La Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestos autores de tres delitos de robo con fuerza en las cosas, un delito de hurto y un delito de daños, cometidos entre junio y julio en Villafranca de Córdoba y Montoro.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias por la sustracción de gasóleo de camiones y autocares estacionados en explanadas y recintos vallados de ambas localidades, en las que los autores llegaron a sustraer 1.600 litros de combustible.

Tras realizar las inspecciones técnico-oculares, los agentes comprobaron que el modus operandi respondía a un patrón similar en todos los casos, lo que hizo a los investigadores sospechar que pudieran haber sido cometidos por las mismas personas.

El desarrollo de la investigación permitió sospechar que los robos pudieran haber sido cometidos por dos varones de 36 y 35 años de edad, vecino uno de ellos de Montoro y el otro de El Carpio, ambos con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Tras obtener indicios suficientes de la implicación de ambos en los robos y hurto denunciados, se estableció un dispositivo de servicio que culminó con su detención.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección del medio rural y del sector agrícola, y con la lucha contra los delitos que afectan al patrimonio de los vecinos de la provincia.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza y el Destacamento de Fiscal y Fronteras, con la colaboración de Inspectores de Salud de la Junta de Andalucía, ha realizado inspecciones en casetas y establecimientos ambulantes de comida ubicados en el recinto ferial de Puente Genil durante la celebración de la Feria de Real 2026 con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los asistentes.

Durante las actuaciones inspectoras se han verificado que las casetas y establecimientos ambulantes cumplan con la normativa de higiene alimentaria y se encuentren correctamente inscritos en los registros sanitarios correspondientes, y se han comprobado las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos, así como la información facilitada a los consumidores se ajuste a la legislación vigente.

Por parte del Seprona se han detectado, entre las infracciones más comunes, las relacionadas con deficiencias higiénico-sanitarias por la ausencia de agua caliente en los lavamanos, no disponer de lavavajillas para platos reutilizables y carecer de información de alérgenos de los alimentos y de cartel de prohibido fumar.

Además, durante las inspecciones realizadas se han detectado varias infracciones graves en productos alimenticios por carecer de número de lote así como de etiquetado obligatorio, tener productos caducados, así como alimentos sin cadena de frío, procediéndose a la intervención de productos cárnicos -filetes de lomo cocinados y flamenquines -, de diferentes salsas -mahonesa, salsa funghi, salsa gaucha y sirope de chocolate-; y varios litros de leche.

Los expedientes de denuncia instruidos por infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria serán remitidos a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba.

El Destacamento de Fiscal y Fronteras, unidad encargada del resguardo fiscal, se ha centrado durante las inspecciones en prevenir y perseguir fraudes e ilícitos fiscales verificando bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes, tramitando varios expedientes de denuncia por infracción a la normativa de contrabando e infracción a la normativa de venta manual de tabaco para cachimba sin autorización, interviniéndose más de tres kilogramos de tabaco de cachimba, cigarrillos y vapers de contrabando.

Las actuaciones se han desarrollado en coordinación con Inspectores de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía para la inspección de los establecimientos y verificar si los productos alimenticios son aptos para el consumo humano, reforzando el trabajo con las administraciones en beneficio de los ciudadanos.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha instruido diligencias contra un vecino de la provincia de Córdoba como presunto autor de un delito relativo a la protección de la fauna, tras detectar diversas irregularidades en la identificación y documentación de un ejemplar de guacamayo rojo (Ara chloropterus), especie incluida en los apéndices del Convenio CITES.

La actuación se inició después de que el Seprona tuviera conocimiento de que un ciudadano había encontrado un guacamayo rojo en una vivienda de su propiedad. Inmediatamente, una patrulla del Seprona se desplazó hasta el lugar y, tras hacerse cargo del ejemplar, procedió a su traslado y depósito en el Centro de Conservación Zoológico Municipal de Córdoba para garantizar su cuidado y custodia.

Paralelamente, los agentes iniciaron las gestiones necesarias para localizar al propietario del ejemplar y esclarecer las circunstancias en las que el ave había llegado hasta la vivienda.

Durante la investigación, los agentes de la Patrulla del Seprona de Córdoba localizaron al propietario del ejemplar y comprobaron que este carecía tanto de la anilla cerrada de identificación como del microchip que figuraban en la documentación aportada para acreditar su legal tenencia.

Esta circunstancia impedía establecer objetivamente la correspondencia entre el ejemplar intervenido y la documentación presentada, por lo que los agentes continuaron con las actuaciones dirigidas a determinar su procedencia y situación legal.

Con este objetivo, se llevaron a cabo numerosas gestiones de investigación, entre ellas el análisis de la cadena documental del ejemplar desde su nacimiento, consultas a registros administrativos, comprobaciones veterinarias, entrevistas con anteriores poseedores y el estudio de la documentación por parte de la Oficina Central de Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Tifies), para su correspondiente valoración técnica.

Como resultado de estas actuaciones, la Patrulla del Seprona de Córdoba procedió a investigar al actual poseedor del ejemplar por un presunto delito contra la flora y la fauna, relacionado con la tenencia de especies protegidas contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Córdoba y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba, organismos competentes para determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de los hechos.

El ejemplar permanece depositado cautelarmente en el Centro de Conservación Zoológico Municipal de Córdoba, a disposición de la autoridad judicial, hasta que quede definitivamente esclarecida su situación legal.

