La Fiscalía Provincial de Córdoba ha formulado acusación contra dos mujeres por su presunta implicación en una trama de fraude informático y blanqueo de capitales. Según el escrito de conclusiones provisionales, las acusadas habrían participado en una operación para desviar el pago de una factura de más de 15.500 euros perteneciente a una empresa local

Los hechos se desencadenaron cuando el gerente de una empresa realizó un pago por importe de 15.528 euros tras recibir varios correos electrónicos, supuestamente enviados por su proveedor, en los que se comunicaba un cambio en los datos bancarios para el ingreso.

La investigación determinó que las acusadas, solas o en connivencia con terceros, lograron acceder al sistema de correo de la empresa y establecieron reglas de filtrado específicas. Estas reglas detectaban palabras clave como “factura”, “transferencia”, “pago” o “IBAN”, redirigiendo automáticamente los mensajes a una cuenta de correo externa para evitar que la empresa víctima advirtiera el engaño.

Según la Fiscalía, las acusadas figuraban como titulares de las cuentas donde se recibió el dinero y actuaron para obtener un beneficio económico directo o bien como mulas financieras, encargándose de recibir el dinero de forma fraudulenta para luego transferirlo a terceros o extraerlo en efectivo en cajeros para entregarlo a otros miembros de la trama.

El fraude se descubrió cuando la empresa proveedora reclamó el pago de la factura pendiente, confirmando que su identidad había sido suplantada. Gracias a la intervención del Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil, se logró bloquear la cuenta bancaria de destino y recuperar la totalidad del dinero para la empresa afectada.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de estafa o, alternativamente, como blanqueo de capitales. Por ello, solicita para cada una de las procesadas una pena de dos años de prisión. En el caso de ser condenadas por blanqueo, se les impondría, además, una multa de 30.000 euros.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha anulado la resolución del Juzgado de Menores número 1 del pasado mes de octubre que absolvía a tres menores implicados en una agresión homófoba ocurrida durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2023 en Villa del Río. El tribunal ha fallado que la absolución carece de lógica y vulnera el derecho a la tutela judicial de las víctimas, quienes fueron trasladadas al centro de salud de Montoro y, posteriormente, al Hospital Reina Sofía.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la agresión se produjo sobre las 3:00 del 31 de diciembre de 2023 en Villa del Río. Cuando los procesados y la pareja iban andando por la calle, se produjo un “malentendido al creer los denunciantes que los menores se estaban refiriendo peyorativamente a su orientación sexual”. En ese contexto, se inició una discusión en la que uno de los menores agredió a una de las víctimas con un “puñetazo” y a otra, con “patadas y puñetazos”, además de propinarle un “escupitajo”.

A pesar de que el juez de Menores reconoció que durante la pelea se profirieron insultos como “chupapollas o maricones”, en su falló concluyó que “no se ha acreditado que el motivo de la pelea fuera debido a la condición sexual”, dejando dichas expresiones como algo secundario ocurrido “durante el transcurso de la pelea”. En consecuencia, absolvió a los tres menores del delito de odio, argumentando que no se había acreditado que la condición sexual fuera el motivo de la pelea, relegando los insultos homófobos a un segundo plano ocurrido “durante el transcurso” de la riña. Además, a dos de ellos los absolvió de un delito de lesiones, considerándolos meros mediadores que intentaron separar a la pareja del otro procesado, que sí fue condenado por dos delitos leves de lesiones a 50 horas de trabajos en beneficio de la comunidad.

Contra esta sentencia, las víctimas interpusieron un recurso ante la Audiencia al que se adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal, y la Sala ha dado la razón a la pareja. Para el tribunal, el fallo de Menores “se descalifica por sí mismo” y se aparta de las máximas de la experiencia. En esa línea, la Sala ha calificado de “inverosímil” la tesis de una “agresión unilateral en el contexto de una discusión extremadamente tensa” donde se obvió que los adultos resultaron heridos en un acometimiento de menores, a pesar de la diferencia de edad y complexión. Además, la Sala ha criticado que el juez de Menores aceptara la existencia de un “malentendido” sin explicar la razón por la que descartó que la disputa tuviera su origen en el menosprecio a la orientación sexual.

En ese sentido, el tribunal continúa argumentado que es “improbable” que una pareja que mantiene una relación afectiva y muestra “manifestaciones externas de cariño” confunda insultos como “maricones” o “chupapollas” con una conversación ajena, subrayando que la sentencia original no mencionó “cuál fue el contenido real de esa conversación malentendida”. Además, la Audiencia afea al juez que guardara un “absoluto silencio” sobre por qué dio más valor a la retractación de uno de los menores durante el juicio que a lo que él mismo “sostuvo ante el fiscal instructor”, donde sí admitía los insultos.

Por todo ello, y aunque los magistrados insisten en que existe el principio in dubio pro reo, este no puede anular el derecho a la “tutela judicial efectiva” de las víctimas. Al concluir que el juez de Menores valoró la prueba de forma “insuficiente”, la Audiencia ha determinado que es “imprescindible” que la dicte otro juzgador. Por ello, ha revocado el fallo y anulado el juicio, devolviendo las actuaciones para que se celebre una nueva vista.

La Fiscalía de Córdoba solicita una pena de siete años de cárcel para un procesado acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos, que serán juzgados la semana que viene en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, se remontan a una violenta discusión ocurrida en un descampado de la capital.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, el acusado se encontraba en un descampado junto a la víctima cuando comenzó una disputa entre ambos. En el transcurso de la misma, el procesado extrajo una navaja y, con la intención de acabar con la vida de la otra persona, le asestó una puñalada en el cuello, huyendo inmediatamente del lugar de los hechos.

A pesar de la gravedad del ataque, el procesado no logró su objetivo gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios. La víctima tuvo que ser ingresada y sometida a una operación quirúrgica de urgencia debido a una intensa hemorragia causada por la perforación irregular de la vena yugular interna.

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa. Asimismo, el Ministerio Público solicita que se imponga al acusado una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la víctima, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de ocho años.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a una pena de dos años de prisión como autor responsable de un delito de agresión sexual sobre su nieta, que en el momento de los hechos tenía 13 años. No obstante, el tribunal le ha suspendido la ejecución de la pena debido a que la condena está en el máximo legal, el procesado no tiene antecedentes y ya ha abonado a la víctima.

Según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, los sucesos tuvieron lugar en mayo de 2024 en Posadas. En un día determinado, la víctima estaba cuidando del bebé de su tía en un domicilio donde también vivía su abuelo, que en el momento de los hechos tenía 64 años. Cuando terminó, el acusado se ofreció a llevar a la niña a su casa en coche. Durante el trayecto, y con ánimo libidinoso, el hombre introdujo su mano por dentro del top de la menor y le tocó el pecho, además de intentar besarla y proponerle ir a tomar una copa, a pesar de las constantes negativas de la niña. Finalmente, la dejó en su domicilio. Ya en casa, la menor le contó a su madre lo sucedido, que fue a denunciar.

