Iryo ha encargado al despacho de abogados Uría Menéndez el asesoramiento integral en todos los aspectos derivados del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), incluyendo la reclamación patrimonial de los daños.

Fuentes de la operadora explican a Europa Press que se trata del despacho con el que trabaja de forma habitual y, en este caso concreto, se encargará del asesoramiento de cualquier aspecto relacionado con este suceso en el que uno de sus trenes se vio involucrado al descarrillar y chocar con un tren Alvia de Renfe que circulaba en el otro sentido.

Este encargo, adelantado por Expansión, se circunscribe en el marco de la fase de instrucción que está llevando a cabo el Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba).

La matriz italiana de Iryo, la pública italiana Ferrovie dello Stato (Trenitalia), ya informó en su última cuenta de resultados que se había personado en el proceso judicial como acusación particular, algo que aceptó la jueza y supone considerar a la empresa como “perjudicado”.

En un documento escrito en inglés, la compañía cita que la investigación preliminar llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a una rotura de la vía como principal causa, y remarca que el responsable del mantenimiento de la vía es Adif, la empresa pública española que gestiona la red ferroviaria.

La compañía italiana también recuerda que, por ahora, ninguna parte ha sido acusada penalmente y que Ilsa, la sociedad con sede en Valencia dueña de Iryo, ha pedido participar en el proceso legal que se lleva a cabo en el Juzgado de Montoro.

Otras partes se personan

En cuanto a la otra operadora ferroviaria, la francesa Ouigo, la jueza rechazó su petición al no ser perjudicado directo del siniestro, según lo recoge una diligencia de ordenación, de fecha 7 de abril, a la que tuvo acceso Europa Press, si bien cabe interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia.

Tampoco se aceptó a los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, al partido político Iustitia Europa y al Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).

En cambio, la jueza aceptó la personación como actor civil de la Junta de Andalucía, que solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción.

También admitió al Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, Asociación HazteOir.org, Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Asociación Víctima de los Políticos y Asociación Liberum, una personación condicionada a la previa prestación de una fianza de 3.000 euros para cada una de las acusaciones.

El juicio contra la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Reina Sofía, Carmen Prada, ha quedado visto para sentencia tras la celebración de su última sesión. En esta jornada final, tanto las acusaciones como las defensas han elevado sus conclusiones a definitivas. En el caso del abogado de la familia del paciente, esta acusación se ha adherido al planteamiento del Ministerio Fiscal, calificando los hechos como un solo delito de homicidio imprudente y retirando la acusación respecto del asesinato de un joven el Paseo de la Victoria sobre el que paciente se declaró autor, pero fue absuelto por su trastorno mental. Por su parte, la Fiscalía ha ratificado su solicitud de cuatro años de prisión para la acusada, fundamentando su informe en una presunta negligencia profesional grave.

Durante la exposición de su informe final, la fiscal Carmen Romero Urrutia ha subrayado que la protección de la salud es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y regulado por la Ley General de Sanidad, que establece que la atención a los problemas de salud mental debe realizarse preferentemente en el ámbito comunitario. Según el Ministerio Público, a pesar de que existían protocolos específicos en Córdoba para la atención domiciliaria y el seguimiento de pacientes con patologías graves o falta de adherencia al tratamiento, se produjo una “dejación en el cumplimiento de estas normas y directrices”.

El fiscal ha hecho referencia a documentación que pone de manifiesto esta situación, mencionando incluso un manifiesto de enfermos mentales que denunciaba el incumplimiento de la normativa vigente. En este marco de responsabilidad se encontraba la acusada, quien como directora de la unidad “tenía la obligación de velar por la correcta aplicación de estos instrumentos de actuación”. Durante el juicio, los diferentes testigos han asegurado que, en el momento de los hechos, existía una hoja interna de trabajo para dicha atención domiciliaria y otra intensiva, y que solo se aplicaba en enfermos con un Trastorno Mental Grave. Según la acusada, el paciente no estaba incluido porque, además consumía tóxicos.

“Total omisión de la demanda de asistencia médica”

El informe de la fiscal ha hecho un pormenorizado repaso por el historial clínico del paciente fallecido, destacando que ya en 2011 y 2013 se apreciaba un abuso de fármacos y episodios psicóticos. A pesar de los intentos de la familia por alertar sobre la situación, la Fiscalía sostiene que hubo una “total omisión de la demanda de asistencia médica”.

Uno de los puntos clave del informe ha sido la existencia de un auto judicial de 2014 que autorizaba el internamiento involuntario del paciente debido a su agresividad y nula conciencia de enfermedad. La fiscal ha reprochado que, a pesar de la urgencia del requerimiento, no consta “el más mínimo intento de llevar a efecto el requerimiento” por parte de la acusada. Según el Ministerio Público, la atención se limitó a ocho ingresos puntuales, dejando el seguimiento posterior a la iniciativa de un paciente que carecía de adherencia al tratamiento.

Por otro lado, la Fiscalía ha rechazado la tesis de la defensa, que argumentaba que esa hoja interna de trabajo no era aplicable al paciente por su condición de drogodependiente. Para Romero, la sintomatología del enfermo obligaba a su inclusión en este protocolo. La responsabilidad penal nace, según la fiscal, de una “conducta negligente que crea un riesgo objetivo”, al haber “desoído las advertencias de la familia” y los informes médicos que alertaban sobre ideas autolíticas y agresividad.

Existencia de centros de media estancia

Por otro lado, la Fiscalía se ha referido a la disponibilidad de recursos que, a su juicio, fueron ignorados por la acusada. Según el testimonio del excoordinador autonómico de salud mental que declaró en la segunda sesión del juicio, en la época de los hechos, la red sanitaria contaba con “camas concertadas en la red de centros de media estancia” para drogodependientes.

Estos centros especializados no están diseñados para ingresos breves, sino para tratamientos de larga duración. El Ministerio Público ha explicado que, en estos dispositivos, los pacientes podían permanecer ingresados durante “seis meses y prorrogables”, lo que habría garantizado una estabilidad y un seguimiento que el enfermo no tuvo al quedar “su atención limitada a ingresos puntuales en la Unidad de Salud Mental”. Para Romero, la existencia de estos recursos convierte la falta de actuación en una “total omisión de la demanda de asistencia médica”.

Por último, la Fiscalía ha hecho mención al historial de ideas autolíticas del fallecido, señalando que, a su juicio, existían advertencias claras y documentadas que fueron sistemáticamente ignoradas. El Ministerio Público destacó que ya en 2013 constaba un intento de autolisis mediante el consumo de medicamentos, además de diversos testimonios de la familia que alertaban sobre otros intentos previos de quitarse la vida. Sobre esto, la fiscal ha subrayado las contradicciones de la acusada, quien en el juicio ha sostenido que el paciente no tenía una verdadera intención de acabar con su vida. Sin embargo, la acusación pública ha recordado que, durante la fase de instrucción, la acusada admitió que el trastorno de personalidad del joven solía ir acompañado de “deseos de muerte”. Además, ha hecho hincapié en que, en 2019, el paciente manifestó cuadros de ansiedad con un temor explícito a realizar conductas autolesivas, lo que para la Fiscalía refuerza la tesis de que el riesgo era conocido y previsible para la unidad que ella dirigía.

Finalmente, el Ministerio Público ha argumentado que el “desprecio” por estas ideas autolíticas fue determinante en el desenlace fatal, concluyendo que, “si hubiera sido atendido, no se habría producido el consumo abusivo de tóxicos”, ya que el historial clínico obligaba a prever que la vida del enfermo corría un grave peligro sin una supervisión médica especializada y continua.

