Cristina Piernagorda, exalcaldesa de Baena y exsenadora, ha anunciado en rueda de prensa su decisión de presentar la renuncia a su acta de concejal y abandonar el Grupo Municipal del Partido Popular (PP). Esta renuncia, que se formalizará antes del pleno municipal correspondiente al mes de julio, responde a una profunda crisis interna derivada de su firme oposición a la construcción de una planta de biometano en el municipio.

Durante su intervención, Piernagorda ha explicado que su postura en contra de la instalación comenzó a fraguarse en noviembre de 2025, fecha en la que el proyecto de la planta salió a exposición pública. Tras un extenso periodo de estudio, consulta con técnicos expertos, conversaciones con vecinos y revisión de normativas, la exalcaldesa llegó a la conclusión de que la infraestructura “traería más perjuicios que beneficios a Baena”.

La exedil calificó el proyecto de procesar 400.000 toneladas de residuos como “un auténtico disparate”. Esta conclusión técnica y personal ha sido, según asegura, la misma posición que siempre ha trasladado a su partido desde el primer momento.

La tensión con la cúpula de su formación política fue escalando a lo largo de los meses. Piernagorda reveló que en el pleno de marzo se le retiró el turno de palabra y se le impidió intervenir en la defensa de una moción sobre la planta de biometano presentada por Izquierda Unida, a pesar de ser la portavoz del grupo municipal del PP y haber estudiado el tema. Tras varios meses solicitando al partido que se posicionara en contra del proyecto sin éxito, la situación llegó a un punto de no retorno.

Así, según su testimonio, varios miembros de la Dirección Provincial del PP de Córdoba acudieron a una junta local en Baena para comunicar su cese oficial como portavoz del partido. En dicho encuentro, las directrices fueron claras: se ordenó y prohibió a Piernagorda contestar a una petición de reunión solicitada por la plataforma ciudadana Stop Biometano -a la que le ha retirado su apoyo-. El escrito oficial de su destitución como portavoz fue firmado por los concejales del PP y presentado en el Ayuntamiento.

El punto de inflexión definitivo ocurrió recientemente cuando Piernagorda se enteró a través de la prensa, el pasado 25 de julio, de que el PP de Baena se había reunido finalmente con la plataforma Stop Biometano, la misma acción que le había sido tajantemente prohibida semanas atrás. “Para mí, Cristina Piernagorda, no es no, siempre, antes y ahora”, sentenció, dejando claro que no está dispuesta a cambiar su discurso dependiendo de su interlocutor ni a ponerse “de perfil”. De hecho, la exalcaldesa confirmó que el pasado 7 de julio presentó, de la mano de cientos de vecinos y entidades, alegaciones formales contra el proyecto ante la Junta de Andalucía.

Piernagorda quiso agradecer el apoyo a la gran familia del PP de Baena, a los miembros de sus candidaturas pasadas, y deseó suerte a la concejala que tomará su puesto. A partir de ahora, según dice, volverá a dedicarse plenamente a su profesión como abogada autónoma en su propio despacho, aunque prometió seguir luchando desde su nueva posición para evitar que la planta se instale en el municipio. “Si este es el precio que tengo que pagar por no renunciar a mis principios y valores, yo lo acepto sin problema”, concluyó, cerrando así una etapa política en la que logró gobernar Baena para el PP en la pasada legislatura.

Cristina Piernagorda alcanzó la Alcaldía la primera vez que se presentó como candidata en las Elecciones Municipales de junio de 2019, gracias a un pacto con Cs. Esto la convirtió en la primera persona del Partido Popular que gobernaba en Baena desde la llegada de la Democracia en 1979. Posteriormente fue senadora y candidata de nuevo -sin éxito- a la Alcaldía.

El actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, será designado senador en representación de la comunidad autónoma en el pleno que se celebrará este jueves, lo que supondrá que deje tanto ese cargo como su escaño por Córdoba para centrarse en su nueva responsabilidad en la Cámara Alta, según han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El PP-A cuenta con seis diputados por Córdoba en el Parlamento de la XIII legislatura y Aguirre ocupó el tercer puesto en la candidatura de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. Lo sustituirá en el escaño la actual concejala en el Ayuntamiento de Lucena Miriam Ortiz López de Ahumada, que ocupó el puesto número ocho en la lista, por detrás del que fuera consejero de la Junta José Carlos Gómez Villamandos, que falleció el pasado mes de junio.

Este martes, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha considerado que lo “razonable” es que Jesús Aguirre se “dedique al Senado”, y no siga con el escaño de diputado autonómico por Córdoba.

“Atendiendo a la experiencia que tenemos en el PP de Andalucía, lo razonable es que se dedique al Senado; llevamos mucho tiempo haciendo una transición en la que lo que intentamos, siempre que sea posible, es que cada compañero tenga una responsabilidad que esté definida en un espacio concreto y yo entiendo que será así”, según ha indicado Repullo sobre el caso de Aguirre.

El Grupo Municipal Socialista reclamó en el pasado pleno del 12 de marzo, que la calle San Alberto Magno, uno de los principales accesos a Reina Sofía, debería ser asfaltada y reparada ya que está en un “estado deplorable, se inunda cuando llueve y está llena de baches y socavones”.

“Desde marzo no se ha realizado ningún mantenimiento en esta vía por lo que en el último pleno de julio, el Grupo Municipal ha vuelto a instar al gobierno de Bellido a que actúen porque la calle seguía en el mismo estado”.

Según ha informado el grupo socialista en una nota de prensa, la respuesta del PP ha sido que ellos no son responsables de esta calle, sino que corresponde a la Junta de Andalucía su mantenimiento.

Ante está información desde el PSOE “criticamos a Bellido por no ser capaz de demandarle a la Junta de Andalucía de PP y VOX que arreglen esta vía principal de acceso al hospital en el municipio de Córdoba”. “Ante está inacción del PP y la gravedad de tener esta calle en mal estado, el Grupo Municipal Socialista hemos solicitado la información por escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo”.

Por otro lado, el PSOE explica que en la contestación de la Gerencia queda constancia de “la falta de atención a esta calle y de que el gobierno de Bellido debe solicitar la inscripción registral a nombre del Ayuntamiento previo acuerdo con la Consejería de Salud para poder hacer una actuación Municipal”. “Desde el PSOE instamos al gobierno de Bellido que se comprometan con todo lo que ataña a los cordobeses y cordobesas”.

El coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, ha celebrado que el Partido Popular haya reconocido “por primera vez” la existencia de contaminación en el embalse de La Colada tras la aprobación de la moción presentada por el Grupo Provincial de Izquierda Unida en el Pleno de la Diputación.

Pérez ha asegurado que este reconocimiento supone “un paso muy importante” porque “permite centrar, por fin, las actuaciones en el verdadero origen del problema” y ha anunciado que la formación estará “vigilante” para que todos los acuerdos aprobados se ejecuten “en el menor tiempo posible”, tal y como ha señalado la formación en una nota de prensa.

“Llevamos años denunciando que el problema de La Colada no era la falta de agua, sino la contaminación del embalse. Durante demasiado tiempo el Partido Popular ha evitado reconocer esa realidad. Que hoy la asuma significa que ya no hay excusas para no actuar y para poner en marcha las soluciones que llevan años reclamando los vecinos y vecinas del norte de la provincia”, ha afirmado.

El coordinador provincial ha enmarcado que la crisis hídrica sufrida hace poco más de un año dejó durante más de doce meses a más de 80.000 personas del norte de la provincia sin agua potable.

“Había agua almacenada en La Colada, pero no podía consumirse por su contaminación. Esa situación no puede volver a repetirse y todas las administraciones tienen la obligación de garantizar un abastecimiento seguro y de calidad”, ha señalado.

La moción impulsada por Izquierda Unida contempla la firma de un convenio interadministrativo entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, los ayuntamientos afectados y el resto de administraciones competentes para coordinar todas las actuaciones necesarias dirigidas a recuperar la calidad del agua del embalse.

Entre las medidas aprobadas se encuentran la elaboración de un diagnóstico integral de los focos de contaminación de la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración, un plan de inversiones para acabar con los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero, la implantación de un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación y responsabilidades definidas, la creación de una comisión de seguimiento y el estudio para la instalación de una potabilizadora de última generación que permita garantizar el abastecimiento del norte de la provincia.

