La oferta de alquiler por meses que muchos caseros usan para evitar la ley de vivienda se dispara en Córdoba. El alquiler de temporada, habitual para maestros o estudiantes, gana terreno con rapidez en Córdoba capital, aunque la ciudad todavía presenta uno de los mercados menos temporalizados de Andalucía.

Según el informe publicado por eldiario.es a partir de dos años de datos recogidos en el portal Idealista, en apenas dos años, el porcentaje de anuncios destinados en la capital cordobesa a alquileres de temporada ha pasado del 18,7% en septiembre de 2024 al 34% en agosto de 2026. Es decir, ha aumentado 15,3 puntos porcentuales y prácticamente ha duplicado su peso dentro de la oferta.

Si hace dos años, este tipo de alquiler se ofrecía en dos de cada diez anuncios, ahora se oferta en uno de cada tres. En agosto de 2026, había 225 anuncios de temporada sobre un total de 661. El cambio resulta especialmente significativo si se observa la evolución mes a mes. El gráfico muestra una tendencia ascendente desde el 18,7% registrado en septiembre de 2024, aunque con fluctuaciones durante el periodo. Córdoba ha ido acercándose progresivamente a la barrera del 30% hasta situarse en el 34% de agosto de 2026.

La paradoja es que, pese a este fuerte crecimiento, Córdoba es actualmente la capital andaluza donde menos peso tiene el alquiler de temporada entre las ciudades analizadas.

Un crecimiento importante desde una posición de partida baja

La comparación con otras capitales andaluzas permite entender mejor esta aparente contradicción. Córdoba crece con fuerza, pero parte de un nivel relativamente bajo. En el mismo periodo, Jaén ha pasado del 13,4% al 40,3%; Sevilla, del 20,6% al 41,5%; y Granada, del 20,2% al 42,8%.. En las capitales costeras donde la oferta temporal ya tenía mayor presencia, el porcentaje es todavía más elevado: Málaga alcanza el 48%, Huelva casi el 49&, Almería el 63,4% y Cádiz llega al 88,1%.

La fotografía final es, por tanto, muy diferente a la de hace dos años. Todas las capitales analizadas han aumentado el peso del alquiler de temporada, pero Córdoba lo ha hecho manteniéndose por debajo del resto. El dato más llamativo es Cádiz. Mientras en Córdoba uno de cada tres anuncios es de temporada, en la capital gaditana casi nueve de cada diez anuncios pertenecen a esta modalidad. Almería también presenta un mercado muy diferente, con casi dos tercios de la oferta destinada a alquileres temporales.

Córdoba se encuentra, por tanto, en una fase distinta del proceso. No lidera la temporalización del mercado andaluz, pero sí está experimentando un cambio significativo en la composición de su oferta.

De uno de cada cinco anuncios a uno de cada tres

Más allá de las comparaciones, el dato cordobés tiene importancia por sí mismo. En 2024, el alquiler de temporada representaba menos de una quinta parte de los anuncios. Ahora supone el 34%. El cambio significa que la modalidad ha dejado de ser una parte pequeña y específica del mercado para convertirse en uno de sus componentes principales.

Esto puede tener especial relevancia para quienes buscan una vivienda habitual. Aunque estos datos no permiten afirmar que el 34% del parque residencial cordobés esté destinado al alquiler temporal —se refieren a los anuncios publicados en el portal y a un momento concreto de cada mes—, sí muestran que una proporción cada vez mayor de la oferta que llega al mercado se formula para estancias limitadas.

Y ahí está una de las claves del fenómeno: no se trata únicamente de que aparezcan más viviendas de temporada, sino de qué viviendas dejan de ofrecerse, potencialmente, como alquiler de larga duración. Los precios aportan otro matiz interesante al caso cordobés. En agosto de 2026, el precio mediano anunciado era de 9,5 euros por metro cuadrado para el alquiler de temporada, frente a 9,2 euros en la larga estancia. La diferencia es de apenas 0,3 euros por metro cuadrado, alrededor de un 3,3%.

Por tanto, la creciente presencia del alquiler de temporada en Córdoba no puede explicarse únicamente por una enorme diferencia de precios entre ambas modalidades. Hay otros factores que pueden estar detrás de la decisión de los propietarios de optar por contratos temporales: la flexibilidad, la demanda de determinados colectivos o la posibilidad de adaptar el uso de la vivienda a periodos concretos.

La batalla por el control de Deoleo, propietaria de algunas de las principales marcas de aceite de oliva del mundo, ha dejado de ser únicamente una operación empresarial para convertirse en un debate sobre el futuro de la principal potencia oleícola mundial. Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, una entidad en la que están agrupados miles de olivicultores del sur de la Península, ha tomado posición a favor de que sea una cooperativa española, y particularmente Dcoop, la que se haga con el control de la compañía, al considerar que una operación de estas características permitiría a los productores ganar peso en la transformación, el envasado, las marcas y la comercialización internacional del aceite de oliva.

El posicionamiento queda recogido en el artículo de opinión publicado por el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi, bajo el título Aceite de oliva: la oportunidad para liderar no sólo la producción, sino la comercialización. En él, la organización plantea una cuestión de fondo: España es líder mundial en producción de aceite de oliva, pero necesita trasladar ese liderazgo a los eslabones de mayor valor añadido de la cadena.

La eventual adquisición de Deoleo por parte de Dcoop encajaría, a juicio de la organización, precisamente en esa estrategia. No se trataría únicamente de incorporar una gran compañía al perímetro de una cooperativa, sino de acercar a los productores el control sobre una parte sustancial del negocio que se genera después de la salida del aceite de la almazara: el envasado, las marcas, la distribución y la llegada al consumidor final.

“España debe decidir ahora si se conforma con ser el gran productor mundial de aceite de oliva o da el paso definitivo para liderar también su transformación, su comercialización y las marcas que llegan al consumidor”, sostiene Martínez-Conradi en su análisis.

Una pugna entre España e Italia

El mensaje de las cooperativas andaluzas llega en plena recta final de la venta de Deoleo. La compañía está siendo objeto de interés por parte de varios grupos, aunque la disputa se ha concentrado principalmente entre la cooperativa andaluza Dcoop y el grupo italiano Coricelli, mientras Acesur también ha presentado una alternativa española.

Coricelli se situó en cabeza de la puja después de elevar su propuesta hasta los 500 millones de euros, por encima de los 470 millones atribuidos a la oferta de Dcoop y de los 460 millones de Acesur. La ventaja económica de la propuesta italiana ha situado a este grupo como favorito en distintos momentos del proceso.

Sin embargo, el proceso no está definitivamente cerrado. El plazo que Coricelli había planteado para avanzar hacia un acuerdo de exclusividad terminó sin que los accionistas de Deoleo adoptaran una decisión definitiva, lo que ha permitido a Dcoop mantener abiertas sus opciones. La situación ha vuelto a generar margen de maniobra para la cooperativa andaluza. La última información apunta además a que Coricelli ha dado más tiempo a Deoleo para negociar y concretar su eventual compra en exclusiva, por lo que la pugna continúa abierta.

El argumento de las cooperativas: producir ya no es suficiente

La tesis de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía parte de una realidad que, a su juicio, condiciona el futuro del sector. Andalucía aporta una parte esencial de la materia prima mundial, pero durante décadas una proporción importante de la transformación, el envasado y las marcas se ha concentrado fuera de la comunidad.

Italia, por el contrario, ha desarrollado una potente industria de comercialización aun dependiendo en buena medida de aceite procedente de otros países productores. El contraste entre ambos modelos es uno de los elementos centrales del análisis de Martínez-Conradi: España cuenta con la materia prima y con una enorme capacidad productiva, mientras que Italia ha demostrado una extraordinaria capacidad para transformar esa materia prima en marcas con presencia internacional. De ahí que la organización considere que el objetivo no debe limitarse a producir más aceite, sino a controlar una mayor parte de la cadena.

“Hay que concentrar oferta, integrar estructuras, invertir, internacionalizarse, crear marcas y entrar en aquellos eslabones donde se genera mayor valor”, defiende el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

El modelo cooperativo adquiere, en este planteamiento, una importancia específica. La organización argumenta que detrás de una cooperativa no existe únicamente una estructura empresarial, sino decenas de miles de agricultores que concentran su producción para mejorar su posición negociadora.

Además, Martínez-Conradi subraya una diferencia que considera decisiva: “el modelo cooperativo no se deslocaliza”. La tierra, los agricultores, las inversiones y una parte sustancial del empleo permanecen vinculados al territorio.

Dcoop, como herramienta para ganar dimensión

En ese contexto aparece Dcoop como el proyecto empresarial que, desde el punto de vista de las cooperativas andaluzas, mejor representa esa estrategia de integración. La eventual incorporación de Deoleo permitiría sumar a la capacidad productiva y comercial de Dcoop un amplio catálogo de marcas y una implantación internacional que podría reforzar el papel de España en los mercados de consumo. Deoleo se presenta actualmente como líder mundial del aceite de oliva y cuenta con marcas internacionales como Bertolli, Carapelli y Carbonell.

Para el cooperativismo andaluz, la cuestión fundamental es quién controla esos activos y hacia dónde se dirige el valor generado por ellos. La tesis no consiste, por tanto, únicamente en defender que Deoleo continúe bajo capital español. El argumento es más amplio: si una compañía con marcas internacionales, capacidad industrial y presencia en mercados estratégicos termina integrada en una gran cooperativa de productores, una parte mayor del valor añadido generado por la comercialización podría acabar repercutiendo en los propios agricultores.

“Cuando una cooperativa gana dimensión, adquiere una industria, desarrolla una marca o entra directamente en un nuevo mercado, el beneficio estratégico se amplifica”, afirma Martínez-Conradi. La organización pone como ejemplos otros procesos de crecimiento protagonizados por el cooperativismo andaluz, entre ellos Agrosevilla, Covap en Los Pedroches o Unica Group, para defender que la concentración empresarial puede convertirse en una herramienta para que los productores tengan mayor capacidad de decisión dentro de la cadena alimentaria.

Es precisamente en este punto donde las cooperativas elevan su reclamación a las administraciones públicas. Martínez-Conradi considera que Deoleo “no es una empresa cualquiera desde la perspectiva económica española” por sus marcas, su presencia internacional y su posición en mercados relevantes como Estados Unidos. A partir de esa consideración, reclama que el Estado valore el “interés nacional” que representa la operación.

En 2024, el Gobierno rechazó la autorización para la adquisición de Talgo por parte del consorcio húngaro Ganz-MaVag alegando razones vinculadas a la seguridad nacional y a la protección de una industria española considerada estratégica. Martínez-Conradi evita equiparar ambos sectores, pero considera que el precedente demuestra que el Ejecutivo puede valorar determinadas operaciones empresariales desde una perspectiva que trascienda el precio ofrecido por el comprador.

La petición de las cooperativas coincide, además, con el posicionamiento expresado por el Gobierno durante las últimas semanas. El Ministerio de Agricultura ha señalado que sigue el proceso de venta de Deoleo porque afecta al sector agroalimentario y ha manifestado su preferencia por que el comprador sea una entidad española y preserve los intereses industriales nacionales y los de los olivicultores.

La Junta de Andalucía también se ha mostrado partidaria de que Deoleo permanezca en manos españolas y, si es posible, andaluzas, debido al carácter estratégico que atribuye a la compañía para el sector oleícola. La reclamación, no obstante, se enfrenta a una cuestión jurídica relevante. El llamado “escudo antiopas” no permite al Gobierno intervenir discrecionalmente en cualquier operación protagonizada por una empresa extranjera.

La normativa sobre inversiones exteriores establece determinados supuestos en los que las adquisiciones pueden quedar sometidas a autorización previa, y el marco presenta particularidades cuando el comprador procede de otro Estado miembro de la Unión Europea. En el caso de Deoleo, expertos citados por Cinco Días han señalado las dudas existentes sobre la aplicación directa de este mecanismo al sector alimentario.

El caso de Talgo constituye, además, una excepción dentro de este sistema. Desde la puesta en marcha del mecanismo de autorización previa se han producido muy pocos vetos y la inmensa mayoría de las operaciones examinadas han sido autorizadas.

La operación, entretanto, continúa abierta. Coricelli mantiene una posición destacada después de poner sobre la mesa una oferta de 500 millones de euros, pero Dcoop sigue aspirando a convencer a los accionistas de Deoleo de que su propuesta tiene un valor estratégico superior al estrictamente económico.

La diferencia entre ambas alternativas resume buena parte del debate. Por un lado, una oferta italiana que ha ganado posiciones por su valoración económica y por las menores dificultades regulatorias que podría encontrar en determinados mercados. Por otro, una alternativa cooperativa española que reivindica la integración entre productores, industria y marcas y que cuenta con el respaldo explícito del cooperativismo agroalimentario andaluz.