La acusación particular se adhiere al informe de la fiscal y describe el “infierno” familiar

La acusación particular, que representa a la familia del fallecido, se ha adherido al informe del Ministerio Fiscal y ha puesto voz al sufrimiento de los padres, subrayando que durante años “vivieron un auténtico infierno” marcado por el miedo constante ante la agresividad y el deterioro de su hijo, una situación que, a su juicio, fue ignorada por la responsable de Salud Mental. Además, esta acusación ha calificado de “fallo clamoroso” de la sanidad pública el hecho de que su médico de cabecera no le recetara los fármacos inyectables que le recomendó su psiquiatra privado “porque eran muy costosos”.

El letrado se ha referido a la gestión de la orden de internamiento de 2014. Según la acusación, la familia tuvo que batallar durante ocho meses en el Juzgado de Familia para conseguir dicho requerimiento. Sin embargo, una vez que el oficio llegó a la unidad que dirigía la acusada, se produjo una dilación injustificable. Por ello, la acusación ha reprochado que la acusada alegara haber dado traslado de inmediato al servicio de Urgencias para una valoración solo cuando ya había pasado un año desde la recepción del mandato judicial. Al igual que la Fiscalía, ha hecho alusión a que se ignoraron recursos clave, como los centros de estancia media, donde el paciente podría haber permanecido “hasta seis meses” para estabilizar su patología, un traslado que nunca se llegó a tramitar.

Por último, la acusación particular también ha hecho alusión a la salida de prisión tras la absolución por el asesinato de 2015 y ha reclamado que, en aquel momento, no se adoptó “ninguna medida de seguridad para el seguimiento o evolución del paciente”.

El juicio ha quedado visto para sentencia. Hay que recordar que la Fiscalía pide para la acusada dos años de prisión por un delito de denegación de atención sanitaria y un año y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente. Además, solicita un total de siete años de inhabilitación y una indemnización de 225.000 euros para la familia del fallecido.

Una de las supervivientes del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha pedido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, la recusación expresa de uno de los tres peritos y sea designado en su lugar un tercer profesional que jure el cargo y realice el informe en los términos convenidos.

Según recoge el escrito presentado en el juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el perito en cuestión es socio director de una entidad que, entre otras labores, realiza trabajos de peritaje y de certificados de calidad de diferentes proyectos. “Uno de estos trabajos ha sido la obra de los ramales de acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores de Cádiz”, indica la representación de la afectada.

Al respecto, explica que “se da la circunstancia de que esta reforma fue adjudicada a Ferrovial que es una de las empresas que formaban parte de la UTE que reformó el tramo de Adamuz, ocho meses antes del accidente”.

Por lo expuesto, esta parte considera que “los peritos designados no deben tener vinculación alguna con el siniestro o con las empresas vinculadas al mismo --en este caso Ferrovial-- para garantizar la imparcialidad absoluta de cara al informe a realizar”.

Ante ello, desde este mismo momento procesal, solicitan la revocación del citado perito y “por ende nueva designación de un tercer perito que supla las funciones de aquel que expresamente se impugna”.

La diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, apunta que han sido designados tres ingenieros y este martes debían comparecer “para la aceptación del cargo, traslado de información del procedimiento y de la pericial a practicar, así como de los requisitos para elaborar el presupuesto requerido por la Junta de Andalucía”.

Al respecto, la Fiscalía de Córdoba solicitó en febrero a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro que se acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente.

Desde el Ministerio Público se propuso que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos “sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos”.

“Línea principal de investigación, la rotura”

Cabe recordar que un informe de la Guardia Civil presentado al Tribunal de Instancia confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz. A la vista de este informe, queda como “línea principal de investigación la rotura de raíl o soldadura, quedando descartadas las acciones de sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas y a expensas de los informes periciales y otra documentación o manifestaciones que puedan ser recabados, y como muy altamente improbable la causa de una pieza en la vía que diera lugar al accidente”.

En dicho informe del día 28 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que “el sistema sólo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de 'ocupación'”, de modo que “en el caso de Adamuz, el Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída brusca de tensión la noche del 17 de enero, pero al mantenerse por encima del umbral no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento” de Adif.

En conclusión, se apunta que “el sistema SAM llegó a registrar de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con una rotura horas antes del accidente, pero el sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria”, a lo que se añade que “Adif a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió”.

Al respecto, un informe técnico recogido en la documentación, en fase de borrador, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro de Adamuz ya apuntó hace semanas a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento, todo ello “a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi”, que se encarga del sistema de señalización.

En este sentido, el informe de la Benemérita indica que de la documentación aportada del sistema operado por Hitachi “se observan una serie de diagramas” en los que “se refleja que la tensión del circuito de vía se mantiene en el entorno de los dos voltios de tensión” del día 12 al 18 de enero. Sin embargo, desde las 21,46 horas del sábado 17 “se produce un descenso hasta el entorno de 1,5 voltios, no recuperándose dicha tensión hasta el accidente, sobre las 19,43 horas del día 18, en el que la tensión ya queda en cero”.

Así, “se confirma que la rotura de vía se produjo en el tramo contemplado entre los kilómetros 319,412 y 318,665, por lo que esta indagatoria corroboraría la existencia de una rotura en ese tramo en el que se encuentra el kilómetro 318,681 y que se produjo a las 21,46 horas del día 17 de enero”.

Además, se señala que “según la documentación, puede que fuera técnicamente posible detectar una rotura franca de carril” mediante los sistemas de señalización instalados, “aunque la fiabilidad de dicha detección depende de la configuración eléctrica de la vía”.

En base a la manifestación de la responsable del sistema --empresa Hitachi Rail GTS Spain SAU proveedora de servicios contratada por Adif, “era posible detectar una rotura franca de carril en la vía 1 entre el kilómetro 317 y el 319, pero la fiabilidad de esta detección mediante los sistemas de señalización en esta línea específica era muy baja debido a la configuración eléctrica de la infraestructura”.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá el próximo mes de junio el juicio contra un hombre acusado de un grave intento de incendio en un establecimiento de la capital y de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, el procesado se enfrenta a una petición total de nueve años de prisión por intentar prender fuego a un local mientras se encontraban en su interior tanto empleados como clientes.

Los hechos se remontan a 2024, cuando el acusado se dirigió a un establecimiento de Córdoba portando dos botellas de gasolina. Una vez en el lugar, comenzó a rociar con el combustible a las personas que estaban dentro. Acto seguido, derramó el contenido de una de las botellas en la entrada del local, tanto en la parte interior como en la exterior, y lanzó un cigarrillo encendido a la gasolina con la finalidad de prender fuego.

Lejos de deponer su actitud, el acusado se dirigió específicamente hacia personas que ya habían sido alertadas por los empleados y las roció de nuevo con la gasolina que le quedaba en la segunda botella. El escrito fiscal detalla cómo les lanzó varios cigarrillos encendidos para que el combustible prendiera fuego y, al no lograrlo, lo intentó de nuevo utilizando un mechero. La tragedia fue evitada gracias a la intervención de un cliente del establecimiento, que logró reducir al atacante. En el momento de su detención, se le intervinieron las dos botellas de gasolina y dos mecheros.

No obstante, el altercado no terminó con la reducción del procesado en el local. Según el Ministerio Público, durante su traslado a la comisaría, el acusado mostró una actitud violenta, negándose a bajar del vehículo policial y golpeando a un agente, causándole una herida.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de tres delitos: incendio con peligro para la vida e integridad de las personas, en grado de tentativa, por el que solicita siete años de prisión; y un atentado a la autoridad, por el que pide un año de cárcel, al igual que por el delito de lesiones.

