La Policía Nacional en Córdoba ha presentado en la mañana de hoy la tercera edición de la carrera solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional, que se celebrará en la ciudad de Córdoba el sábado 21 de noviembre de 2026, con inicio a las 10:00 horas.

La presentación del cartel y de la camiseta oficial del evento deportivo se ha realizado en la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Córdoba, y a la misma han acudido la Subdelegada del Gobierno de España Dª Ana Mª López, el Director Gerente del Hospital Reina Sofía D. Francisco Triviño y el Jefe de Servicio de Pediatría D. José Rumbao, en cuyo beneficio irán destinados los fondos recaudados en esta edición, además del Responsable Institucional de zona del Banco Santander D. Jaime Lobo, uno de los principales patrocinadores de la Ruta 091.

La Jefa Provincial de Córdoba Dª María Dolores López ha destacado la buena acogida que tuvieron las anteriores ediciones, confiando en que esta tercera edición vuelva a superar los registros de participación anteriores y animando a la ciudadanía a participar en la misma, siendo una buena ocasión para compaginar deporte, solidaridad y convivencia, en la que podrán participar tanto adultos como niños y disfrutar de una exhibición de medios policiales, música y algún que otro sorteo. Además, ha aprovechado la ocasión para agradecer a todas las empresas y particulares que han colaborado con la organización, aportando su grano de arena a este fin solidario.

La carrera discurrirá por calles céntricas de la ciudad

En cuanto al recorrido, será muy similar al de anteriores ediciones. La salida y la meta estarán en la Plaza de la Policía Nacional, y recorrerá zonas emblemáticas de la ciudad, como los alrededores de la Mezquita Catedral, la zona de la Ribera o el casco antiguo, con una distancia de 6,3 kilómetros aproximadamente para los adultos y de 400 y 800 metros para las categorías infantiles.

El coste de la inscripción es de 13 € en la categoría de adultos y 11 € en la categoría de niños, precios que se mantienen respecto a la edición anterior. Para quienes no vayan a correr pero quieran contribuir con la causa, se ofrece la opción del Dorsal 0, haciendo una aportación voluntaria a la entidad beneficiaria sin necesidad de adquirir una camiseta o participar en la carrera.

En esta ocasión, la carrera pone a disposición de los participantes 1.000 dorsales en la categoría de adultos y 200 en la categoría infantil.

Las inscripciones ya están abiertas, y todo aquel que quiera puede hacerlo desde la web oficial de la Ruta 091, en el siguiente enlace:

https://ruta091.es/carrera/carrera-solidaria-ruta-091-cordoba-2026

La Policía Nacional está investigando el hackeo a una empresa contratada por la Consejería de Agricultura con datos de beneficiarios de ayudas directas de la PAC entre los años 2005 y 2012 y en 2016. “En ningún caso, afectaría a los pagos” y el acceso “indebido a los datos no ha afectado a la Junta de Andalucía, que ha establecido medidas de monitorización estrictas sobre sus actividades para detectar posibles actuaciones sospechosas o maliciosas”.

Así lo ha adelantado elespañol y confirmado la Consejería a Europa Press. La empresa de servicios (Tecnoabi) ha confirmado a la Administración que la información afectada por la “violación de la seguridad” comprende ficheros de una base de datos personales “conservados” por dicha empresa correspondientes a solicitantes de ayudas de la PAC entre los años 2005 y 2012 y en 2016.

La empresa lo puso en conocimiento de la Policía y de la Agencia Española de Protección de Datos. “En cuanto la Consejería ha tenido conocimiento del incidente de seguridad en la empresa externa, se han activado los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos al efecto, así como las medidas técnicas y organizativas necesarias para mitigar sus efectos y prevenir que se repitan en el futuro; y lo ha comunicado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”, ha detallado la Junta.

Igualmente, ha comunicado a los posibles afectados que presten “especial atención a posibles comunicaciones sospechosas que pudieran recibir: evitar responder a solicitudes sospechosas de información: no pinchar en enlaces de fuentes desconocidas y desconfiar de correos electrónicos, llamadas o mensajes cuyo remitente no esté identificado; así como no dar nunca claves de acceso a aplicaciones o datos bancarios o de tarjetas”.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad cordobesa de Cabra a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras hallarle en su poder una veintena de dosis de diversas sustancias estupefacientes mientras ejercían sus funciones preventivas en la zona del botellón de la feria de este municipio.

Los hechos se produjeron el pasado día 6 de septiembre cuando los funcionarios, mientras realizaban una patrulla a pie en el marco del dispositivo de seguridad previsto para las fiestas, observaron a un grupo de personas que, al percatarse de la presencia policial, se separó de forma apresurada.

Ante esta actitud, los agentes procedieron a la identificación de uno de ellos y, en el registro de sus pertenencias, los agentes localizaron una papelina de una sustancia que resultó coincidir con las características de otras sustancias que posteriormente localizaron entre las pertenencias del ahora detenido, por lo que se le formuló la correspondiente propuesta para sanción administrativa.

Además, los agentes hallaron una veintena de dosis de distintas sustancias, entre ellas cocaína, MDMA, marihuana y hachís, además de dos teléfonos móviles y casi 300 euros en efectivo, fraccionado en distintos billetes. Preguntado por los agentes acerca de la sustancia y el dinero que portaba, el hombre reconoció que se dedicaba a la venta de este tipo de sustancias.

En vista de los hechos, los funcionarios procedieron a su detención in situ como presunto responsable de un delito contra la salud pública, siendo trasladado a dependencias policiales.

La Policía Nacional en Córdoba inicia la campaña 2026/2027 del DNI móvil, que comenzará el próximo 9 de septiembre, con el objetivo de acercar la Administración a la ciudadanía y facilitar la obtención de los documentos de identidad a quienes residen en los distintos municipios de la provincia que no cuentan con unidades de expedición, evitando el tener que desplazarse a dependencias policiales, consiguiendo así una agilización en su tramitación.

