Un hombre que fue nombrado único heredero en el testamento de su padre deberá pagar los 4.398,07 euros que costó el entierro, a pesar de que no se hablaba con él y de que intentó proteger sus propios ahorros alegando que la herencia no tenía fondos. La tía del condenado fue la que se encargó de abonar el funeral y, cuando le trasladó a su sobrino que debía pagárselo, este se negó. Ahora ha sido la Audiencia Provincial de Córdoba la que ha obligado a este hombre a pagar dicha cantidad a su tía.

En un primer momento, la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Baena le dio la razón al joven, pero la Audiencia de Córdoba ha revocado la sentencia, por lo que el hijo del fallecido deberá pagar a su tía lo que costó el funeral de su padre. El denunciado se negó a abonar las cantidades a su familiar porque aseguraba que esa factura no la tenía que pagar con sus bienes. Para ello, utilizó una figura legal llamada beneficio de inventario, que permite al heredero pagar las deudas del fallecido solo con el dinero que herede, sin tocar su patrimonio personal.

Sin embargo, los magistrados han constatado que aunque el hijo manifestó ante notario que quería ese beneficio, nunca llegó a hacer el inventario formal ni avisó a los acreedores (como su tía) para que estuvieran presentes. Por ley, si un heredero no cumple con estos pasos de transparencia, pierde la protección y pasa a responder de todas las deudas con su propio dinero de forma “pura y simple”.

Además de acogerse a esta figura legal, el hijo intentó librarse del pago alegando que tenía una pésima relación con su padre y que llevaban mucho tiempo sin hablarse por culpa del fallecido. Frente a este argumento, la Audiencia se ha referido al “deber de alimentos” de la legislación española, que afecta a padres e hijos, y que incluye obligatoriamente los gastos de sepelio. Según la sentencia, ni la enemistad ni la falta de contacto son motivos suficientes para que un hijo se desentienda del entierro de su padre, especialmente cuando es él quien se va a quedar con sus bienes.

Tras esta sentencia, el hijo deberá pagar los casi 4.400 euros del funeral, así como los intereses legales y las costas de la primera instancia. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba (Plaza nº 1) ha absuelto a Jesús León, expresidente y máximo accionista del Córdoba CF, y a su esposa, Isabel María Madueño, del delito de alzamiento de bienes, el único que finalmente llegó a juicio. La agencia que le acusaba (Mesas Sport) había pedido para el montoreño hasta 10 años de cárcel sumando ese delito a otro de estafa, pero esta segunda acusación se cayó nada más arrancar la vista, que se centró por tanto solo en el alzamiento. La sentencia 186/2026, dictada el 16 de junio por la jueza María Victoria Fernández de Molina Tirado y notificada este lunes, pone fin en primera instancia a la causa que arrancó con la querella de Mesas Sport, la agencia de representación de García Amado, que ejerció la acusación particular con el letrado Javier Tebas Llanas -hijo del presidente de LaLiga- al frente.

El caso se remonta a diciembre de 2018, cuando León firmó en nombre de Grucal Properties un préstamo de 500.000 euros con Mesas Sport, con un interés fijo de 100.000 euros y vencimiento el 30 de junio de 2019. En aquel contrato quedó constancia de que el montoreño controlaba el 100% de Grucal Propierties, que a su vez era titular del 100% de Aglomerados Córdoba y esta del 98,71% de las acciones del Córdoba CF SAD. El 27 de junio de 2019, tres días antes de que venciera la deuda, León traspasó a su mujer la totalidad de las participaciones de la sociedad -ya rebautizada como Khalifa Properties- por solo 5.000 euros. Llegada la fecha, no se devolvieron ni el principal ni los intereses.

Por esos hechos, el Ministerio Fiscal pedía 2 años y 6 meses de prisión para cada uno de los acusados, mientras que la acusación particular elevaba la petición a 4 años para León por el alzamiento de bienes y reclamaba además una responsabilidad civil de 600.000 euros, a abonar de forma solidaria por el matrimonio junto a los intereses legales.

Pese a ello, la jueza no esconde sus reservas sobre la operación. La sentencia califica de “precio vil” la venta de las participaciones (5.000 euros) a Madueño, y desmonta el esfuerzo de la defensa por presentar unas acciones sin valor: poco antes, Aglomerados Córdoba las había adquirido por 9,5 millones de euros y, ya en concurso, el club vendió su unidad productiva a la Unión Futbolística Cordobesa por 3 millones en enero de 2020. “Nadie vende un equipo de fútbol por 5.000 euros”, zanja la magistrada, que suma el precio irrisorio, el parentesco de la compradora y la proximidad del vencimiento para inferir que el propósito de León era poner ese patrimonio “fuera del alcance de sus acreedores”.

Sin embargo, todas esas sospechas no han bastado para condenar al expresidente, y la clave de la absolución está en cómo estaba garantizado el préstamo. Lo que de verdad respondía de aquellos 500.000 euros no era el dinero personal de León, sino las acciones del Córdoba CF, y esas acciones nunca estuvieron a su nombre: eran de Aglomerados Córdoba, una de las empresas de la cadena, que además había firmado el préstamo como avalista. Por eso, aunque León traspasó Grucal a su mujer, la empresa que debía el dinero seguía siendo la misma y su nueva dueña la heredó con todas las deudas incluidas, de modo que las acciones del club continuaron al alcance de Mesas Sport para cobrarse. “En los términos tan blindados en los que estaba redactado el contrato, la acreedora siempre contaba con la garantía del 98,71% de las acciones del Córdoba CF SAD”, concluye la jueza, que recuerda además que León tenía inmuebles tasados en 700.000 euros con los que también podría haber respondido.

Con las costas declaradas de oficio, la resolución no es firme. Las partes disponen de diez días desde la notificación para presentar recurso de apelación.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto al hombre que se enfrentaba a penas de entre nueve y 12 años de prisión por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa tras ser acusado de apuñalar a otro durante una disputa en un carril bici de la capital. El tribunal ha aplicado el principio jurídico in dubio pro reo tras considerar que no existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado.

Los hechos que han sido juzgados tuvieron lugar el 17 de mayo de 2025, aproximadamente a las 21:53, en la calle Úbeda de la capital cordobesa. Según el relato de los hechos probados, M. E. H. A. circulaba en un patinete cuando se cruzó con un ciclista, iniciándose una discusión por la preferencia de paso que se prolongó durante unos cinco minutos.

Cuando la víctima se dio la vuelta para marcharse y evitar problemas, fue agredida de forma “súbita y sorpresiva” por la espalda con un objeto cortante en el cuello. La herida, una lesión inciso-punzante en la región cervical lateral izquierda, supuso un riesgo vital alto y, de no haber sido por la intervención urgente de los servicios sanitarios, le habría causado la muerte. El agresor huyó del lugar inmediatamente en su bicicleta.

A pesar de la gravedad de la agresión, que el tribunal considera totalmente acreditada, no ha considerado probada la autoría de Santiago L. O. La víctima, que aseguró haber estado “cara a cara” con su agresor durante la discusión previa, ofreció una descripción detallada a la Policía Nacional. En dicha descripción, el denunciante afirmó taxativamente que el autor era un varón de unos 45 años, con acento español y, fundamentalmente, de ojos azules. Sin embargo, los magistrados han comprobado que el acusado tiene los ojos de color oscuro y han considerado que la explicación que dio la víctima durante el juicio, alegando que “era de noche”, no resultó convincente dada la seguridad que mostró en sus primeras declaraciones.

