La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un año y seis meses de prisión al cuidador de una mujer por apropiarse de 61.200 euros de su patrimonio mientras esta permanecía sedada durante los últimos días de su vida. El tribunal considera acreditado que el acusado aprovechó el estado de inconsciencia de la víctima para acceder a su banca electrónica y realizar cuatro transferencias de 15.000 euros cada una, además de tres operaciones mediante Bizum por importes de 500, 500 y 200 euros, que fueron ingresadas en una cuenta de su titularidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, considera probado que la mujer ingresó el 16 de marzo de 2023 en el hospital debido a una grave dolencia que finalmente provocó su fallecimiento el 25 de marzo de ese mismo año. Durante los días previos a su muerte permaneció bajo sedación paliativa y, según los facultativos que la atendieron, había perdido la capacidad de conciencia y no podía manejar un teléfono móvil ni realizar operaciones bancarias.

El acusado llevaba trabajando desde 2009 como empleado doméstico y cuidador de la víctima. Esa relación de confianza hizo que dispusiera de las claves de acceso a la cuenta bancaria de la mujer, además de diversos poderes notariales para determinadas gestiones personales y patrimoniales. Sin embargo, la Audiencia concluye que utilizó esa posición de confianza para acceder a la banca 'online' de la víctima y transferir el dinero a su propia cuenta cuando ella ya no podía decidir por sí misma.

Los magistrados rechazan la versión ofrecida por el acusado, quien sostuvo durante el juicio que el dinero recibido era un “regalito” que la fallecida había querido hacerle antes de morir. La resolución considera esa explicación incompatible con el estado clínico de la mujer, ya que las pruebas médicas y los testimonios del personal sanitario acreditan que permanecía sedada y con la conciencia muy disminuida desde al menos 48 horas antes de su fallecimiento.

La sentencia también descarta que las operaciones pudieran haber sido realizadas por el hermano de la fallecida, como apuntó la defensa. La Audiencia recuerda que este había perdido meses antes los poderes sobre las cuentas bancarias de su hermana y que, además, fue quien presentó la denuncia una vez conocido el movimiento del dinero tras el fallecimiento.

En el momento de su muerte, la mujer había otorgado un testamento abierto, fechado el 2 de marzo de 2023, por el que designaba heredero universal a su hermano y establecía distintos legados en favor de Cáritas Diocesana de la Parroquia de Santas Margaritas y de Cruz Roja de Córdoba. Precisamente estas entidades y el hermano de la fallecida ejercieron la acusación particular durante el procedimiento.

Aunque las acusaciones solicitaron condenas por estafa y administración desleal, la Audiencia entiende que los hechos encajan en un delito de apropiación indebida agravada, al haberse producido una apropiación definitiva del dinero sin que existiera un engaño previo para obtener el desplazamiento patrimonial. Además, aprecia la agravante derivada de que el perjuicio económico superó los 50.000 euros.

Por estos hechos, el tribunal condena al acusado a un año y seis meses de prisión, al pago de una multa de siete meses y a indemnizar a los herederos de la fallecida con 61.200 euros, cantidad que deberá incorporarse a la herencia para cumplir la última voluntad testamentaria de la mujer.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a Carlos González a dos años de prisión como autor de un delito continuado de administración desleal cometido durante su etapa como presidente y máximo accionista del Córdoba CF SAD. La sentencia, la número 261/2026, le impone además una multa de siete meses con una cuota diaria de veinte euros, aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas y le absuelve del delito societario del que también venía acusado. La resolución, firmada por el presidente del tribunal, José María Morillo-Velarde Pérez, y los magistrados Juan Luis Rascón Ortega y María Dolores Márquez López -ponente de la causa-, no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La condena queda muy lejos de lo que reclamaba el Ministerio Fiscal, que en sus conclusiones definitivas pedía seis años de prisión por el delito principal y otro año y medio por el delito societario del que ahora resulta absuelto. Y es que el recorte no se limita a la pena: en materia de responsabilidad civil, la Fiscalía reclamaba indemnizaciones al club que sumaban en torno a 2,4 millones de euros y el tribunal las reduce a 77.828,55 euros, la cantidad que González deberá abonar al Córdoba CF SAD, más los intereses legales. A ello se añade la anulación contable de una factura de Azaveco por importe de 242.000 euros y el pago de la treintaiseisava parte de las costas del proceso, declarándose de oficio el resto.

El fallo deja libres de toda pena a los otros cinco acusados. Alejandro González Muñoz, hijo del expresidente y su sucesor en el cargo, queda absuelto del delito de falsedad en documento mercantil. Salvador Sánchez Díaz, agente FIFA y administrador de Football Management Sánchez, lo hace del delito societario y de la apropiación indebida continuada, sin declaración de responsabilidad civil para sus sociedades. Francisco Javier Jiménez Sacristán, exconsejero delegado, es absuelto de la administración desleal, la apropiación indebida y la falsedad documental. Y Andrés Delgado Doncel y Álex Gómez Comes habían quedado absueltos ya en la última sesión del juicio, cuando la Fiscalía retiró la acusación contra ellos y el tribunal lo anunció en el acto.

Tres operaciones clave

El tribunal se centra en tres operaciones muy concretas, todas ellas ligadas al beneficio personal del expresidente. La primera es una factura emitida el 31 de diciembre de 2017 por Azaveco, la sociedad de la que González es administrador único, con cargo al club y por importe de 200.000 euros más IVA, bajo el concepto de servicios de apoyo a la gestión durante el segundo semestre de aquel año. Los magistrados concluyen que esa factura no respondía a ningún servicio identificado ni contratado y que se emitió, en sus palabras, “ex profeso” para compensar contablemente un saldo de 206.219,55 euros que su sociedad debía al Córdoba. La operación se produjo apenas tres semanas antes de que las acciones se vendieran a Jesús León, y la sentencia sitúa ahí la clave: la maniobra buscaba salir limpio ante una venta que ya estaba decidida.

Las otras dos conductas son ciertamente menos cuantiosas. Por un lado, los 49.541,15 euros que el club pagó a la empresa ELA Servicios Globales por servicios de portería en la vivienda particular de González en La Moraleja, en Alcobendas, entre agosto de 2016 y diciembre de 2017. El expresidente alegó que se encontraba en una situación límite por las amenazas recibidas, pero el tribunal no acoge la explicación: el servicio se prestó en su domicilio de Madrid, que ya contaba con control de acceso propio y con la seguridad de la urbanización.

Por otro, los 28.287,4 euros de cargos personales en las tarjetas de La Caixa y Cajasur que el club le facilitó para gastos de representación. El detalle que recoge la sentencia es minucioso: plataformas de videojuegos online durante meses, compras en una joyería y en dos zapaterías de Madrid, una tienda de decoración de Majadahonda, bazares próximos a su domicilio, un establecimiento de maquetas y trenes eléctricos, El Corte Inglés, Media Markt y un seguro médico privado. La defensa justificó una de las compras de videojuegos como regalo a un jugador de la plantilla, argumento que los magistrados descartan al comprobar que los cargos se repitieron a lo largo de meses.

Dos años de prisión

Ante todo eso, el tribunal concluye que González realizó actos dispositivos en perjuicio de la SAD y en su exclusivo beneficio prevaliéndose de la presidencia, y descarta el error de prohibición (desconocimiento de la ilegalidad) que alegó su defensa: tratándose de un “empresario experimentado”, resulta imposible encajar bajo esa pretendida ignorancia la emisión de una factura falsa o el pago de servicios privados con fondos del club. Ninguna de las tres operaciones llega por sí sola a 50.000 euros, pero juntas suman 113.609 y es esa suma la que agrava el delito. Al superar esa cifra, la horquilla penal oscila entre uno y seis años de cárcel, pero el retraso del proceso hace que se rebaje el máximo posible a tres años y medio. Dentro de ese abanico, los magistrados no se van al mínimo, justificado en que los hechos se cometieron administrando un club de fútbol, algo que va más allá de un simple negocio, y con pequeños accionistas que reclamaban transparencia.

El resto de la acusación, que era además su parte más voluminosa, se cae por completo. El tribunal declara reales los servicios que Ecco Documática prestó al club desde Madrid, avala los dos préstamos de Football Management Sánchez -que la pericial de KPMG definió como una salida habitual para una empresa en concurso y sin acceso al crédito bancario-, no ve irregularidad en los contratos de secretaría técnica y scouting ni en las comisiones por los fichajes de Ryder Matos y Deivid, y respalda el reparto de dividendos de 1,5 millones de 2016 que la Fiscalía consideraba un maquillaje contable.

