Un total de 70 jóvenes de la provincia de Córdoba participan en la segunda edición de los Premios Cachivache Tech Challenge, una iniciativa de formación, innovación y competición dirigida a menores de los municipios cordobeses y desarrollada por la Diputación de Córdoba en la colaboración con los Puntos Vuela de la provincia.

Tal y como ha anunciado en rueda de prensa la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, estos menores estarán distribuidos en 12 equipos, siete grupos para 'Reto de Invención' y cinco para la modalidad de 'Carrera de Programación'. En este contexto, la diputada provincial ha destacado que lo que se pretende es “acercar la tecnología a los más jóvenes desde una perspectiva educativa, creativa y segura”.

En lo referente a la primera categoría, dirigida a alumnos de 3º y 4º de Primaria, se plantea el diseño de un juego mediante herramientas como 'Scratch' y 'Makey Makey'. Los equipos deben desarrollar un proyecto utilizando la placa 'Makey Makey' y presentarlo ante un jurado, que valorará aspectos como la creatividad y la innovación, la interactividad, el funcionamiento, la estética, el uso de materiales, la seguridad y la originalidad de la presentación.

En cuanto a la segunda, la 'Carrera de Programación', los escolares de 5º y 6º de Primaria deberán programar un robot 'Maqueen' para completar un circuito sin utilizar sensores. “Los participantes deberán realizar la programación durante la propia competición, demostrando sus habilidades y precisión tanto en el diseño del recorrido como en la ejecución”, ha resaltado la delegada.

Alguacil ha adelantado que “la final de esta segunda edición se celebrará a principios de noviembre, momento en el que los equipos participantes presentarán sus creaciones y pondrán a prueba los conocimientos y habilidades adquiridos durante el proceso formativo”.

La responsable de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación ha subrayado “la importancia de impulsar iniciativas que acerquen la tecnología a los jóvenes independientemente del municipio en el que residan”.

“Estamos convencidos de que la transformación digital es para todos: la digitalización no se trata solo de pantallas o código; se trata de oportunidades por lo que queremos que cualquier joven, viva en el municipio que viva de nuestra provincia, tenga las herramientas necesarias para desarrollar sus proyectos tecnológicos sin tener que trasladarse”, ha expresado Sara Alguacil.

Igualmente, la responsable del área ha argumentado que “la Diputación de Córdoba está trabajando por hacer llegar la transformación digital y la modernización a toda la provincia. Queremos conseguir una provincia conectada, bien comunicada y digitalizada, porque sabemos que al final es la herramienta de futuro y qué mejor manera que formar a los más pequeños para que poco a poco vayan encaminando su futuro al desarrollo de su carrera profesional”.

Para concluir, Sara Alguacil ha recordado que “el año pasado la institución provincial fue reconocida y premiada con los premios Vuela Andalucía por esta iniciativa, por haber puesto en coordinación a los distintos Puntos Vuela para el desarrollo de esta actividad”.

La Plataforma de AMPAS de la escuela pública Niñ@ del Sur de Córdoba ha cargado contra la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, al referirse esta a las quejas e incidencias ocurridas en comedores escolares cordobeses señalando que “muchas veces es verdad que eso nos pasa, que nos toca un menú que no es el más atractivo, que tiene algún tipo de problema”, aunque ha matizado que las redes sociales “lo magnifican todo” y “a veces cosas que dicen que están pasando en un comedor” luego no están ocurriendo de esa manera o en ese centro.

La consejera realizó estas declaraciones este miércoles, tras asegurar que Educación está investigando los casos ocurridos en al menos tres colegios de Córdoba, donde las familias y los propios centros denunciaron la comida servida por el catering Mediterránea, con un supuesto menú de huevo duro con pisto donde apenas había vegetales y solo caldo de color rojo. Educación ha abierto un expediente informativo a la empresa por estos hechos en tres colegios públicos, para recabar información y dirimir si cabe aplicar las penalidades que el contrato del servicio establece.

Ante sus declaraciones, la plataforma de AMPAS ha puesto el foco en las “disculpas a las familias” pedidas por la consejera admitiendo que “muchas veces (...) nos toca un menú que no es el más atractivo, que tiene algún tipo de problema”.

“Así que muchas veces nos pasa que nos toca un menú con algún tipo de problema. Curiosa jugada de su subconsciente. Seguiremos trabajando para que ni muchas ni pocas veces haya menús con problemas... pese a usted”, han señalado en un comunicado de respuesta en sus redes sociales.

Vídeo viral del 'pisto sin pisto': “Las redes lo magnifican todo”

También se refieren a la afirmación de la consejera de que las redes sociales “lo magnifican todo”, en alusión al vídeo que se ha viralizado exponiendo cómo una bandeja preparada para 15 alumnos por Mediterránea de Catering con el supuesto pisto apenas tenía vegetales para dos cucharadas y el resto era solo caldo.

“Hay que ver cómo sois las familias de los comedores que lo magnificáis todo”, señalan las AMPAS de forma irónica. “Eso pasa por ver las redes sociales. Aunque hemos de decirle que el pisto del otro día , señora consejera María del Carmen Castillo, no parecía magnífico, ni en cantidad ni en sabor”.

“Por otra parte, la magnificencia de su vergüenza no nos parece, pese a las redes, excesiva”, dicen recordando cómo en abril de 2025, la consejera y los delegados de Educación de cada provincia acudieron a comedores escolares y se fotografiaron tomando el menú servido ese día para los alumnos. “Recordamos no ver comida en sus bocas en las fotos que se hicieron, suponemos que estarían poco y que habrían quedado para comer en algún restaurante, con cocina propia y gestión directa, claro. Eso sí es magnífico. Ese día había platos de cristal, platos colmados y bueno... jamón no vimos, pero... ese día se comió bien seguro”.

La Plataforma de AMPAS de la escuela pública Niñ@ del Sur de Córdoba ya denunció la pasada semana “el caóticamente continuista comienzo de curso por parte de Mediterránea de Catering y su política alimentaria escolar”. En ese sentido, detallaba que se habían detectado “menús insuficientes en algunos centros (con el consiguiente ahorro para la empresa argumentando que los primeros días de clase hay muchas faltas y pese a que cobran el importe completo de todos y todas los alumnos y alumnas apuntados al servicio de comedor), errores en la fruta a dispensar (peras y manzanas en lugar de las programadas nectarinas y plátanos) y ratios de monitoraje que en muchas ocasiones bordean lo ilegal, con servicios bajo mínimos que dificultan la correcta prestación del servicio”.

Y, por todo ello, tras el inicio del curso y en menos de dos semanas de colegio ya se habían presentado “cientos las quejas por estos y otros motivos de muchos de los colegios públicos donde Mediterránea de Catering presta sus servicios”, asegura la plataforma.

Los seis Equipos de Orientación Educativa (EOE) de Córdoba capital han reclaman a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía “una solución urgente para disponer de unas instalaciones dignas, seguras y adecuadas para desarrollar su labor profesional”.

A este respecto y a través de una nota, los referidos EOE de la capital cordobesa han precisado que tenían su sede oficial en el CEIP Averroes, pero tuvieron que “abandonar estas instalaciones en 2021, debido a sus condiciones de insalubridad” y, desde entonces, los equipos “han sido ubicados provisionalmente en diferentes centros educativos de la ciudad, mientras se buscaba una sede común que reuniera las condiciones necesarias”.

En este proceso, el CEIP Alfonso Churruca fue planteado por la Administración autonómica “como posible espacio para reubicar a los EOE, y ”en diciembre de 2025 los coordinadores y coordinadoras“ de los equipos realizaron una visita a sus instalaciones y trasladaron a la Delegación Territorial ”las numerosas actuaciones que consideraban necesarias para que el edificio pudiera convertirse en una sede adecuada“, tales como el ”acondicionamiento de espacios, adecuación de aseos, reparaciones, instalación de equipamiento, calefacción, conexión a la red, pintura y limpieza, entre otras“.

