El verano pasado, más de medio millar de cordobeses se marcharon a trabajar en la vendimia de Francia. Muchos son vecinos de las históricas comarcas de Montilla-Moriles, la cuna del vino cordobés. Este año, se calcula que han podido emigrar en periodo estival otro medio millar de cordobeses. En Francia, el salario neto que cobra un jornalero durante la vendimia de 2026 se ha fijado en 9,74 euros la hora, permitiendo alcanzar ingresos que oscilan entre 1.900 y 2.337 euros mensuales. Además, a la gran mayoría se le abona el viaje y la manutención.

A la vez, son muchos los agricultores de Montilla-Moriles que no encuentran trabajadores para la vendimia. Tanto que este miércoles, la asociación VitiVinum, que representa a agricultures y lagares de Montilla-Moriles, emitió un comunicado de prensa en el que alertaba de la falta de mano de obra para la vendimia actual. El responsable de Acción Sindical de CCOO en Córdoba, Raúl Tirado, explicó el motivo: la mayor parte de los trabajadores del campo cordobés se han marchado a Francia. “Aquí la vendimia está acogida al convenio del campo, que apenas si llega al salario mínimo interprofesional”.

Según las tablas del último convenio del campo (que el sindicato CCOO no firmó), un trabajador cobra un salario bruto al día de 62,85 euros. En el caso de que la vendimia dure un mes (que nunca es el caso) y el jornalero trabajase los 22 días correspondientes, el salario bruto sería de 1.382,70 euros. En el mejor de los casos, el neto se le quedaría en 1.295 euros al mes para un trabajo agrícola que, además, es temporal.

“Nos encontramos en un momento decisivo del año. La uva alcanza su punto óptimo de maduración en unas fechas determinadas y no puede esperar. La vendimia requiere disponer de un importante número de trabajadores durante un periodo relativamente corto e intenso. La falta de mano de obra puede provocar retrasos en la recolección, pérdida de calidad de la uva, incremento de costes e incluso que determinadas parcelas no puedan vendimiarse a tiempo”, denuncian desde Vitivinum, aunque su análisis de la falta de trabajadores dista un abismo del planteamiento de CCOO.

“Consideramos necesario que las administraciones, organismos y entes involucrados analicen si el actual sistema de prestaciones, subsidios y ayudas vinculadas al desempleo agrario está suficientemente coordinado con las necesidades reales de contratación durante las campañas agrícolas”, aseguran, en un discurso al que se opone el sindicato. “Aquí no hay condiciones de trabajo dignas” y también “se echa en falta cultura empresarial”, asegura Tirado.

El sector vitivinícola español, y el cordobés en particular, lleva décadas sumido en una crisis en el que se compite por precio con Francia. En la provincia de Córdoba, el precio por un kilo de uva en origen que ha recibido un agricultor ha oscilado entre los 45 céntimos y los 56. En Francia, el precio de la uva Champagne, que recogen muchos de los vendimiadores españoles que cada verano emigran allí, se paga entre 6,60 y 9,60 euros el kilo. La diferencia es abismal. Los márgenes de los viticultores franceses, también. Y eso lleva a poder pagarle mejor a los trabajadores.

Aparte, el sector vitivinícola español, a través de las organizaciones agrarias, lleva años solicitando una estrategia nacional para la protección de las viñas españolas y también para que los precios no se derrumben. Francia ha movilizado ayudas millonarias para fomentar el arranque de viñas con el que corregir el exceso de producción de vino que tiene el país. Es una manera de intervenir en el mercado para que los precios no se desplomen. España ya hizo una estrategia similar hace años que menguó, por ejemplo, la extensión de vides que había en Montilla Moriles.

Ahora, al sector se le acumulan los problemas. No solo está el de la falta de mano de obra. También el de la caída de la producción actual por la plaga del mildiu, con estimaciones de hasta un 40% menos de cosecha. Y también el aumento de los costes. La crisis de la guerra de Ucrania sumada a la de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha hecho que se incrementen los gastos de los abonos y de muchos productos fitosanitarios, junto a los del transporte. Los márgenes para muchos viticultores no solo se han estrechado, sino que en algunos casos se produce ya bajo el umbral de la rentabilidad.

En el marco de Montilla-Moriles existen muchas pequeñas explotaciones. En municipios pequeños son los propios propietarios los que vendimian, en muchos casos con ayuda de su familia y ante la falta de empleados. Pero la mano de obra no solo es necesaria en el campo, sino también en los lagares. El cambio del modelo laboral en parte de estos municipios, con cada vez menos trabajadores dedicados al sector agrario, ha elevado la dificultad para encontrar jornaleros.

Inmigrantes sin papeles

Vitivinum va un paso más allá. “En Montilla, Moriles y otros municipios de nuestra comarca residen actualmente personas extranjeras, entre ellas numerosos ciudadanos de origen latinoamericano por ejemplo, que desean trabajar, que están dispuestas a incorporarse a las labores agrícolas y que sin embargo, en determinados casos, no pueden ser contratadas legalmente debido a que su situación administrativa todavía no les permite trabajar”.

“Los viticultores y agricultores en general, queremos contratar legalmente. Queremos que estos trabajadores puedan disponer de su contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social, salario conforme a la normativa y convenios, prevención de riesgos laborales y todas las garantías, derechos y dignidad que corresponden a cualquier trabajador”, aseguran. Por eso, reclaman “a las administraciones competentes a que estudien y establezcan procedimientos ágiles, extraordinarios o urgentes, plenamente legales, de regularización o autorización de trabajo excepcional para aquellas personas extranjeras residentes en la zona que reúnan los requisitos establecidos legalmente y tengan una oferta real de empleo en campañas agrícolas como la vendimia”.

La provincia de Córdoba ha alcanzado los 312.797 afiliados a la Seguridad Social ocupados en la primera quincena de agosto, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto de Andalucía la cifra de ocupados en ese periodo ha llegado a los 3.587.486. Mientras, a nivel nacional, los datos de afiliación a la Seguridad Social se mantienen al alza un mes más. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la cifra de afiliación se sitúa en 22.318.994 ocupados en la primera quincena de agosto, lo que supone un aumento de 668.503 afiliados en los últimos 12 meses (+3,09%). Alcanza así el nivel más alto de la serie desestacionalizada.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que “la mejora de la calidad del empleo y el crecimiento sostenido del mercado de trabajo en España se continúan consolidando gracias a la reforma laboral: se han creado 452.947 empleos desde final de 2025 hasta la primera quincena de agosto”.

Desde diciembre de 2022, se han sumado 2.031.098 ocupados en la serie ajustada, cifra que asciende hasta los 2.560.752 si se toma por referencia diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Por otra parte, si nos centramos en las dos últimas quincenas, el crecimiento en la serie desestacionalizada ha sido de 63.669 afiliados, lo que supone un incremento del 0,29%.

Una empresa en Montemayor dedicada al cultivo de olivos, y que cuenta con una amplia flota de vehículos, ha lanzado una oferta de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo para contratar a diez mecánicos de mantenimiento y reparación de automoción. La convocatoria ofrece contratos laborales indefinidos a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00.

Las personas seleccionadas percibirán un salario bruto mensual de 1.660 euros, con las pagas extras ya prorrateadas. Los requisitos fundamentales para optar a estos puestos son disponer de carnet de conducir y acreditar experiencia previa en la ocupación. La incorporación definitiva está prevista para el 4 de septiembre, por lo que aquellos interesados en participar en este proceso de selección tienen de plazo hasta el 22 de agosto de 2026 para inscribirse.

Por otro lado, en Posadas, otra empresa busca ocupar otra vacante de mecánico especializado en vehículos industriales, turismos y camiones. En este caso, el puesto también ofrece un contrato indefinido a jornada completa, pero con un salario de 1.700 euros brutos mensuales.

Las funciones, en este caso, incluyen el diagnóstico de averías (mecánicas, eléctricas y neumáticas), mantenimiento preventivo y correctivo, y trabajos de mecánica general como motor, frenos y suspensión. El horario previsto es de mañana y tarde, contando con jornada intensiva durante el verano, y la fecha de incorporación para este puesto está fijada para el próximo 17 de agosto Al igual que en la oferta anterior, el plazo de inscripción finaliza el 22 de este mes.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de suplicación presentado por un trabajador de Córdoba después de que un juzgado de la capital considerara que el empresario para el que trabajaba en una finca no debía indemnizarle por el accidente laboral que sufrió. Para esta decisión, el alto tribunal andaluz ha aplicado la “concurrencia de culpas”, por lo que el empresario deberá indemnizarle con 85.598,89 euros dado que en el accidente fueron determinantes las faltas de seguridad.

La caída tuvo lugar hace más de diez años, en enero de 2016, mientras el empleado se encontraba realizando labores de poda de encinas en una finca de la provincia de Córdoba. En un momento dado, el trabajador, con una experiencia de unos ocho años en el sector, accedió a la cruz de un árbol utilizando una escalera de mano. Tras subir, se desplazó hasta situarse de pie sobre una de las ramas que pretendía podar, llevando consigo una motosierra de unos 3,5 kilos de su propiedad.

