El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha exigido este miércoles al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP),“ que reactive de manera inmediata el proyecto para soterrar las torretas y líneas de alta tensión que atraviesan la barriada de San Rafael de la Albaida y el entorno del Parque del Canal de Guadalmellato, un compromiso del propio gobierno municipal anunciado del anterior mandato y que, más de cuatro años después, continúa sin ejecutarse”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Ortiz ha recordado que el PP llegó a asegurar que impulsaría esta actuación, “si hiciera falta hasta con financiación municipal”, pero ha lamentado que ese compromiso “se haya quedado en un anuncio más”, y “el problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión y de voluntad política. Bellido genera expectativas entre los vecinos, pero después los proyectos desaparecen de la agenda municipal”.

Ortiz ha señalado que el PSOE lleva reclamando desde el inicio del mandato información sobre el estado de esta actuación, sin obtener respuestas. “Llevamos tres años preguntando por las negociaciones, reclamando un calendario y exigiendo que el Ayuntamiento cumpla su palabra. La respuesta ha sido el silencio.”

El edil socialista ha subrayado que el gobierno municipal del PP no ha acreditado ningún avance efectivo para hacer realidad el soterramiento. “El Ayuntamiento no ha informado de acuerdos con Endesa, titular de las líneas eléctricas, no existe un proyecto técnico conocido en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), no se ha previsto una partida presupuestaria específica y tampoco se ha hecho público un calendario de ejecución. Cuando no hay expedientes, proyecto ni presupuesto, la realidad es que el proyecto sigue paralizado”.

Ortiz ha recordado que el soterramiento constituye una reivindicación histórica de la Asociación de Vecinos de San Rafael de la Albaida y del propio programa electoral del Partido Popular, con lo que “resulta incomprensible que uno de los parques familiares más recientes de Córdoba siga atravesado por torretas de alta tensión, propias de otra época, cuando podría convertirse en un gran espacio para el deporte, el ocio y la convivencia”.

La senadora del PP de Córdoba Lorena Guerra ha criticado este miércoles “el abandono que sufre el sector agrario tras los graves incendios registrados este verano” y ha exigido al Gobierno “la activación inmediata de ayudas para los agricultores y ganaderos que han visto arrasadas sus explotaciones”.

“Detrás de cada hectárea calcinada no sólo hay árboles o cultivos, sino explotaciones familiares, ganado, maquinaria, inversiones y el esfuerzo de toda una vida que ha quedado reducido a cenizas en apenas unas horas”, ha afirmado la popular en una nota.

Guerra ha recordado que “recuperar una explotación agrícola o ganadera requiere años de trabajo, inversión y sacrificio”, por lo que considera “imprescindible una respuesta rápida por parte del Estado”. “El campo no puede sentirse sólo cuando más necesita el respaldo de las instituciones”, ha subrayado, para apostillar que “las familias afectadas necesitan soluciones, no silencio”.

La senadora popular ha criticado “la ausencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en uno de los momentos más difíciles para el sector”. “Mientras miles de agricultores y ganaderos luchaban por salvar sus explotaciones y afrontaban pérdidas irreparables, el ministro ha vuelto a demostrar que está más pendiente de su agenda y de su futuro político que de defender al campo español”, ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que “un ministro de Agricultura tiene la obligación de estar al lado de quienes sostienen el sector primario, visitar las zonas afectadas, escuchar a los damnificados y liderar la respuesta del Gobierno”. “Luis Planas ha vuelto a dar la espalda al campo cuando más lo necesitaba”, ha reprochado.

Guerra ha anunciado que el PP llevará esta situación a la Cámara Alta. “Desde el Senado vamos a exigir al Gobierno de España la puesta en marcha inmediata de ayudas directas, beneficios fiscales, medidas extraordinarias de recuperación y todo el apoyo necesario para que agricultores y ganaderos puedan reconstruir sus explotaciones y recuperar cuanto antes su medio de vida”, ha dicho.

“El campo español merece un Gobierno que esté a su lado en los momentos más difíciles”, ha defendido, para manifestar que “los agricultores y ganaderos no pueden seguir sintiéndose abandonados mientras ven desaparecer entre las llamas el trabajo de toda una vida”.

La Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha manifestado, en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, su indignación ante el nuevo reparto de carteras en el Gobierno de la Junta de Andalucía. El colectivo ha criticado que el presidente Juanma Moreno haya delegado en su socio de coalición, Vox, competencias directas relacionadas con la gestión de la violencia de género.

La polémica surge tras conocerse que la Consejería asignada a Vox -que integra las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local- asumirá funciones para la protección de las víctimas. Entre estas atribuciones se encuentra la organización de los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia y, de manera específica, la gestión de las unidades de valoración integral de violencia de género a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Desde la Asamblea Feminista han calificado este movimiento como una “burla”, denunciando que se otorgan responsabilidades sobre víctimas de maltrato a un partido que “niega sistemáticamente la realidad de la violencia machista”. El colectivo ha advertido de que la formación de ultraderecha, al cuestionar la necesidad de estos servicios públicos y las políticas de igualdad, ahora dispone de la capacidad legal para suprimir o modificar profundamente estas unidades de valoración, las cuales dependen directamente de decretos autonómicos.

Una “violencia estructural”

El colectivo cordobés ha recordado que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino “estructural y global”. En su nota, han aportado datos para subrayar la gravedad de la situación: desde el año 2003, 1.374 mujeres han sido asesinadas en España, sumando ya 33 víctimas en lo que va de 2026.

Según la Asamblea, la alianza entre la derecha y la ultraderecha supone un retroceso que sitúa a las mujeres de nuevo en el “casillero de salida”, poniendo en riesgo derechos que fueron consolidados tras años de lucha feminista y que ahora quedan en manos de quienes buscan eliminarlos.

Ante este escenario, la Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha anunciado que se mantendrá “vigilante” y que no dudará en movilizarse para defender los avances logrados. “No vamos a dar ni un paso atrás en la lucha por hacer de este mundo un lugar seguro”, concluye el comunicado, reafirmando su compromiso con unos derechos humanos que alcancen a todas las personas.

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva, ha criticado este lunes “la secuencia interminable de incumplimientos, contradicciones y silencios del gobierno de Sánchez respecto al Proyecto de Restauración Hidráulica y Ecológica del Río Zagrilla, cuyo trazado discurre por el término municipal de Priego de Córdoba”, de modo que “su ejecución estaba prevista para 2022-2023 dentro del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI)”, por lo que ha reprochado que “el Gobierno lleva tres años engañando a los vecinos”.

Según ha expuesto la popular en una nota, “a día de hoy, agosto de 2026, las obras no han comenzado, el proyecto sigue 'en tramitación', el importe final no se ha determinado y el encargo a Tragsa no se ha formalizado”, al tiempo que ha advertido de que “mientras tanto, los vecinos de Priego de Córdoba siguen viendo cómo sus casas se inundan año tras año cuando llega la época de lluvias”.

La senadora ha recordado que “el proyecto fue anunciado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en enero de 2023 con una inversión de 2,9 millones de euros”, a la vez que “en octubre de 2023, el Miteco aprobó el Informe de Viabilidad con un presupuesto total de 3.175.720,59 euros”.

“Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2025, el Gobierno respondió reiteradamente a las preguntas parlamentarias que el proyecto estaba redactado y en tramitación”, ha dicho la popular, para añadir que “en febrero y mayo de 2025, el Gobierno prometió por escrito que la licitación se produciría a lo largo del año 2025”. “Esa promesa se ha incumplido”, ha censurado, remarcando que “no sólo no se ha licitado, sino que en septiembre de 2025 el Gobierno cambió silenciosamente la vía de ejecución a un encargo a Tragsa sin licitación, con un sobre coste que aún se desconoce”.

