Dos hombres han sido condenados, a través de una sentencia de conformidad, a una peña de un año y medio de prisón y al pago de una multa de 100 euros después de que fueran sorprendidos por agentes de la Policía Nacional cuando vendían droga en la Feria de Córdoba.

La sentencia de la Sección Segunda Provincial ha considerado probado que ambos actuaban de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico. Sobre las 2:00 del 21 de mayo de 2024, lograron vender varias dosis de droga a dos compradores, que pagaron diez euros cada uno por las sustancias adquiridas.

Minutos después, los agentes de la Policía Naiconal interceptaron a los dos sospechosos y comprobaron que uno de ellos todavía llevaba encima 14 pastillas de MDMA, resina de cannabis y una navaja. Según la valoración pericial incorporada al procedimiento, toda la droga alcanzaba un precio de venta en el mercado ilícito de 329,74 euros, de los que más de 316 euros correspondían al éxtasis.

Durante la vista, los dos acusados han reconocido los hechos, aceptando la calificación del Ministerio Fiscal tras aplicarse la atenuante analógica de toxifrenia. Además del año y medio de prisión y la multa, ambos condenados deberán asumir la mitad de las costas procesales.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado esta semana a un hombre a una pena de cuatro años y seis meses de prisión después de que abusara, al menos en una ocasión, de la hija de su entonces pareja cuando la menor tenía entre seis y ocho años.

La pareja sostuvo una relación sentimental durante dos años hasta 2016, conviviendo en un piso de la capital cordobesa junto a los dos hijos menores de la mujer. El hombre, que en marzo de 2016 fue condenado a prisión por agredir a esta mujer, aprovechó la relación de afectividad y confianza que mantenía con la hija de su pareja -quien entonces tenía entre seis y ocho años- y le pidió un día que fuera a su dormitorio. Cuando la niña llegó a la estancia, el condenado le practicó sexo oral aprovechando que la madre dormía en el salón debido al deterioro de la relación. El tribunal ha considerado probado que este abuso constituyó una “manifestación perversa de la sexualidad” y un ataque grave a la indemnidad sexual de la niña.

La menor no fue consciente del significado de lo que había vivido hasta que, estando en Primaria, recibió formación en educación sexual en el colegio. A pesar de comprender entonces la gravedad de los hechos, decidió guardarlos en silencio durante casi una década para evitar aumentar el sufrimiento de su madre porque la ruptura con el acusado fue realmente traumática. Finalmente, la confesión se produjo de manera involuntaria en febrero de 2023, cuando la menor, ya siendo adolescente, reveló los abusos en un estado de embriaguez. Esta confesión motivó la denuncia inmediata ante la Policía.

El tribunal ha fundamentado la condena principalmente en el testimonio de la víctima, el cual considera “sereno, contundente y exento de cualquier estridencia”. Los magistrados destacan la sinceridad de la joven, quien no dudó en admitir sus dudas sobre si los hechos ocurrieron en más de una ocasión, lo que reforzó su credibilidad ante el tribunal al alejarse de un relato “ideado o inducido”. Sin embargo, para la defensa, la denuncia de este abuso sexual respondía a un resentimiento económico de la madre, argumento que la Audiencia ha desestimado por considerarlo inverosímil, señalando que no tiene sentido esperar siete años tras la ruptura para interponer una denuncia falsa utilizando a su hija. Además, peritos psicológicos confirmaron que la víctima presentaba síntomas compatibles con el trauma vivido, como asco, vergüenza y rechazo a la figura masculina.

Junto a la pena de cárcel, el fallo ha impuesto al condenado dos años de libertad vigilada, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años; y el pago de la mitad de las costas procesales. Por último, la Audiencia lo ha absuelto del carácter continuado del delito que solicitaban las acusaciones al existir dudas razonables sobre si los hechos se repitieron en el tiempo.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente las penas de prisión para dos hombres por un robo con fuerza cometido en una vivienda en noviembre de 2022. Hay que señalar que, en el caso de uno de los procesados, esta es su octava condena por delitos de robo.

Según la sentencia, facilitada por el TSJA, los hechos ocurrieron sobre las 15:30 del 12 de noviembre de 2022. Según los hechos probados, los acusados se desplazaron en coche hasta una avenida de un pueblo de Córdoba. Mientras uno realizaba labores de vigilancia desde el vehículo, el otro saltó una puerta metálica y accedió a una terraza trasera. Allí forzó la puerta de un trastero y sustrajo una bicicleta de carretera marca Scott, junto con un casco, zapatillas, gafas de ciclista y un cuentakilómetros, todo ello valorado en 1.435 euros. Inmediatamente después, ambos vendieron todo lo robado.

Por estos hechos, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó a ambos y el TSJA acaba de ratificar el fallo. Así, uno de ellos ha sido condenado a tres años y un día de prisión después de que se le haya aplicado la agravante de multirreincidencia, ya que el acusado contaba con una trayectoria delictiva de siete condenas previas firmes por delitos similares entre 2019 y 2022. Por estas condenas, sobre el procesado pesaban en total nueve años y cinco meses de prisión.

Por su parte, el segundo implicado ha sido condenado a dos años de prisión como copartícipe, al considerarse probado que existía un “concierto previo” y un reparto de funciones entre ambos para perpetrar el robo. Además de las penas de cárcel, ambos condenados deberán indemnizar de forma conjunta al propietario con 1.435 euros por los objetos sustraídos y no recuperados. Contra esta sentencia aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena impuesta a un conductor por un delito leve tras la desaparición de un dispositivo de inmovilización propiedad del Instituto Armado. La resolución judicial desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa, confirmando que el acusado actuó con conocimiento y voluntad de apropiarse del dispositivo.

El incidente tuvo su origen la madrugada del 19 de junio de 2025. Alrededor de las 1:56, una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil detuvo un coche en el kilómetro 359 de la carretera A-4. Tras realizar las pruebas pertinentes al conductor, se constató un triple positivo en cocaína, THC (cannabis) y anfetaminas. Ante el riesgo que esto suponía para la seguridad vial, los agentes procedieron a la inmovilización inmediata del vehículo utilizando un cepo oficial. Según recoge la sentencia, el conductor fue “debidamente enterado de las consecuencias legales del quebrantamiento de la inmovilización” en ese mismo momento.