Sin embargo, “estas actuaciones no se han llevado a cabo en su totalidad, ni se ha dado una respuesta oficial al conjunto de las demandas planteadas”, y “la situación se ha agravado en el caso de los EOE Vista Alegre y EOE Levante-Alcolea, que tenían sus dependencias en el CEIP Julio Romero de Torres y tuvieron que abandonarlas debido al incremento de unidades del centro y a la falta de espacio disponible”.

Durante el pasado mes de julio, “sus muebles y materiales fueron trasladados al CEIP Alfonso Churruca, el espacio que se había planteado como su nueva ubicación, donde permanecen actualmente apilados y en cajas en las dependencias que deberían ser sus espacios de trabajo, sin que estas hayan sido acondicionadas para poder trabajar en ellas”.

Esto “dificulta el acceso a materiales profesionales imprescindibles, como pruebas psicopedagógicas, cuestionarios e instrumentos de evaluación, y condiciona el normal desarrollo de las funciones de orientación educativa”.

Por ello y en definitiva, los seis equipos (Brillante-Valdeolleros, Poniente-Villarrubia, Sector Sur-Centro, Fuensanta-Cañero, Vista Alegre y Levante-Alcolea) demandad “una solución común y definitiva, preferentemente en un mismo centro o edificio”, dependiente de la Consejería de Educación, “que garantice unas condiciones adecuadas de seguridad, higiene y funcionalidad”.

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales ha exigido este jueves al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía “que intervenga de manera inmediata para garantizar la calidad de la alimentación que reciben los niños y niñas en los comedores escolares de la provincia” y ha reclamado a la Junta “que ejerza un control efectivo sobre las empresas adjudicatarias”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha señalado que “las deficiencias en los menús escolares no son un problema de un día, sino una situación que, según las denuncias trasladadas por familias, trabajadores y docentes, viene produciéndose desde hace años”.

Así, “desde 2024 los propios trabajadores de los comedores, maestros y maestras, y las madres y padres vienen alertando de esta situación, mientras la Junta de Andalucía de Juanma Moreno mira para otro lado”, ha afirmado.

En este sentido, ha aludido al vídeo difundido por la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) sobre uno de los menús “que ha hecho saltar las alarmas en las familias y en la comunidad escolar”. Se trata de una comida servida por la empresa Mediterránea de Catering el pasado 25 de septiembre y que consistía en pisto con huevo duro, pero “lo que muestran las imágenes difundidas en redes es una bandeja para 12 personas en la que, según las familias, predominaba un líquido rojizo y con apenas una cucharada de verduras”.

El parlamentario socialista ha puesto el foco en la adjudicación realizada en 2024 en la provincia de Córdoba a Mediterránea de Catering, empresa que se hizo con tres de los cuatro lotes de catering licitados, por un importe superior a 11,2 millones de euros de un contrato de alrededor de 12 millones.

“Estamos hablando de que esta empresa se ha llevado prácticamente todo el contrato de los comedores escolares de la provincia y, sin embargo, lo que nos trasladan las familias es que nuestros niños comen menos y comen peor”, ha lamentado Morales, quien ha reclamado a la Junta “que garantice que el dinero público destinado a los comedores se traduzca en menús suficientes, equilibrados y de calidad”.

Morales ha cuestionado también que la empresa “pueda percibir cantidades correspondientes a jornadas en las que, según las denuncias recibidas, no se habría prestado el servicio de comedor”, y ha reclamado a la Administración autonómica que compruebe el cumplimiento de todas las condiciones contractuales.

“Con la comida de nuestros hijos e hijas no se juega, señor Moreno”, ha advertido el parlamentario socialista, y ha añadido que “la Junta tiene que adjudicar pensando en la calidad del servicio y no limitarse a entregar contratos millonarios sin después garantizar que se cumplen las condiciones y que los niños reciben la alimentación que merecen”.

Para Esteban Morales, la Junta de Andalucía “debe asumir su responsabilidad y supervisar de forma rigurosa la prestación del servicio, además de estudiar alternativas que permitan recuperar la gestión directa de los comedores allí donde resulte necesario”.

“Moreno tiene que intervenir y, o vuelve a poner personal propio de la Junta de Andalucía en nuestros comedores, o controla de verdad a las empresas adjudicatarias para que no cobren por servicios que no prestan y, sobre todo, para que nuestros hijos e hijas reciban comida de calidad”, ha reclamado.

El parlamentario socialista ha defendido finalmente que el derecho a la educación pública “no termina en las aulas”, sino que debe incluir unas condiciones dignas durante toda la jornada escolar. “Nuestros niños tienen derecho a una educación digna, en cuanto a la docencia, pero también a una alimentación digna, saludable y suficiente en sus comedores escolares”, ha concluido.

La Alianza Andaluza por la Alimentación Escolar, formada por 13 entidades andaluzas de los ámbitos educativo, sindical, social, académico, sanitario, ecologista y productivo, se ha hecho eco de las denuncias trasladadas por las federaciones y asociaciones de familias de Córdoba y Granada sobre graves incidencias producidas en el servicio de comedor escolar prestado por la empresa Mediterránea de Catering SL en ambas provincias, apenas unas semanas después del inicio del curso escolar, y reclama un cambió de gestión en los comedores de los colegios públicos con la creación de cocinas propias en los centros.

La Alianza señala cómo el pasado 25 de septiembre, asociaciones de familias de varios centros escolares de Córdoba capital, cuyo comedor es gestionado por la empresa de restauración colectiva Mediterránea, trasladaron a la Plataforma Niñas y Niños del Sur y a FAMPA Córdoba sus quejas sobre el plato servido ese día. El menú anunciado incluía pisto con huevo duro, mientras que las familias denuncian, apoyándose en imágenes, vídeos y testimonios del alumnado, que lo servido consistió fundamentalmente en un líquido de color rojizo con una presencia muy reducida de verduras, acompañado de un huevo cocido.

Una semana antes, el pasado 18 de septiembre, alumnado usuario del comedor de un centro educativo de Granada alertó de la presencia de lo que identificó como una larva en la comida servida ese día. Según el informe elaborado por FAMPA Alhambra a partir de la denuncia de la AMPA del centro afectado, los niños y niñas comunicaron el hallazgo a las monitoras presentes, a pesar de lo cual la comida no fue retirada del servicio. La AMPA dispone de material audiovisual del incidente. Tras lo sucedido, la asociación de madres y padres ha interpuesto una queja ante la Consejería de Sanidad y ha solicitado a la empresa responsable del servicio de comedor una explicación por escrito que, por el momento, no ha llegado.

Las reclamaciones por ambos hechos han comenzado ya a trasladarse formalmente. Algunas de las direcciones los centros afectados han presentado ya quejas ante los organismos competentes y ante la empresa responsable del servicio, mientras las asociaciones de familias han anunciado que registrarán reclamaciones por vía oficial, en paralelo a la denuncia por redes sociales y ante medios de comunicación.

Investigación y aplicación de las penalidades previstas

Para la Alianza, estas incidencias deben ser investigadas de manera inmediata por la Junta de Andalucía para determinar si se han producido incumplimientos de las obligaciones establecidas en los contratos de comedor escolar y, en caso de acreditarse, aplicar las penalidades correspondientes.

En el caso denunciado en Córdoba, los hechos podrían encajar en distintos incumplimientos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige el servicio, entre ellos los relativos al cumplimiento de los criterios nutricionales y gramajes establecidos, considerados incumplimientos graves, o los relacionados con las características organolépticas y las condiciones de cantidad y calidad de las comidas, tipificados como muy graves. Asimismo, de demostrarse la presencia de larvas de gusano en la comida, tal y como se plantea en el caso de Granada, los incumplimientos serían muy graves según la normativa del citado pliego.

