Con menos tensión que en la sesión de la mañana, el Pleno monográfico sobre vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba en la tarde de este jueves fue también intenso. La sesión se convocó a instancias de los concejales del PSOE y de Hacemos Córdoba, y se convirtió en un cruce de reproches y acusaciones. Los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba acusaron al gobierno local de no haber construido ni una vivienda pública ni de alquiler en estos ocho años de gobierno del PP. Los populares se defendieron asegurando que ni el PSOE ni IU hizo vivienda pública alguna durante su mandato entre 2015 y 2019. Y el PP y Vox coincidieron en acusar al gobierno de Pedro Sánchez de ser el culpable de la situación de la vivienda en España, de la crisis de precios y la vulnerabilidad de los inquilinos y propietarios.

El debate sirvió para reflejar dos visiones totalmente contrapuestas de cómo tiene que ser el mercado de la vivienda en España. Protegido y regulado, para el PP y Hacemos. O libre, sin trabas burocráticas y mucha más construcción para el PP y Vox. Finalmente se aprobó la enmienda a la totalidad que presentó el PP, gracias a la mayoría absoluta de sus concejales y a la abstención de Vox. Hacemos y el PSOE votaron en contra.

La primera intervención del Pleno corrió a cargo de Catalina Ortega, portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, que puso el foco en las familias que sufren dificultades para acceder a una vivienda o que viven bajo la amenaza de perderla. Ortega recordó que detrás de las cifras hay personas, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que viven con la angustia de recibir una notificación de desahucio.

“La vivienda no es un negocio, es un derecho”, defendió, antes de cuestionar el argumento de que la solución pasa exclusivamente por construir más casas. La portavoz recordó que España ya atravesó un boom inmobiliario en el que se construyeron numerosas viviendas sin que eso garantizara el acceso a un hogar digno para toda la población.

Ortega apuntó que Andalucía cuenta con más de medio millón de viviendas vacías y que en la provincia de Córdoba hay más de 50.000. A su juicio, el problema no se puede abordar sin afrontar la especulación inmobiliaria y el uso de la vivienda como activo de inversión, una práctica que, según denunció, acaba expulsando del mercado a quienes no pueden asumir los precios.

Por ello, reclamó que el Ayuntamiento impulse más vivienda pública en alquiler, mejore las condiciones de las viviendas destinadas al alquiler social y desarrolle políticas que permitan movilizar las casas vacías hacia el alquiler asequible.

La portavoz de Stop Desahucios también dirigió sus críticas a la Oficina Municipal de la Vivienda, que, según afirmó, se encuentra desactivada y carece de presupuesto y personal suficientes para desarrollar una actuación efectiva. Ortega exigió que este servicio intervenga antes de que se produzcan los desahucios, para evitar que las familias lleguen a perder su hogar sin recibir una respuesta de las administraciones.

Entre sus demandas figuraron la puesta en marcha de un plan municipal de emergencia habitacional, el incremento del parque público de alquiler asequible, un programa eficaz para movilizar viviendas vacías y la publicación de datos transparentes sobre la situación de la vivienda en Córdoba.

“Ninguna familia debería acabar en la calle porque las administraciones no han podido acudir a tiempo”, advirtió. Ortega cerró su intervención con un mensaje dirigido al Ayuntamiento: dentro de un año, dijo, no quieren volver a escuchar promesas sobre miles de viviendas que se construirán en el futuro, sino comprobar qué soluciones se han puesto en marcha para quienes necesitan una casa ahora.

Hacemos Córdoba acusa al PP de desactivar la Oficina de la Vivienda

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, recogió buena parte de las reivindicaciones de Stop Desahucios y centró sus críticas en la gestión del gobierno municipal. El concejal reivindicó el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y reprochó al PP que no defienda ese principio desde las instituciones.

Hidalgo sostuvo que el debate extraordinario se había convocado junto al PSOE precisamente porque, a su juicio, el gobierno municipal evita abordar la vivienda como un derecho y como una responsabilidad de las administraciones públicas. “El PP no quiere hablar de lo público ni de derechos”, resumió.

El edil denunció que la Oficina de la Vivienda lleva siete años desactivada y consideró que podría desempeñar un papel relevante frente a los fondos de inversión que, según su diagnóstico, están expulsando a familias de sus hogares. También vinculó el problema del acceso a la vivienda con la proliferación de apartamentos turísticos y acusó al gobierno municipal de favorecer la conversión de la ciudad en un negocio inmobiliario.

En este punto, afirmó que se habían concedido más de 200 licencias para apartamentos turísticos en los nueve meses anteriores. Asimismo, cifró en un 32% el incremento de los desahucios respecto al año pasado y aseguró que se habían producido más de 70 en la ciudad durante el año, sin que el Ayuntamiento hubiera ofrecido una respuesta suficiente. Hidalgo citó expresamente a Loli y Maricarmen como ejemplos de personas a las que, según denunció, el Consistorio no está defendiendo ante sus problemas de vivienda.

El concejal de Hacemos Córdoba amplió sus críticas a la política autonómica del PP y a la gestión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que acusó de no atender adecuadamente a sus inquilinos. También censuró la gestión de Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda, al considerar que ha dejado de cumplir el papel que debería desempeñar en la promoción de vivienda asequible.

Vox responsabiliza al Gobierno central y reclama más construcción

La portavoz de Vox, Marta León, cuestionó que PSOE y Hacemos Córdoba plantearan el debate y acusó a la izquierda de ser responsable de buena parte de los problemas que denuncia. Su intervención se centró en las dificultades de los propietarios, la reducción de la oferta de alquiler y la necesidad de agilizar la construcción.

León defendió que el problema afecta tanto a los jóvenes que no pueden encontrar una vivienda a un precio asumible como a los propietarios que han trabajado durante décadas para adquirir una casa. En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a estos últimos en sospechosos y no ha ofrecido soluciones después de años en el poder.

La concejala aseguró que, entre 2020 y 2025, la oferta de viviendas en alquiler había caído un 53%, mientras los precios seguían aumentando. A su juicio, la reducción de la oferta y el encarecimiento de los alquileres constituyen una realidad que sufren los vecinos de Córdoba.

Frente a las propuestas de la izquierda, León reclamó facilitar la construcción de nuevas viviendas, agilizar las licencias y revisar las trabas administrativas que, según sostuvo, pueden mantener una promoción paralizada durante años. También defendió una mayor seguridad jurídica y el impulso de vivienda protegida para quienes realmente la necesitan.

La edil de Vox acusó al PSOE de ofrecer “propaganda y anuncios” en lugar de soluciones y rechazó que se responsabilice a los propietarios de las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, durante la réplica reconoció que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tienen responsabilidades en esta materia.

El PSOE denuncia que la Junta no ha construido vivienda social en Córdoba

El concejal socialista José Antonio Romero rechazó los argumentos del PP y Vox y defendió que la vivienda debe abordarse desde las obligaciones que establece el marco constitucional. En su intervención, recordó el artículo 47 de la Constitución y el reparto de competencias entre administraciones, con especial atención a las atribuciones de las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Romero citó el artículo 148.1 de la Constitución y el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía para subrayar la responsabilidad de la Junta en la ordenación del territorio, el urbanismo y la promoción pública de viviendas.

A partir de ese marco, preguntó al Gobierno andaluz cuántas viviendas sociales había construido durante los ocho años de mandato del PP. Su respuesta fue tajante: según afirmó, en Córdoba no se había construido ninguna vivienda social ni de protección pública durante ese periodo.

El edil socialista también denunció un incremento del 40% en el precio máximo por metro cuadrado de la vivienda protegida en Andalucía y cuestionó el destino previsto para el inmueble de Manríquez 2, que, según señaló, se utilizará como hotel en lugar de destinarse a un uso público.

Romero preguntó además qué había hecho la Junta con los 1.600 millones de euros que, según indicó, habían llegado del Gobierno de España para políticas de vivienda y cuánto se había invertido en Córdoba en la construcción de casas sociales o públicas.

El concejal también criticó la gestión del bono de alquiler joven, cuya tramitación por parte de la Junta, aseguró, había permanecido paralizada durante meses pese a contar con financiación estatal.

Las críticas socialistas se dirigieron igualmente al alcalde, José María Bellido, y a Vimcorsa. Romero sostuvo que el Ayuntamiento tampoco había construido vivienda pública durante el mandato del actual gobierno municipal y puso en cuestión que los anuncios realizados por los populares se hayan traducido en promociones terminadas.

Torrico defiende la gestión municipal y acusa a la izquierda de dejar cero proyectos

El presidente de Vimcorsa y concejal del PP, Miguel Ángel Torrico, respondió a las críticas apelando a la necesidad de abordar el problema con “responsabilidad y empatía”, además de con rigor y datos. El edil popular rechazó que Córdoba pueda analizarse de manera aislada del contexto nacional y responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez y a las fuerzas de izquierda de la crisis de vivienda.

Torrico afirmó que el encarecimiento de la vivienda en Córdoba había sido del 27% en los últimos cuatro años y destacó que la ciudad se encontraba entre las capitales españolas donde menos había subido el precio, al situarla en el puesto 46 de un total de 50. Sostuvo que los precios habían aumentado en todas las capitales, con independencia del partido que gobernara.

