La plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado a Cajasur Banco a devolver 3.954,40 euros a un cliente que sufrió una estafa informática en su móvil. La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, condena además a la entidad al pago de los intereses y de las costas.

Los hechos se remontan a finales de septiembre de 2023, cuando el demandante detectó una serie de cargos no autorizados en su tarjeta bancaria por un importe total que inicialmente superaba los 18.000 euros. Aunque el banco logró detener y retroceder gran parte de las transacciones sospechosas, rechazó devolver el perjuicio económico final de casi 4.000 euros alegando que el usuario había incurrido en una “negligencia grave” al descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, infectando su terminal con un malware que capturó sus credenciales de acceso.

Frente a esta postura, la víctima, defendida por el despacho Cabrera Abogados, acudió a los tribunales sosteniendo que en ningún momento autorizó ni consintió dichas operaciones y que la responsabilidad debía recaer sobre el banco. En el fallo, la jueza recuerda que la responsabilidad en este tipo de operaciones no autorizadas es de carácter cuasi-objetivo para las entidades financieras, a las que corresponde probar que existió fraude o una negligencia grave por parte del usuario.

Además, la sentencia recalca que ser víctima de un engaño cibernético complejo no constituye negligencia grave y cuestiona el intento de la banca de desvincularse de los riesgos del canal móvil. “Ha sido la banca la que principalmente se ha beneficiado de las nuevas tecnologías: su uso le ha permitido abaratar costes mediante el sistema de que sean los clientes los que realicen materialmente las operaciones. Resulta justo que sea el banco el que se haga cargo de ese margen de riesgo que ha introducido el uso de las nuevas tecnologías”, recoge el fallo.

La cantidad que el banco deberá devolver al usuario se ajusta a la cuantía al importe real defraudado tras el bloqueo parcial ejercido por la entidad y las reclamaciones previas. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de cuatro años y un día de prisión impuesta a un hombre por un delito de abuso sexual cometido sobre la hija de tres años de una amiga en Córdoba capital. La resolución confirma asimismo la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Córdoba, que le impone seis años de inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad, remunerada o no, que conlleve contacto directo con menores de edad.

Los hechos sucedieron el 2 de enero de 2022. El procesado se encontraba en la vivienda de su amiga tras ser invitado a comer debido a la estrecha relación de amistad y confianza que mantennían. Aprovechando que la mujer subió un momento a la azotea a tender la ropa y dejó a sus dos hijos -de tres y cinco años- a su cuidado, el hombre sentó a la pequeña en su regazo con las piernas abiertas y le realizó tocamientos reiterados en la zona genital por encima de la ropa.

Al regresar, la madre sorprendió al hombre in fraganti. Tras presenciar la escena, la mujer trasladó inmediatamente a la menor al hospital. Aunque la progenitora relató los hechos ante el juzgado de instrucción, no los denunció ni ha ejercido la acusación particular. De hecho, pidió el archivo de las actuaciones para evitar que la niña pasara “por un trauma” y que “no quería saber nada más del tema”. Sin embargo, al tratarse de un delito perseguible de oficio que afecta a una menor, el Ministerio Fiscal asumió la causa hasta lograr la condena.

En la resolución del recurso, el TSJA ha rechazado la versión del procesado, quien alegó que solo intentaba “remeterle la ropa” a la niña, y concluye que el relato de la madre es plenamente veraz y que no existía ningún motivo para inventar una acusación de tal gravedad.

El cordobés que incendió la barra del bar Las Postas, ubicado en la Avenida de Cádiz del municipio sevillano Los Palacios y Villafranca tras pedir “mayonesa o kétchup” para su montadito y obtener una respuesta negativa por parte de los camareros, ha aceptado tres años y medio de cárcel, si bien enfrentaba una petición fiscal de once años de prisión.

Durante la sesión, celebrada durante la presente jornada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, este varón, a preguntas del fiscal, ha reconocido haber rociado la barra del bar con una botella de plástico llena de gasolina tras esta negativa, a sabiendas de que el establecimiento se encontraba repleto de clientes en ese momento.

Tras este reconocimiento y gracias a la conformidad de las partes personadas con las penas y hechos consensuados, la Fiscalía, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, ha rebajado de once a tres años y medio su petición de pena privativa de libertad.

Ello, al tener en cuenta además que este hombre abonó con carácter previo a la celebración de la cita y en concepto de responsabilidad civil por los daños causados un total de 9.245 euros.

Por ello, ha sido posible aplicar una atenuante cualificada de reparación del daño respecto al delito de incendio, que además ha sido valorado en menor grado y considerado de menor entidad.

El implicado, además, ha aceptado multas de algo más de 76 euros por cada uno de los dos delitos leves de lesiones, referidos a los daños causados a los camareros que en ese momento trabajan en el establecimiento. Finalmente, el juicio ha quedado visto para sentencia.

Cabe recordar que el propietario, en el momento de los hechos, comentó a esta agencia que en principio el hombre mostró “normalidad” ante la falta de ambas salsas.

“Pidió mayonesa y el camarero le dijo que no, porque no tenemos. Somos un bar que nos dedicamos principalmente a los desayunos, por la tarde tenemos copas, cafés y algún montadito por si alguien tiene hambre, poco más”, detallaba entonces el dueño del establecimiento, José Antonio Caballero.

La plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba ha solicitado un informe exhaustivo de la situación social y habitacional de las mujeres afectadas tras la clausura de un club de la capital, ubicado en Chinales, después de que la Policía Nacional haya situado allí una red de prostitución.

Hay que recordar que la clausura temporal del establecimiento se produjo el pasado 15 de octubre a petición de la Fiscalía de Córdoba. El objetivo de esta medida es neutralizar cualquier riesgo de reiteración delictiva mientras avanza la instrucción de la causa. Esta providencia de la jueza llega después de que el abogado de las investigadas solicitara una modificación parcial de la clausura dado que el cierre había dejado a las mujeres en una situación de “desamparo habitacional” al no disponer de un lugar alternativo donde dormir.

Por este motivo, el letrado solicitó, con carácter urgente, permitir la pernocta de las mujeres en sus habitaciones y el uso de los servicios básicos -manteniendo sellada la actividad comercial y prohibiendo la entrada de clientes- o, subsidiariamente, la intervención urgente de los servicios sociales de emergencia.