Mientras realizaba el corte, escuchó un crujido seco. La rama en la que se encontraba apoyado, que aparentemente parecía estar en buen estado, cedió al estar podrida en su interior. El operario estaba anclado con un arnés precisamente a esa misma rama, pero cayó al vacío desde una altura aproximada de 3,5 metros, impactando contra el suelo. Tras la caída, perdió el conocimiento y tuvo que ser auxiliado por sus compañeros, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo.

Las investigaciones posteriores, tanto de la Inspección de Trabajo como del Centro Provincial de Riesgos Laborales, revelaron una falta de seguridad que ha llevado al TSJA a revocar la sentencia del Juzgado de lo Social número 4. Así las cosas, la empresa carecía de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, no se había evaluado el riesgo de trabajar en altura ni se habían determinado métodos seguros de poda (como el uso de plataformas elevadoras). Tampoco se había acreditado que el trabajador recibiera información sobre los riesgos de su actividad ni formación sobre el uso correcto de los equipos de protección individual (EPIs). Además, se detectó una falta de vigilancia efectiva sobre el método de trabajo utilizado, permitiéndose una práctica de riesgo.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba desestimó la demanda del trabajador. El juez consideró que, aunque el empresario facilitó arnés y escalera, el empleado actuó con negligencia al no cerciorarse del estado de la rama antes de apoyarse en ella, señalando incluso la existencia de “culpa exclusiva de la víctima”.

Sin embargo, el TSJA ha aplicado la doctrina de la “concurrencia de culpas” al admitir que el trabajador fue imprudente al anclarse a la rama que estaba podando, pero esa imprudencia fue, en gran medida, fruto de la ausencia de formación y evaluación de riesgos por parte del empresario. De este modo, el explotador de la finca, como “garante” de la seguridad, no puede eludir su responsabilidad cuando ha fallado en sus obligaciones básicas.

Por ello, el tribunal ha establecido un reparto de responsabilidad del 70% para la empresa y del 30% para el trabajador. Como resultado, la indemnización total solicitada de 122.284,13 euros -que cubría lesiones temporales, 26 puntos por perjuicio fisiológico, diez por estética y daños morales por la pérdida de calidad de vida- ha sido ajustada a la cifra final de 85.598,89 euros, que el empresario deberá abonar con los intereses legales correspondientes.

El Sindicato Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Córdoba ha criticado este lunes que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza en la sede de Córdoba de Casa Árabe “no está pagando los salarios a las empleadas” que prestan dicho servicio.

Según ha informado el sindicato en una nota, “desde el inicio de su gestión en junio” pasado, la adjudicataria, “Meprosa Mantenimiento y Servicios SL., con sede social en Vigo, no ha pagado ni un euro a sus empleadas, a lo que habría que sumar que no proporciona el material ni los útiles y productos necesarios para la limpieza del centro y, dado que la sede de la empresa está a más de 1.000 kilómetros de Córdoba, crea a estas empleadas una desprotección absoluta, sin material para trabajar, sin cobrar y sin ningún referente de la empresa a quién dirigirse”.

El secretario provincial de FeSMC UGT Córdoba, Juan Martínez, ha explicado que “esta empresa tiene asignado el servicio de limpieza desde el pasado 25 de junio, cuando le fue adjudicado en concurso público para un periodo de cinco años”, después de que “esta empresa presentase una oferta un 15,46% por debajo del presupuesto base de licitación, lo que llevó a que, inexplicablemente, desde la Administración le asignaran la concesión, primando el ahorro económico en detrimento del servicio a los ciudadanos y de las garantías laborales de las personas trabajadoras”.

Martínez ha calificado de “lamentable la postura de la dirección de la casa Árabe” que, según ha afirmado, “primero ha sometido a una innecesaria presión a estas empleadas, responsabilizándolas de los incumplimientos de la empresa, y ahora ha optado por contratar temporalmente a otra empresa de limpieza, sin exigir el cumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria ni sacar un nuevo concurso, tras rescindir dicho contrato por incumplimiento”.

Córdoba capital nunca ha tenido una cifra de desempleados tan baja como la de este mes de julio, según el análisis de datos de parados del Observatorio Argos, dependiente de la Junta de Andalucía gracias a la estadística del Ministerio de Trabajo. La ciudad ha cerrado el mes con prácticamente la mitad de desempleados que alcanzó en el cénit de la crisis inmobiliaria. De hecho, hay menos parados incluso que cuando la economía, supuestamente, iba mejor, en los años previos a la crisis del ladrillo.

El municipio terminó julio con 23.663 personas inscritas como paradas registradas, el mejor dato de toda la serie histórica del Observatorio Argos, que arranca en enero de 2005. Nunca antes Córdoba había registrado una cifra tan baja de desempleo. El dato no solo mejora todos los registros posteriores a la crisis financiera de 2008, sino que también cae por debajo de los niveles que presentaba la ciudad durante los años de expansión económica que precedieron al estallido de la burbuja inmobiliaria.

Hasta ahora, el mínimo histórico correspondía a mayo de 2005, cuando el paro registrado se situó en 25.179 personas. Veintiún años después, Córdoba rebaja esa cifra en 1.516 desempleados y consolida una tendencia de descenso que se ha acelerado especialmente durante los últimos cuatro años.

El contraste con los peores años de la crisis económica es aún más significativo. En noviembre de 2012, cuando la recesión provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria golpeaba con mayor dureza al mercado laboral cordobés, la ciudad alcanzó su máximo histórico con 48.621 personas desempleadas. El dato actual supone una reducción de 24.958 personas, prácticamente un 51% menos que entonces. En poco más de una década, Córdoba ha pasado de rozar los 50.000 parados a registrar el nivel más bajo desde que existen estadísticas homogéneas.

La evolución de la serie refleja con claridad las distintas etapas del mercado laboral cordobés. Entre 2005 y 2007 el desempleo se mantuvo relativamente estable, oscilando entre los 25.000 y los 27.000 parados. La crisis financiera alteró por completo esa tendencia y disparó el paro hasta casi duplicarlo. A partir de 2014 comenzó una lenta recuperación que se vio interrumpida parcialmente por la pandemia, aunque sin alcanzar los niveles de destrucción de empleo registrados durante la anterior recesión. Desde 2022, sin embargo, el descenso del paro se ha intensificado hasta romper todos los mínimos históricos conocidos.

La comparación reciente también evidencia esa mejora. En julio de 2023 la capital contabilizaba más de 30.500 desempleados; un año después eran algo más de 28.300; en julio de 2025 la cifra había descendido hasta 26.561 personas y ahora cae por primera vez por debajo de las 24.000. En apenas tres años el desempleo registrado en la ciudad se ha reducido en cerca de siete mil personas.

La provincia también marca mínimos

La evolución de la capital coincide con un nuevo descenso del paro en el conjunto de la provincia. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Córdoba cerró julio con 45.277 personas desempleadas, 794 menos que el mes anterior y 6.620 menos que hace un año. También en este caso se trata del mejor registro desde que comenzó la serie estadística en enero de 2005.

El descenso mensual fue del 1,72%, mientras que la reducción interanual alcanza el 12,2%, consolidando la tendencia de mejora del mercado laboral provincial. Sin embargo, la evolución presenta algunos claroscuros. Aunque el paro continúa disminuyendo, la afiliación media a la Seguridad Social descendió durante julio hasta los 314.326 cotizantes, 891 menos que en junio, un retroceso que suele responder al comportamiento estacional del mercado laboral durante el verano. Aun así, la comparación con hace un año sigue siendo positiva, con 6.861 afiliados más que en julio de 2025.

Como suele ocurrir en esta época del año, el sector servicios volvió a concentrar prácticamente toda la reducción del desempleo. De las 794 personas que abandonaron las listas del paro, 737 procedían de este sector, impulsado por la actividad turística y la campaña estival. La agricultura redujo ligeramente su desempleo, al igual que la industria, mientras que la construcción fue el único sector donde el paro aumentó, aunque solo en catorce personas.

La estructura del desempleo provincial, sin embargo, sigue mostrando importantes desequilibrios. Cerca de dos terceras partes de los desempleados pertenecen al sector servicios y aproximadamente el 62% de las personas inscritas como paradas son mujeres. Además, el grueso del desempleo continúa concentrándose entre los mayores de 25 años, un perfil que pone de manifiesto las dificultades de inserción laboral de personas con una trayectoria profesional previa.

En paralelo, la contratación descendió durante julio. Se firmaron 22.158 contratos, de los que únicamente 6.920 fueron indefinidos frente a 15.238 temporales. Es decir, casi siete de cada diez nuevos contratos registrados durante el mes tuvieron carácter temporal.

Los sindicatos piden prudencia

Las organizaciones sindicales valoraron positivamente el descenso del desempleo, aunque coincidieron en advertir de que los buenos datos estadísticos no deben ocultar algunas debilidades estructurales del mercado laboral cordobés.