Según informa la Policía en una nota, la campaña cuenta con el despliegue de dos Vehículos Integrales de Documentación (Vidoc), cada uno de ellos con dos puestos de expedición, con capacidad para tramitar tanto el DNI como el pasaporte. Ambos documentos se entregan en el momento, de manera inmediata, evitando así que él o la solicitante tengan que desplazarse una segunda vez para recogerlo.

Además, el dispositivo incorpora un punto de actualización de documentos (PAD), donde es posible renovar los certificados y la firma digital del DNI, cambiar la contraseña o solicitar una nueva, así como activar la aplicación MIDNI, que permite identificarse como si se tratase del DNI físico.

Para garantizar una adecuada atención ciudadana en las diferentes localidades, resulta necesario mantener una estrecha colaboración y coordinación con los ayuntamientos, que deben contar con los requisitos técnicos y funcionales necesarios en cuanto a los espacios habilitados para la prestación del servicio.

La gestión de las citas continúa correspondiendo a los propios ayuntamientos, que las establecen con la antelación suficiente en función de la población de cada municipio y de la demanda existente.

Balance de la campaña 2025/2026

Durante la campaña 2025/2026, dirigida a una población que reside en los distintos municipios de la provincia de Córdoba, con un censo cercano a las 400.000 personas, se visitaron 54 municipios y se expidieron más de 12.000 documentos. Asimismo, se realizaron salidas para atender la demanda del Centro Penitenciario de Córdoba y de personas con movilidad reducida, prestándose este último servicio a casi 250 personas, tanto en sus propios domicilios como en residencias para personas mayores o con discapacidad.

La solicitud de este servicio para aquellas personas con movilidad reducida que lo necesiten, puede tramitarse mediante correo ordinario dirigido a la Comisaría Provincial de Policía de Córdoba, cumplimentando los impresos establecidos al efecto en la web de la Policía Nacional, en el apartado DNI electrónico.

La Policía Nacional en Córdoba advierte a la ciudadanía de una nueva estafa en las que se hace un uso fraudulento de cuentas de WhatsApp, que consiste suplantar la identidad digital de la persona afectada para solicitar dinero a sus contactos más cercanos, aprovechando la relación de confianza existente entre ellos.

El modus operandi es muy similar en la mayoría de los casos detectados. La persona afectada continúa teniendo acceso a su cuenta de WhatsApp, que puede seguir usando con normalidad, mientras que, de forma paralela, algunos de sus contactos comienzan a recibir mensajes enviados aparentemente desde dicha cuenta como pueden ser “necesito tu ayuda” o “se me ha roto el móvil”, para seguidamente solicitarles una cantidad de dinero.

En otras ocasiones, el estafador ha llegado a facilitar a la víctima un número de cuenta bancaria para realizar una transferencia, manifestándoles que “no puedo realizar una transferencia inmediata”, “adelántame el dinero” o “te facilito el IBAN del comerciante”.

En la mayoría de los casos, estos mensajes fraudulentos no llegan a aparecer en el teléfono de la persona afectada, aunque sí son recibidos por sus contactos dentro de conversaciones reales y ya existentes, lo que dificulta que estos últimos detecten el engaño a tiempo. Habitualmente, la persona afectada tiene conocimiento de lo sucedido cuando algún contacto le llama o escribe por otra vía para confirmar si realmente ha solicitado dinero.

Las personas afectadas manifiestan no haber facilitado en ningún momento códigos de registro, códigos SMS ni PIN de verificación, ni haber escaneado códigos QR o vinculado voluntariamente su cuenta a otro dispositivo.

Consejos preventivos

La Policía Nacional recuerda que este tipo de incidentes puede no responder únicamente al robo tradicional de una cuenta mediante la obtención de un código de verificación, sino también a otras causas, como puede ser la falta de actualización del sistema operativo del teléfono móvil o de la propia aplicación de WhatsApp.

Para evitar ser víctimas de este tipo de estafa, la Policía Nacional recomienda:

1. Mantener actualizado el sistema operativo del teléfono móvil a la última versión disponible.

2. Actualizar la aplicación de WhatsApp a su versión más reciente.

3. Activar la verificación en dos pasos dentro de la propia aplicación.

4. Revisar periódicamente la función “Dispositivos vinculados” y comprobar que no aparezca ninguno desconocido.

5. Nunca facilitar a terceros códigos de registro, códigos SMS, PIN de verificación ni códigos QR de la aplicación.

En caso de ser víctima de este tipo de fraude:

1. Avisar cuanto antes, por un medio alternativo, a familiares, amigos y contactos, para que no atiendan ninguna solicitud de dinero.

2. Informar a WhatsApp de la suplantación a través de los mecanismos oficiales de soporte.

3. Acudir a las dependencias policiales más cercanas para denunciar los hechos.

La importancia de la colaboración ciudadana

La Policía Nacional pide a la ciudadanía que adopte medidas de precaución cuando reciba un mensaje solicitándole dinero de forma repentina, especialmente cuando lo hagan con urgencia o faciliten un número de cuenta para realizar una transferencia.

Ante cualquier duda, se recomienda contactar con la persona por otra vía distinta a la aplicación y, en su caso, comunicarlo a la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a tres personas como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a la importación fraudulenta de vehículos procedentes de Alemania. Las detenciones se practicaron a finales de agosto, tras una investigación que puso de manifiesto que los detenidos falsificaban la documentación de compra y el valor real de los vehículos para eludir el pago de impuestos, atribuyendo su titularidad a terceras personas a cambio de dinero.

La investigación policial comenzó a raíz de la comprobación de una denuncia por una sanción de tráfico, cuyo destinatario no reconocía ser el titular real del vehículo sancionado. Las gestiones practicadas por la Policía Nacional permitieron determinar que los hechos estaban siendo cometidos por un grupo criminal, cuyos integrantes tenían un rol definido dentro de la organización.