Seis años de instrucción

La sentencia resuelve también las dudas de procedimiento que el tribunal dejó aparcadas en la primera sesión, y lo hace en contra de las defensas en los dos asuntos de fondo. El abogado de González, Javier García Fernández, pedía anular parte de la acusación porque incluía tres hechos sobre los que su cliente nunca había declarado durante la investigación. El tribunal lo rechaza: en un caso tan complejo, dice, la acusación se va concretando con el tiempo y no tiene por qué coincidir palabra por palabra con lo que se investigó al principio, siempre que los acusados supieran de qué se les acusaba. Y aquí lo sabían desde el inicio.

El segundo argumento tampoco ha sido aceptado. Las defensas sostenían que el fiscal no podía reclamar dinero para un club que en 2021 había renunciado por escrito a cobrarlo. La respuesta del tribunal es que el Córdoba CF SAD no son solo sus dueños: los pequeños accionistas nunca renunciaron a nada y nadie les avisó de que podían sumarse a la causa. Lo confirmó en la vista José María Córdoba, presidente del sindicato de accionistas minoritarios, que declaró que a él no le llamó nadie y que mantenía la reclamación. Sí sale adelante la atenuante por el retraso del proceso, aunque en su versión suave y no en la reforzada que pedía la defensa: la investigación duró seis años y dos meses, y hubo que esperar otros siete hasta el juicio. El tribunal también descarta el segundo atenuante que reclamaba González, basado en que los hechos estaban ya cerca de prescribir.

El procedimiento arrancó con la denuncia que presentó el propio Córdoba CF SAD en septiembre de 2019, ya bajo la presidencia de Jesús León, y ha desembocado en un juicio de diez sesiones celebradas durante la primera quincena de junio. Contra la resolución cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de diez días desde su notificación. La sentencia ordena además que se ponga en conocimiento del club, único perjudicado reconocido en la causa.

La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central ha fijado el calendario para la vista oral por el trágico suceso ocurrido en la base cordobesa de Cerro Muriano, donde fallecieron el soldado sevillano Carlos León y el cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez. Según adelantó Radio Córdoba Cadena SER y ha podido confirmar este periódico, el juicio comenzará el próximo 26 de octubre y se extenderá, inicialmente, durante veinte sesiones repartidas entre los meses de octubre y noviembre.

El procedimiento se dirige contra cuatro mandos del Ejército de Tierra: el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, el comandante Luis Fernando Velasco Quero, y los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido. El tribunal ha programado las sesiones en horario de mañana y tarde, comenzando a las 09:30.

La acusación particular, ejercida por el abogado Luis Romero Santos en representación de la familia del soldado Carlos León, ha solicitado penas de diez años de prisión para cada uno de los cuatro oficiales encausados. Además de la privación de libertad, la acusación reclama la expulsión de la carrera militar, el pago de las costas judiciales y una responsabilidad civil que asciende a una cifra cercana a los 500.000 euros.

Los hechos que se juzgarán se remontan al suceso ocurrido en el ejercicio de paso de un lago artificial en la base de Cerro Muriano, una maniobra que, según la acusación, puso de manifiesto formas de proceder negligentes que deben ser erradicadas de la instrucción y formación del Ejército. Para la familia de las víctimas, este caso evidencia la necesidad de integrar la jurisdicción penal militar en la ordinaria, limitando la primera a cuestiones meramente administrativas.

El juicio contará con la intervención de diez partes con capacidad de interrogatorio, incluyendo tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de una compañía aseguradora. Se ha previsto la comparecencia de más de cien testigos y peritos. Antes del inicio formal de la vista en octubre, el tribunal ha señalado el próximo 31 de julio para llevar a cabo la insaculación del Vocal Militar que deberá juzgar y fallar el procedimiento.

La familia del soldado Carlos León ha reiterado su compromiso de trabajar para que se depuren todas las responsabilidades y el caso no caiga en el olvido. A pesar de los intentos previos por parte de algunas defensas de sancionar al portavoz de la familia por sus declaraciones ante los medios, el Juzgado Togado Central archivó dichas actuaciones al considerarlas amparadas por el derecho a la libertad de expresión e información.

Los matrimonios cordobeses rompieron menos sus relaciones durante 2025. Los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un descenso tanto de las separaciones como de los divorcios en la provincia, consolidando además una tendencia en la que la inmensa mayoría de las rupturas se resuelven de mutuo acuerdo.

En el caso de los divorcios, el INE contabilizó 1.261 en la provincia durante 2025, frente a los 1.358 registrados un año antes, lo que supone una reducción del 7,1%. La mayoría de estos procesos se resolvieron mediante acuerdo entre los cónyuges.

En concreto, 959 divorcios fueron no contenciosos, mientras que 302 acabaron dirimiéndose por la vía judicial al no existir consenso entre las partes. Aunque los divorcios pactados siguen siendo claramente mayoritarios, el número de procedimientos contenciosos aumentó ligeramente respecto a 2024, cuando se registraron 273.

En lo que respecta a las separaciones, el pasado año se registraron únicamente 53, la cifra más baja de toda la serie histórica que el organismo estadístico mantiene desde 2013. En 2024 se contabilizaron 86, por lo que el descenso interanual fue de cerca del 38%.

La estadística también muestra que, cuando una pareja cordobesa opta por la separación, lo habitual es que exista acuerdo entre ambas partes. De las 53 separaciones registradas en 2025, 47 fueron de mutuo acuerdo, mientras que solo seis se tramitaron de forma contenciosa.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, no ve “suficientemente determinado” que intervenga el experto en telecomunicaciones que le han solicitado los tres peritos judiciales para comprender “por qué nadie advirtió la ubicación del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste”.

Según recoge la providencia de este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, visto el escrito presentado por los peritos judicialmente designados, en el que interesan la intervención de un ingeniero de telecomunicaciones especialista en el ámbito ferroviario para la elaboración del dictamen pericial encomendado, así como el informe del Ministerio Fiscal obrante en las actuaciones, antes de resolver sobre dicha solicitud, requiere a los peritos para que dentro del plazo de 9 días procedan a “reevaluar la necesidad de intervención del citado profesional y amplíen en su caso la fundamentación de su petición”.

En este sentido, les pide que precisen “de forma concreta el objeto de actuación técnica interesada y su incidencia en el esclarecimiento de las causas del accidente ferroviario del que trae causa la presente instrucción”. Ello por cuanto, a la vista de las actuaciones practicadas y de la justificación ofrecida, “no resulta suficientemente determinado que la intervención interesada se proyecte sobre extremos directamente relacionados con las causas del accidente, pudiendo referirse, en principio a hechos posteriores que exceden del objeto de la pericia”, expone la jueza.

Asimismo, pide nuevamente a los peritos para que dentro del plazo anterior “manifiesten si estiman necesaria la intervención de cualesquiera otros profesionales o especialistas para la adecuada emisión de su informe, indicando en cada caso la concreta finalidad de su intervención y su vinculación con el objeto de la instrucción”.

Ante ello, da traslado a los peritos, quedando los autos pendientes de resolver sobre la procedencia de la asistencias técnicas interesadas una vez evacuado el presente requerimiento. Contra dicha providencia cabe recurso de reforma mediante escrito presentado en la Oficina judicial en el plazo de tres días contados desde su notificación.

Petición de los peritos

Al respecto, los investigadores consideran “necesario” la participación de “un ingeniero de telecomunicaciones especializado en comunicaciones ferroviarias” para que les “aclare los enclavamientos y sistemas de detección que tiene la vía para detectar la presencia de un tren en cada uno de los cantones ferroviarios”, así como “las comunicaciones de este sistema con el puesto de mando”.

Los peritos resaltan que, “tras el estudio de la documentación y proyectos de las actuaciones de renovación de vía que se llevaron a cabo poco antes del accidente”, podría ser necesario la elaboración de diversos estudios del terreno que permitan “valorar si en la posible rotura del carril coincidieron otros factores externos a la propia soldadura”.

Así las cosas, “pensando en un fallo del terreno”, los expertos señalan la posibilidad de ejecutar “una campaña geotécnica” para aclarar “el comportamiento de los materiales de la infraestructura ferroviaria en la zona adyacente”, para lo que proponen “el estudio de la ejecución de, al menos, dos sondeos a 15 metros de profundidad en la zona de la infraestructura más cercana a la rotura de carril” y “no menos de cuatro ensayos SPT en las zonas adyacentes a la ubicación de la rotura de carril”.

