La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo, elaboración y tráfico de drogas, ha culminado la operación que venía desarrollando en Peñarroya-Pueblonuevo con la detención de cinco personas, como presuntas autoras entre otros delitos de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro de organización criminal y dos de defraudación de fluido eléctrico ya que dos de las viviendas mantenían un enganche ilegal a la red eléctrica.

La actuación, coordinada por el Puesto de la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo, se inició el pasado mes de octubre de 2025 y permitió comprobar la existencia de un punto de venta de drogas establecido en la localidad, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas.

Ante estas sospechas, la Benemérita procedieron al registro de tres inmuebles, los cuales se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas. 

Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de tres personas, al desmantelamiento de un punto de venta de drogas muy activo, establecido en dicha localidad y a la intervención de más de 300 gramos de cocaína, así como 335 gramos de hachís, unos 125 gramos de marihuana, dinero, básculas de precisión, varias armas blancas de grandes dimensiones, dinero y demás utensilios relacionados con la venta de sustancias estupefacientes. 

Como consecuencia de aquella primera actuación policial, los detenidos fueron acusados como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, organización criminal y defraudación de fluido eléctrico ya que dos de las viviendas mantenían un enganche ilegal a la red eléctrica.

Posteriormente, y fruto del análisis de la documentación y del avance de las investigaciones que se venían realizando, ante la sospecha de que pudiera haber varias personas más implicadas, la Guardia Civil ha procedido a la detención en fechas recientes de otras dos personas más.

Dicha operación ha sido desarrollada contra el tráfico de drogas en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo con un total de cinco personas detenidas por los delitos contra la salud pública (trafico de drogas), pertenencia a grupo/organización criminal y defraudación de fluído eléctrico, atribuyendo además a tres de los detenidos un delito de blanqueo de capitales.

Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando dicha Autoridad durante la primera fase de la operación el ingreso en prisión de tres de los detenidos.

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Hornachuelos ha investigado a una persona por la comisión de un delito de incendio forestal.

La investigación se inició el pasado 18 de abril tras tener conocimiento la Central Operativa de Servicios (COS-062) de la existencia de un incendio forestal en el arroyo de San Jerónimo del término municipal de Córdoba. Las llamas afectaron a una amplia extensión de vegetación de ribera de un arroyo cercano y a varias especies arbóreas de álamo blanco y cañas.

Inmediatamente, el COS-062 pasó el aviso a la patrulla del Seprona de Hornachuelos, que se trasladó inmediatamente al lugar, donde, tras dar por extinguido el incendio, se inició la pertinente investigación para averiguar las causas por las que se había iniciado. 

El desarrollo de la investigación permitió comprobar que el fuego se había iniciado tras la quema de restos de poda que se había realizado en la zona donde se había producido el incendio. Ante ello, se procedió a la investigación del presunto autor de la quema de restos de poda como presunto autor de un delito de incendio forestal 

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Córdoba y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

La Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Destacamento de Fiscal y Fronteras, en colaboración con Policía Local de Córdoba, han establecido diversos dispositivos de forma coordinada para la verificación de transportes de productos alimentarios y perecederos, alcohol, tabaco y juguetes con destino a los diferentes establecimientos ubicados en el recinto ferial de El Arenal, durante la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

En los dispositivos efectuados tanto en las entradas y salidas del recinto ferial como en el interior de distintas casetas, se ha inspeccionado el transporte dedicado a la distribución de productos de alimentación, bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes, así como la documentación relativa a los vehículos de transporte. El objetivo era comprobar que la mercancía se ajusta a la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria y fiscal, a fin de proteger la salud de los consumidores.

Hasta el momento, por parte del Seprona se han intervenido 234 litros de vino y mosto que no contaban con el precinto que garantice la seguridad alimentaria y deficiencias en el etiquetado de Denominación de Origen Protegida. De igual forma, han sido retirados 45 litros de aceite sin etiquetar y 296 kilogramos de productos alimentarios, entre los que destacan 222 tortillas de patatas, 100 flamenquines y 18 quesos que incumplían la normativa de seguridad alimentaria por carecer de etiquetado, no garantizar la cadena de frío, no acreditar la trazabilidad del producto o por estar mezclados con otros productos no alimenticios durante el transporte. En total, se han tramitado una treintena de expedientes por infracciones a la normativa sobre alimentos y calidad diferenciada. 

El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, unidad encargada del resguardo fiscal, ha intervenido 153 juguetes y 314 vapers, tramitándose dos expedientes por infracción a la normativa de contrabando.

Por otra parte, en los controles de documentación realizados por la Policía Local se han detectado 20 infracciones en materia de tráfico por carecer de tarjeta de transporte, certificados de vehículo isotermo o ITV caducadas y permisos de conducir caducados, entre otras.

Asimismo, se ha contado con la colaboración de los Inspectores de Pesca de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) para comprobar la trazabilidad de los productos de la pesca e Inspectores de Salud Pública de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía para la inspección de los productos intervenidos y su aptitud para el consumo humano.

 La Guardia Civil de Teruel ha llevado a cabo la operación Maramucha, en la que dos personas han sido detenidas y una investigada, como presuntas autoras de 20 delitos de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a grupo criminal. 

Tras más ocho meses de investigación centrada en los robos cometidos en farmacias e iglesias de distintas localidades de la provincia de Teruel, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel, con la colaboración de la Guardia Civil de Baena, lograron esclarecer el modo de actuación del grupo criminal. La investigación, desarrollada de forma exhaustiva, culminó con la detención de dos personas y la investigación de una tercera por presunta implicación en los hechos.