Una sociedad pantalla y testaferros para ocultar el fraude

Según la investigación, uno de los ahora detenidos organizaba la compra de los vehículos en Alemania, mientras que otro, a través de una sociedad mercantil, se encargaba de la gestión de los trámites administrativos, de manera que la operación aparentase realizarse dentro de la legalidad.

El tercer investigado por los hechos se encargada de proporcionar a los testaferros documentación de identidad, desconociendo éstos las consecuencias que podía acarrearles dicha cesión, ya que en caso de una posible reclamación de la Agencia Tributaria, la responsabilidad fiscal recaería sobre los testaferros, quedando los verdaderos beneficiarios del fraude en el anonimato.

En total, los investigadores constataron que se habían importado de forma fraudulenta una decena de vehículos, ascendiendo el importe de defraudación fiscal en torno de los 100.000 euros. Además, la ocultación patrimonial eleva el perjuicio económico global de la trama a una cifra que ronda el medio millón de euros.

Detención y puesta a disposición judicial

Por todo ello, a finales del mes de agosto, los tres investigados, todos ellos residentes en Córdoba, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento mercantil, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Más de 150 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad de la Vuelta Ciclista a su paso por Córdoba el domingo, cuando la etapa 15 de la 81ª edición de la Vuelta Ciclista a España transcurrirá entre la localidad de Palma del Río y la ciudad de Córdoba. La etapa contará con 181 kilómetros de recorrido, entrando en la capital por la zona norte, adentrándose en el casco urbano y recorriendo las calles de la ciudad hasta llegar a la línea de meta en la Avenida Conde de Vallellano.

Según informa la Policía en una nota, el evento, que atraerá a miles de aficionados, además de corredores, equipos técnicos, personal de la organización y medios de comunicación, entre otros, contará con un amplio dispositivo de seguridad de la Policía Nacional para prevenir cualquier incidencia, garantizar el normal desarrollo de la prueba y la protección tanto de ciclistas y asistentes como de las instalaciones dispuestas por la organización de la Vuelta, para disfrutar del ciclismo a pie de calle con total seguridad.

El dispositivo previsto por la Policía Nacional para el evento contará con la participación de más de 150 agentes, algunos de ellos desplazados desde otras dependencias policiales. Estos agentes se encargarán de vigilar la llegada a la ciudad, así como de impedir accesos indebidos al recorrido y de cualquier conducta que pueda poner en riesgo la integridad de los corredores y del público, adoptando medidas para mantener el orden, la seguridad pública y el normal desarrollo de la prueba.

Parte de los agentes desplegados pertenecen a la Unidad de Intervención Policial --UIP--, especializada en el control de grandes concentraciones y en la seguridad de eventos multitudinarios. Los más de 70 agentes de esta Unidad desplazados a Córdoba reforzarán la seguridad de zonas sensibles durante el recorrido de la prueba, desplegando un perímetro de seguridad antes de la llegada a la línea de meta.

Además, velarán por la protección de las instalaciones establecidas por la organización, el control de firmas, la entrega de acreditaciones, el estacionamiento de equipos, el pódium o el control de dopaje.

Por su parte, la Unidad Aérea de la Policía Nacional también jugará un papel clave en la seguridad del evento, principalmente en la zona de meta, desplegando un sistema de vigilancia aérea con RPAS (drones) y sistemas de protección con tecnología contra UAS (antidrones).

El dispositivo será reforzado por otras unidades de seguridad ciudadana como la Unidad de Prevención y Reacción, los Grupos Operativos de Respuesta o los Grupos de Atención Ciudadana, que incrementarán su presencia en las zonas donde se prevé mayor afluencia de público para atender cualquier incidencia que se pueda producir, desplegando indicativos en diferentes zonas sensibles del entorno urbano.

Igualmente, se contará con el refuerzo de otras unidades como Guías Caninos, que en colaboración el Tedax-NRBQ revisarán el recorrido antes del evento, así como de los grupos de investigación.

En la zona meta se encontrará el 'Parque Vuelta', donde desde las 16,30 hasta las 20,30 horas se podrá visitar el estand de la Policía Nacional, en el que el público que lo desee podrá conocer de cerca los medios, materiales y vehículos utilizados por las distintas unidades policiales, como drones, guías caninos o el armamento policial.

Además, se realizarán actividades dirigidas al público infantil como la toma de huellas y se mostrará el trabajo de unidades como Seguridad Ciudadana, Policía Científica y Tedax-NRBQ, y se darán a conocer los diferentes planes y campañas preventivas de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre al que le constaba vigente una reclamación interpuesta por un juzgado internacional. La intervención policial se produjo a raíz de un control rutinario que la Policía Nacional realiza sobre los registros de viajeros alojados en apartamentos turísticos de la ciudad. Como resultado de estas comprobaciones, los agentes detectaron a un individuo alojado en un apartamento turístico en el centro de la capital, cuyos datos personales coincidían con los de una persona que se había fugado de la justicia de su país y que era reclamada por las autoridades judiciales.

Tras cerciorarse de que se trataba de dicha persona y verificar con Interpol que la reclamación judicial seguía vigente, acudieron de inmediato al alojamiento en el que se hospedaba, adoptando las medidas de autoprotección oportunas, ya que el individuo era violento, podría estar armado y era propenso a la evasión.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron al individuo, quien, una vez identificado, fue detenido in situ, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial pertinente, que acordó su ingreso en prisión.

Con esta detención, la Policía Nacional refuerza su compromiso en la lucha contra la delincuencia y en la protección de la seguridad ciudadana, destacando la importancia de los dispositivos de localización de personas reclamadas judicialmente, para garantizar que respondan ante la justicia.

