La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de lesiones, tras agredir con arma blanca a otro hombre en la vía pública, en la zona del Sector Sur.

Los hechos se produjeron el pasado domingo, cuando funcionarios de la Policía Nacional fueron comisionados para que se dirigiesen a un altercado entre dos personas. A su llegada, los agentes se entrevistaron con la víctima, quien manifestó haber sido agredida por un individuo al que había reconocido por un hurto en el interior de su vehículo, semanas atrás.

Según relató la víctima, ante la actitud agresiva del otro varón, trató de refugiarse en un establecimiento cercano procediendo a bajar la persiana del local. En ese momento, el ahora detenido habría sacado un objeto cortopunzante y arremetido contra él en varias ocasiones, causándole varios cortes de apariencia profunda en el brazo y la mano derecha, tras lo cual se dio a la fuga.

Gracias a la descripción facilitada por la víctima y corroborada por una testigo, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, localizando minutos después a un varón con características compatibles a escasas calles de distancia. Tras su identificación, y sometido a un cacheo de seguridad, se le intervinieron varios objetos punzantes que portaba consigo. A la vista de los hechos, los funcionarios procedieron a su detención, quedando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

La rápida respuesta policial se vio reforzada por la colaboración de una vecina de la zona, que aportó datos útiles para la identificación y localización del presunto agresor. La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de este tipo de colaboración y pone a su disposición el teléfono 091 para cualquier emergencia o incidencia de seguridad.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el robo de 20 sillas de montar a caballo pertenecientes al centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba capital.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, los hechos han sido denunciados en la mañana de este miércoles, después de que los presuntos ladrones entraran de madrugada en las instalaciones.

Al respecto, los agentes llevan a cabo las correspondientes diligencias y han realizado inspecciones oculares en la zona del robo, concretamente el guadarnés, al que accedieron tras romper los candados. Cuentan también con la colaboración de la Guardia Civil.

Después de años en los que la marihuana era la droga más popular entre las incautaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el hachís se convirtió en 2025 en la sustancia más aprehendida en la provincia por los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

El cambio que refleja la estadística del Ministerio del Interior es especialmente significativo por la magnitud de las cantidades intervenidas. En Córdoba se decomisaron durante el pasado año 4.425.336 gramos de hachís, es decir, algo más de 4,4 toneladas. La cifra sitúa a la provincia entre las que más hachís han incautado de todo el país y supone, además, un espectacular incremento respecto al ejercicio anterior.

Según el balance anual del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, la cantidad de hachís aprehendida en Córdoba aumentó un 1.649,95 % en un solo año. En 2024 se habían intervenido aproximadamente 252,9 kilos, mientras que en 2025 la cifra se disparó hasta los 4.425 kilos.

La evolución adquiere todavía mayor relevancia si se compara con el resto de sustancias. La marihuana, que durante los últimos años había tenido un protagonismo destacado en las estadísticas cordobesas, alcanzó en 2025 los 651.232 gramos, unos 651 kilos. La cantidad aumentó un 13,33 % respecto al año anterior, pero quedó muy lejos del volumen de hachís intervenido.

También se produjeron cambios muy importantes en otras drogas. La cocaína, que en 2024 había registrado en Córdoba una cifra excepcionalmente elevada de incautaciones, experimentó en 2025 un desplome del 98,06 %, hasta quedarse en 13.653 gramos, apenas 13,65 kilos. En términos absolutos, la diferencia entre ambos ejercicios ronda los 690 kilos.

El resultado es un cambio radical en el mapa de las drogas incautadas en la provincia. Si en 2024 la estadística mostraba un peso especialmente importante de la cocaína y de la marihuana, los datos de 2025 colocan al hachís como claro protagonista.

Córdoba, entre las provincias que más hachís incautan

La importancia del dato cordobés se aprecia todavía mejor cuando se compara con el conjunto de España. Durante 2025 las fuerzas de seguridad intervinieron en el país 257,28 toneladas de hachís. Los 4,43 millones de gramos decomisados en Córdoba representan aproximadamente el 1,72 % del total nacional. Con esa cantidad, Córdoba ocupa el undécimo puesto entre las 50 provincias españolas por volumen de hachís incautado.

Por delante aparecen algunas de las provincias españolas más estrechamente vinculadas a las rutas de entrada y distribución de esta sustancia, especialmente en Andalucía. Cádiz encabeza la clasificación, con más de 75 toneladas, seguida de Huelva, Málaga, Granada y Almería. Córdoba aparece inmediatamente después de este grupo de grandes provincias andaluzas.

El dato resulta especialmente llamativo porque Córdoba supera en volumen de hachís intervenido a provincias con una población muy superior. Con sus 4,43 millones de gramos, se sitúa además muy cerca de Madrid, Baleares y Sevilla.

Madrid contabilizó unos 4.532,7 kilos; Baleares, alrededor de 4.654,3; Córdoba, 4.425,3; y Sevilla, 4.330,5. Es decir, las diferencias entre estas cuatro provincias son relativamente pequeñas dentro de una estadística marcada por grandes operaciones.

En Córdoba fueron detenidas en 2025 un total de 267 personas por infracciones relacionadas con drogas. Esta cifra supone un aumento del 17,11 % respecto a 2024, cuando se produjeron 228 detenciones. El crecimiento provincial contrasta con la evolución nacional. En el conjunto de España se contabilizaron 21.918 detenidos, un 8,72 % menos que el año anterior.