Con esta actuación, la Guardia Civil recuerda que los ejemplares pertenecientes a especies protegidas por la normativa CITES deben permanecer debidamente identificados mediante los sistemas establecidos legalmente y acompañados de la documentación necesaria para acreditar de forma fehaciente su origen y trazabilidad.

Estos requisitos resultan esenciales para prevenir y combatir el tráfico ilegal de especies silvestres y contribuir a la conservación de la biodiversidad.

Asimismo, las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la Administración Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales, para la posible incoación del correspondiente expediente sancionador por la vía administrativa.

Después de años en los que la marihuana era la droga más popular entre las incautaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el hachís se convirtió en 2025 en la sustancia más aprehendida en la provincia por los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

El cambio que refleja la estadística del Ministerio del Interior es especialmente significativo por la magnitud de las cantidades intervenidas. En Córdoba se decomisaron durante el pasado año 4.425.336 gramos de hachís, es decir, algo más de 4,4 toneladas. La cifra sitúa a la provincia entre las que más hachís han incautado de todo el país y supone, además, un espectacular incremento respecto al ejercicio anterior.

Según el balance anual del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, la cantidad de hachís aprehendida en Córdoba aumentó un 1.649,95 % en un solo año. En 2024 se habían intervenido aproximadamente 252,9 kilos, mientras que en 2025 la cifra se disparó hasta los 4.425 kilos.

La evolución adquiere todavía mayor relevancia si se compara con el resto de sustancias. La marihuana, que durante los últimos años había tenido un protagonismo destacado en las estadísticas cordobesas, alcanzó en 2025 los 651.232 gramos, unos 651 kilos. La cantidad aumentó un 13,33 % respecto al año anterior, pero quedó muy lejos del volumen de hachís intervenido.

También se produjeron cambios muy importantes en otras drogas. La cocaína, que en 2024 había registrado en Córdoba una cifra excepcionalmente elevada de incautaciones, experimentó en 2025 un desplome del 98,06 %, hasta quedarse en 13.653 gramos, apenas 13,65 kilos. En términos absolutos, la diferencia entre ambos ejercicios ronda los 690 kilos.

El resultado es un cambio radical en el mapa de las drogas incautadas en la provincia. Si en 2024 la estadística mostraba un peso especialmente importante de la cocaína y de la marihuana, los datos de 2025 colocan al hachís como claro protagonista.

Córdoba, entre las provincias que más hachís incautan

La importancia del dato cordobés se aprecia todavía mejor cuando se compara con el conjunto de España. Durante 2025 las fuerzas de seguridad intervinieron en el país 257,28 toneladas de hachís. Los 4,43 millones de gramos decomisados en Córdoba representan aproximadamente el 1,72 % del total nacional. Con esa cantidad, Córdoba ocupa el undécimo puesto entre las 50 provincias españolas por volumen de hachís incautado.

Por delante aparecen algunas de las provincias españolas más estrechamente vinculadas a las rutas de entrada y distribución de esta sustancia, especialmente en Andalucía. Cádiz encabeza la clasificación, con más de 75 toneladas, seguida de Huelva, Málaga, Granada y Almería. Córdoba aparece inmediatamente después de este grupo de grandes provincias andaluzas.

El dato resulta especialmente llamativo porque Córdoba supera en volumen de hachís intervenido a provincias con una población muy superior. Con sus 4,43 millones de gramos, se sitúa además muy cerca de Madrid, Baleares y Sevilla.

Madrid contabilizó unos 4.532,7 kilos; Baleares, alrededor de 4.654,3; Córdoba, 4.425,3; y Sevilla, 4.330,5. Es decir, las diferencias entre estas cuatro provincias son relativamente pequeñas dentro de una estadística marcada por grandes operaciones.

En Córdoba fueron detenidas en 2025 un total de 267 personas por infracciones relacionadas con drogas. Esta cifra supone un aumento del 17,11 % respecto a 2024, cuando se produjeron 228 detenciones. El crecimiento provincial contrasta con la evolución nacional. En el conjunto de España se contabilizaron 21.918 detenidos, un 8,72 % menos que el año anterior.

Córdoba ocupa así el décimo octavo puesto entre las 50 provincias españolas por número de detenidos. Está por detrás de Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz, Murcia, Baleares, Sevilla, Granada, Las Palmas, Tenerife, Almería, Zaragoza, Barcelona, Toledo, Pontevedra y A Coruña. Dentro de Andalucía, Córdoba ocupa el sexto puesto, por detrás de Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada y Almería.

El ascenso del hachís no significa que la marihuana haya dejado de tener importancia en Córdoba. Durante 2025 se incautaron 651.232 gramos de marihuana, equivalentes a unos 651 kilos. La cifra representa un incremento del 13,33 % respecto a 2024. Córdoba aporta aproximadamente el 6,68 % de toda la marihuana incautada en Andalucía y el 1,84 % del total nacional.

El otro gran movimiento de la estadística de 2025 se encuentra en la cocaína. Córdoba pasó de registrar alrededor de 703,8 kilos incautados en 2024 a solamente 13,65 kilos en 2025. La reducción es del 98%.

La caída es tan acusada que modifica completamente el peso de esta sustancia dentro de las estadísticas provinciales. De representar uno de los principales volúmenes de droga intervenidos en 2024, pasa a situarse muy por debajo del hachís y de la marihuana. Además, el descenso cordobés es muy superior al experimentado en España, donde las incautaciones de cocaína disminuyeron un 37,82 %.

