El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha advertido este lunes que “Córdoba no necesita más anuncios ni planes que lleguen tarde, sino un Ayuntamiento que resuelva los problemas cotidianos de sus vecinos. Después de siete años de gobierno del Partido Popular, las calles siguen presentando socavones, grietas y pavimentos deteriorados que afectan a la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía”. “No es de recibo que, después de siete años gobernando, haya calles en estas condiciones. El problema no es que aparezca un bache, sino que el Ayuntamiento no se anticipe, mantenga adecuadamente nuestras vías y ofrezca una respuesta eficaz”.

El Plan Asfalto 2025/2027 contempla actuaciones en 191 calles y una inversión global cercana a los diez millones de euros. Sin embargo, el responsable municipal de Infraestructuras ha señalado que Córdoba podría necesitar hasta ocho años para alcanzar un estado “óptimo” del asfaltado. “Si el propio Gobierno local reconoce que hacen falta tantos años, queda claro que el mantenimiento llega tarde y que sigue habiendo mucho trabajo pendiente”, afirma Ortiz en una nota de prensa.

El edil socialista también destaca la oportunidad que representan los recursos estatales. El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de España 94,85 millones de euros para 120 proyectos relacionados con los daños de las borrascas y la prevención de inundaciones, incluidos 27 millones para actuaciones de reasfaltado y acondicionamiento de calles y avenidas.

Estas cantidades corresponden a una solicitud municipal, no a fondos ya concedidos. “El Gobierno de España ha habilitado mecanismos de ayuda que pueden contribuir a mejorar nuestras infraestructuras. Ahora hay que avanzar en su tramitación y ejecutar los proyectos con rigor, transparencia y eficacia. Córdoba no puede permitirse más retrasos”, señala. Frente a esta situación, el PSOE reclama reparar los socavones más peligrosos, renovar el asfalto de las vías más deterioradas, arreglar los acerados levantados y mejorar los pasos peatonales y la accesibilidad para personas mayores, con movilidad reducida y familias con carritos infantiles.

También exige revisar los puntos donde las lluvias agravan los desperfectos y controlar la calidad de las obras para evitar reparaciones provisionales que obliguen a intervenir una y otra vez. “Los vecinos tienen derecho a saber qué calles se van a reparar, cuándo se ejecutarán las obras y si están bien hechas. No pedimos nada extraordinario: exigimos responsabilidad, previsión y resultados”, subraya Ortiz. El concejal concluye que “Córdoba merece barrios cuidados, itinerarios peatonales seguros y unas infraestructuras a la altura de la ciudad. Gobernar no es anunciar obras, sino planificarlas, ejecutarlas y garantizar que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. Córdoba necesita gestión, y la necesita ya”.

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista acudirá al Defensor del Pueblo Andaluz para solicitar que investigue la concesión de dispensas acústicas por parte del Ayuntamiento de Córdoba para la celebración de conciertos y espectáculos públicos, especialmente en espacios como El Arenal y la Plaza de Toros.

Esta iniciativa llega después de que el Grupo Municipal Socialista haya denunciado y solicitado de forma reiterada en la Gerencia Municipal de Urbanismo que se revise esta práctica y se adopten medidas para evitar que las dispensas acústicas se concedan de manera sistemática y al margen de los criterios técnicos.

Sin embargo, según ha advertido Romero, el Gobierno municipal no ha atendido las peticiones del PSOE ni ha ofrecido soluciones a un problema que sigue afectando a numerosos vecinos. Ante esta falta de respuesta y la continuidad de estas autorizaciones, los socialistas han considerado que ha llegado el momento de acudir al Defensor del Pueblo Andaluz para que investigue lo que está ocurriendo.

El PSOE pone el foco especialmente en una cuestión que considera de enorme gravedad: la concesión de autorizaciones firmadas por responsables políticos pese a existir informes técnicos municipales desfavorables. Es decir, decisiones políticas que se adoptan en contra del criterio de los profesionales municipales que deben evaluar las condiciones y garantías para que estos espectáculos se desarrollen conforme a la normativa.

Para los socialistas, no basta con que el Ayuntamiento invoque razones de interés público para conceder una dispensa. Es necesario conocer qué justificación concreta existe en cada caso, por qué se aparta de los criterios técnicos y quién asume la responsabilidad de autorizar unas condiciones que los propios informes municipales desaconsejan. “Los informes técnicos no pueden convertirse en un mero trámite que un responsable político aparta cuando le resulta conveniente. Si los técnicos advierten de problemas y emiten informes desfavorables, el Gobierno municipal tiene que explicar por qué decide autorizar esos espectáculos y quién responde de las consecuencias”, ha explicado José Antonio Romero.

El PSOE ha advertido de que las dispensas, concebidas como una excepción justificada, parecen haberse convertido en una fórmula habitual para permitir conciertos con condiciones acústicas y horarios que generan graves molestias a los residentes de los barrios próximos. Romero ha recordado que vecinos de El Arenal, Campo de la Verdad y distintas zonas del Casco Histórico vienen soportando episodios de ruido que se prolongan hasta las cuatro de la madrugada y que están provocando numerosas llamadas a la Policía Local. Una situación que afecta directamente al descanso, la tranquilidad y la calidad de vida de miles de personas.

Los socialistas recuerdan que la celebración de conciertos y la promoción de la actividad cultural y económica son perfectamente compatibles con el cumplimiento de la legislación y con el derecho de los vecinos a descansar: “Lo que no resulta admisible es que las excepciones se conviertan en la norma y que los intereses económicos de los promotores terminen imponiéndose a las garantías que establece la normativa acústica”, ha apostillado el candidato socialista.

El PSOE considera que el concejal responsable de Seguridad debe dar explicaciones públicas y asumir responsabilidades políticas por estas decisiones. “No puede permanecer al margen mientras se conceden autorizaciones excepcionales que contradicen los informes de los propios técnicos municipales y que terminan trasladando las consecuencias a los vecinos. Quien tiene la responsabilidad política del área debe responder por las decisiones que se adoptan y explicar por qué se anteponen estas autorizaciones al criterio de los profesionales municipales y al derecho al descanso de la ciudadanía”, ha comentado Romero.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista solicitará al Defensor del Pueblo Andaluz que examine las dispensas concedidas, los informes técnicos emitidos, las resoluciones firmadas por los responsables políticos, las razones que justifican apartarse de los criterios técnicos y las mediciones acústicas realizadas. También pedirá que se investigue si estas decisiones pueden suponer incumplimientos administrativos o dar lugar a otras responsabilidades jurídicas.

“No estamos cuestionando que Córdoba tenga conciertos. Estamos cuestionando que se pueda autorizar un espectáculo contra el criterio de los técnicos municipales y que sean los vecinos quienes paguen las consecuencias. La cultura y la actividad económica no pueden servir de excusa para ignorar la legalidad ni para sacrificar el derecho al descanso”, ha concluido Romero para reclamar al Gobierno de Bellido transparencia, explicaciones y garantías de que ninguna autorización excepcional se conceda al margen de los requisitos legales y de la debida protección de la ciudadanía.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, a través de su concejal Isabel Bernal, ha mostrado este martes su “solidaridad” con las familias del alumnado de los colegios públicos de la ciudad que advierten de “la mala calidad de la comida y las deficiencias en el servicio de comedor escolar”. Ante esta situación, el PSOE ha instado al alcalde, José María Bellido, a “asumir sus responsabilidades en el mantenimiento de estos espacios y a reclamar a la Junta de Andalucía que rectifique y mejore la gestión de un servicio esencial para las familias cordobesas”.

En una nota, Bernal ha respaldado las protestas protagonizadas por las familias, que el pasado viernes impulsaron una propuesta de paro de los comedores y concentraciones a las puertas de los centros educativos coincidiendo con la hora de la comida, “como muestra de su preocupación por la calidad del servicio que reciben sus hijos”.

La concejal ha advertido de que “las quejas de las familias evidencian la necesidad de adoptar medidas para garantizar que los comedores escolares funcionen con los estándares de calidad que merecen los niños”. En este sentido, ha señalado a la Junta de Andalucía como “responsable de la contratación de las empresas que suministran la comida y prestan el servicio de monitores”, y ha pedido al Gobierno andaluz que “revise su gestión y actúe para corregir las deficiencias denunciadas”.

No obstante, Bernal ha recordado que “el mantenimiento de los espacios destinados a comedor escolar en los colegios públicos corresponde al Ayuntamiento”, por lo que ha exigido a Bellido que “cumpla con sus obligaciones y garantice que estas instalaciones se encuentren en condiciones adecuadas para su uso diario”.

“Los comedores escolares deben reunir todas las garantías de calidad, tanto en la comida y el servicio de monitores como en las instalaciones en las que comen los niños”, ha defendido la edil socialista, quien ha insistido en “la necesidad de actuar sobre las infraestructuras y realizar todas las mejoras que sean necesarias”.

En concreto, el PSOE reclama al Consistorio que “garantice el correcto mantenimiento de los espacios utilizados como comedores, con especial atención a elementos como los cerramientos, las persianas, la climatización y los alicatados, además de acometer las actuaciones necesarias para que el alumnado pueda comer en condiciones adecuadas de higiene, comodidad y seguridad”.

Para Bernal, “el alcalde no puede desentenderse de un problema que afecta directamente al bienestar de los escolares y a la tranquilidad de sus familias”. Por ello, ha solicitado a Bellido que “actúe en el ámbito de sus competencias y que, al mismo tiempo, exija a la Junta de Andalucía, gobernada también por el PP, una respuesta inmediata a las deficiencias denunciadas en la comida y en la prestación del servicio”.

“Bellido debe cumplir con sus responsabilidades y pedirle a Moreno Bonilla que haga lo mismo”, ha subrayado, para apostillar que “no basta con mirar hacia otro lado mientras las familias protestan por un servicio tan importante para la alimentación y el bienestar de sus hijos”.

“Una prioridad compartida”

El PSOE considera que “la calidad de los comedores escolares debe ser una prioridad compartida entre ambas administraciones” y demanda “una actuación coordinada que permita resolver las deficiencias, mejorar las instalaciones y garantizar un servicio digno para todo el alumnado de los colegios públicos de Córdoba”.

En palabras de la edil, “la alimentación de los escolares no puede quedar en un segundo plano”, a lo que ha agregado que “las familias merecen respuestas y soluciones, y el Ayuntamiento y la Junta tienen que asumir sus responsabilidades”.

