron acceder al recinto, las inspectoras preguntaron a esta trabajadora sobre la actitud de negar la entrada y sobre las personas adultas y niños vistos saliendo por el patio trasero, no obteniendo ninguna respuesta.

La Inspección dejó constancia de indicios claros de actividad presencial, como la existencia de carritos de bebé, material escolar, tablets, mascarillas quirúrgicas, botellas de agua, chaquetas colgadas de los respaldos de algunas sillas y fichas de actividades con fecha marcada lunes 15. Ante esto, las respuestas de la representante del colegio fueron que “todo se había quedado así al decretarse el cierre de los centros educativos en el mes de marzo por el estado de alarma y que las mascarillas eran por la alergia”. Por su parte, una celadora del centro declaró como testigo en el juzgado que una inspectora tenía la temperatura alta y se la hizo esperar, negando que hubiese timbre de entrada y asegurando que, una vez superadas las medidas sanitarias, se facilitó el acceso a todo.

En el análisis del recurso del colegio, el TSJA no ha entrado a discutir el fondo de la obstrucción, que quedó probado en instancia, sino que ha recordado que en sanciones ajenas a la materia de Seguridad Social (como en este caso, que fue la vulneración del artículo 50.4 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Socia), el acceso al recurso de suplicación exige que el importe de la sanción exceda de la suma de 18.000 euros. Al tratarse de una multa de 6.251 euros, la sentencia no puede ser recurrida ante el TSJA. Por último, el colegio ha sido condenado al pago de las costas, cuantificadas en 400 euros más IVA.

El verano pasado, más de medio millar de cordobeses se marcharon a trabajar en la vendimia de Francia. Muchos son vecinos de las históricas comarcas de Montilla-Moriles, la cuna del vino cordobés. Este año, se calcula que han podido emigrar en periodo estival otro medio millar de cordobeses. En Francia, el salario neto que cobra un jornalero durante la vendimia de 2026 se ha fijado en 9,74 euros la hora, permitiendo alcanzar ingresos que oscilan entre 1.900 y 2.337 euros mensuales. Además, a la gran mayoría se le abona el viaje y la manutención.

A la vez, son muchos los agricultores de Montilla-Moriles que no encuentran trabajadores para la vendimia. Tanto que este miércoles, la asociación VitiVinum, que representa a agricultures y lagares de Montilla-Moriles, emitió un comunicado de prensa en el que alertaba de la falta de mano de obra para la vendimia actual. El responsable de Acción Sindical de CCOO en Córdoba, Raúl Tirado, explicó el motivo: la mayor parte de los trabajadores del campo cordobés se han marchado a Francia. “Aquí la vendimia está acogida al convenio del campo, que apenas si llega al salario mínimo interprofesional”.

Según las tablas del último convenio del campo (que el sindicato CCOO no firmó), un trabajador cobra un salario bruto al día de 62,85 euros. En el caso de que la vendimia dure un mes (que nunca es el caso) y el jornalero trabajase los 22 días correspondientes, el salario bruto sería de 1.382,70 euros. En el mejor de los casos, el neto se le quedaría en 1.295 euros al mes para un trabajo agrícola que, además, es temporal.

“Nos encontramos en un momento decisivo del año. La uva alcanza su punto óptimo de maduración en unas fechas determinadas y no puede esperar. La vendimia requiere disponer de un importante número de trabajadores durante un periodo relativamente corto e intenso. La falta de mano de obra puede provocar retrasos en la recolección, pérdida de calidad de la uva, incremento de costes e incluso que determinadas parcelas no puedan vendimiarse a tiempo”, denuncian desde Vitivinum, aunque su análisis de la falta de trabajadores dista un abismo del planteamiento de CCOO.

“Consideramos necesario que las administraciones, organismos y entes involucrados analicen si el actual sistema de prestaciones, subsidios y ayudas vinculadas al desempleo agrario está suficientemente coordinado con las necesidades reales de contratación durante las campañas agrícolas”, aseguran, en un discurso al que se opone el sindicato. “Aquí no hay condiciones de trabajo dignas” y también “se echa en falta cultura empresarial”, asegura Tirado.