El resto de sustancias presentan cifras mucho más pequeñas en comparación con los grandes volúmenes de hachís y marihuana, pero algunas experimentan variaciones importantes. La heroína alcanzó los 411 gramos, con un incremento del 76,67 %. En MDMA cristal se contabilizaron 227 gramos, un 378,28 % más que el año anterior, mientras que las unidades de MDMA o éxtasis ascendieron a 109, con un incremento del 147,73 %. En cambio, el polen de cannabis experimentó una caída extraordinaria: de unos 18,6 kilos en 2024 a solamente 123 gramos en 2025, un descenso del 99,34 %.

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como supuestos autores de un delito de cultivo de marihuana, tras localizar una plantación de cannabis sativa en una finca situada en el término municipal de Pozoblanco (Córdoba).

La actuación se inició en el marco de las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil para detectar cultivos ilícitos de marihuana en la comarca, al obtener por diferentes fuentes, informaciones que señalaban a una finca concreta como supuesto lugar del cultivo ilegal.

La plantación se encontraba ubicada en una zona de difícil acceso y entre la arboleda de la finca, y había sido acondicionada para albergar un elevado número de plantas. Para dificultar su detección y detectar la posible presencia policial, los responsables habían instalado un sistema de videovigilancia.

Durante la inspección de la finca, los agentes localizaron un invernadero utilizado para la germinación y cultivo inicial de las plantas, donde se sembraban las semillas previamente tratadas. Posteriormente, las plantas eran trasplantadas y distribuidas entre la vegetación de la finca.

En total, fueron localizadas 1.647 plantas de marihuana, además de semillas, fertilizantes y numerosos efectos y útiles empleados para el cultivo y mantenimiento de la plantación.

Asimismo, los Guardias Civiles comprobaron que la explotación disponía de un sofisticado sistema de riego, que se abastecía de agua procedente de un arroyo situado en las inmediaciones.

Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil logró determinar la identidad de dos de los presuntos responsables, procediendo a la detención de uno de ellos y a la identificación del segundo, que quedó investigado en relación con los hechos.

En el lugar también fueron intervenidos un vehículo tipo quad y un remolque, que eran utilizados para desplazarse por el interior de la finca durante las labores relacionadas con el cultivo.

El detenido, junto con los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Pozoblanco, competente para continuar con las actuaciones judiciales.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido una estafa inmobiliaria cometida de manera online y un delito de falsificación de documento mercantil, en relación con una operación de alquiler de una vivienda vacacional.

El denunciante localizó a través de Internet una vivienda que se ajustaba a sus necesidades y contactó con el supuesto agente inmobiliario mediante los datos de contacto que figuraban en la página web. Tras mantener varias comunicaciones y responder el supuesto agente a las preguntas planteadas sobre el inmueble, facilitó sus datos personales con el objetivo de formalizar el alquiler. Posteriormente, recibió por correo electrónico un contrato en el que figuraban los datos de los futuros arrendatarios y las condiciones de la operación. Con el objetivo de generar confianza y dotar de apariencia de legitimidad al supuesto alquiler, se facilitó diversa documentación relacionada con la presunta inmobiliaria, entre ella documentación fiscal de la sociedad, certificados emitidos por la Agencia Tributaria, documentación identificativa del responsable de la empresa y documentación contractual.

Una vez convencida de la legitimidad de la operación, la víctima realizó el pago de una fianza para garantizar el alquiler. Sin embargo, llegada la fecha prevista para acceder a la vivienda, no recibió las instrucciones necesarias para la entrada. Tras intentar ponerse en contacto con el supuesto agente mediante llamadas, mensajes y correos electrónicos, dejó de obtener respuesta.

La investigación

Una vez constatada la posible estafa, la víctima presentó la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, que una vez recibida y gestionada por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se activó al Equipo @ de la Cibercomandancia para el esclarecimiento de los hechos.

Durante la investigación, los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas con la víctima, la documentación facilitada durante el proceso de alquiler y las operaciones relacionadas con el pago efectuado. El estudio de la documentación permitió detectar indicios de falsedad en parte de los documentos utilizados para reforzar la apariencia de legalidad de la operación y generar confianza en la víctima. El análisis conjunto de estos elementos permitió reconstruir la operativa utilizada y determinar la identidad del presunto responsable.

Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa y otro de falsificación de documento mercantil, procediendo a la investigación de una persona con residencia en Córdoba, como presunta autora de ambos delitos. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Córdoba.

Prevención de fraudes

Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:

· Usar plataformas certificadas y verificar su autenticidad.

· Desconfiar de ofertas excesivamente baratas.

· Verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos.

· Evitar pagos fuera de los canales oficiales.

· Solicita más información del alojamiento: pide dirección exacta, más fotos y un contrato de alquiler.

· Guardar los justificantes de pago y los mensajes.

Creación de la Cibercomandancia de la Guardia Civil

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

En la Sede Electrónica de la Guardia Civil, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática los siguientes conceptos:

• Estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos.

• Sustracción de vehículos y/o sustracción en su interior.

• Hurtos y Daños.

• Pérdida o localización de documentación.

La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en el marco de las actuaciones desarrolladas para la aplicación de la Estrategia Andaluza contra el Veneno y el uso de medios ilícitos de caza, ha investigado a dos personas físicas y una persona jurídica, por un presunto delito continuado contra la flora y fauna silvestre en el interior del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

La investigación se inició tras una exhaustiva inspección técnico-policial llevada a cabo por especialistas de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA), en colaboración con Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y con el apoyo de una unidad canina especializada.

