La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena de dos años de prisión impuesta a un hombre que agredió al hijo de su pareja, un menor de menos de tres años de edad, al que zarandeó y propinó una bofetada tras mantener momentos antes una pelea física con la madre en el domicilio que todos compartían en la capital.

Según ha ratificado el tribunal, los hechos se desencadenaron en la madrugada del 25 de junio de 2025 en un piso de Córdoba en el que el agresor y la mujer convivían desde hacía apenas dos o tres meses junto al pequeño, hijo de ella. Sobre las 00:45, mientras él dormía en el sofá y la mujer salía al salón a fumar un cigarrillo, el hombre le dijo que abandonara el piso al día siguiente, sin más explicación. Esta exigencia derivó en una fuerte discusión en el transcurso de la cual ambos se golpearon mutuamente.

Instantes después de la pelea, el procesado siguió a la mujer hasta el dormitorio donde se encontraba el pequeño de menos de tres años. Con el claro propósito de menoscabar su integridad, agarró al niño por la camiseta, lo zarandeó con violencia y le propinó una bofetada a la altura del oído derecho. Como consecuencia de la agresión, el pequeño sufrió una inflamación del pabellón auricular derecho, además de marcas rojas en la cara posterior y en ambos laterales del cuello. Por su parte, la madre presentó un hematoma en la frente y erosiones en el cuello compatibles con la marca de una mano, mientras que el agresor sufrió rasguños en el tórax y quemaduras leves.

Por estos hechos, el hombre fue condenado a un año de prisión por el delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica cometido sobre el menor, así como a otro año adicional de cárcel por las lesiones infligidas a su pareja, acumulando una pena total de dos años de prisión. En el fallo se aplicó la circunstancia agravante de reincidencia que pesaba sobre el procesado, además del agravamiento por haber cometido los hechos en un domicilio familiar. Asimismo, se le impusieron tres años de privación del derecho al porte de armas y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la mujer a menos de 150 metros durante dos años.

Por su parte, la madre del menor también fue condenada por un delito de lesiones en el ámbito familiar a un año de prisión al acreditarse que participó voluntariamente en la pelea mutua y agredió al hombre. Ambos fueron condenados a la misma pena de un año de prisión por este delito porque la agresión se produjo en el domicilio familiar, lo que obliga por ley a aplicar la pena en su mitad superior (de 9 a 12 meses). En el caso de él, la agravante de reincidencia obligó al tribunal a imponer el tope máximo de un año sin posibilidad de superarlo, mientras que para ella, pese a que no tenía antecedentes, el juez consideró que debía imponerle la pena máxima de un año.

En su fallo, la Audiencia ha ratificado los hechos, rechazando las alegaciones de legítima defensa esgrimidas por el acusado al recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no permite aplicar esta eximente cuando los dos implicados se enzarzan en una agresión recíproca aceptada por ambos.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha dado un plazo de diez días a la Guardia Civil, a los peritos judiciales y a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat) para que informen del caso.

Así lo expone en una providencia del día 6 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista del “estado de las actuaciones y atendido el tiempo transcurrido desde la incoación de la presente instrucción, la especial complejidad de los hechos investigados y la necesidad de impulsar su esclarecimiento, encontrándose pendientes diligencias de investigación y la elaboración de informes periciales de especial relevancia”, de ahí que considera procedente “recabar información actualizada, a fin de valorar el resultado de lo actuado y ulteriores diligencias”.

En consecuencia, pide a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Benemérita que le remita un avance del estado de investigación, con las actuaciones practicadas, resultados obtenidos, diligencias pendientes y previsión de conclusiones a la vista de lo actuado; a los peritos judiciales, que remitan un avance del estado de elaboración del informe pericial encomendado, incluyendo resultados preliminares disponibles y actuaciones pendientes, y a la Aitat, que le envíe un avance del estado de su investigación técnica y estado en el que se encuentra, “ello sin perjuicio de la autonomía y régimen propio de su investigación”.

Igualmente, la jueza aclara a la empresa Haslerrail que el informe técnico que deberá presentar en el plazo requerido por ser el fabricante de los registradores jurídicos --cajas negras-- y proveedor de herramientas necesarias para el acceso, visualización y presentación de la información registrada, “deberá de ser un informe técnico descriptivo de las actuaciones realizadas durante la práctica de la diligencia y de los resultados obtenidos en el ámbito de sus competencias --asistencia en la carga y visualización de los registros, identificación y explicación técnica de las señales, configuración de vistas gráficas y cronología, comprobaciones propias del sistema de registro que resulten necesarias, etc.--”.

También, aclara a los restantes técnicos intervinientes --salvo peritos judiciales-- en la práctica de la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos de los registradores jurídicos --cajas negras-- de los trenes Alvia e Iryo siniestrados señalada para el jueves de esta semana, que su informe “deberá de alcanzar la interpretación del comportamiento global de cada tren, correlación funcional de sus distintos subsistemas, determinación de posibles causas y factores contribuyentes del accidente y demás extremos que puedan plantearse durante la práctica de la diligencia que recaigan en el ámbito de sus competencias de interpretación”.

Asimismo, solicita al Ministerio Fiscal que informe sobre el traslado de los cinco vagones del tren Iryo siniestrado, a la vista de la propuesta efectuada por ILSA, para el desplazamiento de los bogies por carretera a Pinto (Madrid), que se encuentran provisionalmente precintados en la estación de Villanueva de Córdoba, todo ello para una inspección de la parte inferior, así como sobre la inspección visual y posible traslado de los vagones 6, 7 y 8, los más afectados en el siniestro.

Traslado del Iryo siniestrado a Madrid

En relación con el citado traslado, los peritos judiciales entienden “adecuada” para los objetivos de la investigación en curso la denominada 'propuesta alternativa' presentada por ILSA, consistente en la separación de los bogies del resto de los coches --cajas-- y traslado de los primeros por carretera al taller de mantenimiento de Alstom en Pinto (Madrid).

Según recogen en un escrito del día 7 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, creen que “esta actuación permite precintar los bogies, asegurando su custodia y, eventualmente, su posterior inspección en otras fases del presente procedimiento, garantizando la conservación de la prueba en el taller designado”.

De igual modo, consideran que las cajas de los coches 1 a 5, tras la separación de los bogies, “no presentan interés en la investigación en curso y pueden ser liberadas” salvo criterio en contra de la jueza, a la vez que ven “necesario asistir e inspeccionar visualmente el proceso de desacople, izado y depósito de dichas cajas en los medios de transporte que ILSA disponga”, suponiendo que serán remolques plataforma para su traslado por carretera.

Al respecto, afirman, “como muy bien apunta ILSA en su solicitud”, que el momento de separación de las cinco cajas de los bogies es “especialmente idóneo para la inspección visual de elementos no fácilmente accesibles en otros momentos”. “Aparte de los bogies y sus distintos elementos en sí”, resaltan que es “muy conveniente la inspección visual de los elementos de unión entre coches, chasis inferior y otros de los coches 1 a 5 que pudieran ser susceptibles de haber dañado --ya sea por arrastre o enganchón-- a la infraestructura en el momento del accidente o inmediatamente antes”.

En este sentido, destacan que “esta labor de inspección visual de la parte inferior de los coches es extensible y necesaria a los coches 6 a 8, que no son objeto de esta providencia y que posteriormente, sin haberse definido aún cómo o cuándo, deberán ser retirados de su ubicación”.