La sorpresa para la Guardia Civil se produjo semanas después. El 15 de agosto de 2025, sobre las 9:00, una patrulla de tráfico regresó al lugar de la inmovilización para comprobar el estado del vehículo. Sin embargo, el coche ya no estaba allí y el dispositivo inmovilizador de la Guardia Civil también había desaparecido, desconociéndose actualmente su localización.

Además de la multa, el condenado deberá indemnizar a la Guardia Civil con poco más de 30 euros, cantidad en la que se ha valorado el dispositivo inmovilizador sustraído, y tendrá que abonar el pago de las costas. La sentencia es firme.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha señalado el próximo 19 de octubre como la fecha de inicio de las sesiones del juicio contra el acusado de acabar con la vida de su cuñado en Las Moreras. El proceso se llevará a cabo bajo el procedimiento del Tribunal del Jurado y, aunque en un principio se ha previsto una sola sesión, existe la posibilidad de que se amplíen los días de juicio.

Los hechos se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según el relato del fiscal, R.R.E. se encontró con su cuñada y su hija, iniciándose una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento con la esposa del acusado (su cuñada). Tras un forcejeo y gritos entre ambos, la situación pareció calmarse momentáneamente cuando la mujer de la víctima intervino para separar a los contendientes y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones, según el relato de los hechos de la Fiscalía. En ese instante, y “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”, sostiene el Ministerio Público.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato. Además de la pena de cárcel, solicitan diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y unos 38.000 euros para cada uno de sus hijos, entre otras cantidades para la madre y hermanos del fallecido.

Por el contrario, la defensa de J.M.P. ha rechazado la calificación de asesinato y sostiene que se trata de un homicidio. La defensa asegura que el acusado confesó los hechos ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al ver que su mujer había sido agredida previamente por la víctima. Asimismo, alegan que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por un “miedo insuperable” y en legítima defensa.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Córdoba a dos hermanas de Montalbán por un delito de administración desleal calificado por el abuso de relaciones personales, a quienes se les impusieron dos años de prisión cada una y la obligación de devolver los 36.000 euros que sustrajeron de las cuentas de su tía, una mujer octogenaria y analfabeta.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2007 y 2017, cuando las sobrinas asumieron el cuidado de su tía, nacida en 1926. Debido a que la anciana no sabía leer ni escribir, otorgó a a ambas una confianza plena para gestionar sus cuentas bancarias con el fin de que estas atendieran sus necesidades básicas. La víctima contaba con una ayuda a domicilio, dos pensiones de la Seguridad Social y ahorros en imposiciones a plazo fijo. A partir de que las sobrinas tomaron el control, empezaron a aparecer disposiciones en efectivo superiores a 500 euros sin que constara el consentimiento de la tía ni que fueran necesarias para sus gastos ordinarios. No obstante, durante ese tiempo sí se pagaron algunas reformas en la vivienda (una puerta acorazada y ventanas de aluminio por unos 3.200 euros en total) y se abonaron unos 850 euros a una prima por servicios de limpieza.

Aprovechándose de la vulnerabilidad de su tía y de que esta nunca gestionaba sus cuentas personalmente, las sobrinas procedieron a liquidar sus ahorros. Así, cancelaron una imposición a plazo fijo de 18.000 euros en Cajasur, que una de las acusadas se quedó en su propio beneficio. Tras haber movido fondos a otra cuenta en Banesto por consejo de las sobrinas, estas ordenaron la cancelación anticipada de otro depósito, apropiándose de otros 18.000 euros. En total, las acusadas se hicieron con 36.000 euros, dejando a su tía sin ahorros para cualquier gasto extraordinario y dependiendo exclusivamente de sus pensiones mensuales.

En enero de 2016, las sobrinas formalizaron ante notario un contrato de alimentos con su tía. En virtud de este documento, la anciana les cedía la nuda propiedad de su vivienda en Montalbán a cambio de que ellas le prestaran vivienda, manutención y asistencia de por vida. Sin embargo, la tía demandó posteriormente a sus sobrinas para anular este contrato, logrando en junio de 2016 un acuerdo por el cual la vivienda volvía a ser propiedad al 100% de la anciana.

En su recurso de apelación ante el TSJA, la defensa de las sobrinas alegó que el dinero había sido una donación en vida o que se utilizó para gastos familiares, como la entrada de una vivienda o un comercio. Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha desestimado estos argumentos, señalando que “no existe soporte documental” que acredite tal donación de una suma tan importante, a diferencia de otros contratos que sí formalizaron ante notario, como un contrato de alimentos sobre la vivienda de la anciana.

El tribunal también ha rechazado la alegación de prescripción del delito, aclarando que, dada la gravedad de la pena, el plazo de prescripción es de diez años, el cual no había transcurrido cuando se interpuso la denuncia en 2018. De igual modo, ha descartado la existencia de “dilaciones indebidas” en el proceso judicial. Además de la pena de prisión y la obligación de indemnizar conjunta y solidariamente a su tía con 36.000 euros más los intereses legales generados, el TSJA ha confirmado la multa de 1.440 euros para cada una de ellas y el pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena impuesta a un padre por un delito de abandono de familia en su modalidad de impago de pensiones al considerar probado que dejó de abonar durante más de dos años la pensión alimenticia fijada judicialmente para sus dos hijos menores, pese a contar con capacidad económica para hacerlo.

Según declara probado la resolución, hace diez años, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba obligó al padre a pagar una pensión de alimentos de 360 euros mensuales para el mantenimiento de sus dos hijos menores, cantidad que debía actualizarse cada año conforme al IPC. Sin embargo, el progenitor cumplió esta obligación desde enero de 2023 hasta abril de 2025, acumulando una deuda de 19.365,63 euros, lo que llevó a la madre a demandarle.

Tras su admisión a trámite y celebración del juicio, el Juzgado de lo Penal número 3 condenó al padre a diez meses de prisión pro un delito de abandono de familia por impago de pensiones, con la agravante de reincidencia, y a la prohibición de aproximarse a su expareja y a sus dos hijos a menos de 300 metros durante un año. Hay que señalar que, según la sentencia, el padre tenía capacidad económica suficiente para pagar la pensión de sus hijos, pero se negó a hacerlo. Además, el juzgado le impuso el pago de las deudas a su exmujer y el abono de las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular.