El concejal también reprochó al anterior gobierno municipal de PSOE e IU que, entre 2015 y 2019, retirara suelo residencial y no pusiera en marcha ningún proyecto de vivienda pública. Según su versión, aquel mandato terminó sin promociones municipales de este tipo.

En relación con el mercado del alquiler, Torrico aseguró que la oferta había caído un 15% en Córdoba tras los decretos impulsados en esta materia y defendió que la solución pasa por incrementar el número de viviendas disponibles mediante la construcción.

Frente a las acusaciones de Stop Desahucios sobre la Oficina Municipal de la Vivienda, el edil popular sostuvo que el servicio existe y trabaja en coordinación con los servicios sociales. Según los datos que aportó, se habían realizado 389 actuaciones para evitar desahucios y 124 familias habían sido propuestas para recibir una solución habitacional.

Torrico añadió que el Ayuntamiento había concedido 3.496 ayudas al alquiler y que el PP había destinado 9,6 millones de euros a estas políticas, con 1,5 millones adicionales previstos para 2026. En su comparación con el anterior gobierno municipal, afirmó que el Ejecutivo de Isabel Ambrosio había destinado 1,2 millones.

El concejal defendió que la construcción de nuevas viviendas es la principal vía para responder a la demanda y rechazó que el gobierno municipal haya permanecido inactivo en materia residencial.

El PSOE cifra en más de 8.000 los demandantes de vivienda asequible

En el turno de réplica, Romero insistió en que el PP debía demostrar con resultados sus anuncios de nuevas promociones. Preguntó cuántas viviendas había construido Vimcorsa durante el actual mandato y respondió que ninguna.

El socialista recordó que en el consejo de administración de la empresa municipal se había planteado la construcción de 60 viviendas en el Campo de la Verdad y San Rafael de la Albaida, en su mayoría en régimen general y con precios máximos regulados. Sin embargo, denunció que esas promociones no se habían materializado.

Romero también cuestionó que los presupuestos municipales incluyeran recursos suficientes para cumplir los compromisos anunciados por el gobierno local. A su juicio, las promesas de construir 2.000 viviendas en alquiler por 300 euros al mes y en venta por 90.000 euros tampoco se habían traducido en resultados.

Para ilustrar la dimensión de la demanda, el concejal aportó las cifras de 4.048 solicitantes de vivienda en alquiler y 4.074 interesados en comprar una vivienda asequible. En total, más de 8.000 demandantes a los que, según denunció, el Ayuntamiento no había ofrecido una solución.

El socialista reprochó al alcalde que no estuviera respondiendo a las dificultades de los cordobeses para llegar a final de mes y vinculó esa situación con las subidas de las tarifas municipales del agua y la basura.

También contrapuso la política andaluza de vivienda protegida con la aplicada en Dos Hermanas, donde, aseguró, el PSOE había rebajado un 12% el precio máximo de este tipo de viviendas, frente al incremento del 40% que atribuyó a la Junta de Andalucía.

Hacemos Córdoba acusa al PP de convertir Vimcorsa en una inmobiliaria

La réplica de Juan Hidalgo volvió a poner el foco en las competencias autonómicas y municipales. El portavoz de Hacemos Córdoba reprochó a Vox su planteamiento sobre el reparto de responsabilidades y sostuvo que la vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas.

Hidalgo acusó a la derecha y a la ultraderecha de no querer defender la vivienda como un derecho y dirigió sus críticas tanto a AVRA como a Vimcorsa. Sobre la primera, aseguró que se había convertido en “el peor casero de Andalucía”, por el estado de las viviendas y la atención a sus inquilinos. En cuanto a la empresa municipal, consideró que había abandonado su función de promoción pública para comportarse como una inmobiliaria más.

El concejal popular Torrico había señalado que el anterior gobierno de PSOE e IU no dejó proyectos preparados para su desarrollo. Hidalgo rechazó esa versión y recordó que las 308 viviendas de Huerta de Santa Isabel se iniciaron en 2015, mientras que el proyecto de las viviendas de Sama Naharro databa de 2017.

Con estos ejemplos, el edil de Hacemos Córdoba cuestionó que el PP pudiera atribuir la falta de promociones a la ausencia de trabajo previo y reiteró que, a su juicio, el gobierno municipal no había impulsado nuevas viviendas públicas suficientes.

El PP anuncia 784 alojamientos para jóvenes y defiende las promociones previstas

En su última intervención, Torrico volvió a cargar contra la gestión de los anteriores gobiernos municipales y aseguró que durante el mandato de PSOE e IU se registraron 249 desahucios, frente a una cifra que, según afirmó, se ha reducido un 90% con el actual gobierno.

El concejal popular negó que el anterior Ejecutivo hubiera dejado preparadas las promociones que ahora se están desarrollando y citó distintas actuaciones, entre ellas las de San Jerónimo, con 104 viviendas en una primera fase y 103 en una segunda, además de Sama Naharro y los alojamientos para mayores de Don Rodrigo.

Torrico anunció asimismo que el lunes 26 de octubre se llevaría a la Junta de Gobierno Local una encomienda de gestión para licitar 784 alojamientos para jóvenes en Córdoba. La actuación, según explicó, forma parte de los proyectos con los que el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta residencial.

El edil también comparó los compromisos de construcción del Gobierno central con los del Ayuntamiento y afirmó que Pedro Sánchez había anunciado la construcción de 183.000 viviendas sin haber levantado ninguna. En el ámbito local, aseguró que el Consistorio pondrá en carga dos millones de metros cuadrados de suelo y citó los 200.000 metros cuadrados previstos en el sector O-4 de Córdoba.

Mientras Torrico intervenía, los activistas de Stop Desahucios abandonaron el salón de plenos entre acusaciones de que el concejal estaba diciendo “mentiras”. La salida de los representantes de la plataforma evidenció el malestar de quienes habían reclamado al comienzo de la sesión una respuesta inmediata a las familias que atraviesan una situación de emergencia habitacional.

En la última réplica, Romero calificó de “demagogia barata” las afirmaciones del concejal popular y volvió a poner el acento en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. “El precio de la vivienda sube dos veces más rápido que los sueldos”, sostuvo.

El PP saca adelante su enmienda con la abstención de Vox

El debate concluyó con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y el PP. La propuesta de Vox contó con el apoyo de la propia formación, pero fue rechazada por los votos contrarios de Hacemos Córdoba y el PSOE y la abstención del PP.

A continuación, el Pleno aprobó la enmienda a la totalidad presentada por los populares. La mayoría absoluta del PP permitió sacar adelante el texto, con la abstención de Vox y los votos en contra de los dos grupos de izquierda.

El resultado cerró una sesión marcada por las diferencias sobre el papel de las administraciones, la regulación del mercado inmobiliario y la eficacia de las políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda asequible.

Mientras PSOE y Hacemos Córdoba reclamaron más promoción pública y acusaron al Ayuntamiento de no haber construido vivienda social durante los ocho años de gobierno popular, el PP defendió las ayudas municipales, las actuaciones realizadas para evitar desahucios y los proyectos previstos. Vox coincidió con los populares en atribuir al Gobierno central buena parte de la responsabilidad por el encarecimiento de la vivienda, aunque defendió que también deben actuar la Junta y el Ayuntamiento.

La sesión dejó así sin resolver el principal desacuerdo político: si la respuesta a la crisis residencial debe pasar prioritariamente por ampliar el parque público y regular el mercado o por aumentar la oferta mediante nuevas construcciones, agilizar los trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.

El grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Córdoba va a presentar cuatro mociones en el Pleno ordinario del próximo jueves sobre cuatro infraestructuras que reivindica al Gobierno central y que, con las elecciones generales del 29 de noviembre ya convocadas, dirige al Ejecutivo actual y -asegura- también al nuevo que surja de las urnas.

El portavoz del PP y del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que se trata de cuatro infraestructuras “pendientes” por parte del Gobierno de España en Córdoba y que pretende “tanto reivindicarlas hasta el último minuto” al actual Ejecutivo como “seguir apostando por las mismas en el caso de que haya un cambio en el Gobierno” tras las elecciones del 29N.

La primera moción se refiere a dar un impulso a las actuaciones de adecuación integral en la autovía del Sur A4 a su paso por Córdoba, una vía que “se está convirtiendo en ronda urbana y necesita unas condiciones de mantenimiento para el uso que tiene”. Como complemento, la segunda moción pide la ejecución de la Variante Oeste, “de tal forma que tengamos la autovía y se mejoren las condiciones de conservación en el tramo actual de la A-4 para que sirva como la ronda urbana que es a día de hoy”.

Como tercera moción se solicita la puesta en servicio de los apeaderos de tren en el Parque Joyero -el PP sostiene que es necesario para la cantidad de personas que acuden al Centro de Convenciones y ofrece la colaboración del Ayuntamiento-, así como el de la zona de Levante en Fátima,

Y, por último, el PP insta al Gobierno a culminar las obras de urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, donde Vimcorsa tiene comprometida la adquisición de una parte para la construcción de 90 viviendas y los populares critican que lleve “tres años de retrasos” la actuación del Ejecutivo.

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha expresado este martes ante la convocatoria de Elecciones Generales del día 29 de noviembre que “por fin vamos a poder hablar los españoles, vamos a decidir con nuestro voto, y por fin podemos intentar reconstruir todo lo que se ha destruido durante este tiempo, volver a tender puentes y a derribar esos muros que se han levantado durante estos años, defender también a las instituciones y, en definitiva, defender la calidad de vida de todos los españoles”.