El propio Dcoop ha contemplado diferentes fórmulas para superar las posibles dificultades de competencia que podría afrontar su operación, especialmente en Estados Unidos, donde su posición conjunta con el negocio de Deoleo podría generar un mayor escrutinio regulatorio. Entre las alternativas analizadas figura incluso desprenderse de su participación en Pompeian.

El desempleo en la provincia de Córdoba ha vuelto a aumentar en el mes de agosto, un mes que es malo para el mercado laboral en toda España. Según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo e Inclusión, el desempleo en Córdoba ha crecido en 545 personas en agosto, una cifra similar a la del año pasado. Eso sí, hay 6.604 personas menos en situación de demanda de empleo que hace justo un año.

En total, Córdoba cerró agosto con 45.822 personas registradas como desempleadas, lo que supone un incremento mensual del 1,20%. Aunque el dato vuelve a situar a la provincia en terreno negativo respecto al mes anterior, la comparación con agosto de 2025 ofrece una fotografía bastante más favorable: el paro se ha reducido un 12,60% interanual.

El comportamiento del mercado laboral cordobés durante agosto vuelve a estar muy condicionado por la evolución de los distintos sectores económicos. El sector servicios concentra buena parte del aumento del desempleo, mientras que también crece el número de personas sin empleo en la construcción. En sentido contrario, la agricultura es el único de los grandes sectores que consigue reducir el número de desempleados durante el mes.

Servicios y construcción elevan el paro

De las 545 personas que se incorporaron al desempleo en agosto, una parte muy importante procede del sector servicios. Córdoba contabiliza 30.514 desempleados procedentes de este sector, que representa el 66,59% de todo el paro registrado en la provincia.

En agosto, el desempleo en los servicios aumentó en 374 personas. Es, con diferencia, el sector que más contribuye al incremento mensual del paro y explica aproximadamente siete de cada diez nuevos desempleados registrados durante el mes. La construcción también presenta una evolución negativa. El número de desempleados procedentes de este sector aumentó en 146 personas, hasta alcanzar las 3.452.

El sector industrial, por su parte, se mantiene prácticamente estable, aunque también registra un ligero incremento del desempleo. En agosto había 3.959 personas paradas procedentes de la industria, ocho más que el mes anterior. A estos datos se suman las personas que no habían tenido un empleo anterior, cuyo número aumentó en 146, hasta alcanzar las 4.952.

La principal excepción dentro de esta evolución negativa se encuentra en la agricultura. Mientras servicios, construcción e industria aumentan o mantienen sus cifras de desempleo, el sector agrícola registra un descenso de 129 personas. Córdoba contabiliza 2.945 desempleados procedentes de la agricultura, el 6,43% del total provincial.

El dato resulta especialmente significativo si se observa también la contratación. La agricultura generó en agosto 5.310 contratos, el 27,97% de todos los contratos registrados en la provincia. Solo los servicios, con 9.853 contratos, superaron a la actividad agrícola.

Así, el comportamiento de agosto vuelve a poner de manifiesto el peso que tiene la actividad agraria en el mercado laboral cordobés, tanto por su capacidad para generar empleo como por su componente estacional.

El paro sigue teniendo rostro femenino

La distribución del desempleo por sexos vuelve a mostrar una importante diferencia entre hombres y mujeres. De las 45.822 personas desempleadas registradas en Córdoba, 28.219 son mujeres, frente a 17.603 hombres. Las mujeres representan, por tanto, el 61,58% del paro provincial, mientras que los hombres suponen el 38,42%.

La diferencia se hace todavía más evidente entre las personas mayores de 25 años. En este grupo se contabilizan 26.345 mujeres desempleadas, frente a 15.599 hombres. Entre los menores de 25 años, sin embargo, las cifras están mucho más equilibradas: hay 2.004 hombres y 1.874 mujeres en situación de desempleo. En conjunto, el paro juvenil representa 3.878 personas, el 8,46% del total.

La evolución del paro contrasta con la contratación. En Córdoba se registraron durante agosto 18.986 contratos, lo que supone 3.172 menos que en julio, una caída mensual del 14,32%. Sin embargo, también en este caso la comparación interanual ofrece una lectura más positiva. En relación con agosto de 2025, se registraron 1.772 contratos más, un incremento del 10,29%. La contratación, por tanto, baja con fuerza respecto al mes anterior, pero se mantiene por encima de los niveles de hace un año.

De los contratos registrados en agosto, 6.421 fueron indefinidos, el 33,82%, mientras que 12.565 fueron temporales, el 66,18%. La contratación indefinida aumenta en términos interanuales un 9,41%, con 552 contratos más que en agosto del año anterior. Los contratos temporales también crecen, en este caso un 10,75%, con 1.220 más.

El desempleo sube en toda Andalucía

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (0,64%) hasta los 530.256 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La comunidad aumenta el número de parados tras encadenar cuatro meses liderando la caída del paro a nivel nacional. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. En el último año el desempleo acumula un descenso de 62.355 parados, lo que supone un 10,52% menos.

Por sectores, el paro subió en todos excepto en Agricultura, con 869 menos. Así, las subidas estuvieron encabezadas por Servicios, 2.610 más; seguido de Construcción, con 1.082 más; Sin Empleo Anterior, 325 e Industria, con 246.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (365.996), Sin Empleo Anterior (60.779), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (28.251), Industria (28.943) y Construcción (46.287).

En cuanto a sexos, de los 530.256 desempleados registrados en julio, 323.166 fueron mujeres y 207.090 hombres.

El paro subió en todas las provincias excepto en Málaga (-409), siendo Sevilla donde hubo mayor subida (1.457), seguida por Córdoba (545); Granada (457); Jaén (393); Almería (384); Cádiz (328) y Huelva (239).

En agosto se registraron 208.756 contratos en Andalucía, un 5,55% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 78.485 fueron contratos indefinidos y 130.271 contratos temporales.

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando el desempleo subió en 54.371 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en agosto en seis ocasiones y ha subido en 25. El mayor descenso fue el de agosto de 2021, cuando disminuyó en 82.583 parados, mientras que el mayor aumento fue el registrado en 2008, cuando la crisis financiera elevó el desempleo en más de 103.000 personas en ese mes. En agosto del año pasado, el paro subió en 21.905 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 15.137 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 70.593 personas, lo que supone un 2,91% menos, con un retroceso del paro femenino de 52.974 mujeres (-3,6%) y una caída del desempleo masculino de 17.619 varones (-1,8%).

Ya terminadas tus vacaciones de verano, quizás te hayas hecho esta pregunta en voz baja durante ese momento de relax bajo tu sombrilla. Qué bien se está de vacaciones, sin tener que trabajar, haciendo todo aquello que deseas, sin prisas y sin revisar los emails.

¿Estás pensando si sería posible dejar de trabajar y vivir del dinero ahorrado? ¿Cuánto necesito tener ahorrado? Aquí es cuando debes hacer un giro en tu pregunta, no se trata de tener mucho o poco dinero ahorrado para dejar de trabajar.

¿De qué se trata entonces? Vayamos por partes.

La clave no se encuentra en el dinero que debes tener ahorrado, que también, si no de analizar cuáles son tus gastos necesarios para poder vivir. La clave está en lo que gastas, no sólo en lo que ingresas.

En primer lugar, confecciona un presupuesto para detectar realmente cuáles son tus gastos “necesarios” y cuáles son los gastos de los que puedes “prescindir”. No todos tenemos los mismos gastos, dependerá de cómo se quiere vivir y de tus ingresos activos y pasivos. Pensemos en una familia sin hijos y otra que tenga tres hijos, con hipoteca o pagando un alquiler, con salidas a cenar todos los fines de semana o sin salidas.

Detalla tus gastos anuales obligatorios. Imagina que tus gastos anuales suman un total de 25.000 euros, en este caso si tuvieras unos 50 años y quisieras dejar de trabajar a esa edad, tendrías que tener un capital ahorrado de 375.000 euros si además pudieras jubilarte con una pensión a la edad de 65 años.

Pero no sólo tener ahorrado ese capital, la clave estaría en además poner a trabajar ese capital para conseguir al menos una rentabilidad superior a la inflación, por cierto, ya rondando el 4%. En el supueso de que tus gastos anuales fueran de 50.000 euros, en este caso el capital tendría que ser de al menos 750.000 euros.

Recuerda que la clave no está en lo que ingresas, si no en lo que gastas. Empieza el mes de septiembre calculando tu presupuesto, es el primer paso para alcanzar tu libertad financiera.

¿Te atreves?

Córdoba sigue surfeando sobre la cresta de una nueva ola hipotecaria. La fiebre del ladrillo en la provincia se traduce en que durante los seis primeros meses del año se están concediendo más hipotecas para adquirir una vivienda desde que estalló la crisis inmobiliaria. Desde 2010 no había una cantidad tan alta de cordobeses que pedían un préstamo a una entidad financiera para acceder a una casa.

Eso sí, la historia no es la misma que entonces, aunque rima. En esta ocasión, los importes medios que se solicitan a los bancos son muy diferentes a los de hace 15 años, que provocaron una gran crisis de deuda. Al contrario, las entidades financieras miran con lupa la liquidez de sus potenciales clientes y es rara la operación en la que se conceda el 100% o incluso más del valor de la vivienda a adquirir. El cliente siempre tiene que aportar una parte de su ahorro.

Los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que los 3.903 préstamos constituidos sobre viviendas entre enero y junio de 2026 son el registro más elevado de un primer semestre desde 2011, pero todavía quedan por debajo de los 4.190 contabilizados en el mismo periodo de 2010. El mercado hipotecario cordobés no alcanzaba un primer semestre con tantas operaciones desde hace 15 años.

La cifra resulta especialmente significativa porque permite poner números a una sensación que se viene instalando en el mercado inmobiliario: cada vez hay más operaciones hipotecarias en Córdoba. En los seis primeros meses de este año se han formalizado 3.903 hipotecas sobre viviendas, 482 más que en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 3.421. El incremento interanual alcanza así el 14,1%.

Y no se trata de un repunte concentrado en un único mes. La serie mensual muestra que 2026 ha comenzado con fuerza: 621 hipotecas en enero, 607 en febrero, 742 en marzo, 594 en abril, 630 en mayo y 709 en junio. En todos y cada uno de esos meses la cifra supera a la registrada en el mismo mes de 2025.

Un mercado que vuelve a ganar velocidad

La perspectiva histórica permite entender mejor lo que está ocurriendo. La estadística del INE arranca en 2003 y recoge el extraordinario ciclo de expansión inmobiliaria que culminó en la primera mitad de la década pasada. En 2006 se constituyeron en Córdoba 18.871 hipotecas sobre viviendas, el máximo de toda la serie. En 2007 fueron otras 17.326. Eran años en los que el crédito hipotecario alimentaba una expansión inmobiliaria de dimensiones que hoy quedan muy lejos.

Después llegó el desplome. Las 18.871 operaciones de 2006 se redujeron a 10.515 en 2008 y siguieron cayendo durante los años siguientes: 8.698 en 2009, 8.114 en 2010, 5.947 en 2011, 4.118 en 2012 y 3.482 en 2013. El suelo se alcanzó en 2014, con apenas 2.925 hipotecas sobre viviendas en todo el ejercicio. Menos de lo que ya se han firmado entre enero y junio del 2026.

La gran diferencia está en cuánto dinero se pide. Durante los seis primeros meses de 2026, las hipotecas sobre viviendas movilizaron en Córdoba 439,1 millones de euros. La cifra supone un incremento del 15,7% respecto a los aproximadamente 379,4 millones del primer semestre de 2025. Es mucho dinero, pero la evolución es muy distinta a la de los años del boom inmobiliario.

En 2006, cuando se alcanzó el máximo histórico de operaciones, el importe de las hipotecas sobre viviendas ascendió a unos 2.086,5 millones de euros. En 2007 se mantuvo prácticamente en el mismo nivel, con unos 2.072,5 millones. Después se produjo el desplome. En 2014, coincidiendo con el mínimo de operaciones, el importe total se había reducido hasta aproximadamente 242,6 millones de euros. Desde entonces ha vuelto a crecer de manera progresiva. En 2019 superó los 500 millones y en 2025 alcanzó unos 787 millones de euros. El primer semestre de 2026 ya concentra, por tanto, más de la mitad de todo el dinero hipotecario que se prestó en Córdoba durante el conjunto del año pasado.