Frente al fallo, el padre recurrió, pero la Audiencia ha desestimado todos los motivos, declarando firme la sentencia.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha confirmado la condena de siete meses de prisión a dos personas por un delito de estafa cometido mediante un falso anuncio publicado en la plataforma Milanuncios con el que engañaron a una vecina de la provincia de Córdoba que creía estar adoptando gratuitamente un perro de raza bichón maltés. La Sala ha desestimado íntegramente los recursos de apelación presentados por ambos condenados y ha ratificado tanto las penas de prisión como la obligación de indemnizar a la víctima.

Los hechos se remontan al 23 de febrero de 2022. Según los hechos declarados probados, los dos acusados actuaron de común acuerdo y con el propósito de obtener un beneficio económico ilícito simulando, a través de un anuncio publicado en Milanuncios, que regalaban un perro de raza bichón maltés porque supuestamente no podían seguir cuidándolo por motivos de salud.

El anuncio despertó el interés de una mujer residente en la provincia de Córdoba, que contactó con los anunciantes mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con la intención de hacerse cargo del animal. Durante esas conversaciones, los acusados convencieron a la víctima de que debía asumir diversos gastos necesarios para completar el supuesto traslado del perro, como eran el seguro del transporte, el alquiler de un transportín y otros conceptos vinculados al envío del animal.

La víctima llegó a realizar pagos por importes de 150, 365, 385 y 550 euros, hasta alcanzar un total de 1.450 euros. Sin embargo, el perro nunca fue entregado porque los acusados nunca tuvieron intención de hacerlo. Además de la cantidad defraudada, la mujer soportó 21 euros de gastos bancarios derivados de las operaciones.

El juzgado de primera instancia condenó a cada uno de los acusados como autores de un delito de estafa a siete meses de prisión y a indemnizar conjunta y solidariamente a la perjudicada con 1.471 euros -1.450 euros correspondientes al dinero defraudado y 21 euros por gastos bancarios-. Ahora, tras el recurso de las defensas, la Audiencia de Bizkaia ha confirmado íntegramente las penas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de tres años de prisión impuesta a un quiromasajista de Córdoba como autor de un delito continuado de abusos sexuales. La sentencia desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por el acusado, confirmando la resolución previa de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Los hechos se remontan a la tarde del 14 de septiembre de 2020 en el gabinete del acusado. Según el relato de hechos probados, la víctima, que tenía entonces 20 años, acudió a una sesión de quiromasaje para tratar una dolencia de espalda. El procesado, aprovechando que la paciente se encontraba tumbada boca arriba, comenzó a bajar la toalla que cubría su cuerpo hasta dejar sus pechos al descubierto.

Posteriormente, el acusado bajó las mallas de la joven y le introdujo dos dedos en la vagina varias veces con cierta profundidad. El episodio finalizó cuando el hombre sacó su miembro viril de los pantalones e intentó que la víctima lo tocara con su mano, momento en el que ella la retiró de forma apresurada. La víctima se encontraba en un estado de bloqueo mental e incredulidad, ya que conocía al acusado por ser el tío de su cuñado y ya la había tratado en ocasiones anteriores sin incidentes. En la determinación de la pena, la Audiencia Provincial tuvo en cuenta dos circunstancias atenuantes: la de reparación del daño, porque el acusado abonó los 5.000 euros de indemnización solicitados antes del juicio, y la de dilaciones indebidas con carácter muy cualificado, dado que la causa tardó más de cuatro años en enjuiciarse a pesar de no ser una investigación compleja.

Pese a la reducción de pena al aplicar estas atenuantes, la defensa recurrió el fallo basando su apelación en la supuesta falta de validez del testimonio de la denunciante y la vulneración de la presunción de inocencia. Sin embargo, el TSJA ha avalado la valoración de la prueba realizada inicialmente, destacando que el testimonio de la víctima cumple con los requisitos de credibilidad subjetiva, objetiva y persistencia en la incriminación. En esa línea, el tribunal ha subrayado que no existía ningún móvil de resentimiento o venganza por parte de la joven, cuyo relato fue corroborado por su madre y su hermana, a quienes contó lo sucedido inmediatamente después de los hechos. La hermana llegó a declarar en el juicio que vio manchas de aceite en el cuerpo de la víctima, concretamente en las ingles y el pecho, zonas que no guardaban relación con el masaje de espalda solicitado.

Además de la pena de prisión, el TSJA ha ratificado la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima durante seis años y otros cinco de libertad vigilada. Contra esta resolución aún cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La crisis interna que atraviesa Asaja Córdoba ha dado un nuevo paso con la presentación ante los juzgados de una solicitud judicial por parte de tres miembros de su Junta Directiva, que acusan al presidente de la organización, Fernando Adell, de impedirles el acceso a documentación interna y anuncian que preparan una demanda para solicitar su cese.

En el escrito, facilitado a este periódico, y registrado el pasado viernes en sede judicial, los tres directivos sostienen que la dirección de la organización mantiene una política de “opacidad” y se niega desde hace meses a facilitar información que consideran esencial para ejercer sus funciones y defender los intereses de los asociados.

Presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba, en el documento, los solicitantes aseguran que la situación de la organización se ha deteriorado durante los últimos meses. Entre otras circunstancias, afirman que Asaja Córdoba carece actualmente de secretario general, que su Comité Ejecutivo funciona con menos miembros de los previstos en los estatutos tras varias dimisiones y que la Asamblea General rechazó el pasado mes de abril las cuentas correspondientes a 2025, la memoria de actividades y el presupuesto para 2026.

Según los promotores de la iniciativa judicial, el presidente habría perdido el respaldo mayoritario tanto de la Junta Directiva como de los socios, aunque, siempre según su versión, se habría negado a dimitir, convocar elecciones o celebrar determinadas asambleas extraordinarias solicitadas por los asociados.

Ante esta situación, los tres directivos han solicitado al juzgado la apertura de diligencias preliminares para que ASAJA Córdoba entregue las actas de todas las reuniones celebradas por el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva y la Asamblea General desde mayo de 2024 hasta la actualidad.