Ante esta solicitud, la jueza ha emitido una providencia requiriendo al Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Policía Nacional para que informe sobre tres cuestiones. En primer lugar, la magistrada quiere saber cuántas mujeres había en el club en el momento en que fue precintado. En segundo lugar, urge a que la Policía informe sobre si se les ofreció un lugar donde residir en el momento de la intervención, detallando qué alternativas se les propusieron y cuál fue la respuesta individual de cada una de ellas.

En tercer y último lugar, la jueza interesa saber si, actualmente, todas las mujeres tienen un lugar donde vivir. En el caso de que alguna carezcan del mismo, los agentes deberán hacer las gestiones oportunas con organizaciones o Servicios Sociales para que todas estén bajo techo.

Operativo de la Policía

El operativo policial inicial se saldó con la detención de siete personas en Córdoba y dos en Cáceres, interviniéndose 28.000 euros en efectivo, drogas y documentación. Ninguno de los arrestados ingresó en prisión preventiva, dictando el juzgado su libertad provisional con medidas cautelares como comparecencias quincenales, prohibición de salida del territorio nacional para una de las investigadas y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

De acuerdo con el atestado policial, la organización criminal operaba captando a mujeres en situación de vulnerabilidad en sus países de origen mediante falsas ofertas de empleo. Una vez en España, la red presuntamente las sometía a un control férreo de tarifas y horarios para forzarlas a ejercer la prostitución de manera ininterrumpida, las 24 horas de los siete días de la semana.

Tras la investigación, las actuaciones judiciales se han dividido en dos causas que han caído sobre dos juzgados diferentes. Por un lado, el de Violencia sobre la Mujer investiga el presunto delito de trata de seres humanos y, por otro, la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba tiene diligencias abiertas por un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

“Sin informador, no hay lucha contra la corrupción”. Con esta rotunda premisa, el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude (OAAF), Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha urgido en Córdoba a establecer mecanismos reales para proteger a quienes denuncian irregularidades frente al terrible miedo a sufrir represalias laborales o personales. Ha sido durante la inauguración de las jornadas sobre prevención del fraude y lucha contra la corrupción celebradas en el Colegio de la Abogacía, un foro en el que el jefe antifraude ha advertido de que la persona que da el paso de alertar “muchas veces se debate entre el miedo y la zozobra sobre si va a ser objeto de represalias”.

Durante su intervención, Sánchez Zamorano, que ha recordado sus 40 años de trayectoria como magistrado, ha subrayado que una buena parte de las denuncias que ha recibido su departamento se han registrado de manera anónima precisamente por ese temor a las represalias. Para abordar este reto democrático, el director adjunto de la Oficina, Manuel Pérez Piña, especialista en la materia, ha sido el encargado de abordar cómo se gestiona tanto la protección del informante como la denuncia anónima. Asimismo, Sanchez Zamorano ha querido reconocer expresamente el papel indispensable de los profesionales del derecho en este engranaje, ya que, tal y como ha aseverado, “sin abogados, no hay tutela judicial efectiva”.

Previamente, el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha defendido con firmeza que “una abogacía bien formada es una abogacía mejor preparada para asesorar, prevenir conflictos, identificar riesgos, proteger derechos y contribuir a que las actuaciones se desarrollen dentro del marco de la legalidad”. Arias ha reivindicado que los abogados y abogadas se han consolidado como “los primeros detectores de humo cuando se produce un tema” y actúan siempre como “el primer escudo” ciudadano frente a las irregularidades. Además, ha alertado de la gravedad de estos delitos, subrayando que el fraude y la corrupción “deterioran la confianza ciudadana, debilitan la credibilidad de las instituciones y afectan a la igualdad ante la ley”. Por ello, ha exigido que la colaboración entre organismos no sea una mera declaración de intenciones, sino que se traduzca en espacios reales de trabajo.

En esta misma línea de defensa de lo público, el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Córdoba, Jorge Fernández Gañán, ha remarcado que luchar contra el fraude ha significado “defender la confianza de los ciudadanos en las instituciones” y “proteger los recursos públicos”. Fernández ha explicado que “quien defrauda no solo incumple una norma, sino que está obteniendo una ventaja injusta frente a otros”, un comportamiento que perjudica directamente a aquellas empresas y profesionales que “actúan honestamente”. El delegado ha recordado las dos vías de actuación de la Agencia: el fomento del cumplimiento voluntario y la persecución implacable del delito. En este punto, ha aprovechado para alabar efusivamente la labor “a veces muy callada y muy soterrada, pero importantísima” del servicio de Vigilancia Aduanera frente al contrabando, el blanqueo y el fraude fiscal.

La apertura del acto ha sido clausurada por la secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Cañizares Castellanos, quien ha asegurado que desde la llegada de Vox a la Consejería de Justicia se ha asumido “el absoluto compromiso de intentar solventar los problemas” crónicos de la administración, reconociendo abiertamente “unos déficits de recursos humanos muy importantes”.

Para hacer frente a esta situación y dotar de medios a la justicia, Cañizares ha aportado cifras y medidas concretas, como los “236 refuerzos en toda Andalucía”, y ha anunciado se cubrirán “95 plazas judiciales y 36 de fiscales”. Igualmente, ha adelantado el compromiso autonómico de dotar de infraestructura y ordenadores a los nuevos despachos y de incorporar a 160 funcionarios. En estas jornadas también intervendrán el magistrado de lo Penal de Córoba José Ignacio Vilaplanza y el jefe de Vigilancia Aduanera de Córdoba, Antonio Sánchez Jiménez.

Multa para una multiservicios por vulnerar los derechos laborales de hasta 36 camareras de piso y limpiadoras de dos hoteles de Córdoba. Según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sanción que la Delegación Territorial de Empleo impuso a una empresa multiservicios por reducir descansos y vacaciones a estas trabajadoras que ejercían en los hoteles Córdoba Center y Ayre.

En ambos establecimientos, esta empresa está subcontratada de 2017 para las labores de limpieza de las zonas comunes. Tras una investigación realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se constató que esta mercantil imponía a su plantilla unas condiciones de trabajo inferiores a las fijadas por la legislación vigente y por el Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Hostelería de Córdoba.