El grupo criminal actuaba de manera itinerante y perfectamente organizado, lo que añadía más complejidad a la operación, seleccionando principalmente iglesias y farmacias situadas en pequeños municipios, donde aprovechaban la escasa presencia de personas. Los presuntos autores empleaban la fuerza para acceder a los establecimientos y sustraer dinero en efectivo, además de otros objetos de valor. Los hechos delictivos esclarecidos, nueve de ellos en Teruel, se habrían cometido, además, en las provincias de Córdoba, Valladolid, Segovia, Toledo y Castellón.

La investigación desarrollada por los agentes permitió identificar a los presuntos responsables, culminando con la explotación de la operación en Murcia, donde fueron detenidos dos de los integrantes del grupo e investigado un tercero, que en ese momento se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Murcia I. Tanto las diligencias instruidas como las personas detenidas, fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 2 de Teruel, decretando el ingreso en prisión para uno de ellos.

Rubén Villalba nació y vive en Benamejí, un pequeño pueblo del sur de la provincia de Córdoba. Es comandante de la Guardia Civil y era, hasta hace dos años, uno de los principales responsables de la lucha antiterrorista de España. Hasta hace dos años. Fue entonces cuando sus propios compañeros del instituto armado lo detuvieron, acusado de formar parte del entramado del empresario Víctor de Aldama destapado en el famoso caso Koldo que ha acabado salpicando a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

Villalba, que fue arrestado cuando se dirigía a coger un avión a Caracas (Venezuela), su nuevo destino como guardia civil, aparece también en la causa de la Audiencia Nacional que este miércoles derivó en el registro de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, el conocido como caso Leire. Pero Villalba no aparece como uno de los implicados en la trama, sino al contrario, como víctima.

Según consta en el auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el testimonio y el trabajo de Villalba es clave para tratar de desentrañar el objetivo de la trama supuestamente auspiciada desde Ferraz para desacreditar todas las causas policiales y judiciales contra el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El magistrado sostiene en su escrito que en marzo de 2025, Leire Díaz y Rubén Villalba mantuvieron dos encuentros. De hecho, el diario El Mundo llegó a publicar fotografías de los mismos. Tras las reuniones, el propio comandante redactó dos actas de la reunión dejando constancia de su contenido, documentos que actualmente obran en el procedimiento judicial. En estos encuentros, la organización investigada, a través de Leire, le habría realizado diversos ofrecimientos con una evidente trascendencia económica. En concreto, le propusieron eximirle del pago de su nueva defensa, garantizar que recuperaría su trayectoria profesional previa y asegurarle puestos de máxima responsabilidad tras una supuesta “purga” que planeaban ejecutar.

A cambio de estos beneficios, el auto del juez Pedraz afirma el objetivo de la organización era, en palabras que el propio comandante anotó, “intentar desmontar a la Guardia Civil”. Según consta en las actas redactadas por este agente, Leire Díez le solicitó aportar toda la información de la que dispusiera sobre el fiscal José Grinda, datos sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (especialmente de los tenientes coroneles Balas y Bonilas) y de la Jefatura de Información, incluyendo al actual Director Adjunto Operativo (DAO) y al teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo.

El magistrado también sostiene que Leire le pidió declarar como testigo protegido ante el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y que acusara en la misma a la Guardia Civil, a la UCO, a sus mandos, al coronel Corbi y al teniente coronel Basileo.

Finalmente, para avanzar en la investigación de estos hechos, el juez instructor ha ordenado requerir al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la entrega del registro de accesos y visitas a su sede en la calle Ferraz correspondientes a Rubén Villalba, abarcando el periodo desde el año 2025 hasta la actualidad. Este mismo miércoles, la propia UCO que investiga este caso acabó entrando en la Dirección General de la Guardia Civil, para investigar también todos estos asuntos.

La operación lanzada este miércoles por la Audiencia Nacional otorga una nueva dimensión al caso de las maniobras presuntamente urdidas por la exmilitante socialista Leire Díez para buscar material contra fiscales y mandos policiales. El auto del juez Santiago Pedraz atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo de ese grupo que buscaba “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE y apunta al propio partido como financiador de esas maniobras. Agentes de la Guardia Civil permanecieron durante 12 horas recabando documentación del caso en la sede de la formación, en la calle Ferraz de Madrid. 

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha informado sobre el conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando desde finales de 2025 ante la ocupación del antiguo Cuartel de la Guardia Civil, un inmueble de titularidad privada donde las competencias municipales son limitadas y cualquier desalojo debe producirse mediante resolución judicial a petición del propietario. 

Velasco ha asegurado que el Ayuntamiento “no se ha quedado parado ni va a mirar hacia otro lado” ante una situación que “afecta directamente a la convivencia, la seguridad y la salubridad del entorno del parque de Los Pinos”. En este sentido, el Consistorio ha activado todos los mecanismos legales a su alcance para forzar la desocupación del inmueble por razones de salud pública y para proteger a los vecinos, usuarios del parque, familias, comercios y equipamientos cercanos. 

El alcalde ha explicado que la denuncia del titular se presentó con retraso, lo que permitió que el número de ocupantes llegara a superar las cuarenta personas, aunque actualmente se mantiene por debajo de diez. Durante este periodo, la ocupación ha generado distintos problemas de convivencia, con “quejas por hurtos, uso indebido de patinetes, peleas, suciedad y otros comportamientos incívicos que el Ayuntamiento condena y frente a los que está actuando con todos los medios legales disponibles”. 

Desde el último trimestre de 2025, el Consistorio ha impulsado diversas medidas. Entre ellas, un informe técnico municipal que acreditó el estado insalubre del edificio y recomendó su desalojo cautelar, trasladado al juzgado que instruye la denuncia presentada por la propiedad. También se detectó un enganche ilegal a la red eléctrica y se solicitó a la empresa suministradora el corte de los suministros irregulares, culminando en abril con la interrupción total del fluido eléctrico. 