“Lo importante ahora es que ese convenio interadministrativo se materialice cuanto antes y que todas las administraciones trabajen en la misma dirección. Los vecinos y vecinas del norte de la provincia necesitan hechos, inversiones y soluciones definitivas. Izquierda Unida va a estar vigilante para que cada uno de los compromisos aprobados se cumpla”, ha subrayado Pérez.

El coordinador provincial también ha valorado la aprobación de la segunda moción presentada por Izquierda Unida, destinada a garantizar la continuidad de las exhumaciones en la provincia.

La iniciativa recoge el compromiso de continuar los trabajos de investigación y actuación en las fosas comunes para que las familias puedan seguir avanzando en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

“En un momento en el que las políticas de memoria democrática están siendo cuestionadas por la derecha y la ultraderecha, este acuerdo cobra una especial relevancia. Es un compromiso con las víctimas, con sus familias y con la dignidad democrática de nuestra provincia”, ha manifestado.

Por último, Pérez ha reiterado que Izquierda Unida realizará un seguimiento permanente del cumplimiento de ambas mociones. “Nuestro trabajo no termina con la aprobación de estas iniciativas. Vamos a exigir que todos los acuerdos se conviertan en actuaciones reales, tanto para garantizar agua potable y de calidad a los más de 80.000 vecinos y vecinas del norte de la provincia como para asegurar que las exhumaciones continúan y las familias obtienen la verdad, la justicia y la reparación que merecen”, ha concluido.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado a través de sus redes sociales que volverá a presentarse como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de la capital cordobesa en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo del año 2027, con el objetivo de que la ciudad culmine “el salto de calidad que estamos logrando”.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, consultado por Europa Press, Bellido asegura que “me vuelvo a presentar, quiero seguir siendo el alcalde de esta ciudad”, una Córdoba a la que ve con “buen rumbo” y “mejor” que en 2019, cuando alcanzó la Alcaldía de la capital por primera vez, revalidándola en 2023, año en el que consiguió la mayoría absoluta.

En este sentido, el popular ha remarcado que en los dos últimos mandatos del PP en el Ayuntamiento se ha conseguido que Córdoba sea “líder y protagonista en el ámbito nacional e internacional”, resaltando la consecución de “grandes proyectos” como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que “van a ayudar a crecer” aún más a la ciudad. Además, Córdoba está “liderando en el ámbito internacional” encabezando la organización de las Ciudades Patrimonio Mundial y siendo en 2027 la Capital de la Cultura y el Diálogo en el Mediterráneo“, ha señalado.

Asimismo, Bellido ha remarcado que la capital cordobesa es “una ciudad que crece y avanza con nuevos barrios, que estaban parados”, y ahora “ofrecen miles de viviendas a jóvenes, a mayores, a familias”, de las que “el 50% van a ser de protección oficial”, tal y como ha puesto de manifiesto.

Igualmente, el candidato popular ha remarcado que Córdoba ahora cuenta “con mejor salud”, ya que en los últimos años la ciudad “ha crecido mucho en verde”, pues cuenta con “más parques y más jardines que nunca”.

Otro de los aspectos que aborda en su vídeo es el “rumbo de crecimiento económico” de la ciudad, a la que “vienen industrias que era impensable que vinieran hace unos años”. Son “grandes empresas que se están instalando y están dando oportunidades a muchos” de jóvenes cordobeses, ha celebrado.

Todo eso se ha logrado “cerrando muchas carpetas abiertas durante demasiado tiempo”, como es el caso del “aeropuerto, que ya tiene aviones y vuelos; el centro de ferias o grandes infraestructuras como la Ronda Norte”, poniendo en carga “cuestiones que durante muchos años no salían adelante”

Para concluir, José María Bellido ha expresado que “lo que toca ahora es dejar de cerrar carpetas y abrir nuevas carpetas para dar el salto de calidad que estamos logrando, para que esa ciudad industrial, con empleo, verde, sostenible, de la cultura sea una realidad en los próximos años”, por todo ello, “me vuelvo a presentar, quiero seguir siendo el alcalde de esta ciudad”, ha apostillado.

España quiere su segunda estrella. Dieciséis años después de coser la primera, La Roja ha vuelto a ilusionar a todo un país con conseguir el segundo título mundial de sus vitrinas. Por el momento, lo que sí han logrado ya los chicos de Luis de la Fuente ha sido alcanzar por vez primera en su historia dos finales en una Copa del Mundo y, de paso, unir al territorio español alrededor del sueño de alzar el trofeo al cielo de Nueva Jersey.

Y, cómo no, Córdoba desea congregar a miles de ciudadanos en algún espacio donde poder asistir, animar, sufrir y, ojalá, celebrar el tan ansiado Mundial. Como el MetLife Stadium queda lejos, la mejor opción para seguirlo en un ambiente diferente serán las pantallas gigantes que se instalarán en las diferentes ciudades españolas. En el caso de Córdoba, aunque todavía no hay un lugar delimitado oficialmente, se puede confirmar que así será.

Lo ha desvelado este mediodía el alcalde, José María Bellido, después de hacer balance de la 45ª edición del Festival de la Guitarra. “Estamos trabajando. A lo largo del día de hoy o de mañana anunciaremos cómo va a ser exactamente el despliegue”, comentó ante los medios de comunicación. En cualquier caso, confirmó que todo aquel que quiera seguir la final mundialista podrá hacerlo en la ciudad. “Habrá pantallas para poder seguirla el día 19 y, ya digo, hoy o mañana, a más tardar, creo que vamos a poder anunciar exactamente cómo se va a hacer”, continuó.

Lo cierto es que la ilusión se ha desbordado en el país y Córdoba no iba a ser una excepción. Ha sido norma habitual durante este mes observar a muchos grupos de personas alrededor de las televisiones de diferentes establecimientos para seguir, especialmente, el desarrollo del Mundial a partir de los octavos de final. Los goles de Merino ante Portugal y Bélgica, así como los de Oyarzábal y Pedro Porro frente a Francia fueron muy celebrados en cada rincón de la ciudad.

Ojalá esos estallidos queden en anécdota con lo que puede ser el próximo domingo. Por el momento, España ya está en la final. Aguardan Inglaterra o Argentina. En Córdoba, todo el que quiera, podrá seguirla en directo ante las pantallas gigantes que instalará el Ayuntamiento.

El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Córdoba defenderá en el Pleno de este miércoles ordinario dos mociones con las que reclamará, por un lado, la convocatoria de elecciones generales “ante la situación política e institucional” que atraviesa España y, por otro, exigirá al Gobierno de España un plan extraordinario para “recuperar el servicio ferroviario en la provincia y poner fin al deterioro de las infraestructuras”.

Según ha informado el PP en una nota, el portavoz del Grupo Popular, Antonio Martín, ha señalado que la actual legislatura atraviesa una situación de “extraordinaria debilidad política e institucional”, con un Gobierno que “no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado ni de someterse a los principales mecanismos de control político que permiten verificar el respaldo parlamentario a su acción de gobierno”.

Al respecto, el portavoz ha añadido que a esta “situación de bloqueo se suman las nuevas revelaciones sobre los abundantes casos de corrupción que salpican al Gobierno y, en especial, a su presidente, que no han cesado de acumularse y provocar una mayor indignación social por su extensión y su gravedad”. Asimismo, el portavoz popular ha manifestado su “preocupación” por las investigaciones en curso y ha defendido que “la gravedad de estas circunstancias exige una respuesta política acorde con los principios de transparencia, ejemplaridad y responsabilidad que deben presidir cualquier democracia avanzada”.

Para los populares, España se encuentra “ante un Gobierno que, de acuerdo con las reglas más elementales de la democracia, se encuentra descalificado para seguir ejerciendo el poder”. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo “carece de una mayoría parlamentaria de respaldo”.

Junto a esta iniciativa, el PP también llevará al Pleno una moción para exigir al Gobierno de España la aprobación inmediata de un Plan Extraordinario de Recuperación del Servicio Ferroviario de la provincia de Córdoba, dotado con presupuesto suficiente y con un calendario público de ejecución.

Martín ha destacado que Córdoba constituye “uno de los principales nudos ferroviarios de España y un enclave estratégico para la movilidad de Andalucía y del conjunto del país”, aunque ha lamentado que el sistema ferroviario cordobés atraviese “una situación de deterioro sin precedentes”.

“Retrasos diarios, averías constantes, cancelaciones, limitaciones de velocidad, incidencias técnicas, sustituciones del tren por autobuses y una información deficiente a los viajeros se han convertido en una rutina inaceptable”, ha señalado.

