El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida del joven desaparecido en Montoro desde este lunes, según han informado fuentes de la Benemérita a este periódico.

Dos días después de su desaparición, la Guardia Civil ha confirmado el hallazgo del cadáver, que se precipitó al río Guadalquivir a la altura de Montoro, tal y como dio a conocer la alcaldesa de la localidad, Lola Amo.

De hecho, la regidora manifestó que estaban siendo “horas duras” en las que se intentó prestar auxilio desde el primer instante. Tanto es así que las labores de socorro se han sucedido con el paso de las horas, siendo la Guardia Civil, la Policía Local, Bomberos y Protección Civil los que han intervenido en el operativo.

Pese a ello, el GEAS, que se unió el martes a la búsqueda del joven, ha encontrado el cuerpo sin vida finalmente del joven que llevaba desaparecido cerca de tres días. La Guardia Civil ha confirmado este hallazgo entre las 14:00 y las 15:00 de este miércoles.

La Guardia Civil ha detenido en Montoro a un vecino de la localidad, de 58 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. 

La Benemérita tuvo conocimiento, a través de una denuncia recibida en el Puesto de Montoro, que se había producido un robo con fuerza en el interior de una segunda vivienda, ubicada en las inmediaciones de la localidad, donde los autores desconocidos, tras acceder al interior del inmueble forzando la puerta de acceso, habían sustraído varios electrodomésticos.  

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del hecho, la identificación, localización y detención del presunto autor.

El desarrollo de la investigación permitió obtener indicios suficientes de que el robo podría haber sido cometido por un vecino de la localidad, quien pudiera haber utilizado para la venta de los electrodomésticos sustraídos una plataforma de compra venta de artículos de segunda mano a través de Internet.

El avance de la investigación permitió identificar plenamente al presunto autor, quien resultó ser un vecino de la localidad de 58 años, procediendo la Guardia Civil a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Detenido y diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juez.

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios realizados durante el desarrollo de la campaña olivarera 2025/2026, ha procedido a la detención de una persona y a la investigación de otra, ambos conocidos por sus antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de hurto de 1.976 kilos de aceituna.

Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, la investigación se inició a raíz de que guardias civiles de uno de los Equipos Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, obtuvieran información de que varios vehículos cargados de aceituna se personaban en una finca del término municipal de Montoro, donde sus ocupantes descargaban aceituna de dudosa procedencia en una batea.

Tras tener conocimiento de estos hechos, los agentes inspeccionan el lugar indicado, donde consiguen localizar una batea parcialmente llena de aceituna. Además detectaron que en el lugar se personaban de manera asidua varios vehículos todo terreno, cuyos ocupantes descargan en la batea la aceituna que transportan en sus vehículos.

Ante la sospecha de que el propietario de dicha finca pudiera estar implicado en los hechos, se comprobó la titularidad de la misma, que se corresponde con una persona, que es propietario de varias fincas de olivar y de una almazara en la provincia de Córdoba.

Una vez que los agentes comprobaron que la batea se encuentra llena de aceituna, observaron cómo tras dejar otra batea vacía, retiraron la que está llena y fue llevada hasta la almazara del mismo propietario de la finca. Seguidamente los agentes inspeccionaron la documentación de la aceituna, figurando que procede de la misma finca donde se encontraba la batea.

Tras realizar una inspección técnico ocular de esta finca, los agentes constataron que la mismas se encontraba abandonada, con olivos sin ningún tipo de cuidado y sin síntomas de haber sido recolectados, siendo imposible que la aceituna provenga de estos.

Una vez finalizada la fase de investigación, se concluye que el modus operandi utilizado, consistía en que disponían en la finca de una batea vacía, donde varias personas depositan aceituna que presuntamente sustraen la noche anterior de distintas fincas de la provincia de Córdoba y Jaén.

Seguidamente, retiraban la batea llena de aceituna de procedencia ilícita, trasladándola hasta la almazara propiedad del propietario de la finca, confeccionando toda la documentación necesaria para hacer creer que procede de sus fincas e intentar darle apariencia legal ante posibles inspecciones y actuaciones policiales.

Las actuaciones finalizan con la detención de una persona y la investigación de otra como supuestos autores de un delito de hurto de 1.976 kg de aceituna, que junto con las diligencias son puestos a disposición de la autoridad judicial.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha dictado un auto en el que desestima la petición de inhibirse a favor de la Audiencia Nacional en la denominada operación Fenicio-Diávolo 24. Esta macrocausa investiga una sofisticada red criminal que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tenía capacidad para blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compraventa de metales preciosos.

A pesar de que las defensas de varios investigados solicitaron que el caso pasara a la Audiencia Nacional por su supuesta complejidad y extensión nacional, el magistrado cordobés ha rechazado tal pretensión. El auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, fundamenta que la competencia debe recaer en Córdoba porque aquí se encontraba el “centro de gravedad” de este grupo criminal.

En esa línea, el juez subraya que en la capital cordobesa es donde reside la mayoría de los investigados, donde se ubican las sedes de las presuntas empresas pantalla y donde se han desarrollado las actuaciones nucleares de la instrucción. Además, señala que el proceso se encuentra en un estado avanzado tras más de un año de investigación, por lo que un traslado ahora causaría un perjuicio a la agilidad de la justicia.

El inicio de la investigación comenzó en abril de 2024, cuando se averiguó que varias empresas de la provincia recibían a diario grandes cantidades de dinero en efectivo de contenido ilícito para que dichas entidades la introdujeran en el circuito financiera legal. Según la investigación que desarrolló la UCO, el modus operandi de la red consistía en recoger el dinero -procedente del tráfico de drogas, extorsiones, amenazas y delitos contra las personas- en garajes y oficinas de Córdoba para comprar oro y plata de origen ilícito en joyerías y fundiciones, a menudo sin registrar las transacciones o superando los límites legales de pago en efectivo.

Posteriormente, empresas cordobesas dedicadas al análisis y certificación de metales “legitimaban” el oro, permitiendo su bancarización. Una vez el dinero estaba en el sistema, se movía a través de sociedades pantalla, que carecían de infraestructura real. Después, el dinero blanqueado era transferido a las cuentas bancarias del verdadero propietario del efectivo y que pertenecían a empresas de China.

Actualmente, en la causa hay investigadas un total de 25 personas y nueve empresas. La operación arrojó un total de 20 registros practicados en cinco provincias españolas: 11 en Córdoba, dos en Zamora, dos en Salamanca, dos en Sevilla y tres en Madrid. También se realizó una inspección fiscal en una fundidora de metales preciosos en Paracuellos del Jarama, Madrid.

Durante los registros se intervinieron una cantidad significativa de bienes y activos: más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilogramos de oro, valorados en aproximadamente 1.150.000 euros; 15,2 kilogramos de plata, valorados en 15.200 euros; un gran número de joyas de origen desconocido, ocho contadoras de dinero en efectivo, numeroso material informático y electrónico, dos pistolas, cuatro cargadores de armas de fuego y diversa munición. Además, se incautaron ocho vehículos, dos de ellos con sistemas de ocultación de doble fondo, y abundante documentación.

La Guardia Civil ha investigado en Villanueva de Córdoba a siete personas de edades comprendidas entre los 15 y los 23 años como presuntas autoras de un delito de daños producidos en el matadero municipal de la localidad. 

La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado mes de marzo, a través de una llamada recibida en la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que un grupo de jóvenes se encontraban en las inmediaciones del matadero municipal de la localidad de Villanueva de Córdoba realizando actos vandálicos.

Inmediatamente, la Central Operativa de Servicios pasó el aviso a las patrullas en servicio en la zona, desplazándose una de ellas al lugar indicado, donde a su llegada sorprendieron a un grupo de jóvenes haciendo uso de unos extintores lo que provocó una gran nube densa de polvo blanco.

La patrulla en servicio, una vez localizados e identificados a todos los autores de los hechos, procedieron a inspeccionar la zona, lo que permitió comprobar que una puerta del lateral del edificio se encontraba forzada, que las paredes del interior del matadero habían sido grafiteadas con spray y que las cajas destinadas a contener extintores estaban vacías.

Asimismo, la Guardia Civil pudo saber, tras recibir la pertinente denuncia, que los daños causados ha sido valorados en unos 2.000 euros, aproximadamente. Investigados y diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juez.

La Guardia Civil inició a finales del pasado año sendas investigaciones tras la interposición, por parte de las dos víctimas residentes en Córdoba y Zaragoza de denuncias a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, manifestando haber sida captadas mediante ofertas de empleo fraudulentas, en las que se les prometía ingresos económicos a cambio de realizar acciones simples en internet, como podían ser dar “me gusta” a publicaciones en perfiles de instragram y otras redes sociales.

Para ello, los ciberdelincuentes contactaron a través de plataformas de mensajería con las víctimas, que se encontraban en situación de desempleo, ofreciendo trabajos simples y bien remunerados, a través del teletrabajo, ofertando sueldos altos por unas horas reducidas, exigiendo celeridad e inmediatez a la hora de aceptar la oferta laboral alegando que si no lo hacen ya tienen otros candidatos preseleccionados a la espera y procederían a su descarte.

El modus operandi coincide en ambos casos, ya que siempre solicitan de las víctimas una cantidad de dinero por adelantado a través de bizum o de transferencias inmediatas, indicando que dicho dinero se recuperará más adelante, pero a la hora de obtener los rendimientos del trabajo los

ciberdelincuentes solo abonan pequeñas cantidades como gancho a la vez que solicitan nuevos ingresos para desbloquear otros saldos pendientes, hasta que las víctimas se percatan que están siendo engañadas y, por lo tanto, siendo víctimas de esta estafa. En los dos casos investigados la suma de los perjuicios económicos a las víctimas superó los 6.000 euros.

El Equipo @ de la Cibercomandancia de la Guardia Civil al tener conocimiento de los hechos, a través de la sede electrónica, de forma inmediata inició las investigaciones analizando las comunicaciones entre los perjudicados y los ofertantes de empleo, así como rastreando la trazabilidad del dinero transferido por las dos víctimas lo que permitió la plena identificación de los presuntos autores.

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, se ha procedido al esclarecimiento de los dos hechos delictivos y la puesta a disposición judicial de 5 presuntos autores residentes en las provincias de Tarragona, Álava y Granada.

Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:

· Desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias, por trabajos fáciles y sin riesgo.

· Evitar aceptar ofertas de trabajo inesperadas llegadas a través de redes sociales (Telegram, Whatsapp, Tik-tok, etc.).

· No enviar dinero a terceros desconocidos para llevar a cabo inversiones o para desbloquear otros pagos.

· Recopilar toda la información posible del cargo efectuado, como es la cuenta de destino, teléfonos destinatarios de Bizum, nombres de usuarios y grupos de Telegram, etc.

Creación de la Cibercomandancia de la Guardia Civil:

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

En la sede electrónica de la Guardia Civil, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática los siguientes hechos delictivos:

• Estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos.

• Sustracción de vehículos y/o sustracción en su interior.

• Hurtos y Daños.

• Pérdida o localización de documentación

La campaña de recolección de aceituna se ha cerrado este ejercicio con la detección por parte de la Guardia Civil de un nuevo modus operandi para introducir aceitunas robadas en las almazaras y, con ello, en los canales comerciales de este fruto y el aceite de oliva.

Y es que el dispositivo de seguridad llevado a cabo durante esta campaña agrícola por parte de la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa el nuevo método desarrollado en el fraude de la aceituna robada, por el que se introducen frutos de procedencia ilícita en almazaras y puestos de compra.

Este sistema cuenta con la colaboración de determinados agricultores -en algunos casos, incluso propietarios de almazaras- que dejan bateas vacías en sus fincas. Dichas bateas “son cargadas durante la noche con aceituna sustraída por grupos organizados de diversa procedencia y, a continuación, los propios agricultores trasladan la mercancía simulando que procede de sus fincas”, según han explicado el delegado del Gobierno de España, Pedro Fernández, y el general de brigada, jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, al ofrecer este jueves los resultados del dispositivo de seguridad frente a robos y fraudes en el olivar en la comunidad autónoma.

A partir de ahí, con la aceituna robada que simula haber sido recogida en fincas, “elaboran la documentación necesaria para dotarla de una apariencia de legalidad, facilitando así su entrada en el circuito comercial”.

Ante esta situación, Fernández ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, “ya que el daño se lo hacen al propio sector, que puede ver mermada su calidad y su reconocimiento en los mercados”, al tiempo que ha advertido del “peligro que supone para la salud pública dotar de legalidad un alimento cuyo origen es desconocido”. Solo desde la responsabilidad y la concienciación de la excelencia de nuestro producto estrella, podremos mantener la fortaleza que sitúa a Andalucía como un actor estratégico en el mercado global del aceite de oliva, capaz de atender tanto la demanda nacional como la internacional“, ha insistido.

El general Luis Ortega ha detallado que el dispositivo de la Guardia Civil para la campaña 2025-2026 ha incorporado sistemas de alta tecnología para la prevención, vigilancia y resolución de delitos, como drones y cámaras térmicas que han facilitado el esclarecimiento de los hechos. Algo que ha contribuido a que “haya sido la campaña de la aceituna con menor número de delitos e infracciones de los últimos cuatro años”.

618 toneladas de aceitunas robadas y 49 detenidos

En Andalucía, la campaña de recolección de la aceituna se ha cerrado con la sustracción de 618.225 kilos, un 27,5% menos respecto a la anterior, mientras que los robos han bajado en más de un 40%. Además, se ha detenido a 49 personas, lo que supone un incremento del 36%.

Estas son algunas de las cifras que han ofrecido sobre el operativo de este año, por el que el delegado del Gobierno ha felicitado a los agentes de la Guardia Civil que han participado en este dispositivo por los resultados obtenidos, fruto de un amplio despliegue de medios y unidades, como Seguridad Ciudadana, Equipos Roca, Protección de la Naturaleza, Subsector de Tráfico, Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Información, unidades Fiscales, la Unidad Aérea y el escuadrón de caballería.

También ha destacado el trabajo previo y la colaboración con diferentes actores del sector agrícola o vinculados a éste para, por un lado, reforzar las medidas de autoprotección y de prevención de los delitos e infracciones y, por otro, planificar los dispositivos de seguridad atendiendo a la información recabada.

En este proceso se ha implicado a agricultores, responsables de almazaras y centros de compra, empresas de vigilancia privada, guardas de campo, colectivos de agricultores, entidades locales y oficinas comarcales agrarias.

Con respecto a los resultados del dispositivo, Fernández ha indicado que desde noviembre hasta el cierre de la campaña, se ha detectado el robo de 618.225 kilos de aceitunas, un 27,5% menos respecto al año anterior, “de los que más de un tercio se ha localizado en la provincia de Jaén” (226.150 kilos). De todos ellos, se han recuperado 165.294 kilos. Han disminuido, además, un 41,8% los robos, un 19,14% los hurtos y un 55,56% los daños.

En la comunidad, se han desarrollado hasta el momento 21 operaciones de relevancia, en las que, además de los 49 detenidos, están siendo investigadas 242 personas (122 en Jaén) como responsables de 393 hurtos y diez robos.

En cuanto a datos sobre delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas en toda Andalucía, más allá del ámbito olivarero, “en lo que va de trimestre, se han detectado 809 infracciones penales, cifra menor que el pasado año, cuando se contabilizaron en el mismo periodo 869, es decir, hemos bajado un 6,9 por ciento, según ha aportado el general Luis Ortega.

La Guardia Civil, a través de la Patrulla del Seprona de Villanueva de Córdoba, ha investigado a dos personas en Santa Eufemia por la comisión de dos delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, por construir varias edificaciones no autorizables en suelo rústico, así como otro delito de desobediencia grave por hacer caso omiso a la paralización de las actuaciones decretadas por el Ayuntamiento de Santa Eufemia.

Las investigaciones se iniciaron el pasado año 2022 tras detectar la patrulla del Seprona de Villanueva de Córdoba que se estaba construyendo lo que parecía ser una vivienda unifamiliar en terreno rústico, la que difícilmente sería autorizable por la legislación vigente.

Por parte de la Patrulla del Seprona se tramitó informe-denuncia al Ayuntamiento para que se paralizaran las obras si carecían de licencia urbanística y se iniciaran tanto el expediente sancionador, como el correspondiente de reposición de la realidad física alterada para restaurar el orden jurídico urbanístico en el caso de que fuesen ilegales. 

El pasado mes de marzo de 2026 se realiza nueva inspección ya que las obras iniciales habían finalizado e incluso se habían ampliado a otras nuevas, con la construcción de una pequeña nave anexa a esta vivienda, una solera de hormigón, además de una estructura para instalación de sistema de bombeo y depósito de agua, así como se está iniciando una nueva cimentación junto a la vivienda anterior.

Tras solicitar documentación al Ayuntamiento de Santa Eufemia se constata que las obras carecen de licencia urbanística e incluso la promotora fue notificada en septiembre del año 2022 para que cesaran las actuaciones en la parcela afectada haciendo caso omiso a dicho decreto de la alcaldía.

Por todo esto se instruyen diligencias penales las cuales son remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozoblanco y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

El dispositivo de búsqueda de Juan L.P, un hombre de 47 años que desapareció este miércoles en Villa del Río, ha encontrado a esta persona de madrugada, según ha informado SOS Desaparecidos.

“Gracias a la colaboración ciudadana se pudo localizar el vehículo y posteriormente a esta persona, que fue trasladada está madrugada al hospital para su valoración”, han informado desde este colectivo, que dio la voz de alarma este miércoles.

En el dispositivo han trabajado vecinos, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. De momento, no han trascendido más datos de las circunstancias de esta desaparición.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de varios delitos de robo en la localidad de Almodóvar del Río (Córdoba) y uno de ellos, además, por delito de estragos y contra la seguridad colectiva. Uno de los arrestados es presunto autor de robo de cable en la línea ferroviaria de alta velocidad a su paso por Almodóvar del Río.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos delictivos a través de varias denuncias presentadas, entre los días 18 y 24 del mes de marzo pasado, de robos de cableado de las vías ferroviarias de alta velocidad a su paso por Almodóvar del Río, así como de robo de cableado en viveros de la misma zona.

De manera inmediata, la Guardia Civil a través de uno de sus equipos ROCA inició una investigación centrada en la proximidad entre el momento y lugar de los hechos, así como la similitud del modus operandi utilizado, logrando identificar al supuesto autor de estos hechos. Debido a la naturaleza de estos delitos que afectan a infraestructuras críticas y a la seguridad colectiva de las personas, la Guardia Civil diseñó e implementó un importante dispositivo de vigilancia dirigido, tanto a evitar la repetición de nuevos delitos similares, como a la localización y detención de la persona identificada como supuesto autor.

El equipo ROCA de la Guardia Civil, durante uno de estos servicios, recibió un aviso de la central COS por un robo en una vivienda localizada a escasos metros de donde se encontraban los agentes, por lo que se desplazaron a la ubicación indicada, comprobando la veracidad del aviso y realizando gestiones que permitieron identificar a dos hombres, con numerosos antecedentes por hechos similares y conocidos por la Guardia Civil de la localidad, como los presuntos autores del robo, coincidiendo uno de ellos con el supuesto autor de los robos de cable de alta velocidad que estaban buscando.

Pillado 'in fraganti'

Finalmente, la Guardia Civil logró localizar a esta persona, a la que sorprendieron in fraganti tratando de sustraer nuevamente cableado de alta velocidad en el mismo tramo de vías anteriormente afectado, por lo que procedieron a su detención por los delitos mencionados.

La Guardia Civil continuó con las gestiones, logrando la localización y detención, unos días después, de la segunda persona identificada como presunta autora del robo en la vivienda.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha logrado esclarecer un total de seis delitos de robo, otros de daños y relacionados con la seguridad de las infraestructuras críticas y la seguridad colectiva, además de recuperar parte del cable y objetos sustraídos e incidir de manera importante en la seguridad del tránsito ferroviario.

Los detenidos, así como las diligencias instruidas, fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente, continuando la investigación abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la posible implicación de otras personas.

El Salón General 'Miguel Sánchez' de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, ha acogido la presentación de la Microcredencial de Primeros Auxilios para guardias civiles de la Comandancia de Córdoba.

Esta Microcredencial, organizada por Universidad de Córdoba, a través de la Cátedra Coremsa y con el apoyo de la Brigada 'Guzmán el Bueno X', está destinada en esta su primera edición, a formar a la Guardia Civil de Córdoba, en Primeros Auxilios, según ha informado el instituto armado en una nota.

Este curso en formato de Microcredencial tiene como objetivo atender a la demanda de formación en primeros auxilios para los agentes de la Guardia Civil, a solicitud de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en relación con las necesidades formativas de su personal.

Los Guardias Civiles de la Comandancia de Córdoba prestan servicio en más del 95 % de la provincia, a más del 51 % de su población, (son responsables de 74, de los 77 municipios de la provincia), y ello lo hacen las 24 horas del día, durante 365 días al año.

Por lo tanto, son en muchos casos los primeros en llegar en catástrofes, incendios, accidentes, agresiones, rescates y demás situaciones sobrevenidas y críticas; la naturaleza de estas funciones que desempeñan los efectivos de la Guardia Civil los expone frecuentemente a situaciones donde la capacidad de prestar una asistencia inicial adecuada puede ser decisiva para salvar vidas, reducir el impacto de lesiones o mitigar riesgos hasta la llegada de los servicios médicos especializados.

Disponer de conocimientos básicos de primeros auxilios permite actuar con rapidez y eficacia, incrementando las posibilidades de supervivencia y mejorando el pronóstico de las víctimas.

Esta actividad se ha establecido bajo el contexto normativo-administrativo del convenio de la Cátedra Coremsa-uco firmado por ambas entidades. Las prácticas de esta docencia, se han llevado a efecto, tanto en las instalaciones de la Universidad de Córdoba como en la sede de la Comandancia de Córdoba.

Al acto de clausura han asistido, el General de la BRIX, el Director General de Formación Continua, empleabilidad y emprendimiento de la UCO, el Coronel Jefe de la Comandancia, así como el Presidente y el Director del grupo empresarial Coremsa y profesores.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven en Fernán Núñez (Córdoba) acusado de ser el autor de un presunto delito de pornografía infantil, según ha podido confirmar este periódico.

El arresto se ha producido durante esta semana. Los agentes encargados de la investigación han registrado el domicilio del detenido, en busca de evidencias del delito denunciado. El arrestado ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Montilla.

Las actuaciones proceden de la denuncia de una familia, que habría aludido a un presunto delito de pornografía infantil cometido en la localidad de Fernán Núñez. De momento, no han trascendido más detalles de la operación.

La empresa Redalsa, contratada por Adif, ha remitido un informe aclaratorio en el que rebate las conclusiones recogidas por la Guardia Civil en relación con la experiencia de los técnicos que verificaron las soldaduras en el tramo donde se produjo el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas y 155 resultaron heridas. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, la compañía sostiene que ambos operarios contaban con la capacitación y experiencia exigidas, y atribuye la controversia a una “interpretación incorrecta” tanto de la normativa técnica como de los requisitos administrativos por parte de los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación.

El origen de la discrepancia se encuentra en un punto concreto del informe elaborado por los guardias civiles, donde se cuestiona que los dos técnicos encargados de la auscultación ultrasónica cumplieran con el requisito de acreditar al menos dos años de experiencia en trabajos de análisis de material ferroviario. Según la Guardia Civil, los certificados aportados no demostraban de forma clara ese periodo mínimo, lo que motivó la apertura de gestiones para verificar su trayectoria profesional.

Frente a ello, Redalsa defiende que esta interpretación no se ajusta a la normativa vigente. En su respuesta, la empresa subraya que los trabajos de inspección se rigen por la norma “UNE-EN ISO 9712:2023”, que regula la certificación de los técnicos en ensayos no destructivos. Esta normativa establece que, para obtener la acreditación de nivel 2 en ultrasonidos, los profesionales deben haber superado un proceso que incluye formación teórica, examen oficial y, de forma imprescindible, la acreditación previa de experiencia industrial supervisada.

En este sentido, la compañía explica que esa experiencia no se computa únicamente desde la fecha de expedición del certificado, sino que incluye el periodo previo necesario para acceder a la certificación. En concreto, para alcanzar el nivel 2 se exige un mínimo de 240 días de experiencia —equivalentes a 1.920 horas—, lo que, según Redalsa, garantiza que el técnico ya dispone de la pericia necesaria antes incluso de obtener el título oficial.

A partir de este marco, la empresa sostiene que ambos trabajadores cumplían sobradamente con los requisitos. En el caso de uno de ellos, con certificación de nivel 2 desde 2004, su experiencia estaría fuera de toda duda. Respecto al segundo técnico, certificado en 2023, Redalsa detalla que contaba con la formación y la experiencia exigidas, además de desempeñar su labor bajo la supervisión directa de un técnico de nivel 2, tal como permite la propia normativa.

El informe también incorpora certificados laborales que acreditan horas de trabajo en ensayos ultrasónicos en distintos periodos, incluyendo más de mil horas en una empresa anterior y cerca de un millar adicional en Redalsa, siempre bajo supervisión cualificada. Para la compañía, estos documentos demuestran de forma “fehaciente” la trayectoria profesional del operario.

La interpretación del pliego

Otro de los puntos clave de la respuesta se centra en la exigencia de los dos años de experiencia mencionada por la Guardia Civil. Redalsa argumenta que ese requisito no tiene carácter técnico directo sobre la ejecución de los trabajos, sino que procede de un pliego de condiciones administrativas de una licitación de Adif. Según la empresa, dicho pliego fija criterios de solvencia para las empresas que concurren a concursos públicos —como disponer de personal cualificado en plantilla—, pero no establece condiciones adicionales para cada intervención concreta ni sustituye a la normativa técnica aplicable.

Así, la compañía insiste en que la investigación estaría confundiendo un requisito administrativo general con las exigencias reales para la realización de ensayos ultrasónicos, que son las recogidas en la norma UNE. En el caso de las actuaciones en Adamuz, Redalsa asegura que se cumplió estrictamente con esta normativa, al asignar un equipo formado por técnicos cualificados de nivel 2.

Además, la empresa recalca que los trabajos no solo fueron ejecutados por personal acreditado, sino que también estuvieron supervisados y validados por el responsable de calidad de la compañía, igualmente certificado en ultrasonidos de nivel 2. Este control adicional, según el informe, garantiza la trazabilidad y la fiabilidad técnica de las inspecciones realizadas.

Mientras tanto, el Juzgado de Instancia número dos de Montoro, encargado de la instrucción judicial del accidente, sigue a la espera del nombramiento de los tres peritos judiciales independientes que tienen que analizar e interpretar toda la información técnica que llegue.

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Estepa (Sevilla), ha detenido a un vecino de Puente Genil de 44 años como presunto autor de siete delitos de robo, un delito de falsedad documental, dos delitos contra la seguridad vial y un delito de atentado a agentes de la autoridad.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia recibida en el Puesto Principal de Puente Genil, que se había producido un robo de un vehículo, en el interior de una vivienda de la localidad.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y detención del presunto autor y la recuperación del vehículo sustraído.

Las primeras investigaciones, permitieron averiguar que el conductor del vehículo sustraído pudiera estar utilizando el mismo en la comisión de varios robos de bombonas de butano, que se habían producido en estaciones de servicio de las localidades sevillanas de Casariche y Herrera, así como diversos trasteros de la localidad de Puente Genil.

Asimismo, la Guardia Civil pudo saber que el conductor del vehículo, llegó incluso a huir de un control policial cargado con una docena de bombonas de butano en la localidad sevillana de la Roda de Andalucía.

El desarrollo de la investigación, unido a la información obtenida en las inspecciones oculares efectuadas en los lugares donde se cometieron los robos, permitió identificar al presunto autor de los delitos investigados, siendo éste una persona conocida de los agentes investigadores, el cual había sido detenido hasta en cuatro ocasiones en los últimos meses por hechos de la misma índole.

Ante ello, la Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local de Estepa (Sevilla) procedió a su detención en fechas recientes, como presunto autor de siete delitos de delitos de robos con fuerza en las cosas, un delito de falsedad documental, dos delitos contra la seguridad vial y un delito de atentado a agentes de la autoridad.

La Guardia Civil ha logrado recuperar el vehículo sustraído, que contenía en su interior 12 botellas de butano, que habían sido sustraídas esa misma noche en una estación de servicio cercana. Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

El último atestado de la Guardia Civil arroja hasta siete líneas de investigación que tiene abiertas para dar con la causa o la concatenación de las mismas que provocaron la rotura de la vía, origen del accidente de Adamuz del pasado 18 de enero. En el informe remitido a la jueza del caso a finales del pasado mes de marzo, los investigadores confirman que conocer el origen de la tragedia es aún prematuro hasta que no finalicen otras actuaciones de la Inspección Técnico Ocular (ITO), de los especialistas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y de los informes periciales solicitados.

1. Problemas en la infraestructura ferroviaria

El raíl afectado pertenecía a un lote de fabricación de Ensidesa del año 2023, que formaba parte de los materiales nuevos instalados en la zona. La rotura pudo deberse a defectos de fabricación y metalúrgicos, como anomalías en la colada (inclusiones), tensiones residuales longitudinales excesivas generadas durante el enderezado en fábrica, o una composición química con exceso de carbono que aumenta la fragilidad del acero. En esta posible causa de la rotura de la vía, la Guardia Civil ha incorporado los testimonios de los 19 maquinistas que ese día circularon por ese tramo. Cabe recordar que a excepción de uno, “que notó un golpe en el lado derecho”, el resto “no reportó ningún tipo de incidencia o sensación extraña”. En esa línea, el examen de la rodadura de los trenes que circularon con anterioridad por el tramo arroja que varios de ellos “tienen muescas compatibles con una rotura de raíl”.

Dicha incidencia, a su vez, puede esconder diversas causas técnicas, como pueden ser“ defectos de fabricación y metalúrgicos, fatiga, por el uso contante de trenes -que puede producir escamaduras en la superficie que progresarían hacia el interior del carril; esfuerzos de flexión, que son críticos en el patín del riel (su base), pudiendo ocasionar una rotura total en poco tiempo; y frenado de trenes”. Esto último, según la Guardia Civil, produce “fisuras transversales en la cabeza del carriel que pueden desarrollarse en ambas direcciones”.

Será la ITO de los cupones recogidos la que arroje luz “sobre si existió algún tipo de defecto de fabricación o en la composición de los rieles, o cualquier de los anteriores defectos descritos”.

2. Deficiencias en las soldaduras aluminotérmicas

En esta línea se investiga específicamente la soldadura realizada en el punto kilométrico 318+681 la noche del 24 al 25 de mayo de 2025 por la empresa Maquisaba S.L. Inicialmente se detectó el uso de un kit de fuerza erróneo, aunque Adif presentó posteriormente una “fe de errata” alegando un error de anotación del soldador. Aunque inicialmente el sindicato CGT alertó sobre posibles deficiencias en las distancias de las soldaduras basándose en imágenes de prensa, las comprobaciones oculares determinaron que aquellas imágenes correspondían en realidad a grapas de sujeción de cables y no a soldaduras. Sin embargo, el verdadero problema surgió al revisar el parte de trabajo del soldador.

Según la normativa de Adif, para unir carriles usados con nuevos se debe emplear un Kit de fuerza R260. No obstante, en el reverso del parte original aparecían etiquetas del Kit 350H“, lo que indicaría que se utilizó un material erróneo para esa maniobra. Ante este hallazgo, Adif presentó una fe de erratas firmada el 29 de enero de 2026 por un inspector, alegando que el soldador cometió un simple error manual al anotar los kits en posiciones equivocadas del formulario. Según esta versión corregida, en el punto del accidente sí se habría aplicado el Kit R260 correcto. Para respaldar esta tesis, la empresa Ayesa realizó ensayos de dureza in situ sobre los cupones de vía afectados para demostrar que el material era el adecuado.

Con relación a esta documentación aportada por Ayesa, la CIAF puso en conocimiento del juzgado la detección de diversas incongruencias críticas. Así, los investigadores de esta comisión cuestionan la validez de las firmas que aparecen en los documentos, señalando que no son ni manuscritas ni electrónicas. Además, han detectado fallos graves en el control de versiones, con documentos que presentan fechas de creación posteriores a la supuesta fiscalización de la versión

3. Fuerzas que actúan sobre la infraestructura

Los elementos como los desvíos (agujas) suponen una discontinuidad en el camino de rodadura que genera importantes fuerzas dinámicas entre el tren y la vía. Estas cargas facilitan la aparición de “pequeñas fisuras que progresan hasta la rotura”. En configuraciones de alta velocidad, las tensiones se concentran en puntos críticos como los taladros de la mesa con timonera, los cuales son propensos a desarrollar fallos por fatiga de material si no se vigilan adecuadamente.

4. Factores de la infraestructura y ejecución y materiales

El estado del conjunto de la vía es un otro aspecto de interés para la Guardia Civil. Según el documento, el uso de “balasto reciclado o fijaciones desgastadas” reduce la capacidad de la vía para absorber vibraciones, trasladando sobrecargas directas al carril. Un factor crítico es la existencia de huecos bajo las traviesas; si estas no están bien asentadas, el riel sufre flexiones anormales que facilitan su fractura.

5. Factores ambientales y químicos

El acero de los raíles es susceptible a la corrosión por picaduras en ambientes húmedos o con presencia de cloruros, lo que puede servir como punto de inicio para una fractura. Por otro lado, las variaciones térmicas bruscas o una mala neutralización de las tensiones del carril pueden generar esfuerzos de tracción excesivos que el acero no logra soportar.

6. Falta de prevención

Esta línea investiga si fallaron los sistemas destinados a detectar riesgos antes del accidente. En este apartado, la Guardia Civil hace alusión a las tecnologías que se usan para la auscultación de la vía, cuyas micro fisuras, a menudo, no son visibles externamente. “Si no se realizan inspecciones ultrasónicas periódicas para vigilar su evolución, estas grietas crecen hasta causar la rotura súbita”, apunta la Guardia Civil, quien incide en la “experiencia” que deben tener los técnicos encargados de estas revisiones. En este punto, la investigación ha dejado constancia de que los dos técnicos que revisaron la auscultación de la soldadura del tramo del accidente no tenían la experiencia mínima requerida por la normativa de seguridad para llevar a cabo un trabajo de este tipo. Además, la Guardia Civil está investigando, incluso, si uno de ellos tenía la capacitación exigida.

En este apartado del informe se revela que, tras los recorridos de inspección de la superestructura, se detectaron “46 defectos relacionados con el carril y/o soldaduras eléctricas o aluminotérmicas localizados entre los Ppunto kilométricoK 316 a 319”, cerca del punto kilométrico 318, donde se produjo el origen de la rotura. A pesar de la cantidad de anomalías, el informe señala que a estos puntos “se les viene realizando un seguimiento visual, pendiente de verificar” mediante pruebas técnicas más exhaustivas que no llegaron a realizarse antes del choque.

Entre los fallos específicos registrados, los agentes destacan la presencia de “picaduras u otros defectos superficiales” en la cabeza del carril, así como múltiples casos de “huella con fisura esporádica” y una “huella con fisura en soldadura eléctrica” detectada a apenas 239 metros del lugar del accidente. Asimismo, en noviembre de 2025, se identificó un “defecto de aceleración vertical” justo en el punto de la rotura (punto kilométrico 318+680), el cual “fue integrado en las labores de seguimiento preventivo habitual” sin que se haya aclarado aún qué acciones de mantenimiento se tomaron al respecto. Este defecto alcanzó valores superiores a los 40 m/s², rebasando el límite de normalidad establecido en 30 m/s².

7. Un sistema de Adif que “no estaba configurado para alertar” detectó un problema en el carril de Adamuz un día antes del accidente

Sin duda, pese a ser la última que la Guardia Civil incorpora en su atestado, esta es una de las líneas de investigación más destacadas: el carril que provocó el accidente ya dio síntomas de anomalías 24 horas antes. En concreto, el informe se refiere al Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM), un dispositivo que Adif tiene conectado a las vías y que se puede consultar en su base de Hornachuelos (a unos 40 kilómetros del lugar del accidente). Este sistema “solo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de ocupación (0,780V)”, según detallan los agentes encargados de la investigación. Es decir, ese umbral alertaría de una fractura y automáticamente el tráfico ferroviario quedaría frenado.

“En el caso de Adamuz, el sistema SAM registró una caída brusca de tensión (0,5V) la noche del 17 de enero de 2026, pero al mantenerse por encima del umbral, no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento”, recogen los agentes, que agregan que por su propia “configuración” el sistema recogió el incidente de manera “pasiva”. “El sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria y Adif, a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió”, agregan los investigadores.

Este sistema está configurado para alertar a partir de ciertos umbrales. Y solo es consultado cuando el umbral no ha saltado en los casos en los que se reporte una incidencia en la vía o por obras de mantenimiento.

Líneas de investigación excluidas

En este mismo informe, la Guardia Civil también analiza las líneas de investigación que, o bien son altamente improbables, o bien han sido descartadas. En el primer grupo se incluye la que afecta a la supuesta caída de piezas a la vía. Los investigadores no han podido constatar hasta la fecha ninguna incidencia relativa a pérdida de piezas de los trenes que circularon ese día por el tramo afectado. En el segundo grupo, las líneas de investigación descartadas, se incluyen la conducción negligente o imprudente de los maquinistas de los trenes Iryo y Alvia, así como cualquier acto de sabotaje o terrorismo.

El bogie del Iryo accidentado en Adamuz el pasado 18 de enero fue recuperado el 12 de marzo del arroyo en el que se hallaba casi dos meses después de la tragedia ferroviaria, según la información a la que ha accedido este periódico.

Bajo la supervisión de la Guardia Civil, el pasado 12 de marzo se llevó a cabo un complejo operativo de rescate que comenzó a las 9:45. Para la operación fue necesaria maquinaria pesada debido a la envergadura del bogie, que el ministro Óscar Puente estimó en unas 20 toneladas. A pesar de un contratiempo técnico a las 11:50 por la rotura de una cadena de sujeción, los operarios lograron cargar el bogie en un camión sobre las 12:30, finalizando el traslado a un punto precintado de seguridad cerca de las 14:00.

Según un oficio de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba fechado el 27 de marzo, la recuperación incluyó no solo el bogie del vagón número 8, sino también uno de sus ejes. Estos elementos han sido puestos a disposición de la jueza de Montoro que investiga la causa, Cristina Pastor Recover. Ambos elementos recuperados están depositados en una explanada habilitada en la que también se encuentran los vagones del 6, 7 y 8 del tren Iryo y otro bogie

En el operativo participaron representantes de diversas entidades, entre ellos personal de Adif, el director técnico de Iryo y responsables de las empresas de mantenimiento e infraestructuras Guinovart y Hermógenes Palma del Río.

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que vine desarrollando en la provincia y del plan de mejora de seguridad en el sector del comercio, procedió a la detención de una persona y a la investigación de otra como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal y de dos robos con fuerza en interior de dos establecimientos de hostelería de la localidad de Villaralto.

La Guardia Civil tuvo conocimiento, el pasado mes de abril de 2025, que se habían producido en la misma noche dos robos con fuerza en dos establecimientos de hostelería de la localidad de Villaralto, donde autores desconocidos, tras acceder al interior de los establecimientos, sustrajeron 800 euros en billetes y monedas fraccionados, bebidas alcohólicas y participaciones de lotería, valorado todo en unos 2.500 euros.

Inmediatamente, la Benemérita se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de los robos, la identificación, localización y detención de los presuntos autores.

Las primeras investigaciones, unidas a la inspección ocular practicada, permitieron comprobar que los robos habían sido cometidos con un mismo modus operandi. Lo que hizo sospechar a los investigadores de la Guardia Civil que podrían haber sido cometidos por un mismo grupo delictivo especializado en la comisión de este tipo delictivo.

El avance de la investigación permitió averiguar que un grupo delictivo asentado en la provincia de Badajoz se estaba dedicando a este tipo de actividad delincuencial y que el mismo podría estar operando en dicha provincia y en provincias limítrofes, así como que dicho grupo estaba al parecer utilizando el mismo modus operandi en la comisión de los hechos delictivos. Por tanto, los investigadores de la Guardia Civil centraron sus sospechas sobre ellos y, tras obtener indicios suficientes de su implicación en ambos robos, se procedió a la detención de uno de ellos y a la investigación de otro que se encuentra ingresado en prisión. 

Durante el desarrollo de la investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil que actúa en la zona norte de la provincia, se ha contado con la colaboración del Equipo ROCA de Talarrubias (Badajoz). 

Detenido, investigado y diligencias instruidas han sido entregadas a la Autoridad Judicial competente.   

Los servicios de emergencia que atendieron el accidente ferroviario más grave de la alta velocidad en España, en el que murieron 46 personas y 155 resultaron heridas en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, tardaron tres cuartos de hora en tener claro que en el siniestro el tren Alvia también había descarrilado y su situación era muy grave.

Los agentes de la Guardia Civil que investigan el accidente han elaborado una extensa secuencia cronológica en la que detallan cómo se gestionó la emergencia. Los guardias civiles comprueban que existió “una importante confusión inicial” a causa del “gran volumen de llamadas simultáneas” y el “desconcierto” por la situación. Los gestores de emergencias, según la Guardia Civil, habrían vinculado las llamadas con la situación en el tren Iryo. “Las llamadas que alertaban del tren Alvia se interpretaron bien como un accidente en el que no interviene la colisión con el Iryo de menor gravedad, o se confundieron con relacionadas con el Iryo”, escriben los agentes.

El siniestro se produjo entre las 19:43:37 y las 19:43:41. Un minuto y 11 segundos después, el servicio de emergencias del 112 Andalucía recibió la primera llamada de una pasajera del Iryo. Hasta que a las 20:31:58, un pasajero del Alvia llega andando desde donde se había detenido el tren, a 700 metros de distancia, hasta un guardia civil de Tráfico que atendía a los heridos del Iryo, no se tuvo la certeza completa de que en este segundo tren la situación era muy grave, más incluso que en el Iryo. De hecho, en el Alvia fallecieron 37 personas. En el Iryo, nueve.

Secuencia cronológica del accidente de Adamuz elaborada por la Guardia Civil

El último atestado de la Guardia Civil de Córdoba en el que informa a la jueza de Montoro sobre el avance de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y 155 resultaron heridas, señala que el carril que provocó el accidente ya dio síntomas de anomalías 24 horas antes. La ampliación de las diligencias, a las que ha tenido acceso este periódico, apunta a un sistema de la empresa estatal Adif que detectó una incidencia a las 21:45 del 17 de enero, un día antes del siniestro, pero que no alertó al no superar el umbral de alarma.

En concreto, el informe se refiere al Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM), un dispositivo que Adif tiene conectado a las vías y que se puede consultar en su base de Hornachuelos (a unos 40 kilómetros del lugar del accidente). Este sistema “solo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de ocupación (0,780V)”, según detallan los agentes encargados de la investigación. Es decir, ese umbral alertaría de una fractura y automáticamente el tráfico ferroviario quedaría frenado.

“En el caso de Adamuz, el sistema SAM registró una caída brusca de tensión (0,5V) la noche del 17 de enero de 2026, pero al mantenerse por encima del umbral, no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento”, recogen los agentes, que agregan que por su propia “configuración” el sistema recogió el incidente de manera “pasiva”. “El sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria y Adif, a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió”, agregan los investigadores.

Este sistema está configurado para alertar a partir de ciertos umbrales. Y solo es consultado cuando el umbral no ha saltado en los casos en los que se reporte una incidencia en la vía o por obras de mantenimiento.

Según los datos que Adif ha enviado a la Guardia Civil, desde las 21:46 del 17 de enero se constata que se produce un descenso de la corriente normal que tiene que haber en la vía, 2V, hasta los 1,5V. Desde esa hora, la tensión “no se recupera” hasta que a las 19:43 del día siguiente se produce el accidente ferroviario. En ese momento, “la tensión ya queda a cero”, relatan los agentes.

Que la tensión bajase 0,5V durante prácticamente 24 horas es algo “no habitual”, según incide la Guardia Civil a través de los diferentes registros de Adif. Por eso, sostienen que “habrá que dilucidar si existía la posibilidad técnica de recibir algún tipo de alerta por estas caídas de tensión, sobre todo por el tiempo que se mantiene en esos niveles no habituales y por la gravedad de las consecuencias, puesto que una de ellas es la rotura del rail”.

El informe de la Guardia Civil apunta a los sistemas de prevención. Los agentes destacan que la auscultación ultrasónica de los carriles, el método principal para detectar microfisuras internas, ofrece una “fiabilidad general baja”. A pesar de que se identificaron defectos superficiales previos en las cercanías del lugar del accidente (como en los puntos kilométricos 318,205 o 318,748), el sistema no fue capaz de prever la fractura súbita.

Los investigadores también preguntaron por estos sistemas a la empresa Redalsa (contratada por Adif) por los datos brutos de las inspecciones de 2025. La mercantil ha comunicado que no dispone de registro digital de dichas pruebas, calificándolo como “técnicamente inviable” debido al tamaño de los archivos y las limitaciones de los equipos manuales. Esta carencia impide a los investigadores verificar si se pasó por alto algún indicio crítico meses antes del choque, como por ejemplo un defecto de aceleración vertical detectado el 21 de noviembre de 2025 en el mismo punto del accidente.

Adif asegura que estos circuitos no son un sistema “para determinar la rotura de un carril”

Fuentes de Adif han asegurado a este periódico que “los circuitos de vía no son un sistema para determinar la rotura de un carril, sino un sistema exclusivo para determinar el posicionamiento de un tren”, en referencia a las diligencias de la Guardia Civil.

La empresa estatal ha concretado que el 17 de enero, unas 22 horas antes del accidente, se detectó “una caída de tensión en el circuito de vía” donde se produjo el descarrilamiento. Pero “no una rotura de la vía”.

Las fuentes detallan que “la tensión pasa de 2,2 a 1,5 V.Esta variación de 0,7 V puede ser coincidente con diferentes incidencias que no tienen porque ser una rotura de vía”, ha detallado. Así, como referencia, las fuentes sostienen que “el umbral para determinar que hay una ocupación de circuito de vía es de una caída de tensión de 1 V, es decir, menor que lo que se ha medido: el sistema no detectaba en ningún caso una ocupación del circuito de vía”.

Aún se desconoce la causa que provoca la fractura del carril

En su informe, fechado el pasado 28 de marzo, la Guardia Civil señala que aún se desconoce la causa que provocó la fractura del carril o de la soldadura que a su vez motivó el accidente ferroviario. El Iryo que circulaba por la zona afectada descarriló y sus coches acabaron impactando contra un Alvia que viajaba hacia Huelva en la vía contraria. No obstante, los agentes tienen cada vez más claro qué fue lo que no ocurrió.

Los agentes señalan ya como “principal línea de investigación” la rotura del carril o de la soldadura, pero descartando que se debiera a una acción de sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas. También consideran como “muy altamente improbable” que la causa de la fractura estuviera en “una pieza en la vía” que “diera lugar al accidente”. Adif encontró varias piezas sueltas en el interior de un túnel a escasos metros del siniestro. Esas piezas habían provocado daños en la infraestructura. La Guardia Civil rechaza esta tesis, aunque no la descarta del todo.

Dudas sobre las soldaduras y la “fe de erratas” de ADIF

Uno de los puntos más polémicos de la investigación se centra en la soldadura del punto kilométrico 318,681, identificada como el posible origen de la rotura. Según la normativa de Adif, en ese punto se debió emplear un kit de soldadura R260, pero los registros originales indicaban el uso de un kit “350HT”, inapropiado para esa configuración.

Ante esta irregularidad, ADIF presentó una “fe de erratas” el 29 de enero de 2026, alegando que el soldador cometió un error manual al anotar los kits, intercambiando las posiciones de las soldaduras en el parte. Sin embargo, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha alertado al juzgado sobre incongruencias severas en la documentación remitida por la asistencia técnica Ayesa. Según la CIAF, existen dudas razonables sobre la validez de las firmas en los documentos —que no son ni manuscritas ni electrónicas— y se han detectado fallos en el control de versiones, con fechas que no concuerdan con la secuencia lógica de los trabajos.

La cajas negras

Gracias al volcado de los registradores técnicos (cajas negras) de RENFE y la CIAF, el atestado ha podido reconstruir los últimos segundos de la tragedia con precisión milimétrica. La colisión se produjo en un intervalo de cuatro segundos, entre las 19:43:37 y las 19:43:41.

En el momento del impacto, el tren Alvia circulaba a 208,150 km/h. El sistema de seguridad LZB llegó a activar el frenado de emergencia al detectar la presencia del tren Iryo invadiendo la vía, pero la velocidad y la proximidad hicieron que el choque fuera inevitable y “totalmente sorpresivo” para el maquinista del Alvia, quien falleció en el acto sin tiempo de reacción.

Para cerrar la instrucción, la magistrada Cristina Recover Pastor tiene pendientes varias diligencias clave. Por un lado, se espera la designación de peritos judiciales especializados que puedan analizar con imparcialidad la compleja documentación técnica de Adif y Ayesa.

Por otro lado, la jueza ha denegado provisionalmente a la CIAF el traslado de las muestras de soldadura a sus laboratorios en Madrid para evitar que se realicen ensayos destructivos sin control judicial. Estos análisis, que implican la fragmentación del metal para estudiar su microestructura, solo se autorizarán una vez que los peritos designados por el juzgado estén presentes, garantizando así la integridad de una prueba que será definitiva para dirimir las responsabilidades penales del caso.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha citado como investigado en Adamuz a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito de maltrato animal, con resultado de muerte.

Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, la actuación tuvo lugar el pasado 19 de marzo, tras recibir la Guardia Civil un aviso de ciudadano que alertaba de la presencia de un animal encerrado en el interior de un turismo estacionado en una calle de Adamuz. A su llegada, los agentes comprobaron que en el asiento trasero del vehículo se encontraba un perro de raza mestiza; el animal permanecía totalmente inmóvil y suspendido mediante una correa atada a su collar.

Dada la urgencia, los agentes fracturaron una de las lunas del vehículo para acceder al interior y prestar auxilio al animal, confirmando lamentablemente que el mismo ya carecía de constantes vitales. El fallecimiento fue certificado en el mismo lugar de los hechos por el facultativo veterinario del municipio, levantándose acta de inspección ocular en presencia de autoridades locales que acudieron a la zona.

Tras las gestiones de averiguación practicadas, el Seprona logró identificar y localizar al propietario del vehículo y del perro. Al proceder a la identificación del mismo, los guardias civiles comprobaron que carecía del preceptivo microchip identificativo. Asimismo, los guardias civiles constataron que el investigado carecía de la licencia municipal obligatoria para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (PPP), del seguro de responsabilidad civil y de la correspondiente inscripción en el registro municipal.

Por estos hechos, además de las diligencias penales remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Montoro por un presunto delito tipificado en el artículo 340 bis del Código Penal, los agentes han formulado las correspondientes denuncias administrativas por infracciones muy graves a la normativa de bienestar animal.

Desde la Guardia Civil se recuerda a los ciudadanos la obligación legal de proporcionar a los animales de compañía las condiciones básicas de bienestar, así como el peligro que supone dejarlos encerrados en el interior de vehículos.