En concreto, la Inspección de Trabajo detectó irregularidades directas en el régimen de descansos semanales y en el disfrute de las vacaciones del personal, vulnerando lo establecido en el artículo 84.1 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 14, 15 y 17 del convenio sectorial cordobés. Según tipificó Empleo, la empresa había cometido una infracción grave de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) con la agravante del volumen de trabajadoras afectadas tras confirmarse que el recorte de derechos alcanzaba a un total de 36 empleadas de ambos hoteles. Así, estipuló la sanción en 3.125 euros.

Tras ser sancionada por Empleo y ver desestimado su posterior recurso ante la Dirección General de Trabajo, la mercantil llevó el caso a los tribunales. Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba desestimó su demanda en marzo de 2024.

Ya entonces, la sentencia era firme, ya que las sanciones administrativas en materia laboral (a diferencia de las de Seguridad Social, cuyo límite es de 3.000 euros) solo admiten recurso de suplicación cuando su cuantía supera el umbral ordinario de los 18.000 euros. No obstante, en un último intento por anular la sanción, la emprea elevó un recurso de suplicación ante el TSJA alegando la “afectación general” del asunto. Es decir, la mercantil quiso convertir esta sanción en un conflicto colectivo dado el elevado número de afectados.

Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha inadmitido el recurso rechazando esta tesis, aclarando que un expediente sancionador a una empresa exige evaluar una responsabilidad individual y no genera por sí solo un conflicto colectivo. Al ser una infracción y sanción únicas impuestas a la mercantil, se excluye dicha excepción. No obstante, la sentencia del juzgado, ha insistido, era irrecurrible.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha celebrado este martes la orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que notifica la ejecución del derecho de retracto sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, que el consistorio aspirar a poseer tras depositar 300.000 euros.

Bellido ha reaccionado a la noticia en el Ayuntamiento, insistiendo en su alegría en el hecho de que la Junta haya culminado su parte del procedimiento con la publicación este martes en el BOJA de la orden por la que se ejercita el derecho de retracto en beneficio del Ayuntamiento. Según ha señalado, esta decisión se suma al apoyo unánime a la declaración de estos espacios como Bien de Interés Cultural (BIC), aprobado tanto en el Pleno municipal como en el Parlamento andaluz.

El regidor ha explicado que el siguiente paso es aceptar la cesión y dar los pasos administrativos necesarios para proveer el presupuesto y ejecutarlo. Ha indicado que lo ideal sería iniciar la ejecución para poder disponer de los inmuebles lo antes posible. La orden fija en 300.000 euros el precio de adquisición, el que consta en la escritura de compraventa, y establece que el Ayuntamiento asumirá íntegramente su coste.

No obstante, tras el anuncio del propietario de que acudirá a los tribunales, el alcalde ha reconocido que era una posibilidad que ellos esperaban, y ha reconocido que Antonio Amil “está en su legítimo derecho”.

“Nosotros prisa no tenemos”, ha señalado el alcalde, que ha confiado en las posibilidades de victoria de la administración pública, teniendo en cuenta la advertencia que hizo el notario y con la resolución de la Junta, que, según ha dicho, sus técnicos y expertos jurídicos han justificado “al detalle”.

Antonio Amil Corredera, que adquirió los inmuebles junto a su esposa, ha anunciado que acudirá a los tribunales para defender un proceso de adquisición que, según ha afirmado, se hizo “con toda la legalidad y las garantías”. La orden, fechada el 18 de octubre, pone fin a la vía administrativa y puede recurrirse en reposición en el plazo de un mes o ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el de dos meses.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un hombre a diez años y diez meses de prisión como autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. La resolución, con fecha de 1 de octubre de 2026, rechaza de pleno el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado y confirma tanto las penas accesorias como las medidas de alejamiento y la indemnización fijadas a favor de la víctima.

Según los hechos probados, los abusos se cometieron en fechas indeterminadas entre el verano de 2018 y finales del verano de 2019. El condenado convivía desde el año 2013 con su pareja y los dos hijos menores de esta en una vivienda de la provincia de Córdoba. Aprovechando la situación de convivencia y el vínculo de confianza -ya que los menores lo consideraban como a un padre-, el procesado sometió a la niña, nacida en junio de 2008 y que contaba con diez y 11 años, a diversos actos de índole sexual.

Las agresiones se produjeron de manera reiterada en diferentes escenarios, como la piscina de la azotea del edificio, el interior de la vivienda familiar, el vehículo cuando el agresor recogía a la menor del colegio, e incluso en el transcurso de viajes familiares a destinos como Almería y Málaga. Las conductas incluían desde exigencias de tocamientos, masturbaciones y felaciones, hasta la visualización de vídeos pornográficos y rozamientos de carácter sexual sin penetración vaginal.

Como consecuencia directa de las agresiones sufridas, la menor experimentó un profundo cambio en su estado anímico, volviéndose triste, reservada y poco comunicativa, lo que requirió asistencia psicológica especializada. La situación salió a la luz cuando la víctima contó lo ocurrido a su madre y a su abuelo, lo que llevó a que la progenitora denunciara los hechos en agosto de 2020.

En su recurso a la sentencia de la Audiencia, la defensa alegó vulneración de la presunción de inocencia, señalando supuestas contradicciones y un posible móvil espurio por parte de la menor. Sin embargo, el TSJA ha desestimado estos argumentos, subrayando que el testimonio de la víctima ha sido estable, coherente y libre de contradicciones esenciales a lo largo del procedimiento. Además, ha tenido en cuenta las declaraciones de la madre y del abuelo de la niña relativas al cambio de conducta de la menor, y el informe pericial elaborado por la fundación Adima, que descartó alteraciones psicopatológicas, fabulación o presiones del entorno, calificando el testimonio como “probablemente creíble”.

Además de la pena de prisión, a la que se le aplicó la atenuante simple de dilaciones indebidas, la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, tutela o guarda durante seis años; una inhabilitación especial de 15 años para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores, la prohibición de aproximación a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio y de sus lugares de estudio o trabajo, así como de comunicación por cualquier medio durante 12 años; libertad vigilada durante seis años y una indemnización de 15.000 euros a la menos, además del pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.

Contra esta sentencia cabe la interposición de un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto a un camarero de Córdoba que había sido condenado a tres años y medio de prisión acusado de haber robado 90.000 euros del bar en el que trabajaba. Según el fallo del alto tribunal andaluz, no hay pruebas suficientes para condenar a este hombre de apropiación indebida, ya que lo único que se habría llevado serían 90 euros.

