El Ayuntamiento de Córdoba acaba de adjudicar el contrato licitado para el desarrollo del programa educativo del Centro de Conservación Zoo de Córdoba, unas actividades que pretenden fomentar la conciencia sobre la conservación de la biodiversidad.

El contrato, que se ha adjudicado a la Asociación Medioambiental Educando por la Naturaleza Educanatura por un montante de 181.818 euros, tiene como objetivo el desarrollo del programa educativo con actividades dirigidas al público en general y, en especial, a alumnado de distintas etapas en colegios e institutos, entre otros centros.

Así, a través de acciones y con las instalaciones y material disponible en el Zoo, se ofrecerá información sobre las especies y formación sobre la conservación de la fauna silvestre, según se expone en el pliego de dicho contrato.

Los objetivos que se plantean con este programa educativo pasan por estimular e interesar a la sociedad en el conocimiento del mundo natural, contribuir a la toma de conciencia de los problemas de conservación y a la comprensión del papel individual que jugamos cada persona, promover la conciencia sobre el impacto de los hábitos cotidianos en la conservación de la biodiversidad del planeta y proporcionar a los visitantes una variedad de experiencias, materiales y medios, de tal forma que les permita elegir en su vida cotidiana aquellas acciones que más beneficien al medioambiente y a la vida salvaje.

Asimismo, se busca educar a las personas visitantes sobre la adopción de comportamientos adecuados hacia la vida silvestre para contribuir a la conservación de la biodiversidad, desarrollar actividades de conocimiento del medio, de las especies y su biodiversidad, y fomentar la participación de la población en la conservación de los hábitats, a través del conocimiento de la realidad ambiental y el fomento de actitudes respetuosas con él.

E, igualmente, se trata de desarrollar un sentimiento de comprensión del lugar que ocupan los humanos en el mundo natural y de la importancia de las interrelaciones entre ambos, además de implicar a la ciudadanía en la puesta en valor y en la transmisión del mensaje educativo conservacionista del Centro de Conservación Zoo de Córdoba.

La convocatoria de subvenciones para grandes festivales culturales impulsada por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha recibido un nuevo revés de la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba. No es el primero. El informe emitido el pasado 7 de julio constituye el cuarto pronunciamiento desfavorable del órgano de control interno sobre los distintos intentos del gobierno municipal de financiar con fondos públicos el Córdoba Live y el Califas Fest, dos eventos organizados por Riff Music y Grupo Mundo, dos de las principales promotoras de conciertos de España.

Durante más de un año, el Ayuntamiento ha ido modificando la fórmula jurídica para sacar adelante estas ayudas, pese a la postura contraria de toda la oposición y los sucesivos reparos del órgano fiscalizador del Ayuntamiento. Primero lo intentó a través de subvenciones nominativas, después se intentó completar su tramitación con un Plan de Subvenciones del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) antes del cierre del ejercicio 2025, más tarde se amplió la financiación del IMAE en su plan para 2026 para que incluyera los fondos del año anterior y se anunció una convocatoria pública en concurrencia competitiva -cuyas bases aún no se han elaborado y que incluyen festivales celebrados hace un año-.

Ninguna de esas vías ha logrado evitar los reparos de la Intervención, que ha sido muy taxativa al apuntar que detrás de todas estas tramitaciones se puede encontrar una ayuda directa a las empresas no suficientemente justificada. Esta es la cronología de un choque entre el equipo de Gobierno del PP y la Intervención que no tiene muchos precedentes.

Julio de 2025: primer informe contra las subvenciones directas

El primer informe desfavorable llegó en julio de 2025, cuando el órgano advirtió de que, en la tramitación inicial de la ayuda, iniciada un mes antes, no constaba un “Plan Estratégico de Subvenciones” propio del IMAE que respalde la concesión de 300.000 euros del remanente (entonces, solo se contemplaba “patrocinar” al Córdoba Live.

Textualmente, la interventora señalaba que, “entre otros requisitos, es necesario que la subvención nominativa que, en su caso se conceda, debe estar previamente contemplada en el Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Municipal de las Artes Escénicas, extremo que se comprobará en el correspondiente informe de fiscalización”.

Octubre de 2025: segundo rechazo

Pese al primer informe, el gobierno municipal decidió continuar con la tramitación, impulsando el Plan de Subvenciones, que, además de los 300.000 euros para el Córdoba Live, pasó a incluir otros 300.000 para el Califas Fest. Pero también se encontró con el segundo rechazo de la Intervención que concluyó que el plan propuesto invertía el orden de planificación legalmente establecido.

Entendía el órgano fiscalizador que, en lugar de ser una herramienta programática que define objetivos y líneas de actuación, “se adapta el plan estratégico para dar cobertura a dos subvenciones que ya estaban definidas con anterioridad a la elaboración del Plan Estratégico que ahora se propone”.

Aun así, el Ayuntamiento mantuvo su intención de conceder las ayudas. Finalmente, no llegaron a abonarse, no porque la Intervención modificara su criterio, sino porque la tramitación no pudo completarse antes del cierre del ejercicio presupuestario de 2025.

Mayo de 2026: nuevo reparo técnico

El tercer informe desfavorable se emitió el 4 de mayo de 2026 y ya no analizaba directamente las subvenciones, sino la modificación presupuestaria diseñada para dotar al IMAE de 800.000 euros adicionales con los que financiar, entre otras actuaciones, una nueva convocatoria destinada a grandes festivales.

La Intervención concluyó que el organismo autónomo no podía generar ese crédito porque la aprobación del suplemento presupuestario por parte del Ayuntamiento no constituía un “compromiso firme de ingreso”, requisito exigido por la normativa para incorporar esos fondos al presupuesto del IMAE.

Además, la Intervención volvía alertar de que pensaba examinar el plan de subvenciones. “La tramitación del gasto en tales condiciones pudiera determinar, en su caso, responsabilidad contable exigible ante la jurisdicción competente”, llegaba a decir en su valoración.

Julio de 2026: la convocatoria pública tampoco convence

A pesar de ello, se llevó a Pleno y se aprobó con los votos en solitario del PP. El nuevo revés no ha tardado en llegar. La Intervención ha vuelto a emitir un cuarto informe de disconformidad. El órgano fiscalizador considera que la convocatoria pretende financiar actividades desarrolladas desde enero de 2025, por lo que, a su juicio, pierde el carácter incentivador propio de las subvenciones y se convierte en “una transferencia de fondos a posteriori para cubrir costes pasados”.

Además, recuerda toda la secuencia seguida durante los dos últimos años y sostiene que, tras los distintos cambios introducidos en la tramitación, “más bien podría parecer que esta convocatoria se configura para dar cobertura a unos proyectos y beneficiarios que ya se encuentran previamente definidos”.

Pese a este cuarto informe desfavorable, el IMAE ha rechazado todos los argumentos de la Intervención, ha formulado una discrepancia formval y ha decidido continuar la tramitación para que sea el Pleno del Ayuntamiento quien resuelva el conflicto entre ambos órganos.

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha emplazado este sábado al alcalde, José María Bellido (PP), a “dar explicaciones y asumir responsabilidades” tras la resolución emitida por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que “señala graves incumplimientos en materia de transparencia por parte del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE)”.

En una nota, Bernal ha remarcado que esta resolución tiene su origen en la denuncia presentada por un ciudadano cordobés, que fue admitida a trámite por el Consejo “al cumplir todos los requisitos establecidos”.

Como consecuencia de dicha denuncia, y según ha continuado explicando la edil, el organismo autonómico dictó en abril de 2026 una resolución “en la que requiere al IMAE que subsane las deficiencias detectadas y adecúe su actuación a la normativa vigente en materia de transparencia”.

Según ha señalado la edil socialista, el Consejo de Transparencia pone de manifiesto “graves incumplimientos y una evidente falta de transparencia” en la gestión del IMAE. Entre otras cuestiones, advierte de que el instituto “no puede ofrecer información fragmentaria, incompleta o dispersa”, y exige “corregir las deficiencias existentes en materia de publicidad activa, especialmente en lo relativo a la publicación de la información económica”.

Asimismo, el Consejo reclama que el portal de transparencia del IMAE “se mantenga permanentemente actualizado e incluya toda la información relativa a convenios, subvenciones, cuentas anuales, auditorías, informes de fiscalización y deuda pública, tal y como establece la legislación”.

Ante esta situación, el PSOE ha reclamado al gobierno municipal del Partido Popular que “actúe de manera inmediata para corregir estos incumplimientos y garantizar que una situación de estas características no vuelva a repetirse, ni en el IMAE ni en el resto de organismos y entidades municipales”.

La socialista también ha denunciado la “falta de información facilitada al propio Consejo Rector del IMAE”. En este sentido, ha puesto de relieve que los representantes socialistas en el órgano de gobierno del instituto --ella misma junto a Ángel Ortiz--, “no recibieron información alguna sobre la denuncia presentada ni sobre la resolución emitida por el Consejo de Transparencia”.