Aunque la Fiscalía pedía cinco años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, el acuerdo de conformidad entre las partes ha evitado el juicio y ha reducido considerablemente la condena, que ha quedado en dos años de cárcel. Además, se le ha impuesto la prohibición de acercarse a la niña a menos de 150 metros o comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de 10 años y libertad vigilada durante cinco años. Asimismo, el condenado deberá indemnizar a la madre de la menor con 4.000 euros, de los que ya ha entregado 3.500.

Esto último, unido a que el hombre carece de antecedentes penales y a que la pena no supera los dos años de prisión, ha llevad a que el tribunal haya acordado la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel por un plazo de tres años; petición que hizo el abogado del condenado y contra la que no se opusieron ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular. Esta suspensión ha quedado condicionada a que el agresor abone el resto de la responsabilidad civil pendiente y a que no vuelva a delinquir durante el periodo fijado. En caso de incumplimiento de estas condiciones o de la comisión de un nuevo delito, la suspensión podría ser revocada, obligando al ingreso en prisión.

El Tribunal Militar de Sevilla da la razón a Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y ha dictado una sentencia anulando las sanciones que se impusieron a tres guardias civiles destinados en el Núcleo de Servicios por, supuestamente, no haber evitado que una persona realizara una pintada en la comandancia

Según ha informado la AUGC en una nota, de nuevo “se consigue poner freno en los tribunales al excesivo rigor disciplinario que padecen desde hace muchos años los guardias civiles en la provincia de Córdoba”. El jefe de la Comandancia de Córdoba, el coronel Ramón Clemente, ordenó la incoación del expediente y las sanciones fueron impuestas por el teniente coronel Emilio Muñoz, y los recursos de los afectados fueron desestimados por el general jefe de la zona de Andalucía, Luis Ortega, por lo que los guardias civiles, asesorados por los servicios jurídicos de AUGC, interpusieron los recursos contencioso-disciplinarios que ahora han sido estimados.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2024, cuando durante la madrugada -y en el intervalo de apenas unos segundos- un individuo realizó una pintada en la puerta de acceso al acuartelamiento de Córdoba, del mismo modo que hizo en otros edificios de la misma avenida Medina Azahara, como las instalaciones de la empresa municipal Sadeco y un salón de juegos.

El tribunal militar argumenta que “les ampara la razón a los recurrentes”, ya que “en la resolución recurrida no se determina cuál es la desatención sancionada” porque, “efectivamente, tenían nombrado servicio de protección y seguridad en la Comandancia de Córdoba”, pero “la resolución aquí recurrida consiste en sancionar a todos los guardias civiles del turno de servicio, aplicando una responsabilidad solidaria y objetiva sin delimitar cuál había sido la conducta infractora de cada uno”. Por ello, “no puede existir culpabilidad si no hay participación en la infracción, y esa participación no se ha acreditado en el procedimiento sancionador”, añadiendo que “las sanciones solo pueden ser impuestas a quien ha cometido la infracción, o lo que es lo mismo, nadie puede ser sancionado por hechos ajenos, en relación con una pretendida responsabilidad colectiva”.

El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha valorado muy positivamente las sentencias y ha declarado que “el tribunal ha coincidido con nosotros en que se ha vulnerado el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad de la conducta sancionada, junto con la quiebra del principio de responsabilidad personal”, y ha añadido que “deberían evitarse estos procedimientos disciplinarios que no se corresponden con la profesionalidad y conducta de los guardias civiles en la provincia de Córdoba”.

Ahora la Dirección General de la Guardia Civil deberá devolver a los tres afectados el dinero que les fue detraído de sus retribuciones, más los intereses legales, así como eliminar las anotaciones negativas realizadas en sus hojas de servicios. 

Por otro lado, el secretario jurídico provincial de esta asociación, Francisco Cruz, ha añadido que “hechos como este vienen a corroborar lo que AUGC lleva muchos años denunciando: el excesivo e injustificado rigor disciplinario que se aplica en la Guardia Civil y especialmente a la escala básica de cabos y guardias”. Además, la asociación ha pedido incrementar la plantilla del Núcleo de Servicios de Córdoba, que “lleva años bajo mínimos y sin poder desempeñar adecuadamente sus cometidos”.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena a una mujer por intentar sustraer un lápiz de cejas valorado en 3,50 euros de un supermercado Mercadona en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo, por lo que se le ha impuesto una multa de 150 euros, una cantidad que multiplica por 42 el valor del objeto.

Los hechos ocurrieron en junio de 2025. Según la sentencia, la mujer fue interceptada por el vigilante de seguridad del establecimiento justo cuando intentaba salir con el lápiz de cejas. En ese mismo momento, la acusada reconoció lo que había hecho y devolvió el producto, que pudo ser puesto a la venta de nuevo al no haber sufrido daños.

Pese al valor del lápiz, el Juzgado de Instrucción número 2 de Peñarroya le impuso originalmente una pena de 25 días de multa con una cuota diaria de seis euros, lo que suma un total de 150 euros, además de obligarla a pagar las costas del juicio.

La mujer decidió recurrir esta decisión ante la Audiencia de Córdoba argumentando que existía una “gran desproporción” entre el valor del objeto y la multa impuesta, pidiendo que se aplicara el “principio de intervención mínima”. Sin embargo, la magistrada ha desestimado el recurso. En su sentencia, explica que una vez que el legislador decide que una conducta es delito -en este caso, un delito leve de hurto-, los jueces deben aplicar la ley.

El Código Penal establece que cualquier hurto por debajo de los 400 euros es un delito leve y la jueza aclara que “no existe un límite mínimo” de valor que permita dejar sin castigo una sustracción solo porque el objeto sea muy económico. Además, recalca que la multa de 150 euros es incluso menor de la que le habría correspondido si hubiera logrado salir de la tienda con el lápiz, ya que se le ha aplicado una reducción por quedarse tentativa.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la absolución de un hombre que había sido acusado por su expareja de crear perfiles falsos sobre ella.

La acusación particular sostenía que el procesado había cometido un delito continuado de revelación de secretos y vejaciones injustas mediante la creación de dos perfiles en una red social que suplantaban la identidad de la mujer, utilizando fotografías personales suyas sin su consentimiento.

Tras un primer juicio ante el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba, el magistrado decidió absolver al acusado al considerar que no había pruebas suficientes de su autoría. Ante este fallo, la acusación particular presentó un recurso de apelación que ahora ha sido rechazado. Según los informes de la Policía, los perfiles falsos fueron creados desde una conexión cuya dirección IP era titularidad de la nueva pareja del acusado y no de él mismo.

