El PSOE de Córdoba capital volverá a primarias. Ya ocurrió hace cuatro años. En el otoño del 2022, los militantes socialistas en la ciudad acudieron a elegir a la persona que iba a liderar la candidatura a la Alcaldía de la primavera siguiente. Entonces, ganó Antonio Hurtado frente a Carmen Campos. Ahora, la historia se repetirá, probablemente, y es probable que con más candidatos. Tanto la actual parlamentaria andaluza Victoria Fernández (que ya fue presidenta de Vimcorsa y concejala del Ayuntamiento, además de directora general en la Junta) como José Antonio Romero (concejal y diputado provincial) presentarán su precandidatura. Y no se descarta una tercera.

El calendario establecido por el partido contempla que la presentación de precandidaturas se realice entre el 4 y el 7 de septiembre. Si finalmente se presentan varios aspirantes se abrirá un periodo de recogida de avales, que se desarrollará entre el 9 y el 16 de septiembre.

Los aspirantes necesitarán reunir al menos el 15% de los avales de la militancia y de la afiliación directa de su ámbito municipal para poder continuar en el proceso. Una vez validadas las candidaturas, el periodo de información y campaña se prolongará del 17 al 25 de septiembre y la primera votación tendrá lugar el día 26.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos válidos, se celebrará una segunda vuelta el 3 de octubre, precedida de un nuevo periodo de campaña entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Si únicamente un aspirante consigue los avales necesarios, será proclamado candidato sin necesidad de celebrar la votación.

En 2022 el plazo fue mucho más largo y la votación de las primarias se celebró en diciembre. El candidato que ganó, Antonio Hurtado, apenas tuvo cinco meses para hacer precampaña. Ahora, los socialistas aspiran a que en octubre ya esté todo decidido.

El PSOE de Córdoba capital tiene un censo aproximado de 1.000 militantes (aunque se estima que la cifra pueda ser algo más baja), que serán los que tendrán derecho a voto para elegir a la persona que se enfrente a José María Bellido en mayo de 2027 en un intento de recuperar la Alcaldía. Las elecciones primarias se celebrarían en las ocho agrupaciones locales que el PSOE tiene en la ciudad. Antes, en esas agrupaciones los precandidatos tendrían que buscar sus avales.

Y es precisamente en esa búsqueda de avales donde se verá el apoyo del que puede gozar cada candidato. Y también saber si finalmente habrá una tercera (o cuarta) persona en las primarias. Se ha especulado con la figura de otro concejal socialista, Ángel Ortiz, con más posibilidades que el de la actual subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla (que goza de apoyo orgánico en clave provincial) o de la senadora María de los Ángeles Luna, que también fue concejala en el pasado y presidenta de Aucorsa.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha ofrecido al alcalde, José María Bellido (PP), un “gran pacto para impulsar el modelo de 'Córdoba Ciudad Oasis'”, una estrategia integral de transformación urbana que tendría como objetivo “rebajar hasta en tres grados las temperaturas medias de la ciudad y hacer frente a las cada vez más frecuentes e intensas olas de calor”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Hurtado ha reclamado al alcalde que abandone el “inmovilismo” que, a juicio de los socialistas, mantiene el Gobierno municipal ante una realidad climática que afecta directamente a la calidad de vida de la ciudadanía cordobesa.

“Córdoba no puede seguir afrontando cada verano las altas temperaturas sin que el Ayuntamiento adopte medidas ambiciosas para transformar la ciudad”, que necesita prepararse “para convivir con esta nueva realidad climática”, por lo que hay que convertir Córdoba en una ciudad más fresca, verde, habitable y saludable“, ha defendido.

El Grupo Municipal Socialista propone alcanzar un pacto de ciudad que permita desarrollar progresivamente el modelo de 'Córdoba Ciudad Oasis', con actuaciones dirigidas a incrementar sustancialmente las zonas verdes y la masa arbórea, generar espacios de sombra y agua y reducir el efecto de isla de calor en los diferentes barrios de la capital.

Antonio Hurtado ha lamentado que Córdoba haya vivido “otro duro verano sin que el alcalde haya puesto en marcha nuevas actuaciones de calado para proteger a la población de las altas temperaturas”. “Pasa un verano más y Bellido sigue sin reaccionar. No hay un toldo nuevo en la ciudad, cuando siguen pendientes actuaciones necesarias como las del viaducto de la carretera de Palma del Río o el puente de San Rafael”, ha afeado.

El portavoz socialista también ha lamentado “la falta de nuevas piscinas públicas, manteniéndose cerrada la del camping municipal y sin que se haya hecho realidad la piscina prevista en el entorno del Pabellón de la Juventud”.

A ello se suma, según Hurtado, la “insuficiencia” de los actuales refugios climáticos. “Solo hay ocho espacios, con horarios de oficina y cerrados durante los fines de semana, precisamente cuando muchas personas necesitan lugares acondicionados en los que refugiarse del calor”, ha manifestado.

El dirigente socialista ha criticado también que los parques infantiles de la ciudad continúan, “en su mayoría, sin suficientes zonas de sombra” y que Córdoba carece de “rutas de sombra que permitan desplazarse con mayor seguridad y comodidad hasta los edificios e instalaciones públicas más concurridos”.

“Ninguna medida para llevar aparatos de aire acondicionado o ventiladores a los hogares de las familias con menos recursos, muchas de las cuales tampoco tienen la posibilidad de abandonar la ciudad durante las vacaciones. Ningún avance significativo para proteger a quienes más sufren las consecuencias del calor”, ha añadido.

Hurtado ha extendido sus críticas a la política municipal de arbolado y zonas verdes. “No hay un árbol más mientras sigue teniendo miles de tocones y alcorques vacíos y un anillo verde con una masa arbórea claramente insuficiente. Tampoco se han incorporado nuevas áreas de agua y siguen siendo escasas las fuentes y otros elementos capaces de refrescar el espacio urbano”, ha expuesto.

En definitiva, ha resumido, se trata de “un inmovilismo total del Gobierno de Bellido y un verano más sin una reacción a la altura del malestar y el sufrimiento que padecen muchas personas durante las olas de calor”, ha concluido.

El pacto que plantea el PSOE para desarrollar el modelo de 'Córdoba Ciudad Oasis' incluye un conjunto de actuaciones destinadas a transformar progresivamente el espacio urbano y reducir las temperaturas medias de la ciudad. Entre ellas, los socialistas plantean aumentar de forma sustancial la masa arbórea, haciendo realidad el plan de reforestación presentado por Ecologistas en Acción y desarrollando el Plan Director de Gestión del Arbolado y de las Zonas Verdes.

La propuesta contempla igualmente la instalación de toldos en plazas, calles y espacios especialmente concurridos, así como la creación de zonas de sombra en todos los parques infantiles.

Para Hurtado, hay que “convertir la sombra en una infraestructura fundamental de la ciudad, igual que lo son las calles, el alumbrado o las zonas verdes. En una ciudad como Córdoba, protegerse del calor no puede ser un privilegio, sino una necesidad que debe ser atendida desde las políticas públicas”.

El proyecto socialista también apuesta por garantizar la existencia de piscinas públicas en todos los distritos de la ciudad, diseñar rutas de sombra para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía y de los visitantes y multiplicar los elementos de agua y las fuentes públicas.

Asimismo, el PSOE plantea reforzar el baldeo de las calles para contribuir a refrescar el ambiente y mantener la ciudad en mejores condiciones de limpieza.

Playa urbana

Además, Hurtado ha trasladado a Bellido una nueva propuesta para “estudiar las posibilidades de crear una playa urbana en el Guadalquivir a su paso por Córdoba”. Para ello, el portavoz ha planteado que el Ayuntamiento alcance “un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para realizar un estudio que determine la viabilidad del proyecto, el lugar más adecuado para su posible implantación y las condiciones ambientales, técnicas y de seguridad necesarias”.

“Córdoba debe volver a mirar hacia su río y explorar todas las posibilidades que ofrece. Una playa urbana, siempre que los estudios determinen su viabilidad y se garantice el respeto al medio ambiente, podría convertirse en un importante espacio de ocio y disfrute para la ciudadanía y contribuir a la transformación de la relación con el Guadalquivir”, ha señalado.

