La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha blindado el derecho de un trabajador cordobés a mantener las prestaciones percibidas durante los meses más duros de la pandemia por el coronavirus. La sentencia, fechada recientemente, desestima el recurso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que pretendía que el empleado devolviera más de 8.000 euros debido a un fallo administrativo cometido exclusivamente por la empresa en la que había estado trabajando.

El conflicto se originó cuando el SEPE revocó la prestación del empleado de una mercantil de Cerro Muriano, reclamándole en 2021 el reintegro de 8.365,46 euros. El organismo estatal argumentaba que el trabajador no se encontraba en una situación legal de desempleo porque la empresa, a pesar de tener autorizado un ERTE por fuerza mayor, no había comunicado formalmente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la suspensión de los contratos.

Sin embargo, el TSJA ha sido tajante al señalar que el trabajador “no puede verse perjudicado por la actuación de la empleadora”. Según recoge el fallo, la falta de comunicación por parte de la empresa es una irregularidad que “podrá afectar a la exoneración de cuotas y a las deudas con la TGSS, pero no al trabajador”. Además, el tribunal ha recordado que el SEPE tiene la obligación de pagar el desempleo, incluso, ante incumplimientos empresariales de afiliación o cotización, “sin perjuicio de las acciones que puedan adoptar contra la empresa infractora” por las cantidades abonadas.

Según la sentencia, ha quedado probado que el trabajador efectivamente dejó de prestar servicios y que la actividad de la empresa cesó. Por ello, el tribunal ha subrayado que se trata de una “situación legal de desempleo que admitió el SEPE tras la comunicación empresarial de estar incurso en un ERTE”, por lo que el derecho a cobrar la ayuda “no puede ser revocado” basándose en errores de gestión ajenos al beneficiario. Con esta decisión, el TSJA no solo ha anulado la deuda de 8.365 euros, sino que el SEPE deberá devolver al afectado las cantidades que le haya cobrado durante todo este proceso hasta que el alto tribunal andaluz se ha pronunciado.

La llegada del calor que está sufriendo la provincia de Córdoba con temperaturas máximas características del verano que rondan el umbral de los 40º C hará que, a partir de junio, la jornada laboral de miles de trabajadores se transforme. En sectores como el campo o la construcción, los convenios establecen la jornada intensiva para trabajar al aire libre y, en otros sectores, las medidas se quedan en recomendaciones para adaptar el trabajo al calor que se vive en las horas centrales del día.

En el campo, la jornada intensiva arranca el 1 de junio y pasa a ser de 6 horas y 10 minutos de trabajo efectivo incluyendo los 15 minutos para el bocadillo, sumando un total de 37 horas a la semana. Para evitar el calor y el efecto del sol en las horas centrales del día, en verano los trabajos en el campo se inician muchas veces al alba o incluso de madrugada, como medida de protección de los trabajadores y también para los propios productos que se recolectan, explican a este periódico desde el sindicato CCOO.

En total, se calcula que en la provincia de Córdoba hay más de 52.000 trabajadores del sector del campo se verán afectados por el inicio de la jornada intensiva en junio, que se prolongará hasta el final de agosto. Desde UGT recuerdan que este sector tiene una jornada media a lo largo del año por debajo de las 38,5 horas, que ahora pasa a ser de 37 horas ante el calor del verano, y apuntan que la reducción afecta a las horas de trabajo pero no al salario.

Por su parte, alrededor de 20.000 trabajadores de la construcción tendrán que esperar al 8 de junio para que se aplique la jornada intensiva en este sector. La jornada tendrá una duración de siete horas y la actividad en las obras no podrá empezar más tarde de las 7:00 de la mañana, para terminar el trabajo cada día antes de que se alcance la temperatura máxima del día en las primeras horas de la tarde.

Cambios en la jornada con avisos por calor de la Aemet

Para estos sectores laborales está vigente el decreto sobre temperaturas extremas, que establece que ante un aviso amarillo, naranja o rojo por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se puede llegar a acordar entre empresa y trabajadores una reducción de la jornada durante el periodo del aviso y recuperar esas horas más adelante. De hecho, en este decreto se incluyen medidas que llegan a proponer que el trabajador puede dejar su tarea si no tiene las condiciones adecuadas debido al calor.

Se trata del Real Decreto-ley 4/2023 (RD), de 11 de mayo, que establece la obligación del empresario de prever medidas adecuadas frente a los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por frío, viento, lluvia o, como ahora, por calor. Entre esas medidas también está la de proporcionar más descansos, realizar los trabajos físicos más fuertes a primera hora de la mañana y asegurar el acceso a agua fresca.

Mientras tanto, en otros sectores, como el de la madera, el metal o los derivados del cemento, actualmente no está incluida la jornada intensiva en sus respectivos convenios, si bien se establece como recomendación que la empresa puede seguir, recuerdan desde CCOO. Y, en general, muchas empresas cumplen un horario propio en verano, tiempo en el que la vida se adapta al termómetro en la provincia de Córdoba.

En cualquier caso, los representantes sindicales recuerdan otro tipo de medidas, más allá de la jornada intensiva, que se deben llevar a cabo ante el alza de las temperaturas, como es una correcta hidratación, mantener protegida la cabeza del sol directo, utilizar ropa adecuada para el calor y, en general, cumplir con todas las normativas de prevención laboral.

Las secretarías de Salud Laboral y de Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba han alertado este jueves 28 de mayo, con motivo de la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, de que “la parcialidad laboral y los ritmos de trabajo están cronificando la ansiedad y las lesiones en las trabajadoras”.

Por este motivo y a través de una nota el sindicato ha exigido “una renovación urgente y profunda de las políticas de prevención de riesgos laborales, dado que los planes de seguridad actuales de las empresas han quedado obsoletos ante las nuevas realidades del mercado de trabajo, penalizando de forma directa la salud física y mental de las trabajadoras”.

En este sentido, la secretaria de la Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba, Cristina Soler, ha señalado que “el debate ya no puede limitarse a los riesgos tradicionales. En 2026, la salud laboral de las mujeres se está quebrando por la precariedad que sufren a diario”, debido a “la parcialidad contractual no deseada, las condiciones laborales inestables, la flexibilidad extrema de horarios y la falta de desconexión digital, entre otras”.

La consecuencia, según recoge el I Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía 2026-2029, es que “las mujeres representan el 61,3% de la atención médica, con una prevalencia femenina del 14,4% en trastornos de ansiedad y del 10,5% en depresión”, siendo “la precariedad y la desigualdad laboral” las que “disparan estos trastornos psicosociales”.

A esto se suma “la persistencia de un sesgo estructural en el reconocimiento de la salud de las mujeres. Mientras que las patologías de los sectores masculinizados se consideran de origen profesional de manera casi automática, las dolencias de las mujeres se siguen tratando como enfermedades comunes derivadas de su biología o de su vida familiar. Además, el sesgo de género en la prevención sigue patente, dando lugar a falta de medidas preventivas con enfoque de género”, según ha expuesto Soler.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha subrayado que “en la provincia de Córdoba se abrieron en 2025 un total de 82 expedientes por enfermedad profesional, correspondiendo el 42,68% a mujeres. De estos, el 80% de los casos han sido causados por agentes físicos, el 11% por agentes biológicos y el 9% por enfermedades de la piel causados por otros agentes no incluidos en los grupos anteriores”.

Del total de partes abiertos a mujeres, “el 31,71% han dado lugar a baja médica. Además, cabe destacar que en 2025 se ha producido un incremento respecto a 2024 de la siniestralidad laboral de las mujeres, con resultados de baja en jornada laboral por sobresfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a radiaciones, ruido, luz o presión”.