El acusado era camarero del establecimiento, ubicado en el polígono industrial Las Quemadas y donde principalmente se servía el menú del día a clientes. De media, se dispensaban entre 70 y 90 servicios a un precio cada uno que rondaba los nueve euros por menú. La relación con su jefe era de gran confianza, casi familiar, llegando al extremo de que, por la amistad que entre ambos existía, le autorizaba al camarero a apuntar los menús encargados y las cantidades recibidas de sus clientes en una libreta, cuyo contenido no se cotejaba con la facturación ni con el total de los menús servidos.

Tras ser despedido en julio de 2017, el propietario del bar denunció al trabajador alegando que, “aprovechándose de esa relación, así como del deficiente control contable, detrajo paulatinamente, al menos desde 2012”, la cantidad de 90.000 euros relativa a los menús cobrados.

En mayo de 2023, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al camarero a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida con la agravante de abuso de relaciones personales con la víctima, además de al pago de una indemnización por el dinero robado. Para fundamentar la condena, el tribunal valoró unas grabaciones de seguridad en las que se veía al trabajador coger varios billetes, así como declaraciones de clientes y compañeros que afirmaban haber visto al camarero guardar dinero en el bolsillo, no entregar tickets o acudir al baño con frecuencia.

Además, el tribunal apreció que el acusado había adquirido “un piso, un coche, un trastero y una parcela de terreno”, fallando que “la experiencia cotidiana demuestra que con los mismos resulta inviable sostener tales gastos”.

Frente a este fallo, la defensa del camarero -la letrada María del Mar Mingorance Moreno- interpuso un recurso que ha sido estimado íntegramente por el TSJA. En relación con las grabaciones de las cámaras, el camarero se habría adueñado únicamente de 90 euros, hechos por los que se le podría imputar un delito leve de hurto continuado. No obstante, el TSJA recuerda que no se le podía condenar por este delito dado que no era el objeto de la acusación.

Además, el tribunal señala que el informe pericial no pudo determinar la suma defraudada “por no disponer de una contabilidad o documentación fiables”, a la vez que reprocha que durante la investigación no se ahondara en determinar cuáles eran las fuentes de ingresos de este trabajador para criticar que adquiriera determinados bienes.

Por todo ello, concluye la sentencia del TSJA, persistiendo una duda razonable sobre la realidad de los hechos, el tribunal ha anulado la condena.

Nueva condena para el Ayuntamiento de Córdoba por deficiencias en el mantenimiento de la vía pública. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Consistorio a indemnizar con 3.171,50 euros, más los intereses, a una vecina que sufrió una aparatosa caída en la vía pública debido al mal estado de la acera.

Los hechos se produjeron durante la noche del 4 de octubre de 2024, sobre las 23:30, a la altura del número 44 de la calle Hermano Juan Fernández. Según consta en la resolución, la mujer tropezó y cayó al suelo repentinamente tras abandonar la terraza de un establecimiento de hostelería cercano. Como consecuencia del impacto, sufrió diversas lesiones, perjuicios personales y secuelas que un dictamen pericial valoró en un total de 6.343 euros.

Frente a la reclamación de la perjudicada, el Ayuntamiento y su aseguradora se opusieron al pago argumentando que el desperfecto era visible y conocido. Asimismo, un informe del Jefe de la Unidad de Mantenimiento de la Vía Pública intentó sostener que la caída se debió únicamente a una baldosa partida y suelta con un desnivel de apenas dos centímetros.

Sin embargo, el magistrado ha tumbado esta versión técnica a la luz de las pruebas fotográficas aportadas al expediente. De esta forma, en el fallo se señala explícitamente que la acera presentaba huecos y losas partidas y sueltas en un tramo continuo y defectuoso que ocupaba casi toda la zona de paso. Por tanto, el deterioro era amplio e irregular, por lo que la caída pudo producirse por cualquiera de las deficiencias o por el conjunto de todas ellas, agravado por la escasez de luz nocturna que provocaba el ramaje de los árboles de gran porte sobre las farolas.

Pese a este incumplimiento de las competencias de mantenimiento de la vía pública, el juzgado no ha atribuido la responsabilidad en exclusiva al Ayuntamiento. De este modo, razona que la propia viandante incurrió en una omisión de diligencia al no extremar la atención en su caminar por una zona cuyo mal estado le era conocido y en un horario de visibilidad reducida.

Por ello, el juez ha aplicado el criterio habitual de concurrencia de culpas al 50%, fijando la condena en 3.171,50 euros. La resolución es firme.

La disposición al entendimiento y el acuerdo que marcó el arranque del año en los juzgados de familia de la provincia de Córdoba ha cedido terreno al litigio. Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al segundo trimestre de 2026, publicados este lunes, las demandas entre exparejas para resolver las medidas que afectan a sus hijos -tales como la guarda y custodia, el régimen de visitas o la pensión de alimentos- han experimentado un fuerte rebrote en relación con los tres primeros meses del año.

El indicador más claro de este retorno al conflicto judicial se localiza en las uniones no matrimoniales. Si entre enero y marzo las demandas contenciosas (no consensuadas) para fijar las medidas reguladoras de los menores en parejas de hecho se habían desplomado a mínimos históricos con solo 64 expedientes, entre abril y junio la cifra ha saltado hasta los 100 pleitos, lo que supone un incremento del 56,25% en apenas tres meses.

Este incremento refleja un cambio de dinámica evidente. Mientras que en el primer trimestre los pactos amistosos en las parejas no casadas duplicaban a los litigios en los juzgados cordobeses (112 acuerdos frente a 64 juicios), en el segundo trimestre, la balanza ha tendido hacia la confrontación: los acuerdos amigables crecieron a un ritmo mucho más moderado (+15,2%, alcanzando 129 pactos), pero los enfrentamientos en el juzgado se dispararon.

En estos procedimientos de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, la falta de acuerdo obliga al juez de familia a intervenir de forma directa para dictaminar el modelo de custodia (exclusiva o compartida), la cuantía de la pensión de manutención y la atribución del uso de la vivienda familiar.

No obstante, según los datos del CGPJ, en el caso de los matrimonios, la provincia de Córdoba también ha experimentado un giro similar. En relación a los divorcios no consensuados, las demandas por la vía contenciosa han vuelto a repuntar un 12,87% en el segundo trimestre, elevándose a 114 litigios.

