La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará un juicio entre el miércoles y el jueves de esta semana contra cuatro personas acusadas de liderar una trama para defraudar las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social. En total, la Fiscalía Provincial solicita penas que suman 23 años de prisión para los cuatro acusados. El principal responsable, un empresario cordobés, se enfrenta también al pago de una multa de un millón de euros, según consta en la calificación de la Fiscalía.

Según el relato del Ministerio Fiscal, las investigaciones han constatado la existencia de una “clara interconexión y sucesión de empresas” que involucraba al menos a cinco sociedades distintas. El objetivo de este entramado era eludir el pago de las cuotas obligatorias a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mediante un complejo sistema de trasvase de trabajadores entre las mercantiles.

La Fiscalía detalla que existía una confusión de patrimonios sociales y una apariencia unitaria externa, compartiendo las empresas los mismos proveedores y clientes. El primer acusado actuaba como el responsable de hecho de todas las sociedades, siendo quien coordinaba los servicios mientras que otro de los acusados ocupaba un “segundo escalón de mando”. La operativa llegó al punto de que muchos empleados figuraban de alta en varias empresas a la vez o eran transferidos de una a otra sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, se detectó que 32 de los 45 trabajadores de una de las mercantiles fueron trasladados en bloque a otra sociedad del grupo para continuar con la actividad.

El “modus operandi”: impago sistemático y nuevas sociedades

El escrito de acusación subraya que el denominador común de esta trama era el impago sistemático de cotizaciones en periodos donde se ha probado que existía actividad empresarial real. Para dilatar los procesos de cobro, los acusados solicitaban aplazamientos que incumplían deliberadamente mientras la deuda seguía aumentando.

Cuando una sociedad acumulaba una deuda inasumible, el entramado creaba nuevas mercantiles libres de cargas para continuar con el negocio, generando ingresos sin hacer frente a las obligaciones contraídas por las empresas anteriores. Con este cambio de titularidad jurídica, buscaban impedir que la administración pudiera ejecutar los créditos y responsabilidades pendientes con la Seguridad Social.

La cuantía total del fraude asciende, según los cálculos de la Fiscalía, a un perjuicio total de 606.615,31 euros para las arcas públicas. Este montante se desglosa en deudas acumuladas por tres de las sociedades principales (por importes de 165.739 euros, 156.050 euros y 244.719 euros respectivamente), a lo que se suman más de 40.000 euros adeudados por el principal acusado en concepto de impagos como autónomo.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que los acusados son responsables de dos delitos contra la Seguridad Social, un delito adicional por el impago de cuotas de autónomos y cuatro delitos de frustración de la ejecución.

El principal acusado se enfrenta a un total de 10 años de prisión y multas que superan los 1,1 millones de euros. Para el segundo responsable, la Fiscalía pide siete años de cárcel y una multa de un millón de euros. Finalmente, para otros dos colaboradores se solicitan 3 años de prisión para cada uno por su participación en los delitos de frustración de la ejecución.

Además de las penas de cárcel y las multas, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para todos los acusados y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante un periodo de hasta cinco años.

Francisco L. O., en prisión provisional por el asesinato de su expareja, Tulia Caballero, en el barrio de la Fuensanta, ha sido condenado a dos años de cárcel por tres delitos cometidos poco antes de que acabase con la vida de la mujer. La jueza titular de la Sección de lo Penal número seis de Córdoba lo considera culpable de un delito de amenazas, otro de maltrato y otro de daños, todos en el ámbito de la violencia de género.

La sentencia, dictada el pasado 28 de mayo, declara probado que el ahora condenado acudió el 11 de abril al domicilio de Tulia Caballero, situado en el Pasaje Virgen de Luna. Según recoge la sentencia en el relato de los hechos probados, tras una primera discusión Francisco L. O. abandonó la vivienda, pero regresó poco después. Aprovechando que conservaba unas llaves del inmueble y que Tulia se encontraba escuchando música, accedió nuevamente al piso portando un martillo. Una vez dentro, golpeó repetidamente el equipo de música de la víctima hasta destrozarlo.

Cuando Tulia trató de impedirlo y de arrebatarle el martillo, ambos iniciaron un forcejeo. La magistrada considera acreditado que el acusado la agarró por el pecho y la empujó violentamente contra una pared antes de abandonar el domicilio. Además, antes de marcharse, la amenazó diciéndole que cuando no estuviera en casa volvería a entrar para destrozar el piso.

La agresión provocó a la víctima una contusión cervical y una crisis de ansiedad. La mujer fue atendida en un centro de salud apenas una hora después de los hechos. Tanto la médica que la examinó como varios agentes de la Policía Nacional que acudieron al domicilio apreciaron un enrojecimiento en el cuello compatible con el relato ofrecido por la víctima.

La jueza otorga especial relevancia a la declaración que Tulia prestó ante la autoridad judicial el mismo día de los hechos. Dos días después, el 13 de abril, la mujer fue asesinada presuntamente por este hombre. No obstante, la magistrada considera plenamente válida aquella declaración, ya que fue practicada con todas las garantías procesales y en presencia de las partes.

La resolución también destaca la existencia de numerosos elementos de corroboración. Entre ellos figuran las declaraciones de los policías que acudieron al domicilio tras una llamada al 091 realizada por la propia víctima, los informes médicos, la valoración pericial de los daños ocasionados en el altavoz y el testimonio de la hermana de Tulia, con quien habló inmediatamente después de la agresión.

Ni rastro de problemas de salud mental en el acusado

Durante el juicio, la defensa trató de sostener que el acusado sufría problemas de salud mental que podrían haber afectado a sus capacidades el día de los hechos. Sin embargo, la magistrada rechaza esta tesis al considerar que no se aportó ningún informe médico o psiquiátrico que acreditara esa circunstancia. Además, recuerda que todos los agentes que intervinieron coincidieron en señalar que Francisco L. O. se mostraba coherente y orientado cuando fue detenido. La sentencia subraya igualmente que nada permite concluir que el incidente respondiera a una alteración psíquica. De hecho, ni fue trasladado a un centro sanitario ni se activó ningún protocolo relacionado con una posible crisis de salud mental.

Por estos hechos, el acusado ha sido condenado a ocho meses de prisión por el delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género, otros ocho meses por el delito de amenazas y una multa por el delito leve de daños. Asimismo, deberá indemnizar a los herederos de Tulia Caballero con 105 euros por los desperfectos ocasionados en el equipo de música.