Si se divide el importe total entre el número de operaciones, se obtiene el tamaño medio de cada hipoteca. Y ahí el crecimiento es mucho más contenido. En los seis primeros meses de 2025, cada hipoteca sobre una vivienda representó, de media, unos 110.900 euros. En el mismo periodo de 2026, la cifra asciende a aproximadamente 112.500 euros. El aumento es de apenas un 1,4%.

Por tanto, el fuerte incremento del dinero prestado no se debe a que los compradores estén pidiendo cantidades mucho mayores a los bancos. Se debe fundamentalmente a que hay más operaciones.

La propia serie del INE permite observar esa transformación. En 2014, cuando el mercado tocó fondo, el préstamo medio rondaba los 83.000 euros. Desde entonces ha ido aumentando hasta situarse por encima de los 110.000 euros en los últimos ejercicios. En 2026, además, el importe medio se encuentra ya muy cerca del máximo histórico de la serie: los aproximadamente 119.600 euros de 2007.

Crecimiento también en Andalucía

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía en junio ha crecido un 15,7% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 10,8% a nivel nacional), tras continuar así registrando tasas positivas y sumar un total de 9.321 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 11,4%, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press.

En Andalucía se prestaron 1.511 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 32,2% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 18,4%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 11.709 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.260 millones de euros. De ellas, 197 fueron sobre fincas rústicas y 11.512 sobre urbanas.

De las 11.512 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Andalucía, 9.321 fueron sobre viviendas; 111 en solares y 2.080 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 138 y en 459 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.777 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.180 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 10.460 préstamos sobre fincas en Andalucía. De ellas 8.016 correspondieron a viviendas, 448 a fincas rústicas, 1.846 a urbanas y 150 sobre solares.

Si la provincia de Córdoba fuera un país, el sistema público de pensiones no podría funcionar. Pero en España existe una caja común que permite que otros territorios contribuyan a equilibrar las cuentas. En los manuales de la economía se considera que la Seguridad Social necesita tener a al menos dos personas dadas de alta por cada pensionista para que el sistema esté equilibrado. En Córdoba hay 1,7 trabajadores por cada pensión.

Los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social determinan que Córdoba es una provincia de pensionistas. Pero eso no significa que la economía mejore por ello. Al contrario, el importe de la pensión media en Córdoba sigue siendo uno de los más bajos de toda España. De media, lo que cobra un pensionista en España es 200 euros superior a lo que percibe en Córdoba.

Los números permiten poner dimensión a esa realidad. Córdoba contabiliza 186.445 pensiones en vigor a 1 de agosto de 2026, según los datos del Ministerio incluidos en el informe analizado. Al mismo tiempo, la provincia registraba 312.797 afiliados ocupados a la Seguridad Social a mediados de agosto, según los datos publicados por el Ministerio y recogidos por Cordópolis.

La división entre ambas magnitudes ofrece una fotografía especialmente significativa: 312.797 trabajadores para 186.445 pensiones, es decir, 1,68 trabajadores afiliados por cada pensión. Dicho de otra manera, por cada 100 pensiones existentes en Córdoba hay unos 168 trabajadores ocupados.

No se trata, en sentido estricto, de 1,68 trabajadores por cada persona pensionista. La diferencia es importante porque una misma persona puede recibir más de una pensión. De hecho, el propio Ministerio contabiliza en España 9,53 millones de pensionistas para 10,54 millones de pensiones, una relación de 1,11 pensiones por pensionista.

La comparación territorial permite apreciar mejor la singularidad cordobesa. En el conjunto de Andalucía hay 3.587.486 afiliados ocupados en la primera quincena de agosto, frente a 1.738.195 pensiones en vigor a 1 de agosto. El resultado es de aproximadamente 2,06 trabajadores por cada pensión. Córdoba queda, por tanto, claramente por debajo de la media andaluza: 1,68 frente a 2,06 trabajadores por pensión.

La comparación con España es todavía más reveladora. El país alcanza los 22.318.994 afiliados ocupados en la primera quincena de agosto y contabiliza 10.535.869 pensiones a 1 de agosto. Eso sitúa la relación en torno a 2,12 trabajadores por cada pensión. Córdoba se encuentra así unas 44 centésimas por debajo de España: 1,68 trabajadores por pensión frente a 2,12 en el conjunto nacional.

2.500 euros menos al año por pensionista que en el resto de España

La pensión media cordobesa se sitúa en 1.162,08 euros mensuales. Es una cantidad inferior a la media andaluza, que alcanza los 1.237,65 euros, y está todavía más lejos de la media española, situada en 1.373,44 euros. La diferencia con España es de 211,36 euros al mes. Es decir, un pensionista cordobés percibe de media aproximadamente 211 euros menos cada mes que el pensionista medio español. A lo largo de un año, si se proyecta esa diferencia sobre doce mensualidades, hablamos de unos 2.536 euros de diferencia anual.

Otro indicador del archivo del Ministerio ayuda a explicar la situación. En Córdoba hay 53.567 pensiones complementadas a mínimos, que representan aproximadamente el 28,7% del total. Esto significa que cerca de tres de cada diez pensiones cordobesas cuentan con este tipo de complemento. El porcentaje supera el registrado en el conjunto de España, donde se sitúa alrededor del 20%, y también el promedio andaluz, del 27,3%.

La diferencia también es significativa por sexo. En Córdoba, el porcentaje de pensiones de mujeres complementadas a mínimos alcanza el 34,3%, frente al 22,1% entre los hombres. El dato apunta a una característica estructural de las pensiones cordobesas: una parte importante de los beneficiarios llega a la jubilación o a otras prestaciones con carreras de cotización y bases reguladoras que se traducen en cuantías relativamente bajas.

El contraste con el mercado laboral resulta especialmente interesante porque Córdoba no está perdiendo afiliados. Al contrario: a mediados de agosto contabilizaba 312.797 ocupados, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Andalucía sumaba 3,59 millones y España superaba los 22,3 millones en la serie desestacionalizada.

El problema es, por tanto, menos coyuntural que estructural. La provincia puede aumentar su número de trabajadores y, al mismo tiempo, mantener una relación relativamente baja entre empleo y pensiones si el número de prestaciones también continúa creciendo. En agosto, el número de pensiones cordobesas aumentaba un 1,93% interanual.

Es una evolución que obliga a mirar más allá de los datos mensuales de empleo. La relación entre población ocupada y pensiones depende de la estructura demográfica, del número de personas que alcanzan la jubilación, de la duración de las carreras laborales y de la capacidad de la economía para generar empleo estable y con bases de cotización suficientemente elevadas.

El mes de agosto no suele ser el más activo a la hora de hablar de operaciones corporativas. Sin embargo, este año, una empresa aceitera, Deoleo –dueña de marcas como Carbonell o Koipe y que tiene su principal planta de envasado en Córdoba– se ha convertido en el epicentro de la pelea de España e Italia por el liderazgo de este producto, básico en la dieta mediterránea.

Deoleo está en manos de dos firmas de inversión, CVC y Alchemy Partners, y por ella ya han presentado ofertas la española Dcoop y la italiana Coricelli, que la valoran en cerca de 500 millones de euros. Desde entonces, la empresa vive en una montaña rusa bursátil, que deja en evidencia las especulaciones sobre su futuro. Analizamos las claves de esta operación, relevante porque España produce entre el 40% y el 45% de todo el aceite de oliva que se consume en el mundo, donde Italia y Estados Unidos son los principales países a los que exportamos.

¿Qué es Deoleo y por qué es importante para el sector?

Deoleo no produce aceite de oliva pero vende prácticamente uno de cada diez litros a nivel mundial. Gracias a marcas archiconocidas como Carbonell, Koipe o Bertolli, Deoleo vende aceite de oliva en prácticamente todo el mundo, con una cuota de mercado del 8,4%. Posee varias plantas envasadoras. La principal está en Córdoba, donde hace más de un siglo y medio nació Carbonell.

Esta multinacional es heredera de SOS Cuétara, una de las grandes empresas españolas que naufragó durante la crisis de 2008. En 2011, el grupo SOS Cuétara se fue deshaciendo de todos sus negocios alimentarios para poder pagar sus enormes deudas. Vendió el de las galletas y el del arroz, y solo se quedó con el oleícola. De ahí surgió Deoleo.

La compañía naufragó durante varios años. El mercado del aceite de oliva es uno de los más inestables. Los precios dependen de la producción (y el tiempo) y del consumo. Y en la década pasada nunca fueron especialmente rentables.

En 2014 llegó el fondo de inversión CVC al rescate. Inyectó 134 millones de euros para cuadrar cuentas y quedarse con el 30% de la compañía. Al año siguiente ya poseía la mitad de las acciones de la empresa. Desde el primer día, CVC marcó su objetivo: sanear la compañía para venderla después al mejor postor. Deoleo fue sometida a unos brutales recortes. Se cerraron plantas, se despidió al 70% de la plantilla y se reestructuró la deuda. A pesar de ello seguía sin ser rentable.

Hasta que llegó la invasión de Rusia a Ucrania y se disparó el precio del aceite de oliva. Las ventas eran las mismas en cuota de mercado pero el precio que se pagaba en el supermercado por cada litro de aceite se duplicó y hasta se triplicó. Deoleo volvió a dar beneficios. Tanto que cerró 2025 con un beneficio positivo de 20 millones de euros, tras años de pérdidas. Su facturación se elevó hasta los 851 millones. El 2026 ha comenzado incluso mejor. En el primer semestre el beneficio es ya prácticamente de 19 millones.

¿Quiénes son las empresas que quieren comprarla?

Ahora mismo hay dos pujas que se están disputando el control de Deoleo (y una tercera prácticamente descartada). La primera en fijar un precio fue Dcoop, la cooperativa de las cooperativas de aceite de oliva del sur de la Península. La segunda es la italiana Coricelli. Dcoop ha ofertado 470 millones de euros por adquirir Deoleo. Coricelli ha elevado la apuesta a los 500 millones de euros.

Dcoop asegura defender los intereses de 70.000 familias olivareras. Nació en los años setenta y hasta 2014 se llamaba grupo Hojiblanca. En su historia ha ido creciendo año a año sumando cooperativas y almazaras andaluzas, especialmente en las provincias de Sevilla y Córdoba. A diferencia de Deoleo, Dcoop produce y vende aceite de oliva. El año pasado facturó 1.421 millones de euros, aunque no solo con el aceite de oliva. También diversificó en otros negocios agroalimentarios, como la almendra o el pistacho.

Coricelli es una empresa familiar fundada en 1939 en el municipio italiano de Umbría. Una de sus filiales que tiene el nombre de su fundador, Pietro Coricelli, entró en el mercado español del aceite de oliva en el año 2000, comprando la firma de Baena Abasa. Eso sí, los números de Coricelli no son los de Dcoop ni tampoco los de Deoleo. En 2025 facturó 389 millones de euros. Apenas 79 millones fue por ventas de aceite de oliva. Su oferta de 500 millones es superior a su propia facturación. Un portavoz de la entidad asegura que la facturación es cercana a los 1.000 millones de euros, al considerar que quien ha presentado la empresa es Farmers Elite, “holding español”.

Existe una tercera compañía que ha lanzado una oferta por Deoleo, pero menor que estas dos. El grupo Acesur, que ya posee el 5% de Deoleo, ha planteado una puja de 460 millones de euros. Pero en cualquier caso, Acesur estará en cualquier operación, ya que su 5% no está en venta y se contará con la compañía.

¿Qué significaría que Deoleo fuese adquirida por Dcoop para España y qué si la compra Italia?

Que Deoleo esté controlada desde España o Italia se ha convertido en una especie de cuestión de estado en La Moncloa. Según ha podido saber este periódico, el Ministerio de Agricultura está monitorizando todo lo que está ocurriendo en estas pujas por la multinacional del aceite de oliva. España es el gran productor mundial de aceite de oliva. Dependiendo de cada campaña (donde la lluvia, el calor, el frío o las plagas juegan un papel fundamental), España suele producir entre el 40 y el 45% del aceite de oliva que se consume en el mundo. Hay provincias como Jaén que producen el 20% del aceite de oliva del planeta. Italia, en cambio, produce entre el 10 y el 15%.

Hasta hace dos décadas, España vendía a granel a Italia gran parte de su producción. Las marcas italianas envasaban y comercializaban un producto que generaba un enorme valor añadido que se quedaba en el país transalpino. Eso ha cambiado gracias a gigantes como Dcoop y Deoleo. Y ese es el motivo por el que España quiere que Deoleo y sus marcas (líderes en Estados Unidos) se queden en el país.

Si Deoleo acaba en manos italianas (aunque Coricelli trabaja en la opción de comprar la multinacional gracias a una pequeña empresa que posee en Sevilla) el famoso mantra del aceite que produce España y vende Italia regresará y se convertirá en una realidad de mercado.

