El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales ha alertado de que “el Hospital Universitario Reina Sofía ha licitado un nuevo contrato de hasta 13 millones de euros para derivar a la sanidad privada las pruebas diagnósticas que no puede asumir el sistema público”, todo ello “mientras la plantilla del propio hospital se reduce y la lista de espera de los cordobeses no deja de crecer.

Según ha señalado el PSOE en una nota, Morales ha afirmado que mientras el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, “destina 13 millones de euros a pagar a clínicas privadas, el Reina Sofía tiene hoy 531 profesionales menos que en 2019”, así que no es “falta de dinero, sino que ”ese dinero se gasta en el sitio equivocado“.

En este sentido, el socialista ha añadido que “la Junta prefiere firmar contratos con empresas privadas antes que cubrir las plazas de médicos y enfermeras que necesita su propio hospital”.

El dirigente del PSOE ha explicado que “este nuevo contrato se justifica, como todos los anteriores, con el argumento de reducir las listas de espera”, pero “los datos oficiales de la propia Consejería demuestran que ese objetivo no se cumple”, ya que “en la provincia de Córdoba hay ya alrededor de 15.000 personas más esperando que hace unos años, así que no es verdad que privatizar reduzca la espera; lo único que hace es sacar dinero público del sistema público para metérselo a empresas privadas sin que el paciente note ninguna mejora”.

Asimismo, ha señalado que “no faltan médicos ni enfermeras dispuestos a trabajar en Córdoba, lo que falta es que la Junta quiera contratarlos, porque prefiere firmar acuerdos con la privada antes que reforzar la plantilla pública”, ha dicho Morales, subrayando que “esto no es un problema puntual de este contrato, es la forma en la que este Gobierno entiende la sanidad: menos personal público y más dinero para lo privado”.

Para Morales, “es incomprensible que, mientras el Reina Sofía pierde plantilla año tras año, la Junta encuentre 13 millones de euros para pagar a clínicas privadas, y que ni siquiera así consiga bajar la lista de espera”. “No es un problema de recursos, es un problema de prioridades”, ha insistido.

Morales ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista preguntará en el Parlamento de Andalucía “por los resultados reales de esta nueva privatización, exigiendo conocer qué empresas se benefician del contrato, cuánto cuesta cada prueba derivada a la privada frente a hacerla en lo público, y cuántos pacientes siguen esperando pese a este nuevo gasto”.

Así las cosas, el PSOE va a “preguntar en sede parlamentaria hasta que la Junta explique por qué paga cada vez más a lo privado mientras su propio hospital pierde profesionales y los cordobeses siguen esperando”, ha concluido Esteban Morales.

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este martes “el grave deterioro que sufre la atención ciudadana en la red de centros cívicos de la ciudad durante el período estival”, una situación que ha calificado de “problema estructural y de falta de planificación por parte del gobierno de Bellido”.

En una rueda de prensa, Moya ha señalado que “el verano no debería ser un obstáculo para acceder a los servicios públicos municipales, pero la realidad demuestra que deja al descubierto un problema que el gobierno municipal lleva años sin resolver: una atención al público muy mermada durante todo el año que en estos días se reduce a la mínima expresión o desaparece por completo”.

Al respecto, la edil ha subrayado que “la Oficina de Gestión Tributaria no dispone actualmente de citas libres en ningún centro cívico de la capital, afectando tanto a los barrios periféricos como al casco urbano”, a lo que ha agregado que “esta parálisis coincide plenamente con el período voluntario de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) --el principal tributo municipal--, cuyo plazo concluye el 5 de agosto”.

Así, ha indicado que “una vecina de Villarrubia, Cerro Muriano o Miralbaida que necesite pedir la carta de pago del IBI --que el Ayuntamiento envía cada vez menos a los domicilios-- o hacer un plan tributario, descubre que no hay citas en su centro cívico”, de modo que “la única alternativa que le deja el Ayuntamiento es desplazarse hasta las oficinas de Gran Capitán y hacer cola”, ha explicado la concejal.

Asimismo, Moya ha reprochado que “los servicios de Registro y Padrón sufren una merma similar”, de forma que “la mayoría de los centros cívicos prestan esta atención únicamente uno o varios días a la semana --sólo dos abren de lunes a viernes--, por lo que con la llegada de las vacaciones el servicio desaparece en múltiples distritos al no sustituirse a los trabajadores que rotan entre centros”.

“Un problema previsible”

La edil socialista ha hecho hincapié en que “las vacaciones estivales son un derecho laboral totalmente previsible y conocido con antelación por el equipo de gobierno”. “Las vacaciones no empiezan por sorpresa cada mes de julio”, ha advertido, para apostillar que “el problema no son los descansos de los empleados, sino la nula planificación del gobierno municipal para cubrir los servicios durante todo el año”.

Moya ha recordado que “la atención presencial y de proximidad es un servicio esencial, especialmente para las personas mayores o la ciudadanía con dificultades para realizar trámites telemáticos”.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista han exigido al gobierno de Bellido que “deje de asumir el deterioro del servicio como algo inevitable y elabore de manera urgente un plan integral de cobertura y organización del personal que garantice la continuidad de los servicios públicos ante vacaciones, bajas o permisos”.

“La calidad de un servicio público no se mide cuando todo va bien, sino cuando la administración es capaz de seguir prestándolo con normalidad ante circunstancias previsibles”, ha remarcado, para apuntar que “eso es, precisamente, lo que hoy brilla por su ausencia en los centros cívicos”.

El portavoz socialista Antonio Hurtado y los representantes del PSOE en el Consejo de Administración de Sadeco, han votado en contra de la propuesta del presidente, Miguel Ruiz Madruga, de no formular, ante el Tribunal de Cuentas, demanda en el procedimiento de reintegro por alcance en los fondos públicos de Sadeco, como consecuencia de un incremento no justificado del gasto con cargo al Fondo Social en el ejercicio 2021.

En concreto, Hurtado considera que el Presidente de SADECO trata de beneficiar al anterior gerente, presunto responsable del perjuicio económico, y se ampara en un informe jurídico externo hecho a medida para el objetivo que pretende.

Hurtado denuncia que no se ha contado con el letrado del Ayuntamiento de Córdoba, que forma parte del Consejo de Administración con voz pero sin voto, porque su opinión no es coincidente con la propuesta que han presentado ante el Consejo de Administración.

Para Hurtado, los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales de SADECO en el 2021, no son responsables del perjuicio económico ocasionado por superar la cuantía del Fondo Social de la Empresa la cantidad establecida en los PGE, y que ha dado lugar a una liquidación provisional de reintegro de 35.000 euros.

Desde el PSOE consideran que son presuntos responsables de este alcance el que fuera Director-Gerente de la Empresa y si acaso quienes firmaron la propuesta de estimación de la cuantía del Fondo Social, pero nunca los miembros de la Comisión que sólo han valorado las solicitudes presentadas, declara Hurtado.

Para el portavoz socialista es necesario que el Consejo de Administración de Sadeco formule la demanda en el procedimiento por reintegro, para excluir de responsabilidad a los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales y señalando como presunto responsable a quien ejercía la gerencia de la empresa y que fue quien cuantificó el fondo social a distribuir.

Hurtado también ha criticado que el Presidente de Sadeco lleve al Consejo Administración Extraordinario la aprobación de un nuevo organigrama en el que se crean cuatro departamentos nuevos y el nombramiento de jefes de departamento, sin cumplir con lo establecido en el convenio colectivo de Sadeco, donde se indica que se debatirá con el comité de empresa cualquier reestructuración en el organigrama con doce días de antelación antes de su aplicación.

Para Hurtado, Madruga esta cometiendo graves errores desde su nombramiento como presidente de Sadeco lo que hace que el PSOE se reafirme pidiendo su dimisión con más razones aún.

El Grupo Municipal Socialista reclamó en el pasado pleno del 12 de marzo, que la calle San Alberto Magno, uno de los principales accesos a Reina Sofía, debería ser asfaltada y reparada ya que está en un “estado deplorable, se inunda cuando llueve y está llena de baches y socavones”.

“Desde marzo no se ha realizado ningún mantenimiento en esta vía por lo que en el último pleno de julio, el Grupo Municipal ha vuelto a instar al gobierno de Bellido a que actúen porque la calle seguía en el mismo estado”.

Según ha informado el grupo socialista en una nota de prensa, la respuesta del PP ha sido que ellos no son responsables de esta calle, sino que corresponde a la Junta de Andalucía su mantenimiento.

