El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) llevará al Consejo Rector del próximo martes el expediente para la construcción y explotación de la nueva Instalación Deportiva Municipal (IDM) Juventud, un proyecto que combinará inversión privada y apoyo municipal para reforzar la red de equipamientos deportivos de la ciudad. La actuación se desarrollará mediante un contrato de concesión de obra y explotación que contempla la redacción del proyecto, la construcción de la instalación y su posterior gestión integral.

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha destacado que “este expediente es el resultado de meses de un intenso y riguroso trabajo técnico desarrollado por el personal del Instituto, que ha abordado con la máxima solvencia una tramitación especialmente compleja por su exigencia jurídica, económica y administrativa”. Asimismo, ha subrayado que “la nueva IDM Juventud ha sido una prioridad desde el primer momento, porque somos conscientes de que se trata de una instalación muy demandada por la ciudadanía y necesaria para seguir fortaleciendo la red deportiva municipal”.

El pliego establece un plazo máximo de 20 meses para la ejecución de las obras, con posibilidad de reducción hasta un mínimo de 12 meses como criterio valorable en la adjudicación. A este periodo se suman aproximadamente seis meses de tramitación administrativa (licencias, actas y autorización de apertura), tras los cuales la instalación podrá abrir sus puertas al público. El plazo para la presentación de ofertas será de 45 días naturales desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (DOUE).

Para garantizar la viabilidad económica del proyecto y mantener tarifas accesibles para la ciudadanía, el Imdeco realizará una aportación máxima de 1.250.000 euros (IVA incluido) destinada a financiar parcialmente la construcción. El pago se realizará en dos fases: un 50% en 2027, una vez certificada la ejecución del 50% de la obra, y la otra mitad en 2028, tras la certificación del 100% de los trabajos. Esta financiación pública tiene como objetivo equilibrar la concesión y permitir que los precios de uso estén regulados por el Imdeco, situándose por debajo de los estándares habituales del mercado privado.

El contrato de concesión tendrá una duración máxima de 21 años, aunque los licitadores podrán proponer una reducción hasta un mínimo de 13 años, aspecto que también será objeto de valoración.

Al término del periodo concesional, la instalación revertirá al Imdeco en pleno funcionamiento y sin coste adicional para la administración.

La empresa adjudicataria deberá abonar al Imdeco un canon mínimo anual de 24.000 euros, cantidad que podrá mejorarse al alza en las ofertas presentadas. El modelo establece que la prestación del servicio deportivo será una tarea crítica no subcontratable, garantizando la responsabilidad directa del concesionario en la gestión. Además, el contrato incorpora exigencias en materia de igualdad de género, cumplimiento laboral, control financiero y estándares de calidad y mantenimiento.

La instalación contará con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, repartidos en dos plantas con terraza, que albergará unos diez espacios deportivos, entre los que se encuentran sala fitness, piscina cubierta, salas polivalentes para actividades grupales y zona exterior con pistas de padel y espacio cross training.

El Ayuntamiento de Córdoba, en manos del PP, ha denegado la proyección en un centro cívico municial del documental Salud no responde, impulsado por la Marea Blanca, un acto que ha sido calificado como “censura” por parte del concejal de IU, José Carlos Ruiz.

Desde el Consistorio, sin embargo, rechazan las acusaciones, ya que el acto no ha sido suspendido, sino que se nunca se llegó a autorizar, dado que, entre los organizadores de la proyección estaba la Asamblea Local de IU en Villarrubia. “Los centros cívicos no se pueden utilizar con fines políticos, sindicales ni religiosos”, argumentan desde el Ayuntamiento de Córdoba (una cuestión que lleva años a debate, ya que, desde la llegada del PP, se cede un centro cívico a una hermandad para su salida procesional).

Además, desde el Gobierno municipal del PP recuerdan que la proyección del documental ya ha sido suspendida en Sevilla por la Junta Electoral de Zona, si bien, a pesar de las preguntas hechas por este periódico, no han precisado si han solicitado ellos la intervención de la Junta Electoral de Córdoba para justificar la negativa.

Por su parte, Ruiz ha señalado directamente al alcalde de Córdoba, José María Bellido, acusándolo de “intentar tapar una realidad incómoda”, en referencia al deterioro de la sanidad pública andaluza. En su valoración, impedir la exhibición del documental supone “reconocer que existen responsabilidades políticas” en la situación actual del sistema sanitario.

El concejal de Izquierda Unida también ha criticado la postura del regidor, al que acusa de “anteponer intereses partidistas” y de actuar alineado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en lugar de atender las demandas vecinales. “Se está dejando de lado la defensa de un derecho fundamental como es la sanidad pública”, ha afirmado.

Pese a las prohibiciones, Ruiz ha asegurado que tanto la Marea Blanca como los profesionales sanitarios y la ciudadanía continuarán denunciando la situación. “La sanidad pública no se censura, se defiende”, ha concluido.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha denunciado la situación de desamparo que, a su juicio, sufren los municipios debido a la regularización a los migrantes que ha permitido el Gobierno de España. Torrico ha calificado de “cinismo extremo” las críticas del grupo socialista local, encabezado por Antonio Hurtado, al considerar que se está responsabilizando al Consistorio de una situación que no es de su competencia.

Según el portavoz popular, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha enviado este “embolado” a los ayuntamientos de toda España sin proporcionar instrucciones claras sobre cómo abordarlo en el futuro. Torrico ha subrayado la falta de medios materiales y económicos previstos para desarrollar la atención necesaria, criticando que ni siquiera se haya informado sobre posibles compensaciones futuras por estos gastos extraordinarios.