Solicitud a ADIF

Por otra parte, en la misma providencia, la jueza informa de que ha recibido por la representación procesal de Adif un escrito del día 17 de julio por el que se aportan expedientes requeridos sobre la contratación de obras y suministros de renovación de la vía que aún no constaban en la causa, en virtud de la providencia del día 12 de julio, de modo que se une a las diligencias y se tiene “por cumplimentado parcialmente en plazo el requerimiento efectuado”.

En este caso, asegura que los “proyectos relativos a la ejecución y modificados, si los hubiere, del expediente de renovación de elementos de la línea aérea de contacto de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, de los kilómetros 315 a 470 no han resultado aportados a fecha de la presente por dificultades técnicas derivadas del peso de los archivos, habiéndolo puesto en conocimiento de la Sección la representación procesal de Adif”. Por ello, la jueza pide a Adif, mediante su representación procesal, que en el plazo de dos días ponga a su disposición, mediante USB, la documentación requerida y “no aportada por problemas técnicos”.

Igualmente, da traslado de los expedientes administrativos aportados a los peritos designados judicialmente para que dentro del plazo de 9 días informen a este órgano judicial, a la vista de la documentación aportada y el contenido de su informe del día 3 de julio, “si resulta necesaria la intervención de determinados profesionales o especialistas para la adecuada emisión de su dictamen, indicando en cada caso la finalidad de su intervención y su vinculación con el objeto de la instrucción, quedando los autos pendientes de resolver sobre la procedencia de la asistencias técnicas interesadas una vez evacuado el presente requerimiento”, todo ello, “sin perjuicio, de darle traslado del resto de documentación aportada por la representación procesal de Adif una vez haya sido formalmente presentada”.

En este sentido, la jueza solicitó la aportación del proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el tramo Guadalmez-Córdoba, así como el expediente de suministro, transporte y premontaje de aparatos de vía. También, la documentación relativa al suministro, transporte y balasto para la renovación de desvíos; el proyecto de renovación de desvíos (fase 2) en la misma línea, y los proyectos relativos a la ejecución y modificados, si lo hubiera, de la renovación de elementos de la línea aérea de contacto de la LAV Madrid-Sevilla entre los kilómetros 315 y 470.

La causa según un ingeniero

De igual modo, en la providencia se recoge que se une al caso el oficio remitido por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de fecha del 3 de julio, por el que se remite al juzgado un informe y fotografías de las causas y lugar del accidente remitidos a la Policía Judicial por un especialista en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Al hilo, la Guardia Civil traslada que dicho ingeniero colegiado redacta “un informe acompañado de fotografías supuestamente del lugar del accidente de Adamuz, centrando su parecer técnico en una fractura de carril provocada, según su criterio, por una mala ejecución de la soldadura”.

Sobre el origen de las fotografías, indica que “las obtuvo a través de un grupo de WhatsApp de técnicos e ingenieros que las estaban difundiendo y comentándolas, pero que las mismas fueron realizadas por la Dirección de Seguridad y Autoprotección de la vía de ferrocarril de Sevilla de Adif o Renfe poco después de ocurrir el accidente”.

Con el fin de “profundizar en el origen y trazabilidad de esas fotografías”, el día 30 de junio, los agentes de la UOPJ se pusieron en contacto telefónico con el ingeniero, al objeto de obtener más datos, solicitándole que aportara datos de trazabilidad y de origen de las fotografías.

Sin embargo, tres días después esta persona aún no había aportado los datos solicitados, por lo que “continúan las gestiones tendentes a completar la información recibida sobre el origen de las fotografías, y poder así, determinar su interés o no de incorporarlas a las actuaciones”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una pena de dos años y dos meses de cárcel para la antigua directora del centro de mayores de la calle Frailes de Córdoba por los delitos de fraude y estafa. La mujer, que ha reconocido los hechos, tendrá que devolver más de 170.000 euros.

En concreto, el fallo señala que la antigua directora ocultó la muerte de uno de los residentes para seguir cobrando su pensión. También habría creado una plaza “fantasma” en la residencia para desviar el dinero de los familiares a su propia cuenta bancaria.

Según los hechos probados reflejados en la sentencia, la acusada aprovechó su cargo para lucrarse mediante dos operativas distintas. En la primera de ellas, tras el fallecimiento de un residente en enero de 2021, la mujer no comunicó la defunción a la Seguridad Social para continuar percibiendo la pensión en la cuenta que el fallecido compartía con su esposa, también residente en el centro. Posteriormente, contrató una nueva cuenta bancaria a nombre de la viuda —quien padecía una discapacidad mental— y vinculó a ella un teléfono personal para operar con una tarjeta de débito. A través de esta maniobra, realizó 20 operaciones fraudulentas, incluyendo transferencias a una cuenta de su propia hija menor de edad, apoderándose de un total de 37.808 euros.

La segunda trama delictiva se extendió durante casi una década, entre 2013 y 2022. La condenada, siempre según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, ideó la creación de una plaza adicional en la enfermería del centro que no constaba en los registros oficiales de la residencia ni de la Junta de Andalucía. La mujer firmaba contratos con los familiares de los nuevos residentes siguiendo el modelo oficial, pero les indicaba que los pagos debían realizarse en efectivo o en una cuenta bancaria personal o compartida con su hija. Para evitar que el fraude fuera detectado por la institución, la directora no inscribía a estos residentes en el Libro de Registro de Usuarios. Mediante este sistema de “plazas fantasma”, la acusada llegó a apropiarse de 140.637 euros provenientes de las mensualidades de numerosos residentes.

El tribunal ha tenido en cuenta las atenuantes de confesión y reparación del daño, ya que la acusada reconoció los hechos antes del juicio y realizó algunas consignaciones económicas para devolver lo estafado. Finalmente, la condena se divide en cinco meses de prisión por el delito de fraude a la Seguridad Social y un año y nueve meses por el delito de estafa.

Además de la pena de cárcel, la exdirectora ha sido inhabilitada para trabajar en residencias de mayores durante cinco años y deberá indemnizar al Banco de Santander y a la Fundación San Juan de Dios de Lucena con las cantidades totales defraudadas.

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) habría incumplido durante años el reglamento que regula la bolsa de trabajo de la entidad. Así ha quedado de manifiesto en una sentencia condenatoria después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya desgranado la conversación que el trabajador represaliado mantuvo con el director de Recursos Humanos de esta entidad pública.

En esa conversación de abril de 2024, reproducida en el fallo judicial, el director de Personal confesó que, durante los refuerzos realizados por la crisis sanitaria del Covid, “no se respetó la bolsa de trabajo”. Según sus propias palabras, la empresa decidió llamar de manera excepcional a seis trabajadores -entre ellos, el demandante- basándose únicamente en que eran quienes habían prestado servicios más recientemente. Este responsable de Recursos Humanos llegó a reconocer que “lo normal en esa bolsa era trabajar dos y tres meses”. El periodo de tiempo de empleabilidad quedó reflejado en el reglamento de la bolsa de trabajo de 2022, convocatoria en la que participó el demandante.

El directivo justificó este incumplimiento alegando que estos empleados ya contaban con formación previa, lo que evitaba que Emacsa tuviera que invertir tiempo y recursos en instruir a nuevos candidatos que, por orden riguroso de puntuación, tenían más derecho a ser llamados. Según lo recogido en la sentencia, esta gestión arbitraria se habría extendido desde 2020 hasta 2023.

La grabación revela que el directivo utilizó este “favor” para reprochar al trabajador su supuesta “deslealtad” por haber interpuesto una demanda previa por despido improcedente. Durante el encuentro, el responsable de Personal advirtió al operario que, debido a su reclamación judicial, “se le cerraban las puertas para fijo”. Además, el directivo llegó a asegurar que le sería “muy difícil puntuarlo bien en la entrevista” de futuros procesos selectivos, dado que él mismo formaba parte de los tribunales evaluadores.

Ante esta afirmación por parte del directivo de Personal, que se le presupone veracidad porque sería extraño que una persona se autoinculpe de una infracción administrativa, este periódico ha formulado varias preguntas a Emacsa: ¿Qué consecuencias ha tenido para este trabajador este incumplimiento? ¿El expediente disciplinario efectuado por la empresa es únicamente por la condena del TSJA o también por la infracción relativa a la bolsa de trabajo? ¿Emacsa ha analizado sus contrataciones para comprobar en cuántos casos se han producido estos incumplimientos?

La empresa pública no ha respondido a estas cuestiones trasladadas por este medio.

La plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba ha absuelto a un hombre para quien el Ministerio Fiscal solicitaba penas de hasta un año de prisión por estafa informática y, de forma alternativa, nueve meses por blanqueo de capitales por imprudencia grave. El magistrado ha determinado que no existe prueba suficiente que vincule al acusado con la trama de phishing que sustrajo más de 1.000 euros a una víctima que acabaron en su cuenta bancaria.

Los hechos probados se remontan a abril de 2022, cuando la perjudicada recibió un SMS que suplantaba la identidad del BBVA. El mensaje alertaba de un acceso fraudulento y facilitaba un enlace a una web idéntica a la del banco donde la mujer introdujo sus claves, permitiendo que desconocidos tomaran el control de su cuenta. Inmediatamente, se ordenó una transferencia de 1.105 euros hacia la cuenta del acusado, defendido por el letrado Salvador López Vinuesa.

A pesar de que el dinero llegó a la cuenta del procesado, el magistrado ha considerado que los indicios son insuficientes para condenarlo. En primer lugar, el acusado abrió la cuenta de forma presencial y la utilizaba para sus movimientos cotidianos, por lo que es “contrario a la experiencia humana” que alguien que pretenda ocultar un delito utilice un instrumento tan fácilmente rastreable. En segundo lugar, el dinero transferido por la víctima permaneció en la cuenta durante 19 días sin que el acusado intentara moverlos o esconderlos. Finalmente, fue la propia entidad bancaria la que retrocedió la operación tras la denuncia de la víctima. En tercer y último lugar, no se ha podido probar que el procesado enviara el SMS, creara la web falsa o estuviera concertado con quienes lo hicieron.

Asimismo, el juez ha descartado la acusación de blanqueo de capitales, argumentando que la ley española no castiga la participación imprudente en una estafa y que el dinero no se ingresó para ser “lavado”, sino como parte de la ejecución del fraude mismo. Además, haciendo uso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el caso se enmarcaría en un “negocio de bagatela” debido a que la cuantía (poco más de mil euros) es “insignificante” para afectar “al orden socioeconómico”, bien jurídico que protege el delito de blanqueo.

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) fue condenada el pasado mes de marzo por no contratar a un empleado en una plaza de oficial de oficios al considerar probado que se trató de una represalia directa por haber demandado previamente a la entidad. Así lo ha fallado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de la que se informó muy brevemente en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba del pasado mes de mayo, no abordando la sentencia en su integridad, que recoge que el director de Recursos Humanos le llegó a decir al empleado que, con la demanda, se le habían “cerrado las puertas para el fijo”.

Según la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el empleado mantenía una relación laboral con Emacsa desde junio de 2017 a través de una concatenación de siete contratos temporales. En septiembre de 2023, su contrato fue extinguido, una decisión que el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba declaró como despido improcedente al determinar que los contratos vinculados a la atendían, en realidad, a necesidades permanentes de la empresa. Paralelamente a esta situación, este trabajador había participado en octubre de 2022 en un concurso-oposición interno para cubrir una plaza de oficial de oficios en la subárea de depuración. Tras superar las pruebas, el trabajador obtuvo la tercera posición en la lista definitiva de aprobados, la cual, según el convenio colectivo y las bases del concurso, tenía una vigencia de dos años para cubrir futuras vacantes.

El punto de inflexión del caso se produjo en abril de 2024, un mes antes de que la empresa debiera llamarlo para ocupar una vacante. En aquel mes, el trabajador mantuvo una conversación con el responsable de Recursos Humanos de Emacsa en la que este le recriminó haber demandado a la empresa por su despido previo. En la grabación de dicho encuentro, el directivo se mostró “sorprendido y decepcionado” por la reclamación judicial, calificándola de “desleal”. De forma explícita, el responsable de RRHH le advirtió que con esa conducta “se le cerraban las puertas para fijo” y que, al formar él mismo parte de los tribunales evaluadores, le sería “muy difícil puntuarlo bien en la entrevista” de futuros concursos. El juzgado de instancia consideró que estas palabras eran un “desahogo”, pero para el TSJA, constituyeron una “amenaza”.

Poco después, en mayo de 2024, surgió una vacante de oficial de oficios. Según la sentencia, Emacsa, ignorando el orden de la lista donde el empleado era el siguiente candidato, decidió “saltarlo” y adjudicar la plaza al aspirante que ocupaba la quinta posición. En la respuesta a su demanda, Emacsa intentó justificar su actuación alegando que el trabajador no tenía un contrato vigente en el momento de la vacante y que, por tanto, no cumplía el requisito de ser “personal de la empresa”. Sin embargo, el TSJA rechazó esta tesis de forma tajante, calificándola de “interpretación restrictiva” y contraria a la finalidad del proceso selectivo.

De este modo, el tribunal dictaminó que el requisito de pertenecer a la plantilla debe cumplirse en el momento de concurrir al proceso, pero no es necesario mantener el contrato durante los dos años de vigencia de la lista de aprobados para ejercer el derecho a la plaza. Para los magistrados, el salto en la bolsa careció de justificación técnica y fue un “comportamiento antijurídico” conectado temporalmente con las amenazas del directivo.

La revocación

La sentencia del TSJA revocó el fallo inicial de instancia y condenó a Emacsa a otorgar al empleado la plaza de oficial y a abonarle los sueldos que dejó de percibir desde mayo de 2024, cuando su plaza fue ocupada indebidamente por otra persona. Además, a la empresa pública se le impuso una condena adicional de 7.501 euros por la vulneración de la garantía de indemnidad del trabajador, que el TSJA calificó como una infracción muy grave.

Tras conocer la sentencia en su integridad, este periódico formulo una gran batería de preguntas al gabinete de comunicación de Emacsa que apenas han sido respondidas. Así, la empresa pública ha asegurado que se acató la sentencia, que el trabajador fue readmitido en su puesto y que al director de Recursos Humanos se le abrió un expediente disciplinario. Aunque en un primer momento Emacsa aseguró que el “responsable de Personal volvió a su puesto tras cumplir el expediente disciplinario”, en posteriores conversaciones con este medio, el gabinete de comunicación no ha querido volver a confirmar esto. Además, tampoco ha querido informar en qué ha consistido dicho expediente y durante cuánto tiempo se ha aplicado, tratándose además de una empresa pública.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha autorizado el traslado de tramos de carril de la zona en cuestión para el análisis en los laboratorios, que tendrán seis meses para emitir un informe, tras recibir las muestras.

Según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se autoriza la práctica de las diligencias periciales e investigaciones técnicas propuestas consistentes en los ensayos metalúrgicos sobre los vestigios y muestras obrantes en las presentes actuaciones.

Atendiendo a “la especial complejidad técnica y trascendencia de las actuaciones” comprendidas en el lote I, se encomienda la ejecución de dicho lote al laboratorio propuesto de naturaleza pública Cenim, “por apreciarse, 'prima facie', una mayor solvencia técnica y capacidad operativa, haber ofrecido una propuesta de trabajo más clara y estructurada, y al resultar un laboratorio de naturaleza pública encontrándose adscrito al CSIC, ello para realizar los análisis, ensayos, actuaciones y/o pruebas previstos, sin perjuicio de las restantes actuaciones que corresponden al otro laboratorio interviniente, Aimen, al que le corresponderán los trabajos incluidos en el lote II conforme a su propuesta”.

De este modo, la jueza acuerda que el traslado de las muestras, piezas y/o probetas entre el lugar de depósito y los distintos laboratorios se efectuará bajo el control y supervisión de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, levantándose la correspondiente diligencia en la que se hará constar la identificación completa de las personas que entregan y reciben las muestras, piezas y/o probetas, fecha, hora y lugar de cada entrega y recepción, identificación individualizada de cada muestra, pieza y/o probeta, finalidad concreta del traslado, así como cualquier otro dato que resulte de relevancia y necesidad para garantizar la cadena de custodia, las actas que se extiendan deberán de ser remitidas al juzgado.

Peritos y Guardia Civil

Tanto la UOPJ como los peritos designados judicialmente deberán de estar presentes en todas las operaciones de apertura de embalajes, toma de muestras, extracción/identificación de probetas, corte de piezas o cualquier otra actuación que implique alteración, división o destrucción parcial o total de las muestras originales, levantándose acta por la Policía Judicial que deberá ser remitida al órgano judicial.

Con ocasión de dichas actuaciones, se procederá a la apertura de nuevas hojas o registros individualizados de cadena de custodia para cada uno de los fragmentos, porciones o probetas obtenidos, manteniendo en cada momento la plena trazabilidad respecto de la muestra de origen.