UGT considera que la provincia continúa dependiendo en exceso del sector servicios, donde se concentra el 66,65% del paro registrado, y alerta de la elevada temporalidad, los bajos salarios y la persistencia de una importante brecha de género. El sindicato reclama un cambio del modelo productivo hacia actividades industriales que generen empleo más estable y mejor remunerado, además de medidas específicas para mejorar la empleabilidad de las mujeres y de los mayores de 45 años. También insiste en la necesidad de reforzar la formación y dignificar sectores altamente feminizados como la limpieza, los cuidados o el comercio.

En la misma línea, CCOO subraya que la reducción del paro debe analizarse junto a la calidad del empleo creado. El sindicato pone el foco en que casi siete de cada diez contratos formalizados durante julio fueron temporales y advierte de que la elevada rotación laboral impide que muchos trabajadores abandonen de forma estable el desempleo. Además, expresa su preocupación por el aumento del paro en la construcción y pide a la Inspección de Trabajo que investigue posibles extinciones de contratos coincidiendo con el periodo vacacional para volver a contratar posteriormente a los mismos trabajadores, una práctica que, de producirse, considera fraudulenta.

Pese a esas cautelas, los datos dejan una fotografía inédita para la capital cordobesa. Más de dos décadas después del inicio de la serie estadística, Córdoba registra el menor número de personas desempleadas de su historia reciente y, por primera vez desde que existen registros comparables, presenta un volumen de paro inferior incluso al que mantenía antes de que estallara la crisis inmobiliaria que transformó durante años el mercado laboral de la ciudad.

Julio ha vuelto a ser un buen mes para el mercado laboral de la provincia de Córdoba que, no obstante, presenta disfuncionalidades. En un periodo en el que ha vuelto a caer a mínimos el número de desempleados, la provincia ve también cómo se registra un leve descenso en los afiliados a la Seguridad Social y cómo de los parados tres de cada cinco son mujeres. En este mes de julio, de nuevo el sector servicios ha contribuido a que el desempleo caiga, gracias a las campañas especiales de contratación del verano.

Los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo sitúan el número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 45.277, lo que supone un descenso de 794 desempleados respecto al mes de junio. Es la cifra más baja de toda la serie histórica, que comienza a analizarse en el mes de enero de 2005. Desde entonces, nunca ha habido tan pocos desempleados en la provincia. La caída equivale al 1,72%, mientras que en comparación con julio del pasado año el paro se ha reducido en 6.620 personas, un descenso interanual del 12,2% que confirma la buena evolución del mercado laboral cordobés durante el último ejercicio.

Pese a la mejora del desempleo, la afiliación media a la Seguridad Social ha experimentado un ligero retroceso durante julio. La provincia contabilizó 314.326 afiliados, es decir, 891 menos que en junio, lo que representa una caída mensual del 0,28%. No obstante, la comparación con hace un año sigue siendo positiva, ya que actualmente trabajan en Córdoba 6.861 personas más que hace doce meses, un incremento del 2,23%.

El comportamiento del empleo durante julio responde en buena medida a factores estacionales. Mientras que el inicio de la temporada alta turística impulsa la contratación en numerosas actividades vinculadas a los servicios, otros sectores reducen su actividad una vez finalizadas las campañas agrícolas o con la llegada del periodo vacacional, circunstancia que explica el ligero descenso de afiliados pese a que el desempleo continúe reduciéndose.

El sector servicios vuelve a ser el principal motor de la reducción del paro. En él se concentra, además, la mayor parte de los desempleados de la provincia, con 30.140 personas, cerca de dos terceras partes del total. Le siguen la categoría de personas sin empleo anterior, con 4.806 desempleados, la industria (3.951), la construcción (3.306) y la agricultura (3.074).

Precisamente, durante julio el mayor descenso del desempleo se produjo en los servicios, con 737 parados menos, seguido de la agricultura, que redujo sus listas en 13 personas. También descendió el paro en la industria (29 menos) y subió en la construcción (14).

La estadística vuelve a poner de manifiesto una de las principales debilidades estructurales del mercado laboral cordobés: la brecha de género. De las 45.277 personas desempleadas, 27.934 son mujeres, frente a 17.343 hombres, de modo que alrededor del 62% de quienes buscan empleo en la provincia son mujeres, una proporción que apenas varía mes tras mes.

Por edades, el desempleo continúa concentrándose en la población mayor de 25 años. En este grupo se encuentran 41.524 personas, mientras que los menores de esa edad suman 3.753 desempleados, lo que evidencia que el grueso del paro sigue afectando a trabajadores con una trayectoria laboral previa.

En paralelo, la contratación descendió durante julio. En la provincia se firmaron 22.158 contratos, un 13,05% menos que en junio y un 0,59% menos que hace un año. De ellos, 6.920 fueron indefinidos y 15.238 temporales, lo que significa que casi siete de cada diez contratos registrados durante el mes fueron de carácter temporal.

Con todo, los datos dejan una fotografía de estabilidad en el mercado laboral cordobés. El paro sigue descendiendo hasta situarse en niveles que no se registraban desde hace años, aunque el empleo medido a través de la afiliación a la Seguridad Social acusa un ligero ajuste estacional propio del verano. La evolución durante los próximos meses permitirá comprobar si esa creación de empleo logra consolidarse una vez finalice la campaña estival.

Caen las 15:00 de la tarde en el centro de Córdoba y los termómetros superan desde hace un rato los 40 ºC. El granito y el adoquín que predomina en la zona centro hacen que la temperatura suba incluso un poco más. Es el enésimo día de este verano en que la capital cordobesa está en aviso naranja por calor insufrible a la sombra. Para algunos sectores que trabajan en la calle -la construcción, por ejemplo-, la jornada está terminando.

Para los riders, esos repartidores que se cruzan la ciudad en bicicleta o patinete, la jornada está en su prime, pues comienza el reparto de comida, La escena se repite cada verano en una de las ciudades más calurosas de Europa. Mochilas térmicas a la espalda, botellas de agua sujetas con gomas elásticas y largas esperas a la sombra en distintos puntos del centro, donde se suelen juntar varios de los currantes que se la juegan pedaleando o circulando en las peores horas del día. Allí comparten agua fría, descansan unos minutos y esperan más pedidos conectados a la aplicación.

“Es un trabajo de mierda, pero al menos estoy contratado”, cuenta uno de ellos a este periódico. Wilson -nombre ficticio, nadie quiere poner su rostro e identidad y pronto entenderá el lector por qué- es hispanoamericano. Un tipo joven que lleva un par de años en Córdoba, en los que solo ha trabajado en la construcción y en el reparto. Él, como el resto de sus compañeros, reparten en una ciudad en la que se plantea una paradoja.

Porque en Córdoba, desde el año 2020, los riders están adscritos al convenio provincial de hostelería —una singularidad respecto a otras provincias españolas, donde existe un convenio específico para el sector o están en el de reparto de mercancías—. Sin embargo, esa circunstancia no implica que dejen de trabajar durante los episodios de calor extremo, como si pueden hacer, por ejemplo, los camareros que sirven en las terrazas al aire libre que no están correctamente aclimatadas.

Dentro del convenio de la hostelería, pero sin algunas de las mejoras

Desde CCOO de Córdoba explican que la prohibición de trabajar al aire libre cuando existen determinadas alertas meteorológicas no deriva del convenio colectivo de la hostelería, sino de una normativa específica sobre prevención frente a temperaturas extremas incorporada en la última actualización del convenio provincial. Los repartidores, aclara el sindicato, se rigen por la normativa general de prevención de riesgos laborales, igual que cualquier trabajador que desarrolla su actividad en el exterior.

Eso significa que las empresas están obligadas a garantizar medidas preventivas suficientes: acceso a agua fresca, ropa adecuada, protección solar, descansos y organización del trabajo para minimizar la exposición al calor. Si esas condiciones no se cumplen, el trabajador puede comunicar que su salud está en riesgo e incluso poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo. La teoría, sin embargo, choca con la realidad de un sector profundamente precarizado y en el que, años después de la Ley Rider, sigue dando lugar a situaciones que escapan a la legalidad.

Siempre en la calle

María —nombre ficticio— lleva un año y medio trabajando como repartidora. Los pedidos le entran de aplicaciones como Uber Eats y Glovo, aunque su contrato no es con las plataformas, sino con empresas especializada en reparto que son las que gestionan los repartos. Es el único empleo que ha tenido desde que llegó a España. Explica que durante las semanas más calurosas, como esta misma, los pedidos disminuyen porque mucha gente se marcha de vacaciones, aunque la franja del almuerzo sigue concentrando buena parte del trabajo.

“Ayer estuve de una a tres y media de la tarde y a las tres y media había 44 grados”, relata la joven, que, cuando no tiene encargos, busca un árbol o cualquier rincón con sombra. Porque quedarse en casa no es una opción. “Nos exigen salir de la casa. No podemos esperar los pedidos allí”, explica. La razón está en la propia aplicación: el GPS controla continuamente su ubicación y la empresa sabe si te mueves o no. Esa obligación convierte buena parte de la jornada en tiempo de exposición al calor, incluso cuando están quietos y no están realizando repartos.