En el lado opuesto, las rupturas de mutuo acuerdo, que habían alcanzado una cifra de 203 firmas en el arranque del año, han descendido un 21,67% entre abril y junio, quedándose en 159 acuerdos.

La revisión de sentencias previas, lo que más crece en este segundo trimestre

Pese a todo, el dato más elevado dado a conocer este lunes por el órgano de gobierno de los jueces se encuentra en las demandas presentadas para modificar medidas sentenciadas en el pasado. Ya fuera para renegociar las pensiones alimenticias o para solicitar cambios en los regímenes de custodia y visitas, la actividad en este apartado se ha incrementado un 74,49% entre trimestres, pasando de 98 casos en el primer trimestre a 171 en el segundo.

Dentro de esta avalancha de revisiones de medidas, el conflicto es el claro dominante: de las 171 solicitudes registradas entre abril y junio, 118 fueron de no consensuadas y solo 53 se tramitaron mediante acuerdo previo.

En resumen, sumando divorcios, separaciones, nulidades, regulaciones de guarda y custodia y modificaciones de medidas, la actividad de los juzgados de familia en la provincia de Córdoba ha crecido un 21,22% en el segundo trimestre del año, pasando de los 589 procedimientos iniciales a un total de 714 intervenciones judiciales entre abril y junio de 2026.

El juicio por la muerte de un hombre a manos de su cuñado en la barriada de Las Moreras no se celebrará de momento según lo previsto. La vista oral, señalada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba bajo el procedimiento del Tribunal del Jurado para arrancar este lunes y desarrollarse a lo largo de la semana, ha sido suspendida a última hora para permitir que las partes ultimen un acuerdo de conformidad, según ha podido saber Cordópolis.

De esta forma, la Fiscalía, la acusación particular -representada por la familia del fallecido- y la defensa del procesado se encuentran negociando los términos de un acuerdo que evitaría el desarrollo íntegro del juicio con jurado popular y fijaría de mutuo acuerdo las penas y las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Los hechos objeto de juicio se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, la víctima -R.R.E-. se encontró con su cuñada y la hija de esta, lo que desencadenó una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento verbal y un forcejeo entre ambos adultos. La situación pareció calmarse momentáneamente cuando la esposa de la víctima intervino para separarlos y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, J.M.P., este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones. Según la Fiscalía, “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato, solicitando para el procesado penas de 20 años de prisión, diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y alrededor de 38.000 euros para cada uno de los hijos de la víctima, además de otras cuantías destinadas a la madre y hermanos del fallecido.

Por su parte, la defensa del acusado rechaza la calificación de asesinato y sostiene que los hechos constituyen un delito de homicidio. En su escrito de defensa, la representación del acusado destaca que este confesó lo ocurrido ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al percatarse de que su mujer había sido agredida previamente. Asimismo, alega que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por “miedo insuperable” y en legítima defensa.

En caso de fructificar las conversaciones de conformidad a raíz de esta suspensión, las partes acudirán de nuevo a la Audiencia con un acuerdo cerrado para dictar sentencia firme.

Un militar destinado en la base de Cerro Muriano de Córdoba ha sido expulsado definitivamente de las Fuerzas Armadas. Tal y como ha podido saber este periódico, el soldado ingresó en el Ejército de Tierra en agosto de 2020, pero, al solicitar la renovación de su compromiso inicial, sus superiores decidieron que no era apto para seguir en el cuerpo debido a su mala conducta y continuas faltas de disciplina durante los dos años en los que estuvo en filas.

A través de una reciente resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado íntegramente el recurso planteado por el militar y ha respaldado la actuación de la Administración del Estado, al considerar plenamente acreditada su falta de idoneidad y su inadaptación al rigor y los valores de la vida militar.

El soldado ingresó en la institución en agosto de 2020. En febrero de 2022, al aproximarse el fin de su contrato inicial de dos años, solicitó la correspondiente renovación. Sin embargo, la Jefatura del Mando de Personal desestimó su pretensión tras analizar los informes emitidos por la Asesoría Jurídica del Cuartel General y por la Sección de Evaluación. Esta misma decisión fue ratificada en alzada en marzo de 2023 por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

En su escrito, el TSJA hace un exhaustivo análisis de todos los datos que obran en el expediente del soldado y que avalan su salida definitiva de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, el hombre obtuvo la peor calificación en su informe de evaluación personal (IPEC) en seis apartados fundamentales: carácter, relación personal, actitud ante el servicio, trabajo en equipo, actitud con los superiores y prestigio. En el resto de las facetas analizadas -como aptitudes físicas e intelectuales, fiabilidad o adaptación- tampoco superó la segunda peor nota, arrojando un resultado global claramente negativo firmado de forma unánime por los tres miembros de la Junta de Calificación.

En segundo lugar, en otoño de 2021, el soldado manifestó que “no se encontraba en condiciones” de participar durante seis meses en la misión internacional de paz que los militares de Cerro Muriano desempeñan en el Líbano. De hecho, rechazó formar parte del contingente, asegurando que prefería quedarse en Córdoba.

Además, el informe de la Asesoría Jurídica del Cuartel General expone que el soldado “no avisa a su superior de sus continuas faltas al trabajo, descuida su aseo personal, abandona sus obligaciones si no hay un mando presente y no colabora en las tareas colectivas, sino que deja el trabajo a sus compañeros y no realiza las tareas que le encomiendan sus superiores o lo hace tarde”.

Asimismo, el soldado cuenta en su historial con cuatro sanciones leves -que supusieron reprensión y multa- por infracciones relativas a la “inexactitud en el cumplimiento de las órdenes, descuido continuado en el aseo y vestimenta reglamentaria, falta de puntualidad y abandono temporal de los actos de servicio”. A todo ello se suma que, según el Capitán de Caballería jefe de su escuadrón, el soldado mostraba un «mediocre conocimiento de sus funciones, defecto de disciplina y actitud indeseable».

Por último, el coronel jefe de la Sección de Evaluación puso de manifiesto “la inhabilidad” del soldado “para sujetarse a la disciplina y al rigor de la vida militar”, desaconsejando su continuidad “porque no hay garantía de que responderá adecuadamente cuando las circunstancias pudieren exigirlo, siendo, por otro lado, más que dudosa su capacidad de sacrificio y esfuerzo”.

