La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Villaviciosa de Córdoba como presunto autor de varios delitos de incendio y de un delito de daños tras esclarecer una serie de fuegos registrados en los últimos meses en las inmediaciones de la localidad.

La investigación se inició después de que, desde el pasado 31 de mayo, se produjeran de forma reiterada diversos incendios de similares características en una misma zona, llegando a registrarse ocho incendios en un radio aproximado de 200 metros, que afectaron principalmente a vegetación baja y pastizales.

La repetición de estos incendios generó un peligro añadido por la proximidad de la zona afectada al casco urbano y a la masa forestal existente, con el consiguiente riesgo para personas, viviendas y el entorno natural. La rápida intervención de los efectivos del Plan Infoca en cada uno de los fuegos evitó que los incendios alcanzaran mayores dimensiones.

Ante estos hechos, la Guardia Civil del Puesto de Villaviciosa de Córdoba inició una investigación encaminada a identificar al presunto responsable. Las gestiones practicadas permitieron a los agentes esclarecer el último incendio, ocurrido el pasado 2 de julio, que afectó a un olivar próximo y ocasionó daños valorados en 13.000 euros.

A partir de las pruebas obtenidas y siguiendo con las pesquisas, la Benemérita logró relacionar al presunto autor identificado con el resto de incendios detectados, procediendo a su investigación como supuesto responsable de los hechos.

En las labores de extinción e investigación participaron, además de la Guardia Civil, efectivos del Plan Infoca , Policía Local de Villaviciosa de Córdoba y Protección Civil, cuya coordinación resultó fundamental para minimizar las consecuencias de los incendios.

Las diligencias instruidas por los hechos descritos, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil ha detenido en Fuente Palmera a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza y tres delitos de hurto, cometidos en diferentes establecimientos de hostelería de Fuente Palmera (Córdoba) y Lora del Río (Sevilla).

La investigación se inició tras tener conocimiento la Guardia Civil, del robo perpetrado el pasado 25 de junio en una cafetería de Fuente Palmera, donde el autor, tras forzar la puerta de acceso al establecimiento, sustrajo una máquina expendedora de tabaco, dos máquinas expendedoras de bolas, una cesta regalo valorada en unos 150 euros y aproximadamente 600 euros en efectivo de la caja registradora.

De manera inmediata, la Guardia Civil se desplazó al lugar realizando una primera inspección técnico ocular, iniciando así las gestiones que permitieran acotar la posible autoría de los hechos. Los agentes, continuando con su labor policial, localizar a un posible sospechoso, centrando sobre él las pesquisas.

Posteriormente, los guardias civiles consiguieron obtener indicios suficientes sobre la posible autoría de los hechos al constatar que, en el domicilio del principal sospechoso, se encontraba una máquina expendedora de tabaco que coincidía con la sustraída en el robo investigado.

Una vez practicada la entrada y registro previamente autorizada por la autoridad judicial, los agentes recuperaron, además de dicha máquina, cinco máquinas expendedoras de bolas, dos de ellas procedentes del mismo establecimiento, la cesta regalo sustraída y las herramientas presuntamente utilizadas para cometer los delitos.

Las gestiones posteriores permitieron identificar el origen del resto de máquinas recuperadas, comprobando que habían sido sustraídas en establecimientos de hostelería de Fuente Palmera y Lora del Río (Sevilla), logrando de esta manera esclarecer un total de tres delitos de hurto y un delito de robo con fuerza.

En el operativo también colaboraron el Ayuntamiento de Fuente Palmera y la Policía Local de esa localidad, que prestaron apoyo en el traslado de los efectos recuperados.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a una sociedad mercantil y a dos de sus responsables como presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por la presunta gestión irregular de residuos, tras detectar vertidos continuados de lixiviados de alperujo en una instalación de Villa del Río.

La investigación se inició tras detectarse varios episodios de vertidos procedentes de las balsas de almacenamiento de la instalación reseñada, cuyos lixiviados alcanzaban terrenos colindantes y suponían un grave riesgo para el medio natural y las aguas subterráneas de la zona.

Las inspecciones practicadas por los agentes del Seprona de Montoro permitieron comprobar importantes deficiencias en las infraestructuras de contención de la planta, constatándose la acumulación de lixiviados y aguas industriales. Además, existían sistemas de evacuación obturados que favorecían el desbordamiento de las balsas durante episodios de lluvia.

Durante las actuaciones se procedió a la toma de muestras de agua, cuyos análisis, realizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, revelaron valores de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) de hasta 112 veces superiores al límite legal permitido, confirmando un elevado potencial contaminante de los vertidos.

Los informes periciales elaborados por especialistas del Seprona concluyen que estas filtraciones han generado un riesgo grave para la masa de agua subterránea 'Aluvial del Guadalquivir', catalogada como de alta vulnerabilidad, así como para los terrenos afectados por los vertidos.

La investigación también permitió comprobar que la instalación ya había sido objeto de un expediente sancionador incoado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el año 2019 por hechos de similar naturaleza. Asimismo, los agentes detectaron indicios de que, tras las primeras inspecciones, se realizaron movimientos de tierras y retirada de lodos en el interior de la planta con el fin de dificultar la constatación visual de los daños ocasionados.

Las comprobaciones documentales efectuadas durante la investigación permitieron igualmente constatar presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la autorización ambiental de la instalación y con la gestión de los residuos generados.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro, interesándose la adopción de medidas cautelares dirigidas a evitar nuevos vertidos, garantizar la correcta gestión de los lixiviados y asegurar la restauración ambiental de la zona afectada.