En declaraciones a los periodistas, el popular ha aseverado que “el PP de Córdoba acude a estas elecciones preparado y listo para seguir demostrándole a los cordobeses que el partido que más se parece a ellos, que el partido de los cordobeses hoy es el PP”.

En cuanto al Congreso Provincial del PP, en el que Adolfo Molina se presentará como candidato a la reelección como presidente, ha comentado que el jueves se celebra Junta Directiva Nacional del PP, donde cree que dirán “exactamente los plazos legales que ahora mismo rigen para presentar candidaturas” al 29N, a lo que ha agregado que “lo que tiene que ser la prioridad ante todo es conseguir ese cambio que queremos en España”.

Según ha remarcado, “tiene que ser la prioridad para el partido y no es momento de mirarnos dentro, sino de mirar fuera y acompañar a los españoles, a los andaluces y a los cordobeses para conseguir ese cambio que mucha gente está esperando”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha decidido convocar para el próximo viernes, 9 de octubre, a las 8:00, un pleno extraordinario para debatir sobre la política general de vivienda en la ciudad, después de que el concejal del PSOE Joaquín Romero solicitara este mismo martes la celebración de una sesión monográfica sobre este asunto.

Horas después de la petición, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que, aunque el Grupo Socialista no cuenta con el número de firmas necesario para obligar a la convocatoria del pleno, el Gobierno municipal quiere facilitar que el debate se produzca “lo más pronto posible”.

Torrico ha defendido que el PP está “encantado de debatir sobre lo que ha hecho este gobierno municipal en política de vivienda y lo que no ha hecho”, al tiempo que ha acusado al PSOE de “entorpecer” la labor del Ayuntamiento y de aplicar, desde el Gobierno de España, políticas que a su juicio han agravado el problema del acceso a la vivienda.

El portavoz popular ha avanzado que el pleno servirá para confrontar dos modelos. Por un lado, ha situado el del PP, basado en un “trabajo riguroso” y en facilitar la construcción de vivienda “tanto pública como privada” y en régimen de protección oficial. Frente a este, ha contrapuesto el modelo socialista, al que ha atribuido el encarecimiento de la vivienda en España.

En este sentido, Torrico ha asegurado que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez han provocado un aumento tanto del precio de compraventa como del alquiler. “Son consecuencias de las nefastas políticas del Gobierno”, ha afirmado.

El dirigente popular ha sostenido, no obstante, que Córdoba está resistiendo “mucho mejor que el resto de España” en esta comparativa, aunque ha insistido en que el problema de la vivienda debe abordarse desde el ámbito municipal, autonómico y estatal.

A 55 días del 29 de noviembre, la fecha de las próximas elecciones generales, los partidos en la provincia de Córdoba no saben quién encabezará sus candidaturas. Ni el PP, ni el PSOE, ni Vox, ni Sumar o el Frente Amplio, ni tampoco Adelante Andalucía han elegido a sus candidatos en la provincia de Córdoba para el proceso electoral que acaba de convocar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su anuncio de adelantar las elecciones ha cogido a todos los partidos con el paso cambiado.

En 2023, el PP presentó en Córdoba una lista completamente renovada. La cabeza de lista fue Isabel Prieto, sin apenas experiencia política previa. El dos fue el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid. Ambos siguien siendo diputados en unas cortes que se van a disolver en breve. Para este mes de noviembre, los populares afrontan una candidatura renovada en la que no se descartan sorpresas en la candidatura. De hecho, se especula con que el número uno lo pueda ocupar un hombre con un cargo público muy importante en la provincia de Córdoba.

En el horizonte de la candidatura popular está el congreso provincial que tiene que renovar cargos orgánicos. Adolfo Molina es probable que sea el único candidato que se presente para su presidencia. Actualmente, es delegado del Gobierno de la Junta en la provincia y no se prevé que se marche al Congreso. Quizás tenga un papel importante en las próximas elecciones municipales, aunque todo dependerá de quién forme parte de la candidatura al Congreso y al Senado, y si el PP opta por elegir nombres con amplia experiencia en la política local cordobesa para, a su vez, renovar caras ante las próximas municipales.

El PSOE es el único partido que sí que manejaba el 29 de noviembre como la fecha del próximo proceso electoral. Pero en Córdoba los socialistas acaban de celebrar unas elecciones primarias para elegir a su candidato a la Alcaldía de la capital que ha dejado una imagen de partido dividido exactamente por la mitad. José Antonio Romero ganó unas primarias por apenas 14 votos a Ángel Ortiz, en un proceso interno que ha enfrentado a diferentes familias socialistas.

Ahora, los socialistas inician un nuevo proceso para elegir a sus candidatos al Congreso. No será tan duro como unas primarias. La última decisión la tendrá Ferraz y, se da por descontado, Pedro Sánchez. En 2023 el candidato fue Luis Planas, actual ministro de Agricultura. El 29 de noviembre Planas tendrá ya 74 años y su nombre suena con fuerza para dirigir la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. No se descarta ni que vuelva a ser el número uno ni de que dé un paso atrás.

En caso de que Planas repita, el puesto número dos por Córdoba será para una mujer. En 2023 este lugar lo ocupó Rafi Crespín, actual secretaria provincial del PSOE en Córdoba. Crespín llega a este proceso tras un duro enfrentamiento con la líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, por las listas electorales de las últimas autonómicas. E incluso por el proceso de primarias. Su inclusión en la candidatura dependerá directamente de Ferraz.

En 2023, Planas dimitió como diputado en cuanto se formó Gobierno. Revalidó como ministro y dejó sitio así a Alberto Mayoral, que ha tenido un trabajo parlamentario muy intenso en la Carrera de San Jerónimo en estos años. Es probable que Mayoral repita y dependerá finalmente de qué haga Planas para saber qué posición ocuparía en la candidatura.

Vox siempre es una incónigta y las decisiones internas de este partido se toman en Madrid. La dirección local apenas si puede sugerir nombres. José Ramírez, actual diputado, es un hombre muy próximo a Santiago Abascal y a la dirección de Vox en Madrid, por lo que no sería una sorpresa que repitiera. Sí que se empieza a mirar al siguiente nombre en la lista electoral, ya que se ven con opciones de conseguir un segundo diputado.

Sumar presentó en 2023 a Enrique Santiago por la provincia de Córdoba. El secretario general del PCE aspira a repetir como candidato en el espacio político que se abra a la izquierda del PSOE, ya se llame de nuevo Sumar (poco probable) o Frente Amplio de Izquierdas. Eso sí, su elección no se da por segura por una cuestión aritmética: Adelante Andalucía ha anunciado que se presentará por separado.

El espacio andalucista aspira a volver a dar la sorpresa en las generales, aunque la Ley D'Hont le complica las cosas. En las últimas andaluzas obtuvieron representación por la provincia de Córdoba con un parlamentario. Por Andalucía (Sumar o Frente Amplio) logró otro. En el Parlamento andaluz Córdoba aporta 12 escaños. Al Congreso de los Diputados son seis. Es decir, la suma de los restos se hace mucho más cara. Si ni el Frente Amplio ni Adelante lograsen un escaño por Córdoba es probable que ese diputado se lo llevasen o el PP, o el PSOE o Vox.

Mientras tanto, los andalucistas están también en su propio proceso interno para elegir candidato en la provincia de Córdoba. Y lo tienen que acelerar, ya que ahora mismo se encontraban en el proceso para elegir la candidatura a las elecciones municipales de la próxima primavera, donde han puesto grandes esperanzas.

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha reclamado este viernes al Gobierno de España que acometa “actuaciones inmediatas” para mejorar el estado de la estación de AVE de la localidad cordobesa de Puente Genil y que “impulse los estudios necesarios para analizar la recuperación de los servicios ferroviarios de pasajeros entre Puente Genil y Córdoba, con paradas en distintos municipios de la Campiña”.

En declaraciones a los periodistas en el municipio, Casanueva ha agradecido especialmente la presencia del alcalde, Sergio Velasco, y ha destacado el trabajo que realiza el equipo de gobierno municipal para “mejorar la calidad de vida de los vecinos”. “Se nota el cambio”, ha señalado.

La senadora popular se ha centrado en dos cuestiones que, a su juicio, requieren la atención del Gobierno de España en materia ferroviaria: “el mantenimiento de la actual estación de AVE y la necesidad de estudiar la recuperación de la conexión ferroviaria convencional entre Puente Genil y Córdoba”.

En relación con la estación, Casanueva ha criticado “las deficiencias que han trasladado los propios usuarios” y ha reclamado al Ejecutivo que “proceda a su reparación y mantenimiento”. “La estación es la primera imagen que se lleva quien viene a Puente Genil y hoy esa imagen es muy mejorable”, ha afirmado.

Entre “las deficiencias señaladas” se encuentran los urinarios del baño de caballeros, “actualmente fuera de servicio y cubiertos con bolsas de basura”; desprendimientos en los revestimientos de las paredes; el “deficiente” estado de limpieza de las cristaleras y, especialmente, “una posible fuga de aguas fecales en el andén” que, según ha indicado, “estaría provocando malos olores y situaciones de riesgo para los usuarios”.