¿Por qué Deoleo vale 500 millones de euros y por qué quieren venderla las firmas de inversión?

De momento, se sabe que hay esas dos ofertas sobre la mesa del consejo de administración de Deoleo: los 470 millones que propone Dcoop y los 500 de Coricelli, salvo aumentos en la puja o nuevos candidatos a entrar en ella. Un precio que incluiría tanto la deuda financiera de Deoleo, que ronda los 100 millones de euros, como una provisión por una multa que el grupo español tiene pendiente en Italia, por una disputa fiscal de su filial.

Esa cifra de, aproximadamente, 500 millones de euros no es una casualidad. Es el equivalente a 10 veces su beneficio bruto de explotación (Ebitda), que el año pasado se situó en 50 millones de euros. Es un ratio habitual a la hora de cerrar transacciones de empresas, aunque dentro de la franja alta, lo que se traduce, según explican fuentes del sector financiero, en que las empresas que pretenden comprar ven potencial a rentabilizar las marcas y acelerar sus ventas; y a que dan por saneada la deuda de Deoleo, que en 2020 estaba por encima de los 500 millones de euros.

También hay que tener en cuenta que las firmas de inversión que están en el accionariado quieren hacer caja. Por un lado, CVC, que tiene alrededor del 30% de la empresa, en la que entró hace más de una década –los fondos suelen estar alrededor de cinco años en una compañía, para reestructurarla o reorganizarla y, después, salen para rentabilizar su inversión– y desde hace tiempo quiere abrir nuevos horizontes. Por otro, Alchemy Partners, un fondo británico oportunista que se convirtió hace años en accionista de referencia de Deoleo comprando la deuda que esta tenía con las entidades financieras y, luego, transformándola en acciones de la aceitera y que ahora ve la oportunidad de salir con una guerra de ofertas que aún va a tardar semanas en decidirse.

¿Cuánto aceite exportamos y cuánto importamos?

España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, con cerca de 1,3 millones de toneladas, el 40% de toda la producción global, según la última campaña. Sin embargo, eso no significa que todo lo que se produce en España se consuma aquí, pero pone de relieve el peso de este país y el interés por ver quién se hace con uno de los grandes operadores del sector.

Si se ven los datos de esa última campaña completa, que abarcó desde el 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, España exportó más de un millón de toneladas de aceite de oliva, por un valor que se situó en el entorno de los 5.000 millones de euros. En cuanto a las importaciones, superaron las 206.000 toneladas, por valor de algo más de 857 millones de euros, según los datos que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Es relevante que el principal destino de nuestras exportaciones sea Italia –en la campaña pasada, más del 27% de todo lo exportado y más de 1.418 millones de euros, según esos datos de Agricultura–. Y, el segundo país, Estados Unidos, donde las sucesivas escaladas arancelarias de Donald Trump han causado preocupación al sector.

También es importante cómo están cambiando las importaciones. Por ejemplo, los últimos datos sobre compras españolas de aceite de oliva procedentes de fuera de la Unión Europea (UE) –entre enero y mayo– apuntan a que se han disparado un 84%, una situación que la industria achaca a la menor disponibilidad de aceite español. Mientras, los productores denuncian que ha hundido los precios en origen, principalmente en Túnez, lo que convierte al producto ese país en más competitivo.

¿Cómo va el consumo de aceite de oliva en España?

Se trata de un mercado que suele vivir fluctuaciones, pero donde el consumo doméstico local es resiliente, como se vio en la gran escalada de precios de 2022, donde el sector temía que los hogares dieran la espalda al aceite de oliva en favor de otras variedades y, aunque las ventas se resintieron, el consumo no cayó, precisamente, en picado.

Los últimos datos de un ejercicio en conjunto, de 2025, apuntan en otro sentido. El descenso de los precios medios impulsó el consumo doméstico de aceite un 6,7%, según los datos de consumo que publica el Ministerio encabezado por Luis Planas. En concreto, entre todos los aceites, se alcanzaron los 477,5 millones de litros. Y lo que tiró del consumo fue el de oliva. Agricultura señala en su análisis anual que este es “el principal motor de la categoría”, con un crecimiento en el pasado año del 20,4%, con el virgen extra creciendo más de un 33%.

Sin embargo, este 2026 no es tan brillante. “En mayo de 2026, las compras se sitúan en 22,34 millones de litros, con un descenso del 17,4% respecto al mismo mes del año anterior”, señala el panel que publica Agricultura. “Tendencia que también se traslada en valor, que disminuye un 16,5%, hasta alcanzar 107,02 millones de euros, con una subida del precio medio del 1,1%”. De nuevo, es un producto donde pesa el precio y donde la marca blanca representa en los últimos años casi la mitad de todas las ventas.

Córdoba es, con diferencia, uno de los lugares más calurosos de España. Cada verano, cada mes de julio, las noticias se suceden sobre un encadenado de temperaturas anormalmente muy altas, con máximas que casi siempre superan los 40 ºC y que hace que la vida en la calle sea muy complicada. Pero a pesar de lo que podría pensarse es algo que no ha afectado a la llegada de turistas, según los datos difundidos por la última Encuesta de Coyuntura Hotelera que el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar.

Según estos datos, que cuentan solo el número de turistas que se aloja en establecimientos hoteleros regulados y que no incluye a las viviendas turísticas, julio de 2026 ha sido un gran mes para el turismo, gracias principalmente a la llegada de visitantes de origen nacional.

En concreto, los hoteles de la provincia de Córdoba recibieron en julio 84.590 viajeros, frente a los 79.530 registrados en el mismo mes del año pasado. Son 5.060 turistas más, lo que supone un incremento interanual del 6,4%.

El dato resulta especialmente significativo porque supone un cambio de tendencia respecto a lo ocurrido durante buena parte de 2026. El turismo hotelero cordobés había comenzado el año con descensos respecto a 2025 y junio había dejado una caída especialmente pronunciada. Sin embargo, la llegada del verano ha permitido dar la vuelta a la situación y julio se convierte en uno de los mejores meses del año en términos de evolución interanual.

Más turistas, aunque todavía menos noches

El aumento de visitantes también se ha trasladado a las pernoctaciones, aunque con una intensidad menor. Los establecimientos hoteleros de la provincia contabilizaron en julio 135.663 pernoctaciones, frente a las 131.403 de julio de 2025. El incremento es de 4.260 noches, un 3,2% más.

La diferencia entre ambas tasas —un 6,4% más de viajeros frente a un 3,2% más de pernoctaciones— deja además una de las claves del comportamiento turístico del mes: Córdoba recibió más visitantes, pero estos realizaron estancias algo más cortas.

Es decir, el crecimiento de julio es real y significativo, pero no se traduce en un aumento equivalente del número de noches contratadas en los hoteles.

Aun así, el dato de pernoctaciones también resulta positivo si se compara con los dos años inmediatamente anteriores. En julio de 2024 se registraron 129.419 noches, mientras que en julio de 2023 fueron 137.399. Por tanto, julio de 2026 supera a 2024 y se queda ligeramente por debajo de 2023.

El turista español tira del verano

El principal responsable del buen comportamiento de julio es el mercado nacional. Los hoteles cordobeses recibieron en el séptimo mes del año 54.729 viajeros residentes en España, frente a los 47.105 de julio de 2025. El incremento es de 7.624 turistas, un espectacular 16,2% interanual.

La comparación con años anteriores es todavía más llamativa. Los 54.729 viajeros nacionales de julio de 2026 superan en torno a un tercio los registrados en julio de 2024 y también están claramente por encima de los de julio de 2023. Es, por tanto, el turismo español el que explica prácticamente todo el crecimiento de viajeros experimentado en julio.

El comportamiento del visitante extranjero es bastante diferente. En julio se alojaron en hoteles de la provincia 29.861 turistas residentes en el extranjero, frente a los 32.425 de un año antes. Son 2.564 menos, un descenso del 7,9%. También las pernoctaciones de los extranjeros disminuyeron: pasaron de 53.756 en julio de 2025 a 50.951 en julio de 2026, un descenso aproximado del 5,2%.

La importancia del dato de julio se entiende mejor si se observa la evolución de los meses anteriores. 2026 no estaba siendo, hasta la llegada del verano, un año especialmente positivo para los hoteles cordobeses. En enero, el número de viajeros cayó un 9,1% respecto al mismo mes de 2025. En febrero, el descenso fue todavía mayor, del 11,6%. Marzo consiguió romper temporalmente la tendencia, con un crecimiento del 2,8%, pero abril volvió a registrar una caída del 10,7% y mayo otra del 4,4%. El peor dato llegó en junio, cuando los viajeros alojados en hoteles fueron aproximadamente un 16% inferiores a los de junio de 2025.

El crecimiento del 6,4% supone un cambio brusco respecto a junio. No es simplemente una ligera mejora: entre ambos meses existe una diferencia de más de 22 puntos porcentuales en la evolución interanual. Las pernoctaciones presentan exactamente la misma fotografía. Tras un junio en el que disminuyeron alrededor de un 15,6%, julio cerró con un crecimiento del 3,2%.

Entre enero y julio, los hoteles de la provincia han alojado alrededor de 636.100 viajeros, frente a los 678.600 del mismo periodo de 2025. El descenso acumulado se sitúa en torno al 6,3%. En cuanto a las pernoctaciones, en los siete primeros meses del año se han contabilizado aproximadamente 1,086 millones, frente a los 1,153 millones del mismo periodo de 2025, un 5,9% menos.

La diferencia entre ambos datos también permite extraer otra conclusión: aunque hay menos viajeros, la caída de las pernoctaciones es ligeramente inferior. La estancia media se mantiene, por tanto, relativamente estable e incluso mejora ligeramente en el acumulado.

El comportamiento por mercados tampoco es homogéneo. El número de viajeros residentes en España acumula hasta julio una caída aproximada del 4,9%, mientras que el descenso entre los residentes en el extranjero alcanza el 8,2%.

Esto significa que el turismo internacional continúa siendo el principal punto débil del balance de 2026, aunque el fuerte crecimiento del visitante nacional en julio ha permitido reducir la distancia respecto al año anterior.

Hasta hace un par de décadas, en el mercado del aceite de oliva se repetía un mantra: España era el gran productor que vendía a Italia a granel para volver a comprar una manufactura muy elaborada. El sector del aceite de oliva estaba muy atomizado, repleto de pequeños productores y una multitud de cooperativas que se hacían la competencia entre sí. Poco a poco, España ha ido cambiando este mantra y apenas exporta aceite de oliva a Italia a granel. Al contrario, se ha convertido en un país importador, especialmente de países como Túnez. Sus grandes comercializadoras y marcas han alcanzado una dimensión tan enorme y han conquistado tantos mercados internacionales que necesitan cada vez más producto.

En España hay dos grandes empresas comercializadoras. Deoleo es una multinacional que cotiza en Bolsa y que tiene su sede en Córdoba. La semilla de Deoleo está en la ciudad y en una marca muy arraigada en todo el país: Carbonell. Por otro lado, está Dcoop, con sede en la ciudad malagueña de Antequera. Es un grupo cooperativo, una especie de unión de todas las cooperativas y almazaras del sur de la Península, que controla gran parte de la producción mundial de aceite de oliva. Este verano, la posible compra de Deoleo por parte de Dcoop está alterando al sector. Y está orillando a las comercializadoras italianas, que han intentado pugnar también por comprar Deoleo y no perder definitivamente la batalla internacional de la venta del aceite de oliva, que parece estar ganando España.

Deoleo, heredera de gran parte del negocio alimentario del grupo SOS, entro en causa de disolución en 2016. El gigante, que controlaba marcas tan reconocidas para el consumidor como Carbonell, Koipe, Bertolli o Caparelli, llegó a plantear un balance en el que triplicaba sus pérdidas hasta los 179 millones de euros. Deoleo arrastraba una enorme crisis desde 2009, cuando salieron los famosos hermanos Salazar de su consejo. Hasta 2016 encadenó un ERE tras otro. Redujo su plantilla a la mitad, cerró plantas en España e Italia, y acometió un salvaje plan de reducción de costes.

La multinacional acabó en manos de los fondos de inversión. CVC controla el 57% de sus acciones y desde su entrada en el capital ha buscado un único objetivo: sanear la empresa para venderla. En 2025, Deoleo ha presentado sus mejores números desde que en 2011 se le cambió el nombre al grupo SOS. En el primer semestre de 2026, la multinacional ha multiplicado por once su beneficio a pesar de los aranceles de Estados Unidos al aceite de oliva. El grupo está preparado para venderse al mejor postor.