Otro aspecto que ha generado dudas en el tribunal ha sido el modo en que se produjo la identificación del procesado. En el juicio, tanto la víctima como su esposa afirmaron desconocer quién les había enviado la fotografía que sirvió para identificar al sospechoso ante los agentes. No obstante, en el atestado policial constaba que fue el propio hijo de la víctima quien le remitió la imagen.

Para el tribunal, el hecho de ocultar el origen de la fotografía y el desconocimiento de cómo llegó esa imagen a manos de la familia vicia el posterior reconocimiento en rueda, pues existe la posibilidad de que la identificación estuviera “inducida” por el previo visionado de la foto, cuya procedencia sigue siendo desconocida. A todo ello se suma que el acusado siempre ha mantenido su inocencia, declaró que no tiene bici y no se encontró el arma con el que se cometió la agresión ni la ropa descrita por la víctima en poder del procesado.

Críticas hacia la investigación policial

En la sentencia, facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los magistrados han dejado constancia tanto de la omisión de sospechosos alternativos y de las “contradicciones” entre lo que los agentes escribieron en el atestado y lo que declararon bajo juramento, como de la investigación.

Así, una de las críticas más duras se centra en que la Policía ignoró una vía de investigación que apuntaba a otro autor. A pesar de recibir una llamada identificando a un tal Santiago O. M., alias El Tacones (un ciudadano de origen alemán), los agentes no hicieron nada para comprobarlo. Por ello, el tribunal ha apuntado echar “en falta que por parte de la fuerza actuante se hubiera llevado a cabo una nueva línea de investigación”. En esa línea, ha lamentado que “ninguna identificación se realizó del mismo a fin de que pudiera ser sometido a un nuevo reconocimiento por parte de la víctima”, a pesar de que sus rasgos encajaban mejor con la descripción de “ojos azules” que el acusado no tiene.

Por otro lado, el tribunal ha puesto en entredicho partes del informe policial inicial. El atestado recogía supuestas frases incriminatorias del acusado durante su detención, como que “no se iba a comer el marrón” o que “sin cuchillo no tenían nada”. Sin embargo, en el juicio, los propios agentes “negaron que el acusado hubiera proferido dichas expresiones en la furgoneta”. Asimismo, la Sala también ha recriminado que, meses después del suceso, la Policía no realizara gestiones básicas para encontrar pruebas como el arma, la bicicleta o la ropa “tan significativa que la víctima describe que portaba el autor de los hechos, al indicar que llevaba una sudadera de rayas verdes, sin que esta prenda tampoco haya sido hallada en poder del acusado”.

Por todo ello, la Audiencia de Córdoba ha decidido absolver libremente a Santiago L. O., declarando las costas de oficio y levantando todas las medidas cautelares que pesaban sobre él.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión al joven que dio una paliza a un compañero de trabajo, a quien le causó una deformidad. La Fiscalía pedía para él cuatro años de cárcel, pero la condena ha quedado reducida a la mitad tras un acuerdo de conformidad entre las acusaciones y las defensas.

Así, el joven -que, previsiblemente, saldrá de prisión este mismo lunes- discutió con su compañero de trabajo en 2020. En un momento dado, el ya condenado comenzó a quejarse del trabajo que tenía que hacer. Ante esta situación, su compañero le instó a que cumpliera con sus obligaciones o que, de lo contrario, abandonara el lugar.

Poco después de este altercado verbal, el procesado aprovechó que la víctima se encontraba en el suelo para atacarla por la espalda. Fue entonces cuando el agresor le propinó una patada en el rostro utilizando para ello las botas de trabajo que calzaba. La agresión no cesó ahí, ya que continuó golpeando a su compañero con numerosos puñetazos cuando este ya se encontraba semiinconsciente en el suelo.

Para la imposición de esta pena de prisión se han aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión dado que el procesado ha reconocido los hechos. Puesto que la condena no es superior a los dos años, se podría aplicar la suspensión de la ejecución de la pena, siempre y cuando el procesado cumpla una serie de requisitos. No obstante, dicha suspensión no ha sido abordada en la sala y se abordará en la sentencia que redacte el tribunal. Por último, el condenado deberá abonar una indemnización a la víctima.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la absolución de dos menores que fueron juzgados por presuntos delitos de agresión sexual denunciados por una compañera de instituto. La resolución desestima tanto el recurso presentado por la acusación particular como el formulado por el Ministerio Fiscal y ratifica íntegramente la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado de Menores número 1 de Córdoba.

Los hechos se remontan a febrero y marzo de 2023. Según la denuncia, la menor habría sido víctima de agresiones sexuales en dos episodios distintos protagonizados por los dos acusados, ambos de 16 años en el momento de los hechos. Sin embargo, el juzgado consideró que no existían pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia de los investigados y acordó su absolución, además de dejar sin efecto las medidas cautelares que les impedían acercarse o comunicarse con la denunciante.

Según recoge la sentencia, el primer episodio se produjo durante la tarde del 27 de febrero de 2023, víspera de festivo, cuando los dos menores se reunieron con la denunciante y una amiga de esta en el domicilio de uno de ellos. Durante el encuentro, la joven y uno de los menores se fueron a una habitación donde mantuvieron contactos de carácter sexual que el juzgado, y ahora la Audiencia Provincial, ha considerado que fueron consentidos.

Tras abandonar la vivienda junto a su amiga, la menor regresó poco después para recoger una bolsa que se había olvidado. La sentencia apunta que no ha quedado acreditado que el segundo acusado participara entonces en ninguna actividad sexual conjunta. Dos días después, el 1 de marzo, los jóvenes volvieron a verse, esta vez, en la casa de la denunciante. Según han considerado probados ambas instancias judiciales, los acusados fueron a la vivienda después de contactar con la menor y mantuvieron relaciones sexuales consentidas con ella. La denuncia fue presentada el 2 de marzo y ampliada semanas después para incluir el segundo de los supuestos ataques sexuales.

La resolución de la Audiencia pone en evidencia, respecto al primer episodio denunciado, que hay elementos que impiden alcanzar una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, entre ellos el contexto previo de relaciones consentidas entre la menor y uno de los acusados, así como determinados mensajes intercambiados posteriormente. Asimismo, en relación con el segundo episodio, la Audiencia ha hecho referencia a la existencia de versiones contradictorias y la ausencia de elementos objetivos que permitieran corroborar de forma concluyente la acusación.

Por último, el tribunal también ha analizado los informes periciales incorporados a la causa y ha concluido que ninguno de ellos permitía acreditar con certeza la veracidad del relato denunciado. En particular, ha señalado que no llegó a emitirse un informe pericial de credibilidad del testimonio y que las lesiones descritas por los forenses admitían distintas interpretaciones compatibles.

Con la confirmación de esta absolución, se mantiene el levantamiento de las medidas cautelares que prohibían a los acusados acercarse o comunicarse con la denunciante.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la sentencia que condena a tres personas como autoras de un delito leve de usurpación de bien inmueble. La resolución ratifica la pena impuesta inicialmente por el Tribunal de Instancia de Montoro, que consiste en una multa de 270 euros para cada uno y la obligación de desalojar la vivienda en un plazo máximo de dos meses.