En sus declaraciones, Torrico ha hecho especial hincapié en la “absoluta falta de lealtad institucional” del Gobierno de España, asegurando que no ha existido comunicación previa ni ningún tipo de coordinación para afrontar la regularización de migrantes en la ciudad. “Es el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha generado esta situación complicada”, ha reiterado el portavoz, señalando que el Ayuntamiento está respondiendo con sus propios recursos de la “mejor manera posible” a pesar de no ser una competencia propia.

Respecto a las colas generadas para realizar estos trámites, Torrico ha pedido a los cordobeses que tengan claro que esta es una situación provocada por el Gobierno Central. Asimismo, el portavoz ha comparado estas esperas con las que habitualmente se producen en las comisarías para la tramitación de documentos como el DNI o el pasaporte, restándoles excepcionalidad pero insistiendo en que los ayuntamientos están obligados a responder “sin ningún tipo de recurso” aportado por el Estado.

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), presidido por Daniel García-Ibarrola, ha aprobado hoy la adjudicación del contrato para la ejecución de actuaciones integrales de mantenimiento, mejora y conservación de las infraestructuras del ciclo integral del agua, una de las principales obras que impulsará en los próximos años.

Este contrato, estructurado en cuatro lotes y con una inversión global superior a 30,5 millones de euros, permitirá reforzar de manera integral el mantenimiento de las redes, instalaciones y sistemas asociados al abastecimiento y saneamiento en la ciudad durante los próximos cuatro años. García-Ibarrola ha destacado que esta actuación “responde a la necesidad de garantizar el correcto estado y funcionamiento de las infraestructuras del ciclo del agua, permitiéndonos anticiparnos a incidencias, mejorar la eficiencia y garantizar un servicio público de máxima calidad”.

En concreto, el consejo ha propuesto la adjudicación del lote correspondiente a redes e infraestructuras del ciclo integral a la empresa Acsa Obras e Infraestructuras, mientras que el mantenimiento integral de las instalaciones fijas recaerá en Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía. Por su parte, la rehabilitación de la red de alcantarillado será ejecutada por la UTE Magtel e Insituform, y los trabajos de limpieza e inspección de redes por FCC Aqualia. Todos los contratos cuentan con un plazo de ejecución de 48 meses, lo que permitirá planificar de forma continua las actuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

En el ámbito de la transformación digital, el consejo de administración ha aprobado asimismo el inicio del expediente para la migración del sistema ERP corporativo a una solución en la nube, una actuación estratégica que permitirá mejorar la gestión interna y la integración de los distintos procesos de la entidad.

García-Ibarrola, por último, ha subrayado que “Emacsa continúa avanzando en la modernización y digitalización de sus infraestructuras, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora continua del servicio, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un sistema cada vez más eficiente, sostenible y preparado para el futuro”.

El Consejo de Distrito Noroeste ha criticado la negativa del alcalde, José María Bellido, a mantener una reunión con este órgano de representación vecinal para abordar el proyecto de la Ronda Norte, por lo que denuncian “trato discriminatorio”y “desatención total hacia la famosa participación ciudadana de la que hace gala esta Corporación”.

Así lo exponen en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, en la que recuerdan que el Consejo de Distrito Noroeste, constituido por las asociaciones de esta zona de la ciudad, es el órgano de participación ciudadana legalmente constituido y reconocido por el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.

En la junta del Consejo de Distrito del 27 de noviembre de 2025 se acordó, por unanimidad, la solicitud de una reunión con el alcalde “para trasladarle el sentir del distrito en relación con el proyecto de la Ronda Norte y conocer las soluciones planteadas por el Ayuntamiento a raíz de los restos arqueológicos encontrados en la traza de las obras del mencionado proyecto”, explican.

“La solicitud de la mencionada reunión, tramitada a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, recibió respuesta el día 24 de febrero de 2026 siendo su sentido denegatorio y sugiriendo, cordialmente, que la misma sea solicitada a la Delegada Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba”.

Por ello, y trasladada dicha respuesta negativa del alcalde al Consejo de Distrito, este aprobó por unanimidad en la junta ordinaria del pasado 9 de abril la redacción y difusión de esta nota de prensa, “dando a conocer a la ciudadanía de Córdoba el trato discriminatorio y la desatención total hacia la famosa participación ciudadana (en este caso representada por el Consejo de Distrito Noroeste) de la que hace gala esta Corporación”.

Señalan que el encuentro se solicitó “para dar cumplimiento a algo tan sencillo como mantener una reunión con los representantes del Consejo de Distrito Noroeste con objeto de informar, ambas partes, la postura respecto a una obra de la envergadura de la autovía A-3050 en el tramo de la Ronda Norte de Córdoba, que tanta trascendencia puede tener para el distrito Noroeste y para toda la ciudad. Y no solamente por el tipo de obra cuya repercusión no se ha terminado de cuantificar, sino también, por la gran relevancia de los restos arqueológicos encontrados a la luz de los estudios de reconocidos profesionales en esta materia”, concluyen.

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha exigido este martes al equipo de gobierno del PP que “recupere y retome de manera urgente” el Plan Integral de Las Palmeras, en línea con la intervención realizada en el Pleno municipal y con el trabajo que “durante años desarrollan los propios vecinos del barrio”.

Desde la coalición se ha subrayado en una nota que “el Plan Integral no es una propuesta improvisada, sino el resultado de un diagnóstico riguroso elaborado por los propios vecinos junto a la asociación vecinal, que han sido quienes realmente han sostenido las iniciativas en el barrio”.

Hacemos ha puesto en valor que “actuaciones como la elaboración del libro de la historia del barrio o distintas iniciativas sociales han salido adelante única y exclusivamente gracias al esfuerzo vecinal, evidenciando que el compromiso político ha sido inexistente durante todo este tiempo”.

En este sentido, han señalado que “el único respaldo institucional que está recibiendo el barrio en los últimos años proviene de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Loyola, que sí apuestan por el desarrollo y la mejora de Las Palmeras”, frente a “la inacción del alcalde”.