A tenor de todos estos datos, los responsables sindicales han señalado tres factores que “están afectando gravemente a la salud femenina en el ámbito laboral”. Por un lado, “la parcialidad sigue teniendo rostro de mujer, con más de un 70% de la contratación parcial”, y “la inestabilidad económica dispara los cuadros de estrés y supone un importante factor de riesgo para la salud mental de las mujeres”.

En segundo lugar se sitúa “la infradeclaración de enfermedades que afectan primordialmente a sectores muy feminizados”. Así, “tendinitis, síndrome del túnel carpiano o sobrecargas lumbares se siguen tramitando como contingencia común en multitud de casos”, y a todo ello se une, en tercer lugar, “el impacto de los nuevos ritmos de trabajo y la digitalización, que generan un incremento de la fatiga, afectando mayoritariamente a las mujeres debido a la persistencia de la doble presencia”, con la carga de trabajo laboral y la doméstica.

Para frenar esta desprotección, CCOO plantea varias líneas de acción, empezando por “la incorporación transversal de la perspectiva de género en la salud laboral y reconocer expresamente el origen laboral de determinadas patologías en sectores feminizados”.

Además, el sindicato reclama “una evaluación de riesgos psicosociales obligatoria y actualizada”, porque “las empresas no pueden obviar el impacto del estrés, la carga mental y los turnos cambiantes y la necesidad de realizar las oportunas mediciones bajo metodologías con perspectiva de género”, siendo también “necesaria una adaptación real de puestos por edad y salud reproductiva” y, “por supuesto, hay que implementar medidas para reducir la precariedad laboral femenina, que eleva el número de enfermedades profesionales en sectores feminizados”.

El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene listo el reglamento que permitirá volver a pagar los premios de jubilación a su plantilla municipal después de más de un año de bloqueo jurídico. La nueva norma, aprobada inicialmente en el Pleno de abril y modificada apenas unas semanas después para corregir varios artículos, fija compensaciones económicas de 12.350 euros para quienes se jubilen al cumplir la edad legal y de hasta 19.271,5 euros para quienes opten por retirarse dos años antes.

El nuevo texto normativo da cobertura legal a un incentivo que había quedado en suspenso tras la entrada en vigor, el 14 de diciembre de 2023, de la Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía. Desde esa fecha, cerca de 200 empleados municipales jubilados no pudieron percibir estos premios al no existir un reglamento específico que desarrollara la norma autonómica.

El problema surgió después de que varias sentencias del Tribunal Supremo concluyeran que los premios de jubilación no podían abonarse a empleados públicos si no estaban recogidos expresamente en una norma con rango de ley. El propio reglamento municipal recuerda que el alto tribunal declaró que las administraciones solo pueden retribuir a sus funcionarios por conceptos previstos legalmente.

La situación cambió con la aprobación de la Ley andaluza de Función Pública, cuyo artículo 70 sí reconoce expresamente el “premio por jubilación” para el personal funcionario, aunque remite su desarrollo a una regulación reglamentaria posterior.

Hasta 19.271 euros por jubilarse antes

El reglamento establece tres tramos económicos distintos. La cuantía ordinaria será de 12.350 euros para quienes se jubilen al alcanzar la edad legal sin coeficientes reductores.

En el caso de la jubilación anticipada, las cantidades aumentan de forma considerable: 19.271,5 euros para quienes se retiren dos años antes de la edad legal y 9.635,75 euros para quienes lo hagan un año antes. El texto añade además una cláusula de actualización automática para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Las cuantías se revisarán cada año conforme al IPC, siempre que este sea positivo.

Para acceder al denominado “Premio Extraordinario de Jubilación”, los funcionarios deberán acreditar al menos 20 años de servicio ininterrumpido en el Ayuntamiento de Córdoba. El reglamento contempla, no obstante, una fórmula proporcional para quienes no alcancen esa antigüedad. Los empleados con un mínimo de 15 años de servicio también podrán cobrar una parte del premio.

La norma aclara igualmente que quienes prolonguen voluntariamente su actividad más allá de la edad legal no perderán el derecho a percibir esta compensación.

Condiciones estrictas para la jubilación anticipada

El acceso a los premios más elevados por retiro anticipado estará sujeto a varias condiciones. El trabajador deberá haber cotizado el tiempo suficiente para tener derecho a pensión y, además, su base reguladora tendrá que quedar por debajo del 100%.

El reglamento también exige que el empleado haya accedido efectivamente a la jubilación anticipada reconocida por la Seguridad Social y fija un plazo máximo de un mes para ejercer esta opción desde que se cumple la edad correspondiente. Si la solicitud se presenta fuera de plazo, el trabajador pasará automáticamente al tramo económico inferior.

Uno de los aspectos más llamativos del reglamento es el régimen de compatibilidades. La norma establece que el premio será incompatible con cualquier otra compensación por jubilación abonada por otra administración pública o entidad del sector público. Para ello, el empleado deberá presentar una declaración responsable.

Sin embargo, el texto introduce una excepción expresa: el premio extraordinario de jubilación sí podrá compatibilizarse con el incentivo de jubilación anticipada previsto en la regulación laboral del propio Ayuntamiento de Córdoba.

La disposición final del reglamento establece que la norma tendrá efectos retroactivos desde el 14 de diciembre de 2023, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley andaluza de Función Pública.

Una explotación ganadera de Villa del Río busca dos pastores que se han cargo del cuidado de sus ovejas. Según la oferta publicada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), los seleccionados firmarán un contrato laboral de carácter indefinido para trabajar a jornada completa.

Los profesionales que accedan a estas vacantes percibirán un salario bruto mensual de 1.600 euros, una cuantía que ya incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. En cuanto a la organización de la actividad, los pastores desarrollarán sus funciones en turnos de mañana y tarde, aunque el puesto requiere una disponibilidad especial para pernoctar junto al rebaño cuando sea necesario y realizar labores de guardia durante periodos de mal tiempo.

Las tareas fundamentales vinculadas a este empleo abarcan desde la alimentación diaria y el pelado de las ovejas hasta la realización de la trashumancia. Para poder optar a estas plazas, la convocatoria establece como requisito imprescindible que los candidatos posean el curso o certificado de competencia en bienestar animal en explotaciones ganaderas. El plazo para formalizar la inscripción en esta oferta de empleo finaliza este miércoles, con el objetivo de que los nuevos trabajadores se incorporen a sus puestos el día 25 de este mes.

El mercado laboral de Córdoba ha sufrido un importante retroceso en el empleo extranjero durante el último mes. La provincia perdió en abril un total de 1.068 afiliados extranjeros a la Seguridad Social respecto a marzo, lo que supone una caída del 6,85%, una de las más acusadas de toda Andalucía y del conjunto del país.

Según los datos de afiliación de extranjeros publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Córdoba cerró abril con 14.536 trabajadores extranjeros afiliados, frente a los 15.604 contabilizados el mes anterior. Solo Jaén registró una caída más intensa en términos relativos, con un descenso del 18,75%.

La bajada contrasta además con la evolución general del conjunto andaluz y nacional. Mientras Andalucía ganó un 3,63% de afiliados extranjeros en abril y España un 3,07%, Córdoba se situó claramente en sentido contrario, confirmando la elevada dependencia de la provincia de actividades temporales y estacionales, especialmente vinculadas al sector agrario.

El comportamiento de la afiliación extranjera refleja además el final de campañas agrícolas de invierno y el desplazamiento de trabajadores hacia otros territorios con mayor actividad laboral en primavera, especialmente provincias como Huelva, que aumentó un 14,02% sus afiliados extranjeros, o Málaga, donde crecieron un 4,16%.