El portavoz popular ha incidido especialmente en la situación de la línea Córdoba-Jaén, “castigada durante meses por cortes, desprendimientos, averías y restricciones que han obligado a sustituir servicios ferroviarios por transporte por carretera, incrementando los tiempos de viaje y castigando especialmente a los municipios del interior”.

No obstante, Martín ha advertido de que el problema “ya trasciende esta línea y afecta al conjunto de la red ferroviaria que atraviesa nuestra provincia”. En este sentido, ha recordado que las continuas incidencias registradas durante los últimos meses “afectan tanto a los servicios de Alta Velocidad como de Media Distancia”, evidenciando que el deterioro del servicio “no responde a hechos aislados, sino a una falta evidente de mantenimiento preventivo, planificación e inversión”.

“Lo que hace unos años eran incidencias excepcionales se ha convertido hoy en la normalidad y miles de cordobeses viven con incertidumbre permanente cada vez que utilizan el tren, sin saber si llegarán puntualmente a sus puestos de trabajo, a sus clases, a una consulta médica o a una reunión profesional”, ha concluido Martín.

“Cuando todos estamos juntos, que cuando todos trabajamos con un objetivo común, somos capaces de alcanzar mayores éxitos”. Así lo ha dicho este lunes la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía, Beatriz Jurado, durante su intervención en el acto organizado por Nuevas Generaciones de Córdoba con motivo del XXIX aniversario del asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco.

Un acto en el que también han participado el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina; el presidente de honor, José Antonio Nieto; el portavoz del partido y alcalde de la ciudad, José María Bellido; y el presidente de NNGG de Córdoba, Ángel López.

Tras escuchar el manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Jurado ha recordado el sufrimiento vivido durante los días de julio de 1997 y ha defendido que la memoria de aquellos años no puede pertenecer únicamente a quienes los vivieron.

“Lo único que queremos es que esa memoria sea de toda una sociedad”, ha manifestado, incluyendo a los jóvenes que hoy tienen 29, 28, 20 o 15 años y que no conocen quién fue Miguel Ángel Blanco ni las circunstancias en las que fue secuestrado y asesinado por ETA.

La dirigente popular ha aclarado que el PP de Andalucía no participa en este homenaje “con ningún ánimo de anclarnos al pasado ni de confrontar”, sino con la voluntad de reforzar la defensa del Estado de Derecho, la democracia y las instituciones que garantizan la convivencia.

La vigencia del espíritu de Ermua

Jurado ha reivindicado el espíritu de Ermua como la respuesta de una sociedad que se levantó para decir “basta ya al miedo, basta ya al temor”. Ha recordado que ciudadanos de distintas ideologías y sensibilidades se dieron la mano para demostrar que una sociedad unida y con objetivos claros puede conseguir aquello que se propone.

Esa unidad, ha explicado, permitió derrotar al terrorismo y a ETA gracias a la fortaleza de las instituciones y al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los que la sociedad debe seguir confiando para defender la España construida entre todos.

La vicesecretaria ha agradecido a Nuevas Generaciones la organización del acto y ha animado a sus miembros a seguir difundiendo lo sucedido durante los años en los que concejales de diferentes partidos, periodistas, jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vivían amenazados, necesitaban escolta o tenían que mirar debajo de sus vehículos.

Jurado ha destacado que España logró superar aquella etapa y consolidar una sociedad en la que triunfa la democracia y en la que nadie debe tener miedo. El PP de Andalucía, ha concluido, seguirá trabajando por una tierra con más oportunidades y comprometida con la libertad, la justicia y la dignidad de las víctimas.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha reivindicado la memoria de todas las víctimas del terrorismo y la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.

Molina ha afirmado que “recordar a Miguel Ángel Blanco es hacer justicia, defender la verdad y explicar a las nuevas generaciones lo que ocurrió para que nunca vuelva a repetirse”. Además, ha agradecido el compromiso de Nuevas Generaciones de Córdoba por mantener cada año este acto de homenaje.

Asimismo, ha animado a los jóvenes a defender siempre “la libertad, el respeto y la convivencia”, asegurando que “mientras España siga recordando a Miguel Ángel Blanco con verdad y dignidad, quienes quisieron derrotar nuestra democracia no habrán logrado su objetivo”.

Incendio en Almería, la cooperación y lealtad

El Partido Popular de Andalucía ha destacado que la coordinación, la cooperación y la lealtad entre las administraciones permiten ofrecer una respuesta más eficaz ante situaciones de emergencia y alcanzar mayores éxitos cuando existe un objetivo común: proteger a la población y salvar vidas.

Así lo ha señalado la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía, Beatriz Jurado, durante el acto organizado por Nuevas Generaciones de Córdoba con motivo del XXIX aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA.

Jurado ha trasladado el “cariño y condolencia” del PP de Andalucía a las víctimas y a sus familiares tras la tragedia provocada por el incendio de Almería. Asimismo, ha mostrado su cercanía con todas las personas afectadas, especialmente con quienes continúan fuera de sus hogares, y ha advertido de que “aún queda mucho camino que recorrer para seguir acompañándolos”.

La vicesecretaria ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno, y por el equipo técnico del consejero Antonio Sanz, junto con la actuación coordinada de los ayuntamientos, la Administración autonómica y el Estado.

También ha expresado el reconocimiento del PP andaluz a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos provinciales y locales, Protección Civil y los voluntarios que han participado en la respuesta frente al incendio.

“Cuando todos estamos juntos, cuando todos trabajamos con un objetivo común, somos capaces de alcanzar mayores éxitos”, ha afirmado Jurado, quien ha defendido que la política debe ser útil y que la sociedad debe ver a sus representantes trabajando unidos ante las oportunidades y necesidades colectivas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Córdoba ha incoado diligencias previas para investigar si el alcalde de Obejo, Pedro López Molero (PP), incurrió en un presunto delito de prevaricación administrativa por la tramitación del proceso extraordinario de estabilización de una plaza de conductor de autobús y microbús del Ayuntamiento.

El regidor estaba llamado a declarar el 16 de julio, si bien, en declaraciones a Cordópolis, ha indicado que finalmente será el próximo mes de noviembre, después de que la comparecencia inicialmente prevista para julio fuera aplazada por la saturación del juzgado.

La investigación parte de la denuncia presentada por un ciudadano que participó en el proceso selectivo convocado por el Consistorio en 2022 y que sostiene que toda la actuación administrativa estuvo dirigida a que una trabajadora que ya ocupaba el puesto mediante contratos temporales obtuviera definitivamente la plaza como personal laboral fijo, circunstancia que finalmente se produjo en noviembre de 2024.

La denuncia no cuestiona únicamente el resultado del concurso de méritos, sino todo el procedimiento previo. El denunciante sostiene que las bases de la convocatoria fueron diseñadas para favorecer a esa aspirante al otorgar 0,026 puntos por cada día trabajado en el Ayuntamiento de Obejo, frente a 0,005 puntos por día en cualquier otra administración pública, sin valorar en ningún caso la experiencia profesional en empresas privadas. A su juicio, ese sistema hacía “imposible” que cualquier candidato ajeno al Consistorio pudiera competir en igualdad de condiciones.

Además, mantiene que la plaza nunca debió incluirse en el proceso extraordinario de estabilización previsto por la Ley 20/2021, al no cumplir el requisito de haber estado ocupada de forma ininterrumpida por personal temporal durante los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Según expone, entre los distintos contratos temporales existieron periodos en los que el puesto permaneció vacante, lo que impediría acogerse a ese procedimiento excepcional.

La denuncia también pone el foco en las sucesivas contrataciones temporales de la misma trabajadora desde 2017, que considera carentes de la publicidad y concurrencia exigibles, y concluye que todas esas actuaciones respondían a un mismo propósito: consolidar definitivamente a esa empleada en el puesto, privando al resto de aspirantes de concurrir en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

La defensa del alcalde

En conversación con este periódico el pasado 26 de junio, Pedro López Molero rechazó cualquier actuación arbitraria y defendió que la decisión de incluir la plaza en el proceso extraordinario de estabilización no correspondió a la Alcaldía.

“El alcalde no estabiliza. Eso es un informe de Secretaría”, afirmó el regidor, quien aseguró que fue el secretario municipal quien determinó qué puestos reunían los requisitos para acogerse al proceso extraordinario previsto por el Estado. Asimismo, sostuvo que el Ayuntamiento contaba con el respaldo jurídico de la Diputación de Córdoba y que el conflicto radica únicamente en la discrepancia del denunciante sobre si la plaza debía haberse cubierto mediante un procedimiento ordinario o mediante estabilización.