La coalición ha recordado además que “hasta en tres ocasiones se han aprobado mociones relacionadas con este plan, dos de ellas por el actual equipo de gobierno y una cuando estaba en la oposición”, denunciando que “a día de hoy no se ha materializado absolutamente nada, lo que demuestra una falta total de voluntad política”.

Asimismo, Hacemos ha criticado que “ni siquiera exista disposición al diálogo por parte del gobierno municipal”, señalando que “los vecinos han remitido varios correos solicitando reuniones, tanto al Ayuntamiento como a responsables municipales, sin obtener respuesta alguna, lo que refleja una falta de respeto hacia el barrio y hacia sus representantes”.

Desde la coalición han remarcado que “la asociación vecinal actúa como representación institucional legítima del barrio, elegida por los propios colectivos de Las Palmeras, y aun así sigue siendo ignorada por el gobierno municipal”.

Ante ello, Hacemos ha reiterado que “no se puede seguir dando la espalda a un barrio que acumula décadas de vulnerabilidad, exclusión y falta de oportunidades”, y ha exigido que “se retome de inmediato el Plan Integral, se escuche a sus vecinos y se sitúe a Las Palmeras como una prioridad real en la acción política municipal”.

Facua Córdoba ha presentado una denuncia ante la Cámara de Cuentas de Andalucía por “el mantenimiento del cobro de la tasa municipal prevista para la celebración de matrimonios civiles en el Alcázar de los Reyes Cristianos, pese a que dichas ceremonias no se celebran finalmente en ese enclave”.

En una nota, la organización de consumidores ha explicado que “según la información trasladada por el propio Ayuntamiento, en diversos casos las ceremonias inicialmente previstas en el Alcázar han sido trasladadas unilateralmente a otros espacios, como el Palacio de Orive o incluso dependencias de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía situadas en Capitulares, manteniéndose íntegramente el importe de la tasa correspondiente al Alcázar”.

En su escrito, Facua solicita que “la Cámara de Cuentas valore la adecuación a derecho del cobro de la tasa cuando la boda no se celebra en el enclave previsto en la ordenanza que la regula, la existencia de cobertura normativa suficiente del ingreso exigido, la posible aplicación generalizada de este criterio en otros expedientes y, en su caso, la procedencia de actuaciones dentro de sus competencias de fiscalización”.

La asociación considera que “esta práctica podría carecer de cobertura normativa suficiente, ya que la Ordenanza Fiscal número 115 establece expresamente como hecho imponible gravado la celebración de matrimonios civiles en dos ubicaciones concretas: el Alcázar de los Reyes Cristianos (cien euros) y el edificio municipal de Capitulares (50 euros)”.

Sin embargo, agrega que “la ordenanza no contempla otros espacios alternativos distintos, lo que podría suponer una alteración de los elementos esenciales del hecho imponible definidos en la normativa tributaria municipal y, mucho menos, en edificios de la Junta de Andalucía”.

Según la documentación remitida a Facua por el Consejo Económico-Administrativo municipal, “se justifica el mantenimiento del cobro en la existencia de gastos organizativos asociados al evento --flores, música o personal de protocolo--, sin identificar preceptos concretos de la Ordenanza Fiscal nº115 que permitan exigir la tasa fuera del supuesto expresamente previsto”.

La asociación recuerda que, “conforme al artículo 8 de la Ley General Tributaria y al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tributos sólo pueden exigirse cuando el hecho imponible esté claramente definido en la correspondiente ordenanza fiscal”.

“Posible afectación a la ciudadanía”

Así, Facua ha solicitado a la Cámara de Cuentas de Andalucía que “analice si este criterio administrativo podría haberse aplicado también en otros expedientes similares, con posible incidencia general sobre los derechos económicos de la ciudadanía”.

Además, considera “especialmente relevante verificar la legalidad del mantenimiento del cobro en supuestos en los que la ceremonia ha sido trasladada a espacios ajenos al patrimonio municipal”.

Igualmente, la asociación señala que plantea dicha iniciativa “en defensa del principio de legalidad tributaria y de los derechos económicos de la ciudadanía, habiéndose dado traslado también de estos hechos a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento y a la Intervención General del Consistorio”.

La asociación EnArbolando Córdoba ha informado de la presentación de una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Córdoba a diversas solicitudes relacionadas con la reposición de arbolado urbano en la ciudad.

Según señala en un comunicado, la entidad denuncia una situación de inactividad administrativa tras haber registrado tres escritos en fechas 26 de diciembre de 2024, 26 de enero de 2025 y 27 de junio de 2025, en los que solicitaba la plantación de un total de 683 árboles en distintos barrios de Córdoba, así como mejoras en el diseño de alcorques.

Según la asociación, pese al tiempo transcurrido, no se ha recibido ninguna respuesta por parte del Consistorio ni comunicación sobre el estado de tramitación de estas propuestas. Esta falta de contestación, señalan, podría suponer un incumplimiento de la obligación legal de resolver expresamente los procedimientos administrativos, recogida en la normativa vigente.

EnArbolando Córdoba destaca que sus solicitudes se enmarcan en la participación ciudadana en materia ambiental, orientada a la mejora del arbolado urbano y la calidad de vida en la ciudad. La ausencia de respuesta, indican, impide conocer la planificación municipal en este ámbito y limita el ejercicio efectivo de estos derechos.

A través de la queja presentada, la asociación solicita al Defensor del Pueblo Andaluz que recabe información del Ayuntamiento de Córdoba sobre la tramitación de los escritos presentados, evalúe la posible existencia de inactividad administrativa y recuerde a la administración local su deber legal de responder a las solicitudes de la ciudadanía.