Paralelamente, se ha dado traslado de los hechos a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Córdoba por las posibles infracciones administrativas detectadas.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra la flora y la fauna, en el marco de la operación 'Fasciata', desarrollada en el término municipal de Adamuz.

La investigación se inició tras un requerimiento de la Fiscalía de Córdoba-Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, que trasladó al Seprona diversa documentación e informes elaborados por Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En ellos se alertaba de la ejecución de unas obras de edificación en las proximidades de un nido de águila perdicera (Aquila fasciata), en cuyo interior apareció muerta una cría de esta especie protegida.

A raíz de esta información, el Seprona realizó la inspección de las obras y recabó del Ayuntamiento de Adamuz y demás organismos implicados tanto la documentación relativa a la clasificación urbanística de los terrenos y a las autorizaciones administrativas correspondientes. Se pudo comprobar que las obras se habían ejecutado, presuntamente, sin la preceptiva licencia urbanística y sobre un suelo rústico de especial protección del medio natural e incluido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Córdoba.

Asimismo, los agentes obtuvieron un informe técnico del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía, en el que se concluía que la escasa distancia entre las obras y el nido pudo provocar molestias incompatibles con el periodo reproductor de la especie. Estas circunstancias habrían motivado el abandono temporal del nido por parte de los progenitores, con la consiguiente muerte de la cría.

A la vista del resultado de la investigación y de los informes técnicos incorporados a las diligencias, la Guardia Civil procedió a la investigación de dos personas como presuntas responsables de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra la flora y la fauna.

De forma paralela, por las irregularidades detectadas en el ámbito administrativo, el Seprona ha formulado las correspondientes denuncias ante el Ayuntamiento de Adamuz y la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

La Guardia Civil ha puesto en funcionamiento las nuevas dependencias de la Intervención de Armas del acuartelamiento de Pozoblanco, unas instalaciones que permitirán ofrecer un servicio más moderno, accesible y eficiente a los ciudadanos de la comarca de Los Pedroches.

El acto de inauguración ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, acompañada por el teniente coronel jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Emilio Muñoz, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, quienes, junto a otros mandos de la Guardia Civil y miembros de la intervención de armas de Pozoblanco, han conocido de primera mano las características de las nuevas instalaciones.

Al respecto, han destacado la importancia de esta actuación, “que permitirá ofrecer una atención más cómoda, accesible y eficaz a los ciudadanos, al tiempo que contribuye a modernizar las infraestructuras de la Guardia Civil y reforzar la calidad del servicio público que presta”.

La actuación se ha llevado a cabo en virtud de la encomienda de gestión suscrita entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Pozoblanco, en el marco de la colaboración existente entre ambas administraciones para la mejora de las infraestructuras de la Guardia Civil.

La obra, financiada con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), ha supuesto una inversión de 33.879,68 euros y ha permitido adecuar un edificio independiente destinado a albergar el servicio de Intervención de Armas y Explosivos.

Características

El inmueble cuenta con una superficie aproximada de 80 metros cuadrados y dispone de un acceso independiente y plenamente accesible desde la vía pública por la calle Doctor Cabrera, mediante una rampa adaptada que facilita el acceso de todas las personas usuarias, especialmente de aquellas con movilidad reducida, sin necesidad de acceder al interior del acuartelamiento.

Las nuevas dependencias se distribuyen de forma funcional y albergan dos oficinas, una sala de espera para la atención al público, un archivo, un armero, un cuarto de baño y zonas comunes, mejorando tanto la atención a la ciudadanía como las condiciones de trabajo del personal de la Guardia Civil destinado en esta especialidad.

La Intervención de Armas y Explosivos de Pozoblanco presta servicio a los ciudadanos de 15 municipios de la comarca de Los Pedroches, desarrollando funciones relacionadas con la expedición y renovación de licencias de armas, autorizaciones en materia de armas y explosivos, depósito y custodia de armas, inspecciones, revistas y control del cumplimiento de la normativa vigente.

Con la puesta en funcionamiento de estas nuevas dependencias, la Guardia Civil reafirma su “compromiso con la mejora continua de sus infraestructuras y con la prestación de un servicio público de calidad, cercano y adaptado a las necesidades de los ciudadanos, fortaleciendo la atención que se ofrece desde la Intervención de Armas a los vecinos de Pozoblanco y del conjunto de la comarca de Los Pedroches”.

Una socorrista de la Piscina Municipal de Palma del Río fue agredida este domingo por una usuaria después de llamarle la atención por incumplir la normativa de las instalaciones. La trabajadora tuvo que recibir asistencia médica y varios puntos de sutura como consecuencia de las lesiones sufridas, y ha interpuesto una denuncia.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Palma del Río, Eduardo López, ha explicado a este periódico que la agresión se produjo cuando la socorrista recriminó a la pareja de la presunta agresora que no podía permanecer con gafas de sol dentro de la piscina. Acto seguido, según la versión municipal y las imágenes grabadas por diversos usuarios, la mujer se abalanzó sobre la empleada y la golpeó, cayendo ambas y golpeándose la trabajadora con la base de una sombrilla.