Cumplir las pruebas físicas no da “derecho automático” a continuar en las Fuerzas Armadas

Frente a todos estos argumentos, el soldado alegó en su demanda que contaba a su favor con informes médicos favorables, que había superado las marcas de las pruebas físicas y que carecía de antecedentes penales.

Sin embargo, el tribunal andaluz ha argumentado de forma tajante que no existe un “derecho subjetivo automático” a la renovación del compromiso para el personal de la escala de tropa y marinería temporal. Para la Sala, cumplir los requisitos médicos y físicos son “presupuestos indispensables, pero no suficientes” si no van acompañados de la declaración de idoneidad, concluyendo que “los hechos que narran los informes son, por sí mismos, de la gravedad suficiente” para ratificar la rescisión de su contrato.

Como consecuencia de la desestimación total de la demanda, el TSJA ha condenado al recurrente al pago de las costas del procedimiento, con un límite máximo de 300 euros más IVA.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la orden de expulsión del territorio nacional dictada por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba contra un ciudadano extranjero, imponiéndole además una prohibición de regreso a España durante un periodo de diez años.

Según recoge la sentencia del alto tribunal andaluz, el expediente de expulsión incoado por la Subdelegación del Gobierno se fundamenta en un abultado historial de antecedentes penales, policiales y administrativos en la capital cordobesa. El hombre -que llegó a España en 2022- fue condenado en dos ocasiones durante 2024 por robo con fuerza y delito de daños. Además, en el momento la Subdelegación dictó esta resolución administrativa se encontraba en prisión provisional en la cárcel de Córdoba investigado por un presunto delito de robo con fuerza en casa habitada o local abierto al público.

Asimismo, fue detenido en cinco ocasiones entre octubre de 2022 y febrero de 2025, y tiene 16 sanciones administrativas por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana vinculadas a la tenencia o consumo de drogas y al porte de armas prohibidas. Desde su llegada a España, el hombre pidió protección internacional, pero le fue denegada en 2024, aunque comunicada a principios de 2025. Dado que no abandonó el territorio español, desde el año pasado ha estado incumpliendo dicha orden.

Para el abogado del hombre, la expulsión de España es “desproporcionada” y alegó que su cliente tenía arraigo social y laboral en Córdoba, además de razones humanitarias derivadas de una patología oftálmica. Asimismo, denunció indefensión procesal por no haberse admitido cierta prueba documental aportada de forma tardía en la primera instancia.

No obstante, el TSJA ha rechazado íntegramente el recurso porque, en primer lugar, no se puede hablar de “arraigo social” cuando “se han desarrollado conductas tan incompatibles con los estándares de conducta cívica indispensables”. Respecto al ámbito laboral, el tribunal concluye que los documentos aportados solo reflejaban una ocupación extremadamente breve que, en ningún caso, compensa la gravedad del historial delictivo.

En relación con las alegaciones médicas, estas han sido descartadas por ser una “cuestión nueva” y no planteadas en primera instancia. No obstante, el tribunal insiste en que los documentos presentados hacen referencia a revisiones periódicas de una prótesis ocular y no a una patología grave sin tratamiento en su país de origen.

En consecuencia, el tribunal ha avalado la expulsión dado el riesgo para el orden y la seguridad pública. La sentencia impone al hombre el pago de las costas hasta un máximo de 300 euros.

La controversia judicial y familiar entre una víctima de violencia de género y su agresor ha derivado en la suspensión de un bautizo en la provincia de Córdoba. La parroquia de Santa María de las Flores de Hornachuelos, tras la consulta instruida ante el Obispado de Córdoba, ha resuelto diferir y dejar en suspenso la celebración del bautismo de un niño de casi un año de edad, el cual estaba programado para este sábado 17 de octubre en la parroquia de Peñarroya-Pueblonuevo.

La decisión obedece a la oposición formal presentada por la familia paterna del menor a través de un escrito remitido por su letrado. La representación del padre, quien actualmente está en prisión condenado por violencia de género hacia la madre de su hijo, alegó la imposibilidad de que el progenitor acudiera al evento religioso al estar cumpliendo condena en la cárcel -de la que prevé salir el próximo mes-, exigiendo la paralización del bautismo por falta de consenso en el ejercicio de la patria potestad.

Pese a la cancelación de la ceremonia en el templo, la víctima ha confirmado en declaraciones a Cordópolis que la celebración festiva continuará adelante tal y como estaba prevista: “El banquete lo voy a celebrar de todos modos porque lo tenía ya todo pagado”, ha manifestado la mujer.

Según ha apuntado la Diócesis de Córdoba a este periódico, el Derecho Canónico requiere únicamente el consentimiento de al menos uno de los progenitores para administrar el bautismo. Sin embargo, defiende, este tipo de actos están dentro de la patria potestad, por lo que el consentimiento deben darlo ambos padres.

Ante el desacuerdo y la solicitud de oposición de la familia del padre, el párroco Fidel Nkanza ha acordado dejar sin efecto la fecha prevista para el bautizo hasta que los padres alcancen un acuerdo o bien haya una resolución del juzgado que resuelva la discrepancia sobre la patria potestad a favor de la madre.

De una orden de protección por agresión a una condena firme de prisión

El conflicto se remonta a meses atrás. Según el letrado de la víctima, David Jiménez, la intervención judicial inicial se produjo tras un intento de agresión con un arma de fuego en abril de 2026. De estos hechos, que aún no han sido juzgados, emanó una orden de protección mediante la cual se imponía al hombre la prohibición de aproximarse a menos de 150 metros de la mujer y de comunicarse con ella, además de otorgar la custodia cautelar del bebé a la madre.

Cuando dicha orden estaba aún vigente, el pasado mes de julio, el hombre la quebrantó al llamar varias veces a la mujer. Además, según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, el hombre acudió a un restaurante del pueblo en el que ella se encontraba y, en presencia del bebé de nueve meses, la agredió y tiró al suelo, causándole contusiones y arañazos.

Estos hechos sí han sido juzgados mediante una sentencia de conformidad por la que el procesado y padre del niño aceptó cuatro meses de prisión por un delito de quebrantamiento y 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación de tenencia de armas y prohibición de acercamiento y comunicación durante un año, cuatro meses y dos días por un delito de lesiones sobre la mujer.