Córdoba ocupa así el décimo octavo puesto entre las 50 provincias españolas por número de detenidos. Está por detrás de Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz, Murcia, Baleares, Sevilla, Granada, Las Palmas, Tenerife, Almería, Zaragoza, Barcelona, Toledo, Pontevedra y A Coruña. Dentro de Andalucía, Córdoba ocupa el sexto puesto, por detrás de Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada y Almería.

El ascenso del hachís no significa que la marihuana haya dejado de tener importancia en Córdoba. Durante 2025 se incautaron 651.232 gramos de marihuana, equivalentes a unos 651 kilos. La cifra representa un incremento del 13,33 % respecto a 2024. Córdoba aporta aproximadamente el 6,68 % de toda la marihuana incautada en Andalucía y el 1,84 % del total nacional.

El otro gran movimiento de la estadística de 2025 se encuentra en la cocaína. Córdoba pasó de registrar alrededor de 703,8 kilos incautados en 2024 a solamente 13,65 kilos en 2025. La reducción es del 98%.

La caída es tan acusada que modifica completamente el peso de esta sustancia dentro de las estadísticas provinciales. De representar uno de los principales volúmenes de droga intervenidos en 2024, pasa a situarse muy por debajo del hachís y de la marihuana. Además, el descenso cordobés es muy superior al experimentado en España, donde las incautaciones de cocaína disminuyeron un 37,82 %.

El resto de sustancias presentan cifras mucho más pequeñas en comparación con los grandes volúmenes de hachís y marihuana, pero algunas experimentan variaciones importantes. La heroína alcanzó los 411 gramos, con un incremento del 76,67 %. En MDMA cristal se contabilizaron 227 gramos, un 378,28 % más que el año anterior, mientras que las unidades de MDMA o éxtasis ascendieron a 109, con un incremento del 147,73 %. En cambio, el polen de cannabis experimentó una caída extraordinaria: de unos 18,6 kilos en 2024 a solamente 123 gramos en 2025, un descenso del 99,34 %.

Un menor, del que no ha trascendido la edad, fue detenido a finales de la semana pasada después de que agrediera al párroco del barrio de El Guadalquivir, Miguel David Pozo.

Según han confirmado este periódico fuentes policiales, la detención se produjo la semana pasada tras una agresión al párroco a finales de julio. Pese a que Pozo fue la persona agredida, la trifulca se inició entre dos menores. Cuando el párroco intentó mediar, resultó herido. Los hechos ocurrieron en la parroquia Santa Luisa de Marillac, donde en verano se lleva a cabo un campamento de verano para los niños de esta zona de Córdoba.

Tras los hechos, la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, que ha acabado con la detención de un menor. Las diligencias han sido trasladadas al Juzgado de Menores y la Policía ha evitado dar más información al respecto al tratarse de un menor. Por su parte, el párroco ha declinado hacer declaraciones a este periódico.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta que ha contado con la colaboración de EUROPOL y la participación de Policía Nacional de Francia, Policía Judiciaria de Portugal y Policía Nacional de Polonia, han logrado desarticular una de las estructuras delincuenciales transnacionales más compleja, activa y peligrosa detectada hasta la fecha en el Mediterráneo presuntamente dedicada al tráfico marítimo de seres humanos.

El entramado criminal utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y, en el trayecto de retorno, trasladaban migrantes hasta las costas de nuestro país. La investigación ha permitido documentar un total de 64 episodios migratorios a través de los cuales se atribuye a la organización la introducción de más de 2.000 migrantes obteniendo unos beneficios superiores a los 24 millones de euros. El entramado actuaba con un elevado nivel de violencia en el desarrollo de sus actividades para proteger las embarcaciones y sus cargamentos. En la fase final de la operación, en la que han participado más de 180 agentes, se ha procedido a la detención de un total de 78 personas en España (77) y Argelia (1).

La investigación policial, iniciada en el año 2023, ha permitido identificar una organización criminal trasnacional plenamente consolidada desde hace años en el Mediterráneo, especializada principalmente en el favorecimiento de la inmigración irregular en la costa mediterránea. Es considerada la mayor estructura de origen argelino dedicada al tráfico ilícito de personas mediante embarcaciones de alta velocidad, caracterizada por una extraordinaria capacidad operativa, una estructura altamente profesionalizada y una extensa red de ramificaciones nacionales e internacionales.

El entramado criminal operaba mediante subestructuras perfectamente organizadas y jerarquizadas asentadas en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, manteniendo además ramificaciones operativas en Francia, Portugal, Italia y Polonia.

La estructura estaba dirigida por un líder absoluto encargado de la planificación, coordinación, supervisión y financiación de toda la actividad criminal. Este máximo responsable aportaba importantes recursos económicos, suministraba armamento y sustancias estupefacientes y dirigía la distribución de dichas mercancías ilícitas hacia diversos países del norte de África donde el consumo de estupefacientes de origen sintético como el MDMA tiene alta demanda social.

La organización estaba integrada por más de 78 miembros distribuidos en tres niveles funcionales diferenciados. Un primer nivel asumía la dirección estratégica y el control general de las operaciones; un segundo nivel estaba compuesto por pilotos, transportistas y responsables de medios operativos; mientras que un tercer nivel integraba colaboradores, captadores, suministradores, vigilantes, personal logístico, abastecedores de combustible, gestores financieros, testaferros y demás integrantes encargados de garantizar la sostenibilidad de la actividad criminal.

