Septiembre significa el reinicio de la actividad para mayores y pequeños después de un periodo más o menos largo de vacaciones, de jornadas donde no hay ni horarios ni tareas marcadas. Volver a la rutina supone un proceso de readaptación al que el cuerpo y la mente responden de distintas formas, provocando unos días o incluso semanas en los que cuesta llevar a cabo esa adaptación. Y ahí, se abren paso el cansancio, la apatía, la irritabilidad, la falta de concentración, el sueño y el estrés como algunos de los efectos que tiene el intentar volver a la rutina y la actividad laboral o académica.

“Con la vuelta a la rutina nos enfrentamos a un proceso de readaptación, de cambios de horarios y demanda de actividad y tiempos”, explica a Cordópolis la investigadora pre doctoral de la Universidad de Córdoba (UCO) e integrante del grupo de Psicología Aplicada del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba(Imibic), Sandra Marqués. Durante las vacaciones han desaparecido esas demandas laborales o académicas, hay horarios más flexibles y disminuye el nivel de estrés y aumenta el bienestar -explica la experta-. “Ahora hay que volver a adaptar nuestros horarios y esa transición genera a veces malestar en algunas personas”.

“El cansancio, la apatía, la irritabilidad, el sueño o la dificultad para concentrarse son respuestas a esa adaptación” durante varios días o semanas, según las personas. “Pasamos de tener más control sobre nuestro tiempo en vacaciones a tener menos tiempo disponible. Y eso puede generar más estrés, con los horarios y obligaciones de la rutina. En vacaciones hemos tenido más libertad para decidir qué hacemos y esa pérdida de libertad genera estrés”, señala.

Lo que habitualmente cuesta más es enfrentarse a recuperar los horarios ciertos hábitos como el sueño. “Durante las vacaciones solemos acostarnos y levantarnos más tarde y volver de forma brusca al horario habitual -ya sea del trabajo o de clase- puede hacer que estemos más cansados y nos cueste concentrarnos en la tarea más”.

“No exigirnos estar al 100% el primer día”

Como consejos para que este proceso de adaptación no provoque problemas, esta psicóloga indican que es oportuno “retomar la rutina de forma gradual, no exigirnos estar al 100% el primer día o ponernos de todo al día durante una mañana. Es algo más complicado y debe ser progresivo”. Otro de los puntos clave es “tener unos hábitos adecuados de sueño” y no sobrecargarse de tareas ni establecer grandes objetivos, sino ir paso a paso. Y, junto a ello, no dejar los momentos de descanso y de socialización de los que hemos disfrutado en vacaciones: “Hay que mantener los encuentros con amigos y la familia”.

Este proceso de adaptación se da tanto en adultos como en niños, unos con la recuperación de las responsabilidades laborales y familiares -lo que aumenta la percepción de tener poco control sobre el tiempo propio-, y otros con las tareas académicas. “La diferencia entre adultos y niños está en que los primeros tienen capacidad para identificar y poner palabras a aquello que están sintiendo, a su malestar. Los niños hacen eso de manera más indirecta: pueden estar más irritables, llorar más fácilmente... es importante saber interpretar ese comportamiento del niño porque puede responder a una dificultad para adaptarse” a la rutina. “Es importante explicarle a los niños los pasos que van a dar para ir volviendo poco a poco a sus tareas”.

Con todo, en la adaptación a la vuelta a la rutina confluyen distintos factores, como variables psicosociales que influyen junto a las circunstancias externas en cada persona. “No es lo mismo unas vacaciones basadas en el descanso que unas llenas de actividad donde no ha habido tiempo de recuperación. Y luego también influyen factores como los recursos de cada persona, la gestión de sus emociones, la carga laboral que conlleva su trabajo, etcétera. Juegan muchos factores”, advierte. Y ahí, los estudios que llevan a cabo desde el grupo de Psicología Aplicada del Imibic, ayudan a comprender cómo se relacionan esos factores con el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas en general y, en una época como esta, en la vuelta a la rutina que marca septiembre.

Las temperaturas extremas que vive Córdoba durante el verano hace necesarias distintas medidas de prevención laboral para mantener la seguridad de los trabajadores, con jornadas más reducidas e intensivas en sectores donde se realizan labores en el exterior como en la construcción o el campo, y toda una serie de medidas obligatorias y otras recomendaciones para preservar la salud ante el calor. Sin embargo, la campaña especial de verano ha registrado distintas denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos en este ámbito, aunque se aprecia que, poco a poco, “va calando la cultura de la prevención. Va calando la idea de que el calor mata”.

Quien hace esta reflexión es el secretario de Salud Laboral de CCOO en Córdoba, Aurelio Martín, para dar cuenta de la labor del sindicato en los centros de trabajo ante las temperaturas que ha marcado máximas de calor extremo. La campaña se ha centrado en informar a los trabajadores y en realizar mucha labor de prevención con estos y las empresas, de manera que se tome conciencia de la necesidad de cumplir las medidas ante las altas temperaturas. Pero, no obstante, el verano ha terminado con una decena de denuncias interpuestas por el sindicato ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos en el sector de la construcción y alguna otra en el sector de servicios y comercio.

“Se han realizado visitas a diario a las obras, tanto en el mes de julio como en agosto”, explica sobre la labor sindical. En estas visitas se ha comprobado si las empresas cumplían los horarios establecidos y el resto de normas ante avisos por calor, como proporcionar sombras, agua y pausas en la tarea, y tener equipos de protección adecuados. Si bien se han interpuesto esa decena de denuncias -algunas repetidas a la misma empresa por reiteración de los incumplimientos-, desde el sindicato sí destacan que, “en general, cuando se ha visitado la obra y se ha hablado con el responsable, se han reconducido medidas y se han puesto los medios sin tener que llegar a denunciar”.

“Trabajadores más concienciados”

Algo parecido ha ocurrido en el sector servicios y el comercio, donde CCOO también ha puesto alguna denuncia por mantener temperaturas por encima de las aconsejadas para trabajar o en la hostelería, donde se han advertido de cuestiones que tienen que ver con el trabajo en las terrazas en las horas de más calor. Pero, “en términos generales, se está cumpliendo las normas también porque los trabajadores están más concienciados, saben sus derechos y se quejan cuando hay una ola de calor. Parece que la cultura de la prevención va calando”, reitera. “Va calando de que el calor es un peligro, que hay que tomar medidas y cumplir las normativas”.

En sectores como la industria, donde no hay una jornada intensiva establecida por convenio, es más complicada la labor de prevención del sindicato, al no poder entrar libremente a comprobar las condiciones de trabajo. Por eso, desde CCOO “hacemos un llamamiento constante a los trabajadores, para que si constatan situaciones en las que se están incumpliendo la normativa de riesgos laborales por las altas temperaturas, lo pongan en nuestro conocimiento y podamos actuar”.

Además, desde el sindicato ponen de relieve cómo los efectos de un golpe de calor pueden no darse en el tajo, sino horas después con el trabajador ya en casa. “Nos preocupa que el efecto del calor a veces no da la cara en el momento, puedes pasarte el día trabajando en la calle pero las consecuencias ocurren cuando estás en casa o durmiendo, te da un paro entonces, pero es consecuencia de un golpe de calor”.

Normativa y crítica a la Inspección de Trabajo

Por eso, ese llamamiento a que los trabajadores denuncien estas situaciones ante sus representantes sindicales o bien en caso de empresas pequeñas ante el propio sindicato, va en paralelo al llamamiento que también dirigen a las empresas. “La responsabilidad sobre la seguridad de los trabajadores es de las empresas, que son las que deben darles los medios necesarios, los epis de protección y controlar que los trabajadores tengan las condiciones adecuadas ante temperaturas extremas. Y si no las pueden garantizar, pues tomar medidas como mandarlos a casa o reestructurar horarios, pero no se puede tener a la gente trabajando poniendo en riesgo su salud”.

De hecho, el decreto sobre temperaturas extremas establece que ante un aviso amarillo, naranja o rojo por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se puede llegar a acordar entre empresa y trabajadores una reducción de la jornada durante el periodo del aviso y recuperar esas horas más adelante. De hecho, en este decreto se incluyen medidas que llegan a proponer que el trabajador puede dejar su tarea si no tiene las condiciones adecuadas debido al calor. Se trata del Real Decreto-ley 4/2023 (RD), de 11 de mayo, que establece la obligación del empresario de prever medidas adecuadas frente a los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por frío, viento, lluvia o, como ahora, por calor. Entre esas medidas también está la de proporcionar más descansos, realizar los trabajos físicos más fuertes a primera hora de la mañana y asegurar el acceso a agua fresca.

Precisamente por la importancia de preservar la salud en el trabajo ante el calor sofocante, desde CCOO denuncian la falta de celeridad de la Inspección de Trabajo en actuar ante las denuncias que se interponen. “Echamos en falta una actuación más rápida de la Inspección”, constata Martín-, “no puede ser que se ponga una denuncia en el mes de julio y en septiembre que estamos no haya ido ningún inspector a la empresa a ver qué está pasando”, para constar qué ocurre en el momento del incumplimiento.

Con todo, llegando al final del verano pero con temperaturas aún extremas en Córdoba, los representantes de los trabajadores siguen pidiendo precaución, que se cumplan las normas de prevención y se apliquen todas las medidas que establece la ley para preservar la salud de quienes trabajan soportando el calor.

CSIF se ha concentrado este jueves frente a la oficina principal de Correos en Córdoba, ubicada en la calle Cruz Conde, por el incumplimiento de la empresa pública postal del Acuerdo Marco, firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que se comprometió a reforzar la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos.