“Resulta especialmente grave que el equipo de gobierno haya ocultado esta información incluso a los miembros del Consejo Rector, lo que vuelve a poner de manifiesto una forma de gestionar basada en la opacidad y en la falta de transparencia”, ha afirmado Bernal.

Para la capitular socialista, esta resolución “corrobora la mala gestión del Partido Popular en materia de información y transparencia”, y “evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas en todos los organismos municipales”.

Por todo ello, el PSOE exige al alcalde José María Bellido que “dé explicaciones públicas, cumpla de forma inmediata las exigencias del Consejo de Transparencia y garantice el pleno cumplimiento de la legislación en materia de acceso a la información pública y buen gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba y en todas sus entidades dependientes”.

La Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a emitir un informe de fiscalización de disconformidad contra el procedimiento impulsado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba para repartir 1,4 millones de euros en subvenciones destinadas a festivales y ferias culturales, de los que 1,2 millones corresponden a empresas privadas y otros 200.000 euros a entidades sin ánimo de lucro.

Se trata del cuarto informe desfavorable emitido por el órgano de control interno sobre este asunto, después de que durante 2025 y 2026 ya rechazara distintas fórmulas empleadas por el IMAE para financiar con 600.000 euros los festivales Córdoba Live y Califas Fest, y advirtiera de lo que ahora ha ocurrido: el órgano fiscalizador censura totalmente el plan de subvenciones porque vuelve a entender que detrás subyace la intención de realizar “una transferencia de fondos a posteriori para cubrir costes pasados”, al entender que pretende financiar actividades ya ejecutadas durante 2025.

El informe, firmado el pasado 7 de julio, mantiene tres reparos que motivan la fiscalización de disconformidad del expediente: la existencia de errores en el Plan Estratégico de Subvenciones, la inclusión de gastos realizados en 2025 dentro del periodo subvencionable y la insuficiente justificación del régimen europeo de ayudas de Estado.

Sin embargo, el aspecto más contundente del documento es el relativo a la posibilidad de subvencionar proyectos desarrollados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026. Según Intervención, aunque la Ley General de Subvenciones permite en determinados supuestos financiar actividades ya realizadas, esa posibilidad no puede interpretarse de forma aislada, sino en conexión con el principio de anualidad presupuestaria recogido en la Ley de Haciendas Locales.

El órgano fiscalizador sostiene que imputar al presupuesto de 2026 gastos correspondientes a un ejercicio ya cerrado “entra en conflicto con el principio de anualidad y temporalidad de los créditos presupuestarios”. A su juicio, las bases pueden admitir que determinados gastos comiencen antes de publicarse la convocatoria, pero no que se financien actividades correspondientes a un ejercicio completo ya concluido.

La interventora hace memoria

Pero el informe va mucho más allá del debate estrictamente jurídico. Intervención reconstruye toda la cronología seguida por el IMAE durante los dos últimos años para intentar financiar estos festivales y concluye que la convocatoria actual constituye un nuevo intento de sacar adelante unos proyectos que ya habían sido objeto de varios expedientes anteriores.

Recuerda así que en abril de 2025 el IMAE trató inicialmente de canalizar estas aportaciones mediante contratos de patrocinio publicitario, fórmula que fue descartada tras un informe desfavorable del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Posteriormente se optó por modificar el Plan Estratégico de Subvenciones para introducir ayudas nominativas dirigidas a empresas privadas, una iniciativa que también recibió un informe contrario de Intervención, que ya entonces advirtió de que el objetivo parecía ser “dar un revestimiento formal a una aportación” destinada a proyectos que ya estaban ejecutados en gran medida.

El órgano de control recuerda igualmente que, en los últimos días de 2025, el IMAE intentó tramitar de urgencia esas subvenciones nominativas, aunque los expedientes fueron devueltos por contener errores y deficiencias que impedían su fiscalización.

Ya en 2026, prosigue el informe, el organismo modificó nuevamente el Plan Estratégico de Subvenciones para sustituir aquellas ayudas directas por una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva destinada a festivales de gran formato, incrementando además la dotación económica precisamente en las cantidades que no pudieron concederse el año anterior y ampliando el periodo subvencionable hasta incluir 2025.

A la vista de todos esos antecedentes, Intervención sostiene que la nueva convocatoria no persigue realmente incentivar nuevas actividades culturales, sino financiar proyectos que ya fueron ejecutados.

Podría parecer que esta convocatoria se configura para dar cobertura a unos proyectos y beneficiarios que ya se encuentran previamente definidos

“La subvención busca promover la realización de una actividad de utilidad pública o interés social. Si la actividad ya se ha materializado y finalizado en ejercicios anteriores sin el paraguas de una convocatoria previa, el gasto carece de efecto incentivador. No se está fomentando nada; se está realizando una transferencia de fondos a posteriori para cubrir costes pasados”, afirma literalmente el informe.

Además, advierte de que no consta suficientemente acreditado que se respeten los principios de igualdad y libre concurrencia, ya que “más bien podría parecer que esta convocatoria se configura para dar cobertura a unos proyectos y beneficiarios que ya se encuentran previamente definidos”.

Junto a este reproche principal, Intervención también detecta otros dos incumplimientos. El primero afecta a la discrepancia entre las aplicaciones presupuestarias recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones y las incluidas en la convocatoria, entendiendo que el expediente no debía continuar hasta que el Pleno corrigiera formalmente ese error material.

El segundo cuestiona la fundamentación jurídica del régimen europeo de ayudas de Estado, al considerar insuficiente la referencia contenida en las bases al Reglamento europeo sobre ayudas culturales, cuya redacción no aparece adecuadamente actualizada ni justificada en el expediente.

Aunque estas tres cuestiones motivan la fiscalización de disconformidad, el informe incorpora además dos observaciones adicionales. Por un lado, recuerda que la convocatoria debía haberse tramitado preferentemente durante el primer trimestre del año y alerta del escaso margen temporal existente para resolverla antes del cierre presupuestario. Por otro, señala defectos formales en la firma de algunos informes incorporados al expediente.

El IMAE no se rinde y rechaza todos los reparos

Pese al contenido del informe, el IMAE ha decidido mantener íntegramente su criterio y continuar la tramitación del expediente. En un informe-propuesta elaborado por el Departamento de Administración del organismo, el servicio gestor sostiene que no comparte las conclusiones de Intervención respecto a la inclusión de actuaciones realizadas en 2025, la supuesta vulneración del principio de anualidad, la eventual predeterminación de beneficiarios ni las objeciones sobre ayudas de Estado.

Respecto al principal reproche, el IMAE argumenta que la propia Ley General de Subvenciones permite expresamente financiar actividades “ya realizadas” y recuerda que la Ordenanza Municipal de Subvenciones admite que las convocatorias incluyan actuaciones desarrolladas en el ejercicio corriente o en el inmediatamente anterior. A su juicio, el principio de anualidad no impide subvencionar actividades ejecutadas en 2025 porque la obligación presupuestaria del Ayuntamiento no nace cuando el beneficiario realiza el gasto, sino cuando se concede formalmente la ayuda y se reconoce la obligación de pago.

Para reforzar su posición, el IMAE acompaña su informe de una batería de ejemplos de convocatorias de subvenciones de otras administraciones que, a su juicio, demuestran que es una práctica habitual financiar actividades iniciadas o desarrolladas en el ejercicio anterior. Entre los precedentes citados figuran varias convocatorias del propio Ayuntamiento de Córdoba, como las ayudas al fomento del deporte del IMDECO, que financian actividades desarrolladas entre 2025 y 2026, o la convocatoria Transforma Córdoba 2025, cuyo periodo de ejecución comenzaba en diciembre de 2024 pese a sufragarse con cargo al presupuesto de 2025. El IMAE también menciona ayudas de los ayuntamientos de Madrid, Mijas, Segovia, Colmenar Viejo y Tres Cantos, así como convocatorias del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y del Institut Valencià de Cultura, todas ellas con periodos subvencionables que abarcan actuaciones iniciadas antes de la publicación de las respectivas convocatorias.

El organismo sostiene igualmente que la normativa específica en materia de subvenciones debe prevalecer sobre la legislación general de Haciendas Locales y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para defender esa interpretación. En relación con el supuesto error del Plan Estratégico de Subvenciones, el IMAE sostiene que se trataba únicamente de una rectificación material cuya existencia no justificaba paralizar el expediente y recuerda que el Pleno ya aprobó finalmente esa corrección el pasado 8 de julio.

El Consejo Rector del IMAE ha asumido ese informe de discrepancia y ha acordado elevarlo al Pleno municipal, órgano competente para resolver el conflicto entre el servicio gestor y la Intervención General. Mientras tanto, el organismo mantiene su intención de continuar la tramitación de la convocatoria, con el tiempo corriendo en contra de unas bases que ya van tarde para la mayoría del sector, e ignorando, por cuarta vez, los informes desfavorables del órgano fiscalizador del Ayuntamiento.