Un tiroteo ha dejado al menos a una persona herida al mediodía de este martes en la barriada cordobesa de Las Palmeras, según han confirmado a este periódico diferentes fuentes. El herido, cuya vida no corre peligro, ha tenido que ser intervenido de urgencia en el hospital Reina Sofía de Córdoba, a donde fue trasladado.

Según han confirmado los servicios de emergencias del 112 Andalucía, los hechos han ocurrido sobre las 13:00, en la confluencia del patio Pico Almanzor con la calle Sierra de Cazorla. El 112 ha recibido hasta siete llamadas alertando de que se estaban escuchando disparos en la zona.

Hasta el lugar han acudido agentes de la Policía Nacional, apoyados por la Policía Local. Al llegar al lugar de los hechos se comprobó lo sucedido y que había, al menos, una persona herida. De momento no se han producido detenciones aunque se está trabajando para tratar de localizar a los responsables de los hechos. Tampoco se ha intervenido arma alguna.

La Policía Nacional a través de su Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ha llevado a cabo la detención de 18 personas -dos de ellas en localidades de la provincia de Córdoba- como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Estas personas habrían vendido empadronamientos mediante falsos contratos de subarriendo de habitaciones a inmigrantes de varias nacionalidades que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Por estos trámites percibirían entre 350 y 500 euros. Todos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Según el relato policial difundido en un comunicado de prensa, la 'Operación Arco' comenzó cuando la referida brigada tuvo conocimiento de un empadronamiento masivo de extranjeros en cuatro viviendas de Granada; concretamente, serían 52 extranjeros, sobre todo de origen magrebí, en cuatro domicilios ubicados en el distrito Centro de Granada.

Ante estas evidencias, los agentes iniciaron comprobaciones en relación con las personas que realmente residían en las cuatro viviendas, constatando la imposibilidad por falta de espacio físico de que el número de personas que estaban empadronadas en dichas viviendas pudieran vivir en ellas.

También pudieron comprobar que en dichas viviendas residían realmente desde hacía tiempo otras personas, españoles y extranjeros, que ni siquiera se habían empadronado.

Asimismo, se comprobó que los cuatro domicilios se habían alquilado en una inmobiliaria del centro de la ciudad por una misma persona, la cual en ocasiones actuaba como arrendatario y otras como avalista de otros falsos arrendatarios. Los mismos después llevaban a cabo el subarriendo real de habitaciones a terceros y en paralelo hacía contratos falsos de alquiler de una habitación a extranjeros, solapándose en el mismo periodo temporal los subarriendos con los contratos simulados.

El avance de las investigaciones permitió conocer que la pareja afectiva del principal investigado y falso arrendador se hacía pasar por voluntaria de una conocida fundación de acogida y apoyo a personas en situación vulnerable; de esta manera, ya sea directamente o a través de terceros, podían captar a inmigrantes en esta capital, sobre todo aquellos interesados en optar a procedimientos con ocasión de la regularización extraordinaria de 2026.

Por los trámites falsos de empadronamiento cobraban a cada extranjero entre 350 euros y 500 euros, dándose además la circunstancia que para esa modalidad de regularización extraordinaria no se exigía empadronamiento.

En total han sido 18 los detenidos por estar involucrados dentro de esta trama a los que se les imputan delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Tres de ellos son españoles y el resto extranjeros, alguno con antecedentes previos. Un total de 16 de las detenciones se han producido en Granada y otras dos en localidades de la provincia de Córdoba, lugar al que se habían desplazado esos investigados para evitar ser detenidos. Todos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de lesiones, tras agredir con arma blanca a otro hombre en la vía pública, en la zona del Sector Sur.

Los hechos se produjeron el pasado domingo, cuando funcionarios de la Policía Nacional fueron comisionados para que se dirigiesen a un altercado entre dos personas. A su llegada, los agentes se entrevistaron con la víctima, quien manifestó haber sido agredida por un individuo al que había reconocido por un hurto en el interior de su vehículo, semanas atrás.

Según relató la víctima, ante la actitud agresiva del otro varón, trató de refugiarse en un establecimiento cercano procediendo a bajar la persiana del local. En ese momento, el ahora detenido habría sacado un objeto cortopunzante y arremetido contra él en varias ocasiones, causándole varios cortes de apariencia profunda en el brazo y la mano derecha, tras lo cual se dio a la fuga.

Gracias a la descripción facilitada por la víctima y corroborada por una testigo, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, localizando minutos después a un varón con características compatibles a escasas calles de distancia. Tras su identificación, y sometido a un cacheo de seguridad, se le intervinieron varios objetos punzantes que portaba consigo. A la vista de los hechos, los funcionarios procedieron a su detención, quedando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

La rápida respuesta policial se vio reforzada por la colaboración de una vecina de la zona, que aportó datos útiles para la identificación y localización del presunto agresor. La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de este tipo de colaboración y pone a su disposición el teléfono 091 para cualquier emergencia o incidencia de seguridad.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el robo de 20 sillas de montar a caballo pertenecientes al centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba capital.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, los hechos han sido denunciados en la mañana de este miércoles, después de que los presuntos ladrones entraran de madrugada en las instalaciones.

Al respecto, los agentes llevan a cabo las correspondientes diligencias y han realizado inspecciones oculares en la zona del robo, concretamente el guadarnés, al que accedieron tras romper los candados. Cuentan también con la colaboración de la Guardia Civil.

Después de años en los que la marihuana era la droga más popular entre las incautaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el hachís se convirtió en 2025 en la sustancia más aprehendida en la provincia por los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

El cambio que refleja la estadística del Ministerio del Interior es especialmente significativo por la magnitud de las cantidades intervenidas. En Córdoba se decomisaron durante el pasado año 4.425.336 gramos de hachís, es decir, algo más de 4,4 toneladas. La cifra sitúa a la provincia entre las que más hachís han incautado de todo el país y supone, además, un espectacular incremento respecto al ejercicio anterior.