El Sindicato Médico de Córdoba ha conseguido, a través de su asesoría jurídica, una victoria judicial frente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), después de que el Tribunal de Instancia de lo Contencioso Administrativo de Córdoba haya reconocido el derecho de un médico afiliado a percibir durante sus periodos de incapacidad temporal los complementos retributivos derivados de su actividad profesional habitual, incluidas las guardias, la atención continuada y otros conceptos asociados a su jornada de trabajo.

La Sentencia dictada este 10 de noviembre estima sustancialmente la reclamación defendida por los servicios jurídicos del sindicato y anula la resolución administrativa mediante la cual el SAS había denegado al profesional el reconocimiento de estos derechos.

Según informa el Sindicato Médico de Córdoba en una nota de prensa, la importancia de esta resolución trasciende el caso individual. La sentencia respalda un principio fundamental: las retribuciones que un médico percibe de manera habitual por el desempeño de su actividad profesional no deben quedar excluidas de su remuneración durante una baja médica por el mero hecho de corresponder a conceptos de importe variable.

Las guardias y la atención continuada no son actividades excepcionales en el funcionamiento de la sanidad pública. Constituyen una parte habitual y esencial del trabajo de numerosos facultativos y resultan imprescindibles para garantizar la asistencia sanitaria a la población durante las noches, los fines de semana y los días festivos.

Por ello, el Sindicato Médico de Córdoba considera especialmente relevante que la Justicia reconozca la necesidad de tener en cuenta estos conceptos retributivos al determinar las cantidades que corresponden a los profesionales durante sus situaciones de incapacidad temporal.

Una sentencia respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo

La resolución judicial adquiere especial importancia porque fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal Supremo y en pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El magistrado reconoce que las retribuciones asociadas al desempeño habitual de determinadas jornadas y turnos deben ser consideradas a efectos del complemento de incapacidad temporal, incluso cuando la baja deriva de una enfermedad común.

Este pronunciamiento supone un importante avance en la defensa de los derechos retributivos del personal facultativo y abre una vía de especial interés para otros profesionales que puedan encontrarse en situaciones similares, siempre atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. Aunque la sentencia todavía puede ser recurrida, constituye un respaldo judicial de enorme valor a las reivindicaciones que el Sindicato Médico de Córdoba viene defendiendo en materia de condiciones laborales y retributivas.

“Desde el Sindicato Médico de Córdoba queremos destacar especialmente el trabajo de nuestra asesoría jurídica, cuya intervención ha permitido que un afiliado vea reconocido judicialmente un derecho que la Administración sanitaria le había negado. Este resultado demuestra que la labor sindical no consiste únicamente en denunciar problemas, formular reivindicaciones o expresar desacuerdos con las decisiones de la Administración”.

Para el Sindicato Médico de Córdoba, esta victoria refleja el valor de la afiliación sindical y la importancia de disponer de una organización especializada en los problemas reales de los médicos, con capacidad para convertir sus reivindicaciones en resultados tangibles. Somos una organización Sindical que se financia con las cuotas de sus afiliados: nuestros logros son en realidad logros de nuestros afiliados, ellos lo hacen posible.

Seguiremos defendiendo a cada médico y al conjunto de la profesión

El Sindicato Médico de Córdoba continuará trabajando para que los profesionales facultativos reciban un trato justo y para que sus derechos sean respetados, tanto durante el ejercicio de su actividad como cuando una enfermedad les impida temporalmente desempeñarla.

Asimismo, nuestros servicios jurídicos seguirán analizando las posibilidades que ofrece esta resolución para la defensa de otros afiliados que puedan encontrarse en circunstancias semejantes.

Conducía de madrugada, sin luces y haciendo eses con el vehículo. Cuando la Guardia Civil logró darle el alto en la avenida Pío XII de Palma del Río, los agentes comprobaron de inmediato que el hombre presentaba un cuadro severo de embriaguez: rostro pálido pero congestionado, pupilas dilatadas, un fuerte aliento a alcohol detectable a metros y una incapacidad casi absoluta para expresarse con coherencia. La situación era tan patente que el conductor ni siquiera se sostenía en pie por sus propios medios y requirió la ayuda física de la patrulla para descender del coche. Tampoco pudo acertar a introducirse la boquilla del etilómetro en la boca cuando llegó la Policía Local, obligando a su traslado urgente a un centro sanitario.

Sin embargo, más de seis años después de los hechos y tras haber sido condenado en primera instancia a una multa de 1.920 euros y a la privación del carné de conducir durante 15 meses, la Audiencia Provincial de Córdoba lo ha absuelto por un error del juzgado de instrucción: el magistrado redactó totalmente “en blanco” el auto definitivo de la investigación y se olvidó de imputarle hecho alguno. Así lo ha determinado una sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia, que ha estimado el recurso presentado por la defensa del conductor.

Los hechos se remontan a octubre de 2020, en plena pandemia por el coronavirus. Durante la madrugada, agentes de la Guardia Civil vieron un coche con las luces apagadas y circulando de forma anómala. Cuando le dieron al alta, se percataron de que el conductor iba borracho y tuvieron que ayudarlo a salir del coche. Cuando llegó la Policía Local para hacerle la prueba de alcoholemia, el conductor no alcanzaba a meterse la boquilla en la boca por su estado de embriaguez. Finalmente, acabó siendo trasladado a un centro de salud.

El atestado fue trasladado al juzgado de Posadas, que dictó apertura de juicio oral contra el hombre en un auto donde no aparecían los hechos punibles. Pese a todo, la causa siguió adelante y pasó a la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba sin que el Ministerio Fiscal impugnara o recurriera la omisión, limitándose este órgano a redactar su escrito de acusación e introducir por su cuenta el relato de los hechos que el juez instructor jamás redactó.

Ya en el juicio, la defensa advirtió de que se estaba vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Sin embargo, la titular de este juzgado de lo Penal desestimó la alegación de nulidad al considerar que el planteamiento era “extemporáneo” y sostener que las partes se habían “aquietado” al no haber recurrido el auto. El hombre fue entonces condenado a una multa de 1.920 euros y a 15 meses de privación del carnet de conducir. Pero ahora, la Audiencia ha calificado lo ocurrido como una “irregularidad de tamaña importancia” que quebró todas las garantías del procesado.

Así, en primer lugar, el tribunal ha manifestado que no se le puede achacar al investigado un “aquietamiento” cuando ni siquiera consta en el programa de gestión procesal que el auto en blanco le fuese formalmente notificado a él o a su representación letrada. En segundo lugar, la Audiencia ha sido más tajante al señalar que las partes acusadoras -comenzando por la Fiscalía- no tienen un poder absoluto para inventar o acotar el objeto de un juicio penal al margen del filtro del juez instructor. De este modo, no se trata únicamente de dilucidar si el procesado tuvo o no la oportunidad física de defenderse en la sala de vistas de los hechos que figuraban en la atestación policial, sino de proclamar con rigor que “nunca debió haber sido acusado” en semejantes condiciones procesales.

Por todo ello, la Audiencia de Córdoba ha declarado la nulidad de la sentencia condenatoria de instancia.

Un aviso por un altercado en un piso de la capital cordobesa terminó desencadenando una intervención policial en la que dos agentes resultaron heridos. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado íntegramente la multa de 3.180 contra un hombre que pidió ser atendido por una agente de la Policía Local tras decir que era una mujer para inmediatamente después amenazarla un cuchillo de cocina, intentar autolesionarse y arremeter violentamente contra esta agente y otro policía.

Los hechos se produjeron en marzo de 2023. Al medio día, dos agentes de la Policía Local fueron comisionados por la sala de mando para acudir a un piso de la capital donde se estaba produciendo un altercado. El protagonista del incidente era Faustino, un varón mayor de edad que contaba con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia por un delito de resistencia a la autoridad a finales de 2021.