Igualmente, Casanueva ha avisado de que “el incumplimiento reiterado ha llevado al Gobierno a tener que cambiar la fuente de financiación, de los Fondos de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) a Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027, quedando menos de un año para su finalización”.

“El Gobierno cambió la financiación de un fondo a otro sin explicaciones y sin dar la cara”, ha manifestado, agregando que “la realidad es que el plazo de los fondos PRTR exigía que las obras terminaran antes del 1 de junio de 2026 y el proyecto ni siquiera se había licitado”. “El Gobierno debe dar explicaciones a los prieguenses”, ha exigido la senadora.

Casanueva ha señalado que “se sabe que el proyecto se actualizó en febrero a las tarifas de 2025 de la empresa pública, la lentitud del Gobierno con el proyecto ha llevado a que en abril se publicaran las nuevas tarifas de Tragsa de 2026, con un incremento 1,76%”. “Las últimas respuestas del Gobierno indican que el proyecto sigue en tramitación, sin poder conocerse el importe final, ni cuándo se llevará a cabo”, ha apostillado.

“Respuestas evasivas”

En palabras de la popular, “el Gobierno ha faltado una vez más a su compromiso, ya que en respuesta parlamentaria a los senadores del PP de Córdoba indicó que en el primer semestre de 2026 esperaban llevar a cabo la encomienda de gestión de las obras a Tragsa, plazos que de nuevo ha incumplido el Ejecutivo, siendo los vecinos de Priego de Córdoba los grandes perjudicados una vez más”.

“El Gobierno debe dejar de esconderse detrás de respuestas evasivas”, ha mantenido, para subrayar que “los vecinos de Priego de Córdoba merecen respuestas claras, no excusas infinitas”. “Mientras el Gobierno lleva tres años dilatando los plazos del proyecto del río Zagrilla, los vecinos sufren las consecuencias”, ha declarado Casanueva.

La senadora del PP ha anunciado que presentará un nuevo bloque de preguntas escritas y una moción en el Senado para “exigir transparencia y la ejecución de un proyecto fundamental para evitar las inundaciones y daños a los vecinos del río Zagrilla”.

En la política municipal de no hace muchos años, los fontaneros de los partidos entendían que un candidato a la Alcaldía tenía que foguearse y darse a conocer al menos un año antes de las elecciones. El objetivo era que los ciudadanos le conocieran, que le diese tiempo a visitar la mayor parte de la ciudad, el mayor número de barrios, asociaciones, peñas, plataformas, clubes y lobbys. En mayo de 2011, José Antonio Nieto logró una gran mayoría absoluta para el PP en las elecciones locales de Córdoba. Fue elegido candidato cinco años antes, en 2006. Ya en 2007 ganó las elecciones, pero lejos de sumar mayoría. De 2007 a 2011 tuvo tiempo de recorrer casi cada esquina de la ciudad, hacerse una foto en cada bache, en cada desconchón y casi con cada vecino.

La política local de la actualidad avanza a toda velocidad con un nuevo factor que lo cambia todo: las redes sociales. Ya no solo vale con estar sino con que te vean a través de la pantalla vertical de un teléfono móvil. Que se inunden los reels de las actualizaciones de políticos haciendo cosas. Es por eso que los tiempos han cambiado y que en los puestos de mando de los partidos se considera que ya no hace falta tanta antelación para elegir a un candidato. Y que hacerlo con mucho tiempo corre el riesgo de quemarlo.

Quizás por eso, todos los partidos se han ido ya de vacaciones y solo hay uno que tiene candidato a la Alcaldía: el PP. José María Bellido es alcalde de Córdoba desde 2019 y aspira a repetir en el cargo en la primavera de 2027, cuando se vuelvan a celebrar las elecciones municipales. Su candidatura se daba por hecha desde hacía meses, a pesar de los rumores que lo situaban en un futuro gobierno de Juanma Moreno en la Junta. Bellido, que es el concejal más veterano del Ayuntamiento, una institución en la que es concejal desde 2004 a pesar de sus 48 años.

En el resto de partidos, el mecanismo se ha puesto en marcha, pero aún no hay nada decidido. El PSOE tiene previsto elegir a sus candidatos a la Alcaldía de las capitales de provincia en septiembre. En Córdoba, Antonio Hurtado no repetirá como número uno. Y es Victoria Fernández, nueva parlamentaria socialista, la que apunta a ser la candidata. Fernández ya fue concejala y presidenta de Vimcorsa durante el mandato de Rosa Aguilar, con experiencia posterior en el gobierno de la Junta de Andalucía y en el de la Nación, donde ha sido la jefa de gabinete del ministro de Agricultura, Luis Planas. En 2022, Hurtado venció en primarias a Carmen Victoria Campos, que se presentó por sorpresa. No es probable aunque tampoco descartable que Fernández tenga que presentarse también a unas primarias.

A la izquierda del PSOE

A la izquierda del PSOE está la coalición Hacemos Córdoba, en la que se integraron Izquierda Unida y Podemos Andalucía, además de otras formaciones ecologistas. IU ha iniciado ya su propio proceso y ha puesto en marcha su maquinaria para elegir a sus candidatos. Esos candidatos tendrían que discutir, posteriormente, sus puestos en una futura coalición, de la que poco se sabe. Hacemos, en principio, no sufre como otras coaliciones de izquierdas de grandes desavenencias. Y en Córdoba es bastante probable que de nuevo el candidato o candidata sea una figura que proceda de la militancia de IU. Pero esas negociaciones, de momento, no han trascendido.

Y también en la izquierda habrá un nuevo actor: Adelante Andalucía. Su éxito en las últimas elecciones andaluzas le da opciones reales de entrar en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. La formación andalucista ya se ha movido y, de momento, ha elegido a dos coportavoces locales en la capital: Carmen Sánchez y Jordi Vidal, muy presentes en la vida local, social y política de la ciudad en los últimos meses.

Por su parte, Vox es una incógnita. Su proceso, como siempre, no arranca hasta que no se convocan las elecciones oficialmente, algo para lo que faltan aún muchos meses. Además, se trata de un partido muy centralizado, con decisiones que se toman en la cúpula y prácticamente nunca en el ámbito local. La marcha al Parlamento de Paula Badanelli, actual presidenta, deja el camino expedito a nuevos candidatos. Pero de momento nadie se atreve a hacer quinielas. La propia elección del exparlamentario Alejandro Hernández como delegado provincial de la Junta en Córdoba ha sido una sorpresa que nadie se esperaba. Por eso, vaticinar quién será el candidato de Vox a la Alcaldía de Córdoba en 2027 es hacer ciencia ficción.

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha opinado este viernes, sobre la polémica generada en torno a la proyectada planta de biometano en Baena (Córdoba), que “este tema merece un debate sosegado, un debade sin bulos y un debate científico”, asegurando que, en cualquier caso, “lo que no va a hacer nunca el delegado del Gobierno ni la delegación es no cumplir con la ley”.

En este sentido y en rueda de prensa, ha recordado que “hay un marco legislativo” y, dentro del mismo, “el papel de la Junta” se refiere a “la autorización ambiental” para dicho proyecto, de modo que, si se presenta ante la Administración autonómica, su obligación es “tramitarla y, ”si cumple con los requisitos ambientales pues tendrá esa aprobación, y si no los cumple, pues obviamente no la tendrá“.

