La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a un vecino de Palma del Río (Córdoba) como presunto autor de un delito contra la fauna, por el supuesto abatimiento de un ejemplar de halcón abejero cuando se encontraba practicando la caza en un coto cinegético del término municipal de Córdoba.

La investigación se inició durante el pasado mes de agosto, coincidiendo con el periodo de la caza en media veda, después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento de los hechos gracias a la colaboración ciudadana. A raíz de la información recibida, los agentes realizaron diferentes gestiones de investigación que permitieron identificar y localizar al presunto autor.

En el transcurso de las actuaciones, se solicitaron dos informes técnicos independientes con objeto de determinar la especie de ave implicada en los hechos, siendo uno de ellos elaborado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil y el otro por la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Tras el análisis y estudio de los indicios obtenidos, ambos informes coincidieron en la plena identificación del ave como un ejemplar de halcón abejero.

Dicha especie se encuentra incluida en el Listado Nacional y en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, recogiendo sendos informes una valoración pericial del daño total causado al medio natural por la extracción de este ejemplar, que asciende a 151.050,35 euros.

Como resultado de las investigaciones practicadas, la Guardia Civil procedió a investigar a esta persona por un supuesto delito contra la fauna por el abatimiento de una especie protegida durante el ejercicio de la actividad cinegética. 

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba y, en paralelo, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que el abatimiento de especies silvestres protegidas puede dar lugar a responsabilidades penales y administrativas.

La Guardia Civil ha investigado a 60 personas por varios delitos de estafa supuestamente cometidos mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), que afectaron a empresas del sector oleícola de Córdoba, con el resultado de 45 cuentas bancarias intervenidas relacionadas con el blanqueo de capitales y unos 475.000 euros bloqueados en dichas cuentas.

Durante el mes de agosto de 2026 se han explotado distintas operaciones desarrolladas por la Guardia Civil a lo largo de los últimos años, consiguiendo esclarecer varias estafas mediante la técnica conocida como Business Email Compromise (BEC) donde, los presuntos autores, accedían ilegalmente a las comunicaciones electrónicas que las empresas perjudicadas mantenían con sus proveedores y clientes, pudiendo obtener de esta manera información relacionada con las operaciones comerciales y de facturación.

Posteriormente, los investigados procedían a la sustitución fraudulenta de esta documentación, sobre todo facturas, utilizando para ello el acceso obtenido a los servidores de los dominios de las empresas o mediante el envío de correos electrónicos de tipo phishing, de manera que se hacían pasar por las empresas reales mediante el uso de cuentas de correo corporativas comprometidas, comunicando a sus clientes o proveedores un supuesto cambio de la cuenta bancaria habitual para el pago de determinadas facturas.

La Guardia Civil, a través del equipo de delitos telemáticos (EDITE) de la Comandancia de Córdoba, ha explotado varias operaciones iniciadas en los últimos años, destacando una investigación iniciada en 2023 que permitió investigar judicialmente a 14 personas y 7 empresas relacionadas con una estafa BEC de alrededor de 552.000 euros, cuyos investigados se encontraban ubicados en diferentes ciudades españolas.

El instituto armado pudo localizar y bloquear 402.000 euros en diferentes cuentas bancarias relacionadas, además se identificaron tres empresas perjudicadas pertenecientes al sector olivarero afincadas en Córdoba y otra similar ubicada en Sevilla. Es reseñable que, gracias a la coordinación, cooperación e intercambio de información entre diferentes Unidades de Investigación de la Guardia Civil, se consiguió identificar las identidades reales de varios ciudadanos de nacionalidad nigeriana que constituían una parte esencial del entramado investigado y que utilizaban diferentes identidades suplantadas o falsas para la recepción y distribución del dinero estafado.  

En el marco de estas actuaciones, fruto de otra de las operaciones ahora cerradas e iniciada en 2024, los guardias civiles han logrado identificar e investigar a 6 ciudadanos de nacionalidad italiana relacionados con blanqueo de capitales y una estafa BEC que ascendió a 100.000 euros. Las empresas perjudicadas resultaron ser 2 empresas olivareras de Córdoba, consiguiendo la Guardia Civil intervenir dos cuentas bancarias españolas y otras seis cuentas bancarias italianas, bloqueando un total de 73.000 euros, gracias a la gestión y cooperación judicial internacional.

Por último, la Guardia Civil ha logrado investigar judicialmente a otras 40 personas distribuidas en diferentes ciudades españolas, resultado de una tercera operación iniciada en 2025, por una estafa BEC de alrededor de 130.000 euros, interviniéndose en esta actuación un total de 23 cuentas bancarias, usadas como receptoras de transferencias procedentes de la estafa, constituyendo un grupo criminal amplio y heterogéneo, dedicado al blanqueo de capitales.

Como resultado conjunto de estas investigaciones relacionadas con estafas BEC a empresas oleícolas cordobesas y sevillanas, se han contabilizado 60 personas investigadas, 45 cuentas bancarias intervenidas y 475.000 euros bloqueados.

La Guardia Civil ha abierto una investigación por el presunto vertido de escombros, palés y otros materiales en un espacio del paraje natural del embalse de Cordobilla, en el término municipal de Puente Genil (Córdoba).

Los hechos que se han trasladado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil señalan que varias personas se encontraban en este paraje natural con un camión, del que comenzaron a sacar escombros, palés y otros materiales que arrojaron en la zona.