Casanueva ha recordado además que los senadores del PP llevan “tiempo solicitando al Gobierno información sobre las inversiones realizadas en la estación de Puente Genil, incluyendo las obras ejecutadas, su importe y las empresas responsables de los trabajos, sin haber obtenido una respuesta satisfactoria”. Así, ha exigido al Ejecutivo que “invierta en mejorar el estado de la estación de AVE de Puente Genil y que atienda las deficiencias que están denunciando los usuarios”, ha manifestado.

La senadora cordobesa también ha reclamado “una mayor atención a las infraestructuras ferroviarias de la provincia” y ha señalado “los retrasos, las limitaciones temporales de velocidad y las necesidades de mantenimiento existentes en distintos puntos de la red”.

Recuperar la conexión ferroviaria con Córdoba

Por otro lado, la popular ha puesto el foco en “la posibilidad de recuperar los servicios ferroviarios de pasajeros que conecten Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Montilla, Fernán Núñez y Córdoba mediante la línea convencional”. “Están las vías, están las estaciones y, sin embargo, no hay un tren de cercanías o de proximidad que una la capital con la Campiña”, ha señalado.

La senadora ha aseverado que “existe una demanda potencial vinculada a los desplazamientos diarios por motivos laborales, educativos, sanitarios o de ocio”, y ha defendido que “la recuperación de este servicio contribuiría a mejorar la movilidad de los vecinos y las oportunidades de los municipios del interior”.

Al respecto, Casanueva ha explicado que los senadores del PP han preguntado durante esta legislatura al Gobierno sobre la posibilidad de recuperar esta conexión y que, según la respuesta recibida, “sería necesario que el Consejo de Ministros declarase la correspondiente Obligación de Servicio Público, previa realización de los estudios que permitan justificarla”.

“Llevan ocho años gobernando y no han hecho ni un solo estudio de demanda ni de viabilidad”, ha afirmado Casanueva, quien ha demandado al Gobierno que “dé el primer paso y encargue los estudios necesarios para determinar si es viable recuperar el transporte ferroviario de pasajeros”.

En este sentido, la senadora ha cuestionado que “existan servicios de cercanías y proximidad en otras zonas de España mientras que en Puente Genil y otros municipios, pese a contar con vías y estaciones, no se aproveche la infraestructura ferroviaria convencional para mejorar la movilidad de los ciudadanos”. “Si realmente hay un compromiso con la lucha contra la despoblación, hay que prestar servicios, crear oportunidades y facilitar la movilidad para que quien quiera vivir en su pueblo pueda seguir haciéndolo”, ha defendido.

Ante ello, Casanueva ha reclamado al Gobierno de España que “se ponga a trabajar y encargue los estudios de demanda y viabilidad necesarios para analizar la recuperación de los trenes de pasajeros por la vía convencional entre Puente Genil, los municipios de la Campiña y Córdoba”.

El PP de Córdoba ha mostrado este martes su “preocupación por la mala gestión de las pulseras antimaltrato” del Ministerio de Igualdad, que “presentan graves deficiencias y fallos que dejan a las víctimas desprotegidas”. Este y otros aspectos relevantes se han analizado en una reunión con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres en la que han participado la senadora Cristina Casanueva, la diputada provincial Auxiliadora Moreno y la concejal del Ayuntamiento de Córdoba Marián Aguilar.

Según ha apuntado el PP en una nota, “el funcionamiento de las pulseras antimaltrato no ha sido el deseado con fallos técnicos constantes, tales como errores de localización tanto de víctimas como de agresores, que dejan en evidencia la fragilidad del servicio y lo que es más grave, dejan desprotegidas a las víctimas de violencia de género”, a lo que han sumado el hecho de que “más de 800 agresores están en la calle y sin estas pulseras, lo que hace imposible que se haga un seguimiento de cada caso”.

Asímismo, en el encuentro han abordado la violencia vicaria y la protección de los menores, la protección a los hijos cuando cumplen los 18 años y salen del sistema de protección; además de la importancia de la visibilidad y formación en todos los niveles de nuestra sociedad para concienciar sobre esta realidad y dotar de herramientas para actuar sobre posibles casos.

Otro los puntos tratados en la reunión ha sido “la falta de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, lo que supone una merma también en la seguridad de toda la población y en concreto de las víctimas de violencia de género”. Por otro lado, han analizado “los problemas de funcionamiento y acceso a la justicia que ha generado para muchas cordobesas la centralización en Córdoba capital de los juzgados de Violencia sobre la Mujer impulsada por el Gobierno de Sánchez”.

“El hecho de que los asuntos de violencia de género de los partidos judiciales de Lucena, Cabra o Pozoblanco se hayan trasladado a la capital obliga a las víctimas a desplazarse decenas de kilómetros para tramitar sus procedimientos, con el coste económico, social y emocional que implica, y eso está generando que se presenten menos denuncias por parte de las víctimas en zonas rurales de la provincia”, han advertido.

Además, han aseverado que “la ampliación de las competencias de los juzgados de Córdoba capital para asumir todos los delitos contra la libertad sexual ha incrementado la carga de trabajo de unos órganos que ya estaban muy tensionados”, al tiempo que han remarcado que “esta sobrecarga de los juzgados especializados puede terminar afectando al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al retrasar o dificultar la respuesta judicial que necesitan las mujeres que sufren violencia”.

La parlamentaria andaluza del PP por Córdoba Beatriz Jurado ha afirmado este lunes que las políticas de vivienda deben gestionarse “con responsabilidad, rigor y recursos como hace Juanma Moreno”, el presidente de la Junta de Andalucía, “con medidas reales para facilitar el acceso a una vivienda asequible”.

En declaraciones a los periodistas, Jurado ha señalado que “la situación que estamos viviendo en España, cuando el acceso a la vivienda se está convirtiendo en el primer problema para los ciudadanos, no puede solucionarse en una tarde ni con un decreto”, como pretende el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, cuando “las políticas desarrolladas por ese Gobierno durante los últimos años han hecho más difícil el acceso a la vivienda, especialmente para los más jóvenes”.

“Poder empezar un proyecto de vida y acceder a una vivienda en condiciones dignas es una preocupación diaria para los españoles, los andaluces y también para los cordobeses”, ha destacado Jurado, quien ha defendido que las políticas de vivienda “deben situarse en primera línea de la acción de gobierno, gestionando con responsabilidad y con rigor, y no con ideología, ni con cálculo electoral, como hace Sánchez”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo las medidas impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, entre ellas la entrada en vigor en 2026 de la Ley de Vivienda, que tiene entre sus objetivos “facilitar una mayor disponibilidad de suelo, favorecer una vivienda más asequible y reducir impuestos y cargas vinculadas al acceso a la vivienda”.

También ha destacado la creación de una consejería específica de Vivienda, que integra las competencias en esta materia y en ordenación urbana con el objetivo de “favorecer el desarrollo y la aplicación de las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía”.

Entre las primeras medidas adoptadas, ha subrayado “el incremento hasta los 80 millones de euros del programa de avales para jóvenes, que permite facilitar el acceso a la primera vivienda y alcanzar hasta el 100% de la financiación hipotecaria en los supuestos contemplados por el programa”. Según ha recordado, esta iniciativa ya se puso en marcha durante la anterior legislatura, “con una dotación de 20 millones de euros y benefició a más de 3.000 andaluces”.

Además, ha señalado el anuncio de “una nueva reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales para la vivienda de segunda mano, que se aplicará en 2027”, junto a la reducción fiscal aprobada en 2021. “Tenemos un Gobierno andaluz sensible y comprometido con la vivienda, que ha puesto en marcha una ley, una consejería específica, recursos para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda, nuevas medidas fiscales y una apuesta por poner más suelo a disposición para construir viviendas más asequibles”, ha afirmado.

La parlamentaria autonómica ha puesto como ejemplo de colaboración institucional el desarrollo de Huerta de Santa Isabel, en Córdoba, donde la coordinación entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y los promotores ha permitido impulsar un nuevo barrio con más de 3.000 viviendas, una parte importante de ellas protegidas y destinadas a precios asequibles. “Cuando existe colaboración entre administraciones, recursos y seguridad jurídica, es posible generar más vivienda y facilitar el acceso a quienes más lo necesitan”.

Jurado también ha destacado las iniciativas dirigidas a colectivos vulnerables, entre ellas las viviendas destinadas a personas mayores en situación de vulnerabilidad en la calle Sama Naharro, y ha indicado que las políticas de vivienda deben atender a quienes presentan mayores dificultades.

La diputada regional cordobesa ha insistido en que “hay un problema de primerísimo nivel, que es el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes”, y ha defendido la necesidad de ofrecer respuestas concretas frente a las dificultades actuales.

Finalmente, Jurado ha reclamado al Gobierno de España que “adopte medidas efectivas” y abandone lo que considera “cálculos electorales”, argumentando quee “cuando hay un problema hay que dar una solución. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno, con recursos, con leyes y con respuestas efectivas”, ha concluido.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo central que “deje de perder el tiempo y de hacer perder el tiempo a los españoles”, y ha defendido que España necesita políticas de vivienda que permitan ofrecer “respuestas reales” a las necesidades de los jóvenes y de las familias.