La asociación reitera su disposición al diálogo y a la colaboración con las instituciones para avanzar en la mejora y protección del arbolado urbano de Córdoba.

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha advertido este martes de “un poco de complicación” en la tramitación de la regularización de inmigrantes con unas 420 solicitudes en un par de días, cuando en todo el año 2025 se registraron 340, después de que “el Ministerio ha hecho un decreto ley y es importante que cuando se hacen estas cosas se cuente también con los ayuntamientos, que es donde va al final a recaer este trabajo”.

En rueda de prensa para informar sobre el Concurso de Cruces de Mayo en los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, la concejal ha asegurado que “el problema es que esta ley ha venido a traer más incertidumbre, tanto a los propios usuarios, que están en muchos casos muy nerviosos, porque se les ha dado dos meses solamente para hacer esta regularización y no saben muy bien dónde acudir, si a los ayuntamientos o a las entidades sociales”.

Mientras que “dentro del propio Ayuntamiento, se está dando una media de 300 citas diarias, un número importante de atenciones, que es además rápido”, y aunque “se forman colas”, las citas son “atendidas rápidamente y no hay ningún problema”, ha aseverado.

Según ha detallado, “en los Servicios Sociales se hacen las peticiones para saber cómo tienen que solicitar el informe de vulnerabilidad”, si bien “el problema es que en los últimos días ha habido un cambio en el propio reglamento que han mandado”, dado que “primeramente se hablaba de un informe de personas vulnerables y ahora se habla de un certificado de personas vulnerables, que parece que es lo mismo, pero no, porque cambia quiénes firman ese certificado”.

“Para el informe de personas vulnerables, que es lo que habitualmente se da en los Servicios Sociales cuando cualquier usuario de Servicios Sociales viene a solicitarlo, hay una historia social de esa persona, la trabajadora social evalúa y da ese informe”, ha detallado.

Sin embargo, ha apuntado que “en este momento hay dos situaciones”, de manera que “una es que llegan personas de las que no hay constancia en los Servicios Sociales, con lo cual ya la trabajadora social tiene que hacer un informe sobre una situación que no conoce, y además, al ser un certificado, no es que lo tiene que firmar la trabajadora social, sino un secretario del Ayuntamiento”.

Por tanto, ha remarcado que “ahora mismo hay mucho descontrol, no solamente a nivel nacional”, al tiempo que ha comentado que este lunes en las jornadas de Servicios Sociales que se realizaron en Córdoba a nivel de toda Andalucía era “un clamor de todos los trabajadores sociales de pueblos pequeños, de ciudades más grandes, de diputaciones”, que “no saben muy bien cómo actuar ante una situación de una persona que viene a pedir un certificado y que no conoces”.

En su opinión, “por lo pronto el Ministerio ha sacado un proyecto muy bonito en sus papeles, pero está trayendo mucha incertidumbre tanto a los ayuntamientos y las diputaciones, como, sobre todo, a los usuarios”, de manera que cree que “trae mucha desazón, porque son personas que están en una situaci que se les está dando unas perspectivas que luego no sabes cómo tienes que realizar”.

Al respecto, ha abundado en que son personas que “no hay ninguna empadronada”, sino que “están de forma irregular”, al tiempo que ha augurado que las peticiones “se van a seguir multiplicando”, y teniendo en cuenta que “no se sabe si son personas que están ya arraigadas en Córdoba o que están llegando de otros sitios”.

Además, la edil ha indicado que se van a reunir con las entidades sociales para “ceder, si necesitan incluso espacios, para trabajar”, pero “es una ley muy improvisada”, ha remarcado, subrayando que “hablamos de personas, muchas de ellas en situaciones muy extremas”.

Así, ha defendido “hacerlo bien y pensar en las personas, pero también en los ayuntamientos, que es donde va a recaer esta carga de trabajo para también, como se hace con otro tipo de proyectos y programas, reforzar los ayuntamientos o las entidades con las que se va a trabajar”, advirtiendo de “la avalancha” que ha llegado “de pronto”.

Y ha recordado que “cuando se ponen en marcha otro tipo de trabajos, por ejemplo, con la Junta de Andalucía o a veces incluso con el Ministerio, lo normal es que si se prevé que va a haber un exceso de trabajo o un incremento, se amplíe o refuerce la plantilla con personal especializado en ese ámbito y con dotación económica para esa contratación”. A su juicio, “es también una estrategia política”.

El Sindicato Independiente de la Policía Local y Bomberos (Siplb) y UGT se han referido hoy a la respuesta dada por el gobierno municipal para abonar en el mes de mayo los impagos de horas extras por eventos trabajados que se les debe a los agentes y señalan que “el compromiso firme era cerrar cuentas en abril”.

Así lo ponen de manifiesto ambos sindicatos en un comunicado en el que señalan que, aunque la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, afirmara este lunes “que el compromiso era mayo, la grabación del Pleno frente a la consulta de Vox pública y demoledora: el compromiso firme era cerrar cuentas en abril”, sostienen sobre la respuesta dada entonces.

De hecho, critican que “la palabra de este equipo de gobierno no vale nada” y desgranan las fechas en las que se iban a pagar los abonos de horas extras atrasados: diciembre de 2025 “fecha original prometida”, marzo de 2026 “nuevo plazo tras el primer retraso”, abril de 2026 según se dijo en el Pleno y ahora mayo de 2026 “la nueva fecha oficial que ahora nos venden”.

Los sindicatos recuerdan que “nos adeudan las productividades de todo el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre). No solo arrastran los eventos del 2025 (Media Maratón, Magna, subida del gobierno, Apagón, Navidad), si no que del 2026 todas las horas del año”. Por ello, han aconsejado a los agentes a no presentarse voluntariamente a realizar horas extras en el próximo evento de las Cruces de Mayo.