Un problema que tiene a vecinos opinando de una u otra forma, con la posibilidad de que los votos de la mayoría hable, aunque tampoco se está de acuerdo en eso. El barrio del Zumbacón se encuentra inmerso en una controversia vecinal debido a la propuesta de implantación de una Zona de Aparcamiento Vecinal, lo que se conoce popularmente como zona naranja. Esta medida busca dar respuesta a una problemática que, según algunos, se ha agravado con los años: la saturación de los vehículos en las calles.

De hecho, el proyecto inicial, diseñado por el Ayuntamiento de Córdoba, contempla la creación de 257 plazas de aparcamiento de uso exclusivo para residentes en vías principales como la avenida de la Igualdad y calles como Balanzona, El Vacar o Villaharta. El sistema funcionaría mediante un control tecnológico avanzado en seis cámaras de lectura de matrículas que identificarían los vehículos autorizados. El horario de restricción propuesto para los no residentes sería de 18:00 a 7:00 en días laborables, y durante las 24 horas los sábados, domingos y festivos.

Y esto es el eje central del desacuerdo entre vecinos y, además, los trabajadores de la Cruz Blanca, la Casa Familia San Francisco de Asis. Por un lado, los primeros denuncian que personas de otros barrios y usuarios de pisos turísticos utilizan el Zumbacón como un “aparcamiento gratuito”, dejando al resto sin plazas cerca de sus hogares en un barrio compuesto mayoritariamente por edificios antiguos sin cocheras subterráneas. Por otro lado, los profesionales de la Cruz Blanca se queda sin parking para realizar su jornada laboral, sobre todo en ciertos turnos como el de la tarde o el de la noche.

Paralización del proyecto y el desacuerdo entre los vecinos

A pesar de que esta zona de aparcamiento residencial estaba lista para ser activada de inmediato, el proceso ha quedado paralizado tras detectarse un fuerte malestar entre un sector de los vecinos que asegura no haber sido consultado debidamente. Por tanto, la decisión final se ha pospuesto a una asamblea vecinal que se celebrará en septiembre, donde se votará si el bario adopta finalmente la zona naranja o mantiene el sistema actual.

Sin embargo, este periódico ha querido preguntar a todas las partes implicadas para saber en qué situación está la asamblea, si se ha convocado ya y quiénes decidirá el futuro de este proyecto en el barrio. Primeramente, Antonio Romero, presidente de la Asociación Vecinal El Zumbacón, ha defendido en Cordópolis que es una iniciativa que se ha trabajado desde 2022, cuando una encuesta reflejó que los vecinos estaban de acuerdo. El dirigente ha explicado que el objetivo es garantizar que todos los ciudadanos de este barrio puedan regresar de trabajar tarde y puedan encontrar sitio.

Pese a ello, Romero ha reconocido que ante la aparición de dichas voces críticas, lo más democrático es someterlo a votación. “La asamblea tendrá que respetar si sale sí o si sale no”. Ahora bien, esto también ha traído consigo polémica, ya que, según ha confirmado el presidente, únicamente los socios de la entidad vecinal tendrían derecho a voto en la asamblea de septiembre. Esta restricción ha sido calificada de “ilegal” por otros residentes, quienes sostienen que una asociación de apenas 40 miembros “no puede decidir sobre el futuro de un barrio entero”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha impulsado la medida como un proyecto piloto de sostenibilidad y mejora de la calidad de vida. El Consistorio justificó la intervención en el Zumbacón, un barrio de casas bajas donde las necesidades de aparcamiento son permanentes. No obstante, ante el conflicto surgido, el Ayuntamiento ha optado por la prudencia, esperando a que los vecinos alcancen un consenso antes de proceder con el pintado de las calles y la instalación de la señalética.

Fuentes municipales han confirmado a este periódico que la intención del Ayuntamiento sigue siendo escuchar a los residentes y ver qué piensan de la medida presentada, tratando de que el proyecto sea “vivo” y admita variaciones durante su maduración. El objetivo final del Gobierno local es evitar que el barrio se convierta en un “aparcamiento de otros barrios”, pero aplicando “prudencia y sentido común”.

Asimismo, Cordópolis acudió al barrio para saber el sentir de los vecinos. Y hay una doble variante. Por un lado, Manuel Cabanillas, Rafael Sueco, José Obregón, Juan Pérez, Soledad Luque y María del Carmen Recio son varios de los ciudadanos que se oponen frontalmente a la zona naranja, alegando que la medida “aislará” el barrio. Este grupo de personas han denunciado que la implantación de horarios restringidos impedirá que hijos, nietos o familiares puedan visitar a las personas mayores que viven en la zona, una población especialmente vulnerable en el Zumbacón. “Van a dejar solas a las personas mayores porque sus familias no podrán aparcar para venir a verlos”, lamenta uno de los residentes.

Aunque las quejas seguían sucediéndose con el paso de los minutos. Muchos vecinos aseguraban haberse enterado del proyecto de forma “extraoficial” o a través de carteles en comercios locales, denunciando que las gestiones se han hecho “a escondidas”. Además, han criticado que no se les haya pedido opinión directamente y temen que, tras la zona naranja, el Ayuntamiento acabe imponiendo nuevas tasas o impuestos por aparcar en sus propias calles.

Otra arista de este problema es el impacto económico en los negocios locales también es un punto de fricción. Un ejemplo es el de un taller mecánico de la zona, cuyo propietario ha explicado que necesita espacio en la calle para los vehículos de sus clientes y las grúas. Con la nueva regulación, el negocio se vería gravemente perjudicado al no poder estacionar coches fuera de su local sin riesgo de sanción, lo que, según sus palabras, le obligaría prácticamente a cerrar o trabajar en condiciones imposibles.

Hay vecinos a favor... pero se decidirá en septiembre

Aun así, no están todos en contra. Antonio Romero y Estrella Ruiz también reciben a este periódico en las puertas de sus casas para explicar que ellos no están ni de acuerdo ni en contra. Ambos ven cosas positivas y negativas de la zona naranja, pero apelan a una solución democrática. “Lo que voten en la asamblea los vecinos, pues eso se tendrá que adoptar. Para bien o para mal, lo que decida la mayoría así debería ser”.

El conflicto queda así en suspenso hasta la llegada de septiembre. La asamblea vecinal se perfila como un encuentro donde se decidirá el modelo de convivencia y movilidad para el Zumbacón. Mientras tanto, el barrio permanece dividido entre quienes ven en la zona naranja la solución al caos circulatorio y quienes la perciben como una medida que restringe su libertad y la de sus familias.

La decisión del Ayuntamiento de Córdoba de solicitar a la Junta de Andalucía que estudie el ejercicio del derecho de retracto sobre los antiguos cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia ha reabierto un nuevo debate jurídico sobre el alcance real de esa figura prevista en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

El alcalde, José María Bellido, remitió este miércoles un escrito a la Consejería de Cultura en el que sostiene que la Administración autonómica podría subrogarse en la compraventa de los tres inmuebles al considerar que se encuentran dentro del ámbito del Conjunto Histórico de Córdoba y que la transmisión se habría producido sin la comunicación previa prevista en el artículo 17 de la Ley 14/2007.

En el posterior Pleno, Bellido insistió varias veces en que es la Junta la que tenía ese derecho preferente a adquirir los tres cines sobre el Ayuntamiento, a pesar de que él mismo, como alcalde, renunció dos veces a ejercerlo sin mencionar dicha preferencia en ningún momento del proceso (ni en 2025, ni en 2026, cuando finalmente el empresario Antonio Amil compró los cines).

Este viernes, fuentes de la propia Delegación Territorial de Cultura y Turismo han confirmado a este periódico que ninguno de los cuatro cines de verano de Córdoba —Delicias, Fuenseca, Olimpia y Coliseo San Andrés— figura inscrito individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni forma parte de manera individual del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

Ese dato resulta relevante porque el artículo 17 de la Ley de Patrimonio Histórico limita expresamente el derecho de tanteo y retracto a los bienes inscritos en el Catálogo General. En el caso concreto de los Conjuntos Históricos, como ocurre con el casco histórico de Córdoba, la norma restringe además esa posibilidad a tres supuestos: inmuebles inscritos individualmente en el Catálogo General, aquellos expresamente señalados en las instrucciones particulares o los que, además de encontrarse dentro del Conjunto Histórico, estén incluidos en los catálogos urbanísticos y formen parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

La confirmación de la Junta implica que los antiguos cines no cumplen, al menos, dos de esos requisitos esenciales, al no estar inscritos ni en el Catálogo General ni en el Inventario autonómico. Queda por dilucidar si, por el hecho de que formen parte del Conjunto Histórico de Córdoba y que éste sí goce de protección patrimonail, le otorga al Gobierno Andaluz la capacidad de ejercer el derecho de retracto. Desde el Gobierno Andaluz, por el momento, solo han dicho que ésta es “una cuestión interpretable” que aún no se ha valorado.