La situación encaja con la evolución general del mercado laboral cordobés durante abril. Aunque el paro descendió en la provincia, la afiliación total a la Seguridad Social también cayó, una circunstancia que los sindicatos y organizaciones empresariales atribuyen en gran medida a la finalización de contratos ligados al campo y a la elevada temporalidad del empleo.

Uno de los menores mercados laborales extranjeros de Andalucía

Más allá de la caída mensual, los datos reflejan también el limitado peso estructural de la población extranjera dentro del mercado laboral cordobés. Con 14.536 afiliados extranjeros, Córdoba es la segunda provincia andaluza con menor volumen de trabajadores nacidos fuera de España, solo por delante de Jaén, que contabiliza 10.856.

La diferencia con otras provincias andaluzas resulta muy significativa. Málaga supera los 130.000 afiliados extranjeros; Almería ronda los 88.000; Huelva supera los 80.000 y Sevilla alcanza casi los 55.000. Incluso provincias con menor población que Córdoba, como Granada o Cádiz, presentan cifras sensiblemente superiores. En términos autonómicos, Córdoba apenas concentra algo más del 3% de todos los afiliados extranjeros existentes en Andalucía, que en abril alcanzaron los 434.683 trabajadores.

Esta reducida presencia responde a varios factores estructurales. Córdoba cuenta con un menor peso del turismo internacional que las provincias costeras, un tejido productivo más dependiente de la agricultura y menor capacidad histórica de atracción migratoria que otros territorios del litoral mediterráneo o grandes áreas metropolitanas.

Sin embargo, pese al fuerte descenso mensual, el comportamiento interanual dibuja una tendencia completamente distinta. Córdoba ganó 2.494 afiliados extranjeros respecto a abril de 2025, lo que supone un incremento del 20,71%, uno de los más elevados de toda España. El crecimiento duplica ampliamente la media nacional, situada en el 8,37%, y también supera claramente el aumento andaluz, del 9,85%.

En apenas un año, la provincia ha pasado de 12.042 trabajadores extranjeros afiliados a 14.536, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido de la mano de obra extranjera en sectores clave de la economía cordobesa.

El dato evidencia además una creciente dependencia de trabajadores nacidos fuera de España en actividades como la agricultura, la hostelería, la construcción, la logística o los cuidados, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y la dificultad para cubrir determinados empleos.

Trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) se han concentrado este jueves a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba, a cuyo Pleno también han trasladado la protesta, para mostrar su hartazgo por la falta de vehículos y medios para una correcta recogida de los residuos urbanos. 

La presidenta del comité de empresa de Sadeco, Mari Carmen Sánchez (CCOO), afirmó durante la concentración que “llevamos años arrastrando deficiencias tanto de camiones como de plantilla, pero desde hace unos meses la situación es insostenible por el mal estado de los camiones”. En concreto, la responsable sindical señaló que “de 14-16 circuitos de recogida salen 7 u 8, si se recoge inerte se tiene que dejar la orgánica, por lo tanto, se quedan muchos contenedores sin recoger y ahí se está viendo la suciedad y la insalubridad que supone”.

Además, Sánchez aseguro que el estado de la flota supone “un peligro tanto para los conductores de los camiones como para la ciudadanía, que es nuestra mayor preocupación” y eso por no hablar “del malestar que tenemos los trabajadores y trabajadoras, porque después de hacer nuestro trabajo, y creemos que bien realizado, nos sentimos mal porque vemos cómo se queda y que el trabajo no está hecho” y “esto está generando mucho estrés, tanto físico como mental y ya es una situación insostenible”.

El comité de empresa denuncia que la Gerencia de Sadeco no da soluciones. “Hablan, hablan, pero no vemos soluciones”, aseguró Sánchez quien achaca a la mala gestión y a la falta de inversiones en la flota de camiones la degradación del servicio. “Llevamos cuatro gerentes en dos años, dos presidentes, cada vez que entra uno, empezamos de nuevo y no se nos escucha”, se quejó la responsable de CCOO.

En este sentido, la parte sindical asegura que no se han comprado camiones nuevos desde 2018 y que algunos tienen hasta 30 años. “No hay inversión, y para cualquier compra de material o pieza de recambio hay tanto papeleo que se eterniza”. Por ello, el comité de empresa exige que “se adquieran camiones, y no a través de renting como ahora, que no se privatice, que haya una inversión real, pública y que podamos salir a la calle para trabajar dignamente”, recalcó la representante sindical.

Carmen Sánchez añadió que “en la Feria, como mucho nos tememos que esto no se va a solucionar, la responsabilidad recaerá en los trabajadores y trabajadoras” y “si ahora no se saca el trabajo porque no hay camiones, nos preguntamos cómo pretenden que saquemos la basura, ¿con las manos? Hace falta material, personal y una buena gestión”.

Trabajadores de Sadeco han llevado su protesta por el deterioro del servicio y el parque de vehículos hasta el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, que celebra este jueves su sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo y, tras reiteradas interrupciones de la sesión, han sido desalojados. Coincidiendo con ello, el comité de empresa de la empresa municipal tiene previsto celebrar posteriormente una asamblea y concentración a las puertas del edificio de Capitulares, donde exponer sus reivindicaciones.

Representantes de los trabajadores han acudido al Salón de Plenos con varias pancartas, en las que se podían leer algunas de sus peticiones sobre la limpieza en la ciudad, sobre el estado de los vehículos y sobre la gestión de la empresa municipal. “¿Quién responde si estos vehículos causan un accidente?”, “Sadeco funciona si la gestionan bien”, “Bellido saca el cepillo que la mierda nos llega al tobillo” o “La mala gestión también se paga con nuestros impuestos”, han sido algunos de los mensajes que se podían leer.

En distintos momentos del Pleno, los grupos políticos de Hacemos Córdoba y el PSOE han expresado su apoyo a los trabajadores de Sadeco. El portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha leído en su turno de ruegos las quejas de los empleados de la empresa de limpieza municipal, como la “falta de vehículos dejando basura sin recoger”, retirada a mano de basura, vehículos en mal estado, “pésima gestión negociadora, falta de gestión y continuidad al haber estado todos estos años cambiando de dirección, falta de creación empleo fijo, dejar sin abonar conceptos a trabajadores desde 2025 e inexistencia de políticas de personal”, entre otras cuestiones.

Cerca del mediodía, han llegado más trabajadores de Sadeco al Salón de Plenos, comenzando a interferir con sus reclamaciones en la sesión plenaria. El alcalde, José María Bellido, ha pedido en reiteradas ocasiones que dejaran continuar la sesión y las intervenciones de los concejales, ya en el turno de ruegos y preguntas. Ante la reiteración de los gritos y protestas, Bellido ha ordenado el desalojo de los trabajadores del Salón de Plenos.

El comité de empresa de Sadeco había convocado para este 14 de mayo una asamblea-concentración a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para dar a conocer la que consideran “grave situación” que se vive en la empresa “a consecuencia del desgobierno que ha sufrido en los últimos años, en los que la falta de comunicación y de solución de las cuestiones pendientes han marcado la tónica”.

CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, sostiene que “nunca se ha vivido una situación así, con vehículo peligrosos no solo para el conductor, sino también para la ciudadanía, vehículos que deberían estar en la chatarra pero que son los que recorren las calles de la ciudad a diario”.

El sindicato señala que, con la asamblea-concentración se quiere mostrar a la clase política de la ciudad y a la ciudadanía la dejadez a la que ha estado sometida la empresa y, por añadidura, la ciudad. Así, el comité de empresa denuncia que hay muchos lugares en los que se está dejando de recoger la basura por la falta de vehículos y en otros, se están recogiendo los contenedores a mano porque falla el sistema de recogida automática, así como el pésimo estado de algunos vehículos.