Según ha informado en un comunicado, el responsable del Sector de Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF Córdoba, Francisco Guerrero, esta concentración -que se ha replicado en toda España-, supone el inicio de un plan de movilizaciones que tendrá su continuación el jueves 17 de septiembre que culminará el miércoles 30 de septiembre en una concentración multitudinaria en Madrid, donde CSIF exigirá un cambio inmediato en este organismo.

Este responsable sindical señala que la falta de contratación de refuerzos ha supuesto que la plantilla de Correos en la provincia de Córdoba haya pasado en apenas tres años de contar con unos 660 profesionales a los pocos más de medio millar que existen actualmente, una disminución del 20% que repercute directamente en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. De todos ellos, en torno a un 20% se encuentran a tiempo parcial, con un sueldo que oscila entre los 800 y los 900 euros. Sin embargo, a esos mismos trabajadores/as a tiempo parcial se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra la necesidad urgente de reconocerles la jornada completa.

Guerrero asegura que, tras la financiación del Servicio Postal Universal (SPU) y del SIEG Servicios de Interés Económico General (SIEG), con unos 1.000 millones de euros hasta 2030, Correos ya tiene los recursos económicos para dar la vuelta a esta situación, tal y como firmó en el Acuerdo Marco.

Además, se da la circunstancia de unos de 9.500 empleados laborales en el conjunto del país llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, a nivel global, tiene una media de edad superior a los 52 años. El sindicato apunta que el plan de rejuvenecimiento establece que los empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria. No obstante, aún no se ha producido ninguna salida. CSIF también reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Por todo ello, ante pasividad de la empresa, CSIF inicia movilizaciones para recuperar el empleo de calidad y garantizar el servicio público que demanda la ciudadanía, sin descartar dar continuidad a las mismas con otro tipo de acciones más contundentes si la empresa no reacciona a nuestras demandas.

El desempleo en la provincia de Córdoba ha vuelto a aumentar en el mes de agosto, un mes que es malo para el mercado laboral en toda España. Según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo e Inclusión, el desempleo en Córdoba ha crecido en 545 personas en agosto, una cifra similar a la del año pasado. Eso sí, hay 6.604 personas menos en situación de demanda de empleo que hace justo un año.

En total, Córdoba cerró agosto con 45.822 personas registradas como desempleadas, lo que supone un incremento mensual del 1,20%. Aunque el dato vuelve a situar a la provincia en terreno negativo respecto al mes anterior, la comparación con agosto de 2025 ofrece una fotografía bastante más favorable: el paro se ha reducido un 12,60% interanual.

El comportamiento del mercado laboral cordobés durante agosto vuelve a estar muy condicionado por la evolución de los distintos sectores económicos. El sector servicios concentra buena parte del aumento del desempleo, mientras que también crece el número de personas sin empleo en la construcción. En sentido contrario, la agricultura es el único de los grandes sectores que consigue reducir el número de desempleados durante el mes.

Servicios y construcción elevan el paro

De las 545 personas que se incorporaron al desempleo en agosto, una parte muy importante procede del sector servicios. Córdoba contabiliza 30.514 desempleados procedentes de este sector, que representa el 66,59% de todo el paro registrado en la provincia.

En agosto, el desempleo en los servicios aumentó en 374 personas. Es, con diferencia, el sector que más contribuye al incremento mensual del paro y explica aproximadamente siete de cada diez nuevos desempleados registrados durante el mes. La construcción también presenta una evolución negativa. El número de desempleados procedentes de este sector aumentó en 146 personas, hasta alcanzar las 3.452.

El sector industrial, por su parte, se mantiene prácticamente estable, aunque también registra un ligero incremento del desempleo. En agosto había 3.959 personas paradas procedentes de la industria, ocho más que el mes anterior. A estos datos se suman las personas que no habían tenido un empleo anterior, cuyo número aumentó en 146, hasta alcanzar las 4.952.

La principal excepción dentro de esta evolución negativa se encuentra en la agricultura. Mientras servicios, construcción e industria aumentan o mantienen sus cifras de desempleo, el sector agrícola registra un descenso de 129 personas. Córdoba contabiliza 2.945 desempleados procedentes de la agricultura, el 6,43% del total provincial.

El dato resulta especialmente significativo si se observa también la contratación. La agricultura generó en agosto 5.310 contratos, el 27,97% de todos los contratos registrados en la provincia. Solo los servicios, con 9.853 contratos, superaron a la actividad agrícola.

Así, el comportamiento de agosto vuelve a poner de manifiesto el peso que tiene la actividad agraria en el mercado laboral cordobés, tanto por su capacidad para generar empleo como por su componente estacional.

El paro sigue teniendo rostro femenino

La distribución del desempleo por sexos vuelve a mostrar una importante diferencia entre hombres y mujeres. De las 45.822 personas desempleadas registradas en Córdoba, 28.219 son mujeres, frente a 17.603 hombres. Las mujeres representan, por tanto, el 61,58% del paro provincial, mientras que los hombres suponen el 38,42%.

La diferencia se hace todavía más evidente entre las personas mayores de 25 años. En este grupo se contabilizan 26.345 mujeres desempleadas, frente a 15.599 hombres. Entre los menores de 25 años, sin embargo, las cifras están mucho más equilibradas: hay 2.004 hombres y 1.874 mujeres en situación de desempleo. En conjunto, el paro juvenil representa 3.878 personas, el 8,46% del total.

La evolución del paro contrasta con la contratación. En Córdoba se registraron durante agosto 18.986 contratos, lo que supone 3.172 menos que en julio, una caída mensual del 14,32%. Sin embargo, también en este caso la comparación interanual ofrece una lectura más positiva. En relación con agosto de 2025, se registraron 1.772 contratos más, un incremento del 10,29%. La contratación, por tanto, baja con fuerza respecto al mes anterior, pero se mantiene por encima de los niveles de hace un año.

De los contratos registrados en agosto, 6.421 fueron indefinidos, el 33,82%, mientras que 12.565 fueron temporales, el 66,18%. La contratación indefinida aumenta en términos interanuales un 9,41%, con 552 contratos más que en agosto del año anterior. Los contratos temporales también crecen, en este caso un 10,75%, con 1.220 más.

El desempleo sube en toda Andalucía

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (0,64%) hasta los 530.256 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La comunidad aumenta el número de parados tras encadenar cuatro meses liderando la caída del paro a nivel nacional. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. En el último año el desempleo acumula un descenso de 62.355 parados, lo que supone un 10,52% menos.

Por sectores, el paro subió en todos excepto en Agricultura, con 869 menos. Así, las subidas estuvieron encabezadas por Servicios, 2.610 más; seguido de Construcción, con 1.082 más; Sin Empleo Anterior, 325 e Industria, con 246.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (365.996), Sin Empleo Anterior (60.779), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (28.251), Industria (28.943) y Construcción (46.287).

En cuanto a sexos, de los 530.256 desempleados registrados en julio, 323.166 fueron mujeres y 207.090 hombres.

El paro subió en todas las provincias excepto en Málaga (-409), siendo Sevilla donde hubo mayor subida (1.457), seguida por Córdoba (545); Granada (457); Jaén (393); Almería (384); Cádiz (328) y Huelva (239).

En agosto se registraron 208.756 contratos en Andalucía, un 5,55% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 78.485 fueron contratos indefinidos y 130.271 contratos temporales.

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando el desempleo subió en 54.371 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en agosto en seis ocasiones y ha subido en 25. El mayor descenso fue el de agosto de 2021, cuando disminuyó en 82.583 parados, mientras que el mayor aumento fue el registrado en 2008, cuando la crisis financiera elevó el desempleo en más de 103.000 personas en ese mes. En agosto del año pasado, el paro subió en 21.905 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 15.137 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 70.593 personas, lo que supone un 2,91% menos, con un retroceso del paro femenino de 52.974 mujeres (-3,6%) y una caída del desempleo masculino de 17.619 varones (-1,8%).

El secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, alerta de que el fin de las jornadas intensivas contempladas en algunos convenios colectivos no exime a las empresas de proteger a sus plantillas frente al estrés térmico. UGT ha recordado que las muertes atribuibles a las altas temperaturas en Córdoba han aumentado considerablemente respecto al pasado año y reclama a empresas y administraciones que la prevención se traduzca en “hechos concretos y no solamente en palabras”

UGT Córdoba ha advertido hoy de que la llegada del mes de septiembre no supone el final del riesgo que las altas temperaturas representan para la salud y la seguridad de las personas trabajadoras. El sindicato ha recordado que, aunque en estas fechas finalizan las jornadas intensivas establecidas en algunos convenios colectivos, las empresas siguen estando obligadas a evaluar el riesgo por exposición al calor y adoptar las medidas preventivas necesarias.

Sarmiento ha insistido en que “el calendario laboral puede decir que hemos llegado a septiembre, pero las temperaturas no entienden de calendarios ni de convenios colectivos. Si continúa haciendo calor y existe riesgo para la salud de las personas trabajadoras, las medidas preventivas tienen que continuar aplicándose”.

Desde UGT Córdoba han señalado que resulta especialmente importante mantener esta vigilancia ante una realidad climática en la que los episodios de temperaturas elevadas comienzan cada vez antes y se prolongan durante más tiempo, “una circunstancia especialmente relevante en una provincia como Córdoba, tradicionalmente expuesta a temperaturas muy altas durante el verano”.

Según ha destacado Sarmiento, “estamos comprobando cómo los periodos de calor se hacen más largos, aumentan los días con temperaturas extremas y las olas de calor pueden comenzar antes de lo habitual y prolongarse incluso durante el otoño y, por tanto, la prevención frente al estrés térmico tiene que estar presente mientras exista el riesgo, independientemente del mes en el que nos encontremos”.

