Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en Córdoba capital, convocadas por el sindicato CTA, han protagonizado este martes por la tarde una manifestación por el centro de la ciudad para protestar por el incumplimiento del convenio del sector por parte de la empresa adjudicataria de dicho servicio, Atende Servicios Integrados S.L.

Las empleadas han llevado a la calle las reivindicaciones que desde hace tiempo llevan exponiendo en los plenos municipales del Ayuntamiento -como administración responsable del servicio y el contrato con la empresa- y en otra serie de protestas ante los medios de comunicación, para señalar sus condiciones laborales que no se ajustan al convenio del sector.

Desde CTA, en representación de las trabajadoras, señalan que esta protesta “es fruto del sistemático incumplimiento del convenio del sector, ya que llevan prestando el servicio un año y medio y, por más que hemos intentado dialogar, no nos ha quedado más remedio que denunciar, y aun así han seguido con numerosos incumplimientos”.

Entre ellos, señalan descuentos indebidos en las nóminas, no otorgar permisos retribuidos, no respetar la desconexión digital incluyendo descansos y festivos, impagos por la rebaja de la jornada en 2025, además de soportar cuadrantes de trabajo de hasta 48 horas a la semana o partir jornadas parciales, entre otras cuestiones.

Ante ello, las trabajadoras se han manifestado en un recorrido desde las puertas del Ayuntamiento de Córdoba hasta la sede de la empresa adjudicataria del servicio ubicada en el Bulevar de Gran Capitán y anuncian una huelga para el mes de mayo.

Los operadores de grúas torre de la provincia han pedido hoy al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, que intermedie en el conflicto que mantienen con la patronal de la construcción, Constructor, por la subida salarial de este colectivo, que inició una huelga indefinida hace ya 52 días. Una amplia representación de los gruistas, que estuvieron acompañados por la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, han mantenido una reunión con Molina y las delegadas de Fomento y de Empleo de la Junta en Córdoba, María del Carmen Granados y María Dolores Gálvez, respectivamente, en la que le han expuesto el origen y desarrollo del conflicto, surgido por la reclamación por parte del colectivo, de una mejora salarial.

Marina Borrego advirtió que “este conflicto puede ser el germen de un conflicto mayor que se extienda a otros colectivos de la construcción cuando lo que están pidiendo es de justicia, porque los gruistas tienen una responsabilidad civil y penal que no tienen otros trabajadores en la obra”.

En la última reunión entre la patronal y los trabajadores auspiciada por el Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) se acercaron posturas, pero “aunque los gruistas han rebajado mucho sus pretensiones -pidieron 27 euros-, la patronal no cede y mantiene un conflicto por solo 9 euros de diferencia”, añadió la responsable sindical. Antonio Herencia, representante del colectivo de gruistas torre y delegado de UGT, explicó a los responsables de la Junta que “lo que queremos es una mejora salarial. Nuestra última propuesta fue una subida de 27 euros y la patronal llegó a ofrecer 18 euros de subida”.

En cualquier caso, los representantes sindicales hicieron hincapié en que la subida que se plantea no supone un quebranto para las empresas. “En obras que tienen un coste de varios millones de euros, subir 27 euros no es dinero, y es incomprensible que se quejen de las pérdidas que están teniendo por la paralización de las obras cuando éstas superan con creces lo que implicaría la subida salarial que está pidiendo el colectivo. Si pueden asumir las pérdidas pueden asumir la subida, máxime, cuando estamos hablando de 60 trabajadores”, insistió la secretaria General de CCOO de Córdoba.

Por su parte, tanto el delegado del Gobierno como las delegadas de Fomento y de Empleo, se comprometieron a contactar con la patronal de la construcción y tratar de mediar para que se pueda llegar a un acuerdo que ponga fin de una vez por todas al conflicto.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social acaba de publicar el avance de los últimos datos actualizados de siniestralidad laboral, que arrojan un resultado total de 1.521 accidentes laborales con resultado de baja laboral para los trabajadores en los meses de enero y febrero de 2026 en la provincia de Córdoba.

La estadística del Ministerio -consultada por este periódico-, señala que de ese total de accidentes, 1.334 se produjeron durante la jornada laboral y los otros 187 ocurrieron in itinere, es decir, en un trayecto en relación con el trabajo.

Los datos de siniestralidad muestran que, en los dos primeros meses del año, dos trabajadores han muerto en Córdoba en su jornada laboral y también se han producido doce accidentes de carácter grave: ocho durante la jornada y cuatro in itinere.

El número total de accidentes en los dos primeros meses del año en Córdoba ha bajado levemente con respecto al mismo periodo de 2025, cuando los datos del Ministerio muestran que se produjeron 1.555 siniestros frente a los 1.521 de este año.

Más de 15.000 accidentes en toda Andalucía

En toda Andalucía, el número de accidentes de trabajo con baja en el avance enero-febrero 2026 ha sido de 15.828. De los 13.400 en jornada, 13.267 fueron leves, 111 graves y 22 mortales. Asimismo, de los 2.428 accidentes in itinere, 2.399 fueron leves, 28 graves y uno mortal.

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dentro de los accidentes con baja de asalariados, se produjeron 12.719 accidentes en jornada de trabajo en Andalucía. Un total de 12.608 fueron leves, 89 graves y 22 mortales. Sin embargo, in itinere fueron 2.369 accidentes (2.341 leves, 27 graves y uno mortal).

Por otro lado, 681 de los accidentes de trabajo con baja en Andalucía en jornada fueron por cuenta propia. Concretamente, 659 fueron leves y 22 graves. Asimismo, 59 fueron in itinere (58 leves y uno grave).

Accidentes mortales

Por provincias, Sevilla ha registrado ocho accidentes mortales en jornada, Almería cinco, Cádiz cuatro, Córdoba y Huelva dos y Granada uno. In itinere, solo Almería ha registrado un accidente mortal.

De esta manera, Sevilla se convierte en la provincia con la cifra más alta registrada en estos dos primeros meses del año con 4.092 accidentes de trabajo con baja (3.316 en jornada y 776 in itinere). Ocho de ellos mortales. Por el contrario, Jaén es la provincia con la cifra más baja en este periodo (865 accidentes de trabajo en jornada y 94 in itinere).

En comparación con el avance enero-febrero del año anterior, Andalucía ha incrementado el número de accidentes de trabajo con baja pasando de 15.775 a 15.828, es decir, 53 más. En cuanto a accidentes mortales, ha pasado de 16 a 23, siete más.

A pesar de seguir encabezando Sevilla la lista de accidentes de trabajo con baja, ha reducido el total de accidentes en jornada, pasando de 3.500 en 2025 a 3.316 en 2026. Sin embargo, los accidentes in itinere si se han visto incrementados respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 636 a 776. Por su parte, Huelva era la provincia andaluza en 2025 con menos accidentes de trabajo (863 en jornada y 124 in itinere).

Los operadores de grúas torre de la provincia se han concentrado hoy a las puertas de la Inspección de Trabajo para reclamar a la autoridad laboral la máxima celeridad en la investigación de las denuncias que han venido presentando los sindicatos UGT-FICA y el Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba por vulneración del derecho de huelga.

En concreto, CCOO y FICA han presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por el uso de camiones-pluma y de grúas móviles ante la paralización de las grúas-torre por la huelga, que supera ya los 47 días de duración.

El secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, remarcó que, “desde el primer día de huelga, algunas empresas han tratado de evitar las consecuencias de la huelga haciendo un uso ilegal de medios que no están contemplados en el plan de prevención de riesgos para las tareas que realizan las grúas-torre, lo que no solo supone una flagrante vulneración del derecho a huelga, sino que está poniendo en riesgo a las personas que trabajan en las obras. De hecho, tenemos que recordar que hace unas semanas un trabajador resultó herido cuando realizaba maniobras para la descarga de una cuba de escombros con un camión-pluma. Son acciones de esquirolaje que venimos denunciando, pero hasta el momento, la Inspección de Trabajo no ha realizado ninguna acción para garantizar el respeto al derecho de huelga y por eso hoy nos concentramos a sus puertas, para recordarle que la huelga es un derecho fundamental y que su responsabilidad es ser garante del mismo”.