Hurtado ha insistido en que la lucha contra las altas temperaturas debe convertirse en “una prioridad compartida por toda la ciudad” y ha tendido la mano al Gobierno municipal para alcanzar un acuerdo sobre las medidas necesarias.

Así, ofrecen a Bellido “un pacto por 'Córdoba Ciudad Oasis'. No se trata de una cuestión ideológica, sino de dar respuesta a uno de los principales problemas que tiene nuestra ciudad y que afecta directamente a la vida cotidiana de miles de cordobeses y cordobesas”, ha afirmado.

El socialista ha defendido que la aplicación de estas medidas permitiría avanzar hacia una ciudad capaz de reducir sus temperaturas medias, con el objetivo de alcanzar una rebaja de hasta tres grados mediante la ampliación de la infraestructura verde, las zonas de sombra y los espacios de agua.

Un nuevo curso político

Por último, Antonio Hurtado ha enmarcado esta propuesta en el inicio del nuevo curso político, que desembocará en las elecciones municipales de mayo de 2027. “Serán unas elecciones que permitirán decidir qué modelo de ciudad queremos para el futuro. Córdoba necesita abrir una nueva etapa y contar con un Gobierno progresista que tenga ilusión, compromiso y capacidad de gestión para afrontar los grandes retos que tenemos por delante”, ha manifestado.

Hurtado ha contrapuesto la propuesta socialista al “inmovilismo” que atribuye al actual Gobierno municipal y ha defendido la necesidad de impulsar una transformación profunda de la ciudad.

“Córdoba necesita más ambición, más compromiso y más capacidad de gestión. Necesita un proyecto que haga de nuestra ciudad un lugar más verde, más fresco, más habitable y preparado para afrontar los desafíos del presente y del futuro”, ha rematado el socialista para defender que “las elecciones municipales de 2027 deben servir para iniciar una nueva etapa en Córdoba con un Gobierno progresista y con un alcalde socialista que ponga en marcha las transformaciones que la ciudad necesita”.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido a José María Bellido (PP), como presidente de la Federanción Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, que requiera al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, “la regulación del precio de los alquileres de pisos a estudiantes y de los alquileres de habitaciones en pisos compartidos que utilizan principalmente estudiantes, jóvenes que empiezan a trabajar y personas que no tienen más remedio que acudir al alquiler de habitaciones por no poder pagar el alquiler de una vivienda”.

Según informa el PSOE en una nota, Hurtado pide “poner freno” a la subida de los alquileres de pisos a estudiantes, a pocas semanas del inicio del curso universitario y a los precios de los alquileres de las habitaciones en pisos compartidos que están alcanzando “precios prohibitivos para muchas familias”.

Para el socialista, es necesario aplicar en Andalucía los precios máximos de referencia para alquileres en zonas tensionadas, y que sean precios máximos también para los pisos que alquilan los estudiantes.

“También hay que regular --según Hurtado--, como se ha hecho en Cataluña, el precio del alquiler de las habitaciones en piso compartido y no se utilice la división de la vivienda para multiplicar su precio de alquiler”.

“Según el último informe de Idealista sobre alquileres de habitaciones en pisos compartidos correspondiente al primer trimestre de este año, en Córdoba ha aumentado un 29% interanual la oferta de habitaciones en pisos compartidos, a la vez que ha aumentado el precio en un 8%, cuatro veces más que la media española en el último año”, ha señalado el socialista.

En Córdoba, según este estudio, “el alquiler se ha situado en 300 euros por habitación y mes, mientras que la demanda ha bajado un 15%”, ha añadido Hurtado.

Para el portavoz socialista, el déficit de viviendas de alquiler y el desajuste entre la demanda y la escasa oferta está “provocando la subida de los precios, tanto en el arrendamiento tradicional como en el alquiler de habitaciones en pisos compartidos, destinados mayoritariamente a los estudiantes universitarios y a jóvenes que empiezan a trabajar”.

“Quienes más están sufriendo las subidas en los precios del alquiler son las familias con hijos universitarios que, o comparten piso con otros estudiantes o alquilan una habitación en piso compartido, alcanzando precios prohibitivos y que vuelve a dificultar el acceso a los estudios universitarios a los hijos de familias humildes, lo que crea de nuevo una injusta desigualdad que se creía haber abandonado décadas atrás”, ha concluido Antonio Hurtado.

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha alertado del “rápido deterioro” que presenta la señalización horizontal en algunas de las calles recientemente asfaltadas dentro del Plan de Asfalto 2025-2027 y ha exigido al Gobierno municipal que “supervise la calidad de los trabajos y haga cumplir las garantías establecidas en el contrato”.

Según informa el PSOE en una nota, Moya ha puesto como ejemplos la calle Escritor Cárdenas Angulo y la avenida de Libia, correspondientes a cada uno de los dos lotes en los que se divide el contrato, y ha advertido de que “el problema no es únicamente estético ni supone solamente un despilfarro de dinero público”.

Así, ha advertido de que son “calles en las que se acaba de realizar una inversión importante y en las que la pintura de la calzada se está deteriorando rápidamente”, hasta el punto de que “por la noche apenas resulta visible en algunos tramos”, lo que “afecta directamente a la seguridad de quienes circulan por ellas”.

Al respecto ha asegurado que no se puede “asumir como normal que una calle recién asfaltada y pintada pierda en poco tiempo la visibilidad de su señalización horizontal. Las líneas, pasos de peatones y demás marcas sobre la calzada cumplen una función de seguridad y orientación para los conductores, especialmente durante la noche o en condiciones de menor visibilidad”, ha explicado la edil.

El PSOE ha remarcado que “los dos lotes del contrato fueron adjudicados por un importe conjunto de 7.185.273,52 euros, IVA incluido, por lo que”, a juicio de Moya, es “una inversión de más de siete millones de euros de los cordobeses que tiene que traducirse en obras de calidad y que cumplan su función durante el tiempo previsto. Y el Gobierno municipal está obligado a vigilar y rentabilizar el dinero de los contribuyentes”.

El propio pliego, ha añadido, “establece un periodo de garantía mínimo de dos años para las marcas viales y contempla controles periódicos durante ese periodo para comprobar que la señalización mantiene las condiciones exigidas. Además, las marcas que no cumplan las condiciones establecidas deben ser rechazadas y repintadas por el contratista a su costa”.

“El Ayuntamiento no puede limitarse a pagar las obras y dar por terminado el trabajo. Tiene que vigilar que aquello que está pagando se ejecuta correctamente y, cuando no sea así, exigir a la empresa que responda, especialmente cuando existe una garantía que precisamente está para estos casos”, ha reclamado Moya.

La concejala socialista ha indicado, además, que “la empresa adjudicataria mejoró su oferta para hacerse con los dos lotes, comprometiéndose, entre otras cuestiones, a ampliar el periodo de garantía y a incrementar los gastos destinados a ensayos. Si esas mejoras fueron parte de la oferta con la que la empresa consiguió el contrato, el Ayuntamiento tiene que exigir que se cumplan y no permitir que se queden únicamente sobre el papel”.

A esta situación se suma, según ha lamentado la concejala, el estado en el que han quedado algunas vías colindantes a las zonas en las que se han ejecutado las obras, “que han sufrido desperfectos y que, pese al tiempo transcurrido, continúan sin ser reparadas”.

La empresa, ha agregado, también incluyó entre sus mejoras el compromiso de repintar la señalización horizontal que resultara manchada por la ejecución de las obras en las vías anexas, pero no se está cumpliendo en las obras realizadas“.

Para Moya, “no tiene sentido que el Ayuntamiento vuelva a gastar dinero público para corregir dentro de unos meses unos trabajos que acaba de pagar. Y tampoco tiene sentido que, cuando la empresa ha asumido compromisos y mejoras para conseguir un contrato de más de siete millones de euros, el Gobierno municipal no sea capaz de exigir que se cumplan”, ha añadido.