La cuestión, según ha argumentado es que, “ahora mismo, dentro del marco legal”, lo que “tiene” que hacer la Junta de Andalucía es “dar estabilidad a todo el que viene a invertir en Andalucía, ya sea para una planta de biogás o sea para lo que sea”.

Por otro lado y en su condición de presidente provincial del PP de Córdoba, Molina se ha referido a la marcha del presidente del PP de Baena, Javier Vacas, y su dimisión como concejal, y también a la dimisión como edil y el abandono del PP de la que fuera alcaldesa del municipio, Cristina Piernagorga, en este caso por discrepancias con la dirección provincial del partido ante el proyecto de la planta de biometano, al que Piernagorda se opone.

Ante ello, Molina ha dicho que “en un partido serio”, como el PP, ante situaciones como la descrita “está contemplado lo que puede pasar”, de modo que, “si el presidente del partido encuentra trabajo en Cádiz y tiene que irse, pues el secretario general ocupa su lugar”, tal y como prevén “los estatutos, y es lo que ha ocurrido”.

Junto a ello, “si hay alguien que quiere salir del grupo municipal porque entiende que su posición es diferente a la del partido, pues es libre” de irse, en referencia a Piernagorda, a quien ha querido “agradecerle los servicios prestados y desearle lo mejor”, añadiendo que, “por encima de las personas y de lo que queremos cada uno hay un proyecto político muy serio, que se llama Partido Popular, y que está al servicio de los ciudadanos y, por supuesto, de los ciudadanos de Baena”.

Así seguirá siendo, pues, según ha señalado, respecto a la situación en la que queda el PP baenense, Molina ha subrayado que “ya hay un portavoz (municipal) nombrado desde hace días”, para sustituir en esa labor a Piernagorda, por quien también “entrará el siguiente concejal” de la lista electoral del PP, “y ahora mismo el secretario general, como está contemplado, ocupa las funciones de presidente, porque eso es cumplir con los estatutos. O sea, que no hay ningún vacío. Hay movimientos y se solucionan”.

Unide, una formación independiente que se escindió del PP hace dos décadas, ha anunciado este jueves, 30 de julio, que concurrirá a las próximas elecciones municipales de 2027 bajo las siglas del Partido Popular, una decisión comunicada por el alcalde de Villa del Río y presidente de la formación, Jesús Morales Molina, durante una comparecencia ante Beconet TV, acompañado por los integrantes de la actual dirección del partido.

De este modo, Jesús Morales Molina será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Villa del Río en las elecciones municipales de 2027, encabezando esta nueva etapa del proyecto político, según ha informado Unide.

Durante su intervención, Jesús Morales explicó que esta decisión llega tras un proceso de reflexión sobre el presente y el futuro del proyecto y, especialmente, sobre las necesidades y los retos que Villa del Río deberá afrontar durante los próximos años.

Unide “nació en 2003 como un proyecto político de ámbito local centrado exclusivamente en Villa del Río. Desde entonces, la formación ha estado presente durante más de dos décadas en la vida política municipal, contando con la participación de numerosos concejales, militantes, colaboradores y vecinos a lo largo de sus diferentes etapas”, relatan.

Morales agradeció expresamente el trabajo, la dedicación y la confianza de todas las personas que han formado parte de Unide desde su nacimiento, así como el respaldo recibido por parte de los vecinos de Villa del Río durante estos 23 años de trayectoria.

El presidente de Unide explicó que la decisión de concurrir bajo las siglas del Partido Popular responde a la intención de disponer de un mayor respaldo institucional que permita afrontar proyectos estratégicos y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo y el futuro de Villa del Río.

Asimismo, Jesús Morales incidió en que esta nueva etapa no supondrá un cambio en el equipo humano ni en la forma de trabajar y gestionar el Ayuntamiento, manteniendo la cercanía con los vecinos, el diálogo y el compromiso con Villa del Río como pilares fundamentales.

“Las siglas cambian, las personas no”, manifestó Morales durante su comparecencia, dejando claro que el equipo continuará trabajando con la misma dedicación y con Villa del Río como principal prioridad.

Cristina Piernagorda, exalcaldesa de Baena y exsenadora, ha anunciado en rueda de prensa su decisión de presentar la renuncia a su acta de concejal y abandonar el Grupo Municipal del Partido Popular (PP). Esta renuncia, que se formalizará antes del pleno municipal correspondiente al mes de julio, responde a una profunda crisis interna derivada de su firme oposición a la construcción de una planta de biometano en el municipio.

Durante su intervención, Piernagorda ha explicado que su postura en contra de la instalación comenzó a fraguarse en noviembre de 2025, fecha en la que el proyecto de la planta salió a exposición pública. Tras un extenso periodo de estudio, consulta con técnicos expertos, conversaciones con vecinos y revisión de normativas, la exalcaldesa llegó a la conclusión de que la infraestructura “traería más perjuicios que beneficios a Baena”.

La exedil calificó el proyecto de procesar 400.000 toneladas de residuos como “un auténtico disparate”. Esta conclusión técnica y personal ha sido, según asegura, la misma posición que siempre ha trasladado a su partido desde el primer momento.

La tensión con la cúpula de su formación política fue escalando a lo largo de los meses. Piernagorda reveló que en el pleno de marzo se le retiró el turno de palabra y se le impidió intervenir en la defensa de una moción sobre la planta de biometano presentada por Izquierda Unida, a pesar de ser la portavoz del grupo municipal del PP y haber estudiado el tema. Tras varios meses solicitando al partido que se posicionara en contra del proyecto sin éxito, la situación llegó a un punto de no retorno.

Así, según su testimonio, varios miembros de la Dirección Provincial del PP de Córdoba acudieron a una junta local en Baena para comunicar su cese oficial como portavoz del partido. En dicho encuentro, las directrices fueron claras: se ordenó y prohibió a Piernagorda contestar a una petición de reunión solicitada por la plataforma ciudadana Stop Biometano -a la que le ha retirado su apoyo-. El escrito oficial de su destitución como portavoz fue firmado por los concejales del PP y presentado en el Ayuntamiento.

El punto de inflexión definitivo ocurrió recientemente cuando Piernagorda se enteró a través de la prensa, el pasado 25 de julio, de que el PP de Baena se había reunido finalmente con la plataforma Stop Biometano, la misma acción que le había sido tajantemente prohibida semanas atrás. “Para mí, Cristina Piernagorda, no es no, siempre, antes y ahora”, sentenció, dejando claro que no está dispuesta a cambiar su discurso dependiendo de su interlocutor ni a ponerse “de perfil”. De hecho, la exalcaldesa confirmó que el pasado 7 de julio presentó, de la mano de cientos de vecinos y entidades, alegaciones formales contra el proyecto ante la Junta de Andalucía.

Piernagorda quiso agradecer el apoyo a la gran familia del PP de Baena, a los miembros de sus candidaturas pasadas, y deseó suerte a la concejala que tomará su puesto. A partir de ahora, según dice, volverá a dedicarse plenamente a su profesión como abogada autónoma en su propio despacho, aunque prometió seguir luchando desde su nueva posición para evitar que la planta se instale en el municipio. “Si este es el precio que tengo que pagar por no renunciar a mis principios y valores, yo lo acepto sin problema”, concluyó, cerrando así una etapa política en la que logró gobernar Baena para el PP en la pasada legislatura.

Cristina Piernagorda alcanzó la Alcaldía la primera vez que se presentó como candidata en las Elecciones Municipales de junio de 2019, gracias a un pacto con Cs. Esto la convirtió en la primera persona del Partido Popular que gobernaba en Baena desde la llegada de la Democracia en 1979. Posteriormente fue senadora y candidata de nuevo -sin éxito- a la Alcaldía.

El actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, será designado senador en representación de la comunidad autónoma en el pleno que se celebrará este jueves, lo que supondrá que deje tanto ese cargo como su escaño por Córdoba para centrarse en su nueva responsabilidad en la Cámara Alta, según han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El PP-A cuenta con seis diputados por Córdoba en el Parlamento de la XIII legislatura y Aguirre ocupó el tercer puesto en la candidatura de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. Lo sustituirá en el escaño la actual concejala en el Ayuntamiento de Lucena Miriam Ortiz López de Ahumada, que ocupó el puesto número ocho en la lista, por detrás del que fuera consejero de la Junta José Carlos Gómez Villamandos, que falleció el pasado mes de junio.

Este martes, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha considerado que lo “razonable” es que Jesús Aguirre se “dedique al Senado”, y no siga con el escaño de diputado autonómico por Córdoba.

“Atendiendo a la experiencia que tenemos en el PP de Andalucía, lo razonable es que se dedique al Senado; llevamos mucho tiempo haciendo una transición en la que lo que intentamos, siempre que sea posible, es que cada compañero tenga una responsabilidad que esté definida en un espacio concreto y yo entiendo que será así”, según ha indicado Repullo sobre el caso de Aguirre.

El Grupo Municipal Socialista reclamó en el pasado pleno del 12 de marzo, que la calle San Alberto Magno, uno de los principales accesos a Reina Sofía, debería ser asfaltada y reparada ya que está en un “estado deplorable, se inunda cuando llueve y está llena de baches y socavones”.

“Desde marzo no se ha realizado ningún mantenimiento en esta vía por lo que en el último pleno de julio, el Grupo Municipal ha vuelto a instar al gobierno de Bellido a que actúen porque la calle seguía en el mismo estado”.

Según ha informado el grupo socialista en una nota de prensa, la respuesta del PP ha sido que ellos no son responsables de esta calle, sino que corresponde a la Junta de Andalucía su mantenimiento.

Ante está información desde el PSOE “criticamos a Bellido por no ser capaz de demandarle a la Junta de Andalucía de PP y VOX que arreglen esta vía principal de acceso al hospital en el municipio de Córdoba”. “Ante está inacción del PP y la gravedad de tener esta calle en mal estado, el Grupo Municipal Socialista hemos solicitado la información por escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo”.

Por otro lado, el PSOE explica que en la contestación de la Gerencia queda constancia de “la falta de atención a esta calle y de que el gobierno de Bellido debe solicitar la inscripción registral a nombre del Ayuntamiento previo acuerdo con la Consejería de Salud para poder hacer una actuación Municipal”. “Desde el PSOE instamos al gobierno de Bellido que se comprometan con todo lo que ataña a los cordobeses y cordobesas”.

El coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, ha celebrado que el Partido Popular haya reconocido “por primera vez” la existencia de contaminación en el embalse de La Colada tras la aprobación de la moción presentada por el Grupo Provincial de Izquierda Unida en el Pleno de la Diputación.

Pérez ha asegurado que este reconocimiento supone “un paso muy importante” porque “permite centrar, por fin, las actuaciones en el verdadero origen del problema” y ha anunciado que la formación estará “vigilante” para que todos los acuerdos aprobados se ejecuten “en el menor tiempo posible”, tal y como ha señalado la formación en una nota de prensa.

“Llevamos años denunciando que el problema de La Colada no era la falta de agua, sino la contaminación del embalse. Durante demasiado tiempo el Partido Popular ha evitado reconocer esa realidad. Que hoy la asuma significa que ya no hay excusas para no actuar y para poner en marcha las soluciones que llevan años reclamando los vecinos y vecinas del norte de la provincia”, ha afirmado.

El coordinador provincial ha enmarcado que la crisis hídrica sufrida hace poco más de un año dejó durante más de doce meses a más de 80.000 personas del norte de la provincia sin agua potable.

“Había agua almacenada en La Colada, pero no podía consumirse por su contaminación. Esa situación no puede volver a repetirse y todas las administraciones tienen la obligación de garantizar un abastecimiento seguro y de calidad”, ha señalado.

La moción impulsada por Izquierda Unida contempla la firma de un convenio interadministrativo entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, los ayuntamientos afectados y el resto de administraciones competentes para coordinar todas las actuaciones necesarias dirigidas a recuperar la calidad del agua del embalse.

Entre las medidas aprobadas se encuentran la elaboración de un diagnóstico integral de los focos de contaminación de la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración, un plan de inversiones para acabar con los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero, la implantación de un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación y responsabilidades definidas, la creación de una comisión de seguimiento y el estudio para la instalación de una potabilizadora de última generación que permita garantizar el abastecimiento del norte de la provincia.

“Lo importante ahora es que ese convenio interadministrativo se materialice cuanto antes y que todas las administraciones trabajen en la misma dirección. Los vecinos y vecinas del norte de la provincia necesitan hechos, inversiones y soluciones definitivas. Izquierda Unida va a estar vigilante para que cada uno de los compromisos aprobados se cumpla”, ha subrayado Pérez.

El coordinador provincial también ha valorado la aprobación de la segunda moción presentada por Izquierda Unida, destinada a garantizar la continuidad de las exhumaciones en la provincia.

La iniciativa recoge el compromiso de continuar los trabajos de investigación y actuación en las fosas comunes para que las familias puedan seguir avanzando en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

“En un momento en el que las políticas de memoria democrática están siendo cuestionadas por la derecha y la ultraderecha, este acuerdo cobra una especial relevancia. Es un compromiso con las víctimas, con sus familias y con la dignidad democrática de nuestra provincia”, ha manifestado.

Por último, Pérez ha reiterado que Izquierda Unida realizará un seguimiento permanente del cumplimiento de ambas mociones. “Nuestro trabajo no termina con la aprobación de estas iniciativas. Vamos a exigir que todos los acuerdos se conviertan en actuaciones reales, tanto para garantizar agua potable y de calidad a los más de 80.000 vecinos y vecinas del norte de la provincia como para asegurar que las exhumaciones continúan y las familias obtienen la verdad, la justicia y la reparación que merecen”, ha concluido.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado a través de sus redes sociales que volverá a presentarse como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de la capital cordobesa en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo del año 2027, con el objetivo de que la ciudad culmine “el salto de calidad que estamos logrando”.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, consultado por Europa Press, Bellido asegura que “me vuelvo a presentar, quiero seguir siendo el alcalde de esta ciudad”, una Córdoba a la que ve con “buen rumbo” y “mejor” que en 2019, cuando alcanzó la Alcaldía de la capital por primera vez, revalidándola en 2023, año en el que consiguió la mayoría absoluta.

En este sentido, el popular ha remarcado que en los dos últimos mandatos del PP en el Ayuntamiento se ha conseguido que Córdoba sea “líder y protagonista en el ámbito nacional e internacional”, resaltando la consecución de “grandes proyectos” como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que “van a ayudar a crecer” aún más a la ciudad. Además, Córdoba está “liderando en el ámbito internacional” encabezando la organización de las Ciudades Patrimonio Mundial y siendo en 2027 la Capital de la Cultura y el Diálogo en el Mediterráneo“, ha señalado.

Asimismo, Bellido ha remarcado que la capital cordobesa es “una ciudad que crece y avanza con nuevos barrios, que estaban parados”, y ahora “ofrecen miles de viviendas a jóvenes, a mayores, a familias”, de las que “el 50% van a ser de protección oficial”, tal y como ha puesto de manifiesto.

Igualmente, el candidato popular ha remarcado que Córdoba ahora cuenta “con mejor salud”, ya que en los últimos años la ciudad “ha crecido mucho en verde”, pues cuenta con “más parques y más jardines que nunca”.