Ante ello, agentes del Seprona han procedido a abrir una investigación al respecto, que tratará de aclarar lo ocurrido, si se trata de un vertido ilegal y quiénes han sido sus responsables.

El paraje natural del embalse de Cordobilla, situado sobre el río Genil, tiene una superficie de 1.460 hectáreas y se ubica en los términos municipales de Puente Genil y Aguilar de la Frontera (Córdoba) y Badolatosa (Sevilla).

Espacio protegido

Este espacio de interés natural está declarado además Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y está incluido en el Listado de Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), además de formar parte del dominio público hidráulico.

La localización de este embalse, próxima a otros enclaves naturales de gran importancia, como las Reservas Naturales de las Lagunas del Sur de Córdoba, con las que está bastante ligado, realza su interés ecológico al contribuir en la supervivencia de numerosas especies de aves protegidas, que tienen en estos espacios sus áreas de nidificación e invernada.

Entre las aves que pueden observarse se encuentran la malvasía, el calamón y la garza real. En los últimos años, se viene observando la presencia también el flamenco común, la cigüeñuela, la avoceta, el chorlitejo patinegro y el chorlitejo chico.

En cuanto a la vegetación hay que destacar los tarajales de Tamarix gallica. En las orillas existe una densa vegetación compuesta fundamentalmente de enea, caña y carrizo. Las orillas y aguas someras están continuamente invadidas por numerosas especies limícolas en diferentes épocas del año.

La Guardia Civil ha investigado a 60 personas por varios delitos de estafa supuestamente cometidos mediante la modalidad conocida como 'Business Email Compromise (BEC), que afectaron a empresas del sector oleícola de Córdoba, con el resultado de 45 cuentas bancarias intervenidas relacionadas con el blanqueo de capitales y unos 475.000 euros bloqueados en dichas cuentas.

Durante el mes de agosto de 2026 se han explotado distintas operaciones desarrolladas por la Guardia Civil a lo largo de los últimos años, consiguiendo esclarecer varias estafas mediante la técnica conocida como 'Business Email Compromise (BEC)' donde, los presuntos autores, accedían ilegalmente a las comunicaciones electrónicas que las empresas perjudicadas mantenían con sus proveedores y clientes, pudiendo obtener de esta manera información relacionada con las operaciones comerciales y de facturación.

Posteriormente, los investigados procedían a la sustitución fraudulenta de esta documentación, sobre todo facturas, utilizando para ello el acceso obtenido a los servidores de los dominios de las empresas o mediante el envío de correos electrónicos de tipo “phishing”, de manera que se hacían pasar por las empresas reales mediante el uso de cuentas de correo corporativas comprometidas, comunicando a sus clientes o proveedores un supuesto cambio de la cuenta bancaria habitual para el pago de determinadas facturas.

La Guardia Civil, a través del equipo de delitos telemáticos (EDITE) de la Comandancia de Córdoba, ha explotado varias operaciones iniciadas en los últimos años, destacando una investigación iniciada en 2023 que permitió investigar judicialmente a 14 personas y 7 empresas relacionadas con una estafa “BEC” de alrededor de 552.000 euros, cuyos investigados se encontraban ubicados en diferentes ciudades españolas. La Guardia Civil pudo localizar y bloquear 402.000 euros en diferentes cuentas bancarias relacionadas, además se identificaron 3 empresas perjudicadas pertenecientes al sector olivarero afincadas en Córdoba y otra similar ubicada en Sevilla.

Es reseñable que, gracias a la coordinación, cooperación e intercambio de información entre diferentes Unidades de Investigación de la Guardia Civil, se consiguió identificar las identidades reales de varios ciudadanos de nacionalidad nigeriana que constituían una parte esencial del entramado investigado y que utilizaban diferentes identidades suplantadas o falsas para la recepción y distribución del dinero estafado.

En el marco de estas actuaciones, fruto de otra de las operaciones ahora cerradas e iniciada en 2024, los guardias civiles han logrado identificar e investigar a seis ciudadanos de nacionalidad italiana relacionados con blanqueo de capitales y una estafa BEC que ascendió a 100.000 euros.

Empresas perjudicadas

Las empresas perjudicadas resultaron ser dos empresas olivareras de Córdoba, consiguiendo la Guardia Civil intervenir dos cuentas bancarias españolas y otras seis cuentas bancarias italianas, bloqueando un total de 73.000 euros, gracias a la gestión y cooperación judicial internacional.

Por último, la Guardia Civil ha logrado investigar judicialmente a otras 40 personas distribuidas en diferentes ciudades españolas, resultado de una tercera operación iniciada en 2025, por una estafa BEC de alrededor de 130.000 euros, interviniéndose en esta actuación un total de 23 cuentas bancarias, usadas como receptoras de transferencias procedentes de la estafa, constituyendo un grupo criminal amplio y heterogéneo, dedicado al blanqueo de capitales.

Como resultado conjunto de estas investigaciones relacionadas con estafas BEC a empresas oleícolas cordobesas y sevillanas, se han contabilizado 60 personas investigadas, 45 cuentas bancarias intervenidas y 475.000 euros bloqueados.