Además de la pena de prisión, el fiscal interesa que se imponga al acusado el pago de las costas y la prohibición de aproximarse al establecimiento a una distancia inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con el local durante un periodo de tres años. El Ministerio Público señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

La Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión para el exfutbolista del Córdoba Club de Fútbol Álvaro Aguado por un presunto caso de agresión sexual. Al jugador se le acusa de haber agredido sexualmente a una trabajadora del Espanyol en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024. Del mismo modo, el Ministerio Público pide una indemnización de 65.000 euros para la víctima por el daño moral causado y las secuelas psicológicas, tal y como ha adelantado Diario Marca.

Aguado, que militó en el Córdoba CF entre el 2017 y el 2019, se encuentra sin equipo después de poner fin a su etapa en el citado conjunto catalán en el verano del 2025. Eso sí, los hechos denunciados habrían ocurrido, presuntamente, en el mes de junio del 2024, durante la celebración de la fiesta del ascenso a Primera División. El mediocentro fue partícipe de dicha gesta al competir en 39 encuentros. Al curso siguiente, ya en la máxima categoría, apenas sumó minutos en 18 partidos.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, Aguado, de 28 años, agredió presuntamente a la mujer durante la madrugada del 24 de junio en el lavabo masculino de una conocida discoteca de Barcelona, pese a que la víctima, que se hallaba en “estado de shock”, le pidió que “parase”, que “no quería tener relaciones sexuales”.

Fue el 8 de abril del 2025 cuando se supo que el futbolista estaba investigado por un delito de agresión sexual. El citado diario expone que cinco testigos presenciales corroboran la versión del jugador, mientras que dos personas cercanas a la víctima relataron a la juez que esta le había contado lo ocurrido al día siguiente.

La segunda sesión del juicio contra la psiquiatra y jefa de Salud Mental del Reina Sofía, Carmen Prada -celebrada este martes-, ha estado marcada por los testimonios de médicos y un perito que han defendido la corrección de la asistencia sanitaria prestada por el sistema público de salud, a la vez que se ha conocido que el joven, días antes de morir, manifestó la idea de querer ingresar en una unidad contra las adicciones.

Así lo ha puesto de manifiesto el médico y por aquel entonces coordinador de la Unidad de Drogas y Adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Bartolomé de la Fuente, a donde acudía el paciente, aunque de forma “irregular”. Ha manifestado que aunque al joven nunca se le recetó metadona, en su autopsia apareció restos de esta sustancia, por lo que podría haberla conseguido en el mercado negro. Asimismo, ha asegurado que el paciente pidió ingresar en una unidad terapéutica apenas unos días antes de fallecer, pero no llegó a responder a la llamada de la psicóloga de los servicios comunitarios de Salud Mental para concretar la cita. Sobre esto, el perito que ha analizado toda la documental, Jaime Gómez González, ha apuntado que, actualmente, “la red pública de Salud Mental no tiene una unidad de internamiento para luchar contra las adicciones”, pero sí hay “centros dentro de la red de drogodependencia”.

“Con los mecanismos que hay, tendría que haberse producido un ingreso urgente en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental”, ha explicado este perito quien, no obstante, se ha referido a las cuestiones éticas y morales que supone “tener a una persona eternamente ingresada”. Por ello, este perito ha sostenido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) puso todos los servicios a disposición del paciente y que el “problema nuclear” del mismo era el consumo de tóxicos.

Este médico especialista en psiquiatría forense y profesor de la Universidad de Sevilla, por otro lado, ha ratificado que el diagnóstico más estable y concordante con todo el historial del paciente es el de “trastorno de personalidad mixta” que se intensificaba con el “consumo de sustancias”, rechazando así el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo depresivo que defiende el psiquiatra privado que seguía al paciente, Ignacio Martínez Hens. Según este perito, “la atención sanitaria que ha recibido el paciente ha sido la correcta” y las necesidades en el ámbito de la salud mental fueron cubiertas.

Gómez ha dicho, además, que el consumo abusivo e irregular de psicofármacos y tóxicos se remontaría “a 2011” según toda su historia clínica. Durante su declaración ha explicado que este consumo activo es, precisamente, lo que impedía que el joven fuera beneficiario de los equipos de tratamiento para Trastorno Mental Grave (TMG), ya que los protocolos especiales -tanto de atención intensiva como domiciliaria- que había en Salud Mental para pacientes con trastorno mental grave excluye a aquellos que consumen tóxicos. Además, el trastorno de este paciente no estaba incluido dentro de las patologías a las que iban dirigidas estos protocolos.

Respecto al fallecimiento, Gómez ha señalado que el informe preliminar de la autopsia lo califica como una “reacción adversa de los abusos”, derivado de la combinación de metadona, anabolizantes, alcohol y otros fármacos -que fueron consumidos “en dosis que no eran letales”- en una persona con antecedentes cardíacos y que padecía asma.

Sobre las tendencias autolíticas del paciente, los testimonios y documentos presentados durante este martes han negado que el joven las padeciera. Según consta en la documentación del equipo de salud mental, existe un parte de asistencia del 14 de octubre de 2013 que registra un “intento de autolisis con medicamentos”, reforzado por una comunicación de una trabajadora social días después en la que la familia informaba de una “amenaza de autolisis” manifestada en consultas privadas. Sin embargo, la gran mayoría de los profesionales que trataron al joven de forma directa han negado haber detectado un riesgo suicida activo durante sus evaluaciones.

“El gran problema de mi vida es consumir drogas”

El psicólogo clínico José Pedro Diéguez Sánchez, que trató al paciente en la Unidad de Agudos, ha reforzado la tesis del consumo. Tras aplicarle diversas pruebas diagnósticas, diagnosticó al paciente como una persona con una “inteligencia elevada” pero con un perfil de “carácter anómalo de la personalidad” marcado por la impulsividad y la frustración al no cumplir sus altas aspiraciones, como ser policía o piloto. Según el psicólogo, el joven arrastraba una “vulnerabilidad percibida” desde niño, fruto de una etapa escolar en la que “los niños se burlaban de él” y “sufría acoso”.

Esta situación derivó en síntomas graves a una edad muy temprana: el paciente sufría terrores nocturnos, se mordía las uñas y “con 7 u 8 años se producía autolesiones”, una conducta que el testigo ha calificado como “impropia de esa edad”. Para Diéguez, el inicio en el gimnasio a los 11 años y el posterior consumo de sustancias fueron intentos desesperados del joven por luchar contra esa imagen de debilidad y proyectar una seguridad que no poseía. Diéguez ha recordado, además, una frase del fallecido: “El gran problema de mi vida es el consumir drogas”. Según el psicólogo, el consumo activaba sus rasgos desadaptativos, como la intolerancia y la incapacidad para reflexionar.

Durante la sesión de este martes, varios cargos técnicos y facultativos del SAS han explicado las limitaciones operativas del sistema. Quien fuera el coordinador autonómico de Salud Mental, Javier Romero Cuesta, y el exgerente del SAS, José Manuel Aranda Lara, han coincidido en que “el hospital no tiene dispositivo para ir a buscar al paciente a su domicilio”, ya que en 2014 hubo un ingreso frustrado dado que el paciente no acudió. En esa línea, han aclarado que, si un paciente no acude para su ingreso, la red de Salud Mental debe esperar a que aparezca, dependiendo de la familia. Se podría acudir al 061 o a las fuerzas de seguridad, siempre y cuando se conozca el paradero del paciente, han dicho.

Por su parte, el psiquiatra José Ángel Alcalá Partera ha recordado que el paciente era autónomo y manifestaba su “compromiso e intención de seguir sus revisiones por su psiquiatra privado”. Alcalá ha reiterado que los protocolos de atención domiciliaria “excluyen los derivados del consumo de tóxicos” y que, actualmente, también sería incluido de los mismos si dicho consumo continuara.