Una novedad de este año, eso sí, es que las empresas han proporcionado material específico. Marco —también nombre ficticio— explica que este verano recibió un pequeño kit compuesto por crema solar y un bote de pastillas isotónicas. “Es lo único que nos dieron”, resume este otro repartidor, que, como María, suele recibir agua en los establecimientos donde recogen los pedidos.

Trabajar cuando nadie quiere salir

“En todos los locales nos dan agua. Nunca me la han negado”, dice la joven, que cuenta que la lógica del negocio juega precisamente contra quienes realizan el reparto. Las horas de mayor demanda coinciden con aquellas en las que la población intenta evitar salir a la calle. “La gente pide comida precisamente para no tener que salir al sol”, resume María, que no puede evitar reconocer que falta una cierta empatía entre algunos usuarios.

Pese a ello, asegura que esa circunstancia no se traduce en mayores ingresos. “En invierno dan más propina que en verano”, asegura la joven, que recuerda que el pico de trabajo de este año fue durante el temporal de febrero, con lluvias torrenciales, y en el que, según asegura, cobraron muchas más propinas -“a la gente le da más pena que te mojes”, cuenta-.

A su lado, Ramón asiente. Lleva tres años trabajando como rider. Él y María están contratados por efecto de la Ley Rider. Eso significa que sus salarios ya no dependen exclusivamente del número de repartos realizados, como ocurría hace años cuando Glovo tiraba de falsos autónomos. Ahora trabajan contratados y cotizando a la Seguridad Social, aunque algunas plataformas siguen ofreciendo incentivos puntuales por completar determinados objetivos de entregas.

Hay otros compañeros, los que se niegan a hablar, que están en otra situación. “No tenemos papeles”, explican algunos de ellos cuando se acerca el periodista, aunque vaya sin cámaras ni micrófonos. Se niegan a exponerse lo más mínimo, conscientes además de que, si no tienen regularizada su residencia en España, no deberían estar trabajando.

Cuentas alquiladas

La realidad de las plataformas de reparto continúa mostrando importantes bolsas de economía irregular. En algunos casos, trabajadores extranjeros sin autorización de residencia o trabajo consiguen acceder directamente a las aplicaciones. Un ejemplo reciente se produjo en Sevilla, donde la Inspección de Trabajo concluyó un expediente con una sanción de 847.640 euros a Glovo por emplear a 64 trabajadores extranjeros que carecían de autorización para residir y trabajar en España.

Pero existe otra práctica que permite a los migrantes llevar la comida a las casas pese a no tener papeles: trabajadores que alquilan la cuenta de otro rider con documentación en regla. Es la única forma que encuentran para obtener ingresos mientras regularizan su situación administrativa.

Así, trabajan utilizando el perfil de otra persona, de modo que quedan completamente invisibles para cualquier sistema de prevención laboral. Si un repartidor contratado recibe, al menos, un pequeño kit con crema solar o pastillas isotónicas, quienes trabajan con cuentas alquiladas ni siquiera tienen acceso a esas mínimas medidas. Si se estrellan con el patinete, si sufren un golpe de calor, están solos. Su única protección es el agua que consiguen en los establecimientos, la sombra de los parques y la ayuda mutua entre compañeros.

El miedo a denunciar

Para CCOO, el principal problema es la enorme vulnerabilidad laboral del colectivo. El sindicato reconoce que todavía existen muchas dificultades para que los repartidores denuncien incumplimientos en materia de prevención.

“No tienen una situación fácil. Hay personas trabajando con cuentas que no son suyas, personas sin regularizar... Cuesta muchísimo que denuncien”, indican desde CCOO. Lo cierto es que tampoco lo hacen públicamente. Eso sí, alguno de los que no quiere hablar, sí que tiene tiempo de bromear: “¿Riders nos llamas?”, le espeta al periodista. “Yo pensaba que éramos repartidores”, remata con una sonrisa.

Todos los repartidores entrevistados para este reportaje, salvo uno, proceden de países de Hispanoamérica. Y es curioso que sea precisamente uno de ellos el que denuncie la perversión del lenguaje anglofriendly con el que se aborda este fenómeno, que ha cambiado de arriba a abajo el sistema de reparto de comida a domicilio en todo el mundo, y también en una de las ciudades con las temperaturas más elevadas del continente.

Cuando tira la broma -que suena un poco a reproche-, lo hace sentado en un banco al lado de una marquesina de autobús con una campaña del Ayuntamiento cuyo eslogan es “Coge por la sombra. En verano, durante las horas de calor, en casa se está mejor”. Otra paradoja más para un sector que ni logrando una victoria legislativa ha logrado mejorar del todo su situación laboral.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que pone fin a un conflicto administrativo entre un bombero que formó parte del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y el Ayuntamiento de Córdoba. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho del funcionario a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, anulando la resolución municipal que se la denegó inicialmente.

Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando el demandante solicitó el reingreso en el Ayuntamiento de Alicante tras obtener una plaza en dicha administración. Para poder incorporarse a su nuevo destino sin perder su plaza de funcionario de carrera en Córdoba, solicitó la excedencia prevista para la prestación de servicios en otras administraciones. Sin embargo, el consistorio cordobés, entonces en manos de PSOE e IU, rechazó su petición.

Ante esta negativa y la inminente necesidad de trasladarse a Alicante, el bombero se vio obligado a utilizar una vía alternativa para no incurrir en el abandono de su puesto: solicitó una excedencia por cuidado de hijos, aprovechando que había sido padre recientemente para poder marcharse legalmente. A pesar de lograr el traslado mediante este “parche” administrativo, el trabajador decidió llevar el caso a los tribunales para que se le reconociera la situación administrativa correcta.

En su fundamentación jurídica, el TSJA aclara que, según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el paso a la situación de servicio en otras administraciones es de aplicación obligatoria (ope legis) cuando un funcionario de carrera obtiene un destino en otra administración pública mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo. El tribunal subraya que este tipo de movilidad es un derecho “estrictamente subjetivo y voluntario” que no está sometido a limitaciones temporales por parte de la administración de origen.

Finalmente, el fallo revoca la sentencia previa de un juzgado de Córdoba y reconoce formalmente el derecho del bombero a la excedencia por prestación de servicios en el sector público, con efectos retroactivos desde el 23 de marzo de 2019.

La Encuesta de Población Activa (EPA) deja una lectura positiva para el mercado laboral cordobés durante el segundo trimestre de 2026, aunque con importantes matices. La provincia registró 8.800 desempleados menos que entre enero y marzo y ganó 4.000 ocupados, situando la tasa de paro en el 14,52%, la más baja del último año. Sin embargo, tras estos datos subyacen varios factores que invitan a la cautela: la pérdida de población activa, la fuerte dependencia del sector servicios y el retroceso del empleo industrial.

Según la EPA, Córdoba cerró el trimestre con 314.900 personas ocupadas y 53.500 desempleadas, frente a los 310.900 ocupados y 62.300 parados del trimestre anterior. La población activa, no obstante, también descendió, al pasar de 373.100 a 368.400 personas, una circunstancia que contribuye igualmente a explicar la reducción del paro y que vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la pérdida de población en edad de trabajar y del envejecimiento demográfico que arrastra la provincia.

Aunque la evolución es favorable, Córdoba continúa situándose entre las provincias con peores indicadores laborales del país. Su tasa de paro del 14,52% la convierte en la quinta provincia española con mayor desempleo, solo por detrás de Cádiz, Granada, Ciudad Real y Jaén, y casi cinco puntos por encima de la media nacional, situada en el 9,87%.

El empleo crece gracias al sector servicios

Uno de los aspectos más destacados de la EPA es el comportamiento de los distintos sectores económicos. El incremento de la ocupación durante la primavera se concentró prácticamente en el sector servicios, que incorporó 10.000 trabajadores coincidiendo con el inicio de la temporada alta turística y el aumento de la actividad en la hostelería y el comercio. En cambio, la industria perdió 4.200 empleos durante el trimestre, un dato que ha despertado la preocupación de los representantes sindicales.

Desde CSIF consideran que el descenso del desempleo debe interpretarse con prudencia porque buena parte de la creación de empleo responde a contrataciones temporales ligadas al turismo. El presidente provincial del sindicato, Antonio Rafael López, recuerda que muchas de esas incorporaciones “no tienen continuidad durante el verano” debido a la reducción de la actividad turística una vez finalizada la primavera.

El sindicato pone especialmente el foco en la pérdida de empleo industrial. La destrucción de 4.200 puestos de trabajo en este sector evidencia, a su juicio, la escasa fortaleza del tejido manufacturero cordobés y la necesidad de impulsar proyectos industriales que permitan generar empleo estable y de mayor calidad. En este sentido, cita iniciativas como la Base Logística del Ejército de Tierra o la futura planta de cobre verde de Cunext como oportunidades para reforzar el peso de la industria en la economía provincial.