El delegado de FICA y representante de los gruistas, Antonio Herencia, ha manifestado que “hoy nos hemos concentrado para denunciar la vulneración de un derecho fundamental como es el de la huelga, algo que estamos sufriendo los operadores de grúas torre en estos momentos, ya que estamos observando cómo se desmontan grúas y se utiliza maquinaria externa como camiones de mudanza, camiones pluma o grúas autopropulsadas, algo que tenemos completamente documentado”. Herencia ha indicado que la Inspección de Trabajo estaría obligada a intervenir, más aún ahora ya que, señaló, “la situación es insostenible”. Respecto a las declaraciones de la patronal Construcor, en relación con la legislación laboral, el representante ugetista subrayó que “lo que verdaderamente es una burla como se vulnera el derecho de huelga todos los días ante nuestros propios ojos”.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT Fica) en Córdoba ha anunciado este lunes la obtención de un “importante avance sindical” para el conjunto del sector de la arqueología en la provincia, y con una relevante repercusión nacional, tras conseguir que la Comisión Paritaria del Convenio General del sector de la construcción “haya abordado y dictaminado la aplicación de dicho convenio al personal de arqueología que desarrolla su trabajo dentro de obras civiles y procesos de construcción, como así se refleja en el contenido del acta de resolución de la sesión celebrada por dicha comisión paritaria el pasado día 9 de Abril del 2026”, según han informado fuentes del sindicato.

Tal y como ha emitido UGT en una nota, se trata de un avance de “suma importancia” para estos profesionales, que estaban “sumidos, hasta el momento, en una situación de inseguridad jurídica y precarización laboral”. Desde la federación ugetista han trasladado que el proceso “ha sido laborioso” y ha necesitado “un alto grado de iniciativa, trabajo técnico y gestión” debido a las labores que acometen estos trabajadores que, a partir de ahora, estarán amparados por el VII Convenio General del Sector de la Construcción.

En esta línea, han precisado que, durante muchos años, los profesionales de la arqueología, personal técnico y auxiliar han sido contratados bajo los criterios de convenios colectivos “que en nada tenían que ver con la actividad que desarrollan, pese a que su trabajo forma parte directa de los procesos de construcción necesarios para la ejecución de las obras o de proyectos civiles”.

En contexto, han señalado que esta situación llevó a los ugetistas a realizar una consulta formal en junio de 2025, recriminando la aplicación de marcos laborales inadecuados, puesto que, según han precisado, “estos profesionales, en la práctica, realizan su labor dentro de obras y en coordinación directa con procesos constructivos”.

Finalmente, la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, tras la solicitud de reconocimiento iniciada por UGT, ha admitido que las mayorías de las actuaciones arqueológicas “forman parte del propio proceso de ejecución de las obras”, entre ellas, “las excavaciones arqueológicas vinculadas a obras, las prospecciones arqueológicas previas a actuaciones de obras para la construcción, las empresas dedicadas al estudio, planeamiento y construcción de obras públicas y particulares --carreteras, viaductos, túneles, autopistas, pasos elevados--”, según ha señalado el secretario de Acción Sindical de UGT FICA Córdoba, Antonio Lopera.

“O simplemente a la realización de las obras indicadas, la promoción o ejecución de urbanizaciones y la promoción de la edificación de inmuebles de cualquier género”, ha agregado.

Por su parte, el secretario general del sindicato en Córdoba, Pedro Téllez, ha destacado que esto supone un “paso decisivo” para garantizar que al personal de arqueología que trabaja en obras se le aplique el VII Convenio General del Sector de la Construcción, “evitando situaciones de precariedad derivadas de la aplicación de convenios ajenos a la actividad real desempeñada”.

Asimismo, ha subrayado que la resolución impulsada por el sindicato tiene una “repercusión directa” en todo el territorio nacional, puesto que en España “las intervenciones arqueológicas son obligatorias en la mayoría de los proyectos urbanísticos y de obra civil tanto pública como privada”.

En la práctica, esto significa, según ha señalado Téllez, que “miles de profesionales de la arqueología van a ver mejoradas sus condiciones laborales, salariales y de protección social”, al quedar amparados por el Convenio General del Sector de la Construcción, lo que “demuestra, una vez más, que la acción sindical organizada puede corregir situaciones estructurales de precariedad que durante años han afectado a colectivos profesionales enteros”.

Desde UGT Fica han advertido que vigilarán el cumplimiento de esta resolución con el objetivo de garantizar que todas las empresas que desarrollan trabajos arqueológicos vinculados a obras apliquen correctamente el Convenio General del Sector de la Construcción.

Finalmente, el secretario general de la federación ha indicado “este logro de nuestra organización sindical marca un antes y un después en la regulación laboral de la arqueología vinculada a la construcción en España” y evidencia que la acción sindical es capaz de “abrir nuevos derechos laborales para miles de profesionales”.

En este sentido, ha abundado en el compromiso de UGT Fica de “seguir defendiendo los derechos laborales de todos los trabajadores vinculados al sector de la construcción, incluidos aquellos colectivos técnicos y especializados cuya labor resulta imprescindible para el desarrollo de las obras”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena al Ayuntamiento de Pozoblanco por el despido improcedente de una trabajadora que prestó servicios para el municipio durante casi ocho años encadenando contratos temproales. La sentencia desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empleada, confirmando íntegramente el fallo previo del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba.

Según la sentencia, la trabajadora inició su andadura en el consistorio el 20 de octubre de 2014 con un contrato a tiempo completo como técnica de información turística. Desde entonces, y hasta julio de 2022, encadenó una sucesión de contratos temporales, eventuales por circunstancias de la producción y de obra o servicio.

A lo largo de estos años, la empleada desempeñó funciones ligadas al área de turismo, aunque en ciertos periodos fue contratada formalmente bajo las categorías de auxiliar administrativo (en 2019) y oficial administrativo (en 2020), manteniendo en la práctica sus labores de promoción y desarrollo turístico. Su último contrato, iniciado en julio de 2021 y prorrogado posteriormente, fijaba una jornada parcial del 71,42%.

El conflicto llegó en julio de 2022, cuando el Ayuntamiento dio por extinguida la relación laboral alegando simplemente la llegada de la fecha fin de contrato. La trabajadora firmó el finiquito pero mostró su disconformidad, iniciando un proceso judicial que culminó con la declaración de improcedencia del despido por parte del juzgado cordobés, que impuso al Ayuntamiento una indemnización de 4.949,79 euros. Hay que señalar que la plaza que ocupaba la demandante había sido incluida en mayo de 2021 en la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal.

Frente a esta sentencia, la trabajadora interpuso un recurso ante el TSJA alegando una mayor indemnización por la categoría correspondiente a sus funciones según la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el tribunal ha rechazado esta pretensión al considerar que no se ha acreditado que realizara funciones de una categoría superior a la reconocida, ni que todos los técnicos municipales estuvieran encuadrados en el grupo A2, por lo que deberá ser indemnizada como trabajadora del Grupo C1.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles las convocatorias para proveer un total de 49 plazas de empleo público destinadas a reforzar la plantilla municipal.

El grueso de la convocatoria se centra en el cuerpo de la Policía Local, con la oferta de 39 plazas pertenecientes a la escala de Administración Especial. Estas plazas se cubrirán mediante el sistema de oposición en turno libre. De forma complementaria, el Consistorio ha convocado otras ocho plazas de Policía Local destinadas al sistema de concurso en turno de movilidad.

Junto a la oferta de seguridad, el Ayuntamiento también ha convocado dos plazas de Técnico/a de Archivo. Estos puestos, integrados en la subescala Técnica y clase Media, serán adjudicados mediante el sistema de oposición por turno libre.

Los aspirantes interesados en cualquiera de estas plazas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes. Este periodo comenzará a contar a partir de mañana, día siguiente a la publicación de las resoluciones en el BOE.