Una vez personados los policías en la vivienda, el imputado impuso una condición para ser atendido: se negó tajantemente a hablar con el agente y manifestó que únicamente se entrevistaría con una policía tras decir que es mujer. La agente accedió a entrar junto al individuo en la cocina para tomarle declaración y esclarecer los motivos por los que la Policía había acudido al piso. Sin embargo, una vez en el interior de la cocina, el hombre comenzó a dar voces de forma repentina, agarró un cuchillo del fregadero y lo esgrimió en actitud amenazante e intimidatoria contra la funcionaria, intentando a continuación autolesionarse con el arma blanca.

Ante la gravedad y el peligro inminente, el agente que esperaba fuera de la cocina intervino de inmediato en auxilio de su compañera al escuchar los gritos. Entonces, se inició un tenso forcejeo en el que los dos policías trataron de arrebatarle el cuchillo con el que el investigado llegó a provocarse un corte superficial a sí mismo. Lejos de acatar las órdenes, el individuo se revolvió a golpes sin soltar el arma, provocando que los tres terminaran cayendo al suelo, donde continuaron forcejeando hasta que lograron inmovilizarlo y detenerlo.

Como consecuencia del enfrentamiento, los policías sufrieron diversas lesiones leves. Además, el reloj del agente resultó dañado. En consecuencia, la plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba lo condenó en junio a una multa de 2.700 euros por un delito de resistencia a la autoridad, con la agravante de reincidencia, y a otra sanción de 480 euros por los dos delitos leves de lesiones. Asimismo, fue condenado a indemnizar con 700 euros a cada agente -al policía, además, el pago de los desperfectos del reloj- y al abono de las costas.

En su recurso, la defensa alegó que el tribunal no había tenido en cuenta la declaración que el procesado hizo en la fase de instrucción, en la que aseguró que su única intención era autolesionarse y que nunca quiso arremeter ni agredir a los policías. Sin embargo, la Audiencia ha recordado que el hombre no se presentó al juicio, por lo que no pudo ratificar esa declaración para que sirviera como prueba, y entiende que si alguien se resiste con violencia y golpes portando un arma debe asumir el riesgo de lesionar.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a una vecina de Puente Genil que había sido condenada en primera instancia por un delito leve de defraudación de fluido eléctrico. El tribunal ha dejado sin efecto la multa de 540 que se le impuso tras constatar que el técnico que detectó el supuesto enganche ilegal a la red no acudió al juicio a ratificar su informe.

Los hechos se remontan a julio de 2025, cuando un técnico realizó un acta de inspección en una vivienda de la localidad pontanesa en la que reflejaba la existencia de una toma directa de electricidad, sin contador ni contrato en vigor. En marzo de 2026, el Tribunal de Instancia de Puente Genil consideró probados los hechos y condenó a la propietaria a pagar una multa 540 euros.

Sin embargo, la defensa de la afectada recurrió la condena ante la Audiencia Provincial alegando la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y el error en la valoración de las pruebas. En su resolución, el tribunal ha fallado que el técnico que firmó el informe no acudió al juicio, a pesar de estar citado.

Precisamente fue dicho informe lo que sirvió al juzgado de Puente Genil para condenar a la mujer. Pero para la Audiencia, el documento no es más que una simple acta de inspección, por lo que, para que pueda valer en un juicio, debe ser ratificado por su autor. Como el técnico no acudió y tampoco se justificó una imposibilidad sobrevenida que permitiera rescatar el documento como prueba preconstituida, el acta carece de validez probatoria por sí sola.

A ello se suma que no existía otra prueba de cargo alguna, por lo que la Audiencia ha aplicado el principio constitucional in dubio pro reo, revocando íntegramente la condena y declarando de oficio las costas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto al ganadero de Dos Torres que el pasado mes de mayo fue condenado a 13 meses de prisión después de que sus 50 vacas murieran de sed y hambre. El tribunal ha estimado el recurso presentado por su defensa al apreciar dudas sobre la posible intervención de terceros y descartar la existencia de dolo, cuestión esencial para condenar por maltrato animal tal y como fue sentenciado este hombre.

Los hechos tuvieron lugar entre el 18 y el 27 de mayo de 2022 en la finca del acusado. El primer día de ese periodo, el ganadero no pudo acudir a la explotación debido a que se encontraba recibiendo tratamiento médico en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. En las jornadas posteriores, estuvo trabajando en las labores de un cortafuegos, lo que retrasó su regreso a la finca.

La propiedad se encontraba dividida en varias cercas con vallas y puertas que se separaban y cuyo sistema de cierre consistía en una cuerda atada manualmente al alambrado. El método habitual permitía que, al agotarse el agua y el pasto en un cercado, se abriera la valla hacia la siguiente parcela para que los animales pasaran de forma natural. Sin embargo, durante los días que en los que el ganadero no fue a la finca, las provisiones de la zona donde se hallaban cerca de un centenar de reses se agotaron por completo sin que este se cerciorara de que el ganado pudiera cruzar al terreno colindante. Aunque inicialmente la Guardia Civil detectó seis vacas muertas, la cifra total de fallecidas ascendió a 50, “pues no todos los animales introducidos fueron recuperados, dado el estado en el que se encontraban”.

Una vez analizadas las pruebas y el fallo de primera instancia, la Audiencia Provincia ha revocado el mismo tras el recurso presentado por el letrado Carlos Arias. En primer lugar, la Sala ha destacado que la finca está “atravesada por varios caminos públicos” y que las cancelas se cerraban de manera rudimentaria mediante cuerdas. Ante esto, el tribunal considera plenamente verosímil la hipótesis de la defensa de que “una tercera persona, alguien que pase por alguno de los caminos públicos que discurren por la finca, ha podido cerrar sin su consentimiento una cancela e impedir que, durante varios días, las vacas no pudieran abastecerse de agua y pasto”.

En segundo lugar, para una condena por maltrato animal es imperativa que haya dolo, es decir, que el ganadero haya tenido una “voluntad firme y directísima de abandono” de sus vacas, tanto por omisión como de forma deliberada. Para el tribunal, el relato de los hechos probados “no describe un verdadero dolo de abandono animal”, sino que, a lo sumo, reflejaría una imprudencia que no encaja en este tipo penal. En consecuencia, la Audiencia ha absuelto al acusado de todos los cargos.

La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur ha solicitado al Tribunal de Instancia de Córdoba la revocación de la suspensión de la pena de 18 meses de prisión impuesta a uno de los dos cazadores condenados por el caso de la conocida como finca de los horrores de Cabra, donde decenas de perros fueron víctimas de maltrato y abandono. La entidad reclama que el condenado ingrese en prisión al considerar que habría incumplido la prohibición judicial de tener animales.

La petición, presentada con la asistencia jurídica de la letrada especializada en derecho animal Dulce Aguilera, se produce después de que se haya acordado la apertura de juicio oral contra el investigado por un presunto delito de quebrantamiento de condena. No obstante, estos nuevos hechos todavía están pendientes de ser juzgados y no existe una sentencia que declare probado el supuesto incumplimiento.

El origen del caso se remonta a octubre de 2022, cuando el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba condenó a los dos responsables de la finca a 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para la tenencia de animales y el ejercicio de actividades profesionales o comerciales relacionadas con ellos.

La sentencia consideró probado que ambos mantuvieron durante meses a 29 perros en condiciones extremas de abandono y sufrimiento. Los animales permanecían encadenados a olivos, sin agua ni comida, rodeados de basura, excrementos y restos óseos de otros perros, sin refugio y con graves problemas de salud. Dos de ellos fallecieron como consecuencia de aquella situación y otro tuvo que ser eutanasiado debido a su gravísimo estado.