Los condenados recurrieron la sentencia inicial alegando que no existía una comunicación previa por parte de la empresa propietaria, Gestión de Inmuebles Adquiridos S.L., de Unicaja, solicitando el abandono del inmueble. Asimismo, sostuvieron un “error de prohibición”, argumentando que desconocían que habitar una vivienda que consideraban abandonada y en malas condiciones fuera constitutivo de delito.

Sin embargo, la magistrada ha rechazado ambos argumentos. En primer lugar, la voluntad de la propiedad quedó clara desde el momento en que se interpuso la denuncia. Además, los acusados fueron identificados por la Guardia Civil, momento en el cual fueron informados de que su estancia era ilegal y de que la propiedad no consentía la ocupación.

En segundo lugar, relacionado con el supuesto estado ruinoso de la casa, la sentencia señala que los acusados no aportaron ninguna prueba, como fotografías o documentos de obras, que acreditaran que el edificio estuviera en condiciones de abandono absoluto o ruina. La Audiencia ha declarado de oficio las costas.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un octogenario a cuatro años y tres meses de prisión por un delito de abusos sexuales cometido sobre su nieta, que tenía cinco años cuando ocurrieron los hechos. La sentencia concluye que el acusado aprovechó momentos en los que se encontraba a solas con la menor para realizarle tocamientos de carácter sexual, prevaliéndose de la relación de confianza derivada de su condición de abuelo y de la convivencia habitual con la niña.

Los hechos se produjeron en agosto de 2022. Según considera probado el tribunal, el acusado acarició los genitales de la menor por encima de la ropa interior mientras ambos se encontraban en el salón de una vivienda familiar. La niña convivía de manera intermitente con sus abuelos durante los periodos en los que su padre tenía la custodia. La denuncia se formuló después de que la niña estuviera de vacaciones con su madre en la playa. De forma espontánea, la menor relató a su progenitora y a una amiga de esta los “masajes” que le hacía su abuelo en sus partes íntimas. Ante la gravedad de las manifestaciones, la madre decidió grabar una conversación en vídeo en la que la niña volvió a describir lo sucedido con sus propias palabras.

Para la Audiencia, esta grabación ha sido determinante debido a la naturalidad del relato, la ausencia de preguntas sugestivas y la capacidad de la menor para describir detalles concretos sobre los tocamientos. Por ello, el tribunal entiende que la conversación refleja un testimonio espontáneo y compatible con una experiencia realmente vivida. Además, los jueces han señalado cómo la menor, en la grabación, corrige en varias ocasiones a su madre para precisar cómo se producían los hechos, y señala que las explicaciones dadas por la niña no proceden de una invención de una menor de tan corta edad.

Pese a esta grabación, la menor modificó su versión en las posteriores declaraciones debido, según el tribunal, a los siguientes aspectos. En primer lugar, se le comunicó que su madre había denunciado a su abuelo, que la Policía había entrado en la casa de este, que el procesado rompió a llorar y que se le impuso una orden cautelar de alejamiento respecto de su nieta. En segundo lugar, la menor reveló que su abuela le dijo que, ante preguntas, “se hiciera de nuevas”. Según los magistrados, la niña llegó a sentirse responsable del daño ocasionado a su familia, circunstancia que explicaría su retractación posterior.

Junto a la pena de prisión, agravada por el parentesco y la situación de convivencia, la Audiencia ha impuesto al condenado la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su nieta, de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años. Asimismo, ha quedado inhabilitado durante nueve años y tres meses para desempeñar profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual y directo con menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su nieta con 3.000 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha absuelto a un joven para quien la Fiscalía pedía más de 12 años de prisión. El tribunal no ha considerado acreditado el origen intencional del referido incendio que calcinó una moto y quemó la vivienda de un vecino de Majaneque ni que el acusado hubiera tenido participación alguna.

Aunque inicialmente se apuntó a un fuego provocado, el tribunal ha resaltado que “solamente con base en las fotografías obrantes en autos, resulta imposible ratificar dicha pericia al no poder realizar un informe concluyente”. “No bastan las conjeturas o sospechas, sino que tiene que haber pruebas claras y suficientes”, ha continuado.

Además, la Sala ha puesto en duda la inspección técnico-policial que afirmaba que la instalación eléctrica estaba en “perfectas condiciones”. Los registros de la compañía suministradora revelaron que “en todas las facturas desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 2020, el consumo de energía eléctrica había sido de 0 kwh”. Para los magistrados, “resulta, cuanto menos extraño, que el consumo durante todo un año pueda ser de 0 Kwh” en una vivienda habitual con tres residentes, lo que apunta a una conexión fraudulenta o “enganche” que pudo provocar un fallo eléctrico.

La sentencia también destaca el contraste entre los avisos recibidos por la Policía y la realidad observada por los agentes que interceptaron al joven. Mientras que los avisos hablaban de una persona agresiva intentando prender fuego, los agentes que lo identificaron en la carretera declararon que el joven “estaba tranquilo y en ningún caso trató de huir”, manteniendo una “conversación normal” con ellos e incluso siendo trasladado por la propia patrulla a casa de un amigo.

El tribunal subraya que el joven “no presentaba signos evidentes de haber estado cerca del fuego” y que, a pesar de haber discutido previamente con su familia, los agentes que interactuaron con él antes y después del suceso no observaron ninguna “actitud extraña” que permitiera vincularlo con el incendio.

Sobre el hecho de que el acusado portara un mechero en el momento de su identificación -uno de los principales argumentos de la acusación-, la Audiencia no lo ha considerado relevante, “tratándose de una persona joven y que se reconoce fumadora desde hace años”.

Finalmente, la Sala ha aplicado el principio in dubio pro reo, concluyendo que la prueba practicada es insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del joven, ya que la Fiscalía se basaba en una “sospecha generalizada” y en indicios “poco sólidos” que no han logrado establecer un enlace preciso y directo con la autoría de los hechos. El propietario de la vivienda decidió no formular ninguna acusación.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un hombre por un delito de coacciones en el ámbito de la violencia sobre la mujer. El tribunal considera probado que el acusado utilizó una estrategia de engaño y presión para intentar doblegar la voluntad de su expareja, con quien había finalizado una relación de tres años meses atrás.

Según la sentencia, un día de septiembre de 2025, el condenado se presentó en el lugar de trabajo de la víctima, una cafetería de Poniente Sur, tras haberle enviado el día anterior mensajes recriminatorios porque ella no respondía a sus llamadas. Una vez allí, le aseguró que existían vídeos de contenido íntimo de ella con otros hombres circulando por internet y le propuso “quedar en el centro y tomar una cerveza” para enseñárselos.

Sin embargo, no existían tales imágenes y todo era un engaño para forzar un contacto que su exnovia, que estaba realmente angustiada sobre la posible existencia de esos vídeos. En esos momentos, la víctima se encontraba ya en tratamiento psicológico desde abril de 2023 por una patología ansioso-depresiva derivada, precisamente, de su relación sentimental con el acusado

Por estos hechos, el hombre fue condenado, por la plaza número 6 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba, a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad o a siete meses de prisión. Además, se le impuso la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 150 metros o a comunicarse con ella durante un año y siete meses, y otra prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y tres meses.