Las bases detalladas que rigen estas convocatorias ya fueron publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el de la Junta de Andalucía durante el verano de 2025.

La provincia de Córdoba no ha tenido nunca a tantas personas dadas de alta en la Seguridad Social. Marzo ha concluido con un total de 316.687 cordobeses afiliados a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, un dato histórico que bate el anterior, de diciembre de 2022.

Córdoba siempre fue una provincia con una gran economía sumergida y con miles de personas que trabajaban pero que no estaban dadas de alta, principalmente por la precarización del empleo. Uno de los efectos del confinamiento fue la exigencia de muchos trabajadores de ser dados de alta, ya que de lo contrario no cobraban ayudas. Otra fue la digitalización de la economía. La Agencia Tributaria controla mucho más y mejor los pagos a los trabajadores a través de los bancos. Y el dinero en efectivo circula menos que antes.

Estos buenos datos coinciden además con los del paro, de los más bajos de la serie. Marzo ha concluido en Córdoba con apenas 49.209 personas en situación de desempleo, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo.

Nuevo techo histórico

El nuevo máximo histórico de afiliación confirma una tendencia de crecimiento sostenido en la provincia que va más allá de los picos estacionales tradicionales. Hasta ahora, el techo se situaba en los 309.195 afiliados alcanzados en diciembre de 2022, en plena campaña de la aceituna. Sin embargo, el dato actual no solo supera con holgura ese registro, sino que lo hace en un mes como marzo, que históricamente no solía concentrar los mayores niveles de empleo.

Del total de afiliados, la gran mayoría corresponde al Régimen General, con 262.104 trabajadores, lo que supone el 82,8% del total. Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos suma 54.584 personas, representando el 17,2%. Esta distribución refleja que el crecimiento del empleo en Córdoba está impulsado principalmente por el trabajo por cuenta ajena, aunque apoyado en una base sólida de autónomos.

En términos de evolución, la afiliación ha crecido en 1.064 personas respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 0,34%. Aunque se trata de una subida moderada en comparación con otras provincias andaluzas, el dato es significativo por producirse en un contexto sin grandes campañas agrícolas o turísticas. Más relevante aún es la evolución interanual: Córdoba cuenta con 7.665 afiliados más que hace un año, lo que representa un aumento del 2,48%, en línea con la media andaluza y ligeramente por encima del conjunto nacional.

Este comportamiento evidencia una mayor estabilidad del mercado laboral cordobés frente a otras provincias con mayor dependencia estacional. Mientras territorios como Jaén registran fuertes caídas tras el fin de la campaña del olivar, Córdoba mantiene una evolución más constante, lo que apunta a una progresiva diversificación de su economía.

En el contexto andaluz, Córdoba se sitúa en la sexta posición por número total de afiliados, por detrás de Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Almería, pero por delante de Huelva y Jaén. A pesar de esta posición intermedia, el hecho de haber alcanzado su máximo histórico refuerza la idea de que la provincia está consolidando una senda de crecimiento sostenido.

El papel de los autónomos también resulta clave en este escenario. Aunque su crecimiento es más contenido que el del Régimen General, su peso relativo en Córdoba es superior al de la media andaluza, lo que refleja una estructura económica con una importante presencia de pequeños negocios y actividad por cuenta propia. Esta base actúa como un elemento de estabilidad que contribuye a sostener el empleo incluso en periodos de menor dinamismo.

El mercado laboral de la provincia de Córdoba vuelve a mostrar signos de mejoría. Según los datos publicados este lunes por el Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado descendió en marzo hasta las 49.209 personas, lo que supone una bajada de 499 desempleados respecto al mes anterior, equivalente a un 1% menos. La comparación interanual refleja una evolución aún más favorable, con 6.381 parados menos que en marzo de 2025, lo que representa un descenso del 11,48% y consolida una tendencia positiva en el empleo provincial.

A pesar de esta evolución favorable, el volumen total de desempleo continúa siendo elevado y mantiene a Córdoba cerca de la barrera de las 50.000 personas sin trabajo. El análisis detallado de los datos revela además que esta mejora no se distribuye de forma homogénea entre los distintos colectivos. La brecha de género sigue siendo uno de los rasgos más marcados del mercado laboral cordobés, con 30.702 mujeres en paro, lo que representa el 62,4% del total, frente a 18.507 hombres, que suponen el 37,6%. Esta diferencia evidencia que las mujeres siguen encontrando mayores dificultades para acceder y mantenerse en el empleo.

Por edades, el desempleo juvenil se sitúa en 4.258 personas menores de 25 años, mientras que la gran mayoría de los parados, un total de 44.951, corresponde a mayores de esa edad, lo que refleja que el problema del paro en la provincia tiene un carácter estructural más allá de los jóvenes. Dentro de este contexto, también destaca el colectivo de personas sin empleo anterior, que suma 5.173 desempleados y que afecta especialmente a mujeres y a perfiles extremos de edad, tanto jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral como mayores de 44 años que encuentran dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.

El comportamiento por sectores muestra una evolución desigual. El sector servicios vuelve a ser el principal motor de la reducción del paro, con 408 desempleados menos, seguido de la construcción, que reduce el paro en 173 personas, y la industria, con 93 menos. Sin embargo, la agricultura rompe esta tendencia y suma 143 parados en marzo, en una dinámica habitual marcada por la finalización de campañas agrarias y la transición entre ciclos productivos. Este dato contrasta con el hecho de que el propio sector agrario sea el que lidera la contratación durante el mes, lo que pone de manifiesto la elevada rotación laboral que caracteriza a esta actividad en la provincia.

En paralelo a la bajada del paro, la contratación ha experimentado un crecimiento muy significativo. Durante marzo se firmaron 30.125 contratos, lo que supone un incremento de 4.846 respecto a febrero, un 19,17% más, y un aumento de 9.050 contratos en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que equivale a una subida del 42,94%. Este fuerte impulso refleja un notable dinamismo del mercado laboral cordobés. Del total de contratos, 11.584 fueron indefinidos, lo que representa el 38,4%, mientras que 18.541 fueron temporales, el 61,6%, lo que indica que, aunque la estabilidad laboral avanza, la temporalidad sigue siendo predominante.

El análisis por sectores de la contratación confirma el peso de la agricultura, con 13.996 contratos firmados, seguida muy de cerca por los servicios, con 12.035. A mayor distancia se sitúan la construcción, con 2.131 contratos, y la industria, con 1.963. Este reparto evidencia la fuerte dependencia del empleo en Córdoba de actividades estacionales y de menor estabilidad.

En cuanto a la protección social, los datos disponibles, correspondientes al mes de febrero, reflejan una elevada cobertura del sistema de prestaciones por desempleo, con 41.237 beneficiarios en la provincia. De ellos, 12.692 perciben prestación contributiva, mientras que la mayoría depende de subsidios, que suman 17.630 personas, a los que se añaden 10.882 beneficiarios del subsidio agrario. Este reparto pone de relieve que una parte importante de los desempleados no alcanza los requisitos necesarios para acceder a prestaciones contributivas, lo que evidencia debilidades estructurales del mercado laboral. El gasto total en prestaciones ascendió a 43,28 millones de euros, con una cuantía media de 991,9 euros mensuales en el caso de las prestaciones contributivas. Como aspecto positivo, destaca la eficiencia administrativa, con un plazo medio de reconocimiento de 1,75 días, claramente inferior a la media nacional.

Otro elemento relevante es la evolución del empleo entre la población extranjera. El paro en este colectivo se sitúa en 2.392 personas, mientras que la contratación ha experimentado un crecimiento muy destacado, con 5.866 contratos firmados en marzo, lo que supone un incremento interanual del 144,31%. Además, 956 personas extranjeras reciben prestaciones por desempleo en la provincia, lo que refleja su creciente peso en el mercado laboral cordobés.