Infraestructura y capacidad operativa

La organización disponía de una infraestructura criminal compleja, altamente especializada y dotada de importantes recursos económicos provenientes de otros países de Europa. Entre los medios detectados destacan embarcaciones de alta velocidad de elevado valor económico, motores de gran potencia, vehículos de transporte y vigilancia, pisos de seguridad, sistemas de comunicación cifrada, teléfonos satelitales, dispositivos GPS, antenas satelitales y una extensa red logística distribuida en varios países.

Durante la investigación se han intervenido 18 embarcaciones de tres y cuatro motores, con esloras superiores a los ocho metros y que podían alcanzar hasta los catorce metros de longitud. El valor de estas embarcaciones incautadas podría superar ampliamente los cinco millones de euros, circunstancia que determinaba el elevado nivel de violencia empleado por la organización para protegerlas, llegando incluso a aleccionar a sus pilotos para enfrentarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización había diversificado sus actividades ilícitas mediante un sistema de doble flujo. Por un lado, realizaban el traslado de sustancias de síntesis como el MDMA hacia Argelia. Posteriormente, aprovechaban el retorno de las embarcaciones para transportar migración irregular hacia las costas de Almería, Cartagena, Murcia, Alicante e Ibiza.

Esta operativa les permitía obtener importantes beneficios económicos, llegando a cobrar 12.000 euros por cada persona trasladada en operaciones que en algunos casos implicaban hasta 50 inmigrantes por trayecto. A ello se sumaban los beneficios adicionales derivados de la introducción de drogas en distintos países africanos, así como el negocio del “petaqueo” o abastecimiento de combustible de estas embarcaciones rápidas.

Tráfico de personas

Las travesías marítimas en embarcaciones rápidas eran extremadamente peligrosas para los migrantes que iban a bordo. Viajaban hacinados, a gran velocidad, con fuerte oleaje, sin iluminación, con sistemas de navegación tecnológicamente avanzados y, en la mayoría de los casos, sin chalecos salvavidas. En ocasiones, los ocupantes eran incluso atados para evitar que cayesen al agua durante la travesía.

Este tipo de trayectos no solo implicaba el cruce marítimo, sino también un recorrido previo muy largo a través de diferentes países del continente africano hasta alcanzar la costa de salida en Argelia. Una vez llegaban a la zona costera de embarque, muchos de estos migrantes eran alojados en infraviviendas, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, que funcionaban como puntos de espera antes de iniciar las travesías marítimas.

Durante el desarrollo de la investigación los agentes han detectado un extraordinario nivel de violencia ejercido por la organización contra sus propios integrantes y contra los migrantes sometidos a su control, así como contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización mantenía un férreo sistema interno de control basado en la intimidación, amenazas, coacciones y violencia física extrema. Este sistema disciplinario afectaba tanto a miembros de la organización como a los migrantes transportados, existiendo constantes referencias a represalias, ajustes de cuentas, secuestros, agresiones y amenazas de muerte, llegando a mantener contactos con la “mocro maffia” o la “milieu marsellés” desde dónde se impartían directrices de control.

Durante el desarrollo de la operación se han llevado a cabo 17 registros en inmuebles de Almería, Murcia, Cartagena y Alicante en los que se ha intervenido 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kg de hachís, 500 gr de cocaína, 40 gr metanfetamina, un revólver del calibre 38, un subfusil simulado, diversa munición, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, antenas satelitales, dispositivos de geolocalización y material altamente especializado. Asimismo, se ha procedido al bloqueo preventivo de bienes vinculados a la organización, incluyendo cuentas corrientes, viviendas y vehículos pertenecientes a varios de sus principales dirigentes.

La investigación ha concluido con la detención de 78 personas en Almería (36), Murcia (13), Alicante (11), Ibiza (6), Cartagena (2), Palma de Mallorca (2), Palencia (2), Huelva (1), Córdoba (1), A Coruña (1), Sevilla (1), Lugo (1) y Argelia (1). Los arrestados pertenecen a todos los escalones de la organización criminal, y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, almacenamiento y transporte ilícito de combustible líquido, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, contrabando, blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas conexas.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Área de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo del IVA en el sector de las bebidas alcohólicas tras la detención de 13 personas y la investigación de otras cuatro, así como la realización de diez registros en las provincias de Sevilla (La Puebla de Cazalla), Córdoba, Badajoz y Valencia.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la defraudación de la trama en las cuotas de IVA en el periodo fiscal investigado 2018 a 2025 se ha estimado en 11,9 millones de euros, que podría incrementarse en función de las pruebas obtenidas en los registros.

La operación, denominada 'Drink'/'Alambique' ha supuesto registros tanto en domicilios particulares como en las sedes de empresas relacionadas con la trama criminal, así como la intervención de 35 cuentas bancarias y se han intervenido 66.000 euros en efectivo en los domicilios relacionados con uno de los principales objetivos, junto con relojes de lujo, dispositivos electrónicos y abundante documentación de interés para la investigación. Además, se ha solicitado a la autoridad judicial el embargo de once inmuebles relacionados con la organización criminal.

Así, la investigación ha tenido inicio al detectarse un complejo entramado empresarial compuesto por más de 30 sociedades, cada una con un rol específico dentro de la organización criminal, que contaba, igualmente, con una estructura empresarial paralela a través de las que se canalizaban los fondos de procedencia delictiva y se sometían al blanqueo de capitales.