CCOO: menos paro, pero también menos población activa

Desde CCOO la valoración de los datos también es positiva, aunque el sindicato advierte de que la reducción del paro “no puede interpretarse como el resultado exclusivo de la creación de empleo”. Su secretaria de Empleo en Córdoba, Ana Belén Acaiña, subraya que el descenso simultáneo de la tasa de actividad demuestra que la provincia continúa teniendo dificultades para incorporar y retener población en edad de trabajar.

La responsable sindical considera que Córdoba no puede conformarse con celebrar una bajada del desempleo mientras pierde población activa y mantiene una de las tasas de paro más elevadas del país. A su juicio, la provincia necesita ofrecer oportunidades laborales suficientemente atractivas para evitar la marcha de los jóvenes y favorecer que quienes abandonaron Córdoba puedan desarrollar aquí su proyecto de vida.

CCOO insiste en que la excesiva dependencia de actividades estacionales sigue condicionando la evolución del mercado laboral. La organización sostiene que el dinamismo registrado durante la primavera no siempre responde a una transformación real del modelo productivo, sino a la concentración de contrataciones vinculadas a campañas concretas, especialmente en el sector servicios. Por ello, reclama una estrategia de desarrollo económico basada en la industria, la logística y unas infraestructuras capaces de generar empleo estable durante todo el año.

La mejora continúa, pero persisten los desequilibrios

La comparación con el mismo periodo del año anterior confirma que el mercado laboral cordobés mantiene una evolución favorable. En doce meses se han creado 6.800 empleos, mientras que el número de desempleados se ha reducido en 7.800 personas, situando la tasa de paro más de dos puntos por debajo de la registrada en el segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, tanto los datos de la EPA como las valoraciones sindicales coinciden en señalar que la recuperación sigue apoyándose en sectores con una elevada estacionalidad y que Córdoba continúa arrastrando importantes debilidades estructurales. La escasa diversificación económica, el reducido peso de la industria, la pérdida de población activa y una tasa de paro que sigue siendo una de las más altas de España mantienen abierto el principal reto del mercado laboral cordobés: transformar el crecimiento puntual del empleo en una creación de puestos de trabajo estables y de calidad.

El mercado laboral cordobés cerró el segundo trimestre de 2026 con una de sus mejores fotografías de los últimos años. La Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que el paro descendió en 8.800 personas respecto al primer trimestre del año, mientras que el número de ocupados aumentó en 4.000 trabajadores, consolidando una tendencia positiva que también se aprecia en el conjunto de Andalucía y de España.

No obstante, la mejora de las cifras no oculta una realidad estructural que sigue situando a Córdoba entre las provincias con mayores dificultades del mercado laboral español. Con una tasa de paro del 14,52%, la provincia ocupa el quinto puesto nacional con mayor desempleo, únicamente por detrás de Cádiz, Granada, Ciudad Real y Jaén, y mantiene una diferencia de casi cinco puntos respecto a la media española, situada en el 9,87%.

Según la EPA, Córdoba cuenta actualmente con 314.900 personas ocupadas, frente a las 310.900 registradas en el primer trimestre. Paralelamente, el número de desempleados baja desde los 62.300 hasta los 53.500, lo que supone el mayor descenso trimestral del último año y deja el paro en su nivel más bajo de la serie reciente.

Sin embargo, la reducción del desempleo no responde únicamente a la creación de empleo. Los datos muestran que la población activa también disminuye, pasando de 373.100 a 368.400 personas, es decir, 4.700 activos menos en apenas tres meses. Esa reducción de la población que participa en el mercado laboral contribuye igualmente al descenso del número de desempleados y coincide con el contexto de pérdida demográfica y envejecimiento que viene registrando la provincia desde hace años.

El mejor dato del último año

La comparación con el mismo trimestre del año anterior confirma la evolución positiva del mercado laboral cordobés. En doce meses, la provincia ha creado 6.800 empleos, al pasar de 308.100 a 314.900 ocupados, mientras que el número de desempleados se ha reducido en 7.800 personas, desde las 61.300 hasta las 53.500 actuales. Como consecuencia, la tasa de paro ha descendido desde el 16,6% hasta el 14,52%, una reducción superior a dos puntos porcentuales.

La evolución de los últimos cinco trimestres evidencia, además, una recuperación sostenida tras el empeoramiento registrado durante el verano de 2025. Después de alcanzar los 66.900 desempleados en el tercer trimestre del pasado año, el paro ha encadenado tres descensos consecutivos hasta situarse por debajo de las 54.000 personas. Al mismo tiempo, la ocupación vuelve a superar ampliamente los 314.000 trabajadores, muy cerca de los máximos registrados en los últimos ejercicios.

Pese a esta evolución favorable, Córdoba continúa figurando entre las provincias españolas con mayor desempleo.

Su tasa de paro del 14,52% prácticamente coincide con la media andaluza (14,56%), pero sigue situándose muy por encima del conjunto del país. La diferencia respecto a la media nacional alcanza los 4,65 puntos porcentuales, lo que pone de manifiesto que la provincia continúa soportando un desempleo estructural muy superior al promedio español.

De hecho, solo cuatro provincias presentan actualmente una tasa de paro superior a la cordobesa, lo que sitúa a Córdoba como la quinta provincia con mayor desempleo del país.

Más empleo, pero también menos activos

Uno de los aspectos más relevantes que deja la EPA es el comportamiento de la población activa. Mientras el empleo aumenta y el paro disminuye, el número de personas que participan en el mercado laboral se reduce ligeramente. Este fenómeno explica que el descenso del desempleo sea superior al incremento del empleo y constituye una tendencia que los economistas suelen seguir con atención, ya que una reducción de la población activa puede moderar artificialmente la caída del paro.

Actualmente, Córdoba registra 368.400 activos, frente a una población inactiva de 289.400 personas, lo que sitúa la tasa de actividad en el 56,01%, ligeramente inferior a la media andaluza y claramente por debajo de la española.

Los datos del segundo trimestre vuelven a poner de manifiesto el peso que tienen las actividades estacionales en la economía provincial. La creación de empleo durante la primavera suele venir impulsada por el incremento de la actividad en el sector servicios, especialmente la hostelería y el turismo, junto con determinadas campañas agrícolas. Esa circunstancia explica buena parte de la mejora que tradicionalmente registra la EPA entre abril y junio.

Aun así, la comparación interanual demuestra que la evolución de este año es más favorable que la simple estacionalidad, ya que tanto el empleo como la tasa de paro mejoran respecto al mismo periodo de 2025.

El análisis realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sobre el mercado laboral de Córdoba para este año detecta las principales ocupaciones laborales que se demandan en la provincia cordobesa y que tiene sus grandes nichos en empleos como albañiles, camareros y monitores deportivos, entre otros, con alguna incursión también en la construcción o en trabajos relacionados con la informática.

A través del Modelo de Buenas Perspectivas, se muestran aquellas ocupaciones que en un futuro se prevé tengan mejor comportamiento frente al empleo, según se señala en el Informe del Mercado de Trabajo elaborado por el SEPE. Ahí, en contratación indefinida a tiempo completo, destacan, camareros asalariados, peones de la construcción de edificios y montadores de estructuras metálicas con el mejor pronóstico absoluto en esta modalidad. También sobresalen ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la madera.

En contratación indefinida con jornada parcial y fijo discontinuo, repiten camareros asalariados en primera posición, las siguientes con mejor pronóstico son cocineros asalariados y operadores de maquinaria forestal móvil. En contratación temporal, son operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco, operadores de telemarketing y ensambladores de maquinaria mecánica los más demandados.

Las diez actividades económicas con mayor perspectiva de empleo

Entre las diez actividades económicas con mayor perspectiva de empleo este año, el informe destaca la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (crece un 15% respecto al año anterior); las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (crecen un 22%); la construcción de edificios; los servicios de comidas y bebidas; la asistencia en establecimientos residenciales; la reparación e instalación de maquinaria y equipo; las actividades inmobiliarias; el almacenamiento y actividades anexas al transporte; los servicios a edificios y actividades de jardinería; y la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos.

El informe precisa que las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (monitores deportivos) pasa a ser segunda en este ranking. Acumula, en la serie contemplada, un incremento de afiliación del 47,97 %, que en valores absolutos suponen 872 personas trabajadoras más desde 2016. Las empresas, en esta actividad, también han registrado una tendencia estable y acumulan un porcentaje de aumento en 2025 del 22,56 %.

Otra actividad con buenas perspectivas de crecimiento es la construcción de edificios, con un porcentaje del 2,12 % de la afiliación a finales de 2025 en nuestra provincia, es la tercera actividad que nuestros indicadores proyectan con buenas perspectivas de empleo, a partir de una línea de tendencia de crecimiento estable y consolidado. Acumula un 61,44 % de crecimiento de personas trabajadoras respecto de 2016, que en valores absolutos suponen 2.584 personas afiliadas más.