Durante esa conversación, López Molero se comprometió a remitir a este periódico el informe de Secretaría en el que, según aseguró, se fundamentó la inclusión de la plaza investigada en el proceso extraordinario de estabilización. Sin embargo, transcurridas dos semanas desde aquella conversación, el alcalde todavía no ha facilitado dicho documento, por lo que este periódico no ha podido comprobar el contenido del informe al que alude su defensa.

El procedimiento judicial continúa en fase de instrucción y será la autoridad judicial la que determine, tras la práctica de las diligencias acordadas, si existió alguna actuación contraria a derecho en la tramitación de este proceso selectivo.

Catorce alumnos. Un profesor. Tres colegios. Esa es la dimensión real que tiene en Córdoba el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), una iniciativa educativa que desaparecerá de los centros andaluces a partir del curso 2027/2028, si se cumple este punto del acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Popular y Vox para Andalucía. La decisión pone fecha de caducidad a una iniciativa nacida hace más de cuatro décadas y que, al menos en Córdoba, mantiene una presencia testimonial: apenas 14 escolares repartidos entre tres centros educativos y atendidos por un único docente.

La fotografía provincial contrasta con la dimensión política que ha adquirido el asunto en los últimos meses. Este programa se ha convertido en uno de los símbolos del acuerdo entre PP y Vox en materia educativa pese a que, sobre el terreno, su implantación es mínima y su funcionamiento ha transcurrido durante años prácticamente fuera del foco público. En Córdoba capital, la iniciativa ha estado presente tradicionalmente en colegios como el CEIP Hernán Ruiz y el CEIP Mediterráneo, además de un tercer centro de la provincia, como es el CEIP San José de Calasanz, en Lucena. Según la información trasladada a este periódico por la Delegación de Educación en Córdoba, las clases no forman parte del horario lectivo ordinario, no son evaluables y la participación del alumnado es completamente voluntaria.

El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí no nació de una decisión de la Junta de Andalucía ni del Ministerio de Educación. Su origen se remonta al convenio de cooperación cultural firmado entre España y el Reino de Marruecos el 14 de octubre de 1980, desarrollado posteriormente mediante distintos acuerdos administrativos entre ambos países. Su finalidad, según recoge la guía oficial de funcionamiento correspondiente al curso que acaba de finalizar, es facilitar que el alumnado marroquí u originario de este país pueda mantener el conocimiento de su lengua y su cultura al tiempo que favorece su integración en el sistema educativo español. Entre los objetivos del programa figuran preservar la identidad cultural del alumnado respetando la cultura del país de acogida, favorecer la inclusión escolar y social, promover valores de convivencia y fomentar la educación intercultural dentro de los centros educativos.

En Córdoba, el programa se desarrolla mediante la denominada Modalidad A. Es decir, que las clases se imparten fuera del horario lectivo, como actividad extraescolar; no forman parte del currículo oficial de la Junta, no cuentan para la evaluación académica del alumnado y la asistencia de los menores depende exclusivamente de la voluntad de las familias. Lejos de la imagen de una asignatura integrada en el sistema educativo ordinario, el PLACM funciona como una actividad complementaria destinada exclusivamente al alumnado que solicita participar. Pese a que el programa no ha supuesto problemas de convivencia, en este punto del acuerdo del PP junto a la extrema derecha se insiste en que la Junta “velará por la convivencia en los centros educativos” y rechazará “cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas, injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad”.

En el caso de que finalmente la Junta no renueve este programa, dicha decisión no supondrá un ahorro para las arcas andaluzas en materia de personal. El profesorado no pertenece a la administración educativa española. Los docentes son funcionarios enviados por el Reino de Marruecos y sus retribuciones corren íntegramente a cargo del Gobierno marroquí. La participación de la Junta se limita a facilitar los espacios donde se desarrollan las actividades y coordinar su implantación dentro de los centros educativos que participan en el programa.

Frente a este pacto autonómico, en mayo de 2025, el grupo del PP del Ayuntamiento de Córdoba votó en contra de una moción de Vox que exigía la paralización de este programa. Durante aquel debate, el portavoz popular, Miguel Ángel Torrico, defendió expresamente la continuidad del programa al asegurar que en Córdoba “no supone ningún problema en la sociedad cordobesa” y que tampoco existía “ninguna tensión social” derivada de su funcionamiento. Vox se quedó solo en la defensa de esta moción tras el voto en contra de todas las formaciones.

Hay que señalar que esta exigencia de Vox para dar al PP los gobiernos de Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla y León -en este caso, el pacto habla de mantener la no aplicación de este programa dado que no se realiza- coincide con un proceso de reducción progresiva del mismo en España. Los datos correspondientes al curso 2025-2026 muestran un descenso tanto del número de centros participantes como del profesorado destinado al PLACM. Si durante el curso anterior el programa estaba presente en 396 centros educativos, actualmente permanece en 298. El número de docentes también ha disminuido, pasando de 120 a 98.

Aun así, Andalucía sigue siendo uno de los principales territorios donde se desarrollaba esta iniciativa, con 91 centros y 34 profesores, solo por detrás de Cataluña, que cuenta con 110 centros y 31 docentes.

El Grupo Popular tiene previsto proponer a la actual vicepresidenta primera del Parlamento y diputada por Cádiz, Ana Mestre, como nueva presidenta de la Cámara en sustitución de Jesús Aguirre, a quien, a su vez, su partido propondría como senador por designación autonómica, y ello al hilo de los cambios que en la Mesa del Parlamento implica el acuerdo suscrito la semana pasada entre el PP-A y Vox que posibilitó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Fuentes parlamentarias 'populares' consultadas por Europa Press han confirmado este viernes que el PP-A tiene previsto postular a Ana Mestre como presidenta del Parlamento una vez que tiene que ceder la vicepresidencia primera de la Cámara, para la que fue elegida el pasado 11 de junio y que ostentó ya en la pasada legislatura, en virtud del acuerdo de gobierno con Vox, que cede a dicho partido ese puesto en la Mesa del Parlamento.

De esta manera, la previsión es que Ana Mestre pase de vicepresidenta primera del Parlamento a ser propuesta como nueva presidenta de la institución, responsabilidad en la que sustituiría a Jesús Aguirre, quien, a su vez, sería designado como senador por parte del Parlamento andaluz a propuesta también del PP-A.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya anticipó este pasado jueves, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que dio a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz, de coalición con Vox, que Ana Mestre (PP-A), asumirá nuevas “responsabilidades” una vez que deje dicho puesto de vicepresidenta primera del Parlamento en virtud del acuerdo de gobierno que el PP-A y Vox, y dejó en el aire un posible relevo, en este contexto, en la presidencia de la Mesa de la Cámara andaluza, en manos actualmente de Jesús Aguirre.

El acuerdo que PP-A y Vox suscribieron la semana pasada contempla que Vox asumirá la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento, así como que el Grupo Popular cederá a dicha formación una de las cinco plazas de senadores por designación autonómica que le corresponden en la nueva legislatura.

De esta manera, Ana Mestre tendrá que dejar la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento para dar paso al representante que Vox elija para dicha responsabilidad, que está previsto que sea su diputada Beatriz Sánchez, que ya forma parte del órgano de gobierno de la Cámara como vocal, con voz pero sin voto.

Moreno ya anticipó “nuevas responsabilidades” para Mestre

Por este particular le preguntaron este jueves a Juanma Moreno, quien explicó que en este mes de julio --previsiblemente el día 23-- se celebrará un Pleno en el Parlamento en el que “se van a producir cambios en la Mesa”, y señaló que, en el marco de ese proceso, mantiene “una conversación abierta” con Ana Mestre, de quien auguró que, “sin duda alguna, asumirá responsabilidades” nuevas, “porque es una de las mujeres más capaces y preparadas que hay” en su equipo y con la que va a “contar siempre en distintas responsabilidades”, según subrayó.

Posteriormente, le preguntaron por los nombres que el PP-A propondrá como senadores por designación autonómica para esta legislatura, y expresamente si tiene previsto que el actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, sea uno de ellos.

Moreno respondió que en estos momentos se está “debatiendo” qué cuatro senadores va a proponer el Grupo Popular, si bien avisó de que lo que se proponga “va a estar muy vinculado a los acontecimientos que sucedan también con la Mesa del Parlamento y con otras decisiones, también, que se adopten en los segundos niveles de gobierno”.