Una cuestión ya planteada tras la compraventa

La posibilidad de que la Junta pudiera intervenir en la operación ya fue analizada por este periódico cuando se supo que se había formalizado la venta de los inmuebles el pasado mes de mayo. En aquel momento, Cordópolis consultó tanto con el Gobierno Andaluz como con expertos jurídicos que participaron en la operación.

Estos últimos transmitieron entonces que la notificación remitida a la Administración autonómica tuvo un carácter exclusivamente formal, al entender que la Junta carecía de herramientas legales para ejercer un derecho de adquisición preferente sobre unos inmuebles que no cuentan con protección patrimonial autonómica específica.

Esas mismas fuentes sostenían que la protección de los cines es exclusivamente urbanística. Los tres recintos aparecen recogidos en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH) dentro del Catálogo de Bienes Protegidos con la calificación de “jardines públicos”, una figura que preserva el destino general de los espacios, pero que no equivale a su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni en el Inventario de Bienes Reconocidos.

Esa protección urbanística impide determinadas transformaciones urbanísticas, pero no activa por sí sola el régimen de tanteo y retracto previsto en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. El Ayuntamiento, sin embargo, ahora sostiene que la Junta debería, como mínimo, estudiar si esto es así.

La interpretación del Ayuntamiento y la del propietario

El Ayuntamiento sostiene que concurren las circunstancias necesarias para que la Junta estudie el ejercicio del derecho de retracto y ha pedido formalmente a la Consejería que analice la operación. El portavoz del Gobierno municipal y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha defendido desde que trascendió la compraventa que el Consistorio no podía intervenir directamente, en base a dos informes.

Esos dos informes son uno de 2024 del secretario del Pleno centrado en si el Consistorio podría llevar a cabo la actividad de cines de verano y otro de este año 2026 centrado en los efectos que tenía el cambio de propietario en el alquiler para eventos municipales de los cines que mantiene desde hace años el Gobierno Local. La realidad es que ninguno de esos dos informes mencionan en ninguna parte que es la Junta de Andalucía la que tiene preferencia en el derecho de tanteo y retracto.

Por su parte, el actual propietario insiste en que toda esta cuestión se estudió desde el principio y que la Junta de Andalucía no tiene el derecho de tanteo y retracto, que corresponde al Ayuntamiento por tener alquilados los cines hasta octubre (de hecho, Amil ha avanzado que en los próximos días volverá a ofrecerles el derecho de tanteo, ya que ha recibido una nueva oferta de 850.000 euros por los cines y entiende que el Consistorio tiene preferencia sobre el posible comprador).

En cualquier caso, el Ayuntamiento lo que ha pedido es que sea la Administración autonómica la que deba pronunciarse sobre esa interpretación jurídica y determinar si concurren o no los presupuestos legales para ejercer el retracto solicitado por el Ayuntamiento. Si la Junta dice que sí, técnicamente estaría dentro del plazo de seis meses para adquirirlos por 300.000 euros (ese fue el precio por los que los compró Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo). Si dice que no, el capítulo se tendrá que dar por cerrado.

La Junta pide tiempo

Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por este periódico evitan adelantar cuál será el criterio jurídico definitivo sobre la petición remitida por el alcalde y recuerdan que el departamento acaba de iniciar una nueva etapa tras los recientes cambios en el Gobierno andaluz.

“Es un tema que se va a estudiar y que queremos ver con todas las garantías, pero es que aún no ha dado tiempo”, señalan las mismas fuentes, que piden paciencia hasta que el nuevo equipo de la Consejería de Cultura tome posesión y pueda analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento antes de adoptar una decisión.

La delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha renovado, por tercer año consecutivo, el acuerdo de colaboración para que los usuarios de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores (Cpapm) tengan un 20% de descuento en el precio de las entradas del cine de verano Coliseo San Andrés.

La iniciativa, según ha informado el Ayuntamiento en una nota, estará vigente desde este viernes y hasta la finalización de la temporada del cine de verano. Durante este periodo, los usuarios de cualquiera de los 14 Cpapm podrán acceder a las proyecciones por cuatro euros, en lugar de los cinco euros del precio general, presentando en la taquilla su carné de socio-usuario.

Esta medida, de la que el año pasado se beneficiaron casi 400 personas mayores, forma parte de las acciones impulsadas por la Delegación de Mayores para ofrecer alternativas de ocio durante los meses de mayor calor, dentro del proyecto 'Verano Saludable'.

La teniente de alcalde y delegada de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha destacado que en el Consistorio siguen “trabajando para que nuestros mayores dispongan también durante el verano de una oferta de actividades variada, accesible y adaptada a esta época del año. Con iniciativas como esta, queremos facilitar que puedan disfrutar de propuestas de ocio y cultura en un entorno agradable, favoreciendo, tanto su bienestar, como las relaciones sociales”.

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha cricitado este viernes la “inacción” del gobierno municipal del PP ante “la ausencia de marquesinas en las paradas de taxi, una situación que, en plena época de altas temperaturas, ha convertido la espera de un servicio público esencial en un riesgo para la salud”.

Según ha informado el PSOE en una nota, González ha recordado que “el Ayuntamiento conocía el problema desde hace meses”, pues “primero fueron los propios taxistas los que reclamaron la reposición de las marquesinas. Después, el Grupo Municipal Socialista advirtió públicamente de que el verano llegaría sin sombra si no se actuaba con urgencia”, es decir, “el gobierno de José María Bellido (PP) fue avisado una y otra vez y decidió no mover un solo dedo”.

“Lo que ocurre hoy no es un imprevisto, es la consecuencia directa de meses de inacción. En una ciudad como Córdoba, donde el calor extremo forma parte de nuestra realidad, gobernar significa anticiparse, no improvisar cuando el problema ya está encima de la mesa”, ha lamentado la edil socialista.

Para González es “especialmente grave que personas mayores, pacientes que salen de hospitales y centros de salud, familias con menores, turistas y los propios profesionales del taxi tengan que esperar o trabajar durante horas sin una mínima protección frente al sol”.

La viceportavoz del PSOE ha señalado que “la desaparición de las marquesinas tras la finalización del contrato de mobiliario urbano nunca debió dejar a la ciudad sin una alternativa. La burocracia no puede servir de excusa cuando está en juego la seguridad y la salud de las personas”.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige al gobierno local del PP “que habilite de manera inmediata una solución provisional durante todo el verano, instalando elementos temporales de sombra en las paradas con mayor demanda, mientras se tramita y adjudica definitivamente el nuevo contrato de mobiliario urbano”.

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha afirmado este viernes que el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), “está impidiendo el acceso al informe elaborado por Icomos”, organismo asesor de la Unesco en materia de patrimonio, sobre un “proyecto hotelero previsto frente a la Mezquita”.

La coalición de izquierdas ha recordado que fue el propio grupo municipal el que activó, en diciembre pasado, “una alerta patrimonial ante Icomos, tras la aprobación de una innovación urbanística para el inmueble situado en la calle Canónigo Torres Molina, al considerar que una actuación de estas características”, y en el entorno de un bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, “debía contar con todas las garantías y un análisis de impacto patrimonial”.

Tras esa alerta, “Icomos comunicó la elaboración de un informe que fue remitido, tanto al Ayuntamiento de Córdoba, como a la Junta de Andalucía”. Desde entonces, Hacemos Córdoba ha solicitado en varias ocasiones acceso a dicho documento, “sin que el gobierno municipal del PP haya facilitado su consulta”.

La coalición considera que esta negativa supone una “falta de transparencia” y ha asegurado que el informe, “una vez finalizado y remitido oficialmente a la administración competente, forma parte del expediente administrativo. Por tanto, los concejales tienen derecho a acceder a la documentación necesaria para ejercer sus funciones, tal y como establece el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

A juicio de Hacemos Córdoba, “que el alcalde se niegue a facilitar un informe que ya obra en poder del Ayuntamiento vuelve a generar dudas. Si no hay nada que ocultar, no entendemos por qué se impide el acceso a una documentación que afecta directamente a la protección de la Mezquita-Catedral”.

Entienden en la coalición que “el silencio del gobierno municipal del PP y la negativa a entregar el documento” se debe a que “el informe de Icomos podría dar la razón a las advertencias” que hizo el grupo municipal sobre “los posibles impactos de este proyecto en el entorno del monumento”.