31 fallecimientos atribuibles al calor frente a los 10 del pasado año

El secretario de UGT Córdoba ha llamado especialmente la atención sobre los datos de mortalidad atribuible a las temperaturas recogidos por el sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Según los datos manejados por el sindicato, “durante el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 2 de septiembre de 2025 se contabilizaron en Córdoba 10 fallecimientos atribuibles a las temperaturas pero, sin embargo, entre el 22 de junio y el 31 de agosto de este año la cifra asciende ya a 31 fallecimientos atribuibles al calor”.

Para UGT, estos datos demuestran que las altas temperaturas constituyen un problema que debe abordarse también desde la prevención de riesgos laborales. “El calor mata y llevamos años diciéndolo, y los datos vuelven a demostrar que no estamos ante una cuestión menor y, aunque hemos avanzado en concienciación y en cultura preventiva, no podemos permitirnos retroceder en la aplicación efectiva de las medidas”, ha advertido el secretario de Salud Laboral del sindicato.

Sarmiento ha recordado, además, que los efectos del calor sobre la siniestralidad laboral no siempre aparecen identificados directamente como un golpe de calor. Según ha explicado, “el calor puede estar detrás de numerosos accidentes o patologías que posteriormente se contabilizan de otra manera, de manera que una persona que trabaja en altura puede sufrir un mareo provocado por las altas temperaturas y caer; o alguien que realiza una actividad física intensa en el campo puede sufrir un episodio cardiovascular favorecido por el estrés térmico, y en las estadísticas aparecerá la caída o el infarto, pero detrás puede encontrarse la exposición al calor”.

Otro dato que ha señalado el responsable de UGT Córdoba viene dado por las muertes por calor del pasado año en personas menores de 64 años que, señala, han pasado de cero a tres en el presente año 2026.

UGT denuncia un retroceso en la prevención durante este verano

Sarmiento ha lamentado que durante este año se hayan producido situaciones que, a juicio del sindicato, suponen un retroceso en la aplicación de las medidas preventivas frente al estrés térmico y ha recordado que UGT Córdoba ya ha denunciado incumplimientos, incluso en trabajos relacionados con obras del ámbito municipal de la capital cordobesa, y ha reclamado “una mayor vigilancia para garantizar el cumplimiento de la legislación”.

“Todos los años existe un compromiso común en materia de prevención para combatir el estrés térmico, pero ahora necesitamos que ese compromiso se traduzca en hechos concretos y no solamente en palabras, y las administraciones competentes deben vigilar y actuar y, sobre todo, las empresas tienen que cumplir escrupulosamente con sus obligaciones”, ha reclamado.

Septiembre no elimina las obligaciones de las empresas

El responsable de Salud Laboral del sindicato ha subrayado que “el final de las jornadas intensivas contempladas en determinados convenios colectivos no significa que finalicen las obligaciones empresariales en materia de prevención frente a las altas temperaturas” y ha destacado que “la normativa de prevención de riesgos laborales obliga a evaluar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y adoptar las medidas necesarias cuando las condiciones meteorológicas puedan poner en peligro la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”.

Sarmiento ha recordado con especial interés la regulación sobre los trabajos al aire libre y aquellos lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados y que señala que “ante fenómenos meteorológicos adversos, las empresas deben evaluar los riesgos y establecer las medidas adecuadas, incluyendo la adaptación de las condiciones y horarios de trabajo cuando resulte necesario”. “Que termine una jornada intensiva establecida por convenio no significa que al día siguiente una persona tenga que trabajar durante las horas de mayor temperatura si existe un riesgo evidente para su salud. La obligación de proteger al trabajador permanece”, ha recalcado.

Por otra parte, el ugetista ha recordado que “en situaciones en las que las medidas preventivas ordinarias no resulten suficientes, deben adoptarse las medidas organizativas necesarias para evitar la exposición a las horas de mayor riesgo, especialmente cuando existan avisos meteorológicos oficiales”.

Sarmiento ha insistido, además, en que “la protección frente a situaciones de riesgo grave derivadas de fenómenos meteorológicos no debe traducirse en una pérdida económica para las personas trabajadoras. ”La prevención tiene que mantenerse mientras exista el riesgo“

Por todo ello, desde UGT Córdoba han realizado un llamamiento a las empresas de la provincia para que mantengan durante septiembre y durante todo el tiempo que sea necesario las medidas preventivas frente al estrés térmico, prestando especial atención a los trabajos al aire libre y a actividades como la construcción, el campo, la hostelería y otros sectores con una elevada exposición a las temperaturas. Asimismo, el sindicato reclama a las administraciones públicas y organismos competentes que intensifiquen la vigilancia del cumplimiento de la normativa.

“Septiembre no puede convertirse en una frontera artificial para la prevención y, si tenemos temperaturas propias del verano durante septiembre o incluso durante el otoño, tenemos que seguir actuando exactamente igual, ya que lo que determina las medidas preventivas es el riesgo existente, no la fecha del calendario”, ha confirmado Jaime Sarmiento.

Finalmente, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba ha hecho un llamamiento directo a las personas trabajadoras para que comuniquen cualquier situación en la que consideren que las altas temperaturas pueden poner en peligro su seguridad o su salud. “Pedimos a los trabajadores y trabajadoras que no normalicen situaciones de riesgo y que consulten con el sindicato ante cualquier incumplimiento, puesto que una deficiente prevención puede tener consecuencias muy graves para la persona trabajadora y para su familia, y por eso insistimos una vez más en un mensaje que debe quedar muy claro: el calor mata y prevenir sus efectos en el trabajo es una obligación, no una opción”, ha concluido.

Córdoba vivirá esta semana varias jornadas con avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por temperaturas que pueden superar los 40 °C en el observatorio del aeropuerto y algunos más en distintos puntos de la ciudad. De hecho, la previsión meteorológica para esta semana señala cómo a partir de mitad de semana el calor extremo de nuevo se hará presente en la zona del Valle del Guadalquivir. Pero, a estas alturas del calendario comenzando septiembre este martes, ya ha expirado la jornada especial de verano en sectores como el campo o la construcción que buscaba protegerles del calor del verano. Y, ahora, afrontan estos días con ese mismo calor pero sin el horario restringido para no estar expuestos a las temperaturas más elevadas.

En el caso de los trabajadores del campo, el convenio establecía que la jornada intensiva se aplicara este año entre el 1 de junio y el 31 de agosto. En la construcción, se ha hecho lo propio entre el 8 de junio y el 28 de agosto y en esta semana hasta el 4 de septiembre ya se amplía la jornada una hora más, aunque sigue siendo de forma continuada, pero alcanzando un horario donde el sol azota. Con todo, ante ellos se vislumbra una semana difícil por el calor sofocante, con el inicio del mes de septiembre, en la que ya no tienen la cobertura de la jornada especial de pleno verano. La Aemet ya ha activado el aviso amarillo por calor en la zona central de Córdoba —que incluye a la capital— para este mismo lunes y se espera que se alcancen los 40 °C e incluso se sobrepasen a partir del miércoles. De ser así, la Aemet tendría que activar el aviso naranja en Córdoba.

Con esas temperaturas y sin la obligación de la jornada especial de verano en la construcción y el campo, los trabajadores podrían sufrir en las horas centrales del día el calor de estas jornadas mientras faenan. Para evitar el calor y el efecto del sol en esas horas, en verano los trabajos en el campo —por ejemplo—, se inician muchas veces al alba o incluso de madrugada, como medida de protección de los trabajadores y también para los propios productos que se recolectan. En la construcción, también se ha aplicado la jornada reducida y en horario continuado de mañana, para terminar antes de las 15.00, siendo lo normal de 7.00 a 14.00. Pero ese horario ya ha decaído. Solo en el caso particular de cada empresa, se podría negociar un horario adaptado, que luego habría que cuadrar en el cómputo anual de horas trabajadas.

En la provincia de Córdoba hay unos 52.000 trabajadores del campo y unos 20.000 de la construcción, las dos principales actividades afectadas por esta situación, con el desarrollo de sus labores en el exterior con las temperaturas que haya. Asimismo, hay otros trabajadores cuyos convenios no establecen la jornada intensiva aunque sí la recomendación de hacerla, como es el caso del sector de la madera —5.000 trabajadores— o en los derivados del cemento —otros 2.000 empleados—. Y otros muchos trabajadores que desarrollan su actividad en la calle, como repartidores o guías turísticos por ejemplo, de nuevo sufrirán las altas temperaturas en Córdoba.

Medidas contra el calor

Para estos sectores laborales también se acude al decreto sobre temperaturas extremas, que establece que ante un aviso amarillo, naranja o rojo por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se puede llegar a acordar entre empresa y trabajadores una reducción de la jornada durante el periodo del aviso y recuperar esas horas más adelante. De hecho, en este decreto se incluyen medidas que llegan a proponer que el trabajador puede dejar su tarea si no tiene las condiciones adecuadas debido al calor.

Se trata del Real Decreto-ley 4/2023 (RD), de 11 de mayo, que establece la obligación del empresario de prever medidas adecuadas frente a los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por frío, viento, lluvia o, como ahora, por calor. Entre esas medidas también está la de proporcionar más descansos, realizar los trabajos físicos más fuertes a primera hora de la mañana y asegurar el acceso a agua fresca.

En otros sectores como el de la madera, el metal o los derivados del cemento, donde actualmente no está incluida la jornada intensiva en sus respectivos convenios, sí se establece como recomendación que la empresa puede seguir. En general, muchas empresas cumplen un horario propio en verano, tiempo en el que la vida se adapta al termómetro en la provincia de Córdoba. En cualquier caso, existen otro tipo de medidas, más allá de la jornada intensiva, que se deben llevar a cabo ante el alza de las temperaturas, como es una correcta hidratación, mantener protegida la cabeza del sol directo, utilizar ropa adecuada para el calor y, en general, cumplir con todas las normativas de prevención laboral.