CVC quiere cerrar la venta de su 57% en septiembre. Desde hace meses, dos grupos industriales de origen familiar italiano intentan entrar en el capital de Deoleo: NewPrinces y Coricelli. Pero quien parece partir con toda la ventaja es Dcoop, que lleva décadas persiguiendo a Deoleo y que según publican precisamente medios italianos como Italia Oggi parece haber ganado la carrera por controlar al gigante del aceite de oliva. La oferta alcanza los 470 millones de euros.

Deoleo se dispara en Bolsa tras la oferta de Dcoop

Las acciones de Deoleo se han disparado casi un 17% en Bolsa en los primeros compases de negociación de este miércoles tras conocerse que la cooperativa Dcoop ha ofrecido 470 millones de euros por el fabricante de Hojiblanca y Carbonell, con el que pretenden hacerse también otras compañías europeas.

La cooperativa andaluza Dcoop ofrece 470 millones de euros por Deoleo, tomando la delantera a las firmas italianas Coricelli, Bonifiche Ferraresi y Newlat Food, la francesa Lesieur (Avril) y la australiana Cobram Estate Olive.

La operación, que implicaría la adquisición del 57% del capital actualmente en manos de CVC Capital Partners, se encuentra en su fase final bajo la coordinación de KPMG, con un cierre previsto en principio para el próximo mes de septiembre. Si esta transacción se concretara, daría lugar a un gigante del aceite español, con una facturación de más de 2.200 millones de euros.

Un gigante de más de 2.200 millones de facturación

La operación no supondría únicamente sumar dos compañías. Dcoop y Deoleo representan dos partes diferentes de la cadena del aceite de oliva. Por un lado, Dcoop aporta la producción: la cooperativa malagueña es el mayor productor mundial de aceite de oliva y trabaja con una producción media de unas 220.000 toneladas de aceite de oliva virgen. Por otro, Deoleo aporta una cartera internacional de marcas, una enorme red comercial y presencia en 70 países. La combinación de ambas compañías permitiría a un grupo español ganar todavía más peso en un mercado en el que hasta ahora la producción y la comercialización han estado mucho más separadas.

Las cifras dan una idea de la dimensión que tendría el nuevo grupo. Dcoop cerró 2025 con una facturación consolidada de 1.421 millones de euros, incluyendo sus filiales españolas, mientras que Deoleo facturó 820,9 millones. Sumadas ambas cifras, el grupo superaría los 2.200 millones de euros de negocio anual, aunque la cifra final no sería una simple suma de ambas facturaciones porque habría que tener en cuenta las operaciones entre compañías y la estructura definitiva que adoptase el nuevo grupo.

El salto sería especialmente relevante en el aceite de oliva. Dcoop facturó 723,2 millones de euros en su negocio de aceite durante 2025 y comercializa el producto de miles de agricultores integrados en sus cooperativas. Deoleo, en cambio, vendió 158,3 millones de litros de aceite en ese mismo ejercicio y cuenta con una cartera de 29 marcas, entre ellas Carbonell, Bertolli y Carapelli. La primera aporta el acceso a la materia prima y una enorme capacidad de producción; la segunda, las marcas que llegan directamente al consumidor y una red comercial internacional.

El proyecto también tendría una dimensión internacional. Deoleo asegura contar con un 8,3% de la cuota del mercado mundial del aceite de oliva y estar presente en 70 países. Su fortaleza está especialmente vinculada a las marcas: Bertolli, Carapelli y Carbonell se encuentran entre sus principales activos y la compañía considera a Estados Unidos y otros mercados internacionales como territorios estratégicos para su crecimiento. Dcoop, por su parte, ya cuenta con una importante actividad exportadora y en 2025 elevó un 10,1% el volumen de sus exportaciones, aunque la caída de los precios redujo su valor económico.

El futuro grupo podría no quedarse con todas las marcas

Pero hay un elemento que hace especialmente singular la posible operación. Según la información publicada en Italia y recogida posteriormente por medios españoles, la compra de Deoleo por Dcoop podría venir acompañada de un reparto de algunas de sus marcas entre distintos grupos. El objetivo sería evitar que la concentración de determinadas marcas y posiciones de mercado generase problemas de competencia ante las autoridades regulatorias.

De acuerdo con este escenario, Dcoop asumiría el control de buena parte del negocio español de Deoleo y de marcas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca. La cooperativa reforzaría así su posición en España y Latinoamérica, donde algunas de estas enseñas cuentan con una presencia histórica. El movimiento permitiría construir una gran plataforma española de producción y comercialización de aceite de oliva, con una escala muy superior a la que tiene actualmente Dcoop por sí sola.

La parte más llamativa del posible acuerdo estaría, sin embargo, en las marcas italianas. Según la información publicada por ItaliaOggi, Bonifiche Ferraresi podría hacerse con Carapelli, mientras que Acesur asumiría Bertolli. Se trataría de un reparto posterior a la adquisición y no de una venta independiente anunciada por Deoleo.

La razón de fondo estaría en la competencia. La posición de Dcoop en Estados Unidos se ha reforzado en los últimos años con Pompeian, una de las grandes marcas de aceite de oliva del mercado estadounidense. Si además sumara Bertolli, podría acumular una posición demasiado relevante en determinados mercados. De ahí que una de las alternativas que se manejan sea separar algunas de las marcas internacionales más importantes y mantener bajo Dcoop el núcleo español del negocio.

El sindicato CCOO de Andalucía ha advertido este martes de “los riesgos que supone el proceso de desinversión y venta del Grupo Deoleo para el tejido productivo regional” y, por ello, ha exigido “la entrada de inversores con solvencia técnica y financiera que aseguren el mantenimiento del empleo directo e indirecto y el desarrollo de sus marcas estratégicas”.

La organización sindical ha manifestado en una nota su “preocupación ante una operación mercantil que pueda amenazar la soberanía de un sector clave para la economía andaluza y española”.

A este respecto, el secretario general de CCOO de Industria de Andalucía, José Hurtado Quirós, ha exigido que “cualquier posible adjudicatario tiene que asumir un compromiso firme e inequívoco con el mantenimiento del empleo en todas sus plantas operativas”, tanto de los puestos de trabajo “directos como indirectos, así como el desarrollo y potenciación de marcas icónicas y estratégicas, como Carbonell, Bertolli o Carapelli”.

En ese sentido, la central sindical ha defendido que “la calidad, la autenticidad y la trazabilidad del aceite de oliva constituyen pilares irrenunciables para la actividad comercial en el territorio”. De ahí que CCOO de Andalucía haya “rechazado categóricamente la llegada de fondos o competidores que pongan en riesgo la reputación del producto”, y ha recordado que “la capacidad productiva del grupo se vertebra en el eje Sevilla-Córdoba-Jaén, con su centro neurálgico en Antequera (Málaga)”.

Además, el sindicato ha instado al Gobierno andaluz y al Ejecutivo central a “actuar con la máxima coordinación institucional para blindar la cadena de valor del sector oleícola”. Así, CCOO de Andalucía ha llamado a “priorizar proyectos de capital nacional” y ha reclamado al Gobierno de España “el ejercicio de sus facultades legales de bloqueo sobre inversiones extranjeras si la venta compromete la estabilidad laboral y la implantación industrial en Andalucía”.

Junto a ello, CCOO de Andalucía ha reclamado “la constitución de un espacio de interlocución con la Administración y el empresariado para vigilar de manera estricta el proceso de venta de Deoleo”. La organización sindical ha ratificado también que mantendrá la movilización e iniciará “las acciones necesarias para garantizar el futuro de la clase trabajadora y evitar la desindustrialización del sector estratégico andaluz”.

A muchos olivareros no les salen las cuentas. Atendiendo a la máxima de la ley de la oferta y la demanda, en un año como el actual, con casi toda la producción aceitera vendida, los precios que se pagan en origen deberían estar subiendo y no al contrario. El propio Ministerio de Agricultura, en su avance a fecha de 31 de julio, reconoce que gran parte de la cosecha de aceite de oliva de este año está ya vendida. Sin embargo, los precios apenas se han movido y están en unos niveles, en origen, que hacen que estén incluso por debajo de la rentabilidad para gran parte de los olivareros tradicionales, tal y como denunció en un extenso estudio la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).

Ante esta aparente contradicción del mercado han puesto ya la voz de alarma numerosas organizaciones agrarias, que acusan directamente a las grandes comercializadoras de mantener los precios en origen artificialmente bajos con una artimaña: la importación, cada vez mayor, de aceite de oliva procedente de Túnez, donde hay excedentes y donde el coste de producción es mucho menor. Estas organizaciones aseguran que esa anomalía de mercado apenas se nota después en los supermercados, donde el precio que el consumidor paga apenas ha variado.

Los datos oficiales permiten poner cifras a la primera parte de esta contradicción. El avance del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), elaborado por el Ministerio de Agricultura a partir de las declaraciones obligatorias del sector, recoge una producción acumulada en la campaña 2025/26 de 1.300.799,64 toneladas a 31 de julio. Las salidas acumuladas alcanzan 1.167.743,32 toneladas. Es decir, las salidas equivalen aproximadamente al 90% de toda la producción registrada durante la campaña. Solo en julio salieron de almazaras, envasadores y operadores 95.266 toneladas.

El dato tiene una segunda lectura todavía más significativa. Las existencias finales en las almazaras se situaron en 329.940,82 toneladas, frente a las 418.582,72 toneladas del mes anterior. En un solo mes, por tanto, el stock registrado en las almazaras se redujo en 88.642 toneladas. No parece, al menos a la vista de estos datos, un mercado en el que el aceite español se esté acumulando sin salida. Al contrario: durante la campaña se ha producido un fuerte ritmo de comercialización y las existencias han experimentado una reducción muy importante durante el último mes.

Hay que hacer una precisión para no interpretar de manera incorrecta las cifras. Los 1,16 millones de toneladas de salidas acumuladas no significan literalmente que exactamente esa cantidad de la producción de esta campaña haya sido vendida, porque las salidas y las existencias incorporan movimientos y existencias procedentes del inicio de campaña. Pero sí permiten afirmar que la comercialización ha absorbido una parte muy elevada del volumen producido y que el ritmo de salidas continúa siendo considerable. Y, pese a ello, el precio no responde al comportamiento que cabría esperar si la disponibilidad de aceite español fuera el único factor determinante.

Con esas existencias, apenas quedaría aceite de oliva en las almazaras españolas para cuatro meses y medio. Es decir, los almacenes llegarían al enlace de campaña prácticamente vacíos (ya que la cosecha arranca en otoño). En años anteriores y con esos datos, los precios en origen subían de manera más que notable.

El precio sigue lejos del coste de producir

Las cotizaciones recogidas por Oleista permiten comprobar cuál es el nivel al que se está negociando el aceite en origen. En la semana 30 del año, con datos actualizados a finales de julio, la referencia española se situaba en 3,76 euros por kilo para el aceite de oliva virgen extra, 3,13 euros para el virgen y 3,01 euros para el lampante. En Andalucía, las referencias eran muy similares: 3,74 euros para el virgen extra, 3,15 para el virgen y 3,02 para el lampante.

En Córdoba, una de las principales zonas productoras españolas, Oleista situaba a finales de julio el virgen extra en 3,68 euros por kilo, el virgen en 3,40 euros y el lampante en 2,94 euros. En Jaén, otra de las grandes zonas productoras, las referencias eran de 3,97 euros para el virgen extra, 3,15 para el virgen y 3,02 para el lampante. Son precios que, especialmente en las categorías inferiores y en buena parte de las operaciones de virgen extra, quedan muy lejos de los costes calculados para determinados modelos de olivar.

El estudio actualizado por AEMO en julio de 2026 calcula que los costes medios de producción han aumentado alrededor de un 57% en los últimos seis años. El olivar tradicional no mecanizable de secano presenta un coste de 5,31 euros por kilo, mientras que el tradicional mecanizable se sitúa en 4,67 euros en secano y 4,18 euros en regadío. Incluso los sistemas intensivos presentan costes de 3,52 euros en secano y 3,20 euros en regadío, mientras que el superintensivo o en seto alcanza 3,17 euros en secano y 3,08 en regadío.

La conclusión de AEMO es especialmente preocupante para el modelo tradicional: el precio que hace unos quince años podía considerarse bueno, alrededor de tres euros por kilo, ya no sirve para cubrir los costes actuales. El estudio considera que una parte muy importante del olivar necesita precios próximos a los cinco euros para garantizar su rentabilidad. La consecuencia es que el mismo precio que para un comprador puede parecer una oportunidad de mercado puede convertirse para un agricultor tradicional en una venta a pérdidas.

