La Guardia Civil ha interceptado a un conductor de una motocicleta que huyó de los agentes por las parcelaciones de El Higuerón y que acabó siendo interceptado. Según el instituto armado, se investiga al conductor por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

Según la información remitida, los hechos tuvieron lugar el pasado día 15 de octubre cuando, agentes perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba, se encontraba realizando servicio de vigilancia de carreteras por carretera A-431, y procedieron a parar al conductor de una motocicleta para notificarle una infracción observada, el cual, hizo caso omiso dándose a la fuga.

El conductor de la motocicleta y único ocupante huyó del lugar circulando a gran velocidad, lejos de atender a las indicaciones de los Agentes, adentrándose hacia la barriada de El Higuerón, realizando maniobras peligrosas tanto para su persona como para el resto de usuarios de la vía, prescindiendo de las más elementales normas del deber de cuidado y de la seguridad del tráfico.

Así, tras recorrer aproximadamente tres kilómetros y adentrarse en una zona de parcelaciones, el conductor, abandonó la motocicleta y continuó su huida a pie, siendo finalmente localizado por Agentes pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (G.I.A.T.) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba.

Consecuencias penales

El conductor implicado, se enfrenta a una pena de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar las señales de circulación y las idicaciones de los agente, detenéndose siempre que así lo requieran en el ejercicio de sus funciones. Asímismo, es recomendable mantener una conducción responsable, evitando maniobras peligrosas y velocidades excesivas que puedan poner en peligro la propia vida y la de los demás usuarios.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa de dos hombres y ha ratificado una pena de un año de prisión para cada uno de ellos por un delito de robo con fuerza en las cosas. El botín que les ha costado esta condena han sido dos palets de madera vacíos valorados en apenas 30 euros. El objetivo no era otro que revenderlo a una empresa de compra-venta de palets.

Los hechos se remontan a finales de 2022 en la capital. Según recoge la sentencia, sobre las 18:45, ambos acusados fueron a la nave de la empresa Estrella del Sur Distribuciones, situada en el polígono de Las Quemadas. En ese instante, un agente de la Policía Nacional fuera de servicio estaba paseando por la zona cuando vio que uno de los procesados había accedido al patio interior de la nave -rodeado por una valla metálica de más de dos metros-, mientras que el otro permanecía en el exterior pisando y doblando el cerramiento para facilitarle la salida con los palets.

Desde su perspectiva, el agente vio cómo el hombre que estaba dentro de la nave iba cargando y pasando los palets por encima de la valla destrozada para que el otro procesado los introdujera de inmediato en una furgoneta aparcada junto al vallado. Tras el robo, ambos huyeron del lugar a bordo del vehículo, pero el policía los siguió. Esta vigilancia le permitió comprobar que los imputados acabaron en una empresa de compraventa de palets, por lo que activó a la patrulla correspondiente, que acabó deteniendo a los procesados a la salida del polígono industrial.

Al no poder concretar el empresario de la fábrica cervera el número exacto de palets robados más allá de que faltaban “varios”, la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba aplicó el criterio más favorable a los procesados, fijando el mínimo: dos palets de 15 euros cada uno. En consecuencia, los condenó a un año de prisión por un delito de robo con fuerza, fallo que fue recurrido por la defensa.

No obstante, la Audiencia ha rechazado íntegramente el escrito, confirmando tanto la pena de prisión como el pago solidario de los 30 euros de responsabilidad civil y las costas procesales de la primera instancia.

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Baena a una persona como presunta autora de un delito de hurto cometido en un domicilio de la localidad de Luque tras sustraer supuestamente una caja de caudales con más de 125.000 euros en efectivo, a una persona de 91 años de edad.

Las actuaciones se iniciaron tras recibir, los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Baena, varios avisos ciudadanos alertando de la posible sustracción de dinero a un vecino de avanzada edad de la localidad de Luque. La Guardia Civil tuvo conocimiento de que supuestamente, una mujer familiar de la víctima, aprovechando la confianza y cercanía de este, había hurtado del interior del domicilio dinero en efectivo que guardaba desde hace años, abandonando de manera precipitada la vivienda.

Ante la gravedad de los hechos, los guardias civiles iniciaron inmediatamente las gestiones para el esclarecimiento del suceso, desplazándose al lugar de los hechos e iniciando, de manera paralela, un dispositivo para la localización de la presunta autora del hurto.

La investigación y rápida intervención de la Guardia Civil, permitió detectar de que la sospechosa se desplazaba en taxi hacia la localidad de Baena, por lo que se movilizaron rápidamente varias patrullas para interceptar el vehículo. Finalmente, los guardias civiles lograron localizar el vehículo y detener a esta persona, interviniéndole en el interior de una maleta que portaba, una caja de caudales con la totalidad del dinero en efectivo supuestamente sustraído.

Las diligencias instruidas, así como la persona detenida y los efectos recuperados, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública y un delito de amenazas en la localidad de Aguilar de la Frontera, tras serle intervenidas ocho plantas de marihuana y una pistola de aire comprimido.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Aguilar de la Frontera por un vecino, quien manifestó haber sido amenazado con un arma corta durante un incidente con otro vecino de la localidad. 

A partir de los datos aportados, los agentes de la Guardia Civil realizaron diversas gestiones, cuyo fruto permitió la identificación y localización del presunto autor en su domicilio. Tras ser requerido por los guardias civiles, reconoció encontrarse en posesión del arma implicada, así como que carecía de la correspondiente documentación o autorización para su tenencia, procediendo a entregar, de forma voluntaria, una pistola de aire comprimido, procediendo la Guardia Civil a su inmediata intervención.

Durante el desarrollo de las actuaciones en el inmueble, la Guardia Civil detectó, además, indicios de la existencia de un posible cultivo de sustancias estupefacientes en el interior, por lo que solicitó al propietario autorización para comprobar tal extremo, confirmando este que tenía varias plantas de marihuana, autorizando a los agentes a entrar al inmueble, donde los guardias civiles aprehendieron ocho plantas de cannabis sativa de aproximadamente 1,60 metros de altura, que cuyos cogollos arrojaron posteriormente un peso de 920 gramos.