Por último, los servicios de comidas y bebidas (camareros), para esta actividad, el incremento acumulado de empleo respecto de 2016 fue del 23,39 %. Se mantiene este año entre las cuatro ocupaciones con mejor pronóstico, en 2025, cerraba con un, mínimo, aumento de personas afiliadas del 0,05 % respecto de 2024.

Ocupaciones elementales, más del 50%

El informe del SEPE analiza las ocupaciones contratadas y las solicitadas por los demandantes parados. Desde el punto de vista de los grandes grupos ocupacionales, muestra cómo el gran grupo de “ocupaciones elementales”, sigue siendo el que acapara mayor contratación en nuestra provincia. 50,49% de los contratos en 2025.

Los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, es el segundo (19,22 %) gran grupo que más emplea a las personas trabajadoras de la provincia, creciendo de forma constante desde 2020 y recuperando, parcialmente, los datos anteriores a la pandemia. Por contra, el grupo de directores y gerentes, tiene un porcentaje de contratos de solo el 0,11 %.

Córdoba se sitúa entre las provincias andaluzas con menor tasa de absentismo laboral por incapacidad temporal, según el informe El Absentismo Laboral como Desafío Estructural en el Mercado de Trabajo: Un Análisis Específico de la Realidad en Andalucía, elaborado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. El documento desmonta uno de los principales prejuicios sobre el mercado laboral andaluz al constatar que la comunidad autónoma registra un índice de absentismo inferior a la media nacional, aunque alerta de que la prolongada duración de las bajas sigue representando un importante desafío económico y organizativo.

En el primer trimestre de 2026, Andalucía alcanzó una tasa de absentismo por incapacidad temporal del 5,4 %, dos décimas por debajo de la media española, situada en el 5,6 %. Dentro de ese contexto, Córdoba figura entre las provincias con mejores registros de la comunidad, junto a Almería, Málaga y Jaén, al presentar tasas comprendidas entre el 4,22 % y el 4,62 %.

Estos datos contrastan con la percepción extendida de que Andalucía lidera el absentismo laboral en España. De hecho, el informe señala que las provincias con mayor incidencia son Huelva, con un 6 %, Sevilla, con un 5,6 %, y Granada, con un 5,13 %, mientras que Córdoba se encuentra en el grupo con menor índice de bajas por incapacidad temporal.

No obstante, el Consejo Andaluz de Graduados Sociales advierte de que el problema no debe analizarse únicamente a partir del número de bajas, sino también de su duración. En Andalucía, los procesos de incapacidad temporal se prolongan una media de 50,36 días, casi ocho días más que la media nacional, situada en 42,53 días. Esa circunstancia tiene un impacto directo sobre la productividad de las empresas y sobre el coste del sistema de protección social.

El coste del absentismo

El informe estima que el absentismo laboral supone un coste económico de 7.410 millones de euros para Andalucía, lo que convierte a la comunidad en la tercera de España con mayor impacto económico derivado de este fenómeno. Pese a ello, los autores insisten en que el absentismo responde a múltiples factores y rechazan las interpretaciones simplistas o exclusivamente disciplinarias.

El análisis también identifica importantes diferencias entre sectores productivos. La industria presenta la mayor tasa de absentismo, con un 8,18 %, debido, entre otros factores, a la exigencia física de muchos puestos y a los turnos rotatorios. Le siguen los servicios, con un 7,62 %, sector que además concentra el mayor volumen de horas perdidas y de impacto económico, mientras que la construcción registra la menor incidencia, con un 6,25 %.

Otro de los aspectos destacados del estudio es el creciente peso de los problemas de salud mental y de los riesgos psicosociales entre los trabajadores más jóvenes. Además, la duración de las bajas aumenta considerablemente con la edad, superando los 79 días entre las personas de 55 a 64 años. El informe también pone de relieve el denominado “efecto lunes”, ya que más de una de cada cuatro bajas laborales en Andalucía comienza el primer día laborable de la semana.

Ante esta situación, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales plantea una batería de medidas orientadas a reducir la duración de las incapacidades temporales sin menoscabar los derechos de los trabajadores. Entre ellas figuran la simplificación de los trámites administrativos, una mayor atención a la salud mental, especialmente entre la población joven, y el refuerzo de la prevención de los riesgos psicosociales y de la mediación laboral en las empresas.

El presidente del Consejo Andaluz, Eduardo Ruiz Vegas, defendió durante la presentación del informe que los graduados sociales están llamados a desempeñar un papel clave en la gestión del absentismo, actuando como nexo entre empresas, trabajadores y administraciones para contribuir a mejorar la productividad y garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social.

Tras más de dos años de continuos atrasos en el pago de los salarios, los trabajadoresde El Caballo Rojo han llegado a un acuerdo con la empresa para extinguir sus contratos, según informa el Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba, que lamenta que la Dirección del restaurante no haya cumplido sus compromisos de pago anteriores y haya forzado a la plantilla a solicitar la extinción judicial de contrato.

Actualmente, la empresa adeudaba a su personal las nóminas de mayo y junio, así como la paga extra de junio, una situación que no es nueva. Desde que la actual propietaria del restaurante tomara los mandos del establecimiento, en varias ocasiones ha llegado a deber más de tres nóminas a la plantilla y solo se ponía al día cuando los trabajadores tomaban “la difícil situación de hacer huelga o paros, a pesar de mermar sus ingresos”.

“Tras los continuos intentos de la Dirección de dividir a los trabajadores, la mayor parte de la plantilla optó por denunciar ante los juzgados y buscar la salida de la empresa de la forma menos dramática para los trabajadores que, en algunos casos, con más de 35 años en la empresa, ha sido bastante dura después de casi toda una vida laboral al servicio de la empresa que fundó José García Marín y que la actual Dirección no ha sabido mantener”, afirma CCOO en una nota de prensa.

De una plantilla de 21 trabajadores, 18 solicitaron la disolución del contrato porque, aparte de la falta de ingresos, no podían más “con la situación de dejadez del restaurante en el que crecieron profesionalmente y al cuál se sienten tan arraigados, haciendo honor a la premisa de su fundador de que El Caballo Rojo lo componía una gran familia”.

De los 18 trabajadores que pidieron la extinción de su contrato, dos ya resolvieron su conflicto el pasado marzo, uno más lo hizo en junio, estando a la espera de sentencia y otros cuatro están a la espera de juicio. El resto, otros 11, acaban de llegar a un acuerdo para hacer efectivos sus despidos con indemnizaciones que van de los 7.000 a los 50.000 euros, cuantías a las que hay que sumar las nóminas que se les adeudan actualmente y la del mes en curso.

La plantilla quiere dejar claro que, en ningún momento, ha sido “su intención perjudicar a la distinguida clientela a la que, aún llevando meses sin cobrar y cuando la situación se volvía insostenible por la continua falta de género, han tratado de la mejor forma posible y con su saber hacer, como cientos de reseñas lo confirman”.

CCOO espera que la empresa cumpla con lo pactado en el acuerdo, por el que se compromete a pagar en los 15 días siguientes a la firma del mismo una mensualidad mientras que, en septiembre, abonará el resto del finiquito junto a las otras dos nóminas que les debe y, en el transcurso de un año, en pagos trimestrales, la indemnización pactada.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha firmado este lunes el nuevo convenio de distribuidoras de energía eléctrica de la provincia, que tendrá una vigencia de tres años, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y finalizando a finales de 2028.

En una nota, el responsable de Acción Sindical del sindicato, Manuel Muñoz, ha explicado que “el convenio establece una subida anual del 3,5% en todos los conceptos retributivos, incluyendo salario base, permisos retribuidos, complementos y pluses”.

Además, el acuerdo establece una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC con un máximo del 1,5% al término del tercer año de convenio. De esta forma, los trabajadores tendrán en los tres años de vigencia del convenio una subida garantizada del 10,5%, que podría aumentar hasta el 12%.

“Se han mejorado todos los conceptos retributivos, ya que las subidas pactadas afectan tanto al salario base como a permisos retribuidos, complementos y pluses”, ha destacado el responsable sindical, quien ha indicado que, “además de actualizar los permisos retribuidos, se ha añadido un día más de vacaciones, quedando establecidas en 32 días naturales o 24 laborables”.

“Una importante mejora es la incorporación del complemento por trabajo tóxico, penoso o peligroso, que será del 20% del salario base, así como la regulación de guardias y retenes, a las que igualmente se le aplicarán las subidas salariales pactadas, si bien deben ser negociadas internamente en cada empresa”, ha comentado Muñoz.

Otra de las novedades que suma este nuevo convenio es el protocolo Lgtbi+, con el que “se pretende garantizar la igualdad en las empresas, así como garantizar los derechos de las personas de este colectivo”.

“CCOO está satisfecha con el acuerdo rubricado, no sólo porque mejora todos los conceptos salariales, con lo que los trabajadores verán garantizado su poder adquisitivo, e introduce también avances sociales, sino porque crea un marco de estabilidad para las empresas y garantiza un entorno necesario para que las empresas puedan crecer en los próximos años”, ha hecho hincapié.