Ante está información desde el PSOE “criticamos a Bellido por no ser capaz de demandarle a la Junta de Andalucía de PP y VOX que arreglen esta vía principal de acceso al hospital en el municipio de Córdoba”. “Ante está inacción del PP y la gravedad de tener esta calle en mal estado, el Grupo Municipal Socialista hemos solicitado la información por escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo”.

Por otro lado, el PSOE explica que en la contestación de la Gerencia queda constancia de “la falta de atención a esta calle y de que el gobierno de Bellido debe solicitar la inscripción registral a nombre del Ayuntamiento previo acuerdo con la Consejería de Salud para poder hacer una actuación Municipal”. “Desde el PSOE instamos al gobierno de Bellido que se comprometan con todo lo que ataña a los cordobeses y cordobesas”.

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que el gobierno de José María Bellido “ha vuelto a demostrar su incapacidad” para gestionar los recursos públicos al “devolver fondos” del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) tras “años incumpliendo las inversiones prometidas”, una decisión que el Gobierno local “ha tratado de ocultar presentándola como una aportación al Plan de Estabilidad”.

Para el concejal socialista, Joaquín Dobladez, esta operación no responde a una buena gestión económica, sino que evidencia que el Gobierno municipal “ha sido incapaz de ejecutar las inversiones previstas para el Jardín Botánico y las políticas de educación ambiental”, según ha precisado la formación en una nota.

“Lo que Bellido vende como una aportación al Plan de Estabilidad no deja de ser dinero que no ha sabido invertir. Es el reconocimiento de un nuevo fracaso en la ejecución de los proyectos comprometidos con la ciudad”, han señalado los socialistas.

Desde el Grupo Municipal Socialista han añadido que esta situación “no es un hecho aislado”. Año tras año, el gobierno del PP incorpora al presupuesto proyectos para el Imgema “que después no ejecuta, repitiendo anuncios, consignando partidas económicas y generando expectativas que nunca llegan a materializarse”. “Cada año se repite el patrón, se devuelve dinero sin ejecutar de los organismos autónomos mientras se infrafinancia a las empresas públicas”, han agregado.

Por otro lado desde el Imgema se plantea una modificación del anexo de inversiones. El propio expediente justifica que La Asomadilla se anula porque el deterioro detectado “obliga a un estudio previo de GMU y se desconoce cuándo podrán iniciarse las obras”. También ha señalado que los Molinos “dejan de ser prioritarios tras las inundaciones sufridas”.

Al hilo, el PSOE ha considerado “especialmente preocupante” que el Imgema, un “organismo clave” para la conservación del patrimonio natural, la investigación botánica y la educación ambiental, vea “cómo se acumulan los retrasos y la falta de inversiones mientras la ciudad afronta importantes retos relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y la creación de espacios verdes”.

En suma, los socialistas han exigido al Gobierno municipal que “abandone la política de los anuncios incumplidos” y presente un calendario real de ejecución de las inversiones pendientes en el Imgema, con plazos, financiación garantizada y mecanismos de seguimiento “que permitan conocer el grado de cumplimiento de cada proyecto”.

El PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado este viernes que el Gobierno local mantiene “paralizada la Mesa de Ocio Joven, Cívico, Seguro y Saludable, 16 meses después de que el Pleno aprobara por unanimidad su creación”, motivo por el que ha exigido su activación inmediata“, a la vez que ha acusado al PP de ”relegar a la juventud a un papel meramente decorativo“.

Según informa el PSOE en una nota, el concejal socialista Ángel Ortiz ha señalado que “el Ejecutivo de José María Bellido ha incumplido un compromiso institucional al no convocar este órgano de participación, que debía convertirse en un espacio estable de diálogo entre la juventud, el tejido asociativo y las administraciones”.

Asimismo, ha asegurado que “el retraso no responde a una falta de trabajo técnico, sino a la ausencia de voluntad política”, ya que, según ha afirmado, “los servicios municipales llevan meses trabajando para hacer posible la puesta en marcha de la mesa”, pero “quien no está cumpliendo con su responsabilidad es quien debe tomar las decisiones”.

“Cuando falta liderazgo político, todo ese trabajo acaba guardado en un cajón y quienes pagan las consecuencias son los jóvenes de Córdoba”, ha afirmado Ortiz, que ha subrayado que la Mesa de Ocio Joven “nació con la vocación de reunir a jóvenes, asociaciones, entidades vecinales, comunidad educativa, colectivos culturales y deportivos, empresarios y administraciones para diseñar políticas públicas desde la participación”, pero “el PP ha preferido mantener cerrada esa puerta porque escucha mucho mejor cuando nadie habla”, ha criticado.

El edil socialista considera “especialmente grave que este bloqueo se produzca tras la desaparición del Consejo Municipal de la Juventud, dejando a Córdoba sin un órgano estable de representación juvenil”. “Primero eliminaron el Consejo y ahora mantienen paralizada la Mesa”, ha alertado, agregando que el resultado es “una ciudad donde la juventud carece de espacios institucionales para participar de forma organizada en las decisiones que le afectan”.

Desde el PSOE defienden que las políticas de juventud deben ir mucho más allá de la programación de actividades. “La juventud no necesita ser una fotografía para las redes sociales del Gobierno municipal; necesita ser un interlocutor permanente en la construcción de las políticas públicas. Hablar de juventud también es hablar de participación, emancipación, empleo, cultura, deporte, salud mental e igualdad”, ha subrayado Ortiz.

Los socialistas consideran que “la falta de explicaciones” por parte de la delegada de Juventud “evidencia la ausencia de compromiso con un acuerdo aprobado por unanimidad”, pues “gobernar también consiste en dar explicaciones y asumir responsabilidades cuando no se cumplen los compromisos adquiridos”, ha señalado el socialista.

Para Ortiz, recuperar una auténtica cultura de la participación resulta imprescindible para fortalecer la confianza de los jóvenes en las instituciones. “Las mejores políticas públicas no son las que se diseñan para la ciudadanía, sino las que se construyen con la ciudadanía. La participación debe consolidarse como un derecho democrático y no depender de la voluntad política del gobierno de turno”.

Así las cosas, el PSOE ha reclamado al Gobierno municipal que “abandone las dilaciones y convoque de forma inmediata la Mesa de Ocio Joven con un calendario de trabajo estable, transparente y abierto a todos los agentes implicados”.

Además, Ortiz ha anunciado que este asunto será objeto de una pregunta en el Pleno extraordinario del próximo mes de agosto. “Después de 16 meses de retraso, la delegada de Juventud tendrá que explicar públicamente por qué sigue sin activarse un órgano aprobado por unanimidad, qué obstáculos políticos lo siguen impidiendo y qué fecha concreta va a dar para su puesta en marcha. Los jóvenes de Córdoba merecen respuestas y un Gobierno que cumpla su palabra”, ha concluido Ángel Ortiz.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este jueves “el deterioro del Casco Histórico” por el “abandono del Gobierno” del popular José María Bellido, “con más de 30 obras presupuestadas y no ejecutadas”.

Según informa el PSOE en una nota, Hurtado ha lamentado que el Gobierno municipal, “con su ejército de asesores, directores generales, coordinadores y asistentes que tiene, no cuente con un organismo autónomo, consorcio o ente que se dedique de forma exclusiva al patrimonio y a la conservación del Casco Histórico de Córdoba”. Al respecto, ha afirmado que “sólo dispone de una infradotada oficina del Casco en la Gerencia de Urbanismo y una Delegación del Casco Histórico sin cometido alguno y con gestión real cero”.

Hurtado ha considerado que el “abandono del patrimonio” le está ocasionando un “deterioro progresivo por falta de capacidad de gestión y por el desinterés del Gobierno municipal en la conservación y su puesta en valor”.

Entre las principales obras pendientes destacan, según Hurtado, la rehabilitación de la Plaza de la Corredera y el equipamiento en San Agustin a las que “le han quitado el crédito disponible en el plan económico y financiero recientemente aprobado”.

La Ermita de la Aurora está pendiente de valoración de las actuaciones a abordar tras los daños añadidos detectados en la muralla y el Pósito de la Corredera pendiente de su rehabilitación habiéndose puesto la cubierta provisional, ha remarcado Hurtado.