El PCAP establece penalidades de 1.000 euros por cada incumplimiento grave y centro afectado y de 3.000 euros por cada incumplimiento muy grave y centro afectado. Corresponde a la Administración investigar los hechos y determinar qué incumplimientos se han producido en cada caso.

La Alianza reclama por ello a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) que activen los mecanismos de control establecidos en los propios contratos ante las denuncias recibidas y que, cuando se acrediten incumplimientos, se apliquen efectivamente las penalidades previstas.

Asimismo, hace un llamamiento a los centros educativos y las asociaciones de familias de alumnado que detecten deficiencias en el servicio para que las registren adecuadamente y las trasladen por los canales oficiales a la Administración educativa, de manera que puedan ponerse en marcha los procedimientos de inspección y control correspondientes. La Alianza considera igualmente fundamental la colaboración entre las direcciones de los centros y las asociaciones de familias, en el marco del Consejo Escolar, para velar por el bienestar del alumnado también durante el servicio de comedor.

Un problema que va más allá de dos incidencias

Para la Alianza Andaluza por la Alimentación Escolar, los episodios de Granada y Córdoba vuelven a poner sobre la mesa los problemas de un modelo de comedor escolar fuertemente externalizado y basado mayoritariamente en el catering de línea fría.

El reciente diagnóstico Comedores escolares en Andalucía. Diagnóstico de la situación, publicado por Justicia Alimentaria, muestra que de los 1.759 centros públicos andaluces de Infantil y Primaria que cuentan con comedor escolar, solo 314 —el 18 %— son gestionados directamente por la Junta de Andalucía. Los otros 1.445, el 82 %, tienen la gestión externalizadas, siendo 1.251 de ellos (el 71 % del total) catering de línea fría.

En este sistema, los alimentos se elaboran en cocinas centrales, se envasan en bandejas de plástico, se refrigeran y se distribuyen a los centros educativos, donde se conservan hasta su regeneración para el consumo. Frente a este modelo, en los comedores de gestión pública directa el personal laboral de la Junta elabora diariamente la comida en las cocinas del propio centro.

El diagnóstico recoge además que durante el curso 2024/2025 las inspecciones realizadas dieron lugar a 284 expedientes informativos, lo que supone que aproximadamente tres de cada diez comedores inspeccionados presentaban alguna irregularidad en el momento de la inspección.

Las familias no están ajenas a la problemática y, en Córdoba, la Plataforma de AMPA Niñas y Niños del Sur tiene en marcha, desde el curso 2024/25, un buzón virtual para registrar la opinión de las familias sobre los comedores que, hasta la fecha, ha registrado un total de 680 quejas e incidencias en 29 colegios de la capital y la provincia.

Para la Alianza, estos datos, unidos a las incidencias que continúan denunciando las familias, refuerzan la necesidad de abordar un cambio estructural en lugar de limitar la respuesta de la Administración a la gestión puntual de las incidencias que van apareciendo. La Alianza reclama una transición hacia la gestión pública directa Desde su constitución, la Alianza Andaluza por la Alimentación Escolar viene defendiendo que el comedor no puede considerarse un servicio accesorio, sino un servicio educativo esencial que debe garantizar al alumnado una alimentación saludable, segura, equilibrada y sostenible.

Plan de transición hacia una gestión pública

Por ello, la Alianza vuelve a reclamar a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan de transición hacia la gestión pública directa de los comedores escolares, recuperando progresivamente cocinas propias en los centros y personal público para elaborar diariamente los menús.

Esta reivindicación coincide con las recomendaciones recogidas en el nuevo diagnóstico elaborado por Justicia Alimentaria, que propone, entre otras medidas: Recuperar la gestión directa del servicio, priorizando el modelo público con personal propio de la Administración; poner en marcha un plan de retorno a las cocinas in situ, de manera que los centros puedan elaborar diariamente los alimentos y, mientras no sea posible, avanzar desde la línea fría hacia sistemas de elaboración y distribución en caliente y de proximidad; priorizar alimentos frescos, de proximidad, de temporada y ecológicos, utilizando la compra pública alimentaria también como herramienta de apoyo al sector agrario y a la economía local andaluza; incrementar la transparencia y el control público del servicio, aumentando el número de auditorías realizadas por la APAE, facilitando el acceso a los resultados de los procesos de control de calidad y garantizando el cumplimiento efectivo de los contratos.

La Alianza ya trasladó estas reivindicaciones a los partidos políticos andaluces antes de las elecciones autonómicas de mayo y anunció entonces que, una vez constituido el nuevo Gobierno andaluz, reclamaría una interlocución que permitiera avanzar hacia un modelo que priorice la salud del alumnado, la equidad, la sostenibilidad y el interés público.

Ante las incidencias producidas apenas iniciado el nuevo curso escolar, la Alianza considera urgente que esa transformación comience a materializarse y reclama a la Junta de Andalucía que abra un proceso de diálogo con la comunidad educativa para diseñar una transición progresiva desde el actual modelo externalizado hacia una red pública de comedores escolares con cocinas propias.

Sobre la Alianza Andaluza por la Alimentación Escolar

La Alianza Andaluza por la Alimentación Escolar está integrada por 13 organizaciones de diferentes ámbitos: Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de la Escuela Pública (CODAPA); Sindicato USTEA; Justicia Alimentaria; Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG Andalucía); Cooperativa Agroecológica Valle y Vega; Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN); Think Tank Alimenta; Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba (ISECUCO); Federación Andaluza de Consumo y Producción Ecológica (FACPE); Red de Ecomercados de Andalucía; Ecologistas en Acción; Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria (SASPAS-Hipatia); y Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC).

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha señalado que su departamento investiga y hace “un seguimiento concreto” de cada una de las incidencias que pueda haber en comedores escolares de la comunidad para “establecer medidas de corrección y de sanción si es necesaria”.

Castillo se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas tras las incidencias detectadas en tres comedores escolares de la provincia de Córdoba -donde se han denunciado menús insuficientes-, y otro en el municipio granadino de Albolote (Granada) tras el supuesto hallazgo de larvas de gusanos en el arroz.

La consejera ha hecho hincapié en que son más de 200.000 menús escolares diarios los que se sirven en el conjunto de la comunidad, ya sea en comedores de gestión directa o bien con empresas encargadas del servicio; y existe un seguimiento continuado.

Por un lado, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, la cual inspecciona el cumplimiento por parte de las empresas de las condiciones del contrato y de que se sirvan los menús en las condiciones que están en los pliegos. Y por otra parte, con el programa Evacole de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, por el que inspectores de sanidad “comprueban” las comidas.

“Cuando hay una denuncia como ha ocurrido en este caso en el que al parecer había un menú que no estaba en buenas condiciones inmediatamente se mandan ambas inspecciones, la de Sanidad y la de la Agencia Pública Andaluza de Educación, para comprobar qué es lo que está pasando”.

La consejera ha querido pedir “disculpas a las familias, porque muchas veces --ha dicho-- es verdad que eso nos pasa, que nos toca un menú que no es el más atractivo, que tiene algún tipo de problema”, aunque ha matizado que las redes sociales “lo magnifican todo” y “a veces cosas que dicen que están pasando en un comedor” luego no están ocurriendo de esa manera o en ese centro.

Preguntada sobre los casos concretos de la provincia de Córdoba y del CEIP Tínar de Albolote (Granada), Castillo ha dicho sobre el primero que se está investigando y en el segundo sí ha ido la inspección de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

En Córdoba, familias, AMPAS y centros han denunciado el menú que varios colegios recibieron el pasado viernes y al que alude un vídeo que se ha viralizado en redes sociales, que mostraba el contenido de una bandeja de pisto para 15 alumnos que apenas contenía dos cucharadas de vegetales mientras todo lo demás era caldo.

Personal de un comedor escolar muestra una bandeja de pisto para 15 alumnos preparado por la empresa contratada por la Junta de Andalucía para gran parte de los colegios de Córdoba. Pasan el contenido de la bandeja por un colador y apenas hay pisto para dos cucharadas, porque el resto es simplemente caldo.