Asimismo, se comprobó la inexistencia de suministro de agua al inmueble y, ante el uso indebido de una fuente pública del parque de Los Pinos por parte de los ocupantes, el Ayuntamiento procedió al corte del suministro de la fuente más próxima al antiguo cuartel. 

A raíz de quejas vecinales por presencia de roedores, se realizaron actuaciones de desbroce, limpieza y control de plagas en el entorno del cuartel, además del cierre de un tramo de la valla del parque para reforzar la seguridad. Paralelamente, el Ayuntamiento solicitó al Distrito Sanitario de la Consejería de Sanidad una inspección por posible insalubridad que pudiera afectar a la zona infantil, al colegio y a la biblioteca cercanos. 

Tras la visita realizada con el inspector sanitario, Policía Local y Guardia Civil, se ha constatado una situación de gravedad para la salud pública, lo que “esperamos que pudiera permitir al Ayuntamiento actuar con carácter inmediato y con toda la legitimidad administrativa disponible. Estamos poniendo todos los medios para que esta situación termine cuanto antes. La ocupación ilegal no puede convertirse en un problema que paguen los vecinos”, ha señalado Velasco. 

El alcalde ha subrayado igualmente que se ha reforzado la presencia policial en el entorno, con identificaciones de ocupantes, actuaciones ante conductas incívicas y retirada de patinetes por incumplimientos normativos. “Vamos a seguir actuando con firmeza, dentro de la legalidad y con todas las herramientas que la normativa nos permite, para proteger la convivencia y la seguridad de nuestros vecinos”, ha afirmado. 

Desde el Ayuntamiento se insiste en que, aunque la legislación limita la capacidad de actuación municipal en inmuebles privados y el desalojo definitivo depende de la autoridad judicial, el Gobierno local está actuando en todos los frentes posibles: técnico, sanitario, policial, administrativo y judicial. “No vamos a escondernos detrás de las limitaciones competenciales. Vamos a actuar, como estamos haciendo, para defender a los vecinos y recuperar la normalidad en el entorno de Los Pinos”, ha remarcado el alcalde. 

El Ayuntamiento confía en que la autoridad judicial pueda resolver cuanto antes el procedimiento iniciado por el propietario y ha reiterado su compromiso de garantizar que el parque de Los Pinos y su entorno puedan disfrutarse con total tranquilidad. “El mensaje es claro: en Puente Genil se defiende a los vecinos, se protege la convivencia y se actúa frente a quienes deterioran la seguridad, la salubridad y la imagen de nuestros espacios públicos”, ha concluido Velasco.

La Guardia Civil de Córdoba está resolviendo actualmente uno de cuatro robos de aceituna en la provincia, es decir, el 25% de los casos. Además, en un 85%, el producto incautado es devuelto a sus legítimos propietarios. Así lo ha puesto de manifiesto este jueves en Córdoba el coronel jefe de la Comandancia, Ramón María Clemente, durante la entrega de 500 litros de aceite al Banco de Alimentos de la provincia, provenientes de 500 kilos de aceituna robada de la que no se ha podido encontrar su dueño.

Estas incautaciones se llevan a cabo dentro de la Operación Roca, el dispositivo especial de seguridad que protege el campo cordobés durante la campaña olivarera. Gracias a una combinación de tecnología de vanguardia y una estrecha colaboración con el sector, los robos han experimentado un descenso significativo. La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha calificado de “impresionante” el despliegue de medios técnicos para vigilar las explotaciones, destacando que los agentes trabajan en las circunstancias más complejas para interceptar a los delincuentes, lo que implica “desde el uso del helicóptero a los drones”. Además, ha asegurado que, en una de las intervenciones, la Guardia Civil tuvo que parar el helicóptero “en mitad de la carretera, y por la noche, para poder rescatar una furgoneta que iba cargada de aceituna robada”.

Por su parte, Clemente ha explicado que, aunque el despliegue es total desde octubre hasta abril, la estrategia no se basa solo en la presencia física, sino en la inteligencia operativa y el control de los puntos de compra. “No podemos tener guardias civiles en cada olivo, ni siquiera en cada explotación agrícola, pero sí podemos reinventarnos cada vez para que sea más rentable el servicio que hacemos”, ha señalado el coronel, en alusión a la donación al Banco de Alimentos de Córdoba, añadiendo que, actualmente, este cuerpo resuelve uno de cada cuatro robos“.

Asimismo, el balance de la última campaña arroja más de 100 detenidos o investigados, una cifra menor a la del año anterior, lo que tanto la subdelegada como el coronel han interpretado como un síntoma de que la presión policial está surtiendo un efecto disuasorio. Aunque los hurtos se distribuyen por toda la geografía cordobesa, el coronel ha identificado la comarca de la Subbética como uno de los puntos donde tradicionalmente se produce una mayor concentración de estos hechos debido a su alta densidad de cultivo.

En este escenario, la coordinación con las estructuras rurales ha sido clave. Por ello, Rafael Sánchez de Puerta, de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, ha destacado que en los últimos años se ha mejorado sustancialmente la coordinación con las Guarderías Rurales y los propios propietarios de las fincas. Esta unión ha permitido aumentar la “sensibilidad y el cuidado” en las explotaciones, facilitando que los agentes reciban información temprana y denuncias fundamentales para iniciar las investigaciones.

Para blindar el sector, la Delegación de Agricultura ha impartido formación específica a los agentes para que cualquier patrulla en servicio pueda identificar un vehículo sospechoso y verificar electrónicamente la veracidad del Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT). Esta medida ha sido crucial para detectar documentos falsificados que declaraban orígenes o destinos irreales.

Un año más, y ya van dos, la Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba, la Delegación Territorial de Agricultura y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han logrado que parte de la aceituna robada e incautada en la provincia se haya convertido en aceite de oliva virgen extra que ha acabado en el Banco de Alimentos de Córdoba. Este jueves, la entidad social ha recepcionado los 500 litros de oro líquido que se han podido extraer de kilos de aceituna robada de los que no se ha podido conocer su propietario.

