El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal en el Ayuntamiento, José Antonio Romero, ha exigido este miércoles al gobierno municipal de José María Bellido que “ponga fin a los retrasos en el pago a proveedores y garantice que autónomos y empresarios cobren en tiempo y forma por los servicios que prestan al Consistorio”, tras criticar que “abonó 463.000 euros en intereses de demora durante 2025 y que, en los dos primeros trimestres de 2026, ya ha pagado otros 80.744 euros por el mismo concepto”.

En una rueda de prensa, el edil ha manifestado que “es una auténtica barbaridad de dinero público que se va en intereses por pagar tarde y mal a los empresarios y autónomos que trabajan para el Ayuntamiento”, a la vez que considera que “estas cifras evidencian los problemas de gestión del equipo de gobierno del PP y su falta de respuesta ante las dificultades que sufren los proveedores municipales”.

El candidato socialista ha subrayado “la contradicción que supone que el Consistorio acumule 150 millones de euros en sus cuentas bancarias mientras mantiene un período medio de pago de 58 días”. “Una demora que se agrava en determinados organismos municipales, porque el Imdeco alcanza los 132 días, Aucorsa registra 42 días y la Orquesta de Córdoba 58 días”, según ha detallado.

Romero ha advertido de que “estos retrasos tienen consecuencias directas sobre la actividad económica y la supervivencia de pequeños negocios”. Como ejemplo, ha relatado “el caso de un empresario que trabaja para el Imdeco y que ha trasladado su decisión de dejar de prestar servicios hasta que cobre las cantidades pendientes”. También ha expuesto la situación de un autónomo que, “tras reclamar los intereses de demora e incluso recurrir al Defensor del Pueblo, sigue sin recibir el dinero que necesita para mantener su empresa”.

“Están ahogando a los empresarios y a los autónomos que trabajan para el Ayuntamiento”, ha señalado el concejal, para remarcar que “detrás de cada factura que no se paga a tiempo hay negocios que tienen que afrontar sus gastos, pagar nóminas y mantener su actividad sin disponer del dinero que les corresponde”.

El dirigente socialista ha añadido que “el problema no se limita a los proveedores, sino que también afecta a los empleados públicos municipales”. En este sentido, ha reprochado “los retrasos en el abono de los premios de jubilación y de las actividades extraordinarias realizadas por la Policía Local, así como las cantidades salariales pendientes que deben hacerse efectivas conforme a la normativa vigente”.

Romero ha considerado “especialmente preocupante que el Ayuntamiento tenga que destinar cientos de miles de euros al pago de intereses de demora cuando esos recursos podrían emplearse en mejorar los servicios públicos y atender necesidades de la ciudad”.

Los cines de verano

Como ejemplo, el edil ha recordado el debate sobre la adquisición de los cines de verano, cuya compra se valoró en 300.000 euros. “Con el dinero que se paga en intereses de demora se podrían haber comprado los cines de verano, que el PP rechazó adquirir”, ha defendido, para apostillar que “ahora nos arriesgamos a años de conflictos judiciales y a que los cordobeses no puedan disfrutar de ellos”.

Para el candidato socialista, “el problema responde a una forma de gestionar que deja sin respuesta necesidades fundamentales de la ciudadanía”. “Bellido está fallando a los proveedores, a los autónomos, a los empresarios y a los empleados públicos, pero también a las personas que esperan una vivienda pública y a los vecinos que sufren el abandono de sus barrios y el mal estado de las aceras”, ha manifestado.

En este contexto, ha recordado que “hay alrededor de 8.000 personas demandantes de vivienda pública en Córdoba” y ha reclamado “un Consistorio que sitúe a las personas en el centro de sus decisiones, proteja a quienes cumplen con su trabajo y garantice que los recursos municipales se traduzcan en mejores servicios y calidad de vida”.