Los Grupos Provinciales del PSOE e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba han presentado una solicitud conjunta para cambiar la fecha de las comisiones informativas ordinarias previstas para el próximo miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con la convocatoria de huelga general. 

Ambas formaciones consideran que las instituciones públicas deben actuar con responsabilidad y sensibilidad ante una jornada de movilización en defensa de unas condiciones de vida dignas, mejores salarios, una vivienda asequible y el fortalecimiento de los derechos laborales y sociales. 

PSOE e IU recuerdan que el calendario de las comisiones ya se ha adaptado en otras ocasiones por motivos organizativos, por lo que entienden que esta convocatoria constituye una razón suficiente para trasladarlas a otra fecha sin afectar al funcionamiento de la Diputación. 

Por ello, solicitan a la Presidencia que atienda esta petición y facilite que los trabajadores y trabajadoras de la institución puedan ejercer su derecho de huelga con las mayores garantías posibles, en coherencia con el compromiso que debe mantener cualquier administración pública con los derechos laborales y sociales.

La secretaria general del PSOE de Córdoba y candidata al Senado por el partido a nivel provincial para las Elecciones Generales del 29 de Noviembre, Rafi Crespín, encabezará la lista ‘Senado de Progreso’ de la coalición electoral conformada por el PSOE y diferentes fuerzas progresistas aglutinadas en Frente Amplio para concurrir de manera conjunta a la Cámara Alta en decenas de provincias de España, incluida Córdoba, con el objetivo de concentrar el voto en el Senado y obtener la mayoría en estos comicios.

Esta lista en la provincia de Córdoba estará encabezada por la socialista Rafi Crespín, seguida en el número 2 por Óscar Urralburu Arza, coordinador de Movimiento Sumar en la Región de Murcia y secretario de Organización a nivel estatal de Sumar; y en el número tres por la hasta ahora subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, la socialista Ana López Losilla. 

Este movimiento responde a la propuesta impulsada por la plataforma ciudadana Senadoras y Senadores por la Democracia para unificar listas progresistas frente a otras formaciones de la derecha, entre ellas PP y Vox, y garantizar que la suma de los votos de izquierda le den la mayoría representativa en la Cámara Alta, según ha informado el PSOE a través de una nota de prensa.

Los suplentes de Rafi Crespín son Pepe González Arenas, secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE de Córdoba, y Ana Cruz Roldán, concejala de Cultura, Educación, Turismo y Promoción del Territorio en el Ayuntamiento de Baena. Los suplentes de Ana López son, en primer lugar, Juan Manuel Poyato, alcalde de Zuheros, que renunció previamente a ir como número dos del PSOE al Senado el 29-N para poder conformar esta nueva candidatura cremallera de coalición; y Manuela Jiménez Villar, secretaria general del PSOE de Nueva Carteya y portavoz socialista en el ayuntamiento del municipio. Los suplentes de Urralburu son María Luisa Rodas (IU) y Miguel Ángel Peña (IU).

Rafi Crespín Rubio (La Carlota, 1976), es maestra de Educación Especial por la Universidad de Córdoba. Casada con dos hijos, es secretaria general del PSOE de Córdoba desde 2021 y fue alcaldesa de La Carlota (2007–2015), diputada provincial en la Diputación Provincial de Córdoba, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba (2015–2017) y diputada en el Congreso de los Diputados en la XIII, XIV y XV Legislaturas, donde ha ostentado cargos como el de secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista y vicepresidenta primera de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ana María López Losilla (Belmez, 1966), casada con dos hijos, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba, Máster en Medio Ambiente por la UCO y experta universitaria en Gestión de Espacios Protegidos por la UCO. Subdelegada del Gobierno de España en Córdoba desde 2024, ha trabajado desde 1990 para distintas empresas, fundaciones y para la Junta de Andalucía en gestión ambiental. Desde 1998 es funcionaria de carrera de la Diputación de Córdoba y desde 2010 hasta 2023 fue jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba, así como autora de distintos artículos científicos sobre distintas materias en gestión medioambiental. Ha sido concejala en el Ayuntamiento de Córdoba, miembro de la Organización Sectorial de Medio Ambiente del PSOE y de la Ejecutiva de la Agrupación del PSOE de Poniente Sur de Córdoba.

José González Arenas (Córdoba, 1959), está casado y tiene dos hijos. Doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Córdoba, es licenciado en Ciencias Biológicas por la UCO y experto universitario en Divulgación y Cultura Científica por la Universidad de Oviedo. Funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía Grupo A1 desde 1992, adscrito al IFAPA, ha sido profesor del Máster de Etología de la Universidad de Córdoba y del Máster de Gestión Ambiental de la Cámara de Comercio de Córdoba, director-conservador del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro y delegado provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca. Autor de más de una decena libros y colaborador habitual en prensa, milita en el PSOE desde 1985, habiendo sido secretario general de la Agrupación Centro y coordinador provincial de Medio Ambiente. En la actualidad es secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE de Córdoba. Amante de la fotografía, fundó en 2012 la Asociación de Amigos Madinat al-Zahra (AMAZ).

Ana Cruz Roldan (Baena, 1966) tiene tres hijos. Es Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y titulada en Bachillerato Superior. Ha trabajado en la Residencia de Mayores La Casa Grande de Baena, en la que está en excedencia forzosa por su puesto de concejala de Cultura, Educación, Turismo y Promoción del Territorio en el Ayuntamiento de Baena, junto a la alcaldesa María Jesús Serrano. En el Consistorio de Baena trabajó anteriormente como animadora sociocultural por un breve espacio de tiempo. En su trayectoria laboral ha sido representante sindical.

Juan Manuel Poyato Cuenca (Córdoba, 1980), está casado y es Técnico especialista en Administración, con formación en Marketing Agroalimentario y Desarrollo Rural. Alcalde de Zuheros desde 2022, es secretario general del PSOE de Zuheros, secretario de Agricultura y Ganadería del PSOE de Córdoba y miembro del Comité Director del PSOE de Andalucía. Firme defensor del municipalismo, del mundo rural y de la lucha contra la despoblación, destaca también por su compromiso con las políticas de igualdad y su activismo en defensa de los derechos LGTBIQ+. Experto en el sector oleícola y en el aceite de oliva virgen extra, cuenta con una gran trayectoria profesional vinculada a su producción, calidad y comercialización. Actualmente es gerente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Zuheros.

Manuela Jiménez Villar (Nueva Carteya, 1982). Ha cursado estudios de Administrativo. Vinculada al PSOE desde muy joven por tradición familiar, ya que su padre fue concejal del Ayuntamiento de Nueva Carteya en distintas legislaturas desde el año 1983. Ha sido secretaria general de las Juventudes Socialistas de Andalucía en Nueva Carteya e integrante también de la Comisión Ejecutiva Provincial. En la actualidad es secretaria general de la Agrupación Municipal del PSOE de Nueva Carteya, concejal y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Nueva Carteya.

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista de su partido por dicha provincia al Senado de cara al 29N, Rafi Crespín, ha exigido este lunes al presidente de la Diputación cordobesa y número uno del PP por Córdoba al Senado, Salvador Fuentes, “que deje de usar el problema del agua en el Norte de la provincia para confrontar con el Gobierno de España”, y “que reclame al presidente andaluz, Juanma Moreno, que actúe para resolver los problemas de contaminación y garantizar la calidad del agua”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha recordado que “el Gobierno de España puso los recursos necesarios para ejecutar la conexión de emergencia entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, una actuación que financió el Estado en su totalidad con alrededor de cinco millones de euros, sin ser siquiera de su competencia, lo que permitió dar respuesta al problema de abastecimiento que afectó a unos 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato”.

Por eso y en su opinión, Salvador Fuentes “debería recordar quién puso los recursos para ejecutar la conexión de emergencia que permitió dar una respuesta a miles de vecinos del Norte de Córdoba, para que volviese a salir agua de los grifos de sus hogares y empresas. El Gobierno de España actuó ante una situación urgente y ahora no tiene sentido que el presidente de la Diputación pretenda convertir este problema en un instrumento de confrontación política”.

La dirigente socialista ha insistido en que Fuentes “debe dirigir sus exigencias hacia la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, para que actúen en el ámbito de sus competencias frente a la contaminación y contribuyan a garantizar la calidad del agua”.

Por eso, “si Salvador Fuentes está realmente preocupado por el agua del Norte de Córdoba, debería exigir a Moreno que actúe y dé respuestas. No puede centrar sus críticas en el Gobierno de España mientras no reclama con la misma contundencia a la Junta de Andalucía que cumpla con sus responsabilidades”, ha afirmado.

Crespín ha subrayado, además, que “Fuentes debe ejercer las responsabilidades que le corresponden, como presidente de la Diputación y de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, Emproacsa, y explicar qué actuaciones está impulsando desde la institución provincial para contribuir a resolver el problema”.

En este sentido, ha señalado que Salvador Fuentes “tiene responsabilidades propias que ejercer. No basta con señalar a otras administraciones, también hay que asumir las obligaciones propias y ofrecer soluciones a los municipios y a sus vecinos y vecinas”.

Por último, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha criticado que Fuentes “utilice su doble condición de presidente de la Diputación y candidato del PP al Senado para alimentar la confrontación con el Gobierno de España, en lugar de centrar sus esfuerzos en resolver uno de los problemas más importantes que afectan a la provincia”.

“El agua -ha concluido- no puede convertirse en un arma partidista ni en un argumento electoral. Los vecinos del Norte de Córdoba necesitan soluciones y coordinación entre administraciones. Salvador Fuentes debe dejar de confrontar, exigir a Moreno que cumpla con sus responsabilidades y ejercer las suyas propias desde la Diputación y Emproacsa”.

El cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Congreso, Alberto Mayoral, ha reafirmado este lunes el compromiso de los socialistas de seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha exigido al PP “que deje de poner obstáculos a una medida que mejora la vida de miles de familias cordobesas”.

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha avisado que los socialistas van “a seguir subiendo el SMI. Que lo escuchen con claridad los trabajadores y trabajadoras de Córdoba, nuestro compromiso es que su esfuerzo se traduzca en mejores nóminas y en más tranquilidad para sus familias”, según ha manifestado desde la barriada del Sector Sur, en la capital cordobesa.

Mayoral ha defendido que “combatir la precariedad requiere tomar decisiones y estar del lado de quienes trabajan toda su jornada y todavía tienen dificultades para llegar a final de mes. Aquí hay personas que madrugan, cumplen y se dejan la espalda trabajando. No pueden volver a casa con la angustia de no saber cómo van a pagar el alquiler o llenar la nevera. Trabajar tiene que permitirte vivir”.