Históricamente, la aceituna recuperada por la Guardia Civil en Córdoba que carecía de trazabilidad legal -es decir, que no se podía encontrar su dueño pese a las investigaciones- debía ser destruida, ya que no podía entrar en la cadena de consumo humano sin garantías de origen. Sin embargo, gracias a esta iniciativa pionera en España, este excedente ahora tiene un fin social.

Desde el Banco de Alimentos, su vicepresidente -Juan Antonio Cas Hernández- ha agradecido esta donación tan “importante” debido al elevado precio actual del aceite. Gracias a esta iniciativa “podemos darle a personas necesitadas aceite de oliva porque el Banco de Alimentos no tiene capacidad económica para comprar ese producto por el precio que tiene”, ha apuntado.

La institución atiende actualmente a 15.000 personas y, aunque Cas reconoce que 500 litros son “pocos” para tal volumen de demanda, el producto se distribuirá estratégicamente: las garrafas de cinco litros irán a comedores sociales y casas de acogida, mientras que las botellas de un litro se repartirán a familias a través de Cáritas.

Solo del 15% de la aceituna robada no se acaba conociendo su propietario

En su intervención, el coronel jefe de la Comandancia, Ramón María Clemente, ha explicado que estos 500 litros de aceite responden al 15% de la aceituna robada del que no se ha podido encontrar su dueño. Y es que la Guardia Civil devuelve a sus legítimos propietarios la gran mayoría de la aceituna robada gracias al Documento de Acompañamiento al Transporte que debe viajar con el fruto recolectado.

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura de la Junta, Francisco Ramón Acosta Rosa, ha explicado que esta iniciativa permite evitar la destrucción de estas aceitunas, transformándolas en aceite lampante. Así, las cooperativas toman ese producto y transforman su valor económico en aceite de oliva virgen extra (AOVE), que es el que finalmente se ha donado al Banco de Alimentos.

La trascendencia de esta iniciativa es tal que, según ha apuntado Rafael Sánchez de Puerta, de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, “está siendo estudiada por otras provincias” para ser replicada. No obstante, ha llamado a la solidaridad de los cordobeses para que el Banco de Alimentos no dependa de estas incautaciones para poder disponer de aceite de oliva virgen extra.

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Puente Genil a cuatro personas por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, desmantelando así un punto de venta de la zona. La investigación se inició al detectar en el puesto de la localidad cordobesa una alta concentración de consumidores habituales en una zona concreta de la localidad, por lo que agentes se hicieron cargo de las pesquisas. Ahí obtuvieron como resultado la confirmación de que la elevada afluencia de consumidores se dirigían a un domicilio concreto, produciéndose transacciones de droga en diferentes horas del día y la noche.

Siguiendo con la investigación, la Benemérita confirmó como el propietario de la vivienda se trataba de una persona con antecedentes por tráfico de drogas y pudieron comprobar como este presuntamente utilizaba a extranjeros en una situación de vulnerabilidad para colaborar en la distribución de sustancias estupefacientes por la localidad, realizando las ventas tanto desde el domicilio del principal autor como repartiendo la droga a distintos puntos donde se les requería.

Una vez reunidos los indicios suficientes, la Guardia Civil llevó a cabo dos entradas y registros, previa autorización judicial, en viviendas vinculadas al principal autor, donde fueron localizadas más de 150 dosis de cocaína preparadas para su distribución, dinero en efectivo fraccionado, una báscula de precisión y otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

En el dispositivo participaron agentes del Área de Investigación de Puente Genil, patrullas de Seguridad Ciudadana de la 5ª Compañía de Lucena, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Córdoba y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil con perro detector de sustancias estupefacientes.

Como resultado del operativo fueron detenidos tanto el propietario de las viviendas como las otras tres personas colaboradoras necesarias por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, ha detenido en Rute a un vecino de la localidad, conocido por sus amplios antecedentes policiales, como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas, atentado contra agente de la autoridad, conducción temeraria y hurto de arma de fuego.

El arresto se produjo después de que la Guardia Civil conociera que una persona estaba disparando con una escopeta de cañones recortados hacia un edificio en construcción que suele ser frecuentado por personas sin hogar. Inmediatamente, los guardias civiles se desplazaron al lugar indicado, donde observaron a su llegada a numerosas personas en las proximidades que están en gran estado de nerviosismo.

Las primeras investigaciones permitieron identificar al presunto autor de los disparos, que resultó ser un vecino de la localidad, conocido por sus amplios antecedentes policiales, quien se había dado a la fuga, procediendo los guardias civiles a su localización.

En su huida, el presunto autor de los disparos puso en riesgo la integridad de uno de los guardias civiles, quien tuvo que esquivar el vehículo conducido por el sospechoso, que no detuvo su marcha en ningún momento. Finalmente, el coche fue localizado en el interior de un olivar con las puertas abiertas, sin ninguna persona a su alrededor. No obstante, el hombre pudo finalmente ser detenido, oponiendo gran resistencia. De hecho, llegó a lesionar a dos de los agentes que participaron en el dispositivo y que tuvieron que ser atendidos en el centro de salud de Rute.

La inspección practicada en el olivar, en la que también participaron patrullas de la Policía Local de Rute, permitió localizar en las inmediaciones de un olivo un machete de grandes dimensiones, propiedad del sospechoso, y en un arroyo cercano y semienterrada, una escopeta de caza del calibre 12, la cual presenta ambos cañones recortados junto con dos cartuchos en el interior del arma.

Tanto los efectos hallados como el detenido han sido trasladados al acuartelamiento de Rute para instruir las pertinentes diligencias. Durante la instrucción de las mismas se ha conseguido averiguar que la identidad de su propietario, que denunció el hurto del arma en Cuevas de San Marcos (Málaga).