Córdoba se situó, en 2025, entre las provincias andaluzas con menor presencia de población extranjera, pero con un papel importantísimo en el mercado laboral cordobés, especialmente en el campo, donde se concentraron buena parte de los contratos registrados: hasta el 74%.

Estas son dos de las interesantes conclusiones que sobresalen del informe Las Personas Extranjeras en el Mercado de Trabajo Andaluz. 2025 publicado recientemente por el Observatorio Argos. Aunque Córdoba no es una de las provincias que destaca por recibir grandes volúmenes de inmigración en términos absolutos, sí se consolida como un territorio de una fortísima especialización laboral y con una capacidad de absorción que reduce el desempleo extranjero a cifras residuales.

Con 30.226 ciudadanos extranjeros empadronados, Córdoba representa apenas el 3,36% del total regional y un 3,91% de su población total. Estas cifras demuestran que, en volumen de empadronamiento, Córdoba se sitúa a la cola de la comunidad, superando únicamente a la provincia de Jaén, que registra 25.569 extranjeros. La distancia es abismal respecto a los grandes polos de atracción de la región como Málaga, que lidera con 341.229 empadronados extranjeros.

Sin embargo, la realidad de los extranjeros que cuentan con residencia legal (con tarjeta o certificado en vigor) muestra un rasgo sumamente positivo para el mercado de trabajo: de los 42.156 residentes legales de la provincia (el 3,74% de Andalucía), un total de 36.306 personas tienen entre 16 y 64 años. Esto significa que más del 84% de este colectivo se encuentra en edad potencialmente activa. El informe Argos destaca precisamente a Córdoba, junto a Huelva y Sevilla, como una de las tres únicas provincias andaluzas que logran superar esta altísima tasa de potencialidad laboral. Dentro de este colectivo residente, la comunidad rumana destaca como la principal nacionalidad en suelo cordobés.

El campo: el motor indiscutible de la contratación

Esta juventud de la población extranjera responde directamente al dinamismo de la contratación agrícola cordobesa. Durante 2025 se firmaron en Córdoba 50.950 contratos a personas extranjeras (el 7,92% del total andaluz). Este dato representa un crecimiento interanual del 25,35%, un ritmo que duplica ampliamente la media de crecimiento de Andalucía, situada en el 10,24%.

El gran responsable de este incremento es el sector primario. De los 50.950 contratos formalizados, la imponente cifra de 37.708 se concentró en la agricultura, lo que significa que aproximadamente tres de cada cuatro contratos (el 74%) firmados por extranjeros en Córdoba tuvieron como destino el campo. El resto de sectores económicos tuvo un papel secundario en comparación: servicios acumuló 9.825 firmas, construcción sumó 1.791 e industria registró 1.626.

Si descendemos al nivel de las ocupaciones, la figura del peón agrícola (exceptuando huertas, invernaderos, viveros y jardines) es el pilar absoluto del mercado laboral extranjero, con 31.469 contratos. Esta única ocupación representa por sí sola casi dos tercios del total de la contratación de la provincia.

Este perfil agrario diferencia drásticamente a Córdoba del conjunto de la comunidad andaluza, donde el sector servicios es, por regla general, el mayor empleador extranjero (el 66,14% de los contratos a nivel autonómico son en servicios y solo el 18,84% en agricultura). Córdoba se alinea más con el modelo de Huelva, que también experimenta una altísima especialización agrícola al registrar 93.128 contratos en el campo, mientras se distancia de provincias costeras como Málaga (90.118 contratos en servicios) o Cádiz (19.403 en servicios), volcadas en el sector terciario.

Bajo desempleo y un peso moderado en la afiliación

La enorme actividad de las campañas agrícolas estacionales explica que los contratos firmados superen significativamente el número medio de personas empleadas en un momento concreto. Córdoba cuenta con una afiliación media de 13.372 extranjeros a la Seguridad Social, lo que representa un 3,61% del total andaluz y el 4,32% de la afiliación provincial. Del total de cotizantes extranjeros, 3.760 se encuadran en el Sistema Especial Agrario (que creció un 22% durante el año), mientras que 6.926 pertenecen al Régimen General, 919 al de Empleados de Hogar y 1.766 cotizan como autónomos. Junto con Jaén (3,28% del total regional), Córdoba es la provincia andaluza con menor peso absoluto de afiliados extranjeros.

No obstante, esta moderada presencia de trabajadores estables contrasta con unos excelentes datos de ocupación, ya que el paro registrado entre la población extranjera es prácticamente marginal. Al cierre de diciembre de 2025, la provincia cordobesa registró tan solo 2.185 extranjeros parados. Esta cifra representa un mínimo histórico en la región, situando a Córdoba como la segunda provincia con menos desempleo extranjero de Andalucía, solo por detrás de Jaén (1.386 parados) y prácticamente igualada con Huelva (2.150 parados).

Esta situación es radicalmente distinta a la de otras provincias con mercados laborales más saturados, como Málaga, que encabeza el paro extranjero con 14.861 desempleados, Almería con 8.251, o Sevilla con 7.083. Además, estos 2.185 parados extranjeros representan apenas el 4,45% del paro registrado en toda la provincia de Córdoba, lo que evidencia que el desempleo de este colectivo apenas ejerce presión sobre el mercado laboral cordobés.

En definitiva, la población extranjera en Córdoba, que viene a la provincia eminentemente para trabajar, se ha convertido en un motor estratégico e indispensable para garantizar el sostenimiento de las campañas agrícolas de la provincia.

Córdoba es la provincia de Andalucía en la que menos creció el número de trabajadores autónomos en la última década. La provincia cordobesa ha pasado de 51.195 trabajadores autónomos en el mes de julio del año 2016 a los 54.907 de julio de este año, lo que supone un incremento del 7,3% en ese periodo, el menor aumento porcentual entre las provincias de la comunidad andaluza.

Y es que todos los demás territorios andaluces crecieron por encima en autónomos en la última década. Málaga lidera este ranking, con un 33,2% más de estos trabajadores -según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del mes pasado, avanzados por Diario Sur-. La provincia malagueña cuenta con 146.234 trabajadores autónomos.

Le sigue en crecimiento en la última década la provincia de Cádiz, con un 18,5% más de estos trabajadores -tiene 69.286 ahora-, mientras que Sevilla creció un 17,9% y registra 122.629 autónomos.

El aumento de trabajadores autónomos en los últimos diez años en la provincia de Granada fue del 16,7% -tiene 71.240-, mientras que en Almería creció un 14,2% -64.664 trabajadores autónomos actualmente-; la provincia de Huelva subió un 12,3% -hasta tener 30.277- y la de Jaén creció un 9% -cuenta con 43.205 autónomos-, todas ellas por encima del 7,3% que creció la afiliación de estos trabajadores en la provincia de Córdoba.

Aumento en números absolutos: 3.712 autónomos más

No obstante, en números absolutos, Córdoba sumó en ese periodo 3.712 autónomos más, cifra que está por encima de los 3.318 de Huelva y los 3.576 de Jaén, dada la proporción de la población de estas provincias. Córdoba ha pasado de tener 51.195 trabajadores autónomos en julio de 2016 a los 54.907 de ese mismo mes de este año.

A nivel nacional, en la última década los trabajadores autónomos crecieron un 8,34%, con provincias que junto a Málaga y Cádiz destacan en el aumento de este tipo de trabajadores, como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Alicante, Baleares o Madrid, si bien hay una veintena de territorios que redujeron su número en la última década, como Lugo, Palencia, Zamora, Ourense, Teruel o León, entre otras, donde cayó más de un 10% el número de autónomos.

Andalucía ha contabilizado más de 1.600 millones de euros (1.605.774.797) en inversión de obra pública durante el primer semestre de 2026 destinados a 701 obras con un plazo medio de ejecución de 25 meses. Así, la evolución respecto al mismo periodo del año pasado representa una caída del 22,24%, cuando las licitaciones realizadas por el Estado y la Junta de Andalucía superaron los 2.000 millones (2.065.053.257 euros).

Según los últimos datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), consultados por Europa Press, la variación anual ha supuesto también un descenso de 30 licitaciones de obras públicas, aunque el plazo medio de construcción se ha reducido en catorce meses.

De esta forma, la Administración central ha desembolsado 909.138.739 euros hasta junio de este año, con 496 licitaciones de obras cuya duración estimada es de 28 meses, lo que supone una disminución del presupuesto del 14,8%, con cerca de 158 millones de euros de diferencia con respecto a 2025. Por su parte, la Junta de Andalucía ha invertido un 30,2% menos de fondos en la comunidad, con un presupuesto de 696.636.068 euros (301.375.000 de diferencia) y un total de 205 operaciones licitadas, diez menos con respecto a junio pasado.

En cuanto a la inversión por provincias, la asignación de ambas administraciones sitúa a Sevilla en el primer puesto, cuyas 110 obras ocupan el 31% (497.973.100 euros) del total presupuestado; seguida de Málaga, con 74 obras y un 24,1% (387.757.470); Cádiz, con 225 obras y un 13,95% (224.757.470); Almería, con 62 obras y un 9,7% (155.619.077) y 10 licitaciones que no han sido regionalizadas y suponen un 8,53% (137.105.827).

El resto de provincias son Granada, con 71 obras y un 4,57% (73.423.213); Córdoba, con 48 obras y un 3,2% (51.536.718); Jaén, con 48 obras y un 2,6% (42.494.179) y Huelva en último lugar, con 53 obras y un 2,2% (35.743.751) del total presupuestado.

Además, de toda la inversión realizada en este año, un 69,1% ha estado dirigida a 231 obras por valor de más de 1.000 millones de euros (1.109.822.991), mientras que los proyectos de rehabilitación han ocupado un 30,8% de los fondos, con 470 obras por valor de 495.951.606 euros.