Ese día, familias de alguno de esos colegios explican a este periódico que sus hijos contaban al salir de clase que habían tomado “una comida rarísima, un huevo cocido con líquido rojo”, cuando ese día correspondía servirles huevo duro con pisto según el menú, algo demandado por madres y padres para ofrecer verduras a los menores que no sean en forma de crema o puré.

Este hecho ha colmado el vaso para muchas familias que ya venían presentando quejas por los platos que reparte Mediterránea de Catering SL para los colegios y que viene siendo denunciado públicamente por menús escasos, con errores o directamente que no responden al plato previsto.

Este último caso ocurrido el pasado viernes -viralizado en redes con un vídeo difundido por la Asociación Sindical Docente Asadián-, ha sido una de las “incidencias” que se han dado en varios centros públicos de Córdoba y que ha elevado las quejas de las familias, así como de los propios centros, haciendo que la Junta de Andalucía haya abierto expediente informativo para recabar información sobre lo ocurrido en tres colegios, según ha comunicado.

Responsables de comisiones de comedor de los centros habían elevado las quejas de las familias, a la vez que también se han dirigido a las direcciones de los centros, algunas de las cuales les confirman que han enviado escritos oficiales para notificar lo ocurrido.

Por encima de todo, las familias exponen su “preocupación absoluta” por la alimentación de sus hijos, para exigir que el menú escolar que se ofrece a los menores sea el adecuado.

Algunas familias han escrito directamente a Mediterránea de Catering presentando quejas, que en un mensaje de respuesta que ha podido ver este medio, señalan que sienten “lo ocurrido y lo único que le podemos recomendar es que en el centro escolar ponga una queja formal para que la manden a la delegación de Educación y llegue al departamento correspondiente”.

Denuncia de las AMPAS

La Plataforma de AMPAS de la escuela pública Niñ@ del Sur de Córdoba ya denunció la pasada semana “el caóticamente continuista comienzo de curso por parte de Mediterránea de Catering y su política alimentaria escolar”. En ese sentido, detallaba que se habían detectado “menús insuficientes en algunos centros (con el consiguiente ahorro para la empresa argumentando que los primeros días de clase hay muchas faltas y pese a que cobran el importe completo de todos y todas los alumnos y alumnas apuntados al servicio de comedor), errores en la fruta a dispensar (peras y manzanas en lugar de las programadas nectarinas y plátanos) y ratios de monitoraje que en muchas ocasiones bordean lo ilegal, con servicios bajo mínimos que dificultan la correcta prestación del servicio”.

Y, por todo ello, tras el inicio del curso y en menos de dos semanas de colegio ya se habían presentado “cientos las quejas por estos y otros motivos de muchos de los colegios públicos donde Mediterránea de Catering presta sus servicios”, asegura la plataforma.

Dada la situación, la plataforma de AMPAS tiene una Comisión de Comedores Escolares que proporciona un formulario para que las familias o el personal hagan llegar las quejas e incidencias al respecto en sus centros.

Este registro sirve para obtener datos que las AMPA o AFA llevan a los espacios que tienen establecidos para dar seguimiento a la alimentación escolar, ya sean Comisiones de Seguimiento con la empresa proveedora del servicio, Comisiones de Comedor del centro, Consejo Escolar, reuniones con la dirección del centro, con la Delegación de Educación o cualquier otro.

Los datos son recogidos y tratados por la Plataforma Niñ@s del Sur que, a su vez, los traslada a las AMPA o AFA de cada centro. Cuando la información recogida es relevante, se da traslado de las quejas e incidencias vía procedimiento administrativo a las instituciones responsables. En estos casos, la queja se realiza siempre desde el nombre de la Asociación o la Plataforma, manteniendo el anonimato de las personas individuales que hayan transmitido las diferentes quejas.

La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha comunicado la apertura de un expediente informativo a la empresa Mediterránea de Catering SL que presta el servicio en tres colegios de la provincia en los que se produjeron incidencias en el menú del pasado viernes.

En un comunicado, desde la Junta explican que la Agencia Pública Andaluza de Educación tuvo conocimiento el pasado viernes de “incidencias relativas al menú servido ese día en el comedor de tres centros educativos de la provincia. De forma inmediata, la Agencia ha abierto expediente informativo a la empresa que presta el servicio en estos centros con objeto de recabar información de lo sucedido y determinar las medidas correctoras a implementar y si procede aplicar penalizaciones, conforme a lo establecido en los pliegos de contratación del servicio”.

Desde el inicio del curso, la Plataforma de AMPAS de la escuela pública Niñ@ del Sur de Córdoba había denunciado “menús insuficientes” y con “errores” en los colegios en los que sirve la comida Mediterránea de Catering S.L. A ello se ha sumado que, en los últimos días, se ha viralizado en redes sociales un vídeo que mostraba el contenido de una bandeja de pisto para 15 alumnos que apenas contenía dos cucharadas de vegetales mientras todo lo demás era caldo.

Evaluación presencial de la comida

Tras las quejas de las familias, desde Educación indican en su comunicado que se ha informado al programa Evacole, dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, para que realice una evaluación presencial de estos comedores para comprobar la calidad de la oferta alimentaria, dentro de la colaboración habitual de ambas consejerías en este ámbito.

Asimismo, sostienen que “los comedores escolares de los centros educativos públicos andaluces promueven una alimentación completa y saludable. Los menús son supervisados mensualmente por técnicos de Evacole, que comprueban su adecuación a los criterios nutricionales y de calidad exigidos y realizan verificaciones in situ en los centros educativos. Cualquier incidencia es atendida y corregida con la supervisión de los técnicos de Evacole y puede dar lugar a las penalizaciones oportunas por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación como responsable de estos contratos”, concluye el comunicado.

La Plataforma de AMPAS de la escuela pública Niñ@ del Sur de Córdoba ha exigido que se elimine el nombre franquista del colegio público CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, tal y como acordó su Consejo Escolar a finales de 2025 y lo solicitó al Ayuntamiento de Córdoba para que iniciara los trámites oportunos.

Las AMPAS recuerdan que el actual nombre del colegio “debería haber sido eliminado de oficio” al entrar en vigor la Ley de Memoria Histórica, ya que el alcalde Rafael Jiménez Ruiz fue militante activo de Falange Española de las JONS y regidor recuperado por el régimen franquista para ostentar la vara de mando del Ayuntamiento de Córdoba entre 1941 y 1943, tras haber tenido ese puesto antes de la República, entre 1930 y 1031.

“La comunidad educativa ya lo ha aprobado con el 100% de los votos y lo ha pedido. Y, además, manteniendo ese nombre se está vulnerando la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, las dos”, advierten desde la plataforma de AMPAS.

Hay que recordar que la comunidad educativa del colegio público CEIP Alcalde Jiménez Ruiz de Córdoba aprobó en septiembre de 2025 solicitar el cambio de nombre del centro para borrar el franquista actual por unanimidad y con el 100% de los votos a favor del Consejo Escolar. En octubre de ese año, este órgano propuso varias opciones de nombres nuevos y dio pie a la participación de toda la comunidad educativa en una votación celebrada en noviembre, de la que salió por mayoría la elección del nombre 'Maestro Julio Anguita'. En diciembre de 2025 elevó la petición al Ayuntamiento de Córdoba como propietario del edificio y, actualmente, aún espera respuesta y que tramite esta solicitud.

“Petición guardada en un cajón para evitar presiones de Vox”

La Plataforma de AMPAS de la escuela pública Niñ@ del Sur ha reclamado al Ayuntamiento que, sin más tardanza, tramite la petición formulada por la comunidad educativa del colegio y dé traslado a la Junta de Andalucía de ello.