El Gobierno ha celebrado este viernes en Córdoba el acto conmemorativo del 182º aniversario de la Guardia Civil como muestra de agradecimiento al trabajo desarrollado por la Benemérita el pasado 18 de enero, y días posteriores, durante la tragedia ferroviaria de Adamuz. El encargado de presidir el acto ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha recordado a las 46 víctimas mortales y ha recordado “a los hombres y mujeres de la Guardia Civil” que estuvieron “allí donde más, se os necesitaba”, demostrando una “profesionalidad y humanidad”.

Durante su discurso, el ministro ha querido dar la “enhorabuena a todos los condecorados y condecoradas”, señalando que este es “un reconocimiento muy merecido” y que está seguro de que van a “honrar los galardones recibidos”. Marlaska ha destacado que “el deber permanente de auxiliar al ciudadano es una seña de identidad de la Guardia Civil, que pone siempre a la persona en el centro de la acción”, basando su servicio en la “entrega y protección al vulnerable”, valores que “hunden sus raíces en la figura del Duque de Ahumada”.

El ministro ha explicado que la elección de Córdoba para este acto no ha sido casual. Tras recordar el trabajo “incansable” de los agentes en la DANA de Valencia, ha señalado que “la tragedia nos paralizó una vez más el 18 de enero con motivo del accidente ferroviario de Adamuz con 46 fallecidos”. Dirigiéndose a los agentes, Marlaska ha afirmado que fueron ellos, “hombres y mujeres de la Guardia Civil, los que estuvisteis allí donde más se os necesitaba cuando se requería vuestra ayuda, demostrando vuestra profesionalidad y humanidad en un nuevo ejercicio de ejemplaridad y servicio público”.

En este contexto, ha puesto en valor la intervención de “más de 1.180 efectivos” que se volcaron en la gestión de la emergencia, incluyendo seguridad ciudadana, policía judicial, tráfico, reserva, y los servicios aéreos, de criminalística y cinológico. El ministro ha resaltado que “la coordinación de las unidades de la comandancia de Córdoba, junto con refuerzos de otros lugares, dejó patente la capacidad operativa de la institución” para responder a “situaciones de máxima complejidad”.

Además, Marlaska ha apuntado que la atención a las víctimas y familias en Adamuz se realizó con una entrega que refleja la “esencia misma de ser guardia civil: vocación de servicio, disponibilidad, cercanía, profesionalidad y profundo sentido del deber”. Estos mismos valores se han visto también en los incendios forestales del pasado verano y las inundaciones en Andalucía y Extremadura de febrero.

En el ámbito de la seguridad, el ministro ha destacadola lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como la protección de los más vulnerables. Especial mención ha tenido la lucha contra la violencia de género, donde este cuerpo protege a “casi 1.000 víctimas en Córdoba” desde 2023. Además, ha celebrado los avances en igualdad, como el ascenso de dos mujeres a coronel y su deseo de contar pronto con la “primera general”.

El acto ha concluido con un emotivo reconocimiento a las familias y un “acto de justicia” hacia los fallecidos. Finalmente, se ha rendido un recuerdo solemne a quienes han muerto en acto de servicio, como Carlos Francisco, en Jerez de la Frontera; Alberto, en un dispositivo de evacuación, y Jerónimo y Germán, en las costas de Huelva. “Su legado permanecerá vivo”, ha concluido el ministro. Al evento han asistido también el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; y otras autoridades, como el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja; el fiscal de Córdoba, Fernando Sobrón; y el alcalde de la ciudad, José María Bellido.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Montilla (Córdoba), en el marco de la denominada operación FERCUP, orientada al esclarecimiento de diversos hechos delictivos contra el patrimonio, han procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de ocho delitos.

La actuación se inició el pasado 25 de marzo, cuando agentes de la Compañía de Montilla, interceptaron un vehículo en la localidad de Fernán Núñez (Córdoba). Tras proceder a su identificación, se comprobó que el turismo, un Seat León Cupra, figuraba como sustraído en Barcelona, lo que motivó la detención de sus dos ocupantes.

En el registro practicado en el vehículo, los agentes intervinieron cinco teléfonos móviles, 2.510 euros en efectivo y diversos efectos cuya procedencia no pudieron acreditar los detenidos, así como una tableta y 9 bellotas de hachís, con un peso total de 197 gramos. Por estos hechos, ambos fueron investigados como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Las gestiones practicadas posteriormente permitieron vincular los efectos intervenidos con varios delitos de hurto denunciados previamente.

Esclarecimiento de múltiples hechos delictivos

Como resultado de la investigación, y al margen del delito contra la salud pública que motivó la actuación inicial, la operación desarrollada ha permitido atribuir a los detenidos la presunta participación en varios delitos cometidos en distintas localidades:

Parte de los objetos intervenidos en el momento de la detención correspondían con efectos sustraídos en los hechos investigados, procediéndose a su devolución a los legítimos propietarios.

Durante la investigación, se constató que uno de los detenidos utilizaba múltiples identidades, dificultando su plena identificación, además de contar con antecedentes policiales por diferentes hechos. Igualmente, sobre esta persona constaba una requisitoria judicial en vigor, así como una orden de expulsión del territorio nacional.

Tras nuevas gestiones y la recopilación de pruebas, el pasado 17 de abril se procedió a la detención formal de ambos individuos por su implicación en los delitos investigados.

La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de un aviso recibido en la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que, durante la celebración del Rally Sierra Morena 2026, una persona que acudía con sus dos hijos menores a ver una de las etapas se había fracturado una pierna mientras caminaba campo a través, sin saber dónde estaba su situación exacta al estar desorientado por no conocer la zona.

La central de Córdoba, tras realizar varias gestiones que permitieron obtener las coordenadas exactas del lugar donde se encontraba la persona accidentada, pasó el aviso una de las patrullas en servicio en la zona, quienes se trasladaron inmediatamente al lugar indicado. 

Tras una intensa búsqueda en un amplio paraje de difícil acceso y a pie, dado que no había caminos cercanos, los guardias civiles localizaron tanto a la persona herida como a sus dos hijos, un niño y una niña, que le acompañaban. Los mismos se encontraban en un paraje de difícil acceso y con una marcada pendiente.

El herido presentaba aparentemente una fractura a la altura de la tibia y el peroné de la pierna derecha. No podía incorporarse por sí mismo y acusaba un dolor severo.

Dado que en el lugar donde se encontraba era abrupto, con gran inclinación y muy difícil de transitar en un principio, se tuvo que transportar al herido levantado por los agentes a peso, siendo infructuoso y de considerable dificultad teniendo en cuenta que a dicha persona se le tenía que preservar de las lesiones sufridas. 

Simultáneamente, otra patrulla de la Guardia Civil procedió a guiar a los servicios sanitarios hasta un punto que permitió la evacuación del herido en zona de difícil acceso.

Ya con la camilla se procedió por parte de los cuatro agentes intervinientes a evacuar al herido, resultando la tarea extremadamente extenuante por la dificultad que representaba la pendiente y lo abrupto del terreno campo a través, necesitando unos 45 minutos para recorrer los 500 metros aproximados hasta, finalmente, desembocar en la carretera donde aguardaba la ambulancia siendo ayudados los agentes tanto por el sanitario de la ambulancia como por dos personas que estaban en el lugar y prestaron ayuda.

El herido fue trasladado por los servicios sanitarios a un centro hospitalario para su atención.

La Junta Local de Seguridad extraordinaria, presidida por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno de España, Ana López Losilla, ha ratificado el plan de seguridad para la próxima edición de la Feria de Córdoba, que comienza en la noche de este mismo viernes. Este plan presenta ligeras variaciones técnicas en las vías de evacuación para mejorar la fluidez en zonas críticas como la calle La Guitarra. Sin embargo, también hay un aspecto de esta guía que sufrirá un incremento con respecto al 2025, y es en los controles de alcoholemia que realizará la Guardia Civil, que aumentan hasta más de 7.000.

Uno de los pilares del plan será el control preventivo de sustancias alcohólicas y drogas en los accesos. La subdelegada ha anunciado que este año se pretende alcanzar la cifra de 7.000 controles de alcoholemia, superando los 5.100 realizados el año anterior. Estos dispositivos de la Guardia Civil y su Unidad de Tráfico se situarán en todas las salidas hacia la autovía y vías principales, advirtiendo que el objetivo “no es recaudatorio”, sino evitar accidentes tras los 150 positivos detectados en la edición pasada.

Los efectivos de la Policía Nacional y Local

El despliegue de la Policía Nacional será notable, con un total de 1.147 efectivos que velarán por la seguridad interna del recinto ferial. Desde mediados de mayo, unidades de investigación ya trabajan de forma preventiva debido al nivel cuatro de alerta antiterrorista. El dispositivo incluirá medios aéreos con helicóptero, la Unidad de Caballería para la feria taurina, así como efectivos de la UIP y la UPR, muchos de ellos desplazados desde Sevilla para reforzar la capital.

Por su parte, la Policía Local desplegará un total de 1.531 turnos de trabajo, reforzando especialmente las tardes y noches del miércoles, jueves y el segundo viernes de feria. Para apoyar esta labor de vigilancia en las vías urbanas, el Ayuntamiento ha invertido 48.000 euros en cuatro nuevos etilómetros de última generación. Los agentes locales se centrarán principalmente en el control de accesos, el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la vigilancia del botellón, sobre todo el miércoles de feria.

Puntos violeta y códigos QR para menores

Como ya mencionó este periódico, el Ayuntamiento de Córdoba mantiene el sistema de videovigilancia conectado a la comisaría conjunta y se reforzará la iluminación extraordinaria en las zonas cercanas al río para evitar puntos oscuros. Además, se han habilitado 36 puntos violeta en las casetas, donde personal formado y códigos QR ofrecerán asistencia y guías del Ministerio para prevenir y actuar ante cualquier caso de acoso o violencia sexual.

La Guardia Civil, además de su labor en el tráfico, mantendrá una vigilancia activa en las barriadas periféricas de la ciudad. Con unos 200 efectivos diarios, el objetivo es prevenir robos en los domicilios de los cordobeses que se desplazan al ferial dejando sus casas vacías. Este despliegue perimetral se suma a la vigilancia de la periferia para asegurar que la celebración no afecte a la seguridad ciudadana en el resto del municipio.

Como novedad este año, se repartirán pulseras con códigos QR para las familias con menores, facilitando su localización rápida en caso de pérdida, para lo cual se ha habilitado una carpa específica de atención. Asimismo, se llevarán a cabo inspecciones exhaustivas de alimentos desde los días previos para garantizar la trazabilidad y seguridad alimentaria en las casetas, además de controlar la venta fraudulenta de alcohol y tabaco.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Luque, ha detenido en la misma localidad a una persona por un supuesto delito de lesiones, auxiliando a la víctima que llevaba varios días en el suelo.

La Benemérita tuvo conocimiento de los hechos por un aviso de los vecinos que afirmaban escuchar gritos desde hace varios días provenientes de un domicilio cercano.

Inmediatamente, la patrulla de la Guardia Civil más cercana, junto con la Policía Local de Luque, se personaron en el lugar indicado, solicitando a la persona que abrió la puerta del domicilio desde donde aparentemente procedía el sonido, que les dejase entrar para comprobar el origen de los gritos. 

En un primer momento, la persona se negó a la petición de los agentes que, debido a la posible gravedad de los hechos, insistieron en comprobar el interior del domicilio. Tras lograr acceder, encontraron en una de las estancias a un hombre de unos 70 años de edad, tirado en el suelo e incapacitado para levantarse por sus propios medios, que pedía auxilio.

Los agentes de la Guardia Civil y Policía Local inmediatamente avisaron a los servicios médicos y, mientras estos llegaban, auxiliaron a la víctima que les manifestó que la persona que había abierto la puerta era la causante de su situación, pues le había agredido tres días antes, tirándolo al suelo y dejándolo en el lugar sin ayudarlo, no pudiendo la víctima levantarse por sus medios debido al golpe de la caída.

Una vez los servicios sanitarios en el lugar, la víctima fue estabilizada y trasladada al centro hospitalario más cercano para recibir asistencia médica.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la persona presunta autora por un delito de lesiones, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades penales derivadas de la investigación.

La persona detenida, junto con las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la condena a un hombre por un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad que cometió cuando acababa de ser puesto en libertad tras haber sido detenido previamente por el mismo delito.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025. Una vez que declaró en sede judicial tras ser detenido por resistencia a la autoridad, fue puesto en libertad y recibió sus pertenencias con el objetivo de que abandonara los juzgados. En todo momento, según la sentencia, el acusado mantuvo una actitud desafiante y agresiva con los agentes uniformados. Durante el incidente, profirió insultos como “capullos” y “cabrones”, y llegó a espetarles: “Vosotros vais a hacer lo que yo quiera”.

El altercado fue escalando cuando el hombre se negó a abandonar las instalaciones y comenzó a hacer aspavientos y a escupir a los pies de los agentes. Ante la negativa a deponer su actitud, incluso llegando a decirle a un guardia civil veterano “tú te callas, viejo”, fue necesaria la intervención de refuerzos policiales. Lejos de calmarse, el acusado incrementó su agresividad con empujones y manotazos, lo que derivó en una nueva detención inmediata.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba impuso inicialmente una multa de nueve meses con una cuota diaria de siete euros; sentencia que fue recurrida por el acusado, pero que ha sido confirmada por la Audiencia en su integridad sobre la base de los testimonios de los agentes y las grabaciones de vídeo del lugar.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aclarado este jueves al PP, ante su demanda de que la de Guardia Civil sea declarada profesión de riesgo, que en el Ministerio de Defensa y el del Interior ya vienen trabajando en este asunto y, de hecho, ya tienen “un proyecto redactado para que las Fuerzas Armadas y, por tanto, la Guardia Civil, sean también una profesión de riesgo”.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en La Carlota (Córdoba), donde ha respaldado la campaña del PSOE-A ante las elecciones andaluzas del próximo domingo, la ministra de Defensa ha explicado que “no hay que mezclar de las cosas”, pues “lo que pasó ayer” tenía que ver con “una proposición del Partido Popular, que está haciendo oportunismo en esto, cuando saben perfectamente que, tanto el Ministerio de Defensa, como el Ministerio del Interior, estamos trabajando”, y ya cuentan con “un texto escrito, para que, efectivamente, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Guardia Civil sean una profesión de riesgo”.

En este punto, Robles ha recordado que las Fuerzas Armadas españolas “están en este momento en 3.000 misiones, en profesiones de riesgo, en guerras como las de Líbano. Nuestra Guardia Civil está luchando contra el narcotráfico. Se merece lo mejor y desde luego, desde el Ministerio de Defensa estamos trabajando en ello, y en el Ministerio Interior también, sin oportunismos”.

Así, ha insistido en que en el Ministerio de Defensa, en “la parte que afecta a las Fuerzas Armadas y también a los guardias civiles”, disponen ya de “un texto redactado”, al considerar “que merecen ser una profesión de riesgo. No hay ninguna duda en ese tema sobre el compromiso, que está además plasmado en negro sobre blanco”, pues en el Gobierno de España “no hablamos, actuamos”, ha subrayado.

Abucheos a Marlaska

En cuanto a los abucheos de los que fue objeto ayer miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando dijo estar “rabioso” y “dolido”, pero no “impotente”, por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha, Robles ha dicho creer “que cada uno tiene derecho a expresarse como quiera. Yo ahí respeto todas las expresiones”.

Sin embargo, ha señalado también que, “si algo hemos hecho, y desde luego desde el Ministerio de Defensa y, por tanto desde el Gobierno de España, ha sido sentirnos orgullosos, poner en valor a nuestras Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil”.

“Yo lo digo y lo digo todos los días desde hace ocho años, les admiro profundamente, aprendo de ellos cada día. Su solidaridad, su compromiso, su sacrificio, y claro que podemos todos hacer mucho más, pero el ejemplo que nos dan nuestros militares y nuestras guardias civiles sirviendo a España en el extranjero es único. Lo digo sin ningún complejo y con absoluto orgullo”.

A partir de ahí, Margarita Robles ha insistido en que respeteta “las expresiones públicas de todo el mundo, pero todo el mundo que nos conoce sabe el orgullo que sentimos de nuestros militares y de nuestros guardias civiles”.

Informe sobre narcolanchas

Por último, respecto al Informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que recoge que hay más de 600 narcolanchas tipo 'go-fast' sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, principalmente en el área del Estrecho de Gibraltar, la ministra de Defensa, tras aclarar que esa no es “un área específica” de su departamento, ha subrayado que, aún no “siendo competencia” del Ministerio de Defensa, “en lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer”.