El desempleo baja en toda Andalucía

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 8.836 personas en marzo en Andalucía en relación al mes anterior (-1,50%) hasta los 579.638 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 63.584 parados, lo que supone un 9,89% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 7.351 menos; Construcción, 2.167 menos e Industria, 527 menos; mientras que se incrementó en Sin Empleo Anterior y en Agricultura, con 687 y 522 más, respectivamente.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (402.338), Sin empleo anterior (67.957), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (30.651), Industria (31.349) y Construcción (47.343).

En cuanto a sexos, de los 579.638 desempleados registrados en marzo, 356.643 fueron mujeres, 5.746 menos (-1,58%) y 222.995 hombres, lo que supone un descenso de 3.090 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,36%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 442 parados menos que a cierre del pasado mes, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 8.394 desempleados.

El paro subió Jaén (+58) mientras que bajó en las otras siete provincias, siendo la mayor bajada en Cádiz (-2.352); seguida de Sevilla (-1.939); en Málaga (-1.863); en Granada (-1.187); en Huelva (-1.021); en Córdoba (-499); y en Almería (-33).

En marzo se registraron 292.542 contratos en Andalucía, un 25,24% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 124.823 fueron contratos indefinidos, cifra un 17,64% superior a la de marzo del año anterior y 167.719 contratos temporales (un 31,57% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 57,3% fue temporal y un 42,7%, indefinidos.

Datos nacionales

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado el Ministerio.

El retroceso del paro en marzo de este año es mayor que el experimentado en igual mes de 2025 (-13.311 desempleados), pero inferior a los descensos de marzo de 2024 (-33.405) y 2023 (-48.755).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el tercer mes de 2026 en 15.534 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%).

Por sectores, el paro bajó especialmente en el sector servicios, con 18.852 desempleados menos que en febrero (-1%), seguido de la construcción, que restó 5.846 desempleados (-3,4%), y de la industria, con 1.482 parados menos (-0,8%).

Por contra, el desempleo subió en marzo en la agricultura, con 365 parados más (+0,5%), y en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, donde aumentó en 2.881 personas (+1,3%).

El paro bajó en marzo en ambos sexos, aunque más entre las mujeres. En concreto, el paro femenino retrocedió en 14.841 desempleadas respecto al mes anterior (-1%), frente a un retroceso del paro masculino de 8.093 desempleados (-0,8%).

Así, al finalizar el tercer mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.458.572 mujeres, su nivel más bajo en un mes de marzo en 18 años, mientras que el de varones totalizó 961.140 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años descendió un 0,2% en marzo, con 431 parados menos que en el mes anterior, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 22.503 desempleados (-1%).

Tras el leve retroceso de marzo, el número total de parados menores de 25 años se situó en mínimos históricos para este mes, con 188.977 desempleados.

El paro baja en 14 comunidades

El paro registrado disminuyó en marzo en 14 comunidades autónomas y subió en tres: Canarias (+843 desempleados), Madrid (+342) y País Vasco (+179). En el lado de los ascensos, destacaron los de Andalucía (-8.836 desempleados), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en marzo en 42 de ellas, lideradas por Cádiz (-2.352 parados), Sevilla (-1.939) y Málaga (-1.863). Por contra, el paro aumentó en 10 provincias, destacando los incrementos de Santa Cruz de Tenerife (+514 desempleados), Madrid (+342) y Las Palmas (+329).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 392 desempleados respecto al mes anterior (-0,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 348.167, lo que supone 14.219 parados menos que un año antes (-3,9%).

En marzo de este año se registraron 1.311.070 contratos, casi un 12,4% más que en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 576.532 fueron contratos indefinidos, cifra un 13,3% superior a la de un año antes. En total, el 43,97% de los contratos realizados en marzo fueron indefinidos, porcentaje ligeramente inferior al de febrero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 44,1%.

Dentro de los indefinidos, en marzo se realizaron 251.990 contratos a tiempo completo, un 6,4% más que en igual mes del año pasado; 177.337 contratos fijos-discontinuos (+23% interanual) y 147.205 contratos indefinidos a tiempo parcial (+15,4%).

De todos los contratos suscritos en marzo, 734.538 fueron contratos temporales, un 11,6% más que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 56% de la contratación efectuada en el tercer mes del ejercicio 2026.

En los tres primeros meses del año se han efectuado casi 3,6 millones de contratos, cifra un 3,3% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 1,5 millones han sido contratos fijos (+3,7%) y 2,03 millones, temporales (+2,9%).

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en febrero de 2026 (último dato disponible) la cifra de 2.255,5 millones de euros, un 3,2% más que en igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.610,2 euros en el mes de febrero, un 23,9% más.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 1.035,7 euros el pasado mes de febrero, lo que supone un aumento de 21,2 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,1%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en el segundo mes del año en 1.842.216 personas, cifra un 2,5% inferior a la de febrero de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 77,8%, se situó el pasado mes de febrero en el 80,7%, la más alta en este mes dentro de la serie histórica.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este lunes las cifras de desempleo de marzo y la estadística de prestaciones de febrero.

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde a un nuevo acuerdo para regular la constitución y gestión de las listas de reserva de personal, con el objetivo de mejorar la agilidad en los procesos de contratación y adaptarse a las necesidades actuales de la administración pública. Así lo ha anunciado este lunes la concejal de Personal, Cintia Bustos, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, en la que ha detallado los cambios introducidos respecto al modelo vigente desde 2016.

“Llevamos prácticamente diez años trabajando con el acuerdo anterior, lo que nos ha permitido detectar disfunciones que entorpecían el procedimiento de llamamiento”, explicó Bustos, quien subrayó que uno de los principales problemas era el agotamiento frecuente de las listas de reserva y la lentitud en los procesos de selección.

El nuevo sistema establece un modelo estructurado que regula de forma más clara la constitución, gestión y funcionamiento de las listas de reserva. Entre las principales novedades destaca la creación de una lista excepcional, pensada para situaciones en las que tanto las listas ordinarias como las extraordinarias se encuentren agotadas.

En estos casos, se podrá recurrir a aspirantes que, aunque no hayan superado todo el proceso selectivo, sí hayan aprobado uno o varios ejercicios. Estos candidatos serán ordenados en función del número de pruebas superadas.

Según explicó la edil, esta lista tendrá una vigencia de tres años o hasta la creación de una nueva, y se regirá por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Para resolver empates, se utilizará el criterio de la letra inicial del primer apellido, conforme al sorteo establecido al inicio de cada proceso selectivo, en línea con otras administraciones como la Junta de Andalucía.

Refuerzo de la provisión urgente de interinos

Otra de las medidas destacadas es la regulación de un procedimiento urgente para la provisión de personal interino. Cuando no haya candidatos disponibles y exista un proceso selectivo en marcha, se podrá recurrir a aspirantes que ya hayan superado alguna prueba dentro de ese mismo proceso.

Una vez finalizado dicho proceso selectivo, se constituirá la correspondiente lista de reserva con los aspirantes que hayan aprobado.Uno de los cambios más significativos afecta a los tiempos de respuesta en los llamamientos. El nuevo acuerdo reduce el plazo de contestación de 24 horas a solo dos horas desde la notificación por correo electrónico, tras un primer contacto telefónico a primera hora de la mañana.

Si no se obtiene respuesta, se realizarán nuevos intentos de contacto durante la mañana. La medida busca acelerar al máximo la cobertura de puestos urgentes, manteniendo la posibilidad de justificar la no respuesta en determinados supuestos recogidos en el acuerdo. “Lo que pretendemos es agilizar al máximo los procedimientos y adaptarnos a una administración que crece y que necesita dar respuesta rápida a la demanda de personal”, señaló Bustos.

El nuevo sistema también responde a la necesidad de adaptación a la Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía, así como al proceso de transformación digital del consistorio y su plataforma electrónica. Según la concejal, estos cambios permiten modernizar la gestión de recursos humanos y corregir las deficiencias detectadas en el modelo anterior.

Cesión del kiosco-bar Balcón del Guadalquivir

En materia de contratación, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado el expediente de concesión demanial del uso privativo del kiosco-bar Balcón del Guadalquivir a favor de Sadeco por un periodo de 75 años.