Esta condena se refiere exclusivamente a los hechos ocurridos el 11 de abril de 2026. El presunto asesinato de Tulia Caballero, ocurrido dos días después en el mismo barrio de la Fuensanta, será enjuiciado en un procedimiento independiente. Por esa causa, Francisco L. O. permanece actualmente en prisión provisional a la espera de la celebración del correspondiente juicio.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a dos años de prisión a un hombre acusado de un delito de abusos sexuales cometido sobre una menor de unos 15 años de edad en un centro comercial de la capital cordobesa.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el procesado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón, mayor de edad y sin antecedentes penales, mantuvo una relación sentimental con la menor, que cesó en la fecha en la que ocurren los presentes hechos, si bien ella, sobre el mes de marzo del año 2022, ya había anunciado al acusado que la relación debía cesar.

No obstante, el procesado “no aceptó dicha ruptura” y desde mayo de ese año intentó retomar la misma e influir en sus decisiones y, sobre todo, “para darle pena por haber dejado la relación sentimental, le comentó a la menor en varias ocasiones que se iba a quitar la vida”.

“Presionada de esa forma, accedió a tener algún que otro contacto con él, si bien expresando su voluntad de no seguir, dado que había iniciado una nueva relación sentimental”, se precisa en la sentencia, que apunta que “de esta forma, en la tarde del 4 de julio de 2022, el procesado consiguió convencerla para tener un breve encuentro asegurándole, que tras el mismo, la dejaría en paz y aceptaría la ruptura de la relación”.

Ambos se citaron en una zona de un callejón junto a un centro comercial de la capital cordobesa. Una vez allí, entraron en los aseos reservados a personas con movilidad reducida de dicho establecimiento, donde el procesado supuestamente cometió el delito por el que ha sido condenado.

A consecuencia de los hechos descritos, tras la valoración del estado emocional de ella en informe de evaluación y diagnóstico, del día 29 de marzo de 2023, se derivó a la menor al Programa de Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual a fin de “minimizar consecuencias de lo ocurrido e intervenir en las consecuencias psicológicas de la experiencia sufrida”.

Los padres de la joven, en representación de la misma, han denunciado los hechos y reclamado lo que en derecho convenga en vía de responsabilidad civil.

El juez de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra un total de cinco investigados, entre ellos el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, y dos ‘intrusos’, en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas por un importe total de 5.276.694,26 euros a la mercantil Aesea Brown Boberi S.A., que forma parte de un grupo multinacional (Grupo ABB) dedicado a la fabricación, venta e instalación de productos de ingeniería eléctrica y automatización.

En un auto fechado el día 27 de mayo, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

De este modo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado contra el ex alto cargo de la Junta, dos ‘intrusos’ (beneficiarios irregulares de las ayudas) y dos directivos de la mediadora Vitalia, mientras que también acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra otros tres investigados al considerar que “no hay motivos suficientes para atribuirles participación” en la comisión de los delitos investigados y al no encontrarse en la causa “indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos por los que se procede”.

En concreto, el magistrado pone de manifiesto que “no existen indicios suficientes” de que dos de los investigados, representantes de la empresa, “participaran en la génesis, gestión y obtención de las disposiciones ilícitas de fondos públicos objeto de las presentes actuaciones”, subrayando que “de lo actuado se desprende que los directivos del Grupo ABB no participaron en la gestión de las ayudas ilícitas por las que se procede, sin perjuicio de encontrarse informados de las gestiones que a tal efecto estaban llevando a cabo los representantes de los trabajadores, en particular” el presidente del Comité de Empresa, que es uno de los investigados contra los que el juez sí acuerda continuar el procedimiento.

“Subvenciones” públicas

“El Grupo ABB planificó y pactó con los trabajadores afectados” por dos ERE “su propio plan de prejubilaciones, autónomo e independiente respecto del diseñado por la Dirección General de Trabajo, y que aquellos habían aceptado y asumido como forma de extinción de su relación laboral con la empresa”, argumenta el juez, que alude a la declaración prestada por uno de los directivos de Vitalia investigados, quien “reconoce que el compromiso de la empresa era exclusivamente el de financiar las prejubilaciones de los afectados por los ERE hasta los 62 años (con el 90 por ciento del sueldo) y que, a partir de ahí, los trabajadores gestionaron con la Administración ampliar la prejubilación hasta los 65 años, lo cual se infiere asimismo de la declaración testifical de trabajadores del Grupo ABB y miembros del Comité de Empresa”.

El juez explica en el auto que el objeto de esta pieza separada del caso ERE “lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales excepcionales facilitadas y abonadas desde el año 2003 al 2010 por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía vinculadas con la reestructuración laboral” del Grupo ABB, ascendiendo el importe de estas “subvenciones graciosamente concedidas por la Junta” a la suma, al menos, de 5.276.694,26 euros.

Al hilo, el magistrado precisa que estas ayudas habrían tenido por objeto, “fundamentalmente, financiar la particular cobertura económica de los extrabajadores del Grupo ABB afectados” por dos ERE concretos, a partir de que cumplieran los 62 años de edad, “mediante la formalización de un seguro de rentas, incluyéndose también en dicho aseguramiento a algunos ”trabajadores“ que no estaban afectados por los ERE descritos y/o ni siquiera tenían relación laboral con la empresa al tiempo de su inclusión como beneficiarios de aquel”.

Así, y según prosigue el instructor, “se habría conseguido el otorgamiento de unas supuestas ”subvenciones“ públicas, de forma arbitraria e injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía; subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente (...) mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad, y de espaldas del procedimiento legalmente establecido”.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que supone un doble revés para un cordobés en situación de especial vulnerabilidad. El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el hombre, que tiene una discapacidad reconocida del 69% y grado II de dependencia severa, quien reclamaba a la Junta de Andalucía el pago de una ayuda al alquiler que le fue denegada por falta de crédito presupuestario. Además, le ha impuesto el abono de las costas, que pueden llegar hasta un máximo de 1.000 euros.

El caso se remonta a la convocatoria de ayudas al alquiler de 2018 para personas con ingresos limitados y jóvenes. El demandante, debido a su situación de gran dependencia, solicitaba una subvención equivalente al 75% de su renta mensual (de 300 euros) durante un periodo de 36 meses, lo que sumaba una cuantía total de 8.100 euros.

Sin embargo, la Delegación Territorial de Fomento en Córdoba desestimó su solicitud alegando el “agotamiento del crédito existente”. El afectado decidió llevar el caso a los tribunales argumentando que, según sus cálculos, la Administración solo había gastado un pequeño porcentaje de los fondos y que existía un remanente de más del 92% (casi cinco millones de euros) que debería haber servido para cubrir su ayuda.