Las diligencias instruidas, así como la persona investigada y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Cristian Abel Corvillo Aguilar aún estaba en pijama cuando acompañaba a media docena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la zona de su piscina en uno de los chalets más grandes de la Carrera del Caballo de Córdoba. Los agentes lo habían sorprendido a primera hora de la mañana de este jueves y a las 14:30 horas aún no se había cambiado de ropa. Los guardias civiles registraban una casa enorme, de dos plantas con sótano, un amplio jardín, una piscina con zona anexa y un garaje. Corvillo, a esas horas, seguía siendo militante del PSOE, a pesar de que su nombre había aparecido en el sumario del caso de los hidrocarburos del empresario Víctor de Aldama, que había acudido a declarar a la comisión de investigación del Senado y hace un mes a la Audiencia Nacional.

Hace nueve años y medio, en la primavera de 2017, Cristian Corvillo se subía a un escenario con Pedro Sánchez. El actual presidente del Gobierno había dimitido como secretario general y había iniciado un proceso interno para exigir unas primarias que acabaría ganando. Pero en aquel mes de abril, Sánchez era un político radioactivo en Córdoba. Tanto que en aquel escenario de los colegios mayores solo lo acompañaba Carmen Calvo, después vicepresidenta del Gobierno; Teba Roldán, siempre en el sector crítico; y Alfonso Muñoz. Junto a ellas, Cristian Corvillo, un absoluto desconocido.

Este jueves, tras su arresto, se viralizó un tuit del propio Corvillo, con una foto a Sánchez, que se está comiendo un plato de arroz después de un acto del PSOE y sentado sobre un pequeño muro de piedra. Diez días después, Corvillo se subía al escenario de los Colegios Mayores de Córdoba, sin que nadie supiera muy bien quién era. Al menos para el gran público. El PSOE sí que lo conocía. Dos años antes, Corvillo fue elegido por los militantes de su pueblo, Peñarroya-Pueblonuevo, como candidato a la Alcaldía. La dirección del PSOE anuló la candidatura. La número cuatro de la lista era Luisa Ruiz, exalcaldesa que entonces estaba procesada en el caso Rocket, por el que fue detenida. Ruiz fue condenada a seis años de cárcel por una trama de corrupción municipal.

Dos años antes de subirse al escenario con Sánchez, Corvillo se presentaba como un empresario local. Estaba al frente de la empresa Grupo Egisse Servicios Asistenciales S.L., dedicada a la ayuda a domicilio o servicios de aula matinal en colegios. La empresa entró en concurso de acreedores en 2018. Un vehículo de la entidad, muy viejo y descolorido, estaba aparcado este jueves frente al chalet de Corvillo en la Carrera del Caballo.

Mediáticamente, Corvillo es conocido por haber sido “el chófer de Sánchez”, algo que el PSOE niega. Pero Corvillo sí que estuvo en el núcleo cercano que en 2017, cuando Sánchez era radioactivo para los cargos del PSOE, se recorrió las agrupaciones socialistas del país recogiendo firmas para las primarias. Y fue ahí cuando conoció a José Luis Ábalos, del que se convirtió en un hombre muy cercano.

Corvillo acumuló un enorme poder en la sombra cuando Ábalos se convirtió en secretario de Organización del PSOE y posteriormente Sánchez lo hizo ministro de Transportes. A posteriori, los investigadores se han llegado a referir a él como el “Koldo de Andalucía”, aunque en Córdoba siempre fue “el hombre de Ábalos”. Corvillo se implicó internamente en muchos procesos del PSOE cordobés, bastantes de ellos sin éxito, como el intento de convertir a Teba Roldán en secretaria provincial.

Durante el mandato de Ábalos en Transportes acompañó en numerosas ocasiones al ministro. Nunca como Koldo. Jamás fue asesor ni ocupó cargo público alguno. Pero sí que formó parte de su círculo más cercano en Andalucía. Ábalos visitó mucho Córdoba. Y en esta ciudad también se vio con Víctor de Aldama, en presencia del propio Corvillo.

Cristian, por su parte, también sumó al círculo a su hermano Rubén, también detenido este jueves. Rubén Corvillo también fue militante del PSOE y candidato a la Alcaldía de un pequeño pueblo de Zamora, Villalobos, sin éxito. Rubén acabó asociándose con Aldama y creando varias sociedades.

En 2024, un informe de la UCO de la Guardia Civil los vinculó con la trama de los hidrocarburos y aseguró que los hermanos estarían ayudando a Aldama a despatrimonializarse. Aldama se sentía ya perseguido y buscaba eliminar el rastro del dinero defraudado a través de una millonaria trama de hidrocarburos. El 12 de mayo del 2022, Corvillo Energy, una empresa propiedad de Rubén Corvillo, compró participaciones de una sociedad de Aldama, llamada MTM 180 Capital. Ésta fue la empresa que presuntamente usó Aldama para firmar contratos con Soluciones de Gestión, la compañía que firmó contratos de compra de mascarillas con el Ministerio de Transportes o los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. En total, facturaron más de 50 millones de euros, de los que ganaron unos 15 millones repartidos entre Soluciones de Gestión (9 millones) y Aldama (6 millones).

Durante estos dos últimos años, Cristian Corvillo ha sido visto en la comisión de investigación del Senado y en su declaración ante la Audiencia Nacional, donde aseguró que no tenía nada que ver con el intento de despatrimonializarse de Aldama. Pero también en algunos pequeños actos del PSOE de Córdoba, donde muchos pensaban que ya había dejado de ser militante. Al menos, la mayor parte de militantes que entraron con él cuando era el todopoderoso hombre de Ábalos en Córdoba sí que se habían ido dando de baja paulatinamente del partido.

Ahora, el PSOE de Córdoba ha asegurado que está a la espera de conocer su situación procesal para tomar una decisión y activar su suspensión. De momento, lo que se sabe es que Corvillo ha sido arrestado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y fraude fiscal. Corvillo fue puesto en libertad en la tarde de este jueves, a la espera de comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

La Dirección del PSOE de Córdoba ha aclarado que el empresario Cristian Corvillo, detenido este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una nueva línea de investigación relacionada con el caso Koldo, “no ostenta cargo orgánico ni institucional alguno en representación del PSOE más allá de su afiliación como militante de base al partido”.

Desde el PSOE cordobés han aclarado que han conocido por la prensa la noticia de la detención de Corvillo, ordenada por la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

La reacción ha sido aclarar que la única vinculación del detenido con el PSOE es la de su militancia, “adscripción sobre la que la Dirección Provincial actuaría en consecuencia a la luz de las conclusiones que se deriven de la investigación abierta y del procedimiento judicial en curso, actualmente en secreto de sumario”.