El inmueble se destinará a labores logísticas y de almacenamiento para actividades que se desarrollan en el entorno de El Arenal, como la feria o mercadillos.

La previsión de contratos que se realizarán para cubrir la campaña de Semana Santa en la provincia de Córdoba supondrá un incremento del 15,9% respecto al año pasado. Se prevé que se realicen un total de 2.025 contratos, frente a los 1.747 del mismo periodo del año pasado, según los datos del informe emitido por la consultora sobre empleo Randstad.

En su informe, se indica que Andalucía se consolida como la comunidad autónoma que más empleo generará durante la campaña de Semana Santa de 2026. Se esperan 29.255 contratos, un 8,5% más que en 2025, lo que representa cerca del 18% del total nacional, situando a la región como motor del empleo estacional en estas fechas.

Sevilla será una de las provincias que registrará un mayor volumen de contrataciones durante la campaña, con 6.535 contratos, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior. Málaga alcanzará las 6.650 contrataciones, la cifra más alta de la región, pero será la única provincia que registrará un descenso respecto a 2025 tanto en Andalucía como en España, con un 3,7% menos de contratos.

Estas cifras consolidan a ambas provincias como los principales polos de empleo estacional de la región, aunque Málaga se ve claramente afectada por el retraso en la normalización de la línea de alta velocidad entre Madrid y Málaga, que según las últimas previsiones de Adif no recuperará la operatividad directa hasta finales de abril de 2026. Esto supone un duro golpe para el mercado laboral de la provincia en uno de sus momentos más críticos. La incertidumbre y el aumento del tiempo de viaje ya han provocado una caída de reservas hoteleras de entre el 25% y el 30% para la campaña de Semana Santa. Este frenazo en la demanda impacta directamente en la contratación estacional y hace que las previsiones sean mucho más débiles que el resto de la geografía.

Detrás se sitúan Cádiz, que generará 4.870 contratos (+12,5%), y Granada, con 2.840 firmas (+8,1%), dos destinos clave para el turismo cultural y religioso que mantienen un comportamiento dinámico durante estas fechas.

En el resto de las provincias también se observa una evolución positiva. Almería alcanzará 2.350 contratos (+11,9%), mientras que Huelva registrará 2.120 firmas, con uno de los mayores incrementos de la región (+16%). Por su parte, Córdoba generará 2.025 contratos (+15,9%) y Jaén llegará a 1.865 contrataciones, con el mayor crecimiento del conjunto de provincias (17,1%).

Andalucía, la región con menor crecimiento respecto a 2025

A nivel nacional, la campaña de Semana Santa generará 164.160 contrataciones, lo que supone un incremento del 12,1% respecto al año anterior, cuando se registraron 146.455 contratos.

En este contexto, Andalucía liderará la creación de empleo durante esta campaña, con 29.255 contratos previstos. Tras ella se sitúan Cataluña, con 25.375 contratos, y la Comunidad de Madrid, que alcanzará 22.510 firmas, mientras que la Comunidad Valenciana completará el grupo de las cuatro regiones con mayor volumen de contratación, con 16.795 contratos. En conjunto, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana concentrarán casi seis de cada diez contratos que se generarán en todo el país durante esta campaña.

En cuanto al crecimiento porcentual, Andalucía se sitúa como la región con un menor crecimiento de contratos (+8,5%). En este sentido, le siguen las regiones de Asturias (+8,6%), Castilla-La Mancha (+9,57%) y La Rioja (+10,52%), todas por debajo de la media nacional (+12,1%.).

La hostelería liderará la contratación durante la campaña

Al igual que ocurre en el conjunto del país, el sector de la hostelería concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de Semana Santa en Andalucía. A nivel nacional, este sector generará 142.300 contratos, lo que supone un 13,7% más que en 2025 y representa más del 87% del total de firmas previstas para esta campaña.

En segundo lugar, se sitúa el sector del transporte y la logística, impulsado por el incremento de desplazamientos y la actividad comercial asociada a estas fechas. En todo el país, este ámbito generará 12.710 contratos, un 3,7% más que el año anterior, representando más del 8% del total.

Finalmente, el sector del entretenimiento también registrará un crecimiento de la contratación vinculado al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas. En España se prevé la creación de 9.150 contratos, un 1,1% más que en 2025, lo que representa más del 5% del total de vacantes de esta campaña.

Camareros, cocineros y repartidores, entre los perfiles más demandados

La campaña de Semana Santa impulsará especialmente la demanda de profesionales vinculados a la actividad turística y al servicio al cliente. Entre los perfiles más solicitados destacan camareros de sala, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, así como conductores, repartidores y personal logístico para hacer frente al incremento de desplazamientos y actividad en el sector servicios. También se registrará una mayor demanda de guías turísticos, animadores y personal de ocio, vinculados al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas. 

Además de estos perfiles operativos, el sector continúa requiriendo puestos más especializados y de mayor responsabilidad, como jefes de sala, coordinadores de eventos, gerentes de restaurante o perfiles especializados en gastronomía, que reflejan la creciente profesionalización de la industria turística y hostelera.

De cara a 2026, uno de los principales retos del sector será atraer y retener talento en un contexto de alta demanda y fuerte competencia entre empresas turísticas y de servicios. Las compañías buscan cada vez más profesionales con experiencia, capacidad de trabajar en entornos dinámicos y dominio de idiomas, especialmente en destinos turísticos internacionales. Al mismo tiempo, la mejora de las condiciones laborales, la formación continua y la digitalización de los servicios se consolidan como factores clave para reforzar la competitividad del sector y garantizar una experiencia de calidad para los visitantes.

La segunda semana laboral completa de huelga médica ha cerrado este viernes en Andalucía con el dato de participación más alto después de cinco días consecutivos de paro. Concretamente, el seguimiento medio en la comunidad ha sido de un 25,5%. El lunes el seguimiento fue del 22,01%; el martes, 21,95%; el miércoles, 23,96% y el jueves, 22,52%. Por provincias, en Almería, la participación ha sido del 31,66%; en Cádiz, 27,60%; en Córdoba, 19,82%; en Granada, 23,44%; en Huelva, 30,51%; en Jaén, 19,03%; en Málaga, 26,36% y en Sevilla, 25,86%.

Son los datos aportados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a Europa Press. Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han hecho un balance “muy positivo de la semana de huelga médica desarrollada en Andalucía, una convocatoria que, tal como han recogido en una nota, ”ha vuelto a poner de manifiesto la unidad, la determinación y la firmeza del colectivo médico y facultativo andaluz en defensa de sus derechos laborales y del futuro de la sanidad pública“.

El SMA ha cifrado el seguimiento en algo más del 80% entre los facultativos y ha subrayado que “los datos globales ofrecidos por las administraciones no reflejan con fidelidad la realidad del conflicto, ya que incluyen en el cómputo a profesionales que se encuentran en servicios mínimos, de guardia o salientes y que, por tanto, no podían secundar efectivamente la convocatoria”. “Esta semana de movilización --continúa el comunicado de la central sindical-- ha servido para demostrar que el rechazo del colectivo médico andaluz al actual proyecto de reforma del Estatuto Marco sigue intacto”.

Ha recordado de nuevo que la protesta responde a la “necesidad urgente de acabar con el deterioro continuado de nuestras condiciones de trabajo, la sobrecarga asistencial, la falta de reconocimiento profesional y la ausencia de una regulación específica que responda a la singularidad de la profesión médica y facultativa”.

Decathlon, la marca multideporte mundial, ha iniciado una campaña de contratación con motivo de la inauguración de su nueva tienda en Córdoba, que abrirá a finales de abril en el centro de la ciudad.

Decathlon prevé contratar a 9 vendedores y vendedoras deportistas que se incorporarán al equipo del nuevo establecimiento. En concreto, la compañía busca colaboradores apasionados por el deporte, con orientación a la venta asesorada, capaces de ofrecer un servicio cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente y contribuir a mejorar la experiencia, tanto en el comercio físico como en el digital.