Las reuniones de seguimiento técnico que se celebren por los laboratorios designados, así como cualquier actuación de especial relevancia pericial, incluyendo, entre otras, la apertura de embalajes, selección/toma de muestras, extracción/identificación de probetas, trabajos de corte, realización de ensayos destructivos, transferencia entre laboratorios, interpretación conjunta de resultados o decisiones metodológicas relevantes, deberán ser comunicadas al juzgado con una antelación mínima de 15 días a ser practicada/s.

A dichas actuaciones serán convocados los peritos judiciales designados en la causa, al objeto de posibilitar su asistencia y garantizar los principios de contradicción, inmediación técnica y plena transparencia en la práctica de las diligencias periciales.

Cualquier desplazamiento de muestras o probetas entre los laboratorios deberá ser ejecutado bajo control de la Policía Judicial, dejándose constancia documental de la continuidad de la cadena de custodia, extendiéndose acta que deberá de ser remitida al juzgado.

Los laboratorios intervinientes adquieren la condición de depositarios judiciales de las muestras, probetas, efectos y/o vestigios que les sean entregados, quedando sujetos a las responsabilidades legales inherentes a dicha condición y debiendo de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar su estado de conservación e integridad, su protección frente a pérdidas, alteraciones, contaminaciones o accesos no autorizados, así como la custodia en instalaciones seguras de todas aquellas muestras o probetas que no se encuentren en uso.

Sistema de control

Además, la jueza subraya que “los laboratorios deberán implantar sistemas de control de acceso que permita identificar de forma precisa: la persona que accede a la muestra o probeta, la fecha y hora de acceso, la actuación realizada, la finalidad o propósito del acceso”. El registro quedará a disposición del juzgado cuando fuere requerido.

Toda la información relativa al traslado, manipulación, análisis y custodia de las muestras tendrá carácter reservado y confidencial, debiendo de adoptarse por los laboratorios las medidas necesarias para impedir la divulgación de datos o resultados fuera del ámbito de la presente instrucción.

Los informes, dictámenes, resultados analíticos, cuadernos de laboratorio, registros instrumentales y demás documentación técnica que se genere deberá remitirse por los laboratorios al juzgado a través de la UOPJ, sin perjuicio de la remisión de los mismos informes a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Debiéndose de hacerse la remisión de manera simultánea.

Igualmente, deberán de preservarse a disposición del órgano judicial, en la medida en el que la técnica y materialmente resulte posible, cantidades suficientes de muestra original y de las probetas obtenidas, a fin de permitir la práctica de análisis complementarios o de contradicción pericial que pudieran interesarse en el curso de la instrucción.

PRUEBAS ANALÍTICAS Y TÉCNICAS

Por lo que respecta a las pruebas analíticas, ensayos y trabajos descritos en la propuesta de contratación del Cenim, deberá de añadirse a los 12 procesos descritos la práctica del peso por metro lineal de cada uno de los tramos de vía a ensayar previstos en el estudio.

Por lo que respecta a las técnicas para medir el hidrógeno cuya realización se prevé/aconseja por el Cenim en su propuesta, deberán practicarse, y dado que, según la documentación obrante en las actuaciones, la concreta entidad o empresa ejecutante de los mencionados ensayos no ha resultado aún determinada, se acuerda que cualquier subcontratación de dichos análisis estará condicionada a la previa autorización judicial.

La comunicación previa a la Sección deberá incluir la identificación de la empresa, entidad, organismo y/o laboratorio que se propone para realizar los trabajos, detallando su solvencia técnica, instalaciones y concretas pruebas o actuaciones a desarrollar, y demás datos que se consideren de utilidad a efectos de valoración y resolver la propuesta. Dicha comunicación deberá de hacerse con una antelación mínima de un mes respecto de la fecha prevista para el inicio de tales trabajos.

Ambos laboratorios, Cenim y Aimen, deberán acreditar la calibración y homologación exacta de los procesos y maquinaria empleada. Asimismo, disponen de un plazo de seis meses a contar desde la fecha de la recepción de las muestras para emitir su informe y/o dictamen final, que “deberán de ponerlos inmediatamente a disposición del órgano judicial y de la CIAF, la remisión deberá de hacerse de forma simultánea”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Córdoba, confirmando así la condena previa que obliga a la administración local a abonar una importante suma económica a un antiguo trabajador. El fallo ratifica que la institución pública, al actuar como empleadora, está plenamente sometida al derecho laboral y a sus consecuencias por demora en los pagos.

El ingeniero técnico en informática trabajó para el Consistorio entre octubre de 2019 y abril de 2020 mediante un contrato de duración determinada por obra y servicio, con el objetivo de crear y actualizar bases de datos para el Consorcio Orquesta de Córdoba. Dicha contratación se enmarcó en el programa Iniciativas de Cooperación Local, una colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para el fomento del empleo. Sin embargo, tras la finalización de la relación laboral, el empleado reclamó diferencias salariales no percibidas conforme al convenio colectivo de aplicación, así como la indemnización correspondiente por la extinción de su contrato temporal.

A pesar de contar con la categoría profesional de ingeniero técnico en informática, el demandante percibía un salario mensual prorrateado de 1.162,50 euros. El empleado reclamó judicialmente las diferencias respecto a lo que legalmente le correspondía percibir según el convenio colectivo extraestatutario aplicable al personal del propio Ayuntamiento, cuantificadas en 14.631,38 euros, a los que sumó 483,49 euros en concepto de indemnización por finalización de contrato. La sentencia original del juzgado de lo Social, ahora confirmada, condena al Ayuntamiento de Córdoba al pago íntegro de dichas cantidades, que son tan elevadas debido al interés del 10% de demora que también ha ratificado el alto tribunal andaluz.

Además del pago de las cantidades adeudadas y los intereses acumulados, el Ayuntamiento de Córdoba ha sido condenado al abono de las costas del recurso, fijadas en 800 euros (más IVA) en concepto de honorarios para el letrado del demandante.

El 13 de febrero de 2017, un operativo de Vigilancia Aduanera en una nave de la carretera de Alba, en Córdoba capital, parecía haber asestado un golpe al mercado ilícito de tabaco. Los agentes intervinieron 2.713 kilos de tabaco en hoja y picadura pertenecientes a una empresa bajo la sospecha de que se trataba de un delito de contrabando al carecer de las licencias del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Sin embargo, aquel alijo, que la Justicia terminaría declarando totalmente legal años después, nunca pudo ser devuelto a su dueño: acabó convertido en cenizas mucho antes de que se dictara la primera sentencia. Su propietario tampoco ha sido

La destrucción del tabaco no fue una pena anticipada por el supuesto contrabando, sino una medida de urgencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba. Apenas un mes después de la incautación, la empresa depositaria de la mercancía informó al juzgado sobre el “alarmante peligro” de que apareciera el insecto lasioderma, una plaga que se expande con extrema rapidez en el tabaco almacenado.

Debido al riesgo de que los bichos infectaran el resto del tabaco legal que la empresa custodiaba en sus instalaciones, el juez se vio “obligado” a autorizar la quema preventiva de la mercancía el 31 de mayo de 2017 para “evitar un mal mayor”. En aquel momento, la instrucción seguía considerando que el tabaco era fruto de una actividad ilícita. Dos años más tarde, el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba absolvió al empresario, determinando que la mercancía era de curso legal y no constituía un delito de contrabando. En enero de 2020, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ratificó la absolución como después hizo en marzo de 2022 el Tribunal Supremo. Todas las sentencias coincidieron en que el tabaco era de curso legal y que había sido “injustamente destruido” al ser tratado erróneamente como contrabando. El demandante se vio obligado a cerrar su empresa.

Ante ello, el propietario reclamó una indemnización de 416.464 euros al Estado por los daños sufridos que ahora ha rechazado la Audiencia Nacional. En su demanda, el empresario alegó un “funcionamiento anormal” de la Justicia, pero este órgano jurisdiccional ha aclarado que, al proceder el daño de una decisión tomada por un juez -el auto de destrucción-, debería haber reclamado por “error judicial”. Esta vía exige una declaración previa del Tribunal Supremo que certifique que el juez se equivocó, un paso que no se dio.