La paradoja se produce mientras aumenta la entrada de aceite tunecino

Es en este punto donde las organizaciones agrarias sitúan la pieza que, a su juicio, falta para entender el comportamiento del mercado. COAG señala que en la pasada campaña ya entraron oficialmente en España más de 80.000 toneladas de aceite de oliva tunecino y que apenas 14.500 toneladas lo hicieron por los cauces habituales. Según su denuncia, unas 65.500 toneladas, el 81% del total, entraron mediante un régimen aduanero pensado para mercancías destinadas a transformación y posterior reexportación. La organización sostiene que una parte de ese aceite puede terminar compitiendo indirectamente con el producto español.

COAG pone además el foco en una segunda vía: la entrada de aceite tunecino en otros países europeos antes de su llegada a España. La organización menciona expresamente el caso de Portugal y señala que las importaciones portuguesas de aceite tunecino pasaron de 962 toneladas en 2023 a 3.406 en 2024, mientras Portugal reexportó hacia España 131.877 toneladas de aceite ese último año. La organización considera que estas operaciones dificultan conocer con claridad el origen real del producto que termina en el mercado.

OliveA Tradición y Progreso coincide en señalar el incremento de las importaciones tunecinas, aunque aporta cifras diferentes y una interpretación más centrada en el efecto que tienen sobre la formación del precio. La organización afirma, a partir de datos de Aduanas y AICA, que las importaciones procedentes de Túnez han aumentado un 85% desde 2016, hasta alcanzar una media anual de 123.000 toneladas. Según OliveA, España se ha convertido en el principal destino europeo del aceite tunecino.

La asociación señala además que en 2025 el 61% del aceite importado de Túnez, unas 95.000 toneladas según sus datos, entró mediante el régimen de perfeccionamiento activo, que permite la importación sin aranceles cuando el producto es posteriormente reexportado. Para el primer cuatrimestre de 2026, OliveA sitúa en el 96% la proporción de aceite tunecino autorizado mediante este sistema.

El régimen de perfeccionamiento activo es legal. La propia OliveA reconoce expresamente que se trata de un mecanismo sometido a control aduanero. Lo que cuestiona la asociación no es su existencia, sino su utilización creciente y, especialmente, que haya dejado de ser una herramienta excepcional vinculada a necesidades concretas para convertirse, a su juicio, en una vía estructural de abastecimiento que altera el mercado.

“Cada tonelada que entra es una tonelada que deja de comprarse aquí”

OliveA sostiene que los grandes operadores pueden recurrir al aceite tunecino, más barato, para cubrir parte de sus necesidades de comercialización y reexportación, reduciendo así la presión compradora sobre el aceite español.

La organización relaciona esta estrategia con otro dato que considera significativo: a cierre de junio de 2026 España ya había importado 202.000 toneladas de aceite de oliva, el 92% del volumen que, según su referencia, estaba previsto para toda la campaña, 220.000 toneladas. Ese volumen sería un 20% superior a la media de las cinco campañas anteriores y un 15% mayor que el registrado en la campaña precedente. OliveA sostiene que el aumento de las importaciones coincide con un descenso de las salidas desde las almazaras durante los dos últimos meses y que esta circunstancia contribuye a generar presión comercial sobre el productor español.

Es aquí donde aparece la contradicción que está provocando la alarma en el sector. Por un lado, el aceite español se vende. Por otro, España importa cantidades crecientes de aceite de otros países. Y, simultáneamente, el precio que recibe el agricultor permanece en niveles que no cubren los costes de una parte muy importante del olivar tradicional.

OliveA sostiene que buena parte del aceite almacenado continúa precisamente en las provincias donde se concentra el olivar tradicional. Según sus datos, Jaén tendría unas 160.000 toneladas, Córdoba unas 102.000, Sevilla 48.000 y Granada 22.500. En conjunto, estas cuatro provincias reunirían alrededor del 80% de las existencias nacionales.

Los datos del MAPA confirman, en cualquier caso, el enorme peso de Andalucía en la estructura productiva española. A 31 de julio, las almazaras andaluzas acumulaban 974.505 toneladas de producción durante la campaña, de las que 388.951 correspondían a Jaén y 246.735 a Córdoba. Las existencias finales en Andalucía ascendían a 262.248 toneladas.

El problema es que disponer de una parte importante del aceite no garantiza automáticamente capacidad para imponer un precio. Si los compradores cuentan con otras fuentes de suministro, la posición negociadora del productor puede debilitarse aunque el aceite nacional siga siendo necesario.

Esta es precisamente la tesis que las organizaciones agrarias quieren colocar en el debate: la existencia de aceite importado puede cambiar la relación de fuerzas en el mercado español, porque reduce la urgencia de algunos compradores para acudir a las almazaras españolas.

Y mientras tanto, el consumidor no ve una caída equivalente

La otra gran paradoja se encuentra al final de la cadena. Si la cotización en origen se sitúa alrededor de los 3,7 euros por kilo para el AOVE, cabría esperar que una reducción importante del coste de la materia prima terminase trasladándose con rapidez al consumidor. Sin embargo, los datos de Oleista para el 28 de julio mostraban precios de marca blanca de AOVE de aproximadamente 4,80-4,95 euros por litro en formato de un litro en varias grandes cadenas. Para el formato de tres litros, las referencias estaban entre 13,85 y 14,25 euros, mientras que en cinco litros aparecían referencias de 21,37 a 24,47 euros, dependiendo de la cadena y del formato.

No se puede comparar directamente un precio en origen expresado en euros por kilo con el precio final por litro: entre ambos existen costes de molturación, almacenamiento, transporte, envasado, distribución, márgenes e impuestos, además de diferencias de calidad y formato. Pero sí aparece una cuestión que preocupa al sector productor: la caída o estancamiento de la cotización en origen no se traslada de forma automática ni proporcional al precio que paga el consumidor. El agricultor, por tanto, puede estar soportando buena parte del ajuste sin que el consumidor final perciba una rebaja equivalente.

Un mercado que las organizaciones consideran “distorsionado”

OliveA afirma directamente que la evolución de las cotizaciones “no responde a la lógica del mercado”, sino a estrategias comerciales de grandes operadores. Es una acusación de enorme calado que la organización vincula al aumento de las importaciones tunecinas y a la sustitución de compras al olivar español.

COAG, por su parte, considera que la combinación de precios en origen por debajo de la rentabilidad, entrada de aceite extracomunitario y problemas de trazabilidad reúne condiciones suficientes para reclamar a la Comisión Europea la activación de mecanismos de salvaguardia. La organización ha pedido al Ministerio de Agricultura que se oponga a una eventual ampliación del contingente preferencial tunecino, que solicite la activación de las cláusulas de salvaguardia y que refuerce los controles aduaneros y de trazabilidad.

La viabilidad económica de las administraciones ubicadas en la España Vaciada depende de alcanzar “al menos” unas ventas mensuales de 62.000 euros en los diferentes productos de Loterías del Estado. Una línea roja que cada vez cuesta más superar sobre todo en las localidades más despobladas. “En municipios con 2.000 habitantes, lograr esta cifra de facturación implica que cada vecino (de cualquier edad) invierta de media en juegos 31 euros al mes. Cosa que, evidentemente, no ocurre. Si Loterías no cambia el modelo económico, estas administraciones acabarán cerrando por inviables o traspasando el negocio”, señala Borja Muñiz, presidente de la patronal de los loteros, Anapal.

En Córdoba, las administraciones de lotería sufren de lleno esta realidad donde un 12% de estos negocios están ubicados en zonas despobladas y pequeños municipios rurales. La dependencia de una población cada vez más reducida hace que alcanzar el umbral de rentabilidad sea un desafío constante, situando a estos puntos de venta en un escenario crítico de vulnerabilidad económica, según el informe de esta asociación.

El modelo económico que emplea la Sociedad Loterías y Apuestas del Estado (Selae) para gestionar su red de ventas cuenta con más de dos décadas de antigüedad. En estos 20 años se han multiplicado los diferentes tipos de juegos y los días de sorteo, han aumentado los trámites administrativos y de seguridad, se ha exigido al lotero contar con una liquidez mínima en las administraciones y adelantar pagos, entre otros. “Pero Loterías no ha sido capaz de adecuar el modelo de gestión al mismo tiempo que introducía nuevas exigencias que implican un aumento de los costes operativos y eso ha provocado una brecha que a día de hoy es insalvable para las administraciones situadas en los municipios más despoblados”, denuncia Muñiz.

En 2025, Anapal estima que el 44% de las administraciones de Lotería ya no crecía o estaba en riesgo (afectando a 1.800 loteros) y, de las 4.200 administraciones que hay en España, los 630 establecimientos ubicados en la conocida como España Vaciada son los que mayor riesgo inminente presentan.

Negativa de SELAE

Por todo ello, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal) ha decidido romper relaciones con Selae después de que éste le haya manifestado su negativa a revisar las condiciones económicas de las administraciones de Lotería.

“Con esta decisión Selae está apostando contra su red de ventas. Es una actitud ilógica e incomprensible, que en cualquier empresa privada sería inviable”, ha explicado Borja, presidente de Anapal. La red de administraciones de lotería, llamada básica, aporta el 77% de las ventas de la Lotería.

Sin embargo, Selae lejos de fomentar el aumento de las ventas de la Lotería, un producto con gran arraigo cultural en España, lo está tensionando. Los profesionales de la red de ventas llevan meses alertando del deterioro progresivo de la rentabilidad de las administraciones de lotería en España, según se desprende de un análisis económico realizado por Anapal.

Los datos reflejan una creciente presión económica para el colectivo donde sólo un 15,5% de las administraciones considera que su negocio es rentable y con margen de crecimiento. Para Anapal, la combinación de estos datos apunta a un riesgo creciente para la sostenibilidad del modelo actual de administraciones de lotería, que constituye la base del sistema de distribución del juego público en España.

“Sin Loteros no hay Lotería”

Para dar a conocer esta problemática y trasladarla fuera del ámbito estrictamente interno de Selae, Anapal ha puesto en marcha la campaña “Sin Loteros no hay Lotería”. La entidad defiende así que la red de administraciones de lotería no puede seguir operando con un modelo desactualizado, mientras asume costes crecientes, nuevas exigencias operativas y una presión cada vez mayor del canal digital.

Bajo el paraguas de esta campaña, Anapal ha programado una agenda de reuniones con instituciones, organizaciones empresariales y representantes públicos en Congreso y Senado, con el objetivo de seguir sumando apoyos y avanzar hacia una revisión estructural que garantice la sostenibilidad futura de las administraciones de lotería.

Un estudio internacional del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) y el Occidental College ha desmontado “el mito de la economía de servicios como motor de desarrollo y advierte de ”la precariedad del sector“, a la ve que ha propuesto ”nuevas líneas de investigación y políticas públicas para mejorar la calidad de vida“.

Según ha informado el IESA-CISC en una nota, la investigación, publicada en 'Environment and Planning A: Economy and Space', está impulsada por el investigador del Ramón y Cajal en el IESA-CSIC, Jaime Jover, y la investigadora del Occidental College de Los Ángeles (Estados Unidos), Claire Cahen.

Con este análisis se pone de manifiesto que “si bien la terciarización económica es parte del crecimiento a través de empleos en sectores tecnológicos, informáticos o servicios financieros, el peso de esta expansión terciaria lo llevan empleos de baja cualificación, normalmente feminizados e incluso, en ámbitos como el español, racializados”, según ha explicado el co-autor del estudio Jaime Jover.

El trabajo propone que la geografía económica no aborda la transición hacia una economía de servicios, ni cómo ésta afecta al empleo, en concreto, “a cómo la mayoría de los puestos de trabajo creados pertenecen a la economía de cuidados y son de baja cualificación o precarios”.

Se trata de trabajos dedicados a reproducir la vida, es decir, limpieza, cocina, sanitario, de cuidados, etcétera, que, además, “suelen realizarlo en un alto porcentaje personas migrantes y muchas veces fuera de la economía formal”, según ha indicado Jover.

Así, los autores tratan de poner en valor el trabajo tradicionalmente invisibilizado de los cuidados en sus diferentes formas, proponiendo una mejor redistribución de la riqueza “para reducir desigualdades y dignificar la vida a través de más derechos de las trabajadoras en este tipo de empleos que no hace tanto, en el contexto de una pandemia, definíamos como esenciales”.

Doble vertiente

El trabajo muestra cómo la expansión de este tipo de empleo de servicios de baja cualificación funciona con una doble intención, ya que es “una forma de hacer frente a la crisis de producción, fruto de la caída de la tasa de beneficios industrial y manufacturera y, por tanto, del empleo en estos sectores”.