Según informa la compañía en una nota, las personas seleccionadas desarrollarán su actividad en un entorno dinámico, asumiendo responsabilidades desde el inicio y participando activamente en la experiencia del cliente.

Decathlon apuesta por la formación continua y la promoción interna como pilares clave de su modelo de gestión de personas, impulsando el desarrollo de las habilidades de cada colaborador. De esta forma, se favorece que cada uno construya su propio recorrido profesional dentro de la organización.

Para Nerea Mancebo, directora de Decathlon City Córdoba: “Con la apertura de esta nueva tienda en el corazón de la ciudad, reforzamos nuestro compromiso de acercar el deporte a la vida cotidiana de todos los cordobeses y cordobesas. Buscamos crear equipos que conecten con la comunidad local y que hagan que la práctica deportiva sea más accesible para todos”.

Las personas interesadas en formar parte de la compañía pueden consultar las vacantes disponibles y enviar su candidatura a través del portal de empleo de Decathlon.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) en Córdoba, ha denunciado en un comunicado la “situación límite” en la que se encuentran los catorce embalses ubicados en la provincia, ya que, a pesar de los anuncios realizados por el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de más inversión en estas infraestructuras, “la falta de personal y el deterioro de estas instalaciones comprometen la gestión de emergencias en un contexto como el actual marcado por borrascas e inundaciones recurrentes, como las ocurridas hace un mes”.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que embalses estratégicos, como es el caso del de Guadanuño, solo cuentan con dos trabajadores adscritos en la actualidad, mientras que en las grandes presas, como ocurre en la de Iznájar, Yeguas y San Rafael de Navallana, apenas disponen de seis operarios, lo que obliga a realizar turnos con una sola persona.

El representante sindical considera que, pese a que se espera la incorporación de unos 50 trabajadores en Andalucía y se ha anunciado una inversión urgente de unos 40 millones de euros, “estas cifras son insuficientes para cubrir las más de 200 vacantes necesarias solo en lo que se refiere a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir”. El sindicato indica que, a todo esto, se suma que personal cualificado que trabajaba en los embalses está abandonando sus puestos al tener los salarios más bajos de la Administración y la dureza que supone trabajar en entornos aislados y sin servicios básicos.

Muñoz también lamenta que gran parte de estas instalaciones están envejecidas y con un estado de mantenimiento que es “deficiente”. “En embalses e Córdoba hay desagües de fondo bloqueados por especies invasoras como el mejillón cebra, lo que impide a los operarios realizar correctamente las maniobras necesarias ante las crecidas”, recalca el máximo representante del Sector de AGE de CSIF Córdoba.

Ante esta situación, el sindicato demanda al Ministerio la implantación obligatoria de dotaciones de personal mínimas en embalses de categoría A, que son aquellos cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. Del mismo modo, la central sindical reclama la aprobación del complemento específico del agua para reconocer la responsabilidad y penosidad del trabajo, así como la cobertura inmediata de todas las jubilaciones que no han sido repuestas desde hace décadas.

CSIF señala que, de no adoptarse medidas inmediatas por parte del Gobierno que garanticen la dignidad profesional y la seguridad de la ciudadanía, se iniciará un calendario de movilizaciones en estas infraestructuras en todo el conjunto del país.

Un joven de 22 años ha resultado herido tras sufrir un accidente laboral en una cooperativa en el municipio de Lucena (Córdoba), al quedar atrapado en una máquina.

Los hechos ocurrieron este viernes sobre las 18:45. A esa hora, el servicio de Emergencias 112 recibió un aviso por parte de sanitarios que habían acudido a la cooperativa, tras quedar un hombre con un brazo atrapado en un rodillo de una máquina, según confirman a este periódico desde Emergencias.

En ese momento, se reclamó la asistencia de los bomberos, que acudieron para liberar al herido del lugar donde había quedado atrapado, en la cooperativa olivarera de Lucena. Tras ello, los servicios sanitarios evaluaron al joven herido y ordenaron su traslado al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Asimismo, Emergencias también activó a la Policía Nacional y a la Policía Local para que acudieran al lugar de los hechos, además de informar del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Año y media de problemas en los pagos de sus nóminas, de las que a la mayoría se les deben actualmente las de diciembre, enero y febrero. La plantilla del restaurante El Caballo Rojo de Córdoba ha protagonizado este sábado una concentración de protesta con una sonora pitada a las puertas del establecimiento, para reclamar que se les abonen sus salarios.

“Años de lealtad, meses sin pagar” era el mensaje que rezaba en la pancarta que han exhibido en la protesta, donde se han concentrado gran parte de los 21 trabajadores de la plantilla, desde personal de cocina, a jefe de sala y limpiadoras.

“El que menos, llevamos veinte años trabajando aquí”, ha explicado a Cordópolis el delegado sindical de la plantilla, Miguel Ángel Morato. “Hay gente que tiene que pagar la hipoteca, el alquiler, manutenciones, gente que viene cada día de pueblos a trabajar... y todo eso hay que pagarlo”, ha expuesto sobre las situaciones personales que sufren los trabajadores con los impagos.

“Lo que queremos es trabajar, pero cobrando”, argumenta, sobre la situación en que se ven y cómo han tomado este paro y protesta como medida de presión ante la empresa que, de momento, no ha movido ficha.

Demandas de los trabajadores

Desde el sindicato CCOO, la responsable de Servicios, María José Merino, cuenta cómo desde hace año y medio la plantilla comenzó a tener problemas de pago de sus salarios, cómo la empresa ha ido haciendo algunos abonos en este tiempo, pero actualmente se encuentran con que a la mayoría de los trabajadores se les debe tres nóminas. “La empresa no contesta, no ha acudido al Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) y ya están puestas las demandas por parte de cada trabajador”.

Sobre la situación del restaurante, en plena Judería cordobesa, señala que al negocio no le falta clientela y apuntan a “una mala gestión” como causa de los impagos. Ante esta situación, la plantilla acordó ir a la huelga -por primera vez en su historia- los sábados que restan de marzo y prolongar ese parón también en la Semana Santa.

El personal ya anunció el pasado mes de diciembre una huelga por el impago de nóminas que venía sufriendo desde octubre. Finalmente, la plantilla decidió entonces suspenderla por el compromiso de la empresa de abonar las cantidades que adeudaba a la plantilla. Aunque en diciembre les abonó la paga extra de Navidad, la empresa no cumplió su compromiso de pagar los salarios que adeudaba y se sigue retrasando en el pago de las nóminas, que abona a plazos, a unas personas sí y a otras no, generando un enorme malestar entre la plantilla, que viene sufriendo esta situación desde que la actual gerente tomó las riendas del emblemático establecimiento a finales de 2023, señalan desde CCOO.

Los operadores de grúas-torre han pedido este jueves al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que medie ante la directiva de la patronal de la construcción, Construcor, para “desbloquear la situación” que mantiene en huelga al colectivo desde hace once días, “por la intransigencia de la patronal de sentarse a negociar una mejora salarial, tal y como se acordó en noviembre”.

Los representantes de los gruistas, que han estado acompañados por el secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba, David Quintana, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, se han reunido también con los concejales del grupo del PSOE, con el mismo objetivo de explicarles el motivo de la huelga, “que no es otro que negociar una subida salarial que equipare los salarios de este colectivo al del resto de los profesionales que trabajan en el sector”.

En ambas reuniones, tanto Quintana como el portavoz de los operadores de grúas-torre, el delegado de UGT Antonio Herencia, han manifestado “la importancia de este colectivo que mantiene paralizadas más de 60 obras en toda la provincia”.

En este sentido, han recordado a los representantes municipales que “sin la grúa-torre, los demás profesionales no pueden trabajar”, y han advertido de que “algunas constructoras están usando subterfugios para evitar el efecto de la grúa, como contratar a camiones de mudanza y camiones grúa, que no tienen las certificaciones ni la formación en prevención de riesgos laborales necesarias para trabajar en la obra, cuestión que ya ha sido puesta en conocimiento de la autoridad laboral”.