Además, y según informes periciales, la sentencia señala que el tabaco habría perdido todo su valor comercial “en apenas seis meses” dadas las condiciones de los almacenes donde se custodiaba. Por tanto, para cuando llegó la absolución definitiva años después, el producto ya no habría tenido valor alguno, independientemente de si se hubiera quemado o no. De este modo, para la Audiencia Nacional, el juzgado de instrucción que acordó la destrucción de las hojas de tabaco no actuó con falta de diligencia. Las costas procesales han sido impuestas al empresario.

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el conflicto judicial que enfrentaba al Grupo PRASA y a la entidad Azaveco SL por la gestión y compraventa del Córdoba CF SAD, según ha adelantado el portal Canal Blanquiverde y ha podido confirmar este periódico. La Sala de lo Civil ha ratificado la condena que obliga a la empresa compradora a abonar seis millones de euros a la vendedora, tras confirmarse el incumplimiento de las cláusulas pactadas durante la transmisión de las acciones del club blanquiverde en el año 2011.

La resolución desestima el recurso de casación interpuesto por Azaveco contra el fallo previo de la Audiencia Provincial de Córdoba. Con esta decisión, la justicia hace firme el pago de la citada cuantía, a la que habrá que sumar los intereses legales generados desde el 25 de junio de 2020.

El origen del litigio se remonta a la escritura pública otorgada el 3 de junio de 2011, mediante la cual PRASA transmitió la titularidad del 98,7% de las acciones del Córdoba CF SAD a la entonces Ecco Documática -actual Azaveco-. El precio de la operación se fijó en una cantidad inicial de 1,25 millones de euros, una cifra considerada reducida por los tribunales debido a que la verdadera contraprestación residía en las obligaciones de saneamiento que asumía el nuevo inversor para salvar a la entidad de una posible extinción.

Según consta en los fundamentos del caso a los que ha tenido acceso este periódico, Azaveco asumió como obligación “esencial” llevar a cabo todos los actos necesarios para solventar el endeudamiento del club, que en aquel momento superaba los 8,8 millones de euros. Para asegurar este compromiso, las partes pactaron una cláusula penal de seis millones de euros que se activaría en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones destinadas a garantizar la continuidad y el arraigo de la sociedad deportiva en la ciudad.

Sin embargo, el Supremo subraya que Azaveco no solo incumplió su compromiso de abonar las deudas sociales, sino que la situación financiera del club se agravó en los años siguientes. A pesar de los ingresos obtenidos, especialmente durante la temporada en Primera División, la entidad terminó cayendo en un segundo concurso de acreedores en 2019, lo que forzó la venta de su unidad productiva ante una realidad económica calificada judicialmente como “absolutamente dramática”.

La sentencia rechaza los argumentos de Azaveco, que calificaba la cláusula de seis millones como “abusiva” o contraria a la buena fe. El Alto Tribunal defiende la licitud del pacto al amparo de la autonomía de la voluntad, señalando que la penalización tenía una función coercitiva para incentivar el cumplimiento y que su importe era incluso inferior al montante de la deuda que la compradora se había comprometido a liquidar originalmente.

El fallo judicial también desmonta la pretensión de Azaveco de considerar nulo el acuerdo por una supuesta vinculación “a perpetuidad”. Los magistrados aclaran que la condena se basa en el impago de deudas que eran objetivamente conocidas en el momento de la firma y que el fracaso del objetivo de solvencia es imputable a la inactividad de la empresa adquirente, que vendió sus acciones a un tercero en 2018 con un incremento de precio considerable sin haber saneado el club.

El mapa de la instrucción judicial de casos de violencia de género quedará modificado a partir del próximo 31 de diciembre. Así ha quedado reflejado en el Real Decreto 559/2026 publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado, que confirma que, a partir de esa fecha, la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba capital extenderá su jurisdicción de forma masiva. Esta oficina centralizará a partir de esa fecha todos los casos procedentes de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo, convirtiéndose en el gran eje judicial para el norte y el centro de la provincia.

El objetivo de este movimiento, según detalla la normativa, es encontrar un equilibrio entre la proximidad a la víctima y la necesidad de una respuesta judicial altamente especializada. Al agrupar estos partidos judiciales bajo el paraguas de la capital, se pretende que las víctimas reciban una atención más experta en procedimientos que exigen un tratamiento técnico muy específico. Además, esta medida permitirá liberar de carga de trabajo a los juzgados mixtos de los pueblos (Pozoblanco, Peñarroya, Montoro y Posadas), que hasta ahora debían compaginar los asuntos de violencia machista con sus casos ordinarios civiles y penales.

Para que la capital pueda asumir este incremento de carga de trabajo en el norte, el decreto establece que Córdoba dejará de conocer los asuntos de violencia sobre la mujer de Lucena y Cabra. De esta forma, Lucena se convertirá en el referente en esta materia en el sur de la provincia. La ciudad lucentina estrenará su propia Sección de Violencia sobre la Mujer con jurisdicción extendida a los partidos de Montilla, Baena, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera, aunque en este caso la efectividad plena de la agrupación se ha fijado para el 1 de noviembre de 2027. Esta reorganización es la que el pasado mes de marzo propuso el entonces consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, para una “distribución más eficiente”.

Para evitar cualquier tipo de desprotección durante el cambio de modelo, el BOE establece un estricto régimen transitorio. Los juzgados actuales de los pueblos seguirán conociendo de los casos hasta que las nuevas agrupaciones sean plenamente efectivas. Asimismo, las plazas que ya están tramitando procedimientos conservarán su competencia sobre los mismos hasta que concluyan definitivamente. En el caso concreto de la capital, la sección cordobesa mantendrá el control de todos los procesos de violencia machista procedentes de Lucena y Cabra que ya estén en trámite en la fecha del cambio.

Junto a esto, el Real Decreto establece la creación de un total de 500 nuevas plazas judiciales. Para el caso específico de Córdoba, las nuevas plazas -seis de magistrado y uno de juez- se distribuyen de la siguiente forma según su especialidad y tipo. En la capital, las nuevas plazas son categoría de magistrado. Entre ellas se encuentran las plazas 3 y 5 de la Sección Civil, la 3 de Familia, Infancia y Capacidad; la 6 de lo Social y la plaza 2 de lo Mercantil. En Lucena, el decreto ha creado la plaza 4 de la Sección Civil y de Instrucción, que tiene categoría de juez, y la número 1 de la sección especializada en Violencia sobre la Mujer, que sí tiene la categoría de magistrado.

Los tres peritos judiciales designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, han solicitado la participación de un especialista en telecomunicaciones para comprender “por qué nadie advirtió la ubicación del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste”.

Según recoge el escrito al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores ven “necesario” la participación de “un ingeniero de telecomunicaciones especializado en comunicaciones ferroviarias” para que les “aclare los enclavamientos y sistemas de detección que tiene la vía para detectar la presencia de un tren en cada uno de los cantones ferroviarios”, así como “las comunicaciones de este sistema con el puesto de mando”.

Por otra parte, los peritos resaltan que, “tras el estudio de la documentación y proyectos de las actuaciones de renovación de vía que se llevaron a cabo poco antes del accidente”, podría ser necesario la elaboración de diversos estudios del terreno que permitan “valorar si en la posible rotura del carril coincidieron otros factores externos a la propia soldadura”.

Así las cosas, “pensando en un fallo del terreno”, los expertos señalan la posibilidad de ejecutar “una campaña geotécnica” para aclarar “el comportamiento de los materiales de la infraestructura ferroviaria en la zona adyacente”, para lo que proponen “el estudio de la ejecución de, al menos, dos sondeos a 15 ml de profundidad en la zona de la infraestructura más cercana a la rotura de carril” y “no menos de cuatro ensayos SPT en las zonas adyacentes a la ubicación de la rotura de carril”.

Estos trabajos, detallan, “deberán ser ejecutados en banda de mantenimiento y de su resultado” se podrá “inferir posibles discontinuidades en la infraestructura y/o el macizo inferior que pudieran haber influido en la rotura de carril”. En todo caso, estas actuaciones “habrá que decidir o no ejecutarlas a la vista de la documentación que deberá entregar Adif y aún no está aportada a la causa”.

En lo referente al análisis metalúrgico de las evidencias recogidas en el tramo de Adamuz, los peritos sugieren “alterar el orden del concurso público en cuanto a la ejecución de los lotes” propuesto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), de modo que se asigne el Lote 1 a Cenim, entidad pública adscrita al CSIC, con sede en Madrid, y el Lote 2 a Aimen, empresa privada con sede en O Porriño (Galicia).