El candidato socialista ha cifrado en “unas 40.000 las personas beneficiarias de la subida del SMI en la provincia, lo que se traduciría en uno de cada siete trabajadores registrados por cuenta ajena en la provincia, con preponderancia de mujeres hasta rozar las 26.000 cordobesas”.

“Estamos hablando de mujeres que limpian, cuidan, atienden comercios y sostienen sus casas. Mejorar sus salarios significa también reforzar su independencia económica y combatir la desigualdad”, ha afirmado.

Mayoral ha recordado que el SMI “ha pasado de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros brutos en 14 pagas en 2026, un incremento cercano al 66%. La diferencia supone 485 euros más por paga y casi 6.800 euros brutos anuales para una jornada completa. Solo la subida de este año representa 37 euros más por paga y 518 euros brutos al año”.

“Quien cobra el SMI sabe perfectamente para qué necesita ese dinero. Cada euro tiene destino antes de entrar en casa, y como sabemos que la vivienda y la compra siguen apretando, vamos a seguir defendiendo nuevas subidas”, ha asegurado.

El candidato socialista ha criticado “las dudas expresadas por Feijóo sobre la protección del SMI frente al IRPF” y ha reclamado al líder del PP “que concrete su posición después de afirmar que también quiere aumentarlo. Que diga cuánto, cuándo y si lo hará o no, aunque la patronal no esté de acuerdo. El diálogo social es fundamental, pero los trabajadores tienen derecho a saber si el PP permitirá que la falta de acuerdo bloquee la mejora de sus sueldos”.

Frente a ello, Mayoral ha recordado “el compromiso de Pedro Sánchez de aprobar una nueva subida del SMI antes de las elecciones y de seguir aumentándolo cada año que gobierne” y, “como candidato número uno del PSOE por Córdoba”, ha afirmado que va “a defender ese compromiso en el Congreso”, porque quiere “una provincia donde un sueldo permita independizarse, formar una familia y construir una vida aquí”, ha subrayado.

Mayoral ha destacado también que “mejorar las nóminas fortalece la actividad económica de los barrios y los municipios”, porque “ese dinero vuelve al mercado, a las tiendas y a los pequeños negocios. Cuando las familias tienen más capacidad para comprar, Córdoba también gana”.

“El PP tiene que explicar sus propuestas. Nosotros tenemos clara la nuestra, la de seguir subiendo el Salario Mínimo, defender los derechos laborales y combatir la precariedad. Ése es mi compromiso con Córdoba”, ha concluido.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha criticado que el Gobierno municipal de José María Bellido continúe renovando pavimentos de caucho en los parques infantiles de la ciudad sin abrir un debate sobre sus posibles efectos sanitarios y ambientales. Según el contrato municipal de mantenimiento, se contempla la renovación anual de 975 metros cuadrados de este material.

Dobladez ha señalado que distintas investigaciones científicas han detectado en el caucho reciclado procedente de neumáticos sustancias como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), algunos de ellos cancerígenos, además de plastificantes, metales y otros compuestos químicos. Aunque la presencia de estas sustancias no demuestra por sí sola que exista un riesgo sanitario en las condiciones concretas de uso de los parques, el concejal considera que estos hallazgos justifican evaluar los materiales empleados y estudiar alternativas antes de seguir apostando por su renovación.

Investigadores y especialistas en salud ambiental han advertido de que el caucho reciclado puede liberar determinadas sustancias químicas y partículas al entorno, y han reclamado profundizar en el conocimiento de la exposición infantil a estos compuestos. Estudios publicados en revistas científicas han identificado mezclas de sustancias potencialmente preocupantes en granulados procedentes de neumáticos reciclados. La investigación ha examinado vías de exposición como el contacto con la piel, la inhalación de compuestos volátiles y la ingestión accidental de partículas. Aunque la magnitud del riesgo depende de la composición del material y de las condiciones de exposición, estos trabajos plantean la necesidad de mantener la vigilancia científica y mejorar la información disponible sobre los productos utilizados en espacios frecuentados por menores.

Dobladez ha insistido en que la preocupación también se ha trasladado al ámbito europeo. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha analizado los riesgos asociados al granulado de caucho reciclado y reconoce la presencia de sustancias potencialmente preocupantes, aunque considera muy bajo el riesgo evaluado en determinados usos. Para el PSOE, esta valoración no debe servir para cerrar el debate, sino para exigir que las decisiones municipales estén respaldadas por información técnica actualizada y tengan en cuenta tanto la seguridad como el principio de precaución.

La reclamación coincide con la campaña Parques con Salud, de Ecologistas en Acción, que pide sustituir los pavimentos de caucho en zonas infantiles por soluciones más saludables y sostenibles. La organización reclama prestar atención a la composición de estos materiales, sus posibles emisiones, la generación de partículas y su impacto ambiental. También defiende que se estudien alternativas que reduzcan la exposición a sustancias potencialmente perjudiciales sin comprometer la seguridad de los menores.

“No podemos seguir renovando año tras año casi 1.000 metros cuadrados de caucho sin explicar qué alternativas se han estudiado ni qué criterios se utilizan para elegir los materiales de los parques infantiles”, ha afirmado Dobladez. “Estamos hablando de espacios donde juegan nuestros niños y niñas, que gatean, se sientan y mantienen un contacto directo con el suelo. La seguridad es fundamental, pero también debemos tener en cuenta la salud, la sostenibilidad y el comportamiento de estos pavimentos ante las altas temperaturas de Córdoba”.

El concejal socialista ha añadido que el Ayuntamiento debe superar una visión del mantenimiento centrada exclusivamente en reparar o sustituir superficies deterioradas y avanzar hacia una planificación que valore el ciclo de vida de los materiales, su composición y su impacto ambiental. En este sentido, ha reclamado estudiar alternativas naturales o biobasadas, como el corcho u otras soluciones adecuadas para cada instalación, siempre que cumplan las exigencias técnicas de seguridad frente a las caídas, accesibilidad y durabilidad.

“El Ayuntamiento debe explicar por qué sigue apostando por el caucho y qué alternativas ha valorado. No pedimos que se ponga en riesgo la seguridad de los parques, sino que se tengan en cuenta todas las evidencias científicas y las opciones disponibles. Las familias cordobesas merecen espacios infantiles seguros, saludables y sostenibles, y el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar con transparencia y responsabilidad”, ha concluido.

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, ha reclamado al alcalde, José María Bellido, que active de “manera urgente” un dispositivo de limpieza de imbornales, alcantarillas y cauces, y prepare a la ciudad ante la llegada de nuevas lluvias “para evitar que se repitan las inundaciones y las situaciones de angustia vividas por numerosas familias durante los episodios de borrascas del pasado año y en febrero pasado”.

Según ha precisado la formación en una nota, Romero ha reclamado al Gobierno municipal del PP que “abandone la improvisación y actúe con previsión”, con una “revisión exhaustiva de la red de saneamiento, la retirada de maleza, sedimentos y residuos acumulados y la limpieza de los puntos con mayor riesgo de acumulación de agua, tanto en el casco urbano como en las barriadas periféricas y las zonas rurales del término municipal”.

“Córdoba no puede esperar a que vuelva a llover con fuerza para descubrir que los imbornales están atascados o que los cauces siguen sin el mantenimiento necesario. La prevención se hace antes de que llegue la emergencia, no cuando los vecinos tienen ya el agua en sus calles o dentro de sus casas”, ha señalado el candidato socialista.

Al hilo, Romero ha precisado que el Grupo Socialista ha advertido en el Pleno “en varias ocasiones” de la necesidad de poner en marcha un dispositivo de limpieza para evitar que se repitan incidencias como las acaecidas el pasado año en distintos puntos de Córdoba, desde Carlos III hasta Ciudad Jardín, y en la avenida del Corregidor, donde las alcantarillas “llegaron a expulsar agua”.

Por otro lado, el candidato socialista ha puesto el foco también en la situación de las barriadas periféricas, donde vecinos del Veredón de los Frailes, El Higuerón y otras zonas tuvieron que intervenir por sus propios medios para levantar rejillas y tapas de alcantarilla y facilitar la evacuación del agua.

“No es aceptable que sean los propios vecinos quienes tengan que hacer el trabajo que corresponde al Ayuntamiento para evitar daños mayores. El Gobierno municipal tiene la obligación de mantener las infraestructuras en condiciones adecuadas y reducir los riesgos antes de que se produzcan las lluvias”, ha subrayado.

Asimismo, Romero ha exigido una “intervención urgente” en el arroyo Guadarromán, en el Veredón de los Frailes, después de que la Asociación de Vecinos Miguel Hernández haya solicitado formalmente al Ayuntamiento la limpieza integral del cauce y medidas preventivas para evitar nuevas inundaciones.

Según ha criticado el colectivo vecinal, el tramo comprendido entre las vías ferroviarias de Adif, junto a la carretera de Palma del Río, y el puente de la carretera CH-2 acumula maleza, sedimentos y escombros y no recibe una limpieza integral desde 2005. Además, la asociación ha enfatizado en los desbordamientos, cortes de vías y desalojos registrados durante las inundaciones de febrero de 2026.

“Estamos hablando de un problema que los vecinos llevan años denunciando y que no puede seguir acumulando promesas sin actuaciones concretas. El Ayuntamiento debe escuchar a las familias del Veredón de los Frailes y actuar de una vez en el Guadarromán, porque limpiar los cauces y mantenerlos en condiciones es una medida básica de seguridad”, ha afirmado Romero.

Al hilo, el candidato socialista ha considerado que la solicitud de financiación anunciada por el gobierno municipal al Ejecutivo central para reparar los daños de las borrascas y desarrollar medidas de prevención debe ir acompañada de “actuaciones inmediatas” en los puntos que presentan problemas de conservación.

“Pedir recursos para reparar los daños es compatible con actuar desde hoy para evitar que vuelvan a producirse. No se puede utilizar la falta de financiación como excusa para retrasar las tareas ordinarias de mantenimiento y prevención”, ha añadido.

En suma, Romero ha exigido al alcalde que coordine a las delegaciones municipales responsables de Infraestructuras, mantenimiento de arroyos y servicios de emergencia para poner en marcha un plan preventivo que incluya la limpieza y revisión de imbornales y alcantarillas, la inspección de los cauces con riesgo de desbordamiento, el desbroce de cunetas y taludes y la identificación de los puntos negros donde las lluvias provocan mayores problemas.