Otro de los aspectos que aborda en su vídeo es el “rumbo de crecimiento económico” de la ciudad, a la que “vienen industrias que era impensable que vinieran hace unos años”. Son “grandes empresas que se están instalando y están dando oportunidades a muchos” de jóvenes cordobeses, ha celebrado.

Todo eso se ha logrado “cerrando muchas carpetas abiertas durante demasiado tiempo”, como es el caso del “aeropuerto, que ya tiene aviones y vuelos; el centro de ferias o grandes infraestructuras como la Ronda Norte”, poniendo en carga “cuestiones que durante muchos años no salían adelante”

Para concluir, José María Bellido ha expresado que “lo que toca ahora es dejar de cerrar carpetas y abrir nuevas carpetas para dar el salto de calidad que estamos logrando, para que esa ciudad industrial, con empleo, verde, sostenible, de la cultura sea una realidad en los próximos años”, por todo ello, “me vuelvo a presentar, quiero seguir siendo el alcalde de esta ciudad”, ha apostillado.

España quiere su segunda estrella. Dieciséis años después de coser la primera, La Roja ha vuelto a ilusionar a todo un país con conseguir el segundo título mundial de sus vitrinas. Por el momento, lo que sí han logrado ya los chicos de Luis de la Fuente ha sido alcanzar por vez primera en su historia dos finales en una Copa del Mundo y, de paso, unir al territorio español alrededor del sueño de alzar el trofeo al cielo de Nueva Jersey.

Y, cómo no, Córdoba desea congregar a miles de ciudadanos en algún espacio donde poder asistir, animar, sufrir y, ojalá, celebrar el tan ansiado Mundial. Como el MetLife Stadium queda lejos, la mejor opción para seguirlo en un ambiente diferente serán las pantallas gigantes que se instalarán en las diferentes ciudades españolas. En el caso de Córdoba, aunque todavía no hay un lugar delimitado oficialmente, se puede confirmar que así será.

Lo ha desvelado este mediodía el alcalde, José María Bellido, después de hacer balance de la 45ª edición del Festival de la Guitarra. “Estamos trabajando. A lo largo del día de hoy o de mañana anunciaremos cómo va a ser exactamente el despliegue”, comentó ante los medios de comunicación. En cualquier caso, confirmó que todo aquel que quiera seguir la final mundialista podrá hacerlo en la ciudad. “Habrá pantallas para poder seguirla el día 19 y, ya digo, hoy o mañana, a más tardar, creo que vamos a poder anunciar exactamente cómo se va a hacer”, continuó.

Lo cierto es que la ilusión se ha desbordado en el país y Córdoba no iba a ser una excepción. Ha sido norma habitual durante este mes observar a muchos grupos de personas alrededor de las televisiones de diferentes establecimientos para seguir, especialmente, el desarrollo del Mundial a partir de los octavos de final. Los goles de Merino ante Portugal y Bélgica, así como los de Oyarzábal y Pedro Porro frente a Francia fueron muy celebrados en cada rincón de la ciudad.

Ojalá esos estallidos queden en anécdota con lo que puede ser el próximo domingo. Por el momento, España ya está en la final. Aguardan Inglaterra o Argentina. En Córdoba, todo el que quiera, podrá seguirla en directo ante las pantallas gigantes que instalará el Ayuntamiento.

El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Córdoba defenderá en el Pleno de este miércoles ordinario dos mociones con las que reclamará, por un lado, la convocatoria de elecciones generales “ante la situación política e institucional” que atraviesa España y, por otro, exigirá al Gobierno de España un plan extraordinario para “recuperar el servicio ferroviario en la provincia y poner fin al deterioro de las infraestructuras”.

Según ha informado el PP en una nota, el portavoz del Grupo Popular, Antonio Martín, ha señalado que la actual legislatura atraviesa una situación de “extraordinaria debilidad política e institucional”, con un Gobierno que “no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado ni de someterse a los principales mecanismos de control político que permiten verificar el respaldo parlamentario a su acción de gobierno”.

Al respecto, el portavoz ha añadido que a esta “situación de bloqueo se suman las nuevas revelaciones sobre los abundantes casos de corrupción que salpican al Gobierno y, en especial, a su presidente, que no han cesado de acumularse y provocar una mayor indignación social por su extensión y su gravedad”. Asimismo, el portavoz popular ha manifestado su “preocupación” por las investigaciones en curso y ha defendido que “la gravedad de estas circunstancias exige una respuesta política acorde con los principios de transparencia, ejemplaridad y responsabilidad que deben presidir cualquier democracia avanzada”.

Para los populares, España se encuentra “ante un Gobierno que, de acuerdo con las reglas más elementales de la democracia, se encuentra descalificado para seguir ejerciendo el poder”. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo “carece de una mayoría parlamentaria de respaldo”.

Junto a esta iniciativa, el PP también llevará al Pleno una moción para exigir al Gobierno de España la aprobación inmediata de un Plan Extraordinario de Recuperación del Servicio Ferroviario de la provincia de Córdoba, dotado con presupuesto suficiente y con un calendario público de ejecución.

Martín ha destacado que Córdoba constituye “uno de los principales nudos ferroviarios de España y un enclave estratégico para la movilidad de Andalucía y del conjunto del país”, aunque ha lamentado que el sistema ferroviario cordobés atraviese “una situación de deterioro sin precedentes”.

“Retrasos diarios, averías constantes, cancelaciones, limitaciones de velocidad, incidencias técnicas, sustituciones del tren por autobuses y una información deficiente a los viajeros se han convertido en una rutina inaceptable”, ha señalado.

El portavoz popular ha incidido especialmente en la situación de la línea Córdoba-Jaén, “castigada durante meses por cortes, desprendimientos, averías y restricciones que han obligado a sustituir servicios ferroviarios por transporte por carretera, incrementando los tiempos de viaje y castigando especialmente a los municipios del interior”.

No obstante, Martín ha advertido de que el problema “ya trasciende esta línea y afecta al conjunto de la red ferroviaria que atraviesa nuestra provincia”. En este sentido, ha recordado que las continuas incidencias registradas durante los últimos meses “afectan tanto a los servicios de Alta Velocidad como de Media Distancia”, evidenciando que el deterioro del servicio “no responde a hechos aislados, sino a una falta evidente de mantenimiento preventivo, planificación e inversión”.

“Lo que hace unos años eran incidencias excepcionales se ha convertido hoy en la normalidad y miles de cordobeses viven con incertidumbre permanente cada vez que utilizan el tren, sin saber si llegarán puntualmente a sus puestos de trabajo, a sus clases, a una consulta médica o a una reunión profesional”, ha concluido Martín.

“Cuando todos estamos juntos, que cuando todos trabajamos con un objetivo común, somos capaces de alcanzar mayores éxitos”. Así lo ha dicho este lunes la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía, Beatriz Jurado, durante su intervención en el acto organizado por Nuevas Generaciones de Córdoba con motivo del XXIX aniversario del asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco.

Un acto en el que también han participado el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina; el presidente de honor, José Antonio Nieto; el portavoz del partido y alcalde de la ciudad, José María Bellido; y el presidente de NNGG de Córdoba, Ángel López.

Tras escuchar el manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Jurado ha recordado el sufrimiento vivido durante los días de julio de 1997 y ha defendido que la memoria de aquellos años no puede pertenecer únicamente a quienes los vivieron.