El grupo provincial de Izquierda Unida ha denunciado que el presidente de la Diputación del PP, Salvador Fuentes, y su equipo de gobierno “vuelven a demostrar que actúan como una marioneta más del Gobierno de Moreno Bonilla” después de que hayan votado en contra de su moción, en la que se pedía que la institución provincial se posicionara sobre el proyecto de planta de biometano que pretende instalarse en Baena. Vox se ha abstenido en la votación.

Para IU, el resultado evidencia que PP y Vox han decidido no respaldar la posición que vienen defendiendo el Ayuntamiento y los vecinos y vecinas de Baena. “Hoy tenían una oportunidad muy sencilla, ponerse del lado de un municipio que ya ha manifestado su rechazo al proyecto. El PP ha votado que no y Vox ha preferido abstenerse”, señalan.

La formación recuerda que el Ayuntamiento de Baena, en el que cogobierna IU, ya ha trasladado públicamente su oposición a la instalación y está utilizando sus competencias para intentar evitar su implantación. “No estamos hablando de una instalación que vaya a funcionar únicamente con los residuos que genera Baena. Por sus dimensiones, tendrá que recibir residuos procedentes de otros territorios, y eso obliga a plantear qué se va a transportar, desde dónde y qué consecuencias tendrá para el municipio”, apuntan.

Desde Izquierda Unida insisten en que su posición no es contraria a las energías renovables, sino a una implantación sin una planificación previa. “Puede haber lugares donde este tipo de instalaciones tengan sentido y otros donde no. Lo que no podemos hacer es permitir que se decida planta a planta sin haber estudiado antes qué capacidad tiene nuestra provincia y dónde deben ubicarse”, explican.

IU pone el ejemplo de Baena, donde la capacidad de residuos generados en el propio municipio no alcanzaría, según la formación, ni una cuarta parte de la materia prima que necesitaría la planta proyectada. “Eso debería ser suficiente para que la Diputación se haga preguntas y acompañe al Ayuntamiento en la defensa de los intereses de Baena”, sostienen.

Para el grupo provincial, la decisión adoptada hoy vuelve a mostrar “qué papel está jugando el Partido Popular en la Diputación”. “Cuando un municipio reclama que se escuche a sus vecinos y vecinas, Salvador Fuentes debería defenderlo, no seguir las directrices de Moreno Bonilla. Y Vox, con su abstención, tampoco ha querido respaldar esa posición”, concluyen desde Izquierda Unida.

El Partido Popular de Córdoba celebrará el próximo 21 de noviembre su XVII Congreso Provincial, después de que la Junta Directiva Provincial haya aprobado este lunes la convocatoria. Durante la reunión, el actual presidente de la formación, Adolfo Molina, ha anunciado que volverá a optar a la presidencia del partido, un cargo que asumió por primera vez en 2017.

Será la tercera ocasión en la que Molina se presente a la presidencia provincial del PP cordobés. En su intervención ante la Junta Directiva, ha defendido la continuidad del proyecto desarrollado durante los últimos años y ha destacado la evolución electoral de la formación, que, según el PP, se ha consolidado como primera fuerza política en la provincia.

Molina ha señalado que desde su llegada a la presidencia se han alcanzado objetivos que entonces consideraba especialmente difíciles, entre ellos incrementar el número de alcaldías gobernadas por el PP, acceder al Gobierno de la Diputación de Córdoba y contribuir al cambio político en Andalucía.

El dirigente popular ha atribuido estos resultados al trabajo de alcaldes y alcaldesas, concejales, juntas locales, Nuevas Generaciones, cargos públicos, afiliados y militantes. En este sentido, ha agradecido su dedicación y ha recordado especialmente la labor desarrollada durante episodios como la pandemia de Covid-19, la tragedia de Adamuz y las lluvias e inundaciones que afectaron a distintos municipios de la provincia.

Durante su intervención, Molina también ha realizado una autocrítica sobre su etapa al frente del partido. Ha reconocido que algunas decisiones adoptadas durante estos años pudieron no ser compartidas por todos y que en determinados momentos podría haber escuchado más. Por ello, ha pedido disculpas por aquellas decisiones, palabras o actitudes que pudieran haber causado algún perjuicio.

De cara a la nueva etapa, el candidato ha defendido un partido “vivo, fuerte y activo”, con presencia en los municipios y capacidad para incorporar nuevos afiliados y aprovechar la experiencia de quienes llevan años vinculados a la organización. Molina ha situado el servicio a los ciudadanos como el principal objetivo y ha reivindicado la necesidad de que el partido esté preparado tanto para gobernar como para “servir”.

El presidente provincial del PP también ha reivindicado el denominado “modelo Córdoba”, que ha definido como una forma de hacer política basada en “escuchar más que imponer, sumar más que excluir y respetar a quien piensa diferente”. Entre los principios que ha señalado se encuentran la moderación, el diálogo, la escucha y la gestión, que ha vinculado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Molina ha apostado además por una política alejada del “ruido y de la confrontación” y ha defendido la moderación como una vía para comprender también las posiciones diferentes.

Comité organizador y ponencias

La Junta Directiva Provincial ha acordado asimismo que Araceli Cabello, actual secretaria general del PP de Córdoba, sea la presidenta del Comité Organizador del XVII Congreso Provincial.

El cónclave contará con tres ponencias. La primera estará dedicada al Reglamento y será coordinada por Agustín López, de Córdoba. La segunda, bajo el título “Una política útil para Córdoba”, estará coordinada por Cristina Casanueva, de Priego de Córdoba. La tercera llevará por título “Una provincia llena de oportunidades” y estará coordinada por Celia Valverde, alcaldesa de Villaralto.

Con este congreso, el PP de Córdoba abordará una nueva etapa de su organización provincial, con la candidatura de Molina planteada como continuidad del proyecto que dirige desde 2017 y con el objetivo, según ha expresado el propio dirigente, de reforzar la implantación del partido en los municipios y su conexión con la sociedad cordobesa.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este jueves la toma de posesión de la nueva concejala del Partido Popular (PP), Marien Pozanco López, que sustituye al exedil Daniel García Ibarrola, tras su salida para ser delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba.

María Encarnación Pozanco López, que ha jurado su cargo, hasta ahora era consejera en Mercacórdoba. Iba de número 16 en la lista electoral del PP a las elecciones municipales de 2023. Ahora, asumirá la delegación de Medio Ambiente y la presidencia del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema), que ostentaba García Ibarrola.

Pozanco es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA. Cuenta con experiencia laboral en entidades como Cajasur o el Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21. Y, de igual forma, ha trabajado en dos cadenas hoteleras de Córdoba y se ha formado en materias como el Marketing o la dirección de entidades deportivas.

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha valorado este domingo, 13 de septiembre, la vocación municipalista del PP andaluz y una forma de entender la política “basada en la escucha, la respuesta a los problemas de los vecinos y la cooperación entre administraciones” durante una reunión de trabajo celebrada en Lucena (Córdoba) con alcaldes y portavoces populares de municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia, frente al “abandono” desde “hace mucho tiempo” del PSOE-A en la comunidad andaluza.

Según ha concretado la formación en una nota, Repullo ha estado acompañado por el coordinador general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; el presidente del Consejo de alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido, el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, el presidente de la Diputación provincial, Salvador Fuentes, y el alcalde lucentino, Aurelio Fernández.

El secretario general de los populares andaluces ha explicado que el encuentro tiene como objetivo “escuchar y coordinar la labor del Partido Popular Andalucía para servir mejor a cada municipio”, especialmente ante desafíos que afectan directamente a las familias como “la vivienda, la movilidad, la seguridad, el comercio, la industria, los servicios públicos o las oportunidades para los jóvenes”.

Al hilo, Repullo ha destacado que es en los ayuntamientos donde la política se somete diariamente “a su examen más exigente”. “Un vecino lo que quiere es que los partidos, los políticos, pongan a su pueblo lo primero. Quiere que su alcalde lo escuche, que su ayuntamiento responda y que las administraciones colaboren”, ha señalado.

A su juicio, los ciudadanos quieren instituciones “al servicio de la gente y no del que gobierna”. “Esa cercanía, esa capacidad de dar la cara y resolver, es la esencia del municipalismo que representa el Partido Popular de Andalucía”, ha afirmado.

Repullo ha remarcado que el PP es “un partido profundamente municipalista” que entiende que los grandes proyectos no se construyen únicamente desde arriba, sino “barrio a barrio, calle a calle y pueblo a pueblo”, y que detrás de cada resultado electoral existen años de “presencia, escucha y trabajo”.

De cara al nuevo reto municipal, ha explicado que el PP andaluz quiere reforzar todavía más su presencia en todos los rincones de la comunidad y afrontar esta nueva etapa “con ilusión, unidad y generosidad”. “Trabajamos para reunir a los mejores equipos para servir a los ciudadanos”, ha asegurado.

Repullo ha contrapuesto esta manera de trabajar con otras formas de entender la política. Mientras el PP reúne a alcaldes y portavoces “para escucharlos y fortalecer sus proyectos”, ha aludido a los casos judiciales que afectan al entorno político y familiar de Pedro Sánchez y a algunos de sus “fieles”, entre los que ha citado a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

“Miren lo que está viviendo Ceuta, miren lo que está viviendo la costa andaluza con el endurecimiento del narcotráfico en la zona, miren el abandono ferroviario, ya qué decir de las víctimas de Adamuz, porque el PSOE abandonó Andalucía hace mucho tiempo. María Jesús Montero es su último ejemplo”, ha manifestado.