Según el balance anual del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, la cantidad de hachís aprehendida en Córdoba aumentó un 1.649,95 % en un solo año. En 2024 se habían intervenido aproximadamente 252,9 kilos, mientras que en 2025 la cifra se disparó hasta los 4.425 kilos.

La evolución adquiere todavía mayor relevancia si se compara con el resto de sustancias. La marihuana, que durante los últimos años había tenido un protagonismo destacado en las estadísticas cordobesas, alcanzó en 2025 los 651.232 gramos, unos 651 kilos. La cantidad aumentó un 13,33 % respecto al año anterior, pero quedó muy lejos del volumen de hachís intervenido.

También se produjeron cambios muy importantes en otras drogas. La cocaína, que en 2024 había registrado en Córdoba una cifra excepcionalmente elevada de incautaciones, experimentó en 2025 un desplome del 98,06 %, hasta quedarse en 13.653 gramos, apenas 13,65 kilos. En términos absolutos, la diferencia entre ambos ejercicios ronda los 690 kilos.

El resultado es un cambio radical en el mapa de las drogas incautadas en la provincia. Si en 2024 la estadística mostraba un peso especialmente importante de la cocaína y de la marihuana, los datos de 2025 colocan al hachís como claro protagonista.

Córdoba, entre las provincias que más hachís incautan

La importancia del dato cordobés se aprecia todavía mejor cuando se compara con el conjunto de España. Durante 2025 las fuerzas de seguridad intervinieron en el país 257,28 toneladas de hachís. Los 4,43 millones de gramos decomisados en Córdoba representan aproximadamente el 1,72 % del total nacional. Con esa cantidad, Córdoba ocupa el undécimo puesto entre las 50 provincias españolas por volumen de hachís incautado.

Por delante aparecen algunas de las provincias españolas más estrechamente vinculadas a las rutas de entrada y distribución de esta sustancia, especialmente en Andalucía. Cádiz encabeza la clasificación, con más de 75 toneladas, seguida de Huelva, Málaga, Granada y Almería. Córdoba aparece inmediatamente después de este grupo de grandes provincias andaluzas.

El dato resulta especialmente llamativo porque Córdoba supera en volumen de hachís intervenido a provincias con una población muy superior. Con sus 4,43 millones de gramos, se sitúa además muy cerca de Madrid, Baleares y Sevilla.

Madrid contabilizó unos 4.532,7 kilos; Baleares, alrededor de 4.654,3; Córdoba, 4.425,3; y Sevilla, 4.330,5. Es decir, las diferencias entre estas cuatro provincias son relativamente pequeñas dentro de una estadística marcada por grandes operaciones.

En Córdoba fueron detenidas en 2025 un total de 267 personas por infracciones relacionadas con drogas. Esta cifra supone un aumento del 17,11 % respecto a 2024, cuando se produjeron 228 detenciones. El crecimiento provincial contrasta con la evolución nacional. En el conjunto de España se contabilizaron 21.918 detenidos, un 8,72 % menos que el año anterior.

Córdoba ocupa así el décimo octavo puesto entre las 50 provincias españolas por número de detenidos. Está por detrás de Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz, Murcia, Baleares, Sevilla, Granada, Las Palmas, Tenerife, Almería, Zaragoza, Barcelona, Toledo, Pontevedra y A Coruña. Dentro de Andalucía, Córdoba ocupa el sexto puesto, por detrás de Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada y Almería.

El ascenso del hachís no significa que la marihuana haya dejado de tener importancia en Córdoba. Durante 2025 se incautaron 651.232 gramos de marihuana, equivalentes a unos 651 kilos. La cifra representa un incremento del 13,33 % respecto a 2024. Córdoba aporta aproximadamente el 6,68 % de toda la marihuana incautada en Andalucía y el 1,84 % del total nacional.

El otro gran movimiento de la estadística de 2025 se encuentra en la cocaína. Córdoba pasó de registrar alrededor de 703,8 kilos incautados en 2024 a solamente 13,65 kilos en 2025. La reducción es del 98%.

La caída es tan acusada que modifica completamente el peso de esta sustancia dentro de las estadísticas provinciales. De representar uno de los principales volúmenes de droga intervenidos en 2024, pasa a situarse muy por debajo del hachís y de la marihuana. Además, el descenso cordobés es muy superior al experimentado en España, donde las incautaciones de cocaína disminuyeron un 37,82 %.

El resto de sustancias presentan cifras mucho más pequeñas en comparación con los grandes volúmenes de hachís y marihuana, pero algunas experimentan variaciones importantes. La heroína alcanzó los 411 gramos, con un incremento del 76,67 %. En MDMA cristal se contabilizaron 227 gramos, un 378,28 % más que el año anterior, mientras que las unidades de MDMA o éxtasis ascendieron a 109, con un incremento del 147,73 %. En cambio, el polen de cannabis experimentó una caída extraordinaria: de unos 18,6 kilos en 2024 a solamente 123 gramos en 2025, un descenso del 99,34 %.

Un menor, del que no ha trascendido la edad, fue detenido a finales de la semana pasada después de que agrediera al párroco del barrio de El Guadalquivir, Miguel David Pozo.

Según han confirmado este periódico fuentes policiales, la detención se produjo la semana pasada tras una agresión al párroco a finales de julio. Pese a que Pozo fue la persona agredida, la trifulca se inició entre dos menores. Cuando el párroco intentó mediar, resultó herido. Los hechos ocurrieron en la parroquia Santa Luisa de Marillac, donde en verano se lleva a cabo un campamento de verano para los niños de esta zona de Córdoba.