El paciente tenía también un diagnóstico diferente realizado por su psicólogo privado

La psiquiatra María del Pilar Ventosa, que lo atendió en el centro penitenciario en 2015, ha ratificado el diagnóstico de “trastorno mixto de la personalidad” y ha descartado signos de esquizofrenia.

Frente a las tesis de todos estos médicos y especialistas, el psicólogo privado que en 2017 realizó el informe que supuso la absolución del joven en el caso del asesinato de un hombre en el Paseo de la Victoria, Ignacio Martínez Hens, ha defendido su diagnóstico de trastorno esquizoafectivo. De manera continuada, este profesional trató al paciente entre marzo de 2012 y abril de 2014, y ha declarado que se trataba de un paciente “muy difícil” y con una “mala adherencia al tratamiento, que, en la práctica, ”iba a su bola“.

Hens ha explicado que, aunque inicialmente detectó un pequeño episodio depresivo y consumo de fármacos, su diagnóstico fue evolucionando hasta concretar en el informe de 2017 que el paciente sufría un “trastorno esquizoafectivo”. Este diagnóstico, según el testigo, suponía la confluencia de un trastorno depresivo mayor con rasgos delirantes y de personalidad. Debido a esta patología y a su conducta, Hens lo consideró un “paciente de alto riesgo” con altas probabilidades de tener problemas con la sociedad y con su propia familia, la cual se encontraba “desbordada” por la situación.

Además, ha reconocido que el joven le confesaba consumir “de todo”: anabolizantes, anfetaminas, depresivos y diversos fármacos. Según el doctor, el paciente “tenía a disposición pastillas de todo tipo y se las conseguía en el mercado negro”, realizando mezclas peligrosas que “podían afectar a su salud perfectamente”. El facultativo también se ha referido a las dificultades para implementar tratamientos efectivos. Durante su declaración ha recordado que le recomendó el uso de medicamentos inyectables, pero que el médico de cabecera de la Seguridad Social se lo denegó. Hens, que ha asegurado desconocer qué tipo de atención recibía su paciente en el sistema público, ha puntualizado que esta medicación era cara y que el paciente no podía afrontar su coste.

Ese informe de 2017 fue firmado también por el psicólogo Fernando Javier Sánchez Alcalá, quien solo se entrevistó don el paciente durante dos horas y media en prisión. En ese momento, aunque el paciente tenía un ánimo adecuado y no presentaba rasgos autolíticos, mantenía ideas delirantes y autoreferenciales y que hacía un consumo abusivo de fármacos para mitigar la ansiedad que le producía su propia enfermedad, según ha declarado este martes. Al igual que Hens, ha señalado que este tipo de enfermos suelen presentar una gran falta de adhesión al tratamiento y tienden a la automedicación, calificándolos como casos “muy complejos”.

La sesión ha dado por concluida toda la testifical y el próximo jueves se elevarán las conclusiones a definitivas y se realizarán la lectura de los informes.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar este miércoles a un agente inmobiliario acusado de un delito de estafa por hacer nóminas para que un cliente obtuviera un préstamo y pudiera comprar una vivienda. El Ministerio Público solicita para el procesado una pena de tres años y tres meses de prisión por unos hechos ocurridos en Córdoba capital.

Según el escrito de acusación, el acusado se presentó ante la víctima como empleado de una empresa dedicada a la intermediación inmobiliaria. Tras visitar un piso que estaba a la venta y firmar un contrato de arras con el comprador, que entregó una cantidad determinada, este informó al acusado de su imposibilidad de obtener un préstamo hipotecario al no disponer de nómina.

Con el ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, según la Fiscalía, el acusado hizo creer al cliente que existía la posibilidad de darle de alta en la Seguridad Social. Para ello, se mostró dispuesto a confeccionar dos nóminas ficticias que no respondían a ningún trabajo real, con el único propósito de que la víctima pudiera obtener del banco el préstamo. Por estas gestiones, el acusado solicitó al afectado una cantidad de dinero.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa. Al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, el Ministerio Público solicita, además de la pena de cárcel, una multa de 3.240 euros y el pago de las costas.

Vox ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) por la presunta modificación y/o destrucción de pruebas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el domingo 18 de enero, con el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, por la supuesta comisión de delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento.

El escrito se basa en un informe de la Guardia Civil que recoge actuaciones sobre material probatorio ya intervenido y precintado, que “no contaban con autorización judicial expresa ni con supervisión de los responsables de la custodia”. Según la denuncia de Vox, dicho material quedó “debidamente agrupado, cubierto, señalizado y precintado”, aunque posteriormente los agentes constatan que quedó “sin vigilancia, tanto de personal como de grabación”.

Vox sostiene que estas actuaciones “introducen un riesgo cierto de alteración, contaminación o pérdida de integridad de la prueba”, algo que “podría comprometer la investigación del siniestro”. Asimismo, el escrito señala que las instrucciones “venían dirigidas de forma directa de la Presidencia de Adif” y se habrían ejecutado “sin dar cuenta a la autoridad judicial”.

Por ello, la formación solicita la práctica de diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, al considerar que “lo ocurrido podría haber afectado de forma grave a la investigación del accidente y al derecho a conocer la verdad de lo sucedido”. Vox advierte de que “la posible alteración o retirada de pruebas compromete el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades”.

Renfe Viajeros ha pedido este lunes a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que el Servicio de Emergencias de 112 de Andalucía aporte las llamadas relacionadas con el siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, así como un informe final del despliegue de emergencias e información sobre “si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia”.

Según recoge el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el procurador de la entidad ha solicitado las grabaciones completas de las llamadas entrantes y salientes que gestionaron durante la atención del accidente, “incluyendo hora, duración y contenido íntegro de las comunicaciones”.

Entre ellas se demanda “expresamente que se identifique y, en su caso, se explique, si se produjo una llamada entre el Servicio 112 de Madrid y el de Andalucía donde, al parecer, se descartó por los jefes de sala la posibilidad de que hubiera dos trenes involucrados en el accidente, lo cual pudo tener incidencia en el operativo de rescate y auxilio a las víctimas del Alvia, entre las que se encuentran trabajadores de Renfe”.

También, pide un informe final del despliegue de emergencias “con inclusión del operativo activado y la secuencia de actuaciones llevadas a cabo durante la gestión del accidente”; información de “cuál es el sistema de localización de llamadas provenientes del Alvia utilizado por el Servicio 112”, agregando que “un sistema adecuado hubiese permitido establecer la ubicación del tren de forma precisa e inmediata”.

De igual modo, Renfe reclama “información sobre si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del Servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia”.

“Importante confusión inicial”

Al respecto, dichas peticiones se realizan después de que el día 8 de abril se ha notificado diversa documentación, entre la que se encuentran informes de la Guardia Civil en los que se actualiza el estado de la investigación. En estos informes se analiza, entre otras cuestiones, el momento en el que se conoce el accidente de los dos trenes.

En dicho análisis, se incluye una secuencia cronológica de las llamadas por las que se fue informando de la existencia del siniestro y se indica por parte del instructor que del estudio inicial de las grabaciones y a falta de ampliar la investigación con las manifestaciones de los operadores: “se comprueba que existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el tren Iryo”.

Además, se añade que “las llamadas que alertaban del tren Alvia se interpretaron, bien como un accidente en el que no interviene una colisión con el Iryo y de menor gravedad o se confundieron como relacionadas con el accidente del citado del tren Iryo”.