La socialista ha reclamado al Gobierno del PP que “revise el estado de la señalización horizontal de las calles ya ejecutadas, compruebe que cumple las condiciones establecidas y haga uso de las garantías del contrato cuando sea necesario”, además de exigir “la reparación de los desperfectos ocasionados por las obras en las vías afectadas”.

Tal y como ha apostillado Moya, no solo se trata “de que una línea esté más o menos blanca”, sino que es “seguridad vial, de dinero público y de la obligación de un Ayuntamiento de controlar que los contratos que paga con el dinero de todos se cumplen. Si una señalización que debería garantizar la seguridad apenas se ve por la noche, el Gobierno municipal tiene que actuar, y tiene que hacerlo ahora, antes de que el problema se agrave o pueda tener consecuencias para quienes circulan por nuestras calles”, ha concluido.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha acusado este domingo al gobierno local que dirige José María Bellido (PP) de mantener “deliberadamente arrinconada” y “paralizada” la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento, el órgano encargado de analizar las quejas de los vecinos y evaluar cómo están respondiendo los servicios municipales.

De esta manera, la viceportavoz socialista, Mamen González, ha denunciado en una nota que la última reunión de la Comisión se celebró el 3 de abril de 2025, hace ya casi año y medio, y ha considerado “muy revelador” que el gobierno municipal “no encuentre nunca el momento de sentarse a hablar de lo que los cordobeses dicen que funciona mal”. “Bellido tiene tiempo para propaganda, anuncios y fotografías, pero no para convocar la comisión en la que hay que hablar de las quejas de los vecinos y de los servicios municipales que no funcionan”, ha señalado González.

La edil socialista ha recordado además que el PSOE ya intentó en aquella última sesión que la Comisión se reuniera con mayor frecuencia. González propuso una periodicidad semestral, mientras que PP y Vox “impusieron con sus votos mantenerla con carácter anual”. “Nos dijeron que una vez al año era suficiente. Ni siquiera están cumpliendo eso. El problema ya no es que Bellido quiera poca fiscalización, es que parece que no quiere ninguna”, ha denunciado la viceportavoz socialista.

Para González, esta situación resulta “especialmente grave” porque aquella reunión dejó “constancia de importantes problemas en la respuesta municipal a las reclamaciones de los ciudadanos, con quejas que permanecían sin contestar porque los servicios municipales no respondían, y con la necesidad reconocida de mejorar los mecanismos para garantizar una respuesta a los vecinos”.

“Si tienes una atención ciudadana tensionada, vecinos esperando respuestas y servicios que acumulan reclamaciones, lo último que puede hacer un gobierno responsable es apagar la comisión que tiene que controlar precisamente todo eso”, ha afirmado González antes de apostillar que “ése es el modelo Bellido: cuando aparece un problema, antes que solucionarlo, procura que se hable de él lo menos posible”.

La concejala ha subrayado que la Comisión “no está para cubrir un expediente ni para recibir una estadística una vez al año”, sino para “detectar dónde se concentran los problemas, analizar las respuestas municipales y exigir soluciones”. Una posición que el PSOE ya defendió en abril de 2025, cuando González advirtió de que limitar la actividad de este órgano a una reunión anual “distorsiona completamente” sus funciones, ha agregado. “Las quejas de los cordobeses no son una molestia que haya que guardar en un cajón. Son una herramienta para saber dónde está fallando el Ayuntamiento”, ha defendido González, quien ha remarcado que ya entonces denunció que demasiados ciudadanos se encontraban “con el silencio como respuesta por parte del Ayuntamiento”, y advirtió de que “no se les puede ignorar”.

El PSOE considera que detrás de esta falta de convocatoria existe también “un problema de concepción democrática”. “Bellido confunde demasiado a menudo tener mayoría absoluta con no tener que rendir cuentas. Una comisión que analiza reclamaciones, retrasos y deficiencias puede resultar incómoda para un gobierno instalado en la autocomplacencia, pero precisamente para eso existen los órganos de control”, ha señalado González.

Así las cosas, la concejala socialista ha exigido al alcalde que convoque “de inmediato” la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y explique “por qué lleva tantos meses paralizada”. “Los cordobeses tienen derecho a que su Ayuntamiento los escuche, les responda y corrija aquello que no funciona. Y si Bellido no quiere escuchar las quejas, el PSOE se va a encargar de que se escuchen todavía más alto”, ha concluido advirtiendo la representante socialista.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este viernes que la empresa municipal de la vivienda de Córdoba, Vimcorsa, “lleva tres años sin construir viviendas”, de modo que “las más de 8.000 familias registradas como demandantes no tienen expectativas de conseguir viviendas en el mercado a precio asequible a corto y medio plazo”.

Por eso, según ha informado el PSOE en una nota, Hurtado ha pedido al gobierno municipal del PP, que encabeza el alcalde, José María Bellido, “que se implique en la producción de 5.500 VPO en los próximos cinco años, objetivo que aliviaría el déficit de viviendas a precio asequible en la ciudad”.

En concreto, plantea que se fije “un mínimo del 75% de VPO en los nuevos desarrollos residenciales, con vistas a que, tanto la iniciativa pública, como la privada, contribuyan a conseguir poner en el mercado las 5.500 VPO propuestas”.

Hurtado ha argumentado que, “si consideramos la vivienda como un derecho en el que se deben implicar todas las administraciones públicas, el porcentaje de VPO en los desarrollos urbanísticos podría llegar a ser de hasta del 100%”.

En este sentido, Hurtado ha cifrado en 5.500 las VPO necesarias en Córdoba en los próximos cinco años, “teniendo en cuenta distintos factores que son determinantes para cuantificar la necesidad residencial protegida. Así, la necesidad residencial protegida en la ciudad de Córdoba se calcularía sumando los datos del registro de demandantes depurado y la demanda oculta no registrada”.

El primer factor, según ha señalado Hurtado, “es el del registro de demandantes depurado por la renta ponderada, lo que lleva a cuantificar los demandantes reales en 3.800 hogares de los 4.370 registradas para compra. El segundo factor sería el de la demanda oculta. En Córdoba son unos 1.200 los jóvenes entre 18 y 35 años que quieren emanciparse, pero que no disponen de renta suficiente para viviendas libres, a los que habría que sumar la necesidad de cambio de 500 viviendas por inadecuación, por pisos sin ascensor o de tamaño insuficiente en barrios consolidados como Ciudad Jardín, Sector Sur o casco histórico”.

Por tanto, el portavoz socialista ha pedido “multiplicar la producción de viviendas de VPO en un mayor porcentaje y que sea una de las principales líneas para abordar la necesidad de vivienda que tienen decenas de miles de familias en la capital cordobesa”.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado la protección pública y la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de los cines de verano de Córdoba tras el cierre de tres de los cuatro recintos de la ciudad durante este periodo estival.

“Los cines de verano de Córdoba no son solo unas salas de cine. Son patrimonio, cultura, memoria y una forma única de vivir las noches de esta ciudad. Y no podemos resignarnos a perderlos”, ha señalado este jueves en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

En este sentido, ha asegurado que el partido ha registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa para que la Junta inicie su declaración como BIC. “La Junta de Andalucía sigue hablando de estudiar posibilidades cuando lo que Córdoba necesita son decisiones”, ha aseverado.

“Moreno Bonilla tiene que dejar de mirar hacia otro lado. Hay patrimonio que, cuando se pierde, no vuelve. Queremos los cuatro cines protegidos, abiertos y con sus pantallas nuevamente encendidas”, ha concluido.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha exigido este jueves al gobierno municipal del PP “que revise y corrija el proyecto previsto para el Parque de Poniente-Miralbaida antes de su ejecución, con el objetivo de triplicar la masa arbórea prevista inicialmente, para que este nuevo espacio verde responda realmente a las necesidades ambientales de la ciudad, y contribuya a combatir las altas temperaturas y el efecto isla de calor”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Dobladez ha puesto el foco en “la escasa presencia de arbolado prevista en el proyecto, que contempla únicamente 763 árboles para una superficie aproximada de nueve hectáreas. Esto supone una densidad de apenas 85 árboles por hectárea”, una cifra que, a juicio del edil socialista, “resulta claramente insuficiente para que el parque pueda ofrecer sombra, refugio climático y unas condiciones ambientales adecuadas”.