Durante el rastreo perimetral de una explotación ganadera situada en una zona de alta reserva del espacio protegido, los agentes localizaron un amplio despliegue de artes de caza prohibidas preparadas para actuar.

En total, fueron intervenidos e inutilizados 20 lazos de acero trenzado, instalados en distintos pasos de fauna del vallado, así como dos cepos mecánicos de presión, camuflados bajo la hojarasca.

Estos últimos dispositivos contaban con jaulas anexas en cuyo interior se encontraban palomas vivas utilizadas como cebo o reclamo, con el objetivo de atraer a los animales hacia las trampas.

La falta de selectividad de estos métodos quedó constatada durante la inspección, al localizarse en el radio de acción de las trampas restos óseos correspondientes a un mínimo de nueve ejemplares de fauna silvestre, entre los que se identificaron seis zorros, una garduña y un buitre leonado, tratándose este último de una especie sometida a protección por la normativa ambiental.

Tras las correspondientes pesquisas dirigidas a determinar las responsabilidades, se procedió a la investigación formal de dos personas físicas y una persona jurídica supuestamente relacionadas con los hechos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba, para la continuación de las actuaciones judiciales oportunas.

Desde la Guardia Civil se quiere hacer especial hincapié en la extrema gravedad ecológica que supone la utilización de este tipo de artes de captura prohibidas, al constituir métodos no selectivos que pueden afectar indistintamente a especies comunes cinegéticas y a ejemplares pertenecientes a especies protegidas.

Asimismo, la eliminación de determinados depredadores y especies que desempeñan funciones relevantes dentro de los ecosistemas puede alterar el equilibrio natural y la cadena trófica, especialmente en espacios de elevado valor ecológico como el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

La Guardia Civil tuvo conocimiento sobre las 3:00 de la madrugada del pasado día 16 de agosto de 2026, que sobre las 21:30 del día 15, había desaparecido una mujer de 82 años de edad de su residencia en Benamejí.

Inmediatamente, la Guardia Civil al tratarse de una persona vulnerable con necesidades, estableció un dispositivo de servicio orientado a su localización, en el que se integraron además de efectivos de seguridad ciudadana, el servicio aéreo con un dron y un helicóptero de la Guardia Civil, así como personal voluntario, Policía Local y bomberos.

Fruto del dispositivo establecido por la Guardia Civil, la persona desaparecida fue localizada sobre las 18:30, por el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, en una zona de difícil acceso, pasando la ubicación de forma inmediata al resto de unidades de Guardia Civil. Asimismo, se pasó aviso a los servicios sanitarios.

La primera asistencia a esta persona, fue realizada por los guardias civiles integrantes del dispositivo, quienes constataron que se encontraba desorientada y un poco deshidratada por las altas temperaturas sufridas, pero consciente y en buen estado. Al llegar servicios sanitarios, tras exploración y valoración fue evacuada a un centro sanitario.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dictado hace unos días una resolución estimando el recurso interpuesto por los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y anulando la sanción disciplinaria por falta muy grave que se impuso a un agente en situación de reserva destinado en el destacamento de seguridad de la sede judicial de Pozoblanco, consistente en “participar o asistir portando armas, vistiendo el uniforme reglamentario a manifestaciones o reuniones de carácter reivindicativo que se celebren en lugares públicos”.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, impuso la sanción de tres meses y un día de suspensión de empleo a dos agentes de los juzgados pozoalbenses, y uno de ellos, asesorado por los servicios jurídicos de AUGC, interpuso el recurso de alzada que ahora ha sido estimado. El otro expedientado no recurrió, pero ahora también podría verse beneficiado por el logro de los servicios jurídicos de AUGC, ya que en el dictamen de la ministra se anuncia la posibilidad de revocar de oficio su sanción.

Los hechos tuvieron lugar en junio de 2025, cuando personal que trabaja en la sede judicial de Pozoblanco se concentró en el exterior de la misma con motivos de los paros convocados en todo el país por varias asociaciones de jueces y fiscales en contra de las reformas legales anunciadas por el Gobierno. Durante la instrucción del expediente disciplinario quedó patente que los dos guardias civiles fueron invitados por el personal de Justicia a realizarse junto a ellos una fotografía como recuerdo personal, invitación que aceptaron por cortesía y porque se les dijo que dicha fotografía no iba a tener difusión alguna, si bien posteriormente fue publicada por algún medio de comunicación.

Sin embargo, a pesar de que estas circunstancias fueron corroboradas mediante escrito por los dos jueces y los Letrados de Administración de Justicia de Pozoblanco, la directora general de la Guardia Civil decidió interpretar los hechos de una manera muy parcial y restrictiva para imponer la sanción disciplinaria.

La ministra de Defensa argumenta en su resolución que “el material probatorio obrante en el expediente avala la posición sostenida por el encartado en torno al equivocado juicio sobre un elemento esencial del tipo, en concreto la significación del acto controvertido, procedente de unas causas externas indiscutiblemente poderosas, como es la invitación a su participación que le fue trasladada por la autoridad judicial, pues difícilmente cabe pensar que los propios jueces y letrados van a proponer al afectado que participe en un acto constitutivo de infracción disciplinaria”.

El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha valorado muy positivamente el dictamen y ha declarado que “la asesoría jurídica del ministerio de Defensa ha coincidido con nosotros en que nuestro representado desconocía el carácter reivindicativo del acto y su participación era de buena fe, a sugerencia de la autoridad judicial, sin que interviniera ni dolo ni culpa en su actuación”.