Por otra parte, dentro de la documentación notificada el día 8 de abril se incluye la solicitud efectuada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a la Benemérita con fecha 11 de marzo, para que se les proporcionase por parte del Servicio de Emergencias de Andalucía 112 las grabaciones completas de las llamadas entrantes y salientes gestionadas por el referido Servicio y relacionadas con el accidente.

Y también un informe final del despliegue de emergencias, relativo al operativo activado ya la secuencia de actuaciones llevadas a cabo durante la gestión del accidente. Esta petición de la CIAF ha sido sometida al criterio de la jueza y ha conllevado que en la providencia de 7 de abril se indique que no ha lugar a lo solicitado “por no ser de interés para la instrucción de la causa”.

“Transcurrió un tiempo llamativo”

No obstante, desde Renfe Viajeros exponen que sin perjuicio de que tienen “certeza de que la Guardia Civil continúa investigando, es conveniente poner de manifiesto que para obtener un conocimiento pleno de qué es lo que ocurrió en el lamentable accidente del que trae causa la presente instrucción, también es necesario acceder a cómo tuvo lugar la gestión de los servicios de emergencia del 112”.

Al hilo, señalan que “la mera lectura de la secuencia cronológica que efectúa la Guardia Civil respecto de las comunicaciones que tuvieron lugar en el momento del accidente, evidencia que transcurrió un tiempo llamativo desde que se enviaron patrullas de la Guardia Civil al lugar del accidente, ubicando como tal únicamente donde se encontraba el tren IRYO (19,47:28 horas), hasta que hubo constancia de que la Guardia Civil también acudía 'a otro tren distinto al inicialmente informado' (20,31:58 horas)”.

A juicio de la entidad, “es importante conocer, entre otras cuestiones, cuáles fueron las causas de esta confusión señalada en el informe del Instituto Armado”, al tiempo que apuntan que “se antoja necesario tener conocimiento en el marco de este procedimiento de las incidencias que pudieron tener lugar en la gestión de la emergencia y así calibrar los efectos que pudieran haber tenido en las consecuencias derivadas del siniestro”.

“La diligencia que se propone no es una reiteración automática de la petición que realizó la CIAF, sino que se formula a la vista de los hechos concretos ya reflejados en los informes de la Guardia Civil incorporados a la causa y está conectada con el esclarecimiento de cómo fue la prestación de auxilio a las víctimas del Alvia entre las que se encuentran trabajadores de Renfe”, según se remarca en el escrito.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha dictado un auto en el que desestima la petición de inhibirse a favor de la Audiencia Nacional en la denominada operación Fenicio-Diávolo 24. Esta macrocausa investiga una sofisticada red criminal que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tenía capacidad para blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compraventa de metales preciosos.

A pesar de que las defensas de varios investigados solicitaron que el caso pasara a la Audiencia Nacional por su supuesta complejidad y extensión nacional, el magistrado cordobés ha rechazado tal pretensión. El auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, fundamenta que la competencia debe recaer en Córdoba porque aquí se encontraba el “centro de gravedad” de este grupo criminal.

En esa línea, el juez subraya que en la capital cordobesa es donde reside la mayoría de los investigados, donde se ubican las sedes de las presuntas empresas pantalla y donde se han desarrollado las actuaciones nucleares de la instrucción. Además, señala que el proceso se encuentra en un estado avanzado tras más de un año de investigación, por lo que un traslado ahora causaría un perjuicio a la agilidad de la justicia.

El inicio de la investigación comenzó en abril de 2024, cuando se averiguó que varias empresas de la provincia recibían a diario grandes cantidades de dinero en efectivo de contenido ilícito para que dichas entidades la introdujeran en el circuito financiera legal. Según la investigación que desarrolló la UCO, el modus operandi de la red consistía en recoger el dinero -procedente del tráfico de drogas, extorsiones, amenazas y delitos contra las personas- en garajes y oficinas de Córdoba para comprar oro y plata de origen ilícito en joyerías y fundiciones, a menudo sin registrar las transacciones o superando los límites legales de pago en efectivo.

Posteriormente, empresas cordobesas dedicadas al análisis y certificación de metales “legitimaban” el oro, permitiendo su bancarización. Una vez el dinero estaba en el sistema, se movía a través de sociedades pantalla, que carecían de infraestructura real. Después, el dinero blanqueado era transferido a las cuentas bancarias del verdadero propietario del efectivo y que pertenecían a empresas de China.

Actualmente, en la causa hay investigadas un total de 25 personas y nueve empresas. La operación arrojó un total de 20 registros practicados en cinco provincias españolas: 11 en Córdoba, dos en Zamora, dos en Salamanca, dos en Sevilla y tres en Madrid. También se realizó una inspección fiscal en una fundidora de metales preciosos en Paracuellos del Jarama, Madrid.

Durante los registros se intervinieron una cantidad significativa de bienes y activos: más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilogramos de oro, valorados en aproximadamente 1.150.000 euros; 15,2 kilogramos de plata, valorados en 15.200 euros; un gran número de joyas de origen desconocido, ocho contadoras de dinero en efectivo, numeroso material informático y electrónico, dos pistolas, cuatro cargadores de armas de fuego y diversa munición. Además, se incautaron ocho vehículos, dos de ellos con sistemas de ocultación de doble fondo, y abundante documentación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que absuelve a un varón de 58 años de edad de los delitos de agresión sexual, maltrato, maltrato habitual y amenazas sobre su expareja, que por su parte ha sido absuelta de un delito de maltrato del que estaba acusada supuestamente sobre él.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la procesada y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón mantenía a la fecha de los hechos denunciados una relación sentimental con la acusada, iniciándose dicha relación sobre el 30 de diciembre de 2020 y terminando el día 4 de junio de 2021.

Mientras duró la relación, ella residía, por motivos laborales, en una vivienda de un municipio de la provincia, donde prestaba servicios como cuidadora de una persona de edad avanzada, y él residía en otra vivienda en una barriada periférica de la capital a donde se trasladaba ella los días que descansaba de sus obligaciones laborales.

“No ha resultado acreditado que la acusada le haya dado un puñetazo” al hombre o que “el acusado haya proferido las palabras y frases que constan en los escritos de acusación, ni que la haya maltratado o agredido, ni la haya obligado, con violencia y/o intimidación, a tener relaciones sexuales con él”, exponen los jueces.

Al respecto, detallan que ella “sufrió lesiones que no precisaron objetivamente para su curación tratamiento médico y/o quirúrgico que tardaron en curar cinco días de perjuicio personal básico, sin que le hayan quedado secuelas, no habiendo resultado acreditado que dichas lesiones se las haya causado él”, a la vez que “no han resultado acreditados el resto de hechos por los que se ha ejercido acusación”.

Entretanto, indican que el procesado, según resulta de su hoja histórico penal unida a la causa, resultó ejecutoriamente condenado por sentencia firme, de 9 de enero de 2020, dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba por un delito de amenazas, por unos hechos cometidos el día 6 de enero de 2020, imponiéndole, entre otras, la pena accesoria de prohibición de acercamiento y de comunicación a sus víctimas, la cual quedó definitivamente extinguida el día 1 de mayo de 2021.

Casi de tres meses después de la tragedia de Adamuz, la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha nombrado a los tres peritos judiciales independientes.

Estos tres profesionales tienen que hacer su propia investigación y analizar las tres que hay en marcha: la de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la que desarrolla la empresa estatal Adif, encargada de la gestión de las instalaciones ferroviarias de España.

La designación de los peritos se produjo el pasado 16 de abril y será este martes cuando estos tres profesionales deban comparecer en la oficial judicial del juzgado de Montoro para aceptar el cargo. Cuando esto se produzca, se les trasladará la información del procedimiento y la pericial que deben practicar.