Igualmente, la proporción de licitaciones dedicadas a obras civiles como infraestructuras de transporte, urbanización o proyectos de recuperación y prevención ha representado un 58,94% del presupuesto correspondiente a 232 operaciones equivalentes a 946.557.935 millones. Por ello, en el ámbito de las edificaciones se han licitado 469 obras de 659.216.862 millones (41,05% del total).

Desde el año 1994, ambas administraciones públicas han invertido más de 52.000 millones de euros (52.904.207.898) en Andalucía, a través de 28.296 obras distribuidas por Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Huelva y Jaén, según la cantidad presupuestada en las licitaciones de cada provincia. Por otro lado, las administraciones locales como ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios y comunidades de regantes han destinado 914.445.991 euros a inversión en licitaciones durante el primer semestre de 2026, lo que supone 1.751 obras.

Asimismo, entre los tipos de licitaciones con más inversión hasta junio de 2026 están las obras de ferrocarriles (37,78%), cuyos fondos se centran en Sevilla; seguidas por los proyectos sanitarios (18,1%), con mayor concurrencia en Málaga; las terminales (7,7%), las depuradoras y desaladoras (7,24%) y las obras de carácter administrativo (5,6%), cuya presencia es destacada en Cádiz, con 90 obras.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha iniciado un proceso de selección en Córdoba capital de conductores/as de camión para llevar a cabo labores de transporte de aves vivas entre distintas explotaciones ganaderas a nivel autonómico y nacional.

La oferta contempla un total de 12 vacantes con contrato de trabajo indefinido a jornada completa, con un salario bruto mensual de 2.800 euros y pagas extraordinarias prorrateadas. Las personas seleccionadas asumirán el traslado de la mercancía de aves vivas entre diferentes granjas ubicadas en distintos puntos de la geografía andaluza y española. Entre las tareas asignadas se incluye la conducción del vehículo pesado, así como la carga y descarga directa de las aves en los puntos de origen y destino.

Debido a las peculiaridades logísticas del sector avícola, el horario de trabajo comenzará de forma habitual a partir de las 22:00, por lo que se requiere disponibilidad para la realización de turno nocturno. Para poder optar a una de las 12 vacantes, los aspirantes deben estar en posesión del permiso de conducir Clase C y disponer de la Tarjeta de Cualificación del Conductor (CAP) en vigor para la modalidad de mercancías.

El plazo para la presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 1 de septiembre de 2026.

Un colegio privado de La Carlota, en Córdoba, ha sido condenado a pagar una sanción de 6.251 euros por haber obstruido a la Inspección de Trabajo durante una visita en junio de 2020, en plena pandemia. Los inspectores acudieron al centro, donde apreciaron claros indicios de que había actividad docente presencial, prohibida por el estado de alarma debido al covid. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado así el recurso interpuesto por la empresa propietaria del centro después de que el Juzgado de lo Social numéro 4 de Córdoba ratificara la sanción impuesta por el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de junio de 2020, cuando inspectoras de Trabajo acudieron al centro educativo. Según la sentencia, al llegar al colegio, los responsables impidieron inicialmente su acceso. Durante la espera a las puertas del colegio, las inspectoras vieron cómo una persona salía del colegio para recoger a unos niños, pasando todos al interior del centro.

Desde la planta de arriba, se asomó alguien del colegio, a quien las inspectoras le comunicaron que pretendían realizar una inspección de trabajo, por lo que pidieron la apertura d ela puerta. Tras esperar unos minutos, nadie respondió a este requerimiento. Mientras tanto, las inspectoras se percataron de que dos personas con niños, de muy corta edad, abandonaban el colegio por un callejón lateral, pese a las peticiones de las agentes para que detuvieran su salida. Además, vieron cómo un coche aparcó la puerta, se bajaron niños y, después, abandonó el lugar.

Según la sentencia, las inspectoras tuvieron que llamar a la Guardia Civil. Tras personarse la pareja de agentes, las empleadas del colegio abrieron la verja del centro, accediendo todos al interior. Allí atendió a la Inspección una persona que se identificó como administradora de la empresa, a quien estos funcionarios de Trabajo exhibieron sus credenciales recordando que están facultados para “acceder libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, en todo centro de trabajo”, recordándole que cualquier acción u omisión destinada a impedir sus labores constituye una infracción. Una vez que pudieron acceder al recinto, las inspectoras preguntaron a esta trabajadora sobre la actitud de negar la entrada y sobre las personas adultas y niños vistos saliendo por el patio trasero, no obteniendo ninguna respuesta.

La Inspección dejó constancia de indicios claros de actividad presencial, como la existencia de carritos de bebé, material escolar, tablets, mascarillas quirúrgicas, botellas de agua, chaquetas colgadas de los respaldos de algunas sillas y fichas de actividades con fecha marcada lunes 15. Ante esto, las respuestas de la representante del colegio fueron que “todo se había quedado así al decretarse el cierre de los centros educativos en el mes de marzo por el estado de alarma y que las mascarillas eran por la alergia”. Por su parte, una celadora del centro declaró como testigo en el juzgado que una inspectora tenía la temperatura alta y se la hizo esperar, negando que hubiese timbre de entrada y asegurando que, una vez superadas las medidas sanitarias, se facilitó el acceso a todo.

En el análisis del recurso del colegio, el TSJA no ha entrado a discutir el fondo de la obstrucción, que quedó probado en instancia, sino que ha recordado que en sanciones ajenas a la materia de Seguridad Social (como en este caso, que fue la vulneración del artículo 50.4 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Socia), el acceso al recurso de suplicación exige que el importe de la sanción exceda de la suma de 18.000 euros. Al tratarse de una multa de 6.251 euros, la sentencia no puede ser recurrida ante el TSJA. Por último, el colegio ha sido condenado al pago de las costas, cuantificadas en 400 euros más IVA.

El verano pasado, más de medio millar de cordobeses se marcharon a trabajar en la vendimia de Francia. Muchos son vecinos de las históricas comarcas de Montilla-Moriles, la cuna del vino cordobés. Este año, se calcula que han podido emigrar en periodo estival otro medio millar de cordobeses. En Francia, el salario neto que cobra un jornalero durante la vendimia de 2026 se ha fijado en 9,74 euros la hora, permitiendo alcanzar ingresos que oscilan entre 1.900 y 2.337 euros mensuales. Además, a la gran mayoría se le abona el viaje y la manutención.

A la vez, son muchos los agricultores de Montilla-Moriles que no encuentran trabajadores para la vendimia. Tanto que este miércoles, la asociación VitiVinum, que representa a agricultures y lagares de Montilla-Moriles, emitió un comunicado de prensa en el que alertaba de la falta de mano de obra para la vendimia actual. El responsable de Acción Sindical de CCOO en Córdoba, Raúl Tirado, explicó el motivo: la mayor parte de los trabajadores del campo cordobés se han marchado a Francia. “Aquí la vendimia está acogida al convenio del campo, que apenas si llega al salario mínimo interprofesional”.

Según las tablas del último convenio del campo (que el sindicato CCOO no firmó), un trabajador cobra un salario bruto al día de 62,85 euros. En el caso de que la vendimia dure un mes (que nunca es el caso) y el jornalero trabajase los 22 días correspondientes, el salario bruto sería de 1.382,70 euros. En el mejor de los casos, el neto se le quedaría en 1.295 euros al mes para un trabajo agrícola que, además, es temporal.

“Nos encontramos en un momento decisivo del año. La uva alcanza su punto óptimo de maduración en unas fechas determinadas y no puede esperar. La vendimia requiere disponer de un importante número de trabajadores durante un periodo relativamente corto e intenso. La falta de mano de obra puede provocar retrasos en la recolección, pérdida de calidad de la uva, incremento de costes e incluso que determinadas parcelas no puedan vendimiarse a tiempo”, denuncian desde Vitivinum, aunque su análisis de la falta de trabajadores dista un abismo del planteamiento de CCOO.

“Consideramos necesario que las administraciones, organismos y entes involucrados analicen si el actual sistema de prestaciones, subsidios y ayudas vinculadas al desempleo agrario está suficientemente coordinado con las necesidades reales de contratación durante las campañas agrícolas”, aseguran, en un discurso al que se opone el sindicato. “Aquí no hay condiciones de trabajo dignas” y también “se echa en falta cultura empresarial”, asegura Tirado.

El sector vitivinícola español, y el cordobés en particular, lleva décadas sumido en una crisis en el que se compite por precio con Francia. En la provincia de Córdoba, el precio por un kilo de uva en origen que ha recibido un agricultor ha oscilado entre los 45 céntimos y los 56. En Francia, el precio de la uva Champagne, que recogen muchos de los vendimiadores españoles que cada verano emigran allí, se paga entre 6,60 y 9,60 euros el kilo. La diferencia es abismal. Los márgenes de los viticultores franceses, también. Y eso lleva a poder pagarle mejor a los trabajadores.

Aparte, el sector vitivinícola español, a través de las organizaciones agrarias, lleva años solicitando una estrategia nacional para la protección de las viñas españolas y también para que los precios no se derrumben. Francia ha movilizado ayudas millonarias para fomentar el arranque de viñas con el que corregir el exceso de producción de vino que tiene el país. Es una manera de intervenir en el mercado para que los precios no se desplomen. España ya hizo una estrategia similar hace años que menguó, por ejemplo, la extensión de vides que había en Montilla Moriles.

Ahora, al sector se le acumulan los problemas. No solo está el de la falta de mano de obra. También el de la caída de la producción actual por la plaga del mildiu, con estimaciones de hasta un 40% menos de cosecha. Y también el aumento de los costes. La crisis de la guerra de Ucrania sumada a la de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha hecho que se incrementen los gastos de los abonos y de muchos productos fitosanitarios, junto a los del transporte. Los márgenes para muchos viticultores no solo se han estrechado, sino que en algunos casos se produce ya bajo el umbral de la rentabilidad.