Desde este lunes se repiten las colas a las puertas de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, en Córdoba, en las que decenas de migrantes esperan para hacerse con toda la documentación necesaria para su regularización, un proceso que se ha iniciado esta semana; una espera que se prolonga durante toda la noche.

Según ha denunciado el portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, la situación este martes ha vuelto a ser crítica. La fila de ciudadanos esperando ser atendidos se extendía nuevamente desde la sede de este edificio municipal hasta la confluencia con la calle Gondomar. Ante ello, Hurtado ha criticado la “irresponsabilidad” del gobierno municipal por no haber previsto el colapso.

La precariedad de la situación queda reflejada en testimonios recogidos en la propia cola. A través de la red social X, Hurtado ha señalado el caso de una mujer que, para asegurar su turno, se encontraba esperando desde las “20:30” de este lunes.

El portavoz socialista ha utilizado esta red social para denunciar que su formación lleva “un mes avisando de lo que podía pasar” sin que se tomaran medidas preventivas. “Ni caso. Son unos auténticos irresponsables”, sentenció el portavoz, subrayando que la falta de previsión ha provocado una situación que afecta tanto a los migrantes que buscan regularizar su situación como al normal funcionamiento de los servicios ciudadanos.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado a la Fundación Adsam el contrato millonario con el que el Consistorio busca la integración de las familias gitanas romaníes que viven en los diferentes asentamientos repartidos por la capital. La entidad se ha hecho con este contrato tras presentar una oferta más rebajada de la licitación que presentó el Ayuntamiento e incluir dos mejoras con respecto del pliego.

En total, el proceso ha contado con la presentación de tres ofertas y el contrato, inicialmente, estaba valorado en 1,24 millones de euros para dos años. En cuestión de mejoras económicas, la de Adsam se ha situado entre la oferta con el precio más bajo y la del precio más alto. La segunda cuestión que la Mesa de Contratación ha tenido en cuenta es que esta fundación ha incluido una actividad de jornada de convivencia que incluye comida, bebida y traslado para las personas participantes, y 100 horas adicionales por año de contrato con flexibilidad en la disponibilidad.

La intervención se articulará a través de un programa integral que contempla actuaciones de atención social individual y familiar, intervención educativa en medio abierto, mediación social, acompañamiento a recursos normalizados y trabajo comunitario en los propios asentamientos. El objetivo principal es prevenir y reducir la exclusión social, proteger los derechos de la infancia y favorecer la integración social de los menores y sus familias.

El servicio se desarrollará mediante dos dispositivos principales: una Unidad de Intervención Social de Calle, integrada por profesionales del trabajo social, la educación social y la interpretación de lengua rumana, y una Unidad de Seguimiento Educativo en Medio Abierto, centrada en la prevención del absentismo escolar, el seguimiento individualizado de los menores y el apoyo a las familias en su relación con los centros educativos.

Entre las áreas de actuación del programa se incluyen la intervención socioeducativa, la prevención de la mendicidad y de la explotación laboral infantil, la mejora de las condiciones de los asentamientos, el acceso a la atención sanitaria, la orientación sociolaboral, la regularización de la documentación administrativa y la atención personal y familiar. Todas las actuaciones se coordinarán desde la Unidad de Menores y Familia de la Delegación de Servicios Sociales, en colaboración con los servicios sociales comunitarios.

El servicio se ejecutará tanto en los asentamientos como en centros educativos, recursos sociales y un local de referencia dentro del término municipal de Córdoba, y contará con un horario flexible adaptado a las necesidades del programa y de la población atendida.

Dónde se encuentran los asentamientos

Según los datos de referencia de hace casi un año, en la ciudad existen en torno a 17 asentamientos informales, en los que están censadas unas 461 personas, de las cuales 233 son mujeres y 228 hombres, si bien el propio Ayuntamiento advierte de que se trata de una población con un alto grado de movilidad. Estos asentamientos se localizan en distintos puntos del término municipal y se distribuyen por varias zonas de la ciudad. En la zona norte se sitúa el asentamiento de la glorieta Duncan Shaw. En el distrito Levante se concentran siete núcleos, ubicados en Paco Natera, Molino de los Ciegos —en la zona del arroyo y el cortijo—, Choza del Cojo, glorieta Louviere-Carrefour, la gasolinera de Carlos III, el puente de Asland y la avenida de Libia.

En la periferia se localiza el asentamiento de Las Quemadillas, mientras que en la Fuensanta se contabilizan cinco enclaves: Camino Carbonell, Camino de la Barca —con tres zonas diferenciadas—, Lope García, Casa Maná y Paso Canadiense, este último con dos áreas distintas. A estos se suman los asentamientos del Cordel de Écija, en la zona sur; Castelló d’Empúries, en Poniente Sur; y Las Setas, en el distrito Noroeste.

Estas familias residen en construcciones precarias levantadas en suelo no urbanizable, sin condiciones mínimas de habitabilidad, sin suministro regular de agua potable ni electricidad y con importantes problemas de salubridad y seguridad.

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Mujer y Salud: Salud Integral con Perspectiva de Género', una iniciativa que se extiende desde abril hasta junio de este año y que busca abordar el bienestar de las mujeres desde una dimensión física, mental y social.

Según ha informado el Consistorio, el programa destaca por su variedad de temáticas, diseñadas para responder a las necesidades específicas de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. Entre las actividades principales se incluyen talleres sobre alimentación saludable, etiquetado nutricional y gestión integral de la menopausia impartidos por personal experto en enfermería y nutrición.

Igualmente, charlas sobre higiene del sueño, gestión del dolor y bienestar emocional para afrontar los retos cotidianos; así como sesiones dedicadas al cuidado del suelo pélvico, impartidas por fisioterapeutas de los centros de salud de la ciudad. El programa también apuesta por el arte como herramienta para abordar otros contenidos relacionados con la salud femenina.