También ha reclamado un calendario de actuaciones y un seguimiento específico en las barriadas periféricas, con información transparente sobre las intervenciones realizadas y las que siguen pendientes. “Los servicios de emergencia cumplen una función imprescindible cuando se produce una situación crítica, pero la responsabilidad del Gobierno municipal es anticiparse, mantener la ciudad preparada y minimizar las consecuencias de las lluvias. No basta con reaccionar cuando ya hay calles anegadas, vecinos achicando agua y familias pendientes de si tendrán que abandonar sus viviendas”, ha destacado.

Por último, Romero ha pedido a Bellido que “deje de buscar responsables fuera del Ayuntamiento y asuma sus obligaciones de gestión”. “La Aemet puede advertir de la llegada de una borrasca, pero no puede limpiar los imbornales ni los arroyos de Córdoba. Esa responsabilidad es municipal. Bellido debe ponerse a trabajar desde ya para que nuestra ciudad esté preparada y para que ninguna familia vuelva a vivir la angustia de las inundaciones por falta de mantenimiento y prevención”, ha añadido.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, ha lamentado este jueves la “pérdida de 1.079 pequeños locales comerciales en la ciudad desde 2020, según un estudio reciente de Comercio Córdoba”, y ha responsabilizado de esta evolución a “las políticas del Partido Popular en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía”.

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Romero se ha preguntado “qué han hecho” el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “para evitar que desaparezcan 1.079 comercios de cercanía de nuestros barrios”, concluyendo que “no han puesto en marcha una estrategia eficaz para protegerlos, y sus políticas están perjudicando al pequeño comercio”.

Romero ha advertido que “detrás de estas cifras hay autónomos, familias y emprendedores que han tenido que cerrar sus negocios, así como barrios que pierden servicios, actividad económica y espacios de convivencia”. Frente a esta situación, ha reclamado “un compromiso firme de las administraciones para proteger el comercio de proximidad, facilitar la apertura de nuevos establecimientos y garantizar el relevo generacional”.

El candidato socialista ha señalado que “la liberalización de los horarios comerciales perjudica a los pequeños establecimientos, que no pueden competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies”. Además, ha cuestionado la política urbanística municipal, “por la cesión de suelos dotacionales para grandes operadores comerciales”, y ha alertado de “la transformación de locales comerciales en viviendas y, especialmente, en apartamentos turísticos”, una tendencia que, a su juicio, “encarece los alquileres y dificulta que nuevos emprendedores puedan abrir tiendas en los barrios”.

A estas dificultades, ha añadido “la falta de ayudas suficientes de la Junta de Andalucía y la ausencia de un acompañamiento técnico municipal eficaz para quienes quieren poner en marcha un negocio”. Por eso, Romero ha reclamado que el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) “desempeñe un papel más activo en la orientación de los emprendedores, la formación, la digitalización y la profesionalización del sector”.

Romero también ha puesto como ejemplo “el proyecto pendiente del mercado de abastos de Marrubial”, conocido popularmente como la Plaza de la Mosca, “que lleva años esperando una solución vinculada al aparcamiento de Lepanto”. Ha recordado que “la propuesta contemplaba un edificio con un mercado de abastos y una zona de estacionamiento para los vecinos, una actuación reivindicada desde hace tiempo por los barrios de Sagunto y Cañero”.

Frente a la situación actual, Romero ha asegurado que el PSOE impulsará, “cuando llegue al gobierno municipal, una estrategia de colaboración entre el Imdeec y Comercio Córdoba para frenar la pérdida de establecimientos y revitalizar la actividad económica en los barrios”.

Entre las medidas propuestas, ha destacado “un programa de obras de urbanismo comercial para mejorar los espacios públicos, favorecer la peatonalización de las zonas comerciales y garantizar la accesibilidad y la disponibilidad de aparcamientos cercanos”. El objetivo es “crear entornos más cómodos y atractivos para comprar en los negocios de proximidad”.

También ha anunciado “un plan de impulso para los mercados de abastos, el refuerzo de la promoción comercial y el fomento de la cooperación entre pequeños establecimientos para mejorar su capacidad de competir y atraer clientela”.

Junto a ello, Romero ha defendido, la necesidad de “recuperar las ayudas económicas de la Junta de Andalucía al pequeño comercio, dentro de sus competencias”, y de “desarrollar programas municipales de apoyo a los emprendedores que faciliten la apertura de nuevos negocios y la continuidad de los ya existentes”.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal en el Ayuntamiento, José Antonio Romero, ha exigido este miércoles al gobierno municipal de José María Bellido que “ponga fin a los retrasos en el pago a proveedores y garantice que autónomos y empresarios cobren en tiempo y forma por los servicios que prestan al Consistorio”, tras criticar que “abonó 463.000 euros en intereses de demora durante 2025 y que, en los dos primeros trimestres de 2026, ya ha pagado otros 80.744 euros por el mismo concepto”.

En una rueda de prensa, el edil ha manifestado que “es una auténtica barbaridad de dinero público que se va en intereses por pagar tarde y mal a los empresarios y autónomos que trabajan para el Ayuntamiento”, a la vez que considera que “estas cifras evidencian los problemas de gestión del equipo de gobierno del PP y su falta de respuesta ante las dificultades que sufren los proveedores municipales”.

El candidato socialista ha subrayado “la contradicción que supone que el Consistorio acumule 150 millones de euros en sus cuentas bancarias mientras mantiene un período medio de pago de 58 días”. “Una demora que se agrava en determinados organismos municipales, porque el Imdeco alcanza los 132 días, Aucorsa registra 42 días y la Orquesta de Córdoba 58 días”, según ha detallado.

Romero ha advertido de que “estos retrasos tienen consecuencias directas sobre la actividad económica y la supervivencia de pequeños negocios”. Como ejemplo, ha relatado “el caso de un empresario que trabaja para el Imdeco y que ha trasladado su decisión de dejar de prestar servicios hasta que cobre las cantidades pendientes”. También ha expuesto la situación de un autónomo que, “tras reclamar los intereses de demora e incluso recurrir al Defensor del Pueblo, sigue sin recibir el dinero que necesita para mantener su empresa”.

“Están ahogando a los empresarios y a los autónomos que trabajan para el Ayuntamiento”, ha señalado el concejal, para remarcar que “detrás de cada factura que no se paga a tiempo hay negocios que tienen que afrontar sus gastos, pagar nóminas y mantener su actividad sin disponer del dinero que les corresponde”.

El dirigente socialista ha añadido que “el problema no se limita a los proveedores, sino que también afecta a los empleados públicos municipales”. En este sentido, ha reprochado “los retrasos en el abono de los premios de jubilación y de las actividades extraordinarias realizadas por la Policía Local, así como las cantidades salariales pendientes que deben hacerse efectivas conforme a la normativa vigente”.

Romero ha considerado “especialmente preocupante que el Ayuntamiento tenga que destinar cientos de miles de euros al pago de intereses de demora cuando esos recursos podrían emplearse en mejorar los servicios públicos y atender necesidades de la ciudad”.

Los cines de verano

Como ejemplo, el edil ha recordado el debate sobre la adquisición de los cines de verano, cuya compra se valoró en 300.000 euros. “Con el dinero que se paga en intereses de demora se podrían haber comprado los cines de verano, que el PP rechazó adquirir”, ha defendido, para apostillar que “ahora nos arriesgamos a años de conflictos judiciales y a que los cordobeses no puedan disfrutar de ellos”.

Para el candidato socialista, “el problema responde a una forma de gestionar que deja sin respuesta necesidades fundamentales de la ciudadanía”. “Bellido está fallando a los proveedores, a los autónomos, a los empresarios y a los empleados públicos, pero también a las personas que esperan una vivienda pública y a los vecinos que sufren el abandono de sus barrios y el mal estado de las aceras”, ha manifestado.

En este contexto, ha recordado que “hay alrededor de 8.000 personas demandantes de vivienda pública en Córdoba” y ha reclamado “un Consistorio que sitúe a las personas en el centro de sus decisiones, proteja a quienes cumplen con su trabajo y garantice que los recursos municipales se traduzcan en mejores servicios y calidad de vida”.

“Garantizar pagos en plazos reales”

Ante todo, Romero ha reclamado al alcalde que “adopte las medidas necesarias para reducir los periodos de pago y evitar que los proveedores tengan que financiar con sus propios recursos los servicios que prestan a la administración municipal”. “Queremos un Ayuntamiento que proteja a las personas, que pague a sus proveedores conforme a la legislación vigente, que cumpla con sus empleados públicos y que atienda a quienes necesitan una vivienda y a los barrios que llevan demasiado tiempo esperando mejoras”, ha defendido.

Asimismo, ha exigido a Bellido que “actúe para poner fin a esta situación”, de manera que cree que “el alcalde tiene que ponerse las pilas, trabajar y gestionar”. “No puede seguir teniendo 150 millones de euros en el banco mientras autónomos y empresarios esperan meses para cobrar”, ha dicho, para pedirle que “haga lo que tenga que hacer, pero que no ahogue más a los empresarios y autónomos”.

Ana María López Losilla ha cesado de su cargo como subdelegada del Gobierno en Córdoba. Así lo lo ha hecho oficial este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras la integración de la socialistaen las listas del PSOE al Senado por la provincia de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La salida de López responde a las exigencias fijadas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Dicha normativa establece la inhabilitación e incompatibilidad directa entre el desempeño de cargos directivos de la Administración General del Estado -como es una subdelegación provincial- y la concurrencia como candidato en un proceso electoral.

Al formar parte de la candidatura socialista cordobesa a la Cámara Alta, la exsubdelegada debía tramitar legalmente su renuncia antes de la ratificación formal de las listas. López ocupa el tercer puesto en la candidatura socialista al Senado por la provincia de Córdoba, acompañando a Rafi Crespín (que encabeza la lista) y a Juan Manuel Poyato.

López Losilla accedió al cargo de subdelegada del Gobierno en Córdoba a finales de diciembre de 2023, asumiendo la responsabilidad tras la dimisión por motivos de salud de su antecesora, Rafaela Valenzuela, quien falleció en julio de 2024. Licenciada en Ciencias Biológicas, máster en Medio Ambiente por la Universidad de Córdoba y jefa del departamento de Medio Ambiente de la Diputación Provincial desde 2009, cuenta con una dilatada vinculación con la administración pública.