Tras el análisis exhaustivo de toda la documentación y de 173 cuentas bancarias de la organización, los investigadores han confirmado la importación de volúmenes relevantes de alcohol procedentes de depósitos fiscales de varios Estados miembros de la Unión Europea, principalmente Países Bajos y Portugal, hacia varios depósitos fiscales en España.

'Modus operandi'

La mercancía era introducida en el territorio nacional mediante las denominadas empresas 'introductoras', posteriormente enviada en régimen suspensivo de IVA e IIEE. Tras varias transmisiones dentro del depósito fiscal a nombre de sociedades instrumentales, la mercancía era extraída con destino a las empresas 'distribuidoras', para cuya extracción del depósito fiscal, la trama se servía, también, de sociedades que no ingresaban las cuotas de IVA correspondientes.

Esta operativa ha permitido a las 'distribuidoras' ofrecer precios “notablemente más bajos”, generando una competencia desleal en el sector. Para todo ello se han creado múltiples sociedades instrumentales a través de testaferros y respaldadas por facturas falsas, con el objetivo de ocultar todo el circuito fraudulento.

Durante el desarrollo de la investigación se ha realizado un complejo análisis económico patrimonial que ha puesto de relieve que los líderes de la organización criminal investigada desviaban parte de los beneficios a una sociedad patrimonial creada a tal efecto, a cuyo nombre figura la titularidad de determinados inmuebles de los principales investigados.

De esta manera, han sido bloqueados once inmuebles y numerosas cuentas bancarias utilizadas para la canalización de las ganancias obtenidas por la trama. Fase de explotación con diez registros y 13 detenidos

El pasado 14 de julio, bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera (Sevilla), Plaza número 2, ha tenido lugar la fase de explotación de la operación, en la que se han practicado nueve entradas y registros en sociedades mercantiles en la Puebla de Cazalla (Sevilla) -donde también se ha registrado un domicilio particular-, Valencia, Badajoz y Córdoba.

Además, han sido detenidas trece personas, entre ellas las presuntas responsables de manejar la trama, y cuatro personas más se encuentran investigadas. En una segunda fase de explotación se han realizado inspecciones en naves de empresas relacionadas con la organización que han permitido reforzar la investigación y la participación de los implicados.

La Policía Nacional ha tramitado, en el ámbito de la Ley de Extranjería, seis expedientes administrativos sancionadores contra el arrendatario de una vivienda en Ronda (Málaga), quien supuestamente habría autorizado el empadronamiento fraudulento de media docena de ciudadanos extranjeros, los cuales nunca llegaron a vivir en el domicilio del sospechoso.

Se da la circunstancia que los migrantes se encontraban en situación irregular en el momento de realizarse los trámites en el padrón municipal, siendo el fin de la trama, según las pesquisas, la regularización de su situación en el país, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Grupo Local de Extranjería de la Comisaría de Ronda, se inició a raíz de una información procedente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en la Comisaría de Córdoba, al detectarse cómo originarios de Marruecos presentaban un mismo lugar de empadronamiento en sus trámites de documentación, repitiéndose idéntico domicilio, situado en Ronda, en todos los casos.

Las sospechas iniciales acerca de un posible fraude llevaron a los agentes a realizar las averiguaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Así, se analizó la documentación obtenida del padrón municipal y también se efectuaron incursiones discretas en el entorno del domicilio con contactos vecinales, entre otras diligencias.

Tras las gestiones se pudo comprobar que en la vivienda utilizada para los empadronamientos fraudulentos no habrían convivido los extranjeros que rezaban como empadronados en el inmueble, no llegando nunca a residir en el domicilio en cuestión. Las indagaciones preveían que los empadronamientos serían aportados más adelante, juntos con otros requisitos, en solicitudes de autorización de residencia.

La actual Ley de Extranjería contempla, entre otras, la infracción grave para toda aquella persona, propietaria o inquilina de un inmueble, que hubiese autorizado o consentido el empadronamiento de una persona en su domicilio sin que este sea su domicilio real, pudiendo incurrir en un “empadronamiento en fraude de ley”, y conllevando, previa instrucción de expediente administrativo, una sanción económica que oscilaría entre 501 y 10.000 euros, por cada persona indebidamente inscrita, siempre y cuando los hechos no constituyan infracción penal. La investigación discurrió por el ámbito administrativo, instruyéndose seis expedientes administrativos sancionadores de multa contra el inquilino del inmueble.

Un hombre deberá pagar 9.000 euros a su exmujer -a razón de 250 euros al mes durante un periodo de tres años- en concepto de pensión compensatoria tras divorciarse después de casi dos décadas de matrimonio. Así lo ha determinado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba en una resolución que rectifica el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital, al reconocer el claro desequilibrio económico sufrido por la exesposa al haber aparcado su trayectoria laboral para volcarse en el cuidado de la familia y de los hijos comunes.

En la sentencia, a la que ha accedido este periódico, el tribunal recoge que aunque la mujer trabajó por cuenta ajena durante los primeros años de matrimonio -efectuado en 2005-, su actividad en el mercado laboral cesó prácticamente tras el nacimiento de su primera hija en 2007. A partir de ese momento, la esposa asumió de manera prioritaria el cuidado del hogar y la crianza de los dos hijos de la pareja.