En el PSOE, según ha señalado, comparten “la necesidad de contar con más espacios verdes, pero es que estamos pasando de parques densos, con sombra real y capacidad de refugio climático, a espacios excesivamente abiertos, con arbolado insuficiente y sin protección frente a las altas temperaturas”.

El concejal socialista ha advertido, además, que esta situación “no responde únicamente a que los árboles sean jóvenes y necesiten tiempo para crecer, sino a una decisión de planificación que determina desde el principio un número insuficiente de ejemplares”.

“Se ha extendido la idea de que el problema se solucionará cuando los árboles crezcan, pero el problema no es solo que sean jóvenes, es que hay menos árboles desde el inicio y eso, en una ciudad como Córdoba, es un error de planificación urbana”, ha subrayado.

En este sentido, Dobladez ha comparado la densidad de arbolado prevista para el Parque de Poniente-Miralbaida con otros espacios verdes de la ciudad. Así, “mientras el histórico Parque Cruz Conde presenta una densidad de árboles por hectárea muy superior, en el Parque del Flamenco se sitúa en torno a los 70 árboles por hectárea y en el Parque del Canal baja aproximadamente hasta los 50. Por su parte, el Parque de Levante, más consolidado, se mueve en una horquilla de entre 80 y 150 árboles por hectárea”.

Frente a esta evolución, el PSOE considera que un parque de estas características “debería alcanzar, como mínimo, los 250 árboles por hectárea, lo que supondría multiplicar prácticamente por tres los 763 ejemplares actualmente contemplados en el proyecto”.

Dobladez ha señalado también otra carencia del proyecto, “la ausencia de estanques, láminas de agua o elementos similares que puedan contribuir a mejorar el comportamiento climático del espacio, además de favorecer la biodiversidad y elevar su calidad ambiental”.

“Un parque de nueve hectáreas debe diseñarse pensando en las condiciones climáticas que tenemos y en las que tendremos en los próximos años. No tiene sentido desaprovechar una oportunidad como ésta y renunciar a incorporar elementos que ayuden a generar un entorno más fresco, habitable y biodiverso”, ha indicado.

Por ello, el PSOE reclama al Gobierno municipal que revise el proyecto antes de su ejecución, “incremente de manera sustancial el número de árboles e incorpore zonas de agua y otros elementos de adaptación climática”.

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada nacional por esta provincia, Rafi Crespín, ha valorado este jueves “la decisión del Gobierno de España de duplicar hasta los 80 millones de euros las ayudas destinadas a entidades locales para impulsar proyectos contra la despoblación”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha asegurado que esta medida contrasta con “la inacción de las administraciones del PP”, como la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, a cuyo frente se sitúan Juanma Moreno, Salvador Fuentes y José María Bellido, respectivamente, y a quienes ha acusado de “restar importancia al reto demográfico” y de “mirar hacia otro lado”.

Para Crespín, la nueva convocatoria, que se desarrollará entre el presente 2026 y 2029 y que permitirá a ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales “poner en marcha iniciativas para transformar y dinamizar los territorios afectados por el reto demográfico, llega ahora como agua de mayo para la provincia de Córdoba, que lidera el ránking nacional de provincias que pierden población”.

Crespín ha contrapuesto este “compromiso” del Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez c“on la actitud del Gobierno de Moreno”, al que ha acusado de “inhibirse ante el problema demográfico de Córdoba y mirar hacia otro lado mientras nuestros pueblos pierden población y oportunidades”.

Así, mientras el Gobierno de España “pone recursos sobre la mesa y dota a los ayuntamientos de herramientas para actuar, tenemos una Junta de Andalucía que no está dando la respuesta que necesita una provincia que afronta un problema demográfico de enorme gravedad”, ha señalado.

La dirigente socialista ha recordado que “Córdoba contaba con 772.913 habitantes a 1 de julio de 2026, 983 menos que tres meses antes y 1.396 menos que al comienzo del año. Estamos ante una realidad que no admite discursos complacientes”, de modo que Córdoba “necesita una estrategia de población, empleo, servicios públicos y oportunidades, y necesita que todas las administraciones arrimen el hombro”.

La secretaria general del PSOE cordobés ha destacado que la convocatoria aprobada por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “duplica la cuantía de la anterior convocatoria, hasta alcanzar un máximo de 80 millones de euros”, para proyectos que “deberán desarrollarse entre 2026 y 2029 y que se concederán en régimen de concurrencia competitiva”.

“Son 80 millones para que los ayuntamientos puedan hacer frente al reto demográfico con proyectos concretos, para generar actividad económica, crear oportunidades y conseguir que vivir en un pueblo no suponga tener menos derechos ni menos posibilidades”, ha afirmado Crespín.

La dirigente socialista ha resaltado que las ayudas “permitirán financiar ecosistemas de innovación territorial y proyectos tractores capaces de reactivar la actividad socioeconómica y generar nuevas oportunidades en los territorios afectados por la despoblación”.

Además, las entidades locales “podrán impulsar actuaciones vinculadas a la adaptación al cambio climático, la gestión forestal sostenible, la actividad primaria en el medio rural y la recuperación de zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales”.

Todo ello, a juicio de Crespín, “es política útil”, ya que se trata de “poner financiación a disposición de quienes conocen de primera mano las necesidades de sus municipios y permitir que desarrollen proyectos innovadores capaces de generar actividad, diversificar las economías locales y fijar población”.

Crespín ha destacado también que “desde 2022 el Gobierno de España ya ha financiado más de 700 proyectos de innovación territorial de entidades locales, dentro de una política que busca combinar innovación, actividad económica, servicios y oportunidades en los territorios con especiales dificultades demográficas.

Para la secretaria general del PSOE de Córdoba, la lucha contra la despoblación “no puede descansar únicamente en las iniciativas municipales o en los recursos estatales, sino que requiere una implicación decidida de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Córdoba”.

“Moreno --ha proseguido-- tiene que entender que la despoblación no se combate con declaraciones ni con fotografías. Se combate manteniendo abiertos los colegios y los centros de salud, garantizando la dependencia, mejorando las comunicaciones, facilitando vivienda, apoyando a quienes quieren emprender y generando empleo”.

Crespín ha reclamado al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y al alcalde de Córdoba, José María Bellido, “que aprovechen las oportunidades que ofrece esta convocatoria y presenten proyectos ambiciosos que permitan captar estos recursos para la provincia”.

A su juicio, “los 80 millones del Gobierno de España son una oportunidad y Córdoba no puede quedarse atrás. Bellido y Fuentes tienen que ponerse a trabajar ya con los municipios, especialmente con aquellos que presentan mayores dificultades demográficas, para diseñar proyectos capaces de atraer financiación, actividad y población”, ha reclamado.

“Estrategia integral” en Córdoba

Crespín ha insistido en que el PSOE de Córdoba viene planteando “una estrategia integral frente a la despoblación basada en diez ejes de actuación, que abarcan desde la sostenibilidad y la innovación digital hasta el emprendimiento, el bienestar social, los servicios públicos, la cultura y las reformas institucionales”.

Entre las prioridades socialistas se encuentran “mejorar la conectividad y la digitalización, impulsar la ciencia y la innovación, desarrollar un turismo rural vinculado a la identidad de los municipios, favorecer el relevo generacional de empresas, apoyar el emprendimiento y la economía social, reforzar los servicios públicos y garantizar políticas específicas para jóvenes y mujeres”.

“Necesitamos --ha añadido-- una política de Estado para nuestros pueblos, pero también una política autonómica y provincial a la altura del desafío. No podemos pedir a nuestros jóvenes que se queden si no tienen empleo, vivienda, servicios públicos y oportunidades”.

La dirigente socialista ha recordado que Córdoba “acumula más de 30.000 habitantes perdidos en la última década” y que hasta 17 municipios de la provincia se encuentran en “una situación de riesgo extremo de despoblación”, entre ellos Fuente Obejuna, La Granjuela, Valsequillo, Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo o Zuheros.