Esta iniciativa es fruto de un trabajo transversal en el que participan diversas delegaciones municipales, entidades y colectivos, entre ellas, además de Igualdad, las delegaciones de Participación Ciudadana, Salud y Consumo-Salud Pública y Cultura y Patrimonio Histórico.

También están implicadas Cultura en Red, la Red Municipal de Bibliotecas, la Red de Igualdad del distrito Sur, la Coordinadora de Mujeres del Distrito Sur, la Comisión de Género de Poniente Sur, la Unidad de Suelo Pélvico Hospital Reina Sofía, la Asociación de Mujeres Amudevi, la Asociación de Mujeres Talía, la Asociación Vecinal Nuestra Señora del Rosario, la Asociación Vecinal Aquavetus, la Vocalía de la Mujer de la Asociación Vecinal La Viñuela y los centros de salud Guadalquivir, Córdoba-Centro, Poniente y Aeropuerto.

La mayoría de las actividades se llevan a cabo en los centros cívicos de la ciudad y son de entrada libre hasta completar aforo. Además, las actividades disponen de servicio de ludoteca, siendo necesaria inscripción previa con dos días de antelación a través del correo 'info.promocionigualdad@ayuncordoba.es'.

La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marián Aguilar, ha indicado que “este programa responde al objetivo de mejorar la calidad de vida de las ciudadanas poniendo el foco en una salud que entiende las particularidades de género” y ha agradecido “la importante y amplia colaboración para que este prograredacma siga su curso”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes la modificación de la ordenanza municipal por los servicios de higiene pública que prevé una subida del 2,2% en la tasa que cobra la empresa municipal de saneamiento, Sadeco.

La propuesta a la que se ha dado luz verde contó con el voto a favor del PP y el voto en contra del PSOE, Hacemos Córdoba y Vox en el consejo de administración de Sadeco y ahora tendrá que ser llevada al Pleno tras su aprobación por la Junta de Gobierno Local.

Así, sale adelante la propuesta de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por los servicios y actividades relacionados con la higiene pública y la sanidad y bienestar animal realizados por Sadeco.

La empresa municipal prevé que el incremento en la tasa en 2026 suponga unos 7,58 euros por vivienda al año (0,63 euros al mes).En el caso de los locales comerciales y negocios, la subida media prevista es de 5,50 euros al año (0,46 euros mensuales). La actualización afecta tanto a los servicios de recogida de residuos como a las tarifas de sanidad y bienestar animal.

La plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar solidariamente con casi 6.600 euros al propietario de una nave del polígono industrial La Torrecilla que resultó dañada por un eucalipto de titularidad pública.

Según la sentencia, el Ayuntamiento intentó inicialmente eludir su responsabilidad argumentando que los daños que sufrió la nave se debieron a rachas de viento superiores a 120 kilómetros por hora en octubre de 2023, lo que trasladaría la obligación de pago al Consorcio de Compensación de Seguros. Sin embargo, el fallo aclara que el origen de los desperfectos no fue un evento meteorológico puntual, sino el “vencimiento parcial y paulatino” de un eucalipto de grandes dimensiones que venía afectando a la finca desde el año 2018.

El magistrado fundamenta la condena en la “falta de mantenimiento y conservación de la vía pública” por parte de la administración local, señalando que los daños derivan del “crecimiento sin control y continuado” del árbol. Así, el eucalipto provocó un descuadre de la puerta de acceso al patio lateral debido al “empuje que sobre la estructura y pavimento” ejercían directamente el tronco y las raíces. Además, la caída masiva de hojarasca provocó la saturación de la red de desagüe de pluviales, lo que derivó en embolsamientos de agua, filtraciones y humedades en el techo de la planta primera de la nave.

El juez concluye que el Ayuntamiento pretendía imponer al ciudadano un deber de cuidado que “ella misma, por su parte, no ha observado”, incumpliendo su deber de diligencia en la conservación del arbolado. Además del pago de la indemnización, la aseguradora deberá abonar los intereses de demora y ambas partes cargarán con las costas del proceso, limitadas a 400 euros. La resolución es firme y no admite recurso ordinario.

La delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba y viceportavoz del gobierno municipal, Cintia Bustos, ha asegurado que mantienen “el compromiso de que en el mes de mayo nos pondríamos al día de pagos del año pasado” sobre las horas extras hechas por la Policía Local en eventos del año 2025.

Varios sindicatos, como el Sindicato Independiente de la Policía Local y Bomberos (Siplb), UGT y CSIF han llamado a los agentes a no hacer horas extras en las Cruces de Mayo de Córdoba para cubrir el dispositivo de seguridad de esta fiesta ante el retraso en los pagos por su trabajo en eventos del año pasado.

Ante esta situación, Bustos mantiene que el diálogo con los sindicatos es fluido y que el acuerdo al que se llegó “en enero, hace tres meses” era el de que los agentes no trabajarían este año un evento por el que aún no hubieran cobrado del año pasado. “Seguimos con nuestro compromiso firme de que se pague en mayo”, ha reiterado, recordando que a los policías se les deben las horas extras de eventos de 2025 como el Vía Crucis Magno, la Navidad o la Media Maratón, entre otros.

Preguntada sobre si está asegurada la presencia de los policías locales necesarios para cubrir el evento de las Cruces de Mayo, Bustos ha señalado desconocer cuántos agentes han solicitado hasta ahora trabajar en ese dispositivo especial haciendo horas extras.