En el ámbito político y municipal, fue concejala del grupo socialista en el Ayuntamiento de Córdoba desde 2023 hasta principios de 2024, acta a la que renunció tras ser designada por subdelegada del Gobierno.

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez, ha exigido este lunes al presidente de la institución provincial, el popular Salvador Fuentes, que “presente las tasas y Ordenanzas Fiscales para 2027” y “aclare si tiene previsto bajarlas para el próximo ejercicio”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Álvarez ha criticado que, “a fecha de hoy, el Gobierno provincial del PP todavía no ha presentado ninguna propuesta fiscal para el próximo año”, subrayando que “los cordobeses tienen derecho a saber qué van a pagar en 2027 y si la Diputación piensa bajar las tasas después de las subidas aprobadas por el PP”.

El portavoz socialista ha remarcado que “el Gobierno provincial ha aumentado un 40,8% la tasa de basura de la empresa provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), una subida que ha encarecido este servicio para la ciudadanía”.

“Después de subir la tasa de basura un 40,8%, queremos saber si Salvador Fuentes va a rectificar y va a bajar las tasas. A día de hoy no conocemos ninguna propuesta para 2027 y exigimos que deje de retrasar la presentación de las ordenanzas fiscales”, ha afirmado Álvarez.

Así las cosas, el PSOE ha reclamado al Gobierno provincial que “presente cuanto antes su propuesta” y explique “con claridad si contempla una reducción de las tasas y qué ahorro supondría para los vecinos de la provincia”.

“No pedimos anuncios, pedimos respuestas. Los cordobeses quieren saber si van a pagar menos el próximo año. Salvador Fuentes tiene que presentar las ordenanzas fiscales y aclarar cuáles son sus planes”, ha concluido el portavoz socialista.

La concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha exigido este lunes la dimisión del delegado de Seguridad, Jesús Coca, por “su gestión de las autorizaciones de eventos en la ciudad”, al considerar que “permite celebraciones sin que estén resueltas todas las garantías administrativas y de seguridad, mientras la falta de efectivos policiales dificulta la atención a las necesidades cotidianas de los barrios”.

En una rueda de prensa, Moya ha criticado que “la gestión del responsable municipal evidencia una preocupante falta de planificación y de prioridades”. “La seguridad consiste en planificar, comprobar que se cumplen las normas, garantizar los medios necesarios y proteger a las personas”, ha aseverado, para apuntar que “lo que estamos viendo son problemas para garantizar la seguridad de los eventos que autoriza el Consistorio y falta de recursos policiales para atender las necesidades de la ciudad”.

La edil socialista ha puesto como ejemplo “la autorización del Sound Project, que, según la documentación, se firmó pese a las advertencias de distintos servicios municipales”. En concreto, ha señalado que “faltaba el informe técnico de Vía Pública, calificado por la propia TAG como preceptivo y vinculante; que el seguro presentado cubría a 3.000 personas frente a las 4.000 solicitadas; que no constaba la contratación de una ambulancia, sino únicamente un presupuesto; que Protección Civil había detectado deficiencias en el plan de autoprotección, y que la Policía Local había establecido las 2,00 horas como hora máxima de finalización”.

“Pese a todas estas advertencias, el delegado firmó una autorización que permitía prolongar el evento hasta las 4:00, en contra del límite horario señalado por la Policía Local en su propio informe”, ha afirmado Moya, quien ha reclamado “explicaciones sobre los motivos de esta decisión y las comprobaciones realizadas antes y durante la celebración”.

La concejal ha recordado que “las consecuencias de esta autorización las sufrieron los vecinos de Córdoba”, asegurando que “durante la madrugada del 3 de octubre se recibieron más de cien llamadas de quejas por el ruido en distintos puntos de la ciudad, desde El Naranjo hasta Parque Cruz Conde”. “Finalmente, la Policía Local tuvo que intervenir y cerrar el espectáculo pasadas las 3,00 horas”, ha apuntado la edil.

“Los vecinos no pudieron dormir y la Policía tuvo que intervenir cuando el daño ya estaba hecho”, ha lamentado Moya, quien ha declarado que “los cordobeses tienen derecho a saber por qué se autorizó el evento en esas condiciones y qué controles se llevaron a cabo”.

También ha criticado que, cuando preguntó al delegado por esta autorización durante el último Pleno municipal, “éste derivara la responsabilidad hacia la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo”. Para la concejal socialista, “el responsable de Seguridad debe asumir las decisiones que firma y dar las explicaciones correspondientes ante la ciudadanía”.

“Falta de efectivos”

La edil ha reprochado también “la política de Recursos Humanos del área de Seguridad y, en particular, la presentación del Grupo Rayo como una herramienta para reforzar la protección en uno de los barrios con mayores necesidades”, cuando, según ha afirmado, “no se destinó ningún policía específicamente al grupo y su funcionamiento dependía exclusivamente de agentes voluntarios que realizaban horas extraordinarias”.

“No se puede estafar a la ciudad con anuncios de refuerzos policiales que no se corresponden con la realidad”, ha criticado Moya, quien ha señalado que, “cuando los agentes dejaron de realizar esas horas extraordinarias al no cobrarlas, el grupo se eliminó para anunciar otro con una denominación diferente”. “Cambiarle el nombre a un grupo no soluciona la falta de efectivos ni devuelve la confianza a los ciudadanos”, ha añadido.

A esta situación se suma, según el PSOE, “el deterioro de Protección Civil”, un servicio sobre el que los socialistas han denunciado “en reiteradas ocasiones la falta de dirección durante meses, el malestar de los voluntarios, las carencias organizativas y de planificación y el deterioro del material disponible”. Moya ha alertado de que, “en las últimas semanas, sus integrantes se han visto obligados a regular el tráfico, una circunstancia que considera reveladora de las deficiencias en la coordinación de los servicios municipales”.

“No se puede hablar de seguridad mientras se debilitan los servicios que deben prevenir riesgos y responder ante las emergencias”, ha insistido.

“La seguridad como derecho”

Para la concejal, “el conjunto de estos episodios demuestra que Jesús Coca no atiende adecuadamente las responsabilidades de su Delegación”, de modo que ha dicho que “Córdoba necesita un responsable que esté al frente de su área, que planifique, coordine los servicios y asuma las consecuencias de sus decisiones”. “Necesita dedicación al cien por cien, no autorizaciones bajo sospecha, servicios esenciales debilitados y vecinos obligados a soportar las consecuencias de una mala gestión”, ha remarcado.

Así, la edil ha reclamado “un cambio de rumbo que garantice una presencia policial suficiente en los barrios, las calles, las entradas y salidas de los centros educativos y los espacios públicos, sin depender de la disponibilidad voluntaria de los agentes para realizar horas extraordinarias”.

“No se puede organizar la seguridad de una ciudad a base de privilegios, improvisación y horas extraordinarias”, ha manifestado, para apostillar que “tampoco puede quedar supeditada a la agenda de eventos del gobierno municipal”.

Además, Moya ha insistido en que “el Ayuntamiento debe garantizar que todos los espectáculos cumplen los requisitos administrativos y de seguridad antes de conceder las autorizaciones, y que los servicios municipales cuentan con los medios necesarios para proteger a la ciudadanía”, a lo que ha agregado que “Córdoba necesita un delegado que garantice que los eventos cumplen las normas y que los ciudadanos cuentan con seguridad en la calle”. “No puede haber barra libre para organizar espectáculos mientras los servicios públicos trabajan al límite”, ha aclarado, para enfatizar que “la seguridad es un derecho de los cordobeses, no una cuestión de prioridades políticas”.

El cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Congreso de los Diputados de cara al 29N, Alberto Mayoral, y el secretario general del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo y portavoz municipal en dicha localidad, Víctor Manuel Pedregosa, han defendido este lunes “los pensionistas no necesitan más sacrificios, necesitan que la derecha deje de cuestionar sus derechos”, y que “no se les vuelva a pedir que se aprieten el cinturón”.

Así, según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha asegurado que “en esta tierra sabemos muy bien lo que significa trabajar duro. Hay personas que se han dejado la salud en la mina, que han sacado adelante a sus familias con muchísimo esfuerzo y que han ayudado a sus hijos cuando peor lo estaban pasando. A esas personas les debemos tranquilidad y respeto. Bastantes sacrificios han hecho ya”.

El candidato socialista ha destacado que “la pensión contributiva media en Peñarroya-Pueblonuevo ha pasado de 1.078,75 euros mensuales en diciembre de 2018 a 1.512,27 euros en diciembre de 2025. Son 433,52 euros más al mes, un aumento del 40,19%, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía”.

“Estamos hablando de hacer la compra, de pagar la luz y de llegar a final de mes. Por eso importa quién gobierna y qué defiende cada partido. El PP aprobó el modelo del 0,25%. Con Pedro Sánchez se ha recuperado la garantía de que las pensiones suban con los precios. Esa es una decisión política que el PSOE defiende y va a seguir defendiendo”, ha señalado.

Mayoral ha rechazado que se presente a los pensionistas como una carga. “Su pensión es un derecho. Se la han ganado trabajando. Quien quiera debatir sobre el futuro del sistema tendrá que explicar cómo va a protegerlos, cómo va a mejorar los ingresos y cómo va a conseguir más empleo con mejores salarios. Los mayores no pueden ser siempre quienes paguen la cuenta”.

En el conjunto de los once municipios de la comarca del Guadiato, de la que forma parte Peñarroya, “la pensión contributiva media ha pasado de 930,38 euros mensuales en diciembre de 2018 a 1.302,13 euros en diciembre de 2025”, es decir, 371,75 euros más al mes, un incremento del 39,96%“. Estas medias, según ha destacado Mayoral, ”reflejan las subidas anuales y los cambios entre las personas que comienzan a cobrar una pensión y las que causan baja“.

Por su parte, Víctor Manuel Pedregosa ha recordado que Peñarroya-Pueblonuevo cuenta con 2.572 personas que cobran una pensión contributiva y el conjunto del Guadiato, con 7.063, incluidos los pensionistas del municipio, según los datos oficiales de cierre de 2025.

“Detrás de esos números están nuestros vecinos y nuestras vecinas, personas que han trabajado aquí, que han levantado este pueblo y que quieren seguir viviendo en él con dignidad. Hay que tener muy poca memoria para hablar de sus pensiones como si fueran un privilegio”, ha afirmado.