En su sentencia, el TSJA ha aclado que la concesión de estas ayudas está legalmente condicionada a las disponibilidades presupuestarias. Así, ha establecido que, aunque un ciudadano cumpla todos los requisitos para recibir la ayuda, la Administración puede denegarla si el presupuesto se ha acabado, siempre que aporte una “motivación suficiente”. Además, el hombre presentó su solicitud el 8 de enero de 2019. Para esa fecha, según al sentencia, ya se había agotado el crédito dado que las ayudas se daban por orden de llegada, siempre y cuando se cumplieran con los requisitos.

Para el tribunal, la Junta de Andalucía cumplió con esta obligación al aportar un certificado que detallaba el destino de los fondos en Córdoba: se concedieron 355 ayudas a jóvenes, se otorgaron 969 ayudas generales con fondos estatales (por un total de cinco millones de euros)y se aprobaron 157 complementos de vulnerabilidad con fondos autonómicos.

Además de perder la posibilidad de recibir la ayuda para su vivienda, la sentencia ha impuesto al hombre el pago de las costas procesales hasta un máximo de 1.000 euros.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado nueve años de prisión para un hombre de nacionalidad salvadoreña por un presunto delito de tentativa de asesinato cometido en septiembre de 2024. Según el relato del fiscal, el ataque estuvo motivado por una supuesta rivalidad entre bandas de El Salvador conocidas como maras.

Los hechos se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país.

Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”.

La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Estos hechos han sido calificados por el Ministerio Público como un delito de tentativa de asesinato y solicita para el acusado una pena de nueve años de prisión. Además, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía pide que la pena de cárcel sea sustituida por la expulsión del territorio español. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

La acusación particular pide diez años de prisión y más indemnización

Por otro lado, la acusación particular solicita una pena de diez años de prisión y el pago de las costas. Respecto a las medidas de protección para la víctima, esta acusación coincide con la Fiscalía en solicitar cinco años de libertad vigilada. Durante este periodo, el acusado tendrá estrictamente prohibido comunicarse por cualquier medio o aproximarse a menos de 300 metros de la víctima.

Coincide también con el Ministerio Público en su petición de expulsión de España una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena de prisión, o bien cuando el acusado acceda al tercer grado o a la libertad condicional.

Sin embargo, esta acusación reclama una indemnización superior a la que defiende la Fiscalía, elevándose hasta los 8.790 euros. Este incremento se debe principalmente a una mayor valoración de las lesiones causadas, mientras que se mantienen las mismas cantidades para la intervención quirúrgica y las secuelas permanente consistentes en una cicatriz en zigzag en la muñeca izquierda.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha blindado el derecho de un trabajador cordobés a mantener las prestaciones percibidas durante los meses más duros de la pandemia por el coronavirus. La sentencia, fechada recientemente, desestima el recurso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que pretendía que el empleado devolviera más de 8.000 euros debido a un fallo administrativo cometido exclusivamente por la empresa en la que había estado trabajando.

El conflicto se originó cuando el SEPE revocó la prestación del empleado de una mercantil de Cerro Muriano, reclamándole en 2021 el reintegro de 8.365,46 euros. El organismo estatal argumentaba que el trabajador no se encontraba en una situación legal de desempleo porque la empresa, a pesar de tener autorizado un ERTE por fuerza mayor, no había comunicado formalmente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la suspensión de los contratos.

Sin embargo, el TSJA ha sido tajante al señalar que el trabajador “no puede verse perjudicado por la actuación de la empleadora”. Según recoge el fallo, la falta de comunicación por parte de la empresa es una irregularidad que “podrá afectar a la exoneración de cuotas y a las deudas con la TGSS, pero no al trabajador”. Además, el tribunal ha recordado que el SEPE tiene la obligación de pagar el desempleo, incluso, ante incumplimientos empresariales de afiliación o cotización, “sin perjuicio de las acciones que puedan adoptar contra la empresa infractora” por las cantidades abonadas.

Según la sentencia, ha quedado probado que el trabajador efectivamente dejó de prestar servicios y que la actividad de la empresa cesó. Por ello, el tribunal ha subrayado que se trata de una “situación legal de desempleo que admitió el SEPE tras la comunicación empresarial de estar incurso en un ERTE”, por lo que el derecho a cobrar la ayuda “no puede ser revocado” basándose en errores de gestión ajenos al beneficiario. Con esta decisión, el TSJA no solo ha anulado la deuda de 8.365 euros, sino que el SEPE deberá devolver al afectado las cantidades que le haya cobrado durante todo este proceso hasta que el alto tribunal andaluz se ha pronunciado.

Rubén Villalba nació y vive en Benamejí, un pequeño pueblo del sur de la provincia de Córdoba. Es comandante de la Guardia Civil y era, hasta hace dos años, uno de los principales responsables de la lucha antiterrorista de España. Hasta hace dos años. Fue entonces cuando sus propios compañeros del instituto armado lo detuvieron, acusado de formar parte del entramado del empresario Víctor de Aldama destapado en el famoso caso Koldo que ha acabado salpicando a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

Villalba, que fue arrestado cuando se dirigía a coger un avión a Caracas (Venezuela), su nuevo destino como guardia civil, aparece también en la causa de la Audiencia Nacional que este miércoles derivó en el registro de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, el conocido como caso Leire. Pero Villalba no aparece como uno de los implicados en la trama, sino al contrario, como víctima.

Según consta en el auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el testimonio y el trabajo de Villalba es clave para tratar de desentrañar el objetivo de la trama supuestamente auspiciada desde Ferraz para desacreditar todas las causas policiales y judiciales contra el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El magistrado sostiene en su escrito que en marzo de 2025, Leire Díaz y Rubén Villalba mantuvieron dos encuentros. De hecho, el diario El Mundo llegó a publicar fotografías de los mismos. Tras las reuniones, el propio comandante redactó dos actas de la reunión dejando constancia de su contenido, documentos que actualmente obran en el procedimiento judicial. En estos encuentros, la organización investigada, a través de Leire, le habría realizado diversos ofrecimientos con una evidente trascendencia económica. En concreto, le propusieron eximirle del pago de su nueva defensa, garantizar que recuperaría su trayectoria profesional previa y asegurarle puestos de máxima responsabilidad tras una supuesta “purga” que planeaban ejecutar.

A cambio de estos beneficios, el auto del juez Pedraz afirma el objetivo de la organización era, en palabras que el propio comandante anotó, “intentar desmontar a la Guardia Civil”. Según consta en las actas redactadas por este agente, Leire Díez le solicitó aportar toda la información de la que dispusiera sobre el fiscal José Grinda, datos sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (especialmente de los tenientes coroneles Balas y Bonilas) y de la Jefatura de Información, incluyendo al actual Director Adjunto Operativo (DAO) y al teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo.

El magistrado también sostiene que Leire le pidió declarar como testigo protegido ante el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y que acusara en la misma a la Guardia Civil, a la UCO, a sus mandos, al coronel Corbi y al teniente coronel Basileo.