Durante el proceso judicial, el exmarido -policía nacional en Córdoba con unos ingresos medios superiores a los 2.500 euros netos mensuales- argumentó que la mujer, desde 2022, obtenía ingresos adicionales (de entre 500 y 600 euros al mes) mediante tareas informales de etiquetado, empaquetado y venta de joyería dentro de la economía sumergida. Sin embargo, la Audiencia ha aclarado que la precariedad e inestabilidad de esos trabajos en b no eliminan el derecho a la pensión compensatoria y que la dedicación a la familia privó a la exmujer de cotizaciones y de expectativas de promoción laboral, beneficiando paralelamente al exmarido, que pudo desarrollar su carrera profesional con plena dedicación.

Aunque el tribunal ha reconocido la pensión compensatoria, ha rechazado elevar la pensión de alimentos de los hijos (una joven de 18 años que prepara oposiciones a Policía Nacional y un menor en edad escolar), por lo que ha quedado fijada en 325 euros mensuales por hijo, al estimar que es una cifra “ajustada, proporcionada y suficiente” para cubrir sus necesidades.

Por último, la Audiencia ha mantenido la petición de la Fiscalía, recogida en la sentencia de instancia, relativa a dar traslado a la Agencia Tributaria de los posibles fraudes en los que hubiera incurrido la expareja, ya que en los trabajos de joyería no declarados por la mujer también colaboró su exmarido.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza y dos delitos de estafa con tarjeta de crédito, además de encontrarse reclamado por un Juzgado de Sevilla. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación se inició el pasado 18 de julio, a raíz del robo con fuerza cometido mediante la utilización de una llave falsa en la habitación de un hotel situado en la zona centro de la ciudad. Durante las gestiones policiales, los investigadores comprobaron que el autor de los hechos había sustraído previamente, de las zonas comunes del establecimiento, la mochila de un huésped, en cuyo interior se encontraba la llave de la habitación.

Posteriormente, accedió a la misma y se apoderó de documentación personal, dos tarjetas de crédito y dos teléfonos móviles. Además, se constató que habían sido realizados tres cargos en una de las cuentas asociadas a una de las tarjetas sustraídas. Fruto de las gestiones llevadas a cabo por el grupo investigador, se logró averiguar la identidad del presunto autor de los hechos.

De forma paralela, y en el marco de otras actuaciones policiales, se determinó que el investigado sería, asimismo, el autor de otros dos robos con fuerza en establecimientos hosteleros de esta ciudad, habiendo sustraído 8.000 euros en efectivo, además de diverso material electrónico.

Asimismo, se tuvo conocimiento de que el mismo individuo había cometido un hecho similar en un hotel de Málaga, donde sustrajo un dispositivo táctil portátil valorado en unos 1.000 euros. Al detenido le constaba, además, una reclamación judicial emitida por un Juzgado de Sevilla por un delito de estafa. Finalmente, el pasado 30 de julio, los agentes localizaron al investigado y procedieron a su detención. En el registro practicado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles de alta gama y un dispositivo táctil portátil, el cual fue devuelto a su legítimo propietario.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza, dos delitos de de estafa y por la requisitoria judicial en vigor, decretándose su ingreso en prisión.

Agentes de la Policía Nacional en Córdoba han detenido a tres personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras desarticular un punto de venta de marihuana en la barriada de Villarrubia, en la capital cordobesa.

Según ha informado el cuerpo nacional a través de una nota de prensa, la investigación se inició en junio de 2026, a raíz de la detección por parte de los agentes de un constante trasiego de personas que acudían a una vivienda de la zona con el objetivo de adquirir sustancias estupefacientes, principalmente marihuana.

A medida que avanzaron las pesquisas, los investigadores pudieron constatar que la vivienda funcionaba como un punto activo de venta de droga, con una elevada afluencia de compradores a cualquier hora del día, lo que permitió corroborar la actividad ilícita desarrollada en el inmueble.

Tras el registro practicado en la vivienda, los agentes localizaron una plantación indoor de marihuana, interviniendo cerca de 70 plantas de marihuana, diversas dosis de esta sustancia dispuesta para la venta, material destinado para el cultivo y envasado, así como dinero en efectivo.

Tres de los seis detenidos en el operativo transcurrido en Alcolea el pasado jueves han entrado a prisión en las últimas horas, según ha confirmado este periódico a través de diferentes fuentes.

La operación llegó durante la presente semana y la lideró una Policía Nacional que registró varias viviendas y coches para luchar contra el narcotráfico. Los agentes se desplegaron tanto en Alcolea como en la barriada de los Ángeles.

La redada se inició a primera hora de la mañana, con agentes fuertemente armados, que han registrado hasta cuatro viviendas de esta barriada. Una barriada que está, además, en plena celebración de la Feria, que arrancó este martes y se prolonga hasta el domingo.

Horas más tarde y tras pasar a disposición judicial, tres de los seis detenidos han pasado directamente al centro penitenciario.

Un operativo que fue llevado a cabo bajo la dirección del grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Córdoba, con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en un establecimiento hostelero situado en la zona de la Judería de la capital.

Según ha informado el cuerpo nacional, los hechos se produjeron en la madrugada del pasado viernes, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia observó, junto a un vehículo estacionado, a un varón con actitud vigilante mientras otra persona se aproximaba a la parte trasera del turismo cargando distintos objetos en el maletero. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron pasar desapercibidos, por lo que los agentes decidieron identificarles e interesarse por lo que estaban haciendo.

