El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco del Plan de Inspección de la caza de la tórtola europea para la temporada 2026/2027, ha investigado a dos personas como presuntas responsables de varios delitos contra la flora y la fauna, interviniendo seis escopetas, una carabina de aire comprimido, así como numerosos aparejos y útiles de caza.

El objetivo principal de estas actuaciones es comprobar que la actividad cinegética se desarrolla conforme a las condiciones y limitaciones establecidas por la normativa vigente, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad de la actividad cinegética ya que esta es la segunda temporada que se autoriza la caza de tórtola europea, tras el establecimiento desde la temporada 2021/2022 de cuota de captura cero para esta especie.

La Guardia Civil, a través del Seprona, estableció diferentes dispositivos de control e inspección en cotos con autorización para la caza del ave reseñada, así como en otros que no la poseían, examinando, además de la tenencia de las licencias y autorizaciones administrativas pertinentes para el uso de armas de fuego y la actividad cinegética, el cumplimiento del cupo autorizado y las condiciones de las capturas.

Una de las novedades que vigilan los guardias civiles es la obligatoriedad del uso de la herramienta Precinto Digital de Caza, que permite a la Administración, mediante el uso de una app en el teléfono móvil de cazadores y responsables de los cotos, realizar un seguimiento de las capturas efectuadas, con el objetivo de garantizar que estas no superen el cupo asignado a cada terreno cinegético.

Como resultado de las actuaciones, la Guardia Civil ha investigado a dos personas por su presunta participación en delitos contra la flora y la fauna, además de la tramitación de diversos expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con la normativa en materia de caza, seguridad ciudadana y protección de los espacios naturales, la flora y la fauna. Como consecuencia directa, también se han intervenido seis escopetas y una carabina de aire comprimido, así como 16 ejemplares de tórtola europeas, 9 tórtolas turcas, diez cimbeles y 125 señuelos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los órganos judiciales competentes y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. La Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba continuará desarrollando dispositivos de vigilancia y control de la actividad cinegética durante el periodo de media veda, hasta el 27 de septiembre, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa y, especialmente, evitar la caza de la tórtola europea, cuya captura se encuentra prohibida en los cotos de caza de la provincia fuera de los supuestos expresamente autorizados.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección de la flora y la fauna, la conservación de las especies y el cumplimiento de la normativa cinegética, compatibilizando el ejercicio legal de la actividad con la necesaria protección del medio natural.

Una competición internacional requiere una actuación excepcional, como es el caso del pasado domingo. La Vuelta a España de ciclismo llegó a Córdoba hace apenas 24 horas y obligó a las principales cuerpos del estado a agrupar efectivos para mantener la seguridad tanto del transcurso de la etapa como de los viandantes. Gracias a ello, la Guardia Civil ha compartido un vídeo para conocer en detalle cómo ha sido una jornada intensa para todos los agentes.

De hecho, y apenas horas antes del paso del pelotón por la provincia de Córdoba, la Guardia Civil anunció qué operativo iban a seguir durante la jornada dominical. Más concretamente, la Benemérita constituyó su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todoterreno y de apoyo y un helicóptero. Además, desplegó a 30 guardias civiles y 15 vehículos de seguridad ciudadana, y 30 guardias civiles y 14 vehículos del Subsector de Tráfico, y el apoyo de otras especialidades.

Por otro lado, y como aparece en el vídeo, la Guardia Civil instaló un estand en el 'Parque Vuelta', situado en el Paseo de la Victoria de la capital cordobesa, con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo. La entrada fue libre para todos unos asistentes que se interesaron por el trabajo de la Benemérita en Córdoba, así como de curiosidades e incluso una motocicleta que podían probar los más pequeños.

Asimismo, no era de extrañar que al paso del pelotón por todos los puntos de la provincia cordobesa se viera algún efectivo de la Benemérita cuidando los detalles y preservando la seguridad de todos los asistentes.

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha detenido a tres personas, e investigado a una cuarta, como presuntas responsables de un delito de incendio forestal ocurrido el pasado 24 de julio en el término municipal de Córdoba, concretamente en la zona de Cerro Muriano, paraje Torreárboles, según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa.

El incendio se originó cuando un camión, dedicado al transporte de pacas de paja, cuando circulaba por la carretera N-432 (Córdoba-Badajoz), comenzó a arder y, posteriormente, el fuego se propagó al medio natural, dando lugar al incendio forestal.

El fuego quemó una superficie forestal de 189,90 hectáreas, de las cuales 6,5 se encontraban enclavadas en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Guadalmellato. Esta zona protegida destaca por la diversidad de sus hábitats, entre los que se encuentran dehesas, bosques de ribera y formaciones de monte mediterráneo, y constituye el hábitat de especies protegidas como el águila imperial ibérica y el búho real.

La Agencia de Emergencias de Andalucía decretó el nivel 1 de emergencias del Plan INFOCA, llevándose a cabo la evacuación y desalojo de 273 personas de urbanizaciones y viviendas aisladas. Según un informe emitido por la Junta de Andalucía, el coste de la extinción supera los 800.000 euros.