Además, han destacado “la enorme responsabilidad que conlleva el manejo de estas grúas”. De hecho, “los operadores son los únicos profesionales de las obras que tienen responsabilidad penal, precisamente, por la importancia de las consecuencias que puede tener un accidente de una grúa-torre”, han aseverado.

Perjuicios y costes

Mientras, el colectivo ha lamentado “el perjuicio que está causando por el retraso y paralización de las obras”, pero también ha destacado que “los costes que va a suponer esta paralización ya superan con creces el aumento salarial” que solicitan, “que es de 25 euros sobre una parte de su salario actual”.

En cualquier caso, han remarcado que “los gruistas no son los que están provocando la paralización de las obras, es la patronal Constructor y su negativa a sentarse a negociar la que causa esta lamentable situación”. Por ello, han vuelto a tender la mano a la parte empresarial, “para que como ya se ha hecho en la vecina provincia de Sevilla, se sienten a negociar, porque hay soluciones legales”.

En este sentido, tanto CCOO como UGT han pedido a Construcor que “escuche a sus asociados, muchos de los cuales apuestan por la negociación para dar una salida a un conflicto que no beneficia a nadie”.

Construcor exhibe unión frente a la huelga convocada por los gruistas

Por su parte, desde la secretaría general de Construcor se ha emitido un comunicado con el que quieren “dejar claro que siempre ha estado dispuesta y sigue estando dispuesta a negociar”. Añade que, de hecho, cuando surgió el conflicto, la asociación asumió el compromiso de trabajar para atender las reivindicaciones de los gruistas y ofreció una medida transitoria extraordinaria: mantener un incremento del plus de gruista mientras se consultaba a la Comisión Paritaria del sector (formada por sindicatos y empresarios) a nivel nacional, donde se vela por el cumplimiento del Convenio General del Sector de la Construcción.

Explica que esa consulta se elevó porque el denominado plus de gruista es una materia que no es libremente negociable, ya que tiene límites expresamente establecidos en el artículo 50 del Convenio de la Construcción, que es la norma que regula el conjunto del sector en toda España.

Dicho de otro modo: ni las empresas ni los sindicatos provinciales pueden negociar por encima de los límites fijados en el convenio general, porque se trata de una norma de obligado cumplimiento para todos. Pretender lo contrario supone, sencillamente, ignorar la regulación que rige nuestro propio sector. Y las pretensiones de los gruistas están por encima de los límites fijados en el convenio del sector. De ahí, la consulta, que contó con el compromiso de los gruistas y los sindicatos, indica el comunicado.

Esta medida transitoria consistió en subir el plus de 13 a 25 euros (noviembre y diciembre) y en enero actualizarlo con el IPC. Tal y como se ha hecho y tal como se ha abonado. Todo ello, repetimos, mientras se esperaba el dictamen de la Comisión Paritaria.

Construcor argumenta que los gruistas han convocado la huelga exigiendo ahora que ese plus, que ya se subió un cien por cien, se suba otro cien por cien sobre esa cantidad. Es decir, de los 26 euros actuales -y transitorios, subidos desde los 13- a 52, “algo que no solo se ha hablado o discutido, sino que se ha convertido en su única propuesta, trasladada además poniéndose en huelga sin más”.

“Construcor y el sector están absolutamente unidos frente a la huelga por estas razones tan evidentes y no puede admitir una huelga convocada de esta manera, rompiendo de improviso el compromiso asumido, ni puede aceptar que los huelguistas mientan sobre su convocatoria”, sostiene la patronal del sector.

Además, y en contacto diario con las empresas del sector, recuerdan que mantienen relaciones directas y fluidas con sus trabajadores y saben que buena parte del colectivo no está recibiendo una explicación clara de que lo que se está reclamando.

Sostienen que resulta especialmente grave que quienes dicen representar al colectivo de trabajadores hayan optado por personalizar este conflicto señalando públicamente a personas concretas, como la presidenta los vicepresidentes o el consejo de Gobierno de Construcor y traten de confundir a las administraciones y a la sociedad mintiendo abiertamente sobre lo que están buscando: una subida consolidada del 400 por ciento, callando que ya se les había subido un 100 por cien como gesto de buena voluntad mientras se esperaba el dictamen de la Comisión Paritaria.

Construcor lamenta profundamente que se haya optado por esta vía y reitera que seguirá defendiendo “un marco de negociación serio, responsable y respetuoso con las reglas que rigen el sector. Porque negociar siempre es posible, pero nunca fuera del cauce legal y menos con mentiras, ruido y amenazas”, concluye el comunicado.

Los apartamentos turísticos de Córdoba capital tienen a una media de un trabajador por cada diez plazas útiles para viajeros que hospedan. Así se desprende de los datos recogidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) sobre la encuesta de ocupación en apartamentos turísticos de la comunidad autónoma donde se ofrecen detalles como el número de personal empleado en estos alojamientos.

En relación con los apartamentos turísticos de Córdoba ciudad como punto de afluencia de visitantes, los datos actualizados de enero de 2026 señalan que se calcula que hay 470 de estos alojamientos en la capital y que ofrecen hasta 1.462 plazas para hospedar a turistas.

A la vez, se indica que el número de personas empleadas en el total de apartamentos turísticos es de 135, por lo que correspondería una media de un trabajador por cada diez plazas para viajeros en este tipo de alojamientos.

Asimismo, la estadística ofrece datos sobre el grado de ocupación de los apartamentos turísticos en Córdoba en el mes de enero. Así, la ocupación en función del número de plazas llegó al 31,86%. Si se calcula la ocupación en función del número de apartamentos, fue del 45,99%. Y si se mira solo la ocupación de los apartamentos en fines de semana, la ocupación en ese mes llegó al 62,40%.

Datos en la provincia

El análisis del IECA también aporta datos respecto al conjunto de apartamentos turísticos en toda la provincia de Córdoba, aunque es la capital la que tira de este tipo de alojamiento. En la provincia se estima que hay 651 alojamientos de este tipo.

En ellos se ofrece un total de 2.168 plazas para que se hospeden turistas y, sobre las personas con empleo en estos apartamentos, la cifra asciende 182.

Córdoba es la penúltima provincia de Andalucía con un número menor de trabajadores en los apartamentos turísticos. Solo Almería tiene menos, con 163. Los datos que ofrece el IECA muestra cómo lidera este listado Málaga con 2.780 trabajadores, seguida de Sevilla con 1.146 y Granada con 738.

Tras ellas se sitúa la provincia de Cádiz con 574 personas empleadas, Huelva con otras 246, Jaén con 190 y las citadas Córdoba (182) y Almería (163). En total, la suma en Andalucía de trabajadores en los apartamentos turísticos asciende a 6.019 personas.

El pasado viernes 27 de febrero a última hora de la mañana, los trabajadores de la planta de Pharmex en Almodóvar Río (Córdoba) fueron llamados al salón de actos y recibieron la noticia de que 32 compañeros iban a ser despedidos. En ese momento, a la mente de muchos de ellos volvieron imágenes y experiencias de hace años, cuando sufrieron el concurso de acreedores de la entonces fábrica de Laboratorios Pérez Giménez que les dejó en la calle hasta que, tiempo después, fraguó la compra de la planta por Pharmex. Dos crisis laborales que han marcado a alrededor de una decena de trabajadores de la fábrica que vivieron, primero, la agonía del concurso de acreedores y la espera hasta que una nueva empresa la compró y, ahora, el despido.

Gema y Lucía -nombres ficticios para preservar su anonimato ante la situación en la que se encuentran- son dos de las trabajadoras marcadas por sendas crisis laborales en la fábrica. “Luchamos muchísimo para que aquella empresa (Laboratorios Pérez Giménez) no se cerrara, por mantener una empresa de ese tipo aquí...Y ahora tenemos la sensación de que esa lucha tan grande, ese esfuerzo, no se ha valorado”.