Los hechos provocaron una gran conmoción entre los numerosos bañistas que disfrutaban de la jornada, entre ellos muchas familias con niños que presenciaron la agresión. La trabajadora necesitó atención sanitaria y dispone ya del correspondiente parte de lesiones. El edil ha señalado además que el episodio ha causado un importante impacto entre el resto del equipo de socorristas, que vivió de primera mano una situación que ha calificado como “muy dura”.

Como consecuencia de lo ocurrido, el Patronato Deportivo Municipal decidió mantener cerrada la piscina durante toda la jornada del lunes al no disponer de personal suficiente para garantizar el servicio con normalidad y en condiciones de seguridad. Las instalaciones reabrieron este martes y funcionan desde entonces con absoluta normalidad.

Prohibición de entrar a la piscina

Eduardo López ha informado de que el Ayuntamiento ha abierto un expediente interno tras la agresión y ha activado los protocolos de acoso laboral previstos para este tipo de situaciones. Asimismo, el Consistorio estudia la adopción de medidas cautelares para impedir que la presunta agresora vuelva a acceder a la piscina municipal mientras se resuelve el procedimiento judicial.

El caso ya se encuentra en manos de la Justicia. Tanto la trabajadora como el Ayuntamiento han presentado denuncia ante la Guardia Civil por la agresión sufrida. El mismo día de los hechos, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local acudieron a las instalaciones, tomaron declaración a los implicados y elaboraron los correspondientes informes, quedando el asunto judicializado.

El concejal de Deportes ha trasladado el respaldo del Ayuntamiento a la socorrista agredida y al conjunto de la plantilla, al tiempo que ha condenado “de manera rotunda” cualquier acto de violencia contra los trabajadores municipales.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha analizado la ratio de agentes por municipios de la provincia de Córdoba, para lo cual ha relacionado los datos censales del Instituto Nacional de Estadística (INE) con la información oficial sobre plantillas de la Benemérita, teniendo en cuenta el número de efectivos de seguridad ciudadana, y ante ello ha asegurado que el número de guardias civiles en los municipios “toca fondo”.

En una nota, la AUGC ha detallado que “el resultado de ese estudio viene a corroborar las continuas denuncias desde hace muchos años, porque la mayoría de localidades presentan tasas muy bajas de guardias civiles por número de habitantes”. En el estudio no se han incluido los municipios cuya seguridad ciudadana corresponde a la Policía Nacional, que son Córdoba, Lucena y Cabra.

Así, ha explicado que la localidad con la ratio más baja es La Carlota, con apenas 0,6 agentes por cada mil habitantes, seguida de Aguilar de la Frontera con sólo 0,7. Se quedan en 0,9 Fernán Núñez, Fuente Palmera, Posadas, Rute, La Rambla y Castro del Río. Pero es que las tasas de algunos de ellos son más bajas aún teniendo en cuenta que esos puestos incluyen en sus demarcaciones otros pueblos: el de Fernán Núñez se encarga de Montemayor, el de La Carlota asume La Guijarrosa, el de Fuente Palmera atiende a Fuente Carreteros, La Ventilla, Silillos y Ochavillo del Río, y el de La Rambla tiene Montalbán.

Son también muchos los municipios que no llegan a los dos guardias civiles por cada mil habitantes: 1,1 tiene Pozoblanco; 1,2 Priego de Córdoba; 1,3 Montilla, Montoro, Almodóvar del Río, Villanueva de Córdoba, Nueva Carteya, Hornachuelos, Moriles e Iznájar; 1,4 Fuente Obejuna y Cañete de las Torres; 1,5 Puente Genil y Bujalance; 1,6 Hinojosa del Duque y Benamejí; 1,7 Peñarroya-Pueblonuevo y Adamuz; 1,8 Espejo.

Y en algunos de ellos ocurre lo mismo que en los anteriores: el puesto de Pozoblanco se encarga de Añora y Pedroche, el de Priego asume Almedinilla, el de Almodóvar del Río tiene Guadalcázar, el de Peñarroya se hace cargo de Los Blázquez, La Granjuela y Valsequillo, el de Hinojosa tiene Belalcázar, el de Villanueva de Córdoba asume Conquista, el de Benamejí tiene Encinas Reales y Palenciana.

Por encima de los dos guardias civiles por cada mil habitantes se sitúan Palma del Río (que se encarga también de Mesas de Guadalora, Céspedes y El Calonge), Baena (baja a 1,9 con Valenzuela), El Carpio (baja a 1,2 con Pedro Abad), Villaviciosa, Belmez, Dos Torres, Luque (baja a 0,9 con Zuheros y Doña Mencía), El Viso (con Villaralto), La Victoria (con San Sebastián de los Ballesteros) y Alcaracejos.

Mientras que superan los tres efectivos Carcabuey, Monturque y Espiel (baja a 1,7 con Obejo y Villaharta). Y las mayores ratios se dan en Fuente Tójar con un 10,5; 5,8 en Santa Eufemia; 5,7 en Cardeña; 5,1 en Villanueva del Duque (con Fuente la Lancha); cinco en Torrecampo (baja a 3,7 con El Guijo).

“Plantillas no disponibles”

“A la vista de estos datos no es de extrañar que la provincia presente una de las ratios de guardias civiles por habitantes más bajas de todo el país”, han advertido desde AUGC, para remarcar que “el problema es aún más grave teniendo en cuenta que un elevado porcentaje de esas escasas plantillas no está disponible, debido a las situaciones de incapacidad temporal, las vacaciones y permisos de distinta índole y la detracción de efectivos para los equipos especializados como ROCA, Viogen y otros, que son muy necesarios, pero deberían dotarse de personal destinado específicamente a esas unidades”.