Por ello, Hacemos Córdoba reclama al alcalde que “deje de bloquear el acceso al expediente y entregue de manera inmediata el informe de Icomos”, porque “la protección del patrimonio no puede gestionarse desde la opacidad. Córdoba tiene la obligación de cuidar uno de sus mayores símbolos y garantizar que cualquier actuación en su entorno respete las recomendaciones de los organismos internacionales”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha guardado este viernes, a las 12:00, un minuto de silencio por las víctimas del incendio declarado este jueves en Los Gallardos, que ha sacudido al Levante almeriense. Por el momento hay 12 personas fallecidas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado el incendio forestal como “uno de los más rápidos y complejos a lo largo de los últimos años”. Las llamas están afectando a unas 3.200 hectáreas y, además de las muertes, ha provocado ocho heridos. De ellos, cuatro han sido evacuados en helicópteros al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a su gravedad.

“Hay mucha extensión de matorral, todo ello está seco como consecuencia de las olas de calor que hemos tenido y es un combustible perfecto que, junto con el viento, se convierte en una bomba de relojería en el ámbito de los incendios”, ha afirmado este viernes en una atención a los medios este viernes en el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería). Moreno ha marcado como primer objetivo “evitar que haya nuevas víctimas” por lo que ha hecho una llamada a seguir “siempre las recomendaciones de las autoridades”, especialmente debido a las condiciones cambiantes y complicaciones de las llamas.

Asimismo, ha informado que la Guardia Civil está peinando una de las zonas afectadas por el incendio para entrar en algunas de las casas que han quedado calcinadas para “ver que nos encontramos dentro”. “Sabíamos que este verano iba a ser de los más difíciles y lo va a ser, por las intensas lluvias que hemos tenido en el invierno, que ha dado fruto en la primavera de un crecimiento de matorral, que con las olas de calor se han ido secando y se han convertido en combustible perfecto para los incendios”, ha destacado.

El presidente de la Junta ha defendido la decisión de no enviar mensajes ES-Alert a la población de la zona afectada por el incendio. Moreno ha trasladado la explicación de los técnicos que señalaron que se iban a mandar informaciones “contradictorias”.

“Había casos donde había que confinar y otros en los que tenían que salir de casa. Y en los que tenían que salir de casa, como me han explicado, ni siquiera las rutas eran las mismas, con lo cual mandar un solo mensaje era generar confusión”, ha indicado.

Asimismo, el presidente de la Junta ha asegurado que “no en todas las zonas había cobertura” y que, a causa del incendio, se había caído la conexión en tres puntos base. En este sentido, Moreno ha destacado el trabajo realizado por el ayuntamiento de la localidad y los servicios de seguridad por “avisar de manera personal” en zonas “muy diseminadas”.

Moreno ha recordado que dos de las personas fallecidas “no hicieron caso” a las advertencias del alcalde de Bédar, que llegó a ir físicamente “puerta por puerta” para avisar a los vecinos del fuego. “Los técnicos nos recomendaron que podía generar mucha más confusión que acierto. Así que por esa razón, me han explicado, que no se ha puesto en marcha el mensaje”, ha concluido.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este viernes la puesta en marcha, el próximo més de septiembre, de una nueva “Dirección General de Seguridad, Emergencias y Proteción Civil”, con el objetivo que “reforzar” la gestión de las emergencias en la ciudad con un mando integral.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras presidir el acto de toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Local, José Luis Delgado, el alcalde ha avisado que, ante la posibilidad de incendios forestales este verano, en la Sierra de Córdoba se da “un escenario delicado”, porque “tiene una parte de una interfaz urbana y forestal donde hay diseminados y, evidentemente, eso es un mayor riesgo vital en caso de incendio forestal”.

Afortunadamente, según ha subrayado, el Ayuntamiento tiene “actualizados” sus “planes de emergencia, incluidos de incendios forestales, y también la inmensa mayoría de parcelaciones y urbanizaciones tienen sus planes de autoprotección”, y “desde la Delegación de Seguridad Ciudadana, además, se ha hecho un contrato para validar cada uno de ellos por parte de un profesional externo” que “ya los está validando”.

Bellido ha argumentado que, “en principio, en Córdoba la experiencia y el buen hacer de los vecinos también hace que estemos preparados para que, si se da una circunstancia de estas, la información fluya rápido”, teniendo en cuenta que “los vecinos”, gracias a “sus planes de autoprotección, saben lo que tienen que hacer”, y el Ayuntamiento también cuenta con sus “planes de emergencia” y sabe lo que debe hacer, pero, aún así, “el riesgo cero no existe”.

De hecho, “es imposible garantizar que si ocurre un incendio de estas características en una zona tan delicada como la que tenemos, corremos un riesgo, como el que se está corriendo en Almería”, y por eso lo que hará el Ayuntamiento es “reforzar” la gestión de las emergencias.

Por eso, “si todo va bien, el próximo 1 de septiembre tendremos una nueva Dirección General de Seguridad, Emergencias y Protección Civil, con una persona” procedente, “precisamente, del entorno de la gestión de emergencias y de la Dirección de Protección Civil, que viene a reforzar el equipo, porque eso sí lo necesitamos, es decir, necesitamos tener actualizados los planes, que hay que actualizarlos con periodicidad, y tener una persona que esté íntegramente dedicada a este apartado”.

Ello se hace necesario, según ha asegurado, “porque el jefe de la Policía Local se encarga de la seguridad ciudadana, de la convivencia y tiene su tarea, el jefe del Servicio de Extinción de Incendios, igual, e incluso el jefe de Protección Civil, y necesitamos a alguien al frente de la gestión íntegra de las emergencias, y eso es lo que sí vamos a reforzar a partir del mes de septiembre”.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha comunicado ya al Ayuntamiento su dictamen sobre el Plan de Arbolado, una iniciativa que elogia porque “ayudará a ordenar y potenciar el arbolado en la ciudad”, pero al que hace numerosas sugerencias, tanto en su encaje normativo y en su desarrollo como en la gestión o en la petición de que los colectivos ciudadanos participen en su implantación en los barrios.

Particularmente,la contestación del CMC al Ayuntamiento habla de la necesidad de combinar el plan para que sea compatible con la limpieza y accesibilidad en las aceras, sin restar iluminación al alumbrado público ni seguridad a las viviendas; además de reclamar más zonas a renaturalizar tanto en los barrios de expansión del siglo XX como los del actual PGOU, con “déficit de masa arbóreas”, y prestando una especial atención al Casco Histórico, “combatiendo la isla de calor en la que ahora se convierte”.

Más árboles pero sin ‘interferir’

Así, el dictamen del CMC propone incluir “un apartado más claro y extenso sobre la necesidad de evitar interferencias” entre el desarrollo del plan “con las viviendas, el acerado y las personas”, con orientaciones claras sobre la “compatibilidad del arbolado con el alumbrado público, la seguridad de las viviendas, la accesibilidad de la vía pública, la limpieza, la salud (caso de los alérgicos) y el evitar las plagas”.

Para ello “debe existir un mecanismo claro y participativo de cómo actuar en los procesos de ‘interferencia’ del arbolado u otros elementos vegetales”, o por lo menos “proceder a consulta por la junta municipal de distrito o el consejo de distrito afectado”.

Más zonas a renaturalizar

Sin embargo, la filosofía de incluir este apartado sobre interferencias no es restringir el Plan de Arbolado. Todo lo contrario. Se trata de evitar que “el árbol pueda convertirse en un problema” y “parecer el causante” de complicaciones para la ciudadanía. Este espíritu de apoyo al Plan del Arbolado queda patente en el dictamen, que no solo pide su desarrollo con una “previsión ejecutiva de presupuestos, medios técnicos y personales” para que no se quede en papel mojado, sino que además considera que hay que ampliar el proyecto delimitando “zonas singulares” en todos los distritos y en especial en las barriadas periféricas y las urbanizaciones derivadas de las parcelaciones, además de detallar intervenciones por zonas e incluir “más propuestas de zonas a renaturalizar, tanto en barriadas que cumplan más de 50 años” como en las derivadas del “PGOU actual, que tiene déficit de masa arbórea y calles y avenidas sin sombras ni zonas verdes”.

Un capítulo muy especial es el Casco Histórico, por su “valor patrimonial y monumental”, algo que sin embargo “no puede ser óbice para transformar la zona en barrios verdes”, combatiendo la isla de calor que se crea en este distrito, dice el punto 10 del dictamen.

Participación, normativa y gestión

En todo ello el CMC destaca el papel que debe tener la participación ciudadana, para lo que también propone “una amplia campaña de difusión y sensibilización a agentes sociales y ciudadanos”, además de “a la población en general” y, muy importante, “en centros educativos”.

Otro punto en relación a la participación ciudadana es el que plantea regular y difundir los sistemas de podas y talas de árboles empleados, “aprobando una nueva ordenanza de infraestructura verde que sustituya a la de zonas verdes de 1997 y acordar un nuevo instrumento de gestión participativa más eficaz y público que la actual comisión del árbol”. Se trataría de que “todo proceso de tala y podas se explique detenidamente en las juntas municipales de distrito o consejos de distrito”, dando cuenta a posteriori también en los casos en los que se haya tenido que actuar de urgencia.