Gema hace esta reflexión recordando su experiencia en la primera crisis. Fue en marzo de 2012 cuando los gestores de Pérez Giménez se vieron incapaces de hacer frente a las deudas y solicitaron el concurso de acreedores. Pérez Giménez era dirigida por el nieto del creador del popular Calmante Vitaminado, que era el analgésico español más vendido. Creado en 1954 en un pequeño laboratorio de Aguilar de la Frontera, triunfó en plena depresión económica franquista, cuando la importación de medicamentos era muy cara e inalcanzable para la mayoría de los españoles. En 2009, se inauguraron las instalaciones de Almodóvar del Río. Esta operación estaba hipotecada a la construcción de un centro comercial en los suelos liberados por la antigua fábrica, que nunca llegó a producirse. La empresa que tenía que hacerlo denunció a Pérez Giménez y ahí arrancó la cascada de problemas. Un año después de inaugurar a bombo y platillo la fábrica, la familia Pérez Giménez fue incapaz de hacer frente a la deuda y se vio forzada a vender la fábrica por un precio simbólico de un euro. Luego, llegarían varias empresas con sus ofertas que no cuajarían, dejando un camino de agonía para los trabajadores, que se vieron en la calle, con protestas y lucha por sus empleos. No sería hasta 2016 cuando la fábrica quedó en manos de Pharmex, que ahora ha echado a la calle a tres cuartas partes de la plantilla.

“Es que es la segunda vez”, dice en conversación con Cordópolis esta trabajadora, que se enteró de su despido estando de vacaciones con unos días libres y una amiga se lo dijo por la calle. Ella recuerda cómo en la crisis de Pérez Giménez, un día reunieron a los trabajadores para informarles de que “la empresa tenía problemas económicos, pero que no nos preocupáramos, que no habría problemas. Al poco tiempo, nos dijeron que entrábamos en concurso de acreedores”. En aquella situación, los empleados no habían podido abandonar la empresa hasta deberles tres nóminas y, “cuando iba a cumplirse ese periodo, nos ingresaban un poco de dinero. Así estuvimos mucho tiempo”. Luego, con la administración concursal, les dijeron que “llegarían empresas importantes a interesarse por la fábrica y que contarían con nosotros”.

Cierre de la fábrica: “Tuve que dejar mi casa”

La fábrica llegó a cerrarse y abandonar toda producción. Antes, los trabajadores habían peleado por mantener al menos parte de la actividad, como la planta de agua. “Como no estábamos despedidos, teníamos que ir, aunque ya no hubiera actividad”. Pero el cierre fue inevitable. Hubo trabajadores que presentaron demandas y después Pharmex se tuvo que hacer cargo del pago de esas cantidades. Otros, no demandaron, como Gema y cobraron lo estipulado por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El impacto a nivel personal de aquella experiencia fue “tremendo”. “Me tuve que ir de mi casa a vivir con mi hermana y alquilarla hasta que alguien la comprara”, explica sobre cómo la falta de empleo e ingresos le afectó.

Para Lucía, su trabajo en Pérez Giménez era su primer empleo. “En aquella época no sabía lo que era un concurso de acreedores”, recuerda, y tuvo la suerte de que sus padres la ayudaran al quedarse sin trabajo. Ahora, el despido de Pharmex le “viene ya con un poco de experiencia. Pero da mucha rabia ver cómo puede pasar otra vez lo mismo, con la misma fábrica”. Y le pilla con dos hijos pequeños: “Es duro”.

En la época de Pérez Giménez -rememora-, “había trabajo, fabricábamos muchísimo para otras farmacéuticas, pero ahora con Pharmex la producción era muy intermitente, nunca era lineal, no ha habido objetivos claros y nunca hemos visto que saliese mucha producción”. Pero los trabajadores, seguían cobrando hasta que comenzaron los problemas. “Desde hace un año comenzó a haber problemas con retrasos de las nóminas”.

Retraso de nóminas y despidos inminentes

Gema también señala esa situación en los últimos tiempos. Con la llegada de Pharmex, recuerda cómo al principio se incorporaron los antiguos trabajadores, había actividad y la empresa les ofrecía “gratificaciones”. “Pero empezamos a darnos cuenta de que había picos de actividad, era intermitente”. Hubo despidos puntuales y sustituciones y retrasos en algunas nóminas. Y la situación ha degenerado en los últimos meses gravemente: “No teníamos papel higiénico, ni jabón ni agua para beber. Era algo muy llamativo”.

Y, como apuntan ambas, el ambiente era “horrible”, con un “trato vejatorio y exigencias” a los empleados. De hecho, remarcan, la comunicación de los despidos se ha hecho “sin aportar documentación ni información, solo con papel en el que dicen que se hace ”por cuestiones económicas y, como consecuencia, no pueden pagarnos ahora el finiquito y lo harán en breve“. ”Lo considero inhumano, las cosas no se hacen así“. En ese sentido, denuncian que entre los compañeros despedidos hay personas que estaban de baja laboral, alguna mujer embarazada y trabajadores con edad próxima a la jubilación.

Ahora, tras los 32 despidos, la fábrica de Pharmex en Córdoba se ha quedado con una docena de empleados y, con ello -señalan estas extrabajadoras-, con despidos que han dejado a la planta “sin dirección técnica, sin recursos humanos y sin responsable de riesgos laborales”, apuntan sobre la incertidumbre de la continuidad de la planta. Incertidumbre y shock como el que viven ahora los empleados despedidos, que rememoran las dos crisis laborales vividas en la misma fábrica. “Me han jodido la vida”, sintetiza Gema.

La Sección Sindical de CCOO en Correos de Córdoba ha criticado este miércoles que la empresa pública “está aplicando un nuevo recorte de plantilla en la provincia, con la supresión de, al menos, seis puestos de trabajo fijos durante el mes de febrero”, a lo que Correos ha respondido que “la asignación del personal se ajusta a los volúmenes actuales de envíos” y a sus “necesidades operativas”, de modo que garantiza la “calidad” de su servicio “en toda la provincia”.

En primer término y a través de una nota, el sindicato ha señalado que la “política de ajuste” de Correos en la provincia “supone menos empleo estable, más sobrecarga para la plantilla y un claro empeoramiento del servicio público postal”, pues “la falta de cobertura es ya estructural en numerosas unidades”.

Así, según ha precisado CCOO, “la situación es alarmante en muchos centros”, pues “en Rute, de cinco plazas solo se cubren tres; en Cabra, de siete se cubren cuatro; en Montilla, de 19 plazas, están cubiertas 12, y en Córdoba la Unidad de Reparto 3 tiene cubiertas 25 de las 34 plazas, mientras que la Unidad de Reparto 4, de 24 plazas cubre 14, y la Unidad de Servicio Especial (USE) tiene cubiertas 13 de las 19 plazas”.

Para CCOO, “con la plantilla al 60% es imposible garantizar el reparto diario en todos los domicilios. La acumulación de envíos afecta directamente a la ciudadanía, especialmente, cuando se trata de citas médicas, notificaciones administrativas o comunicaciones judiciales, que llegan fuera de plazo en muchas ocasiones”.

Respuesta de Correos

Por su parte y en una nota remitida a Europa Press, Correos ha asegurado la prestación del servicio en la provincia de Córdoba “está garantizada con la calidad requerida”, ya que la actividad de la compañía se desarrolla “adaptándose en cada momento al volumen de negocio, aplicando las medidas organizativas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento”.

De este modo, “la asignación del personal se ajusta a los volúmenes actuales de envíos y a sus necesidades operativas, con el objetivo de cumplir los plazos de entrega y los niveles de calidad comprometidos para cada tipo de producto, respetando las condiciones laborales del conjunto de la plantilla”.

Por último, Correos ha recordado que, “como entidad pública”, tiene “la responsabilidad de gestionar de forma eficiente sus recursos humanos, logísticos y tecnológicos, para garantizar el cumplimiento de los compromisos de calidad adquiridos por la compañía”.