Recomendaciones de seguridad

La Guardia Civil continúa trabajando en la prevención e investigación de este tipo de delitos, así como en la identificación de los responsables y en la recuperación y bloqueo de los fondos procedentes de las estafas, no obstante, las técnicas empleadas “Man-in-the-Middle” y “Business Email Compromise (BEC)”, pueden resultar especialmente difíciles de detectar

para las empresas, por lo que la prevención constituye una de las principales medidas de protección, por tanto, desde la Guardia Civil se recomienda:

· Acceder a sitios web seguros y comprobar que el certificado corresponde a la compañía o entidad con la que se pretende contactar.

· Proteger las redes wifi de la empresa mediante sistemas de seguridad adecuados y contraseñas robustas.

· Mantener actualizado el software de los equipos, especialmente los sistemas operativos y navegadores.

· Utilizar contraseñas robustas y, siempre que sea posible, habilitar la autenticación en dos pasos.

La Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha puesto en marcha desde primera hora de la mañana de este sábado una macrooperación contra el narcotráfico que se desarrolla de forma simultánea en las provincias de Córdoba y Sevilla, teniendo como punto neurálgico la localidad cordobesa de Puente Genil.

Durante el dispositivo, según ha podido saber este medio, está prevista la realización de múltiples registros en inmuebles, la detención de varias personas, así como la incautación de diversas cantidades de sustancias estupefacientes.

Para garantizar la efectividad de las actuaciones, el operativo cuenta con la participación de unos 150 agentes pertenecientes a unidades especializadas de élite y diferentes mandos del cuerpo como son el Grupo de Acción Rápida (GAR), el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las comandancias de Córdoba, Sevilla, Málaga y Almería, además de patrullas de Seguridad Ciudadana de la zona.

También está participando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba y el Servicio Cinológico con perros adiestrados en la detección de drogas, junto a la cobertura aérea del Servicio Aéreo mediante helicóptero y drones.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de varios delitos de hurto, además de recaer sobre ambas personas distintas órdenes de detención, una orden europea con origen en Francia y la otra, una orden española de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Ambos han ingresado en la cárcel.

Los hechos se iniciaron cuando una patrulla de la Guardia Civil de Bujalance que realizaba labores de vigilancia y presencia en el área de servicio de Abades, en el término municipal de Pedro Abad, observó a una persona manipulando las pertenencias de unos viajeros que se encontraban realizando un descanso.

Al percatarse de la presencia de los guardias civiles, la persona emprendió la huida a pie y cruzó las vías de comunicación cercanas, poniendo en riesgo su integridad y la de los conductores que circulaban por ellas.  Al mismo tiempo, los agentes se percataron de que otra persona que observaba todo desde un vehículo, intentó abandonar el lugar aceleradamente, siendo interceptada por la patrulla abortando la posible huida.

La persona fue identificada, resultando ser de nacionalidad italiana y sobre el que constaban numerosos antecedentes por hurtos y robos al descuido cometidos en distintas áreas de servicio de las provincias de Córdoba, Jaén, Albacete y Cuenca, además, siguiendo con las comprobaciones, la Guardia Civil pudo constatar que, sobre esta persona, recaía una orden europea de detención dictada por un juzgado de Francia, a través de Interpol, por diversos delitos, procediendo acto seguido a su detención. Durante el registro del vehículo fueron localizados seis teléfonos móviles, cuya legítima procedencia no pudo ser acreditada por el detenido, por lo que también fueron intervenidos. 

Paralelamente, por la Guardia Civil se estableció un dispositivo de búsqueda para localizar e identificar a la persona que inicialmente había huido del lugar, dando fruto la tarde del mismo día 2 de septiembre, cuando la patrulla del puesto de la Guardia Civil de El Carpio, procedió a su localización e identificación, descubriendo además que, sobre esta segunda persona, también constaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dictada por un Juzgado español, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Los detenidos, así como las diligencias instruidas y los objetos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente que decretó el ingreso en prisión de ambos.

Gracias a la intervención de la Guardia Civil, dos de los teléfonos móviles sustraídos han podido ser devueltos a sus legítimos propietarios, no obstante, la investigación continúa abierta con el objetivo de localizar a los demás propietarios y determinar la posible relación de los detenidos con otros hechos delictivos.

La Guardia Civil destaca la labor desarrollada pos las patrullas en la constante vigilancia de las áreas de servicio y vías de comunicación adyacentes, así como la coordinación entre las diferentes unidades para la rápida localización y detención de los presuntos autores.

La Policía Local de Montilla ha detenido durante la madrugada del miércoles a un hombre tras, presuntamente, acceder a un bloque de viviendas de la calle Santa Brígida y tratar de prender fuego a una de ellas. Los hechos, avanzados por la prensa local y confirmados a este periódico por fuentes oficiales, tuvieron lugar durante la noche del martes al miércoles y la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias tras el arresto.

Según fuentes cercanas a la actuación, el individuo habría accedido al inmueble después de romper los cristales de la puerta de entrada. Posteriormente, habría subido hacia las plantas superiores portando material ardiendo y manifestando su intención de incendiar una vivienda en la que se encontraba una familiar.

La rápida intervención de los agentes de la Policía Local permitió retirarle el material incendiado y sofocar las llamas en el exterior del edificio, evitando que el fuego se propagara por el bloque de viviendas. Durante la actuación, el hombre habría opuesto resistencia, según las mismas fuentes.