En segundo lugar, según ha indicado el co-autor, la investigación cuenta con el objetivo de hacer frente a la crisis de cuidados, ya que, “la inexistencia o retirada de las prestaciones sociales de los estados del bienestar, la cada vez más pequeña implicación empresarial en beneficios sociales para sus trabajadores y la precariedad del trabajo general implica salarios bajos, cada vez menos poder adquisitivo y tiempo hacia tareas necesarias para reproducir la vida”.

Según Jover, se trata de “estudiar esta transición, sus diferencias entre regiones del planeta en perspectiva histórica, a la vez que se proponen nuevas líneas de investigación y políticas públicas para mejorar las condiciones laborales y de vida de estas personas”.

Cabe destacar que esta revisión documental ha analizado datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto a trabajos académicos, reportes gubernamentales, informes de consultoras, bancos y agencias privadas, documentación del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, tanto a escala global como nacional.

En particular, los autores han estudiado los casos de Argentina y Estados Unidos, al mostrar una transición hacia la economía de servicios basada en la acumulación de empleo de baja cualificación. Este trabajo de investigación está financiado a través de la Ayuda RYC2024-050520-I financiada por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por el FSE+.

La compraventa de viviendas en la provincia de Córdoba continúa acelerándose y aproximándose a los datos que había antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Según los datos publicados este viernes en el Instituto Nacional de Estadística (INE), el primer semestre de 2026 se ha cerrado con 5.794 operaciones, un 7,6% más que en el mismo periodo del año anterior y el mejor registro para los seis primeros meses del año desde 2007.

Aquel año se contabilizaron 6.038 transacciones entre enero y junio. Eran los tiempos previos a la caída de Lehmann Brothers, que tuvo lugar en septiembre de 2008, y la posterior crisis inmobiliaria. Los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman así que el mercado residencial cordobés mantiene una tendencia de crecimiento sostenido.

Las 5.794 compraventas formalizadas entre enero y junio suponen 409 operaciones más que en el primer semestre de 2025, cuando se registraron 5.385. El incremento consolida la recuperación del mercado inmobiliario y sitúa a la provincia en niveles que no se alcanzaban desde hace casi dos décadas.

La comparación con los años de la burbuja inmobiliaria refleja, sin embargo, que el máximo histórico todavía queda cerca. En el primer semestre de 2007 se formalizaron 6.038 compraventas de viviendas, apenas 244 más que en la actualidad, una diferencia del 4%. Desde entonces, ningún ejercicio había logrado acercarse tanto a aquel volumen de operaciones.

La evolución reciente también pone de manifiesto el dinamismo del mercado. Junio fue además el mes con mayor actividad del semestre, al contabilizar 1.141 compraventas, por delante de febrero (1.016) y marzo (981). En el lado contrario, abril fue el mes con menos operaciones, con 852 transmisiones por compraventa.

Las compraventas continúan siendo el principal motor del mercado inmobiliario cordobés. En el conjunto del semestre representaron el 63,5% de todas las transmisiones de viviendas inscritas en la provincia, una proporción superior a la del mismo periodo de 2025, cuando suponían el 60,5%. En total, entre enero y junio se registraron 9.118 transmisiones de viviendas por cualquier título de adquisición, incluidas herencias, donaciones, permutas y otros negocios jurídicos.

El mercado laboral de la provincia de Córdoba es muy desigual. Por tamaño, la capital sigue concentrando, con enorme diferencia, el mayor volumen de personas inscritas en las listas del desempleo, mientras que varios municipios de escasa población apenas superan la decena de parados. Zuheros, uno de los más pequeños (aunque no el que más), es el pueblo cordobés con menor número de parados, según el último análisis del mercado laboral a nivel municipal publicado por el Ministerio de Trabajo.

El ranking provincial sitúa a Córdoba como el municipio con más desempleados registrados, con un total de 23.906 personas, una cifra que multiplica por más de nueve la del segundo municipio de la lista. Tras la capital aparecen Lucena, con 2.602 parados, y Puente Genil, con 1.894, consolidándose como las otras dos grandes bolsas de desempleo de la provincia.

Por encima del millar de desempleados también figuran Montilla, con 1.103 personas, y Priego de Córdoba, con 1.082. Muy cerca de ese umbral se sitúan Peñarroya-Pueblonuevo (990), Pozoblanco (982), Palma del Río (936) y Cabra (923), mientras que Baena completa el grupo de los diez municipios con más paro registrado al contabilizar 791 desempleados.

A partir de ahí, las cifras descienden progresivamente. Municipios como La Carlota (653), Almodóvar del Río (588), Fernán-Núñez (475), Hinojosa del Duque (468), Villa del Río (415) o Fuente Obejuna (413) se mantienen por encima de las 400 personas desempleadas, mientras que otras localidades de tamaño medio presentan registros inferiores a esa barrera.

En el extremo opuesto del listado aparecen los municipios con menor volumen absoluto de desempleo, una situación estrechamente relacionada con su menor población. Zuheros ocupa la última posición del ranking provincial al registrar únicamente 13 personas desempleadas durante el mes de junio.

Le siguen Valenzuela, con 16 parados, y El Guijo, con 17, mientras que Conquista contabiliza 19. También figuran entre las localidades con menos desempleo Fuente-Tójar y Valsequillo, ambas con 21 personas, además de Fuente la Lancha (25) y Santa Eufemia (26).

El análisis de la evolución durante el primer semestre de 2026 muestra comportamientos distintos entre los municipios con mayor y menor desempleo. En los tres que encabezan el ranking —Córdoba, Lucena y Puente Genil— se aprecia una ligera tendencia descendente a lo largo de los seis primeros meses del año, reflejando una reducción gradual del número de personas inscritas como demandantes de empleo.

Por el contrario, en los municipios con menor paro —Zuheros, Valenzuela y El Guijo— las variaciones mensuales resultan proporcionalmente más llamativas debido al reducido volumen de desempleados. No obstante, durante todo el semestre se mantienen muy por debajo de las 30 personas paradas, consolidándose como las localidades con mejores cifras de la provincia en términos absolutos.

La fotografía del desempleo en junio de 2026 vuelve a evidenciar el peso que tienen los grandes núcleos urbanos en el conjunto del mercado laboral cordobés. Solo la capital concentra una cifra de desempleados muy superior a la suma de decenas de municipios de menor tamaño, mientras que en numerosas localidades del norte y la Subbética el paro registrado se mantiene en niveles muy reducidos debido a su dimensión demográfica.

Julio ha vuelto a ser un buen mes para el mercado laboral de la provincia de Córdoba que, no obstante, presenta disfuncionalidades. En un periodo en el que ha vuelto a caer a mínimos el número de desempleados, la provincia ve también cómo se registra un leve descenso en los afiliados a la Seguridad Social y cómo de los parados tres de cada cinco son mujeres. En este mes de julio, de nuevo el sector servicios ha contribuido a que el desempleo caiga, gracias a las campañas especiales de contratación del verano.

Los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo sitúan el número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 45.277, lo que supone un descenso de 794 desempleados respecto al mes de junio. Es la cifra más baja de toda la serie histórica, que comienza a analizarse en el mes de enero de 2005. Desde entonces, nunca ha habido tan pocos desempleados en la provincia. La caída equivale al 1,72%, mientras que en comparación con julio del pasado año el paro se ha reducido en 6.620 personas, un descenso interanual del 12,2% que confirma la buena evolución del mercado laboral cordobés durante el último ejercicio.

Pese a la mejora del desempleo, la afiliación media a la Seguridad Social ha experimentado un ligero retroceso durante julio. La provincia contabilizó 314.326 afiliados, es decir, 891 menos que en junio, lo que representa una caída mensual del 0,28%. No obstante, la comparación con hace un año sigue siendo positiva, ya que actualmente trabajan en Córdoba 6.861 personas más que hace doce meses, un incremento del 2,23%.

El comportamiento del empleo durante julio responde en buena medida a factores estacionales. Mientras que el inicio de la temporada alta turística impulsa la contratación en numerosas actividades vinculadas a los servicios, otros sectores reducen su actividad una vez finalizadas las campañas agrícolas o con la llegada del periodo vacacional, circunstancia que explica el ligero descenso de afiliados pese a que el desempleo continúe reduciéndose.

El sector servicios vuelve a ser el principal motor de la reducción del paro. En él se concentra, además, la mayor parte de los desempleados de la provincia, con 30.140 personas, cerca de dos terceras partes del total. Le siguen la categoría de personas sin empleo anterior, con 4.806 desempleados, la industria (3.951), la construcción (3.306) y la agricultura (3.074).

Precisamente, durante julio el mayor descenso del desempleo se produjo en los servicios, con 737 parados menos, seguido de la agricultura, que redujo sus listas en 13 personas. También descendió el paro en la industria (29 menos) y subió en la construcción (14).

La estadística vuelve a poner de manifiesto una de las principales debilidades estructurales del mercado laboral cordobés: la brecha de género. De las 45.277 personas desempleadas, 27.934 son mujeres, frente a 17.343 hombres, de modo que alrededor del 62% de quienes buscan empleo en la provincia son mujeres, una proporción que apenas varía mes tras mes.

Por edades, el desempleo continúa concentrándose en la población mayor de 25 años. En este grupo se encuentran 41.524 personas, mientras que los menores de esa edad suman 3.753 desempleados, lo que evidencia que el grueso del paro sigue afectando a trabajadores con una trayectoria laboral previa.

En paralelo, la contratación descendió durante julio. En la provincia se firmaron 22.158 contratos, un 13,05% menos que en junio y un 0,59% menos que hace un año. De ellos, 6.920 fueron indefinidos y 15.238 temporales, lo que significa que casi siete de cada diez contratos registrados durante el mes fueron de carácter temporal.

Con todo, los datos dejan una fotografía de estabilidad en el mercado laboral cordobés. El paro sigue descendiendo hasta situarse en niveles que no se registraban desde hace años, aunque el empleo medido a través de la afiliación a la Seguridad Social acusa un ligero ajuste estacional propio del verano. La evolución durante los próximos meses permitirá comprobar si esa creación de empleo logra consolidarse una vez finalice la campaña estival.

Los datos del primer semestre de 2026 no son muy positivos para el sector del alojamiento en Córdoba. Tras varios años de recuperación, los hoteles de la provincia han perdido cerca de 50.000 viajeros respecto al mismo periodo del año anterior. Al mismo tiempo, los apartamentos turísticos han registrado un crecimiento sin precedentes, con un incremento superior al 35% en el número de clientes. Sin embargo, ese auge no ha sido suficiente para compensar el retroceso hotelero: sumando ambas modalidades de alojamiento, Córdoba cerró los seis primeros meses del año con 35.676 viajeros menos, un descenso del 5,6% respecto al primer semestre de 2025.

Los hoteles siguen concentrando la inmensa mayoría de la demanda turística. Entre enero y junio alojaron a 551.515 viajeros, frente a los 45.758 que optaron por apartamentos turísticos. No obstante, como ocurre desde la pandemia, la evolución de ambos segmentos ha sido completamente opuesta. Mientras los establecimientos hoteleros perdieron 47.602 clientes, los apartamentos ganaron 11.926, lo que permitió recuperar aproximadamente una cuarta parte del terreno perdido por los hoteles.

El comportamiento resulta todavía más significativo porque revela un desplazamiento parcial de la demanda hacia otras fórmulas de alojamiento. Hace apenas un año los apartamentos turísticos representaban el 5,3% de todos los viajeros alojados en establecimientos reglados de la provincia. Doce meses después esa cuota ha aumentado hasta el 7,7%, un crecimiento de 2,4 puntos porcentuales en solo un ejercicio.

La capital reproduce el mismo patrón

La evolución en Córdoba capital es prácticamente un reflejo de lo ocurrido en el conjunto de la provincia. Los hoteles perdieron 43.745 viajeros, al pasar de 512.110 a 468.365, una caída del 8,5%. Paralelamente, los apartamentos turísticos aumentaron su clientela en 8.077 personas, hasta alcanzar los 46.563 viajeros, un crecimiento del 21%.

El resultado conjunto vuelve a ser negativo. Sumando hoteles y apartamentos, la capital recibió 514.928 viajeros, frente a los 550.596 del primer semestre de 2025, lo que supone una pérdida de 35.668 turistas y un descenso del 6,5%. También en la ciudad aumenta el peso relativo de los apartamentos turísticos. Si hace un año concentraban el 7% de los viajeros alojados en establecimientos reglados, ahora representan ya el 9%, es decir, prácticamente uno de cada diez visitantes que pernoctan en alojamientos turísticos de la capital.