Asimismo, han recordado que la afiliación a un partido político en España está regulado como un derecho fundamental en la Constitución Española, y que la apertura de un expediente disciplinario de expulsión está tipificado en el PSOE en los casos de condena firme por delitos graves, especialmente aquellos vinculados a la corrupción, violencia, discriminación y vulneración de nuestro código ético, según nuestros estatutos internos.

Cristian Corvillo ha abandonado su vivienda de la Carrera del Caballo en calidad de detenido por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Corvillo ha estado más de siete horas en el chalet de la calle Celia Cruz junto a los guardias civiles, que han peinado toda la vivienda. Los agentes de han llevado varias pruebas para el caso en el interior de cajas de cartón.

Corvillo fue mano derecha del exministro José Luis Ábalos. Natural de Peñarroya Pueblonuevo, vivía desde hacía unos años en Córdoba capital, en unos de los chalets más espaciosos de la zona de la Carrera del Caballo, una urbanización construída a principios de siglo por Rafael Gómez alias Sandokán. Corvillo ha sido puesto en libertad con cargos en la tarde de este jueves. Está acusado de cuatro delitos: blanqueo, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y fraude fiscal. Junto a él han sido puestas en libertad las seis personas detenidas este jueves. Ahora, serán citadas por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

En principio se investiga si forma parte de una trama de amaños de contratos públicos y blanqueo de capitales. Mientras, los agentes de la UCO también han registrado varias propiedades de Corvillo y de su hermano Rubén en Peñarroya Pueblonuevo. Según ha podido saber este periódico, su hermano Rubén también ha sido arrestado en este caso.

Cristian Corvillo testificó el pasado 3 de septiembre ante el juez Santiago Pedraz, que investiga el 'caso hidrocarburos', reconociendo haberse visto con el exministro Ábalos por temas relacionados con el PSOE, así como que él y su hermano Rubén tuvieron una vinculación empresarial con el conseguidor Víctor de Aldama, aunque puntualizando que los negocios nunca fructificaron.

La Dirección del PSOE de Córdoba ha asegurado este jueves que Cristian Corvillo es un empresario y militante de base. “No ostenta cargo orgánico ni institucional alguno en representación del PSOE, más allá de su afiliación como militante de base al partido”, ha dicho.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han lanzado este jueves una operación en el marco de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que ha incluido un registro en una vivienda en Córdoba capital, en la urbanización de Carrera del Caballo. Otro de los registros se ha producido en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y además se ha hecho un requerimiento de información en Adif.

Las diligencias, en las que también participa la Fiscalía Anticorrupción, han incluido un nuevo registro en el domicilio en Valencia del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Los agentes también tienen la orden de requerir información en Adif, entre otras diligencias que se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, acordara ayer, miércoles, la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe de la UCO.

Cristian Corvillo fue, hasta que José Luis Ábalos cayó como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, uno de los destacados sanchistas en la provincia de Córdoba. En el timeline de su cuenta en X, anteriormente Twitter, aparecen imágenes con el presidente del Gobierno cuando volvía a intentar dar la batalla tras ser cesado como secretario general del PSOE. Corvillo de hecho llegó a ser designado como candidato del PSOE a la alcaldía de su pueblo, Peñarroya-Pueblonuevo, en el año 2015. Pero la dirección provincial socialista anuló una lista en la que incluía a la exregidora Luisa Ruiz, que acaba de ser condenada a tres años y medio de cárcel por fraude y falsedad en la conocida como operación Rocket, el uso fraudulento de los fondos públicos del plan Miner para la compra de unas locomotoras que nunca llegaron.

Los agentes también tenían la orden de requerir información en Adif, entre otras diligencias que se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, acordara este miércoles la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe de la UCO.

Las diligencias se han desarrollado en Córdoba, Valencia, Madrid y Sevilla. Hasta la capital andaluza se han desplazado los agentes para requerir información de la constructora Azvi.

El presidente de Azvi, Manuel Contreras, testificó durante el juicio en el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas', negando haber pagado o entregado dinero a la presunta trama del 'caso Koldo'.

Fuentes de Azvi han indicado a Europa Press que este jueves se han limitado a cumplir con el requerimiento de información, subrayando que se trata de una actuación bajo secreto y que, por tanto, no podían desvelar la documentación reclamada por respeto a la confidencialidad y no interferir en la labor de los investigadores.

“Desde Grupo Azvi queremos trasladar nuestra más absoluta tranquilidad ante esta actuación, así como nuestra plena confianza en el trabajo de las autoridades competentes”, han indicado.

La trama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel --Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro--, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir.

Moreno también investiga en la causa presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también está secreta.

El origen del caso Mascarillas

El instructor indaga en el marco del 'caso Koldo' en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel -Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro-, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir.

Moreno también investiga en la causa presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también está secreta.

La Guardia Civil ha rescatado a un senderista que resultó herido mientras realizaba una ruta por la Sierra de la Tiñosa, en la zona de la Cueva del Morrión, ubicado dentro del término municipal de Priego de Córdoba.

Según informa el Instituto Armado, la central de coordinación COS de la Guardia Civil recibió el aviso sobre las 14:00, alertando de que una persona había sufrido una lesión en la pierna que le impedía continuar la marcha por sus propios medios en un tramo de difícil acceso.

Evacuación aérea por la orografía del terreno

Hasta la zona de aproximación se desplazaron de inmediato varios componentes de la Guardia Civil junto a efectivos del parque de bomberos de la localidad. Tras evaluar las condiciones del terreno y certificar su elevado nivel de exigencia técnica, se determinó la necesidad de realizar la evacuación por vía aérea.

Se solicitó la activación de la Unidad Aérea de la Guardia Civil con base en Granada, cuyo helicóptero se incorporó al dispositivo sobre las 15:00. Tras acceder al punto donde se encontraba el accidentado, la tripulación de guardias civiles procedió entonces a su rescate e izado a bordo sobre las 16:30, trasladándolo con rapidez hasta el helipuerto municipal de Priego de Córdoba.

Dos especialistas del grupo especial de rescate en montaña de la Guardia Civil “GREIM” han sido los que han realizado la operación, transportados arriba por el helicóptero del Servicio Aéreo, ya que al punto de extracción no podían llegar ni bomberos ni servicios sanitarios.