Frente a este fallo, el condenado interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial, quien solo ha estimado reducir esta última prohibición al no haber sido suficientemente motivada. En ese sentido, el tribunal ha estimado que el hombre no podrá tener acceso ni llevar armas durante un año y siete meses.

Facua Córdoba ha asegurado este jueves que un banco ha sido “condenado a abonar” a un socio de la asociación de consumidores “los 930 euros que le sustrajeron mediante catorce cargos en su cuenta tras pinchar en un enlace que recibió por SMS que simulaba proceder de la Dirección General de Tráfico (DGT)”.

Así lo ha señalado la asociación en una nota en la que ha detallado que la sentencia de la Plaza número 12 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba establece que “el banco tendrá que pagar también los intereses legales desde la fecha de los cargos fraudulentos (34 euros) y de las costas procesales (más de 800 euros), rechazando los argumentos de la entidad”, que “trató de atribuir al afectado una supuesta negligencia grave”.

Facua ha detallado que en la sentencia, la jueza “deja claro” que “la identificación de entornos no seguros no está al alcance de cualquier usuario”, por lo que considera que “pinchar el enlace que le ofrece el SMS fraudulento no supone una grave negligencia” por parte del afectado.

Además, “da un toque de atención a la entidad bancaria al no detectar movimientos sospechosos por unos importes en sucesivas disposiciones efectuadas en un brevísimo periodo de tiempo y en distintos establecimientos comerciales desde lugares tan dispares como Alemania e Irlanda”.

Los hechos se remontan a abril de 2025, cuando el afectado, de 77 años, “recibió en su teléfono móvil un SMS que aparentaba proceder de la DGT y que le informaba de una supuesta multa de tráfico pendiente de pago”. Tras acceder al enlace, “una web que imitaba a la de Tráfico le pidió sus datos para pagar la sanción 'fake'. Después de introducirlos”, el hombre “fue objeto de numerosos cargos en su cuenta (uno de 280 euros y trece de 50 euros) por un importe total de 930 euros”.

Sin embargo, “a pesar de que el afectado comunicó inmediatamente la incidencia” al banco y “presentó la correspondiente denuncia policial”, la entidad “rechazó devolverle las cantidades sustraídas de manera ilícita con el argumento de que es responsabilidad del cliente custodiar las tarjetas bancarias”.

“En el banco me dijeron que no me reembolsaban el dinero porque era yo quién había dado mis datos a los estafadores”, cuenta el afectado, quien decidió acudir a Facua Córdoba, organización de la que es socio desde el año 2010, para que le ayudasen a recuperar su dinero.

Así las cosas, la asociación presentó una nueva reclamación al banco, pero también fue desestimada. Tras esta segunda negativa, el afectado decidió acudir a los tribunales con el asesoramiento y el respaldo jurídico de Facua Córdoba.

La sentencia, firmada el 29 de mayo de 2026, concluye que el afectado “actuó con diligencia y que el banco no logró acreditar ni la existencia de una actuación fraudulenta por parte del cliente ni una conducta gravemente negligente que justificara trasladarle las pérdidas económicas derivadas de la estafa”. Asimismo, destaca “la rápida actuación de la víctima, quien comunicó los hechos a la entidad bancaria el mismo día en que detectó las operaciones sospechosas”.

Por ello, ha resuelto condenar al banco a pagar al afectado, que se muestra “encantadísimo con la gestión” que han “hecho en Facua, 100% satisfecho”, los “930 euros que le sustrajeron a través de un SMS suplantando a la DGT, más los intereses legales y las costas procesales”.

Facua anima a los afectados a reclamar

Facua Córdoba recuerda que las víctimas de fraudes bancarios a través de técnicas como el 'phishing' o el 'smishing' tienen derecho a reclamar la devolución de las cantidades sustraídas siempre que no hayan cometido una negligencia grave.

La asociación anima a los afectados por este tipo de estafas a presentar reclamación ante su entidad financiera, denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acudir a Facua en caso de que el banco rechace asumir su responsabilidad.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, celebrado este jueves, ha respondido a un oficio del Ministerio de Justicia sobre el proyecto de Real Decreto para la creación de 500 nuevas unidades judiciales para 2026. Entre otras cuestiones, en dicha reunión se ha acordado infomar favorablemente la creación de una unidad especializada en el Tribunal de Instancia de Lucena, medida que se integra en un plan de reorganización judicial para optimizar la atención en la provincia de Córdoba.

Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta nueva unidad no solo atenderá a su partido judicial, sino que extenderá su jurisdicción a las zonas de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera. La Junta ve así una muestra de apoyo a la petición que realizó el pasado mes de marzo, cuando tachó de “incoherente” la comarcalización establecida por el Ministerio de Justicia. Actualmente, la Sección de Violencia de Género de la capital está asumiendo los asuntos también de Lucena, Montoro y Posadas.

Ante ello, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública consideró “imprescindible” que Lucena cuente con su propia sección especializada que asuma los asuntos de esta localidad y de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera. Mientras, en la capital se encargarían de los casos de violencia sobre la mujer de Córdoba, Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.

Simultáneamente, el Consejo ha aprobado ha informado favorablemente de la ampliación de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba capital. A partir de la implementación del plan, este órgano asumirá también los casos de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.

Otras cuestiones judiciales

Más allá de los cambios en Córdoba, el CGPJ ha solicitado la creación de seis plazas de magistrado/a para el alto tribunal: dos para la Sala de lo Civil, dos para la de lo Penal y dos para la de lo Social. Además, ha propuesto quue las nuevas plazas entren en funcionamiento de forma escalonada: el 1 de enero, las de los órganos colegiados (Supremo, Audiencia Nacional, TSJ y Audiencias Provinciales), jueces de Adscripción Territorial y plazas de categoría de juez; el 1 de junio, las de los tribunales de Instancia en ciudades sede de TSJ o Audiencias Provinciales; y el 1 de noviembre, el resto de plazas creadas.

Por otro lado, el Poder Judicial ha informado favorablemente de la creación de una nueva plaza judicial en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, ampliando su cobertura al partido judicial de Amurrio.

El Consejo ha subrayado que es “imprescindible” que todas estas nuevas unidades cuenten con los medios materiales, tecnológicos y personales adecuados desde el primer día de su funcionamiento. Finalmente, el Pleno del CGPJ ha recordado la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la formación de los jueces al nuevo modelo de Tribunales de Instancia.

La plaza número 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba ha estimado la demanda defendida por el Bufete Osuna -letrados expertos en procesos de filiación de gran relevancia mediática, como fueron los de El Cordobés y Julio Iglesias-, y ha obligado a tres hijos a incluir en el reparto de la herencia bienes que supuestamente habían comprado a su padre y que también pertenecían a dos progenitores que tuvo este hombre fuera del matrimonio.

Según la sentencia, facilitada a este periódico por dicho bufete, en junio de 1990, una sentencia reconoció la filiación no matrimonial de esos dos hijos con respecto de su padre. Solo 12 días después de aquel fallo, el padre otorgó testamento legando los tercios de mejora y libre disposición a sus hijos matrimoniales, limitando a estos dos hijos recién reconocidos legalmente a percibir únicamente la legítima.