Otra de las diferencias entre ambos modelos aparece al analizar el origen de los viajeros. En los hoteles, tanto el turismo nacional como el extranjero retrocedieron durante el primer semestre. En la provincia, los viajeros residentes en España descendieron un 7,7%, mientras que los internacionales lo hicieron un 8,2%. En la capital, la caída fue incluso mayor entre los visitantes extranjeros, con un descenso del 10,6%.

En los apartamentos turísticos, en cambio, el comportamiento fue muy diferente. El crecimiento estuvo impulsado fundamentalmente por el mercado nacional. En el conjunto de la provincia, los viajeros españoles aumentaron un 48%, compensando ampliamente la reducción del turismo extranjero, que cayó un 30,7%. En la capital también fueron los residentes en España quienes protagonizaron el incremento más intenso, con un crecimiento del 31,4%, mientras que los visitantes internacionales permanecieron prácticamente estables, con una ligera subida del 1,4%.

Más noches en apartamentos

La evolución de las pernoctaciones confirma además que el crecimiento de los apartamentos no responde únicamente a un mayor número de clientes, sino también a estancias más prolongadas. Mientras los hoteles provinciales perdieron 71.845 pernoctaciones, un 7% menos que un año antes, los apartamentos turísticos sumaron 28.369 noches adicionales, lo que supone un incremento del 28,6%.

En la capital el contraste resulta aún más evidente. Los hoteles redujeron las pernoctaciones un 8,5%, mientras que los apartamentos las incrementaron un 31,5%, con aumentos tanto entre los viajeros nacionales como entre los extranjeros.

Los datos del INE apuntalan el crecimiento de los apartamentos turísticos y el hecho de que su peso dentro de la oferta reglada aumenta año tras año. Sin embargo, las cifras muestran también que ese cambio de preferencias todavía está lejos de compensar el retroceso sufrido por los hoteles. Al cierre del primer semestre, los apartamentos han ganado protagonismo, pero continúan representando menos de una décima parte del total de viajeros alojados en establecimientos reglados.

Como siempre, los datos están incompletos, ya que el INE no ofrece datos de ocupación en los pisos turísticos, que son el modelo de alojamiento que más plazas oferta en la ciudad.

Los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística Extrahotelera revelan que los apartamentos turísticos de Córdoba han registrado un mes de junio de 2026 de fuerte crecimiento. En claro contraste con el sector hotelero, que sufrió caídas superiores al 15% tanto en la capital como en la provincia, este modelo de alojamiento superó con creces los registros del año anterior.

La clave principal de este repunte se encuentra en el comportamiento del viajero nacional, que ha elegido de forma masiva los apartamentos turísticos frente a otras alternativas. En el conjunto de la provincia, los residentes en España que optaron por este hospedaje pasaron de 3.087 en junio de 2025 a 5.292 en el mismo mes de 2026, lo que supone un espectacular incremento del 71,43%. Este volumen también se trasladó a las pernoctaciones, generándose 11.544 noches consumidas por españoles frente a las 6.911 del año anterior (+67,04%).

La ciudad de Córdoba fue el gran motor de esta subida. Los apartamentos de la capital alojaron a 4.271 turistas nacionales, un 73,48% más que los 2.462 contabilizados en el bache de junio de 2025. Las pernoctaciones de españoles en la capital también experimentaron un alza formidable del 72,60%, escalando hasta las 9.769 noches.

Gracias a este fuerte impulso interno, los números globales del mes de junio son sumamente positivos. La provincia sumó un total de 8.819 viajeros en apartamentos (un 31,37% más que los 6.713 de 2025) y logró 18.983 pernoctaciones (un aumento interanual del 30,21%). Estas cifras no solo corrigen la caída del año pasado, sino que superan holgadamente los registros previos de junio de 2024, cuando se contabilizaron 8.357 viajeros y 15.012 pernoctaciones a nivel provincial.

En la capital, la tendencia alcista fue idéntica: el total de viajeros se situó en 7.547 (+31,46% interanual respecto a los 5.741 de 2025) y el volumen de pernoctaciones alcanzó las 15.718 (+28,42%).

A diferencia del boom experimentado por el turista nacional, el visitante extranjero mostró un perfil mucho más plano. En la provincia, el número de viajeros residentes en el extranjero bajó un ligero 2,73% (de 3.626 en 2025 a 3.527 en 2026), mientras que sus pernoctaciones cayeron un 2,99%. En la capital, la afluencia foránea se mantuvo prácticamente congelada en número de visitantes, pasando de 3.279 a 3.276 viajeros internacionales (-0,09%). Sus pernoctaciones en la ciudad, sin embargo, descendieron un 9,59%, situándose en 5.949 noches.

Un junio bastante contraído a nivel global

Con estos datos y los de los hoteles, la visión general es la de un contracción general de las llegadas, a pesar de las campañas que han buscado estimular la oferta de la ciudad a través de festivales privados y públicos. En conjunto, la ciudad de Córdoba recibió a 75.344 viajeros en junio de 2026, frente a los 89.281 contabilizados en el mismo mes del año anterior. Esta pérdida de 13.937 visitantes supone una caída global del 15,61% en la afluencia turística de la ciudad.

Además, más allá de la pérdida absoluta de turistas, las estadísticas revelan un claro cambio de tendencia en las preferencias de alojamiento. En junio de 2025, la hegemonía de los hoteles era casi absoluta, acogiendo al 93,57% de los visitantes (83.540 viajeros), mientras que los apartamentos turísticos representaban un 6,43% con sus 5.741 huéspedes. Un año después, el escenario se ha reconfigurado: los hoteles han visto mermar su cuota de mercado hasta el 89,98% (67.797 clientes), cediendo terreno ante el avance de las viviendas turísticas.

Esta redistribución de la demanda ha permitido que los apartamentos extrahoteleros alcancen una cuota de mercado del 10,02% en la capital, tras sumar 7.547 clientes en el inicio del verano de 2026. De este modo, el sector supera una barrera estadística significativa: ya uno de cada diez turistas que decide pernoctar en establecimientos reglados en la ciudad de Córdoba elige alojarse en un apartamento turístico, consolidando este modelo como una alternativa cada vez más consolidada frente a la oferta tradicional.

La joyería de Córdoba ha conseguido la catalogación del sector local Indicación Geográfica Protegida (IGP) después del visto bueno por la Unión Europea. Así lo han confirmado las autoridades locales y los responsables de la asociación de joyeros en una rueda de prensa realizada en el Ayuntamiento de Córdoba después de que el organismo europeo haya informado a las partes de la declaración.

“Es un antes y un después para la joyería cordobesa. Este proyecto empezó incluso antes de que hubiera una directriz europea”, empezaba relatando un Isidoro García Escribano, presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba. Este anuncio ha dejado un profundo reconocimiento en el sector, ya que esta IGP sigue colocando a Córdoba “como un referente de la joyería a nivel europeo”. “Agradecemos a todas las personas y a las instituciones por ayudarnos a conseguir este reconocimiento. Protege a todos los que han participado en la joyería cordobesa”.

Además, la IGP, según la asociación, también hace que la joyería de Córdoba sea ahora diferenciada en un mercado global. Este reconocimiento significa un valor añadido gracias a la validación de una Unión Europea. “No se protege únicamente a un producto, se protege un conocimiento técnico, una tradición artesanal y una forma de entender la joyería que ha sido transmitida de generación en generación”.

Este sello IGP llega después de más de una década de trabajo en un proyecto estratégico impulsado por la asociación. De hecho, esta organización entendió que la joyería de Córdoba reunía todas las características necesarias para acceder a una figura de protección europea, pero, sin embargo, no era posible. Porque este reconocimiento europeo solo contemplaba IGP para productos no agroalimentarios.

Pese a ello, esta situación comenzó a cambiar cuando las instituciones europeas iniciaron los trabajos para desarrollar un sistema específico de protección para los productos artesanales e industriales. De hecho, Córdoba albergó en abril de 2016 una Jornada Internacional sobre Indicaciones Geográficas de Productos No Agroalimentarios.

Esto hizo que, siete años después, la Unión Europea publicó el reglamento 2023/2411 para crear un sistema europeo de protección para productos artesanales e industriales. Esto hizo que la asociación intensificase se trabajó para que, poco más de 3 años después, obtengan el sello IGP. “Para daros un dato muy importante, somos los primeros en conseguir este reconocimiento en España y Europa en nuestro sector”, culmina en su intervención Isidoro García Escribano.

Ayuntamiento de Córdoba, Diputación y Junta de Andalucía, unidos para apoyar a la joyería

Acompañando a Isidoro García Escribano en la comparecencia ante los medios de comunicación estaban José María Bellido, alcalde de Córdoba; Adolfo Molina, delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba; y Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba. En primer lugar, el representante del Gobierno autonómico ha destacado que la concesión de la IGP es un reconocimiento al talento, el esfuerzo y la tradición industrial y artesanal que definen la identidad de Córdoba desde hace siglos. Además ha subrayado que este distintivo europeo ratifica oficialmente la excelencia, el diseño y la reputación de la joyería cordobesa, posicionando a la ciudad como pionera y líder en el sector.

Por su parte, Salvador Fuentes ha puesto en valor la magnitud económica del sector, que cuenta con 1.000 fabricantes y genera unos 15.000 empleos, representando el 60% de la producción nacional de joyería en España. El presidente de la Diputación ha calificado el concepto del “poder del origen” como un sello de calidad diferenciada que otorga un salto cualitativo a un producto que ya es referente mundial. Fuentes ha elogiado el talento y el esfuerzo discreto de décadas de empresarios y trabajadores cordobeses que, tras una lucha constante en Europa, han logrado que Córdoba sea la primera en obtener este reconocimiento para un producto no agroalimentario.

José María Bellido ha calificado la jornada como un día histórico para la economía y el patrimonio de la ciudad, al ser la primera vez que España logra una IGP para un producto industrial y artesanal. Para explicar la trascendencia del logro, el dirigente ha definido la estrategia en las “cinco P”: Córdoba es pionera al abrir camino en Europa con este nuevo reglamento; ofrece protección legal frente a falsificaciones y garantiza la tradición; supone una promoción única al exportar un producto reconocido por la UE como algo único; otorga un prestigio indudable a todo el sector; y, finalmente, resguarda el patrimonio material e inmaterial que identifica a los cordobeses.

El Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), organismo de la Diputación de Córdoba, pone en marcha una convocatoria para la concesión de ayudas, por un importe total de 200.000 euros, destinadas a sufragar gastos de adquisición de medios materiales técnicos, funcionales o instrumentales que mejoren la autonomía y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, con discapacidad o en proceso oncológico“.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la responsable de Derechos Sociales en la institución provincial, Irene Aguilera, quien ha incidido en que “estas ayudas tienen también el propósito de mejorar la capacidad de las personas cuidadoras para llevar a cabo las actuaciones básicas en la vida diaria en su domicilio habitual”.

La diputada provicnial ha destacado que “el objetivo principal de esta convocatoria es garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad o dependencia puedan seguir residiendo en sus hogares con las mayores cotas de dignidad y autonomía posibles”.

Aguilera ha hecho hincapié en “el compromiso de la institución provincial con las políticas sociales”, porque es “una prioridad mejorar la calidad de vida de los vecinos y en esta apuesta decidida seguiremos trabajando”.

Los beneficiarios de estas ayudas serán las personas que residan en municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia de Córdoba, que tengan reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus grados; aquellas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33% y pacientes oncológicos en proceso terapéutico.

La convocatoria establece ayudas para adaptaciones del hogar, como camas articuladas, mesas auxiliares, asientos elevadores, extensores de patas para elevar muebles; ayudas a la alimentación, como vajillas adaptadas, cubiertos con mandos anatómicos, tablas de cortas antideslizantes; y otras para la higiene personal, como sillas de duchas con ruedas, asideros en duchas, sistemas de lavado tipo bidé. También serán subvencionables dispositivos de comunicación para personas con movilidad reducida y prótesis capilar adaptada o peluca oncológica.

La diputada ha informado de que quedan expresamente excluidas de esta convocatoria obras de adecuación funcional de hogares como las obras necesarias para la instalación, si fuera posible, de las ayudas técnicas y funcionales; y las gafas graduadas para corregir defectos de refracción y los audífonos.

En ningún caso, la subvención otorgada podrá ser superior al 80% del coste total ni a 2.000 euros. La ayuda tendrá carácter prepagable, una vez que se haya publicado la resolución definitiva, salvo que la actividad ya se hubiera realizado, en cuyo caso se abonará previa justificación por el beneficiario. Y se sufragará total o parcialmente aquellos medios materiales técnicos, funcionales o instrumentales adquiridos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2027 (ambos incluidos).

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 24 de agosto.