Otras importantes obras pendientes, para Hurtado, son las incluidas en el plan director de murallas, como la restauración de la muralla de Puerta de Sevilla, la muralla del Alcázar viejo y Torre, la muralla de la Villa a calle Doctor Fleming, la muralla de la plaza del Gamo, la Torre de la Malmuerta, el Arco del Compás de San Francisco y el Arco de entrada a San Basilio, entre otras obras pendientes y presupuestadas.

También hay obras en calles que están pendientes de ejecución, como son la eliminación de cableado en Cuesta de Pero Mato, la mejora ambiental y de iluminación del entorno de la Iglesia de San Andrés, la mejora de la iluminación en el eje Tendillas-Claudio Marcelo, la mejora de las calles Amparo y Cara, la mejora de la calleja de las Flores, la mejora de la iluminación de esculturas en el Casco Histórico, la mejora de la iluminación en el entorno de las Iglesias Fernandinas, la remodelación Claudio Marcelo, la plaza del Campo Santo de los Mártires y el estanque de la calle Cairuán, entre otras.

Con relación a otras actuaciones pendientes de ejecutar por el Gobierno de Bellido, Hurtado ha apuntado el acceso entre el paseo bajo de la Alameda del Obispo y el Alcázar de los Reyes Cristianos, la pasarela de acceso al Molino de la Albolafia, la restauración del reloj de la Plaza de las Tendillas, la actuación de consolidación del Molino de la Albolafia y su entorno (ejecutada 1 Fase), la Sala Museística de Caballerizas Reales, Regina y Santa Clara, “entre otras obras importantes.

El socialista ha comentado que “también es denunciable el abandono del anfiteatro del rectorado y de los yacimientos arqueológicos de Cercadillas, Ategua y Ronda Norte”.

Para el portavoz municipal socialista, Córdoba “debería ser una ciudad que ama, conserva y pone en valor su patrimonio y la realidad es que quienes gobiernan parecen estar más interesados en enterrar patrimonio y en dejar abandonado el mucho que tenemos en la mayor parte de la ciudad”, ha lamentado.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha apelado este jueves al trabajo de la militancia y al consenso, “para que todas las decisiones orgánicas que se tomen sean parar servir a Córdoba y ganar las Elecciones Municipales” en el nuevo ciclo político que se abre con el objetivo de recuperar la confianza mayoritaria de la ciudadanía y “volver a convertir al PSOE en la primera fuerza política de la provincia”.

Según ha indicado el PSOE en una nota, Crespín lo ha expresado así durante su intervención ante el comité provincial del partido, que ha estado presidido por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lucena, Paco Algar, donde la dirigente ha asegurado que la organización está “preparada para ganar” las elecciones municipales de 2027.

Crespín ha afirmado que el PSOE afronta esta nueva etapa con “serenidad para analizar el escenario político surgido tras las elecciones autonómicas”, pero también “con la determinación de seguir defendiendo los intereses de Andalucía y de Córdoba frente a las políticas del Gobierno de Moreno Bonilla (PP)”.

“La historia del Partido Socialista demuestra que nunca se instala en el lamento”, sino que “analiza, aprende y vuelve a salir a la calle con más fuerza. Esa seguirá siendo nuestra manera de entender la política”, ha señalado.

Durante su intervención, la dirigente socialista ha puesto en valor el “enorme potencial del municipalismo socialista” en la provincia, recordando que el PSOE gobierna actualmente en 30 ayuntamientos y cuenta con 347 concejales que cada día “trabajan para defender los servicios públicos y combatir las políticas de recortes impulsadas por la Junta de Andalucía”.

“Nuestra aspiración no es conservar lo que tenemos. Queremos crecer, recuperar gobiernos municipales, conquistar nuevos ayuntamientos y volver a ser la primera fuerza política de Córdoba”, ha destacado.

En relación con la capital, Crespín ha agradecido públicamente el trabajo desarrollado por Antonio Hurtado al frente del Grupo Municipal Socialista, del que ha destacado su “oposición seria, rigurosa y responsable” durante estos años.

Asimismo, ha anunciado que el PSOE activará el próximo mes de septiembre el calendario orgánico para la elección de las candidaturas en las grandes ciudades andaluzas, entre ellas Córdoba, Lucena, Puente Genil, Montilla, Palma del Río y Priego de Córdoba, trasladando un mensaje de “tranquilidad y confianza”.

Crespín ha indicado que, de haber primarias en estas ciudades, quedarían sustanciadas en septiembre, aunque la idea con la que trabaja la dirección provincial es construir “candidaturas de consenso”, pues “hay tiempo, hay proyectos y hay equipo, y ésas son nuestras premisas para no restar energías en el objetivo final: ganar las municipales”.

La secretaria general ha explicado que la dirección regional, encabezada por María Jesús Montero, apuesta por alcanzar “el mayor consenso posible en la designación de las candidaturas para centrar todos los esfuerzos en ganar las elecciones”.

Así las cosas, el PSOE está “trabajando para construir la mejor candidatura y un proyecto colectivo que ilusione a la militancia, conecte con la ciudadanía y permita recuperar el gobierno municipal de Córdoba”, ha asegurado respecto a la capital, remarcando que “hay banquillo compuesto por mujeres y hombres preparados, con experiencia, con solvencia, profundamente conocedores de la ciudad porque han gastado suela en el territorio y con una trayectoria de trabajo constante junto al tejido vecinal, económico y social de Córdoba”.

Críticas al pacto entre PP y Vox

Una parte importante de la intervención ha estado centrada en el reciente acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la gobernabilidad de Andalucía. Para Crespín, dicho pacto representa “la mayor enmienda a la identidad de Andalucía” y supone un retroceso en derechos, igualdad y libertades.

“La supuesta vía andaluza ha demostrado ser una gran mentira. Moreno Bonilla ha entregado Andalucía a la ultraderecha aceptando prácticamente todas sus exigencias para mantenerse en el poder”, ha afirmado. En este sentido, ha advertido de que el acuerdo pone en riesgo avances consolidados en igualdad, diversidad, memoria democrática, educación pública y sanidad pública.

“Consecuencias para Córdoba”

La secretaria general del PSOE cordobés ha repasado además las “principales consecuencias” que, a su juicio, está teniendo la gestión del Gobierno andaluz en la provincia.

Entre ellas, Crespín ha criticado “el cierre de cerca de 300 aulas públicas en Córdoba, la reducción prevista de plazas educativas para el próximo curso, el deterioro de la sanidad pública con más de 82.000 cordobeses en listas de espera y el cierre de centros de salud por las tardes durante el verano, así como la clausura de más de 300 camas hospitalarias en la provincia”.

También ha lamentado “la ausencia de políticas públicas de vivienda por parte de la Junta, el incremento de las listas de espera en Dependencia y la paralización de las políticas de memoria democrática”, reclamando que se reanuden las exhumaciones en los cementerios de La Salud y San Rafael.

Defensa del Gobierno de España

Frente a este escenario, Crespín ha reivindicado la gestión del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, destacando “el crecimiento económico, la creación de empleo, el aumento de las pensiones, el impulso de las becas, el apoyo extraordinario al campo o las inversiones estratégicas para Córdoba, como la Base Logística del Ejército o el desarrollo del Aeropuerto”.

Finalmente, ha trasladado un mensaje de optimismo a la organización, asegurando que el PSOE de Córdoba afronta el nuevo curso político “con un partido fuerte, implantado en todo el territorio, con experiencia de gobierno y con la mejor militancia”.

“Como ha pedido María Jesús Montero, el PSOE tiene que salir a comerse las elecciones”, algo que van a “hacer desde la unidad, el consenso, la cercanía, el trabajo en la calle y la convicción de que el futuro de Córdoba y de Andalucía volverá a escribirse con gobiernos socialistas”, ha concluido Rafi Crespín.

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha acusado al Gobierno del popular José María Bellido de “utilizar la normativa andaluza sobre contaminación acústica” como “una coartada” para “justificar la paralización de la nueva Ordenanza de Veladores”, todo ello “pese a que no existe ningún motivo técnico, jurídico o administrativo que avale ese retraso”.

Según ha indicado el PSOE en una nota, Moya ha recalcado que su grupo llevó esta cuestión al último Pleno municipal “para conocer las razones por las que el Ejecutivo local ha decidido frenar una ordenanza que durante meses presentó como una prioridad para la ciudad” y la respuesta fue “muy reveladora”, pues “no hubo ningún informe técnico ni ningún obstáculo jurídico que justificara la paralización”, sino que “solo se habló de un supuesto periodo de reflexión, de esperar a ver qué hacen otros municipios y de seguir buscando un consenso que, en realidad, ya existe”.