Los agentes procedieron a su detención y, posteriormente, realizaron el traspaso a la Guardia Civil, que asumió las diligencias correspondientes. Antes de ello, se comprobó la situación administrativa del detenido mediante una consulta con la Oficina de Extranjería, que confirmó que se encuentra en situación regular.

El hombre ha quedado en libertad por decisión judicial, según las fuentes consultadas.

La Guardia Civil, en colaboración con Inspectores de Salud de la Junta de Andalucía, ha realizado inspecciones en casetas y establecimientos ambulantes de comida instalados en el recinto ferial de Lucena durante la celebración de la Feria de Nuestra Señora del Valle, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los asistentes.

Durante las actuaciones inspectoras se ha comprobado que los establecimientos cumplían con la normativa en materia de higiene alimentaria, que se encontraban correctamente inscritos en los registros sanitarios correspondientes y que las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos, así como la información facilitada a los consumidores, se ajustaban a la legislación vigente.

Por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se detectaron diversas irregularidades relacionadas con la normativa sobre alimentos, entre ellas productos alimenticios congelados que habían sido descongelados y vueltos a congelar, no siendo aptos para el consumo humano, productos alimenticios carentes de trazabilidad y otras deficiencias en instalaciones higiénico sanitarias.

Asimismo, se detectó la falta de registro de temperatura de los alimentos expuestos en mesas de mantenimiento y la ausencia de cartelería exigible en la legislación vigente.

Como consecuencia de estas irregularidades, los agentes procedieron a la intervención de 10 kilogramos de productos cárnicos, al no reunir las condiciones necesarias para su consumo humano, así como 24 tabletas de turrón, con un peso total de 2,5 kilogramos, que se encontraban caducadas.

Como resultado de las inspecciones se han tramitado varios expedientes por infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria, que serán remitidos a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba.

Por su parte, el Destacamento de Fiscal y Fronteras, unidad encargada del resguardo fiscal, centró sus actuaciones en la prevención y persecución de posibles fraudes e ilícitos fiscales, realizando comprobaciones sobre bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes, sin que se detectaran irregularidades en esta materia.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por robar con fuerza en diversos establecimientos de telefonía móvil ubicados en las provincias de Córdoba y Sevilla. A este grupo delictivo se le atribuye un total de ocho robos, en los que el valor de los teléfonos sustraídos asciende a 29.000 euros. La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de los detenidos.

La investigación se inició en julio tras tener conocimiento de la sustracción en un establecimiento de La Rinconada (Sevilla) de cuatro terminales móviles de alta gama valorados en 4.500 euros en horario comercial.

Los presuntos autores accedieron al establecimiento en horario comercial haciéndose pasar por clientes para observar los expositores donde se encontraban los dispositivos de gama superior. En un momento de descuido de la empleada arrancaron cuatro terminales de los sistemas de sujeción de forma violenta y huyeron a la carrera.

Un mes más tarde, se produjo un nuevo hecho delictivo en el mismo establecimiento y con el mismo modus operandi, en el que robaron trece terminales valorados en 3.900 euros.

Gracias a la colaboración ciudadana, los investigadores han conseguido diversas informaciones y características de los autores, así como de los medios utilizados para su huida, coincidiendo dichas características con las de los principales sospechosos sobre los que la Guardia Civil había centrado su investigación.

Con esta información, se ha identificado a dos de los tres autores de los robos y se han obtenido los datos necesarios para la identificación del vehículo utilizado para los desplazamientos. Además, se ha podido relacionar un nuevo robo de similares características ocurrido en Puente Genil (Córdoba).

Como consecuencia de estos hechos, la Guardia Civil ha detenido al grupo delictivo como presuntos autores de varios delitos contra el patrimonio, hurto agravado, delito de daños y pertenencia a grupo criminal.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de La Rinconada. La investigación continúa abierta y no se descarta la implicación de los presuntos autores en nuevos hechos delictivos que están siendo analizados por la Guardia Civi

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas, cometido en la localidad de Hinojosa del Duque.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de agosto, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Fuente Obejuna se desplazaron hasta Hinojosa del Duque tras recibir un aviso de la Central COS por un supuesto altercado familiar en un domicilio.

Una vez en el lugar, los guardias civiles se entrevistaron con el morador de la vivienda, quien manifestó que se encontraba solo en el domicilio y que no había mantenido ninguna discusión con nadie, invitando a los agentes a acceder al domicilio para comprobarlo, dando para ello su consentimiento expreso y facilitando el acceso al interior de la vivienda.

Durante la permanencia de los agentes en el domicilio, mientras realizaban las comprobaciones oportunas, observaron a través del cerramiento que daba acceso al patio exterior varias plantas que, por sus características, aspecto y el olor que desprendían, pudieran tratarse de marihuana, por lo que preguntaron al morador por su origen, que confirmó que eran plantas de marihuana que cultivaba para propio consumo.

Ante estos hechos, los guardias civiles aprehendieron las plantas localizadas, siendo 39 en total, de entre 60 y 100 centímetros de altura, con numerosos cogollos y arrojando un peso total de 2.640 gramos, por lo que procedieron a la investigación de dicha persona por un supuesto delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la autoridad judicial competente, quedando las plantas incautadas bajo custodia a disposición judicial y para su posterior análisis y destrucción.