Pedregosa ha destacado que las pensiones también sostienen la economía de la comarca. “Ese dinero llega a la tienda, al mercado, a los bares y a los negocios de nuestros vecinos. Si nuestros mayores pierden ingresos, lo pierde también el pueblo. Por eso defender las pensiones es defender Peñarroya y el Guadiato”.

Ambos representantes han reivindicado la revalorización general del 2,7% de las pensiones contributivas en 2026, junto a las mejoras específicas para las mínimas y otras prestaciones.

“El PSOE tiene una posición clara, nuestros mayores deben poder vivir tranquilos y quienes están trabajando hoy deben contar también con una pensión pública cuando se jubilen. Vamos a defenderlo aquí y en el Congreso. Los derechos se sostienen con decisiones, con recursos y con votos”, han concluido.

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha denunciado que el presupuesto del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) para 2027 evidencia, a su juicio, la falta de ambición del Gobierno de José María Bellido en materia cultural. Aunque las cuentas aumentan un 5,1%, no incorporan nuevas inversiones ni recuperan las ayudas a las pequeñas salas de música, al tiempo que mantienen pendientes obras y mejoras que siguen dependiendo de la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores.

“Bellido vuelve a gestionar mal la cultura de Córdoba, con unos presupuestos que crecen sobre el papel, pero que no apuestan por mejorar la vida cultural de la ciudad, generar oportunidades para nuestros creadores y conseguir que la cultura llegue a más público”, ha señalado Bernal.

La edil socialista ha recordado que el presupuesto anterior contemplaba 150.000 euros para inversiones, mientras que las cuentas de 2027 no reservan ni un euro para nuevas actuaciones. Sin embargo, siguen pendientes intervenciones necesarias, como las reparaciones de las cubiertas del Teatro Góngora y del Gran Teatro, así como el proyecto de reforma integral de este último equipamiento. Estas actuaciones suman más de 456.000 euros y se prevé abordarlas mediante la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores.

“Es difícil hablar de una apuesta por la cultura cuando no se contempla ni un euro para nuevas inversiones y siguen pendientes actuaciones necesarias. Córdoba no necesita proyectos que se arrastran de un año para otro, sino planificación, obras ejecutadas y equipamientos en condiciones”, ha subrayado.

En este sentido, Bernal ha puesto como ejemplo lo ocurrido el pasado jueves 15 de octubre durante la inauguración de la temporada de la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro, cuando el concierto tuvo que detenerse al apagarse la mitad de las luces del escenario. Aunque ha calificado el incidente de anecdótico, considera que pone de manifiesto la conveniencia de revisar la instalación eléctrica y acometer las mejoras que resulten necesarias.

Sin ayudas para las pequeñas salas de música

Otra de las principales críticas del PSOE se dirige a la política de subvenciones del IMAE. El presupuesto mantiene 600.000 euros para festivales musicales de gran formato y 100.000 euros para entidades sin ánimo de lucro, pero no incluye la línea de ayudas a pequeñas salas de música recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de 2026.

“¿Qué hace Bellido por mejorar la cultura de Córdoba más allá de mantener los grandes espectáculos? ¿Qué hace por las pequeñas salas, los músicos que empiezan y las empresas culturales que generan empleo? Una ciudad que aspira a ser referente no puede dar la espalda a quienes crean cultura durante todo el año”, ha afirmado la concejala socialista.

Para Bernal, la política cultural municipal no puede limitarse a la celebración de grandes eventos, sino que debe fortalecer el tejido cultural de proximidad, facilitar el acceso de la ciudadanía a las distintas manifestaciones artísticas y ofrecer oportunidades a los artistas cordobeses.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista reclama recuperar las ayudas a las pequeñas salas de música e impulsar una estrategia estable de apoyo a la creación y producción cultural local, que permita dar continuidad a los proyectos y reforzar a las empresas y profesionales que mantienen viva la actividad cultural durante todo el año.

Más gasto, pero sin objetivos concretos ni inversiones

El PSOE también cuestiona que el incremento presupuestario no venga acompañado de objetivos concretos que permitan evaluar los resultados de la gestión del IMAE. Los gastos de personal aumentan un 6%, hasta alcanzar los 2,67 millones de euros, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios crecen un 7,7%, hasta los 3,78 millones.

“Bellido no puede presumir de unos presupuestos que crecen si después ese incremento no se traduce en mejoras reales. Gobernar es ejecutar, cumplir los compromisos y responder a las necesidades de la ciudadanía y de la cultura cordobesa”, ha defendido Bernal.

La concejala ha insistido en que las cuentas públicas deben servir para mejorar los equipamientos, respaldar a los creadores y ampliar las oportunidades de acceso a la cultura, en lugar de limitarse a mantener la programación existente sin afrontar las necesidades pendientes.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista reclama al Gobierno de Bellido que recupere las ayudas a las pequeñas salas de música, planifique y ejecute las inversiones pendientes y refuerce el apoyo a la producción cultural cordobesa: “Córdoba merece más cultura de proximidad, más apoyo a nuestros creadores y más oportunidades para quienes hacen posible la actividad cultural de la ciudad. Necesitamos menos presupuestos que crecen sobre el papel y más resultados para la gente”.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha lamentado la “incertidumbre” del Gobierno de la Junta de Andalucía con relación a la compra de los cines de verano de Córdoba capital y a su declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC).

En una nota remitida por el partido, Hurtado ha hecho mención al anuncio del alcalde, José María Bellido, y de la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, de ejercer el derecho de retracto para adquirir los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, en nombre del Ayuntamiento de Córdoba por 300.000 euros.

Asimismo, ha criticado que “fue el Gobierno Municipal de José María Bellido quien renunció en dos ocasiones a comprar los cines de verano a los herederos de Martín Cañuelo, lo que facilitó que fueran adquiridos por un empresario”. “Con posterioridad, cuando Bellido se da cuenta del error y del perjuicio a la ciudad, denunciado por la Coordinadora SOS Cines de Verano, trató de implicar a la Junta de Andalucía para que ejerciera en nombre del Ayuntamiento el derecho de retracto”, ha explicado.

Hurtado ha criticado que “hayan transcurrido más de cinco meses y la Junta de Andalucía siga sin resolver y ejercer el derecho de retracto, dándose una discutible y dudosa prórroga de 10 días que finaliza la próxima semana”.

El socialista ha pedido al Gobierno de Bellido el acuerdo municipal o resolución por los que la Junta de Andalucía puede comprar en su nombre los cines de verano, dado que no ha podido ser una decisión unilateral de la Junta de Andalucía.

“Las cosas se están haciendo tan mal, ya que hay serias y fundadas dudas de que la Junta de Andalucía ejerza el derecho de retracto y adquiera en nombre del Ayuntamiento los tres cines de verano”, ha subrayado.

También ha criticado que la Junta de Andalucía “no haya incoado” el expediente para la declaración de BIC en la categoría de lugar de Interés etnológico de los cines de verano de Córdoba, tras la solicitud registrada por la Coordinadora SOS Cines de Verano en el mes de julio pasado.

Para el portavoz socialista, “sigue pasando el tiempo y la Junta de Andalucía no da razones para no incoar el expediente, siendo un paso decisivo para adoptar medidas de protección sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias, Olimpia y Coliseo San Andrés”.

Antonio Hurtado ha considerado “un paso importante” el acuerdo unánime de todos los Grupos Parlamentarios en la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía, pero cree que la incoación “debiese ser inmediata para garantizar su protección y evitar su deterioro, como está ocurriendo de forma preocupante en el cine Olimpia”.

Lo que parecía un gesto y una intención de unidad en la izquierda finalmente se ha acabado resolviendo en una fragmentación que afectará en los resultados de los próximos comicios. El Frente Amplio y Podemos no han logrado llegar a un acuerdo en las negociaciones para una gran coalición de izquierdas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y en Andalucía, incluida Córdoba, habrá tres listas a la izquierda del PSOE.

Según informó elDiario.es, la jornada del viernes era crucial para llegar a un consenso final. Tanto es así que el límite para enviar los partidos que se presentan a los comicios terminaba este 16 de octubre a las 23:59. Por tanto, eran unas negociaciones a contrarreloj y había muchos territorios en duda. Pese a ello, las negociaciones no llegaron a buen puerto, a excepción de la Comunidad Valenciana y Canarias, donde la presencia de partidos territoriales fuertes como Compromís y Nueva Canarias han hecho que sí se conformen esa alianza.

Y es que la irrupción de Adelante Andalucía ha sido determinante en este sentido para que la fragmentación de la izquierda en toda la comunidad sea más visible. El partido liderado por Juan Ignacio García ya dijo en un primer momento su intención de presentarse en solitario para las elecciones generales en cada una de las provincias andaluzas, mientras que se esperaba que Frente Amplio aglutinase el resto de las fuerzas de izquierda, pero no ha sido así.

Podemos se desmarcó inicialmente a nivel nacional después de que Ada Colau fuese la candidata por Frente Amplio para encabezar a la coalición de izquierdas. Pese a ello, han existido negociaciones en todo el país que finalmente no han dado sus frutos. Por tanto, en gran parte de las comunidades autónomas habrá dos fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, mientras que en Andalucía -incluida Córdoba- se suma Adelante para formar la tercera.

En el Senado sí que finalmente hubo acuerdo

Por su parte, y también tal y como informó elDiario.es durante la jornada del viernes por la noche, el PSOE y los partidos que integraron esta legislatura Sumar y ahora se proyectan a las urnas como Frente Amplio han logrado un acuerdo para presentar listas conjuntas a la Cámara Alta de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Según fuentes de la negociación consultadas, el acuerdo garantizaría una representación a sus socios de Gobierno que hasta ahora no tienen y permitiría al conjunto de la izquierda disputarle la mayoría absoluta a la derecha.

“Hace meses lanzamos una petición: que el voto progresista dejara de perderse en el Senado por ir dividido. Miles de personas lo hicieron suyo y se organizaron en prácticamente todas las provincias donde hoy hay acuerdo. Este acuerdo nace de la sociedad civil, y agradecemos a las fuerzas políticas que hayan sabido escuchar esa demanda y trabajado sin descanso para hacerla realidad”, dice una nota remitida en nombre de la plataforma Senadoras y Senadores la democracia.

“Creemos en un Senado útil, que acerque los territorios en lugar de enfrentarlos y que dedique su tiempo a mejorar las leyes y no a perseguir al adversario político. Un Senado que se ocupe de lo que de verdad importa a la gente, empezando por lo que hoy más angustia a miles de familias: poder tener una casa donde vivir. No nos movilizamos solo contra algo, sino por algo. Por un país que siga avanzando en derechos, que no deje a nadie atrás y que mire al futuro con esperanza y no con miedo. Ese es el sentido de este acuerdo, y por eso es un estímulo para movilizar también al electorado progresista en las elecciones al Congreso”, traslada el PSOE.