Tras múltiples hipótesis analizadas por los agentes, se descartó que la mercancía, o condiciones del transporte de ésta, pudieran haber originado el siniestro, contando en ese sentido con un informe elaborado por especialistas en Transportes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Córdoba, en el que se concluía que el transporte se adecuaba a la normativa aplicable en la materia, sin observarse ninguna circunstancia que permitiera vincular la mercancía transportada con el origen del incendio iniciado en la cabina tractora.

La investigación se centró, por tanto, en determinar si el incendio podía haber tenido un origen estructural en la cabina del camión, por lo que se solicitó apoyo del Equipo de Investigación de Siniestros de Incendios (ESIN) de la Policía Judicial de la Guardia Civil, determinando en su informe que el punto de inicio del fuego fue la instalación de un inversor de “corriente/potencia” conectado directamente a la batería del vehículo, pudiendo alcanzar este tipo de aparatos elevadas temperaturas.

Siguiendo con las gestiones de averiguación, los agentes pudieron confirmar que, según la legislación vigente, este tipo de instalación no es homologable, ni autorizable, para esta clase de vehículo de transporte, por lo que, procedieron a la detención de tres personas y a la investigación de una cuarta, todos ellos trabajadores y administrador de la empresa titular del camión, como presuntos responsables de un delito de incendio forestal.

Los detenidos e investigado han sido puestos a disposición del juzgado competente, habiéndose remitido igualmente las diligencias instruidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

La Vuelta Ciclista a España discurrirá por la provincia de Córdoba este domingo 6 de septiembre y, con tal motivo, para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todoterreno y de apoyo y un helicóptero.

La Guardia Civil de Córdoba establece un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con 30 guardias civiles y 15 vehículos de seguridad ciudadana, y 30 guardias civiles y 14 vehículos del Subsector de Tráfico, además del apoyo de otras especialidades.

El mismo día, con motivo de la llegada de la 15ª etapa a la localidad de Córdoba, la Guardia Civil acercará su labor a la población. En el “Parque Vuelta”, espacio establecido por la Organización que se situará en el Paseo de la Victoria de la localidad de Córdoba, se instalará un stand institucional con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo. La entrada será libre para todos los asistentes.

La Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instancia nº2 de Montoro (Córdoba) un total de ocho archivos de vídeo editados y anonimizados procedentes de las cámaras de seguridad del tren Iryo implicado en el accidente ferroviario con un tren Alvia en Adamuz, que causó 46 muertos y más de 120 heridos el domingo 18 de enero, en el marco de la investigación judicial abierta por el suceso ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Según consta en el oficio remitido a la juez, al que ha tenido acceso Europa Press, dada la “imposibilidad” de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba para dar cumplimiento a la providencia dictada por la autoridad judicial para la anonimización y pixelado de los rostros, se envió copia de las grabaciones al Servicio de Criminalística, “donde sí disponen de los conocimientos técnicos y medios necesarios” para ello.

Así las cosas, los especialistas de Criminalística han sido los encargados de proceder al pixelado de los rostros y de cualquier otro elemento identificativo de las personas que aparecen en las imágenes para preservar su intimidad y cumplir con la legislación de protección de datos.

Las imágenes analizadas corresponden al módulo de registro de imágenes (marca Leonardo) que llevaba instalado el tren Iryo. El requerimiento judicial solicitaba acotar el fragmento correspondiente “al intervalo horario comprendido entre las 19:42 y las 19:44” del pasado 18 de enero, o “hasta el momento en que dejaron de funcionar”.

Tratamiento de imágenes

Así las cosas, los archivos recibidos se encontraban integrados en un “sistema de reproducción específico y únicamente podían ser visualizados mediante un entorno propio, sin que fuera posible acceder directamente a las secuencias mediante programas convencionales de edición audiovisual”, motivo por el que se procedió a “reproducir el contenido mediante la aplicación facilitada y a localizar los intervalos temporales de interés”.

Una vez identificados, “dichos intervalos fueron registrados mediante la función de grabación de pantalla integrada en la herramienta Recortes de Microsoft Windows, obteniéndose de forma local archivos de video independientes correspondientes exclusivamente a los tramos necesarios para la realización del trabajo solicitado”.

Para la realización de los trabajos se utilizó el programa de edición y tratamiento audiovisual Adobe Premiere Pro. “Los archivos de video fueron incorporados al proyecto de edición, procediéndose a la localización de los rostros y demás elementos identificativos presentes en cada una de las secuencias”. Además, “sobre las zonas seleccionadas se aplicaron máscaras de ocultación y efectos de mosaico o pixelado con intensidad suficiente para impedir la apreciación de sus detalles identificativos”.

El documento señala que “el desplazamiento de las máscaras a lo largo de las grabaciones se realizó mediante técnicas de seguimiento de movimiento, complementadas, cuando resultó necesario, con el ajuste manual de su posición, tamaño y forma mediante fotogramas clave”, un procedimiento que permitió “adaptar el área pixelada a los movimientos, variaciones de perspectiva, cambios de tamaño y desplazamientos de los elementos dentro del encuadre”.

Finalizado el tratamiento, se efectuó una revisión visual de las secuencias para comprobar la continuidad del pixelado y corregir posibles pérdidas de seguimiento, apariciones parciales o momentos en los que los elementos identificativos pudieran quedar visibles.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia (Seprona) de Córdoba ha esclarecido cinco delitos de incendios forestales ocurridos en la provincia de Córdoba durante el mes de julio de 2026. De las investigaciones llevadas a cabo por las diferentes unidades del Seprona de la Comandancia de Córdoba, con ocasión de los incendios forestales ocurridos en la provincia, durante el pasado mes de julio, se ha procedido a la investigación de cinco personas como responsables de los delitos.