“Tenemos la teoría de que el PP, con su mayoría absoluta en el gobierno municipal del Ayuntamiento, tiene guardada la petición en un cajón” - sostiene la plataforma-, “para evitar presiones de Vox, para evitar ponérselo fácil en la campaña de las elecciones municipales que vienen”.

Pero, advierten, “más allá de que el PP se crea o no el cambio de nombre por la Ley de Memoria y que no sea una prioridad para ellos, si no se cambia el nombre están vulnerando la ley”.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Consistorio para conocer el estado de esta petición y su tramitación, sin que hasta el momento haya ofrecido una respuesta. Por su parte, desde la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta señalan que, hasta ahora no tienen constancia de este asunto y que “es, por el momento, de ámbito municipal”.

Las universidades de Andalucía ofrecen un total de 74 plazas de prácticas laborales para personas con discapacidad, dentro del programa de Becas Fundación ONCE-Crue Universidades Españolas, que pretende mejorar la carrera profesional de los universitarios con discapacidad, a quienes facilita el acceso a una primera experiencia laboral.

Según ha informado Fundación ONCE en una nota, en su undécima edición, la iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027. De las 74 plazas disponibles en Andalucía, 14 son para la Universidad de Sevilla y para la de Granada,13 para la Universidad de Málaga, ocho para la Universidad de Cádiz, y cinco para las universidades de Almería, Córdoba, Huelva, Jaén y Pablo de Olavide.

Las becas están dotadas con un importe de 2.000 euros por cada alumno en prácticas, que las universidades deberán destinar a la remuneración de los estudiantes, quienes reciben hasta un máximo de 600 euros al mes durante tres meses, y al pago de la seguridad social y otros gastos de gestión. La iniciativa permitirá, como en los cursos pasados, que 316 estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades españolas asociadas a Crue Universidades Españolas y centros adscritos puedan realizar prácticas externas.

De este modo, los universitarios tienen hasta el 30 de noviembre de 2026, o bien hasta que las universidades lo establezcan en sus procesos internos, para presentar sus solicitudes a través de la web de becas de Fundación ONCE. El periodo de las prácticas será de tres meses y podrá desarrollarse en grandes empresas, pymes, microempresas, entidades de la Economía Social y del tercer sector, así como en otras instituciones y entidades públicas o privadas.

Puesto que la undécima convocatoria del Programa se desarrollará durante el curso académico 2026/2027, el período de prácticas podrá comenzar a partir del día siguiente a la resolución de aprobación de las personas becadas y hasta el 31 de diciembre de 2027.

La colaboración de Fundación ONCE y Crue Universidades Españolas, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pretende promover la realización de dichas prácticas, contribuir económicamente al coste del programa y facilitar la intermediación de las empresas, incentivándolas a la contratación de personas con discapacidad, fomentando nuevos vínculos entre empresa y universidad y una mejor gestión de la diversidad a través de la inclusión.

En este sentido, podrán beneficiarse de este programa de prácticas en empresas los alumnos universitarios que tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y estén matriculados en grado o máster (oficial o propio) en alguna universidad española, fundación universitaria o centro adscrito.

Por último, se priorizará a los estudiantes de último curso que hayan superado más del 50% de los créditos de grado y/o máster del correspondiente título universitario sin haber disfrutado aún de prácticas académicas, según criterio de la propia universidad o centro adscrito.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba pide a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP de Córdoba que dé una respuesta a la comunidad educativa del CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, que hace ahora un año, tomó la decisión unánime de solicitar el cambio de nombre del centro por el de Maestro Julio Anguita.

El secretario General del mencionado sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, José Enrique Guerra, ha explicado que, en el Consejo Escolar, todos los representantes de la comunidad educativa votaron a favor de solicitar el cambio de nombre, tal y como ha adelantado este periódico. Así, se dio traslado de la solicitud al Ayuntamiento de Córdoba, propietario del inmueble, y a la Delegación de Desarrollo Educativo, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna a su solicitud.

Aunque Anguita no estuvo vinculado a este centro educativo, ubicado en el barrio de La Fuensanta, la comunidad educativa quiere reconocer la labor docente del reconocido político cordobés y honrar su memoria llevando su nombre.

CCOO considera que la Junta de Andalucía debe respetar el sentir general de la comunidad educativa del centro y proceder al renombramiento del colegio de forma inmediata porque, además, este cambio de nombre responde también al artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que regula la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en España, entre ellos, el nombre de dirigentes franquistas, como lo fue el alcalde Rafael Jiménez Ruiz.

El 26 de septiembre de 2016, hace justo ahora una década, nacía en el sur de la ciudad de Córdoba la Red de Igualdad Distrito Sur, una iniciativa puesta en pie por todo un abanico de agentes de la zona e instituciones que han trabajado desde entonces por el feminismo, la justicia social y la ecología.

Esta gran red -formada en su inmensa mayoría por mujeres- tomó impulso gracias a las coordinadoras de Igualdad de los centros educativos del distrito, junto a las AMPAS, grupos de jóvenes, entidades del tercer sector de acción social, el Equipo de Orientación Educativa Sur-Centro, el Equipo Técnico de Absentismo Escolar Sur-Barrio Guadalquivir y el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y la Delegación de Educación, además de personas voluntarias.

“Ha sido una década de hermanamiento, pedagogía social, formación horizontal, incidencia en las calles y sobre todo, de mucha esperanza proactiva, convencidos de la necesidad urgente de eliminar toda forma de violencia hacia la mujer y de facilitar un escenario que nos sitúe en igualdad”, explica como resumen Florencio Sánchez, educador social del distrito Sur.

Como ejemplo de la actividad en esta década, cuenta cómo las iniciativas se gestaban en los propios centros educativos, donde se celebraban “las asambleas itinerantes que han sido nuestras salas de partos. Ahí crecíamos juntos y juntas en conciencia colectiva, en sensibilidad, en disfrute de la diversidad y en la certeza de que con nuestro empuje individual, si nos dábamos las manos, teníamos más fuerza”.

Una fuerza para crear conciencia y sensibilizar desde el ámbito educativo, pero mucho más allá, a las nuevas generaciones del distrito Sur para apostar por crecer y convivir en igualdad, adoptando los valores de la justicia social y también de la ecología, más si cabe en el actual clima cambiante.

Sánchez recuerda que, en estos diez años, pasacalles, flashmob, actuaciones musicales, manifiestos y mensajes en comercios de la zona han sido algunas de las expresiones en las calles de la Red de Igualdad. Y, especialmente, han protagonizado movilizaciones en fechas como el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y el 28 de mayo (Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres).

La red ha servido, además, como sostén común -“Los cuidados han estado en el centro de absolutamente de todo”-, y junto a ello, creen que en este tiempo han cultivado “un espacio de tolerancia, respeto, sensibilidad, cuidados, esperanza trasformadora y participación” en el distrito Sur para que germine y dé sus frutos con las nuevas generaciones.

Con esa idea miran al futuro, a una nueva década de acción en la que seguirán, “con ilusión y energía”, apostando por los mismos valores y advirtiendo de “las amenazas sobre retrocesos en los derechos conquistados”, alerta el educador. Pero, ante ello, asegura, “estamos más convencidas y dispuestas a seguir, presentes, activos, pacíficos y contundentes, democráticos y radicales, para seguir ampliando el fondo y la forma de la Red de Igualdad del Distrito Sur.

La comunidad educativa del colegio público CEIP Alcalde Jiménez Ruiz de Córdoba aprobó en 2025 solicitar el cambio de nombre del centro para borrar el actual –que es el de un integrante de la Falange y alcalde de la época franquista– y que el colegio pase a llamarse 'Maestro Julio Anguita', en recuerdo de la profesión que ejerciera el que también fuera alcalde de la capital cordobesa tras la recuperación de la democracia. Sin embargo, tras casi diez meses de aquella petición al Ayuntamiento, como propietario del edificio, la comunidad educativa sigue esperando una respuesta y que se tramite esta solicitud.