Entrando en ese capítulo normativo, el CMC responde a la consulta del Ayuntamiento destacando que el Plan de Arbolado debe integrarse también con el de Accesibilidad, el Plan Director de Bicicletas, el nuevo PGOM, los planes contra los incendios forestales, etcétera; ya que “los planes municipales no pueden ser elementos aislados, o hasta enfrentados, sino ayudar a configurar una ciudad habitable”.

Ese es justo el espíritu del punto 12, en donde se plantea que los grandes parques (Cruz Conde, Levante, Asomadilla, etcétera) cuenten con una gestión integrada para un mantenimiento “permanente, homogéneo y coherente donde la arboleda sea el elemento nuclear”, y sin que los servicios municipales trabajen por su cuenta sin coordinación entre ellos mismos y la ciudadanía.

Otros aspectos técnicos

Respecto al desarrollo del plan, y “más allá de batallar por un número de árboles”, el CMC cree más relevante hablar “de masa arbórea y extensión de la misma”, además de “incluir siempre la vegetación que acompaña a la arboleda” (arbustos, césped, etcétera) planificando también su mantenimiento y “evitando que se convierta en un foco de suciedad o de peligro de incendio”.

En ese sentido considera que el Plan de Arbolado debería tratar con más detalle las amplias zonas del municipio (el río, la vega, la sierra y la campiña) y que, con carácter general, el Ayuntamiento use prioritariamente los árboles para dotar de sombra a la ciudad por delante de otros mecanismos, como pueda ser la instalación de toldos, “que deben ser siempre con carácter provisional o complementario”, pero nunca sustituyendo la presencia del árbol, concluye el dictamen.

José Luis Delgado ya ha tomado posesión de su cargo como nuevo Jefe de la Policía Local de Córdoba en un acto celebrado en la Sala Orive. Con una trayectoria de 19 años en la Policía Nacional en Córdoba, donde ha liderado unidades como la Unión de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica y la Brigada de Información, asume el cargo no como un destino administrativo, sino como un compromiso personal con su tierra.

En una atención a medios antes del acto oficial y acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado de Seguridad y Vía Pública, Jesús Coca; y la comisaria de la Policía Nacional, María Dolores López, entre otros, el nuevo jefe de la Local se ha referido al sacrificio profesional que ha supuesto este paso, revelando que ha renunciado a su ascenso a comisario principal en la Policía Nacional para liderar la jefatura local. Respecto a sus objetivos, Delgado huye los planes a corto plazo y apuesta por una estrategia de transformación profunda: “Mi estrategia es muy clara: dejar esto un poquito mejor de lo que yo me lo encuentro y, si puede ser, mucho mejor para quien me suceda en el puesto dentro de nueve años”.

Sobre los problemas inmediatos de la ciudad, Delgado -cuya familia vive en Peñarroya, ha puntualizado- ha señalado que Córdoba es una ciudad segura, pero que requiere la escucha de la sociedad para dar respuesta a las demandas: “Atención ciudadana va a ser el principal objetivo, intentar darle una respuesta lo más inmediata y eficaz o canalizarla hacia quien corresponda”. Cuando se asiente en el cargo, junto con el regidor hará un “análisis de situación” en el que Bellido tendrá que explicarle “hacia dónde quiere llevar a Córdoba y qué parte de implicación tiene en ese camino la Policía Local”.

Ingeniero técnico, licenciado en Ciencias Policiales y máster en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública, Delgado ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1995. Desde entonces ha desarrollado una amplia carrera que comenzó en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Cataluña y continuó durante 15 años en la Comisaría Provincial de Córdoba, donde dirigió, entre otras responsabilidades, la Brigada Provincial de Información.

Ascendido a comisario en 2018, desempeñó la Jefatura Local de Operaciones en Algeciras y posteriormente en Córdoba, antes de asumir la jefatura de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Granada. Su nombramiento como comisario jefe de Motril se produjo en 2022, puesto del que esta misma semana se ha despedido en la ciudad granadina. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones, entre ellas dos Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco, la Cruz de la Guardia Civil con distintivo blanco, la Medalla de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, la Medalla de la Policía Local de Granada y más de un centenar de felicitaciones policiales por actuaciones destacadas.

El alcalde de Córdoba ha agradecido la labor de los jefes salientes, Antonio Serrano y Juan Díaz, y ha explicado que la llegada de Delgado busca un “salto de calidad” mediante la incorporación de nuevas tecnologías y métodos de trabajo: “Tenemos al frente a la mejor persona que podíamos tener, con el cariño y el respeto de todos los que han trabajado con él a lo largo de una dilatadísima trayectoria y eso es algo impagable”.

Además, Bellido ha anunciado un cambio estructural para descargar de tareas burocráticas a la Jefatura de Policía. El 1 de septiembre, según ha adelantado, se activará la Dirección General de Seguridad, Emergencia y Protección Civil, liderada por un perfil técnico experto en catástrofes. “Necesitamos a alguien al frente de la gestión íntegra de la emergencia. El Jefe de la Policía Local se encarga de la seguridad ciudadana y de la convivencia, y necesitamos una persona que esté íntegramente dedicada a este apartado”.

El delegado de Seguridad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, ha evitado aclarar este jueves si el Consistorio conserva las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las zonas donde, días antes de las elecciones andaluzas, aparecieron los carteles anónimos que desincentivaban el voto al PSOE usando la imagen de la exalcaldesa Isabel Ambrosio.

Tras responder a una pregunta por escrito en el pasado Pleno, este jueves la cuestión ha sido formulada de forma oral por el concejal del PSOE José Antonio Romero, quien ha recordado que, tras la denuncia presentada por Ambrosio en el juzgado, el portavoz socialista solicitó al equipo de gobierno que preservara las grabaciones de las cámaras de la Policía Local y de Movilidad.

Romero ha reprochado que el gobierno municipal respondiera únicamente que las imágenes no habían sido solicitadas por el juzgado y ha insistido en que la cuestión no era esa. “La pregunta de hoy no es si se la han solicitado del juzgado o no, es si, tal como el portavoz del Grupo Socialista cuestionó, se han guardado esas imágenes”, ha planteado.

En su respuesta, Coca no ha contestado expresamente a esa cuestión y se ha limitado a afirmar que “por normativa de seguridad privada tiene que hacerse la petición vía judicial, que no ha llegado todavía”.

Tras esa contestación, el edil socialista ha interpretado que las imágenes no fueron conservadas. “Entiendo, entonces, por su respuesta, que no se han guardado las imágenes”, ha señalado.

Durante el debate, Romero ha asegurado además haber visto “personalmente” un vehículo con el logotipo del Ayuntamiento y de la empresa pública Cecosam que, según ha dicho, era el mismo que utilizaban quienes colocaban los carteles contra Isabel Ambrosio. Por ello, ha reclamado conocer cuándo fue utilizado ese vehículo, quién lo conducía y quién estaba colocando los carteles, al tiempo que ha anunciado que el Grupo Socialista solicitará por escrito toda la información relativa a ese coche y a su utilización durante aquellos días.

Por su parte, Coca ha evitado pronunciarse sobre esas afirmaciones y ha manifestado que el propio gobierno municipal también tiene interés en esclarecer los hechos. “A nosotros nos gustaría saber también quién y cuál es ese coche, en el supuesto. O sea, que nos unimos a la petición del señor Romero”, ha concluido el delegado de Seguridad.

El propietario de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia, Antonio Amil, volverá a ofrecer al Ayuntamiento de Córdoba el derecho de tanteo sobre los tres inmuebles, esta vez a partir de una oferta de compra de 850.000 euros presentada por una asociación cordobesa vinculada a las artes escénicas.

Según ha explicado el empresario en declaraciones a Cordópolis, el escrito será registrado entre este viernes y comienzos de la próxima semana y permitirá al Consistorio decidir si iguala las condiciones económicas de la operación para adquirir los espacios.

Amil asegura que la entidad interesada desarrolla desde hace años su actividad en Córdoba y ha diseñado un proyecto cultural que compatibiliza la conservación de los antiguos cines con una programación estable de artes escénicas y actividades para los barrios. Aunque ha rehusado identificar a la asociación hasta que se formalice la comunicación al Ayuntamiento, sostiene que se trata de una iniciativa “muy atractiva” para la ciudad y que él mismo continuaría vinculado al proyecto como colaborador.

Asimismo, el propietario afirma que ha rechazado otras ofertas de compra porque considera que esta propuesta garantiza la continuidad del uso cultural de los tres recintos. “Queremos que esos espacios sigan teniendo cultura”, ha señalado Amil, que sostiene que esta nueva operación supone, a su juicio, que el Ayuntamiento sí dispone ahora de una vía para hacerse con los inmuebles si realmente existe voluntad política.

Fórmulas administrativas

“Le vamos a hacer llegar al Ayuntamiento un nuevo derecho de tanteo para que decida si quiere comprar o no los espacios”, ha insitido, antes de discrepar de la interpretación jurídica defendida por el equipo de gobierno municipal en torno al derecho de retracto.