Frente a ello, Repullo ha reivindicado un PP que confía en sus equipos y abre el partido a la sociedad. “Otros levantan muros incluso dentro de su propia organización”, ha afirmado, frente a un Partido Popular “que escucha a sus representantes municipales”, mientras otros “hacen listas negras y convierten las decisiones municipales en órdenes dictadas desde un despacho”.

El secretario general del PP andaluz ha fijado como objetivo “defender Andalucía desde cada ayuntamiento”. Una defensa que, según ha explicado, empieza por reclamar “una financiación justa”, porque “ningún andaluz puede valer menos que otro español” y porque de esos recursos dependen servicios esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia, además de la cooperación con los municipios.

También ha defendido la necesidad de “estar al lado de Ceuta”. “El PSOE-A y sus socios podrán impedir un debate en el Parlamento, pero no podrán silenciar a los ceutíes ni romper los vínculos familiares, económicos y sociales que unen Ceuta con nuestra tierra”, ha señalado Repullo, quien ha garantizado que desde cada institución el PP seguirá reclamando “verdad, seguridad y soluciones”.

Asimismo, ha señalado que defender Andalucía exige reclamar al Gobierno de España “los medios necesarios contra el narcotráfico, las mafias y el crimen organizado”. “Nuestros alcaldes conocen las consecuencias sobre el terreno. No necesitan anuncios, necesitan policías, guardias civiles, recursos y coordinación”, ha recalcado.

Repullo ha señalado que esta reunión debe traducirse en tareas concretas, como “compartir experiencias que funcionan, anticiparse a los problemas, reforzar los equipos y convertir las necesidades de cada municipio en propuestas reconocibles para sus vecinos”.

Así, el secretario general ha reivindicado que el PP cuenta con “los mejores alcaldes, grandes portavoces y organizaciones locales que no dejan de trabajar”, junto a un Gobierno de Andalucía “estable, dialogante y centrado en resolver” y una forma de hacer política que, según ha señalado, la mayoría de los andaluces “conoce y valora”, “la vía andaluza de Juanma Moreno”.

“La confianza y el compromiso hay que renovarla todos los días. Con presencia, con humildad y con resultados”, ha afirmado Repullo, quien ha precisado que “la mejor campaña empieza mucho antes de pedir el voto, empieza cuando un vecino sabe que puede contar con nosotros”.

Por ello, ha avanzado que durante los próximos meses el PP trabajará “municipio a municipio” para ampliar esa confianza y ofrecer “la mejor alternativa” allí donde todavía no gobierna. El propósito, ha concluido, es llevar la gestión “hasta el último rincón de Andalucía” y ser “el partido más útil para los andaluces”.

Bendodo dice que el Gobierno está “obstaculizando la construcción de vivienda en lugar de facilitarla”

Por su parte, Bendodo ha asegurado que el Gobierno de España está “obstaculizando la construcción de vivienda en lugar de facilitarla”. Aunque existe suelo disponible y voluntad por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, “la falta de suministro energético, competencia del Ejecutivo central, está bloqueando miles de viviendas. Sólo en Málaga, 25.000 viviendas permanecen paralizadas por este problema”, ha explicado.

En materia de vivienda, el Gobierno de Sánchez comete así un “doble error”, puesto que prometió 200.000 viviendas y “no ha construido ninguna”, y además “impide que las administraciones que sí quieren construir puedan hacerlo”. Mientras la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, el Gobierno central “ni hace ni deja hacer”, ha asegurado.

Para el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, esta reunión del Partido Popular en Lucena marca el inicio de la preparación de las elecciones municipales de 2027, con alcaldes, candidatos y equipos analizando la situación de los municipios y fijando objetivos y prioridades.

El PP de Córdoba apuesta por consolidar los gobiernos logrados en 2023, mantener sus mayorías y crecer en aquellos municipios donde aspira a alcanzar la Alcaldía, mediante una planificación “basada en la gestión, la cercanía y proyectos sólidos para los vecinos”.

Además, ha destacado el papel de Córdoba como “provincia decisiva” para lograr que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno, y ha reivindicado la importancia de “fortalecer la estructura municipal y trabajar desde cada localidad para conseguir un gran resultado electoral”.

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este jueves “un nuevo incumplimiento del gobierno de Pedro Sánchez con Córdoba, en esta ocasión en materia de accesibilidad”, tras conocer que “la reforma de la estación de tren de Córdoba prevista para 2026 finalmente no incluirá la adaptación de baños para personas ostomizadas, pese a que el Ejecutivo se había comprometido a ello en 2025”.

En declaraciones a los periodistas, Casanueva, acompañada por Antonio Bracero y miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Ostomizados de Córdoba, ha trasladado la preocupación del colectivo y ha exigido al Gobierno explicaciones sobre los motivos por los que ha decidido retirar esta actuación. Según ha señalado, “el Ejecutivo se limita a aludir a una supuesta inviabilidad técnica, sin concretar cuáles son las razones que impiden llevar a cabo una adaptación cuyo coste es reducido para la Administración, pero que tiene un impacto enorme en la vida cotidiana de las personas ostomizadas”.

“No estamos hablando de un detalle menor, sino de una barrera que limita la movilidad, condiciona la vida social y laboral de muchas personas y supone incumplir un compromiso de accesibilidad adquirido con la sociedad”, ha afirmado la senadora popular.

La estación de tren de Córdoba recibió en 2025 cerca de seis millones de viajeros, por lo que, según Casanueva, “garantizar unas condiciones adecuadas de accesibilidad en estas instalaciones debe ser una prioridad”. “Para una persona ostomizada, no disponer de un baño adaptado puede significar algo tan básico como no poder viajar, no poder salir de casa o tener que renunciar a actividades sociales, laborales o de ocio”, ha explicado.

La senadora ha lamentado que “el Gobierno se ha instalado en la hipocresía social”, al considerar que “cuando se les pregunta, anuncian titulares y compromisos, pero cuando llega el momento de ejecutarlos siempre aparece una excusa”. En este sentido, ha recordado que existen otros ejemplos de infraestructuras de la provincia en los que, a juicio del PP, “los compromisos del Ejecutivo no se han materializado”.

“La accesibilidad no puede quedarse en un eslogan”, ha subrayado, para apostillar que “no puede limitarse a poner una rampa o un ascensor”. “Accesibilidad también es poder utilizar un baño con dignidad, poder viajar sin miedo y poder trabajar, estudiar o hacer turismo sin que una condición médica convierta a una persona en un ciudadano de segunda”, ha remarcado Casanueva.

Regular por ley

La representante popular ha defendido que “el derecho a la movilidad y al uso del espacio público debe estar garantizado para todos los ciudadanos” y ha anunciado que el PP continuará trabajando para que “la adaptación de baños para personas ostomizadas quede regulada por ley en las principales infraestructuras de transporte”.

En este sentido, Casanueva ha recordado que el PP ya ha trasladado al Senado las reivindicaciones del colectivo de personas ostomizadas mediante preguntas escritas y una moción, y que, en el marco de la reforma de la Ley de Derechos y Deberes, su grupo ha presentado una enmienda para establecer por ley la instalación de baños adaptados para personas ostomizadas en estaciones de tren y autobús, aeropuertos y puertos.

Cabe recordar que en la estación de autobuses de Córdoba, en centros cívicos, en la Biblioteca Grupo Cántico, hospitales y otros espacios públicos de Córdoba ya cuentan con estos baños adaptados “gracias al compromiso del PP en las administraciones donde gestiona”.

“Desde el PP no vamos a permitir que la accesibilidad se quede en un titular mientras miles de españoles siguen encontrándose con barreras en su vida diaria”, ha declarado, para agregar que van a “seguir trabajando en el Congreso y en el Senado, impulsando iniciativas propias y buscando acuerdos con otras fuerzas políticas para que la accesibilidad de las personas ostomizadas sea una realidad”.

La Asociación de Ostomizados de Córdoba

Casanueva ha querido poner también en valor el trabajo que desarrolla la Asociación de Ostomizados de Córdoba, tanto en la capital como en el conjunto de la provincia, en defensa de los derechos y de la calidad de vida de las personas con ostomía, así como los avances que están logrando para visibilizar las necesidades del colectivo.

La senadora ha remarcado que “el contacto permanente entre el PP y la asociación ha permitido convertir sus reivindicaciones en iniciativas parlamentarias concretas”. “Estamos llevando la voz y las necesidades de las personas ostomizadas de Córdoba a Madrid, porque sus derechos deben estar garantizados en todo el territorio nacional y no depender de la voluntad o de compromisos que después no se cumplen”, ha aseverado.

“El objetivo es muy sencillo: que una persona con ostomía pueda viajar, trabajar, estudiar, hacer turismo o simplemente desplazarse con la misma libertad y dignidad que cualquier otro ciudadano”, ha expresado.

Nuevas Generaciones (NNGG) de Córdoba ha anunciado este lunes una “reestructuración total” de su Comité de Dirección con el objetivo de “salir de los despachos, huir del politiqueo tradicional y pelear por lo que de verdad le quita el sueño a la juventud”, es decir, para “dar la batalla por los jóvenes” cordobeses.

Según ha informado el PP en una nota, así lo ha manifestado el presidente de NNGG de Córdoba, Ángel López, quien ha configurado un núcleo de acción en la dirección de esta organización juvenil apoyado en el secretario general, Manuel Lopera, y la nueva vicepresidenta, Victoria Castro.