La edil socialista ha afirmado que “el propio Gobierno municipal ha reconocido en reiteradas ocasiones el amplio consenso alcanzado en la Mesa de Veladores tras años de trabajo con hosteleros, asociaciones vecinales, comerciantes y otros colectivos”. Ese proceso permitió elaborar “un texto que fue aprobado para iniciar su tramitación administrativa” y que, además, “cuenta con el respaldo de órganos como el Consejo del Movimiento Ciudadano, que ha reclamado públicamente acelerar su aprobación”.

“Si el consenso existe, el borrador está terminado y no hay informes que aconsejen detener el procedimiento, la pregunta es evidente: ¿qué ha cambiado?”, se ha preguntado Moya.

Para el PSOE, la explicación ofrecida por el Gobierno municipal “carece de fundamento”, ya que, según ha afirmado la socialista, “la normativa andaluza sobre contaminación acústica está en vigor desde 2025 y es de obligado cumplimiento con independencia de que Córdoba apruebe o no una nueva ordenanza. Por eso creemos que el ruido ha dejado de ser el motivo para convertirse simplemente en la excusa”.

En este contexto, Moya ha insistido en que la futura Ordenanza de Veladores “no nació únicamente para adaptar la normativa municipal al decreto autonómico, sino para actualizar una regulación que permanece prácticamente igual desde 2008”. Se trata de “ordenar mejor la ocupación del espacio público, establecer criterios claros para las autorizaciones, dar seguridad jurídica a la hostelería y mejorar la convivencia entre vecinos, comerciantes y establecimientos. Todo ese trabajo ya está hecho”.

La concejala socialista ha señalado que “el verdadero problema para el Gobierno municipal no es la adaptación a la normativa acústica, sino que una nueva ordenanza obliga a poner orden en una situación que”, especialmente desde la pandemia, “se ha caracterizado por una ocupación del espacio público cada vez más desregulada y por una fiscalización claramente insuficiente”.

“Regular significa fijar límites, inspeccionar y exigir el cumplimiento de las normas. Y eso beneficia a la inmensa mayoría de negocios que sí cumplen, mejora la convivencia y evita que unos pocos obtengan ventajas incumpliendo las reglas”, ha insistido.

Para el Grupo Socialista, la decisión de retrasar la ordenanza “responde exclusivamente a motivos políticos”, de modo que “todo apunta a que el Gobierno de Bellido quiere evitar el coste de adoptar decisiones que pueden resultar incómodas cuando quedan menos de dos años para las elecciones municipales. Es llamativo que una ordenanza que hace unos meses era una prioridad haya dejado de ser urgente precisamente ahora”, ha dicho.

Moya ha defendido que “gobernar no consiste solo en abrir procesos de participación y presumir del consenso alcanzado; gobernar significa tomar decisiones cuando el trabajo de escucha ya ha terminado. Y en este caso ese trabajo concluyó hace tiempo”.

Por ello, el PSOE ha exigido al Gobierno municipal que “abandone las excusas y reactive de inmediato la tramitación de una Ordenanza de Veladores que Córdoba lleva esperando casi dos décadas”, pues no hay que resignarse “a que Córdoba siga con una ordenanza de 2008 mientras el Gobierno municipal retrasa una regulación ampliamente consensuada por puro cálculo político. La ciudad necesita decisiones, no más pretextos”, ha apostillado.

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha presentado este lunes una propuesta para la creación de una Red Municipal de Refugios Climáticos Activos, una iniciativa que pretende transformar el actual modelo de refugios climáticos de la ciudad en una auténtica red de equipamientos públicos de proximidad, abiertos, participativos y con actividad permanente durante los meses de mayor riesgo por altas temperaturas. Para ello, plantea la ampliación de los 8 refugios climáticos municipales actuales a 50, dotándolos, además, de una programación cultural, educativa, deportiva y social gestionada junto al movimiento ciudadano.

Dobladez ha defendido que el calor extremo “ya no es únicamente un problema meteorológico; es un problema de salud pública y las administraciones tenemos la obligación de adaptar nuestras ciudades para proteger a la ciudadanía”. En este sentido, ha advertido de que Córdoba, una de las ciudades españolas más expuestas a las olas de calor, necesita una estrategia mucho más ambiciosa para hacer frente a esta realidad.

El edil socialista ha recordado que, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, solo durante el pasado mes de junio se registraron en España más de un millar de fallecimientos asociados a las altas temperaturas. Además, en la provincia de Córdoba ya se han contabilizado cuatro muertes atribuibles al calor desde el inicio de la temporada estival.

“Una ciudad como Córdoba no puede limitar su respuesta al calor a abrir unos pocos edificios con aire acondicionado. Tenemos que construir una auténtica red de protección para las personas mayores, la infancia y todos los colectivos más vulnerables”, ha señalado.

Córdoba, a la cola en cobertura de refugios climáticos

El Grupo Municipal Socialista ha puesto de manifiesto el retraso de Córdoba respecto a otras grandes ciudades españolas en materia de refugios climáticos. Actualmente, la capital cordobesa dispone únicamente de ocho espacios municipales considerados refugios climáticos, lo que supone aproximadamente un refugio por cada 40.750 habitantes.

Frente a ello, Bilbao cuenta con 134 refugios climáticos —uno por cada 2.620 habitantes—, Barcelona supera los 500 —uno por cada 3.450 habitantes— y Málaga dispone de 93 espacios, con una cobertura aproximada de un refugio por cada 6.350 habitantes.

“Precisamente una ciudad como Córdoba, donde las temperaturas superan con frecuencia los 40 grados durante el verano, no puede conformarse con ser una de las capitales con menor cobertura de refugios climáticos”, ha afirmado Dobladez.

Por ello, el PSOE propone ampliar progresivamente la red municipal hasta alcanzar 50 Refugios Climáticos Activos, una cifra que permitiría situar la cobertura en torno a un refugio por cada 6.500 habitantes, equiparando a Córdoba con las ciudades españolas más avanzadas en adaptación al calor.

La iniciativa aprovecharía la red de equipamientos municipales ya existentes —centros cívicos, bibliotecas, centros de participación activa, instalaciones deportivas, equipamientos culturales y espacios ambientales—, evitando la construcción de nuevos edificios y optimizando los recursos públicos disponibles.

Espacios vivos durante el verano

La propuesta socialista introduce un cambio de modelo respecto al concepto tradicional de refugio climático. El objetivo no es únicamente disponer de edificios climatizados para episodios puntuales de calor extremo, sino convertirlos en espacios vivos, con programación estable y utilidad social durante todo el verano.

“Los refugios deben dejar de ser simples edificios climatizados para convertirse en auténticos espacios de convivencia, cultura, salud y participación”, ha explicado el concejal socialista.

Para ello, cada equipamiento desarrollaría una identidad propia en función de sus características. Así, la red incluiría Bibliotecas Refugio con salas de estudio, clubes de lectura y espacios para preparar oposiciones o teletrabajar; Refugios Senior con programas de envejecimiento activo, gimnasia adaptada, memoria y alfabetización digital; Refugios Infantiles con ludotecas, talleres y actividades familiares durante las vacaciones; Refugios Culturales con cine, música, teatro, exposiciones y conferencias; Refugios Digitales con wifi gratuito, zonas de teletrabajo y formación tecnológica; y Refugios Verdes dedicados a la educación ambiental y la sensibilización frente al cambio climático.

Una red construida desde los barrios

Otro de los ejes de la iniciativa es su carácter participativo. La programación de actividades no dependería exclusivamente del Ayuntamiento, sino que se elaboraría de forma conjunta con el movimiento vecinal, asociaciones y colectivos sociales mediante una convocatoria anual abierta.

El objetivo es que cada barrio pueda diseñar la programación de su propio refugio climático y que los equipamientos municipales mantengan una actividad constante precisamente durante los meses en los que más útiles resultan para la ciudadanía.

Para el Grupo Municipal Socialista, la adaptación al cambio climático no puede limitarse a una política medioambiental, sino que debe entenderse como una inversión en salud pública, cohesión social y calidad de vida.

“Proteger a la ciudadanía frente al calor también significa combatir la soledad no deseada, ofrecer alternativas a las familias durante el verano, mantener vivos nuestros barrios y garantizar espacios seguros para quienes más sufren las consecuencias de las olas de calor”, ha defendido Dobladez.