Por otro lado, el secretario jurídico provincial de esta asociación, Francisco Cruz, ha añadido que “deberían evitarse estos procedimientos disciplinarios que no se corresponden con la profesionalidad y conducta de los guardias civiles en la provincia de Córdoba, sobre todo tratándose de dos agentes que llevan toda su carrera dedicados a servir a la ciudadanía, incluso ahora que por edad podrían dejar de trabajar si quisieran”.

Ahora la dirección general de la Guardia Civil deberá devolver al afiliado de AUGC el dinero que le fue detraído de sus retribuciones, así como eliminar la anotación negativa realizada en su hoja de servicios.

Esta asociación considera loable que la ministra de Defensa, bien asesorada, haya aplicado la legalidad y los criterios jurisprudenciales con plena imparcialidad, contrariamente a lo que ha hecho la directora general de la Guardia Civil, que se ha dejado llevar por prejuicios de índole política, pero a estas alturas nada sorprende ya de quien está señalada judicialmente y debería haber dimitido hace tiempo para dejar de dañar a la institución que dirige.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Córdoba ha criticado este lunes que, después de que el Gobierno de España anunciará “en diciembre de 2024 que se estaban llevando a cabo actuaciones en 34 acuartelamientos de la provincia, por un importe total superior a los tres millones de euros”, ahora, “más de un año y medio después, AUGC ha comprobado que apenas se ha ejecutado un 15% de esas actuaciones anunciadas”.

Además, según ha informado AUGC en una nota, hay “casos tan llamativos como el de la sede provincial de la Comandancia ubicada en la capital, donde se presumía de una inversión superior a los 2,4 millones de euros, pero a día de hoy la ejecución real apenas llega al 15% de esa cuantía”.

Lo mismo ocurre con el acuartelamiento de Carcabuey, “para el que se anunciaron actuaciones por valor de 110.424 euros, de los cuales apenas se ha ejecutado un 5% hasta el momento, y algo similar ocurre con los 117.210 euros previstos para las instalaciones de Fuente Obejuna, donde el porcentaje no es mucho mayor”, y “también presentan niveles de ejecución muy bajos los cuarteles de Palma del Río, Baena, Posadas, Pozoblanco, Rute y Dos Torres”.

AUGC ha lamentado también que “hay muchos otros en los que ni siquiera se han iniciado las actuaciones anunciadas hace tanto tiempo”, en concreto, no se ha invertido nada de los “59.861 euros” previstos para el puesto de Castro del Río, ni de los “40.212 euros en Moriles, los 34.531 euros en Cerro Muriano, los 31.464 euros en Cabra, y los 19.716 euros en Cardeña”, y “lo mismo ocurre, si bien en cuantías menores, con Bujalance, Aguilar, Adamuz y Fuente Palmera”.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, tras esclarecer el origen del incendio declarado el pasado mes de junio en un paraje del término municipal de Córdoba.

El incendio afectó a una superficie aproximada de 160 hectáreas, de las que 70 correspondían a masa forestal, principalmente de encinar, siendo necesaria la intervención coordinada de numerosos medios terrestres y aéreos para su extinción.

Una vez controlado el fuego, especialistas del Seprona iniciaron la investigación realizando la inspección técnico-ocular del punto de inicio del incendio, localizando diversos indicios compatibles con la realización de trabajos mediante herramienta mecánica sobre una estructura metálica existente en la zona.

Durante las pesquisas, los agentes practicaron numerosas actuaciones encaminadas a determinar el origen del incendio y descartar otras posibles causas, contando para ello con la colaboración de personal técnico especializado de la compañía distribuidora de energía eléctrica.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil obtuvo indicios suficientes para atribuir el origen del incendio a una actuación imprudente durante la ejecución de dichos trabajos, procediendo a la investigación de una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

La Guardia Civil insiste en la necesidad de extremar las medidas de prevención durante la realización de trabajos que puedan generar chispas o proyecciones incandescentes, especialmente durante la época de mayor riesgo de incendios forestales. Respetar las limitaciones establecidas y adoptar las medidas de seguridad adecuadas resulta fundamental para evitar daños personales, medioambientales y materiales.

La Guardia Civil ha detenido a una persona que intentó robar en la Parroquia de la Asunción en Palma del Río, según ha informado Palma del Río Noticias y ha podido confirmar este periódico.

El suceso ocurrió a las 11:00 de la mañana del pasado jueves. Los alertantes avisaron de que una persona se encontraba intentando entrar en la parroquia para, más tarde, robar los materiales que había en su interior.

La Benemérita se presentó en el lugar para detener a un individuo que también trató de robar en otros puntos de la localidad, según han certificado a Cordópolis.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta que ha contado con la colaboración de EUROPOL y la participación de Policía Nacional de Francia, Policía Judiciaria de Portugal y Policía Nacional de Polonia, han logrado desarticular una de las estructuras delincuenciales transnacionales más compleja, activa y peligrosa detectada hasta la fecha en el Mediterráneo presuntamente dedicada al tráfico marítimo de seres humanos.

El entramado criminal utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y, en el trayecto de retorno, trasladaban migrantes hasta las costas de nuestro país. La investigación ha permitido documentar un total de 64 episodios migratorios a través de los cuales se atribuye a la organización la introducción de más de 2.000 migrantes obteniendo unos beneficios superiores a los 24 millones de euros. El entramado actuaba con un elevado nivel de violencia en el desarrollo de sus actividades para proteger las embarcaciones y sus cargamentos. En la fase final de la operación, en la que han participado más de 180 agentes, se ha procedido a la detención de un total de 78 personas en España (77) y Argelia (1).