La iniciativa de cambiar el actual nombre franquista del colegio comenzó hace tiempo y, tras labores de investigación y documentación, el Consejo Escolar -integrado por representantes de la comunidad educativa del centro-, decidió en septiembre de 2025 por unanimidad y con el 100% de los votos a favor, llevar a cabo este cambio en cumplimiento de la Ley 20/2022, de Memoria Histórica y Democrática. En octubre de ese año, el Consejo Escolar propuso varias opciones de nombres nuevos y dio pie a la participación de toda la comunidad educativa en una votación celebrada en noviembre, de la que salió por mayoría la elección de Maestro Julio Anguita.

El escrito de petición para cambiar el nombre se remitió entonces al Ayuntamiento de Córdoba, concretamente el 4 de diciembre de 2025, y se hizo constar que el Consejo Escolar solicitaba “el cambio de nombre de nuestro colegio, 'CEIP Alcalde Jiménez Ruiz', por el de 'CEIP Maestro Julio Anguita', denominación votada por mayoría entre los miembros de la comunidad educativa en un acto público celebrado en el colegio y en el cual participó un gran número de familias y otros miembros de la comunidad, docentes y no docentes”.

Desde el AMPA, su presidenta, Francisca Valenzuela, recuerda que el alcalde Rafael Jiménez Ruiz fue regidor de la capital primero entre 1930-1931 antes de la II República y, después, fue recuperado por el régimen franquista para tomar de nuevo la vara de mando en el Ayuntamiento de Córdoba entre 1941-1943. “Para la comunidad educativa de nuestro centro escolar es un asunto de vital importancia, puesto que somos conocedoras y conocedores de la militancia activa en Falange Española de las JONS que mantenía Rafael Jiménez Ruiz, y también sabemos que, sólo por haber sido un alcalde de la época franquista, ya nos ampara la ley, que además es de obligado cumplimiento”, argumentan en su solicitud.

La presidenta del AMPA que representa a las familias destaca que el cambio de nombre fue votado y apoyado por unanimidad, tanto por los docentes como por padres y madres del alumnado. Y, luego, en una votación de todos estos integrantes de la comunidad educativa, se eligió entre varias opciones propuestas para el nuevo nombre del colegio y fue elegido por mayoría el de 'Maestro Julio Anguita' que ahora siguen reclamando.

Julio Anguita se dedicó a la docencia como profesión antes y después de su dedicación a la política en primera línea. El joven maestro Anguita, licenciado en Historia, estuvo en centros escolares de Montilla, Alicún de Ortega (Granada), Nueva Carteya y en Córdoba capital antes de iniciar su actividad política pública, que le separó veinte años de la docencia hasta que dejó el liderato de Izquierda Unida. Entonces, justamente también a comienzos de diciembre pero del año 2000, volvió a las aulas como profesor de enseñanza secundaria en el IES Blas Infante de la capital cordobesa, hasta su jubilación.

Sin respuesta de la administración

El proceso de petición de cambio del nombre del CEIP Alcalde Jiménez Ruiz “se documentó y se puso por escrito, solicitando al Ayuntamiento este cambio de nombre aprobado por el Consejo Escolar”, señalan desde el AMPA. Pero, “hasta la fecha, no hay respuesta”. Por eso, de hecho, la pasada semana y con fecha 14 de septiembre, de nuevo han presentado un escrito ante el Ayuntamiento recordando su solicitud y reclamando que se informe del estado de tramitación de este expediente, así como pidiendo que se cumpla la Ley de Memoria Histórica.

La solicitud cursada también ha tenido su eco en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, donde el grupo municipal de Hacemos Córdoba elevó un ruego al gobierno local del PP este mes de septiembre para que diera respuesta a la comunidad educativa del centro y tramitara la solicitud de cambio del nombre, de manera que tras el informe municipal se dé traslado a la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Consistorio para conocer el estado de esta petición y su tramitación, sin que hasta el momento haya ofrecido una respuesta. Por su parte, desde la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta señalan que, hasta ahora no tienen constancia de este asunto y que “es, por el momento, de ámbito municipal”.

La petición de la eliminación del nombre del alcalde franquista para este colegio no es nueva. Hace años, en 2018, ya se inició una campaña por parte del sindicato Ustea, el Foro por la Memoria y el Movimiento Andaluz por la Educación Pública, bajo el lema 'Por unos nombres que eduquen', para reclamar la adaptación de los nombres de los centros educativos de la provincia a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, lo que implicaba retirar el nombre de siete franquistas de otros tantos colegios cordobeses, incluido el Alcalde Jiménez Ruiz. En 2021, el sindicato CGT volvía a reclamar este cambio de nombre.

Las primeras semanas de colegio suelen venir acompañadas de un aumento de las infecciones infantiles y, con ellas, de las consultas de las familias a los servicios de Pediatría y Urgencias. Catarros, faringitis, bronquitis, bronquiolitis, gripe y gastroenteritis son algunos de los procesos más habituales en esta época, favorecidos por el contacto estrecho que mantienen los niños en las aulas, los comedores, los patios y las actividades extraescolares, según indica el doctor Rafael González de Caldas, pediatra del Hospital Quirónsalud Córdoba.

El doctor González de Caldas explica que este incremento es especialmente frecuente entre los más pequeños, cuyo sistema inmunitario todavía está en desarrollo y que pueden tener además más dificultades para mantener de forma constante medidas básicas de higiene. “Durante las primeras semanas de colegio es habitual observar un aumento de las infecciones respiratorias y gastrointestinales. La mayoría son procesos leves y autolimitados, pero pueden afectar al bienestar del niño, alterar su sueño y alimentación y favorecer el contagio dentro del entorno familiar”, señala.

Uno de los principales motivos de preocupación para los padres es saber cuándo los síntomas requieren una valoración médica. En este sentido, el especialista recomienda prestar atención especialmente al estado general del menor y a la evolución del proceso, más que a un síntoma aislado.

La dificultad para respirar, una respiración rápida o con esfuerzo, un decaimiento importante o un nivel de somnolencia fuera de lo habitual son signos que deben motivar una valoración médica. También es aconsejable acudir a Urgencias cuando el niño no consigue mantener líquidos debido a los vómitos, presenta signos de deshidratación o experimenta un empeoramiento progresivo.

En el caso de las gastroenteritis, uno de los principales riesgos es precisamente la pérdida de líquidos. “Más que fijarnos únicamente en el número de vómitos o deposiciones, debemos observar si el niño consigue beber, si tolera líquidos y si continúa orinando con normalidad”, explica el doctor González de Caldas. La sequedad de boca, la ausencia de lágrimas al llorar, una disminución importante de la orina o un decaimiento acusado pueden ser señales de deshidratación.

En los lactantes más pequeños, especialmente en menores de tres meses, la aparición de fiebre requiere una valoración médica, mientras que en niños de mayor edad también es recomendable consultar cuando la fiebre es elevada, persiste durante varios días o se acompaña de un deterioro del estado general.

La prevención, clave al comienzo del curso

Aunque el contacto entre los menores hace inevitable la circulación de numerosos microorganismos, determinadas medidas pueden ayudar a reducir la transmisión. El lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios cerrados, evitar compartir vasos o cubiertos y enseñar a los niños a cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar son algunas de las recomendaciones más eficaces.

También es importante que los menores permanezcan en casa cuando presentan fiebre, mal estado general o síntomas digestivos importantes. “Además de facilitar su recuperación, evitar que un niño con síntomas acuda al colegio contribuye a proteger a sus compañeros y a reducir la transmisión de infecciones en el entorno familiar”, apunta el pediatra.

La vuelta al colegio coincide además con el inicio de la temporada de vacunación frente a la gripe. Las recomendaciones nacionales para la temporada 2026-2027 incluyen la vacunación antigripal de la población infantil entre 6 y 59 meses, uno de los grupos priorizados por su mayor riesgo de complicaciones y por su papel en la transmisión comunitaria. La Asociación Española de Pediatría recomienda además extender la vacunación antigripal a todos los niños y adolescentes de 6 meses a 17 años como medida de protección individual y colectiva.