Al respecto, la Fiscalía de Córdoba solicitó en febrero a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro que se acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente.

Desde el Ministerio Público se propuso que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos “sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos”.

La plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar solidariamente con casi 6.600 euros al propietario de una nave del polígono industrial La Torrecilla que resultó dañada por un eucalipto de titularidad pública.

Según la sentencia, el Ayuntamiento intentó inicialmente eludir su responsabilidad argumentando que los daños que sufrió la nave se debieron a rachas de viento superiores a 120 kilómetros por hora en octubre de 2023, lo que trasladaría la obligación de pago al Consorcio de Compensación de Seguros. Sin embargo, el fallo aclara que el origen de los desperfectos no fue un evento meteorológico puntual, sino el “vencimiento parcial y paulatino” de un eucalipto de grandes dimensiones que venía afectando a la finca desde el año 2018.

El magistrado fundamenta la condena en la “falta de mantenimiento y conservación de la vía pública” por parte de la administración local, señalando que los daños derivan del “crecimiento sin control y continuado” del árbol. Así, el eucalipto provocó un descuadre de la puerta de acceso al patio lateral debido al “empuje que sobre la estructura y pavimento” ejercían directamente el tronco y las raíces. Además, la caída masiva de hojarasca provocó la saturación de la red de desagüe de pluviales, lo que derivó en embolsamientos de agua, filtraciones y humedades en el techo de la planta primera de la nave.

El juez concluye que el Ayuntamiento pretendía imponer al ciudadano un deber de cuidado que “ella misma, por su parte, no ha observado”, incumpliendo su deber de diligencia en la conservación del arbolado. Además del pago de la indemnización, la aseguradora deberá abonar los intereses de demora y ambas partes cargarán con las costas del proceso, limitadas a 400 euros. La resolución es firme y no admite recurso ordinario.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a una mujer de un delito leve de coacciones por el que había sido condenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba. El tribunal ha considerado que tirar vinagre a un pasillo que su vecina estaba limpiando no entra dentro de este tipo penal, aunque sí tuviera la intención de “molestarla”.

Según los hechos probados, la procesada, movida por las malas relaciones que mantenía con su vecina, tiró gran cantidad vinagre desde su vivienda desde su vivienda hacia el pasillo colindante, propiedad de este vecino. En ese preciso instante, esta se encontraba limpiando esa zona del pasillo. El líquido llegó a alcanzar su cuerpo, manchándola y alterando su “tranquilidad y sosiego”.

Aunque el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba impuso inicialmente una multa a la mujer, la Audiencia Provincial ha decidido revocar dicha condena. La clave de la absolución reside en que, para que exista un delito de coacciones, es necesario acreditar que el autor tiene el objetivo explícito de “impedir el pacífico disfrute del derecho” de la otra persona.

Sin embargo, los hechos probados de la sentencia original solo recogían que la intención de la acusada era la de “molestarla”. Ante ello, el tribunal ha subrayado el “ánimo de causar una molestia” no es suficiente para integrar los elementos de un delito de coacciones, el cual requiere una finalidad de restricción de la libertad que no ha quedado probada en este caso.

Casi 20 años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la orden de demolición dictada por la Junta de Andalucía sobre una edificación ilegal construida en Montemayor (Córdoba). El fallo desestima así el recurso interpuesto por los propietarios, quienes alegaban que la potestad de la administración autonómica para restaurar el orden urbanístico había caducado debido a la antigüedad de la construcción.

La edificación, compuesta por una vivienda y un anexo, comenzó a levantarse entre los años 2006 y 2007. Según el recurso de los propietarios, ya se habrái superado con creces el plazo de seis años que establece la ley para que la Administración pueda ordenar su demolición. Para apoyar su tesis, presentaron un auto de un juzgado de Montilla que archivaba una causa penal previa por delito contra la ordenación del territorio al considerar que el delito había prescrito.

Sin embargo, el tribunal ha recordado que la vía administrativa y la penal son independientes. Según las pruebas fotográficas y las inspecciones, la obra se encuentra paralizada, pero no terminada, ya que los paramentos de ladrillo están sin revestir y carece de ventanas. La ley andaluza establece que el plazo de seis años solo empieza a contar desde la “completa terminación” de la obra, algo que no ha ocurrido en este caso.

Por tanto, dado que la construcción no está finalizada, no puede acogerse a la figura de “asimilado a fuera de ordenación”, situación reservada únicamente para edificaciones irregulares terminadas sobre las que ya no se pueden tomar medidas por el paso del tiempo.

Además, el tribunal ha rechazado que el procedimiento administrativo haya caducado, confirmando que la Junta de Andalucía notificó la resolución dentro del plazo legal de un año desde que se inició el expediente en febrero de 2021.

Como consecuencia de la desestimación total del recurso, los demandantes han sido condenados al pago de las costas procesales, fijadas en un máximo de 1.500 euros más IVA, y la orden de demolición ha sido ratificada.

El Juzgado de lo Mercantil de Córdoba ha dictado una sentencia que obliga a Renault a indemnizar a un particular por los daños derivados de su participación en el intercambio de información estratégica conocido como el cártel de coches. El magistrado Antonio Fuentes Bujalance ha fijado esta compensación en el 5% del valor de adquisición del vehículo, tras acreditarse la existencia de una infracción de las normas de competencia que afectó al mercado entre 2006 y 2013.

El fin de la controversia sobre la prescripción Uno de los puntos clave de la resolución es el rechazo a la excepción de prescripción alegada por la marca automovilística. El juez determina que el plazo para reclamar es de cinco años y que este no comenzó a computarse hasta que la resolución sancionadora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ganó firmeza, lo cual ocurrió en el año 2021 para la mayoría de las marcas tras las resoluciones del Tribunal Supremo. En consecuencia, el magistrado concluye que cualquier acción judicial interpuesta antes del año 2026 se encuentra plenamente vigente y no ha prescrito.

En este procedimiento, la representación legal del cliente cordobés ha corrido a cargo de los abogados Francisco Cerezo y Antonio Nocete. Respecto a la cuantía, el tribunal ha optado por la estimación judicial del daño ante la dificultad de fijar un sobreprecio exacto mediante los informes periciales presentados. Siguiendo los criterios de uniformidad y seguridad jurídica marcados por el Tribunal Supremo y diversas Audiencias Provinciales en casos similares, el juez ha establecido la indemnización en un 5% del precio del coche. En este caso concreto, el valor de referencia del vehículo se fijó en 19.640,31 euros (excluyendo IVA y otros gastos), lo que arroja una indemnización principal cercana a los 982 euros.

La condena no se limita al pago del sobreprecio, sino que Renault deberá abonar los intereses legales devengados desde la fecha de compra del vehículo para garantizar un resarcimiento pleno del perjuicio económico sufrido por el comprador. Asimismo, la sentencia impone el pago de las costas procesales a la empresa demandada al considerar que se ha producido una estimación sustancial de la demanda, al haberse probado todos los elementos básicos de la responsabilidad: el hecho dañoso, la autoría y la relación de causalidad. Esta resolución es firme y no admite recurso de apelación debido a que la cuantía reclamada no alcanza el mínimo legal exigido para ello.

El Juzgado de lo Penal 4 ha celebrado este jueves la primera sesión del juicio a la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Reina Sofía, Carmen Prada, para quien la Fiscalía pide cuatro años de prisión por denegación de asistencia sanitaria y homicidio imprudente a un hombre que finalmente falleció. La vista se ha celebrado durante toda la mañana y ha contado con un extenso interrogatorio a la acusada, durante el cual se han producido momentos de tensión entre la acusación particular y la fiscal con la jueza a razón de la forma en la que se estaba desarrollando el mismo. Durante su declaración, Prada ha defendido su actuación y la de su equipo, y ha rechazado que el hombre se suicidara, sino que su fallecimiento fue “una concatenación desgraciada” debido a las patologías que sufría.