La Guardia Civil continúa trabajando en la prevención y persecución de los delitos relacionados con el tráfico y cultivo ilegal de sustancias estupefacientes, contribuyendo con estas actuaciones a evitar que este tipo de sustancias lleguen al mercado ilícito y proteger la salud pública.

Una persona ha resultado detenida el pasado sábado después de golpear y morder a un policía en una concentración ilegal de motocicletas en Montalbán, según ha informado la Policía Local del municipio en un comunicado.

El suceso ocurrió el 19 de septiembre, aunque se conocía que iba a pasar algún tipo de conflicto con anterioridad gracias a mensajes intermitentes por redes sociales donde se organizaba dicha quedada.

Gracias a ese margen, tanto la Policía Local de Montalbán como la Guardia Civil lograron evitar que las motocicletas entraran al casco urbano, consiguiendo contener la concentración en el polígono industrial Los Lucas.

Los asistentes querían llegar por sorpresa al municipio a través de motos sin matrículas, con pasamontañas para evitar ser reconocidos y dedicándose a cometer todo de tipo de infracciones. De hecho, los agentes de ambos cuerpos sufrieron todo tipo de insultos, burlas y desacatos, según ha comunicado la propia Policía Local de Montalbán.

La concentración resultó con una persona detenida por atentado contra agente de la Autoridad. Según la Policía Local en su comunicado, el autor de los hechos no sufrió lesiones de importancia, mientras que un agente necesitó atención hospitalaria después de presentar daños en un hombro y mordiscos por todo el cuerpo.

Además, la Policía Local destacó la agresividad por parte de los asistentes -subrayan también que eran muchos menores de edad-, mientras que también realizaron diversos destrozos en uno de los coches patrulla de la Guardia Civil.

Tal y como ha podido confirmar este periódico, la Guardia Civil ha abierto una investigación para conocer con más detalle lo ocurrido.

La Guardia Civil ha detenido en Granada a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito continuado de estafa, usurpación del estado civil y falsedad de documento público y privado en el marco de la operación 'Larberik'.

Hasta el momento se estima que ha podido estafar más de 350.000 euros a personas de edad avanzada y con discapacidades de distinto tipo que, en muchos de los casos, vivían solas, han informado en una nota. El detenido pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Granada y se decretó su ingreso en prisión provisional.

La operación arrancó en mayo cuando los agentes del puesto de Armilla (Granada) identificaron un vehículo durante un dispositivo operativo de seguridad ciudadana. En concreto, localizaron en el maletero numerosa documentación de contratos de crédito, talonarios y facturas con datos de terceras personas.

Tras realizar gestiones con las personas cuyos datos figuraban en ellos, los agentes comprobaron que todas ellas habrían sido estafadas por el conductor, motivo por el que se intervino toda la documentación.

Según han indicado, el modus operandi del presunto autor consistía en presentarse ante las víctimas como comercial de distintas empresas, con apariencia educada, correcta y bien vestida, lo que le permitía generar confianza y acceder a los domicilios sin dificultad.

Además, han precisado que una vez dentro, obtenía datos personales, documentación bancaria, certificados de pensión y firmas, que utilizaba para formalizar contratos de crédito, adquirir teléfonos móviles o financiar vehículos sin conocimiento de los perjudicados.

En algunos casos, han precisado, este falso comercial regresaba a los domicilios alegando supuestos errores en la financiación y convencía a las víctimas de realizar pagos en metálico, transferencias o cargos con un TPV portátil para supuestamente cancelar las operaciones, generando un doble perjuicio económico.

En otros, firmaba él mismo los documentos, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas y el temor a sufrir un perjuicio mayor para prolongar el engaño y repetir nuevas operaciones con sus datos.

Durante la investigación, la Guardia Civil en Armilla comprobó que más de 40 personas habían sido víctimas de esta estafa en seis provincias andaluzas (Almería, Jaén, Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba).

Asimismo, el presunto autor habría adquirido dos terminales móviles de alta gama, dos motocicletas de gran cilindrada y un turismo. Algunos vehículos habrían sido vendidos a terceras personas. De hecho, una de ellas ha pasado a disposición judicial por un presunto delito de receptación y no se descartan próximas detenciones.

Por todo ello, la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Local de Granada y de Peligros, ha detenido al presunto autor de estos hechos. Además, durante el registro de su domicilio se han intervenido una de las motocicletas denunciada como estafada, el vehículo que conducía, --presuntamente obtenido mediante documentación de una víctima--, así como más de 1.000 euros en efectivo o una TPV portátil.

Asimismo, se ha incautado diversa documentación bancaria, contratos de financiación y otros efectos directamente relacionados con la investigación, entre ellos un documento de renting de un turismo a nombre de una persona fallecida.

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en el interior de una parcela denominada Granja San Antonio del término municipal de Almodóvar del Río.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de la parcela el pasado día 18 de agosto en el Puesto de la Guardia Civil de Almodóvar, donde manifestó que habían accedido al interior de su finca y sustraído, entre otras herramientas y efectos agrícolas, una cámara de seguridad.

El denunciante informó además de que no era la primera vez que se producían hechos de esta naturaleza, habiéndose registrado varios robos similares desde el pasado mes de abril, pero que no los había denunciado.

La Guardia Civil, a través de uno de sus equipos ROCA, agentes especialistas en robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, realizó una inspección técnico-ocular in situ, abriendo así una investigación tras la que lograron obtener las pruebas suficientes para identificar al supuesto autor de los hechos, que resultó ser un varón de la localidad con numerosos antecedentes de naturaleza similar. 