Además, la representación sindical afirma que se están engañando a la ciudadanía en la gestión de residuos y que la pésima gestión negociadora con terceros ha llevado a perder millones de euros de ingresos anuales. Esa falta de gestión se evidencia en los sucesivos cambios de Dirección de la empresa, en el incumplimiento del convenio y normas pactadas, así como en la falta de creación de empleo fijo, sin activar las jubilaciones parciales.

Junto a lo anterior, el comité critica la ausencia del presidente de la empresa y las afirmaciones falsas sobre las jubilaciones parciales, así como el incumplimiento de los compromisos adquiridos para la creación de empleo que se refleja en la falta de personal a pesar de la espectacular subida de la tasa de basura, no habiéndose convocado todas las plazas.

Trabajadores y trabajadoras de UTE TSI y SSGA, adjudicatarias del transporte sanitario del SAS en Córdoba, han llevado a cabo hoy una concentración junto al Edificio de Gobierno del Hospital Universitario Reina Sofía en el que se han vuelto a denunciar las precarias condiciones laborales en las que desarrollan su labor estos profesionales y su repercusión en la prestación de este servicio esencial a la ciudadanía.

El presidente del comité de empresa de SSGA y delegado sindical de CSIF, Sergio Rosa, ha lamentado los numerosos déficits que sufre este servicio desde que en septiembre de 2022 fue adjudicado por la Junta a estas empresas, entre los que destacan los importantes retrasos en las recogidas de los pacientes por parte de las ambulancias por la falta de una quincena de vehículos diariamente para traer y llevar pacientes que requieren tratamientos oncológicos o de diálisis, entre otros, y por las continuas averías que sufren al ser ambulancias viejas que provienen de otras zonas.

“Estas situaciones generan un profundo descontento entre los pacientes y sus familiares, así como un fuerte estrés entre los conductores que han derivado en muchas bajas laborales”, ha subrayado Rosa.

Este representante sindical ha denunciado que tanto SSGA como UTE TSI están realizando despidos sin ninguna justificación, motivo por el cual los trabajadores que están siendo expulsados de la empresa y recurren a la Justicia están ganando esos juicios. Desde CSIF también se pone de manifiesto que estos trabajadores y trabajadoras están trasladando pacientes dentro de los centros sanitarios, unas funciones que no les corresponden al ser personal extrahospitalario.

Asimismo, la plantilla del transporte sanitario se queja de cuestiones como la ausencia de ropa de trabajo, como es el caso de chubasquero, polo de manga larga o de chaquetones reflectantes, así como la obligación a los profesionales de realizar excesos de jornada que no se remuneran a no ser que el trabajador acepte un descuelgue del convenio. “Por todo ello, no entendemos que la Administración vaya a renovar este servicio con estas empresas por un año más”, ha recalcado Rosa.

El presidente del comité de empresa de SSGA ha asegurado que van a continuar las movilizaciones ante los reiterados incumplimientos del IV Convenio Colectivo del Transporte Sanitario por parte de estas empresas, cuya plantilla está formada por unas 350 personas. “No vamos a parar hasta que nuestra voz sea por fin escuchada”, ha afirmado el representante sindical de CSIF.

Correos afronta en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España y con una amplia dispersión territorial, dos procesos de enorme complejidad y gran volumen de gestión: las elecciones autonómicas y el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes. Para CCOO, ambos procesos requieren un importante refuerzo organizativo y de plantilla que garantice tanto la calidad del servicio postal público como el normal desarrollo del voto por correo y de los trámites de regularización.

En este sentido, la Sección Sindical de CCOO en Correos de Córdoba advierte de que la actual política de ajuste y contratación cero impulsada por la Dirección de la empresa pública resulta claramente insuficiente para afrontar con garantías esta situación excepcional. El sindicato considera imprescindible un refuerzo extraordinario de plantilla cercano al 40% para evitar el deterioro del servicio y la sobrecarga laboral que ya están sufriendo numerosos centros de trabajo.

La organización sindical denuncia que la falta de personal afecta de manera generalizada a oficinas y unidades de reparto de toda la provincia, existiendo centros que trabajan muy por debajo de sus necesidades reales de plantilla. Algunos ejemplos especialmente preocupantes son los de Córdoba capital, en donde falta personal en todas las unidades de reparto, teniendo que asumir el trabajo de las vacantes que han ido surgiendo en los últimos años por jubilaciones, traslados o consolidaciones de puestos de Jefatura en otras oficinas, sin que en las tres últimas adjudicaciones del concurso de traslados saliera una mínima plaza en su lugar.

Además, CCOO critica que no se cubren las bajas por incapacidad temporal, como está pasando por ejemplo en Peñarroya, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Montilla o Lucena. En estas dos últimas poblaciones hay necesidad urgente de personal en el turno de mañana pero la empresa se niega sistemáticamente a reorganizar turnos para que personal adscrito al turno de tarde pueda solicitar el de mañana, situación que también se vive en Córdoba capital.

Otro ejemplo de la falta de personal es el de Doña Mencía, un pueblo con 4.465 habitantes en el que no hay ningún cartero adscrito a la oficina del pueblo, por lo que tienen que cubrir el reparto carteros y carteras de Baena. Mientras, en poblaciones como Palma del Río y La Carlota, trabajadores y trabajadoras que están a media jornada y que estaban los primeros para asignarles una jornada completa, no se les ha asignado en la última adjudicación en concurso de traslados.

Según CCOO, en las oficinas se está priorizando la venta de seguros AXA o el proceso de regularización de personas migrantes, lo que puede suponer un riesgo para la correcta admisión, curso, tratamiento y entrega en tiempo y forma del voto por correo.

En este sentido, el sindicato explica que hay oficinas con alta afluencia de solicitantes de regularización que puedan ver afectada la operativa del voto por correo como son la Oficina Principal (OP) situada en la calle Cruz Conde, la Sucursal 1 (Sector Sur) y la Sucursal 4 (Libia), en la que trabajadoras a media jornada tienen que hacer horas complementarías. Las poblaciones más perjudicadas por todo esta falta de personal en oficinas de atención al público son Palma del Río, Baena (20.688 y 18.885 habitantes respectivamente) con solamente dos personas para la atención al público, pero también Lucena y Montilla en turno tarde, con solo dos personas en atención al público y una de ellas en ambas localidades a jornada parcial.

CCOO denuncia, además, que la empresa continúa sin cubrir jubilaciones, bajas médicas, permisos o excedencias, obligando a la plantilla restante a asumir una carga de trabajo cada vez mayor. Esta situación se produce precisamente en uno de los momentos de mayor exigencia operativa para Correos, con miles de envíos electorales y una importante afluencia de ciudadanos y ciudadanas en las oficinas postales.

El sindicato alerta de que esta falta de contratación puede ralentizar, e incluso poner en riesgo y colapsar la correcta admisión, tramitación y entrega en plazo tanto de la documentación electoral como de las solicitudes vinculadas al proceso de regularización de personas migrantes. Del mismo modo, advierte de que la presión asistencial que soportan oficinas y unidades de reparto está incrementando los riesgos para la salud laboral de los trabajadores/as postales, sometidos a elevados niveles de estrés y sobrecarga.

CCOO considera que garantizar el correcto funcionamiento del servicio postal público exige a la compañía reforzar, de manera urgente, la plantilla en reparto, oficinas y logística; asegurando así que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y acceder con normalidad a los servicios de Correos durante ambos procesos.