Con la puesta en marcha de esta Red Municipal de Refugios Climáticos Activos, el PSOE considera que Córdoba daría un paso decisivo para situarse entre las ciudades españolas más avanzadas en adaptación climática y convertir sus equipamientos públicos en una herramienta permanente de bienestar, convivencia y participación ciudadana. “La mejor política frente al calor no consiste únicamente en abrir edificios; consiste en llenarlos de vida”, ha concluido Joaquín Dobladez.

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha mantenido un encuentro con representantes en la provincia de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales para conocer las enmiendas que el colectivo presentará durante la tramitación de la reforma de la Ley de Dependencia, con el objetivo de que las personas cuidadoras principales sean reconocidas como un “pilar esencial del sistema de cuidados”.

Durante la reunión con Rocío Rosas, miembro del colectivo en la provincia, Crespín recogió las propuestas de la plataforma plasmadas en un documento y trasladó a Rocío Rosas su “firme compromiso” para defender estas reivindicaciones en los ámbitos parlamentarios donde se debata la norma. Asimismo, se comprometió a establecer vías de diálogo con otras fuerzas políticas para sumar apoyos que permitan incorporar estas mejoras al texto legislativo, según ha precisado la formación en una nota.

“La voz de las personas cuidadoras debe formar parte de esta reforma. Son quienes conocen la realidad de la dependencia desde la experiencia diaria y quienes sostienen, con un enorme esfuerzo personal y familiar, una parte fundamental del sistema de cuidados”, ha señalado Crespín.

Durante el encuentro, la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales expresó su “preocupación” por el rumbo que está tomando la reforma de la Ley de Dependencia. El colectivo ha considerado que el nuevo texto hace énfasis en el desarrollo de los cuidados profesionales y en figuras como la asistencia personal, mientras continúa “sin reconocer suficientemente” a las cuidadoras principales, que califican como “la base invisible del sistema” y que, en su mayoría, son mujeres que prestan cuidados de larga duración en el entorno familiar.

Según ha trasladado Rocío Rosas, miles de cuidadoras sostienen actualmente el sistema de dependencia “sin recibir un reconocimiento acorde a la responsabilidad que asumen, compatibilizando en muchos casos el cuidado con su empleo o renunciando a su desarrollo profesional durante años, con las consecuencias que ello tiene sobre su economía, su cotización a la Seguridad Social y su futura pensión”. A ello se suma, según han valorado, la “falta de participación del colectivo en los órganos donde se diseñan las políticas públicas de cuidados y el hecho de que las propuestas que trasladaron el pasado año no hayan sido incorporadas al proceso de reforma”.

Entre las principales enmiendas planteadas por la Plataforma figuran el reconocimiento legal de la figura de la persona cuidadora principal; una prestación económica vinculada al grado de dependencia y equiparada al esfuerzo real que supone el cuidado continuado; la compatibilidad de las prestaciones con otros recursos asistenciales; la creación de un Estatuto de la Persona Cuidadora Principal que garantice derechos sociales, laborales y de protección; y mejoras en las cotizaciones a la Seguridad Social y en el acceso a la jubilación.

Además, se encuentra entre sus demandas la solicitud de apoyo psicológico y económico cuando fallece la persona dependiente; mecanismos que aseguren la continuidad de los cuidados cuando la cuidadora enferma; políticas específicas de reincorporación al mercado laboral y una simplificación administrativa mediante una ventanilla única para todas las prestaciones relacionadas con la dependencia. Asimismo, reclaman una “red suficiente” de recursos públicos --centros de día, residencias y viviendas tuteladas-- especialmente destinada a personas con gran dependencia menores de 65 años.

De este modo, Crespín ha abundado en que muchas de estas propuestas persiguen el objetivo de “dignificar los cuidados y garantizar que quienes los prestan no vean comprometido su proyecto vital por asumir una responsabilidad que beneficia al conjunto de la sociedad”.

“Una sociedad que aspira a fortalecer su Estado del bienestar no puede seguir descansando sobre el sacrificio silencioso de miles de mujeres. Debemos avanzar hacia un sistema que reconozca, proteja y acompañe a quienes cuidan, porque cuidar también merece derechos”, ha agregado.

Además, la dirigente socialista ha subrayado que Andalucía afronta un “importante reto demográfico” marcado por el envejecimiento de la población, la despoblación y la dispersión territorial, circunstancias que “incrementan la demanda de cuidados de larga duración y hacen aún más necesario reforzar el apoyo institucional a las personas cuidadoras”. Al hilo, ha alertado de “la resistencia y la oposición” a la reforma de la Dependencia de los partidos que sustentan el Gobierno en Andalucía, PP y Vox, que siempre han defendido que la Ley de Dependencia “no es sostenible”.

Por su parte, Rosas ha agradecido la receptividad mostrada por la secretaria general del PSOE de Córdoba y ha valorado el compromiso adquirido para “trasladar las reivindicaciones del colectivo al debate parlamentario y favorecer el diálogo con otras formaciones políticas”.

Con este encuentro, el PSOE de Córdoba ha reafirmado su voluntad de “mantener un diálogo permanente con los colectivos sociales y de contribuir a que la futura Ley de Dependencia avance hacia un modelo más justo”, que reconozca “tanto los derechos de las personas dependientes como los de quienes hacen posible, cada día, su atención y bienestar”.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el Gobierno de José María Bellido pretende sacar adelante una convocatoria de ayudas del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) por importe de 1,4 millones de euros (1,2 de ellos destinados a empresas privadas) pese a contar con un informe de fiscalización de disconformidad de la Intervención General que cuestiona aspectos esenciales de su legalidad y tramitación, avanzado en exclusiva por este periódico.

Para el PSOE, la posición es clara: el Ayuntamiento no debe elevar al Pleno el levantamiento de la disconformidad, sino asumir íntegramente las observaciones de la Intervención, retirar el expediente y elaborar una nueva convocatoria con todas las garantías jurídicas.

“La propia Intervención Municipal ha puesto de manifiesto, mediante varios informes de disconformidad, las graves irregularidades administrativas que rodean este expediente. A ello se añade un trato de favor evidente hacia las agrupaciones de interés económico que organizan Córdoba Live y Califa Fest, generando falsas expectativas al resto de operadores culturales —muchos de ellos cordobeses— y destinando dinero público a competir con la programación del propio IMAE y, especialmente, con uno de los grandes referentes culturales de la ciudad como es el Festival de la Guitarra”, ha denunciado el concejal socialista Ángel Ortiz.

Ortiz considera especialmente preocupante que el expediente dé la impresión de adaptar las bases reguladoras a una subvención previamente anunciada. “No se pueden elaborar unas bases para vestir el santo de una subvención ya decidida. La concurrencia competitiva existe para garantizar la igualdad, la transparencia y la libre concurrencia. Si primero se decide quién recibe el dinero y después se construye el procedimiento administrativo, se está desvirtuando completamente el sentido de una convocatoria pública”.

El edil recuerda que la propia Intervención cuestiona la financiación con fondos de 2026 de actividades desarrolladas en 2025, la insuficiente justificación del régimen jurídico elegido y el riesgo de configurar una convocatoria orientada a proyectos previamente definidos, comprometiendo principios básicos como la igualdad y la seguridad jurídica.

El Grupo Municipal Socialista considera además “escandaloso” el trato de favor que el Ayuntamiento dispensa a determinados promotores privados. “El problema no son solo los cientos de miles de euros que puedan recibir Córdoba Live o Califa Fest. A esa financiación se suman la exención de tasas municipales por la ocupación del Recinto Ferial de El Arenal durante más de un mes y un importante despliegue de recursos públicos: Policía Local, Protección Civil, Movilidad, Sadeco, Parques y Jardines, limpieza, señalización o paradas de taxi. Estamos hablando de una importante financiación pública, directa e indirecta, para empresas privadas”.

Ortiz ha lamentado que este modelo termine incluso compitiendo con la programación pública municipal. “Resulta difícil entender que se movilicen tantos recursos para eventos privados mientras el Festival de la Guitarra y el resto de la programación del IMAE pierden protagonismo”.

Para el PSOE, este expediente confirma una forma de gobernar basada en la improvisación. “Han pasado de los contratos de patrocinio a las subvenciones nominativas, después modificaron el Plan Estratégico de Subvenciones y ahora intentan presentar como concurrencia competitiva lo que responde a una decisión política previamente tomada. No hay planificación cultural; hay una búsqueda constante de fórmulas para sostener el mismo modelo”.