Según el magistrado, este acto inició una “dinámica conductual” de la familia matrimonial para evitar que los dos hermanos extramatrimoniales concurrieran en igualdad de condiciones al reparto de los bienes. Así, para vaciar el patrimonio, el fallecido realizó diversas transmisiones de inmuebles a sus hijos matrimoniales bajo la apariencia de ventas reales en los años 1999, 2002, 2006 y 2008. Estas prácticas de despatrimonialización se aceleraron en 2002, cuando al padre se le diagnosticó un cáncer y acabó fallecido en 2020. En aquel momento, este hombre solo era titular de una cuenta bancaria que tenía 3.692,70 euros.

Para formular su fallo condenatorio, el juez ha considerado determinante la falta de capacidad económica que tenían los hijos matrimoniales para realizar dichas adquisiciones. En esa línea, los demandados -que alegaron que las transmisiones se hicieron “por amor”-no aportaron pruebas de disponer de ingresos a través de su vida laboral o ahorros suficientes para pagar el precio de los inmuebles. Además, en los interrogatorios se admitió que no se pagó precio alguno, alegando pagos “en metálico” sin ningún rastro bancario ni cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales.

Frente a estos argumentos, el magistrado ha señalado que la familia tenía un “deber especial” de documentar meticulosamente cualquier transacción para demostrar que no era un fraude, algo que no hicieron. Por todo ello, el titular de este juzgado ha declarado que estas operaciones fueron en realidad “donaciones indirectas” y ha condenado a los demandados a computar el valor de dichos bienes para repartirlos de forma igualitaria entre todos los hijos del fallecido.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a Ramón F. L. y Jesús G. B. a 20 años de prisión cada uno por el asesinato con alevosía de Rafael en su piso de la calle Reina Mercedes, en la zona de Sagunto. Asimismo, Manuela T. A., pareja sentimental de Ramón, ha sido condenada a ocho años de cárcel como cómplice del mismo delito. Esta sentencia llega después de que el jurado los declarara culpables el pasado viernes 12 de junio.

Según los hechos probados, los tres condenados conocieron a la víctima en un comedor social de Córdoba en marzo de 2024. Tras entablar una relación de confianza, Rafael les permitió instalarse en su piso el 1 de abril de ese año. Apenas dos días después, en la madrugada del 2 al 3 de abril, fue asesinado. Por motivos que no han podido ser esclarecidos durante el juicio, Ramón y Jesús comenzaron a golpearle en el salón del piso. Posteriormente, lo trasladaron a la fuerza a un pequeño dormitorio colindante donde, aprovechando la estrechez del lugar para anular su defensa, continuaron la agresión con puñetazos y patadas. Ramón utilizó un travesaño de hierro de la cama para golpear reiteradamente a la víctima en la cabeza y el cuerpo.

Mientras uno de los agresores se subía a horcajadas sobre la víctima y le tapaba la nariz y la boca para que no gritara, el otro le anudó un cinturón de albornoz en el cuello, apretándolo hasta causarle la muerte por estrangulamiento y sofocación. Por el modo en que se produjo la agresión, la jueza ha ratificado la existencia de alevosía en los dos autores del asesinato

Durante la agresión, los tres acusados mantuvieron la música a un volumen muy elevado y hablaron a voces para evitar que los vecinos escucharan los gritos de auxilio. Según sostiene la jueza, Manuela, a pesar de conocer lo que estaba sucediendo, no hizo nada por impedir la agresión ni pedir ayuda. Incluso, cuando los vecinos llamaron a la puerta por el ruido, ella y Ramón aparentaron total normalidad para evitar ser descubiertos.

Tras el crimen, los tres condenados permanecieron en la vivienda hasta las 9:00, momento en el que huyeron llevándose dos cadenas de oro, zapatillas, un teléfono móvil y las llaves de la casa. Horas más tarde, esa misma tarde, Jesús regresó al piso usando las llaves de la víctima para sustraer un televisor. La detención de los tres se produjo el 5 de abril en una nave abandonada del polígono Chinales, donde la Policía halló los objetos sustraídos a la víctima.

La jueza rechaza todas las atenuantes de los procesados

La magistrada ha rechazado las dos atenuantes que formularon las defensas. Así, ha desestimado “arrebato u obcecación” de Ramón al no probarse que la víctima hubiera intentado agredir sexualmente a Manuela, como él afirmaba. También se ha rechazado la atenuante de confesión al considerarse que solo admitió los hechos parcialmente cuando ya se sentía acorralado por las pruebas. Con relación a Jesús, la jueza no ha tenido en cuenta la atenuante de toxifrenia, ya que los informes periciales indicaron que su consumo de sustancias no afectó a sus facultades volitivas en el momento del crimen.

Además de los 20 años de asesinato, la jueza ha impuesto a Ramón y a Jesús una multa de 360 euros por un delito leve de hurto. Este último, además, ha sido condenado a dos años de cárcel por el robo con fuerza del televisor. En relación con Manuela, además de los ocho años de prisión por su complicidad en el asesinato, deberá pagar la misma multa que los otros dos condenados por el delito leve de hurto.

Tras cumplir prisión, Ramón y Jesús tendrán diez años de libertad vigilada, y Manuela, ocho. En concepto de responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar solidariamente a la familia del fallecido: 74.129 euros para su hija, 49.419 euros para su madre y 22.238 euros para cada uno de sus tres hermanos.

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha admitido que la “implantación de evolutivos” en el sistema de tramitación procesal Adriano ha generado “algunos inconvenientes”, lo que le ha llevado a pedir “disculpas” por los problemas registrados, aunque ha defendido que estas mejoras son necesarias para modernizar la justicia en la comunidad autónoma.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha asistido a la celebración del acto institucional organizado por la Comisaría Provincial de Policía Nacional por el Día de las Víctimas del Terrorismo de la Policía Nacional, Nieto ha explicado que desde junio de 2024, cuando se implantó Adriano, “se nos han solicitado una serie de mejoras y de adaptaciones, de evolutivos, que los jueces, los fiscales, los letrados, los funcionarios de justicia, entendían que suponía un avance, una mejora del sistema”.

El consejero ha reconocido que el pasado domingo se implantó “uno de los evolutivos más importantes” y ha aclarado que “cada vez que se hace un cambio, una mejora de ese evolutivo, el sistema tiene que adaptarse y tiene que introducir ese cambio y, normalmente, genera algún tipo de contratiempo”. Así, ha precisado que “el lunes por la mañana durante una hora se sufrió esa situación, que se resolvió el mismo lunes por la tarde”.

Nieto ha utilizado una comparación doméstica para justificar los problemas y ha explicado que “esto es como lo que ocurre a cualquier persona cuando quiere arreglar una parte de su casa, como el cuarto de baño, y sabe que durante un tiempo tiene que asumir” durante la reforma sufrirá “inconvenientes”.

El consejero ha insistido con otro ejemplo, señalando que “es imposible cambiar una rueda con un vehículo en marcha y es imposible introducir mejoras como las que se nos están pidiendo, que están suponiendo un esfuerzo económico y un esfuerzo en trabajo muy importante para la Consejería, sin que el sistema sufra algún problema, como el que se está dando”.