La Universidad de Córdoba (UCO) ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos resoluciones por las que se convocan procesos selectivos para cubrir un total de 32 plazas de personal laboral fijo por el sistema general de acceso libre; plazas que se suman a las 17 que convocó este jueves. Esta convocatoria se enmarca en la ejecución de las ofertas de empleo público de la institución para los años 2023, 2024 y 2025.

La convocatoria se divide en dos grandes bloques profesionales. Por un lado, 20 plazas para Técnicos Especialistas de Laboratorio destinadas a cubrir necesidades en las distintas unidades de investigación y docencia de la universidad. De estas, se reservan dos plazas para personas con diversidad funcional y un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Por otro lado, 12 plazas para Técnicos Especialistas de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento (Stoem). Estas, a su vez, se distribuyen en cuatro especialidades específicas: cinco plazas -una de ellas, para el cupo de discapacidad- para Instalación y Mantenimiento, tres, para Electricidad y Electrónica; dos, para Edificación y Obra Civil; y otras dos, para Energía y Agua.

El sistema elegido para la selección es el de concurso-oposición. Esta última tendrá carácter eliminatorio y contará con un peso de 60 puntos, mientras que la fase de concurso, que valorará méritos profesionales y de formación, aportará un máximo de 40 puntos.

Para participar, los aspirantes deben estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o contar con una experiencia laboral equiparable, entre otros requisitos generales de acceso al empleo público. En el caso de las plazas de Mantenimiento, también se requiere una acreditación específica de nivel 2 o 3 del Instituto Nacional de Cualificaciones (Incual) en la familia profesional correspondiente. El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde el próximo lunes 11 de mayo.

Los operadores de grúa de Córdoba han suspendido la huelga que mantenían desde 72 días tras alcanzar un acuerdo con la patronal, refrendado este mismo viernes en una asamblea de los trabajadores, que prevén volver a trabajar en las obras el próximo lunes.

El acuerdo supone que los trabajadores pasen a cobrar un plus de 31,50 euros por día trabajado frente a loas 13,10 que percibían hasta ahora y, en conjunto, el sueldo líquido que percibirán estará en torno a los 2.000 euros, según han apuntado.

El portavoz de los gruistas, Antonio Herencia, ha anunciado el acuerdo aprobado en asamblea y que ahora se tendrá que ratificar por parte de la patronal y los representantes de los trabajadores en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). “El lunes volvemos a la obra y volverá todo a la normalidad”, ha dicho sobre un acuerdo que se ha alcanzado “porque hemos llegado a un objetivo” sobre sus pretensiones económicas que, si bien “eran superiores, es normal que en una negociación ambas partes cedan”. En ese sentido, los trabajadores han aceptado las cifras de este acuerdo y suspender el paro de las grúas “por el bien del conjunto de terceros que estaban afectados por la huelga”.

Por parte de CCOO, la secretaria general de Habitat, María Esperanza Sánchez, se ha mostrado satisfecha por el acuerdo sobre el sueldo que percibirán los gruistas, “un salario que se merecen, que han peleado y han luchado. Esto es fruto de la unión y del apoyo del sector en este tiempo”-

Y es que han sido 72 los días de huelga, “72 días en los que en las casas de estos trabajadores no ha entrado un salario. Han luchado muy concienzudamente, ha habido una unión muy férrea y se ha conseguido que se valore a este sector”. “Son el corazón de la obra, porque son los que dan el material necesario para otros trabajadores puedan hacer su tarea”.

Actualmente, trabajan en Córdoba 60 gruistas en otras tantas obras que, en este tiempo de huelga, han quedado paralizadas.

La Universidad de Córdoba (UCO) ha iniciado el proceso para la incorporación de 17 nuevos profesionales a su plantilla de personal laboral fijo. Las resoluciones han sido publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abriendo el periodo de inscripción para tres procesos selectivos diferenciados bajo el sistema de concurso-oposición.

La mayor oferta corresponde a la categoría de Técnico Especialista de Conserjería, con un total de 15 plazas de acceso libre. La institución ha reservado dos de estos puestos para personas con diversidad funcional: una plaza para quienes acrediten discapacidad intelectual y otra, para discapacidad mental.

Asimismo, la Universidad busca especialistas para áreas de alta cualificación técnica, para lo que ha convocado una plaza de Técnico Especialista de Laboratorio adscrita a la Unidad Varietal del Olivo y Banco de Germoplasma. Finalmente, también oferta una vacante de Técnico Especialista para la Oficina de Proyectos Internacionales (OPI), puesto clave para la gestión de programas europeos como Horizonte Europa y otras iniciativas de I+D+i.

Para todas las convocatorias, el sistema de selección se dividirá en dos fases, oposición y concurso. Los aspirantes deben poseer, como mínimo, el título de Bachiller o Técnico (o experiencia laboral equivalente de un año en la categoría) y cumplir con los requisitos generales de acceso al empleo público.

El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días hábiles contados a partir de este viernes.

El comité de empresa de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha convocado para el próximo 14 de mayo una asamblea-concentración a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para dar a conocer la grave situación que se vive en la empresa a consecuencia del desgobierno que ha sufrido en los últimos años, en los que la falta de comunicación y de solución de las cuestiones pendientes han marcado la tónica.

CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, sostiene en un comunicado que “nunca se ha vivido una situación así, con vehículo peligrosos no solo para el conductor, sino también para la ciudadanía, vehículos que deberían estar en la chatarra pero que son los que recorren las calles de la ciudad a diario”.

El sindicato señala que, con la asamblea-concentración del próximo jueves, se quiere mostrar a la clase política de la ciudad y a la ciudadanía la dejadez a la que ha estado sometida la empresa y, por añadidura, la ciudad. Así, el comité de empresa denuncia que hay muchos lugares en los que se está dejando de recoger la basura por la falta de vehículos y en otros, se están recogiendo los contenedores a mano porque falla el sistema de recogida automática, así como el pésimo estado de algunos vehículos.

Además, la representación sindical afirma que se están engañando a la ciudadanía en la gestión de residuos y que la pésima gestión negociadora con terceros ha llevado a perder millones de euros de ingresos anuales. Esa falta de gestión se evidencia en los sucesivos cambios de Dirección de la empresa, en el incumplimiento del convenio y normas pactadas, así como en la falta de creación de empleo fijo, sin activar las jubilaciones parciales.

Junto a lo anterior, el comité critica la ausencia del presidente de la empresa y las afirmaciones falsas sobre las jubilaciones parciales, así como el incumplimiento de los compromisos adquiridos para la creación de empleo que se refleja en la falta de personal a pesar de la espectacular subida de la tasa de basura, no habiéndose convocado todas las plazas.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha puesto en marcha tres procesos de selección para cubrir 30 puestos de trabjao distribuidos en tres perfiles profesionales clave: albañilería, mecánica industrial y electricidad. Las ofertas, que incluyen contratos tanto temporales como indefinidos, se localizan en los municipios de Puente Genil, Córdoba capital y Montemayor.

En el sector de la construcción se buscan diez albañiles cualificados para trabajar en Puente Genil. La oferta propone un contrato laboral temporal de 90 días de duración, con una jornada completa de 7:00 a 15:00. Según la oferta, los seleccionados percibirán un salario bruto mensual de 2.000 euros (con pagas extras prorrateadas) y deberán encargarse de tareas que van desde la ejecución de obras hasta la gestión de materiales y el mantenimiento de registros de repuestos. El plazo de inscripción para esta convocatoria finaliza este jueves.

Para la capital cordobesa se han convocado otras diez vacantes destinadas a mecánicos ajustadores de maquinaria. En este caso, la oferta destaca por ofrecer un contrato indefinido y un salario de 2.124 euros brutos mensuales, con un horario de trabajo de 7:00 a 15:00. Los interesados tienen hasta el 12 de mayo para formalizar su inscripción en este proceso de selección.