Ángel Ortiz ha defendido que los millones de euros deberían servir para reforzar la programación pública durante todo el año, impulsar los festivales municipales, apoyar a compañías y artistas cordobeses y consolidar una política cultural estable y transparente.

“Después de siete años de Gobierno, la improvisación ha dejado de ser una excepción para convertirse en la forma habitual de gestionar el IMAE. Mientras otras ciudades hablan de nuevos proyectos culturales, en Córdoba seguimos hablando de informes desfavorables, expedientes cuestionados y reparos de la Intervención”.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exige la retirada inmediata del expediente, la aceptación del informe de la Intervención y la elaboración de una nueva convocatoria que garantice plenamente la igualdad, la libre concurrencia y la seguridad jurídica.

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha cricitado este viernes la “inacción” del gobierno municipal del PP ante “la ausencia de marquesinas en las paradas de taxi, una situación que, en plena época de altas temperaturas, ha convertido la espera de un servicio público esencial en un riesgo para la salud”.

Según ha informado el PSOE en una nota, González ha recordado que “el Ayuntamiento conocía el problema desde hace meses”, pues “primero fueron los propios taxistas los que reclamaron la reposición de las marquesinas. Después, el Grupo Municipal Socialista advirtió públicamente de que el verano llegaría sin sombra si no se actuaba con urgencia”, es decir, “el gobierno de José María Bellido (PP) fue avisado una y otra vez y decidió no mover un solo dedo”.

“Lo que ocurre hoy no es un imprevisto, es la consecuencia directa de meses de inacción. En una ciudad como Córdoba, donde el calor extremo forma parte de nuestra realidad, gobernar significa anticiparse, no improvisar cuando el problema ya está encima de la mesa”, ha lamentado la edil socialista.

Para González es “especialmente grave que personas mayores, pacientes que salen de hospitales y centros de salud, familias con menores, turistas y los propios profesionales del taxi tengan que esperar o trabajar durante horas sin una mínima protección frente al sol”.

La viceportavoz del PSOE ha señalado que “la desaparición de las marquesinas tras la finalización del contrato de mobiliario urbano nunca debió dejar a la ciudad sin una alternativa. La burocracia no puede servir de excusa cuando está en juego la seguridad y la salud de las personas”.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige al gobierno local del PP “que habilite de manera inmediata una solución provisional durante todo el verano, instalando elementos temporales de sombra en las paradas con mayor demanda, mientras se tramita y adjudica definitivamente el nuevo contrato de mobiliario urbano”.

El delegado de Seguridad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, ha evitado aclarar este jueves si el Consistorio conserva las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las zonas donde, días antes de las elecciones andaluzas, aparecieron los carteles anónimos que desincentivaban el voto al PSOE usando la imagen de la exalcaldesa Isabel Ambrosio.

Tras responder a una pregunta por escrito en el pasado Pleno, este jueves la cuestión ha sido formulada de forma oral por el concejal del PSOE José Antonio Romero, quien ha recordado que, tras la denuncia presentada por Ambrosio en el juzgado, el portavoz socialista solicitó al equipo de gobierno que preservara las grabaciones de las cámaras de la Policía Local y de Movilidad.

Romero ha reprochado que el gobierno municipal respondiera únicamente que las imágenes no habían sido solicitadas por el juzgado y ha insistido en que la cuestión no era esa. “La pregunta de hoy no es si se la han solicitado del juzgado o no, es si, tal como el portavoz del Grupo Socialista cuestionó, se han guardado esas imágenes”, ha planteado.

En su respuesta, Coca no ha contestado expresamente a esa cuestión y se ha limitado a afirmar que “por normativa de seguridad privada tiene que hacerse la petición vía judicial, que no ha llegado todavía”.

Tras esa contestación, el edil socialista ha interpretado que las imágenes no fueron conservadas. “Entiendo, entonces, por su respuesta, que no se han guardado las imágenes”, ha señalado.

Durante el debate, Romero ha asegurado además haber visto “personalmente” un vehículo con el logotipo del Ayuntamiento y de la empresa pública Cecosam que, según ha dicho, era el mismo que utilizaban quienes colocaban los carteles contra Isabel Ambrosio. Por ello, ha reclamado conocer cuándo fue utilizado ese vehículo, quién lo conducía y quién estaba colocando los carteles, al tiempo que ha anunciado que el Grupo Socialista solicitará por escrito toda la información relativa a ese coche y a su utilización durante aquellos días.

Por su parte, Coca ha evitado pronunciarse sobre esas afirmaciones y ha manifestado que el propio gobierno municipal también tiene interés en esclarecer los hechos. “A nosotros nos gustaría saber también quién y cuál es ese coche, en el supuesto. O sea, que nos unimos a la petición del señor Romero”, ha concluido el delegado de Seguridad.

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha afirmado este martes que “el PP es cómplice del modelo de dependencia 'low cost' de Atenda a costa de exprimir a trabajadores”, a la vez que ha valorado la “importante” sentencia judicial obtenida por UGT frente a dicha multinacional adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad, una resolución que estima íntegramente las demandas planteadas por las trabajadoras y obliga a la empresa a corregir prácticas laborales contrarias a derecho.

En una rueda de prensa, Moya ha manifestado que “es un fallo judicial durísimo que confirma lo que las auxiliares llevan meses denunciando y que sitúa al alcalde y a su equipo de gobierno ante una responsabilidad política de la que no pueden seguir escondiéndose”. La edil socialista ha preguntado “qué papel ha desempeñado el Consistorio en la vigilancia y fiscalización de un contrato público que afecta a un servicio esencial para miles de personas dependientes”.

Así, la concejal ha señalado que, “si se aplicara de forma estricta la Ley de Contratos del Sector Público, unos incumplimientos laborales de esta gravedad deberían conllevar la resolución del contrato con Atende”. “Esta empresa no debería gestionar ni un euro público más”, ha aseverado.

Sin embargo, ha advertido de que “el gobierno del PP ha permitido durante estos dos años que la empresa se convierta en un operador prácticamente intocable”. “Hoy rescindir el contrato de forma inmediata supondría dejar desamparadas a miles de personas dependientes de Córdoba que necesitan esta ayuda para comer, vestirse o levantarse de la cama”, ha apuntado, para remarcar que “el problema no es sólo Atende; el problema es que el PP ha sido incapaz de prever una alternativa y ha dejado al Ayuntamiento sin capacidad de reacción ante los incumplimientos de la concesionaria”.

En este sentido, Moya ha asegurado que “la sentencia retrata la complicidad y los brazos cruzados del equipo de gobierno”. “No hablamos de un hecho aislado, porque durante meses las trabajadoras han denunciado públicamente recortes en los descansos, impagos de horas trabajadas, contratación parcial en lugar de ampliar jornadas o condiciones laborales precarias”, ha recordado.

“Complicidad por omisión”

Además, ha mencionado que “el PSOE ha llevado reiteradamente estas denuncias a los plenos municipales y la respuesta del gobierno de Bellido siempre ha sido mirar hacia otro lado”, de modo que “han tenido que ser las trabajadoras, de la mano de UGT, quienes acudieran a los tribunales para demostrar lo que el Ayuntamiento tenía la obligación de vigilar”. “Es una complicidad por omisión de manual”, ha apostillado.

Al respecto, la edil socialista ha reprochado que “esta situación responde a un modelo ideológico de dependencia 'low cost' impulsado por el PP”. Según ha explicado, “el gobierno municipal prioriza la financiación de expedientes de menor intensidad, concediendo prestaciones con pocas horas de atención para incrementar artificialmente el número de beneficiarios”.

“El PP busca volumen y bajo coste para presumir de gestión, pero ese modelo necesita empresas dispuestas a recortar derechos laborales para mantener sus beneficios, y ahí encaja perfectamente Atende”, ha asegurado Moya.

La concejal ha señalado que “la empresa sostiene ese modelo a costa de las trabajadoras, reduciendo tiempos de desplazamiento, eliminando descansos, fragmentando jornadas, incumpliendo el convenio colectivo mediante la contratación sistemática de personal a tiempo parcial en lugar de ampliar la jornada de quienes ya trabajan y vulnerando derechos laborales básicos”.