En el marco de Montilla-Moriles existen muchas pequeñas explotaciones. En municipios pequeños son los propios propietarios los que vendimian, en muchos casos con ayuda de su familia y ante la falta de empleados. Pero la mano de obra no solo es necesaria en el campo, sino también en los lagares. El cambio del modelo laboral en parte de estos municipios, con cada vez menos trabajadores dedicados al sector agrario, ha elevado la dificultad para encontrar jornaleros.

Inmigrantes sin papeles

Vitivinum va un paso más allá. “En Montilla, Moriles y otros municipios de nuestra comarca residen actualmente personas extranjeras, entre ellas numerosos ciudadanos de origen latinoamericano por ejemplo, que desean trabajar, que están dispuestas a incorporarse a las labores agrícolas y que sin embargo, en determinados casos, no pueden ser contratadas legalmente debido a que su situación administrativa todavía no les permite trabajar”.

“Los viticultores y agricultores en general, queremos contratar legalmente. Queremos que estos trabajadores puedan disponer de su contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social, salario conforme a la normativa y convenios, prevención de riesgos laborales y todas las garantías, derechos y dignidad que corresponden a cualquier trabajador”, aseguran. Por eso, reclaman “a las administraciones competentes a que estudien y establezcan procedimientos ágiles, extraordinarios o urgentes, plenamente legales, de regularización o autorización de trabajo excepcional para aquellas personas extranjeras residentes en la zona que reúnan los requisitos establecidos legalmente y tengan una oferta real de empleo en campañas agrícolas como la vendimia”.

La provincia de Córdoba ha alcanzado los 312.797 afiliados a la Seguridad Social ocupados en la primera quincena de agosto, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto de Andalucía la cifra de ocupados en ese periodo ha llegado a los 3.587.486. Mientras, a nivel nacional, los datos de afiliación a la Seguridad Social se mantienen al alza un mes más. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la cifra de afiliación se sitúa en 22.318.994 ocupados en la primera quincena de agosto, lo que supone un aumento de 668.503 afiliados en los últimos 12 meses (+3,09%). Alcanza así el nivel más alto de la serie desestacionalizada.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que “la mejora de la calidad del empleo y el crecimiento sostenido del mercado de trabajo en España se continúan consolidando gracias a la reforma laboral: se han creado 452.947 empleos desde final de 2025 hasta la primera quincena de agosto”.

Desde diciembre de 2022, se han sumado 2.031.098 ocupados en la serie ajustada, cifra que asciende hasta los 2.560.752 si se toma por referencia diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Por otra parte, si nos centramos en las dos últimas quincenas, el crecimiento en la serie desestacionalizada ha sido de 63.669 afiliados, lo que supone un incremento del 0,29%.

Una empresa en Montemayor dedicada al cultivo de olivos, y que cuenta con una amplia flota de vehículos, ha lanzado una oferta de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo para contratar a diez mecánicos de mantenimiento y reparación de automoción. La convocatoria ofrece contratos laborales indefinidos a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00.

Las personas seleccionadas percibirán un salario bruto mensual de 1.660 euros, con las pagas extras ya prorrateadas. Los requisitos fundamentales para optar a estos puestos son disponer de carnet de conducir y acreditar experiencia previa en la ocupación. La incorporación definitiva está prevista para el 4 de septiembre, por lo que aquellos interesados en participar en este proceso de selección tienen de plazo hasta el 22 de agosto de 2026 para inscribirse.

Por otro lado, en Posadas, otra empresa busca ocupar otra vacante de mecánico especializado en vehículos industriales, turismos y camiones. En este caso, el puesto también ofrece un contrato indefinido a jornada completa, pero con un salario de 1.700 euros brutos mensuales.

Las funciones, en este caso, incluyen el diagnóstico de averías (mecánicas, eléctricas y neumáticas), mantenimiento preventivo y correctivo, y trabajos de mecánica general como motor, frenos y suspensión. El horario previsto es de mañana y tarde, contando con jornada intensiva durante el verano, y la fecha de incorporación para este puesto está fijada para el próximo 17 de agosto Al igual que en la oferta anterior, el plazo de inscripción finaliza el 22 de este mes.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de suplicación presentado por un trabajador de Córdoba después de que un juzgado de la capital considerara que el empresario para el que trabajaba en una finca no debía indemnizarle por el accidente laboral que sufrió. Para esta decisión, el alto tribunal andaluz ha aplicado la “concurrencia de culpas”, por lo que el empresario deberá indemnizarle con 85.598,89 euros dado que en el accidente fueron determinantes las faltas de seguridad.

La caída tuvo lugar hace más de diez años, en enero de 2016, mientras el empleado se encontraba realizando labores de poda de encinas en una finca de la provincia de Córdoba. En un momento dado, el trabajador, con una experiencia de unos ocho años en el sector, accedió a la cruz de un árbol utilizando una escalera de mano. Tras subir, se desplazó hasta situarse de pie sobre una de las ramas que pretendía podar, llevando consigo una motosierra de unos 3,5 kilos de su propiedad.

Mientras realizaba el corte, escuchó un crujido seco. La rama en la que se encontraba apoyado, que aparentemente parecía estar en buen estado, cedió al estar podrida en su interior. El operario estaba anclado con un arnés precisamente a esa misma rama, pero cayó al vacío desde una altura aproximada de 3,5 metros, impactando contra el suelo. Tras la caída, perdió el conocimiento y tuvo que ser auxiliado por sus compañeros, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo.

Las investigaciones posteriores, tanto de la Inspección de Trabajo como del Centro Provincial de Riesgos Laborales, revelaron una falta de seguridad que ha llevado al TSJA a revocar la sentencia del Juzgado de lo Social número 4. Así las cosas, la empresa carecía de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, no se había evaluado el riesgo de trabajar en altura ni se habían determinado métodos seguros de poda (como el uso de plataformas elevadoras). Tampoco se había acreditado que el trabajador recibiera información sobre los riesgos de su actividad ni formación sobre el uso correcto de los equipos de protección individual (EPIs). Además, se detectó una falta de vigilancia efectiva sobre el método de trabajo utilizado, permitiéndose una práctica de riesgo.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba desestimó la demanda del trabajador. El juez consideró que, aunque el empresario facilitó arnés y escalera, el empleado actuó con negligencia al no cerciorarse del estado de la rama antes de apoyarse en ella, señalando incluso la existencia de “culpa exclusiva de la víctima”.

Sin embargo, el TSJA ha aplicado la doctrina de la “concurrencia de culpas” al admitir que el trabajador fue imprudente al anclarse a la rama que estaba podando, pero esa imprudencia fue, en gran medida, fruto de la ausencia de formación y evaluación de riesgos por parte del empresario. De este modo, el explotador de la finca, como “garante” de la seguridad, no puede eludir su responsabilidad cuando ha fallado en sus obligaciones básicas.

Por ello, el tribunal ha establecido un reparto de responsabilidad del 70% para la empresa y del 30% para el trabajador. Como resultado, la indemnización total solicitada de 122.284,13 euros -que cubría lesiones temporales, 26 puntos por perjuicio fisiológico, diez por estética y daños morales por la pérdida de calidad de vida- ha sido ajustada a la cifra final de 85.598,89 euros, que el empresario deberá abonar con los intereses legales correspondientes.

El Sindicato Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Córdoba ha criticado este lunes que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza en la sede de Córdoba de Casa Árabe “no está pagando los salarios a las empleadas” que prestan dicho servicio.

Según ha informado el sindicato en una nota, “desde el inicio de su gestión en junio” pasado, la adjudicataria, “Meprosa Mantenimiento y Servicios SL., con sede social en Vigo, no ha pagado ni un euro a sus empleadas, a lo que habría que sumar que no proporciona el material ni los útiles y productos necesarios para la limpieza del centro y, dado que la sede de la empresa está a más de 1.000 kilómetros de Córdoba, crea a estas empleadas una desprotección absoluta, sin material para trabajar, sin cobrar y sin ningún referente de la empresa a quién dirigirse”.

El secretario provincial de FeSMC UGT Córdoba, Juan Martínez, ha explicado que “esta empresa tiene asignado el servicio de limpieza desde el pasado 25 de junio, cuando le fue adjudicado en concurso público para un periodo de cinco años”, después de que “esta empresa presentase una oferta un 15,46% por debajo del presupuesto base de licitación, lo que llevó a que, inexplicablemente, desde la Administración le asignaran la concesión, primando el ahorro económico en detrimento del servicio a los ciudadanos y de las garantías laborales de las personas trabajadoras”.

Martínez ha calificado de “lamentable la postura de la dirección de la casa Árabe” que, según ha afirmado, “primero ha sometido a una innecesaria presión a estas empleadas, responsabilizándolas de los incumplimientos de la empresa, y ahora ha optado por contratar temporalmente a otra empresa de limpieza, sin exigir el cumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria ni sacar un nuevo concurso, tras rescindir dicho contrato por incumplimiento”.

Córdoba capital nunca ha tenido una cifra de desempleados tan baja como la de este mes de julio, según el análisis de datos de parados del Observatorio Argos, dependiente de la Junta de Andalucía gracias a la estadística del Ministerio de Trabajo. La ciudad ha cerrado el mes con prácticamente la mitad de desempleados que alcanzó en el cénit de la crisis inmobiliaria. De hecho, hay menos parados incluso que cuando la economía, supuestamente, iba mejor, en los años previos a la crisis del ladrillo.

El municipio terminó julio con 23.663 personas inscritas como paradas registradas, el mejor dato de toda la serie histórica del Observatorio Argos, que arranca en enero de 2005. Nunca antes Córdoba había registrado una cifra tan baja de desempleo. El dato no solo mejora todos los registros posteriores a la crisis financiera de 2008, sino que también cae por debajo de los niveles que presentaba la ciudad durante los años de expansión económica que precedieron al estallido de la burbuja inmobiliaria.