Finalmente, para avanzar en la investigación de estos hechos, el juez instructor ha ordenado requerir al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la entrega del registro de accesos y visitas a su sede en la calle Ferraz correspondientes a Rubén Villalba, abarcando el periodo desde el año 2025 hasta la actualidad. Este mismo miércoles, la propia UCO que investiga este caso acabó entrando en la Dirección General de la Guardia Civil, para investigar también todos estos asuntos.

La operación lanzada este miércoles por la Audiencia Nacional otorga una nueva dimensión al caso de las maniobras presuntamente urdidas por la exmilitante socialista Leire Díez para buscar material contra fiscales y mandos policiales. El auto del juez Santiago Pedraz atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo de ese grupo que buscaba “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE y apunta al propio partido como financiador de esas maniobras. Agentes de la Guardia Civil permanecieron durante 12 horas recabando documentación del caso en la sede de la formación, en la calle Ferraz de Madrid. 

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales impulsado por el Senado frente al acuerdo del Gobierno que rechazaba un requerimiento de la Cámara Alta por la no celebración de una comparecencia en enero del presidente del Gobierno ante el Pleno para dar cuenta de los accidentes ferroviarios mortales de Adamuz (Córdoba) y de Rodalies en Cataluña.

Así lo ha comunicado este jueves la corte de garantías, que precisa en una nota que la Cámara Alta alegaba en su demanda que la no comparecencia de Sánchez impedía el ejercicio de la función de control del Senado establecido en la Constitución.

La Cámara Alta también apuntaba a la supuesta vulneración de los artículos que prevén que las Cortes y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno y formular preguntas.

A ello añadía en su nuevo choque con el Ejecutivo de Sánchez que no celebrar una comparecencia ante el Pleno del Senado podría vulnerar el ejercicio de la función parlamentaria de los senadores.

La mayoría absoluta del PP aprobó acudir al TC argumentando que Sánchez no acudió a un Pleno extraordinario pese a que estaba citado para hablar sobre esos accidentes. El presidente del Senado, Pedro Rollán, llegó a mandar una carta al jefe del Ejecutivo en la que le advertía de “consecuencias jurídicas” si se ausentaba.

La Sala de lo Social del TSJA ha ratificado la sentencia que desestima la pretensión de nulidad de una trabajadora que reclamaba una indemnización de 33.001 euros tras accidentarse en su centro de trabajo, una tienda de ropa de la capital cordobesa, justo después de ser despedida. El tribunal concluye que, al haberse comunicado la extinción del contrato antes del percance, no existe discriminación por razón de salud.

Según la sentencia, en abril de 2023, la empleada se encontraba trabajando cuando la encargada de la tienda, a las 14:00, le comunicó verbalmente que su contrato finalizaba. En la carta de despido, la empresa alegó que los servicios de la trabajadora no resultaban “necesarios en la actualidad”, reconociendo la improcedencia del mismo y fijando una indemnización de 346,50 euros.

Tras su despido, la trabajadora intentó contactar telefónicamente con el administrador sin éxito y subió a una entreplanta para recoger sus objetos personales. Fue en ese momento cuando ocurrió el accidente: apenas 13 minutos después del aviso de su cese, los servicios de emergencia recibieron una llamada informando de que la mujer se había caído por las escaleras.

Como consecuencia del golpe, la empleada sufrió una contusión en el cuello. Al intentar tramitar la asistencia médica a través de la mutua de accidentes de trabajo, la empresa le denegó el parte de asistencia, argumentando que el accidente se produjo cuando la relación laboral ya no estaba vigente. Debido a esta decisión, que ahora la Justicia avala, el proceso médico de la trabajadora fue tramitado como enfermedad común y no como accidente laboral, lo que ha limitado significativamente sus prestaciones y coberturas.

Aunque la compañía reconoció inicialmente la improcedencia del despido y pagó una indemnización de 346,50 euros, la trabajadora la demandó buscando la nulidad del despido, alegando que se trataba de una represalia discriminatoria vinculada a su estado de salud tras la caída.

Sin embargo, el TSJA ha rechazado este argumento dado que el fin del contrato fue notificado “antes de la caída”. Por ello, el tribunal ha sostenido que no puede apreciarse un indicio de discriminación cuando la voluntad de despedir ya se había manifestado antes del siniestro. Aunque el administrador envió el correo formal del despido a las 15:57, el tribunal ha dado plena validez a la comunicación verbal previa de las 14:00.

La justicia ya ha puesto fecha definitiva a uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a la historia reciente del Córdoba CF. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará durante nueve jornadas el juicio contra el expresidente blanquiverde Carlos González por su gestión al frente de la entidad cordobesista. La vista oral ha quedado señalada para los días 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17 de junio, en la sala de vistas de la Ciudad de la Justicia.

El procedimiento judicial tratará de esclarecer si González, máximo accionista y presidente del Córdoba CF entre 2011 y 2018, realizó operaciones económicas irregulares que pudieron perjudicar al patrimonio del club durante su etapa al frente de la sociedad anónima deportiva. La causa analiza diferentes movimientos financieros, préstamos y relaciones mercantiles investigadas desde hace años y que terminarán finalmente siendo examinadas en juicio oral.

La apertura de esta vista supone un nuevo capítulo judicial en torno a una de las etapas más controvertidas de la entidad cordobesista. El mandato de González quedó marcado por el histórico ascenso a Primera División en la temporada 2013-14, pero también por la posterior caída deportiva, el deterioro institucional y una larga cadena de conflictos societarios y judiciales que todavía siguen abiertos años después de su salida del club.

Una denuncia que llegó a archivarse

La causa que ahora llegará a juicio tuvo un recorrido especialmente complejo. El procedimiento partió inicialmente de una denuncia presentada por el también expresidente del Córdoba CF Jesús León, quien acusó a la anterior gestión de presuntas irregularidades económicas durante el periodo de González al frente del club.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba acordó en julio de 2023 el archivo provisional de las actuaciones. En aquel momento, la magistrada instructora consideró que no existían indicios suficientes para sostener la existencia de delitos de administración desleal, apropiación indebida o corrupción entre particulares.

En el auto judicial de archivo, la jueza llegaba incluso a subrayar que durante la etapa investigada el Córdoba CF había experimentado una mejora económica notable, especialmente tras el ascenso a Primera División conseguido en Las Palmas. La resolución apuntaba que el club había incrementado sus ingresos, había mejorado sus resultados y había logrado beneficios durante algunos ejercicios analizados.