Finalmente, y relacionado con las energías limpias, en Montemayor se buscan diez electricistas para trabajar en una planta solar fotovoltaica ubicada en esta localidad. Al igual que los mecánicos, estos profesionales contarán con un contrato laboral indefinido. Las funciones principales consistirán en labores de cableado y conexionado, valorándose positivamente la experiencia previa y la formación específica en el sector. Las condiciones incluyen un salario bruto mensual de 1.590 euros y un horario de 8:00 a 16:00. La fecha límite de inscripción es el próximo 20 de mayo.

El paro ha bajado en Córdoba a niveles desconocidos desde junio de 2005, años antes de que estallase la crisis del ladrillo. Desde entonces, no se veía un nivel tan bajo en el número de demandantes de un puesto de trabajo en la provincia de Córdoba.

Según los datos que ha difundido este martes el Ministerio de Trabajo, en la provincia de Córdoba el mes de abril cerró con 47.522 personas en busca de un puesto de trabajo. Son 1.687 personas menos que en marzo y casi 6.000 menos que hace justo un año, lo que deja una cifra histórica. La caída anual es de casi el 11%, según los datos difundidos.

Este importante descenso se nota especialmente en el sector servicios, con 1.024 parados menos que en marzo. Pero también en el resto de sectores económicos de la provincia: la agricultura tiene 112 parados menos, la industria 108 y la construcción 93, según los datos difundidos este martes por el Ministerio.

El dato de abril sitúa a la provincia en cifras prácticamente inéditas en más de dos décadas. Hay que remontarse a junio de 2005 para encontrar un registro inferior, cuando el número de desempleados se situaba en 47.064 personas. Desde entonces, la evolución del mercado laboral ha estado marcada por la profunda destrucción de empleo derivada de la crisis inmobiliaria y financiera, así como por el impacto posterior de la pandemia, episodios que elevaron el paro a niveles muy superiores a los actuales.

La tendencia actual, sin embargo, confirma una recuperación sostenida del empleo en la provincia. El descenso mensual del paro en abril responde en parte a factores estacionales, como la campaña turística de Semana Santa o el aumento de la actividad en determinados servicios, pero también refleja una inercia positiva que se viene consolidando en los últimos meses.

Por sectores, los servicios siguen concentrando la mayor parte del desempleo, con cerca de dos tercios del total de parados, lo que evidencia el peso de este ámbito en la estructura productiva provincial. Aun así, la caída registrada en abril ha sido generalizada, alcanzando también a la agricultura, la industria y la construcción, lo que refuerza la idea de una mejora transversal del mercado laboral.

En cuanto a la estructura del desempleo, las mujeres continúan representando la mayoría de las personas inscritas en las listas del paro, con una proporción cercana al 63%, lo que pone de manifiesto una brecha de género persistente. Además, el grueso de los desempleados se concentra en mayores de 25 años, reflejando un perfil de paro más envejecido.

En términos de contratación, durante el mes de abril se firmaron más de 23.000 contratos en la provincia, lo que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior, aunque con un descenso respecto a marzo. Este comportamiento apunta a una cierta volatilidad mensual, habitual en el mercado laboral, pero mantiene una tendencia de fondo positiva.

Andalucía lidera la caída de paro en España

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.393 personas en abril en Andalucía en relación al mes anterior (-3,86%) hasta los 557.245 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la caída del paro a nivel nacional.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de abril desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en abril la mayoría de veces en Andalucía (27 veces) mientras que ha subido en tres ocasiones

En el último año el desempleo acumula un descenso de 61.858 parados, lo que supone un 9,99% menos.

Por sectores, el paro bajó en todos, encabezado por Servicios, 14.782 menos; seguido de Sin Empleo Anterior, 4.153 menos; Construcción, 1.389 menos; Industria, 1.090 menos y finalmente Agricultura, con 979 menos.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (387.556), Sin empleo anterior (63.804), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (29.672), Industria (30.259) y Construcción (45.954).

En cuanto a sexos, de los 579.638 desempleados registrados en abril, 343.587 fueron mujeres, 13.056 menos (-3,6%) y 213.658 hombres, lo que supone un descenso de 9.337 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-4,18%).

En abril, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 5.329 parados menos que a cierre del pasado mes, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 17.064 desempleados.

El paro bajó en todas las provincias, siendo Sevilla donde hubo una mayor caída (-5.825); seguida de Cádiz (-4.227); Málaga (-4.152); Granada (-2.345); Huelva (-1.694); Córdoba (-1.687); Almería (-1.274) y Jaén (-1.189).

Contratación

En abril se registraron 263.563 contratos en Andalucía, un 6,65% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 109.442 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,57% inferior a la de abril del año anterior y 154.121 contratos temporales (un 13,38% más).

Del número de contratos registrados en abril, el 58,5% fue temporal y un 41,5%, indefinidos.

Nacional

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de abril, el número total de desempleados bajó de los 2,4 millones de personas por primera vez desde junio de 2008 al situarse en 2.357.044 personas, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado es ligeramente inferior al de abril de 2025 (-67.420 parados), pero superior al de 2024 (-60.503).

En todo caso, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la Semana Santa se celebró en marzo, tanto el mes de abril de 2025 como el de este año sí se beneficiaron de los efectos en el empleo habituales en esa época del año.

Aún así, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en abril. Lo hizo en 11.256 personas respecto al mes anterior.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en abril en 28 ocasiones y ha subido en tres. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 282.891 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2017, cuando disminuyó en 129.281 parados.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 155.674 personas, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 91.206 mujeres (-6%) y una caída del desempleo masculino de 64.631 varones (-6,5%).

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 46.156 desempleados menos (-2,6%), seguido de la industria (-3.680 desempleados, -2%); la construcción, que restó 3.603 parados (-2,2%), y la agricultura, donde bajó en 2.272 personas (-3%).

Asimismo, el desempleo disminuyó en 6.957 personas (-3%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en abril en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 34.146 mujeres en comparación con marzo (-2,3%), mientras que el masculino se redujo en 28.522 desempleados (-3%).

Así, al finalizar el cuarto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.424.426 desempleadas, su menor cifra desde septiembre de 2008, mientras que el de varones totalizó 932.618 desempleados.

Mínimo del paro juvenil

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 43.384 desempleados en abril (-2%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 19.284 personas (-10,2%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 años bajó por primera vez de la barrera de los 170.000 desempleados, marcando un mínimo histórico de 169.693 desempleados.

El paro registrado disminuyó en abril en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-22.393 desempleados), Cataluña (-8.949 parados) y Madrid (-6.249 personas).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en todas ellas, encabezadas por Madrid (-6.249 desempleados), Barcelona (-6.035) y Sevilla (-5.825).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 6.616 desempleados respecto al mes anterior (-1,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 341.551 desempleados, lo que supone 11.146 parados menos que hace un año (-3,1%).

En abril de este año se registraron 1.258.296 contratos, un 10,3% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 543.543 fueron contratos indefinidos, un 7% más que en abril de 2025.

En total, el 43,2% de todos los contratos realizados en abril fueron indefinidos, porcentaje 1,3 puntos inferior al del mismo mes del año pasado. De hecho, esta proporción es la menor en un mes de abril desde la puesta en marcha de la reforma laboral.

Dentro de los indefinidos, en abril se realizaron 229.062 contratos a tiempo completo, un 5,8% más que igual mes del año anterior; 129.730 a tiempo parcial (+10,5%) y 184.751 fijos discontinuos (+6,2%).