Al inicio de la sesión, la sala discutió la práctica de la prueba pericial. Mientras la acusación particular -que solicita ocho años de prisión- pedía que los peritos declararan en conjunto -uno de ellos no ha podido acudir a la sesión-, la defensa y la Fiscalía se opusieron, considerando que era “más acertado hacer un examen por separado”. Asimismo, la defensa pidió la admisión de pruebas relacionadas con el historial clínico del fallecido durante su estancia en prisión en 2018 y otra documental. La primera cuestión ha sido rechazada por la jueza, quien ha considerado que las declaraciones de los peritos será “más esclarecedora” si se hacen por separado. Sobre la segunda cuestión previa, la jueza solo ha admitido enviar un oficio a la cárcel para que se remita dicha documentación.

En relación con la víctima, según lo declarado por Prada y a tenor de las pruebas documentales, desde 2006 hasta 2020 -el hombre murió en junio de ese año-, el paciente tuvo entre 50 y 60 consultas, y hasta ocho ingresos hospitalarios por crisis agudas. La acusada ha rechazado en varias ocasiones que el paciente fuera un enfermo mental grave, sino que padecía un “trastorno de personalidad mixto” que se intensificaba con episodios psicóticos agudos provocados por el “consumo de tóxicos”. Sobre ellos, Prada ha puntualizado que el paciente no consumía drogas -aunque muy esporádicamente habría hecho uso de cocaína-, sino que lo que consumía eran “antidepresivos activadores y productos de gimnasio”. De hecho, ha relatado que este hombre fue ingresado en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) en 2011 por un “cuadro de intoxicación grave”.

Así, “la situación de descompensación era porque el consumo de sustancias potenciaba enormemente los síntomas de un trastorno de personalidad e impulsividad”, ha explicado la sanitaria para justificar por qué no se le consideraba un paciente con un trastorno mental grave. Además, ha señalado que el seguimiento de su trastorno se producía a través de los servicios comunitarios y ha puntualizado para qué sirven las camas de ingreso de la Unidad de Salud Mental del Hospital Provincial: 96 están destinadas a la atención de episodios de crisis hasta que se logra el control de la situación clínica del paciente y 19 están reservadas para patologías graves y prolongadas, dirigidas a pacientes que no solo han pasado el episodio agudo, sino que requieren una atención continua por la persistencia de su enfermedad. En el caso de la víctima, y según ha apuntado Prada, tras recibir el alta hospitalaria se le realizaba un seguimiento por los servicios comunitarios, siguiendo el protocolo establecido.

Prada niega que la víctima quisiera suicidarse

Sobre si la muerte de la víctima fue un suicidio o no, la magistrada ha pedido que durante el juicio no se hable de autolisis. De hecho, Prada -que se ha visto arropada por compañeros y amigos, de los que muchos no han podido entrar a la sala- ha negado que el hombre tuviera una voluntad real de quitarse la vida. Según la acusada, el fallecimiento del joven en 2020 y sus crisis previas no responden a un perfil autolítico, sino a una “situación de impulsividad y de riesgo” derivada de un estilo de vida marcado por el consumo de sustancias.

Según ha definido la psiquiatra, un suicidio es sinónimo de “búsqueda de la muerte”, algo que no sería aplicable a este paciente. Además, ha asegurado que, tras sus ingresos hospitalarios, se determinó que “no se apreciaba información psicótica” y que el origen de tales desajustes era puramente “tóxico”, provocado por el abuso de fármacos. Basándose en su conocimiento de la sintomatología del paciente y en los informes forenses que obran en la causa, ha asegurado que la muerte de este paciente fue una “concatenación desgraciada” de factores físicos: “Una cardiopatía básica y un hígado graso que dificultaron la metabolización de los fármacos ingeridos, derivando en un edema pulmonar”. De hecho, ha manifestado, el consumo de fármacos del día del deceso “no era abusivo” en el sentido de buscar la muerte intencionadamente.

El trastorno del paciente no requería de atención domiciliaria

Una de las líneas de las acusaciones pública y particular ha radicado en la existencia de una especie de “hoja de ruta” a través de la cual se llevaría a cabo una atención domiciliaria de este tipo de pacientes. Ante las preguntas de la Fiscalía sobre por qué no se realizó un seguimiento en la vivienda de la víctima, la acusada ha sido tajante: “Ese documento no regía” en el momento de los hechos, sino que era “un documento de trabajo interno de la unidad en expectativas de mejora”. Según su testimonio, se trataba de un borrador que buscaba aportar el máximo de opciones asistenciales para que se fueran instaurando progresivamente, pero ha insistido en que, en aquel periodo, “la prestación del servicio domiciliario no era obligatoria”, aunque sí podría hacerse en casos puntuales.

En ese sentido, Prada ha explicado que dependía estrictamente “del riesgo clínico” y de la sintomatología del paciente. En el caso de la víctima, la acusada ha insistido en que, a lo largo de su historia clínica, “nunca” se le consideró que padeciera un trastorno mental grave. Más tarde, a preguntas de su defensa, ha aclarado que no fue hasta 2021 cuando se puso en marcha un protocolo oficial con dotación de recursos para llevar a cabo dicha atención domiciliaria.

Siete de ocho ingresos hospitalarios fueron involuntarios

Durante el interrogatorio se ha podido conocer que de los ocho ingresos hospitalarios que tuvo la víctima, siete fueron involuntarios. Es decir, fue la propia familia la que los requirió y un juez los aprobó. Algunos de los ingresos que se han abordado durante el juicio han sido los siguientes. Entre octubre y diciembre 2013, el hombre ingresó en tres ocasiones en dicha unidad. En la última ocasión llegó a manifestar que “no puede más, que se quiere morir, que no soporta esto” y decía que iría “al reino de los cielos”, que quería “ser Dios” y que tenía decidido cómo hacerlo.

En 2014, el juez dictó su internamiento en junio, pero no se ejecutó porque el paciente no acudió a la puerta de Urgencias del Provincial, lugar por el que debía ingresar. Sobre esta hospitalización fallida, Prada ha explicado que el Servicio Andaluz de Salud “no dispone de los medios para localizar a pacientes en sus domicilios” o en la calle para obligarlos a ingresar. Por ello, son los familiares o allegados del paciente quienes deben encargarse de que acuda al centro sanitario. En aquel ingreso de 2014, “el paciente nunca llegó a nuestra puerta de Urgencias”, por lo que no fue hospitalizado.

El único ingreso voluntario se produjo en mayo de 2019 debido a que la víctima se encontraba “en una situación de exclusión social” y temía por su propia integridad. El último ingreso fue en abril de 2020, dos meses antes de su fallecimiento, tras un cuadro de agresividad.

Absuelto de apuñalar a otro hombre tras alegar defensa propia y trastorno mental

Pero antes del ingreso voluntario en 2019, la vida de la víctima dejó tras de sí otro episodio trágico: la muerte de un hombre apuñalado en el Paseo de la Victoria en 2015, por la que estuvo imputado. Tras permanecer tres años en prisión provisional (de 2015 a 2018), un tribunal de jurado lo absolvió después de que su abogado alegara defensa propia y trastorno mental. Durante el juicio fue muy relevante el informe de su psiquiatra privado, quien le diagnosticó un trastorno esquizoafectivo. Sin embargo, Prada ha asegurado no compartir dicho diagnóstico.