Como resultado de las actuaciones, se procedió a la localización y detención del presunto autor, esclareciendo así el delito denunciado.

El detenido y las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias, como autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un call center desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes.

La operación Ibermellow comenzó el año pasado tras numerosas denuncias en Huesca con un mismo patrón, de lo que se conoce como “smishing” y “vishing”, consistiendo, en un tipo de ciberataque en el que los delincuentes primeramente se hacen pasar por la entidad bancaria de la víctima, con el envío de un falso SMS (smishing) a sus números de teléfono móvil, en el cual, alertan de unos cargos de alto importe en su cuenta bancaria y un número de teléfono de contacto para paralizar dicha transacción.

Es entonces, cuando en una segunda fase, las víctimas reciben una llamada telefónica (vishing), haciéndose pasar los ciberdelincuentes, por el gestor de la entidad bancaria. Éstos, previa utilización de la ingeniería social, disponen de parte de los datos personales de las víctimas, lo que hace que la estafa sea más convincente y así consiguen que se realicen transferencias a cuentas bancarias controladas por los estafadores o la contratación de préstamos personales para posteriormente desviar ese dinero a otras cuentas. Con este modus operandi, los delincuentes consiguieron estafar más de un millón de euros a 25 víctimas de la provincia de Huesca, 11 de Zaragoza y 7 de Teruel.

Tras la realización de análisis técnicos en los archivos y documentación aportada en las denuncias iniciales, se comprobó cómo los supuestos autores, una vez que conseguían engañar a las víctimas, el dinero desviado a la cuenta fraudulenta se movía por distintas cuentas bancarias para evitar el seguimiento policial, siendo finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.

De esta forma, los agentes investigadores pudieron realizar una precisa labor de trazabilidad bancaria, consiguiendo la identidad de un numeroso grupo de individuos relacionados con los delitos que actuaban como mulas económicas. Una mula económica (o mula bancaria) es una persona que presta su cuenta bancaria, billetera virtual o datos personales para recibir, mover o transferir dinero de origen ilícito a cambio de una comisión monetaria.

Los agentes determinaron también la autoría de otras personas que realizaban las funciones de captadores de esas mulas económicas y de los extractores del dinero estafado, el cual era puesto a disposición de la cúpula de la organización criminal, gestionada por los falsos gestores de las entidades bancarias y por el responsable del “call center”, quien realizaba el envío masivo de SMS.

En una primera fase, en el pasado mes de marzo, tras realizar las entradas y registros en las localidades de Badalona (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Carabanchel (Madrid) y Cartagena (Murcia), se procedió a desarticular el “call center”, con una capacidad técnica para enviar más de 100.000 mensajes a la hora. Esta primera fase culminó con cinco detenciones de miembros la cúpula de la organización criminal e interviniéndose 57.520 euros en efectivo, numerosos artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles, y diversa documentación, todo ello utilizado para la comisión de los delitos.

La segunda fase logró desarticular por completo el complejo sistema de blanqueo de capitales que la organización criminal tenía distribuido por gran parte del territorio nacional, por lo que se procedió a la detención e investigación de las mulas económicas, los captadores y de los extractores de dinero, así como la recuperación de 256.708 euros de diferentes cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores.

El operativo ha sido llevado a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca. Además han participado las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Murcia y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de las Zonas de la Guardia Civil de Barcelona y Valencia, finalizó con la detención de 24 personas y otras 57 personas investigadas, en las provincias de A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza.

Las diligencias han sido entregadas en los juzgados competentes de los partidos judiciales de Jaca (Huesca), Caspe (Zaragoza), Daroca (Zaragoza), La Almunia (Zaragoza), Tarazona (Zaragoza), Zaragoza (Zaragoza), Alcañiz (Teruel), Calamocha (Teruel) y Teruel (Teruel).

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba ha citado como investigado a un conductor por tres delitos contra la seguridad vial. Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar el pasado 2 de septiembre cuando una patrulla perteneciente al Descacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba mientras se encontraba realizando servicio de vigilancia de carreteras detectó al conductor de un turismo que circulaba por la Autovía del Sur (A-4) haciéndolo de forma anómala. Al ser requerido para su identificación, este hizo caso omiso a las señales de los agentes y se dio a la fuga.

Según el parte policial, el conductor del vehículo realizó una maniobra de evasión y circulaba de forma temeraria en un tramo de autovía y otras vías a gran velocidad, produciendo una situación peligrosa, prescindiendo de las más elementales normas del deber de cuidado y de la seguridad del tráfico siendo interceptado por los agentes posteriormente.

Una vez identificado el conductor se pudo comprobar que además de la condución temeraria, carecía de permiso de conducción y se encontraba bajo la influencia de estupefacientes.

Agentes pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba, investigan al conductor por la supuesta comisión de los delitos de carecer de permiso de conducción, conducción temeraria, y conducción bajo los efectos de drogas tóxicas; castigado con penas de prisión, de tres a seis meses en el caso del primer delito, a una pena de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años por el segundo delito, y a una pena de prisión de tres a seis meses y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años en el caso del terecero.