Ha añadido que actualmente “se están reformando 12 sedes judiciales”, que “quedarán mucho mejor”, aunque ha reconocido que “en este momento tenemos que sufrir las consecuencias de esas obras” y, de igual forma, se está “actuando de una forma muy importante en ese sistema de gestión procesal”, que “quedará mucho mejor”, y que “ya está mucho mejor, y los profesionales nos lo trasladan” así.

En cualquier caso, el consejero ha identificado una línea de mejora clara, que consistirá en “trabajar mejor los avisos que teníamos que haber emitido con anterioridad y así se lo hemos trasladado a la ADA, la Agencia Digital de Andalucía”. De esta forma, según ha precisado, “antes de que se incorpore un evolutivo que vaya a tener consecuencias en el funcionamiento del sistema hay que avisar a los posibles afectados, hay que avisar a los jueces, hay que avisar a los letrados, a los fiscales y a los funcionarios, para que tengan prevista esa circunstancia”.

Nieto se ha comprometido, ante futuras mejoras del Adriano a “intentar que esa evolución, que esa mejora” que seguirán impulsando en el sistema, “no tenga consecuencias negativas”, y ha reiterado su petición de disculpas, asegurando que la Consejería sigue “trabajando en mejorar y hacer más eficiente” el “servicio de Justicia en Andalucía”. “Lo estamos intentando hacer con las menores consecuencias y los menores inconvenientes posibles, pero a veces es inevitable”, ha concluido.

La plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba ha dictado el procesamiento de un hombre por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en 2024 tras una disputa en un pub de la capital donde el agresor supuestamente atacó a un joven por recriminarle su actitud hacia las mujeres que lo acompañaban.

Según el auto de procesamiento, al que ha accedido este periódico, el apuñalamiento se produjo el 23 de noviembre de 2024 en un pub de Ciudad Jardín, donde se encontraba la víctima con sus amigos. En un momento dado, un grupo de cinco personas comenzó a rodear de forma “chulesca y amenazante” a las mujeres que iban con la víctima.

Después de que la víctima les recriminara su comportamiento, el procesado se abalanzó hacia ella en varias ocasiones intentando agredirle, aunque no lo consiguió. Sin embargo, una vez fuera del local, el denunciado siguió al joven y le asestó dos puñaladas con una navaja en el costado y la espalda.

A consecuencia del ataque, la víctima sufrió un traumatismo abdominal y laceraciones en el bazo que le provocaron un hemoperitoneo. Aunque no requirió cirugía de urgencia, el informe médico forense ha dejado constancia de que existió un riesgo vital potencial. Si la trayectoria de la herida hubiera sido ligeramente distinta, la hemorragia podría haber resultado mortal. El acusado, defendido por la abogada María del Mar Jiménez Sánchez, fue detenido el mismo día de la agresión y estuvo en prisión poco más de una semana.

Tras la investigación, la magistrada ha transformado la causa en sumario al deducir un presunto homicidio en grado de tentativa, delito que está penado con más de nueve años de cárcel. Además, ha previsto una indemnización a la víctima de 6.000 euros. Una vez que la jueza considere que se han practicado todas las diligencias necesarias, dictará un auto de conclusión del sumario y remitirá la causa a la Audiencia Provincial para los posteriores escritos de la Fiscalía y la defensa.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este miércoles la última sesión del juicio a Carlos González, dedicada a los informes finales de las partes y al derecho a la última palabra de los acusados. La jornada, maratoniana, se abrió con un giro relevante: la Fiscalía modificó su escrito de acusación, rebajó las penas que pedía y retiró por completo los cargos contra dos de los seis acusados, Álex Gómez Comes y Andrés Delgado. El juicio quedó visto para sentencia al término de la sesión.

Una acusación más corta

El Ministerio Público reformuló su petición en varios frentes. Retiró toda la acusación contra Gómez Comes y Delgado, mantuvo contra Alejandro González únicamente un delito de falsedad documental, dejando caer el resto; y reconsideró la posición de Salvador Sánchez al dar por probado que el contrato de préstamo de 2016 fue real, lo que llevó a eliminar el delito de corrupción entre particulares que pesaba sobre él y sobre el propio Carlos González. Al situar varias de las operaciones antes de la reforma del Código Penal de 2015, la calificación quedó reconducida al antiguo artículo 295, en concurso con un delito de apropiación indebida.

Con esos cambios, la Fiscalía pide ahora siete años de prisión para Carlos González, como responsable de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental; cuatro años para Salvador Sánchez; cuatro para Francisco Javier Jiménez Sacristán; y dos para Alejandro González, además de una multa y una responsabilidad civil de unos 30.000 euros. También ajustó a la baja las cantidades reclamadas como responsabilidad civil, eliminando los honorarios de González de las temporadas anteriores a 2017 y las facturas de la empresa de seguridad, que nunca llegaron a abonarse.

La tesis de la Fiscalía

En su informe, la fiscal sostuvo que lo que se juzga son operaciones que Carlos González, como máximo accionista, habría dirigido para beneficiarse a sí mismo, a sus sociedades o a terceros. Recordó que el propio acusado admitió haber manejado el grupo como “una cuenta única”, de modo que cuando una de sus empresas necesitaba liquidez se le hacía un préstamo o una transferencia desde el club, a su juicio en perjuicio de los socios minoritarios. Apoyándose en el testimonio de la contable Rosa Agredano, describió una práctica en la que, cuando ella no podía contabilizar una factura por falta de soporte, González se lo facilitaba “siempre con fecha posterior” a la operación, y resumió que en el club no se movía nada sin su conocimiento.

A partir de ahí repasó las operaciones cuestionadas: las facturas de Ecco Documática y Azaveco que, a su entender, no respondían a servicios acreditados sino a meros apuntes para compensar saldos; los intereses “excesivos” de los préstamos con la sociedad de Salvador Sánchez frente a los pactados con las empresas de González; los gastos con tarjeta sin justificar -citó compras en joyerías, videojuegos en línea o un seguro privado-; el servicio de seguridad en el domicilio madrileño, que consideró desproporcionado; y el reparto de dividendos de 2016, que a su juicio se aprobó pese al criterio inicial del CSD y mediante una activación contable que “maquillaba” las cuentas. Concluyó que los hechos son constitutivos de administración desleal continuada, apropiación indebida y falsedad, y rechazó que la posterior recuperación del club por González borre el perjuicio, recordando a los accionistas minoritarios.

Las defensas: ni perjuicio ni delito

Frente a esa tesis, las cuatro defensas reclamaron la absolución y construyeron su alegato sobre una misma sospecha de origen: que la causa nace de una denuncia que el propio Jesús León admitió haber interpuesto como mecanismo de defensa, sin ver delito, y que se sostiene en dos informes -el de BDO y el de los administradores judiciales- que, recalcaron, se limitaron a constatar hechos sin afirmar que hubiera irregularidades, frente al de KPMG, que sí entró a justificar cada operación una por una.