La condena impuesta le habría permitido no entrar en prisión, pero el juez ordenó su ingreso inmediato al valorar que la víctima se encontraba en una situación de “riesgo extremo”. Además, tuvo en cuenta que el procesado rompió la orden de alejamiento muy poco tiempo después de su imposición.

Aun cuando el hombre salga de prisión el mes que viene, la orden de alejamiento dictada en esta sentencia firme le mantendrá imposibilitado legalmente de aproximarse a la madre, por lo que la resolución de la disputa por el bautismo del menor estará supeditada a que o bien el padre lo autorice o bien la mujer inicie el correspondiente trámite civil.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a los expresidentes del Córdoba CF Carlos González y Jesús León del delito de administración desleal por el que la Audiencia Provincial de Córdoba los condenó en marzo de 2025 a cuatro años de prisión en el conocido como caso chalet. Tal y como ha adelantado Diario Córdoba y ha podido confirmar este periódico, la Sección de Apelación Penal estima los recursos de los dos expresidentes. Con la absolución cae también la indemnización de 1,2 millones de euros al club y la responsabilidad civil subsidiaria de Grucal, la constructora de León.

La clave del fallo es la prescripción. La Audiencia dio por probado que entre enero de 2015 y febrero de 2016 salieron de las cuentas del club 1.224.294,06 euros hacia Grucal, con facturas de una ciudad deportiva que nunca llegó a construirse, y que con ese dinero se pagó la reforma del chalet de González en La Moraleja, que costó 894.452,60 euros. Como la cantidad superaba los 250.000 euros, aplicó el tipo agravado, que prescribe a los diez años. El TSJA mantiene esos pagos en el relato de hechos, pero mide el perjuicio de otra manera. Como González era dueño del 98,7% de las acciones, entiende que solo se perjudicó al 1,3% restante: 15.915,88 euros.

Con esa cifra, el delito pasa al tipo básico, castigado con entre seis meses y tres años de prisión, y prescribe a los cinco años. El último pago a Grucal se hizo el 3 de febrero de 2016 y el Córdoba CF no presentó la denuncia hasta el 9 de marzo de 2021, de modo que el plazo ya se había agotado. Para llegar ahí, el TSJA sigue la doctrina del Tribunal Supremo que permite 'levantar el velo' de la sociedad cuando favorece al acusado. La Audiencia, en cambio, se había acogido a otra sentencia del Supremo que cuenta como perjuicio todo lo que sale de la sociedad, sin descontar la participación del autor.

La sentencia recuerda además que el Córdoba CF renunció sin reservas a las acciones civiles en un escrito del 15 de febrero de 2022, y que en el procedimiento no intervino ningún perjudicado: solo acusó la Fiscalía, que en la apelación pidió confirmar la condena. Por eso, el TSJA reprocha que se reclamara y concediera la indemnización al club pese a esa renuncia, y que la Audiencia viera en ella, sin base cierta, ‘tintes fraudulentos'.

El TSJA desestima, en cambio, el resto de argumentos de las defensas: las nulidades que pedían, entre ellas la de León por las interrupciones del presidente del tribunal a su abogada durante el juicio, y la aplicación del Código Penal anterior a 2015. Al apreciar la prescripción, ya no entra en los demás motivos de los recursos. El fallo, fechado el 15 de octubre, no es firme. Cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que debe prepararse en el plazo de cinco días desde la última notificación. Las costas de las dos instancias se declaran de oficio.

Vox, persona como acusación popular en la causa que investiga el accidente de Adamuz, ha pedido a la jueza de Montoro que instruye la causa que cite a declarar como testigo a Isabel López López, investigadora encargada del caso en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en alusión a las “incongruencias” en los informes de Adif y a los que ella se habría referido.

Según consta en el escrito presentado ante el Juzgado de Montoro y al que ha tenido acceso Cordópolis, las dudas no se refieren al expediente de la obra en general, sino a la coherencia de la documentación técnica entregada por Adif. En concreto, la investigación pone la lupa sobre los partes de soldaduras, las actas de neutralizaciones y homogeneizaciones, el informe final de soldaduras aluminotérmicas y sus notas aclaratorias posteriores.

Las sospechas se originan en una comunicación oficial remitida el 6 de febrero de 2026 por la propia investigadora al presidente de la CIAF, Ignacio Barrón de Angoiti. Posteriormente, esta presidencia remitió un oficio de ampliación de información a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba en el que se detallaban dudas concretas sobre tres cuestiones.

En primer lugar, se detectaron desfases entre la versión inicial del informe técnico (fechada a 25 de junio de 2025) y diversos documentos anexos firmados con fecha posterior (28 de junio de 2025), sin que las notas aclaratorias explicaran con claridad qué se modificó y cuándo.

En segundo lugar, Vox duda sobre las firmas insertadas y, en tercer lugar, el partido político hace referencia a contradicciones directas entre una nota aclaratoria -elaborada tras el accidente- y la documentación técnica preexistente, incluyendo la rectificación de puntos kilométricos (como los PK 318+681 y 318+479) y datos sobre las cargas del carril (R260 y R350).

En este escrito de petición de interrogatorio, Vox ha aclarado que “estas observaciones justifican su aclaración judicial”, pero que esta solicitud no presupone “la existencia de falsedad documental” ni atribución de “responsabilidad penal a persona alguna”.

En el interrogatorio que el mismo partido ha propuesto en su escrito, la acusación popular pretende que la investigadora aclare qué comprobaciones realizó de forma directa sobre los originales e informes de ADIF, la razón por la que las notas aclaratorias no permitían auditar los cambios en las versiones y si las discrepancias detectadas afectan a la trazabilidad de las soldaduras investigadas.

Por último, el escrito solicita que, si aún no figura en la causa, se incorporen tanto la comunicación de la investigadora de febrero de 2026 como el oficio de ampliación remitido a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

Mismos fines de semana, mismas vacaciones y las mismas pautas de entrega. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia que prioriza el bienestar de un perro de 13 años y descarta la custodia compartida para evitarle el estrés que podría suponer cambiar de domicilio cada quince días. El fallo, al que ha tenido acceso Cordópolis, establece que el calendario de estancias del animal coincida con el régimen de visitas del hijo menor que sus propietarios, ahora expareja, tienen en común. El objetivo es preservar la rutina del perro y mantenerlo junto al menor durante sus desplazamientos al domicilio paterno.