El presidente de la Junta señaló que lo primero que quería acometer era la puesta en marcha del nuevo Gobierno, algo para lo que ya ha dado el primer paso con el nombramiento de los consejeros, y apuntó que “a lo largo de la semana que viene y la siguiente” se irán abordando otras cuestiones pendientes, con el objetivo, en todo caso, de que en este mes de julio se aborden “todas ellas”.

Moreno pretende así que a lo largo de este mes queden ya conformados los equipos de las consejerías, con sus viceconsejeros y secretarios generales, así como ya nombrados los delegados territoriales de la Junta en las provincias, y los cambios que se acometan en la Mesa del Parlamento y la designación de senadores autonómicos, según explicó él mismo.

“Lo que está claro es que nos iremos el 31 de julio con todo esto ya cerrado, para que el 1 de septiembre comencemos con un Gobierno absolutamente ya consolidado, con plenas facultades y a pleno rendimiento”, prometió Moreno.

El próximo miércoles, 15 de julio, hay convocada una reunión de la Mesa del Parlamento y otra de la Junta de Portavoces en la que podría quedar definido el orden del día del Pleno a celebrar la semana siguiente, en la que podría abordarse esos cambios en la Mesa y, también, la designación de los senadores que corresponde elegir al Parlamento andaluz.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde este jueves a una enmienda presentada por el gobierno del PP ante una moción del PSOE sobre las exhumaciones de represaliados de fosas en los cementerios de Córdoba que están paralizadas desde el pasado mes de enero y no se ha tramitado el contrato para continuarlas ni el convenio entre todas las administraciones para dar continuidad al anterior que hizo posible dos años de trabajos en las fosas. En esa moción, uno de los acuerdos aprobados pide, una vez se constituya el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía -entre PP y Vox-, “iniciar contactos para acordar, si lo estiman conveniente, su incorporación al nuevo convenio” entre las administraciones para continuar las exhumaciones en las fosas de Córdoba.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido que “independiente del pacto de Gobierno andaluz, nosotros somos un gobierno de centro derecha que cumple”. Y ha asegurado que el PP viene trabajando por tramitar un nuevo contrato y firmar un nuevo convenio entre las cuatro administraciones para continuar los trabajos de las exhumaciones que se han quedado pendientes tras concluir el anterior y cerrar las fosas en enero pasado. No obstante, desde los grupos de la izquierda -PSOE y Hacemos Córdoba-, han puesto sobre la mesa la posición contraria de Vox ante la memoria histórica y su pacto ahora con el PP en la Junta de Andalucía.

Madruga ha pedido “sacar del debate partidista” este asunto y ha asegurado comprender “el dolor” de las familias que buscan a sus seres queridos en las fosas. Asimismo, ha insistido en que “está la voluntad” del gobierno local por seguir los trabajos y asegura que para 2027 ya hay una partida de 150.000 euros para el presupuesto con este objetivo.

Junto a ese acuerdo, la enmienda -aprobada solo con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra- pide agilizar el contrato de cuatro meses dotado con dinero del Gobierno central, contemplado como “el Expediente de Contratación 2026/102, que ya se está tramitando por vía de urgencia, para la exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes del cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y en concreto de los cuadros Vigen de los Dolores, San Ramón, San Cipriano, San Cayetano, Patio del Depósito, la Anunciación, Trinidad, San Dimas, San Demetrio, San Plácido, que se realiza en el marco de la Resolución del Secretario de Estado de Memoria Democrática por la que se concede al Ayuntamiento de Córdoba una subvención al amparo del Real Decreto 866/2025 de 30 de septiembre, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas Entidades Locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización de búsqueda, localización, exhumación y, en su caso , identificación de restos de personas víctimas de la guerra de España y de la dictadura”. Cuenta con presupuesto base de licitación de 150.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Además, la enmienda aprobada por el propio PP pide firmar “a la mayor brevedad posible” un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial para la continuación de los trabajos de exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes de los cementerios de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba y de San Rafael. En ese convenio se incluirá todas los actuaciones que no fueron contempladas como gastos financiables, relacionadas con la oficina de atención a las víctimas, campañas divulgativas, etc. en los anteriores trabajos.

Críticas de la oposición a la falta de diligencia del gobierno del PP

En el debate en el Pleno sobre este asunto, los grupos del PSOE y Hacemos Córdoba han criticado que el gobierno local no haya agilizado el nuevo contrato ni el convenio para que no se hubieran tenido que cerrar las fosas el pasado invierno al no continuar los trabajos. Han apelado a cumplir con la dignidad de las familias que esperan el compromiso del PP y del propio alcalde. Y han significado que el Ayuntamiento debe ceñirse a la Ley de Memoria histórica y a la Ley de Memoria democrática andaluza.

Por parte de Vox, en el Pleno ha intervenido el concejal Miguel Castellano, quien ha sido acusado por la izquierda de “manipulación y sesgo histórico” al señalar que el partido de ultraderecha “condena de manera taxativa todos los episodios violentos y sangrientos que ocurrieron en la Segunda República, en la Guerra Civil y también en democracia a través de ETA”.

El concejal de Vox ha dicho que “todas las familias tienen derecho a recuperar y enterrar dignamente a sus seres queridos”, insistiendo en igualar todos los casos, ante la presencia de familiares de represaliados por el golpe de estado de 1936 y el franquismo, presentes en el Pleno. Y ha acusado al PSOE, que presentaba la moción sobre este asunto, de “proocar la ruptura de la concordia” que defiende su grupo.

Los cordobeses José Antonio Nieto y Rocío Blanco formarán parte del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía tras las últimas elecciones autonómicas que venció el Partido Popular y que ha necesitado a Vox para estar al frente del Parlamento de Andalucía. Por un lado, el político pasa de ser consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública para ser el representante de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, mientras que Blanco se mantiene al frente de la de Empleo.

Una formación que ha tenido muchas novedades tras la comparecencia de Juanma Moreno. El Gobierno autonómico tendrá tres vicepresidencias que estarán encargadas por Antonio Sanz, Manuel Gavira y Carolina España. Además, ha formado dos nuevas consejerías que son la de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, liderada por Rocío Díaz, además de la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que ocupará como ya se ha mencionado anteriormente José Antonio Nieto.

José Antonio Nieto deja Justicia, en manos de Vox, para pasar a Inteligencia Artificial

José Antonio Nieto nació el 10 de abril de 1970 en Guadalcázar y actualmente era el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Para estas elecciones, estaba dentro de la lista de Córdoba como número cinco y finalmente proseguirá bajo el equipo de gobierno de Juanma Moreno, quien será el presidente de la Junta de Andalucía.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, el nuevo consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha sido portavoz del grupo popular en el Parlamento autonómico durante la pasada legislatura. Empezó en política en su pueblo natal, pero muy pronto dio el salto a Córdoba capital, donde se convirtió en alcalde en 2011.

Fue coordinador electoral regional del PP andaluz, vicesecretario general de Formación y Electoral del PP de Córdoba, secretario general y presidente del partido en la provincia hasta 2017. En 2015 y 2016 encabezó la candidatura por Córdoba al Congreso de los Diputados, siendo designado secretario de Estado de Seguridad. En 2018 fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Rocío Blanco continuará en Empleo y Empresa

Nacida en Córdoba en 1966, Rocío Blanco se incorporó al Gobierno andaluz en 2019 como consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Licenciada en Derecho en la Universidad de su ciudad natal, en 1993 entró en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo. En 1997 fue nombrada directora provincial del Instituto Social de la Marina en Málaga, cargo que ocupó durante quince años.

En 2012 asumió la dirección en la capital malagueña de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tres años más tarde se le entregó la Cruz al Mérito Policial por la labor realizada en la lucha contra el fraude.

El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha concluido que la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales anticipadas puede ser debatida y sometida a votación en la sesión plenaria prevista para el próximo 9 de julio, al tratarse de una declaración de carácter político que carece de efectos jurídicos directos.

El informe jurídico fue solicitado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Hurtado, quien pidió que la Secretaría General del Pleno se pronunciara sobre la legalidad de incluir en el orden del día una iniciativa cuyo contenido excede las competencias propias del Ayuntamiento.

En su escrito, Hurtado sostenía que la facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno, conforme al artículo 115 de la Constitución, por lo que entendía que el Pleno municipal no debía debatir una moción ajena al ámbito competencial de la administración local. Asimismo, reclamaba que se aclarara si este tipo de iniciativas podían tramitarse reglamentariamente y cuáles serían las consecuencias jurídicas de que el Pleno adoptara acuerdos fuera de sus competencias.