Además, reclaman que el presidente aporte la documentación relativa a su proclamación al frente de la organización en 2024, incluyendo la candidatura que presentó, los avales que la respaldaron y el acta de la comisión electoral que formalizó su nombramiento al concurrir una única candidatura. Los solicitantes sostienen que ya intentaron obtener esta documentación mediante varios requerimientos extrajudiciales, incluidos burofaxes y solicitudes dirigidas a un notario, sin éxito.

La finalidad de esta actuación judicial, explican en el escrito, es preparar una futura demanda en la que prevén solicitar el cese del presidente, impugnar distintas decisiones adoptadas durante su mandato y, en su caso, exigir las responsabilidades que pudieran derivarse de su gestión.

Corresponderá ahora al juzgado decidir si admite la solicitud y acuerda la práctica de las diligencias solicitadas antes de que los promotores formalicen las acciones judiciales anunciadas.

Desde Asaja Córdoba han declinado hacer declaraciones a este periódico.

El deterioro de las relaciones en el seno de una familia cordobesa, según la Audiencia Provincial, ha terminado de la peor manera posible en los tribunales de la capital. La Sección Primera ha confirmado la orden de desahucio de una mujer y sus dos hijas de la vivienda en la que residen en la ciudad. Quien ha llevado el caso hasta el final para expulsarlas del piso no ha sido un fondo buitre ni una entidad bancaria, sino la propia madre y abuela de las afectadas.

La sentencia ratifica el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba y decreta el desahucio por precario. Aunque el tribunal ha reconocido el “hondo, triste y doloroso calado” de la situación, agravada por la extrema vulnerabilidad económica de la demandada y sus hijas, el derecho de propiedad prevalece sobre los conflictos y la falta de entendimiento familiar. Según la sentencia, a la que ha accedido este periódico, la abuela es dueña de un piso en el que convivía con su hija y sus nietas, que actualmente tienen ocho y 18 años, aunque esta segunda era menor de edad cuando se inició el procedimiento. En la resolución no ha quedado constancia de que la abuela requiriera nunca ningún tipo de alquiler para que su hija y sus nietas vivieran allí.

Esa convivencia se produjo desde noviembre de 2019 hasta mediados de 2022, cuando la abuela sufrió un ictus y decidió irse a vivir a la casa de su otra hija, a apenas 80 metros de distancia, junto a su yerno. Fue a partir de ese momento cuando la relación entre las partes saltó por los aires, iniciándose una batalla legal que cristalizó en julio de 2024 con la interposición de la demanda de desahucio contra su hija.

Durante la tramitación del proceso, la defensa de la hija solicitó su suspensión debido a su delicada situación habitacional y económica. Los informes emitidos por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba en octubre de 2024 y enero de 2025 dejaron constancia que tanto ella como las nietas de la demandante sufrían “vulnerabilidad social y/o económica” dado que la mujer no tenía empleo e ingresaba 538 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital y una pensión de alimentos de 200 euros mensuales por una de sus hijas.

Pese a que el juzgado llegó a suspender provisionalmente el proceso durante dos meses para que el Ayuntamiento presentara una propuesta de alquiler social o ayuda inmediata, los plazos legales vencieron y la abuela solicitó en febrero de 2025 que se reanudara el caso, acordándose su continuación tan solo un mes después. En mayo de ese año, el Juzgado de Instancia número 12 de Córdoba dictó la primera sentencia, dando la razón a la abuela. Sin embargo, el lanzamiento no se ejecutó porque su hija recurrió ante la Audiencia, que ha resuelto el caso casi un año después.

En su escrito, la defensa alegó de forma explícita que la demanda de desahucio no era más que una maniobra de “venganza” y “represalia” después de que denunciara a su cuñado -quien vive con su madre- por un presunto caso de abusos sexuales sobre su hija mayor. No obstante, la Audiencia no ha considerado probado que esto sea así, pero sí ha dejado constancia de “una compleja situación de reiterado deterioro familiar” en la que ya existía una denuncia por una sustracción de objetos que acabó en una absolución. En líneas a rechazar el recurso, el tribunal ha recordado que el derecho a una vivienda digna obliga a las administraciones públicas a proveer recursos y buscar soluciones habitacionales, pero esa carga social no puede recaer sobre un propietario particular, aunque sea la propia abuela.

En definitiva, los magistrados han concluido que la hija y las nietas de la propietaria del piso residían en el mismo por mera “tolerancia” y que, al romperse los vínculos afectivos y cesar esa tolerancia, la dueña está en su derecho de recuperar la vivienda.

Un agente destinado en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le reconozca formalmente el derecho a acumular y disfrutar de los días de permiso por asuntos particulares que no pudo gastar por haber enlazado sus permisos por paternidad y cuidado del lactante.

Según consta en la resolución judicial, facilitada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado. Con este fallo, ratifica íntegramente una sentencia previa emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla, que ya en julio de 2025 dio la razón al agente andaluz frente a los criterios restrictivos impuestos por sus superiores en Córdoba.

Tras completar su periodo de baja por nacimiento de hijo y lactancia, el guardia civil -representado en el litigio por el abogado Miguel A. Carbajo Sellés- solicitó formalmente poder hacer uso durante el periodo 2024/2025 de un remanente de nueve días de asuntos particulares que le correspondían del ejercicio 2023/2024. Sin embargo, el Coronel Jefe de la Comandancia de Córdoba denegó de forma la solicitud en febrero de 2024. Meses más tarde, en junio de ese mismo año, el General Jefe de la IV Zona de Andalucía ratificó el veto al desestimar el recurso de alzada del afectado.

Los mandos del Instituto Armado argumentaron ante los tribunales que la Orden General número 1 de 2016, que regula las vacaciones y licencias internas, recoge de forma explícita y literal que este beneficio de acumulación está destinado en exclusividad a la “mujer guardia civil” para proteger las circunstancias biológicas derivadas estrictamente del embarazo y el parto. La Abogacía del Estado insistió en su recurso en que esta diferenciación no vulneraba derechos, sino que respondía a una “protección especial basada en una situación de hecho distinta”.