Galgos del Sur participó en el rescate de los animales, haciéndose cargo de 21 de los 24 perros decomisados, y ejerció la acusación particular durante el procedimiento judicial.

Dos informes de detectives privados

Según ha explicado la asociación, tras conocer indicios de que uno de los condenados podría estar incumpliendo las prohibiciones judiciales, contrató a investigadores privados para documentar sus actividades. El trabajo se plasmó en dos informes periciales de detectives privados que, según la entidad, recogerían indicios de que el condenado habría continuado con la posesión, cría y comercialización de animales en determinadas fincas, pese a la inhabilitación impuesta por el juzgado.

Estos hechos dieron lugar a un nuevo procedimiento por un supuesto delito de quebrantamiento de condena, recogido en el artículo 468.1 del Código Penal. Tanto el Ministerio Fiscal como Galgos del Sur, en calidad de acusación particular, han presentado escritos de acusación contra el investigado.

Además, mediante un auto de fecha 15 de junio de 2026 se acordó la apertura de juicio oral, un avance procesal que la asociación considera relevante para volver a solicitar la revocación de la suspensión de la pena.

La entidad recuerda que anteriormente el juzgado rechazó su petición de revocación porque los hechos que denunciaba todavía se encontraban en fase de investigación. Ahora, tras la apertura de juicio oral, ha vuelto a solicitar que se revoque la suspensión de los 18 meses de prisión y se acuerde la ejecución de la condena, con las correspondientes órdenes para hacer efectivo el ingreso en un centro penitenciario.

Desde Galgos del Sur sostienen que las condenas por maltrato animal deben cumplirse y que las inhabilitaciones judiciales no pueden quedarse en meras declaraciones sin consecuencias. La asociación ha reafirmado su compromiso de utilizar todas las herramientas legales a su alcance para defender a los animales y conseguir que las resoluciones judiciales se cumplan.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba tenía previsto juzgar este jueves a un hombre acusado de estafar cerca de 30.000 euros a una familiar directa, una mujer de avanzada edad y con discapacidad que reside en una residencia de mayores de la provincia, según ha podido saber Cordópolis. Sin embargo, la vista oral ha tenido que ser suspendida tras la incomparecencia injustificada del procesado.

Al no presentarse a la citación judicial -pese a haber sido notificado en varias ocasiones- y enfrentarse a una petición por parte de la Fiscalía de cuatro años de prisión, el juicio no ha podido celebrarse en su ausencia. Conforme a la legislación vigente, al superar la pena solicitada los dos años de cárcel, la presencia física del acusado en la sala es un requisito legal ineludible.

Durante la sesión, el letrado de oficio designado para su defensa ha manifestado que tampoco ha podido mantener contacto con él, desconociendo su paradero actual.

Ante esta situación de rebeldía procesal, el tribunal ha acordado la suspensión inmediata del juicio y ha ordenado la busca, captura e ingreso en prisión del procesado.

Cristian Abel Corvillo Aguilar aún estaba en pijama cuando acompañaba a media docena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la zona de su piscina en uno de los chalets más grandes de la Carrera del Caballo de Córdoba. Los agentes lo habían sorprendido a primera hora de la mañana de este jueves y a las 14:30 horas aún no se había cambiado de ropa. Los guardias civiles registraban una casa enorme, de dos plantas con sótano, un amplio jardín, una piscina con zona anexa y un garaje. Corvillo, a esas horas, seguía siendo militante del PSOE, a pesar de que su nombre había aparecido en el sumario del caso de los hidrocarburos del empresario Víctor de Aldama, que había acudido a declarar a la comisión de investigación del Senado y hace un mes a la Audiencia Nacional.

Hace nueve años y medio, en la primavera de 2017, Cristian Corvillo se subía a un escenario con Pedro Sánchez. El actual presidente del Gobierno había dimitido como secretario general y había iniciado un proceso interno para exigir unas primarias que acabaría ganando. Pero en aquel mes de abril, Sánchez era un político radioactivo en Córdoba. Tanto que en aquel escenario de los colegios mayores solo lo acompañaba Carmen Calvo, después vicepresidenta del Gobierno; Teba Roldán, siempre en el sector crítico; y Alfonso Muñoz. Junto a ellas, Cristian Corvillo, un absoluto desconocido.

Este jueves, tras su arresto, se viralizó un tuit del propio Corvillo, con una foto a Sánchez, que se está comiendo un plato de arroz después de un acto del PSOE y sentado sobre un pequeño muro de piedra. Diez días después, Corvillo se subía al escenario de los Colegios Mayores de Córdoba, sin que nadie supiera muy bien quién era. Al menos para el gran público. El PSOE sí que lo conocía. Dos años antes, Corvillo fue elegido por los militantes de su pueblo, Peñarroya-Pueblonuevo, como candidato a la Alcaldía. La dirección del PSOE anuló la candidatura. La número cuatro de la lista era Luisa Ruiz, exalcaldesa que entonces estaba procesada en el caso Rocket, por el que fue detenida. Ruiz fue condenada a seis años de cárcel por una trama de corrupción municipal.

Dos años antes de subirse al escenario con Sánchez, Corvillo se presentaba como un empresario local. Estaba al frente de la empresa Grupo Egisse Servicios Asistenciales S.L., dedicada a la ayuda a domicilio o servicios de aula matinal en colegios. La empresa entró en concurso de acreedores en 2018. Un vehículo de la entidad, muy viejo y descolorido, estaba aparcado este jueves frente al chalet de Corvillo en la Carrera del Caballo.

Mediáticamente, Corvillo es conocido por haber sido “el chófer de Sánchez”, algo que el PSOE niega. Pero Corvillo sí que estuvo en el núcleo cercano que en 2017, cuando Sánchez era radioactivo para los cargos del PSOE, se recorrió las agrupaciones socialistas del país recogiendo firmas para las primarias. Y fue ahí cuando conoció a José Luis Ábalos, del que se convirtió en un hombre muy cercano.

Corvillo acumuló un enorme poder en la sombra cuando Ábalos se convirtió en secretario de Organización del PSOE y posteriormente Sánchez lo hizo ministro de Transportes. A posteriori, los investigadores se han llegado a referir a él como el “Koldo de Andalucía”, aunque en Córdoba siempre fue “el hombre de Ábalos”. Corvillo se implicó internamente en muchos procesos del PSOE cordobés, bastantes de ellos sin éxito, como el intento de convertir a Teba Roldán en secretaria provincial.

Durante el mandato de Ábalos en Transportes acompañó en numerosas ocasiones al ministro. Nunca como Koldo. Jamás fue asesor ni ocupó cargo público alguno. Pero sí que formó parte de su círculo más cercano en Andalucía. Ábalos visitó mucho Córdoba. Y en esta ciudad también se vio con Víctor de Aldama, en presencia del propio Corvillo.

Cristian, por su parte, también sumó al círculo a su hermano Rubén, también detenido este jueves. Rubén Corvillo también fue militante del PSOE y candidato a la Alcaldía de un pequeño pueblo de Zamora, Villalobos, sin éxito. Rubén acabó asociándose con Aldama y creando varias sociedades.

En 2024, un informe de la UCO de la Guardia Civil los vinculó con la trama de los hidrocarburos y aseguró que los hermanos estarían ayudando a Aldama a despatrimonializarse. Aldama se sentía ya perseguido y buscaba eliminar el rastro del dinero defraudado a través de una millonaria trama de hidrocarburos. El 12 de mayo del 2022, Corvillo Energy, una empresa propiedad de Rubén Corvillo, compró participaciones de una sociedad de Aldama, llamada MTM 180 Capital. Ésta fue la empresa que presuntamente usó Aldama para firmar contratos con Soluciones de Gestión, la compañía que firmó contratos de compra de mascarillas con el Ministerio de Transportes o los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. En total, facturaron más de 50 millones de euros, de los que ganaron unos 15 millones repartidos entre Soluciones de Gestión (9 millones) y Aldama (6 millones).