Por último, Crespín ha asegurado que “Córdoba no está condenada a perder población, pero, para revertir esta tendencia hace falta voluntad política, recursos y coordinación entre administraciones. El Gobierno de España está haciendo su parte y acaba de demostrarlo duplicando hasta los 80 millones estas ayudas. Ahora les toca a Moreno, Bellido y Fuentes dejar de mirar hacia otro lado y actuar”, ha concluido.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha exigido este miércoles al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), que “deje de mentir a los ciudadanos y acometa de manera urgente la rehabilitación de la Torre de la Malmuerta”, después de que el gobierno municipal del PP “haya anunciado ahora una actuación que lleva años siendo reivindicada por el PSOE y por la asociación de vecinos de la zona”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha recordado que las reclamaciones para intervenir en la Torre de la Malmuerta “no son nuevas ni responden a una ocurrencia del PSOE, sino que llevan varios años encima de la mesa, tanto por parte del Grupo Municipal Socialista como de los propios vecinos”.

Romero ha señalado especialmente al que fuera en su momento concejal de Urbanismo y ahora presidente de la Diputación cordobesa, Salvador Fuentes (PP), quien “había reconocido públicamente que las reivindicaciones de los socialistas y de los vecinos estaban justificadas y que existían problemas que requerían una actuación”. De hecho, Fuentes “llegó a reconocer que había un informe técnico que advertía de la necesidad de intervenir de manera urgente y aseguró que se iba a actuar mediante un contrato menor”.

Por eso, Romero se ha preguntado ahora “¿cómo es posible que hace unos años el gobierno del señor Bellido reconociera que había que actuar urgentemente y ahora el señor Torrico (actual edil de Urbanismo) diga que no existe ningún informe que establezca esa urgencia?”.

El concejal socialista ha considerado que “esta contradicción demuestra la absoluta falta de coordinación y planificación del gobierno de Bellido”, pues, “dependiendo del concejal de turno, el Partido Popular dice una cosa o dice la contraria. Cuando el PSOE y los vecinos denunciamos el deterioro de la Torre, nos dan la razón y reconocen que hay que actuar. Cuando pasan los años y seguimos reclamando que cumplan, cambian el discurso y ahora resulta que no hay ningún problema urgente”.

Romero ha insistido en que el PSOE ya señaló en 2022 que “no había ni rastro de las actuaciones urgentes comprometidas por el gobierno municipal, después de que se anunciara una intervención por unos 40.000 euros”, y en 2023 volvió a “reclamar el cumplimiento del compromiso adquirido por el gobierno de Bellido”.

“Estamos hablando, por tanto, de una actuación que el Partido Popular prometió, anunció, reconoció como necesaria y no ejecutó, y ahora, cuando nos encontramos de nuevo en la recta final del mandato, vuelven a anunciar que van a rehabilitar la Torre”, ha lamentado Romero.

Por ello, ha exigido al gobierno municipal del PP “que haga público el informe técnico en el que basa su posición actual, que explique por qué no se cumplieron los compromisos anunciados anteriormente, y que concrete, de una vez por todas, el proyecto, el presupuesto, el procedimiento de contratación y el calendario de ejecución de las obras”, porque, “desde 2010 está hecho el informe sobre necesidades de actuación y en 2026 se continúa elaborando un proyecto por parte de la Gerencia de Urbanismo”.

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado al alcalde de la capital, José María Bellido (PP), que actúe con “diligencia, previsión y eficiencia, para garantizar que el servicio de autobuses urbanos de Aucorsa afronte la vuelta del verano y el inicio del curso escolar sin incidencias y con todas las garantías para los usuarios”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Bernal ha advertido que la empresa municipal de Autobuses de Córdoba “está registrando incidencias en el sistema de cobro recientemente implantado dentro de los autobuses, así como problemas relacionados con la recarga de las tarjetas de transporte”, una situación que, a juicio de la edil socialista, “no puede prolongarse precisamente cuando se acerca un periodo de especial demanda del transporte público”.

Por eso, la edil socialista ha instado a Bellido a “que se asegure de que el nuevo sistema de pago, tanto mediante tarjeta bancaria, como mediante tarjeta de transporte, sea realmente ágil, sencillo y fiable, y que no genere problemas a quienes utilizan diariamente el autobús”.

Bernal ha subrayado que “el mes de septiembre supone un momento especialmente sensible para el transporte urbano, ya que con el comienzo del curso escolar miles de estudiantes y familias vuelven a utilizar el autobús como medio habitual para desplazarse hasta los centros educativos”.

En este sentido, Bernal ha considerado “especialmente preocupante que se hayan producido recientemente fallos, tanto en la página web, como en la aplicación móvil de Aucorsa, ya que estos servicios digitales son cada vez más importantes para que los usuarios puedan consultar horarios, gestionar sus tarjetas o planificar sus desplazamientos”.

Bellido, según ha argumentado, “tiene que entender que la digitalización sólo tiene sentido si sirve para mejorar el servicio y facilitar la vida a los usuarios. Si los nuevos sistemas generan más dificultades, problemas de acceso o incertidumbre, estaremos ante una mala implantación y una falta de previsión”.

La edil del PSOE ha reclamado, por ello, al gobierno municipal del PP “que realice las comprobaciones y ajustes necesarios antes del inicio del curso escolar, con el objetivo de evitar que las incidencias se reproduzcan cuando aumente considerablemente el número de viajeros”.

Bernal también ha pedido al alcalde “que culmine de una vez la renovación de la flota de Aucorsa y complete la implantación de los nuevos sistemas digitales”, y ha insistido en que “no basta con anunciar inversiones o poner en marcha nuevas tecnologías”, sino que, además, “hay que garantizar que funcionen correctamente y que ofrezcan un servicio de calidad”.

A juicio de Bernal, “Córdoba necesita un transporte público moderno, accesible, fiable y eficiente. Lo que no puede ocurrir es que los usuarios tengan que enfrentarse a problemas para pagar, recargar sus tarjetas, consultar información o utilizar una aplicación que debería facilitar sus desplazamientos”, ha concluido.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reclamado este martes a la nueva delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Campos, “que aproveche su llegada al cargo para poner fin a años de dejadez, falta de planificación y gestión complaciente y de brazos caídos” de la Administración sanitaria andaluza en la provincia, y “que dé respuesta inmediata a las principales reivindicaciones sanitarias de Córdoba”.

A través de una nota, Crespín ha apelado a la formación de la nueva delegada, licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina del Trabajo, ante “la enorme responsabilidad y la larga lista de deberes pendientes en la provincia que no puede seguir aplazando”.

Por eso, “le damos la bienvenida y le deseamos acierto, pero desde el PSOE vamos a exigirle hechos y no más promesas, porque Córdoba lleva demasiado tiempo esperando soluciones mientras la anterior delegada, María Jesús Botella, ha mantenido una actitud de absoluta complacencia con la gestión de Juanma Moreno, desoyendo las reclamaciones de pacientes, profesionales sanitarios y de alcaldes y alcaldesas de la provincia”.

La dirigente socialista ha situado entre las prioridades la división del Área Sanitaria Sur de Córdoba en dos áreas diferenciadas, recuperando la organización anterior. “No estamos hablando de una reivindicación nueva ni de una ocurrencia del PSOE. Es un compromiso que el propio Gobierno de Moreno asumió en la pasada legislatura y que lleva años incumpliendo”.

En este sentido, Crespín ha recordado que sindicatos y organizaciones profesionales vienen reclamando la creación de un área sanitaria propia para la Campiña Sur al considerar que “permitiría una gestión más cercana, dinámica y adaptada a las necesidades de la población. Si la Junta reconoce que el mapa sanitario andaluz se puede modificar para mejorar la organización de otras zonas, no hay ninguna razón para seguir dando largas a Córdoba”.

La dirigente socialista ha recordado que el Gobierno andaluz del PP “no ha cumplido con su compromiso expresado antes de las elecciones autonómicas de 2022 para dividir el Área de Gestión Sanitaria Sur en dos y reservar el Hospital de Montilla y el Chare de Puente Genil para los usuarios de la Campiña Sur, y de otro lado, que el Hospital de Cabra se centre y cubra las necesidades de los municipios de la Subbética”.