Ante ello, desde la asociación profesional se han puesto a disposición de los alcaldes y de las instituciones provinciales para informarles con datos concretos sobre “la situación real de la seguridad pública en los municipios de esta provincia”.

Además, han avanzado que “en algunos de los municipios empeorará la situación a partir de septiembre, cuando sean efectivos los destinos que se publicaron hace un mes, porque se reducirán las plantillas de los puestos de Bujalance, Fernán Núñez, Castro del Río y Moriles, mientras que el puesto de Peñarroya perderá nada menos que cinco guardias civiles”.

De hecho, han avisado de que “al materializarse esos destinos se irán más agentes de los que llegan a esta provincia, a pesar de las más de 200 vacantes existentes y de haber perdido un 9,8% de la plantilla en los últimos cuatro años, siendo desde hace muchos años la provincia andaluza con menos efectivos”.

Por ello, ven “incomprensible que Córdoba esté entre las cinco provincias de todo el país a las que llegan menos guardias civiles en la última resolución de destinos, y que sus refuerzos supongan apenas el 4% de los recibidos en Andalucía”, algo que “conlleva que se perpetúe y agrave la situación, con la mayoría de los puestos de esta provincia sin poder abrir apenas sus dependencias para atender a los ciudadanos, y con las escasas patrullas disponibles formadas precariamente con efectivos de distintas unidades para encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente, muy distantes unas de otras”, han expresado.

Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Córdoba están investigando ya las causas que han provocado el fuego en un camión cargado de paja que a su vez ha prendido al monte y ha provocado el que es el mayor incendio de la sierra en los últimos años.

Según ha podido saber este periódico, los agentes investigan ya las circunstancias del vehículo siniestrado, un camión cargado de paja que circulaba en dirección Badajoz a la altura del kilómetro 255 de la carretera N-432. Los guardias civiles están analizando todos los detalles antes de formular una hipótesis concreta sobre el origen del siniestro.

Mientras, en la zona han trabajado hasta una treintena de agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, en una intensa jornada. La Guardia Civil ha cortado al tráfico la carretera N-432. Actualmente, está abierta en un carril en la zona del siniestro, ya que el Infoca y los bomberos siguen trabajando sobre el vehículo siniestrado. La paja tarda mucho en arder y será complicado retirar pronto el vehículo siniestrado. Eso sí, se da paso alternativo en la zona.

No obstante, la carretera que sigue cortada es la antigua N-432. El fuego ha llegado a traspasar la carretera en dirección este y la vía es actualmente una zona de trabajo de extinción por agentes del Infoca, que tratan de contener el avance de las llamas.

La Diputación asegura que el incendio de Cerro Muriano “no presenta riesgo”

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado que el incendio forestal declarado este viernes en Cerro Muriano “no presenta riesgo” en estos momentos y ha destacado que el objetivo prioritario es “colaborar con el operativo” desplegado para su extinción.

Así lo ha señalado tras desplazarse hasta la zona afectada para conocer de primera mano la evolución del incendio y seguir junto a los servicios de emergencia las labores de control y extinción del fuego.

Fuentes, además, se ha dirigido hasta el albergue provincial de Cerro Muriano, donde se desarrolla el programa de Ocio y Tiempo Libre de la institución provincial, desde donde ha trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que “no existe riesgo para los niños”. El presidente ha añadido que, no obstante, “todo está preparado por si hubiera que actuar de manera ordenada y planificada”.

La Diputación de Córdoba mantiene activados los recursos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. En estos momentos trabajan sobre el terreno seis efectivos y dos vehículos nodriza para reforzar las labores de apoyo al dispositivo.

El presidente de la Diputación ha señalado que “el objetivo prioritario es colaborar con el operativo para controlar el incendio lo antes posible y garantizar la seguridad de las personas en permanente coordinación con el resto de administraciones y servicios de emergencia”, ha afirmado. En este sentido, ha destacado la labor del Infoca y la Agencia de Emergencias de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Córdoba.

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco a una persona como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación tras, presuntamente, arrebatar de un fuerte tirón una cadena de oro a una mujer de 74 años.

La actuación se enmarca en los servicios que la Guardia Civil desarrolla dentro del Plan Mayor Seguridad, orientado a reforzar la protección de las personas mayores y prevenir hechos delictivos que puedan afectar a este colectivo.

Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado día 3 de julio, cuando la víctima caminaba por una calle de Pozoblanco. En ese momento, un varón se aproximó a ella simulando solicitar indicaciones para localizar una gasolinera mientras le mostraba un teléfono móvil y, aprovechando la cercanía, le arrebató de un fuerte tirón la cadena de oro con un portafotos que llevaba al cuello, provocándole lesiones leves antes de huir corriendo del lugar.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició inmediatamente una investigación encaminada al esclarecimiento del robo y detención del presunto autor, logrando con las primeras gestiones obtener una descripción física del mismo, si bien no fue posible determinar inicialmente su identidad.

Las labores de investigación y la vigilancia discreta desarrolladas por los agentes del Puesto de Pozoblanco, permitieron identificar al presunto autor de los hechos el pasado día 5 de julio, procediendo a la detención del mismo como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, con resultado de lesiones leves para la víctima.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el marco de la operación Felis, ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal por abandono, tras abandonar cinco cachorros de gato en la localidad de Posadas.

Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, la actuación se inició tras la denuncia presentada por un voluntario de una asociación protectora de animales, quien comunicó a la Guardia Civil el hallazgo de una caja que contenía cinco crías de gato de muy corta edad.

Los agentes del Seprona iniciaron la correspondiente investigación, tomando declaración a la persona que localizó a los animales y realizando las indagaciones policiales que permitieron identificar y localizar el vehículo utilizado para cometer el abandono, así como al presunto autor de los hechos.

Finalmente, tras reconocer la persona identificada como presunta autora que, efectivamente, había depositado una caja con los animales en su interior, en el lugar del hallazgo, con el fin de que fuese encontrado por una persona responsable de la protectora, pero que no comunicó a nadie el hecho, por lo que abandonó a los animales a su suerte.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la investigación del presunto autor como responsable de un supuesto delito de maltrato animal por abandono, instruyéndose las correspondientes diligencias, que han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil recuerda que el abandono de animales constituye un delito cuando pone en peligro su vida o integridad. En caso de no poder hacerse cargo de un animal, es fundamental acudir a los cauces legalmente establecidos y contactar con los servicios municipales o con protectoras de animales, evitando cualquier actuación que pueda comprometer el bienestar de los animales.

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un robo con violencia cometido en un estanco de la localidad de Baena, en el que resultó gravemente herido el dependiente del establecimiento tras ser agredido con un arma blanca. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

La Benemérita tuvo conocimiento de los hechos tras recibir un aviso telefónico alertando de un posible robo con violencia en un estanco de la localidad. Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar, donde localizaron al dependiente con varias heridas compatibles con arma blanca, prestándole una primera asistencia sanitaria hasta la llegada de los servicios médicos, que procedieron a su traslado a un centro hospitalario.

Los efectivos iniciaron entonces una investigación para la identificación y localización del presunto autor, logrando verificar que el autor de los hechos era un hombre que accedió al establecimiento con el rostro oculto y, tras exigir la entrega de la recaudación al dependiente, lo agredió con un arma blanca al negarse el primero y oponer resistencia. Durante el forcejeo también resultó herida de carácter leve otra persona que se encontraba en el interior del establecimiento.

La inspección técnico ocular practicada en el lugar y los indicios obtenidos por los agentes actuantes, permitieron identificar al presunto autor de los hechos, implementándose un dispositivo para su localización que culminó con su detención en la madrugada del día siguiente.

La rápida actuación de los agentes resultó fundamental tanto en la asistencia inicial prestada a la víctima como para el veloz esclarecimiento de los hechos y la detención del presunto autor.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia y lesiones.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave tras el incendio registrado en el paraje Cañada del Madroñal, en el término municipal de Adamuz, el pasado mes de mayo

La investigación desarrollada por el Seprona de Montoro ha permitido determinar que el incendio se originó durante una quema de restos de poda y plásticos realizada en un bidón metálico, sin contar su responsable con la preceptiva autorización administrativa para el uso del fuego en zona de influencia forestal.

Las pesquisas realizadas permitieron comprobar que, tras efectuar la quema, el investigado abandonó el lugar sin asegurarse de la completa extinción del fuego, circunstancia que favoreció la propagación de las llamas al medio natural. La inspección ocular practicada en el lugar del incendio, junto con el análisis de las evidencias obtenidas, el material gráfico recogido y las manifestaciones de los testigos, permitió determinar el punto de inicio del fuego y reconstruir su evolución, concluyendo que la proyección de pavesas favoreció la propagación del incendio.

Como consecuencia del siniestro resultaron calcinadas aproximadamente cinco hectáreas de terreno, generándose un grave riesgo para la masa forestal protegida de la Sierrezuela de Adamuz, un espacio natural de especial valor ecológico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. Asimismo, la Guardia Civil ha dado cuenta de las correspondientes infracciones administrativas a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía para la tramitación del oportuno expediente sancionador.

La Guardia Civil, en el marco de los dispositivos de control establecidos con motivo de la celebración de la feria del Santo de Montilla, ha desarrollado, junto a inspectores de salud de la Junta de Andalucía, una campaña de inspección en casetas y establecimientos ambulantes de alimentación, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los asistentes.

Las inspecciones, realizadas por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), del Destacamento de Fiscal y Fronteras e inspectores sanitarios, permitieron comprobar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene alimentaria, las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos, la inscripción en los registros sanitarios correspondientes y la correcta información facilitada a los consumidores.

Durante las inspecciones se detectaron diversas irregularidades relacionadas con deficiencias higiénico-sanitarias, la ausencia de registros de control de temperaturas, sistemas de autocontrol y formación en manipulación de alimentos, así como incumplimientos en materia de trazabilidad y etiquetado de productos alimenticios.

Entre las actuaciones practicadas destaca la localización de un congelador destinado al almacenamiento de alimentos que presentaba unas deficientes condiciones higiénicas. Asimismo, la falta de acreditación de la trazabilidad y las deficientes condiciones de conservación de diversos productos cárnicos obligaron a la intervención cautelar y posterior destrucción de 31 kilogramos de alimentos no aptos para el consumo humano, entre ellos pollo aliñado, lomo, lagarto, solomillo de cerdo y jamón picado.

Por otra parte, el Destacamento de Fiscal y Fronteras, se ha centrado durante las inspecciones en prevenir y perseguir fraudes e ilícitos fiscales verificando bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes.