La respuesta del secretario general del Pleno recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal define las mociones como iniciativas de impulso y orientación política destinadas a promover actuaciones o expresar el posicionamiento de la Corporación sobre asuntos de interés ciudadano, incluso cuando estos trascienden las competencias estrictamente municipales.

En este sentido, el informe señala que es frecuente que los plenos municipales debatan declaraciones institucionales o mociones de contenido político dirigidas a otras administraciones públicas, siempre que no produzcan efectos administrativos o jurídicos vinculantes.

Para fundamentar esta interpretación, el secretario cita la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2022, que fijó doctrina sobre la capacidad de los plenos municipales para pronunciarse sobre cuestiones políticas, sociales, culturales o incluso internacionales ajenas a sus competencias materiales. Según esa jurisprudencia, estos acuerdos son válidos cuando constituyen meras declaraciones políticas sin efectos prácticos directos y no vulneran derechos fundamentales ni de terceros.

Aplicando esa doctrina al caso concreto, el informe concluye que la moción registrada por el Grupo Popular cumple esos requisitos, ya que su propio texto precisa que se presenta “atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”. Por ello, el secretario considera que carece de eficacia administrativa, no genera obligaciones jurídicas y se agota en su propio contenido como manifestación de una posición política.

En consecuencia, el informe sostiene que la iniciativa “debe admitirse como lícita por no tener efecto jurídico directo”, al no vulnerar derechos fundamentales ni afectar a terceros, por lo que avala que pueda ser debatida durante el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Córdoba, donde el PP tiene mayoría absoluta.

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este lunes “el progresivo deterioro” del servicio ferroviario en la provincia y en el corredor Madrid-Córdoba-Sevilla, una situación que, a su juicio, “evidencia la falta de respuestas eficaces del Gobierno socialista ante unos problemas que se repiten semana tras semana”, de ahí que haya exigido al Ejecutivo “un plan urgente para garantizar la fiabilidad” del citado corredor.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Casanueva ha asegurado que “las incidencias afectan tanto a los servicios de Alta Velocidad como a los de Media Distancia” y ha lamentado que, “apenas iniciado el verano, los usuarios continúen sufriendo retrasos, averías y cancelaciones que perjudican diariamente a miles de viajeros”.

“La situación del servicio ferroviario, especialmente en Córdoba, es una auténtica vergüenza, porque los retrasos y las averías ya forman parte de la rutina y este gobierno ha conseguido que lo excepcional sea que un tren llegue puntual”, ha afirmado.

La senadora ha recordado “el grave episodio vivido hace unas semanas en la estación de Córdoba, cuando cientos de pasajeros permanecieron durante horas sin información sobre la continuidad de sus viajes”. En ese contexto, ha señalado “las deficiencias de una infraestructura insuficiente para el volumen de viajeros que soporta, con falta de espacio, escasez de asientos, climatización inadecuada para las altas temperaturas de la ciudad y una información tardía e insuficiente a los usuarios”.

Asimismo, Casanueva ha subrayado que “estos problemas no constituyen hechos aislados, sino la consecuencia de una situación estructural que continúa sin resolverse”. En este sentido, ha indicado que, tras el accidente registrado en Adamuz, “se siguen sin ver cambios reales en el sistema ferroviario”, al tiempo que ha criticado que “persistan las limitaciones de velocidad, aumenten las incidencias y no se hayan asumido responsabilidades políticas”.

La popular ha cuestionado también “el balance inversor del Gobierno en el corredor Madrid-Córdoba-Sevilla”. “Pueden repetir que han invertido más de 500 millones de euros, pero la realidad es que los tiempos de viaje no han mejorado, sino que han empeorado, y las incidencias son cada vez más frecuentes”, ha manifestado.

El gasto en transporte alternativo

Durante su intervención, Casanueva ha dado a conocer los datos obtenidos por el Grupo Popular en respuestas parlamentarias del Senado sobre el coste de los Planes Alternativos de Transporte activados por Renfe cuando el servicio ferroviario queda interrumpido.

Según ha explicado, “durante 2025 Renfe destinó 9.277.815,86 euros en toda España a autobuses y taxis para sustituir al tren durante incidencias ferroviarias, de los que casi tres millones de euros correspondieron a Andalucía, lo que representa cerca del 30% del total nacional”.

En el caso de la provincia, la senadora ha señalado que “durante 2024 y 2025 el gasto en transporte alternativo superó el medio millón de euros”. Además, ha destacado que “sólo durante la interrupción del tramo ferroviario de Adamuz en 2026 Renfe tuvo que destinar otros 645.360 euros a estos servicios, una cifra a la que habrá que sumar el coste del transporte por carretera que continúa prestándose para cubrir la conexión con Jaén”.

Asimismo, ha mencionado que “la incidencia registrada entre Antequera y Málaga obligó a destinar otros 2.576.272,01 euros en autobuses y taxis”, por lo que, según ha apuntado, “los gastos en transporte alternativo en Andalucía ya superan los registrados durante todo 2025 cuando apenas va la mitad de año”.

“Cuando Renfe tiene que gastar casi diez millones de euros en un año para sustituir al tren por autobuses y taxis, el problema ya no son las incidencias; el problema está en la gestión del propio servicio ferroviario”, ha afirmado.

A juicio de Casanueva, “esos recursos económicos deberían destinarse a reforzar el mantenimiento preventivo, modernizar las infraestructuras, mejorar los sistemas eléctricos, renovar equipos y garantizar la fiabilidad del servicio”. “El mejor Plan Alternativo de Transporte es que el tren llegue puntual”, ha subrayado.

“Pérdida de confianza y de viajeros”

La senadora ha advertido además de que “el deterioro del servicio está provocando una pérdida de confianza entre los usuarios y una disminución del número de viajeros”. “No se puede normalizar que quien compra un billete no sepa si llegará a tiempo a su destino, ni que miles de trabajadores tengan que salir de casa con una o dos horas de margen por miedo a los retrasos”, ha remarcado.

Por todo ello, Casanueva ha exigido al Gobierno “la puesta en marcha de un plan específico para mejorar la fiabilidad del corredor Madrid-Córdoba-Sevilla, mayor transparencia sobre las causas de las incidencias, inversiones suficientes en mantenimiento, infraestructuras y recursos humanos, así como la ampliación y modernización de la estación ferroviaria de Córdoba, que considera insuficiente para atender el volumen actual de pasajeros”.

“El ferrocarril es un servicio público esencial para la movilidad, la cohesión territorial y la competitividad económica”, ha defendido, para declarar que desde el PP seguirán “defendiendo los derechos de los miles de ciudadanos que pagan su billete y merecen un servicio fiable, puntual y de calidad, porque detrás de cada incidencia hay personas que sufren las consecuencias”.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha reivindicado este sábado en Córdoba el firme compromiso del Partido Popular con la defensa de la igualdad, la libertad y los derechos del colectivo LGTBI, durante un encuentro con jóvenes en el que ha estado acompañado por el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina; la diputada nacional y responsable de Igualdad del PP, Sofía Acedo; y las parlamentarias andaluzas Verónica Martos y Beatriz Jurado.

De los Santos ha destacado que Andalucía es “una de las comunidades que mejor celebra la diversidad y la libertad de cualquier ciudadano para ser quien quiera ser”, una realidad que, según ha señalado, “se ha reforzado con las políticas impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno”.

En este sentido, ha puesto en valor el reconocimiento a las personas y entidades que trabajan cada día por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y ha agradecido al PP de Córdoba su compromiso permanente con todos los ciudadanos, especialmente con quienes durante años “fueron invisibilizados simplemente por amar o sentir de una manera diferente”.

Sin embargo, este posicionamiento se produce en un contexto parlamentario en el que el PP ha mantenido posiciones diversas en las principales leyes estatales en materia LGTBI. En 2005, la formación votó en contra de la aprobación del matrimonio igualitario impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional. En 2023, durante la votación de la conocida como Ley Trans y LGTBI, el PP optó por la abstención, al igual que ha ocurrido esta semana con la reforma legislativa aprobada en 2026 para penalizar las llamadas terapias de conversión, en la que el partido no votó en contra, sino que se abstuvo.

El dirigente popular ha subrayado que “la normalización de lo que es normal es una obligación de cualquier representante público responsable” y ha defendido que la promoción de los derechos del colectivo LGTBI “es una causa que interpela al conjunto de la sociedad, más allá de cualquier ideología”.