“Es un negocio perfecto para ambos”, de manera que “el PP maquilla las listas de espera ofreciendo servicios mínimos y la multinacional incrementa sus beneficios exprimiendo a una plantilla precarizada que incluso tiene que acudir a los tribunales para que se respete el convenio colectivo”, ha declarado, para subrayar que “esto ya no es un problema de mala gestión; es un modelo político que utiliza el dinero público para deteriorar los servicios sociales mientras mira hacia otro lado cuando se vulneran los derechos de las trabajadoras”.

Incremento “histórico” en la financiación estatal de la dependencia

Moya también ha resaltado que “el dinero no puede utilizarse como excusa”. En este sentido, ha destacado que “el Gobierno de España ha aprobado un nuevo incremento histórico de la financiación destinada al sistema de dependencia, con 957 millones de euros para 2026 y 1.275 millones para 2027, con el objetivo de reducir listas de espera, mejorar la atención y dignificar las condiciones laborales del sector”.

“Hay más recursos que nunca para fortalecer el sistema de dependencia, pero en Córdoba tenemos un gobierno local incapaz de gestionarlos con eficacia y de garantizar que ese dinero público redunde en una mejor atención y en mejores condiciones para quienes prestan el servicio”, ha censurado.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha planteado una propuesta concreta al equipo de gobierno. “Aprovechando que al contrato actual le resta aproximadamente un año de ejecución, el PSOE solicita que el Ayuntamiento prepare desde ahora un nuevo pliego que divida obligatoriamente el servicio por distritos y descarte las prórrogas previstas”, ha explicado.

En palabras de la edil, “no se puede volver a entregar todo el Servicio de Ayuda a Domicilio a un único gigante empresarial”, de manera que ha expuesto que “dividir el contrato por zonas geográficas, como ya hacen otras ciudades, permitirá la entrada de empresas más pequeñas, cooperativas de iniciativa social y entidades locales”.

A su juicio, “es la mejor fórmula para garantizar un servicio más cercano y de mayor calidad para las personas dependientes, mejorar el control del Ayuntamiento sobre la ejecución del contrato y asegurar que el dinero público se destina a cuidar mejor a los mayores y a respetar los derechos laborales de las trabajadoras, en lugar de alimentar los beneficios de una multinacional que incumple el convenio”.

El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha concluido que la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales anticipadas puede ser debatida y sometida a votación en la sesión plenaria prevista para el próximo 9 de julio, al tratarse de una declaración de carácter político que carece de efectos jurídicos directos.

El informe jurídico fue solicitado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Hurtado, quien pidió que la Secretaría General del Pleno se pronunciara sobre la legalidad de incluir en el orden del día una iniciativa cuyo contenido excede las competencias propias del Ayuntamiento.

En su escrito, Hurtado sostenía que la facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno, conforme al artículo 115 de la Constitución, por lo que entendía que el Pleno municipal no debía debatir una moción ajena al ámbito competencial de la administración local. Asimismo, reclamaba que se aclarara si este tipo de iniciativas podían tramitarse reglamentariamente y cuáles serían las consecuencias jurídicas de que el Pleno adoptara acuerdos fuera de sus competencias.

La respuesta del secretario general del Pleno recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal define las mociones como iniciativas de impulso y orientación política destinadas a promover actuaciones o expresar el posicionamiento de la Corporación sobre asuntos de interés ciudadano, incluso cuando estos trascienden las competencias estrictamente municipales.

En este sentido, el informe señala que es frecuente que los plenos municipales debatan declaraciones institucionales o mociones de contenido político dirigidas a otras administraciones públicas, siempre que no produzcan efectos administrativos o jurídicos vinculantes.

Para fundamentar esta interpretación, el secretario cita la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2022, que fijó doctrina sobre la capacidad de los plenos municipales para pronunciarse sobre cuestiones políticas, sociales, culturales o incluso internacionales ajenas a sus competencias materiales. Según esa jurisprudencia, estos acuerdos son válidos cuando constituyen meras declaraciones políticas sin efectos prácticos directos y no vulneran derechos fundamentales ni de terceros.

Aplicando esa doctrina al caso concreto, el informe concluye que la moción registrada por el Grupo Popular cumple esos requisitos, ya que su propio texto precisa que se presenta “atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”. Por ello, el secretario considera que carece de eficacia administrativa, no genera obligaciones jurídicas y se agota en su propio contenido como manifestación de una posición política.

En consecuencia, el informe sostiene que la iniciativa “debe admitirse como lícita por no tener efecto jurídico directo”, al no vulnerar derechos fundamentales ni afectar a terceros, por lo que avala que pueda ser debatida durante el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Córdoba, donde el PP tiene mayoría absoluta.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha anunciado este lunes la presentación de una moción al Pleno del jueves para exigir la renovación “inmediata” del convenio de financiación de las exhumaciones en los cementerios de San Rafael y La Salud y reclamar a las administraciones gobernadas por el PP que “mantengan el compromiso institucional con la memoria democrática”.

En una rueda de prensa, el edil, quien ha exigido al PP que “no abandone a las víctimas del franquismo y garantice las exhumaciones en Córdoba”, ha alertado no obstante del “riesgo de paralización definitiva de los trabajos tras la firma del pacto de gobierno PP-Vox que permite la continuidad de Moreno Bonilla como presidente de la Junta”.

Dobladez ha señalado que esta iniciativa “es un llamamiento a preservar uno de los grandes consensos democráticos de nuestra ciudad y a seguir avanzando bajo los principios de verdad, justicia y reparación que Naciones Unidas reconoce como derechos de las víctimas”.

El edil socialista ha mostrado su “preocupación por el giro que puede producirse en las políticas de memoria democrática tras el acuerdo suscrito la pasada semana entre el Gobierno andaluz y Vox, que contempla la derogación de la actual Ley de Memoria Democrática de Andalucía para sustituirla por una denominada Ley de Concordia”.

“Las Naciones Unidas ya han advertido de que este tipo de leyes pueden invisibilizar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista”, ha avisado, para afirmar que “Andalucía, desgraciadamente, se dispone a seguir ese mismo camino”.

Por ello, Dobladez ha pedido al PP que “aclare cuál será su posición”. “El PP tiene que decidir de qué lado está: si está del lado de la democracia, de la justicia y de las familias que llevan décadas esperando recuperar a sus seres queridos, debe demostrarlo con hechos”, ha manifestado, para apuntar que “tiene que firmar el convenio y garantizar los recursos necesarios para que las exhumaciones continúen sin interrupciones”.

El concejal ha recordado que “el protocolo para las exhumaciones fue firmado en diciembre de 2020 por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, mientras que el convenio de colaboración y financiación se formalizó un año después con una duración de cuatro anualidades”.

Sin embargo, ha lamentado que “los trabajos no comenzaran hasta octubre de 2023 y que, una vez finalizado el convenio en diciembre de 2025, las administraciones gobernadas por el PP hayan permitido la paralización del proyecto”.

Según ha expuesto, “durante todo el año pasado advertimos de que era imprescindible renovar el convenio antes de que expirara”, pero “la única administración que cumplió fue el Gobierno de España, que aprobó su aportación económica”, mientras que “el resto dejó pasar el tiempo hasta que el convenio terminó, los trabajos se abandonaron y las fosas volvieron a cubrirse”. “Ha sido un fracaso institucional que ha causado un enorme dolor a los familiares de las víctimas”, ha reprochado.

Dobladez ha comentado que, “según los estudios realizados, en las tres fosas del cementerio de La Salud permanecen enterradas 7.231 personas, entre ellas más de un millar de víctimas del franquismo”. “En el cementerio de San Rafael se estima que hay 860 personas represaliadas, de las que 816 continúan en fosas comunes”, ha citado.

Además, ha destacado “el trabajo desarrollado por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO), que ha documentado más de 10.000 expedientes de consejos de guerra con más de 14.000 cordobeses represaliados”.

“Siete meses de bloqueo”

Entretanto, el edil ha criticado que, “siete meses después de que las fosas fueran nuevamente cubiertas, ni la Junta de Andalucía, ni la Diputación Provincial, ni el Consistorio hayan comprometido financiación para garantizar la continuidad del proyecto”.

“Han querido hacer creer que todo se debe a problemas administrativos, pero los problemas administrativos son la consecuencia de una falta evidente de voluntad política”, ha indicado, para apostillar que “hoy, siete meses después, las tres administraciones gobernadas por el PP siguen sin poner un solo euro para garantizar la continuidad de las exhumaciones”.