Según López, esta nueva estructura está diseñada “para ir al choque contra los problemas que paralizan el proyecto de vida de los jóvenes”. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo a nuestra generación se le escapan las oportunidades por culpa de las políticas de Sánchez y el PSOE que nos ahogan. Estamos hartos de que nos traten como a una generación de cristal o nos vendan humo”, ha asegurado el presidente.

“Los jóvenes cordobeses quieren trabajar, poder irse a vivir su vida y que no les crujan a impuestos. Para eso hemos montado este grupo, para ser un altavoz de rebeldía frente a lo que no funciona y dar la cara para que se nos escuche”, ha asegurado Ángel López.

El nuevo organigrama se olvida de compartimentos clásicos y divide sus competencias en vicesecretarías pensadas como “auténticas 'trincheras' de trabajo”.

Así, la Coordinación General y Organización estará liderada por Carmen Parras, que es “el motor interno del proyecto”. Su tarea es “peinar cada comarca y cada barrio de Córdoba, abrir las puertas de par en par a los jóvenes que están hartos del Gobierno nacional y organizarlos para pasar a la acción. Con este movimiento el nuevo equipo viene a liderar la alternativa política para los jóvenes de la provincia que quieren trabajar, prosperar y ser libres”, ha asegurado López.

Por otro lado, la Vicesecretaría de Vivienda y Trabajo es “el verdadero caballo de batalla” y está creada para “combatir de frente el drama de la emancipación y la precariedad laboral. Esta área denunciará la asfixia de los impuestos que aplasta a los jóvenes emprendedores y trabajadores nada más empezar y pondrá como ejemplo a exportar las medidas del Gobierno de Juanma Moreno”. Así, exigirá “políticas de vivienda reales, partiendo de una premisa clara: si el Estado te quita gran parte de lo que ganas y el resto se va en el alquiler, independizarse es un lujo inalcanzable, no un derecho”, ha dicho.

Igualmente, estará la Vicesecretaría de Reto Digital para una generación que vive en la red, pero sufre sus consecuencias. Desde aquí se “plantará cara a los desafíos de la IA, el impacto brutal de las redes sociales en la salud mental y la ciberseguridad, exigiendo soluciones para que el mundo rural cordobés no se quede desconectado. Vicesecretaría de Universidad, Educación y FP”. Además, “trabajará por una formación conectada con el empleo real, contando y potenciando el gran trabajo que se está haciendo en la FP andaluza y defendiendo a capa y espada la libertad educativa frente a la ideologización en las aulas”.

La Vicesecretaría de Juventud Católica y Acción Social es un espacio “para reivindicar los valores del humanismo cristiano, la solidaridad a pie de calle y la defensa de la libertad religiosa, dando voz a los jóvenes que no se pliegan a las modas ni al pensamiento dominante”, mientras que la Vicesecretaría de Ideario Político es “la trinchera de la batalla cultural” y su misión es “desarmar los relatos populistas y defender la libertad y los valores del centroderecha sin pedir perdón ni permiso, con un discurso de frente, sólido y valiente”.

Por su lado, la Vicesecretaría de Formación se encarga de la “cantera del talento” y “preparará a los jóvenes para liderar, debatir con argumentos imbatibles y plantar cara en cualquier foro, huyendo del activismo de pancarta vacía. Se encargará de mantener vivo el Torneo de Debate que se celebra anualmente en Córdoba, a la vez que la Vicesecretaría de Comunicación llevará el mensaje a redes sociales como TikTok o Instagram hablando claro, desmontando 'fake news' y conectando de tú a tú, cambiando los argumentarios de plástico por la frescura de la calle”.

Por último, la Vicesecretaría de Afiliación se encargará de “hacer más grande la familia de esta organización con campañas cercanas a los jóvenes y para que den el paso de afiliarse a la mejor organización juvenil de España”.

Asimismo, el presidente de NNGG de Córdoba ha remarcado que “se acabó el tiempo de asentir y callar. Si el Gobierno de Sánchez y el PSOE no nos dan soluciones reales, se las vamos a exigir en la calle, en las redes y donde haga falta. No vamos a pedir permiso para defender nuestro futuro”, ha concluido.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, celebrado este miércoles en sesión extraordinaria, ha formalizado la renuncia de Daniel García-Ibarrola a su acta de concejal tras haber sido nombrado delegado territorial en la provincia de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y que será sustituido por María Encarnación Pozanco.

García-Ibarrola era el noveno teniente de alcalde, concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba SA (Emacsa) y del Real Jardín Botánico de Córdoba (Imgema).

El espacio que deja la salida de Daniel García-Ibarrola será ocupado por María Encarnación Pozanco, quien tomará el relevo tanto en la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad como en la Presidencia del Imgema. Su toma de posesión queda fijada para la sesión ordinaria del Pleno municipal del mes de septiembre. Por ello, de forma provisional, Miguel Ruiz Madruga asumirá las responsabilidades que corresponderán a la nueva concejal.

Por su parte, la Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba SA (Emacsa) ha pasado a ser responsabilidad de la segunda teniente de alcalde y delegada de Recursos Humanos, Salud Laboral, Gestión, Contratación, Salud, Consumo y Juventud, Cintia Bustos.

Pozanco, número 16 de las listas del PP en las elecciones municipales del año 2023, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA y cuenta con experiencia laboral en entidades como Cajasur o el Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21. De igual forma, ha trabajado en dos grandes cadenas hoteleras de Córdoba y se ha formado en materias como el marketing y la dirección de entidades deportivas.

El presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha reunido en la tarde de este lunes al comité de dirección del partido para marcar la línea de acción política en este inicio de curso que arranca con la vista puesta en la situación que está viviendo Ceuta.

Tal y como ha indicado el PP en una nota, Molina ha señalado que desde el PP cordobés, con el liderazgo del presidente andaluz Juanma Moreno, se va a “seguir impulsando Andalucía, trabajando para que sea una tierra de oportunidades y un referente de estabilidad, gestión y entendimiento”.

Así, ha afirmado que su “único objetivo es gestionar por el interés general de todos los andaluces, para seguir avanzando y creciendo”. El presidente del PP cordobés ha reiterado el apoyo de Córdoba y de Andalucía a la ciudad hermana de Ceuta, remarcando que “no está sola, estamos con Ceuta y vamos a defender los intereses de los ceutíes”.

Por ello, Molina ha animado a todos los cordobeses a participar en las concentraciones de apoyo a Ceuta que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para este miércoles 2 de septiembre, a las 20:00, en la puerta de los ayuntamientos de la provincia“, ha recordado Adolfo Molina, que ha concluido señalando que ”estas concentraciones no van en contra de nadie, solo tienen un objetivo: defender los intereses de Ceuta y de España“.

Tras el reciente fallecimiento de Marcos Rodríguez Pantoja, conocido como el 'niño lobo' de Sierra Morena al haber vivido solo en el monte durante varios años de su niñez y adolescencia en los que convivió con una manada de esta especie, la formación política de Izquierda Unida (IU) en el pueblo natal de Rodríguez Pantoja, Añora (Córdoba) había previsto rendirle homenaje este viernes 21 de agosto con la proyección de la película Entrelobos que cuenta su particular vida en el monte. Sin embargo, una resolución emitida por el gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de la localidad ha prohibido que se realice esta proyección.

La resolución -a la que ha tenido acceso Cordópolis-, está firmada este 20 de agosto por el primer teniente de alcalde del municipio por delegación de funciones de la Alcaldía. Y, en ella, se dice que, habiendo tenido conocimiento el Ayuntamiento de que Izquierda Unida había convocado para este viernes “la proyección de la película Entrelobos, homenaje a Marcos R. Pantoja” en el inmueble donde tiene su sede este partido político, ha resuelto prohibirla ante la falta de licencia para un acto de concurrencia pública.

Se da la circunstancia de que Izquierda Unida ha venido proyectando diversas películas a lo largo del verano en su sede, tal y como queda reflejado en los distintos anuncios previos a cada proyección que la formación ha hecho estas semanas atrás en su perfil en redes sociales y como han confirmado fuentes del partido a este periódico. Este viernes, quería rendir homenaje a Marcos Rodríguez Pantoja, que de niño fue dado por su padre a un pastor de la zona, en época de hambre en la posguerra, y consiguió sobrevivir solo y en convivencia con los lobos.

No obstante, la resolución dictada ahora por el Ayuntamiento con motivo del anuncio de la proyección de la película en homenaje al 'niño lobo', señala que la sede de la agrupación local de IU en Añora tiene licencia de uso como vivienda e indica que “teniendo en cuenta que dicho edificio no dispone de licencia de apertura de establecimiento de pública concurrencia de ningún tipo, ni licencia de utilización, no es legalmente posible la celebración de la actividad consistente en proyecciones de cine de verano, como se ha anunciado”.

El Ayuntamiento fundamenta esta resolución en la aplicación del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía donde se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que incluye en el Catálogo incluido como anexo, “el espectáculo cinematográfico, y define como espectáculo público toda función o distracción que se ofrezca públicamente por una persona física o jurídica organizadora y se dirija a atraer la atención del público asistente”.