Es mediodía de cualquier día del verano en Córdoba en el que la temperatura sobrepasará los 40 ºC. Una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio acaba de llegar caminando por la calle a casa de un usuario para ponerle la comida. Luego, a eso de las 16:00, tendrá que ir a otro domicilio a fregar los platos y recoger la cocina, mientras que poco después -cuando se alcanza la temperatura máxima en esos días de verano-, acudirá a otro hogar a levantar de la siesta a una persona mayor. Y, durante la tarde, el trabajo en algunas casas sin aire acondicionado y determinadas tareas hace que las trabajadoras acaben empapadas de sudor.

Es la realidad que viven y describen las trabajadoras de ayuda a domicilio en lugares como Córdoba y que sindicatos como CCOO denuncian por ser las invisibles de la protección laboral frente a las altas temperaturas. Mientras que en sectores como el campo o la construcción lógicamente se reducen horarios, se establece la jornada intensiva y se reorganizan tareas, las necesidades del servicio que prestan estas trabajadoras hace que, sí o sí, se mantengan los horarios y las tareas que realizan con los usuarios. Aunque también cabe, como reclaman, la posibilidad de adecuar algunas labores a esta época del año.

“Hacemos desplazamientos durante la jornada, nos movemos de un domicilio a otro y hay gente que va caminando, quien puede en coche o moto”, explica Piedrasanta, una de estas trabajadoras que presta su testimonio a Cordópolis. Cuenta cómo es la jornada de la mayoría de sus compañeras, con trabajo de mañana y también durante la tarde, cuando peor se pasa frente al calor extremo.

Acuden a unos cuatro domicilios por la mañana y otros tantos por la tarde, dependiendo de las tareas. Y ahí, esos desplazamientos con el sol cayendo de manera criminal en Córdoba son lo peor. Pero también lo son algunas de las condiciones y las tareas que deben hacer en las casas y que, en esta época, se vuelven cuesta arriba.

“En los domicilios pasamos calor”, dice esta trabajadora. “Hay casas donde no tienen puesto el aire acondicionado y pasamos calor”. Más moviéndose y trabajando como deben hacerlo “Ayer mismo tuve que ir entre las 17:00 y las 18:00 a duchar a una señora, arreglarle la habitación, el baño...”, enumera sobre la hora de altas temperaturas y el calor que además pasa realizando esa labor.

“En domicilios privados, no hay plan de riesgo laborales”

Entre las labores que realizan estas trabajadoras se incluyen las de limpieza y mantenimiento del hogar, también las de cocina, y las personales como levantar a los mayores o ducharlos, además de acompañarlos al médico, a otros recados o salir a pasear. Y, con el calor, si bien algunas de ellas no hay más remedio que hacerlas a las horas establecidas pese a las altas temperaturas, en otras sí podría adaptarse algo el horario.

“Hay mayores que no tienen el mismo calor que las trabajadoras, normalmente tienen más frío, y hay a quien la pensión no le da para poner mucho el aire acondicionado”, explica Inma Morales, responsable de Ayuda a Domicilio en CCOO que representa a estas empleadas.

“El problema es que el trabajo se desarrolla en domicilios privados y ahí no hay un plan de prevención de riesgos laborales como en otros trabajos. No se hacen inspecciones, no hay un control de la temperatura...”, se queja. Y se dan casos como que “un señor mayor dice que tiene frío, le tienes que duchar con agua caliente, con el calor, el vapor...nosotras acabamos empapadas en sudor”.

Entre el calor en los desplazamientos y el trabajo continuado con una temperatura no adecuada en las casas, las trabajadoras reportan consecuencias. “No llega a ser un golpe de calor, perí hay bajadas de tensión, están aturdidas, les falta el aire con el vapor del baño y el esfuerzo físico...se junta todo”, constata Morales.

La solución es complicada porque a los usuarios hay que atenderlos a sus horas. “Pero sí pediría comprensión a los familiares para algunas tareas. Si estamos en verano en Córdoba y sus pueblos a 44 grados, no pongamos un servicio de paseo o acompañamiento por la tarde, hay que evitar esas horas, por su salud y la de las trabajadoras. O no es necesario ir a las 16:00 a gregar los platos y recoger la cocina, puede ser después”, pone como ejemplo.

“Hay tareas inevitables que deben ser a su hora, como levantar de la cama a un usuario, el cambio de pañal, darle de comer...eso tiene su horario. Pero hay otras tareas por las que sí se podrían evitar desplazamientos en esos picos de ola de calor”.

Con todo, las trabajadoras de ayuda a domicilio lanzan un mensaje para que se las escuche y se las visibilice ante la situación que deben soportar en el verano. “Somos imprescindibles diariamente, pero nadie nos ha reconocido nunca nada. Somos invisibles porque nadie nos ve ni se nos reconoce, pero tenemos que trabajar soportando cualquier temperatura”.

El Centro Penitenciario de Córdoba ha abierto un proceso de selección para incorporar a dos cocineros o cocineras mediante un contrato temporal de tres meses. La oferta de empleo, publicada a través de los servicios públicos de empleo, contempla una retribución bruta mensual de 2.011 euros y una jornada completa en turnos de mañana o tarde.

Las personas seleccionadas se encargarán de la elaboración de los menús diarios del centro penitenciario, así como de la preparación, conservación y distribución de los alimentos, garantizando el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria. Entre sus funciones también figuran la organización del almacén y el control de las materias primas.

Para optar a una de las plazas es necesario estar en situación de desempleo y haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante, al menos, los tres meses anteriores a la preselección. Además, se exige contar con la titulación de Técnico en Cocina y Gastronomía. Los contratos tendrán una duración de 90 días.

La oferta permanecerá abierta hasta el 25 de julio de 2026, fecha límite para presentar las candidaturas a través del Servicio Andaluz de Empleo.

Un análisis del mercado laboral en la provincia de Córdoba sobre los contratos de trabajo que se realizan pone de manifiesto que uno de cada tres contrataciones se hace con un joven menor de 30 años, en concreto, el 33,03% del total de la contratación registrada en la provincia.

Son datos del Informe del Mercado de Trabajo de Córdoba 2026 elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -con datos del último año completo, 2025- que pone de manifiesto un total de 104.388 contratos de esa anualidad fueron para jóvenes en edad de trabajar y menores de 30 años, del global de 316.079 contratos que se hicieron en la provincia cordobesa.

También pone encima de la mesa que un 39,39 % de los contratos a jóvenes fueron para mujeres y un 60,61 % para hombres, es decir, hay más de 21 puntos porcentuales de brecha de género. En la variación interanual, la contratación de jóvenes aumentó el último año un 5,97 % en Córdoba, en mujeres, 2.194 más y en hombres, 3.686 más.

Ocupaciones con más contratos para jóvenes

Respecto a las ocupaciones más contratadas a jóvenes, el informe señala que las más significativas fueron peones agrícolas y camareros asalariados; estas dos ocupaciones representaron el 39,46 % del total del colectivo. A distancia, le siguen peones de las industrias manufactureras y vendedores en tiendas y almacenes, ambas por encima de los cuatro mil contratos.

Del listado de ocupaciones más contratadas destacan, en negativo, auxiliares de enfermería hospitalaria con una tasa de temporalidad del 92,78 % y, positivamente, técnicos en construcción con el mayor crecimiento, 34,93 %. Y entre las ocupaciones más demandadas por los jóvenes destacan personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares y vendedores en tiendas y almacenes.

Perfil medio, formación y tipo de contrato

El análisis de los datos permite dibujar el perfil medio de la contratación de los jóvenes menores de 30 años que responde, por volumen de contratación, a hombres de 20 a 24 años, cuya formación predominante fueron estudios primarios o no acreditados y Educación Secundaria Obligatoria y empleados en el sector servicios. En los niveles formativos superiores como Grado medio y superior de FP y Universitarios se contrata más a mujeres que a hombres.

Por tipo de contrato, los menores de 30 años de Córdoba suscribieron 41.286 contratos indefinidos, 971 más que en 2024. De ellos, 22.282 fueron fijos discontinuos, 693 menos que en 2024. El incremento de la contratación indefinida no ha supuesto un aumento de la tasa de estabilidad, que en el conjunto del mercado de trabajo provincial quedaba en el 37,84 %, siendo entre los jóvenes del 39,55 %.

El informe sobre el mercado laboral de los menores de 30 años en Córdoba durante el último año indica, en cuanto a los sectores económicos, que se observa que más de la mitad (54,88 %) de los contratos suscritos por jóvenes estaban destinados a trabajar en empresas del sector servicios, a agricultura el 32,14 %, a industria correspondieron el 8,92 % de los contratos, y, por último, construcción fue el sector donde menos contratos de jóvenes se contabilizaron, sólo el 4,07 % del total de la contratación juvenil.