Consejos y recomendaciones

La Guardia Civil recuerda que estas conductas suponen un grave peligro tanto para quien conduce como para el resto de usuarios de la vía, aumentando considerablemente el riesgo de sufrir un siniestro vial y las consecuencias irreversibles que por tales hechos pueden derivarse. Por ello es fundamental respetar siempre las normas sobre seguridad vial, ya que, además de poder constituir un ilícito penal, infringirlas es un riesgo para el conjunto de la sociedad.

Un senderista cordobés ha fallecido el pasado domingo tras sufrir una caída mientras bajaba de la cima de Mulhacén, según adelantó ElDíadeCórdoba y ha podido confirmar este periódico por fuentes de la Guardia Civil. El suceso ocurrió mientras el grupo de excursionistas de Córdoba atravesaba la Vereda de la Estrella y ahí la víctima cayó por un cortado, finalmente acabando con su vida.

De hecho, el grupo descendía por el refugio de la Caldera y estaba atravesando la Vereda de la Estrella. En aquel momento se encontraban a 3.050 metros de altitud y pasaron la noche de antes en dicha infraestructura.

Pese a ello, un resbalón provocó que el excursionista cordobés cayera por un desnivel y falleciera. Los agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y la Unidad Aérea de la Comandancia de Granada rescataron el cuerpo sin vida.

La Fiscalía General del Estado ha publicado su memoria anual de 2025, en la que se pone de manifiesto un incremento del 45% en las causas por tráfico de drogas durante 2025 en la provincia de Córdoba, en contraste con el descenso general, situándola entre las provincias con mayor crecimiento y la de más aumento en Andalucía.

Ese dato viene a corroborar lo que la Asociación Unificada de Guardias Civiles denunció hace unas semanas, cuando alertó de que en la provincia de Córdoba se incrementaron nada menos que un 1.649% las incautaciones de hachís en 2025 respecto al año anterior, muy por encima del crecimiento experimentado a nivel andaluz y nacional. Lo cierto es que la memoria de la Fiscalía confirma el diagnóstico de esta asociación sobre el narcotráfico y respalda sus demandas legislativas. 

Por un lado, el Ministerio Público advierte del desplazamiento del narcotráfico “a zonas geográficas contiguas donde se espera menor presión policial”, y AUGC lleva años avisando que, debido al endémico y cada vez más acuciante déficit de guardias civiles, la provincia cordobesa es utilizada por las organizaciones criminales como zona logística para el almacenamiento y distribución de grandes cantidades de droga desde las costas andaluzas hasta el resto del país e incluso hacia otros países europeos. 

Por otro lado, la Fiscalía advierte que “la violencia y la pérdida de respeto al principio de autoridad es cada vez más visible y se siguen dando situaciones límite”, coincidiendo con las denuncias de AUGC sobre la creciente impunidad y descaro con que actúan los narcotraficantes en todo el territorio andaluz, al ser conocedores de la falta de efectivos policiales y del grave déficit de medios materiales.

Además, la Fiscalía Antidroga constata en sus sucesivas memorias que la respuesta legislativa al narcotráfico es prácticamente inexistente, porque en los últimos años solo se ha producido una reforma, la tipificación como delito del denominado “petaqueo”, regulación que AUGC llevaba cinco años reclamando.

Aunque Interior no quiera reconocerlo y las instituciones provinciales no sean conscientes del problema, lo cierto es que los narcotraficantes y sus redes de apoyo están cada vez más asentados en esta provincia, con guarderías de droga, delincuentes más violentos y armas de fuego.

Y para poder luchar con eficacia contra esa delincuencia organizada, AUGC reclama el incremento de la plantilla provincial de la Guardia Civil con al menos 300 efectivos, el refuerzo de las unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, la dotación de medios adecuados y suficientes, la protección jurídica para los agentes, el endurecimiento de las penas y el reconocimiento como profesión de riesgo para guardias civiles y policías nacionales.

Mientras que a nivel autonómico, esta asociación considera que el Gobierno debe adoptar urgentemente una serie de medidas, como la restitución del OCON-Sur, la declaración como Zona de Especial Singularidad, el establecimiento de un plan plurianual para la renovación de medios navales, la dotación de medios no letales de interceptación, la protección frente al señalamiento de agentes y sus familias, el respaldo a las reformas legislativas propuestas por la Fiscalía,

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco del Plan de Inspección de la caza de la tórtola europea para la temporada 2026/2027, ha investigado a dos personas como presuntas responsables de varios delitos contra la flora y la fauna, interviniendo seis escopetas, una carabina de aire comprimido, así como numerosos aparejos y útiles de caza.

El objetivo principal de estas actuaciones es comprobar que la actividad cinegética se desarrolla conforme a las condiciones y limitaciones establecidas por la normativa vigente, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad de la actividad cinegética ya que esta es la segunda temporada que se autoriza la caza de tórtola europea, tras el establecimiento desde la temporada 2021/2022 de cuota de captura cero para esta especie.

La Guardia Civil, a través del Seprona, estableció diferentes dispositivos de control e inspección en cotos con autorización para la caza del ave reseñada, así como en otros que no la poseían, examinando, además de la tenencia de las licencias y autorizaciones administrativas pertinentes para el uso de armas de fuego y la actividad cinegética, el cumplimiento del cupo autorizado y las condiciones de las capturas.