La sentencia desestima íntegramente la demanda presentada por la madre, que solicitaba la custodia compartida del animal mediante turnos alternos de 15 días al amparo de la reforma del Código Civil, que modificó el régimen jurídico de los animales. Con esta reforma, dejaron de ser considerados cosas y pasaron a recibir la consideración de seres sintientes, de modo que las decisiones sobre su cuidado deben atender a su bienestar.

En su demanda, la mujer -a quien se le ha reconocido una incapacidad permanente total por fibromialgia severa, según consta en el procedimiento, y cuyo hijo menor tiene reconocido un grado de discapacidad del 39 % por una deformidad en los pies- pretendía establecer un reparto por quincenas: del día 1 al 15 de cada mes, el perro permanecería en su vivienda y, del día 15 hasta final de mes, en la del padre. Sin embargo, tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial han concluido que esta alternancia no responde al bienestar del animal ni a las necesidades organizativas de la familia.

De este modo, el perro permanecerá en su residencia habitual, junto a la madre y los dos hijos. No obstante, acompañará al menor cuando este se desplace al domicilio paterno durante los fines de semana alternos y la mitad de los periodos vacacionales, incluidos Navidad, Semana Santa y verano.

Los gastos de alimentación correrán a cargo del progenitor que tenga consigo al menor y al perro en cada periodo. Por su parte, los costes de vacunación, revisiones sanitarias, urgencias veterinarias y peluquería se repartirán al 50 % entre ambos. Además, si alguno de los progenitores tuviera que ser ingresado en un centro sanitario para someterse a una intervención médica, el otro deberá hacerse cargo del animal durante el tiempo que dure el ingreso.

Para rechazar la pretensión de la madre, que alegaba que el padre dispone de una parcela de 2.000 metros cuadrados y tiene otra mascota, el tribunal ha analizado la reforma del Código Civil y las circunstancias concretas del caso. La Audiencia considera que, debido a la edad del perro y al hecho de haberse criado siempre en una misma vivienda, su capacidad de adaptación a nuevos entornos puede haberse reducido. Por ello, entiende que someterlo a cambios de residencia cada quince días podría perjudicar su estabilidad.

Frente a los argumentos relacionados con la situación de salud de la madre, el tribunal señala que en el domicilio viven tres personas capaces de atender las necesidades del animal: la propia madre y sus dos hijos. La discapacidad del menor, derivada de una deformidad en los pies, no le impide, según la resolución, participar en su cuidado y sacarlo a pasear.

Por último, la Audiencia recuerda que, durante los últimos meses, el perro ya venía acompañando espontáneamente al menor en sus visitas al padre. Mantener esta dinámica permite preservar una rutina consolidada que, según el tribunal, resulta favorable tanto para el niño como para el animal.

La jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba plaza nº 1 ha decretado como medida cautelar la clausura del club ubicado en la avenida de Chinales de Córdoba en el que la Policía Nacional sitúa una red de prostitución de mujeres durante las 24 horas de los siete días de la semana.

En el auto de la jueza -adelantado por Diario Córdoba y al que ha tenido acceso este periódico-, la jueza acuerda retirar los pasaportes de dos de las investigadas y prohibir que salgan de territorio español. Asimismo, se ordena el cierre también de otro club, situado este en Cáceres, dentro de la misma red que investiga la Policía.

La Fiscalía Provincial de Córdoba había solicitado el cierre cautelar y temporal del club de Córdoba y el de Cáceres, en el marco de las diligencias abiertas a raíz de la investigación policial sobre la presunta trama acusada de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para obligarlas a prostituirse las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Según sitúa la Policía Nacional en su atestado, la organización atraía a mujeres desde sus países de origen con falsas ofertas de empleo y, una vez en España, las sometía supuestamente a un estricto control de horarios y tarifas, forzándolas a trabajar sin descansos. El operativo policial se saldó con la detención de siete personas y el registro de tres viviendas y un club en Córdoba, además de otro local en la provincia de Cáceres, interviniéndose 28.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes y diversa documentación. En la operación fueron detenidas siete personas, de las que solo cuatro pasaron a disposición judicial, aunque el juzgado decretó posteriormente la libertad provisional sin fianza para todos.

Una vez puestas en libertad, tal y como ha podido conocer Cordópolis, el Ministerio Fiscal ha solicitado la clausura temporal e inmediata de ambos locales con el fin de prevenir cualquier riesgo de reiteración delictiva mientras avanza la instrucción judicial.

Sin embargo, la defensa de dos de las detenidas -responsables del negocio- había formulado un escrito de alegaciones, rechazando el cierre e insistido en que los hechos atribuidos por la Policía son meras “hipótesis” que aún deben investigarse y probarse. De este modo, el letrado sostenía que, tras la intervención policial, no se ha acreditado un “peligro” que justifique una medida tan drástica como es el cierre temporal. Durante la entrada policial en este club, los agentes hallaron a 16 mujeres y dos clientes, sin que en el acta constara que “ninguna estuviera encerrada, retenida físicamente, privada de documentación ni pidiendo auxilio”. En las entrevistas posteriores, diversas trabajadoras manifestaron haber viajado de manera voluntaria, no mantener deudas, disponer libremente de sus pasaportes y cobrar directamente por sus servicios el mismo día.

El juez titular de la plaza número seis de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, acordó este pasado lunes la puesta en libertad provisional del conductor del vehículo detenido tras atropellar mortalmente a una persona en la capital cordobesa, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En este sentido, y como medida cautelar, el juzgado acordó la retirada del permiso de conducir del detenido. Inicialmente, se la atribuye un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, detallan las fuentes.

El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, según ha podido saber este periódico. El hombre fue puesto a disposición judicial en la noche de este lunes. El suceso tuvo lugar en la calle Madres Escolapias, junto al parque de La Asomadilla, cuando un vehículo se salió de la vía y terminó arrollando a un hombre que se encontraba haciendo ejercicio físico.

Los hechos ocurrieron en torno a las 14:31 de este lunes, después de que varios testigos alertaran a los servicios de emergencia de la salida de vía del automóvil. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y sanitarios del 061.

La víctima falleció en el lugar del accidente mientras practicaba deporte. El vehículo implicado quedó en la zona a la espera de ser retirado. La Policía Local detuvo al conductor por su presunta responsabilidad en un delito de imprudencia al volante.