“Lo único que queremos es que esa memoria sea de toda una sociedad”, ha manifestado, incluyendo a los jóvenes que hoy tienen 29, 28, 20 o 15 años y que no conocen quién fue Miguel Ángel Blanco ni las circunstancias en las que fue secuestrado y asesinado por ETA.

La dirigente popular ha aclarado que el PP de Andalucía no participa en este homenaje “con ningún ánimo de anclarnos al pasado ni de confrontar”, sino con la voluntad de reforzar la defensa del Estado de Derecho, la democracia y las instituciones que garantizan la convivencia.

La vigencia del espíritu de Ermua

Jurado ha reivindicado el espíritu de Ermua como la respuesta de una sociedad que se levantó para decir “basta ya al miedo, basta ya al temor”. Ha recordado que ciudadanos de distintas ideologías y sensibilidades se dieron la mano para demostrar que una sociedad unida y con objetivos claros puede conseguir aquello que se propone.

Esa unidad, ha explicado, permitió derrotar al terrorismo y a ETA gracias a la fortaleza de las instituciones y al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los que la sociedad debe seguir confiando para defender la España construida entre todos.

La vicesecretaria ha agradecido a Nuevas Generaciones la organización del acto y ha animado a sus miembros a seguir difundiendo lo sucedido durante los años en los que concejales de diferentes partidos, periodistas, jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vivían amenazados, necesitaban escolta o tenían que mirar debajo de sus vehículos.

Jurado ha destacado que España logró superar aquella etapa y consolidar una sociedad en la que triunfa la democracia y en la que nadie debe tener miedo. El PP de Andalucía, ha concluido, seguirá trabajando por una tierra con más oportunidades y comprometida con la libertad, la justicia y la dignidad de las víctimas.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha reivindicado la memoria de todas las víctimas del terrorismo y la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.

Molina ha afirmado que “recordar a Miguel Ángel Blanco es hacer justicia, defender la verdad y explicar a las nuevas generaciones lo que ocurrió para que nunca vuelva a repetirse”. Además, ha agradecido el compromiso de Nuevas Generaciones de Córdoba por mantener cada año este acto de homenaje.

Asimismo, ha animado a los jóvenes a defender siempre “la libertad, el respeto y la convivencia”, asegurando que “mientras España siga recordando a Miguel Ángel Blanco con verdad y dignidad, quienes quisieron derrotar nuestra democracia no habrán logrado su objetivo”.

Incendio en Almería, la cooperación y lealtad

El Partido Popular de Andalucía ha destacado que la coordinación, la cooperación y la lealtad entre las administraciones permiten ofrecer una respuesta más eficaz ante situaciones de emergencia y alcanzar mayores éxitos cuando existe un objetivo común: proteger a la población y salvar vidas.

Así lo ha señalado la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía, Beatriz Jurado, durante el acto organizado por Nuevas Generaciones de Córdoba con motivo del XXIX aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA.

Jurado ha trasladado el “cariño y condolencia” del PP de Andalucía a las víctimas y a sus familiares tras la tragedia provocada por el incendio de Almería. Asimismo, ha mostrado su cercanía con todas las personas afectadas, especialmente con quienes continúan fuera de sus hogares, y ha advertido de que “aún queda mucho camino que recorrer para seguir acompañándolos”.

La vicesecretaria ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno, y por el equipo técnico del consejero Antonio Sanz, junto con la actuación coordinada de los ayuntamientos, la Administración autonómica y el Estado.

También ha expresado el reconocimiento del PP andaluz a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos provinciales y locales, Protección Civil y los voluntarios que han participado en la respuesta frente al incendio.

“Cuando todos estamos juntos, cuando todos trabajamos con un objetivo común, somos capaces de alcanzar mayores éxitos”, ha afirmado Jurado, quien ha defendido que la política debe ser útil y que la sociedad debe ver a sus representantes trabajando unidos ante las oportunidades y necesidades colectivas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Córdoba ha incoado diligencias previas para investigar si el alcalde de Obejo, Pedro López Molero (PP), incurrió en un presunto delito de prevaricación administrativa por la tramitación del proceso extraordinario de estabilización de una plaza de conductor de autobús y microbús del Ayuntamiento.

El regidor estaba llamado a declarar el 16 de julio, si bien, en declaraciones a Cordópolis, ha indicado que finalmente será el próximo mes de noviembre, después de que la comparecencia inicialmente prevista para julio fuera aplazada por la saturación del juzgado.

La investigación parte de la denuncia presentada por un ciudadano que participó en el proceso selectivo convocado por el Consistorio en 2022 y que sostiene que toda la actuación administrativa estuvo dirigida a que una trabajadora que ya ocupaba el puesto mediante contratos temporales obtuviera definitivamente la plaza como personal laboral fijo, circunstancia que finalmente se produjo en noviembre de 2024.

La denuncia no cuestiona únicamente el resultado del concurso de méritos, sino todo el procedimiento previo. El denunciante sostiene que las bases de la convocatoria fueron diseñadas para favorecer a esa aspirante al otorgar 0,026 puntos por cada día trabajado en el Ayuntamiento de Obejo, frente a 0,005 puntos por día en cualquier otra administración pública, sin valorar en ningún caso la experiencia profesional en empresas privadas. A su juicio, ese sistema hacía “imposible” que cualquier candidato ajeno al Consistorio pudiera competir en igualdad de condiciones.

Además, mantiene que la plaza nunca debió incluirse en el proceso extraordinario de estabilización previsto por la Ley 20/2021, al no cumplir el requisito de haber estado ocupada de forma ininterrumpida por personal temporal durante los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Según expone, entre los distintos contratos temporales existieron periodos en los que el puesto permaneció vacante, lo que impediría acogerse a ese procedimiento excepcional.

La denuncia también pone el foco en las sucesivas contrataciones temporales de la misma trabajadora desde 2017, que considera carentes de la publicidad y concurrencia exigibles, y concluye que todas esas actuaciones respondían a un mismo propósito: consolidar definitivamente a esa empleada en el puesto, privando al resto de aspirantes de concurrir en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

La defensa del alcalde

En conversación con este periódico el pasado 26 de junio, Pedro López Molero rechazó cualquier actuación arbitraria y defendió que la decisión de incluir la plaza en el proceso extraordinario de estabilización no correspondió a la Alcaldía.

“El alcalde no estabiliza. Eso es un informe de Secretaría”, afirmó el regidor, quien aseguró que fue el secretario municipal quien determinó qué puestos reunían los requisitos para acogerse al proceso extraordinario previsto por el Estado. Asimismo, sostuvo que el Ayuntamiento contaba con el respaldo jurídico de la Diputación de Córdoba y que el conflicto radica únicamente en la discrepancia del denunciante sobre si la plaza debía haberse cubierto mediante un procedimiento ordinario o mediante estabilización.

Durante esa conversación, López Molero se comprometió a remitir a este periódico el informe de Secretaría en el que, según aseguró, se fundamentó la inclusión de la plaza investigada en el proceso extraordinario de estabilización. Sin embargo, transcurridas dos semanas desde aquella conversación, el alcalde todavía no ha facilitado dicho documento, por lo que este periódico no ha podido comprobar el contenido del informe al que alude su defensa.

El procedimiento judicial continúa en fase de instrucción y será la autoridad judicial la que determine, tras la práctica de las diligencias acordadas, si existió alguna actuación contraria a derecho en la tramitación de este proceso selectivo.

Catorce alumnos. Un profesor. Tres colegios. Esa es la dimensión real que tiene en Córdoba el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), una iniciativa educativa que desaparecerá de los centros andaluces a partir del curso 2027/2028, si se cumple este punto del acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Popular y Vox para Andalucía. La decisión pone fecha de caducidad a una iniciativa nacida hace más de cuatro décadas y que, al menos en Córdoba, mantiene una presencia testimonial: apenas 14 escolares repartidos entre tres centros educativos y atendidos por un único docente.