Además, la instructora sostenía entonces que muchas de las operaciones denunciadas habían sido conocidas y aprobadas en distintos órganos societarios del club, por lo que no apreciaba inicialmente un perjuicio patrimonial suficientemente acreditado para continuar el procedimiento penal.

La reapertura de la causa

La Fiscalía recurrió la decisión judicial y la Audiencia Provincial terminó ordenando la reapertura de las diligencias. El tribunal consideró que todavía existían elementos que debían ser analizados en profundidad y que determinadas operaciones económicas podían presentar relevancia penal suficiente como para continuar adelante con la investigación.

Esa decisión permitió mantener viva la instrucción y derivó posteriormente en la apertura de juicio oral contra Carlos González y otros investigados vinculados a la gestión societaria del Córdoba CF durante aquellos años.

La causa se centra especialmente en diferentes operaciones financieras realizadas entre 2013 y 2016, una etapa en la que el club manejó importantes cantidades económicas derivadas del ascenso a Primera División y de los ingresos televisivos obtenidos en la máxima categoría del fútbol español.

Entre los movimientos investigados aparece un préstamo superior a 900.000 euros concedido desde el Córdoba CF a una empresa vinculada al entorno empresarial de González para afrontar obligaciones tributarias. Los investigadores tratan de determinar si este tipo de operaciones respondían realmente al interés de la sociedad deportiva o si, por el contrario, pudieron beneficiar de forma indebida a empresas relacionadas con el entonces presidente.

La investigación también analiza diversos contratos, pagos y movimientos de fondos realizados durante aquellos ejercicios, así como la posible existencia de operaciones cruzadas entre sociedades relacionadas con la propiedad del club.

El contexto de una etapa convulsa

El proceso judicial vuelve a colocar bajo el foco una de las épocas más agitadas en la historia contemporánea del Córdoba CF. Carlos González llegó a la entidad en 2011, en un momento de grave dificultad económica y deportiva, y terminó liderando el ascenso a Primera División logrado en junio de 2014 tras el inolvidable gol de Uli Dávila en Las Palmas.

Aquella etapa supuso el regreso del Córdoba CF a la élite del fútbol español después de 42 años. El ascenso multiplicó los ingresos del club gracias al reparto televisivo y permitió a la entidad manejar cifras económicas inéditas hasta entonces en su historia reciente.

Sin embargo, la permanencia en Primera apenas duró una temporada. El descenso de 2015 abrió un periodo de enorme inestabilidad deportiva y social. Las protestas contra la gestión de González fueron creciendo progresivamente entre la afición, especialmente por las decisiones deportivas y por el deterioro institucional que fue sufriendo la entidad.

Finalmente, en 2018 González vendió el paquete mayoritario de acciones a Jesús León, iniciándose entonces otra etapa igualmente convulsa que acabaría años después con el descenso y la desaparición de la sociedad anónima deportiva original.

La Audiencia Provincial ha reservado ahora nueve sesiones para el desarrollo de la vista oral, lo que evidencia la complejidad de la causa y el elevado volumen documental acumulado durante la instrucción.

Durante esas jornadas está previsto que comparezcan acusados, testigos y peritos relacionados con las operaciones investigadas, además de responsables económicos y societarios vinculados al Córdoba CF de aquellos años.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad a indemnizar a dos hombres por los daños personales y materiales derivados de una caída de moto en la carretera. Según la sentencia, el accidente fue provocado por la gran cantidad de cera presente en el asfalto tras el paso de una procesión el día anterior.

El siniestro se produjo cuando la moto iba por la zona de la Cruz del Rastro en dirección al Paseo de la Ribera. Según el parte de la Policía Local, cuyos agentes fueron testigos presenciales al encontrarse justo detrás de la moto en un semáforo, las ruedas de la misma perdieron adherencia debido a la cera acumulada en la calzada, provocando la caída de los dos ocupantes. Los agentes ratificaron en el juicio que la cera “se escurría muchísimo” debido al calor.

En vistas a las declaraciones y las pruebas documentales, el magistrado ha fundamentado su condena en el defectuoso funcionamiento del servicio público de mantenimiento y limpieza de calles. No obstante, la sentencia ha establecido una compensación de culpas, atribuyendo un 75% de responsabilidad a la Administración y un 25%, al motorista y su acompañante, porque la moto no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), lo que ha impedido acreditar si los neumáticos estaban en condiciones óptimas para la circulación. Así las cosas, la cuantificación de los daños ha sido de poco más de 1.000 euros entre daños personales y materiales. No obstante, esta cifra ha quedado reducida a 754,04 euros al quitar el IVA porque los daños materiales se han justificado con un presupuesto de reparación, en lugar de con facturas, por lo que no ha quedado acreditado que el desembolso se haya hecho efectivo.

Absolución tras una caída por losetas en mal estado

Por otro lado, esta misma sección ha absuelto al Consistorio de abonar una indemnización por responsabilidad patrimonial. La demandante, en este caso, solicitaba 3.009,72 euros por las lesiones sufridas tras caerse en febrero de 2025 al tropezar con dos losetas en mal estado en la calle El Algarrobo. El desperfecto era un desnivel máximo de dos centímetros en una acera de 3,30 metros de ancho; un desnivel “jurídicamente irrelevante” para constituir una obligación de indemnizar, según el magistrado.

En esa línea, el juez ha fallado que la responsabilidad del Ayuntamienot no es un sistema de “seguro universal” para cualquier percance en la vía pública, considerando que, en este caso, la caída pudo deberse a una posible distracción de la propia lesionada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la absolución a un empresario cordobés que se enfrentaba a cargos por estafa, insolvencia punible, estafa impropia y estafa procesal, todos ellos vinculados a la gestión de su patrimonio empresarial y la vivienda familiar cedida a sus hijos tras su separación. Los jóvenes acabaron perdieron la casa porque su padre la rehipotecó para saldar una deuda empresarial de tres millones de euros. El tribunal ha concluido que, aunque el procesado mantuvo una estrategia procesal “temeraria o con mala fe”, los delitos de los que se le acusaba han prescrito o no han podido ser probados penalmente.

Según la sentencia, facilitada por el TSJA, los hechos se remontan a septiembre de 2007. En el marco de su divorcio, el acusado firmó un convenio regulador en el que se comprometía a adjudicar a su exmujer y a sus dos hijos el pleno dominio de la vivienda familiar, asegurando que la entregaría “libre de cargas y gravámenes”. Sobre la vivienda ya pesaba una hipoteca de 447.856,86 euros constituida en 2006. Además, el acusado, como socio único de una empresa, arrastraba deudas millonarias con dos entidades que superaban los tres millones de euros.