Con menos tensión que en la sesión de la mañana, el Pleno monográfico sobre vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba en la tarde de este jueves fue también intenso. La sesión se convocó a instancias de los concejales del PSOE y de Hacemos Córdoba, y se convirtió en un cruce de reproches y acusaciones. Los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba acusaron al gobierno local de no haber construido ni una vivienda pública ni de alquiler en estos ocho años de gobierno del PP. Los populares se defendieron asegurando que ni el PSOE ni IU hizo vivienda pública alguna durante su mandato entre 2015 y 2019. Y el PP y Vox coincidieron en acusar al gobierno de Pedro Sánchez de ser el culpable de la situación de la vivienda en España, de la crisis de precios y la vulnerabilidad de los inquilinos y propietarios.

El debate sirvió para reflejar dos visiones totalmente contrapuestas de cómo tiene que ser el mercado de la vivienda en España. Protegido y regulado, para el PP y Hacemos. O libre, sin trabas burocráticas y mucha más construcción para el PP y Vox. Finalmente se aprobó la enmienda a la totalidad que presentó el PP, gracias a la mayoría absoluta de sus concejales y a la abstención de Vox. Hacemos y el PSOE votaron en contra.

La primera intervención del Pleno corrió a cargo de Catalina Ortega, portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, que puso el foco en las familias que sufren dificultades para acceder a una vivienda o que viven bajo la amenaza de perderla. Ortega recordó que detrás de las cifras hay personas, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que viven con la angustia de recibir una notificación de desahucio.

“La vivienda no es un negocio, es un derecho”, defendió, antes de cuestionar el argumento de que la solución pasa exclusivamente por construir más casas. La portavoz recordó que España ya atravesó un boom inmobiliario en el que se construyeron numerosas viviendas sin que eso garantizara el acceso a un hogar digno para toda la población.

Ortega apuntó que Andalucía cuenta con más de medio millón de viviendas vacías y que en la provincia de Córdoba hay más de 50.000. A su juicio, el problema no se puede abordar sin afrontar la especulación inmobiliaria y el uso de la vivienda como activo de inversión, una práctica que, según denunció, acaba expulsando del mercado a quienes no pueden asumir los precios.

Por ello, reclamó que el Ayuntamiento impulse más vivienda pública en alquiler, mejore las condiciones de las viviendas destinadas al alquiler social y desarrolle políticas que permitan movilizar las casas vacías hacia el alquiler asequible.

La portavoz de Stop Desahucios también dirigió sus críticas a la Oficina Municipal de la Vivienda, que, según afirmó, se encuentra desactivada y carece de presupuesto y personal suficientes para desarrollar una actuación efectiva. Ortega exigió que este servicio intervenga antes de que se produzcan los desahucios, para evitar que las familias lleguen a perder su hogar sin recibir una respuesta de las administraciones.

Entre sus demandas figuraron la puesta en marcha de un plan municipal de emergencia habitacional, el incremento del parque público de alquiler asequible, un programa eficaz para movilizar viviendas vacías y la publicación de datos transparentes sobre la situación de la vivienda en Córdoba.

“Ninguna familia debería acabar en la calle porque las administraciones no han podido acudir a tiempo”, advirtió. Ortega cerró su intervención con un mensaje dirigido al Ayuntamiento: dentro de un año, dijo, no quieren volver a escuchar promesas sobre miles de viviendas que se construirán en el futuro, sino comprobar qué soluciones se han puesto en marcha para quienes necesitan una casa ahora.

Hacemos Córdoba acusa al PP de desactivar la Oficina de la Vivienda

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, recogió buena parte de las reivindicaciones de Stop Desahucios y centró sus críticas en la gestión del gobierno municipal. El concejal reivindicó el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y reprochó al PP que no defienda ese principio desde las instituciones.

Hidalgo sostuvo que el debate extraordinario se había convocado junto al PSOE precisamente porque, a su juicio, el gobierno municipal evita abordar la vivienda como un derecho y como una responsabilidad de las administraciones públicas. “El PP no quiere hablar de lo público ni de derechos”, resumió.

El edil denunció que la Oficina de la Vivienda lleva siete años desactivada y consideró que podría desempeñar un papel relevante frente a los fondos de inversión que, según su diagnóstico, están expulsando a familias de sus hogares. También vinculó el problema del acceso a la vivienda con la proliferación de apartamentos turísticos y acusó al gobierno municipal de favorecer la conversión de la ciudad en un negocio inmobiliario.

En este punto, afirmó que se habían concedido más de 200 licencias para apartamentos turísticos en los nueve meses anteriores. Asimismo, cifró en un 32% el incremento de los desahucios respecto al año pasado y aseguró que se habían producido más de 70 en la ciudad durante el año, sin que el Ayuntamiento hubiera ofrecido una respuesta suficiente. Hidalgo citó expresamente a Loli y Maricarmen como ejemplos de personas a las que, según denunció, el Consistorio no está defendiendo ante sus problemas de vivienda.

El concejal de Hacemos Córdoba amplió sus críticas a la política autonómica del PP y a la gestión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que acusó de no atender adecuadamente a sus inquilinos. También censuró la gestión de Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda, al considerar que ha dejado de cumplir el papel que debería desempeñar en la promoción de vivienda asequible.

Vox responsabiliza al Gobierno central y reclama más construcción

La portavoz de Vox, Marta León, cuestionó que PSOE y Hacemos Córdoba plantearan el debate y acusó a la izquierda de ser responsable de buena parte de los problemas que denuncia. Su intervención se centró en las dificultades de los propietarios, la reducción de la oferta de alquiler y la necesidad de agilizar la construcción.

León defendió que el problema afecta tanto a los jóvenes que no pueden encontrar una vivienda a un precio asumible como a los propietarios que han trabajado durante décadas para adquirir una casa. En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a estos últimos en sospechosos y no ha ofrecido soluciones después de años en el poder.

La concejala aseguró que, entre 2020 y 2025, la oferta de viviendas en alquiler había caído un 53%, mientras los precios seguían aumentando. A su juicio, la reducción de la oferta y el encarecimiento de los alquileres constituyen una realidad que sufren los vecinos de Córdoba.

Frente a las propuestas de la izquierda, León reclamó facilitar la construcción de nuevas viviendas, agilizar las licencias y revisar las trabas administrativas que, según sostuvo, pueden mantener una promoción paralizada durante años. También defendió una mayor seguridad jurídica y el impulso de vivienda protegida para quienes realmente la necesitan.

La edil de Vox acusó al PSOE de ofrecer “propaganda y anuncios” en lugar de soluciones y rechazó que se responsabilice a los propietarios de las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, durante la réplica reconoció que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tienen responsabilidades en esta materia.

El PSOE denuncia que la Junta no ha construido vivienda social en Córdoba

El concejal socialista José Antonio Romero rechazó los argumentos del PP y Vox y defendió que la vivienda debe abordarse desde las obligaciones que establece el marco constitucional. En su intervención, recordó el artículo 47 de la Constitución y el reparto de competencias entre administraciones, con especial atención a las atribuciones de las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Romero citó el artículo 148.1 de la Constitución y el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía para subrayar la responsabilidad de la Junta en la ordenación del territorio, el urbanismo y la promoción pública de viviendas.

A partir de ese marco, preguntó al Gobierno andaluz cuántas viviendas sociales había construido durante los ocho años de mandato del PP. Su respuesta fue tajante: según afirmó, en Córdoba no se había construido ninguna vivienda social ni de protección pública durante ese periodo.

El edil socialista también denunció un incremento del 40% en el precio máximo por metro cuadrado de la vivienda protegida en Andalucía y cuestionó el destino previsto para el inmueble de Manríquez 2, que, según señaló, se utilizará como hotel en lugar de destinarse a un uso público.

Romero preguntó además qué había hecho la Junta con los 1.600 millones de euros que, según indicó, habían llegado del Gobierno de España para políticas de vivienda y cuánto se había invertido en Córdoba en la construcción de casas sociales o públicas.

El concejal también criticó la gestión del bono de alquiler joven, cuya tramitación por parte de la Junta, aseguró, había permanecido paralizada durante meses pese a contar con financiación estatal.

Las críticas socialistas se dirigieron igualmente al alcalde, José María Bellido, y a Vimcorsa. Romero sostuvo que el Ayuntamiento tampoco había construido vivienda pública durante el mandato del actual gobierno municipal y puso en cuestión que los anuncios realizados por los populares se hayan traducido en promociones terminadas.

Torrico defiende la gestión municipal y acusa a la izquierda de dejar cero proyectos

El presidente de Vimcorsa y concejal del PP, Miguel Ángel Torrico, respondió a las críticas apelando a la necesidad de abordar el problema con “responsabilidad y empatía”, además de con rigor y datos. El edil popular rechazó que Córdoba pueda analizarse de manera aislada del contexto nacional y responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez y a las fuerzas de izquierda de la crisis de vivienda.

Torrico afirmó que el encarecimiento de la vivienda en Córdoba había sido del 27% en los últimos cuatro años y destacó que la ciudad se encontraba entre las capitales españolas donde menos había subido el precio, al situarla en el puesto 46 de un total de 50. Sostuvo que los precios habían aumentado en todas las capitales, con independencia del partido que gobernara.

El concejal también reprochó al anterior gobierno municipal de PSOE e IU que, entre 2015 y 2019, retirara suelo residencial y no pusiera en marcha ningún proyecto de vivienda pública. Según su versión, aquel mandato terminó sin promociones municipales de este tipo.

En relación con el mercado del alquiler, Torrico aseguró que la oferta había caído un 15% en Córdoba tras los decretos impulsados en esta materia y defendió que la solución pasa por incrementar el número de viviendas disponibles mediante la construcción.

Frente a las acusaciones de Stop Desahucios sobre la Oficina Municipal de la Vivienda, el edil popular sostuvo que el servicio existe y trabaja en coordinación con los servicios sociales. Según los datos que aportó, se habían realizado 389 actuaciones para evitar desahucios y 124 familias habían sido propuestas para recibir una solución habitacional.

Torrico añadió que el Ayuntamiento había concedido 3.496 ayudas al alquiler y que el PP había destinado 9,6 millones de euros a estas políticas, con 1,5 millones adicionales previstos para 2026. En su comparación con el anterior gobierno municipal, afirmó que el Ejecutivo de Isabel Ambrosio había destinado 1,2 millones.