La máxima responsable provincial del PSOE ha recordado que el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba cuenta con más de 265.000 habitantes, dos hospitales -Cabra y Montilla-, el centro de especialidades de Puente Genil, el complejo hospitalario proyectado en Lucena, 12 Zonas Básicas de Salud, 30 centros de salud y numerosos consultorios auxiliares, “lo que la hacen excesivamente amplia, compleja y conflictiva”.

La secretaria general del PSOE cordobés ha reclamado también a la nueva delegada “que desbloquee de una vez la creación de los dos Centros Hospitalarios de Alta Resolución (Chare) comprometidos para Lucena y Priego de Córdoba”, que “no pueden seguir esperando indefinidamente mientras la Junta anuncia compromisos que después no ejecuta. Estos dos centros son necesarios para acercar la asistencia sanitaria a miles de ciudadanos y descongestionar los hospitales de referencia del sur de la provincia”.

Así, para Rafi Crespín, “la política sanitaria de Moreno en Córdoba se ha caracterizado por anunciar proyectos, hacerse fotografías y después dejar pasar los años sin que lleguen las soluciones”.

Crespín ha puesto también el foco en “el deterioro” de la cartera de servicios de los hospitales comarcales y “la pérdida o reducción de especialidades”, una situación que, a su juicio, “está provocando que los pacientes tengan que esperar más y desplazarse más lejos para recibir una atención que antes tenían más cerca”.

Como ejemplo, ha citado la situación del Hospital de Montilla, “donde se acumulan más de 1.500 pacientes pendientes de consulta de Traumatología procedentes de Atención Primaria, a los que se suman alrededor de 200 derivados desde otros servicios del propio hospital”.

“Es absolutamente incomprensible que con más de 1.700 pacientes esperando en Traumatología en el área de Montilla se plantee incluso que una plaza destinada a este hospital termine reforzando el hospital de Cabra”, ha criticado.

La situación, ha añadido, “no se limita a Traumatología. En Neumología hay cerca de 700 pacientes pendientes de consulta, mientras que en Digestivo también son más de 700 los pacientes en espera, según los datos trasladados por el Sindicato Médico de Córdoba”.

“Esto demuestra que la Junta no puede seguir hablando de normalidad cuando hay pacientes esperando durante meses y profesionales reclamando recursos. La nueva delegada tiene que escuchar a los trabajadores y reforzar las plantillas y las especialidades allí donde hacen falta”, ha exigido.

Pacientes de diálisis

Otro de los asuntos que Crespín ha situado como prioritario es el nuevo modelo de transporte sanitario, mediante ambulancias no medicalizadas, para pacientes de hemodiálisis, que comenzará el 1 de septiembre y sustituirá el servicio prestado durante más de tres décadas por profesionales del taxi.

“Los pacientes de diálisis están en ascuas porque, a pocos días del cambio, siguen sin conocer con suficiente detalle cómo va a funcionar el nuevo sistema, qué medios habrá y cuánto tendrán que esperar para ir y volver de sus tratamientos”, ha advertido.

Crespín ha exigido a la Junta que concrete “cuántos pacientes pasarán a depender del transporte sanitario, cuántos desplazamientos adicionales se generarán cada día, cuántas ambulancias se incorporarán, cuántos profesionales habrá y cómo se organizarán las rutas y los tiempos máximos de espera, tal y como vienen reclamando sindicatos como UGT”.

“Estamos hablando de personas especialmente vulnerables que tienen que desplazarse varias veces por semana y que, después de horas de tratamiento, necesitan volver a sus casas en las mejores condiciones posibles. No podemos permitir que un cambio de modelo se traduzca en más esperas, más tiempo de desplazamiento y peor atención”, ha señalado.

Crespín ha recordado que más de 400 pacientes de diálisis de la provincia utilizaban el taxi para sus desplazamientos, mientras que las organizaciones del sector estiman que la medida puede afectar a unos 2.000 enfermos en Córdoba. Además, el cambio tendrá un impacto significativo sobre el sector del taxi, especialmente en los municipios rurales.

“Si la Junta asegura que la transición será ordenada y segura y que habrá nuevos vehículos y rutas adaptadas a las necesidades de los usuarios, que lo demuestre con datos, recursos y garantías. Los pacientes no pueden ser utilizados como conejillos de indias de una reorganización que no se ha explicado suficientemente”, ha afirmado.

Oportunidad para “cambiar el rumbo”

Por último, Crespín ha insistido en que la llegada de María Jesús Campos a la Delegación de Sanidad de la Junta en la provincia “debe servir para cambiar el rumbo de una gestión sanitaria que en Córdoba lleva demasiado tiempo acumulando problemas”.

“Le pedimos que abra una nueva etapa basada en el diálogo con los profesionales, los sindicatos, los ayuntamientos y las plataformas ciudadanas, y que se siente a negociar soluciones concretas para cada uno de estos problemas”, ha concluido.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha criticado este lunes “el abandono” que, a su juicio, “sufren las barriadas periféricas de Córdoba” por parte del gobierno municipal del PP, y ha recordado que “han pasado años desde que denunciamos la situación de Cerro Muriano y seguimos exactamente igual”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha aludido a cómo, en marzo de 2024, ya reclamó “una solución para la guardería de Cerro Muriano, que llevaba entonces dos décadas funcionando en módulos portátiles”, y que, posteriormente, también señaló el estado de las instalaciones deportivas de la barriada, pero “nan pasado los meses y los años y seguimos hablando de las mismas carencias”, y ello “a pesar de comprometerse en Pleno el alcalde”, José María Bellido (PP), “a solucionar la situación”.

Para el edil socialista, Cerro Muriano es “el ejemplo perfecto de una política de abandono que se repite en toda la periferia”. Así, “en Villarrubia los vecinos continúan esperando una solución a la conexión sobre las vías del tren, mientras el Ayuntamiento mantiene bloqueado el convenio con Adif; en Santa Cruz se han denunciado problemas de mantenimiento de instalaciones, espacios deportivos y del centro de mayores, y en Alcolea siguen acumulándose reivindicaciones relacionadas con infraestructuras y servicios municipales”.

“No hablamos de grandes proyectos faraónicos. Hablamos de una guardería digna, de unas instalaciones deportivas en condiciones, de una pasarela segura, de limpieza, mantenimiento, transporte o equipamientos básicos. Son cosas que cualquier vecino de Córdoba considera normales y que en nuestras barriadas periféricas siguen siendo reivindicaciones”, ha afirmado Romero.

El concejal socialista también ha advertido que “problemas similares afectan a El Higuerón y Trassierra, donde los vecinos han tenido que reclamar soluciones en materia de servicios, equipamientos, movilidad y mantenimiento”.

Romero considera que “Bellido ha olvidado que Córdoba también es Cerro Muriano, Alcolea, Villarrubia, El Higuerón, Santa Cruz y Trassierra”. El problema, en su opinión, es que “el alcalde lleva años gobernando y sigue teniendo barrios de primera y barrios de segunda”, y “las barriadas periféricas no necesitan más promesas ni más fotografías, necesitan que el Ayuntamiento vaya, escuche a sus vecinos y ejecute las soluciones”.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha denunciado la morosidad estructural del Consistorio y de algunos de sus organismos autónomos, atendiendo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y que corresponden al mes de mayo de este año.

En concreto, Hurtado pone la atención en el récord de morosidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que teniendo 31 millones en el banco, sin embargo, paga a sus proveedores a 228 días, cuando la ley establece un plazo máximo de 30 días.

El segundo Organismo Autónomo más moroso es el IMDECO que paga a sus proveedores a 94 días, aun teniendo en el banco hasta 4 millones de euros ociosos.

Y en tercer lugar el propio Ayuntamiento, que tiene una muy preocupante morosidad, al pagar a sus proveedores a 62 días, más del doble del periodo medio permitido por ley, y teniendo en el banco un total de 154 millones de euros ociosos.

La morosidad del Ayuntamiento de Córdoba y de sus organismos autónomos les obliga a tener que pagar intereses de demora y a que las empresas oferten sus servicios u obras a precios superiores para poder asumir el coste financiero que les supone la tardanza en el cobro.