Además, ha quedado acreditado que, en las fechas en las que se realizaron las publicaciones, el acusado ni siquiera residía con su pareja, ya que se encontraba en otra localidad cuidando de un familiar. El tribunal ha subrayado que existe una “duda más que razonable” sobre quién fue el verdadero autor de los hechos, sugiriendo la intervención de una tercera persona que no ha sido parte en este proceso judicial.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha vuelto a anular una sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba -la cuarta en pocos meses- que absolvía a un hombre de los delitos de acoso, coacciones y vejaciones contra su exesposa, a quien llegó a llamar en un día más de 100 veces. El tribunal de apelación ha considerado que la resolución original es “irracional” e “inconsistente”, ordenando que el juicio se repita desde el principio con un magistrado diferente.

En la sentencia de primera instancia, a la que ha accedido este periódico, se dieron por probados una serie de comportamientos hostiles ocurridos entre septiembre y noviembre de 2022. Según el fallo, el acusado llamó de forma “incesante” a su expareja, llegando a registrarse más de 100 llamadas en una sola jornada, el 10 de noviembre de 2022.

Asimismo, este juzgado reconoció como cierto que el hombre dirigió a la mujer expresiones humillantes y denigratorias como “puta”, “hija de la gran puta” y “¿quién te folla mejor?” a través del teléfono. Sin embargo, a pesar de estos hechos, el juez decidió absolver al acusado de todos los cargos porque no se había podido precisar el día exacto en que se profirieron los insultos y en que, a pesar de la “evidente molestia”, no se había acreditado que el hostigamiento telefónico provocara un “cambio drástico en los hábitos de vida” de la víctima, requisito necesario para el delito de acoso.

Además, el juez de instancia argumentó que no existía “un ánimo coactivo” porque no se apreciaba que el acusado hubiera obligado a la mujer a hacer algo que no quería. Sin embargo, la sentencia ha sido anulada íntegramente después del recurso de la víctima, al que se adhirió el Ministerio Fiscal.

En primer lugar, el tribunal ha calificado la sentencia de “arbitraria” y contraria al derecho a la tutela judicial efectiva debido a una “irreductible contradicción”, ya que no es lógico declarar probado un comportamiento hostil y vejatorio y, al mismo tiempo, dictar una absolución. En segundo lugar, la Audiencia llama la atención ante la existencia de “inexplicables huecos” y espacios en blanco en la sentencia original. En el apartado de hechos probados, el juez dejó vacíos los campos donde debían constar el número total de llamadas y las horas de inicio y fin de las mismas, lo que supone una “omisión radical e insubsanable”.

Por todo ello, el tribunal ha estimado el recurso de la denunciante, declarando la nulidad de la sentencia y ordenar la repetición del juicio con un magistrado diferente para garantizar la imparcialidad y una correcta valoración de las pruebas.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado el ingreso en prisión provisional del fotógrafo condenado por abusar de su hijastra, al desestimar el recurso de súplica interpuesto por su defensa. Hay que recordar que el tribunal impuso a este hombre 12 años de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra y otros dos años de prisión por distribuir material de explotación infantil.

De esta forma, el procesado continuará en prisión provisional hasta que la sentencia adquiera firmeza; un fallo que también ha recurrido. El hombre fue condenado el 17 de marzo y el 7 de abril se dictó el auto que acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Contra este auto, su defensa interpuso un recurso de súplica solicitado que dicha entrada en la cárcel fuera sustituida por medidas cautelares menos gravosas, según han confirmado a este periódico la letrada de la víctima, María del Carmen Garrido Montiel.

Sin embargo, el tribunal ha sido unánime en su decisión al considerar que es pertinente el ingreso en prisión provisional. Así, la Sala ha determinado que “la carencia de arraigo laboral y familiar del condenado claramente acrecienta el riesgo de fuga inherente a la gravedad de las penas impuestas”. Además, la falta de trabajo por cuenta ajena estable “facilita que pueda no solamente huir al extranjero, sino también que pueda colocarse en situación de ilocalización” en España, “con la dificultad que ello supondría para llevar a cabo la ejecución de la pena, en caso de ser confirmada la sentencia condenatoria”.

Sobre el recurso de apelación contra la sentencia presentado por la defensa del condenado, el mismo está en tramitación y ha sido impugnado por la acusación particular y el Ministerio Fiscal.

La sentencia

Según el relato de los hechos probados, el condenado comenzó a convivir con la menor en 2011, cuando esta llegó a España desde su país de origen. El acusado, que ejercía de facto como figura paterna, inició los abusos en 2012, cuando la niña tenía solo seis años, y los mantuvo hasta que cumplió los 12, en 2017.

En un primer momento, el condenado acariciaba a la menor en las nalgas y le pedía que le tocara su miembro, planteándoselo como un juego. Meses después, comenzó a tocar las partes íntimas de la niña. Trascurrido un año, durante el cual estas acciones se repetía entre dos y tres veces por semana, el acusado convenció a la menor para que le realizara otros actos de índole sexual. El condenado seguía planteando esto como un juego que la menor interiorizaba con naturalidad y que repetía cuando se quedaba a solas con ella en el domicilio, ya que su madre trabajaba. Además de todo ello, según la sentencia, el procesado mostraba vídeos de carácter sexual a la menor.

El tribunal también consideró probado que el condenado grabó en su Ipad, en dos ocasiones, los actos de carácter sexual que cometía sobre la menor. La víctima, a medida que crecía, fue siendo consciente de lo que hacía sobre ella la persona que sentía como su padre. Esto provocó que se sintiera avergonzada y borrara alguno de estos vídeos. No ha quedado probado que estos archivos fueran compartidos por el procesado con terceras personas.

Además, de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros por daños morales, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes. Asimismo, la Justicia ordenó el comiso de un disco duro de 500 GB de capacidad, procediendo al borrado seguro de todo su contenido.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a seis años de cárcel a un hombre como autor de un delito de incendio de escasa entidad, con la atenuante simple de dilaciones extraordinarias e indebidas, ocurrido en la madrugada del 27 de julio de 2020 en los setos de casas de viviendas unifamiliares de la capital, donde causó daños por más de 45.000 euros.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, entre los meses de junio y octubre de 2020 se produjeron numerosos incendios intencionados en setos perimetrales y jardines de casas unifamiliares ubicadas en las barriadas de El Patriarca, El Brillante y El Tablero de Córdoba. Al respecto, el procesado tenía domicilio en una de esas barriadas y era conocido de una pandilla de amigos que entre los meses de junio y octubre coincidían algunas veces en algunas calles de estas zonas.

Así, alrededor de las 3:00 del 24 de julio de 2020, “persona o personas no identificadas prendieron fuego a los setos que rodean una vivienda” ubicada en la zona y en la que se encontraba durmiendo su propietario. El fuego afectó al seto del jardín y a las copas de unos árboles. El acusado estuvo en el lugar a las 2:46.

Ese mismo día ,y entre las 5:45 y las 5:55, persona o personas no identificadas prendieron fuego a los setos de otra vivienda en la que se encontraba durmiendo una familia. El valor de reparación del daño causado es de 193,60 euros y su propietaria no reclama. El procesado estuvo en el lugar a las 5:45.

“Se jactó” de los hechos

Aproximadamente sobre las 1:25 del 27 de julio, varias motos ocupadas por jóvenes que circulaban por aquellos barrios llegaron a la altura de una casa y de una de ellas se bajó el acusado, quedándose en ella un amigo, que la sostenía, mientras aquél se encaminó al seto de la fachada de la casa y “de repente prendió fuego con un mechero, volviendo de inmediato a la moto y continuando el camino hacía un lugar de encuentro de los jóvenes en el que se jactó ante ellos de haber provocado el incendio, para desconcierto de todos, incluido el amigo”.

Al respecto, el seto comenzó a arder de inmediato, propagándose el fuego en pocos minutos a las casas colindantes, siendo extinguido tras la intervención de varias dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios de Córdoba, que acudieron pronto al lugar.

Como resultado de tal incendio, en la primera casa ardieron 45 cipreses de cuatro metros de altura aproximadamente y numeroso mobiliario del jardín, produciéndose además daños en la valla, puertas metálicas, una de ellas la de la cochera, ascendiendo el importe de su reparación a la cantidad de 7.449,09 euros, habiendo renunciado su propietaria a la indemnización que pudiera corresponderle.

En otra vivienda ardieron 83 cipreses de tres metros de altura aproximadamente que conformaban el seto perimetral y el toldo existente en la planta baja de la vivienda, ascendiendo su reparación a 10.886,92 euros, si bien su propietario no reclama al haber sido indemnizado por la compañía de seguros en la cantidad de 9.022,33 euros. En una tercera vivienda se produjeron daños en la fachada y el mobiliario de jardín por valor de 18.272,26 euros, no reclamando esa cantidad su propietario, pero sí la compañía de seguros que le compensó por tal daño, como también realiza en el anterior caso.

En este sentido, en dos de las tres casas las familias que las habitaban dormían al tiempo del incendio, mientras que en la tercera no había nadie en ese momento.

Tras ello, sobre las 7:00 del día 18 de septiembre, “persona o personas no identificadas prendieron fuego al seto perimetral con que contaba una vivienda”, llegando a arder 20 metros del mismo y un ciprés próximo que había en el jardín. Su propietario ha sido indemnizado por la compañía aseguradora y no reclama.

Un poco antes de las 4:00 del día 27 de septiembre, persona o personas no identificadas, prendieron fuego a los setos que perimetran otra vivienda, resultando afectados 20 metros del seto perimetral. Sus propietarios han renunciado al ejercicio de sus acciones. Aproximadamente entre las 4:50 y 5:00 del día 3 de octubre, persona o personas desconocidas prendieron fuego a los setos de otra vivienda, llegando a arder cinco metros lineales del mismo. Los moradores se encontraban durmiendo y el propietario no reclama por haber sido indemnizado por la compañía aseguradora.

Además, sobre las 21:10 del 4 de octubre de 2020, persona o personas desconocidas prendieron fuego al seto perimetral de una vivienda, “propagándose de inmediato a los setos de viviendas” ubicadas al lado. El incendio causó daños en la primera casa citada, en la que moraba su propietaria y reclama el importe de la reparación que asciende a 8.381,04 euros. A causa de tal incendio, ardieron varios metros de los setos perimetrales de la segunda y tercera vivienda citadas, así como parte del mobiliario del jardín, si bien sus propietarias no reclaman.

En la detención del acusado, acaecida el 13 de octubre de 2020, se le intervinieron cuatro mecheros en buen estado. En esta causa judicial, tras practicarse diversas diligencias sumariales, el 23 de febrero de 2022 se procesó al acusado, al amigo que le acompañó en la moto y otro más por el delito de incendio con peligro para la vida y la integridad de las personas. Tal procesamiento fue recurrido en reforma y apelación por los dos últimos.

Tras el juicio, se acordó la condena del acusado por uno de los casos y la absolución sobre de los demás delitos que se le imputaban, así como la absolución del amigo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha celebrado este martes el juicio contra el acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa para quien la Fiscalía pide nueve años de prisión. Según el escrito del Ministerio Público, el 17 de mayo de 2025, el procesado apuñaló en el cuello a otro hombre que circulaba en patinete por la calle Úbeda mientras que el acusado lo hacía en bicicleta. Durante su declaración, el procesado ha mantenido su inocencia en todo momento mientras que la víctima lo ha vuelto a señalar de nuevo como el agresor, tal y como hiciera en sus anteriores declaraciones.

El acusado, que ha declarado en primer lugar, ha relatado que aquel 17 de mayo había utilizado la furgoneta de su trabajo para realizar un intercambio de combustible por drogas en una gasolinera de La Torrecilla, ya que es drogodependiente. Ha insistido en que solo se mueve con ese vehículo, que no tiene bicicleta y que, en el momento de los hechos, “o bien estaba durmiendo o con el vendedor de la droga echando gasolina”. A petición de las acusaciones, la empresa propietaria de la furgoneta ha comunicado que el vehículo no tiene GPS para poder rastrear los trayectos y que la tarjeta que pertenece a la entidad, pero que usaba el acusado, no realizó ninguna transacción el día de los hechos, pero sí el 16 y 18 de mayo. Asimismo, la Policía ha revisado las cámaras de cuatro gasolineras que hay en este polígono industrial y ha confirmado que el vehículo no ha aparecido en las grabaciones.

Por su parte, la víctima ha insistido en que el procesado fue quien le apuñaló cuando iba con su patinete en busca de algunas cosas que le faltaban a su hija. “Mientras circulaba por la calle Úbeda, el hombre, que viajaba en una bicicleta, se puso frente a mí y me cortó el paso de forma agresiva, impidiéndome continuar. Le pregunté qué le pasaba y él empezó a darme voces. Estaba muy cerca de mí, prácticamente delante de mi cara, con una actitud muy violenta y sin mantener la distancia en ningún momento. No me gustaba su aspecto, así que le dije que no pasaba nada y, tras unos cinco minutos de discusión, decidí retomar mi camino con el patinete para ir a comprar”, ha declarado el hombre. Tras darse la vuelta, sintió el apuñalamiento en el cuello. Aunque fue auxiliado por dos mujeres, ha asegurado que fue la Policía la que consiguió que cesara la hemorragia.

Ya en el hospital, su mujer recibió varias fotos que le fue enseñando para dar con el autor de los hechos Tras ver una del acusado, lo identificó sin ningún género de dudas y una amiga contactó con la Policía para comunicarlo. En su declaración, la mujer de la víctima, entre sollozos, ha lamentado cómo el suceso ha cambiado la vida de su familia y, en especial, la de su marido: “Ahora es como un niño pequeño que se asusta con cualquier cosa”, ha dicho.

Amnesia de un testigo que confirmó a la Policía el nombre del supuesto autor del crimen

En la vista también ha declarado un testigo, que actualmente está en prisión, y que días después de los hechos llamó a la Policía para darle el nombre del supuesto autor del apuñalamiento. Este martes, en sala, ha asegurado no recordar “nada” y ha afirmado que, aunque está en la cárcel, hoy había consumido. Desde el inicio de su interrogatorio, este testigo ha manifestado una profunda amnesia, justificándolo en que consume “muchas drogas y alcohol”. Esta actitud ha llevado a intervenir al presidente del tribunal, José Francisco Yarza Sanz, quien le ha recordado severamente que acogerse a la fórmula del “no recuerdo” ha de ser considerada una forma de contestar y que tiene la obligación legal de hacerlo como testigo.

A pesar de su supuesta falta de memoria, y tras el apercibimiento del magistrado, sí ha recordado que conocía al acusado de “tomar cervezas y eso”, y la Fiscalía le ha confrontado la llamada que él mismo realizó a la Policía en la que señaló directamente al acusado. No obstante, ha vuelto a asegurar que no recordaba “nada”, pero que si lo dijo, así sería.

Durante la sesión también han declarado los policías que llevaron a cabo todas las gestiones del caso, así como los que detuvieron al hombre un día después del crimen. Varios de estos agentes han coincidido en que, una vez en el calabozo, el acusado manifestó de forma casi literal que “no se iba a comer el marrón del apuñalamiento del día anterior”. Hay que señalar que la Policía no llegó a encontrar el arma del crimen.

La Fiscalía ha mantenido su petición de nueve años de prisión para el acusado, al igual que la acusación particular. Por su parte, la defensa ha aportado un certificado de que el procesado se encuentra en prisión en un módulo de comunidad terapéutica por su adicción, solicitando que este factor ha de ser tenido en cuenta en una hipotética sentencia condenatoria. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a una octogenaria, titular de una explotación ganadera en Espiel, del delito continuado de maltrato animal por el que había sido condenada por el Juzgado de lo Penal número 5 a 15 meses de prisión y a más de tres años de inhabilitación para la tenencia de animales. El tribunal ha considerado que la avanzada edad de la mujer -en el momento de los hechos tenía 74 años-, así como la depresión que padecía, impiden probar que hubiera una voluntad deliberada de maltratar a los animales

El caso se remonta a julio de 2019, cuando agentes de la Guardia Civil realizaron una inspección en la finca, situada en el paraje Nava-Obejo. En el lugar, los agentes hallaron 25 cadáveres de reses en distintos estados de descomposición. Los animales que aún permanecían con vida presentaban un estado de desnutrición severa, heridas sin curar y falta de acceso a agua y comida suficiente, lo que obligó a las autoridades a acordar su incautación y posterior sacrificio.

Aunque la Audiencia no discute la muerte de los animales, el tribunal ha fundamentado la absolución en un “irremediable error técnico” en la redacción de la sentencia original. Según el tribunal, para que exista un delito de maltrato animal debe quedar acreditado el dolo, es decir, una decisión deliberada y voluntaria de causar daño o abandonar a los animales. En este caso, la Sala ha considerado que no se explicó suficientemente si el estado de las vacas se debió a una voluntad de maltratar o a una “gestión desacertada” e incapaz de la propietaria.

Para llegar a esta conclusión, el tribunal ha tenido en cuenta varios factores determinantes. En primer lugar, el estado de salud de la dueña de la finca, ya que, en el momento de los hechos, la mujer tenía 74 años y padecía un síndrome depresivo de larga evolución, lo que dificultaba que pudiera realizar una gestión diligente de la finca. En segundo lugar, varios testigos señalaron en el juicio que la acusada no se desentendió totalmente de los animales, sino que los proveyó de paja y agua en la medida de sus posibilidades.

En tercer y último lugar, el tribunal también ha hecho mención la situación de un segundo investigado, el hijastro de la dueña, quien fue absuelto en primera instancia por no conocerse su grado de implicación, lo que deja dudas sobre quién asumía realmente la responsabilidad diaria de los animales. Por todo ello y ante la falta de pruebas de una intención criminal clara, la Audiencia ha absuelto a la mujer.

Los juzgados de la provincia de Córdoba necesitan quince nuevas plazas de jueces, destacando entre ellas cinco de Jueces de Adscripción Territorial (JAT), según se recoge en la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En concreto, en dicho documento, consultado por Europa Press, se detalla que hacen falta dos magistrados para la Sección Civil de la Audiencia Provincial; tres titulares para la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba; un titular para la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Córdoba.

Igualmente, un titular para la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Córdoba, después de que ha ingresado un total de 1.264 asuntos y existe un único juzgado exclusivo asumiendo una carga de 1.264 asuntos. La creación de una plaza nueva conforme criterio técnico, orientador e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es de 435 asuntos, determinaría un total de dos plazas, que supondría una carga individual por cada sección de 632 asuntos.

Por otra parte, se recoge un titular para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lucena; un titular para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, y un titular para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Posadas, junto a las cinco plazas de JAT.

Al respecto, se apunta que “la suma de todas las Plazas de Juez de Adscripción Territorial que se proponen para todas las provincias suponen un total de 30, que son las que faltarían a las 57 existentes para alcanzar el número de 87 que serían las que corresponderían a la Comunidad Autónoma, de conformidad a la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, BOE 9/4/2026, y a la población de Andalucía según estadística de 2025”.

Violencia sobre la mujer

En cuanto a la Violencia sobre la Mujer, se explica que en la provincia se han recibido 2.662 denuncias y 2.648 víctimas, de las cuales el 3% se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, por debajo de la media andaluza, que está en un 7%.

Las mujeres que se acogen a la dispensa de declarar son en su mayoría españolas (un 93%). Se han adoptado 382 órdenes de protección, que supone el 84% de las incoadas y se han dictado 76 sentencias penales condenatorias -el 74% del total de las sentencias-.

Igualmente, se señala que en la provincia se propone la modificación de la extensión de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, establecida en el Real Decreto 422/2025, y limitarla a los partidos judiciales de Córdoba y Pozoblanco, al tiempo que ampliarla a los partidos judiciales de Montoro, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo.

Asimismo, se propone la creación de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Lucena, que extienda su jurisdicción también a los partidos judiciales de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Montilla, Puente Genil y Priego de Córdoba.

Tribunales de instancia y sedes

Por otra parte, se precisa que la provincia cuenta con 21 juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que se transformaron el día 1 de julio de 2025 en once Tribunales de Instancia, con Sección Única, Civil y de Instrucción. La situación que presentan es “desigual en cuanto a la carga de trabajo”.

Al respecto, se subraya que “destaca la sobrecarga de asuntos en los partidos judiciales de Baena, Lucena, Priego de Córdoba, Montoro y Posadas, en materia civil, y Lucena en ambas jurisdicciones”.

En cuanto a las sedes, se detalla que “afortunadamente, la nueva sede judicial de Lucena está plenamente operativa, una vez finalizadas las obras de ejecución del nuevo Palacio de Justicia”, si bien “las sedes de Montilla y Aguilar de la Frontera mantienen carencias, necesidad de adaptación a las condiciones básicas de accesibilidad, rehabilitación energética, tratamiento de humedades, etc., que necesitan definitiva solución y para lo que existen obras en ejecución en la sede de Aguilar, al tiempo que redacción de proyecto de ejecución para la sede de Montilla”.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha revocado extinguiendo la pensión de alimentos que un padre cordobés abonaba a favor de su hija mayor de edad. El tribunal fundamenta su decisión en la “pasividad o desidia” mostrada por la joven para incorporarse al mercado laboral o continuar con una formación académica constante.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la obligación de pagar la pensión de alimentos se remontaba a abril de 2014, cuando se fijó una cuantía de 150 euros mensuales a cargo del padre. Al alcanzar la hija la mayoría de edad, el progenitor presentó una demanda solicitando la extinción de dicha pensión, argumentando dos motivos principales: la falta de relación afectiva con su hija y la escasa actividad de esta para buscar empleo.

En primera instancia, el juzgado estimó parcialmente la demanda, pero decidió mantener la pensión durante un periodo de prórroga de dos años bajo el argumento de que la situación del mercado laboral actual hacía difícil que una joven de veinte años sea económicamente independiente. Sin embargo, el padre recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial, que le ha dado la razón.

Según las pruebas aportadas, la joven solo estuvo matriculada en una academia entre febrero y mayo de 2024, realizando tres cursos online (monitora de escuelas de verano, auxiliar para la dependencia y auxiliar en educación infantil) que sumaban un total de 400 horas lectivas. Además, la joven no había recibido ninguna otra formación antes ni después de ese periodo hasta la fecha de la sentencia, y tampoco había buscado empleo. Por ello, los magistrados han concluido que existe una conducta de abandono o falta de aprovechamiento que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, justifica el cese de la ayuda económica de los padres.

Aunque el padre también alegó la falta de relación con su hija como causa de extinción, el tribunal ha desestimado este motivo dado que la pensión solo podría eliminarse si el distanciamiento es imputable principal y exclusivamente a los hijos. En este, al no haber pruebas claras de quién era el responsable de la falta de relación, este argumento no fue suficiente por sí solo para retirar la pensión.

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición realizada por un guardia civil de Cerro Muriano (Córdoba), quien reclamaba una cuantiosa indemnización tras haber sido sancionado en 2017. La Sala ha desestimado íntegramente su recurso, subrayando que la anulación de una sanción “no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización” por parte del Estado.

El conflicto se remonta a junio de 2017, cuando el agente -representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)- fue sancionado con ocho días de suspensión de funciones por una supuesta falta grave de “violación de secreto profesional”. En la sanción, se le acusaba de filtrar a la prensa detalles de una operación contra el tráfico de drogas.

Aunque el Ministerio del Interior mantuvo la sanción, el Tribunal Militar Central la anuló en 2019, dictaminando que se había vulnerado su presunción de inocencia. Con este aval, el guardia civil inició una reclamación de responsabilidad patrimonial exigiendo 64.268,59 euros por daños morales, económicos y físicos que le llevaron a estar 503 días de baja médica por estrés y ansiedad.

Sin embargo, según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, para que exista responsabilidad del Estado, el daño debe ser “antijurídico”, es decir, algo que el ciudadano no tenga el deber de soportar. De ese modo, la sentencia señala que, si la Administración actúa de forma argumentada, desaparece el derecho a compensación. En este caso, el tribunal ha entendido que investigar al agente era lógico dado que él era el representante de la asociación que difundió la noticia. El Abogado del Estado también ha ido en esa línea, argumentando que “el expediente sancionador instado se siguió de forma no arbitraria”.

Por otro lado, la Audiencia Nacional también ha rechazado indemnizar al guardia civil por las retribuciones de productividad perdidas durante el largo periodo de baja, ya que, al no haber una “prestación efectiva de la actividad”, no existe perjuicio reclamable por no percibirlos.

Respecto al sufrimiento psíquico alegado, la Audiencia Nacional ha considerado que no se ha acreditado una “finalidad torcida” por parte de sus superiores para presionarle profesionalmente. De hecho, los magistrados han afirmado que los daños morales deben considerarse “sanados mediante la anulación misma de la sanción impuesta”. Incluso, continúa la sentencia, este guardia civil recibió en 2019 la Cruz a la Constancia en el Servicio, lo que para el tribunal demuestra una “conducta intachable” que no se vio perjudicada por el expediente anulado.

Finalmente, la Sala también ha impuesto al guardia civil el pago de las costas, limitadas a un máximo de 500 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer, mediante una sentencia de conformidad, a la pena de un año y seis meses de prisión por un delito de lesiones tras agredir a otra joven en el recinto ferial de Priego de Córdoba.

Según la sentencia, la agresión se produjo durante la madrugada del 9 de julio de 2023, cuando Omar Montes ofreció un concierto en la localidad cordobesa. La acusada se encontraba en un concierto cuando se dirigió a la víctima con una “actitud agresiva” tras una discusión previa. En el transcurso de un forcejeo, en el que la agresora agarró a la víctima por el pelo y el brazo, terminó propinándole un golpe en la boca con el teléfono móvil que llevaba.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió diversas lesiones, entre ellas, la fractura de tres dientes, además de heridas en el interior de la bora, en el labio inferior y en su muñeca izquierda. Las heridas requirieron tratamiento médico-quirúrgico y tardaron 30 días en sanar.

Aunque la Fiscalía pedía para la procesada cuatro años y medio de prisión, la petición de cárcel por este delito de lesiones se ha reducido tras la aplicación de la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que la condenada consignó y abonó, de forma previa al juicio, la cantidad total de 2.086,5 euros en concepto de indemnización.

Por último, la Audiencia le ha suspendido la ejecución de la pena durante tres años siempre y cuando no delinca durante este periodo.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha registrado 3.161 asuntos penales, un 16% más, en 2025 y se han resuelto 2.996, un 9% más. Pese a ello, la pendencia ha aumentado un 38% por el aumento del número de ingresos. Y en la jurisdicción civil se contabilizaron 2.871 asuntos, un 70% más, y se resolvieron 2.091, un 18% más. La pendencia, debido al elevadísimo incremento de asuntos ingresados, ha aumentado un 57%. Ante ello, se considera “necesario” el incremento de la plantilla en dicha jurisdicción.

Según recoge la memoria de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) referida a la Audiencia, consultada por Europa Press, en las tres secciones -una civil y dos penales- han ingresado un total de 6.032 asuntos, 3.161 penales y 2.871 civiles.

En relación a la situación en lo civil, se indica que partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 200 asuntos por magistrado y año para las secciones civiles de audiencias provinciales, esa cifra es “superada ampliamente y es necesario incrementar la planta judicial, sin perjuicio de valorar medidas de apoyo mediante comisión de servicio con relevación de funciones, con el objetivo de reducir la bolsa de asuntos pendientes y tiempos de respuesta”.

La carga de trabajo civil fue de 4.241 asuntos --pendientes a principio de año más registrados-- y de ella se ha resuelto el 49% a lo largo del año. De los 2.683 recursos civiles iniciados, el 36% corresponde a recursos de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, el 23% corresponde a apelaciones de juicios ordinarios, el 16% a apelaciones de autos, el 12% a juicios verbales, el 9% apelaciones de Juzgados de familia y el 2% a resoluciones del Juzgado de lo Mercantil.

Se han dictado un total de 1.876 resoluciones civiles, que se distribuyen en 1.399 sentencias y 477 autos, todos ellos resolviendo recursos, clasificándose en 37% estimatorios, 61% desestimatorios y 2% anulatorios.

En el último año, se han ingresado un 70% más asuntos y se han resuelto un 18% más que la anualidad anterior, pero “el incremento de ingreso de asuntos ha sido tan elevado, que ha provocado que la pendencia también aumente de forma considerable”, en concreto un 57%, se expone.

El volumen de asuntos resueltos revela “laboriosidad” de los magistrados, si bien de la carga total de trabajo civil se ha resuelto el 49%. La tasa de pendencia da una estimación del tiempo medio de resolución previsto de los asuntos en trámite, a partir de 12 meses, “plazo elevado”.

La jurisdicción penal

En la jurisdicción penal, se han resuelto durante 2025 un total de 138 asuntos referidos a cuestiones de competencia, recusaciones y abstenciones. De todos los asuntos penales iniciados, el 8% corresponde a procesos en única instancia. De los 242 procesos penales en única instancia registrados el 63% corresponde a procedimientos abreviados; el 36%, a sumarios, y el 1% restante, a procesos de la Ley del Jurado.

Por otro lado, los 2.781 recursos iniciados son en un 57% apelaciones de autos, en un 14% apelaciones en procedimientos por delito y en un 10% apelaciones de juicios rápidos y un 9% apelaciones de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

Del total de la carga de trabajo penal -asuntos pendientes a principio de año más asuntos registrados- la Audiencia ha resuelto el 83%, algo que “permite hablar de un correcto esfuerzo resolutivo”. Se han dictado un total de 2.966 resoluciones penales, 1.062 sentencias y 1.904 autos finales.

Al respecto, la actividad penal de la Audiencia Provincial se ha incrementado en 2025. Han subido tanto los asuntos registrados como los resueltos. La pendencia ha aumentado, sobrepasando los 600 asuntos.

Así, el volumen de asuntos resueltos revela “laboriosidad” de los magistrados. De la carga total de trabajo se ha resuelto en la Sección Segunda el 93% y en la Tercera el 73%. La tasa de pendencia da una estimación del tiempo medio de resolución previsto de los asuntos en trámite, en torno a un mes en la Sección Segunda y cuatro meses en la tercera.

Partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de 300 asuntos por magistrado y año para las secciones penales de audiencias provinciales, esa cifra es superada en las dos secciones.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a once años y tres meses de prisión a un hombre acusado de intentar asesinar a otro vecino tras una disputa relacionada con la compraventa de un vehículo. El tribunal considera probado que el procesado esperó a la víctima en la terraza de una cafetería de Pozoblanco y la atacó por la espalda con un cuchillo de grandes dimensiones, causándole heridas gravísimas que lo dejaron en estado crítico.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia, aprecia un delito de asesinato en grado de tentativa con la concurrencia de una atenuante analógica por alteración psíquica parcial. Además de la pena de prisión, impone al condenado la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante quince años, así como ocho años de libertad vigilada una vez cumpla la condena.

Según los hechos probados que constan en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, ambos hombres habían formalizado a finales de junio de 2023 una operación de compraventa de un coche anunciado mediante un cartel colocado en el interior del vehículo. Posteriormente surgieron discrepancias por el estado mecánico del automóvil y por la devolución del dinero entregado a cuenta.

El condenado interpretó que había sido engañado y, según recoge la resolución judicial, desarrolló una fuerte animadversión hacia el vendedor al considerar que había recibido una grave ofensa por negarse a devolverle los 2.000 euros abonados.

Lo esperó armado en una cafetería

El 1 de julio de 2024, el acusado salió de su domicilio en Peñarroya-Pueblonuevo con la intención de desplazarse a Pozoblanco. Lo hizo armado con dos cuchillos, uno de ellos de cocina, de 30 centímetros de longitud y 20 de hoja.

Ya en la localidad vallesana, se sentó en la terraza de una cafetería situada en la esquina entre la avenida de Villanueva y la calle Mayor, donde sabía que podía encontrar al perjudicado. Sobre las 15:30 llegó la víctima acompañada de uno de sus hijos y se colocó junto a la barra del establecimiento, sin advertir la presencia del agresor, siempre según el relato de los hechos probados que consta en la sentencia.

Instantes después, el condenado se aproximó sigilosamente portando una bolsa de la compra. Sacó el cuchillo y, sin mediar palabra, asestó una puñalada por la espalda a la víctima. El tribunal relata que, sin extraer completamente la hoja, volvió a hundirla provocando dos trayectorias distintas.

Una de las cuchilladas perforó la pleura y provocó un neumotórax izquierdo. La otra causó la desvascularización del bazo, perforación gástrica y una laceración hepática con una grave hemorragia interna. Pese a la gravedad del ataque, el herido llegó a girarse e intentó defenderse. Entre ambos se produjo un forcejeo, momento en el que el agresor llegó a empuñar el segundo cuchillo, aunque finalmente fue convencido por otro cliente del local para que desistiera.

Ingresó en estado 'premortem'

Pocos segundos después, la víctima se desplomó y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Valle de los Pedroches, donde ingresó en estado premortem. La sentencia destaca que una cirujana de guardia logró salvarle la vida al contener manualmente la principal hemorragia hasta su entrada en quirófano. Allí fue sometido a una compleja intervención que incluyó la extirpación del bazo, una gastrectomía parcial, control de la lesión hepática, lavado abdominal y drenajes, además del tratamiento del neumotórax.

El lesionado tardó 218 días en curar. De ellos, cinco fueron considerados de perjuicio muy grave, cuatro grave y 209 moderado. Como secuelas arrastra un trastorno de estrés postraumático leve, las consecuencias derivadas de la pérdida del bazo y numerosas cicatrices abdominales y dorsales.

La Audiencia entiende que existió alevosía porque el ataque fue sorpresivo, premeditado y ejecutado por la espalda, en un lugar donde la víctima se encontraba confiada y sin posibilidad real de defensa.

Los magistrados subrayan también que el procesado realizó todos los actos necesarios para matar y que solo la rápida intervención médica evitó el fallecimiento, por lo que califican los hechos como tentativa acabada de asesinato.

Junto a la condena penal, el tribunal impone al acusado el pago de una indemnización de 67.000 euros por las lesiones, secuelas físicas, perjuicio estético y daño moral causado a la víctima. También deberá asumir las costas procesales.

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro, Cristina Pastor Recover, ha recibido el último informe técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el accidente ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero. El documento, de 34 páginas, reconstruye con precisión quirúrgica la secuencia del suceso a través de la sincronización de las “cajas negras” (JRU) de ambos trenes, audios de cabina y las grabaciones de las cámaras de seguridad del tren Iryo.

En las cámaras se ve al Alvia aproximarse. Las grabaciones son de los primeros coches del Iryo, los que no habían descarrilado. La CIAF logra identificar al tren por las ventanillas y saber exactamente a qué distancia estaba del Iryo en cuanto se produjo el descarrilamiento: a 188 metros, lo que hacía imposible la reacción del maquinista y el frenado automático.

La investigación ha determinado que el descarrilamiento del Iryo comenzó a las 19:43:34, cuando el primer eje de su coche 6 pasó sobre una rotura de vía en el punto kilométrico (PK) 318,681. Apenas tres segundos después, la infraestructura detectó los daños y cerró de forma intempestiva la señal S613, que en ese momento protegía el paso del Alvia en sentido contrario.

En el instante preciso en que la señal pasó a rojo, el morro del Alvia se encontraba a tan solo 188 metros de distancia del punto de parada (punto kilométrico 318,128). A pesar de que el sistema de seguridad LZB activó inmediatamente el frenado de emergencia, la distancia era insuficiente para detener el convoy, que circulaba a 217 kilómetros por hora. La colisión final se produjo a las 19:43:42, cuando el Alvia impactó contra la parte posterior del coche 6 del Iryo a una velocidad de 204 kilómetros por hora.

Pánico a bordo y “esquirlas incandescentes”

El análisis del circuito cerrado de televisión (CCTV) del Iryo, que cuenta con cuatro cámaras por vagón, ha permitido observar las reacciones de los viajeros durante el descarrilamiento. A las 19:43:35, solo un segundo después de la salida de vía, las cámaras del coche 8 captaron “esquirlas incandescentes” golpeando las ventanas. Estas partículas procedían presumiblemente del roce violento entre las ruedas descarriladas y las partes metálicas de la infraestructura ferroviaria.

Las imágenes muestran cómo, ante las fuertes vibraciones y movimientos laterales y verticales, los pasajeros y el personal de a bordo en coches como el 1, 3 y 5 intentaron agarrarse a los asientos para evitar caerse debido a la inercia del freno y la inestabilidad del tren. En el coche 7, los vídeos registraron movimientos verticales especialmente fuertes antes de que se cortara la grabación por el impacto.

La rotura del carril como única causa

La CIAF concluye en un informe de 34 páginas que “no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados antes del segundo 19:43:33, momento en el cual el coche 6 del tren Iryo circula a la altura del punto de rotura del hilo exterior de la vía 2”. Por este motivo, la CIAF concluye “como causa del descarrilamiento y posterior colisión, la existencia de una rotura de carril a la altura del punto kilométrico 318.681”.

La Comisión sigue a la espera de que con el nombramiento de los peritos independientes por parte de la jueza se puedan iniciar ya las pruebas de laboratorio sobre los carriles extraídos del punto exacto en el que se produjo la primera rotura. El objetivo es saber su estado y a qué se pudo deber la fractura de los mismos. Hasta que no concluyan esas pruebas no se podrá saber con más o menos certeza el motivo de la rotura: falta de mantenimiento o un defecto de fábrica, entre otras hipótesis, que incluyen, incluso, factores climáticos.

La Guardia Civil ha informado a la magistrada que, a fecha de 21 de abril, ADIF aún no ha respondido al requerimiento enviado en marzo para aclarar si los raíles, el balasto y las traviesas de ese tramo de la línea de alta velocidad eran de nueva instalación o materiales reciclados, así como su trazabilidad y certificación.

Además, el acceso a los datos ha sido técnicamente complejo. La Policía Judicial tuvo que recurrir a especialistas de la empresa Hasler Rail para extraer la información de los dispositivos USB, ya que los laboratorios de Criminalística de la Guardia Civil carecían del software específico y las licencias necesarias para interpretar los datos de estos trenes de alta velocidad.

El accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) dejó 46 fallecidos y a 155 personas heridas, muchas de gravedad. Una mujer sigue aún en la UCI del hospital de Málaga, en estado crítico.

La representación procesal de la familia Morillo, afectada por la muerte de Mario Jara Morillo, quien falleció junto a otras 45 personas más en el siniestro ferroviario de Adamuz el domingo 18 de enero, ha interpuesto ante el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) un recurso de reforma contra la providencia que obliga a las acusaciones particulares del caso a unificarse bajo una sola dirección letrada, de modo que defiende “la libre elección de abogado frente a la unificación impuesta”.

El recurso, presentado por la procuradora Maria José Carralero Medina y dirigido por el letrado Luis Romero Santos, abogado penalista y Doctor en Derecho, impugna la resolución de 22 de abril de 2026 que requiere a las víctimas personadas como acusaciones particulares para que compartan un único abogado, bajo apercibimiento de imposición de oficio.

Según han explicado desde la dirección letrada, se produce “vulneración de derechos fundamentales”, dado que “la medida judicial vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, en su vertiente de tutela judicial efectiva y derecho de defensa, al restringir la facultad de las víctimas de elegir libremente a su abogado”.

En este sentido, han remarcado que “la imposición de una dirección letrada única supone una restricción directa de este derecho fundamental, al obligar a las perjudicadas a someter su estrategia procesal a un letrado no elegido por ellas”.

El escrito invoca además el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reconoce el derecho a la libre designación de letrado, “proyectable también sobre las acusaciones particulares como titulares de la acción penal y civil”.

Asimismo, han cuestionado “la interpretación extensiva del artículo 113 de la LECrim, que permite unificar representaciones cuando lo exija la buena marcha del procedimiento”, de manera que han argumentado que “la resolución judicial no acredita la existencia de perturbación real del proceso, ni la imposibilidad de adoptar medidas menos restrictivas, convirtiendo una facultad excepcional en una regla general”.

“Falta de motivación y desproporcionalidad”

Igualmente, han manifestado que “entre los argumentos centrales figura la carencia de motivación suficiente, en contravención del artículo 120.3 de la Constitución, ya que la providencia se limita a invocar genéricamente la economía procesal sin concretar qué perjuicios procesales se están produciendo”.

Al hilo, consideran que “la medida es desproporcionada al no superar el juicio de proporcionalidad: existen alternativas menos restrictivas, puede generar conflictos de interés entre perjudicadas y el sacrificio del derecho de defensa es superior al beneficio organizativo”.

Ante ello, el recurso solicita que “se deje sin efecto el requerimiento de unificación obligatoria, con expresa declaración del derecho de las representadas a mantener los profesionales libremente designados”.