Sin embargo, el tribunal andaluz ha desmontado esta interpretación de la normativa interna en base a que, entre otras apreciaciones, “la normativa actual sobre permisos derivados del parto y lactancia está decididamente orientada a procurar la corresponsabilidad de los dos progenitores y el reparto equilibrado entre ambos de las cargas correspondientes”. El TSJA recuerda en el fallo que el marco normativo de los empleados públicos dio un vuelco con el Real Decreto-Ley 6/2019, que sustituyó los términos tradicionales en favor de conceptos como “permiso por nacimiento para la madre biológica” y “permiso del progenitor diferente de la madre biológica”, equiparándolos en tiempos y garantías. Interpretar la norma al pie de la letra, añade el tribunal, penalizaría de forma directa al padre por el mero hecho de ejercer la crianza, lo que constituye una discriminación por razón de sexo prohibida por el artículo 14 de la Constitución Española.

En consecuencia, la Justicia condena a la Administración a reconocer el derecho del guardia civil a disfrutar de los nueve días que le fueron hurtados. Asimismo, el dictamen establece de forma subsidiaria que, en caso de que ya resulte materialmente imposible el disfrute de las jornadas de libranza por razones operativas, el Estado deberá abonar al agente la cantidad de 780,48 euros, sumando a esta cuantía los intereses legales correspondientes. Finalmente, el TSJA ha condenado en costas a la Abogacía del Estado en esta segunda instancia judicial, fijando un tope máximo de 300 euros

La plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba ha fallado a favor del Ayuntamiento de la capital y ha condenado a Unicaja Banco a abonar a las arcas municipales la cantidad de 696.133,04 euros, más los intereses legales generados hasta el pago total.

Según el auto, facilitado a este periódico por el letrado que ha esgrimido la defensa del ayuntamiento, miembro fundador y presidente de Red Abafi de Abogados y Economistas, Rafael López Montes, el contrato de préstamo se suscribió en abril de 2007 entre el Ayuntamiento y la entonces Caja de Ahorros de Castilla la Mancha (entidad posteriormente integrada en el grupo Unicaja). Tras un proceso judicial, se declaró la nulidad total de dicho contrato, lo que obligaba a ambas partes a devolverse mutuamente todo lo percibido junto con sus intereses legales para regresar a la situación previa al acuerdo.

Aunque Unicaja Banco ya había consignado en la cuenta judicial la cifra de 8.160.611,96 euros en cumplimiento de la sentencia, el Ayuntamiento se opuso a esa liquidación al considerarla insuficiente. El tribunal ha concluido que los cálculos presentados por el banco eran erróneos por un motivo fundamental: Unicaja pretendía cobrar intereses legales sobre el capital inicial de 3.000.000 de euros durante todo el periodo (2007-2021). Sin embargo, el juez ha subrayado que el Ayuntamiento fue abonando amortizaciones trimestrales, por lo que el principal se iba reduciendo progresivamente.

Para el magistrado, aplicar intereses sobre el capital total cuando parte de este ya había sido devuelto “no se ajusta al contenido de la sentencia” y crearía un “beneficio indebido” para el banco. Por el contrario, la liquidación del Ayuntamiento sí tuvo en cuenta que el interés solo debe devengarse sobre el “capital vivo” o pendiente en cada momento. Tras analizar las cifras presentadas por ambas administraciones -lo que se deben mutuamente y los intereses procesales acumulados-, Unicaja deberá abonar al Ayuntamiento 696.133,04 euros

A pesar del fallo favorable al Consistorio, el tribunal ha decidido no imponer las costas procesales a Unicaja al considerar que no hubo mala fe por parte de la entidad, ya que realizó la consignación millonaria inicial en tiempo y el conflicto se limitó finalmente a una “valoración de los distintos criterios interpretativos” para realizar la liquidación técnica. Contra esta resolución, Unicaja Banco tiene todavía la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba en un plazo de veinte días.

El delegado de Seguridad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, no ha aclarado si el Consistorio conservó las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las zonas donde aparecieron los carteles anónimos con la imagen de la exalcaldesa Isabel Ambrosio durante la pasada campaña electoral.

La cuestión fue planteada por el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, durante el Pleno municipal mediante una pregunta directa: “¿Han guardado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia en los lugares donde apareció la campaña negativa contra el PSOE utilizando la imagen de Isabel Ambrosio?”.

Sin embargo, la respuesta por escrito del responsable municipal no despeja esa incógnita. En su contestación, Coca afirma que “según se ha conocido por prensa, se ha presentado la correspondiente denuncia en el juzgado y no se ha requerido al Ayuntamiento para ese cometido, ni se ha solicitado por el juzgado”, sin precisar si las imágenes están conservadas o no.

La polémica se remonta al pasado mes de mayo, cuando Isabel Ambrosio presentó una denuncia tras asegurar que un testigo había visto a una persona colocando los carteles anónimos en los que aparecía su cara para perjudicar al PSOE en la campaña electoral del 17M, y, posteriormente, subiéndose a un vehículo con distintivos del Ayuntamiento de Córdoba. Posteriormente, la Junta Electoral de Zona trasladó también el asunto al juzgado al apreciar posibles indicios de un delito electoral.

A raíz de esos hechos, el Grupo Municipal Socialista registró una solicitud para que el Ayuntamiento abriera una investigación interna y, entre otras medidas, ordenara la conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales correspondientes a los días en que aparecieron los carteles, con el fin de evitar su borrado mientras los hechos eran investigados por la autoridad judicial.

La respuesta ofrecida ahora por el delegado de Seguridad no aclara si esa petición fue atendida. El Gobierno municipal se limita a señalar que el juzgado no ha requerido dichas imágenes al Ayuntamiento, sin responder expresamente a si las grabaciones fueron preservadas tras la solicitud registrada por el PSOE.

Lo que comenzó como una demanda en la que un socio minoritario exigía casi diez años de cárcel para el administrador de su empresa acusándolo de haberle robado los beneficios, ha terminado en la Audiencia Provincial de Córdoba con una absolución después de que el tribunal comprobara que ambos empresarios acordaron defraudar a Hacienda mediante sobres de dinero en metálico.