De todos los contratos suscritos en abril, 658.488 fueron contratos temporales, un 4% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 52,3% del total de la contratación efectuada en el cuarto mes del ejercicio 2026.

En los cuatro primeros meses del año se han efectuado más de 4,8 millones de contratos, cifra un 5% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que casi 2,1 millones han sido contratos fijos (+4,6%) y 2,69 millones, temporales (+3,2%).

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de marzo (último dato disponible) la cifra de 2.141,6 millones de euros, un 2,7% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.608 euros en el tercer mes del año, un 22,3% más que en marzo del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de marzo fue de 1.029,4 euros, lo que supone un aumento de 24,1 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,4%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.777.568 personas, cifra un 3,4% inferior a la del mismo mes de 2025.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha querido “reconocer” la labor de “tantos trabajadores y trabajadoras cristianos que dedican su vida a llevar el Evangelio al mundo del trabajo y que desarrollan, desde su fe y la doctrina social de la Iglesia, un compromiso cristiano, codo con codo con otros trabajadores, en las distintas organizaciones del movimiento obrero, que luchan por la dignidad del trabajo y por los derechos de las personas trabajadoras, especialmente aquellas que sufren mayor precariedad, como son las personas migrantes”.

En este sentido y en su carta semanal, recogida por Europa Press, Jesús Fernández, “con motivo del 1º de mayo, Festividad de San José Obrero y Día Internacional del trabajo”, ha dado “gracias a Dios por todas las personas que, con su trabajo, construyen cada día un mundo más habitable. También por tantos trabajadores y trabajadoras anónimos que viven con generosidad y sacrificio sus tareas de cada día”.

Sin embargo, según ha lamentado, “el trabajo humano, que es una dimensión fundamental para la vida personal, familiar y social, sigue en muchas ocasiones concibiéndose y organizándose desde criterios economicistas e individualistas, que lo precarizan y lo deshumanizan”.

De hecho, según ha señalado en su carta, “vivimos un cambio de época que está imponiendo un nuevo paradigma económico y tecnológico que rechaza cualquier traba legal, política, moral o ética que impida obtener la máxima rentabilidad. Un nuevo paradigma que identifica erróneamente vivir sin limitaciones con la libertad”.

IA y autoritarismo

Por otro lado, según ha añadido el obispo, “con los avances en la inteligencia artificial y la neurotecnología, el control sobre el trabajo y la vida de las personas se está ampliando. Las personas están siendo reducidas a meros productos de consumo que generan beneficios jamás vistos”.

Todo ello, además, “sucede en un momento en el que la destrucción del planeta es más evidente que nunca y donde el autoritarismo, la guerra y el armamentismo están debilitando la democracia y los derechos de las personas y de los pueblos”.

Precarización

En este contexto, Jesús Fernández ha alertado en su carta que “el mundo obrero y del trabajo está viviendo un intenso proceso de precarización”, con “precariedad laboral en el acceso al empleo, marcado por la inestabilidad; precariedad en las condiciones de trabajo, con pérdida de control y de derechos, y precariedad vital y social, derivada del impacto del empleo precario en la vida cotidiana y familiar”.

Tanto es así que “el IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social nos advierte de una cronificación de la desigualdad y de un proceso profundo de fragmentación social. En nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, el 23% de la población andaluza, casi dos millones de personas, vive en exclusión social, y el 10% lo hace en exclusión severa. Dicho estudio señala como ejes principales de la exclusión la vivienda y el empleo”.

Ante esta realidad, el obispo ha concluido que, “desde nuestra fe y la doctrina social de la Iglesia, tenemos que afirmar que el trabajo es un don de Dios. El ser humano está llamado mediante el trabajo a participar en su obra creadora” y, “por ello, trabajar es una dimensión constitutiva del ser humano que lo acerca a Dios”, pero “un trabajo solo es digno si es decente”, lo que significa un trabajo que, “en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer”.

En consecuencia, “un trabajo que tiene que estar atravesado por el amor y la comunión, y tiene que incorporar la dimensión del cuidado de la persona que trabaja, de la naturaleza y de la sociedad. Solo así será un trabajo respetuoso con la dignidad de los trabajadores y podrá considerarse decente”.

Que baje el paro siempre es una buena noticia. Y más en una provincia como Córdoba, donde el desempleo es endémico y la tasa de paro sigue siendo la cuarta más alta de toda España (superada solo por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y la provincia de Cádiz). Pero entre los datos hay una letra pequeña: uno de los motivos por los que desciende el desempleo es Córdoba es porque cada vez hay menos gente disponible para trabajar (por edad o porque directamente ha abandonado el mercado laboral).

Eso es lo que refleja el análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026, difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La provincia registra 62.300 parados, menos que hace un año, y una tasa de desempleo del 16,69%, inferior a la del mismo periodo de 2025. Sin embargo, al mismo tiempo la población activa —es decir, las personas que trabajan o buscan empleo— se ha reducido con fuerza hasta situarse en 373.200 personas, el nivel más bajo de la serie reciente. La conclusión es clara: Córdoba mejora sus porcentajes de paro, pero pierde músculo laboral. Y eso plantea una duda de fondo sobre la solidez real de esa mejoría.

Un mercado laboral más pequeño

La población activa es uno de los indicadores más relevantes para medir la salud económica de un territorio. Cuando aumenta, significa que más personas se incorporan al mercado de trabajo, ya sea encontrando empleo o intentando hacerlo. Cuando cae, sucede lo contrario: menos ciudadanos participan en la economía productiva.

En el caso de Córdoba, la evolución reciente es preocupante. En el primer trimestre de 2022 la provincia alcanzó uno de sus niveles más altos con 385.100 activos. Desde entonces, la cifra ha ido descendiendo con altibajos hasta los 373.200 actuales.

Eso significa que en apenas cuatro años Córdoba ha perdido cerca de 12.000 personas en su fuerza laboral. No se trata de una variación puntual, sino de una tendencia sostenida que apunta a factores estructurales como el envejecimiento de la población, las jubilaciones, la emigración de jóvenes o el abandono de la búsqueda de empleo.

Otro dato revelador es la tasa de actividad, que mide qué porcentaje de la población en edad de trabajar está dentro del mercado laboral. Córdoba había llegado a moverse en el entorno del 58% y el 59% en años anteriores, pero ahora cae al 56,8%. Es una cifra especialmente relevante porque refleja que el problema no es solo cuántos parados hay, sino cuántas personas participan realmente en la economía provincial. Si el número de activos disminuye, también se reduce el potencial de crecimiento, consumo, inversión y creación de riqueza. En otras palabras: una provincia puede mejorar su tasa de paro sobre el papel mientras pierde capacidad económica real.

Menos paro… pero también menos activos

La comparación interanual resume bien esa contradicción. En el primer trimestre de 2025 Córdoba contaba con 383.000 activos y 66.200 parados, con una tasa de desempleo del 17,32%. Un año después hay 373.200 activos y 62.300 desempleados, con una tasa del 16,69%.

Es decir, hoy hay menos parados que hace un año, pero también casi 10.000 personas menos participando en el mercado laboral. Parte de la mejora estadística del paro se explica porque disminuye el denominador: hay menos gente buscando trabajo.

Este fenómeno suele producirse cuando personas desempleadas dejan de inscribirse, renuncian temporalmente a encontrar empleo, pasan a la inactividad o abandonan la provincia en busca de oportunidades.

La serie histórica reciente deja además una referencia significativa. El primer trimestre de 2024 fue el mejor dato de los últimos años para Córdoba: 54.500 parados y una tasa de desempleo del 14,67%, claramente mejor que la actual. Desde entonces, la provincia no ha logrado recuperar aquel nivel. El paro volvió a repuntar en 2025 y, aunque ahora corrige ligeramente, lo hace sobre una base más reducida de población activa. Eso refuerza la sensación de que la economía cordobesa no termina de consolidar una dinámica expansiva sostenida.