Hasta ahora, el mínimo histórico correspondía a mayo de 2005, cuando el paro registrado se situó en 25.179 personas. Veintiún años después, Córdoba rebaja esa cifra en 1.516 desempleados y consolida una tendencia de descenso que se ha acelerado especialmente durante los últimos cuatro años.

El contraste con los peores años de la crisis económica es aún más significativo. En noviembre de 2012, cuando la recesión provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria golpeaba con mayor dureza al mercado laboral cordobés, la ciudad alcanzó su máximo histórico con 48.621 personas desempleadas. El dato actual supone una reducción de 24.958 personas, prácticamente un 51% menos que entonces. En poco más de una década, Córdoba ha pasado de rozar los 50.000 parados a registrar el nivel más bajo desde que existen estadísticas homogéneas.

La evolución de la serie refleja con claridad las distintas etapas del mercado laboral cordobés. Entre 2005 y 2007 el desempleo se mantuvo relativamente estable, oscilando entre los 25.000 y los 27.000 parados. La crisis financiera alteró por completo esa tendencia y disparó el paro hasta casi duplicarlo. A partir de 2014 comenzó una lenta recuperación que se vio interrumpida parcialmente por la pandemia, aunque sin alcanzar los niveles de destrucción de empleo registrados durante la anterior recesión. Desde 2022, sin embargo, el descenso del paro se ha intensificado hasta romper todos los mínimos históricos conocidos.

La comparación reciente también evidencia esa mejora. En julio de 2023 la capital contabilizaba más de 30.500 desempleados; un año después eran algo más de 28.300; en julio de 2025 la cifra había descendido hasta 26.561 personas y ahora cae por primera vez por debajo de las 24.000. En apenas tres años el desempleo registrado en la ciudad se ha reducido en cerca de siete mil personas.

La provincia también marca mínimos

La evolución de la capital coincide con un nuevo descenso del paro en el conjunto de la provincia. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Córdoba cerró julio con 45.277 personas desempleadas, 794 menos que el mes anterior y 6.620 menos que hace un año. También en este caso se trata del mejor registro desde que comenzó la serie estadística en enero de 2005.

El descenso mensual fue del 1,72%, mientras que la reducción interanual alcanza el 12,2%, consolidando la tendencia de mejora del mercado laboral provincial. Sin embargo, la evolución presenta algunos claroscuros. Aunque el paro continúa disminuyendo, la afiliación media a la Seguridad Social descendió durante julio hasta los 314.326 cotizantes, 891 menos que en junio, un retroceso que suele responder al comportamiento estacional del mercado laboral durante el verano. Aun así, la comparación con hace un año sigue siendo positiva, con 6.861 afiliados más que en julio de 2025.

Como suele ocurrir en esta época del año, el sector servicios volvió a concentrar prácticamente toda la reducción del desempleo. De las 794 personas que abandonaron las listas del paro, 737 procedían de este sector, impulsado por la actividad turística y la campaña estival. La agricultura redujo ligeramente su desempleo, al igual que la industria, mientras que la construcción fue el único sector donde el paro aumentó, aunque solo en catorce personas.

La estructura del desempleo provincial, sin embargo, sigue mostrando importantes desequilibrios. Cerca de dos terceras partes de los desempleados pertenecen al sector servicios y aproximadamente el 62% de las personas inscritas como paradas son mujeres. Además, el grueso del desempleo continúa concentrándose entre los mayores de 25 años, un perfil que pone de manifiesto las dificultades de inserción laboral de personas con una trayectoria profesional previa.

En paralelo, la contratación descendió durante julio. Se firmaron 22.158 contratos, de los que únicamente 6.920 fueron indefinidos frente a 15.238 temporales. Es decir, casi siete de cada diez nuevos contratos registrados durante el mes tuvieron carácter temporal.

Los sindicatos piden prudencia

Las organizaciones sindicales valoraron positivamente el descenso del desempleo, aunque coincidieron en advertir de que los buenos datos estadísticos no deben ocultar algunas debilidades estructurales del mercado laboral cordobés.

UGT considera que la provincia continúa dependiendo en exceso del sector servicios, donde se concentra el 66,65% del paro registrado, y alerta de la elevada temporalidad, los bajos salarios y la persistencia de una importante brecha de género. El sindicato reclama un cambio del modelo productivo hacia actividades industriales que generen empleo más estable y mejor remunerado, además de medidas específicas para mejorar la empleabilidad de las mujeres y de los mayores de 45 años. También insiste en la necesidad de reforzar la formación y dignificar sectores altamente feminizados como la limpieza, los cuidados o el comercio.

En la misma línea, CCOO subraya que la reducción del paro debe analizarse junto a la calidad del empleo creado. El sindicato pone el foco en que casi siete de cada diez contratos formalizados durante julio fueron temporales y advierte de que la elevada rotación laboral impide que muchos trabajadores abandonen de forma estable el desempleo. Además, expresa su preocupación por el aumento del paro en la construcción y pide a la Inspección de Trabajo que investigue posibles extinciones de contratos coincidiendo con el periodo vacacional para volver a contratar posteriormente a los mismos trabajadores, una práctica que, de producirse, considera fraudulenta.

Pese a esas cautelas, los datos dejan una fotografía inédita para la capital cordobesa. Más de dos décadas después del inicio de la serie estadística, Córdoba registra el menor número de personas desempleadas de su historia reciente y, por primera vez desde que existen registros comparables, presenta un volumen de paro inferior incluso al que mantenía antes de que estallara la crisis inmobiliaria que transformó durante años el mercado laboral de la ciudad.

Julio ha vuelto a ser un buen mes para el mercado laboral de la provincia de Córdoba que, no obstante, presenta disfuncionalidades. En un periodo en el que ha vuelto a caer a mínimos el número de desempleados, la provincia ve también cómo se registra un leve descenso en los afiliados a la Seguridad Social y cómo de los parados tres de cada cinco son mujeres. En este mes de julio, de nuevo el sector servicios ha contribuido a que el desempleo caiga, gracias a las campañas especiales de contratación del verano.

Los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo sitúan el número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 45.277, lo que supone un descenso de 794 desempleados respecto al mes de junio. Es la cifra más baja de toda la serie histórica, que comienza a analizarse en el mes de enero de 2005. Desde entonces, nunca ha habido tan pocos desempleados en la provincia. La caída equivale al 1,72%, mientras que en comparación con julio del pasado año el paro se ha reducido en 6.620 personas, un descenso interanual del 12,2% que confirma la buena evolución del mercado laboral cordobés durante el último ejercicio.

Pese a la mejora del desempleo, la afiliación media a la Seguridad Social ha experimentado un ligero retroceso durante julio. La provincia contabilizó 314.326 afiliados, es decir, 891 menos que en junio, lo que representa una caída mensual del 0,28%. No obstante, la comparación con hace un año sigue siendo positiva, ya que actualmente trabajan en Córdoba 6.861 personas más que hace doce meses, un incremento del 2,23%.

El comportamiento del empleo durante julio responde en buena medida a factores estacionales. Mientras que el inicio de la temporada alta turística impulsa la contratación en numerosas actividades vinculadas a los servicios, otros sectores reducen su actividad una vez finalizadas las campañas agrícolas o con la llegada del periodo vacacional, circunstancia que explica el ligero descenso de afiliados pese a que el desempleo continúe reduciéndose.

El sector servicios vuelve a ser el principal motor de la reducción del paro. En él se concentra, además, la mayor parte de los desempleados de la provincia, con 30.140 personas, cerca de dos terceras partes del total. Le siguen la categoría de personas sin empleo anterior, con 4.806 desempleados, la industria (3.951), la construcción (3.306) y la agricultura (3.074).

Precisamente, durante julio el mayor descenso del desempleo se produjo en los servicios, con 737 parados menos, seguido de la agricultura, que redujo sus listas en 13 personas. También descendió el paro en la industria (29 menos) y subió en la construcción (14).

La estadística vuelve a poner de manifiesto una de las principales debilidades estructurales del mercado laboral cordobés: la brecha de género. De las 45.277 personas desempleadas, 27.934 son mujeres, frente a 17.343 hombres, de modo que alrededor del 62% de quienes buscan empleo en la provincia son mujeres, una proporción que apenas varía mes tras mes.

Por edades, el desempleo continúa concentrándose en la población mayor de 25 años. En este grupo se encuentran 41.524 personas, mientras que los menores de esa edad suman 3.753 desempleados, lo que evidencia que el grueso del paro sigue afectando a trabajadores con una trayectoria laboral previa.

En paralelo, la contratación descendió durante julio. En la provincia se firmaron 22.158 contratos, un 13,05% menos que en junio y un 0,59% menos que hace un año. De ellos, 6.920 fueron indefinidos y 15.238 temporales, lo que significa que casi siete de cada diez contratos registrados durante el mes fueron de carácter temporal.

Con todo, los datos dejan una fotografía de estabilidad en el mercado laboral cordobés. El paro sigue descendiendo hasta situarse en niveles que no se registraban desde hace años, aunque el empleo medido a través de la afiliación a la Seguridad Social acusa un ligero ajuste estacional propio del verano. La evolución durante los próximos meses permitirá comprobar si esa creación de empleo logra consolidarse una vez finalice la campaña estival.

Caen las 15:00 de la tarde en el centro de Córdoba y los termómetros superan desde hace un rato los 40 ºC. El granito y el adoquín que predomina en la zona centro hacen que la temperatura suba incluso un poco más. Es el enésimo día de este verano en que la capital cordobesa está en aviso naranja por calor insufrible a la sombra. Para algunos sectores que trabajan en la calle -la construcción, por ejemplo-, la jornada está terminando.