A partir de ahí, los argumentos se repartieron en torno a tres ideas. La primera, que quien decidía era solo González: los letrados de Jiménez Sacristán y Alejandro González coincidieron en que sus clientes se limitaban a firmar o a figurar mientras el verdadero mando, también en 2017, seguía siendo el del expropietario, de modo que mal podían responder de unas decisiones que no tomaron. La segunda, que los servicios cuestionados fueron reales y hasta rentables: la defensa de Salvador Sánchez aportó un millar de folios para acreditar el trabajo de su cliente y subrayó que las salidas de jugadores que negoció dejaron entre seis y siete millones al club por una comisión de 150.000 euros, mientras la de Carlos González replicaba a la fiscal con sus propios ejemplos -el videojuego en línea era para Florin Andone, el futbolista más caro vendido por el club, y la compra en joyería, un obsequio en una negociación-.

La tercera razón alegaba a que nada de esto es materia penal, ya que el club era a todos los efectos de González, con el 98,7% de las acciones. A ello sumaron que las cuentas se auditaron sin salvedades, que el único perjuicio que un administrador judicial supo concretar fue un vago “coste de oportunidad” y que cualquier reproche pertenecería al ámbito mercantil, donde nadie ejerció jamás acción de responsabilidad. Además, varias defensas insistieron en el factor tiempo. Con los hechos situados entre 2013 y 2015 y una causa que se acerca a los ocho años, reclamaron la prescripción o, al menos, una atenuante por dilaciones indebidas, además de un error de prohibición en el caso de González, convencido -dijeron- de estar administrando lo que era suyo.

Visto para sentencia

Tras los informes, el tribunal concedió a los acusados el derecho a la última palabra. Solo intervino Carlos González, brevemente, para agradecer el trato recibido durante las dos semanas de vista. El presidente del tribunal dio por concluido el juicio, agradeció a las partes el tono mantenido y declaró la causa vista para sentencia, que se conocerá en las próximas semanas.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a cuatro años y un día de prisión por abusar sexualmente de una niña de diez años, nieta de su entonces pareja, durante el confinamiento decretado por la pandemia en 2020. La sentencia también le impone multas por exhibicionismo y provocación sexual, una indemnización de 10.000 euros para la víctima y libertad vigilada.

Según recoge el fallo, los hechos ocurrieron en una vivienda de la capital cordobesa en la que convivían el acusado, su pareja, la hija de esta y sus dos hijos menores de edad, y un tío de la víctima. La niña, que mantenía una relación de confianza con el procesado y llegó a llamarle “abuelo”, tenía diez años cuando comenzaron los abusos. El tribunal ha considerado acreditado que el condenado, un sexagenario, aprovechó momentos de relativa intimidad en la vivienda, fundamentalmente por la noche, para mostrar a la menor vídeos pornográficos almacenados en su móvil.

Asimismo, en una ocasión le exhibió sus genitales y le pidió que los tocara, aunque no ha quedado acreditado que la niña llegara a hacerlo dado que la niña no lo recordaba. A pesar de que la vivienda no era de grandes dimensiones, estos hechos ocurrían sentados ambos en el sofá del salón y semiocultos por una columna cuando el resto de habitantes de la casa se iban a dormir o hacían otros quehaceres.

Una noche calurosa del verano de 2020, la víctima, el acusado y su abuela durmieron en el salón, en un mismo colchón, dado que era la estancia que tenía aire acondicionado. Cuando la abuela se encontraba profundamente dormida, el acusado aprovechó para hacer tocamientos a la menor. Esas actitudes, todavía no valoradas adecuadamente por la niña, ya propiciaron un cierto rechazo hacia el procesado, hasta el punto de que cuando volvía los fines de semana a casa después de trabajar fuera, intentaba no coincidir con él, quedándose en su dormitorio.

La sentencia deja constancia de que la violencia sexual a la que fue sometida la niña dejó impacto psicológico que se manifestó en su propia autoestima, con sensación de culpa, asco o vergüenza. Años más tarde, cuando la menor inició su adolescencia y comenzó a tener relaciones afectivas y sexuales, fue consciente de lo que había sufrido en su infancia. A ese conocimiento contribuyó la formación recibida en materia de educación sexual en su instituto.

Tras el juicio, la Audiencia ha condenado a este hombre a cuatro años y un día de prisión por un delito de abusos sexuales a una menor de 16 años con la agravante de aprovechamiento de una situación de convivencia. Asimismo, le ha impuesto una multa de 4.328 euros por un delito continuado de provocación sexual y otra de 1.440 euros por un delito de exhibicionismo. A esto se suman las prohibiciones de comunicación por cualquier medio y de aproximación a una distancia inferior a 300 metros respecto de la menor, de su domicilio, lugar de estudios o cualquiera en que se encuentre por plazo de cinco años y un día.

Por último, se le ha impuesto cinco años de libertad vigilada, inhabilitación para trabajar con menores durante nueve años, una indemnización a la víctima de 10.000 euros y el pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.

La Sección Sindical de CCOO en la Administración de Justicia denuncia que el Sistema de Gestión Procesal @Adriano se ha parado totalmente hasta en 15 ocasiones en lo que va de año, la última de ellas, hoy mismo. En concreto, el sindicato afirma que el sistema ha dejado de funcionar los días 14 y 23 de enero, los días 3, 4, 12 y 19 de febrero, el 13, 18 y 24 de marzo, así como los días 16, 20, 21 y 24 de abril, 5 de mayo y hoy, 16 de junio.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía invirtió en 2023 más de 3 millones de euros en la implantación del sistema @Adriano que se supone que venía a facilitar la vida al personal de Justicia agilizando su trabajo diario en la tramitación de procedimientos.

Para CCOO, la implantación de este gestor procesal no solo no ha cumplido con lo que se prometía, sino que desde su puesta en funcionamiento ha presentado fallos y disfuncionalidades que no dejan al funcionariado de justicia realizar su trabajo con la eficiencia y productividad deseada.

La guinda del pastel ha aparecido con la implantación de los tribunales de instancia y su adaptación en el sistema de gestión, lo que se ha traducido en días enteros de parón del sistema informático, por no hablar de los numerosos días en los que el sistema tiene parones o se ralentiza por horas, especialmente, a última hora de la mañana.

Estos hechos han sido denunciados desde un principio por CCOO, sin que hasta la fecha se haya solucionado el problema. La seriedad de la justicia y la satisfacción del justiciable no pueden estar a expensas de si funciona bien o no el sistema @Adriano.

Desde CCOO se insta nuevamente a la Consejería de Justicia a que adopte las medidas necesarias para resolver el problema y que permita al personal de justicia realizar su trabajo con normalidad al tiempo que se garantizan los derechos procesales de la ciudadanía.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este martes la séptima sesión del juicio a Carlos González, en la que por primera vez declararon los acusados: el propio Carlos González, su hijo Alejandro González, Javier Jiménez Sacristán, Salvador Sánchez, Álex Gomez Comes y Andrés Delgado. La jornada, de orden alterado por la disponibilidad de los testigos, cerró las periciales con las comparecencias de los representantes de BDO y el Consejo Superior de Deportes y reservó su tramo central para la declaración del expropietario del club, que respondió únicamente a las preguntas de su defensa y enmarcó toda su intervención en una idea: que cada operación cuestionada fue legal, estaba contabilizada y nunca recibió un reproche de los organismos de control.

González sostuvo que asumió la gestión deportiva del club “íntegramente”, incluso después de ceder la presidencia a su hijo Alejandro en diciembre de 2016, una decisión que atribuyó a una situación personal límite por amenazas. “Lo que se hizo fue que yo dejara la presidencia, una decisión entre seguridad, policía y familia, pero el tema deportivo lo seguía llevando yo íntegramente”, declaró.