Tras los hechos, la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, que ha acabado con la detención de un menor. Las diligencias han sido trasladadas al Juzgado de Menores y la Policía ha evitado dar más información al respecto al tratarse de un menor. Por su parte, el párroco ha declinado hacer declaraciones a este periódico.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta que ha contado con la colaboración de EUROPOL y la participación de Policía Nacional de Francia, Policía Judiciaria de Portugal y Policía Nacional de Polonia, han logrado desarticular una de las estructuras delincuenciales transnacionales más compleja, activa y peligrosa detectada hasta la fecha en el Mediterráneo presuntamente dedicada al tráfico marítimo de seres humanos.

El entramado criminal utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y, en el trayecto de retorno, trasladaban migrantes hasta las costas de nuestro país. La investigación ha permitido documentar un total de 64 episodios migratorios a través de los cuales se atribuye a la organización la introducción de más de 2.000 migrantes obteniendo unos beneficios superiores a los 24 millones de euros. El entramado actuaba con un elevado nivel de violencia en el desarrollo de sus actividades para proteger las embarcaciones y sus cargamentos. En la fase final de la operación, en la que han participado más de 180 agentes, se ha procedido a la detención de un total de 78 personas en España (77) y Argelia (1).

La investigación policial, iniciada en el año 2023, ha permitido identificar una organización criminal trasnacional plenamente consolidada desde hace años en el Mediterráneo, especializada principalmente en el favorecimiento de la inmigración irregular en la costa mediterránea. Es considerada la mayor estructura de origen argelino dedicada al tráfico ilícito de personas mediante embarcaciones de alta velocidad, caracterizada por una extraordinaria capacidad operativa, una estructura altamente profesionalizada y una extensa red de ramificaciones nacionales e internacionales.

El entramado criminal operaba mediante subestructuras perfectamente organizadas y jerarquizadas asentadas en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, manteniendo además ramificaciones operativas en Francia, Portugal, Italia y Polonia.

La estructura estaba dirigida por un líder absoluto encargado de la planificación, coordinación, supervisión y financiación de toda la actividad criminal. Este máximo responsable aportaba importantes recursos económicos, suministraba armamento y sustancias estupefacientes y dirigía la distribución de dichas mercancías ilícitas hacia diversos países del norte de África donde el consumo de estupefacientes de origen sintético como el MDMA tiene alta demanda social.

La organización estaba integrada por más de 78 miembros distribuidos en tres niveles funcionales diferenciados. Un primer nivel asumía la dirección estratégica y el control general de las operaciones; un segundo nivel estaba compuesto por pilotos, transportistas y responsables de medios operativos; mientras que un tercer nivel integraba colaboradores, captadores, suministradores, vigilantes, personal logístico, abastecedores de combustible, gestores financieros, testaferros y demás integrantes encargados de garantizar la sostenibilidad de la actividad criminal.

Infraestructura y capacidad operativa

La organización disponía de una infraestructura criminal compleja, altamente especializada y dotada de importantes recursos económicos provenientes de otros países de Europa. Entre los medios detectados destacan embarcaciones de alta velocidad de elevado valor económico, motores de gran potencia, vehículos de transporte y vigilancia, pisos de seguridad, sistemas de comunicación cifrada, teléfonos satelitales, dispositivos GPS, antenas satelitales y una extensa red logística distribuida en varios países.

Durante la investigación se han intervenido 18 embarcaciones de tres y cuatro motores, con esloras superiores a los ocho metros y que podían alcanzar hasta los catorce metros de longitud. El valor de estas embarcaciones incautadas podría superar ampliamente los cinco millones de euros, circunstancia que determinaba el elevado nivel de violencia empleado por la organización para protegerlas, llegando incluso a aleccionar a sus pilotos para enfrentarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización había diversificado sus actividades ilícitas mediante un sistema de doble flujo. Por un lado, realizaban el traslado de sustancias de síntesis como el MDMA hacia Argelia. Posteriormente, aprovechaban el retorno de las embarcaciones para transportar migración irregular hacia las costas de Almería, Cartagena, Murcia, Alicante e Ibiza.

Esta operativa les permitía obtener importantes beneficios económicos, llegando a cobrar 12.000 euros por cada persona trasladada en operaciones que en algunos casos implicaban hasta 50 inmigrantes por trayecto. A ello se sumaban los beneficios adicionales derivados de la introducción de drogas en distintos países africanos, así como el negocio del “petaqueo” o abastecimiento de combustible de estas embarcaciones rápidas.

Tráfico de personas

Las travesías marítimas en embarcaciones rápidas eran extremadamente peligrosas para los migrantes que iban a bordo. Viajaban hacinados, a gran velocidad, con fuerte oleaje, sin iluminación, con sistemas de navegación tecnológicamente avanzados y, en la mayoría de los casos, sin chalecos salvavidas. En ocasiones, los ocupantes eran incluso atados para evitar que cayesen al agua durante la travesía.

Este tipo de trayectos no solo implicaba el cruce marítimo, sino también un recorrido previo muy largo a través de diferentes países del continente africano hasta alcanzar la costa de salida en Argelia. Una vez llegaban a la zona costera de embarque, muchos de estos migrantes eran alojados en infraviviendas, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, que funcionaban como puntos de espera antes de iniciar las travesías marítimas.

Durante el desarrollo de la investigación los agentes han detectado un extraordinario nivel de violencia ejercido por la organización contra sus propios integrantes y contra los migrantes sometidos a su control, así como contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización mantenía un férreo sistema interno de control basado en la intimidación, amenazas, coacciones y violencia física extrema. Este sistema disciplinario afectaba tanto a miembros de la organización como a los migrantes transportados, existiendo constantes referencias a represalias, ajustes de cuentas, secuestros, agresiones y amenazas de muerte, llegando a mantener contactos con la “mocro maffia” o la “milieu marsellés” desde dónde se impartían directrices de control.