Estos incendios forestales se produjeron en los siguientes términos municipales: dos en Córdoba, uno en Fuente Obejuna, uno en Belalcázar; y, por último, uno en Carcabuey, quemándose un total de 23,5 hectáreas de superficie como consecuencia de los mismos.

En cuanto a las causas que han provocado dichos incendios: uno de ellos ha sido intencionado, siendo el resto causado por las siguientes negligencias:

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los respectivos órganos judiciales que por competencia le corresponden y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recordado que la investigación independiente del accidente de Adamuz sigue sin avanzar, tras no haberse practicado aún las periciales ni llevado los carriles para su estudio en laboratorio.

Así lo ha manifestado en un mensaje en las redes sociales, en el que alude a informaciones que apuntan a un nuevo informe de la Guardia Civil, pero que el ministro tacha de bulo, al solo tratarse de un acta de inspección ocular que no añade nuevas conclusiones. “Bulo. No hay ningún informe. Solo un acta de inspección ocular, nueve meses después, que no añade nada nuevo ni establece ninguna conclusión. Para eso están las periciales, que aún siguen sin practicarse. Y los carriles, que siguen sin ir al laboratorio”, ha señalado.

El ministro ya ha trasladado en varias ocasiones la importancia de estudiar en laboratorio la rotura del carril, ya que desde que ocurriese el accidente el pasado 18 de enero se han barajado distintas causas, pero todas ellas basadas solo en especulaciones.

Los retrasos judiciales, junto con el hecho de que la autoridad que investiga los accidentes ferroviarios es totalmente independiente, han hecho que los carriles aún no hayan pasado a laboratorio y no se puedan sacar todavía conclusiones definitivas sobre las causas reales del accidente.

No fue hasta el pasado 20 de julio cuando la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario, autorizó el traslado de tramos de carril de la zona en cuestión para el análisis en los laboratorios, que tendrán seis meses para emitir un informe, tras recibir las muestras.

Por ahora, los informes provisionales de la CIAF y la Guardia Civil apuntan a una rotura previa del carril, cuyo origen físico se investiga como un defecto de fábrica o un fallo en la soldadura.

Acta de inspección técnico ocular

La Guardia Civil ha remitido a la autoridad judicial el Acta de Inspección Técnico Ocular del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que causó 46 muertos y más de 120 heridos el domingo 18 de enero, que documenta de forma pormenorizada una “fractura transversal completa” en el carril derecho de la vía 1, localizada en la soldadura de unión entre dos tramos de raíl fabricados en distintas épocas, situados en el punto kilométrico (PK) 318+681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Según recoge dicho acta, al que ha tenido acceso Europa Press y adelanta ABC, la fractura se localiza en la zona de unión soldada entre dos cupones de carril, los cuales presentan distintas marcas de fabricación, uno del año 1989 y otro del 2023, y observando los investigadores que el carril que mantiene su posición original en la vía (anterior a la fractura) tiene la inscripción 'Ensidesa 89', y en el otro (posterior a la fractura), coincidente con el fragmento de carril separado del conjunto estructural presenta el sello 'Ensidesa 23 60 E1'.

La mencionada rotura provocó “la pérdida de continuidad estructural del perfil ferroviario, la separación de los extremos fracturados y el desprendimiento de un fragmento” de vía que quedó en el lado derecho sobre el balasto. Además, mientras que la parte del carril anterior a la fractura mantuvo su posición original en la vía, “el posterior se encuentra rotado en su totalidad hacia la derecha, en el sentido de la marcha, al desprenderse de las fijaciones”.

En lo que respecta a las traviesas ubicadas en la zona del accidente, en las situadas en la parte inmediatamente posterior a la fractura del carril “se aprecia pérdida de integridad estructural debido a la rotura y fragmentación del hormigón”, mientras que los elementos de fijación “se encuentran desajustados y desplazados”, a lo que se suma que el cableado no presentaba “una correcta disposición” en la zona.

El documento de los investigadores también señala que el plano de fractura en el carril anterior, con el sello 'Ensidesa 89', es “sensiblemente perpendicular al sentido longitudinal de la pieza”, remarcando que la fractura presenta “dos tonalidades y texturas diferenciadas”. Los inspectores dan cuenta de que “se observa una tonalidad grisácea mate, de aspecto rugoso, tanto en el patín como en la cabeza del perfil, si bien en parte del alma se puede encontrar un fragmento de la misma que presenta una textura brillante y sensiblemente lisa con la anchura total del alma y una longitud de aproximadamente 3,5 cm”.

En esta zona brillante, detallan los expertos, se encuentran “puntos con pequeños irisados del material”, mientras que en la parte en que el patín se encuentra con el alma, hay “una zona con forma de gajo de una tonalidad más oscura que el resto de la sección, cuya textura y color no corresponden con el resto de la sección fracturada”.

El extremo opuesto fracturado que constituye la continuación de la vía 1, con la inscripción 'Ensidesa 23-60 E1' y que se encuentra girado hacia la derecha, muestra una rotura en “una forma aproximada de medio arco, encontrándose la parte alta del arco en la cabeza del perfil, y la parte baja del mismo en el patín”.

La inspección constata importantes desperfectos en el entorno inmediato del punto de fractura. Concretamente, las primeras diez traviesas posteriores al punto de rotura presentaban grietas longitudinales y roturas en el hormigón, extendiéndose los daños de menor consideración hasta la traviesa número 16 (a lo largo de 9,38 metros).

A partir de la traviesa 50, se aprecia “una variación en la configuración, dimensiones y características estructurales del durmiente de hormigón, así como en las suelas aislantes, placas de asiento, tirafondos y fijaciones (clips), cambiando estas últimas en su forma y color”.

Metros más adelante, tras un tramo de carril girado de 29,53 metros, constataron la ausencia de unos seis metros, aproximadamente, del carril derecho. Además, en las traviesas de este tramo en adelante, se observan marcas longitudinales en el sentido de la marcha. En el entorno de la traviesa 100 localizaron un fragmento de cupón de 2,43 metros de longitud, apoyado sobre el muro de contención.

Asociación de víctimas

Por su parte, el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que este nuevo documento es “un acta visual objetivo” por parte de la Guardia Civil, pero que “no aporta nada nuevo a la investigación ni al resultado de lo que ocurrió”.

No obstante, Samper ha puesto el acento en que este mismo mes de septiembre o en octubre se comience a analizar la vía. “Hay un laboratorio de Madrid que está ya designado para hacer esta prueba y parece que va a ser inminente la analítica del carril, y eso sí que va a ser determinante”.

“No sé cuanto tiempo se precisa para este análisis, pero ya está todo dispuesto para que sea ese laboratorio el que lo haga y sea, seguramente, en este mes de septiembre cuando se dé traslado de las piezas a ese laboratorio. Por ello, ya no falta nada, porque los peritos están designados, así como la orden de la jueza, por lo que no falta nada ya para realizar esta analítica”, ha abundado.

Por otra parte, desde el punto de vista de la asociación, Samper ha explicado que el 17 de septiembre se reunirán con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, “la encargada de decirle a las infraestructuras y a los trenes qué tienen que implementar en materia de seguridad”, para conocer “si hay avances, si se ha trabajado y si se ha hecho algo en ese sentido”.

Además, ha avanzado que van a solicitar una nueva reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para “analizar todos los puntos solicitados en la primera reunión a los que se comprometieron”, porque “a día de hoy no se ha cumplido ninguno de ellos”.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización formada por once personas que se dedicaban a llevar a cabo robos con fuerza en establecimientos de hostelería en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. En concreto, se ha detenido a nueve de sus integrantes, ya que otros dos ya se encontraban en prisión provisional por hechos similares. Este grupo criminal había sustraído efectos por valor de, al menos, 22.000 euros.

La investigación, bautizada como operación 'Rookie', se inició a consecuencia de un primer robo con fuerza cometido en un restaurante de Ayamonte (Huelva). Pocos días después, los agentes detectaron un segundo robo de características similares. La Guardia Civil comenzó a sospechar que los autores de estos hechos se desplazaban para cometer los robos. Por eso, llevó a cabo un estudio detallado de hechos similares denunciados en la provincia de Huelva, ha detallado el Instituto Armado en una nota.

Gracias a esto, se pudo identificar a uno de los autores, que vivía en un barrio de Sevilla, ciudad donde la banda tenía ubicada su sede y desde donde se desplazaban para cometer los delitos. En un primer momento, usaron vehículos de familiares y de alquiler, pero después comenzaron a utilizar automóviles sustraídos, para dificultar la investigación.

Llegaron a usar estos vehículos para forzar las puertas de acceso de los locales asaltados, y después los abandonaban para evitar que se les pudiera relacionar con ellos. La investigación pudo identificar al resto de los componentes de la banda y acreditar su participación directa en al menos diez robos con fuerza comercios en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, de los que se han podido recuperar piezas cárnicas, un turismo y productos de cosmética.

La investigación ha sido coordinada por el Equipo de Investigación de la Ayamonte, en colaboración de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Huelva y el Equipo Roca de la Guardia Civil de Aracena. Las diligencias han sido dirigidas por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 5 de Ayamonte.

La Guardia Civil, con la colaboración ciudadana y de la Policía Local de Palma del Río, ha detenido a una persona dos veces en quince días y esclarece diez delitos contra el patrimonio, entre ellos varios hurtos y robos con fuerza en viviendas, vehículos y edificios de uso público, cometidos en la localidad.

Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, en la mañana del pasado 6 de agosto efectivos de la Policía Local de Palma del Río sorprendieron in fraganti al ahora detenido cuando trataba de acceder a la iglesia de la Asunción con la intención de sustraer objetos de su interior, haciendo entrega seguidamente del detenido a la Guardia Civil, que asumió la instrucción de las diligencias y la investigación de los hechos.

Las investigaciones posteriores desarrolladas por la Guardia Civil, permitieron tras cotejar denuncias previas y analizar los “modus operandi” utilizados por el presunto autor, esclarecer otros cuatro delitos contra el patrimonio (robos y hurtos) cometidos en domicilios y vehículos. Entre ellos destaca el cometido en el Palacio de Portocarrero, inmueble de gran valor patrimonial y cultural para la localidad, cuyos efectos fueron recuperados en su mayor parte y devueltos a sus legítimos propietarios.

Reincidencia inmediata y dispositivo específico para su localización

El avance de las investigaciones desarrolladas posteriormente a su puesta a disposición judicial, permitió nuevamente su detención como presunto autor de otros cinco delitos contra el patrimonio cometidos en viviendas de la localidad. El detenido tras detectar la presencia de la Guardia Civil en la zona, emprendió la huida y se ocultó en una vivienda, logrando los agentes su detención.

Estas actuaciones constituyen un nuevo ejemplo del compromiso permanente de los agentes de la Guardia Civil de Palma del Río y de la eficaz coordinación entre los distintos Cuerpos policiales. Su labor diaria de vigilancia, prevención e investigación resulta esencial para proteger a los vecinos, sus viviendas y el patrimonio común, especialmente en el ámbito rural, donde la presencia cercana del Puesto de la Guardia Civil es una garantía de seguridad y tranquilidad.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que la seguridad es un compromiso de todos y que su colaboración resulta fundamental para construir un entorno más seguro, tal y como ha quedado reflejado en esta actuación.

La actuación vecinal durante la pasada jornada del domingo obligó a que unos okupas abandonaran una vivienda en Fernán Núñez, según ha adelantado Onda Cero Córdoba en sus redes sociales y ha podido confirmar este periódico.

La Guardia Civil acudió en el último día de la pasada semana a la localidad cordobesa después de una serie de avisos de que había alteración de orden público frente a una vivienda ocupada. Los agentes de la Benemérita lograron controlar este suceso con el paso de los minutos.

De hecho, el instituto armado consiguió sacar a los 'okupas' de la vivienda después de que estos accedieran a abandonarla de manera voluntaria y sin ocasionar daños personales.

Actualmente, se está pendiente de recibir las pertinentes denuncias y de identificar a las personas intervinientes, según ha podido confirmar este periódico.

Agentes de la Guardia Civil han logrado sofocar el incendio de una nave industrial en Espiel (Córdoba). Los hechos se produjeron cuando una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Espiel observó durante un servicio de Seguridad Ciudadana, desarrollado por la N-432 a la altura de la localidad de Espiel, una cortina de humo proveniente de un Aserradero de la localidad, ubicado en el Polígono Industrial.

Inmediatamente, los guardias civiles se trasladaron al lugar, donde observaron que en la parte trasera de la nave se encuentran varios montones de serrín en el suelo, los cuales se está quemando, afectando el incendio a una estructura de chapa anexa a la nave, además de al tejado de dicha estructura. Junto a la zona afectada se encontraba una máquina excavadora propiedad de la empresa que corría el riesgo de quemarse, lo mismo que el resto de la nave ya que las llamas cada vez eran de mayor intensidad.

Ante el peligro que podía ocasionar que se extendiera dicho fuego, tanto al vehículo pesado como a la fachada de la nave, los agentes utilizaron el extintor de polvo del vehículo oficial para evitar que las llamas pudieran ocasionar males mayores, ya que en el lugar no se encontraba ningún empleado, ni el responsable. Los guardias civiles a la vez que sofocaban el incendio, procedieron a realizar gestiones de localización de los responsables de la empresa.

Tras lograr los guardias civiles que el fuego no se propagase, se personaron en el lugar el responsable, junto con tres trabajadores con medios para refrescar la zona y poder finalmente extinguir el fuego que se había originado. No se procedió a dar aviso a personal de bomberos debido a que el personal de empresa disponía de una motobomba y pudo extinguir y refrescar la zona.

El incendio pudo haber tenido su origen en los trabajos, que se habían estado realizando en el interior de la empresa con una radial, pudiendo haber podido saltar alguna chispa y prender el serrín.

Gracias a la rápida actuación de los agentes, no se vio afectada la nave de la empresa, ni los vehículos, ni personas, sólo una parte de estructura anexa a la nave fabricada en chapa, evitando de esta forma lo que podía haber sido un incendio de grandes dimensiones debido a la cantidad de serrín y madera que se encontraba en la nave, el cual podía haber puesto en peligro la integridad de las personas y ocasionado un gran perjuicio económico a la empresa.

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Córdoba como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública por suministrar óxido nitroso durante la celebración de la feria de la barriada de Santa María de Trassierra, entre los días 13 y 16 de agosto. Las detenciones fueron practicadas en noches diferentes por agentes de la Guardia Civil de Córdoba capital.

Durante los días de feria, los efectivos desplegados en el dispositivo de seguridad y orden público tuvieron conocimiento, fruto de la colaboración ciudadana, que varios jóvenes estaban suministrando globos con gas de la risa en la explanada donde se habían concentrado alrededor de 500 personas para hacer botellón.

Los agentes realizaron una inspección discreta en la zona, evitando generar alarma entre los asistentes, lo que permitió identificar a los presuntos autores e intervenir las bombonas de gas y el resto de efectos utilizados. En ambos casos, la actuación concluyó con la detención de los responsables y con la instrucción de las correspondientes diligencias.

El óxido nitroso, conocido como gas de la risa o gas hilarante, se emplea en odontología como coadyuvante para la sedación, pero entre los jóvenes se ha extendido su uso recreativo inhalado a través de globos, actuando como depresor del sistema nervioso central. Se ha convertido en una droga de moda en Europa que muchos consumidores consideran inofensiva por desconocimiento, su consumo puede provocar graves alteraciones en las personas que lo consuman.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha procedido a la investigación de una persona por la comisión de un delito de incendio forestal, cuando realizaba labores agrícolas con maquinaria en el municipio de Los Blázquez.

La investigación se inició tras tener conocimiento la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba (COS-062), el pasado día 4 de julio, que se estaba produciendo un incendio forestal en la Sierra del Castillo, ubicada en el término municipal de Los Blázquez. Inmediatamente, el COS-062, paso el aviso a las patrullas en servicio en la zona, que se desplazaron al lugar del incendio, donde ya se encontraban trabajando personal del Plan Infoca para su extinción.

De la investigación llevada a cabo por los Agentes investigadores del SEPRONA de Córdoba, se determinó que el incendio fue causado por una negligencia como consecuencia de los trabajos de una máquina agrícola que realizaba labores de recolección tras la colisión de las cuchillas de corte con las rocas que se encuentran en el terreno sin que se hubieran adoptado medidas preventivas contra la propagación de incendios forestales, quemándose aproximadamente unas ciento cincuenta hectáreas, entre terreno forestal y agrícola, entre las que se encuentran unas treinta y cinco (35 Ha) Hectáreas de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) situadas en el Alto Guadiato, espacio donde anidan buitres leonados (Gyps fulvus), especie altamente protegida por el Convenio de Berna para la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.

Una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) se define técnicamente como un espacio natural protegido y catalogado por los Estados miembros de la Unión Europea para garantizar la conservación, supervivencia y reproducción de las especies de aves silvestres amenazadas y sus hábitats.

Según la normativa vigente, todo el término municipal de Los Blázquez (Córdoba), se haya incluido en zona de peligro de incendio forestal, la fecha del incendio queda determinada como época de peligro alto de incendio forestal del 1 de junio al 15 de octubre, dándose las circunstancias de que el día de incendio existía, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nivel de riesgo por incendios forestales muy alto.

Como culminación de lo expuesto, se ha procedido a la investigación de una persona, como presunto autor de un supuesto delito, de los incluidos en el título XVII, de los delitos contra la seguridad colectiva, sección II, de los incendios forestales.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Peñarroya-Pueblonuevo y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

La Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba, a través de sus unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza y del Destacamento de Fiscal y Fronteras, en colaboración con Inspectores de Salud de la Junta de Andalucía han realizado inspecciones en casetas y establecimientos ambulantes de comida, ubicados en el recinto ferial de Palma del Río durante la celebración de la Feria de agosto 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los asistentes, según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa.

Durante las actuaciones inspectoras se han verificado que las casetas y establecimientos ambulantes cumplan con la normativa de higiene alimentaria, se encuentren correctamente inscritos en los registros sanitarios correspondientes y se han comprobado las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos, así como la información facilitada a los consumidores se ajuste a la legislación vigente.

Por parte del Seprona se han detectado irregularidades a la normativa sobre alimentos por tener productos alimenticios careciendo de trazabilidad y etiquetado, falta de licencia de actividad como restauración, productos sin cadena de frío y carne congelada caducada, procediéndose a la intervención de unos 83 kilogramos de productos cárnicos, tales como churrascos de pollo, presa ibérica, filetes de lomo, lagrimitas de pollo, carne picada, trozos de pollo, solomillos de cerdo y carrillada.

Como resultado de las inspecciones se han tramitado varios expedientes por infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria que serán remitidas a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba.

El Destacamento de Fiscal y Fronteras, unidad encargada del resguardo fiscal, se ha centrado durante las inspecciones en prevenir y perseguir fraudes e ilícitos fiscales verificando bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes, ha tramitado expediente-denuncia por infracción a la normativa de venta de tabaco por punto de venta de tabaco con recargo, interviniéndose 102 cajetillas de tabaco.

Las actuaciones se han desarrollado en coordinación con Inspectores de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía para la inspección de los establecimientos y verificar si los productos alimenticios son aptos para el consumo humano, reforzando el trabajo con las administraciones en beneficio de los ciudadanos.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Andalucía junto al Equipo de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla han detenido al autor del atropello sucedido el pasado 18 de agosto en la autovía A-4 a la altura de Carmona (Sevilla), y que se saldó con la muerte de un militar, Efrén Carazo Fernández y natural de Palma del Río, que se dirigía a la base de Tablada cuando paró a cambiar una rueda.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, tras el estudio y análisis de los escasos restos hallados en el lugar del accidente, los agentes han identificado la marca y el modelo del vehículo implicado, lo que les ha servido para localización del vehículo relacionado con el siniestro vial, el cual presentaba daños compatibles con el atropello mortal del peatón.

Asimismo, se ha constatado que el detenido conducía el vehículo durante el acontecimiento, por lo que ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia y de abandono del lugar del accidente, recogidos en los artículos 142 y 382 del Código Penal respectivamente, y para lo que se contempla unas penas de prisión de uno a cuatro años y privación del derecho a conducir de uno a seis años para el primero, y de prisión de seis meses a cuatro años y prohibición de derecho de conducir por un periodo de uno a cuatro años para el segundo.

En este sentido, la benemérita ha indicado que el abandono del lugar en un siniestro, además de constituir un delito, supone una conducta “especialmente grave”, al dejar desamparados a víctimas y dificultar la atención inmediata, al mismo tiempo que todo conductor implicado en un siniestro vial tiene la obligación legal de detenerse, permanecer en el lugar y colaborar con los servicios de emergencia y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En contexto, la víctima del suceso fue un soldado natural de Palma del Río y perteneciente al Ejército del Aire, donde se encontraba destinado en la Maestranza Aérea de Sevilla (Maese), cuya sede se encuentra en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada.

La Guardia Civil ha detenido en La Rambla a un vecino de la localidad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La actuación se produjo en un punto de identificación de personas y vehículos establecido en uno de los accesos a la localidad de La Rambla, donde una patrulla observó un turismo que resultó sospechoso a los guardias civiles, que decidieron pararlo.

Tras parar el vehículo e identificar a su conductor, que resultó ser un vecino de La Rambla, de 44 años de edad, observaron que su conductor se encontraba en un estado de gran nerviosismo, lo que resultó sospechoso a los agentes, por lo que decidieron efectuar un registro superficial de turismo.

El registro practicado permitió localizar en su interior, una bolsa atada con un alambre que el conductor del vehículo manifestó que se trataba de cocaína, la cual tras su pesaje arrojó un peso de 32 gramos.

Ante este hallazgo, los guardias civiles procedieron a la detención del conductor del vehículo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y a la intervención de la droga.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y la droga intervenida, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

La Cibercomandancia de la Guardia Civil ha esclarecido una estafa del tipo Business Email Compromise (BEC) y un delito de blanqueo de capitales tras la suplantación de una empresa pública con relación a una solicitud fraudulenta del pago por una serie de gastos publicitarios en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La empresa perjudicada recibió un correo electrónico aparentemente remitido por una entidad pública en el que se le solicitaba el pago de 2.000 eurso bajo el concepto de tasa vinculada a gastos de publicidad derivados de un procedimiento de licitación que había sido adjudicado, para su posterior publicación en el BOE. Con el objetivo de dotar de credibilidad a la comunicación, los autores utilizaron una dirección de correo electrónico cuyo dominio era prácticamente idéntico al legítimo, además de emplear datos, referencias y documentación relacionados tanto con la entidad suplantada como con el supuesto procedimiento de contratación, dando al correo fraudulento gran credibilidad.

Al considerar que la solicitud procedía de su interlocutor habitual, la víctima efectuó el pago en la cuenta bancaria facilitada en el correo electrónico. Posteriormente, tras contactar con la entidad legítima a través de un canal de comunicación diferente, la empresa perjudicada comprobó que esta no había solicitado ningún pago ni tenía relación alguna con la cuenta bancaria indicada, descubriendo así que había sido víctima de una estafa.

Una vez interpuesta la denuncia telemática por la empresa perjudicada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y, tras su recepción, el Equipo @ de la Cibercomandancia inició las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de los hechos. Los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas, las direcciones de correo electrónico empleadas y la documentación remitida a la víctima. Asimismo, realizaron el seguimiento de la transferencia y analizaron la cuenta bancaria receptora y los movimientos posteriores de los fondos, pudiendo determinar su recorrido e identificar a las dos personas relacionadas con su recepción y posterior disposición.

El estudio de estos movimientos permitió esclarecer, además de la estafa, un delito de blanqueo de capitales relacionado con los fondos obtenidos mediante el fraude. Los autores investigados junto con las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juez de Alzira (Valencia), donde residen.

Cinco años y seis meses de prisión. Esa es la pena que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha impuesto a un hombre quien en enero de 2022 se enfrentó violentamente a la Guardia Civil con un cuchillo de cocina para boicotear la detención de su hijo, lesionó en el rostro a uno de los agentes y terminó atrincherándose en la vivienda de una vecina en la que se encontraban dos menores.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, detalla que el procesado ya había sido condenado con anterioridad en dos ocasiones por delitos de atentado contra los agentes de la autoridad: la primera, por la propia Sección Segunda de la Audiencia Provincial en marzo de 2018, y la segunda, por el Juzgado de lo Penal número 5 de la capital en noviembre del mismo año.

Los hechos juzgados se desencadenaron el 10 de enero de 2022, cuando la Guardia Civil organizó un operativo policial de localización y arresto en torno a un inmueble donde se encontraba oculto el hijo del acusado. Al tener conocimiento de la presencia de las patrullas, su padre se personó en el lugar en un estado de gran alteración, esgrimiendo un cuchillo de cocina de 24 centímetros de longitud y amenazando con cortarse el cuello ante los agentes. Blandiendo el arma con energía, se encaró con los guardias civiles al grito de “perros, os voy a matar...” para exigirles que le permitiesen el paso.

Ante la agresividad del hombre, la patrulla optó por permitirle acceder a la casa para evitar males mayores, de la que salió poco después acompañado por su hijo mientras ambos eran seguidos a corta distancia por los efectivos policiales, que continuaron recibiendo continuas amenazas de muerte. Al alcanzar una zona despejada, uno de los agentes se abalanzó sobre el acusado para intentar arrebatarle el arma blanca mientras un compañero trataba de reducirlo. Sin embargo, el procesado entabló un duro forcejeo en el que no soltó el cuchillo, zafándose de la patrulla y dándose a la fuga a pie. En ese momento, el hijo del procesado aprovechó para huir.

A causa de esta intervención violentada, uno de los guardias civiles sufrió un corte inciso profundo en el rostro de unos cinco centímetros, que se extendió desde la raíz nasal hasta la región del ojo izquierdo. La herida requirió asistencia de urgencia y una intervención de sutura por planos, tardando 52 días en curar con un perjuicio personal moderado y dejándole como secuela una cicatriz visible de siete centímetros que supone un perjuicio estético ligero.

En su huida, el acusado entró en un edificio cercano, echó la puerta abajo de una patada e irrumpió ensangrentado y cuchillo en mano en el domicilio de una vecina, que en ese momento se hallaba dentro junto a sus dos hijos menores de edad. El procesado conminó a la mujer a guardar silencio y se sentó en una butaca del salón sin dejar de esgrimir el cuchillo de cocina. Tras algo más de diez minutos en los que la mujer y su hijo mayor pudieron moverse por el piso, la familia logró salir al exterior, momento en el que la patrulla de la Guardia Civil que rodeaba el inmueble accedió a la vivienda para reducirlo y detenerlo.

A consecuencia de su arresto, el procesado estuvo en prisión preventiva desde el 10 de enero hasta el 14 de septiembre de 2022. Desde esa fecha, quedó en libertad provisional sometido a medidas cautelares que le prohibían abandonar el territorio nacional con retirada del pasaporte, le imponían la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y fijaban una orden de alejamiento e incomunicación con la vecina afectada.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial lo ha condenado a tres años y seis meses de prisión por un delito de atentado agravado por el empleo de instrumento peligroso, a un año de cárcel por un delito de lesiones y otro más por el de coacciones. El tribunal ha descartado la acusación de detención ilegal formulada por la Fiscalía y la acusación particular al considerar que la limitación de movimiento que sufrió la vecina no era el objetivo del acusado, sino una consecuencia de su intento de ocultarse de la Guardia Civil.

El tribunal ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas tras apreciar un estancamiento “extraordinario e indebido” en la fase intermedia de la causa dentro del Juzgado de Instancia e Instrucción número 1 de Posadas, donde las diligencias sufrieron una parálisis ininterrumpida de más de un año entre abril de 2023 y octubre de 2024. Asimismo, la sentencia ha rechazado la atenuante de toxicomanía solicitada por la defensa al no haberse aportado ninguna prueba que acreditara que el procesado actuara con las facultades mermadas por el consumo de drogas.

Por último, el condenado deberá indemnizar al guardia civil herido con 9.120 euros y abonar las costas del juicio.

En el marco de las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en la provincia de Córdoba, una persona fue sorprendida cuando, presuntamente, había colocado una red abatible para la captura ilegal de aves fringílidas; el mismo, al verse sorprendido, emprendió la huida, siendo interceptado por los agentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en el extrarradio de la capital cordobesa, donde la Pacprona de Córdoba localizó una red abatible de 4 metros de largo por 1,5 metros de alto cada hoja, en la que en el momento de la intervención se encontraban atrapados un ejemplar de jilguero (carduelis carduelis) y un ejemplar de verderón común (chloris chloris), los cuales fueron liberados en el medio natural en el momento.

Así mismo, alrededor de la red se localizaron cuatro ejemplares de jilguero (carduelis carduelis), dos ejemplares de pardillo común (carduelis cannabina) y tres ejemplares de verderón común (carduelis chloris), que habían sido capturados ilegalmente y que permanecían enjaulados y utilizados como reclamo, dichas aves fueron liberadas en el medio natural.

El presunto autor fue investigado como presunto autor de un delito contra la fauna, previstos en los artículos 335, por la captura de especies no permitidas y 336, por la utilización de medios de captura prohibidos no selectivos, del Código Penal.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente, a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba y, en paralelo, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, para la posible incoación de expediente sancionador por la vía administrativa.

Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la captura de aves fringílidas mediante artes prohibidas constituye una práctica ilegal que conlleva sanciones administrativas y responsabilidades penales.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestos autores de tres delitos de robo con fuerza en las cosas, un delito de hurto y un delito de daños, cometidos entre junio y julio en Villafranca de Córdoba y Montoro.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias por la sustracción de gasóleo de camiones y autocares estacionados en explanadas y recintos vallados de ambas localidades, en las que los autores llegaron a sustraer 1.600 litros de combustible.

Tras realizar las inspecciones técnico-oculares, los agentes comprobaron que el modus operandi respondía a un patrón similar en todos los casos, lo que hizo a los investigadores sospechar que pudieran haber sido cometidos por las mismas personas.

El desarrollo de la investigación permitió sospechar que los robos pudieran haber sido cometidos por dos varones de 36 y 35 años de edad, vecino uno de ellos de Montoro y el otro de El Carpio, ambos con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Tras obtener indicios suficientes de la implicación de ambos en los robos y hurto denunciados, se estableció un dispositivo de servicio que culminó con su detención.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección del medio rural y del sector agrícola, y con la lucha contra los delitos que afectan al patrimonio de los vecinos de la provincia.