Como resultado de las inspecciones, la Guardia Civil ha tramitado varios expedientes por presuntas infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria, que serán remitidos a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Estas actuaciones se enmarcan en la colaboración permanente entre la Guardia Civil, ayuntamientos y la Junta de Andalucía, para reforzar los controles durante eventos de gran afluencia de público y garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en múltiples delitos de robo con fuerza en establecimientos hosteleros, en una operación en la que se ha dado por desarticulada una organización criminal itinerante que se dedicaba a la sustracción de la recaudación de máquinas recreativas y expendedoras de tabaco en las provincias de Sevilla y Córdoba.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los autores empleaban herramientas, entre ellas radiales, con la finalidad de seccionar las rejas de protección de los locales, llegando a realizar diversos asaltos en distintas localidades durante una sola noche mediante un vehículo de rápida huida el cual ha sido intervenido en las actuaciones.

Hasta el momento, la investigación ha permitido constatar la actividad delictiva de esta red en las localidades sevillanas de Benacazón, Sanlúcar la Mayor, Olivares, La Puebla del Río, Alcalá del Río, Mairena del Alcor, y Herrera, así como en el municipio cordobés de Puente Genil.

De esta manera, gracias a los indicios recopilados y la colaboración ciudadana con declaraciones de testigos, se ha identificado a la totalidad del grupo, que tras ser puestos a disposición judicial, dos de ellos han ingresado en prisión comunicada y sin fianza, entre ellos el líder de la organización.

Asimismo, el desmantelamiento de la estructura delictiva ha sido fruto de un dispositivo coordinado de las diferentes localidades afectadas, gracias a la investigación del grupo de investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor.

De igual manera, han colaborado el Área de Investigación del Puesto Principal de Puente Genil (Córdoba), Puesto de la Guardia Civil de Alcalá del Río, Equipo Territorial de Policía Judicial de Sanlúcar La Mayor, unidades de Policía Nacional y Policía Local de Sevilla, así como Policías Locales de Sanlúcar La Mayor y Castilleja de la Cuesta.

La Guardia Civil de Córdoba ha desarrollado la Operación Tikal-Hebect-5125 con el resultado de cuatro personas investigadas por supuestos delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal, desarticulando además una organización criminal especializada en la comisión de estafas tecnológicas a empresas a través de la intrusión informática.

La investigación comenzó tras la denuncia de una de las empresas afectadas en la provincia de Córdoba, que alertó de un desvío patrimonial en sus transacciones habituales con proveedores. Los ciberdelincuentes utilizaban técnicas de ingeniería social y robo de credenciales de acceso para irrumpir de forma no autorizada en las cuentas de correo electrónico de las empresas objetivo.

Una vez dentro de los sistemas de comunicación, monitorizaban el flujo de mensajes a la espera de que se tramitaran facturas de importes elevados. En ese momento, interceptaban el correo y modificaban el número de cuenta bancaria del documento original por uno controlado por la organización, logrando que las empresas víctimas ingresaran el dinero directamente en sus estructuras de fraude.

Para dificultar la trazabilidad financiera y eludir el control de los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales, la red utilizaba un entramado de múltiples cuentas bancarias interconectadas. El dinero estafado era transferido rápidamente de una cuenta a otra en una serie de operaciones en cadena.

La fase de explotación de la operación policial ha permitido la plena identificación de los cuatro componentes de la estructura. Las pesquisas han determinado que el líder del grupo era el encargado último de la fase de “lavado” y consolidación de los beneficios, que rondaban los 30.000 euros.

Este integrante principal fue identificado en el momento en que realizaba extracciones de activos en efectivo a través de cajeros automáticos. Para blindar su anonimato ante los investigadores, utilizaba una cuenta bancaria que había sido abierta previamente mediante la suplantación de la identidad de un tercero ajeno a la organización.

Desde esta cuenta instrumental se reenviaba además de forma sistemática, parte de los fondos a los otros tres miembros de la red, con el objetivo de atomizar las cuantías, romper el hilo conductor de la trazabilidad bancaria y entorpecer la labor de los agentes en el último eslabón de la cadena delictiva.

A los implicados se les imputan presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, no obstante, la operación permanece abierta y no se descartan nuevas investigaciones o detenciones.

Una mañana de martes en el que la Guardia Civil a las 10:00 prepara su dispositivo para comenzar con los controles de alcohol y drogas. “Pon el coche más para adelante, que con la prensa aquí no cabe si tenemos que parar a alguien”, replican los agentes entre sí. No es para menos. Desde el lunes hasta el próximo 19 de julio, la Dirección General de Tráfico, en colaboración con la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Aspaym) y la Guardia Civil, está realizando una campaña de sensibilización para tratar de acabar con la alcoholemia y las drogas al volante.

Por tanto, las pruebas van sucediéndose. Todos los que van parando, en su mayoría, saben que es una labor rutinaria y de obligado cumplimiento. De hecho, muchos, incluso, acceden a que los medios de comunicación puedan grabar recursos o fotografiarles mientras le hacen la prueba. Todos dan 0,0 en la prueba de alcohol y negativo en la de drogas. Un efectivo de la Guardia Civil ha enseñado, además, cómo se realiza la prueba de estupefacientes. “En apenas tres minutos sabemos si alguien ha dado positivo o no. A partir de ahí, lo metemos en un aparatito para saber qué ha tomado el conductor”, explica.