Según la sentencia, a la que ha accedido Cordópolis, la Sección Segunda de la Audiencia ha absuelto al que era administrador único de una mercantil dedicada a la explotación de un bar ubicado en Gran Capitán de los delitos continuados de apropiación indebida, administración desleal y falsedad contable por los que venía siendo acusado. El tribunal ha desestimado la petición de condena tras destapar los magistrados que ambos empresarios operaban bajo un pacto mutuo de opacidad fiscal, lo que “resulta altamente dificultosa la determinación de cualquier perjuicio”.

La relación comercial entre ambos se inició en 2011. Al ser amigos íntimos, el administrador le vendió el 40% de las participaciones al demandante. Según detalla la resolución judicial, este ejercía como encargado por las tardes y frecuentaba el local de forma continua. En ese escenario, y según los hechos probados, “ambos socios decidieron que parte de la actividad del establecimiento se ocultara fiscalmente”.

Durante cuatro años, el sistema funcionó de manera pacífica mediante un goteo constante de dinero opaco. La Audiencia ha dejado acreditado el “abono durante ese tiempo de diversas cantidades en metálico a ambos socios; cantidades que no se declararon a Hacienda por ninguno de ellos y que ni siquiera eran documentadas con recibos”. Además, “eran muy frecuentes los pagos en sobres con dinero en efectivo, no ya entre los socios, sino como pago a trabajadores y a algunos suministradores”.

Sin embargo, en el año 2015, la relación personal se deterioró y el socio minoritario decidió interponer una demanda civil que luego mutó a la vía penal, exigiendo una indemnización de más de 417.000 euros. En el juicio, las pruebas aportadas por la defensa, las declaraciones de los empleados y el testimonio del asesor fiscal del local han sido determinantes para la absolución. Ante el tribunal, este contable describió cómo el socio que ahora se declaraba “engañado” jamás revisaba los balances de la sociedad, limitándose a acudir a reuniones informales donde “nunca pedía cuentas ni ninguna documentación”.

Además, la Audiencia ha desmontado la declaración del demandante, que pretendía hacer creer al tribunal que ignoraba por completo que en el local se manejaba dinero negro. “Las explicaciones con las que intenta justificar el desconocimiento de la actividad en B son simplemente rocambolescas y van contra el más mínimo sentido común (...) simplemente atenta a la razón que quien trabaja en el establecimiento, conoce las cantidades que se ingresan, conoce que hay un sobre que se aparta en negro, frecuenta el local (...) haya recibido de forma acreditada cantidades de dinero en B y en años no haya realizado la menor reclamación”. Por ello, para los magistrados, el demandante “no es un cándido ni un inocente, sino perfecto conocedor del funcionamiento de la sociedad y conforme con los repartos que se realizaban”.

Por todo ello, el demandante es “el primer interesado en ocultar sus ingresos” y, por tanto, no puede declararse perjudicado por una contabilidad opaca que él mismo amparó y de la que se benefició directamente durante años. Por último, la acusación particular también solicitaba que el procesado fuera condenado por falsedad mercantil, alegando que el administrador firmaba certificados asegurando que se habían celebrado juntas generales para aprobar las cuentas, cuando tales reuniones físicas nunca existieron. No obstante, la Audiencia lo ha absuelto también porque, si bien se documentaba una realidad ficticia ante el Registro Mercantil para poder depositar las cuentas anuales, esta práctica se realizaba con el perfecto conocimiento de todos los socios.

La forma de resolver los conflictos en Córdoba está cambiando, obligada por el atasco endémico de los tribunales y, sobre todo, por un giro en las leyes. La entrada en vigor de la Ley de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia ha introducido un término con el que los cordobeses se van a tener que familiarizar: el MASC (Medio Adecuado de Solución de Controversias). Ya no se puede demandar a la primera; la ley exige ahora, en el orden jurisdiccional civil en general, acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias antes de pisar el juzgado.

En este nuevo tablero de juego, el Colegio de la Abogacía de Córdoba ha tomado la delantera. Aunque su Centro de Mediación opera con éxito desde 2014, la institución dio un paso definitivo a finales del año pasado al aprobar el reglamento de su nuevo Servicio de Conciliación Privado y abrir un registro oficial de letrados conciliadores expertos en esta materia. Al frente de este impulso se encuentra Ana María Delgado, diputada responsable de la comisión de MASC de la institución, quien toma el testigo del trabajo realizado por Raquel del Moral, anterior responsable de esta comisión, siendo ambas las impulsoras de estas vías alternativas en la provincia.

El mecanismo está pensado para ser ágil. Cuando un ciudadano o una empresa cordobesa se topa con un conflicto civil o mercantil y quiere acudir a los tribunales, puede solicitar este servicio al Colegio. La institución designa a un profesional de su listado por turno rotatorio para que cite a las partes a una negociación pautada, estructurada formal y con actas oficiales. El proceso es totalmente voluntario. Si la otra parte se niega a ir o no responde, el conciliador emite un certificado con el que el demandante ya cumple el requisito de procedibilidad que le exige el juez para poder continuar con la vía judicial tradicional. Pero si se sientan a hablar, el porcentaje de éxito es altísimo.

A menudo se confunden, pero los profesionales marcan una línea muy clara basada en el papel que juega el experto neutral. En la mediación, que tiene un enfoque quizás más emocional, el mediador utiliza técnicas de comunicación para que sean los propios implicados quienes encuentren la solución sin proponer nada directamente, algo muy indicado para divorcios al inicio del proceso, problemas vecinales o herencias donde las partes deben seguir relacionándose en el futuro. Por el contrario, en la conciliación, el profesional sí puede poner una propuesta de acuerdo sobre la mesa tras escuchar a las partes, siendo una vía ideal y más fría para disputas comerciales, problemas entre empresas o reclamaciones económicas muy concretas.

Además, la ley destaca que las partes podrán acudir a cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias asistidas de abogado. Este, al ser director y asesor jurídico de su cliente, velará por los intereses del mismo, pero en un ambiente y espacio negociador propiciado por la intervención del tercero neutral (conciliador o mediador), contribuyendo así a convertir lo que podría ser un litigio agresivo en un trámite rápido de mutuo acuerdo.