Hurtado considera que la morosidad del Ayuntamiento, disponiendo de tanto dinero en el banco, solo es imputable a la incapacidad de gestión del Gobierno de José María Bellido.

La concejala socialista Mamen González ha denunciado que el PP vuelve a aplazar las sanciones de la ordenanza de convivencia en vigor desde mayo: “Bellido exige a los cordobeses cumplir las normas mientras su gobierno decide cuáles cumple y cuáles no”. González reta al gobierno municipal a mostrar el respaldo jurídico del aplazamiento: “Si existe, que lo enseñen; y si no, que dejen de actuar como si el Ayuntamiento fuera suyo”.

El PSOE de Córdoba ha acusado al alcalde, José María Bellido, de protagonizar “un auténtico disparate político y jurídico” después de que su gobierno haya vuelto a aplazar las sanciones previstas en la Ordenanza de Convivencia pese a que la norma está en vigor desde el pasado mes de mayo.

La concejala socialista ha denunciado que el PP “ha cruzado una línea preocupante” porque ya no se trata únicamente de un nuevo retraso o una mala gestión, sino de “un gobierno que pretende decidir por su cuenta cuándo cumple una norma aprobada por el Pleno”.

“Bellido exige a los cordobeses que cumplan las normas mientras él se reserva el derecho de decidir cuáles cumple su gobierno, cuáles no y desde qué día. Eso es inadmisible”, ha afirmado González.

La edil socialista ha recordado que la Ordenanza fue aprobada definitivamente por el Pleno el 12 de marzo de 2026, publicada en el BOP el 15 de mayo y que su disposición final establece expresamente su entrada en vigor al día siguiente. “La Ordenanza está en vigor desde el 16 de mayo. No desde cuando diga Bellido, ni desde cuando le venga bien al PP”, ha recalcado.

González ha incidido además en que el texto aprobado no contempla ningún periodo transitorio que permita dejar en suspenso posteriormente el régimen sancionador. “Si Bellido quería meses de campaña informativa, tenía que haberlo recogido en la Ordenanza. Lo que no puede hacer es aprobar una norma, publicarla en el BOP y después comportarse como si tuviera un mando a distancia para encenderla y apagarla cuando quiera”, ha ironizado.

La concejala socialista ha retado al gobierno municipal a explicar públicamente qué disposición jurídica permite este aplazamiento. “Que enseñen el decreto, la resolución o la disposición que lo permite. Si existe, que la enseñen. Y si no existe, que expliquen por qué se están atribuyendo una potestad que no tienen”, ha reclamado.

González ha recordado que el propio gobierno anunció en julio que la Policía Local comenzaría a sancionar desde mediados de agosto, después de una primera fase informativa. “Primero mayo, después la campaña informativa, luego mediados de agosto y ahora otra vez sin fecha. Cada vez que llega el momento de cumplir lo anunciado aparece una nueva excusa y otra patada hacia delante”.

Para la concejala socialista, el asunto va más allá de la propia Ordenanza de Convivencia. “Esto no va de estar a favor o en contra de una multa. Va de algo mucho más serio: las normas vinculan también a quien gobierna. Las ordenanzas obligan a los cordobeses, pero también obligan al alcalde de Córdoba”.

El PSOE exige al gobierno municipal que haga público el fundamento jurídico del aplazamiento, quién ha adoptado formalmente la decisión y qué instrucciones se han trasladado a la Policía Local.

“Bellido no es el dueño del Ayuntamiento y las ordenanzas no son del PP. Si considera que la norma que aprobó está mal, que la modifique por los cauces establecidos. Pero no puede sustituir el Boletín Oficial de la Provincia por su agenda política y decidir cuándo se aplica una norma en función de cuándo le conviene”, ha concluido González.

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez, ha reclamado este jueves al presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes (PP), “diálogo, transparencia y consenso” en la elaboración del próximo presupuesto de la Corporación provincial para 2027, de modo que “los municipios dispongan de más recursos y puedan mejorar los servicios públicos que prestan a la ciudadanía”.

En este sentido y a través de una nota, Álvarez ha recordado que la Diputación de Córdoba “cuenta actualmente con 100 millones de euros más de presupuesto que hace cinco años, una realidad que”, a juicio del portavoz socialista, “debe traducirse en una mayor financiación para los ayuntamientos”.

“Lo lógico --ha proseguido-- es que ese incremento presupuestario llegue a los municipios, que son la administración más cercana a la ciudadanía y la que garantiza servicios públicos esenciales”, considerando que el presupuesto para 2027 “debe responder a las necesidades reales de los pueblos de la provincia, reforzando la financiación municipal para que los ayuntamientos puedan desarrollar su labor con mayores garantías y ofrecer mejores servicios a sus vecinos”.

Además, ha recordado que “el Partido Popular no dispone de mayoría absoluta” en la institución provincial, por lo que ha instado al presidente, Salvador Fuentes, a “abrir de inmediato un proceso de negociación con el resto de grupos políticos”.

Por ello, ha solicitado formalmente al presidente de la Diputación “que fije una fecha y una hora para iniciar la negociación del presupuesto de 2027 y escuchar las propuestas que el Grupo Socialista pondrá sobre la mesa”.

Los socialistas, según ha dicho, están “convencidos” de que sus propuestas “enriquecerán el presupuesto de la Diputación de Córdoba, porque tienen un objetivo claro”, el de “mejorar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos de la provincia, sin distinción del color político del gobierno municipal”, en pos del “único interés” de que “todos los municipios cuenten con más recursos para atender mejor a sus vecinos”, ha insistido.

El PSOE defenderá en esa negociación “un presupuesto que incremente la financiación destinada a los ayuntamientos y que garantice, además, la estabilidad y solvencia de las empresas públicas provinciales, como Eprinsa, Epremasa y Emproacsa, por el papel esencial que desempeñan en la prestación de servicios públicos fundamentales para los municipios cordobeses”.

Por último, Pepe Álvarez ha señalado que “Salvador Fuentes debe demostrar voluntad de diálogo, actuar con transparencia y sentarse a negociar unas cuentas que respondan al interés general de la provincia. Hay margen económico para hacerlo y también la obligación política de alcanzar acuerdos que permitan mejorar la vida de los cordobeses”.

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales exigirá explicaciones a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, explicaciones “por el retraso en el pago de la prestación a una persona con Grado III+ de dependencia extrema, un derecho que la propia Junta reconoció hace casi cuatro meses y que todavía no ha hecho efectivo”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha explicado que se trata de “una persona con una enfermedad neuromuscular de alta complejidad. Su familia solicitó la revisión del grado de dependencia el 23 de diciembre de 2025. La Ley fija un plazo máximo de tres meses para resolver este tipo de expedientes, dada la gravedad de las personas afectadas. Ese plazo venció el 23 de marzo sin respuesta, y la familia tuvo que presentar una reclamación formal”.

La resolución llegó el 29 de abril. La Junta reconoció el Grado III+ y el derecho a una prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio. Pero el propio documento aplazaba a “una comunicación posterior”, tanto la cuantía, como la fecha desde la que se empezaría a pagar, y ahora, “asi cuatro meses después, esa comunicación no ha llegado”.

Para el parlamenterio socialista, “aquí hay una contradicción que no se sostiene”, porque “el Grado III+ existe precisamente para dar una respuesta más rápida a quien está peor, y es a estas personas a las que la Junta hace esperar más”.

Por ello, Morales registrará una batería de preguntas dirigidas a la consejera Loles López, “para conocer cuántas personas tienen reconocido actualmente el Grado III+ en Andalucía, cuántas de ellas cobran ya la prestación, cuántas siguen esperando y cuál es el tiempo medio entre el reconocimiento del grado y el primer pago”.