Asimismo, ha asegurado que el Partido Popular seguirá reforzando la protección de estos derechos y ha recordado las palabras del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien ha situado como “líneas rojas” en cualquier escenario político la libertad, el respeto a la Constitución, la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI.

En declaraciones a los medios de comunicación, De los Santos también se ha referido a la repercusión de recientes declaraciones sobre esta materia, asegurando que el respaldo recibido evidencia que “nunca ha existido una LGTBIfobia en el Partido Popular” y que el compromiso de la formación con la igualdad “es firme, claro e irrenunciable”.

Finalmente, el dirigente popular ha hecho un llamamiento a seguir avanzando desde el respeto y la convivencia, reivindicando que “la diversidad y la felicidad de poder ser uno mismo forman parte de una sociedad libre” y reafirmando el compromiso del Partido Popular con la defensa de los derechos y libertades de todos los españoles.

Por su parte, Adolfo Molina ha asegurado que el PP de Córdoba “está donde tiene que estar, al lado del colectivo LGTBI, al lado de sus derechos y de la libertad”, y ha mantenido que la defensa de las personas LGTBI es una tarea de toda la sociedad.

Molina ha subrayado que la bandera de la igualdad y el respeto debe enarbolarse los 365 días del año. “Frente a cualquier manifestación de LGTBIfobia, tolerancia cero”, ha afirmado, al tiempo que ha puesto en valor la historia de convivencia y diversidad que tiene Córdoba. “Somos una tierra que sabe respetar, integrar y avanzar juntos. Seguiremos trabajando para que Córdoba sea referente de tolerancia y libertad, donde cualquier persona pueda vivir con plena dignidad, independientemente de su identidad”, ha concluido.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha defendido este miércoles que “los andaluces” han pedido a los 'populares' “de forma mayoritaria y clara” en las pasadas elecciones del 17 de mayo que sigan “transformando Andalucía”, y eso es lo que van a “hacer extendiendo la vía andaluza de Juanma Moreno a cada municipio”.

Así lo ha señalado el dirigente del PP-A durante un encuentro de trabajo con alcaldes y portavoces del Partido Popular de la provincia de Córdoba, de los que ha señalado que “son quienes representan esa mayoría social creciente en torno al PP de Andalucía”, según ha informado el partido en una nota.

Repullo ha contrapuesto la situación del PP-A con la de “un PSOE agotado, desconectado de los andaluces, que ha pulverizado su suelo” en los comicios del 17M “hasta caer al peor resultado de su historia con 28 diputados, y cada vez más hundido entre múltiples escándalos bajo investigación judicial”.

El secretario general del PP-A ha defendido que el respaldo mayoritario recibido por el proyecto de Juanma Moreno en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo tiene también su reflejo en el trabajo diario que desarrollan los alcaldes, concejales y diputados provinciales del PP “en todos y cada uno de los municipios andaluces donde el partido tiene representación”.

Así, ha destacado que el Partido Popular ha conseguido “más de 1.700.000 apoyos en toda Andalucía”, y ha crecido en relación con las anteriores elecciones en “150.000 votantes más”, personas que, según ha señalado Repullo, creen que con el proyecto del PP y con “esa forma de hacer política” del presidente Juanma Moreno, Andalucía puede “seguir avanzando en esa estabilidad, en esa fuerza” y “seguir compitiendo y liderando”.

El secretario general del PP-A ha valorado que esa subida tiene una traducción territorial “muy relevante”, ya que el Partido Popular ha ganado en 599 municipios de Andalucía, “el 76% si hablamos en términos territoriales”, donde vive el 93,6% de los andaluces, según ha puesto de relieve.

En clave cordobesa

En cuanto a la provincia de Córdoba, el que fuera cabeza de lista del PP-A por dicha circunscripción el 17 de mayo ha valorado el incremento de apoyos conseguido con “11.000 votos más”, lo que ha permitido que la cordobesa se sitúe como “la segunda provincia en la que más arraigo tiene el voto del Partido Popular en toda Andalucía”.

Y ha vinculado ese resultado al “trabajo constante” del PP de Córdoba y de sus alcaldes, que tienen en la capital “un referente con un respaldo muy transversal” y “muy repartido en toda la capital”, al haber ganado “de manera amplia en todos los distritos” y alcanzar “una cuota del 46% del voto”.

Para Repullo, estos resultados son “consecuencia directa de una forma de hacer política pegada al territorio, que nace en los municipios y que tiene en los alcaldes, concejales y diputados provinciales su principal fuerza”, quienes, “lejos de limitarse a señalar los problemas de sus vecinos, ”que es lo fácil, saben proponer soluciones y resolver“.

“Ahí es donde el PP sí encuentra su razón de ser como proyecto político”, ha asegurado, y ha añadido que “ellos dignifican la política con su cercanía y capacidad para llevar a cada territorio la vía andaluza de Juanma Moreno”.

Camino a las elecciones municipales de 2027

“No tenemos varitas mágicas”, ha señalado, “pero tenemos ilusión, pasión, ganas, equipos preparados y fe ciega en nuestros pueblos y ciudades, y sabemos que entre todos podemos sacar adelante cualquier proyecto que nos propongamos”.

En este sentido, Antonio Repullo ha defendido que al PP “lo avala la gestión”, y que los resultados se consiguen cuando “todos se alinean en el mismo objetivo y empujan en la misma dirección”.

Por ello, ha defendido la necesidad, a su juicio, de seguir ampliando la representación del Partido Popular y llevar a más municipios “el gobierno, la gestión y esa manera de entender la política municipal” que ya se refleja en tantos ayuntamientos andaluces.

Ha señalado que el objetivo es que el partido esté “en la mejor posición posible, con los mejores contenidos, los mejores ejemplos de gestión y las mujeres y hombres más preparados para poner en marcha programas que beneficien a los vecinos”.

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este lunes “el abandono que sufre la provincia por parte del gobierno de Pedro Sánchez en materia de seguridad, especialmente en lo que respecta a las inversiones comprometidas para mejorar las infraestructuras de la Guardia Civil”, de manera que ha exigido explicaciones sobre 1,8 millones de euros comprometidos para cuarteles de la provincia.

En una rueda de prensa, Casanueva ha reconocido públicamente “la labor esencial que realizan cada día los hombres y mujeres de la Guardia Civil a lo largo y ancho de la provincia, con una enorme profesionalidad y vocación de servicio, a pesar de las carencias que vienen sufriendo en materia de personal, medios materiales e infraestructuras”.

La senadora del PP ha recordado que “en 2025 el Gobierno anunció una inversión de 1,8 millones de euros para actuaciones en los cuarteles de la Guardia Civil de Castro del Río, Córdoba, Espejo y Espiel”. Sin embargo, “tras solicitar información sobre el estado de estas actuaciones, las respuestas obtenidas evidencian una nueva muestra del abandono al que el Ejecutivo somete a la provincia”, ha señalado.

En concreto, Casanueva ha explicado que “las obras previstas en el cuartel de Castro del Río no se han ejecutado, pese a que las instalaciones permanecen cerradas desde 2023 por problemas estructurales y a que ha sido el Ayuntamiento quien ha tenido que ceder dependencias para garantizar el servicio”.

Asimismo, ha apuntado que “las actuaciones realizadas en el cuartel de Espejo han sido financiadas por el propio Ayuntamiento; que las obras previstas en Córdoba capital no se han ejecutado, y que la inversión anunciada para Espiel sigue sin materializarse”.

“Lo más preocupante es que el propio Gobierno justifica esta falta de ejecución por limitaciones presupuestarias y por haber priorizado otras actuaciones”, ha aseverado, para apostillar que “es una prueba más de cómo la ausencia de Presupuestos Generales del Estado está perjudicando directamente a Córdoba y de cómo inversiones necesarias para la provincia terminan destinándose a otros territorios”.

Por ello, la senadora ha exigido al Ejecutivo que “explique dónde están los 1,8 millones de euros comprometidos para los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia” y ha criticado que “sean los ayuntamientos los que estén asumiendo responsabilidades que corresponden al Gobierno de España”.

“No es razonable que sean los consistorios los que tengan que garantizar instalaciones dignas para los guardias civiles cuando esa es una obligación del Gobierno”, ha advertido, para subrayar que “mientras tanto, los agentes continúan trabajando en cuarteles con problemas que siguen sin resolverse”.

“Falta de efectivos”

Casanueva también ha alertado de “la situación de falta de efectivos que afecta a la Guardia Civil en la provincia”. “Según datos de la AUGC, las vacantes de personal se encuentran en niveles históricamente elevados, superando las 200 plazas sin cubrir, mientras los índices delictivos continúan aumentando”, ha avisado.

Ante esta situación, la senadora del PP ha exigido al Gobierno de España “un compromiso firme con la seguridad de los cordobeses, mediante la ejecución inmediata de las obras pendientes en los cuarteles de la provincia y la puesta en marcha de un plan urgente para cubrir las vacantes existentes”.

“No se puede permitir que cuarteles como los de Alcaracejos o Castro del Río permanezcan cerrados, ni que más de una treintena de instalaciones abran únicamente determinados días por falta de personal”, ha manifestado, para apuntar que “la seguridad de los cordobeses no puede depender de los pactos políticos de Pedro Sánchez”.

Igualmente, Casanueva ha reiterado “el compromiso del PP con la Guardia Civil y con los municipios de la provincia”. “Vamos a seguir defendiendo que quienes velan por la seguridad en los pueblos, en el campo y en las carreteras puedan desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles, con los medios y las infraestructuras que merecen”, ha mantenido.

El Gobierno municipal del PP de Córdoba ha trasladado al Grupo Socialista en el Ayuntamiento que no tiene competencias para intervenir en la controversia sobre el empadronamiento del presidente de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, Francisco Franco (Vox), cuya residencia efectiva ha sido cuestionada por un vocal de la oposición.

Así lo ha explicado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, después de que el asunto fuera abordado este miércoles en una comisión municipal, al hilo de la publicación de este periódico. La polémica surge tras la denuncia presentada por el vocal socialista de la ELA José Antonio Arenas, quien solicita al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que se investigue si el alcalde pedáneo mantiene realmente su residencia habitual en Encinarejo, condición que considera imprescindible para seguir ejerciendo el cargo.

Según ha señalado Hurtado en sus redes sociales, la respuesta obtenida por parte del Gobierno municipal fue que el Ayuntamiento de Córdoba “no puede hacer nada” respecto a esta cuestión, pese a que la denuncia iba dirigida expresamente al alcalde de la capital, José María Bellido. El dirigente socialista ha cuestionado esa interpretación y sostiene que el Consistorio sí dispone de mecanismos para actuar cuando existen dudas sobre la veracidad de una inscripción padronal.

“Estar empadronado en la Entidad Local Autónoma es uno de los requisitos para poder ser elegido vocal o presidente de la ELA”, ha recordado Hurtado, quien considera que la posición mantenida por el Gobierno local no se ajusta a las competencias que la legislación atribuye a los ayuntamientos en materia de gestión del padrón municipal.

El portavoz socialista argumenta que la gestión censal es una competencia compartida entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los ayuntamientos, y recuerda que las administraciones locales realizan habitualmente procesos de depuración del padrón cuando reciben denuncias o detectan posibles irregularidades. En este sentido, Hurtado señala que existe un procedimiento de baja de oficio para aquellos casos en los que el Ayuntamiento detecta que una persona ya no reside en el domicilio donde figura empadronada o cuando se desconoce su paradero.

Según explica, durante estos expedientes se pueden realizar inspecciones por parte de la Policía Local o de personal municipal con el objetivo de comprobar la residencia efectiva del interesado. Posteriormente se abre un trámite de audiencia para que la persona afectada pueda presentar alegaciones antes de que se adopte una resolución definitiva. Para el PSOE, estos mecanismos acreditarían que el Ayuntamiento sí dispone de herramientas administrativas para comprobar la situación denunciada en Encinarejo.

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha criticado este lunes “la nueva muestra de improvisación del gobierno local del PP en materia turística tras conocerse en el consejo rector del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) la participación de Córdoba en la feria internacional de turismo de lujo 'Emotions Madrid 2026' por 12.100 euros, un evento que comienza este lunes y al que acudirán la presidenta del ente y el director gerente en funciones sin que exista constancia de una estrategia previa, objetivos medibles o un trabajo técnico que justifique la inversión”.

En una nota, González ha recordado que durante el último consejo rector solicitó expresamente la documentación y el trabajo previo realizado por el Imtur para “fundamentar la apuesta por el turismo de lujo y la participación en este evento, una petición que cinco días después continúa sin respuesta”.

“El evento comienza este lunes y seguimos sin recibir ni un solo documento que justifique esta decisión”, ha advertido, para apuntar que “si existe una estrategia, no la conocen ni los miembros del consejo rector”. “Y si no existe, estaríamos ante otro viaje organizado sin planificación previa y sin un trabajo serio detrás”, ha afirmado.

La edil socialista ha señalado que “la propia memoria justificativa del expediente dedica varias páginas a explicar qué es la feria, quién asiste o cuáles son sus características, pero no concreta qué pretende conseguir Córdoba con su participación”.

“No aparece ningún objetivo cuantificable, ningún mercado prioritario, ninguna previsión de retorno, ningún indicador de evaluación, ni ninguna explicación sobre cómo se seleccionarán los contactos que realmente puedan aportar valor a la ciudad”, ha remarcado, para agregar que “se justifica perfectamente por qué existe el evento, pero no por qué Córdoba va ni qué espera conseguir allí”.

“El mismo esquema”

González considera “especialmente llamativo que, una vez más, la representación municipal recaiga exclusivamente en cargos políticos y directivos, repitiendo el mismo esquema que ya se produjo en el viaje promocional a Miami, mientras los técnicos especializados del organismo vuelven a quedar al margen”.

“Resulta difícil entender que se hable de establecer relaciones comerciales estratégicas y generar oportunidades para el sector turístico cordobés sin contar con los profesionales técnicos que deben desarrollar, dar seguimiento y evaluar ese trabajo”, ha manifestado, precisando que “el Imtur está a punto de culminar la incorporación de una nueva gerencia, lo que hace todavía más incomprensible que no exista una planificación que garantice continuidad y coherencia en las actuaciones que se emprenden”.

La concejal socialista ha recordado además que “el caso de 'Emotions Madrid' no es una excepción, sino que responde a una forma de actuar que se está convirtiendo en habitual”.

“Hace meses solicitamos toda la información relativa al viaje realizado a la Feria de Sevilla en Miami, incluidos los costes asumidos, los contactos mantenidos, los resultados obtenidos y el retorno generado para Córdoba, y a día de hoy seguimos sin recibir esa información”, ha abundado la edil, quien ha reprochado que “primero viajan y después ya se verá si alguien explica para qué ha servido”.

Para el PSOE, “esta falta de transparencia impide conocer si las acciones promocionales que financian los cordobeses están generando algún beneficio real para la ciudad o responden simplemente a una política de presencia institucional sin planificación ni evaluación”.

“Lo preocupante no es acudir a una feria internacional, sino hacerlo sin una estrategia conocida, sin objetivos medibles y sin mecanismos que permitan comprobar después si la inversión pública ha dado resultados”, ha advertido, para expresar que “cuando una administración no puede enseñar el trabajo previo, no puede explicar los objetivos y tampoco puede acreditar los resultados de actuaciones anteriores, deja de hablarse de promoción turística para empezar a hablar de improvisación”.

“Disminución del gasto medio”

Asimismo, González ha apuntado que “los propios datos oficiales reflejan una disminución del gasto medio de los visitantes que llegan a Córdoba, precisamente uno de los indicadores que el gobierno municipal asegura querer mejorar mediante este tipo de acciones promocionales”.

Según ha expuesto, “el modelo turístico del gobierno de Bellido parece consistir en sumarse a todos los eventos que aparecen en el calendario, aprobar el gasto correspondiente y desplazarse allí sin una estrategia conocida”, cuando “Córdoba necesita planificación, objetivos claros y rendición de cuentas”, ha defendido, para apostillar que “no puede permitirse seguir financiando una agenda de viajes sin que nadie explique qué resultados obtiene la ciudad a cambio”.

Ante ello, la concejal del PSOE ha exigido al gobierno municipal que “haga pública la documentación que sustenta esta acción promocional, los objetivos concretos que persigue en 'Emotions Madrid' y los indicadores con los que piensa evaluar sus resultados”, al tiempo que ha reclamado “la información pendiente sobre el viaje a Miami que el PSOE lleva meses esperando”.

En su opinión, “si el gobierno municipal está convencido de que estas acciones son útiles para Córdoba, debería ser el primero en explicar qué planificación existe, qué resultados espera obtener y qué beneficios concretos recibe la ciudad”, pero “no puede pedirnos un acto de fe cada vez que aparece una nueva feria o un nuevo viaje”, ha trasladado.