La fotografía provincial contrasta con la dimensión política que ha adquirido el asunto en los últimos meses. Este programa se ha convertido en uno de los símbolos del acuerdo entre PP y Vox en materia educativa pese a que, sobre el terreno, su implantación es mínima y su funcionamiento ha transcurrido durante años prácticamente fuera del foco público. En Córdoba capital, la iniciativa ha estado presente tradicionalmente en colegios como el CEIP Hernán Ruiz y el CEIP Mediterráneo, además de un tercer centro de la provincia, como es el CEIP San José de Calasanz, en Lucena. Según la información trasladada a este periódico por la Delegación de Educación en Córdoba, las clases no forman parte del horario lectivo ordinario, no son evaluables y la participación del alumnado es completamente voluntaria.

El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí no nació de una decisión de la Junta de Andalucía ni del Ministerio de Educación. Su origen se remonta al convenio de cooperación cultural firmado entre España y el Reino de Marruecos el 14 de octubre de 1980, desarrollado posteriormente mediante distintos acuerdos administrativos entre ambos países. Su finalidad, según recoge la guía oficial de funcionamiento correspondiente al curso que acaba de finalizar, es facilitar que el alumnado marroquí u originario de este país pueda mantener el conocimiento de su lengua y su cultura al tiempo que favorece su integración en el sistema educativo español. Entre los objetivos del programa figuran preservar la identidad cultural del alumnado respetando la cultura del país de acogida, favorecer la inclusión escolar y social, promover valores de convivencia y fomentar la educación intercultural dentro de los centros educativos.

En Córdoba, el programa se desarrolla mediante la denominada Modalidad A. Es decir, que las clases se imparten fuera del horario lectivo, como actividad extraescolar; no forman parte del currículo oficial de la Junta, no cuentan para la evaluación académica del alumnado y la asistencia de los menores depende exclusivamente de la voluntad de las familias. Lejos de la imagen de una asignatura integrada en el sistema educativo ordinario, el PLACM funciona como una actividad complementaria destinada exclusivamente al alumnado que solicita participar. Pese a que el programa no ha supuesto problemas de convivencia, en este punto del acuerdo del PP junto a la extrema derecha se insiste en que la Junta “velará por la convivencia en los centros educativos” y rechazará “cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas, injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad”.

En el caso de que finalmente la Junta no renueve este programa, dicha decisión no supondrá un ahorro para las arcas andaluzas en materia de personal. El profesorado no pertenece a la administración educativa española. Los docentes son funcionarios enviados por el Reino de Marruecos y sus retribuciones corren íntegramente a cargo del Gobierno marroquí. La participación de la Junta se limita a facilitar los espacios donde se desarrollan las actividades y coordinar su implantación dentro de los centros educativos que participan en el programa.

Frente a este pacto autonómico, en mayo de 2025, el grupo del PP del Ayuntamiento de Córdoba votó en contra de una moción de Vox que exigía la paralización de este programa. Durante aquel debate, el portavoz popular, Miguel Ángel Torrico, defendió expresamente la continuidad del programa al asegurar que en Córdoba “no supone ningún problema en la sociedad cordobesa” y que tampoco existía “ninguna tensión social” derivada de su funcionamiento. Vox se quedó solo en la defensa de esta moción tras el voto en contra de todas las formaciones.

Hay que señalar que esta exigencia de Vox para dar al PP los gobiernos de Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla y León -en este caso, el pacto habla de mantener la no aplicación de este programa dado que no se realiza- coincide con un proceso de reducción progresiva del mismo en España. Los datos correspondientes al curso 2025-2026 muestran un descenso tanto del número de centros participantes como del profesorado destinado al PLACM. Si durante el curso anterior el programa estaba presente en 396 centros educativos, actualmente permanece en 298. El número de docentes también ha disminuido, pasando de 120 a 98.

Aun así, Andalucía sigue siendo uno de los principales territorios donde se desarrollaba esta iniciativa, con 91 centros y 34 profesores, solo por detrás de Cataluña, que cuenta con 110 centros y 31 docentes.

El Grupo Popular tiene previsto proponer a la actual vicepresidenta primera del Parlamento y diputada por Cádiz, Ana Mestre, como nueva presidenta de la Cámara en sustitución de Jesús Aguirre, a quien, a su vez, su partido propondría como senador por designación autonómica, y ello al hilo de los cambios que en la Mesa del Parlamento implica el acuerdo suscrito la semana pasada entre el PP-A y Vox que posibilitó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Fuentes parlamentarias 'populares' consultadas por Europa Press han confirmado este viernes que el PP-A tiene previsto postular a Ana Mestre como presidenta del Parlamento una vez que tiene que ceder la vicepresidencia primera de la Cámara, para la que fue elegida el pasado 11 de junio y que ostentó ya en la pasada legislatura, en virtud del acuerdo de gobierno con Vox, que cede a dicho partido ese puesto en la Mesa del Parlamento.

De esta manera, la previsión es que Ana Mestre pase de vicepresidenta primera del Parlamento a ser propuesta como nueva presidenta de la institución, responsabilidad en la que sustituiría a Jesús Aguirre, quien, a su vez, sería designado como senador por parte del Parlamento andaluz a propuesta también del PP-A.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya anticipó este pasado jueves, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que dio a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz, de coalición con Vox, que Ana Mestre (PP-A), asumirá nuevas “responsabilidades” una vez que deje dicho puesto de vicepresidenta primera del Parlamento en virtud del acuerdo de gobierno que el PP-A y Vox, y dejó en el aire un posible relevo, en este contexto, en la presidencia de la Mesa de la Cámara andaluza, en manos actualmente de Jesús Aguirre.

El acuerdo que PP-A y Vox suscribieron la semana pasada contempla que Vox asumirá la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento, así como que el Grupo Popular cederá a dicha formación una de las cinco plazas de senadores por designación autonómica que le corresponden en la nueva legislatura.

De esta manera, Ana Mestre tendrá que dejar la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento para dar paso al representante que Vox elija para dicha responsabilidad, que está previsto que sea su diputada Beatriz Sánchez, que ya forma parte del órgano de gobierno de la Cámara como vocal, con voz pero sin voto.

Moreno ya anticipó “nuevas responsabilidades” para Mestre

Por este particular le preguntaron este jueves a Juanma Moreno, quien explicó que en este mes de julio --previsiblemente el día 23-- se celebrará un Pleno en el Parlamento en el que “se van a producir cambios en la Mesa”, y señaló que, en el marco de ese proceso, mantiene “una conversación abierta” con Ana Mestre, de quien auguró que, “sin duda alguna, asumirá responsabilidades” nuevas, “porque es una de las mujeres más capaces y preparadas que hay” en su equipo y con la que va a “contar siempre en distintas responsabilidades”, según subrayó.

Posteriormente, le preguntaron por los nombres que el PP-A propondrá como senadores por designación autonómica para esta legislatura, y expresamente si tiene previsto que el actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, sea uno de ellos.

Moreno respondió que en estos momentos se está “debatiendo” qué cuatro senadores va a proponer el Grupo Popular, si bien avisó de que lo que se proponga “va a estar muy vinculado a los acontecimientos que sucedan también con la Mesa del Parlamento y con otras decisiones, también, que se adopten en los segundos niveles de gobierno”.