A pesar de la absolución y de la salida de prisión, según la acusación particular, la familia del paciente mostró un temor constante por las consecuencias de su libertad. A través de quejas remitidas a la Delegación de Salud, los familiares manifestaron que la convivencia con el joven era “insoportable” y expresaron un miedo real por “lo que pudiera hacer su hijo con respecto a su vida y a la vida de terceras personas”.

Tras este causa judicial, el paciente fue derivado de nuevo a consultas externas por su médico de cabecera al presentar una “sintomatología adaptativa” tras su estancia en prisión. En ese momento, el paciente habría manifestado su deseo de no seguir el tratamiento en la red pública, prefiriendo continuar con el psiquiatra privado. En esa línea, Prada ha defendido que los recursos sanitarios estuvieron siempre a disposición del paciente.

Al cierre del interrogatorio, la jueza ha preguntado a la acusada sobre las peticiones que le hacía la familia del paciente. “Pedían asistencia porque la situación era ”inabordable“ y la convivencia se volvía ”imposible e intolerable“. El juicio continuará la semana que viene.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar este jueves un juicio contra una programadora acusada de estafar en la venta de una web de la que no era titular. La Fiscalía pide para ella cuatro años de prisión, concurriendo la agravante de multirreincidencia.

Según el relato de la acusación pública, los hechos comenzaron cuando el perjudicado contactó con la acusada a través de un amigo común para adquirir páginas web. Ambos suscribieron un contrato en el que la mujer se comprometía a desarrollar 20 páginas web de nicho a cambio de una suma económica que el denunciante fue abonando progresivamente mediante transferencias bancarias.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, con el propósito de enriquecerse, propuso un cambio en el acuerdo inicial. Convenció al denunciante para que, en lugar de las 20 webs pactadas, le comprara una página web específica de la que ella aseguraba falsamente ser la propietaria. Para asegurar la venta, la programadora prometió resultados extraordinarios: un millón de visitas mensuales y una alta rentabilidad. El comprador aceptó la propuesta, acordando que los pagos ya realizados para el primer proyecto se computaran como parte del precio de adquisición de esta nueva web.

Para evitar que el engaño fuera descubierto antes de recibir todo el dinero, la acusada se negó a facilitar el nombre del sitio web bajo la excusa de “motivos de seguridad” hasta que el pago no fuera completado. Una vez que el denunciante abonó la totalidad del precio, incluyendo el IVA, la procesada facilitó ciertos datos de acceso. No obstante, el fraude se hizo evidente cuando fue incapaz de transmitir el contenido, el servicio de alojamiento (hosting) o las copias de seguridad del sitio. El motivo, según la Fiscalía, es que la acusada no era la titular de la página, por lo que el perjudicado nunca pudo tomar posesión de su inversión y ahora reclama la indemnización correspondiente.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa, por el que pide cuatro años de prisión y el pago de las costas procesales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia que condena a un hombre a una pena de seis años de prisión por su participación activa en una serie de robos con fuerza en domicilios de Córdoba capital. El fallo ha desestimado el recurso del acusado y ha validado las pruebas que lo sitúan como autor de tres asaltos distintos, a pesar de que este solo reconocía uno de ellos. En total, la banda se llevó más de 313.000 euros.

Los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando el acusado se desplazó a Córdoba junto a, al menos, otras dos personas que actualmente se encuentran en paradero desconocido. El grupo se hospedaba en un hostal con el fin de recabar información sobre zonas favorables para cometer los robos, buscando especialmente domicilios con fácil acceso a las autovías de salida de la ciudad para garantizar una huida rápida.

Actuaban preferentemente en horario de mañana, aprovechando que los propietarios se encontraban trabajando y las viviendas estaban vacías. Para acceder a los inmuebles, utilizaban la técnica de fracturar el bombín de la cerradura. El robo más cuantioso se produjo el 8 de noviembre de 2018. Actuando de forma coordinada con otras dos personas, el condenado asaltó dos viviendas situadas en un mismo edificio de la ciudad aprovechando el horario de mañana. Entre las 11:00 y las 14:30, accedieron a un domicilio tras fracturar el bombín de la cerradura. Del interior sustrajeron una caja fuerte atornillada que contenía joyas valoradas en más de 60.000 euros y un sobre con 40.000 euros en efectivo. Sumando otros lotes de joyas y 17 dispositivos electrónicos, el valor total de lo robado en esta casa ascendió a más de 161.000 euros.

En ese mismo intervalo de tiempo y en el mismo inmueble, el grupo forzó otra vivienda. En esta ocasión se llevaron tres relojes, joyas con brillantes, ordenadores portátiles y diversas prendas de ropa, efectos valorados en 5.645 euros. Semanas después, el 27 de noviembre, el condenado participó en un tercer robo en una calle diferente de Córdoba. En este caso, el botín consistió en relojes, joyas y un bolso, todo valorado en cerca de 147.000 euros.

Por estos hechos, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al hombre a seis años de prisión, fallo que fue recurrido ante el TSJA, que, a su vez, ha desestimado íntegramente el recurso presentado por su defensa. En su escrito, el abogado del procesado aseguró que no había huellas de su defendido en el segundo y tercer robo. Sin embargo, el TSJA ha respaldado la tesis de la Audiencia de Córdoba basada en la “solidez indiciaria”. Así, el tribunal ha considerado “inverosímil” que el acusado robara en un piso y que, en la misma mañana y en el mismo portal, otra banda distinta robara en el piso de arriba usando exactamente el mismo método de fractura de bombín.

Por otro lado, el alto tribunal andaluz ha confirmado la agravante de pertenencia a grupo criminal, ya que ha considerado probado que el acusado y sus acompañantes se desplazaron a Córdoba expresamente para delinquir, se alojaron juntos en un hostal y planificaron los robos buscando viviendas con salida rápida a las autovías para facilitar la huida.

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de su expareja en Córdoba entró en el piso de la víctima, le destrozó un equipo de música y la amenazó con destrozarle su vivienda el pasado sábado. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA), estos hechos iban a ser juzgado este lunes, pero el detenido acabó con la vida de su expareja una hora antes de la vista. El pasado domingo, la Policía Nacional ofreció a la mujer acompañarla para ir a la Ciudad de la Justicia, pero la víctima habría rechazado esta ayuda, según la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López.

Según consta en la denuncia, de la que ha informado el alto tribunal andaluz, el hombre accedió a la vivienda armado con un martillo, herramienta con la que procedió a destrozar el equipo de música que tenía la mujer. Tras este acto, la habría sujetado por el pecho y amenazado con destrozarle toda la casa. Durante la comparecencia por estos hechos, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Hay que señalar que, según fuentes judiciales, este es el único antecedente de violencia registrado entre ambos antes del crimen.

El juzgado acordó entonces su puesta en libertad provisional, imponiendo como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima por un presunto delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género. El TSJA ha puntualizado que ni la Fiscalía ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en prisión provisional ni otras medidas cautelares adicionales.

Tanto el investigado como la víctima habían sido citados para comparecer este lunes ante la Sección de Violencia sobre la Mujer para la celebración, si procedía, de un juicio rápido. Según ha adelantado este martes Cadena Ser Córdoba y ha explicado a los medios de comunicación la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, la Policía Nacional contactó varias veces con la víctima tanto el sábado como el domingo e, incluso, se le ofreció acompañamiento policial para acudir este lunes al juzgado. Sin embargo, la mujer habría rechazado ser auxiliada por los agentes y los emplazó a verse ya en la Ciudad de la Justicia. “Lo que ha fallado en este caso es que él se saltó una orden judicial”, ha enfatizado López.

Actualmente, el detenido aún no ha pasado a disposición judicial.