Además, hay personas que, si así lo desean, pueden pedir que los miembros de Aspaym les imparta una breve charla sobre seguridad vial. El encargado de realizar este primer diálogo has ido Paco Pedrosa, presidente de la asociación, quien le ha explicado a Ángela que la tasa segura es el 0,0 y que una decisión “puede cambiar muchas vidas”. “Hay que concienciar a los conductores y conductoras de que no hay que beber ni consumir drogas cuando se produce. Nosotros somos la viva imagen de lo que ocurre cuando no respetamos las normas de tráfico”, explica.

Con anterioridad, y ante los micrófonos de los medios de comunicación, Paco Pedrosa ha destacado la colaboración de su asociación en la campaña “No corras, no bebas, no cambies de rueda”. Pedrosa ha definido a los miembros de su organización como la “viva imagen” de lo que ocurre cuando no se respetan las normas de tráfico. Su labor durante estos días consiste en acompañar a los agentes de la Guardia Civil en los controles para que, en el momento en que un conductor es parado, la presencia de una persona en silla de ruedas genere una concienciación inmediata y especial sobre los riesgos reales, como ha ocurrido con Ángela.

La historia de Paco Pedrosa

Pedrosa ha compartido su propia experiencia personal para ilustrar que los accidentes no siempre dependen de la imprudencia propia. En su caso, sufrió un accidente en Córdoba capital mientras circulaba en moto porque otro conductor se saltó dos semáforos en rojo por un despiste. “Los médicos le dijeron a mi familia que primero a ver si salía con vida y después cómo salía. Te lo encuentras de la nada porque yo iba con mi Vespa clásica por Carlos III con normalidad, no iba cometiendo ninguna imprudencia y mira lo que ha pasado”, relata a este periódico.

Asimismo, los controles van sucediéndose con total normalidad, aunque hay un caso que cobra especial relevancia. Los efectivos de la Guardia Civil paran a una persona con su vehículo y el resultado del control de drogas resulta positivo en marihuana. El despliegue comienza inmovilizando al vehículo, comprobando que el resultado es fiable y asegurándose con una segunda prueba, esta vez ya de saliva.

A partir de ahí, el Guardia Civil enseñó la prueba a los medios de comunicación allí presentes, mientras que dicha persona se encontraba aún en el interior de su vehículo. A la par, el teniente Andreu atendió a los medios de comunicación para destacar que durante la presente época estival se están intensificando los controles específicos de alcohol y drogas con el objetivo de evitar que personas bajo la influencia de estas sustancias se pongan al volante.

Según ha detallado, mientras que los positivos en alcoholemia se mantienen estables entre un 1% y un 2%, las pruebas de detección de drogas arrojan cifras superiores, situándose entre el 10% y el 15%, siendo el cannabis (THC) y la cocaína las sustancias más recurrentes entre los conductores, dándose incluso casos de positivos combinados. Además, el teniente subrayó que no existe un patrón específico de consumo por edad o género, ya que la problemática no discrimina y afecta de manera generalizada a la población de conductores.

En cuanto a las consecuencias legales, el teniente recordó que las sanciones por alcohol pueden alcanzar los 1.000 euros y la retirada de seis puntos si se supera la tasa de 0,50 mg/l, advirtiendo que por encima de 0,60 mg/l la infracción pasa a ser considerada un delito que conlleva el envío de diligencias al juzgado. En el caso de las drogas, cualquier presencia de sustancias en el organismo conlleva automáticamente una multa de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir, como lo que le ha ocurrido a la persona afectada previamente.

“Al menos sácame guapo”, decían los conductores mientras los efectivos de la Guardia Civil seguían realizando los diferentes controles. Todo ello en busca de que la población no beba alcohol ni tome drogas a la hora de coger el volante. “Conduce con responsabilidad, tu decisión puede cambiar muchas vidas”, recalca la campaña de sensibilización.

La Guardia Civil ha detenido en Villanueva de Córdoba a una persona, vecina de la localidad, como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación se llevó a cabo el pasado 25 de junio cuando efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Villanueva de Córdoba prestaban servicio preventivo de Seguridad Ciudadana en la zona de la estación de autobuses, con ocasión del Plan para la Prevención del Consumo de Drogas en Zonas de Ocio.

Durante el servicio, los agentes observaron a una persona que, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud nerviosa y esquiva, cambiando bruscamente la dirección del paso, dando la vuelta y acelerando el paso, por lo que procedieron a su identificación.

Al observar los guardias civiles que la persona aumentaba su nerviosismo, decidieron realizar una inspección superficial de sus pertenencias, encontrando, ocultas entre sus prendas, cuatro bellotas de hachís, con un peso total de 41,5 gramos, así como dos dosis de una sustancia que, al parecer, resultó ser pasta de base de cocaína, portando también un arma blanca tipo navaja.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública, interviniendo la sustancia estupefaciente hallada.

Las diligencias instruidas, junto con la detenida y la droga intervenida, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Sensibilización para tratar de acabar con un problema que cada vez va a menos, pero que sigue siendo un contratiempo muy señalado en la sociedad. Desde este martes hasta el próximo 19 de julio, la Dirección General de Tráfico (DGT), en colaboración con la Guardia Civil y la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Aspaym) pone en marcha una campaña extraordinaria de control de alcohol y drogas al volante.