Durante estos dos últimos años, Cristian Corvillo ha sido visto en la comisión de investigación del Senado y en su declaración ante la Audiencia Nacional, donde aseguró que no tenía nada que ver con el intento de despatrimonializarse de Aldama. Pero también en algunos pequeños actos del PSOE de Córdoba, donde muchos pensaban que ya había dejado de ser militante. Al menos, la mayor parte de militantes que entraron con él cuando era el todopoderoso hombre de Ábalos en Córdoba sí que se habían ido dando de baja paulatinamente del partido.

Ahora, el PSOE de Córdoba ha asegurado que está a la espera de conocer su situación procesal para tomar una decisión y activar su suspensión. De momento, lo que se sabe es que Corvillo ha sido arrestado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y fraude fiscal. Corvillo fue puesto en libertad en la tarde de este jueves, a la espera de comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a tres años de prisión a Á.V.C.Á. como responsable directo de un entramado societario en el sector de la hostelería que defraudó 606.615,31 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mediante el impago sistemático de cuotas sociales entre 2013 y 2021.

La sentencia, facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA), condena asimismo a dos años de cárcel a J.U.N. como coautor del fraude. Por el contrario, la resolución absuelve a ambos procesados, así como a la hija del principal condenado y a C.L.C., del delito de frustración de la ejecución del que venían siendo acusados por la Fiscalía y la acusación particular.

Según el tribunal, ha quedado probada la existencia de un mecanismo continuado de sucesión empresarial fraudulenta orquestado por Á.V.C.Á. a través de tres mercantiles dedicadas a la hostelería y al catering en la capital cordobesa: Palacio de los Manríquez S.L., Industrias Turísticas de Andalucía S.A. y Turicar City S.L.

Este acusado actuaba como el director real y gestor de hecho de toda la operativa, que consistía en explotar comercialmente los negocios acumulando millonarias deudas de cotizaciones laborales y, cuando la presión ejecutiva o administrativa aumentaba, dejar caer la sociedad endeudada para trasvasar de inmediato la actividad, la plantilla y los clientes a una nueva entidad limpia de cargas.

En este trasvase continuo, 36 trabajadores figuraron dados de alta sucesivamente en las tres mercantiles y otros 62 en al menos dos de ellas. Los empleados, que cobraban parte de sus retribuciones en efectivo, descubrían a menudo los cambios formales de empresa al solicitar sus certificados de vida laboral.

Un empresario de Lucena, también condenado por su papel como testaferro

Para mantener la operativa en la mercantil Turicar City S.L., el cerebro del entramado recurrió a J.U.N., un vecino de Lucena cuya actividad profesional no tenía relación alguna con la hostelería, sino con la fabricación de sanitarios y cuartos de baño. Este procesado aceptó figurar formalmente como administrador y socio único de la empresa a petición de Á.V.C.Á. De forma simultánea a su nombramiento, otorgó un poder notarial pleno a favor del verdadero gestor para que siguiera dirigiendo la sociedad en la sombra. En su declaración en el juicio, el empresario lucentino reconoció que no sabía “nada de nada” de hostelería y que aceptó el encargo a cambio de percibir un 5% de los contratos de eventos pagados en dinero negro. Por tanto, la Audiencia ha calificado su papel como el de un “testaferro o tercero interpuesto de manual”.

Los más de 600.000 euros defraudados incluyen impagos de las tres mercantiles así como cuotas adeudadas por el propio Á.V.C.Á como autónomo durante siete años. En consecuencia, la Audiencia lo ha condenado a dos años de prisión y 300.000 euros de multa por el delito societario contra la Seguridad Social, más un año de cárcel y otros 300.000 euros de multa por el impago de sus cuotas de autónomo. En el plano civil, deberá indemnizar a la TGSS con un total de 361.896,06 euros.

Por su parte, el tribunal le ha impuesto a J.U.N. un total de dos años de prisión y 300.000 euros de multa como coautor del delito contra la Seguridad Social y deberá indemnizar a la TGSS en 244.719,25 euros por las deudas de una de las empresas. Ambos penados quedan inhabilitados durante cinco años para recibir subvenciones, ayudas públicas o beneficios fiscales y de la Seguridad Social.

En el fallo, el tribunal ha tenido en cuenta dos atenuantes, lo que ha evitado penas más altas. Así, se ha aplicado la reparación parcial del daño, fundamentada en el ingreso previo de 40.000 euros en la cuenta del tribunal antes del inicio del juicio y el compromiso de abonar un calendario solidario de 2.000 euros mensuales a la Seguridad Social; y la de dilaciones indebidas, ya que la causa se ha tardado tres años en juzgar desde que se incoó el procedimiento abreviado, hecho que no es achacable a los condenados.

La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el TSJA en un plazo de diez días.

La jueza que instruye el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero en el choque de un Alvia contra un Iryo, ha autorizado a Adif a realizar trabajos de mantenimiento sobre la vía en la cabecera norte de la estación, donde hay al menos tres puntos con deformaciones. Según una providencia judicial del pasado 30 de octubre, la autorización responde a un escrito presentado por la representación procesal de Adif-AV, en el que solicitaba permiso para batear la vía, es decir, renivelarla y ajustar la rasante del carril.

Antes de resolver, la jueza pidió su opinión a los peritos judiciales. En un informe presentado el 28 de octubre, los tres técnicos consideran que estas labores son de “ineludible atención”, que no interfieren con el dictamen pericial que elaboran y que pueden realizarse. Los trabajos se concentran entre los puntos kilométricos 316+900 y 317+500, sobre los desvíos 631 y 632 y la vía desviada.

Los peritos aprovechan el informe para plantear dudas. Señalan que es “cuanto menos curioso” que esos dos desvíos fueran objeto de la misma actuación que el aparato de vía A645, el que estaba involucrado en el accidente y en cuya soldadura con el carril, en el punto kilométrico 318+681, se produjo la rotura. Se trata de la renovación de desvíos (fase 2) de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Los peritos añaden que el acta de recepción de esa obra se firmó el 19 de diciembre de 2025, unos 30 días antes del accidente del 18 de enero, y que sigue en plazo de garantía, al no haber pasado dos años según el pliego del contrato.

También recuerdan que las deformaciones que ahora se corregirán son análogas a las que reflejaban las auscultaciones de octubre de 2025 en las inmediaciones del punto de la rotura, donde había un nivel de alerta con valores muy cercanos al de intervención.

La jueza ha dado a Adif tres días para poner a disposición del juzgado los informes de auscultación del tramo Adamuz (puntos kilométricos 321+098 a 315+974, vías 1 y 2), con especial atención a los realizados durante la ejecución de la obra y antes de su recepción, y a los posteriores a la obra de emergencia. También le reclama la documentación del expediente de la obra de emergencia con la que se rehízo la infraestructura tras el accidente. Los peritos aseguran no tener ninguna. Finalmente, reclama a Adif la documentación del lote 3 (base de Hornachuelos) del suministro de balasto para la renovación de desvíos.