A pesar de su compromiso judicial de liberar la vivienda de deudas, en abril 2008 el empresario utilizó la casa para avalar una nueva deuda empresarial. Esta operación, sumada a la precaria situación económica de su empresa, provocó que finalmente no se pudieran afrontar los pagos. En septiembre de 2011, la vivienda familiar fue adjudicada a una entidad bancaria tras un procedimiento de ejecución hipotecaria. Como consecuencia directa, los hijos (hoy ya mayores de edad) perdieron la propiedad del 50% de la vivienda, un perjuicio que la Justicia ha valorado en 249.589,67 euros, además de otros 54.909,73 euros correspondientes al usufructo.

En su sentencia de ratificación de absolución -proveniente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba-, el TSJA ha dictaminado que el delito de rehipotecar la vivienda, incumpliendo así el acuerdo de separación, tiene un plazo de prescripción de cinco años. Dado que la querella no se interpuso hasta julio de 2016, la responsabilidad penal se ha extinguido por el paso del tiempo. En segundo lugar, su exmujer planteó en su recurso que el empresario interpuso decenas de denuncias y recursos (más de 30 procedimientos) para dilatar el caso. En este caso, aunque el TSJA ha admitido esta que fue una estrategia para entorpecer el proceso y buscar la prescripción, ha aclarado que “no constituiría, desde luego, un delito de estafa procesal”, ya que no hubo un engaño que indujera a error a los jueces para obtener un beneficio ilícito.

En tercer y último lugar, sobre la voluntad de engañar, el alto tribunal andaluz se ha referido a las resoluciones previas del caso en las que ya se consideró que no había quedado probado que el acusado tuviera voluntad de engañar en el momento de firmar el divorcio en 2007. Por lo que el incumplimiento de este acuerdo judicial se debió a la crisis de su empresa, que se encuentra en cierre provisional desde 2013.

Por todo ello, el tribunal ha desestimado íntegramente el recurso de la exmujer y ha confirmado la absolución total del acusado. No obstante, debido a la “complejidad y variedad de cuestiones concernidas”, el TSJA ha decidido declarar de oficio las costas judiciales.

Nueve limpiadoras del Hospital Materno Infantil de Reina Sofía de Córdoba han logrado una batalla judicial en el Tribunal Supremo que les abre la puerta a lograr un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acorde con la legislación en el que se excluyan, de base, los complementos de antigüedad y los pluses de festivos y transportes, tal y como hizo la UTE formada por Eulen, Ferroser e ISS Facility Services en 2019.

Según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, las trabajadoras decidieron en bloque demandar a la empresa por el cálculo de sus nóminas correspondientes a 2019. Todas ellas sostienen que la empresa calculó indebidamente el SMI al incluir en el cómputo complementos como la antigüedad y los pluses de festivos y transporte. La tesis de las limpiadoras es que el salario base por sí solo debería haber alcanzado los 12.600 euros anuales estipulados por el Real Decreto 1462/2018 para ese año, sin que la empresa pudiera utilizar otros pluses para “rellenar” esa cifra mínima legal.

Inicialmente, el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba desestimó sus pretensiones. En esta instancia, el juez se basó en una sentencia de conflicto colectivo previo que determinaba que al salario base se le podían adicionar pluses y complementos para alcanzar el tope del SMI. Además, el juzgado cordobés impuso a las trabajadoras una sanción por temeridad, al considerar que su demanda era una mera reiteración de lo ya juzgado en el ámbito colectivo.

Al intentar apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las trabajadoras se toparon con una cuestión administrativa: el tribunal inadmitió su recurso de suplicación alegando que no se alcanzaba la cuantía mínima de 3.000 euros exigida por la ley para poder recurrir. De hecho, las diferencias reclamadas por las limpiadoras eran menores, oscilando entre los 442 euros de una de ellas y los 2.710 euros, de otra.

Sin embargo, el Supremo ha corregido al tribunal andaluz, ya que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite el recurso cuando la cuestión debatida “afecte a todos o a un gran número de trabajadores”, siempre que esta circunstancia sea notoria. En este caso, el alto tribunal español ha considerado que la reclamación está relacionada directamente con aquella sentencia de conflicto colectivo en la misma empresa, lo que acredita un interés que trasciende lo individual. Además, ha llamado la atención en que son nueve las trabajadoras que han demandado, lo que demostraría que no es un caso aislado, sino que afectaría a un colectivo.

Gracias a este fallo, el Supremo ha anulado la sentencia del TSJA y las actuaciones volverán ahora al tribunal andaluz, que está obligado a admitir el recurso y a resolver, con libertad de criterio, si la empresa debe pagar o no las diferencias salariales reclamadas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado el archivo de la denuncia presentada por la exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba, María Dolores Baena Alcántara, y ha descartado de manera definitiva la existencia de delitos de acoso laboral o falsedad documental por parte de la secretaria de la Delegación de Cultura, Valle Fuentes Velasco, y el delegado provincial, Eduardo Lucena.

El tribunal ha dictado el auto número 282/2026, mediante el que desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la exdirectora y ratifica la resolución previa del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, que ya había acordado el archivo de la causa penal, según consta en el fallo. La defensa de Fuentes ha sido ejercida por el abogado cordobés José María Ruiz Mateo.

La resolución considera que no existen “indicios suficientes” para sostener la acusación de acoso laboral y concluye que los hechos denunciados responden a problemas organizativos y de funcionamiento interno del museo, sin que pueda apreciarse una actuación deliberada de hostigamiento contra la denunciante.

En este sentido, la sala subraya que no ha quedado acreditado que los investigados desarrollaran conductas dirigidas a degradar profesionalmente a Baena. Asimismo, señala que la escasez de personal y las dificultades organizativas del Museo Arqueológico no pueden atribuirse a una actuación consciente contra la exdirectora. El auto añade además que las decisiones administrativas cuestionadas forman parte del ámbito de organización y funcionamiento de la Administración y no constituyen ilícito penal alguno.

La resolución recuerda igualmente la existencia de una sentencia previa del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba, que ya había descrito un entorno laboral conflictivo en el museo y había desestimado otra reclamación promovida por la propia denunciante.

Rechazo de la acusación de falsedad documental

Uno de los aspectos centrales del recurso hacía referencia a la supuesta manipulación de un informe administrativo fechado el 19 de diciembre de 2023. Sin embargo, la Audiencia Provincial rechaza de forma contundente esta acusación y avala plenamente la autenticidad del documento. La sala concede especial relevancia al informe emitido por la Agencia Digital de Andalucía, destacando la fiabilidad del sistema de firma electrónica y sellado temporal utilizado por la Junta de Andalucía.

Según recoge el auto, cualquier modificación posterior del contenido del documento habría generado necesariamente un error de integridad detectable por el sistema informático, por lo que considera inviables las hipótesis planteadas por la acusación particular. De hecho, el tribunal llega a calificar esas hipótesis de “rocambolescas”, al requerir supuestos fallos de seguridad o manipulaciones técnicas para las que no existe prueba alguna.