“Vacunar frente a la gripe no sólo ayuda a proteger al niño, sino también a su entorno, especialmente a hermanos pequeños, abuelos, embarazadas o familiares con enfermedades crónicas. Es una medida sencilla que puede reducir complicaciones, consultas médicas y ausencias escolares”, destaca el doctor Rafael González de Caldas.

El especialista anima a los padres a revisar el calendario vacunal de sus hijos al inicio del curso y consultar con su pediatra cualquier duda sobre la vacunación antigripal, especialmente en menores de cinco años, niños con enfermedades respiratorias, cardiológicas, neurológicas o inmunológicas y aquellos que conviven con personas especialmente vulnerables.

La Plataforma de AMPAS de la escuela pública Niñ@ del Sur de Córdoba ha denunciado en un comunicado “el caóticamente continuista comienzo de curso por parte de Mediterránea de Catering y su política alimentaria escolar”.

En ese sentido, detalla que se han detectado “menús insuficientes en algunos centros (con el consiguiente ahorro para la empresa argumentando que los primeros días de clase hay muchas faltas y pese a que cobran el importe completo de todos y todas los alumnos y alumnas apuntados al servicio de comedor), errores en la fruta a dispensar (peras y manzanas en lugar de las programadas nectarinas y plátanos) y ratios de monitoraje que en muchas ocasiones bordean lo ilegal, con servicios bajo mínimos que dificultan la correcta prestación del servicio”.

Esta Plataforma además denuncia la llegada a los colegios, “sin información a ampas, direcciones o consejos escolares, de inmensos arcones congeladores para los que se desconoce su uso”, si bien piensa que “se utilizarán para mantener pan precocido congelado o directamente congelado para recalentar, suponen, terminando así con la compra de pan diaria y empobreciendo aún más la ínfima calidad del producto final servido”.  

“Cientos de quejas”

Tras el inicio del curso y en menos de dos semanas de colegio “ya han sido cientos las quejas por estos y otros motivos de muchos de los colegios públicos donde Mediterránea de Catering presta sus servicios”, asegura la plataforma. Y añade que “la Junta de Andalucía, cómplice - por omisión de socorro- de estas prácticas, está permanentemente ausente cuando de intermediar y dar amparo se trata, llegándose a extremos tales de no intervenir cuando Mediterránea de Catering cobró días no servidos en los colegios de Andalucía en febrero de este año con motivo del tren de borrascas , anotándose así pingües beneficios extra”.

La Plataforma denuncia “el uso particular con derecho de pernada que esta empresa privada hace de los centros escolares públicos y llama a las ampas a convocar mensualmente en cada centro la Comisión de Comedor a la que por licitación tienen derecho, pedir en ella explicaciones a la concesionaria y elevar sus quejas a la Junta de Andalucía”.

Invita igualmente a las direcciones de los centros a implicarse en la supervisión del día a día de los comedores públicos, como responsabilidad última suya que es al ser los coordinadores del Plan de Apertura en el que se imbrica el servicio de comedor. También pide la implicación municipal. En un momento en que el Ayuntamiento está pasando en los colegios las revisiones técnicas obligatorias , las llamadas OCA, les piden que “valoren la peligrosidad de los enormes arcones congeladores instalados sin su conocimiento y los riesgos de su previsible gran y constante consumo en instalaciones no siempre preparadas para ello”. 

Igualmente, recuerda su “firme apuesta por volver al modelo de cocina de gestión directa, sin intermediarios que tengan como objetivo ganar dinero, con personal laboral contratado en condiciones , es decir: una cocina propia con gestión directa, para mejorar la calidad nutricional y sanitaria, con productos frescos y de proximidad, y considerando el comedor como un servicio esencial y no accesorio”, concluye.

Este martes, el Campus de Rabanales se ha llenado de nuevos y nuevas estudiantes con ilusión y ganas de descubrir todo lo que les espera en esta nueva etapa universitaria. La Feria del Alumnado de Nuevo Ingreso se ha convertido en un punto de encuentro para dar a conocer los diferentes servicios, actividades y propuestas que forman parte de la vida universitaria. Durante la jornada, el nuevo alumnado ha podido acercarse a iniciativas relacionadas con la cultura, el deporte, la biblioteca, la inclusión, la igualdad, la cooperación o la sostenibilidad, entre otras áreas.

La cita ofrece así una primera aproximación a todas las posibilidades que brinda la universidad y que contribuyen a enriquecer la experiencia de los estudiantes durante su paso por el campus.

Porque la universidad también se vive fuera de las aulas: participando, conociendo nuevas iniciativas, compartiendo experiencias y formando parte activa de la comunidad universitaria. La Feria del Alumnado de Nuevo Ingreso supone, de este modo, una bienvenida a una etapa llena de oportunidades para aprender, crecer y disfrutar de la vida universitaria.

Un total de 75.525 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, han comenzado las clases este martes 15 de septiembre en 205 centros docentes de Córdoba. Del total del alumnado, más de 57.863 lo harán en la pública y casi 12.000 en la concertada. 

Los institutos cordobeses registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en Córdoba, de tal forma que en el 2026/27 hay un descenso de más de 1.000 alumnos en el inicio de las clases entre la Secundaria Obligatoria (873) y el Bachillerato (213), aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

La Ampa del IES Casiana Muñoz Tuñón, la asociación vecinal Aqua Vetus y el consejo de distrito Poniente Norte han registrado en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) la solicitud para “la apertura de una unidad adicional de 1º de ESO, una cuarta línea en el centro educativo que permita antes del comienzo del curso (el 15 de septiembre) dar respuesta a 15 familias perjudicadas, y en general al futuro de este joven barrio que está incrementando su población”.

Así lo ha indicado la asociación en una nota en la que piden que prevalezcan los criterios de proximidad para “favorecer una escolarización razonable, evitar desplazamientos innecesarios y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral”, según el escrito presentado.

La reivindicación, que cuenta también con el apoyo expreso de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, “responde al legítimo derecho ejercido por las familias afectadas a participar en el procedimiento de admisión, para lo que han elegido un centro que, en la mayoría de los casos, es al más cercano a su domicilio”, y señalan que aunque “existen plazas disponibles en otros centros educativos de la zona esta circunstancia no puede ser el único criterio para resolver la situación”.

Respecto al papel del IES Casiana Muñoz en el barrio, la instancia presentada subraya que “se trata de un centro de reciente creación en un entorno en plena transformación urbanística y demográfica en crecimiento, lo que está generando un incremento progresivo de la población en edad escolar a la que ya se tarda en dar respuesta. Así, las entidades ciudadanas insisten en que la planificación de la oferta educativa tenga en cuenta no solo los datos actuales de escolarización, sino también las previsiones de crecimiento de la zona”.

Por otro lado, la ejecución de obras en el entorno “dificultan más aún los desplazamientos entre diferentes barrios, constituyendo otro agravio a la situación de las familias perjudicadas. Son los casos del alumnado derivado al López Neyra, que exige atravesar zonas con obras y tráfico intenso”.

Para las familias afectadas “no se está pidiendo ningún privilegio, sino una solución a una demanda real de 15 familias que buscan escolarizar a sus hijos en el instituto que le corresponde por proximidad y zonificación”, algo a lo que “daría respuesta inmediata esa cuarta línea formativa en el centro educativo reivindicada”.

Capítulo aparte, la petición ciudadana expresa que para “valorar esa demanda real del IES Casiana Muñoz el instituto recibe alumnado procedente de numerosos colegios de Primaria de distintas zonas de Córdoba, no solo de los centros adscritos. Así, la transición de 6º de Primaria a 1º de ESO es, precisamente, el momento en que muchas familias eligen por primera vez el centro en el que quieren que continúen sus hijos, lo que explica que el Casiana Muñoz Tuñón reciba solicitudes de barrios diversos y confirma”, según las entidades firmantes, “una demanda efectiva y sostenida del proyecto educativo”.