Al respecto, ha mencionado que “aunque el gobierno municipal ha anunciado la licitación de un contrato de cuatro meses financiado con los fondos aportados por el Ejecutivo central, esa solución resulta claramente insuficiente”, dado que “no se pueden abrir las fosas durante cuatro meses para volver a cerrarlas por falta de financiación”. “Las familias necesitan certezas, no parches”, ha defendido, para enfatizar que “Córdoba necesita un compromiso serio, estable y duradero”.

El concejal ha recordado también el homenaje celebrado el 14 de junio con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura. “Fue una imagen profundamente dolorosa, porque los familiares tuvieron que depositar flores sobre fotografías colocadas encima de la tierra que volvía a cubrir las fosas”, ha relatado, para añadir que “ninguna ciudad democrática debería permitir que esa escena vuelva a repetirse”.

Por todo ello, la moción del Grupo Socialista propone instar a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial a firmar durante este mismo mes de julio un nuevo convenio de cuatro años con el Ayuntamiento; “incorporar una cláusula que garantice que las fosas no volverán a cerrarse hasta la finalización completa de las exhumaciones; licitar de manera urgente un nuevo contrato que impida nuevas interrupciones, y poner en funcionamiento una oficina permanente de atención a los familiares que permita realizar las pruebas de ADN con independencia de la empresa adjudicataria”.

En palabras de Dobladez, “estamos hablando de derechos humanos, de dignidad y de calidad democrática”, de manera que “Córdoba no puede permitirse retroceder”. “Lo que reclamamos es que las administraciones cumplan la palabra que dieron a las víctimas y a sus familias”, ha trasladado el edil.

El delegado de Seguridad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, no ha aclarado si el Consistorio conservó las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las zonas donde aparecieron los carteles anónimos con la imagen de la exalcaldesa Isabel Ambrosio durante la pasada campaña electoral.

La cuestión fue planteada por el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, durante el Pleno municipal mediante una pregunta directa: “¿Han guardado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia en los lugares donde apareció la campaña negativa contra el PSOE utilizando la imagen de Isabel Ambrosio?”.

Sin embargo, la respuesta por escrito del responsable municipal no despeja esa incógnita. En su contestación, Coca afirma que “según se ha conocido por prensa, se ha presentado la correspondiente denuncia en el juzgado y no se ha requerido al Ayuntamiento para ese cometido, ni se ha solicitado por el juzgado”, sin precisar si las imágenes están conservadas o no.

La polémica se remonta al pasado mes de mayo, cuando Isabel Ambrosio presentó una denuncia tras asegurar que un testigo había visto a una persona colocando los carteles anónimos en los que aparecía su cara para perjudicar al PSOE en la campaña electoral del 17M, y, posteriormente, subiéndose a un vehículo con distintivos del Ayuntamiento de Córdoba. Posteriormente, la Junta Electoral de Zona trasladó también el asunto al juzgado al apreciar posibles indicios de un delito electoral.

A raíz de esos hechos, el Grupo Municipal Socialista registró una solicitud para que el Ayuntamiento abriera una investigación interna y, entre otras medidas, ordenara la conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales correspondientes a los días en que aparecieron los carteles, con el fin de evitar su borrado mientras los hechos eran investigados por la autoridad judicial.

La respuesta ofrecida ahora por el delegado de Seguridad no aclara si esa petición fue atendida. El Gobierno municipal se limita a señalar que el juzgado no ha requerido dichas imágenes al Ayuntamiento, sin responder expresamente a si las grabaciones fueron preservadas tras la solicitud registrada por el PSOE.

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba Silvia Mellado ha mantenido un encuentro en La Granjuela con compañeros socialistas de los diferentes municipios de la comarca del Guadiato para analizar la situación que atraviesa el territorio y recoger las principales demandas que trasladará al Parlamento de Andalucía, donde exigirá al Gobierno de Juanma Moreno que “cumpla con la comarca y atienda sus necesidades, sobre todo en lo que se refiere a soluciones para combatir la despoblación, refuerzo de los servicios públicos e inversiones en infraestructuras que mejoren las comunicaciones”.

Tal y como ha concretado la formación en una nota, Mellado ha subrayado que su compromiso como representante de la provincia de Córdoba será “poner voz a nuestros pueblos” y defender en la Cámara autonómica las necesidades de la comarca, criticando los “reiterados incumplimientos del Gobierno de Moreno con el Guadiato y con la provincia de Córdoba”.

Durante la reunión, la parlamentaria ha destacado la necesidad de impulsar políticas que permitan combatir la despoblación que afecta a la comarca y al conjunto de la zona norte de la provincia, “apostando por iniciativas que generen oportunidades y garanticen el futuro de los municipios rurales”.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el “progresivo deterioro de los servicios públicos”, reclamando a la Junta una “apuesta decidida” por la sanidad, la educación y los “servicios esenciales para asegurar la igualdad de oportunidades de los vecinos y vecinas del medio rural”.

Otro de los asuntos abordados ha sido la “falta de infraestructuras” que sufre la comarca. Mellado ha insistido en que es “imprescindible” que el Gobierno andaluz incremente las inversiones en el Guadiato para “mejorar las comunicaciones, favorecer el desarrollo económico y contribuir a fijar población”.

“Como parlamentaria por Córdoba, voy a llevar al Parlamento la voz de nuestros pueblos, apoyando medidas para combatir la despoblación, defender unos servicios públicos de calidad y exigir las infraestructuras que nuestra comarca necesita. Moreno debe dejar de dar la espalda al Guadiato y comprometerse de una vez con el futuro de la comarca y de la zona norte de la provincia de Córdoba”, ha señalado.

En suma, Mellado ha asegurado que mantendrá un “contacto permanente” con los municipios de la comarca para conocer de primera mano sus necesidades y convertir sus reivindicaciones en “iniciativas parlamentarias que contribuyan al desarrollo y al bienestar de la ciudadanía”.

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, de haber convertido la piscina cubierta de 50 metros en “uno de los mayores incumplimientos de su mandato”. En una nota, indican que, cuando ya se ha consumido la primera mitad de 2026, la realidad es que no existe proyecto redactado, financiación, cronograma de ejecución ni reserva definitiva de suelo para una infraestructura que el propio alcalde presentó como prioritaria para la ciudad.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha recordado que Bellido prometió esta instalación durante la campaña electoral de 2023 y volvió a anunciarla públicamente en noviembre de 2024, durante la gala del Club Navial, señalando incluso el entorno del Parque de Levante como posible ubicación. Sin embargo, más de un año y medio después de ese anuncio, el Ayuntamiento no ha dado ningún paso relevante para hacerla realidad.

“Lo que prometió Bellido no era una declaración de intenciones, sino un compromiso con los clubes, los deportistas y toda la ciudad. Hoy podemos afirmar que aquella promesa fue humo. No hay proyecto, ni financiación, ni suelo definido”, ha señalado Ortiz.

Desde el PSOE recuerdan que Córdoba continúa siendo una anomalía entre las grandes ciudades andaluzas al carecer de una piscina cubierta de 50 metros que permita albergar competiciones oficiales, mejorar las condiciones de entrenamiento de los clubes y ampliar la oferta deportiva municipal.

“Tenemos clubes que compiten al máximo nivel nacional y una demanda histórica respaldada por el tejido deportivo. Lo que no tenemos es un alcalde dispuesto a cumplir su palabra”, ha afirmado el edil socialista.

Ortiz ha criticado que el gobierno municipal haya dedicado más tiempo a anunciar grandes proyectos que a impulsarlos. “La piscina olímpica aparece cuando hay campaña y desaparece cuando toca gestionar. Es el modelo Bellido: muchos titulares y ninguna ejecución”. Los socialistas lamentan que el Ayuntamiento ni siquiera haya impulsado los trámites iniciales imprescindibles para una actuación de esta envergadura, como un estudio técnico, un anteproyecto o una planificación consensuada con el movimiento deportivo de la ciudad.

Para el PSOE, esta infraestructura debe ser una prioridad estratégica por su impacto deportivo, social y económico, ya que permitiría fortalecer el deporte base, atraer competiciones autonómicas y nacionales, generar turismo deportivo y situar a Córdoba al nivel del resto de capitales andaluzas.

“Después de siete años de Gobierno del PP, la piscina de 50 metros sigue siendo exactamente eso: una promesa incumplida”, ha concluido Ángel Ortiz, quien ha exigido al alcalde que presente de inmediato el proyecto, garantice su financiación y reserve definitivamente el suelo necesario para su construcción.