Durante el desarrollo de la operación se han llevado a cabo 17 registros en inmuebles de Almería, Murcia, Cartagena y Alicante en los que se ha intervenido 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kg de hachís, 500 gr de cocaína, 40 gr metanfetamina, un revólver del calibre 38, un subfusil simulado, diversa munición, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, antenas satelitales, dispositivos de geolocalización y material altamente especializado. Asimismo, se ha procedido al bloqueo preventivo de bienes vinculados a la organización, incluyendo cuentas corrientes, viviendas y vehículos pertenecientes a varios de sus principales dirigentes.

La investigación ha concluido con la detención de 78 personas en Almería (36), Murcia (13), Alicante (11), Ibiza (6), Cartagena (2), Palma de Mallorca (2), Palencia (2), Huelva (1), Córdoba (1), A Coruña (1), Sevilla (1), Lugo (1) y Argelia (1). Los arrestados pertenecen a todos los escalones de la organización criminal, y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, almacenamiento y transporte ilícito de combustible líquido, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, contrabando, blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas conexas.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Área de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo del IVA en el sector de las bebidas alcohólicas tras la detención de 13 personas y la investigación de otras cuatro, así como la realización de diez registros en las provincias de Sevilla (La Puebla de Cazalla), Córdoba, Badajoz y Valencia.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la defraudación de la trama en las cuotas de IVA en el periodo fiscal investigado 2018 a 2025 se ha estimado en 11,9 millones de euros, que podría incrementarse en función de las pruebas obtenidas en los registros.

La operación, denominada 'Drink'/'Alambique' ha supuesto registros tanto en domicilios particulares como en las sedes de empresas relacionadas con la trama criminal, así como la intervención de 35 cuentas bancarias y se han intervenido 66.000 euros en efectivo en los domicilios relacionados con uno de los principales objetivos, junto con relojes de lujo, dispositivos electrónicos y abundante documentación de interés para la investigación. Además, se ha solicitado a la autoridad judicial el embargo de once inmuebles relacionados con la organización criminal.

Así, la investigación ha tenido inicio al detectarse un complejo entramado empresarial compuesto por más de 30 sociedades, cada una con un rol específico dentro de la organización criminal, que contaba, igualmente, con una estructura empresarial paralela a través de las que se canalizaban los fondos de procedencia delictiva y se sometían al blanqueo de capitales.

Tras el análisis exhaustivo de toda la documentación y de 173 cuentas bancarias de la organización, los investigadores han confirmado la importación de volúmenes relevantes de alcohol procedentes de depósitos fiscales de varios Estados miembros de la Unión Europea, principalmente Países Bajos y Portugal, hacia varios depósitos fiscales en España.

'Modus operandi'

La mercancía era introducida en el territorio nacional mediante las denominadas empresas 'introductoras', posteriormente enviada en régimen suspensivo de IVA e IIEE. Tras varias transmisiones dentro del depósito fiscal a nombre de sociedades instrumentales, la mercancía era extraída con destino a las empresas 'distribuidoras', para cuya extracción del depósito fiscal, la trama se servía, también, de sociedades que no ingresaban las cuotas de IVA correspondientes.

Esta operativa ha permitido a las 'distribuidoras' ofrecer precios “notablemente más bajos”, generando una competencia desleal en el sector. Para todo ello se han creado múltiples sociedades instrumentales a través de testaferros y respaldadas por facturas falsas, con el objetivo de ocultar todo el circuito fraudulento.

Durante el desarrollo de la investigación se ha realizado un complejo análisis económico patrimonial que ha puesto de relieve que los líderes de la organización criminal investigada desviaban parte de los beneficios a una sociedad patrimonial creada a tal efecto, a cuyo nombre figura la titularidad de determinados inmuebles de los principales investigados.

De esta manera, han sido bloqueados once inmuebles y numerosas cuentas bancarias utilizadas para la canalización de las ganancias obtenidas por la trama. Fase de explotación con diez registros y 13 detenidos

El pasado 14 de julio, bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera (Sevilla), Plaza número 2, ha tenido lugar la fase de explotación de la operación, en la que se han practicado nueve entradas y registros en sociedades mercantiles en la Puebla de Cazalla (Sevilla) -donde también se ha registrado un domicilio particular-, Valencia, Badajoz y Córdoba.

Además, han sido detenidas trece personas, entre ellas las presuntas responsables de manejar la trama, y cuatro personas más se encuentran investigadas. En una segunda fase de explotación se han realizado inspecciones en naves de empresas relacionadas con la organización que han permitido reforzar la investigación y la participación de los implicados.

La Policía Nacional ha tramitado, en el ámbito de la Ley de Extranjería, seis expedientes administrativos sancionadores contra el arrendatario de una vivienda en Ronda (Málaga), quien supuestamente habría autorizado el empadronamiento fraudulento de media docena de ciudadanos extranjeros, los cuales nunca llegaron a vivir en el domicilio del sospechoso.

Se da la circunstancia que los migrantes se encontraban en situación irregular en el momento de realizarse los trámites en el padrón municipal, siendo el fin de la trama, según las pesquisas, la regularización de su situación en el país, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Grupo Local de Extranjería de la Comisaría de Ronda, se inició a raíz de una información procedente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en la Comisaría de Córdoba, al detectarse cómo originarios de Marruecos presentaban un mismo lugar de empadronamiento en sus trámites de documentación, repitiéndose idéntico domicilio, situado en Ronda, en todos los casos.

Las sospechas iniciales acerca de un posible fraude llevaron a los agentes a realizar las averiguaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Así, se analizó la documentación obtenida del padrón municipal y también se efectuaron incursiones discretas en el entorno del domicilio con contactos vecinales, entre otras diligencias.

Tras las gestiones se pudo comprobar que en la vivienda utilizada para los empadronamientos fraudulentos no habrían convivido los extranjeros que rezaban como empadronados en el inmueble, no llegando nunca a residir en el domicilio en cuestión. Las indagaciones preveían que los empadronamientos serían aportados más adelante, juntos con otros requisitos, en solicitudes de autorización de residencia.