Mientras el Ayuntamiento sostiene que únicamente la Junta de Andalucía podría ejercer esa facultad sobre los inmuebles, Amil insiste en que la Administración autonómica carece de esa competencia porque los cines no están declarados individualmente como bienes protegidos dentro del Catálogo al que hace mención la Ley de Patrimonio. El Ayuntamiento, según el equipo jurídico, sí que tiene ese derecho, puesto que mantiene un alquiler sobre dos de los tres espacios (y que sigue vigente hasta octubre, mes a partir del cual no se renovará).

Respecto al futuro de los cines, mantiene que el cierre de este verano no responde a una falta de interés empresarial, sino a la imposibilidad de obtener las autorizaciones necesarias para proyectar películas con seguridad jurídica. A su juicio, existen fórmulas administrativas para compatibilizar la actividad cinematográfica durante los meses estivales con el resto de usos culturales previstos para estos espacios.

Finalmente, el propietario asegura que continuará buscando soluciones que permitan mantener el carácter cultural de los tres antiguos cines de verano, ya sea mediante la adquisición por parte del Ayuntamiento o a través del proyecto impulsado por la asociación cordobesa interesada en la compra.

La defensa del futuro de los cines de verano de Córdoba volvió este jueves al Pleno municipal con un debate marcado por un amplio consenso sobre la necesidad de preservar este patrimonio singular, aunque con profundas discrepancias sobre cómo hacerlo y, sobre todo, sobre la gestión que el Gobierno municipal ha realizado en los últimos años.

El debate llegaba después de un nuevo giro de guion, conocido este mismos jueves, tras hacerse pública una carta del alcalde, José María Bellido, reclamando a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de tanteo y retracto y adquiera los cines Delicias, Fuenseca y Olimpia. Aunque desde el PP han insistido en que esta acción no es un cambio de postura, todos los grupos políticos y también la ciudadanía presente en el Pleno, lo han interpretado de ese modo, y eso ha ayudado a que, por encima de las fórmulas, vuelva a quedar claro en que hay unanimidad en la necesidad de preservar y proteger los cines de verano.

El debate ha sido largo, pero menos bronco de lo esperado. La novedad, otro golpe de efecto no previsto, llegó al final, cuando el alcalde hizo uso de la palabra para lanzar una propuesta: crear una mesa o comisión de seguimiento integrada por los grupos políticos y la coordinadora SOS Cines de Verano con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los acuerdos plenarios y “reconstruir la confianza”.

Antropología y etnografía

La sesión comenzó con la intervención de la antropóloga Mónica Alonso, una de las impulsoras de la solicitud para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) los cuatro cines de verano de Córdoba. Alonso defendió que la propuesta municipal de convertir estos espacios en refugios climáticos con proyecciones culturales puede ser compatible con su protección patrimonial, aunque insistió en que resulta “imperativo” iniciar cuanto antes la declaración BIC.

Recordó que Córdoba es la única ciudad española que conserva cines de verano en su Casco Histórico y definió estos espacios como “patios culturales que prolongan el patio cordobés a escala de barrio”, además de constituir “una respuesta arquitectónica única al clima de nuestra ciudad”. A su juicio, la ciudad tiene ante sí una oportunidad para convertirse en un referente europeo en la conservación del patrimonio etnológico. “Protegerlos no los frena, los dignifica y garantiza su valor social”, afirmó, antes de señalar que el actual Ayuntamiento puede pasar a la historia como el que salvó un patrimonio único.

Luego arrancó el debate político el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, que atribuyó el cambio de posición del Gobierno municipal a la presión ejercida por la plataforma ciudadana SOS Cines de Verano. “Han conseguido doblar la cuchara de un Gobierno con mayoría absoluta”, afirmó, recordando que Bellido pasó de considerar el problema “irresoluble” a pedir ahora la intervención de la Junta de Andalucía.

Hidalgo reprochó además al Ejecutivo local que no haya desarrollado la moción aprobada por unanimidad en 2023 para instar a la Junta a iniciar la declaración BIC y acusó al alcalde de haber renunciado en dos ocasiones (y de forma “irregular”, a su juicio) al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre los cines. A su juicio, el Ayuntamiento ha mantenido durante estos años una voluntad clara de abandonar estos espacios.

Frente a esas críticas, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, aseguró compartir “al cien por cien” la exposición realizada por Mónica Alonso y reconoció que el Gobierno municipal ha tenido “un déficit de explicación” sobre su hoja de ruta. Defendió que siempre se ha actuado conforme a la legalidad y sostuvo que la intención del Ejecutivo ha sido recuperar estos espacios como refugios climáticos que mantengan un uso cinematográfico de carácter cultural, pero no de exhibición comercial.

“No podemos proyectar Torrentes”, resumió Torrico para diferenciar el modelo planteado por el Ayuntamiento del funcionamiento tradicional de los cines comerciales. Asimismo, insistió en que corresponde a la Junta de Andalucía iniciar la declaración BIC y ejercer, si lo considera oportuno, el derecho de tanteo y retracto previsto en la Ley de Patrimonio.

Desde el Grupo Socialista, Antonio Hurtado abrió su intervención recordando la figura de Martín Cañuelo y calificando de “quijotesca” su labor en defensa de los cines de verano. Después cargó contra Bellido, al que acusó de convertir el Casco Histórico en “un dormitorio para turistas y despedidas de soltero”, y aseguró no confiar en el Gobierno municipal tras las renuncias al derecho de tanteo y retracto, que considera carentes de justificación técnica y jurídica. El portavoz socialista defendió la expropiación como la vía más adecuada para garantizar la conservación de los cines y anunció que ha puesto la actuación municipal en manos de abogados para analizarla.

La portavoz de Vox, Marta León, coincidió en considerar los cines de verano parte de la identidad cultural de Córdoba y mostró su sorpresa porque la petición a la Junta para ejercer el derecho de tanteo y retracto no se hubiera realizado antes de este jueves. No obstante, otorgó al Gobierno municipal un “voto de confianza”, aunque advirtió de que su grupo permanecerá vigilante para comprobar el cumplimiento de los acuerdos.

Segundo y tercer turno

El debate mantuvo la tensión durante los sucesivos turnos de palabra. Torrico pidió a la oposición mirar “más hacia adelante que hacia atrás” y aseguró que el Ayuntamiento cumplirá la moción aprobada. Hurtado replicó que el cambio de posición del PP responde únicamente al intento de apagar “el incendio que ustedes mismos han provocado” y reveló que ya en 2023, él mismo había trasladado al Ayuntamiento la disposición de los herederos de Martín Cañuelo a vender los cines al consistorio, que no dio entonces ningún paso hacia ello.

Por su parte, Hidalgo habló de “cinismo político” por parte del Gobierno municipal y sostuvo que el cambio de rumbo solo se ha producido gracias a la presión ciudadana. En su última intervención propuso además reconocer la figura de Martín Cañuelo incorporando su archivo personal al Archivo Municipal y honrando su nombre en algún espacio de la ciudad.

El encargado de cerrar el debate fue el alcalde, José María Bellido, que agradeció el trabajo desarrollado por Mónica Alonso e hizo un repaso cronológico del cumplimiento de la moción aprobada en 2023. Reiteró que la competencia principal para ejercer el derecho de tanteo y retracto corresponde a la Administración autonómica y justificó el cambio de escenario señalando que ahora concurren circunstancias nuevas, ya que el propietario ha dejado de ejercer la actividad y carece de licencia, lo que abre el plazo legal para que la Junta pueda ejercer el retracto. Posteriormente, añadió, será necesario modificar el planeamiento urbanístico vigente porque “no nos convence el actual”.

El alcalde rechazó además las acusaciones de haber favorecido la especulación urbanística y recordó que fue su Gobierno quien rechazó el proyecto de aparcamientos previsto para esos suelos. Finalmente, admitió que es necesario recuperar la confianza entre los distintos actores implicados y lanzó una propuesta que marcó el cierre del debate: impulsar una mesa de trabajo con representación de todos los grupos municipales y de la coordinadora SOS Cines de Verano para supervisar el cumplimiento de la moción y acompañar el proceso de recuperación de estos espacios.

En las votaciones posteriores, la moción presentada por el PSOE fue rechazada con los votos en contra del PP, el apoyo del PSOE y Hacemos Córdoba y la abstención de Vox. La iniciativa del PP salió adelante gracias a los votos favorables de populares y Vox, mientras PSOE y Hacemos Córdoba optaron por la abstención. Por último, la propuesta de Hacemos Córdoba fue rechazada al votar en contra el PP, con el apoyo de Hacemos y PSOE y la abstención de Vox.

La moción aprobada es la siguiente:

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha hecho examen este jueves 9 de julio al Mayo Festivo con la comparecencia del concejal delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, que ha presumido de éxito de las fiestas de la primavera cordobesa, mientras desde la bancada de enfrente la oposición le ha exigido medidas que resuelvan problemas históricos y que se apruebe una ordenanza municipal de Feria para establecer el modelo de esta fiesta.