El presidente de la Junta señaló que lo primero que quería acometer era la puesta en marcha del nuevo Gobierno, algo para lo que ya ha dado el primer paso con el nombramiento de los consejeros, y apuntó que “a lo largo de la semana que viene y la siguiente” se irán abordando otras cuestiones pendientes, con el objetivo, en todo caso, de que en este mes de julio se aborden “todas ellas”.

Moreno pretende así que a lo largo de este mes queden ya conformados los equipos de las consejerías, con sus viceconsejeros y secretarios generales, así como ya nombrados los delegados territoriales de la Junta en las provincias, y los cambios que se acometan en la Mesa del Parlamento y la designación de senadores autonómicos, según explicó él mismo.

“Lo que está claro es que nos iremos el 31 de julio con todo esto ya cerrado, para que el 1 de septiembre comencemos con un Gobierno absolutamente ya consolidado, con plenas facultades y a pleno rendimiento”, prometió Moreno.

El próximo miércoles, 15 de julio, hay convocada una reunión de la Mesa del Parlamento y otra de la Junta de Portavoces en la que podría quedar definido el orden del día del Pleno a celebrar la semana siguiente, en la que podría abordarse esos cambios en la Mesa y, también, la designación de los senadores que corresponde elegir al Parlamento andaluz.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde este jueves a una enmienda presentada por el gobierno del PP ante una moción del PSOE sobre las exhumaciones de represaliados de fosas en los cementerios de Córdoba que están paralizadas desde el pasado mes de enero y no se ha tramitado el contrato para continuarlas ni el convenio entre todas las administraciones para dar continuidad al anterior que hizo posible dos años de trabajos en las fosas. En esa moción, uno de los acuerdos aprobados pide, una vez se constituya el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía -entre PP y Vox-, “iniciar contactos para acordar, si lo estiman conveniente, su incorporación al nuevo convenio” entre las administraciones para continuar las exhumaciones en las fosas de Córdoba.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido que “independiente del pacto de Gobierno andaluz, nosotros somos un gobierno de centro derecha que cumple”. Y ha asegurado que el PP viene trabajando por tramitar un nuevo contrato y firmar un nuevo convenio entre las cuatro administraciones para continuar los trabajos de las exhumaciones que se han quedado pendientes tras concluir el anterior y cerrar las fosas en enero pasado. No obstante, desde los grupos de la izquierda -PSOE y Hacemos Córdoba-, han puesto sobre la mesa la posición contraria de Vox ante la memoria histórica y su pacto ahora con el PP en la Junta de Andalucía.

Madruga ha pedido “sacar del debate partidista” este asunto y ha asegurado comprender “el dolor” de las familias que buscan a sus seres queridos en las fosas. Asimismo, ha insistido en que “está la voluntad” del gobierno local por seguir los trabajos y asegura que para 2027 ya hay una partida de 150.000 euros para el presupuesto con este objetivo.

Junto a ese acuerdo, la enmienda -aprobada solo con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra- pide agilizar el contrato de cuatro meses dotado con dinero del Gobierno central, contemplado como “el Expediente de Contratación 2026/102, que ya se está tramitando por vía de urgencia, para la exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes del cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y en concreto de los cuadros Vigen de los Dolores, San Ramón, San Cipriano, San Cayetano, Patio del Depósito, la Anunciación, Trinidad, San Dimas, San Demetrio, San Plácido, que se realiza en el marco de la Resolución del Secretario de Estado de Memoria Democrática por la que se concede al Ayuntamiento de Córdoba una subvención al amparo del Real Decreto 866/2025 de 30 de septiembre, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas Entidades Locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización de búsqueda, localización, exhumación y, en su caso , identificación de restos de personas víctimas de la guerra de España y de la dictadura”. Cuenta con presupuesto base de licitación de 150.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Además, la enmienda aprobada por el propio PP pide firmar “a la mayor brevedad posible” un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial para la continuación de los trabajos de exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes de los cementerios de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y de San Rafael. En ese convenio se incluirá todas los actuaciones que no fueron contempladas como gastos financiables, relacionadas con la oficina de atención a las víctimas, campañas divulgativas, etc. en los anteriores trabajos.

Críticas de la oposición a la falta de diligencia del gobierno del PP

En el debate en el Pleno sobre este asunto, los grupos del PSOE y Hacemos Córdoba han criticado que el gobierno local no haya agilizado el nuevo contrato ni el convenio para que no se hubieran tenido que cerrar las fosas el pasado invierno al no continuar los trabajos. Han apelado a cumplir con la dignidad de las familias que esperan el compromiso del PP y del propio alcalde. Y han significado que el Ayuntamiento debe ceñirse a la Ley de Memoria histórica y a la Ley de Memoria democrática andaluza.

Por parte de Vox, en el Pleno ha intervenido el concejal Miguel Castellano, quien ha sido acusado por la izquierda de “manipulación y sesgo histórico” al señalar que el partido de ultraderecha “condena de manera taxativa todos los episodios violentos y sangrientos que ocurrieron en la Segunda República, en la Guerra Civil y también en democracia a través de ETA”.

El concejal de Vox ha dicho que “todas las familias tienen derecho a recuperar y enterrar dignamente a sus seres queridos”, insistiendo en igualar todos los casos, ante la presencia de familiares de represaliados por el golpe de estado de 1936 y el franquismo, presentes en el Pleno. Y ha acusado al PSOE, que presentaba la moción sobre este asunto, de “proocar la ruptura de la concordia” que defiende su grupo.

Los cordobeses José Antonio Nieto y Rocío Blanco formarán parte del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía tras las últimas elecciones autonómicas que venció el Partido Popular y que ha necesitado a Vox para estar al frente del Parlamento de Andalucía. Por un lado, el político pasa de ser consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública para ser el representante de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, mientras que Blanco se mantiene al frente de la de Empleo.

Una formación que ha tenido muchas novedades tras la comparecencia de Juanma Moreno. El Gobierno autonómico tendrá tres vicepresidencias que estarán encargadas por Antonio Sanz, Manuel Gavira y Carolina España. Además, ha formado dos nuevas consejerías que son la de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, liderada por Rocío Díaz, además de la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que ocupará como ya se ha mencionado anteriormente José Antonio Nieto.

José Antonio Nieto deja Justicia, en manos de Vox, para pasar a Inteligencia Artificial

José Antonio Nieto nació el 10 de abril de 1970 en Guadalcázar y actualmente era el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Para estas elecciones, estaba dentro de la lista de Córdoba como número cinco y finalmente proseguirá bajo el equipo de gobierno de Juanma Moreno, quien será el presidente de la Junta de Andalucía.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, el nuevo consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha sido portavoz del grupo popular en el Parlamento autonómico durante la pasada legislatura. Empezó en política en su pueblo natal, pero muy pronto dio el salto a Córdoba capital, donde se convirtió en alcalde en 2011.

Fue coordinador electoral regional del PP andaluz, vicesecretario general de Formación y Electoral del PP de Córdoba, secretario general y presidente del partido en la provincia hasta 2017. En 2015 y 2016 encabezó la candidatura por Córdoba al Congreso de los Diputados, siendo designado secretario de Estado de Seguridad. En 2018 fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Rocío Blanco continuará en Empleo y Empresa

Nacida en Córdoba en 1966, Rocío Blanco se incorporó al Gobierno andaluz en 2019 como consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Licenciada en Derecho en la Universidad de su ciudad natal, en 1993 entró en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo. En 1997 fue nombrada directora provincial del Instituto Social de la Marina en Málaga, cargo que ocupó durante quince años.

En 2012 asumió la dirección en la capital malagueña de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tres años más tarde se le entregó la Cruz al Mérito Policial por la labor realizada en la lucha contra el fraude.