Los agentes comprobaron además el interior del vehículo, localizando ocultas una importante cantidad de bebidas y alimentos. Realizadas las gestiones pertinentes, los agentes localizaron en las inmediaciones un establecimiento hostelero con signos de haber sido forzado, constatando en su interior la sustracción de material similar al hallado en el vehículo.

Por ello, los agentes procedieron a la detención de los dos individuos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Recuperación de los efectos sustraídos

Los productos sustraídos, consistentes principalmente en bebidas y diversos artículos de alimentación, fueron recuperados por la Policía Nacional casi en su totalidad, siendo devueltos al propietario del establecimiento, que pudo así recuperar el material objeto de la sustracción.

Realizadas las gestiones de investigación pertinentes, los agentes pudieron determinar la participación de uno de los detenidos en unos hechos de naturaleza similar, cometidos en una cafetería, una tienda de ropa y un negocio dedicado a la manicura en la zona de Ciudad Jardín; además de constarle una reclamación judicial por la comisión de otro delito contra el patrimonio.

La Policía Nacional recuerda la importancia de comunicar a través del teléfono 091 cualquier actividad sospechosa que se observe en la vía pública, ya que la colaboración ciudadana resulta fundamental para el esclarecimiento de este tipo de hechos.

Operativo de la Policía Nacional contra el narcotráfico en la barriada de Alcolea, en la periferia de Córdoba capital. Según ha podido saber este periódico, los agentes se han desplegado desde esta mañana tanto en Alcolea como en la barriada de Los Ángeles, en una operación que ha culminado con seis personas detenidas.

Se ha tratado de una intervención centrada en el tráfico de drogas y la organización criminal. El operativo ha sido llevado a cabo bajo la dirección del grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Córdoba, con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción.

La redada se ha iniciado a primera hora de la mañana, con agentes fuertemente armados, que han registrado hasta cuatro viviendas de esta barriada. Una barriada que está, además, en plena celebración de la Feria, que arrancó este martes y se prolonga hasta el domingo

La autoridad judicial ha decretado secreto de sumario y, en estos momentos, solo se conoce el número de detenidos y que en las próximas horas se les tomará declaración antes de que pasen a disposición judicial.

El Centro de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía investiga un posible incidente de seguridad que podría haber afectado al sistema de información de la Consejería de Educación ‘Séneca’ comprometiendo la confidencialidad de ciertos datos de usuarios del sistema. Se ha detectado un posible acceso no autorizado al identificador de usuario IdEA de algunos profesores, con el que podría haberse accedido a sus cuentas y, por tanto, a los datos personales que constan en el sistema, tanto del profesorado como del alumnado.

Desde el primer momento se han activado las medidas previstas en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Consejería coordinando las acciones la Agencia Digital de Andalucía (ADA), en estrecha colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN). El incidente ha sido denunciado ante la Policía Nacional y comunicado a la autoridad competente en la protección de datos.

Mientras se evalúa el alcance de la incidencia, se han generado nuevas contraseñas para todos los profesionales usuarios en Séneca y prevenir así posibles accesos ilegítimos o intentos de suplantación de identidad. Como medida de prevención adicional, se está realizando un seguimiento continuo especial de los sistemas para detectar cualquier actividad sospechosa.

Asimismo, se recomienda cambiar todas las claves de cuentas almacenadas en gestores de contraseñas vinculadas al usuario IdEA, cuyo uso debe limitarse a fines educativos. Igualmente, es aconsejable extremar la precaución cuando se acceda a estas aplicaciones desde fuera del entorno de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía, a través de una red abierta y con equipos personales.

El Centro de Ciberseguridad está investigando el origen del posible acceso no autorizado, que podría estar en el ataque con un malware al ordenador de un usuario. Mientras tanto, este sistema de información sigue funcionando con total normalidad y puede seguir utilizándose por sus usuarios.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Los hechos se produjeron cuando la víctima circulaba en bicicleta por la zona de Miraflores y varios individuos se acercaron a él y le arrebataron la mochila que portaba, dándose a la fuga seguidamente.

Un indicativo policial que realizaba labores de seguridad ciudadana por la zona tuvo conocimiento de lo sucedido al ser requerido por el propio afectado, quien manifestó que le habían sustraído la mochila, en cuyo interior se encontraban varios dispositivos electrónicos.

Rápidamente, los agentes actuantes realizaron una batida a pie por la zona, localizando a una persona que les hizo sospechar y que finalmente resultó portar las pertenencias sustraídas, que, una vez requeridas por los agentes, fueron reconocidas por la víctima como de su propiedad.

Tras un cacheo superficial, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, siendo posteriormente puesto a disposición judicial, quien decretó su ingreso en prisión.

La mayor parte de las pertenencias sustraídas han sido recuperadas y entregadas a su propietario en dependencias policiales.

La Policía Nacional en Córdoba ha incorporado a 20 nuevos policías en prácticas pertenecientes a la Escala Básica, que iniciaron su período formativo práctico el pasado día 14 de julio tras culminar su formación teórica en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

La presentación oficial ha tenido lugar esta mañana en la Comisaría Provincial de Córdoba, en la que han estado presentes la Subdelegada de Gobierno de España en Córdoba y la Jefa Provincial de Policía Nacional, quienes han deseado a los nuevos agentes que este periodo formativo sea lo más provechoso posible.