Urbano ha desgranado las fiestas del calendario del Mayo Festivo, un mes que ha calificado de “éxito, participativo, sin perder su esencia” y en el que ha destacado que “se ha escuchado” a vecinos y colectivos. Sobre la Feria ha apuntado al entoldado como novedad y a la valoración de los ciudadanos de la Feria, con un 8, según ha dicho, además de conseguir llenar la Feria de casetas este año y no dejar huecos en El Arenal.

En cuanto a las Cruces, el concejal de gobierno se ha felicitado por las acciones contra el botellón, la modificación de horarios para evitar molestias a los vecinos y el despliegue de cruces por los barrios para descongestionar el casco histórico.

De la Cata ha aplaudido su ubicación en la avenida del Alcázar por segundo año consecutivo y “su nuevo modelo”, “desterrando concentraciones no deseadas de madrugada, donde primaba el consumo de alcohol frente a la degustación de vino”.

Y en cuanto a los Patios, ha valorado que se hayan aumentado los accésits por participación y “conseguido que todas nuestras rutas tengan protagonismo y se descongestionen las más famosas”. En su intervención ha valorado las aportaciones de colectivos, peñas y vecinos y ha asegurado que “este gobierno no va a parar de impulsar mejoras escuchando a los protagonistas”.

Pero, en el debate en el Pleno, ese éxito y triunfalismo ha sido criticado por la oposición y todos los partidos han reclamado que se establezca ya una ordenanza de Feria que defina el modelo de la misma y preserve la “feria abierta” que es identidad de Córdoba.

Desde el PSOE, la edil Alicia Moya ha pedido que el Ayuntamiento haga todo lo posible para que el Mayo Festivo siga siendo un éxito en un futuro, “dentro de diez o veinte años”, por lo que ha pedido que “es necesario planificar a largo plazo, proteger los patios y equilibrar el turismo y la ciudadanía”. En ese sentido, ha apostado por la convivencia vecinal e integración en el entorno de las Cruces, por lo que ha pedido resolver problemas limpieza y de aseos en la calle, a la vez que ha afeado que “el botellón no se ha eliminado, lo han desplazado”.

Desde Vox, el concejal Rafael Saco también ha pedido una ordenanza de Feria y ha criticado que el PP “quiera vender una imagen de éxito pero no se puede confundir propaganda con gestión”. Ha pedido “poner las cosas más sencillas a los caseteros” y ha acusado al gobierno local de una “gestión con improvisación, falta de planificación y ausencia de autocrítica”. Y ha reclamado conocer “qué se va a hacer para resolver los problemas y las quejas de los colectivos y qué medidas se van a adoptar” para el futuro del Mayo Festivo.

Y, desde Hacemos Córdoba, el edil Iván Fernández ha afeado la “autocomplacencia” del gobierno del PP sobre las fiestas y ha pedido “analizar qué ha fallado y escuchar a quienes sostienen nuestras fiestas”. Ha criticado que no se controlen las micciones en la vía pública en Cruces, que el botellón se haya trasladado al Vial y que el gobierno local “no haga nada” para ayudar al relevo generacional en los Patios, donde los propietarios acusan el esfuerzo y tiempo necesarios para conservarlos y la burocracia que sufren.

Y, reiterando la petición de otros grupos, han pedido al gobierno municipal del PP que planifique y tome medidas para garantizar el buen desarrollo y la supervivencia del Mayo Festivo en las próximas décadas.

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha criticado duramente el diseño gráfico de la nueva campaña de convivencia del Ayuntamiento, que usa una imagen de mujeres con diademas de penes en alusión as las despedidas de soltero y soltera que, desde mediados de agosto, sancionará el Consistorio.

En una rueda de prensa, que la organización también ha denunciado el pacto andaluz PP-Vox, la portavoz -Elena Vega-c ha calificado la imagen utilizada de “mal gusto y muy burda”, además de enfatizar que esta representación es una “imagen estereotipada” de las mujeres que evidencia la “ausencia de unas políticas de igualdad transversales” en el Ayuntamiento.

“Es sorprendente ver cómo dentro del movimiento feminista se hace una denuncia de cómo las despedidas de soltero son las que hacen una hipersexualización” de la mujer y desde el Ayuntamiento de Córdoba se usa una imagen en la que “nosotras salimos retratadas con este tipo de felpa”. Vega ha asegurado que estas quejas han sido trasladadas al coordinador de la Casa de la Igualdad de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, quien les habría traslado su comprensión.

Por otro lado, la plataforma ha anunciado una ambiciosa agenda de verano para combatir el negacionismo desde la educación. El próximo lunes 13 de julios arrancará una ruta de Cuentacuentos en igualdad que recorrerá ocho municipios: Villaralto, Belalcázar, Fuente Palmera, Palma del Río, Nueva Carteya, Cardeña, Lucena y Doña Mencía; zonas rurales donde la asociación ha apreciado “mayores déficits”. Estos talleres, que se realizarán a las 10:00 y 12:00 en colaboración con las escuelas de verano, pretenden ser un “dique de contención frente al negacionismo”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado formalmente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que valore el ejercicio del derecho de retracto sobre la compraventa de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia, situados en el Casco Histórico de la ciudad, al considerar que podrían concurrir las circunstancias previstas en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía para proteger este patrimonio.

En un nuevo giro de guion, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha remitido este miércoles un escrito a la Consejería en el que pone en conocimiento de la Administración autonómica la transmisión de estos tres inmuebles, que tuvo lugar el pasado mes de marzo. Entiende el regidor que al estar ubicados en el Conjunto Histórico de Córdoba, están incluidos en el ámbito del Plan Especial de Protección del Casco Histórico y del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, lo que faculta a la Consejería para adquirirlos por el precio al que se vendieron (300.000 euros).

El Ayuntamiento entiende que, según la información que venía en la escritura de compraventa, la transacción se habría formalizado sin que se hubiera realizado la notificación previa a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, un trámite exigido por el artículo 17 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía cuando se transmiten inmuebles protegidos.

Ante esta situación, el Consistorio ha solicitado a la Junta que lleve a cabo las actuaciones de comprobación e instrucción que considere oportunas y que valore, en su caso, el ejercicio del derecho de retracto previsto en la legislación autonómica. Este mecanismo permite a la Administración subrogarse en la posición del comprador cuando no se ha cumplido con la obligación legal de comunicación previa o cuando la transmisión se ha producido en condiciones distintas de las notificadas.

Sin embargo, este periódico ya abordó este asunto en los días posteriores a la toma de conocimiento de la compraventa de los inmuebles. En aquel entonces, fuentes jurídicas implicadas en la operación, aseguraron que esa parte de la escritura y la posterior notificación de la transacción al Gobierno Andaluz tuvo un carácter meramente formal o de cortesía, ya que la Junta no tendría herramientas legales para intervenir de forma preferente en la transmisión de los inmuebles, al no estar los cines incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

Torrico recuerda los informes jurídicos que impidieron al Ayuntamiento ejercer el retracto

El portavoz del Gobierno municipal y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha defendido que la iniciativa remitida a la Junta confirma la posición que el equipo de gobierno ha mantenido desde el inicio del debate sobre los antiguos cines de verano. Torrico ha reiterado que el Ayuntamiento “no podía” ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre los inmuebles, ya que, según los informes jurídicos de los que dispone el Consistorio, la competencia corresponde a la Junta de Andalucía en aplicación del artículo 17 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

En este sentido, ha explicado que el escrito enviado por el alcalde persigue que sea la Administración autonómica la que estudie la posibilidad de ejercer ese derecho dentro del plazo legal de seis meses desde que tuvo conocimiento de la transmisión de los inmuebles.

El portavoz municipal ha señalado que la Junta ya ha trasladado verbalmente al Ayuntamiento su disposición a analizar esta posibilidad, aunque deberá completar previamente todos los informes jurídicos, administrativos y económicos que resulten necesarios antes de adoptar una decisión.

Asimismo, Torrico ha vuelto a apelar a los informes jurídicos para justificar que el Ayuntamiento tampoco podía acogerse al derecho de tanteo previsto en la legislación de arrendamientos, al tratarse de una explotación temporal de los cines de verano y no de un arrendamiento permanente. Según ha recordado, la única vía que el Consistorio podía explorar era una eventual adquisición por derecho privado, posibilidad que fue planteada al empresario en una reunión mantenida a principios del pasado mes de junio.

Finalmente, ha defendido que el objetivo del Gobierno municipal pasa por recuperar estos espacios para usos ciudadanos compatibles con su protección patrimonial, como refugios climáticos, actividades vecinales y culturales y, siempre dentro de los límites que permita la legislación vigente, la celebración de proyecciones cinematográficas durante la temporada estival.