En cualquier caso, entre otras peticiones, exigen que “ambos laboratorios acrediten la calibración y homologación exacta de los procesos y maquinaria empleada”, así como “la presencia de estos peritos en las operaciones de toma de muestras, corte e identificación de probetas, además de en cuantas pruebas destructivas sea necesario” y que los informes realizados “expresamente se dirijan a la autoridad judicial, no a la CIAF”.

Con respecto a la lectura de las RJU, o 'cajas negras', los investigadores designados por el juzgado estiman que, tal y como señala Hasler Rail, empresa responsable del software, “no será necesaria la presencia de más técnicos para la interpretación de los datos contenidos en la RJU de los trenes”, aunque sí requieren “la presencia del fabricante o integrador de cada una de las unidades de tren implicadas”, así como la “del operador ferroviario en cuanto que conoce el contexto operativo, procedimientos de explotación, condiciones de servicio y cualquier información relevante sobre la circulación”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado a la Dirección General de la Policía a reconocer como accidente en acto de servicio la grave lesión sufrida por un agente de la Policía Nacional de Córdoba que se cayó con la bicicleta cuando regresaba a su domicilio al finalizar su jornada laboral. La sentencia, dictada por la Sección Cuarta del alto tribunal andaluz, estima íntegramente el recurso presentado por el funcionario y anula la resolución administrativa que había rechazado considerar el siniestro como un accidente in itinere, es decir, ocurrido durante el desplazamiento habitual entre el lugar de trabajo y la vivienda del trabajador.

Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2023. El agente había terminado su servicio de mañana a las 15:00 en la comisaría de Campo Madre de Dios y emprendió el trayecto de regreso a su domicilio, situado en la avenida Gran Vía Parque, utilizando la bicicleta. Según ha quedado acreditad, apenas diez minutos después, sufrió una caída en la avenida Campo Santo de los Mártires al resbalar la rueda delantera sobre el pavimento. Como consecuencia del accidente sufrió un arrancamiento postraumático del bíceps del brazo izquierdo, lesión de la que tuvo que ser operado.

Sin embargo, la Dirección General de la Policía archivó el expediente de averiguación de causas al entender que no existían pruebas suficientes para demostrar que la caída se hubiera producido realmente cuando el funcionario regresaba directamente a su domicilio. En ese sentido, sostenía que el único relato existente era el del propio agente, que no había testigos presenciales y que tampoco podía descartarse que hubiera mediado culpa por su parte. Pero el TSJA ha rechazado esos argumentos. En primer lugar, porque considera acreditado que el policía acudió al servicio de Urgencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba poco más de una hora después de finalizar el servicio, desmontando así la tesis utilizada durante la tramitación administrativa de que habían transcurrido casi seis horas entre el accidente y la asistencia médica. Esa conclusión se apoyaba únicamente en un informe posterior de traumatología, mientras que el parte de Urgencias, incorporado posteriormente al expediente, demostraba la inmediatez temporal de la atención sanitaria.

Además, la Sala recuerda que la ausencia de testigos presenciales no basta por sí sola para negar la existencia de un accidente in itinere dado que este tipo de accidentes suelen producirse cuando el trabajador viaja solo y que la prueba puede construirse a partir de un conjunto de indicios suficientemente sólidos. En este caso, la sentencia destaca que no se discute que el agente terminara su jornada a las 15:00, que utilizara la bicicleta para regresar a casa ni que comunicara lo sucedido esa misma tarde tanto a la Sala del 091 como a varios mandos policiales. A ello se suma el informe elaborado por la Unidad Provincial de Sanidad, que apreciaba la relación de causalidad entre la caída y las lesiones sufridas. Todo ello ha llevado al tribunal a concluir que existe prueba suficiente para considerar acreditado que el accidente ocurrió durante el trayecto de regreso al domicilio.

En segundo lugar, la Administración había apuntado que la caída pudo deberse a una conducta negligente del propio policía, pero el TSJA ha recordado que la legislación únicamente excluye la consideración de accidente en acto de servicio cuando exista dolo o una negligencia grave o temeraria, circunstancias que no concurren en este caso.

Por tanto, el alto tribunal andaluz ha concluido que en este caso concurren todos los requisitos legales para reconocer que las lesiones fueron sufridas en acto de servicio, en su modalidad de accidente in itinere, por lo que ha estimado el recurso, ha anulado la resolución de la Dirección General de la Policía y ha condenado a la Administración al pago de las costas procesales, con un límite de 300 euros más IVA.

La Guardia Civil ha remitido a la jueza que investiga el accidente de Adamuz, Cristina Pastor Recover, una batería de 20 preguntas que considera “de interés” que sean respondidas por los peritos judiciales designados en la causa. El oficio, al que ha tenido acceso este periódico, recoge los interrogantes que los investigadores consideran fundamentales para esclarecer las causas del accidente y determinar si existieron fallos de mantenimiento, defectos en la infraestructura o carencias en los sistemas de seguridad.

El documento, elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, explica que las cuestiones han sido formuladas a partir de los informes técnicos, actas de inspección y estudios de seguridad incorporados a la investigación. En él, solicita a la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil e Instrucción Tribunal de Instancia de Montoro que estas preguntas sean trasladadas a los peritos por considerar que sus respuestas pueden resultar determinantes para el avance de la instrucción.

La mayor parte de las preguntas se centra en el estado de la vía y en la evolución de los defectos detectados meses antes del accidente. Los investigadores quieren saber si un defecto geométrico localizado en octubre de 2025 en el mismo punto donde posteriormente se produjo la rotura del carril pudo acelerar la fractura de la soldadura aluminotérmica y si la falta de reparación de esa anomalía pudo influir de forma directa en el siniestro. También plantean si los defectos dinámicos registrados en las auscultaciones fueron aumentando hasta alcanzar niveles que hubieran requerido una intervención inmediata y si esa evolución pudo contribuir al descarrilamiento.

El oficio también pide a los peritos que analicen si la coincidencia de defectos geométricos y dinámicos en la misma zona pudo alterar las fuerzas que soportaba la infraestructura, si la antigüedad de los materiales -algunos con más de tres décadas de servicio- pudo favorecer la pérdida de geometría de la vía y si resulta normal que una infraestructura renovada pocos meses antes presentara ese tipo de anomalías.

Otro bloque de cuestiones está dedicado a las soldaduras ejecutadas durante las obras de renovación de la línea. La Guardia Civil pregunta si una soldadura que presentaba una planitud muy próxima al límite máximo permitido podía considerarse técnicamente óptima y cómo fue posible que una unión declarada apta tras superar los ensayos de ultrasonidos y líquidos penetrantes sufriera un fallo catastrófico en menos de un año. Los investigadores también cuestionan la fiabilidad de esos sistemas de inspección y el hecho de que los resultados de las auscultaciones por ultrasonidos no quedaran registrados.

Las preguntas alcanzan igualmente a los sistemas de seguridad implantados en la línea. En concreto, los agentes piden a los peritos que valoren si era adecuado que el nuevo sistema de señalización no contemplara la detección de roturas de carril como una funcionalidad exigible y si los registros del sistema de mantenimiento pudieron haber detectado indicios de una pérdida de continuidad del carril antes del accidente.

Por último, el oficio pone el foco en la documentación de seguridad del proyecto de renovación de la línea. Según recoge la Guardia Civil, uno de los estudios previos calificó como “catastrófico”, “ocasional” e “intolerable” el riesgo de que el sistema no detectara una rotura de carril, aunque posteriormente ese mismo riesgo apareciera como “no aplicable” o “cancelado”. Los investigadores quieren que los peritos determinen si esa decisión se ajusta al Reglamento europeo 402/2013 sobre evaluación y gestión de riesgos en el sistema ferroviario y si resulta técnicamente correcto considerar mitigado un riesgo simplemente cancelándolo. Estas cuestiones propuestas por la Guardia Civil deberán ser ahora valoradas por la jueza instructora, que decidirá si las trasladas o no a los peritos judiciales.

El Colegio de Abogados de Huelva ha sancionado al abogado que promovió, pocos días después del accidente de Adamuz, una plataforma de afectados, lo que conllevó una “captación desleal de clientes” que lo situó “en ventaja” frente a sus compañeros, además “de atentar contra la dignidad de las víctimas”. La sanción supone cuatro meses de suspensión del ejercicio profesional o, alternativamente, una multa de 2.000 euros al cometer una infracción grave de las normas deontológicas y legales.