La Guardia Civil no ha logrado encontrar las cajas negras del Alvia accidentado en Adamuz el pasado 18 de enero, en un siniestro en el que murieron 46 personas. Los agentes han acudido a las instalaciones de la empresa Ingles Steel en Dos Hermanas (Sevilla), a la que se trasladaron unas 350 toneladas de restos del tren. En una primera búsqueda, el 14 de octubre, el resultado fue negativo. En la segunda, el 23 de octubre, los guardias civiles dieron con los dos armarios de conexiones que se encuentran tras los conocidos como dispositivos Deuta, pero no con los registradores.

Según consta en un oficio de la Guardia Civil fechado el pasado 26 de octubre y enviado al juzgado de Montoro que instruye el caso al día siguiente, los agentes dan ya por “imposible” encontrar estos dos registradores de datos que aportarían información valiosa y muy concreta sobre el accidente. El Alvia, que viajaba en dirección a Huelva, chocó contra un coche descarrilado de un Iryo que se dirigía a Madrid. Las primeras hipótesis aluden a que el Iryo descarriló tras la rotura de un carril de la vía de alta velocidad.

La segunda búsqueda, ordenada por la jueza en una providencia del 11 de septiembre, se prolongó desde las 10:50 hasta las 19:00. Participaron dos agentes del Equipo de Homicidios-Desaparecidos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y dos técnicos de Actren, la empresa encargada del mantenimiento ferroviario. Según el acta, los restos estaban apilados hasta una altura aproximada de ocho metros, por lo que un operario de Ingles Steel manejó una grúa tipo pulpo para ir retirándolos y esparcirlos en una zona segura donde los técnicos pudieran inspeccionarlos. Después se incorporó un segundo operario con otra grúa.

Los técnicos de Actren explicaron a los agentes que los dos registradores, uno en cada cabina, no van integrados en el armario de conexiones, sino acoplados mediante una escuadra a una puerta de poliéster en los coches 1 y 4. Los agentes ya recuperaron registradores de datos principales en una primera exploración tras el accidente, pero no estos.

El acta concluye que esa puerta, debido a la colisión, a los cortes practicados al tren, a su traslado en camiones hasta Ingles Steel y a los movimientos posteriores de los restos para su apilamiento, hace “imposible o no viable” localizar los registradores entre los restos depositados en las instalaciones.

Una cartera de una superviviente

Durante la inspección apareció además una cartera-monedero con documentación personal y 11,25 euros en efectivo. Pertenece a una pasajera superviviente del Alvia, que ya está personada en la causa. La jueza ha ordenado que los efectos se unan a las diligencias previas abiertas por las lesiones que sufrió y que se le notifique que están en depósito judicial a su disposición.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la sentencia a prisión de dos hombres que entraron al abandonado camping municipal, ubicado en El Brillante, e intentaron robar las tuberías de gas. El Juzgado de lo Penal número 2 de la capital los condenó a siete y ocho meses de prisión, respectivamente, y ahora la Audiencia ha ratificado el fallo, rechazando el recurso de las defensas.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando los dos acusados actuaron de común acuerdo, escalaron y saltaron una valla de aproximadamente dos metros de altura. Una vez en el interior del camping, los asaltantes se dirigieron a las dependencias de un quiosco situado en la zona de la piscina. Allí fracturaron y extrajeron las tuberías correspondientes a la instalación de gas, procediendo a apilar los tubos de metal con el fin de sacarlos del lugar y apoderarse de ellos.

Sin embargo, los procesados fueron sorprendidos in fraganti por una patrulla de tres agentes de la Policía Nacional, que los detuvo en el instante. A pesar de que los peritos tasaron los desperfectos globales del camping en 28.450 euros debido al progresivo deterioro y vandalismo que sufre, el Ayuntamiento de Córdoba no ha reclamado nada al no poderse determinar con exactitud qué daños concretos habían sido provocados de manera exclusiva por estos imputados.

Dado que las penas impuestas no superan los dos años de prisión, el Juzgado de lo Penal número 2 deberá dictaminar ahora si procede o no la suspensión del ingreso en prisión de los condenados.

La decisión de acudir a la Justicia y solicitar una orden de alejamiento no suele producirse durante la convivencia o el noviazgo, sino como una medida de respuesta ante la escalada de violencia que sobreviene una vez rota la relación. Según la última estadística oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente al segundo trimestre de 2026, tres de cada cuatro mujeres que requirieron protección judicial en la provincia de Córdoba (el 75,7 %) lo hicieron por el acoso, las amenazas o las agresiones sufridas a manos de sus exparejas o excónyuges.

El desglose de los datos judiciales revela que, de las 111 solicitudes de orden de protección tramitadas entre abril y junio en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cordobeses, 84 se dirigieron contra relaciones sentimentales ya extinguidas. En concreto, 74 correspondieron a exrelaciones afectivas de hecho y 10 a excónyuges. Por el contrario, solo en el 24,3 % de los expedientes (27 casos) la víctima mantenía el vínculo afectivo o el matrimonio activo al momento de instar la medida cautelar (16 parejas de hecho y 11 matrimonios).

Asimismo, el 100 % de las órdenes de protección incoadas en la provincia partieron de la solicitud directa de la mujer al denunciar, sin que conste la iniciación de oficio por parte de los juzgados o a propuesta del Ministerio Fiscal en este trimestre.

Radiografía del delito: 914 denuncias y prevalencia del maltrato leve

Durante los tres meses analizados, los juzgados de la provincia recibieron un total de 914 denuncias por violencia de género, que afectaron a 887 mujeres víctimas (736 de nacionalidad española y 151 extranjeras) y a un menor tutelado. Esta cifra sitúa la proporción de mujeres que tramitan una orden de protección en el 12,14 % sobre el total de denunciantes.

En cuanto al canal de entrada a los tribunales, el atestado policial con denuncia directa de la víctima fue la vía principal (653 casos, el 71,4 %), seguido de los atestados iniciados por intervención directa de las fuerzas de seguridad (125 casos, 13,7 %) y los partes de lesiones remitidos directamente desde los centros sanitarios al juzgado (112 casos, 12,2 %). Los atestados formalizados por familiares representaron 13 causas (1,4 %) y los servicios asistenciales derivaron 11 expedientes (1,2 %), mientras que ninguna denuncia fue presentada directamente por la víctima en la sede judicial.

En el plano procesal, 73 víctimas se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigo (42 españolas y 31 extranjeras), lo que supone una tasa de renuncia al proceso del 7,98 %.

En lo relativo a las tipologías penales, en Córdoba se ingresaron un total de 989 delitos. La inmensa mayoría de la actividad delictiva correspondió a malos tratos leves y lesiones del artículo 153 del Código Penal, con 703 infracciones (el 71,1 % del total). Le siguieron las causas por maltrato habitual o psicológico del artículo 173 CP (109 delitos, 11,0 %), el quebrantamiento de penas (57 casos), el quebrantamiento de medidas cautelares (54 casos) y los delitos contra la libertad, como amenazas o coacciones (46 casos). Asimismo, se contabilizaron siete delitos por lesiones graves del artículo 148 y siguientes, cinco contra la integridad moral, tres contra la libertad e indemnidad sexual, dos por impago de prestaciones familiares, una por quebrantamiento de la intimidad y una causa incoada por homicidio en grado de tentativa o consumado.

Los juzgados conceden un 83,8% de las órdenes de protección solicitadas

Ante las 111 solicitudes tramitadas, la respuesta de la Judicatura cordobesa arrojó un elevado grado de amparo: se concedieron 93 órdenes de protección (el 83,78 % de las solicitadas) y se denegaron 18 (el 16,22 %). Estas concesiones se tradujeron en la adopción de 280 medidas cautelares de protección, como son órdenes de alejamiento (91), prohibiciones de comunicación (87) y órdenes de expulsión o prohibición de regresar al lugar del delito (35). Además, los jueces decretaron el ingreso en prisión provisional de cinco denunciados y adoptaron otras 12 medidas cautelares penales.