La investigación policial, iniciada en el año 2023, ha permitido identificar una organización criminal trasnacional plenamente consolidada desde hace años en el Mediterráneo, especializada principalmente en el favorecimiento de la inmigración irregular en la costa mediterránea. Es considerada la mayor estructura de origen argelino dedicada al tráfico ilícito de personas mediante embarcaciones de alta velocidad, caracterizada por una extraordinaria capacidad operativa, una estructura altamente profesionalizada y una extensa red de ramificaciones nacionales e internacionales.

El entramado criminal operaba mediante subestructuras perfectamente organizadas y jerarquizadas asentadas en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, manteniendo además ramificaciones operativas en Francia, Portugal, Italia y Polonia.

La estructura estaba dirigida por un líder absoluto encargado de la planificación, coordinación, supervisión y financiación de toda la actividad criminal. Este máximo responsable aportaba importantes recursos económicos, suministraba armamento y sustancias estupefacientes y dirigía la distribución de dichas mercancías ilícitas hacia diversos países del norte de África donde el consumo de estupefacientes de origen sintético como el MDMA tiene alta demanda social.

La organización estaba integrada por más de 78 miembros distribuidos en tres niveles funcionales diferenciados. Un primer nivel asumía la dirección estratégica y el control general de las operaciones; un segundo nivel estaba compuesto por pilotos, transportistas y responsables de medios operativos; mientras que un tercer nivel integraba colaboradores, captadores, suministradores, vigilantes, personal logístico, abastecedores de combustible, gestores financieros, testaferros y demás integrantes encargados de garantizar la sostenibilidad de la actividad criminal.

Infraestructura y capacidad operativa

La organización disponía de una infraestructura criminal compleja, altamente especializada y dotada de importantes recursos económicos provenientes de otros países de Europa. Entre los medios detectados destacan embarcaciones de alta velocidad de elevado valor económico, motores de gran potencia, vehículos de transporte y vigilancia, pisos de seguridad, sistemas de comunicación cifrada, teléfonos satelitales, dispositivos GPS, antenas satelitales y una extensa red logística distribuida en varios países.

Durante la investigación se han intervenido 18 embarcaciones de tres y cuatro motores, con esloras superiores a los ocho metros y que podían alcanzar hasta los catorce metros de longitud. El valor de estas embarcaciones incautadas podría superar ampliamente los cinco millones de euros, circunstancia que determinaba el elevado nivel de violencia empleado por la organización para protegerlas, llegando incluso a aleccionar a sus pilotos para enfrentarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización había diversificado sus actividades ilícitas mediante un sistema de doble flujo. Por un lado, realizaban el traslado de sustancias de síntesis como el MDMA hacia Argelia. Posteriormente, aprovechaban el retorno de las embarcaciones para transportar migración irregular hacia las costas de Almería, Cartagena, Murcia, Alicante e Ibiza.

Esta operativa les permitía obtener importantes beneficios económicos, llegando a cobrar 12.000 euros por cada persona trasladada en operaciones que en algunos casos implicaban hasta 50 inmigrantes por trayecto. A ello se sumaban los beneficios adicionales derivados de la introducción de drogas en distintos países africanos, así como el negocio del “petaqueo” o abastecimiento de combustible de estas embarcaciones rápidas.

Tráfico de personas

Las travesías marítimas en embarcaciones rápidas eran extremadamente peligrosas para los migrantes que iban a bordo. Viajaban hacinados, a gran velocidad, con fuerte oleaje, sin iluminación, con sistemas de navegación tecnológicamente avanzados y, en la mayoría de los casos, sin chalecos salvavidas. En ocasiones, los ocupantes eran incluso atados para evitar que cayesen al agua durante la travesía.

Este tipo de trayectos no solo implicaba el cruce marítimo, sino también un recorrido previo muy largo a través de diferentes países del continente africano hasta alcanzar la costa de salida en Argelia. Una vez llegaban a la zona costera de embarque, muchos de estos migrantes eran alojados en infraviviendas, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, que funcionaban como puntos de espera antes de iniciar las travesías marítimas.

Durante el desarrollo de la investigación los agentes han detectado un extraordinario nivel de violencia ejercido por la organización contra sus propios integrantes y contra los migrantes sometidos a su control, así como contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización mantenía un férreo sistema interno de control basado en la intimidación, amenazas, coacciones y violencia física extrema. Este sistema disciplinario afectaba tanto a miembros de la organización como a los migrantes transportados, existiendo constantes referencias a represalias, ajustes de cuentas, secuestros, agresiones y amenazas de muerte, llegando a mantener contactos con la “mocro maffia” o la “milieu marsellés” desde dónde se impartían directrices de control.

Durante el desarrollo de la operación se han llevado a cabo 17 registros en inmuebles de Almería, Murcia, Cartagena y Alicante en los que se ha intervenido 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kg de hachís, 500 gr de cocaína, 40 gr metanfetamina, un revólver del calibre 38, un subfusil simulado, diversa munición, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, antenas satelitales, dispositivos de geolocalización y material altamente especializado. Asimismo, se ha procedido al bloqueo preventivo de bienes vinculados a la organización, incluyendo cuentas corrientes, viviendas y vehículos pertenecientes a varios de sus principales dirigentes.