CSIF ha realizado este lunes una radiografía del estado de la educación cordobesa coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027, en la que ha alertado de las importantes brechas que sigue arrastrando el sistema educativo y que condicionan la calidad de la enseñanza y las condiciones del profesorado.

El responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, ha señalado en rueda de prensa este lunes que “en gran parte gracias al Acuerdo de 16 de julio de 2025 firmado por CSIF, Córdoba ha avanzado, pero todavía no ha conseguido convertir esos avances en igualdad real de oportunidades”. El sindicato considera que la normalidad del inicio de curso “no puede medirse únicamente por la apertura de los centros, sino por la situación real en la que se encuentran las aulas, las plantillas y los recursos educativos”.

El diagnóstico del sindicato pone de manifiesto que Córdoba tiene hoy más alumnado que hace 15 años, pero menos en la red pública. Entre los cursos 2009-2010 y 2024-2025, el número de alumnos ha descendido un 8%, mientras que los escolarizados en la red pública ha perdido casi un 14% y ha pasado de escolarizar al 73,4 % del alumnado al 69%. Para CSIF, esta evolución evidencia que el crecimiento no se ha traducido en un refuerzo equivalente de la enseñanza pública.

Esta pérdida se acompaña de una reducción de unidades públicas de Infantil y Primaria, que en Córdoba ha sido de casi el 18% entre el curso 2009-2010 y el curso 2024-2025. La organización sindical considera que el descenso demográfico debe aprovecharse para mejorar la calidad educativa, reducir ratios y reforzar la atención individualizada, y no convertirse en una justificación para cerrar unidades o reducir plantillas. “Menos alumnado no puede significar automáticamente menos escuela pública”, defiende Pachón.

La FP es otra de las grandes alertas del inicio de curso. La red pública ha pasado en Córdoba de escolarizar al 71,7 % del alumnado de este nivel educativo en el curso 2009-2010 al 63,4 % en el curso 2024-2025, mientras que la oferta privada ha elevado este índice del 3 al 22,2 por ciento en este periodo. Para CSIF no puede considerarse un éxito de la política educativa que el crecimiento de una enseñanza estratégica se canalice cada vez más hacia centros privados, por lo que ha exigido un plan de expansión de la FP pública, con oferta suficiente y financiación estable, que permita atender la demanda de los jóvenes andaluces sin que el acceso dependa de la capacidad económica de las familias.

Otro de los grandes problemas que condicionan el inicio de curso es la atención a la diversidad. El alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo ha aumentado un 50,8% entre los cursos 2015-2016 y 2024-2025, hasta alcanzar los 10.635, de los que casi ocho de cada diez son atendidos en la red pública. Sin embargo, los puestos de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación han crecido aproximadamente un 17% en ese mismo período.

CSIF ha advertido de que esta diferencia se traduce en sobrecarga de los profesionales, dificultades para ofrecer una atención individualizada y situaciones en las que los docentes especialistas deben desarrollar su labor entre varios centros. Aunque el Acuerdo de julio de 2025 incluye un aumento de cupos para la atención a la diversidad, la central sindical ha reclamado más inversión para garantizar que el alumnado reciba los apoyos que necesita, ya que “la inclusión no puede descansar sobre la buena voluntad del profesorado”.

La falta de personal sigue siendo una de las principales alertas del sistema educativo. Aunque el número de docentes de la red pública ha aumentado en los últimos 15 años, Andalucía mantiene una ratio de 10,7 alumnos por docente, frente a los 9,8 de media nacional. Según CSIF, sería necesarios alrededor de 10.300 docentes adicionales en toda la comunidad autónoma para situarse, como mínimo, en la media española. Para ello, el sindicato propone incorporar entre 1.700 y 2.100 puestos estructurales cada curso durante cinco años.

A estas carencias se suman las dificultades relacionadas con la financiación y las infraestructuras. Andalucía invierte 6.965 euros por alumno, frente a los 7.421 euros de media nacional. Además, el 70% del profesorado cordobés encuestado por CSIF considera que los centros necesitan mejoras o presentan deficiencias importantes.

En cuanto a condiciones laborales del profesorado, CSIF ha insistido en la necesidad de mejorar las retribuciones, reducir la burocracia y avanzar en el reconocimiento profesional. Un docente cordobés puede llegar a cobrar casi 8.000 euros brutos menos al año que un profesional de alguna de las comunidades mejor retribuidas.

Por otro lado, CSIF ha puesto en valor los avances conseguidos y ha exigido que se cumplan íntegramente las medidas conseguidas mediante el Acuerdo de 16 de julio de 2025, que incorpora la reducción de ratios, empezando este mismo curso a 22 alumnos por aula en Infantil de 3 años; el incremento de cupos para la atención a la diversidad, la modalidad telemática para tareas que no requieren atención directa al alumnado, los días de asuntos particulares en período lectivo, convocatoria del acceso del Cuerpo de Catedráticos y el refuerzo horario vinculado a la función tutorial.

CSIF ha advertido que “estos avances no agotan nuestras reivindicaciones y ha subrayado que el inicio de curso debe servir como punto de partida para acometer reformas urgentes que permitan blindar la educación pública, para lo que es necesario incrementar la inversión, mejorar las condiciones laborales de los docentes y alcanzar un gran pacto por la educación que aporte estabilidad al sistema”.

Un total de 75.525 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, comienzan las clases este martes 15 de septiembre en 205 centros docentes de Córdoba. Del total del alumnado, más de 57.863 lo harán en la pública y casi 12.000 en la concertada. 

El próximo 21 será el turno para las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 7.219 estudiantes. El pasado 10 iniciaron las clases 59.212 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y el 3 lo hicieron los escolares de menos de 3 años. En su conjunto, en Córdoba son un total de 152.295 estudiantes de enseñanzas no universitarias los que comienzan este mes el curso 2026/27 en centros educativos públicos, concertados y privados.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos cordobeses registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en Córdoba, de tal forma que en el 2026/27 hay un descenso de más de 1.000 alumnos en el inicio de las clases entre la Secundaria Obligatoria (873) y el Bachillerato (213), aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

A pesar de contar con menos alumnos, el Gobierno andaluz reforzará de nuevo las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad. Esta apuesta busca seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer en Andalucía la mejor educación para todos. Dentro del acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas, se mantienen los 600 profesores de refuerzo. Así, este curso la plantilla pública de Secundaria en Córdoba alcanza los 5.174 profesores. 

La Formación Profesional se consolida como una de las grandes apuestas estratégicas de la Junta, alcanzando los 20.168 estudiantes tras sumar cerca de 600 nuevos alumnos este curso. El 81% cursa sus estudios en centros públicos (16.348).

La Consejería ha ofertado en la provincia de Córdoba más de 19.900 plazas de nuevo ingreso. Para este curso, se ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que suma 28.745 plazas en Andalucía. En la provincia se pueden estudiar 418 ciclos formativos y cursos de especialización en centros sostenidos con fondos públicos. Para atender el aumento de la oferta, la Consejería ha reforzado la plantilla docente pública andaluza de FP con 1.216 profesores adicionales.

Infraestructuras 

Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 32 centros educativos públicos de Córdoba son objeto de obras de mejora este curso 2026/27. Son 34 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto de más de 7 millones de euros. De estas intervenciones se benefician alrededor de 12.000 alumnos y alumnas, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.

Así, en Córdoba están en construcción, en la capital, las obras de ampliación de los IES Grupo Cántico y Gran Capitán y del CEIP Alcalde Jiménez Ruiz; así como en el IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo, este última cofinanciada por el FTJ. Además, se han finalizado o está previsto terminar un total de 30 obras de reforma de centros en la provincia.