Prohibición y advertencia de sanción

Igualmente se hace constar que el art. 6.5 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (LEPARA), dispone que corresponde a los municipios la autorización de la celebración de espectáculos públicos o el desarrollo de actividades recreativas extraordinarias u ocasionales no sujetas a intervención autonómica, en establecimientos no destinados o previstos para albergar dichos eventos o cuando se pretenda su celebración y desarrollo en vías públicas o zonas de dominio público del término municipal. Y, sobre ello, se incide en que “Izquierda Unida de Añora no ha presentado en este Ayuntamiento ninguna solicitud de autorización de celebración en la vivienda de su propiedad la actividad anunciada”.

La decisión del Consistorio se ampa en que la LEPARA dicta que “corresponde a los municipios la prohibición o suspensión de espectáculos públicos o actividades recreativas, no sujetos a la intervención de la Administración autonómica” en supuestos como el de este caso.

Por todo ello, la resolución del primer teniente de alcalde de Añora ordena “prohibir la celebración por Izquierda Unida de la actividad de proyección de película Entrelobos en la vivienda de su propiedad (...) el próximo 21 de agosto de 2026, al pretender celebrar un espectáculo o actividad recreativa sin haberse sometido a los medios de intervención de la Administración competente”. “La presente prohibición se fundamenta al haberse anunciado una actividad abierta al público y en aplicación de la normativa”.

Y advierte que el incumplimiento de esta prohibición “dará lugar a la apertura de expediente sancionador por falta muy grave” tipificada en la Ley que fija sanciones por ello con multas de 30.050,61 euros a 601.012,10 euros.

IU cambia el formato del acto y mantiene el homenaje

Tras recibir esta resolución, Izquierda Unida ha anunciado que va a presentar un recurso ante el Ayuntamiento y va a cancelar la proyección -según confirman a este medio-, reemplazando el acto por una “reunión” para homenajear a Marcos Rodríguez Pantoja, a la que están invitados militantes, simpatizantes y toda persona invitada a celebrar la vida del 'niño lobo', paisano de los vecinos de Añora, del que se verán algunas imágenes.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Izquierda Unida de Añora señala “la naturaleza de la actividad prevista para hoy 21 de agosto en nuestra sede”. Y aclara que “el encuentro organizado por IU no constituye una sesión de exhibición cinematográfica de libre acceso. Se trata de una actividad propia de Izquierda Unida, organizada en el marco de nuestra actividad política, social y asociativa, con el objetivo de rendir homenaje y recordar la figura de Marcos Rodríguez Pantoja, vecino de Añora, cuya extraordinaria historia de vida inspiró la película Entrelobos”.

“La proyección de la película forma parte del contenido de este acto político y de homenaje, junto con el encuentro y la reflexión colectiva sobre la vida y la historia de nuestro vecino. Por tanto, la actividad se desarrollará en el ámbito de la actividad propia de la organización. No se trata, por tanto, de una actividad comercial o de ocio abierta a cambio de entrada, precio o contraprestación, sino una actividad dirigida a militantes, simpatizantes y/o colectivos invitados a la misma”.

“Desde Izquierda Unida de Añora seguiremos desarrollando nuestra actividad política, cultural y social y manteniendo viva la memoria y el reconocimiento de quienes forman parte de la historia de nuestro pueblo. El homenaje a Marcos Rodríguez Pantoja se mantiene”, concluye la organización.

El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha exigido este miércoles al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP),“ que reactive de manera inmediata el proyecto para soterrar las torretas y líneas de alta tensión que atraviesan la barriada de San Rafael de la Albaida y el entorno del Parque del Canal de Guadalmellato, un compromiso del propio gobierno municipal anunciado del anterior mandato y que, más de cuatro años después, continúa sin ejecutarse”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Ortiz ha recordado que el PP llegó a asegurar que impulsaría esta actuación, “si hiciera falta hasta con financiación municipal”, pero ha lamentado que ese compromiso “se haya quedado en un anuncio más”, y “el problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión y de voluntad política. Bellido genera expectativas entre los vecinos, pero después los proyectos desaparecen de la agenda municipal”.

Ortiz ha señalado que el PSOE lleva reclamando desde el inicio del mandato información sobre el estado de esta actuación, sin obtener respuestas. “Llevamos tres años preguntando por las negociaciones, reclamando un calendario y exigiendo que el Ayuntamiento cumpla su palabra. La respuesta ha sido el silencio.”

El edil socialista ha subrayado que el gobierno municipal del PP no ha acreditado ningún avance efectivo para hacer realidad el soterramiento. “El Ayuntamiento no ha informado de acuerdos con Endesa, titular de las líneas eléctricas, no existe un proyecto técnico conocido en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), no se ha previsto una partida presupuestaria específica y tampoco se ha hecho público un calendario de ejecución. Cuando no hay expedientes, proyecto ni presupuesto, la realidad es que el proyecto sigue paralizado”.

Ortiz ha recordado que el soterramiento constituye una reivindicación histórica de la Asociación de Vecinos de San Rafael de la Albaida y del propio programa electoral del Partido Popular, con lo que “resulta incomprensible que uno de los parques familiares más recientes de Córdoba siga atravesado por torretas de alta tensión, propias de otra época, cuando podría convertirse en un gran espacio para el deporte, el ocio y la convivencia”.

La senadora del PP de Córdoba Lorena Guerra ha criticado este miércoles “el abandono que sufre el sector agrario tras los graves incendios registrados este verano” y ha exigido al Gobierno “la activación inmediata de ayudas para los agricultores y ganaderos que han visto arrasadas sus explotaciones”.

“Detrás de cada hectárea calcinada no sólo hay árboles o cultivos, sino explotaciones familiares, ganado, maquinaria, inversiones y el esfuerzo de toda una vida que ha quedado reducido a cenizas en apenas unas horas”, ha afirmado la popular en una nota.

Guerra ha recordado que “recuperar una explotación agrícola o ganadera requiere años de trabajo, inversión y sacrificio”, por lo que considera “imprescindible una respuesta rápida por parte del Estado”. “El campo no puede sentirse sólo cuando más necesita el respaldo de las instituciones”, ha subrayado, para apostillar que “las familias afectadas necesitan soluciones, no silencio”.

La senadora popular ha criticado “la ausencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en uno de los momentos más difíciles para el sector”. “Mientras miles de agricultores y ganaderos luchaban por salvar sus explotaciones y afrontaban pérdidas irreparables, el ministro ha vuelto a demostrar que está más pendiente de su agenda y de su futuro político que de defender al campo español”, ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que “un ministro de Agricultura tiene la obligación de estar al lado de quienes sostienen el sector primario, visitar las zonas afectadas, escuchar a los damnificados y liderar la respuesta del Gobierno”. “Luis Planas ha vuelto a dar la espalda al campo cuando más lo necesitaba”, ha reprochado.

Guerra ha anunciado que el PP llevará esta situación a la Cámara Alta. “Desde el Senado vamos a exigir al Gobierno de España la puesta en marcha inmediata de ayudas directas, beneficios fiscales, medidas extraordinarias de recuperación y todo el apoyo necesario para que agricultores y ganaderos puedan reconstruir sus explotaciones y recuperar cuanto antes su medio de vida”, ha dicho.

“El campo español merece un Gobierno que esté a su lado en los momentos más difíciles”, ha defendido, para manifestar que “los agricultores y ganaderos no pueden seguir sintiéndose abandonados mientras ven desaparecer entre las llamas el trabajo de toda una vida”.

La Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha manifestado, en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, su indignación ante el nuevo reparto de carteras en el Gobierno de la Junta de Andalucía. El colectivo ha criticado que el presidente Juanma Moreno haya delegado en su socio de coalición, Vox, competencias directas relacionadas con la gestión de la violencia de género.

La polémica surge tras conocerse que la Consejería asignada a Vox -que integra las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local- asumirá funciones para la protección de las víctimas. Entre estas atribuciones se encuentra la organización de los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia y, de manera específica, la gestión de las unidades de valoración integral de violencia de género a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Desde la Asamblea Feminista han calificado este movimiento como una “burla”, denunciando que se otorgan responsabilidades sobre víctimas de maltrato a un partido que “niega sistemáticamente la realidad de la violencia machista”. El colectivo ha advertido de que la formación de ultraderecha, al cuestionar la necesidad de estos servicios públicos y las políticas de igualdad, ahora dispone de la capacidad legal para suprimir o modificar profundamente estas unidades de valoración, las cuales dependen directamente de decretos autonómicos.

Una “violencia estructural”

El colectivo cordobés ha recordado que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino “estructural y global”. En su nota, han aportado datos para subrayar la gravedad de la situación: desde el año 2003, 1.374 mujeres han sido asesinadas en España, sumando ya 33 víctimas en lo que va de 2026.

Según la Asamblea, la alianza entre la derecha y la ultraderecha supone un retroceso que sitúa a las mujeres de nuevo en el “casillero de salida”, poniendo en riesgo derechos que fueron consolidados tras años de lucha feminista y que ahora quedan en manos de quienes buscan eliminarlos.

Ante este escenario, la Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena ha anunciado que se mantendrá “vigilante” y que no dudará en movilizarse para defender los avances logrados. “No vamos a dar ni un paso atrás en la lucha por hacer de este mundo un lugar seguro”, concluye el comunicado, reafirmando su compromiso con unos derechos humanos que alcancen a todas las personas.