Los alumnos, procedentes mayoritariamente de la provincia de Córdoba, cuentan con perfiles académicos diversos, entre los que se incluyen titulados de bachillerato y de estudios universitarios de distintas ramas, reflejo claro de cómo la Policía Nacional apuesta cada vez más por la formación continua, la excelencia y la adaptación a los retos actuales.

Durante casi 11 meses, los agentes en prácticas rotarán por las distintas unidades de la Comisaría Provincial, desarrollando funciones en las áreas de Seguridad Ciudadana, Extranjería, Información, Policía Científica y Policía Judicial, pasando además por la Unidad de Documentación y oficinas de denuncias. De este modo, podrán conocer de primera mano el trabajo policial.

El seguimiento y la coordinación de este período de prácticas es labor del Delegado de Formación de la Comisaría Provincial, quien ejerce las funciones de tutor, coordinando y supervisando el paso de los alumnos y alumnas por las diferentes unidades y velando por el correcto desarrollo del periodo formativo.

La incorporación de estos agentes supone un refuerzo para la plantilla policial

Para la Comisaría Provincial, la llegada de los policías en prácticas cada año implica un refuerzo para la plantilla, aportando nuevos efectivos que se suman al compromiso diario con la seguridad y la atención a la ciudadanía. La labor de estos agentes aporta una visión renovada y conocimientos actualizados, mejorando el servicio a la ciudadanía.

La Policía Nacional ha detenido en la zona de Margaritas de la capital cordobesa a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo, tras ser sorprendido forzando varios coches que se encontraban estacionados en la vía pública.

Los hechos se produjeron en la madrugada del sábado, cuando se recibió el aviso una persona estaba forzando numerosos vehículos estacionados en el barrio. Una patrulla se desplazó de inmediato hasta el lugar, donde los agentes localizaron a un varón que coincidía con la descripción facilitada, procediendo a su identificación.

Tras comprobar que varios de los vehículos estacionados en la zona presentaban el interior revuelto y daños compatibles con haber sido forzados, y hallar entre las pertenencias del hombre diversas herramientas que pudieron haber sido utilizadas con esa finalidad, los agentes procedieron a su detención por un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.

Entre los objetos intervenidos al detenido se encontraban varillas metálicas, una broca de grandes dimensiones y varias herramientas tipo llave que presuntamente habría empleado para acceder al interior de los vehículos.

En el barrio de Lepanto

Unos hechos similares ocurrieron en la tarde de este lunes, en la que se recibió el aviso de que un varón se encontraba causando daños a vehículos estacionados en la zona de Lepanto. Inmediatamente, una patrulla policial se persona en el lugar de los hechos, pudiendo comprobar que algún vehículo se encontraba dañado.

Inspeccionada la zona, los agentes localizaron a un varón en el interior de uno de los vehículos estacionados y, una vez identificado, fue preguntado por los objetos que portaba, a lo que manifestó haberlos cogido del interior del vehículo, por lo que fue detenido en el lugar de los hechos por daños y robo en interior de vehículo.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de comunicar a través del 091 cualquier actividad sospechosa en su entorno. La colaboración ciudadana resulta fundamental para la prevención del delito y la rápida intervención policial, como ha quedado demostrado en este caso.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda situada en la zona Campo de la Verdad de la capital cordobesa.

Los hechos se produjeron el pasado 28 de junio, cuando se denunció el robo cometido durante la madrugada en el interior de un domicilio, en cuyo interior se encontraban sus moradores. Realizadas las comprobaciones pertinentes, los agentes comprobaron que los autores accedieron a la vivienda escalando por el balcón y, una vez en el interior, sustrajeron un teléfono móvil, un ordenador portátil y varias tarjetas bancarias.

Los autores utilizaron las tarjetas bancarias sustraídas para realizar diversas compras

Posteriormente, la víctima manifestó a la Policía Nacional que una de las tarjetas sustraídas habría sido utilizada para realizar diversas compras en establecimientos comerciales.

Fruto de la investigación policial se identificaron a dos varones como presuntos responsables de los hechos y como resultado de las pesquisas, ambos fueron detenidos el pasado miércoles en el Sector Sur.

Tras su arresto, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado a la Dirección General de la Policía a reconocer como accidente en acto de servicio la grave lesión sufrida por un agente de la Policía Nacional de Córdoba que se cayó con la bicicleta cuando regresaba a su domicilio al finalizar su jornada laboral. La sentencia, dictada por la Sección Cuarta del alto tribunal andaluz, estima íntegramente el recurso presentado por el funcionario y anula la resolución administrativa que había rechazado considerar el siniestro como un accidente in itinere, es decir, ocurrido durante el desplazamiento habitual entre el lugar de trabajo y la vivienda del trabajador.

Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2023. El agente había terminado su servicio de mañana a las 15:00 en la comisaría de Campo Madre de Dios y emprendió el trayecto de regreso a su domicilio, situado en la avenida Gran Vía Parque, utilizando la bicicleta. Según ha quedado acreditad, apenas diez minutos después, sufrió una caída en la avenida Campo Santo de los Mártires al resbalar la rueda delantera sobre el pavimento. Como consecuencia del accidente sufrió un arrancamiento postraumático del bíceps del brazo izquierdo, lesión de la que tuvo que ser operado.