Frente a la lentitud de la maquinaria judicial, que puede dilatar un asunto durante meses o años, este servicio destaca por su flexibilidad. Abogados conciliadores como Rosa y David ya están aplicando fórmulas mixtas y tecnológicas para romper barreras geográficas. El propio David relata un caso real tramitado recientemente en Córdoba en el que activó una sesión mixta donde una de las partes estaba físicamente en la sala del Colegio de Córdoba y la otra comparecía por videollamada desde Sevilla. El conflicto, que consistía en una modificación de la pensión de alimentos de un divorcio que requería ajustar las cuantías económicas, se resolvió en una sola sesión. El acuerdo intermedio evitó costes extra de desplazamiento y ahorró a la familia un calvario judicial de meses.

Para que el factor económico no sea una barrera, el Colegio de la Abogacía de Córdoba mantiene, además de su Centro de Conciliación privado, un convenio con la Junta de Andalucía. Gracias a este acuerdo, si al menos una de las partes implicadas es beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita, todo el proceso de conciliación es 100% subvencionado y no le cuesta nada a las partes implicadas. Frente a las conciliaciones privadas, que no habría un límite de sesiones preestablecido, en el caso de beneficiarios de justicia gratuitas, el número de sesiones subvencionadas es de tres. Actualmente, hay unos 50 letrados conciliadores inscritos en este turno específico en Córdoba, entre los que se integran profesionales como Rosa y David, y ya se han tramitado alrededor de 40 conciliaciones por esta vía de la gratuidad.

Mientras que la legislación general del Estado no obliga a los conciliadores a reciclar sus conocimientos, la Junta de Gobierno del Colegio de Córdoba se ha mostrado estricta con la calidad del servicio y exige a todos los abogados conciliadores de su registro formación continua y de reciclaje obligatoria. Los propios profesionales admiten que participar en este turno subvencionado, donde la Junta abona unos honorarios muy discretos por sesión y acuerdo gestionado, tiene un trasfondo puramente vocacional y social, definiéndose a sí mismos como “un poco quijotes” a los que les apasiona la cultura del acuerdo.

La Audiencia Nacional, a través de una sentencia de conformidad, ha condenado a una red criminal compuesta por 18 personas entre las que hay dos cordobeses. A cada uno de ellos se les ha impuesto un año y medio de prisión por un delito contra la salud pública, y otros tres meses de cárcel por integración en un grupo criminal dentro de una macrooperación contra el narcotráfico que destapó una red que operaba desde 2005 en España.

Según el fallo, ambos cordobeses actuaban como piezas clave en la logística de distribución de la resina de cannabis (hachís) a gran escala, pero la condena ha sido tan reducida dado que han reconocido los hechos y a que se ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Hay que señalar que la sentencia llega siete años después de que los cordobeses fueran detenidos y seis más tarde de que se iniciara la causa.

Así, uno de ellos fue arrestado en septiembre de 2019 mientras realizaba una ruta desde Málaga a Madrid conduciendo un coche en cuyo interior ocultaba 138,80 kilogramos brutos de hachís. Tras su detención, en el registro policial de su vivienda en Córdoba se incautaron 18.980 euros en efectivo, varios móviles, una moto y tres turismos dedicados a dar cobertura y soporte a los portes. Por otro lado, el otro cordobés compartía las tareas de transporte, pero su verdadera aportación radicaba en la contrainteligencia y la seguridad, ya que su piso en Córdoba funcionaba como un auténtico búnker de telecomunicaciones. Allí, la Policía intervino un portátil, un iPad y un arsenal de siete teléfonos móviles de distintas tecnologías (algunos encriptados y otros eran de tamaño mini para burlar registros). Además, los agentes encontraron 2.850 euros en efectivo y un coche. Junto a la pena de prisión, la Audiencia Nacional ha condenado a los cordobeses, y a los otros 16 procesados, a una multa de tres millones de euros y ha ordenado el decomiso de todos sus bienes.

Así operaba la red

La sentencia desgrana de forma pormenorizada el funcionamiento de la red. Al frente de la cúspide y encargado de la importación se situaba uno de los acusados, quien lideraba la obtención de la droga comprando la resina de cannabis directamente en Marruecos. Aprovechando sus frecuentes viajes hacia la península a través de la frontera de Ceuta, lograba introducir la sustancia oculta en dobles fondos estratégicamente construidos en sus coches.

Una vez la mercancía pisaba suelo peninsular, mover cargamentos masivos como los que gestionaban los cordobeses requería de una protección avanzada en carretera. Para evitar los controles de las fuerzas de seguridad, la trama utilizaba la técnica de los “coches lanzadera”. En este escalón operaba otro de los acusados, quien circulaba a bordo de un coche varios kilómetros por delante de los cargamentos principales de hachís con el único objetivo de alertar de forma inmediata a los dos transportistas cordobeses ante cualquier presencia policial en la autovía.

Superado el trayecto andaluz, el destino final de la droga era la capital de España. Allí, otros dos acusados coordinaban tanto el almacenamiento masivo en naves y pisos como la posterior venta al por menor en el mercado de Madrid. A partir de ese punto, la red se dividía en escalones inferiores de reventa entre los que había un estudiante de Derecho, quien, además, guardaba en su propio piso armas detonadoras y defensas eléctricas. En esa misma estructura de menudeo se movía otro acusado, quien acabó sorprendido por las autoridades con 3,28 kilogramos de hachís y un lote de 25 pastillas de éxtasis (MDMA).

El balance de las incautaciones en toda España

La presión policial ejercida contra este grupo criminal organizado se tradujo en importantes golpes económicos y decomisos de sustancias en diferentes puntos geográficos del país a lo largo de las distintas fases de la investigación. El golpe definitivo al núcleo central de la banda se asestó el 7 de septiembre de 2019, una jornada en la que se descabezó la red al incautar simultáneamente los 138,80 kilos al cordobés y, en paralelo, otros 162,42 kilogramos brutos de hachís en la vivienda de otros dos procesados. Sin embargo, las ramificaciones de la organización iban mucho más allá del eje entre Andalucía y Madrid, ya que mantenía lazos de distribución en el norte de España, concretamente en Galicia, donde las autoridades policiales lograron interceptar en La Coruña un cargamento de 38,54 kilogramos de resina de cannabis cuyo valor económico tasado ascendía a 212.751,86 euros.