El concejal defendió que la construcción de nuevas viviendas es la principal vía para responder a la demanda y rechazó que el gobierno municipal haya permanecido inactivo en materia residencial.

El PSOE cifra en más de 8.000 los demandantes de vivienda asequible

En el turno de réplica, Romero insistió en que el PP debía demostrar con resultados sus anuncios de nuevas promociones. Preguntó cuántas viviendas había construido Vimcorsa durante el actual mandato y respondió que ninguna.

El socialista recordó que en el consejo de administración de la empresa municipal se había planteado la construcción de 60 viviendas en el Campo de la Verdad y San Rafael de la Albaida, en su mayoría en régimen general y con precios máximos regulados. Sin embargo, denunció que esas promociones no se habían materializado.

Romero también cuestionó que los presupuestos municipales incluyeran recursos suficientes para cumplir los compromisos anunciados por el gobierno local. A su juicio, las promesas de construir 2.000 viviendas en alquiler por 300 euros al mes y en venta por 90.000 euros tampoco se habían traducido en resultados.

Para ilustrar la dimensión de la demanda, el concejal aportó las cifras de 4.048 solicitantes de vivienda en alquiler y 4.074 interesados en comprar una vivienda asequible. En total, más de 8.000 demandantes a los que, según denunció, el Ayuntamiento no había ofrecido una solución.

El socialista reprochó al alcalde que no estuviera respondiendo a las dificultades de los cordobeses para llegar a final de mes y vinculó esa situación con las subidas de las tarifas municipales del agua y la basura.

También contrapuso la política andaluza de vivienda protegida con la aplicada en Dos Hermanas, donde, aseguró, el PSOE había rebajado un 12% el precio máximo de este tipo de viviendas, frente al incremento del 40% que atribuyó a la Junta de Andalucía.

Hacemos Córdoba acusa al PP de convertir Vimcorsa en una inmobiliaria

La réplica de Juan Hidalgo volvió a poner el foco en las competencias autonómicas y municipales. El portavoz de Hacemos Córdoba reprochó a Vox su planteamiento sobre el reparto de responsabilidades y sostuvo que la vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas.

Hidalgo acusó a la derecha y a la ultraderecha de no querer defender la vivienda como un derecho y dirigió sus críticas tanto a AVRA como a Vimcorsa. Sobre la primera, aseguró que se había convertido en “el peor casero de Andalucía”, por el estado de las viviendas y la atención a sus inquilinos. En cuanto a la empresa municipal, consideró que había abandonado su función de promoción pública para comportarse como una inmobiliaria más.

El concejal popular Torrico había señalado que el anterior gobierno de PSOE e IU no dejó proyectos preparados para su desarrollo. Hidalgo rechazó esa versión y recordó que las 308 viviendas de Huerta de Santa Isabel se iniciaron en 2015, mientras que el proyecto de las viviendas de Sama Naharro databa de 2017.

Con estos ejemplos, el edil de Hacemos Córdoba cuestionó que el PP pudiera atribuir la falta de promociones a la ausencia de trabajo previo y reiteró que, a su juicio, el gobierno municipal no había impulsado nuevas viviendas públicas suficientes.

El PP anuncia 784 alojamientos para jóvenes y defiende las promociones previstas

En su última intervención, Torrico volvió a cargar contra la gestión de los anteriores gobiernos municipales y aseguró que durante el mandato de PSOE e IU se registraron 249 desahucios, frente a una cifra que, según afirmó, se ha reducido un 90% con el actual gobierno.

El concejal popular negó que el anterior Ejecutivo hubiera dejado preparadas las promociones que ahora se están desarrollando y citó distintas actuaciones, entre ellas las de San Jerónimo, con 104 viviendas en una primera fase y 103 en una segunda, además de Sama Naharro y los alojamientos para mayores de Don Rodrigo.

Torrico anunció asimismo que el lunes 26 de octubre se llevaría a la Junta de Gobierno Local una encomienda de gestión para licitar 784 alojamientos para jóvenes en Córdoba. La actuación, según explicó, forma parte de los proyectos con los que el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta residencial.

El edil también comparó los compromisos de construcción del Gobierno central con los del Ayuntamiento y afirmó que Pedro Sánchez había anunciado la construcción de 183.000 viviendas sin haber levantado ninguna. En el ámbito local, aseguró que el Consistorio pondrá en carga dos millones de metros cuadrados de suelo y citó los 200.000 metros cuadrados previstos en el sector O-4 de Córdoba.

Mientras Torrico intervenía, los activistas de Stop Desahucios abandonaron el salón de plenos entre acusaciones de que el concejal estaba diciendo “mentiras”. La salida de los representantes de la plataforma evidenció el malestar de quienes habían reclamado al comienzo de la sesión una respuesta inmediata a las familias que atraviesan una situación de emergencia habitacional.

En la última réplica, Romero calificó de “demagogia barata” las afirmaciones del concejal popular y volvió a poner el acento en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. “El precio de la vivienda sube dos veces más rápido que los sueldos”, sostuvo.

El PP saca adelante su enmienda con la abstención de Vox

El debate concluyó con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y el PP. La propuesta de Vox contó con el apoyo de la propia formación, pero fue rechazada por los votos contrarios de Hacemos Córdoba y el PSOE y la abstención del PP.

A continuación, el Pleno aprobó la enmienda a la totalidad presentada por los populares. La mayoría absoluta del PP permitió sacar adelante el texto, con la abstención de Vox y los votos en contra de los dos grupos de izquierda.

El resultado cerró una sesión marcada por las diferencias sobre el papel de las administraciones, la regulación del mercado inmobiliario y la eficacia de las políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda asequible.

Mientras PSOE y Hacemos Córdoba reclamaron más promoción pública y acusaron al Ayuntamiento de no haber construido vivienda social durante los ocho años de gobierno popular, el PP defendió las ayudas municipales, las actuaciones realizadas para evitar desahucios y los proyectos previstos. Vox coincidió con los populares en atribuir al Gobierno central buena parte de la responsabilidad por el encarecimiento de la vivienda, aunque defendió que también deben actuar la Junta y el Ayuntamiento.

La sesión dejó así sin resolver el principal desacuerdo político: si la respuesta a la crisis residencial debe pasar prioritariamente por ampliar el parque público y regular el mercado o por aumentar la oferta mediante nuevas construcciones, agilizar los trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal del Ayuntamiento, José Antonio Romero, ha criticado este miércoles que las ordenanzas fiscales para 2027 que plantea el gobierno municipal del PP “no contemplan una bajada real de impuestos para la mayoría de los cordobeses, sino que mantienen congelados el IBI y el IAE mientras aplican algunas bonificaciones que, según ha señalado, benefician fundamentalmente a determinados colectivos y propietarios”.

En una rueda de prensa, Romero ha reprochado que el alcalde, José María Bellido, “vuelva a vender una bajada de impuestos que no se corresponde con la realidad”, dado que “la reducción de ingresos prevista por el Consistorio asciende a unos 245.000 euros, apenas un 0,12%, mientras las familias cordobesas continúan afrontando el encarecimiento de los servicios básicos”.

“¿Qué hace Bellido para ayudar a los vecinos a llegar a final de mes?”, ha preguntado el edil, manifestando que “la realidad es que no les baja los impuestos y, sin embargo, les sube las tasas del agua y de la basura”, al tiempo que ha advertido de que “estas decisiones incrementan la presión económica sobre los hogares cordobeses”.

En este sentido, Romero ha recordado que, “desde el inicio del actual mandato municipal en 2023, la tasa de basura ha aumentado cerca de un 55% y la del agua más de un 20%, según los datos expuestos por el Grupo Socialista”. Además, ha señalado que “se contemplan nuevos incrementos del 2,2% en la tasa de basura y del 2,1% en la del agua”.

“Mientras el alcalde presume de bajar impuestos, los recibos que llegan a las casas de los cordobeses siguen subiendo”, ha lamentado, para apuntar que “eso significa que las familias tienen que destinar una mayor parte de sus ingresos a pagar servicios esenciales y disponen de menos dinero para el resto de sus necesidades”.

Una veintena de enmiendas

Frente a esta política, el Grupo Socialista ha presentado 21 enmiendas a las ordenanzas fiscales de 2027 con el objetivo de “introducir cambios que permitan repartir de forma más equilibrada el esfuerzo fiscal, apoyar a las familias y favorecer un modelo de ciudad que priorice el acceso a la vivienda y los servicios públicos”.

Entre las propuestas, Romero ha destacado “la recuperación del IBI de naturaleza rústica”, al considerar que “el gobierno municipal ha reducido la carga fiscal a determinados propietarios mientras mantiene el incremento de las tasas que pagan todos los ciudadanos”.

Asimismo, el PSOE plantea “establecer una tasa por la prestación de servicios municipales extraordinarios y aprobar medidas fiscales y bonificaciones en el IBI para inmuebles urbanos destinados a vivienda residencial que anteriormente estuvieran registrados como viviendas de uso turístico”.

En relación con este último ámbito, los socialistas proponen también “incrementar la fiscalidad de los apartamentos y viviendas turísticas a través del IBI, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), con el propósito de favorecer que parte de esos inmuebles puedan destinarse al uso residencial”.

Otra de las medidas incluidas en las enmiendas es “la gratuidad del acceso al Zoológico y a la Ciudad de los Niños, una iniciativa con la que el Grupo Socialista pretende facilitar el acceso de las familias cordobesas a estos espacios municipales”.

Romero ha defendido que “las ordenanzas fiscales deben servir para mejorar la vida de la ciudadanía y no limitarse a anunciar reducciones tributarias que tienen un alcance muy reducido”. “Necesitamos una política fiscal que tenga en cuenta la situación de las familias, que ayude a quienes más dificultades tienen para llegar a final de mes y que distribuya de manera más justa las cargas económicas”, ha indicado.

Así, el candidato socialista ha reclamado al gobierno municipal que “tenga en cuenta las 21 propuestas presentadas por el PSOE y abandone una política que combina una reducción limitada de determinados ingresos municipales con incrementos en las facturas de servicios básicos”, de modo que “Córdoba necesita medidas que se noten de verdad en el bolsillo de sus vecinos y no basta con anunciar que se bajan los impuestos, sino que hay que mirar lo que pagan las familias cada mes y actuar para que el coste de la vida no siga aumentando”, ha defendido.