El sector vitivinícola español, y el cordobés en particular, lleva décadas sumido en una crisis en el que se compite por precio con Francia. En la provincia de Córdoba, el precio por un kilo de uva en origen que ha recibido un agricultor ha oscilado entre los 45 céntimos y los 56. En Francia, el precio de la uva Champagne, que recogen muchos de los vendimiadores españoles que cada verano emigran allí, se paga entre 6,60 y 9,60 euros el kilo. La diferencia es abismal. Los márgenes de los viticultores franceses, también. Y eso lleva a poder pagarle mejor a los trabajadores.

Aparte, el sector vitivinícola español, a través de las organizaciones agrarias, lleva años solicitando una estrategia nacional para la protección de las viñas españolas y también para que los precios no se derrumben. Francia ha movilizado ayudas millonarias para fomentar el arranque de viñas con el que corregir el exceso de producción de vino que tiene el país. Es una manera de intervenir en el mercado para que los precios no se desplomen. España ya hizo una estrategia similar hace años que menguó, por ejemplo, la extensión de vides que había en Montilla Moriles.

Ahora, al sector se le acumulan los problemas. No solo está el de la falta de mano de obra. También el de la caída de la producción actual por la plaga del mildiu, con estimaciones de hasta un 40% menos de cosecha. Y también el aumento de los costes. La crisis de la guerra de Ucrania sumada a la de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha hecho que se incrementen los gastos de los abonos y de muchos productos fitosanitarios, junto a los del transporte. Los márgenes para muchos viticultores no solo se han estrechado, sino que en algunos casos se produce ya bajo el umbral de la rentabilidad.

En el marco de Montilla-Moriles existen muchas pequeñas explotaciones. En municipios pequeños son los propios propietarios los que vendimian, en muchos casos con ayuda de su familia y ante la falta de empleados. Pero la mano de obra no solo es necesaria en el campo, sino también en los lagares. El cambio del modelo laboral en parte de estos municipios, con cada vez menos trabajadores dedicados al sector agrario, ha elevado la dificultad para encontrar jornaleros.

Inmigrantes sin papeles

Vitivinum va un paso más allá. “En Montilla, Moriles y otros municipios de nuestra comarca residen actualmente personas extranjeras, entre ellas numerosos ciudadanos de origen latinoamericano por ejemplo, que desean trabajar, que están dispuestas a incorporarse a las labores agrícolas y que sin embargo, en determinados casos, no pueden ser contratadas legalmente debido a que su situación administrativa todavía no les permite trabajar”.

“Los viticultores y agricultores en general, queremos contratar legalmente. Queremos que estos trabajadores puedan disponer de su contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social, salario conforme a la normativa y convenios, prevención de riesgos laborales y todas las garantías, derechos y dignidad que corresponden a cualquier trabajador”, aseguran. Por eso, reclaman “a las administraciones competentes a que estudien y establezcan procedimientos ágiles, extraordinarios o urgentes, plenamente legales, de regularización o autorización de trabajo excepcional para aquellas personas extranjeras residentes en la zona que reúnan los requisitos establecidos legalmente y tengan una oferta real de empleo en campañas agrícolas como la vendimia”.

La provincia de Córdoba ha alcanzado los 312.797 afiliados a la Seguridad Social ocupados en la primera quincena de agosto, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto de Andalucía la cifra de ocupados en ese periodo ha llegado a los 3.587.486. Mientras, a nivel nacional, los datos de afiliación a la Seguridad Social se mantienen al alza un mes más. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la cifra de afiliación se sitúa en 22.318.994 ocupados en la primera quincena de agosto, lo que supone un aumento de 668.503 afiliados en los últimos 12 meses (+3,09%). Alcanza así el nivel más alto de la serie desestacionalizada.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que “la mejora de la calidad del empleo y el crecimiento sostenido del mercado de trabajo en España se continúan consolidando gracias a la reforma laboral: se han creado 452.947 empleos desde final de 2025 hasta la primera quincena de agosto”.

Desde diciembre de 2022, se han sumado 2.031.098 ocupados en la serie ajustada, cifra que asciende hasta los 2.560.752 si se toma por referencia diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Por otra parte, si nos centramos en las dos últimas quincenas, el crecimiento en la serie desestacionalizada ha sido de 63.669 afiliados, lo que supone un incremento del 0,29%.