Para los riders, esos repartidores que se cruzan la ciudad en bicicleta o patinete, la jornada está en su prime, pues comienza el reparto de comida, La escena se repite cada verano en una de las ciudades más calurosas de Europa. Mochilas térmicas a la espalda, botellas de agua sujetas con gomas elásticas y largas esperas a la sombra en distintos puntos del centro, donde se suelen juntar varios de los currantes que se la juegan pedaleando o circulando en las peores horas del día. Allí comparten agua fría, descansan unos minutos y esperan más pedidos conectados a la aplicación.

“Es un trabajo de mierda, pero al menos estoy contratado”, cuenta uno de ellos a este periódico. Wilson -nombre ficticio, nadie quiere poner su rostro e identidad y pronto entenderá el lector por qué- es hispanoamericano. Un tipo joven que lleva un par de años en Córdoba, en los que solo ha trabajado en la construcción y en el reparto. Él, como el resto de sus compañeros, reparten en una ciudad en la que se plantea una paradoja.

Porque en Córdoba, desde el año 2020, los riders están adscritos al convenio provincial de hostelería —una singularidad respecto a otras provincias españolas, donde existe un convenio específico para el sector o están en el de reparto de mercancías—. Sin embargo, esa circunstancia no implica que dejen de trabajar durante los episodios de calor extremo, como si pueden hacer, por ejemplo, los camareros que sirven en las terrazas al aire libre que no están correctamente aclimatadas.

Dentro del convenio de la hostelería, pero sin algunas de las mejoras

Desde CCOO de Córdoba explican que la prohibición de trabajar al aire libre cuando existen determinadas alertas meteorológicas no deriva del convenio colectivo de la hostelería, sino de una normativa específica sobre prevención frente a temperaturas extremas incorporada en la última actualización del convenio provincial. Los repartidores, aclara el sindicato, se rigen por la normativa general de prevención de riesgos laborales, igual que cualquier trabajador que desarrolla su actividad en el exterior.

Eso significa que las empresas están obligadas a garantizar medidas preventivas suficientes: acceso a agua fresca, ropa adecuada, protección solar, descansos y organización del trabajo para minimizar la exposición al calor. Si esas condiciones no se cumplen, el trabajador puede comunicar que su salud está en riesgo e incluso poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo. La teoría, sin embargo, choca con la realidad de un sector profundamente precarizado y en el que, años después de la Ley Rider, sigue dando lugar a situaciones que escapan a la legalidad.

Siempre en la calle

María —nombre ficticio— lleva un año y medio trabajando como repartidora. Los pedidos le entran de aplicaciones como Uber Eats y Glovo, aunque su contrato no es con las plataformas, sino con empresas especializada en reparto que son las que gestionan los repartos. Es el único empleo que ha tenido desde que llegó a España. Explica que durante las semanas más calurosas, como esta misma, los pedidos disminuyen porque mucha gente se marcha de vacaciones, aunque la franja del almuerzo sigue concentrando buena parte del trabajo.

“Ayer estuve de una a tres y media de la tarde y a las tres y media había 44 grados”, relata la joven, que, cuando no tiene encargos, busca un árbol o cualquier rincón con sombra. Porque quedarse en casa no es una opción. “Nos exigen salir de la casa. No podemos esperar los pedidos allí”, explica. La razón está en la propia aplicación: el GPS controla continuamente su ubicación y la empresa sabe si te mueves o no. Esa obligación convierte buena parte de la jornada en tiempo de exposición al calor, incluso cuando están quietos y no están realizando repartos.

Una novedad de este año, eso sí, es que las empresas han proporcionado material específico. Marco —también nombre ficticio— explica que este verano recibió un pequeño kit compuesto por crema solar y un bote de pastillas isotónicas. “Es lo único que nos dieron”, resume este otro repartidor, que, como María, suele recibir agua en los establecimientos donde recogen los pedidos.

Trabajar cuando nadie quiere salir

“En todos los locales nos dan agua. Nunca me la han negado”, dice la joven, que cuenta que la lógica del negocio juega precisamente contra quienes realizan el reparto. Las horas de mayor demanda coinciden con aquellas en las que la población intenta evitar salir a la calle. “La gente pide comida precisamente para no tener que salir al sol”, resume María, que no puede evitar reconocer que falta una cierta empatía entre algunos usuarios.

Pese a ello, asegura que esa circunstancia no se traduce en mayores ingresos. “En invierno dan más propina que en verano”, asegura la joven, que recuerda que el pico de trabajo de este año fue durante el temporal de febrero, con lluvias torrenciales, y en el que, según asegura, cobraron muchas más propinas -“a la gente le da más pena que te mojes”, cuenta-.

A su lado, Ramón asiente. Lleva tres años trabajando como rider. Él y María están contratados por efecto de la Ley Rider. Eso significa que sus salarios ya no dependen exclusivamente del número de repartos realizados, como ocurría hace años cuando Glovo tiraba de falsos autónomos. Ahora trabajan contratados y cotizando a la Seguridad Social, aunque algunas plataformas siguen ofreciendo incentivos puntuales por completar determinados objetivos de entregas.

Hay otros compañeros, los que se niegan a hablar, que están en otra situación. “No tenemos papeles”, explican algunos de ellos cuando se acerca el periodista, aunque vaya sin cámaras ni micrófonos. Se niegan a exponerse lo más mínimo, conscientes además de que, si no tienen regularizada su residencia en España, no deberían estar trabajando.

Cuentas alquiladas

La realidad de las plataformas de reparto continúa mostrando importantes bolsas de economía irregular. En algunos casos, trabajadores extranjeros sin autorización de residencia o trabajo consiguen acceder directamente a las aplicaciones. Un ejemplo reciente se produjo en Sevilla, donde la Inspección de Trabajo concluyó un expediente con una sanción de 847.640 euros a Glovo por emplear a 64 trabajadores extranjeros que carecían de autorización para residir y trabajar en España.

Pero existe otra práctica que permite a los migrantes llevar la comida a las casas pese a no tener papeles: trabajadores que alquilan la cuenta de otro rider con documentación en regla. Es la única forma que encuentran para obtener ingresos mientras regularizan su situación administrativa.

Así, trabajan utilizando el perfil de otra persona, de modo que quedan completamente invisibles para cualquier sistema de prevención laboral. Si un repartidor contratado recibe, al menos, un pequeño kit con crema solar o pastillas isotónicas, quienes trabajan con cuentas alquiladas ni siquiera tienen acceso a esas mínimas medidas. Si se estrellan con el patinete, si sufren un golpe de calor, están solos. Su única protección es el agua que consiguen en los establecimientos, la sombra de los parques y la ayuda mutua entre compañeros.

El miedo a denunciar

Para CCOO, el principal problema es la enorme vulnerabilidad laboral del colectivo. El sindicato reconoce que todavía existen muchas dificultades para que los repartidores denuncien incumplimientos en materia de prevención.

“No tienen una situación fácil. Hay personas trabajando con cuentas que no son suyas, personas sin regularizar... Cuesta muchísimo que denuncien”, indican desde CCOO. Lo cierto es que tampoco lo hacen públicamente. Eso sí, alguno de los que no quiere hablar, sí que tiene tiempo de bromear: “¿Riders nos llamas?”, le espeta al periodista. “Yo pensaba que éramos repartidores”, remata con una sonrisa.

Todos los repartidores entrevistados para este reportaje, salvo uno, proceden de países de Hispanoamérica. Y es curioso que sea precisamente uno de ellos el que denuncie la perversión del lenguaje anglofriendly con el que se aborda este fenómeno, que ha cambiado de arriba a abajo el sistema de reparto de comida a domicilio en todo el mundo, y también en una de las ciudades con las temperaturas más elevadas del continente.

Cuando tira la broma -que suena un poco a reproche-, lo hace sentado en un banco al lado de una marquesina de autobús con una campaña del Ayuntamiento cuyo eslogan es “Coge por la sombra. En verano, durante las horas de calor, en casa se está mejor”. Otra paradoja más para un sector que ni logrando una victoria legislativa ha logrado mejorar del todo su situación laboral.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que pone fin a un conflicto administrativo entre un bombero que formó parte del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y el Ayuntamiento de Córdoba. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho del funcionario a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, anulando la resolución municipal que se la denegó inicialmente.

Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando el demandante solicitó el reingreso en el Ayuntamiento de Alicante tras obtener una plaza en dicha administración. Para poder incorporarse a su nuevo destino sin perder su plaza de funcionario de carrera en Córdoba, solicitó la excedencia prevista para la prestación de servicios en otras administraciones. Sin embargo, el consistorio cordobés, entonces en manos de PSOE e IU, rechazó su petición.

Ante esta negativa y la inminente necesidad de trasladarse a Alicante, el bombero se vio obligado a utilizar una vía alternativa para no incurrir en el abandono de su puesto: solicitó una excedencia por cuidado de hijos, aprovechando que había sido padre recientemente para poder marcharse legalmente. A pesar de lograr el traslado mediante este “parche” administrativo, el trabajador decidió llevar el caso a los tribunales para que se le reconociera la situación administrativa correcta.

En su fundamentación jurídica, el TSJA aclara que, según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el paso a la situación de servicio en otras administraciones es de aplicación obligatoria (ope legis) cuando un funcionario de carrera obtiene un destino en otra administración pública mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo. El tribunal subraya que este tipo de movilidad es un derecho “estrictamente subjetivo y voluntario” que no está sometido a limitaciones temporales por parte de la administración de origen.

Finalmente, el fallo revoca la sentencia previa de un juzgado de Córdoba y reconoce formalmente el derecho del bombero a la excedencia por prestación de servicios en el sector público, con efectos retroactivos desde el 23 de marzo de 2019.