Protestas de los sindicatos

Mientras tanto, los sindicatos han vuelto a denunciar la situación de impagos este mismo lunes. Desde CSIF aseguran que “no han recibido ninguna propuesta de Capitulares para valorar la situación de conflicto colectivo en negociación abierta. La falta de propuesta obliga a la sección sindical a mantener las medidas de presión solicitadas a sus afiliados, no afiliados y plantilla en general. Medidas que los trabajadores y trabajadoras están secundando mayoritariamente sin fisuras, no inscribiéndose en los servicios extraordinarios de las Cruces de Mayo de 2026”.

Asegura que “el catálogo de impagos es nutrido y amplio”, señalando la productividad del segundo semestre de 2025, horas extras de servicios extraordinarios como la Magna, media Maratón y Navidad, además de horas de enero y febrero del año 2026.

“No podemos tolerar que un acuerdo-convenio apenas recién aprobado sea incumplido perjudicando torticeramente a los que por medio de la fuerza de su trabajo hacen posible que los eventos y Servicios extraordinarios estén a la altura de lo esperado en el ámbito de la seguridad y proyección de la ciudad de Córdoba como referente de prestigio y destino turístico nacional e internacional”, argumentan.

Desde Siplb y UGt mantienen también las medidas de presión ante los impagos: “El dinero extraordinario se debe a un esfuerzo extraordinario. Y nuestra paciencia, que ha sido de dimensiones bíblicas, se ha terminado. Si no hay billetes, no hay eventos. Si no hay soluciones, no hay Cruces, advierten.

Los vecinos del barrio de San Basilio han denunciado públicamente la situación de abandono y peligro para la salud que presenta un solar ubicado en la calle Terrones. Mercedes Gil, residente de la zona desde hace dos décadas, ha alzado la voz y se ha dirigido a este periódico para explicar que lo que antes era un terreno vallado sin problemas se ha convertido en un foco de suciedad y una amenaza por la existencia de ratas para la seguridad de quienes transitan por esta calle peatonal. Un enclave muy conocido por los turistas que llegan a Córdoba debido a su tradicional Cruz de Mayo y a los numerosos Patios que hay.

Por un lado, el problema más grave que tienen los residentes de esta mítica zona es la proliferación de ratas atraídas por una maleza que, más de seis meses después de un desbroce, ya alcanza el metro de altura. Según ha explicado a Cordópolis Mercedes Gil, “las ratas pasean a su ancha, las vemos con mucha frecuencia”. A pesar de que los vecinos han agradecido y subrayado el trabajo realizado por Sadeco en las alcantarillas aledañas, la residente ha asegurado que el problema sigue estando dentro del terreno privado, donde la empresa municipal ahí no puede actuar.

La seguridad del solar

“Los vecinos hemos tenido que pagar una empresa que nos ponga cepos también a nosotros en nuestros patios porque se pasean. El nido está claramente ahí”, apunta una Mercedes que también pone su foco en la falta de mantenimiento para delimitar el solar del acerado. De hecho, este espacio tiene por su parte exterior unas vallas metálicas que, al juicio de los vecinos, están mal instaladas y oxidadas que, además, suelen volcarse sobre la calle cuando hace viento. “Las tenemos que colocar otra vez nosotros y atar porque si no estarían totalmente volcadas”.

Asimismo, el hecho de que tenga aperturas, pues ha provocado situaciones de riesgo. Según ha informado Mercedes, y durante el pasado verano, unos niños que jugaban en su interior iniciaron accidentalmente un incendio con una hierba seca. No fue necesaria la actuación de los bomberos, pero porque los vecinos salieron rápidamente de sus casas a pagar ese conato. Entretanto, los vecinos han advertido de que también hay cierto peligro por el estado de las vallas porque “están totalmente oxidadas”.

Este problema se incrementa cuando la calle Terrones se encuentra inmerso en un barrio como San Basilio, que es una zona de gran afluencia turística, sobre todo en la época de las Cruces de Mayo y en la Fiesta de los Patios. Por tanto, este solar ofrece una imagen de descuido notable. Es por ello que los vecinos han tratado de ponerse en contacto con los dueños de este espacio, pero desconocen su identidad, aunque sí que han realizado reclamaciones a organismos oficiales que, sin embargo, no han surtido efecto. “Hemos hecho reclamaciones a Urbanismo, Patrimonio, a la zona histórica y no responden”.

Además, Mercedes ha explicado que la solución no requiere una gran inversión por parte de los propietarios, pero sí tiene que haber voluntad de mantenimiento. “Es poner una tapia y cuidarlo un poco. Eso se tarda en desbrozar una hora. Es descuido, no otra cosa”, concluye.

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha concluido la campaña anual de recogida de naranja agria en la ciudad con un balance total de 1.379.000 kilogramos de fruto recolectado. Esta actuación se ha desarrollado sobre aproximadamente 27.000 naranjos distribuidos en más de 700 calles del término municipal, consolidándose como una de las acciones logísticas más relevantes que ejecuta la empresa pública a lo largo del año.

Aunque la previsión inicial estimaba alcanzar los 1,5 millones de kilogramos, la cifra final ha sido de 1.379 toneladas. Según los técnicos responsables del operativo, el principal factor que ha condicionado esta variación ha sido la climatología adversa registrada durante el invierno. Los episodios de lluvia intensa y viento provocaron la caída prematura de una parte significativa del fruto, especialmente aquel que se encontraba en un estado más avanzado de maduración.

Este volumen de naranja caída no ha podido contabilizarse como fruto recolectado dentro de la campaña, ya que fue retirado previamente por los equipos de limpieza viaria en el marco de sus labores habituales de adecentamiento urbano. En consecuencia, estos restos han sido gestionados como residuos de limpieza. No obstante, la campaña se ha desarrollado sin incidencias destacables desde su inicio el pasado 16 de enero, cumpliendo con los estándares de eficiencia y seguridad establecidos por la empresa.