En el ámbito civil, los juzgados fijaron 17 prestaciones de alimentos, atribuyeron la vivienda familiar a la víctima en diez ocasiones, acordaron seis suspensiones de la guarda y custodia de menores, seis suspensiones del régimen de visitas y otras 11 medidas complementarias.

Un 95,2 % de condenas en las sentencias de la provincia

En último lugar, en este segundo trimestre se juzgaron a 190 hombres (165 españoles y 25 extranjeros) de las que 181 fueron condenados (144 españoles y 37 extranjeros) y nueve, absueltos (todos españoles). Esos datos sitúan la tasa global de condenas en Córdoba en el 95,26 %.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a solo dos años de prisión a un hombre acusado de agredir sexualmente de manera continuada a una menor de edad residente en Córdoba. La notable rebaja de la condena, frente a los 14 años de cárcel que solicitaba inicialmente la Fiscalía, responde al pago previo de 150.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, lo que ha permitido aplicarle la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Los hechos probados se remontan a agosto de 2025. El procesado, que en el momento de los hechos tenía 59 años, mantenía una relación de cercanía y familiaridad la menor, que tenía 15 años. Cuando la víctima tenía diez años, el acusado comenzó a interesarse por ella, llamándola esporádicamente, haciéndole regalos e invitándola, junto a su hermana mayor y a su madre, al bautizo de su propia hija en Palma de Mallorca.

A raíz de este encuentro las relaciones entre la menor y el procesado se hicieron más frecuentes con llamadas y alguna visita a Córdoba, donde la menor vive, y a Barcelona, donde reside el encausado, así como a pasar unas vacaciones en Mallorca junto a su hermana. El acusado ha venido haciendo entregas de dinero y regalos a la menor al tener conocimiento de la precaria situación económica familiar y a fin de ganarse su confianza, prometiendo a la misma que también iba a ayudar a su padre el cual se encontraba en prisión.

En agosto de 2025, el acusado le propuso a la menor que se vieran en Sevilla, a lo que la menor accedió, siempre con el consentimiento de su madre. Para ello, la víctima se desplazó en tren desde la estación de Córdoba hasta la capital hispalense. Una vez allí, el acusado la trasladó a un céntrico hotel donde había reservado una habitación con cama de matrimonio. Tras salir a cenar e ir de compras, ambos regresaron al hotel sobre la 1:00. Cuando la víctima se dispuso a dormir vestida con un pijama y habiendo colocado una almohada como barrera de separación en medio de la cama, el condenado la retiró y se abalanzó sobre la niña.

En ese momento, ella se quedó completamente paralizada y entró en estado de shock. Tras esto, el acusado la besó, la sometió a tocamientos, le mordió un pecho y la violó. Estas agresiones sexuales continuaron de forma reiterada durante más de cuatro horas, hasta cerca de las 5:00. A las 6:30 de esa misma mañana, el agresor la acompañó en taxi hasta la estación de Santa Justa para embarcarla de vuelta en un tren rumbo a Córdoba.

Al llegar a la estación cordobesa, la menor fue encontrada desconsolada por un conocido de la familia, a quien apenas pudo formular lo que le había sucedido. Tras acudir a su domicilio y relatar los hechos a su madre, fue trasladada de urgencia a un hospital de Córdoba, donde la exploración médica confirmó lesiones físicas y erosiones compatibles con la agresión relatada. El agresor fue detenido e ingresó en prisión provisional el 4 de septiembre de 2025.

Al inicio del juicio, el acusado reconoció los hechos y se declaró culpable. A cambio del ingreso de 150.000 euros como reparación económica para la víctima, el Ministerio Fiscal y la acusación particular modificaron sus conclusiones provisionales para aplicar la atenuante muy cualificada de reparación del daño, reduciendo la pena en dos grados. En consecuencia, el hombre ha sido condenado a dos años de prisión, a los que se les restará el tiempo que ha estado en prisión preventiva. Además, dada la duración de la pena, puede solicitar la ejecución de la misma.

Junto a la pena privativa de libertad, la Audiencia de Sevilla le ha impuesto la prohibición de aproximarse a la menor a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante diez años, una pena de inhabilitación de 20 años para cualquier profesión o actividad que implique contacto con menores y una década de libertad vigilada.

Una educadora del centro de menores Lucano, ubicado en Cerro Muriano (Córdoba), ha logrado que la Justicia le reconozca un plus de peligrosidad de más de 11.000 euros después de que hayan quedado constatadas las deficiencias de seguridad con las que trabajan en este servicio de atención a niños y jóvenes.

La sentencia, a la que ha accedido este periódico, da por probado que en las instalaciones se desempeñan las labores “sin contar con las medidas sanitarias de protección adecuadas y sin apoyo de vigilantes profesionales para evitar los ataques que sufre el personal que trabaja en dichos centros”. En el caso del de Córdoba, se trata de un servicio de la Junta de Andalucía que acoge a menores desprotegidos y vulnerables, y , de forma ocasional, a niños extranjeros no acompañados.

La trabajadora que demandó a la Junta de Andalucía consideraba que se le debía aplicar un plus de penosidad y peligrosidad ante esa realidad de desprotección que ha quedado probada en la sentencia del alto tribunal andaluz, fallo que confirma la sentencia previa del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba y que rechaza el recurso presentado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Gobierno andaluz.

Tras la sentencia condenatoria, la Junta recurrió, sosteniendo que se habían puesto en marcha informes técnicos y medidas correctoras para atenuar las circunstancias peligrosas, pero no impugnó el relato de los hechos, por lo que el tribunal andaluz lo ha dado por válido. Además, la Junta consideró que habían prescrito los salarios adeudados con anterioridad a diciembre de 2018, un motivo que también ha sido rechazado por tratarse de una cuestión nueva que no fue planteada ante el juzgado cordobés.

En el fallo, el TSJA ha dejado de manifiesto que en el centro se producen situaciones de conflicto continuadas, por lo que los profesionales deben desenvolverse cotidianamente en un entorno expuesto a agresiones e intimidaciones sin disponer de vigilancia privada profesional ni de recursos preventivos adecuados. Estas situaciones, bajo el juicio de este tribunal, son inherentes al puesto, pero ello no resta un ápice de razón a que se exija un plus de peligrosidad cuando las condiciones reales colocan a los trabajadores en una situación de riesgo significativamente superior a la habitual sin que su salario básico contemple dicha penosidad.

Junto a la confirmación de la cuantía económica fijada a favor de la educadora, la sentencia ha condenado a la Consejería al pago de las costas procesales, fijando los honorarios del letrado de la trabajadora en 300 euros más IVA.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a tres años de prisión a dos personas como autores responsables de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

La sentencia es fruto de un acuerdo de conformidad alcanzado entre el Ministerio Fiscal y las defensas de los acusados antes de la celebración del juicio. Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil (la Comandancia de Córdoba, la Compañía de Montilla, y el puesto de Baena) permitieron destapar la actividad ilícita que ambos procesados llevaban a cabo en dos viviendas de la localidad cordobesa de Montilla.

Entre los meses de mayo y noviembre de 2021, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia en torno a los domicilios, interceptando de manera constante a compradores que salían de las viviendas portando papelinas de sustancias estupefacientes. En los registros de los inmuebles, los investigadores lograron decomisar hasta siete tipos diferentes de drogas y fármacos (incluyendo mezclas de heroína y cocaína, cannabis/marihuana con plantación indoor incluida, metadona, lormetazepam, mirtazapina y alprazolam), arrojando un peso global que ronda los 300 gramos.