Afiliados a la Seguridad Social y parados

Los menores de 30 años afiliados al sistema de Seguridad Social a finales de 2025 en la provincia de Córdoba eran 45.020 y representan el 14,06 % sobre el total de la afiliación provincial. En el colectivo, las mujeres (19.620) representan el 43,58 % y los hombres (25.400) el 56,42 %. Todos los regímenes de la Seguridad Social aumentan en afiliación con respecto al año anterior. Con un 74,68 % el Régimen general es el que más jóvenes acumula, le sigue el S.E. agrario con el 16,56 %, RETA con el 8,54 % y S.E. de empleados del hogar con un 0,22 % de las personas afiliadas.

En cuanto al desempleo de los jóvenes menores de 30 años en Córdoba, a finales de 2025 el paro registrado en la provincia ascendía a 49.068 personas, de las cuáles, 7.825 eran jóvenes, que representan el 15,95 % del total. Se produce un descenso, interanual, del 11,21 %, que son 988 parados menos, distribuidos en 278 hombres y 710 mujeres. De estos, el 35,51 %, 2.779 buscaba su primer empleo.

De las 7.825 personas paradas menores de 30 años 1.315, el 16,81 %, son personas paradas de larga duración, porcentaje superior al de Andalucía (15,41 %) y al del Estado (16,21 %). Y respecto al nivel formativo de las personas demandantes de empleo jóvenes, Estudios primarios/No acreditados, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) e incluso Universitarios, concentraban la gran mayoría de jóvenes que buscaban empleo en la provincia de Córdoba. En todos los niveles, excepto en Bachillerato, hay más mujeres en paro que hombres.

De los 773.163 habitantes de Córdoba, 226.191 tienen menos de 30 años, una tasa de población juvenil en torno al 30 %, que se replica en los tres ámbitos territoriales, provincial, autonómico y estatal.

La Junta de Andalucía ha inaugurado este jueves el punto de información ubicado en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en Tomás de Aquino, dirigido a facilitar todo tipo de información para quien desee trabajar en la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Se estima que este proyecto requerirá unos 1.600 trabajadores, de los cuales aproximadamente 1.100 serán puestos de personal civil y el resto, militares.

Este nuevo servicio, que tiene un horario de 9:00 a 12:00, nace como una “ventanilla única” diseñada para evitar la “fatiga administrativa” de los ciudadanos, ofreciendo claridad sobre los perfiles profesionales demandados y las convocatorias de empleo activas. Según ha explicado la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, este punto no es una “foto fija”, sino un “termómetro” dinámico que se irá acompasando a las necesidades reales que las empresas transmitan a medida que avance el proyecto. Los perfiles que serán necesarios para la BLET se dividen en las áreas técnicas de mantenimiento industrial, avanzada y administración, por lo que los puestos son muy diversos: desde mecánica, electricidad, soldadura, chapa y pintura, gestión logística e inteligencia artificial, hasta sanidad, carpintería, climatización y servicios comerciales, entre otros.

El subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel José María Ortega Olmedo , ha destacado que este nuevo punto del SAE estará “perfectamente coordinado” con la oficina informativa que la Subdelegación de Defensa mantiene operativa desde hace un año. Ortega ha animado a los cordobeses a aprovechar esta “oportunidad laboral de máximo interés” en un proyecto que es estratégico a nivel nacional. Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha incidido en que la BLET es un motor de industrialización que ya está ayudando a reducir la brecha de desempleo de Córdoba con la media nacional, que ha pasado de 10 a 4,8 puntos en siete años. Fuentes ha insistido en que “la mejor inversión es formación, formación y formación” para que los cordobeses accedan a empleos dignos tanto en la base como en la industria auxiliar y sectores como el hidrógeno verde.

Finalmente, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha puesto en valor el papel del Consistorio como “agente facilitador” para lograr que el talento local se quede en la ciudad. Torrent ha agradecido la “unidad de acción” entre administraciones, señalando que las empresas se sienten atraídas por Córdoba no solo por su patrimonio, sino por la calidad de su capital humano.

Junto a esta inauguración, Blanco se ha referido a la convocatoria de subvenciones para financiar acciones formativas dirigidas a cubrir las necesidades de empleo que generará. La convocatoria, que cuenta con una presupuesto de 4.888.264,42 euros para las anualidades 2026 y 2027, contempla tres líneas de actuación: formación en el trabajo para personas desempleadas, formación para personas ocupadas y ofertas de Formación Profesional de Grado C para desempleados. Todas las acciones deberán impartirse de forma presencial y estarán orientadas a mejorar la empleabilidad de los participantes y responder a la demanda de personal especializado que generará la Base Logística. La previsión es desarrollar 164 cursos que permitirán cualificar a 2.460 personas, desempleadas y ocupadas, en especialidades vinculadas a los perfiles que demandará la Base Logística y las empresas de su entorno. El plazo de solicitud para esta oferta formativa está abierto hasta el 24 de julio.

Un análisis del mercado laboral en la provincia de Córdoba sobre los contratos de trabajo que se realizan arroja dos grandes fallas, como son la temporalidad de los mismos y la brecha de género existente entre la contratación de hombres y mujeres.

El Informe del Mercado de Trabajo de Córdoba 2026 elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -con datos del último año completo, 2025- pone de manifiesto esta realidad tras analizar las principales variables sobre los contratos laborales en ese ejercicio en la provincia cordobesa.

El estudio muestra que, en términos generales, durante el último año, el total de las personas contratadas en la provincia aumentó, si bien en cuanto al tipo de contrato, cayó la modalidad de contratación indefinida y subió la temporal. El informe muestra que el porcentaje de contratos indefinidos empeoraba y suponía el 37,84% en ese año, mientras la temporalidad subió al 62,16%.

En 2025 se registraron un total de 316.079 contratos en la provincia, de los cuales 119.618 fueron indefinidos, 5.668 menos que en 2024. Por contra, los contratos temporales fueron 196.461, de los cuales, destacan, 150.311 a jornada completa.

En cuanto a la modalidad de jornada, la provincia registraba una tasa de parcialidad de 21,40%, porcentaje que supone que 67.633 contratos fueran concertados con jornada parcial.

18 puntos de diferencia en contratación de hombres y mujeres

De otro lado, el Informe del Mercado de Trabajo de Córdoba incide en la brecha de género existente en la contratación de hombres y mujeres en la provincia, que constata en 18,8 puntos de diferencia. Desde 2021, esta brecha, ha descendido menos de 5 puntos porcentuales.

Además, la brecha de género en la contratación es más elevada entre 16 a 24 años con un 61,73% con hombres y un 38,27% con mujeres, los tramos de 25 a 34 y mayores de 55 años, alcanzan una brecha en torno a 21 puntos entre hombres y mujeres.

La diferencia entre la contratación de hombres y mujeres tiene un cariz especial en el nivel formativo: Del total de contratos durante el pasado ejercicio, el 72,51 % de la contratación provincial recayó en personas trabajadoras con los niveles formativos más bajos: estudios primarios o no acreditados y Educación Secundaria Obligatoria. En estos niveles, se acumula el mayor número de contratos a hombres, mientras que la contratación femenina, se produce en los niveles de estudios superiores, desde Grado medio de FP y principalmente en el nivel universitario. Cabe destacar que, conforme aumenta el nivel educativo la brecha de género se invierte, según certifica este estudio.

Y, también con perspectiva de género, el informe señala cómo solo en varias secciones de actividad relacionadas con la educación y los cuidados se contrata a más mujeres que hombres. Por contra, en las secciones de, agricultura, industria y construcción, la presencia de mujeres no alcanza un tercio de la contratación.

Perfil medio y edades

De hecho, el informe traza el perfil medio de quien obtuvo una contratación en ese año en la provincia de Córdoba y señala que las contrataciones nuevas que predominaron corresponden a un hombre, de 25 a 34 años de edad, con nivel formativo estudios primarios / no acreditados, que se emplea en el sector servicios, que llevaba menos de tres meses inscrito como demandante de empleo y al que se contrata, principalmente, como temporal a jornada completa.

Por edad, una cuarta parte (25,18%) de los contratos se concertaban con personas entre los 25 a 34 años de edad, aunque no muy lejos les siguen, en volumen de contratación registrada, los tramos de 35 a 44 años, un 21,39 % y de 45 a 54, con un 19,94%.

Sectores de actividad: agricultura y servicios lideran y sube industria

En el análisis de los contratos por sectores de actividad, se ve que la mayoría de las personas trabajadoras de la provincia tienen contratos en el sector servicios (44,02%). Con respecto al año anterior desciende el número de contrataciones en la agricultura y la construcción. Por el contrario, aumenta en industria y servicios.

Al desagregar los sectores en secciones de actividad económica conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), se comprueba que la agricultura y las actividades relacionadas con el sector servicios acaparan el grueso de la contratación en la provincia.

Así, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es la sección que cuenta con el mayor número de contratos y representa, pese a la bajada, más el 39,47% del total. Hostelería es, tradicionalmente, la segunda sección de actividad por volumen de contratos, por detrás de agricultura, en 2025 tiene un descenso del 1,83%, y sigue aportando más del 10% de los contratos, cerca se sitúa la construcción con un 8,74%.