Según la resolución del expediente disciplinario al que ha tenido acceso este periódico, este procedimiento sancionador contra José Luis Orta Prieto se inició después de que dos abogados -ambos, familiares de víctimas de la tragedia- formularan sendas quejas ante el Colegio de Abogados de Huelva. Para uno de ellos, que es hermano de una víctima, la actuación de Orta fue “un intento de lucrarse de la desgracia general” en un momento de “máxima vulnerabilidad”. Desde el punto de vista humano, este letrado asegura que la actuación del abogado estuvo “carente de ética y moral”, acusándole de una “catadura moral reprobable”. Mientras, el segundo letrado que formuló una queja, hermano de un fallecido, lamenta la “poca delicadeza o empatía” de su compañero de profesión, denunciando que la publicidad de su plataforma comenzó cuando él “ni siquiera tenía aún el cuerpo de su hermano”.

La instrucción del expediente ha determinado que el sancionado utilizó televisión, radio, internet y redes sociales para difundir la Plataforma de Afectados por el Accidente Ferroviario de Adamuz apenas seis o siete días después de la tragedia. Esta conducta supone una “vulneración flagrante” del artículo ocho de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, que prohíbe expresamente a los abogados dirigirse a víctimas de grandes catástrofes para ofrecer servicios antes de que transcurran 45 días.

Según el colegio, el objetivo real de la plataforma era el asesoramiento legal y la “canalización de acciones judiciales”, creando un “efecto llamada” publicitario que situó al letrado en una ventaja injusta frente a sus compañeros y atentó contra la dignidad de las víctimas. Hay que señalar que, semanas después del anuncio de esta plataforma, la Junta de Gobierno de este colegio informó de que “la captación de clientes por parte de abogados en casos de tragedia como la que se ha vivido días atrás está expresamente prohibida por el Código Deontológico de la Abogacía y supone un atentado muy grave contra la ética profesional”.

Frente a este análisis que realizó el colegio con relación al inicio del expepediente disciplinario, antes de su resolución, Orta solicitó el archivo del mismo alegando que actuó de buena fe y sin ánimo de lucro, buscando únicamente prestar un “asesoramiento profesional desinteresado” y preventivo. En su defensa, esgrimió su trayectoria de 12 años de trabajo gratuito al frente de la asociación Huelva bebés robados para demostrar su carácter altruista. Asimismo, argumentó que la plataforma fue una “idea primigenia” que retiró en cuanto conoció el malestar generado.

Aunque inicialmente la infracción se tipificó como muy grave -lo que podría haber conllevado la expulsión del Colegio o la suspensión del ejercicio profesional durante un periodo de entre uno y dos años-, la Junta de Gobierno ha optado por calificarla como grave al considerar la inexistencia de antecedentes previos y factores de reincidencia, pero “atendiendo al malestar generado en las víctimas y la falta de respeto al periodo de luto. Contra este acuerdo, el letrado ha señalado a este periódio que interpondrá un recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

El Ayuntamiento de Córdoba deberá indemnizar a una vecina que se cayó al suelo, junto con su hija menor, cuando ambas iban en moto por el Pasaje Pantoja. Según el fallo de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba, el Consistorio deberá abonarle 2.590,62 euros, una cantidad sustancialmente inferior a los 5.339,22 euros inicialmente reclamados debido a una concurrencia de culpas y a la falta de acreditación de las facturas de reparación.

El siniestro se produjo cuando la demandante circulaba a escasa velocidad -apenas 10 km/h al estar saliendo de su garaje- a la altura del número 9 del Pasaje Pantoja de la capital cordobesa. En ese punto, la calzada presentaba una deformidad provocada por el empuje de las raíces de un árbol, lo que había levantado una placa de hormigón, generando un desnivel de unos cinco centímetros. Al pasar por encima, la conductora perdió el control del ciclomotor, yéndose al suelo junto a su hija menor.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Córdoba a la reclamación de responsabilidad patrimonial por la vía administrativa, la afectada acudió a los tribunales para solicitar una indemnización. Aunque el magistrado le ha dado la razón, solo en parte, ya que ha considerado que la mujer conocía el lugar y debió haber sido más diligente. Así, la demandante residía a escasos metros de donde se ubicaba el resalte. Al ser un lugar de paso habitual de entrada y salida, el juez ha determinado que la conductora “debía conocer el mal estado de la calzada”. Además, dado que el accidente ocurrió a plena luz del día y circulando a velocidad reducida, el fallo ha concluido que la víctima “debió extremar las precauciones al circular por él o atravesarlo en su lugar de menor desnivel para así no perder el equilibrio”.

Pese a todo, el magistrado ha decretado una concurrencia de culpas al 50% entre el Consistorio y la conductora. En cuanto a la cuantificación económica, el tribunal ha validado íntegramente las indemnizaciones por las lesiones físicas de la madre (2.934,22 euros) y de su hija (1.285,56 euros), al estar respaldadas por informes de alta de Urgencias, así como los 36,30 euros correspondientes al coste de la elaboración del presupuesto del taller.

La controversia económica llegó con los daños materiales de la motocicleta. La demandante exigía el abono de la tasación pericial, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No obstante, el magistrado ha recordado que el IVA es un tributo intrínsecamente ligado a una transacción real y efectiva de bienes o servicios. Al haber aportado únicamente un presupuesto y ninguna factura que acreditase el desembolso y la reparación real del vehículo, el juez ha denegado la inclusión de dicho impuesto.

De este modo, la suma total de daños personales y materiales quedó fijada en 5.181,24 euros. Al aplicarse la reducción del 50% por la concurrencia de culpas, la condena final impuesta al Ayuntamiento se situó en 2.590,62 euros, cantidad a la que se añadirán los intereses legales pertinentes.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la exclusión del Ayuntamiento de Huelva como acusación popular en la causa del accidente ferroviario de Adamuz en un auto reciente, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio contra una decisión previa del juzgado de Montoro.

El tribunal ha seguido exactamente la misma línea que el auto dictado anteriormente para el Ayuntamiento de Punta Umbría, que también solicitó personarse en la causa. Fue el pasado mes de marzo cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro dictó un auto denegando la personación del consistorio onubense. El Ayuntamiento de Huelva interpuso un recurso de reforma y, posteriormente, un recurso de apelación, alegando su interés en la causa y basándose en informes de Servicios Sociales sobre la asistencia prestada a las víctimas de los hechos investigados

Sin embargo, los magistrados han confirmado el auto de Montoro, fundamentado su decisión en una doctrina jurisprudencial consolidada que observa con cautela cómo las administraciones locales intentan intervenir en procesos donde no son víctimas directas. En el texto, los magistrados señalan que “en los últimos tiempos se ha visto en la doctrina, con preocupación, que las personas jurídicas públicas parecen haber desarrollado una creciente vocación participativa en los procesos penales en los que no tienen la condición de ofendidos ni de perjudicados”. Esto llevaría a lo que se conoce como “hipertrofia acusatoria” y a que el proceso sea más lento y afecte a los derechos del acusado, quien “debería defenderse frente a dos entidades públicas, el Ministerio Fiscal y la persona jurídico pública”, las cuales “no son ofendidas por el delito y defienden intereses similares”. Para la Audiencia, es imperativo garantizar que “ninguna persona pueda verse acusada por una parte que carece de condiciones para ello”, asegurando así el principio de igualdad de armas.

El Ayuntamiento de Huelva había intentado justificar su presencia en la causa basándose en la asistencia prestada a los vecinos afectados a través de los Servicios Sociales. Sin embargo, el tribunal ha afirmado que dicha labor, aunque positiva, no otorga derechos procesales automáticos: “La prestación de asistencia por parte del Consistorio a los vecinos y familias afectados por los hechos no hace desplazar la ausencia del presupuesto legitimador por más encomiable y así lo es que sea dicho apoyo”. El auto aclara que la legitimación de una entidad local “no nace per se por la afectación de vecinos del municipio”.

Finalmente, la Audiencia concluye que no existe vulneración de derechos fundamentales, puesto que “los perjudicados están personados en la causa en defensa de sus derechos y, aunque huelgue decirlo, el Ministerio Fiscal en defensa de los intereses que constitucionalmente le están encomendados”. Con esta resolución, se confirma que el Consistorio onubense carece de legitimación para ejercer la acción popular en este caso concreto, sin que se hayan impuesto costas procesales por esta apelación.

Así las cosas, los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría quedan definitivamente fuera de la causa como acusación popular. Asimismo, también fueron rechazadas las solicitudes de personación del sindicato Alferro y de Iustitia Europea. Por el contrario, la jueza de Montoro sí ha admitido las acusaciones populares de Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, además de la personación de la Junta de Andalucía como actor civil.