“No hablamos de un expediente atascado en un cajón. Hablamos de una familia que cuida todos los días mientras espera que la Administración cumpla su propia ley”, según ha afirmado Morales, quien ha reclamado a la Junta que “deje de hacer esperar precisamente a quienes menos tiempo tienen”.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha criticado este miércoles que, “después de dos mandatos de gobierno del alcalde, José María Bellido, ninguno de los cinco aparcamientos que prometió a los cordobeses se ha hecho realidad”, pues los previstos en la “Plaza de Toros, Vallellano, Ollerías, Colón y Lepanto” aún no están en funcionamiento y, “en algunos casos, ni siquiera cuentan con una licitación en marcha”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha señalado que “Bellido ha convertido la promesa en su principal herramienta de gobierno”, ya que “anuncia, promete, se hace la foto, y después no cumple”. A su juicio de Romero, “el problema ya no es que una actuación pueda sufrir retrasos, sino que han pasado dos mandatos completos y los cordobeses siguen esperando los mismos aparcamientos que el alcalde prometió”.

Es decir, “después de siete años gobernando, el balance es demoledor: cinco aparcamientos prometidos y cero aparcamientos ejecutados”, siendo “especialmente significativo el caso del aparcamiento de Lepanto, porque no se trata exclusivamente de una promesa electoral del Partido Popular”.

A este respecto, ha recordado que, “en 2021, el Grupo Municipal Socialista alcanzó un acuerdo con el gobierno de José María Bellido para facilitar la aprobación de los presupuestos municipales. El PSOE se abstuvo para permitir que las cuentas salieran adelante y, dentro de aquel acuerdo, se contempló una cuantía de 150.000 euros destinada al impulso del aparcamiento de Lepanto”.

Romero ha subrayado que “el PSOE cumplió su parte del acuerdo y el señor Bellido no ha cumplido la suya”, porque, “cinco años después, Lepanto sigue sin aparcamiento, sin licitación y sin una actuación que permita a los vecinos ver cuándo será una realidad”.

Para el concejal socialista, “este incumplimiento demuestra que Bellido, no solo deja en papel mojado sus propias promesas, sino también los acuerdos que alcanza con los grupos de la oposición”. Una situación que, según Romero, genera “frustración y desconfianza entre los cordobeses, que llevan años esperando soluciones a uno de los principales problemas de la ciudad, la falta de aparcamiento”.

Romero ha advertido además que el alcalde “ya ha comenzado a hacer nuevas promesas, pensando en el próximo mandato, mientras mantiene incumplidas las que hizo para los mandatos anteriores”, de modo que, “antes de pedir a los cordobeses que vuelvan a confiar en nuevas promesas, Bellido debería explicar por qué no ha cumplido las anteriores”.

El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha alertado este martes del “riesgo de incendio que supone la falta de mantenimiento y la acumulación de pasto seco” en la zona de la Arruzafilla, y “en distintos puntos de la ciudad”, dando lugar a “una situación especialmente preocupante en plena época de altas temperaturas y elevado riesgo de incendios”.

A través de una nota, Dobladez ha señalado que lo que ocurre en el entorno de la avenida de la Arruzafilla “no es un hecho aislado, sino que existen otros puntos de Córdoba donde se puede observar una situación similar, con solares y espacios con vegetación seca, que necesitan actuaciones de limpieza y desbroce”.

En concreto, ha puesto el foco en la intersección de la avenida de la Arruzafilla con la Glorieta Académica García Moreno, junto al Parque del Canal, “un espacio público con un elevado volumen de tráfico y donde la acumulación de pasto seco supone”, a su juicio, “una situación que requiere una actuación preventiva inmediata”.

Así, según ha señalado, “mientras en un tramo de la avenida de la Arruzafilla se están desarrollando las obras de la Ronda Norte, en otros espacios de la misma zona y de distintos puntos de la ciudad la falta de mantenimiento está permitiendo que se acumule una cantidad importante de pasto seco, que puede convertirse en combustible en caso de incendio”.

Por ello, Dobladez ha reclamado al gobierno municipal del PP “que refuerce las labores de prevención y desbroce, especialmente en aquellos espacios próximos a viviendas, carreteras, caminos y zonas con una elevada circulación de vehículos”.

“Estamos hablando de un espacio público junto a una vía con mucho tráfico, donde cualquier incidente puede tener consecuencias mayores si existe una gran cantidad de vegetación seca. No tiene sentido que se permita que se llegue a esta situación en pleno verano”, ha advertido.

“Córdoba conoce perfectamente --ha proseguido-- las consecuencias que puede tener un incendio en verano. Por eso, resulta incomprensible que, cuando las temperaturas son elevadas y el riesgo es mayor, siga existiendo vegetación seca sin retirar en distintos puntos de la ciudad”.

En opinión del concejal del PSOE, el Ayuntamiento “debe realizar una revisión urgente de solares, parcelas y espacios públicos, identificar los puntos que presentan mayor riesgo y actuar de manera prioritaria, además de exigir a los propietarios privados el cumplimiento de sus obligaciones de limpieza, cuando corresponda”.

Los concejales de los grupos de la oposición, PSOE y Hacemos Córdoba, han registrado este martes, 18 de agosto de 2026, una solicitud formal dirigida a la Secretaría General del Pleno. Los ediles reclaman la emisión de un informe jurídico complementario que determine con exactitud qué órgano municipal —si el Pleno, la Junta de Gobierno Local o la Alcaldía— ostenta la competencia legal para renunciar a los derechos de tanteo y retracto, así como para declarar la inadmisión de los mismos en relación con los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias. Esta petición de la oposición se suma a la presión jurídica iniciada apenas un día antes por la plataforma ciudadana Coordinadora SOS Cines de Verano, que este lunes presentó un recurso de reposición contra el decreto de la Alcaldía que frenó la adquisición de estos espacios.

La iniciativa de los grupos de la oposición se fundamenta en la existencia de “dudas jurídicas fundadas” sobre la tramitación de los expedientes y la competencia orgánica para dictar los actos de renuncia. Los concejales denuncian una falta de transparencia por parte del equipo de gobierno, señalando que el pasado 19 de junio ya se solicitó un informe jurídico y el expediente técnico que motivó la renuncia al derecho de retracto por un importe de 300.000 euros, sin que hasta la fecha se haya recibido dicha documentación.

Según el escrito presentado, esta situación se agrava ante la acumulación de informaciones contradictorias y las declaraciones públicas realizadas por el alcalde, José María Bellido, sobre la viabilidad de la operación. El documento también menciona los antecedentes de 2025, cuando se rechazó un primer ofrecimiento por 400.000 euros, y el reciente decreto de julio de 2026 que inadmitió una nueva comunicación de transmisión alegando supuestos defectos formales.

La argumentación de los concejales de PSOE y Hacemos Córdoba refuerza las tesis de la Coordinadora SOS Cines de Verano, que en su recurso de reposición califica la actuación del alcalde como “nula de pleno derecho”. La plataforma sostiene que, al ser Córdoba un municipio de gran población, la competencia para la adquisición de bienes inmuebles y la gestión patrimonial recae exclusivamente en la Junta de Gobierno Local, por lo que el alcalde carecería de atribución legal para decidir unilateralmente la renuncia a estos espacios. Además, el colectivo ciudadano ha puesto el foco en la ausencia total de informes periciales previos para la valoración de los bienes, un trámite que consideran esencial para formar la voluntad administrativa y que habría sido omitido en favor de invocaciones genéricas a la “rentabilidad social”.

Un aspecto crítico que une la petición de los concejales con el recurso de la plataforma es la posible vulneración del principio de eficiencia en la gestión del gasto público. Actualmente, el Ayuntamiento satisface un canon de 99.220 euros por el alquiler de estos tres cines para el periodo 2024-2026. La coordinadora subraya que, dado que el precio de venta ofrecido era de 300.000 euros, la compra habría equivalido a tan solo tres anualidades de alquiler, por lo que mantener el arrendamiento a largo plazo supondría un desembolso superior al coste de propiedad sin que los inmuebles lleguen a integrarse nunca en el patrimonio municipal. Ante estos hechos, la plataforma ha solicitado formalmente la apertura de un expediente informativo para determinar si estas decisiones han podido ocasionar un perjuicio real y efectivo a la Hacienda municipal, una preocupación que ahora comparten los grupos de la oposición al exigir que la Secretaría General aclare si el procedimiento seguido se ha ajustado a derecho.