El procedimiento aplicado ha seguido la línea de ejercicios anteriores, con una planificación por distritos que ha permitido optimizar los recursos disponibles. La naranja recogida ha sido transportada al Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC) Juan Revilla, donde se han realizado los pesajes correspondientes a cada porte. Una vez completada la campaña, el fruto ha sido extendido en distintas áreas acotadas del complejo como paso previo a su tratamiento.

En este sentido, Sadeco continúa avanzando en su estrategia de economía circular, transformando este residuo orgánico en compost de alta calidad. Este proceso permite convertir un subproducto en un recurso útil para sectores como la agricultura y la jardinería, reduciendo el impacto ambiental y evitando su depósito en vertedero.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha valorado positivamente el desarrollo de la campaña, subrayando que “nos encontramos ante una actuación compleja que requiere una importante capacidad organizativa y un alto grado de coordinación. A pesar de las dificultades derivadas de la climatología, el balance es satisfactorio y pone de manifiesto, una vez más, la profesionalidad y el compromiso de la plantilla de Sadeco”.

Asimismo, Ruiz Madruga ha querido destacar “la colaboración de la ciudadanía y el trabajo conjunto con la Policía Local, elementos fundamentales para garantizar el buen desarrollo de la campaña y minimizar las molestias en el día a día de los vecinos”.

Para llevar a cabo esta campaña, el presidente ha recordado que la empresa municipal ha movilizado un total de 77 operarios, organizados en seis equipos de trabajo y distribuidos en turnos de mañana y tarde. A este dispositivo humano se han sumado 11 barredoras, tres vibradores de tronco y ocho vehículos auxiliares, conformando un despliegue integral orientado tanto a la recogida del fruto como a la limpieza y acondicionamiento de la vía pública.

Para Miguel Ruiz Madruga, la recogida de naranja agria se consolida como un ejemplo de gestión eficiente de los recursos disponibles, combinando sostenibilidad, innovación y servicio público en beneficio de la ciudad de Córdoba.

La Batalla de las Flores del próximo 26 de abril volverá a tirar el mismo número de claveles que en 2024. Después de que el pasado año se arrojaran al público más de 100.000 flores con motivo del 110 aniversario de esta cabalgata, para este 2026 se han destinado 80.000 claves.

Desde la Federación de Peñas, su presidente -Juan Serrano- ha agradecido el apoyo brindado por la delegación de Fiestas y Tradiciones, así como por la Junta de Andalucía, en la organización de la Batalla de las Flores. Como viene siendo habitual, el desfile contará con 12 carrozas más la de la federación. Además, el cortejo lo abrirá un coche de caballo.

Según ha apuntado el concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, la Batalla de las Flores partirá a las 12:00 de República Argentina y dará dos vueltas al Paseo de la Victoria. Tras esto, las carrozas se dirigirán a la caseta que la federación ya tiene preparada en El Arena, donde celebrarán una jornada de convivencia. Está previsto que las carrozas lleguen al recinto ferial sobre las 14:00.

Justamente a esa hora comenzará el partido que ese domingo disputará el Córdoba CF contra el Sporting de Gijón. Pese a ello, Serrano ha explicado que, en el caso de que resulte complicado acceder al recinto ferial, las carrozas se esperarán en la carretera hasta que resulte seguro entrar para seguir disfrutando de la fornada festiva.

La Junta de Gobierno Local de Córdoba tiene previsto aprobar en su próxima sesión fechada para el próximo lunes una propuesta de la Delegación de Fiestas y Tradiciones para abrir un nuevo plazo extraordinario de cinco días hábiles de cara a la instalación de más casetas para la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026. Esta medida, que ya la hizo en 2025, permitirá aglutinar nuevas solicitudes para acoger más espacios y así reforzar la participación ciudadana después de unos números que van a menos en los últimos años.

De hecho, la iniciativa ha surgido como respuesta directa a los datos de la resolución definitiva, que sitúan la participación en un nuevo mínimo histórico con solo 82 casetas admitidas. Esta cifra supone una pérdida de cuatro recintos respecto a la Feria de 2025 y confirma una tendencia a la baja que el Ayuntamiento busca revertir mediante esta ampliación del plazo de solicitud.

Aunque el listado provisional publicado a finales de marzo mostraba 87 solicitudes -una cifra ligeramente superior a las 85 del año anterior- el número final se ha visto reducido tras la revisión de la documentación. La renuncia definitiva de seis entidades ha provocado que el balance final se quede en estas 82 casetas, evidenciando el poco interés que tienen estas instituciones en colocar una caseta en el Recinto Ferial de El Arenal. Ahora, este plazo va dirigido a esas seis que han optado por no seguir con la documentación o bien le ha faltado uno u otro trámite

De máximos a mínimos históricos

El declive resulta llamativo al observar la perspectiva histórica desde que la Feria se trasladó a El Arenal en 1994, año en el que se montaron 172 casetas. El máximo esplendor del recinto se alcanzó en 1997, cuando se rozaron los 200 recintos, una cifra que contrasta con la realidad actual del gran evento marcado en el calendario por los cordobeses.

La pérdida de músculo de la Feria ha sido constante desde el año 2000, cuando todavía se instalaban 140 casetas. El primer gran síntoma de alarma se produjo en 2011, cuando por primera vez el número de recintos bajó del centenar, iniciando una senda descendente que ha continuado de forma progresiva hasta el suelo histórico que se registra para este 2026.

Con esta medida , el gobierno municipal espera atraer a colectivos que no llegaron a tiempo o que deseen reconsiderar su participación. El objetivo final es evitar que el recinto de El Arenal presente vacíos excesivos y, de hecho, muchas entidades han denegado la solicitud debido a la ubicación de su caseta, considerando que está en un mal sitio o al lado de 'discocasetas'. Por el momento, el listado de las casetas que estarán en el Recinto Ferial es el siguiente:

El listado definitivo es el siguiente: