El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de la operación Reñidero Alto, ha investigado a una persona por la comisión de un presunto delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional.

Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, la investigación se originó con una inspección a una explotación avícola dirigida por agentes del Seprona de Córdoba, en la que, además, participaron varias unidades de seguridad ciudadana de la Comandancia de Córdoba. La actuación se realizó, concretamente, en un reñidero para gallos de pelea (gallo combatiente español) ubicado en La Carlota y estuvo enfocada en la comprobación del bienestar animal de los gallos allí albergados.

Como resultado de la intervención, se localizaron un total de 71 gallos de la raza combatiente español, de los cuales 57 presentaban mutiladas sus crestas y barbillas, observándose algunas de las heridas muy recientes, por lo que se intensificaron las gestiones que, finalmente, permitieron hallar diferentes utensilios compatibles para ser utilizados en las mutilaciones, así como restos orgánicos de las mismas.

Ante los claros indicios obtenidos de la comisión de un presunto delito de maltrato animal, por parte del Seprona se solicitó informe al Colegio de Veterinarios de Córdoba, en el marco del Protocolo de colaboración entre el Colegio y la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba en la materia de seguridad alimentaria, ambiental, bienestar animal y salud pública. Como resultado, se emitió informe de los servicios jurídicos del Ilmo. Colegio de Veterinarios de Córdoba, en el mismo señalan determinadas prácticas observadas en la explotación avícola inspeccionada (corte de crestas y babillas), como un acto clínico profesional y que, al haberse realizado sin justificación ni la intervención de un profesional veterinario, pudiera resultar en la comisión de un delito de intrusismo profesional.

Además, la Guardia Civil elaboró, a través del Grupo de Periciales Ambientales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), un informe que respaldó la gravedad de las lesiones ya que, además de una lesión se causó un sufrimiento grave e innecesario para los animales afectados, pudiendo derivar en otras patologías y efectos.

De manera paralela, durante la inspección se detectaron otras graves irregularidades que pudieran resultar infracciones administrativas, por lo que se tramitaron diferentes informes-denuncia comunicando los hechos a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Por todo lo expuesto, la Guardia Civil investigó al responsable de la explotación avícola por un supuesto delito de maltrato animal y otro delito de intrusismo profesional, entregando las diligencias instruidas a la autoridad judicial.

El Tribunal Militar de Sevilla da la razón a Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y ha dictado una sentencia anulando las sanciones que se impusieron a tres guardias civiles destinados en el Núcleo de Servicios por, supuestamente, no haber evitado que una persona realizara una pintada en la comandancia

Según ha informado la AUGC en una nota, de nuevo “se consigue poner freno en los tribunales al excesivo rigor disciplinario que padecen desde hace muchos años los guardias civiles en la provincia de Córdoba”. El jefe de la Comandancia de Córdoba, el coronel Ramón Clemente, ordenó la incoación del expediente y las sanciones fueron impuestas por el teniente coronel Emilio Muñoz, y los recursos de los afectados fueron desestimados por el general jefe de la zona de Andalucía, Luis Ortega, por lo que los guardias civiles, asesorados por los servicios jurídicos de AUGC, interpusieron los recursos contencioso-disciplinarios que ahora han sido estimados.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2024, cuando durante la madrugada -y en el intervalo de apenas unos segundos- un individuo realizó una pintada en la puerta de acceso al acuartelamiento de Córdoba, del mismo modo que hizo en otros edificios de la misma avenida Medina Azahara, como las instalaciones de la empresa municipal Sadeco y un salón de juegos.

El tribunal militar argumenta que “les ampara la razón a los recurrentes”, ya que “en la resolución recurrida no se determina cuál es la desatención sancionada” porque, “efectivamente, tenían nombrado servicio de protección y seguridad en la Comandancia de Córdoba”, pero “la resolución aquí recurrida consiste en sancionar a todos los guardias civiles del turno de servicio, aplicando una responsabilidad solidaria y objetiva sin delimitar cuál había sido la conducta infractora de cada uno”. Por ello, “no puede existir culpabilidad si no hay participación en la infracción, y esa participación no se ha acreditado en el procedimiento sancionador”, añadiendo que “las sanciones solo pueden ser impuestas a quien ha cometido la infracción, o lo que es lo mismo, nadie puede ser sancionado por hechos ajenos, en relación con una pretendida responsabilidad colectiva”.

El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha valorado muy positivamente las sentencias y ha declarado que “el tribunal ha coincidido con nosotros en que se ha vulnerado el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad de la conducta sancionada, junto con la quiebra del principio de responsabilidad personal”, y ha añadido que “deberían evitarse estos procedimientos disciplinarios que no se corresponden con la profesionalidad y conducta de los guardias civiles en la provincia de Córdoba”.

Ahora la Dirección General de la Guardia Civil deberá devolver a los tres afectados el dinero que les fue detraído de sus retribuciones, más los intereses legales, así como eliminar las anotaciones negativas realizadas en sus hojas de servicios. 

Por otro lado, el secretario jurídico provincial de esta asociación, Francisco Cruz, ha añadido que “hechos como este vienen a corroborar lo que AUGC lleva muchos años denunciando: el excesivo e injustificado rigor disciplinario que se aplica en la Guardia Civil y especialmente a la escala básica de cabos y guardias”. Además, la asociación ha pedido incrementar la plantilla del Núcleo de Servicios de Córdoba, que “lleva años bajo mínimos y sin poder desempeñar adecuadamente sus cometidos”.

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de hurto cometido en una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Villanueva del Duque (Córdoba).

Según ha informado en una nota la Benemérita, la actuación -enmarcada en la O.S. 20/2011 de la Comandancia de Córdoba dentro del Plan contra robos en explotaciones agrícolas y ganaderas- se inició tras una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Villanueva del Duque por la sustracción de diverso material en una explotación ganadera de la localidad. A raíz de esta denuncia, el Equipo ROCA de Pozoblanco asumió las pesquisas para el esclarecimiento de los hechos.

En concreto, entre los efectos sustraídos se encontraban, un calentador industrial, varios motores eléctricos, tuberías de cobre, baterías de tractor y diverso material metálico de construcción.

Tras la inspección técnico-ocular realizada en el lugar de los hechos y la recopilación de los primeros indicios, se inició una investigación que permitió a los agentes de la Guardia Civil identificar y localizar al supuesto autor del hurto, que resultó ser un varón de 32 años al que le constaban numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, especialmente relacionados con robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, procediendo, por consiguiente, a su investigación como presunto autor de los denunciados.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil y prácticamente toda España está de luto tras el fallecimiento de dos de sus agentes durante un operativo contra el narcotráfico en la costa de Huelva. El suceso ha causado una profunda conmoción tanto en el cuerpo como en las distintas localidades donde los agentes han prestado servicio a lo largo de sus trayectorias profesionales, y ahí entra Córdoba, especialmente Baena con un teniente que ha perdido la vida este viernes.

Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo, un experimentado oficial nacido en Villanueva del Rosario (Málaga) que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Su muerte ha resonado con especial fuerza en la subbética cordobesa ya que, tal y como reza el comunicado de la propia Benemérita, el agente estuvo destinado como teniente en Baena durante una etapa clave de su carrera profesional.

Jerónimo JM desarrolló su labor como teniente entre las comandancias de Córdoba y Málaga en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018. Posteriormente, en el año 2020, se incorporó como capitán al Servicio Marítimo Provincial de Huelva, donde desempeñaba sus funciones en el momento del siniestro. Su paso por la provincia cordobesa es recordado por su compromiso y profesionalidad.

Más detalles del incidente

El accidente se produjo alrededor de las 11:00 de este viernes, a unas 80 millas náuticas de la costa onubense. Durante una persecución a una narcolancha en alta mar, dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva colisionaron entre sí por causas que aún se desconocen, provocando un fuerte impacto que resultó fatal para dos de los efectivos y dejó a otros dos heridos de diversa consideración.

Junto a Jerónimo perdió la vida Germán, natural de Teruel y veterano del cuerpo desde 1989. Germán era un auténtico experto en intervenciones marítimas, habiendo dedicado casi 34 años de su vida a esta especialidad. Tras pasar por destinos en Tarragona, Algeciras y Almería, se integró en el Servicio Marítimo de Huelva en 1994, donde permanecía destinado actualmente.

En las labores de rescate y salvamento tras la colisión participaron efectivos de la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera, a quienes la Guardia Civil ha agradecido su ayuda en estos momentos tan complicados. Mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos, se ha activado el protocolo de apoyo para las familias y compañeros de los agentes fallecidos.

La Junta de Andalucía ha decretado luto oficial para este sábado después de confirmarse la muerte de dos guardias civiles en Huelva tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas onubenses. Así lo han confirmado fuentes de la Junta a Europa Press.

La noticia ha desencadenado una cascadas de reacciones y decisiones, como la suspensión de los actos de campaña por parte del PP y el PSOE. De un lado, en un comunicado remitido a los medios, el PP de Andalucía ha confirmado la suspensión de “todos los actos y la agenda de campaña previstos para este viernes y sábado en las ocho provincias andaluzas en señal de duelo por la muerte de dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en la provincia de Huelva, así como en muestra de respeto y apoyo a sus familias”.

Así lo ha comunicado el director de campaña de la formación, Antonio Repullo, quien ha trasladado el pésame y la solidaridad de todo el partido a los familiares, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos. El director de campaña ha querido también reconocer la labor y la entrega de la Guardia Civil y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “que cada día trabajan para proteger a los andaluces, muchas veces en circunstancias muy difíciles y de enorme riesgo”.

“Desde el PP de Andalucía enviamos nuestro más sincero pésame a las familias de los agentes fallecidos y deseamos una pronta recuperación a los guardias civiles que han resultado heridos”, concluye la nota.

De otro lado, el PSOE andaluz también ha decidido suspender sus actos públicos en las ocho provincias por la campaña electoral del 17M previstos para este viernes y sábado en señal de luto por la muerte de los dos guardias civiles.

A raíz de esta decisión, el mitin programado inicialmente para este sábado en La Línea de la Concepción (Cádiz) con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, se traslada a la jornada del domingo, según informan fuentes socialistas.

El acto de La Línea será el segundo de la campaña electoral del 17M en el que participa el presidente del Gobierno y líder socialista, tras el que protagonizó el pasado viernes festivo del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, junto a María Jesús Montero y al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Ciudad Deportiva de Cártama (Málaga), municipio gobernado por el alcalde Jorge Gallardo, quien a su vez forma parte como vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Más reacciones

La muerte de dos agentes en acto de servicio ha desencadenado una cascadas de reacciones y decisiones, como la de la Diputación de Huelva, que ha suspendido sus actos institucionales y culturales en señal de duelo por el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil que han perdido la vida durante una operación contra el narcotráfico en las costas de Huelva.

Además de las dos personas fallecidas hay dos agentes más que se encuentran heridos, uno de ellos también de gravedad y otro leve. Desde la Benemérita, han lamentado el fallecimiento de los compañeros y han deseado “una pronta recuperación” a los heridos.

Según han indicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, el suceso se habría producido a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en una zona equidistante entre las provincias de Huelva y Cádiz, aunque de momento no ha trascendido zona concreta.

El suceso se produce poco más de dos años después del fallecimiento también de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, el 10 de febrero de 2024, al ser arrollados por una narcolancha en el puerto gaditano. Además, otros dos resultaron heridos, uno de gravedad.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Cabeter', ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en el interior de viviendas, que ha terminado con la detención de seis personas de entre 24 y 60 años.  

La investigación se inició en septiembre de 2025 tras detectarse una serie de robos en viviendas habitadas, principalmente chalés, en distintas poblaciones de la provincia de Alicante. A partir de ese momento, los investigadores lograron identificar un grupo organizado que actuaba de forma itinerante en diferentes puntos del territorio nacional. 

Las pesquisas permitieron determinar que los implicados operaban en Alicante, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Murcia, Salamanca y Valladolid. Los sospechosos se desplazaban utilizando vehículos de alta gama y adoptaban medidas de seguridad para dificultar su detección, entre ellas maniobras de contravigilancia.  

El grupo actuaba de manera coordinada, con un reparto definido de funciones. Su principal método consistía en el acceso a las viviendas mediante escalo o forzamiento de puertas y ventanas, utilizando herramientas especializadas. Asimismo, empleaban sistemas para neutralizar las alarmas y dispositivos de comunicación para coordinar los asaltos. Entre los efectos intervenidos destaca diverso material utilizado para comprobar la pureza de los metales preciosos de las joyas que sustraían. 

En el marco de la operación, se llevó a cabo el registro de un domicilio en la localidad de Peguerinos (Ávila), donde fueron detenidos los cuatro principales implicados, siendo detenidos en Arroyomolinos (Madrid), otros dos implicados. En la casa rural, usada como vivienda por el grupo en el municipio de Peguerinos, se intervinieron numerosos efectos relacionados con los robos, entre ellos un vehículo de alta gama dotado con un sistema que permitía cambiar rápidamente de matrículas, permitiendo poner matrículas falsas, además de joyas, relojes, dinero en efectivo y herramientas empleadas para la comisión de los delitos. 

Hasta el momento, se han esclarecido más de 20 hechos delictivos cometidos entre septiembre de 2025 y abril de 2026, con un perjuicio económico para las víctimas que supera los 800.000 euros. 

A los detenidos, seis varones de entre 24 y 60 años, se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas y falsedad documental. Cuatro de ellos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, mientras que los otros dos han quedado en libertad con la imposición de medidas judiciales. 

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Alicante y el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Almoradí, que han contado con la colaboración de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Dirección General, la UOPJ de Ávila, así como otras unidades de la Guardia Civil de las diferentes provincias.

Una mujer ha muerto y otras ocho personas han resultado heridas de diversa consideración tras un accidente múltiple en el que se han visto implicados un total de cuatro turismos, según han confirmado diferentes fuentes a este periódico. Entre los heridos hay cuatro personas en estado grave, según las fuentes.

El siniestro se ha producido a las 6:00 de la mañana en el término municipal de Puente Genil. En concreto, el suceso ha ocurrido a la altura del kilómetro 11 de la carretera A-318 de la ciudad pontanesa, en las inmediaciones de una gasolinera, según confirman fuentes de los servicios de emergencias del 112 Andalucía.

El choque ha sido en cadena entre cuatro vehículos por causas que se están investigando. Al lugar ha acudido un importante dispositivo de emergencias, con bomberos, sanitarios y agentes de la Guardia Civil. Durante el rescate de los heridos la carretera ha estado totalmente cortada al tráfico.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ha iniciado diligencias para aclarar lo sucedido. La carretera ha quedado despejada, aunque en la zona trabaja mantenimiento de carreteras para retirar todo el material que ha quedado en la zona.

El Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de del Plan de acción español “TIFIES” (Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la flora y fauna, por tenencia ilícita de una especie protegida.

La investigación tuvo su inicio gracias a la colaboración ciudadana, mediante la llamada de un ciudadano a la Central COC de la Guardia Civil de Córdoba, en la que informó del hallazgo de una tortuga de grandes dimensiones que pudiera estar perdida o abandonada en el término municipal de Córdoba.

Inmediatamente, la Central COC envía a la Patrulla de Protección de la Naturaleza más cercana, que se desplazó hasta el lugar de aparición del animal, verificando que se trataba de una tortuga de más de 35 kilos de peso y gran envergadura, iniciando in situ las primeras gestiones tendentes a la identificación del animal y localización de sus posibles propietarios.

Siguiendo con la investigación, el EPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, mediante Informe Técnico emitido por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), certificó que se trata de un ejemplar de tortuga de espolones africana (Centrochelys sulcata), siendo una especie protegida recogida en el Apéndice II del convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), así como en el Anexo B del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

Fruto de las gestiones, los agentes de la Guardia Civil pudieron localizar e identificar a la persona propietaria del animal, careciendo esta de documentación que justificase la legal tenencia de dicha especie protegida, así como la certificación de que el espécimen no procede de capturas ilícitas en el medio natural.

Al no acreditar el propietario la tenencia del animal conforme a la normativa reguladora y observar, los agentes instructores del EPRONA, indicios claros de la comisión de un posible delito por tenencia ilícita de una especie protegida, se procedió a la investigación de la persona reseñada como presunta autora de un delito contra la flora y fauna, dando cuenta de los hechos también, mediante informes-denuncia, a las distintas autoridades administrativas competentes en la materia.

Las diligencias instruidas fueron entregadas en el juzgado competente de Córdoba, siendo la tortuga intervenida, de manera cautelar, por la Guardia Civil y posteriormente depositada a disposición judicial en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba, al ser este un centro habilitado de rescate CITES, que cuenta con el personal veterinario e instalaciones adecuadas para el cuidado del animal.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Guardia Civil ha detenido en Fernán Núñez (Córdoba) a una persona de 36 años de edad como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La actuación se enmarca en los servicios de prevención de la seguridad ciudadana y contra el tráfico al por menor de estupefacientes, que la Guardia Civil viene desarrollando en la localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de abril cuando, agentes de la Guardia Civil, observaron a un individuo que circulaba en un vehículo por el casco urbano y que, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud nerviosa, tratando de ocultar un bolso de mano bajo el asiento del turismo.

Ante estas circunstancias, los agentes procedieron a su identificación y al registro del vehículo, localizando el bolso antes mencionado, en cuyo interior contenía un total de 21 dosis de cocaína dispuestas para su venta, motivo por el que se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Fruto de la detención y posterior investigación, la Guardia Civil consiguió la desactivación de un punto de venta de drogas en un domicilio de la localidad, donde se procedió a la aprehensión de otras 15 dosis de cocaína listas para su venta, así como dos básculas de precisión y una caja metálica que contenía utensilios para su preparación y dosificación.

Las diligencias instruidas, así como el detenido junto a sustancias y materiales aprehendidos, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Guardia Civil ha detenido a una persona, e investigado a otra, como presuntas autoras de dos delitos de estafa cometidos en establecimientos comerciales de la localidad de Fuente Palmera (Córdoba), llegando a estafar un total de 6.090,35 euros.

La investigación se inició tras sendas denuncias presentadas en el acuartelamiento de Fuente Palmera por los propietarios de dos comercios del mismo municipio. Los hechos, ocurridos durante el mes de marzo, afectaron a una carnicería donde fueron sustraídos jamones ibéricos valorados en 1.324,35 euros, además de a una joyería, donde fue denunciado un perjuicio económico de 4.766 euros.

De las gestiones practicadas por los agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Córdoba, se pudo determinar que ambos hechos habían sido cometidos por la misma persona, utilizando un modus operandi similar, puesto que el autor, en ambos casos, contactó con los responsables de los establecimientos a través de llamadas telefónicas y mensajería instantánea, realizando pedidos de elevado valor económico.

Posteriormente, una vez acordadas las condiciones de entrega, remitió a los comerciantes justificantes de transferencias bancarias que aparentaban ser válidos, si bien después se comprobó que eran falsos, no habiéndose realizado ingreso alguno en las cuentas de los establecimientos afectados. Como consecuencia del engaño, los comerciantes procedían a la entrega de la mercancía.

La Guardia Civil continuó con las pesquisas hasta lograr identificar y localizar al presunto autor de los hechos, así como a una segunda persona que participó en las estafas, procediendo por tanto a la detención del primero y la investigación de la segunda persona como colaboradora necesaria. Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Los datos oficiales obtenidos recientemente por la Asociación Unificada de Guardias Civiles no solo corroboran las continuas denuncias de esta asociación profesional sobre falta de efectivos en la provincia de Córdoba, sino que además revelan un agravamiento de la situación, porque el número de guardias civiles en esta provincia ha caído nada menos que un 9,8% en los cuatro últimos años, entre enero de 2022 y enero de 2026.

Si ya en enero de 2025 se registró una reducción del 5,8% respecto a 2022 en la plantilla provincial, en tan solo un año se han sumado otros cuatro puntos más en la pérdida de efectivos hasta situarse en ese 9,8%. De hecho, mientras que en 2025 eran 165 las vacantes sin cubrir, ahora esa cifra asciende hasta las 231 vacantes, por lo que falta el 18% de la plantilla que debería haber en la provincia.

Pero es que además, el catálogo, que es el número mínimo de guardias civiles fijado como necesario, se ha reducido un 2,4% en los cuatro últimos años, lo cual resulta incomprensible, teniendo en cuenta que la propia jefatura provincial de la Guardia Civil reconoció hace años que dicho catálogo había quedado obsoleto y debía incrementarse considerablemente.

La escala de cabos y guardias es la que tiene más vacantes sin cubrir, 208, mientras que faltan 16 suboficiales y 7 oficiales, cuando es precisamente la escala básica la que debería acumular menos déficit, ya que asume mayoritariamente los servicios operativos en las poblaciones, en el campo y en las carreteras, que son los más necesarios.

En lo que se refiere al personal en situación de reserva por edad, que se encarga de la seguridad en las sedes judiciales y ejerce funciones administrativas en distintas unidades de la provincia, su plantilla se ha incrementado un 38% desde 2022, a pesar de lo cual tiene 27 vacantes sin cubrir, por lo que falta el 18% de los efectivos que debería haber.

Estos datos tan negativos confirman e incluso empeoran lo que AUGC lleva años denunciando, que la provincia de Córdoba es una de las que menos efectivos recibe habitualmente en las sucesivas convocatorias de vacantes, como ha ocurrido recientemente, cuando los destinos publicados hace unas semanas no han conllevado un incremento de la plantilla, a pesar de tener la más reducida de Andalucía.

Evolución por municipios y especialidades AUGC ha realizado un detallado análisis de la evolución que han tenido las plantillas de la Guardia Civil durante los dos últimos años en todos los municipios, unidades y especialidades de la provincia de Córdoba, y el resultado es bastante preocupante.

Son las unidades de Protección y Seguridad las que más efectivos han perdido en el período del 1 de enero de 2024 a la misma fecha de 2026, nada menos que un 12,7%, sobre todo debido al descenso del 22% en la plantilla del Núcleo de Servicios de Córdoba, de hecho es la unidad de ese tipo que menos guardias civiles tiene en todo el país, y continuamente necesita refuerzos externos para desempeñar sus cometidos. Mientras que la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario ha perdido un 7% de sus componentes.

Y no menos grave es la situación en Seguridad Ciudadana, al haberse reducido un 8,4% el número de guardias civiles en toda la provincia, con la mayoría de los Puestos habiendo perdido plantilla durante estos dos años: Villafranca un 37% menos, Santa Eufemia y Villa del Río 33%, Posadas 30%, Torrecampo y Dos Torres 28%, Fuente Obejuna 25%, Cabra y Benamejí 20%, Fernán Núñez y El Viso 18%, Santaella 16%, Hinojosa del Duque 15%, Hornachuelos 14%, Pozoblanco, La Rambla, Lucena y Luque 12%, Belmez 11%, La Carlota y Fuente Palmera 10%, Rute y Espiel 9%, Bujalance y Almodóvar del Río 8%.

Incluso en los Puestos Principales, que son los más grandes, han disminuido los efectivos, como el de Montilla con un 20% menos, Puente Genil 8%, Palma del Río 6%, Priego de Córdoba 3% y Baena 2%.

Por su parte, Tráfico ha visto reducida su plantilla provincial en un 2,5% durante el mismo período, y el resto de especialidades –Seprona, Policía Judicial, Intervención de Armas, Cinológico, Fiscal, Automovilismo y otras– se han mantenido más o menos estables. Mientras que el personal con funciones administrativas en Planas Mayores ha aumentado un 5,5%.

La Ley de 15 de marzo de 1940, integró a los componentes del Cuerpo de Carabineros con el de la Guardia Civil, asumiendo éste las funciones de resguardo fiscal del Estado a aquél encomendadas, para lo que se creó en la Guardia Civil una “Sección de Especialistas”.

Esta primera Sección dio origen al Servicio Fiscal, encargado de desempeñar dichas funciones, que ha ido evolucionando en su estructura, dependencia y funcionamiento para adaptarse a la normativa vigente en cada momento.

Actualmente la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su artículo 12, establece que la Guardia Civil ejercerá las competencias relativas al resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando. Esta competencia genérica de la Guardia Civil se desarrolla en la Orden Ministerial de Presidencia del Gobierno del 29 de octubre de 2001, en la que el Servicio Fiscal aparece como la Unidad responsable de llevar a cabo estas misiones.

La estructura de la Guardia Civil y de la propia especialidad determina que, con carácter general, en cada una de las Comandancias existirá, al menos, una Unidad Fiscal. En la Comandancia de Córdoba se sintetiza con la entrada en funcionamiento el pasado mes de marzo de 2023, del Destacamento Fiscal y de Fronteras.

Misiones

La principal misión de este Destacamento es la del resguardo fiscal del Estado, función encomendada en exclusiva a la Guardia Civil, además de prevenir y perseguir el contrabando, los fraudes y demás ilícitos de carácter fiscal, el control de los impuestos especiales (alcohol, tabaco o combustibles), así como perseguir los delitos contra la piratería tanto intelectual como industrial, delitos de contrabando de tabaco o el etiquetado fraudulento de productos alimenticios, entre otros.

Otra de las tareas encomendadas, es la de garantizar la seguridad del aeropuerto de Córdoba en todos los vuelos comerciales, así como el control de los aeródromos existentes en la provincia, controlando la documentación de las aeronaves que llegan, labor para la que cuentan con la colaboración del Equipo PEGASO de esta Comandancia.

Asimismo, en el aeropuerto también realizan las labores de inspección a pasajeros y equipajes de mano.

El pasado año 2025 se realizaron 234 inspecciones en establecimientos de toda la provincia en prevención del contrabando, obteniendo como resultado la intervención de 644,6 kilogramos de picadura de tabaco y 570 cajetillas de tabaco, todo ello sin las correspondientes precintas fiscales. Asimismo, se han precintado 1.141 cajetillas de tabaco destinadas a la venta manual careciendo de autorización, así como 1.243 vapers desechables carentes del preceptivo control sanitario. Además, dentro de esta labor de resguardo fiscal, se han precintado 1.311 juguetes sin etiquetado legal.

Cabe destacar, dentro de las intervenciones, la recuperación de 8 vehículos sustraídos en Italia dentro del marco de la O.S 48/2024 JAD MOBILE 7. Además, se han podido esclarecer 12 delitos contra la propiedad industrial, siendo intervenidos productos falsificados con anagramas de prestigiosas marcas, concretamente 1755 encendedores, 199 zapatillas, 13 relojes, 2 bolsos y 2 carteras.

Sólo en lo que va de año 2026, los agentes del Destacamento Fiscal han materializado 136 inspecciones en establecimientos públicos en la provincia cordobesa. En el ámbito del contrabando de tabaco, estas actuaciones han derivado en la aprehensión de 9 kilogramos de picadura de tabaco y 600 cajetillas de tabaco sin precintas fiscales. Asimismo, se han precintado 237 cajetillas de tabaco destinadas a la venta manual careciendo de autorización, 734 vapers desechables que incumplían la normativa, así como 534 líquidos para dispositivos susceptibles de liberación de nicotina.

También, se han precintado 30424 juguetes, 1488 colonias y 38 suplementos alimenticios carentes de etiquetado en castellano y sin importador legal.

En el ámbito penal, se ha procedido a la investigación de una persona como supuesto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), por la aprehensión de 64 gramos de hachís durante una inspección en un establecimiento abierto al público.

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición realizada por un guardia civil de Cerro Muriano (Córdoba), quien reclamaba una cuantiosa indemnización tras haber sido sancionado en 2017. La Sala ha desestimado íntegramente su recurso, subrayando que la anulación de una sanción “no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización” por parte del Estado.

El conflicto se remonta a junio de 2017, cuando el agente -representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)- fue sancionado con ocho días de suspensión de funciones por una supuesta falta grave de “violación de secreto profesional”. En la sanción, se le acusaba de filtrar a la prensa detalles de una operación contra el tráfico de drogas.

Aunque el Ministerio del Interior mantuvo la sanción, el Tribunal Militar Central la anuló en 2019, dictaminando que se había vulnerado su presunción de inocencia. Con este aval, el guardia civil inició una reclamación de responsabilidad patrimonial exigiendo 64.268,59 euros por daños morales, económicos y físicos que le llevaron a estar 503 días de baja médica por estrés y ansiedad.

Sin embargo, según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, para que exista responsabilidad del Estado, el daño debe ser “antijurídico”, es decir, algo que el ciudadano no tenga el deber de soportar. De ese modo, la sentencia señala que, si la Administración actúa de forma argumentada, desaparece el derecho a compensación. En este caso, el tribunal ha entendido que investigar al agente era lógico dado que él era el representante de la asociación que difundió la noticia. El Abogado del Estado también ha ido en esa línea, argumentando que “el expediente sancionador instado se siguió de forma no arbitraria”.

Por otro lado, la Audiencia Nacional también ha rechazado indemnizar al guardia civil por las retribuciones de productividad perdidas durante el largo periodo de baja, ya que, al no haber una “prestación efectiva de la actividad”, no existe perjuicio reclamable por no percibirlos.

Respecto al sufrimiento psíquico alegado, la Audiencia Nacional ha considerado que no se ha acreditado una “finalidad torcida” por parte de sus superiores para presionarle profesionalmente. De hecho, los magistrados han afirmado que los daños morales deben considerarse “sanados mediante la anulación misma de la sanción impuesta”. Incluso, continúa la sentencia, este guardia civil recibió en 2019 la Cruz a la Constancia en el Servicio, lo que para el tribunal demuestra una “conducta intachable” que no se vio perjudicada por el expediente anulado.

Finalmente, la Sala también ha impuesto al guardia civil el pago de las costas, limitadas a un máximo de 500 euros.

La Guardia Civil de Córdoba ha investigado a una persona como presunta autora de los delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental, tras ser detectada suplantando la identidad de otra durante la realización del examen teórico para la obtención del permiso de conducción de la clase B.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 20 de abril, como consecuencia de las acciones preventivas que, el Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de Córdoba (GIAT) hace en colaboración con los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba, con el fin de detectar y erradicar la obtención de los distintos permisos de conducción de forma fraudulenta, al detectar irregulares en el documento de identificación de uno de los aspirantes.

Tras realizar las comprobaciones oportunas, se pudo constatar que la citada persona se encontraba realizando la prueba teórica de conocimientos para la obtención del permiso de conducción de la clase B, suplantando la identidad del verdadero aspirante a su obtención, sirviéndose de un documento nacional de identidad falso, confeccionado con una fotografía del suplantador y los datos biográficos del suplantado.

Por estos hechos se procedió a la investigación de una pesona como presunto autor de los delitos de usurpación del estado civil y de falsedad documental tipificados en los artículos 401 y 390 al 399 respectivamente del Código Penal. Estos delitos pueden conllevar penas de prisión de seis meses a tres años.

La Guardia Civil recuerda que mantiene activos distintos dispositivos de control para detectar este tipo de fraudes y hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para prevenir conductas ilícitas relacionadas con la seguridad vial.

La Guardia Civil recibió en su Sede Electrónica una denuncia telemática relatando hechos delictivos compatibles con una estafa, que una vez analizada corresponde con el método Business Email Compromise (BEC), y tras la recepción de la denuncia por parte de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se procedió de manera inmediata a solicitar a la entidad bancaria el bloqueo de los fondos transferidos de forma fraudulenta, bloqueando cautelarmente la cantidad de 59.000 euros cuyo origen en distintos importes y desde varias empresas no se acreditó legalmente.  

Durante la investigación por el equipo @ de la Cibercomandancia, se constató la existencia de otras cuatro empresas de diferentes provincias estafadas, en las mismas fechas y mediante el mismo modus operandi con la misma cuenta destinataria de los fondos estafados.  

Las cinco empresas afectadas con sede en Granada, Málaga, Córdoba, Barcelona y Sevilla, recibieron de forma engañosa y fraudulenta correos electrónicos suplantando a proveedores habituales con los que tenían importes pendientes próximos a su abono. Los Ciberdelincuentes imitaban el correo electrónico con el que, las empresas y los proveedores solían comunicarse asiduamente solicitando un cambio del número IBAN de cuenta bancaria a la vez que adjuntaban certificados de titularidad de dicha cuenta falsificados, suplantando a una entidad bancaria para una total apariencia de legitimidad.  

El equipo @ de la Cibercomandancia, una vez obtenido cautelarmente el bloqueo de las cantidades estafadas, llevó a cabo la oportuna investigación donde se integraron las denuncias de las empresas afectadas que fueron formalizadas en diferentes unidades policiales, y una vez analizados los movimientos bancarios y su trazabilidad, la documentación falsificada, los datos vinculados a la cuenta destinataria, se logra identificar al presunto responsable de los hechos, residente en Asturias pero actualmente en paradero desconocido, dando traslado de las diligencias instruidas a la Autoridad Judicial de Pravia en Asturias.  

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Córdoba han celebrado este martes una reunión de la Junta Local de Seguridad para coordinar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos del estado y la Policía Local que trabajarán en los primeros eventos del Mayo Festivo cordobés. Controles de alcohol y drogas en las carreteras y más de 800 agentes velarán por la seguridad de las Cruces, el primer evento que se desarrollará desde este miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo.

Para las Cruces, la Policía Nacional desplegará a 261 agentes durante esos días, mientras que la Policía Local tendrá a 390 agentes trabajando y la Guardia Civil realizará su labor con un centenar de efectivos de Seguridad Ciudadana y 75 de Tráfico. Estos últimos harán más de 300 controles de alcohol y drogas a conductores en las carreteras aledañas a la capital, modificando cada día su ubicación.

Por otra parte, para los Patios, la Policía Nacional desplegará a 623 agentes y en la romería de Linares trabajarán otros 30, según explicado la subdelegada, Ana López, que ha recordado que se mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista en los planes de seguridad.

La Guardia Civil efectuará un refuerzo de la vigilancia en las barriadas periféricas de Córdoba, para evitar robos y otras incidencias cuando los vecinos acudan a la ciudad por las fiestas de este mes.

La Policía Nacional, por su parte, también colaborará con la Policía Local en el control de la venta de alcohol a menores en establecimientos durante el transcurso de las fiestas.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba plantearon una solicitud por la vía de resarcimiento para un guardia civil que resultó herido durante una actuación en Puente Genil, al haber sido declarado insolvente el condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba. 

Los hechos ocurrieron en marzo de 2022, cuando el acusado amenazó a varios guardias civiles diciéndoles “voy a acabar con todos vosotros y con todos los de la Guardia Civil”, y empujó a uno de ellos haciendo que se golpeara con la pared, causándole diversas lesiones por las que el agente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Ahora el Ministerio del Interior, tras informe favorable de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha estimado los argumentos expuestos por los servicios jurídicos de AUGC y ha reconocido el derecho del agente, destinado en el Puesto Principal de Puente Genil, a ser resarcido por la Administración, abonándole los 8.566 euros que debería haberle pagado el condenado por los daños causados.

El abogado Álvaro Moreno, que asistió al guardia civil agredido, ha valorado la resolución administrativa y ha declarado que “Interior no podía sino estimar la pretensión planteada, porque a este caso le es aplicable el principio de indemnidad que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio de sus cargos, y la consiguiente reparación que se deriva de dicho principio, teniendo en cuenta que nuestro representado sufrió por causa de su actuación pública unos daños, correspondiendo al Estado dispensar a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos, asumiendo la indemnización al afectado por las lesiones y secuelas sufridas. De hecho, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado reiteradamente en ese mismo sentido”.

Por su parte, Francisco Cruz, responsable provincial de los servicios jurídicos, ha recordado que “según las estadísticas oficiales, Córdoba es la provincia andaluza que registró más agresiones a guardias civiles entre 2020 y 2024, período durante el que se dispararon un 78% esos casos, y para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles deben agravarse las penas para esos delitos, incrementar la protección jurídica de los guardias civiles, dotarles de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales, pero sobre todo reconocerles como profesión de riesgo”.

La Guardia Civil, dentro del marco de las actuaciones que viene desarrollando en la provincia a través de sus Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha instruido diligencias contra dos vecinos de Córdoba por un presunto delito contra la fauna, tras el derribo de varios nidos de avión común (delichon urbicum), en época de reproducción.

Los hechos tuvieron lugar en un local situado en una barriada periférica del municipio de Córdoba, tras recibir los Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Córdoba, una comunicación que informaba que al parecer se estaban derribando nidos de aves existentes en un edificio.

Inmediatamente, los agentes se personaron en el lugar indicado y tras comprobar sobre el terreno que en el inmueble referido se están llevando a cabo trabajos de reforma; y, que parte de los nidos que existían, habían sido derribados, quedando algunos de ellos aun sin derribar, en los cuales se observa la presencia de aves.

Ante ello, los agentes han investigado a dos personas, propietario del local y responsable de la empresa constructora como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. Asimismo, se han tramitado expedientes de denuncia a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Cabe recordar que el avión común (delichon urbicum) se encuentra protegido por normativa estatal en la Ley 42/2007, de 30 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, así como por la normativa europea Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves); y, Convenio de Berna o Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.

Con esta actuación, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la retirada de nidos incluso fuera de la época de reproducción, precisa de autorización administrativa, más aún, en periodo de reproducción entre los meses de abril y septiembre, se encuentra totalmente prohibido y tipificado con responsabilidad penal, tal y como ha ocurrido con los presentes hechos.

La Guardia Civil, a través de sus unidades del Seprona, ha investigado a un vecino de la localidad de Villa del Río como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora y fauna silvestre. Esta actuación se ha desarrollado en el marco del Programa Coopera, que potencia el apoyo operativo mutuo entre Guardas Rurales y Guardia Civil mediante el intercambio de información. 

El éxito de la investigación es el resultado directo de la constante coordinación operativa entre la Guardia Civil y el personal de seguridad privada del ámbito rural. En esta ocasión, la labor de los guardas rurales encargados de la vigilancia del coto de caza afectado ha resultado fundamental, ya que estos detectaron la presencia sospechosa del individuo en el paraje afectado, una zona querenciosa para este tipo de capturas ilegales. 

El presunto autor, sorprendido por la presencia de la guardería rural, emprendió una rápida huida campo a través con el objetivo de evitar su identificación in situ. En esos instantes, los guardas rurales observaron cómo esta persona arrojaba al forraje una bolsa que portaba que contenía artes prohibidas conocidas como “costillas”. Inmediatamente, los guardas rurales pasaron el aviso a la patrulla del Seprona de Montoro, quienes, tras la pertinente comunicación de los hechos y la recepción de las artes incautadas, procedió a la investigación del presunto autor y a la instrucción de las correspondientes diligencias penales. 

Durante la intervención se logró retirar del medio natural un total de 35 trampas metálicas de las denominadas “costillas” o “perchas pajareras”, contabilizando las intervenidas en la bolsa arrojada y las halladas en el entorno. El uso de estas artes constituye un grave riesgo para la biodiversidad, ya que actúan mediante un mecanismo de ballesta de nula selectividad que atrapa de forma indiscriminada a pequeñas aves insectívoras, especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y el control natural de plagas. 

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Montoro. Paralelamente, los agentes del SSeprona han tramitado el preceptivo informe denuncia por infracción muy grave a la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida del joven desaparecido en Montoro desde este lunes, según han informado fuentes de la Benemérita a este periódico.

Dos días después de su desaparición, la Guardia Civil ha confirmado el hallazgo del cadáver, que se precipitó al río Guadalquivir a la altura de Montoro, tal y como dio a conocer la alcaldesa de la localidad, Lola Amo.

De hecho, la regidora manifestó que estaban siendo “horas duras” en las que se intentó prestar auxilio desde el primer instante. Tanto es así que las labores de socorro se han sucedido con el paso de las horas, siendo la Guardia Civil, la Policía Local, Bomberos y Protección Civil los que han intervenido en el operativo.

Pese a ello, el GEAS, que se unió el martes a la búsqueda del joven, ha encontrado el cuerpo sin vida finalmente del joven que llevaba desaparecido cerca de tres días. La Guardia Civil ha confirmado este hallazgo entre las 14:00 y las 15:00 de este miércoles.