Un acto que ha estado abierto a los medios de comunicación y que se ha celebrado en la glorieta antes de entrar al polígono de La Torrecilla. Ahí, efectivos de la Guardia Civil han realizado un control de alcohol y drogas para asegurarse de que ningún conductor infringe las normas y, además, concienciar que durante su travesía por la carretera se conduzca con seguridad. De hecho, Ana López, subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, ha subrayado la gravedad de la situación al recordar que el alcohol y las drogas “matan”.

Durante su comparecencia, la dirigente ha explicado que, según los últimos datos consolidados, en el año anterior 2.048 personas resultaron víctimas como consecuencia directa del uso de estas sustancias. “Lo que tenemos claro es lo que hay que decirle a la ciudadanía es lo que le conviene, lo que hay que hacer cuando se coge el volante, que no es otra cosa que cero alcohol y cero drogas”, ha afirmado la subdelegada.

7.000 pruebas y la tasa 0,0 como “única segura”

La subdelegada ha hecho un especial hincapié en el riesgo que suponen los recorridos cortos durante las fiestas estivales. Ana López ha explicado que el consumo de estas sustancias disminuye drásticamente la concentración y el tiempo de reacción del conductor, lo que incrementa de forma exponencial la probabilidad de sufrir un accidente. Asimismo, ha recordado que el año pasado se realizaron más de 7.000 pruebas en este tipo de controles, detectando una persistencia mayor de positivos en drogas debido a que estas permanecen más tiempo en el organismo.

Por su parte, Piedad Sánchez, jefa provincial de Tráfico, ha detallado que la vigilancia se intensificará en todo tipo de vías, incluyendo autovías y carreteras convencionales, a cualquier hora del día y de la noche. Sánchez ha recalcado que “la única tasa segura es el 0,0”, ya que es la única que garantiza una conducción realmente recomendable. Los datos de la provincia de Córdoba sitúan la tasa de positivos entre el 1,5% y el 2%, cifras que se mantienen en línea con la media nacional y andaluza.

Asimismo, la dirigente de Tráfico ha analizado el perfil de los conductores frente a este problema, señalando una tendencia generacional. Mientras que los jóvenes están más concienciados e interiorizan hábitos como el del “conductor designado” que da cero al volante, el grupo de mayores de 40 años presenta mayor resistencia a desvincular el ocio de la conducción. Sánchez ha recordado que el incremento de desplazamientos hacia segundas residencias y fiestas patronales durante el verano hace que sea vital no conducir bajo los efectos de ninguna sustancia.

La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a tres personas, de entre 21 y 32 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda en construcción de la misma localidad.

La investigación se inició tras la denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Puente Genil por el propietario de la vivienda afectada, quien comunicó la sustracción de diverso material de construcción.

Una vez realizada la inspección técnico ocular por los agentes enviados al lugar de los hechos, el área de investigación del Puesto de la Guardia Civil de Puente Genil se hizo cargo de continuar con las indagaciones que permitiesen el esclarecimiento de los hechos.

El avance de la investigación permitió, a la Guardia Civil, obtener pruebas suficientes de la participación en los hechos denunciados de tres individuos, logrando su identificación y posterior detención.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que parte del material sustraído, había sido utilizado para revestir el acceso a la vivienda de uno de los detenidos, extremo que reforzó los demás indicios obtenidos por los agentes.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e identificado a otros seis integrantes de un grupo criminal especializado en la comisión de hurtos mediante el 'método de la siembra', además se le imputan numerosos delitos de estafa utilizando las tarjetas bancarias sustraídas.

Se les atribuye un total de 30 hechos delictivos cometidos en las provincias de Asturias, Burgos, Cantabria, Córdoba, Cádiz, Jaén, Madrid, Murcia, Toledo y Zaragoza. De las que habrían obtenido un beneficio superior a 20.000 euros.

La 'operación Tottus' se inició tras la denuncia de dos hurtos cometidos durante los pasados meses de noviembre y diciembre en un supermercado de Bargas (Toledo). Las similitudes de los hechos denunciados, hizo barajarse la hipótesis de haberse llevado a cabo por un grupo criminal estructurado.

El grupo criminal seleccionaba a la víctima en el aparcamiento de un establecimiento comercial. Una vez elegida, uno de los integrantes del grupo se aproxima a ella en un vehículo solicitando indicaciones sobre direcciones ficticias o algún lugar de interés, para distraer su atención. Mientras la víctima mantiene la conversación, otro miembro del grupo aprovecha para sustraer el bolso o los efectos personales del interior del vehículo. Para coordinar la actuación, los autores utilizaban dispositivos tipo “pinganillo”.

Tras cometer los hurtos, y antes de que las víctimas fueran conscientes de lo sucedido y pudieran bloquear las tarjetas bancarias, los autores se desplazaban a cajeros automáticos y retiraban dinero en efectivo.

La investigación permitió determinar que se trataba de un grupo criminal muy activo, con una estructura abierta y flexible. Aunque existía un núcleo estable de integrantes, otros miembros se incorporaban o eran sustituidos en función de las necesidades operativas y de los desplazamientos previstos, manteniendo en todo momento el mismo modus operandi.

Para sus desplazamientos, el grupo utilizaba vehículos de alquiler contratados mediante documentación falsa o identidades suplantadas para dificultar su identificación.

Como resultado de la investigación, se han identificado a nueve integrantes de la organización, todos ellos con antecedentes policiales por hechos similares.

Finalmente, tres de ellos fueron detenidos en los distritos de Vallecas y Carabanchel, en Madrid. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, hurto, estafa y falsedad documental.