Una de las novedades que vigilan los guardias civiles es la obligatoriedad del uso de la herramienta Precinto Digital de Caza, que permite a la Administración, mediante el uso de una app en el teléfono móvil de cazadores y responsables de los cotos, realizar un seguimiento de las capturas efectuadas, con el objetivo de garantizar que estas no superen el cupo asignado a cada terreno cinegético.

Como resultado de las actuaciones, la Guardia Civil ha investigado a dos personas por su presunta participación en delitos contra la flora y la fauna, además de la tramitación de diversos expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con la normativa en materia de caza, seguridad ciudadana y protección de los espacios naturales, la flora y la fauna. Como consecuencia directa, también se han intervenido seis escopetas y una carabina de aire comprimido, así como 16 ejemplares de tórtola europeas, 9 tórtolas turcas, diez cimbeles y 125 señuelos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los órganos judiciales competentes y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. La Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba continuará desarrollando dispositivos de vigilancia y control de la actividad cinegética durante el periodo de media veda, hasta el 27 de septiembre, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa y, especialmente, evitar la caza de la tórtola europea, cuya captura se encuentra prohibida en los cotos de caza de la provincia fuera de los supuestos expresamente autorizados.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección de la flora y la fauna, la conservación de las especies y el cumplimiento de la normativa cinegética, compatibilizando el ejercicio legal de la actividad con la necesaria protección del medio natural.

Una competición internacional requiere una actuación excepcional, como es el caso del pasado domingo. La Vuelta a España de ciclismo llegó a Córdoba hace apenas 24 horas y obligó a las principales cuerpos del estado a agrupar efectivos para mantener la seguridad tanto del transcurso de la etapa como de los viandantes. Gracias a ello, la Guardia Civil ha compartido un vídeo para conocer en detalle cómo ha sido una jornada intensa para todos los agentes.

De hecho, y apenas horas antes del paso del pelotón por la provincia de Córdoba, la Guardia Civil anunció qué operativo iban a seguir durante la jornada dominical. Más concretamente, la Benemérita constituyó su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todoterreno y de apoyo y un helicóptero. Además, desplegó a 30 guardias civiles y 15 vehículos de seguridad ciudadana, y 30 guardias civiles y 14 vehículos del Subsector de Tráfico, y el apoyo de otras especialidades.

Por otro lado, y como aparece en el vídeo, la Guardia Civil instaló un estand en el 'Parque Vuelta', situado en el Paseo de la Victoria de la capital cordobesa, con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo. La entrada fue libre para todos unos asistentes que se interesaron por el trabajo de la Benemérita en Córdoba, así como de curiosidades e incluso una motocicleta que podían probar los más pequeños.

Asimismo, no era de extrañar que al paso del pelotón por todos los puntos de la provincia cordobesa se viera algún efectivo de la Benemérita cuidando los detalles y preservando la seguridad de todos los asistentes.

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha detenido a tres personas, e investigado a una cuarta, como presuntas responsables de un delito de incendio forestal ocurrido el pasado 24 de julio en el término municipal de Córdoba, concretamente en la zona de Cerro Muriano, paraje Torreárboles, según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa.

El incendio se originó cuando un camión, dedicado al transporte de pacas de paja, cuando circulaba por la carretera N-432 (Córdoba-Badajoz), comenzó a arder y, posteriormente, el fuego se propagó al medio natural, dando lugar al incendio forestal.

El fuego quemó una superficie forestal de 189,90 hectáreas, de las cuales 6,5 se encontraban enclavadas en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Guadalmellato. Esta zona protegida destaca por la diversidad de sus hábitats, entre los que se encuentran dehesas, bosques de ribera y formaciones de monte mediterráneo, y constituye el hábitat de especies protegidas como el águila imperial ibérica y el búho real.

La Agencia de Emergencias de Andalucía decretó el nivel 1 de emergencias del Plan INFOCA, llevándose a cabo la evacuación y desalojo de 273 personas de urbanizaciones y viviendas aisladas. Según un informe emitido por la Junta de Andalucía, el coste de la extinción supera los 800.000 euros.

Tras múltiples hipótesis analizadas por los agentes, se descartó que la mercancía, o condiciones del transporte de ésta, pudieran haber originado el siniestro, contando en ese sentido con un informe elaborado por especialistas en Transportes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Córdoba, en el que se concluía que el transporte se adecuaba a la normativa aplicable en la materia, sin observarse ninguna circunstancia que permitiera vincular la mercancía transportada con el origen del incendio iniciado en la cabina tractora.

La investigación se centró, por tanto, en determinar si el incendio podía haber tenido un origen estructural en la cabina del camión, por lo que se solicitó apoyo del Equipo de Investigación de Siniestros de Incendios (ESIN) de la Policía Judicial de la Guardia Civil, determinando en su informe que el punto de inicio del fuego fue la instalación de un inversor de “corriente/potencia” conectado directamente a la batería del vehículo, pudiendo alcanzar este tipo de aparatos elevadas temperaturas.

Siguiendo con las gestiones de averiguación, los agentes pudieron confirmar que, según la legislación vigente, este tipo de instalación no es homologable, ni autorizable, para esta clase de vehículo de transporte, por lo que, procedieron a la detención de tres personas y a la investigación de una cuarta, todos ellos trabajadores y administrador de la empresa titular del camión, como presuntos responsables de un delito de incendio forestal.

Los detenidos e investigado han sido puestos a disposición del juzgado competente, habiéndose remitido igualmente las diligencias instruidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.