Asistencia sanitaria y coordinación del dispositivo

En el punto de aterrizaje, la Guardia Civil había coordinado con Policía Local de Priego de Córdoba y servicios sanitarios, el traslado de la persona evacuada mediante ambulancia, al centro de salud de la localidad. Tras la correspondiente atención médica y tras recibir el alta, se verificó además, que la persona afectada disponía de la autorización administrativa necesaria para el tránsito por dicho sendero del Parque Natural Sierras Subbéticas.

En la resolución de la incidencia participaron una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, un helicóptero de la Unidad Aérea del Cuerpo, tres efectivos de bomberos con dos vehículos de intervención, Policía Local y servicios médicos de urgencias.

La Guardia Civil remarca la importancia de extremar la precaución en actividades de montaña, verificar los permisos de acceso en espacios naturales protegidos y mantener informados a los servicios de emergencia o allegados sobre las rutas previstas.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Córdoba ha criticado este viernes que “la Dirección General de la Guardia Civil ha publicado más de 3.700 vacantes para guardias civiles en todo el país, de las cuales sólo 27 corresponden a la provincia de Córdoba, cifra que apenas llega al 0,7% del total, a pesar de que hay más de 200 vacantes sin cubrir y de que lleva varios años perdiendo efectivos, con todas las unidades necesitando refuerzos”.

Según ha lamentado AUGC Córdoba en una nota, “una vez más el escaso número de vacantes publicadas para Córdoba la sitúan dentro de las diez provincias que reciben menos refuerzos en todo el país, y contrasta con los del resto de provincias de la comunidad autónoma”.

Así, “Huelva recibe 108, Cádiz 102, Sevilla 81, Jaén 60, Almería 50, Málaga 49 y Granada 35”, de modo que “la provincia de Córdoba solo recibe el 5,2% de los refuerzos que se destinan a Andalucía, a pesar de tener la plantilla más reducida de la comunidad autónoma desde hace muchos años”.

Para AUGC, “es vergonzoso que solo a dos puestos de seguridad ciudadana de la provincia se les asignen vacantes, tres al de Peñarroya y una al de Pozoblanco, manteniendo a todos los demás en la situación precaria que tienen ahora o incluso peor cuando se publiquen los destinos y se marchen efectivos a otras unidades y provincias”.

También “se ofertan cuatro vacantes para la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario y otras cuatro para el Núcleo de Servicios, unidad que actualmente está siendo reforzada por personal comisionado debido a su gravísimo déficit de plantilla, pero la llegada dentro de unos meses de cuatro nuevos efectivos servirá de poco cuando se marchen los refuerzos temporales”.

El resto de vacantes se reparten entre distintas especialidades, pues hay “tres para Policía Judicial, cuatro de planas mayores, tres de Fiscal y Fronteras, dos de Tráfico, el mismo número para la Usecic y una la Intervención de Armas de Pozoblanco. El resultado es que las unidades de la Guardia Civil en esta provincia van a seguir bajo mínimos y con graves problemas para poder ofrecer seguridad a los municipios”.

En opinión de esta asociación profesional resulta “muy preocupante que la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior sigan menospreciando la seguridad de la provincia de Córdoba, que ha perdido el 9,8% de los guardias civiles en los últimos cuatro años”.

Ese “grave déficit” de guardias civiles “obliga a tener la mayoría de puestos cerrados casi todo el tiempo, y las escasas patrullas disponibles teniendo que atender las incidencias de varias poblaciones simultáneamente, sin poder vigilar y llevar a cabo una labor preventiva”, han lamentado desde AUGC Córdoba.

La Guardia Civil de Córdoba presta ayuda a los agentes de la Benemérita de Toledo para “agilizar trámites” en la gestión del siniestro ferroviario de la localidad toledana de Urda, con la colisión entre los dos trenes AVE e Iryo, con 69 personas fallecidas y 110 heridas, todo ello tras la experiencia de Adamuz, donde hace nueve meses, el domingo 18 de enero, se registró el descarrilamiento del tren Iryo y posterior colisión con el Alvia, causando la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Francisco Ruiz, ha explicado que desde la Comandancia se han puesto a disposición de los compañeros de Toledo, “porque de la experiencia de Adamuz se recogieron unas enseñanzas, una forma de actuar y unas recomendaciones”, de manera que están “en todo momento en contacto con ellos, asesorando en lo que pueden y ayudando con la experiencia que los agentes adquirieron en Adamuz”.

Por ejemplo, ha citado que “se han facilitado todos los contactos y estructura de las empresas ferroviarias”, así como “toda la experiencia que los compañeros de Policía Judicial y Policía Científica adquirieron en ese momento”, de forma que “los responsables de la investigación del siniestro de Adamuz adquirieron una serie de contactos de personal de seguridad de Renfe y una serie de conocimientos y de buenas prácticas, que están sirviendo para agilizar todos los trámites que se tienen que hacer en el siniestro de Urda”.

Por el momento no se ha trasladado ningún agente del Instituto Armado de Córdoba a la zona, aunque están “en contacto permanente”, ha destacado Francisco Ruiz, quien también ha informado de la oficina Ante Mortem en la Comandancia “a disposición de todos los familiares y conocidos de las posibles víctimas, donde se recogen denuncias por desaparición y muestras de ADN y demás objetos y evidencias que ayuden a identificar posibles personas desaparecidas”.

Al respecto, ha comentado que está abierta desde las 8:00 hasta las 22:00, y “hasta ahora no se ha personado ningún familiar a presentar ningún tipo de denuncia”, si bien “sí se han personado algunos conocidos de personas desaparecidas para comunicar esos hechos, que al hacer las gestiones y al comprobarlo ya habían presentado las respectivas familias la pertinente denuncia por desaparición de esas víctimas”, ha indicado.

En concreto, el acceso a la misma es por la entrada de Avenida de los Mozárabes, frente a los Jardines de la Agricultura, y a ella pueden dirigirse familiares de personas que pudieran viajar en los trenes accidentados, para recogida de muestras biológicas o cualquier otro indicio o prueba que permita la identificación de su familiar.

El siniestro

El siniestro se ha registrado a las 8:54 de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante y ha causado el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo.

Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

Además, en el centro de control de Adif en Atocha se vigila la ubicación de todos los trenes. Cuando uno se para, aparece en la pantalla que ese tren está ocupando un tramo en concreto, por lo que no debería de ser ocupado por otro tren que viene por detrás.

La Guardia Civil ha habilitado en Córdoba una oficina ante mortem para atender a los familiares de las personas que pudieran viajar en los trenes accidentados este miércoles en la localidad toledana de Los Yébenes.

Según ha informado el instituto armado, el dispositivo se ha instalado en la sede de la Comandancia, con acceso por la avenida de los Mozárabes, frente a los Jardines de la Agricultura. En estas dependencias, los familiares pueden aportar muestras biológicas y cualquier otro indicio o prueba que pueda contribuir a la identificación de sus seres queridos.

Esta oficina está destinada a recopilar información y muestras que ayuden a los equipos de investigación a identificar a las posibles víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Por el momento, la cifra de fallecidos es de 64 y la de heridos graves, 50.

El Instituto Armado insta a familiares de desaparecidos a informar y cotejar ADN

El portavoz de la Guardia Civil en la zona cero del siniestro ferroviario que se ha saldado con 68 fallecidos en la localidad toledana de Urda, Ramón Cuevas, ha enfatizado la importancia ahora de que los familiares de primer grado “vayan a los centros de denuncia instalados” en las cuatro comandancias de Guardia Civil para denunciar las desapariciones “lo más pronto posible”.

Ha recalcado la idoneidad de que sea “un familiar de primer grado”, ya que al poner la denuncia “se tomará una muestra de ADN” que será lo más compatible posible al del familiar buscado.

Tras recordar que los centros de la calle Batalla del Salado de Madrid, el de la comandancia de Toledo, el de Sevilla y el de Córdoba son los que se han puesto a disposición de los familiares, ha insistido en la importancia de esas muestras de ADN para poder “cotejar” la información.

Del mismo modo, ha pedido a los seres queridos de las posibles víctimas que “no acudan al lugar de los hechos” y que dejen trabajar a los servicios de emergencia. “Si sus familiares están desaparecidos, es fundamental que acudan a uno de los cuatro centros de denuncia”, ha insistido. Una vez acudan allí, se preguntarán datos físicos sobre la persona desaparecida, “datos de edad, tatuajes, cicatrices o lunares”.

Tras las primeras acciones de rescate en el lugar de los hechos y después de socorrer a todos los heridos, arrancarán las labores de comprobación de que no queda nadie con vida en el interior de los vagones, “una tarea complicada para seguir buscando víctimas” para lo cual se echará mano del servicio cinológico de la Guardia Civil de cara a encontrar “restos biológicos”.

“Es una labor fundamental que van a comenzar a partir de las siguientes horas una vez que aparentemente no queden víctimas”, relata el portavoz de la Benemérita.

De forma paralela “se iniciará la investigación por parte del servicio de criminalística y por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil”.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por el robar 120 barandillas ornamentales de las lápidas del cementerio de Almodóvar del Río (Córdoba). Los hechos tuvieron una importante repercusión social entre los vecinos, debido al valor sentimental de los objetos sustraídos, según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos después de que el responsable municipal del cementerio presentara la denuncia, tras los daños ocasionados en numerosos enterramientos del cementerio municipal.

La investigación determinó que los presuntos autores habían accedido al recinto escalando el muro perimetral para, posteriormente, sacar los efectos por encima del mismo. Paralelamente, los agentes inspeccionaron los establecimientos de compra de metales y chatarrerías de la zona y localizaron 120 barandillas ornamentales sustraídas, que después fueron recuperadas.

Finalmente, la Guardia Civil confirmó la identidad de los presuntos autores y pudo detenerlos en la vía pública. Tanto las diligencias instruidas, como los detenidos y objetos recuperados, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco a una persona sobre la que recaían cinco requerimientos judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional, según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa.

El detenido se había trasladado recientemente a la localidad de Pozoblanco y, para eludir la acción de la justicia y pasar desapercibido en el municipio, hacía uso continuo de la identidad de su hermano.

La investigación se inició tras una identificación realizada por guardias civiles de la localidad sobre esta persona que despertó serias dudas sobre su veracidad a los agentes. Tras profundas gestiones e investigaciones, la Guardia Civil logró determinar, sin género de dudas, la identificación real de esta persona.

Verificadas las bases de datos, se comprobó que sobre el mismo pesaban cinco órdenes de búsqueda, detención, personación e ingreso en prisión, emitidas por distintos juzgados de Sevilla, Palma de Mallorca y Manacor.

La Guardia Civil estableció en ese momento un dispositivo de localización de la persona requerida, dando como resultado, su interceptación y detención cuando se encontraba en la vía pública.   

El detenido, en unión de las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Pozoblanco, autoridad que decretó su posterior ingreso en el Centro Penitenciario de Córdoba.

El tipo de droga que se mueve por Andalucía es diferente según la provincia en la que estemos. En las zonas de costa, el hachís y la cocaína son las sustancias estupefacientes predominantes. En el interior, la protagonista es la marihuana. Del contrabando de droga sabe bastante el jefe de Vigilancia Aduanera de Córdoba, Antonio Sánchez Jiménez, quien ha alertado de la expansión “brutal” del cultivo de la marihuana.

Así lo ha declarado esta semana en el marco de las Jornadas sobre Prevención del Fraude y Lucha contra la Corrupción, organizadas por la Oficina Andaluza Antifraude y celebradas en el Colegio de la Abogacía de Córdoba en colaboración con la Agencia Tributaria, donde el responsable aduanero ha detallado la radiografía del delito fiscal y el narcotráfico en la provincia. El balance expuesto en estas jornadas habla por sí solo. En lo que va de año, el organismo dependiente de la Agencia Tributaria ha participado en el desmantelamiento de unas 20 plantaciones de marihuana en la provincia de Córdoba, una cifra inédita.

Pero la marihuana que hoy germina entre las naves industriales y las fincas discretas de Córdoba no se queda en las calles de la ciudad. Forma parte de un engranaje logístico mayor, perfectamente articulado para la exportación. “Toda la marihuana que se está plantando no se queda aquí. La que se coge, los cogollos, se mete al vacío y se manda para Centroeuropa. Aquí se está consumiendo muy poca de la que se está plantando”, explica Sánchez, quien es jefe de Vigilancia Aduanera en Córdoba desde mayo de 2010.

La ramificación del negocio desborda, además, los límites provinciales. En colaboración constante con la Policía Nacional y la Guardia Civil, las pesquisas iniciadas en Córdoba han desembocado en grandes operativos regionales. Tal y como ha contado, ocurrió recientemente en la provincia de Sevilla, con entradas simultáneas en municipios como Marinaleda o El Palmar de Troya, donde se llegaron a registrar más de una veintena de inmuebles de forma coordinada: en todos ellos el resultado fue positivo, hallando entre dos y tres cultivos en cada casa. Un patrón que se repite en puntos calientes de la región como Granada, donde la actividad es “impresionante y con intervenciones todos los días”, asegura.

Madrid como asentamiento de organizaciones criminales

Si la marihuana representa la cara más visible de la expansión delictiva en la provincia, el contrabando de tabaco también está muy presente. En la calle, el fraude fiscal que rodea al cigarrillo o a la picadura alcanza proporciones astronómicas, según los datos ofrecidos por Sánchez. “Una cajetilla que cuesta cuatro euros tiene más de un 80% de impuestos defraudados; lo que es la materia prima del tabaco no llega ni al 17%”, recalca este profesional, quien ostenta la Medalla de la Policía Local de Córdoba en su modalidad de Plata (2014) y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco (2015).

En relación con las aprehensiones de picadura de tabaco en Córdoba, Sánchez ha asegurado que estas intervenciones han bajado porque las organizaciones delictivas, muchas de ellas dirigidas por redes radicadas en Écija, han comenzado a trasladar sus centros de procesado a Madrid y sus alrededores. “Allí se dispersan más que aquí, donde estaban prácticamente muy controladas. Antes era casi diario coger un centro de picado en el sur”, aclara Sánchez, quien pone también la lupa sobre la falta de colaboración de algunas agencias de mensajería que canalizan los paquetes: “Muchas viven de ese volumen de envíos”.

Durante su intervención, hizo alusión a algunas de las actuaciones llevadas a cabo desde Córdoba. En noviembre de 2025, una investigación conjunta entre Vigilancia Aduanera de Córdoba y la Policía Nacional de Écija tiró del hilo de una red que picaba tabaco en Talavera de la Reina (Toledo). El seguimiento de las furgonetas condujo a los agentes hasta Mogente (Valencia), a una antigua carpintería que había quedado arrasada e inutilizada tras el paso de la devastadora DANA. En la planta baja de aquella nave inundada, la red mantenía activa una fábrica clandestina con ocho trabajadores de nacionalidad bielorrusa y un cocinero marroquí. El balance: 185.000 cajetillas y 1.500 kilos de picadura incautados.

En otra de las últimas grandes operaciones contra el cigarrillo, desplegada entre Vigilancia Aduanera de Córdoba, la Policía Nacional de Écija y la Guardia Civil de Marbella, la pista se extendió por cinco municipios: Los Algarbes (La Carlota), Santaella, Écija y Marbella. Cuatro registros simultáneos se saldaron con 12 personas detenidas y 137.000 cajetillas intervenidas.

Entregas controladas a través de empresas de mensajería

Frente al volumen de la marihuana y el tabaco, la cocaína y el hachís discurren en Córdoba por otros cauces más reducidos. El patrón habitual de entrada son las entregas controladas de paquetería: sustancias que vuelan en aviones comerciales son interceptadas por los escáneres aduaneros en el aeropuerto de Madrid-Barajas -principalmente- y, con la correspondiente autorización judicial, se dejan seguir hasta su destino en Córdoba, donde los agentes supervisan la entrega antes de abrir el paquete. Es decir, en lugar de incautar la droga de inmediato en la aduana -lo que alertaría al comprador, por ejemplo-, los agentes solicitan al juez que la mercancía continúe su ruta ordinaria de mensajería bajo vigilancia policial.

Una vez coordinado el dispositivo con Vigilancia Aduanera en Córdoba, los agentes despliegan un seguimiento sobre el paquete en el momento exacto en que la empresa de mensajería efectúa el reparto en la dirección señalada. Posteriormente, tanto el arrestado como el envío precintado se trasladan ante el juez, en cuya presencia se procede a la apertura oficial del paquete y al pesaje de la droga.

Para luchar contra estos delitos, Vigilancia Aduanera cuenta en toda Andalucía con una infraestructura considerable: 147 vehículos terrestres (entre coches camuflados, furgonetas y motos), dos camiones de monitorización telefónica móvil, un camión escáner, la furgoneta de rastreo Medusa, cuatro helicópteros, una flota marítima de 44 embarcaciones y 21 drones. Todo este despliegue de medios busca equilibrar la balanza frente a unas organizaciones criminales cada vez más profesionalizadas. En una provincia como Córdoba sin frontera marítima ni aduana fija, el trabajo del equipo que dirige Sánchez Jiménez discurre a ras de suelo: “Estamos en la calle”, sintetiza el jefe del servicio. Una labor silenciosa de investigación y rastreo para evitar que el discurrir de la droga por el interior de Andalucía.

La Guardia Civil investiga a un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial después de interceptarlo en la autovía A-4, a la altura de Córdoba, cuando circulaba con el permiso de conducción retirado por decisión judicial y arrojó una tasa de alcohol de 0,56 miligramos por litro de aire espirado. Tras finalizar las diligencias, el hombre comenzó a encontrarse mal y tuvo que ser atendido por los agentes hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del sábado 26 de septiembre, cuando efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba realizaban un control de alcoholemia en la A-4, en sentido Sevilla, cerca de la capital cordobesa. Durante el dispositivo, los agentes dieron el alto a un vehículo cuyo conductor tenía retirado el permiso de conducción por orden judicial. Además, la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,56 mg/l de alcohol en aire espirado.

Una vez finalizadas las diligencias, la patrulla observó que el conductor comenzaba a encontrarse mal y pedía salir del vehículo para tumbarse en el suelo. Ante esta situación, los guardias civiles lo colocaron en posición lateral de seguridad, le tomaron las pulsaciones y solicitaron urgentemente una ambulancia.

El hombre se quejaba de un fuerte dolor en el pecho y en el brazo izquierdo, síntomas que motivaron la rápida intervención de los agentes mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios. Una vez en el lugar, el personal sanitario monitorizó y evaluó al paciente antes de trasladarlo al Hospital Reina Sofía.

El conductor está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 384 del Código Penal, por conducir después de haber sido privado del permiso por decisión judicial. Este delito puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Además, los agentes formularon una denuncia administrativa por una infracción muy grave relacionada con la tasa de alcoholemia registrada. Según la nota de prensa de la Guardia Civil, esta infracción conlleva una sanción de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.

Un operativo que busca que la tendencia a la baja de los hechos delictivos se mantenga. La Guardia Civil, en colaboración con la Subdelegación de Córdoba y la Junta de Andalucía, ha presentado el dispositivo especial de seguridad para la campaña agrícola 2026-2027. El plan despliega el potencial de la Comandancia para proteger las explotaciones rurales, prevenir la sustracción de aceituna y aperos, y supervisar la cadena de comercialización del aceite de oliva en la provincia.

En dicha rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación, la primera en intervenir ha sido la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Raquel Casado, quien ha asumido la responsabilidad de forma transitoria tras agradecer la labor efectuada durante tres años por su antecesora, Ana López. La dirigente ha recalcado que el reto primordial de este despliegue es “evitar los robos en el campo, reforzar la vigilancia y, sobre todo, proteger uno de los bienes más preciados que tenemos en nuestras provincias, que es la agricultura y en concreto el sector oleícola”.

Por otro lado, la nueva subdelegada ha resaltado la evolución favorable de la seguridad rural en la última década. Durante la campaña anterior, los hechos denunciados se redujeron cerca de un 50%, los robos efectivos de aceituna cayeron un 7,41% y los kilos sustraídos descendieron un 26%. Asimismo, Casado ha recordado la operatividad de la cibercomandancia impulsada en 2025, una herramienta telemática diseñada para que los agricultores interpongan denuncias sin necesidad de desplazamientos físicos.

Nuevas tecnologías para esta campaña

Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Ramón María Clemente, ha explicado que la totalidad del personal de la Comandancia se involucra de forma transversal en el dispositivo.“Nosotros desgraciadamente no podemos tener un Guardia Civil en cada explotación agrícola, y por supuesto tampoco en cada olivo; necesitamos que colaboren dándonos información oportuna y que denuncien”.

En relación con las novedades técnicas del dispositivo, el coronel ha puesto el foco en el patrullaje nocturno. Clemente ha detallado la implementación de drones con nuevas capacidades y el uso del helicóptero de la unidad aérea equipado con visión por infrarrojos. “Durante la mañana hay mucha gente trabajando en el campo, pero por la tarde y por la noche el que está en el campo normalmente no tiene sentido; implementamos esa capacidad de infrarrojos para poder controlar la noche de nuestros campos”, ha aseverado el mando militar.

Asimismo, Clemente ha advertido que la vigilancia no se limita únicamente a lo que es la aceituna, sino que se extiende a la maquinaria y herramientas agrícolas como sopladoras o vareadoras. Para evitar su comercialización ilícita, la Guardia Civil mantendrá el rastreo en plataformas de venta de segunda mano en línea y estrechará las inspecciones en almazaras y puntos de compra con el objetivo de atajar la receptación. “La presión que estamos haciendo en Córdoba provoca que tengan que colocar esa mercancía robada en otras provincias”, ha apuntado.

Entretanto, la delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Raquel López, ha valorado la coordinación entre administraciones y ha subrayado que las métricas de criminalidad analizadas en la reunión “arrojan los mejores datos delictivos de los últimos diez años”. La delegada ha valorado el esfuerzo de agricultores y ganaderos que se dejan la piel a diario en sus explotaciones.

La Guardia Civil e Inspección de Trabajo han comenzado un dispositivo conjunto en el término municipal de Puente Genil (Córdoba) para saber con más detalle las condiciones laborales de los temporeros agrícolas y erradicar las contrataciones irregulares. Esta intervención responde de manera directa a las demandas formuladas por el Consistorio de la localidad pontanesa, ante la presencia de decenas de personas acampadas en plazas y espacios públicos de la localidad, coincidiendo con el arranque de la campaña de recogida de la aceituna.

Varios días atrás, Sergio Velasco, alcalde de Puente Genil, denunció que unos 50 temporeros de origen subsahariano pernoctaban en zonas de paso urbano como la estación de autobuses y diversos parques municipales. Según explicó el dirigente, el municipio se ha convertido en un punto logístico estratégico donde empresarios agrícolas de otras provincias recogen diariamente a los trabajadores para trasladarlos a sus fincas.

De hecho, y durante el curso pasado, Puente Genil tuvo que habilitar la caseta municipal para alojar a un grupo más reducido de personas. Esto hizo que Sergio Velasco solicitase la intervención urgente de la Subdelegación del Gobierno para activar a los inspectores de trabajo y a los agentes de la Guardia Civil, cosa que ha sucedido este miércoles.

El coronel jefe de la Guardia Civil en Córdoba, Ramón María Clemente Castrejón, ha confirmado la efectividad de las actuaciones tras completar las labores de investigación previas. En este sentido y durante una comparecencia ante los medios de comunicación, el dirigente de la Benemérita ha detallado la sistemática de trabajo desplegada. “Muchas veces la problemática se plantea, pero lleva un tiempo saber dónde están trabajando y dónde hay que hacer inspección. Esa labor previa ya la hicimos y precisamente hoy estamos haciendo esas inspecciones con Inspección de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno”.

El coronel jefe ha explicado que el objetivo prioritario del despliegue en los tajos es garantizar la legalidad de los contratos y defender los derechos de los obreros agrícolas. “Nosotros lo que hacemos es controlar en los tajos que la gente que se contrata reúna las condiciones, porque tampoco queremos que se aprovechen de esa mano de obra barata”, aseveró el coronel jefe. Asimismo, ha remarcado el compromiso irrenunciable del cuerpo con la protección de los trabajadores, subrayando: “Somos también responsables de que el trabajador tenga sus derechos y que se respeten”.

El mando militar, además, ha aclarado que las inspecciones iniciadas en Puente Genil se mantendrán durante la campaña y se extenderán a cualquier otro punto de la provincia donde se detecten dinámicas de contratación irregular. “Lo hacemos en Puente Genil y lo haremos en cualquier otra demarcación que tenga esa misma problemática”, garantizó Clemente Castrejón.

La Guardia Civil ha detenido en Málaga a tres personas por su presunta implicación en el robo de cuatro pantallas de navegación de un helicóptero destinado al Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), en el marco de la operación Heliplay. 

La investigación arrancó en 2024 cuando la empresa afectada denunció la sustracción de este equipamiento aeronáutico de alta tecnología de una aeronave Superpuma. A raíz de esta denuncia, el personal de la empresa comenzó a recibir mensajes en los que se exigían sumas de dinero en metálico, muy inferiores al valor de mercado del material, a cambio de su devolución.

Los agentes consiguieron averiguar el origen de los mensajes y vincularlos a dos de los presuntos autores: un expiloto del sector y un mecánico en activo en el momento de los hechos. Posteriormente se identificó al tercer implicado en el chantaje y en ocultar el material. 

En los registros realizados en Málaga y Córdoba, la Guardia Civil intervino diverso material informático, terminales móviles y tarjetas de telefonía empleadas para hacer los contactos. Finalmente fue en Adamuz (Córdoba) donde se encontró el material valorado en 1,2 millones de euros y se pudo detener a la persona que ocultaba los equipos. 

La investigación ha sido llevada a cabo por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.

La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil (Córdoba) a una persona de la localidad, como presunta autora de un delito de allanamiento de morada y otro de robo con violencia.

La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de una denuncia presentada en el Puesto de Puente Genil, de que se había cometido un robo con fuerza en el interior de una vivienda de la misma localidad, donde autor/es desconocidos, tras acceder al interior de la vivienda, habían sustraído 16.000 euros en billetes fraccionados y joyas por valor de 120.000 euros.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado, donde tras comprobar lo denunciado y realizar una primera inspección técnico ocular de la vivienda, inició gestiones para el total esclarecimiento del hecho, así como a la identificación, localización y detención del/los presunto/s autor/es.

La inspección practicada en la vivienda permitió, a los investigadores de la Guardia Civil, comprobar que el interior de la misma no había sido registrado, ya que todas las estancias de la casa se encontraban ordenadas, habiéndose dirigido el presunto autor/es directamente a la zona donde estaban el dinero y las joyas, manipulando lo estrictamente necesario.

Las características descritas hicieron a los guardias civiles sospechar que el presunto autor/es pudieran ser personas del entorno cercano a los propietarios del inmueble.

El avance de la investigación permitió obtener indicios suficientes de que una de estas personas próximas al entorno de los propietarios de la vivienda, pudiera haber sido uno de los presuntos autores del robo, por lo que se procedió a su detención.

Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y con la lucha contra los delitos que afectan a los vecinos de la provincia.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado, a través de un comunicado compartido ante los medios de comunicación, que la Benemérita acumula tres años de retrasos para dotar de uniformes a los guardias civiles de la provincia. “Hay efectivos que tienen polos técnicos que están en un estado deplorable. La Dirección General de la Guardia Civil se excusa en que están a la espera de que se distribuyan los nuevos, que son distintos a los actuales, pero mientras tanto los guardias civiles tienen que trabajar con prendas de uniformidad deterioradas que dan una imagen penosa de la institución”, explican.

De hecho, la asociación ha argumentado que algunos de estos efectivos solicitaron hace casi cuatro años el uniforme de diario, que se utiliza en actos institucionales y protocolarios, porque solo disponen del que se les asignaron en la academia. “Cuando asisten a actos institucionales o deben realizar presentaciones o despedidas por cambios de destino o de situación administrativa, tienen que pedir el uniforme prestado a otros compañeros”. “Y preocupan especialmente las dilataciones en los pantalones técnicos, los polos y los zapatos, prendas esenciales para el desempeño diario de los agentes. Pese a tratarse de artículos básicos, llegan con demoras injustificables y obligan al personal a trabajar con uniformes desgastados que no cumplen las condiciones óptimas de protección”.

Además, la AUGC ha aseverado que este problema alcanza, incluso, a los guardias civiles en situación de reserva que trabajan en las sedes judiciales de toda la provincia. “Hace tres meses, la AUGC le comunicó a la jefatura provincial que hay un evidente deterioro en las prendas de uniformidad de dicho personal, y que algunos incluso carecían de uniformes, y reclamó que se lleven a cabo del modo más urgente posible los trámites necesarios para dotarles de uniformidad adecuada, teniendo en cuenta que prestan servicios en permanente contacto directo con ciudadanos y personal del ámbito judicial. La Jefatura de la Comandancia respondió que son conscientes del problema y que están intentando resolverlo, pero que la gestión no depende de ello”.

“Ni siquiera los guardias alumnos en prácticas se libran de esta deficitaria situación, porque hace un mes AUGC dirigió un escrito al jefe provincial poniendo de manifiesto que a muchos de esos agentes en prácticas se les habían asignado chalecos antibalas que no son de su talla, con los riesgos que eso conlleva para la seguridad de quienes los utilizan, así como que no se les había adjudicado determinadas prendas de uniformidad como las cazadoras técnicas, los chaquetones y los trajes de agua. A día de hoy, muchas de esas carencias no se han solventado”, apuntan.

Contratos sin formalizar

Por otro lado, la asociación ha explicado que en enero de 2025 se publicó el anuncio de licitación de un contrato público para el suministro de prendas de uniformidad a la Guardia Civil, por un importe superior a los 45 millones de euros, con plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de este año y dividido en 25 lotes que ya han sido adjudicados a distintas empresas del sector, pero hasta el momento solo se han formalizado tres de los contratos, los relativos a uniformidad general, pantalones técnicos y guantes, que apenas suponen el 24% del total.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles considera que este problema no solo refleja ineficiencia en los procesos de distribución, sino que evidencia “la necesidad de reformar el sistema actual de selección y adquisición de estas prendas”. “Por ello, reclamamos con urgencia un nuevo proceso de selección de vestuario, más eficiente y adaptado a las necesidades reales de los guardias civiles, que permita garantizar la calidad, funcionalidad y rapidez en la entrega”.

“Es incomprensible que apenas unos años después de implantar la uniformidad actual, la Dirección General de la Guardia Civil haya decidido cambiar el diseño sin tener planificada una distribución y adjudicación simultánea a todas las provincias y especialidades, dando lugar a que convivan dos uniformes distintos, con lo que eso conlleva en términos de gasto público y de imagen para la institución”, aseveran.