“El club estaba arruinado”

El relato de González partió de una premisa: que compró en 2011 un club “completamente en quiebra técnica”, sin liquidez, que sus otras empresas tuvieron que sostener. Por eso, explicó, durante los primeros años el personal, la contabilidad y los sistemas del Córdoba CF se llevaron desde Madrid con medios de su grupo y no se facturaron hasta que el club tuvo dinero para pagarlos. Esa es, defendió, la explicación de las facturas que la acusación considera sin servicio detrás. Y la que emitió en 2017, ya con su hijo de presidente, respondería a que él siguió dirigiendo lo deportivo desde fuera de la presidencia: “Yo no trabajo gratis, mis compañías no trabajan gratis”.

Frente a la idea de una gestión ruinosa, González reivindicó justo lo contrario. Sostuvo que su etapa dejó los mayores éxitos de la historia del club, no solo con el ascenso a Primera División sino con el filial en Segunda B y toda la cantera en sus máximas categorías. “Fue la mejor temporada de la historia del Córdoba, lo dice hasta la página web”, afirmó, atribuyendo ese reconocimiento incluso a los actuales propietarios. Defendió que los contratos que la acusación señala fueron una inversión que dio resultados, y se detuvo en la temporada en la que el equipo rozó un segundo ascenso: hizo, dijo, los mayores puntos de su historia en la primera vuelta y se quedó sin subir por circunstancias ajenas, como la marcha de jugadores a la Eurocopa -entre ellos Florin Andone- y un play off que, en su versión, perdió de forma injusta ante el Girona.

En todo lo demás, su defensa giró sobre una misma idea, repetida una y otra vez: que cada operación fue legal y que nadie -ni los auditores, ni LaLiga, ni el Consejo Superior de Deportes, ni los accionistas- le puso jamás un reparo. Lo aplicó al reparto de dividendos que, recordó, autorizaron los organismos y cobraron todos los socios; a los gastos con tarjeta, que defendió como obsequios de representación; o a la seguridad de su domicilio de Madrid, que dijo haber necesitado por amenazas de muerte y haber instalado por recomendación policial. “Siempre he tenido claro qué es legal y qué no, y todo lo que se hizo nos lo autorizaron”, zanjó.

Una versión que el resto de acusados sostuvo

Ninguno de los demás acusados se desmarcó de ese relato; al contrario, todos dibujaron a un Carlos González que nunca soltó las riendas. Su hijo Alejandro González, que asumió la presidencia en 2016 con 26 años, sostuvo que aceptó únicamente “la representación social” de la sociedad, sin asumir las funciones ejecutivas que su padre siguió desempeñando como asesor externo, sobre todo en lo deportivo, donde -dijo- era él quien decidía sobre entrenadores y plantilla. Negó haber sido accionista o haber cobrado un solo euro por aquellas operaciones y resumió estos años con amargura: “Lo único que he recibido es llevar imputado desde los 28 años”.

Por su parte, el resto de acusados se centraron en defenderse de las distintas acusaciones de la Fiscalía a través de su escrito. Así, Francisco Javier Jiménez Sacristán, mano derecha de González durante más de dos décadas, defendió que su paso de empleado a empresario con sociedad propia respondió a una decisión de carrera, asumiendo que su etapa en el club se acababa, y que en esa nueva relación mercantil hacía esencialmente el mismo trabajo comercial e institucional que antes. Sobre sus gastos con tarjeta, los calificó de “ridículos” para el presupuesto de un club y aseguró que siempre fueron de representación, documentados y a veces pagados de su propio bolsillo.

Álex Gómez Comes y Andrés Delgado se presentaron como dos piezas sin poder real de decisión. Gómez Comes, director deportivo, defendió que una cláusula de su contrato -pensada para protegerle si cambiaba la propiedad- acabó costándole a él su indemnización y ahorrándosela al club, y confirmó que rechazó una oferta de Japón por mantenerse en el Córdoba, con el consecuente perjuicio que ello conllevó en ese momento incluso hasta ahora. Delgado, que se definió como autónomo dependiente y se sentía un empleado más, dijo no haber intervenido en las cuentas ni en las grandes decisiones, que situó igualmente en González.

Capítulo aparte fue Salvador Sánchez, agente FIFA, que ofreció la declaración más extensa para reivindicar que su trabajo fue real y rentable para el club: detección de talento, fichajes y, sobre todo, salidas de jugadores que aliviaron la masa salarial, con operaciones sobre futbolistas como Fede Vico, Florin Andone, Ryder Matos o Deivid. Explicó que el dinero que adelantó al club estaba garantizado con las acciones de Ecco Documática, de modo que, de no cobrar, habría podido quedarse con el Córdoba, y reconoció un préstamo personal de 1,12 millones a González, al mismo interés que el de la ciudad deportiva, que acabó en demanda y en un acuerdo para saldarlo. Negó haber pactado nada con González para perjudicar al club.

BDO y el CSD cierran las periciales

Antes de los acusados declararon los dos últimos peritos. El auditor de BDO, Carlos del Corral, autor del informe encargado por LaLiga y el CSD, insistió en que su trabajo se limitó a señalar como auditor los hechos relevantes -el coste “muy alto” de algunas operaciones, la coexistencia de contratos con objetos similares- para que el destinatario los interpretara, y precisó que no empleó el término “irregularidad”. El representante del Consejo Superior de Deportes, su antiguo subdirector de deporte profesional, explicó que el organismo consideró inadecuado el reparto de dividendos por la situación económica del club, pero reconoció que no adoptó ninguna acción para invalidarlo porque “no era nuestra competencia”.

El juicio afronta este miércoles su última sesión, con la prueba documental, los informes de conclusiones de las partes y el derecho a la última palabra de cada uno de los acusados.

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puente Genil dictó el pasado vieres un auto acordando la libertad provisional bajo fianza de 3.000 euros para el conductor acusado de causar la muerte a una joven de 24 años en noviembre de 2024. El investigado, que se encontraba en prisión desde finales de enero de 2025, ya ha abonado la fianza impuesta para abandonar el centro penitenciario, según ha confirmado a este periódico el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha adelantado Puente Genil OK.

A pesar de su puesta en libertad, solicitada por su defensa, el tribunal ha impuesto estrictas medidas cautelares para garantizar su sujeción al proceso judicial. El acusado tiene prohibido residir y acudir a la localidad de Puente Genil, así como la salida del territorio nacional, motivo por el cual se le ha retirado el pasaporte. Además, deberá comparecer en sede judicial todos los lunes y mantiene intervenido su permiso de conducir desde que adquirió la condición de investigado.

El atropello ocurrió la tarde del domingo 3 de noviembre de 2024, cuando la víctima fue atropellada por un coche que se dio a la fuga. Tras meses de investigación coordinada entre la Guardia Civil y la Policía Local, en la que se analizó minuciosamente el vehículo localizado en la provincia de Sevilla, los agentes detuvieron al presunto autor el 28 de enero de 2025.

En su primera comparecencia judicial, realizada el 29 de enero de 2025, se decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, atribuyéndole inicialmente delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y conducción temeraria.