Sin embargo, la Dirección General de la Policía archivó el expediente de averiguación de causas al entender que no existían pruebas suficientes para demostrar que la caída se hubiera producido realmente cuando el funcionario regresaba directamente a su domicilio. En ese sentido, sostenía que el único relato existente era el del propio agente, que no había testigos presenciales y que tampoco podía descartarse que hubiera mediado culpa por su parte. Pero el TSJA ha rechazado esos argumentos. En primer lugar, porque considera acreditado que el policía acudió al servicio de Urgencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba poco más de una hora después de finalizar el servicio, desmontando así la tesis utilizada durante la tramitación administrativa de que habían transcurrido casi seis horas entre el accidente y la asistencia médica. Esa conclusión se apoyaba únicamente en un informe posterior de traumatología, mientras que el parte de Urgencias, incorporado posteriormente al expediente, demostraba la inmediatez temporal de la atención sanitaria.

Además, la Sala recuerda que la ausencia de testigos presenciales no basta por sí sola para negar la existencia de un accidente in itinere dado que este tipo de accidentes suelen producirse cuando el trabajador viaja solo y que la prueba puede construirse a partir de un conjunto de indicios suficientemente sólidos. En este caso, la sentencia destaca que no se discute que el agente terminara su jornada a las 15:00, que utilizara la bicicleta para regresar a casa ni que comunicara lo sucedido esa misma tarde tanto a la Sala del 091 como a varios mandos policiales. A ello se suma el informe elaborado por la Unidad Provincial de Sanidad, que apreciaba la relación de causalidad entre la caída y las lesiones sufridas. Todo ello ha llevado al tribunal a concluir que existe prueba suficiente para considerar acreditado que el accidente ocurrió durante el trayecto de regreso al domicilio.

En segundo lugar, la Administración había apuntado que la caída pudo deberse a una conducta negligente del propio policía, pero el TSJA ha recordado que la legislación únicamente excluye la consideración de accidente en acto de servicio cuando exista dolo o una negligencia grave o temeraria, circunstancias que no concurren en este caso.

Por tanto, el alto tribunal andaluz ha concluido que en este caso concurren todos los requisitos legales para reconocer que las lesiones fueron sufridas en acto de servicio, en su modalidad de accidente in itinere, por lo que ha estimado el recurso, ha anulado la resolución de la Dirección General de la Policía y ha condenado a la Administración al pago de las costas procesales, con un límite de 300 euros más IVA.

La Policía Nacional informa a la ciudadanía de la importancia de adoptar determinadas precauciones durante las vacaciones de verano, una época en la que se incrementan los desplazamientos y concentraciones de turistas y, con ello, la oportunidad para la comisión de delitos contra el patrimonio, especialmente robos en viviendas, así como de estafas relacionadas con viajes y alojamientos.

Medidas de seguridad en nuestra vivienda

Con el objetivo de prevenir estos hechos, la Policía Nacional recuerda a la población la necesidad de adoptar medidas básicas de seguridad en sus domicilios antes de iniciar cualquier viaje.

Entre ellas, se recomienda comprobar que puertas y ventanas quedan correctamente cerradas, evitar dejar objetos de valor a la vista y no divulgar en redes sociales información sobre la ausencia prolongada del domicilio. Asimismo es aconsejable contar con la colaboración de personas de confianza para la recogida de correspondencia y supervisión ocasional de la vivienda, de modo que la casa no parezca deshabitada, así como utilizar temporizadores de luz que simulen presencia en el interior.

La Policía Nacional también recuerda la importancia de invertir en sistemas de seguridad, como mediante la instalación de una cerradura anti bumping o la instalación de alarma o cámara de seguridad.

Vacaciones seguras

En relación con los desplazamientos, la Policía Nacional alerta sobre el aumento de estafas vinculadas a reservas vacacionales, especialmente a través de plataformas digitales. Si va a reservar sus vacaciones a través de Internet, se aconseja verificar siempre la autenticidad de los anuncios, desconfiar de precios excesivamente bajos y evitar realizar pagos por transferencia a cuentas desconocidas. Se recomienda utilizar plataformas seguras y métodos de pago que ofrezcan garantías al consumidor, aconsejado disponer de tarjetas virtuales o monedero.

Durante las vacaciones, es igualmente importante mantener la vigilancia sobre nuestras pertenencias u objetos personales en lugares concurridos y en el transporte público, evitar portar grandes cantidades de dinero en efectivo y prestar especial atención a posibles distracciones utilizadas por delincuentes para cometer hurtos.

Si vamos a la playa o a la piscina, tratar de llevarnos sólo lo imprescindible, no perdiendo nunca de vista nuestras pertenencias.

Si sospecha de alguna actividad delictiva, contacte con Policía Nacional

La Policía Nacional recuerda que ante cualquier situación sospechosa o si se ha sido víctima de un delito, es fundamental contactar de inmediato con el teléfono 091 o acudir a la comisaría más cercana para interponer la correspondiente denuncia. Además, a través de la aplicación gratuita ALERTCOPS, se permite a la ciudadanía contactar con la Policía Nacional e informar de delitos y situaciones de riesgo.

Si a la vuelta de nuestras vacaciones encontramos hilos de silicona o testigos de plástico en la puerta de la vivienda y sospechamos que han podido entrar en nuestra vivienda, contactar con la Policía Nacional evitando entrar en el domicilio hasta nuestra llegada.

Con estas sencillas medidas, se contribuye a disfrutar de unas vacaciones seguras y prevenir situaciones que puedan empañar el periodo de descanso.