La investigación ha concluido con la detención de 78 personas en Almería (36), Murcia (13), Alicante (11), Ibiza (6), Cartagena (2), Palma de Mallorca (2), Palencia (2), Huelva (1), Córdoba (1), A Coruña (1), Sevilla (1), Lugo (1) y Argelia (1). Los arrestados pertenecen a todos los escalones de la organización criminal, y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, almacenamiento y transporte ilícito de combustible líquido, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, contrabando, blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas conexas.

La Guardia Civil ha detenido en Priego de Córdoba a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenir 79 gramos de cocaína ocultos en un compartimento de doble fondo habilitado en un envase de pintura en espray.

La actuación se produjo mientras una patrulla de Seguridad Ciudadana prestaba servicio por la localidad reseñada, cuando los agentes observaron un ciclomotor cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, modificó bruscamente su trayectoria realizando maniobras encaminadas a eludir el control.

Ante esta actitud, los guardias civiles procedieron a identificar al conductor e inspeccionar el vehículo. Durante el registro, localizaron seis envases metálicos de pintura en espray comprobando que, uno de ellos, disponía de un elaborado sistema de doble fondo mediante una tapa roscada que ocultaba tres envoltorios con una sustancia en polvo de color blanquecino.

La prueba orientativa de detección de sustancias estupefacientes confirmó que se trataba de cocaína, arrojando un peso total de 79 gramos, por lo que los agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública, interviniendo igualmente la droga, 220€ de dinero en efectivo y el ciclomotor utilizado.

La Guardia Civil de Córdoba ha detenido tres personas en un operativo en una extensión en las inmediaciones del aeropuerto de Córdoba. Los efectivos de la Benemérita han desarrollado una operación en dicha zona y no se descartan nuevas detenciones con el paso de las horas.

En primer lugar, a los tres detenidos se les atribuye los presuntos delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y defraudación eléctrica gracias a los registros que se han realizado durante este miércoles en las inmediaciones del aeropuerto de Córdoba.

Además, la Benemérita ha intervenido cerca de medio millar de plantas de marihuana en una extensión, aunque, de momento, la operación no ha terminado. Es por ello que fuentes de la Guardia Civil ha explicado a este periódico que no se descartan nuevas detenciones y registros.

La Guardia Civil ha procedido a la destrucción de dos proyectiles usados durante la guerra civil española y hallados en la provincia de Córdoba. Uno fue encontrado hallado en una finca agrícola de Fuente Obejuna y el otro, en una planta de reciclaje de Peñarroya-Pueblonuevo.

El instituto armado tuvo conocimiento, a través de un aviso recibido de un ciudadano, de que había encontrado, en una finca agrícola de Fuente Obejuna, lo que pudiera tratarse de un proyectil de artillería. Inmediatamente, la patrulla de la Guardia Civil más cercana se personó en el lugar indicado, localizando el objeto visualmente, señalizando y acordonando así la zona para seguridad de terceras personas. Tras esto, la Benemérita pasó aviso a los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX-NRBQ) de la Comandancia de Sevilla, que se desplazaron a dicha localidad.

Paralelamente, la Guardia Civil recibió otro aviso procedente de un trabajador de la planta de reciclaje de Peñarroya-Pueblonuevo, informando del hallazgo, entre diversa chatarra, de lo que pudiera ser un proyectil de similares características al anterior.

Ambos proyectiles se trataban de dos piezas de artillería rompedoras del calibre 75 mm, con espoleta modelo 96, con una carga de pólvora ordinaria de 240 gramos, que se empleaban en los cañones de 75 mm Krupp, reglamentario en el ejército español en la época de la guerra civil española. Ambos fueron trasladados a un paraje habilitado para su posterior neutralización de forma controlada y segura.

La Guardia Civil recomienda ante el hallazgo de este tipo de artefactos, que no se manipulen, ni se muevan; ya que, aunque por su aspecto exterior puedan parecer viejos y oxidados, el mecanismo de activación podría estar en perfectas condiciones, así como el explosivo que llevan en su interior. Por lo que la actuación correcta es señalar debidamente su ubicación y poner inmediatamente los hechos en conocimiento de la Guardia Civil a través del teléfono 062.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), investiga el origen del incendio forestal registrado este lunes en la barriada de Cerro Muriano, en la sierra de Córdoba. Según han confirmado a este periódico fuentes cercanas a la investigación, todas las hipótesis permanecen abiertas mientras avanzan las pesquisas para determinar qué provocó el fuego.

El incendio se inició junto a la carretera N-432, a la altura del cruce con Los Villares, que también da acceso a la barriada cordobesa de Cerro Muriano. Se trata de un punto muy próximo al lugar donde durante los últimos días se registraron varios incendios forestales que obligaron a desplegar un amplio operativo de extinción.

Los efectivos del Plan Infoca comenzaron a intervenir poco después de las 19:30 horas para combatir las llamas. La Junta de Andalucía activó a las 20:35 el nivel 1 de emergencia ante la evolución del incendio y la proximidad del fuego a zonas habitadas e infraestructuras. Posteriormente, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, anunció la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca en la provincia de Córdoba, con el objetivo de reforzar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia.

La evolución del incendio permitió que, poco antes de las 22:00 horas, el fuego se diera por estabilizado. En ese momento, la Junta de Andalucía rebajó al nivel 0 la situación de emergencia, al considerar que el riesgo para la población había disminuido.