A este montante se sumaron los decomisos efectuados en los escalones de menudeo y drogas sintéticas en la capital madrileña. En el registro efectuado en la vivienda de uno de los acusados, los agentes intervinieron sustancias preparadas para la calle por un valor de 19.199,53 euros en lo relativo al hachís, además de otros 1.397,75 euros correspondientes a las pastillas de éxtasis que le fueron aprehendidas. El valor de toda la droga incautada superó los 664.000 euros, el dinero intervenido, 24.680 euros; y las multas finalmente impuestas son superiores a los 54 millones de euros. Esta sentencia de conformidad no fue aceptada por otros tres procesados, quienes sí han ido a juicio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por una mujer, confirmando la sentencia que la condena como autora de un delito leve de coacciones. Los hechos, que tuvieron su origen en desavenencias laborales, han sido calificados por el tribunal como un “injustificado chantaje”.

Según el relato de hechos probados, el incidente ocurrió el 10 de abril de 2024, cuando la víctima -quien trabajaba como asistente administrativa en una empresa familiar- recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de la acusada. El mensaje incluía una fotografía de los glúteos semidesnudos de la víctima y el siguiente texto: “El subir fotos a las redes tiene sus consecuencias. Sigue acosando y grabando sin perjuicio de su familia y todas tus fotos serán enviadas a tus padres. Esta es la foto más flojita que tengo... no tientes a la suerte”. Por estos hechos, un juzgado de instancia condenó a la mujer a una multa de 640 euros, además del pago de las costas.

En su recurso ante la Audiencia, la procesada solicitó su absolución alegando que no existía una coerción clara. Sin embargo, el tribunal ha sostenido que el mensaje constituye una violencia psicológica de carácter intimidatorio. Según la sentencia, la acusada ejerció un “imperio ilegítimo” para cercenar la libertad de la víctima, atormentándola con la posibilidad de difundir imágenes comprometedoras ante sus padres.

La Audiencia también ha confirmado la proporcionalidad de la pena impuesta en primera instancia dada la gravedad del desasosiego causado a la víctima y la “consistencia suficiente” del comportamiento para afrentar seriamente su libertad de actuación. Contra esta sentencia no cabe recurso.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la sentencia que condenaba a una paciente de la Unidad de Salud Mental del Hospital Provincial por agredir a una enfermera en junio de 2020. La resolución ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa, confirmando íntegramente la pena de cuatro meses de prisión y la medida de seguridad de internamiento en un centro de salud mental.

El incidente tuvo lugar la tarde del 21 de junio de 2020. Según los hechos probados, la acusada se encontraba discutiendo con otro interno cuando la enfermera se acercó para intervenir en el conflicto. En ese momento, la acusada, plenamente consciente de la condición de enfermera de la víctima, comenzó a insultarla.

Cuando la sanitaria se giró, la agresora la agarró fuertemente del pelo y le propinó un fuerte puñetazo en la espalda. La enfermera tuvo que refugiarse en el despacho de enfermería mientras la acusada profería amenazas de muerte, realizando gestos amenazantes con el dedo en el cuello. Como consecuencia, la víctima sufrió lesiones cervicales y arañazos que tardaron diez días en sanar, aunque no ha reclamado indemnización.

Tras la condena de la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba, la defensa recurrió alejando una eximente completa de alteración mental dado que la acusada tiene un trastorno de personalidad límite, inestabilidad emocional, trastorno de conducta y consumo abusivo de sustancias con síntomas psicóticos.

Sin embargo, el tribunal ha rechazado esta eximente porque, aun reconociendo que la voluntad de la mujer estaba parcialmente afectada por su trastorno, en el momento de los hechos tenía conservado su conocimiento. Además, los peritos ratificaron que, aunque el consumo de drogas agravaba su agresividad, los hechos ocurrieron en un hospital donde el acceso a sustancias tóxicas no estaba permitido, lo que limitaba la incidencia de este factor en su conducta delictiva.

Por todo ello, la Audiencia ha confirmado los cuatro meses de prisión por un delito de atentado y 180 euros de multa por otro de lesiones. Además, el tribunal ha mantenido la medida de seguridad de internamiento por cuatro meses en un centro adecuado a su patología. Contra esta resolución no cabe recurso.

José Carlos Ruiz, concejal de Hacemos en el Ayuntamiento de Córdoba, ha iniciado acciones legales mediante la interposición de una demanda de conciliación el pasado 29 de junio. Este paso constituye un requisito previo antes continuar con las acciones penales por presuntos delitos de injurias y calumnias contra varios representantes y entidades que constituyen la Mesa por la Diversidad.

La acción legal se dirige hacia las asociaciones que forman parte de la Mesa de la Diversidad vinculada al Ayuntamiento de Córdoba, espacio desde el cual, según el demandante, se han orquestado ataques para socavar su honorabilidad profesional y personal.

El origen del conflicto jurídico se sitúa en una rueda de prensa conjunta celebrada el 11 de junio de 2026 en la que varios colectivos acusaron a Ruiz de actuar con intereses partidistas. Durante dicho acto, los portavoces de las asociaciones calificaron la gestión del concejal como una “pantomima con comportamientos fascistoides” y tildaron su actitud de “dictatorial, excluyente y sectaria”.

La demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, enfatiza que no se trata de un exceso verbal puntual, sino de una “campaña de hostigamiento” que se remontaría al año 2022. Ruiz ha alegado que los demandados han mantenido este ataque de forma persistente a lo largo del tiempo con un “inequívoco ánimus injuriandi”.

Por su parte, los colectivos demandados habían manifestado en una rueda de prensa previa que “la diversidad no pertenece a ninguna ideología”. En sus comparecencias públicas, han denunciado haber sufrido vetos y exclusiones por parte de la plataforma, la cual vinculan directamente a Ruiz, y criticaron la imposición de logotipos políticos en actos públicos.

Asimismo, José Carlos Ruiz exige que los colectivos se retracten pública y expresamente de sus acusaciones y reconozcan la falsedad de las mismas. El concejal solicita además que se cese en la difusión de estas afirmaciones en redes sociales y medios de comunicación; de lo contrario, ha advertido que procederá al ejercicio de las acciones penales correspondientes para restablecer su honor.