La actual Ley de Extranjería contempla, entre otras, la infracción grave para toda aquella persona, propietaria o inquilina de un inmueble, que hubiese autorizado o consentido el empadronamiento de una persona en su domicilio sin que este sea su domicilio real, pudiendo incurrir en un “empadronamiento en fraude de ley”, y conllevando, previa instrucción de expediente administrativo, una sanción económica que oscilaría entre 501 y 10.000 euros, por cada persona indebidamente inscrita, siempre y cuando los hechos no constituyan infracción penal. La investigación discurrió por el ámbito administrativo, instruyéndose seis expedientes administrativos sancionadores de multa contra el inquilino del inmueble.

Un hombre deberá pagar 9.000 euros a su exmujer -a razón de 250 euros al mes durante un periodo de tres años- en concepto de pensión compensatoria tras divorciarse después de casi dos décadas de matrimonio. Así lo ha determinado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba en una resolución que rectifica el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital, al reconocer el claro desequilibrio económico sufrido por la exesposa al haber aparcado su trayectoria laboral para volcarse en el cuidado de la familia y de los hijos comunes.

En la sentencia, a la que ha accedido este periódico, el tribunal recoge que aunque la mujer trabajó por cuenta ajena durante los primeros años de matrimonio -efectuado en 2005-, su actividad en el mercado laboral cesó prácticamente tras el nacimiento de su primera hija en 2007. A partir de ese momento, la esposa asumió de manera prioritaria el cuidado del hogar y la crianza de los dos hijos de la pareja.

Durante el proceso judicial, el exmarido -policía nacional en Córdoba con unos ingresos medios superiores a los 2.500 euros netos mensuales- argumentó que la mujer, desde 2022, obtenía ingresos adicionales (de entre 500 y 600 euros al mes) mediante tareas informales de etiquetado, empaquetado y venta de joyería dentro de la economía sumergida. Sin embargo, la Audiencia ha aclarado que la precariedad e inestabilidad de esos trabajos en b no eliminan el derecho a la pensión compensatoria y que la dedicación a la familia privó a la exmujer de cotizaciones y de expectativas de promoción laboral, beneficiando paralelamente al exmarido, que pudo desarrollar su carrera profesional con plena dedicación.

Aunque el tribunal ha reconocido la pensión compensatoria, ha rechazado elevar la pensión de alimentos de los hijos (una joven de 18 años que prepara oposiciones a Policía Nacional y un menor en edad escolar), por lo que ha quedado fijada en 325 euros mensuales por hijo, al estimar que es una cifra “ajustada, proporcionada y suficiente” para cubrir sus necesidades.

Por último, la Audiencia ha mantenido la petición de la Fiscalía, recogida en la sentencia de instancia, relativa a dar traslado a la Agencia Tributaria de los posibles fraudes en los que hubiera incurrido la expareja, ya que en los trabajos de joyería no declarados por la mujer también colaboró su exmarido.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza y dos delitos de estafa con tarjeta de crédito, además de encontrarse reclamado por un Juzgado de Sevilla. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación se inició el pasado 18 de julio, a raíz del robo con fuerza cometido mediante la utilización de una llave falsa en la habitación de un hotel situado en la zona centro de la ciudad. Durante las gestiones policiales, los investigadores comprobaron que el autor de los hechos había sustraído previamente, de las zonas comunes del establecimiento, la mochila de un huésped, en cuyo interior se encontraba la llave de la habitación.

Posteriormente, accedió a la misma y se apoderó de documentación personal, dos tarjetas de crédito y dos teléfonos móviles. Además, se constató que habían sido realizados tres cargos en una de las cuentas asociadas a una de las tarjetas sustraídas. Fruto de las gestiones llevadas a cabo por el grupo investigador, se logró averiguar la identidad del presunto autor de los hechos.

De forma paralela, y en el marco de otras actuaciones policiales, se determinó que el investigado sería, asimismo, el autor de otros dos robos con fuerza en establecimientos hosteleros de esta ciudad, habiendo sustraído 8.000 euros en efectivo, además de diverso material electrónico.

Asimismo, se tuvo conocimiento de que el mismo individuo había cometido un hecho similar en un hotel de Málaga, donde sustrajo un dispositivo táctil portátil valorado en unos 1.000 euros. Al detenido le constaba, además, una reclamación judicial emitida por un Juzgado de Sevilla por un delito de estafa. Finalmente, el pasado 30 de julio, los agentes localizaron al investigado y procedieron a su detención. En el registro practicado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles de alta gama y un dispositivo táctil portátil, el cual fue devuelto a su legítimo propietario.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza, dos delitos de de estafa y por la requisitoria judicial en vigor, decretándose su ingreso en prisión.

Agentes de la Policía Nacional en Córdoba han detenido a tres personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras desarticular un punto de venta de marihuana en la barriada de Villarrubia, en la capital cordobesa.

Según ha informado el cuerpo nacional a través de una nota de prensa, la investigación se inició en junio de 2026, a raíz de la detección por parte de los agentes de un constante trasiego de personas que acudían a una vivienda de la zona con el objetivo de adquirir sustancias estupefacientes, principalmente marihuana.

A medida que avanzaron las pesquisas, los investigadores pudieron constatar que la vivienda funcionaba como un punto activo de venta de droga, con una elevada afluencia de compradores a cualquier hora del día, lo que permitió corroborar la actividad ilícita desarrollada en el inmueble.

Tras el registro practicado en la vivienda, los agentes localizaron una plantación indoor de marihuana, interviniendo cerca de 70 plantas de marihuana, diversas dosis de esta sustancia dispuesta para la venta, material destinado para el cultivo y envasado, así como dinero en efectivo.