En este punto, Robles ha argumentado que “siempre hacen falta muchos más medios”, y ha recordado que “cuando llegamos hace ocho años al Gobierno” y en referencia a las Fuerzas Armadas, “es que no había ni munición”, a lo que ha añadido que, para ella, lo referido a la Guardia Civil o al Ejército no es “una cuestión de Estado”, sino que “es una cuestión de España, y nuestros militares y nuestros guardias civiles exigen y tienen derecho a que cada día trabajemos por y para ellos”, porque “trabajando por nuestros militares, por los guardias civiles, trabajamos por la paz, por la libertad, por el compromiso y por la libertad”.

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de la operación Reñidero Alto, ha investigado a una persona por la comisión de un presunto delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional.

Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, la investigación se originó con una inspección a una explotación avícola dirigida por agentes del Seprona de Córdoba, en la que, además, participaron varias unidades de seguridad ciudadana de la Comandancia de Córdoba. La actuación se realizó, concretamente, en un reñidero para gallos de pelea (gallo combatiente español) ubicado en La Carlota y estuvo enfocada en la comprobación del bienestar animal de los gallos allí albergados.

Como resultado de la intervención, se localizaron un total de 71 gallos de la raza combatiente español, de los cuales 57 presentaban mutiladas sus crestas y barbillas, observándose algunas de las heridas muy recientes, por lo que se intensificaron las gestiones que, finalmente, permitieron hallar diferentes utensilios compatibles para ser utilizados en las mutilaciones, así como restos orgánicos de las mismas.

Ante los claros indicios obtenidos de la comisión de un presunto delito de maltrato animal, por parte del Seprona se solicitó informe al Colegio de Veterinarios de Córdoba, en el marco del Protocolo de colaboración entre el Colegio y la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba en la materia de seguridad alimentaria, ambiental, bienestar animal y salud pública. Como resultado, se emitió informe de los servicios jurídicos del Ilmo. Colegio de Veterinarios de Córdoba, en el mismo señalan determinadas prácticas observadas en la explotación avícola inspeccionada (corte de crestas y babillas), como un acto clínico profesional y que, al haberse realizado sin justificación ni la intervención de un profesional veterinario, pudiera resultar en la comisión de un delito de intrusismo profesional.

Además, la Guardia Civil elaboró, a través del Grupo de Periciales Ambientales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), un informe que respaldó la gravedad de las lesiones ya que, además de una lesión se causó un sufrimiento grave e innecesario para los animales afectados, pudiendo derivar en otras patologías y efectos.

De manera paralela, durante la inspección se detectaron otras graves irregularidades que pudieran resultar infracciones administrativas, por lo que se tramitaron diferentes informes-denuncia comunicando los hechos a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Por todo lo expuesto, la Guardia Civil investigó al responsable de la explotación avícola por un supuesto delito de maltrato animal y otro delito de intrusismo profesional, entregando las diligencias instruidas a la autoridad judicial.

El Tribunal Militar de Sevilla da la razón a Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y ha dictado una sentencia anulando las sanciones que se impusieron a tres guardias civiles destinados en el Núcleo de Servicios por, supuestamente, no haber evitado que una persona realizara una pintada en la comandancia

Según ha informado la AUGC en una nota, de nuevo “se consigue poner freno en los tribunales al excesivo rigor disciplinario que padecen desde hace muchos años los guardias civiles en la provincia de Córdoba”. El jefe de la Comandancia de Córdoba, el coronel Ramón Clemente, ordenó la incoación del expediente y las sanciones fueron impuestas por el teniente coronel Emilio Muñoz, y los recursos de los afectados fueron desestimados por el general jefe de la zona de Andalucía, Luis Ortega, por lo que los guardias civiles, asesorados por los servicios jurídicos de AUGC, interpusieron los recursos contencioso-disciplinarios que ahora han sido estimados.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2024, cuando durante la madrugada -y en el intervalo de apenas unos segundos- un individuo realizó una pintada en la puerta de acceso al acuartelamiento de Córdoba, del mismo modo que hizo en otros edificios de la misma avenida Medina Azahara, como las instalaciones de la empresa municipal Sadeco y un salón de juegos.

El tribunal militar argumenta que “les ampara la razón a los recurrentes”, ya que “en la resolución recurrida no se determina cuál es la desatención sancionada” porque, “efectivamente, tenían nombrado servicio de protección y seguridad en la Comandancia de Córdoba”, pero “la resolución aquí recurrida consiste en sancionar a todos los guardias civiles del turno de servicio, aplicando una responsabilidad solidaria y objetiva sin delimitar cuál había sido la conducta infractora de cada uno”. Por ello, “no puede existir culpabilidad si no hay participación en la infracción, y esa participación no se ha acreditado en el procedimiento sancionador”, añadiendo que “las sanciones solo pueden ser impuestas a quien ha cometido la infracción, o lo que es lo mismo, nadie puede ser sancionado por hechos ajenos, en relación con una pretendida responsabilidad colectiva”.

El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha valorado muy positivamente las sentencias y ha declarado que “el tribunal ha coincidido con nosotros en que se ha vulnerado el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad de la conducta sancionada, junto con la quiebra del principio de responsabilidad personal”, y ha añadido que “deberían evitarse estos procedimientos disciplinarios que no se corresponden con la profesionalidad y conducta de los guardias civiles en la provincia de Córdoba”.

Ahora la Dirección General de la Guardia Civil deberá devolver a los tres afectados el dinero que les fue detraído de sus retribuciones, más los intereses legales, así como eliminar las anotaciones negativas realizadas en sus hojas de servicios. 

Por otro lado, el secretario jurídico provincial de esta asociación, Francisco Cruz, ha añadido que “hechos como este vienen a corroborar lo que AUGC lleva muchos años denunciando: el excesivo e injustificado rigor disciplinario que se aplica en la Guardia Civil y especialmente a la escala básica de cabos y guardias”. Además, la asociación ha pedido incrementar la plantilla del Núcleo de Servicios de Córdoba, que “lleva años bajo mínimos y sin poder desempeñar adecuadamente sus cometidos”.