Dos resoluciones judiciales coinciden en descartar delito

Con esta decisión, la Audiencia Provincial confirma en todos sus extremos el archivo decretado en enero de 2026, consolidando así el criterio de dos órganos judiciales distintos que coinciden en negar la existencia de conductas penalmente relevantes.

La defensa de Valle Fuentes Velasco considera que la resolución posee una “extraordinaria relevancia jurídica y pública”, ya que, a su juicio, desmonta de forma exhaustiva las acusaciones formuladas durante el procedimiento. El abogado defensor, José María Ruiz Mateo, sostiene además que el auto confirma “la inexistencia absoluta de actos de hostigamiento o persecución laboral”, así como “la plena autenticidad, integridad y trazabilidad del documento administrativo cuestionado”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un joven a tres años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública tras ser sorprendido suministrando estupefacientes en un centro asistencial de la capital. La condenena se ha impuesto después de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.

Según la sentencia, los hechos tuvieron lugar durante el mes de enero de 2023. El acusado acudió a Fepamic con el objetivo de obtener un beneficio ilícito mediante la venta de droga. En las instalaciones del centro, el procesado proporcionó a un interno, un total de seis envoltorios de plástico que contenían cocaína. En el momento de la compra, agentes de la Policía Nacional incautaron la sustancia, que arrojó un peso cercano a los tres gramos de una pureza superior al 80%, cuyo valor en el mercado ilícito era de 312,41 euros.

Se da la circunstancia de que, al tiempo de los hechos, el comprador estaba asistiendo a la Fundación Hogar Renacer para seguir un proceso de rehabilitación por su adicción a las drogas, contando con seguimiento médico y psicológico. No obstante, la Audiencia ha señalado que no ha quedado probado que el acusado tuviera conocimiento de este hecho, lo que podría haber agravado la pena de prisión.

Además de la condena a cárcel, el tribunal le ha impuesto uan multa de 630 euros y el pago de las costas.

Una empresa cordobesa aparece en el auto de 88 páginas con el que el juez José Luis Calama, titular de la sección de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, ha imputado por primera vez a un expresidente del Gobierno. La entidad Agropecuaria Lucena S. L. aparece como una de las empresas de la trama en la que el magistrado acusa a José Luis Rodríguez Zapatero de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado describe “la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”. La red se articularía mediante “un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos”. Los “indicios” en los que se basa el magistrado apunta a que “los clientes de la red” pagaban “cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes”. Esos fondos “posteriormente” serían redistribuidos “hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez”.

Julio Martínez es un empresario, titular de Análisis Relevante, la compañía para que la facturaba Zapatero. Pero también es el titular de una empresa cordobesa: Agropecuaria Lucena SL. Esta empresa, según publicó El Confidencial, estuvo en el radar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional durante la investigación. Los agentes de la UDEF se llevaron documentos de esta empresa, dedicada a la producción de aceite de oliva.

En el auto, Agropecuaria Lucena aparece una vez, por el pago en el año 2020 de una cantidad de 20.993,50 euros a Whathefav SL, la empresa gestionada por las dos hijas de Zapatero y que la investigación considera como un vehículo clave en la trama para el trasvase del dinero obtenido. Whathefav SL es una empresa que se dedica al marketing digital.

Agropecuaria Lucena gestiona una finca de 28 hectáreas de olivar en este municipio cordobés, junto al río Anzur, en el pago de Cobacho. La empresa, no obstante, está en el Registro Mercantil de Alicante. La compañía tenía su sede en Elda. Los agentes de la UDEF registraron sus oficinas el pasado 11 de diciembre de 2025. Estas oficinas eran compartidas por otras empresas del propio Martínez.

Según los datos del Registro de la Propiedad, divulgados por El Confidencial, esta empresa ha declarado un capital social de 2,3 millones en el ejercicio fiscal de 2023. Sus activos son de 1,7 millones de euros. En la finca de la que es propiedad hay además de los olivos dos viviendas de 150 metros cuadrados y un almacén para aperos. En la entidad también estaban los hermanos de Martínez, que en 2021 desaparecieron de la misma.

La investigación de la UDEF que ha desembocado en la imputación de Zapatero contó con la colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) —vinculada a control de inmigración y aduanas—. A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la HSI puso a disposición de la UDEF la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas, socio venezolano de la aerolínea Plus Ultra. Muchas de las conversaciones recogidas en el auto del juez como pruebas de la implicación de la trama corrupta en actividades ilegales tienen como protagonista al propio Reyes.

La imputación de Zapatero ha sacudido la política española, también la local, y ha dejado en estado de shock al Gobierno de España. Zapatero era un expresidente considerado como una especie de faro político por gran parte de la izquierda española.

Este miércoles, el Juzgado de lo Penal número 6 -especializado en violencia de género- de la Ciudad de la Justicia de Córdoba ha acogido el juicio rápido contra el exmarido de Tulia, F.L.A., que debía haberse celebrado el 13 de abril, el mismo día que presuntamente la asesinó, por delitos de lesiones, amenazas y daños ocurridos dos días antes y por los que la mujer le había denunciado.

En la vista han estado presentes los hijos de Tulia, Álex y Lili Caballero, que con vistas al juicio por el crimen cometido sobre su madre han pedido que la justicia caiga contra el presunto autor y este cumpla la máxima pena. “Está siendo un proceso muy duro. Lo hacemos por mi madre”, han dicho a la salida del juicio, donde Álex ha pedido que al presunto autor “le caiga lo máximo y no salga de la cárcel. Y que esto no se vuelva a repetir. Para que mi madre no haya sido una víctima más ni un caso más (de violencia de género). Mi madre no va a ser un número más”, ha dicho en referencia a la estadística que registra a las víctimas mortales por violencia de género.

Arropados por familiares y amigos que han acompañado a los hijos de Tulia ante el juicio, estos han reclamado “que se haga justicia y nadie pase por algo así”, en palabras de Lili, que ha explicado cómo viven su realidad ahora sin su madre. “Sigo sin asimilar que no está. Cada día espero una llamada suya”.

A la espera de conocer cuándo será el juicio por el crimen de Tulia, los hechos que se enjuiciaban este miércoles eran los presuntos delitos de lesiones, amenazas y daños materiales que denunció la mujer el 11 de abril, dos días antes de que su exmarido presuntamente la matara una hora antes de acudir al juicio rápido por dichos hechos. La defensa del acusado ha pedido la suspensión del juicio, aludiendo a un posible estado de “enajenación mental” del hombre, si bien no se ha hecho hasta el momento un informe médico al respecto. La acusación se ha opuesto a la suspensión y la jueza ha determinado finalmente que el juicio se celebrara.

Así, la acusación y la Fiscalía piden un año de cárcel por el delito de lesiones, otro año de prisión por el delito de amenazas y una multa e indemnización por los daños materiales. La defensa, por su parte, estima que no se produjeron lesiones ni amenazas y solo admite una indemnización de 105 euros por los daños.

Los hechos enjuiciados se refieren al 11 de abril, cuando Tulia denunció que su exmarido había entrado en su vivienda sin su consentimiento y, mientras ella escuchaba música, golpeó el equipo de música con un martillo de grandes dimensiones. La mujer declaró que consiguió quitárselo de encima, aunque el hombre la agarró del pecho, la empujó y la amenazó asegurándole que le quemaría y destrozaría la vivienda. La víctima llamó a la Policía y después acudió a un centro de salud, donde se le emitió un parte médico que adjuntó en su denuncia.

El agresor fue detenido entonces y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado, trasladándolo a la vivienda de un familiar.

Testimonio de los policías y declaración que hizo la víctima

En el juicio celebrado hoy, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar. Quienes sí han prestado testimonio han sido los cinco agentes de la Policía Nacional que actuaron ante estos hechos, cuando Tulia llamó a la Policía, cuando prestó declaración para interponer la denuncia y cuando fue acompañada al centro de salud para certificar en un parte las lesiones. Asimismo, se ha podido ver dicho parte de lesiones y se ha escuchado la declaración que hizo Tulia aquel día sobre los hechos.

La acusación, que representa a la familia de Tulia, ha señalado que las declaraciones de los policías han sido “contundentes” y “los hechos han quedado acreditados”, así como con la declaración de la médica sobre la lesión causada a la mujer “agarrándola del cuello”. Sobre las presuntas amenazas, también se ha señalado cómo denunció que su exmarido dijo “te voy a meter fuego a la casa”.

Por su parte, la defensa del acusado ha esgrimido que no se han acreditado los delitos de lesiones ni las amenazas, admitiendo solo los daños materiales que se provocaron al equipo de música de la mujer aquel día. Sobre su petición de suspensión por un posible estado de enajenación mental del hombre, la defensa espera que se elabore un informe médico al respecto para el juicio sobre el asesinato de Tulia y esgrime que se ha solicitado al haber indicios de tal estado, incluyendo manifestaciones autolíticas y el traslado a otra prisión que ha sufrido por ello, si bien la acusación ve en esto la posible vía para la defensa del acusado en el juicio por el asesinato de su exmujer.

El juicio ha quedado visto para sentencia y se espera que esta se conozca en 15 días.

El Partido Animalista Pacma ha celebrado la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia de Córdoba que condena a un ganadero de Dos Torres (Córdoba) por un delito continuado de maltrato animal tras la muerte de 36 vacas por deshidratación y falta de alimento en una explotación ganadera extensiva.

La resolución judicial considera probado que el acusado, responsable de una finca con cerca de un centenar de reses, permaneció varios días sin supervisar a los animales ni garantizar su acceso a agua y pasto, pese a conocer el estado de agotamiento del cercado en el que se encontraban. Como consecuencia, los animales quedaron atrapados en una parcela sin recursos suficientes, provocando la muerte de 36 vacas entre los días 27 y 29 de mayo de 2022.

Durante el procedimiento, el Partido Animalista Pacma ejerció la acusación particular y defendió que los hechos debían ser considerados un delito continuado de maltrato animal; una tesis finalmente respaldada por el juzgado. La sentencia recoge expresamente la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre la consideración de los animales como seres sintientes y la necesidad de proteger individualmente su bienestar.

El fallo condena al acusado a 13 meses de prisión, además de 38 meses de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con animales, así como para su tenencia. También deberá asumir las costas procesales, incluidas las derivadas de la acusación particular ejercida por Pacma.

Desde Pacma, que consideran la condena “insuficiente” debido a que el acusado no entrará en prisión a pesar de la consecuencia de muerte de un elevado número de animales, entienden que esta sentencia supone “un pequeño avance en la persecución penal de los casos de abandono y negligencia en explotaciones ganaderas, especialmente en sistemas extensivos donde el control sobre los animales suele relajarse bajo la falsa premisa de una supuesta autosuficiencia del ganado”, concluye la formación política.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena que impuso el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba a Cajasur, obligándola a abonar 92.248,40 euros a un antiguo trabajador de Córdoba en concepto de compensación por jubilación anticipada, según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis. El tribunal ha rechazado así la pretensión del banco de eludir este pago, quien argumentó que el empleado ya cobraba una pensión de viudedad y alcanzaba el tope máximo legal de prestaciones.

Pedro (nombre ficticio) decidió prejubilarse en 2016, cuando Cajasur puso en marcha un ERE. En aquel acuerdo con la representación de los trabajadores, la empresa se comprometió a que todo aquel empleado que decidiera prejubilarse tendría “una cantidad compensatoria del importe anual de la reducción” que representaba “la situación de jubilación anticipada respecto de la situación de jubilación prevista en la fecha de jubilación ordinaria”.

Este pago, que debía realizarse de forma efectiva “en un único pago y por una sola vez” al jubilarse el empleado, tenía el objetivo de blindar sus ingresos ante el recorte que aplica la Seguridad Social por retirarse antes de la edad legal. Sin embargo, cuando Pedro solicitó la compensación en 2022, el banco se negó porque el extrabajador ya percibía una pensión de viudedad y la suma de esta con su nueva pensión de jubilación alcanzaba el tope máximo de pensiones públicas permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE)

Frente a este argumento, el TSJA ha recordado a Cajasur que el espíritu del acuerdo era “evitar” que el trabajador tuviera “una pérdida adquisitiva por el hecho de acceder a la jubilación anticipada”, y que la situación personal de este extrabajador “no cambia” la finalidad del acuerdo. Además, ha subrayado que en ese documento no se recogió que, para la cantidad a abonar por Cajasur, se tuvieran en cuentas las prestaciones que pudiera estar recibiendo el empleado, ni que se excluyó la obligación de pagar esta compensación si entre todas esas prestaciones se llegaba “a la pensión máxima anual”.

La resolución confirma íntegramente la condena de instancia çey impone las costas del recurso a Cajasur, que deberá abonar otros 600 euros adicionales para los honorarios del letrado del extrabajador. Desde Kutxabank han señalado a este medio que este es “un caso único” en la entidad y que es “sobrevenido por un cambio normativo de los ecoficientes reductores en la tramitación de jubilaciones anticipadas tras acuerdo colectivo del ERTE de 2016”.