CCOO habla de una bajada del paro “ficticia”

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, se congratula de la bajada del paro que reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre del año, que indican que la provincia cuenta con 62.200 personas en desempleo, 3.100 menos que en el último trimestre del pasado 2025. Sin embargo, esta bajada del paro “es ficticia” y en realidad no responde a un incremento del empleo sino a una bajada de la población activa, o lo que es lo mismo, “a la salida masiva de personas del mercado laboral”, remarca la responsable sindical.

Acaiña ha mostrado su profunda preocupación ante los datos del mercado laboral del primer trimestre de 2026, que “certifican un empeoramiento real de las condiciones de vida de la clase trabajadora cordobesa”. La reducción de la tasa de paro en 0,35 décima, hasta el 16,69 %, “es un dato engañoso, ya que se produce de forma paralela a un descenso drástico de la tasa de actividad y de empleo”, insiste.

En opinión de la responsable sindical, “la provincia ha perdido dinamismo, con una caída de la actividad del 1,75 % respecto al trimestre anterior”. En este sentido, Acaiña ha afirmado que “estamos ante un efecto desánimo evidente, donde la población ha dejado de buscar empleo ante la falta de oportunidades reales, provocando una contracción simultánea de la actividad y el empleo”.

La tasa de empleo se ha situado en el 47,32 %, lo que supone un descenso de 1,25 puntos porcentuales en tan solo tres meses. Asimismo, en términos interanuales, esta tasa de empleo ha disminuido en 1,04 %, “lo que ratifica que la estructura productiva de Córdoba es incapaz de retener a su población activa y de generar puestos de trabajo estables”, hace hincapié la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba.

CSIF lamenta la “falta de medidas”

CSIF considera que la bajada del paro no puede esconder el hecho de que la tasa de desempleo en Córdoba se mantiene como la cuarta más elevada en España, según las cifras dadas hoy a conocer en la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2026. “Se trata de un dato que demuestra claramente el largo camino que le queda por recorrer a nuestro mercado laboral hasta conseguir una situación que podamos calificar como normal en los tiempos actuales”, según recalcó el presidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López.

Además, se da la circunstancia de que esta ratio está lejos de la media nacional, que se colocó al comienzo de este ejercicio en un 10,83%. El dirigente sindical resalta que “no podemos aceptar que pasen los años y la creación de empleo estable y de calidad en nuestro territorio se haya convertido en una quimera por la falta de medidas eficaces por parte de las administraciones públicas competentes y por un diálogo social que se ha quedado desfasado al no responder a las necesidades actuales de los trabajadores y las trabajadoras”.

López califica de “engañosa” la bajada del paro en 3.000 personas que se contabilizó en el primer trimestre del año con respecto al anterior, ya que la cifra de ocupados en Córdoba se ha reducido en 7.100 personas. En su opinión, “esto es una prueba de cada vez más cordobeses, muchos de ellos jóvenes, se ven obligados a hacer las maletas para buscar un futuro fuera dadas las escasas oportunidades laborales de calidad y estabilidad que les ofrecen aquí, algo que también se observa en los constantes descensos de la población en la provincia”.

El máximo responsable de la central sindical a nivel provincial también alerta de la situación de las mujeres, que suponen casi el 57% del conjunto de desempleados que había en Córdoba a principios de 2026, según la EPA, al mismo tiempo que la tasa de paro femenino se sitúa como la tercera más elevada en España, con un 20,36%. “Nuestro mercado laboral sigue teniendo un sesgo de una desigualdad contra el que es necesario seguir luchando con el objetivo de que todos, hombres y mujeres, tengamos las mismas oportunidades para acceder a un puesto de trabajo”, concluye el presidente de CSIF Córdoba.

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en Córdoba capital, convocadas por el sindicato CTA, han protagonizado este martes por la tarde una manifestación por el centro de la ciudad para protestar por el incumplimiento del convenio del sector por parte de la empresa adjudicataria de dicho servicio, Atende Servicios Integrados S.L.

Las empleadas han llevado a la calle las reivindicaciones que desde hace tiempo llevan exponiendo en los plenos municipales del Ayuntamiento -como administración responsable del servicio y el contrato con la empresa- y en otra serie de protestas ante los medios de comunicación, para señalar sus condiciones laborales que no se ajustan al convenio del sector.

Desde CTA, en representación de las trabajadoras, señalan que esta protesta “es fruto del sistemático incumplimiento del convenio del sector, ya que llevan prestando el servicio un año y medio y, por más que hemos intentado dialogar, no nos ha quedado más remedio que denunciar, y aun así han seguido con numerosos incumplimientos”.

Entre ellos, señalan descuentos indebidos en las nóminas, no otorgar permisos retribuidos, no respetar la desconexión digital incluyendo descansos y festivos, impagos por la rebaja de la jornada en 2025, además de soportar cuadrantes de trabajo de hasta 48 horas a la semana o partir jornadas parciales, entre otras cuestiones.

Ante ello, las trabajadoras se han manifestado en un recorrido desde las puertas del Ayuntamiento de Córdoba hasta la sede de la empresa adjudicataria del servicio ubicada en el Bulevar de Gran Capitán y anuncian una huelga para el mes de mayo.

Los operadores de grúas torre de la provincia han pedido hoy al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, que intermedie en el conflicto que mantienen con la patronal de la construcción, Constructor, por la subida salarial de este colectivo, que inició una huelga indefinida hace ya 52 días. Una amplia representación de los gruistas, que estuvieron acompañados por la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, han mantenido una reunión con Molina y las delegadas de Fomento y de Empleo de la Junta en Córdoba, María del Carmen Granados y María Dolores Gálvez, respectivamente, en la que le han expuesto el origen y desarrollo del conflicto, surgido por la reclamación por parte del colectivo, de una mejora salarial.

Marina Borrego advirtió que “este conflicto puede ser el germen de un conflicto mayor que se extienda a otros colectivos de la construcción cuando lo que están pidiendo es de justicia, porque los gruistas tienen una responsabilidad civil y penal que no tienen otros trabajadores en la obra”.

En la última reunión entre la patronal y los trabajadores auspiciada por el Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) se acercaron posturas, pero “aunque los gruistas han rebajado mucho sus pretensiones -pidieron 27 euros-, la patronal no cede y mantiene un conflicto por solo 9 euros de diferencia”, añadió la responsable sindical. Antonio Herencia, representante del colectivo de gruistas torre y delegado de UGT, explicó a los responsables de la Junta que “lo que queremos es una mejora salarial. Nuestra última propuesta fue una subida de 27 euros y la patronal llegó a ofrecer 18 euros de subida”.

En cualquier caso, los representantes sindicales hicieron hincapié en que la subida que se plantea no supone un quebranto para las empresas. “En obras que tienen un coste de varios millones de euros, subir 27 euros no es dinero, y es incomprensible que se quejen de las pérdidas que están teniendo por la paralización de las obras cuando éstas superan con creces lo que implicaría la subida salarial que está pidiendo el colectivo. Si pueden asumir las pérdidas pueden asumir la subida, máxime, cuando estamos hablando de 60 trabajadores”, insistió la secretaria General de CCOO de Córdoba.

Por su parte, tanto el delegado del Gobierno como las delegadas de Fomento y de Empleo, se comprometieron a contactar con la patronal de la construcción y tratar de mediar para que se pueda llegar a un acuerdo que ponga fin de una vez por todas al conflicto.