Mientras tanto, la investigación del Seprona tratará ahora de esclarecer cómo se originó este nuevo incendio, que volvió a declararse junto a la carretera nacional que conecta Córdoba con Badajoz y que ha reavivado la preocupación por una zona especialmente castigada por los incendios durante los últimos días.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Azahar-Lanchon-26, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación por su supuesta implicación en el atraco cometido el pasado 29 de julio en una estación de servicio de Palma del Río.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos a través de una llamada a la central operativa de servicios (COS). En ella informaban de que un individuo accedió al establecimiento reseñado ocultando su rostro y portando un arma blanca de manera visible, requiriendo de forma intimidatoria al empleado de la gasolinera la recaudación existente en la caja, abandonando posteriormente el lugar de forma precipitada.

Desde el primer momento, la Guardia Civil estableció un dispositivo de investigación encabezado por el Equipo Territoriale de Policía Judicial de Palma del Río, dirigido al total esclarecimiento de los hechos y detención del presunto autor. Las gestiones practicadas por los investigadores, entre las que se incluyen el análisis de las imágenes de videovigilancia, la inspección técnico ocular en el lugar de los hechos, así como la recogida y estudio de indicios, permitieron avanzar en la identificación del presunto responsable.

Como resultado de las pesquisas desarrolladas, la Guardia Civil logró identificar al supuesto autor material del atraco además de a otra persona por su presunta colaboración en la planificación y ejecución de los hechos. Una vez localizados los presuntos autores, se procedió a la explotación de la operación en la que, previa autorización de la autoridad judicial, se practicó una entrada y registro en un inmueble, donde además de las detenciones, fueron intervenidas varias prendas de ropa y complementos (peluca, gafas, etc) iguales a los usados en el hecho delictivo, así como algunos cuchillos de idénticas características al que portaba el autor, efectos que serán analizados e incorporados a las diligencias abiertas.

El dispositivo desarrollado para la práctica de las detenciones y del registro contó con la participación de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil de Córdoba, como la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Equipo de Policía Judicial de Palma del Río, así como varias patrullas de Seguridad Ciudadana tanto del Puesto de la Guardia Civil de Palma del Río como de unidades aledañas, cuya colaboración resultó fundamental para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la actuación.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Villaviciosa de Córdoba como presunto autor de varios delitos de incendio y de un delito de daños tras esclarecer una serie de fuegos registrados en los últimos meses en las inmediaciones de la localidad.

La investigación se inició después de que, desde el pasado 31 de mayo, se produjeran de forma reiterada diversos incendios de similares características en una misma zona, llegando a registrarse ocho incendios en un radio aproximado de 200 metros, que afectaron principalmente a vegetación baja y pastizales.

La repetición de estos incendios generó un peligro añadido por la proximidad de la zona afectada al casco urbano y a la masa forestal existente, con el consiguiente riesgo para personas, viviendas y el entorno natural. La rápida intervención de los efectivos del Plan Infoca en cada uno de los fuegos evitó que los incendios alcanzaran mayores dimensiones.

Ante estos hechos, la Guardia Civil del Puesto de Villaviciosa de Córdoba inició una investigación encaminada a identificar al presunto responsable. Las gestiones practicadas permitieron a los agentes esclarecer el último incendio, ocurrido el pasado 2 de julio, que afectó a un olivar próximo y ocasionó daños valorados en 13.000 euros.

A partir de las pruebas obtenidas y siguiendo con las pesquisas, la Benemérita logró relacionar al presunto autor identificado con el resto de incendios detectados, procediendo a su investigación como supuesto responsable de los hechos.

En las labores de extinción e investigación participaron, además de la Guardia Civil, efectivos del Plan Infoca , Policía Local de Villaviciosa de Córdoba y Protección Civil, cuya coordinación resultó fundamental para minimizar las consecuencias de los incendios.

Las diligencias instruidas por los hechos descritos, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil ha detenido en Fuente Palmera a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza y tres delitos de hurto, cometidos en diferentes establecimientos de hostelería de Fuente Palmera (Córdoba) y Lora del Río (Sevilla).

La investigación se inició tras tener conocimiento la Guardia Civil, del robo perpetrado el pasado 25 de junio en una cafetería de Fuente Palmera, donde el autor, tras forzar la puerta de acceso al establecimiento, sustrajo una máquina expendedora de tabaco, dos máquinas expendedoras de bolas, una cesta regalo valorada en unos 150 euros y aproximadamente 600 euros en efectivo de la caja registradora.

De manera inmediata, la Guardia Civil se desplazó al lugar realizando una primera inspección técnico ocular, iniciando así las gestiones que permitieran acotar la posible autoría de los hechos. Los agentes, continuando con su labor policial, localizar a un posible sospechoso, centrando sobre él las pesquisas.

Posteriormente, los guardias civiles consiguieron obtener indicios suficientes sobre la posible autoría de los hechos al constatar que, en el domicilio del principal sospechoso, se encontraba una máquina expendedora de tabaco que coincidía con la sustraída en el robo investigado.

Una vez practicada la entrada y registro previamente autorizada por la autoridad judicial, los agentes recuperaron, además de dicha máquina, cinco máquinas expendedoras de bolas, dos de ellas procedentes del mismo establecimiento, la cesta regalo sustraída y las herramientas presuntamente utilizadas para cometer los delitos.

Las gestiones posteriores permitieron identificar el origen del resto de máquinas recuperadas, comprobando que habían sido sustraídas en establecimientos de hostelería de Fuente Palmera y Lora del Río (Sevilla), logrando de esta manera esclarecer un total de tres delitos de hurto y un delito de robo con fuerza.

En el operativo también colaboraron el Ayuntamiento de Fuente Palmera y la Policía Local de esa localidad, que prestaron apoyo en el traslado de los efectos recuperados.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.