Además, se incautaron básculas de precisión, recortes de plástico para la confección de papelinas, anotaciones contables manuscritas y 195 euros en efectivo procedentes presumiblemente de la venta ilícita.

En consecuencia, la Audiencia ha condenado a ambos procesados a tres años de prisión, pero solo al hombre se le ha aplicado al atenuante de drogadicción al acreditarse que, en el momento de los hechos, se encontraba en tratamiento de deshabituación en el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba. Al reconocérsele esta atenuante, el condenado puede solicitar la suspensión de su ingreso en prisión siempre y cuando siga con su tratamiento. Por último, el tribunal le ha impuesto una multa de 304,27 euros, equivalente al valor de la droga intervenida.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la orden de expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en la zona Schengen durante ocho años impuesta a un ciudadano extranjero afincado en Córdoba tras fallar que una condena penal de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por violencia de género constituye un elemento agravante suficiente para expulsarlo de España.

La resolución, a la que ha accedido Cordópolis, desestima el recurso interpuesto por el afectado contra un fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba. Con esta decisión, el alto tribunal andaluz avala la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, que en febrero de 2023 dictó la resolución de expulsión al considerar incompatible su estancia en el país con los antecedentes penales acumulados y el incumplimiento de las órdenes administrativas previas.

El origen del expediente se remonta a marzo de 2022, cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Córdoba constataron que al hombre le había sido denegada en 2019 una solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales y que, al no haber abandonado el país dentro del plazo fijado, su estancia era irregular.

Sin embargo, el elemento que terminó de decantar el expediente administrativo no fue únicamente la falta de papeles, sino una sentencia de 2022 del Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba por la que fue condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar a la pena de 40 días de trabajos comunitarios y a 18 meses de prohibición de aproximación o comunicación con la víctima.

En su defensa, el abogado alegó que la medida era desproporcionada y solicitó la revocación de la expulsión apelando a un sólido arraigo en la capital cordobesa. Entre la documentación aportada figuraban certificados de empadronamiento continuado, historial de asistencia sanitaria, informes favorables de servicios sociales comunitarios, acreditaciones de envío de remesas e incluso una propuesta formal de contrato de trabajo destinada a regularizar su situación administrativa. Asimismo, el letrado cuestionó que este delito leve pudiera justificar una sanción administrativa de tal trascendencia.

No obstante, los magistrados del TSJA han señalado que la estancia irregular en España se sanciona con una multa. Si a ello se suma alguna agravante -como en este caso era el incumplimiento de una orden previa de salida y la condena firme de ese delito leve-, la Subdelegación decretó de forma acertada su expulsión de España.

En su fallo, el TSJA ha ido más allá y ha considerado que esta condena de 40 días de trabajos comunitarios supone una clara “inadaptación al orden social y jurídico español”. En consecuencia, el alto tribunal andaluz ha concluido que la medida de expulsión resulta proporcional y ajustada a derecho, confirmando igualmente la prohibición de retorno a España y al resto de países del espacio Schengen durante un plazo de ocho años (el periodo máximo son diez). El hombre deberá, además, abonar el pago de las costas, fijadas en un máximo de 500 euros más IVA.

Una pareja de Córdoba -un hombre y una mujer- se enfrenta a más de 70 años de cárcel cada uno por secuestrar y violar a una mujer a la que captaron como vientre de alquiler, una práctica ilegal en España. El juicio iba a celebrarse esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, pero el tribunal tuvo que suspenderlo después de que la acusada no se presentara, por lo que se ha dictado la correspondiente orden de búsqueda y captura.

Se trata del primer caso de vientre de alquiler en Córdoba que trasciende a los medios de comunicación. La calificación del Ministerio Fiscal, a la que ha accedido este periódico, narra un auténtico horror que la víctima habría vivido en apenas ocho días en el primer trimestre de 2022. Ella es una mujer peruana, con muy pocos recursos, que decidió ser vientre de alquiler para esta pareja, pero acabo siendo secuestrada y violada.

Los hechos se remontan a la segunda quincena de diciembre de 2021, fecha en la que los acusados se pusieron en contacto a través de Facebook con la víctima, que se encontraba en Perú. Ambas partes convinieron un acuerdo económico de entre 15.000 y 20.000 euros a cambio de que la mujer viajara a España, residiera en su domicilio y se quedara embarazada del hombre manteniendo relaciones sexuales. Los procesados también le prometieron ayudarla a obtener los papeles necesarios para residir legalmente en el país.

La víctima aterrizó en el aeropuerto de Sevilla en enero de 2022, donde fue recogida por el matrimonio para trasladarla a su vivienda en Dos Torres. Pese a que la víctima manifestó desde el principio su deseo de que el procedimiento se llevara a cabo mediante inseminación artificial, la pareja se negó por motivos económicos y la obligó a mantener un primer encuentro sexual el 31 de enero.

La víctima fue violada hasta cinco ocasiones

La violencia continuó al día siguiente, el martes 1 de febrero de 2022, cuando la víctima se negó a mantener nuevos encuentros al recordar que el pacto contemplaba una única relación. Ante su negativa, la acusada atemorizó y gritó a la víctima, hizo subir a su esposo al dormitorio y cerró la puerta con llave para que mantuviesen relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Pero los abusos y las coacciones se repitieron en los días sucesivos. El 3 de febrero, y ante una nueva negativa, la acusada amenazó a la víctima con ir a por un cuchillo y matarla. El procesado volvió a agredirla sexualmente y, al no lograr excitarse, su mujer lo masturbó y obligó a la víctima a tumbarse para consumar el acto. El 4 de febrero, la acusada insultó gravemente a la víctima llamándola “puta, zorra, perra” y reiteró que la mataría si no accedía. El acusado volvió a violarla. Como medida de control, el matrimonio cortó el wifi de la vivienda para aislarla de su familia.

El 5 de febrero, al comunicar la víctima que un tío suyo pasaría a recogerla, la procesada enfureció, le propinó un puñetazo en la cara y le aseguró que solo saldría muerta de la casa. Los procesados cerraron todas las puertas de la vivienda y mantuvieron el wifi cortado, obligándola de nuevo a mantener relaciones esa misma noche.

Durante los días 6 y 7 de febrero continuaron las agresiones físicas y sexuales. Según la Fiscalía, la acusada agarró del pelo a la víctima y la golpeó en la cara. En ese instante, el procesado -defendido por la letrada Aurora Díaz- le recriminó su comportamiento. Además, la víctima sufrió una nueva violación después de que la procesada la agarrara del pelo nuevamente. El 8 de febrero, esta mujer la amenazó de nuevo, asegurándole que de la casa no iba “a salir viva”, sino “ahorcada y muerta”. Ese mismo día, aprovechando que los acusados no estaban en la casa, pudo abrir un cerrojo oxidado de una puerta y huir, acudiendo de inmediato a la Guardia Civil.

Las peticiones de pena totales superan los 140 años de cárcel

De acuerdo a este relato de hechos, la Fiscalía pide para cada uno de ellos 65 años de prisión por los cinco delitos de agresión sexual. Además, solicita 15 años de libertad vigilada posterior, diez de inhabilitación para profesiones con menores y 25 de prohibición de aproximación.

A esta pena hay que sumar otros cinco años para cada uno por detención ilegal. De este modo, por ambos delitos, las peticiones de prisión son de 140 años. Además, la procesada se enfrenta a 15 meses de prisión por tres delitos de amenazas y una multa de 1.080 euros por dos delitos de maltrato de obra.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 20.000 euros por los daños morales causados.