“Garantizar pagos en plazos reales”

Ante todo, Romero ha reclamado al alcalde que “adopte las medidas necesarias para reducir los periodos de pago y evitar que los proveedores tengan que financiar con sus propios recursos los servicios que prestan a la administración municipal”. “Queremos un Ayuntamiento que proteja a las personas, que pague a sus proveedores conforme a la legislación vigente, que cumpla con sus empleados públicos y que atienda a quienes necesitan una vivienda y a los barrios que llevan demasiado tiempo esperando mejoras”, ha defendido.

Asimismo, ha exigido a Bellido que “actúe para poner fin a esta situación”, de manera que cree que “el alcalde tiene que ponerse las pilas, trabajar y gestionar”. “No puede seguir teniendo 150 millones de euros en el banco mientras autónomos y empresarios esperan meses para cobrar”, ha dicho, para pedirle que “haga lo que tenga que hacer, pero que no ahogue más a los empresarios y autónomos”.

La delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba prevé mañana, día 22 de octubre, cortes intermitentes de tráfico en uno de los carriles de la Ronda del Marrubial, concretamente en el carril derecho dirección avenida de Barcelona, por las tareas de reposición del Triunfo de San Rafael.

Estos cortes de tráfico pueden producirse entre las 08:30 y las 09:00 horas coincidiendo con las labores de descarga e instalación del monumento; de la misma manera puede limitarse el acceso de peatones a la citada plaza mientras que se realizan los trabajos del Triunfo de San Rafael que regresa a su ubicación después de que resultase dañada en octubre de 2023 a consecuencia de la borrasca Bernard.

La restauración de este Triunfo de San Rafael ha corrido a cargo de la Asociación Profesional Cordobesa de Arte Sacro (Artesa) con la coordinación de las delegaciones de Infraestructuras y de Fiestas y Tradiciones.

Piezas procedentes del Museo del Louvre, del British Museum de Londres, de la Gliptoteca de Múnich y del Museo Arqueológico Nacional, junto a un importante lote del Museo Arqueológico de Córdoba y de otros fondos de la provincia, formarán parte de Córdoba Romana: La Ciudad Oculta, la exposición que Vimcorsa acogerá del 20 de noviembre al 7 de febrero de 2027.

Una gran muestra que releva así a Despertar a la vida en el Antiguo Egipto, y que ha sido comisariada por el experto Desiderio Vaquerizo, autor del libro que da título a la exposición y uno de los más grandes conocedores de la huella romana en la ciudad de Córdoba. Vaquerizo ha presentado este miércoles este evento cultural, junto al alcalde, José María Bellido, y la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Isabel Albás.

Entre los tres, con el Templo Romano de fondo, han dado las principales pinceladas de la muestra, que recibirá, entre casi un centenar de piezas, un busto de Germánico y una cabeza de atleta, cedidas ambas por el Louvre; una cabeza de Calígula conservada en Múnich, procedente del entorno del Gran Capitán, que salió de España en 2018; otro busto, en este caso cedido por el Museo Arqueológico Nacional, correspondiente a Antonino Pío; varias terracotas y el tesoro de los almadenes. Son algunos de los préstamos más relevantes de una exposición que, no obstante, permitirá ver por primera vez en Córdoba un nutrido patrimonio de origen romano que está diseminado por toda la provincia.

Todo ello en un único espacio: la Sala Vimcorsa, que se va a subdividir, a su vez, en diez salas, para buscar que el visitante pueda hacer un recorrido inmersivo. Así, Vaquerizo ha explicado que la primera sala explica por qué Córdoba nace donde nace y su relación con el río. La segunda aborda el paso de la ciudad prerromana a la primera fundación republicana y la mezcla de ambas etnias que dio lugar a los hispanorromanos. La tercera se centra en la consolidación de la colosal ciudad augusta.

La cuarta trata los edificios de espectáculos, desde el circo hasta el teatro y el anfiteatro. La quinta, dedicada al culto imperial, reúne las piezas más señeras. Las siguientes salas abordan la vida doméstica, el abastecimiento de agua (en el que Córdoba fue modelo en toda la península), el ocio y las termas, y los paisajes de ultratumba. La décima es un proyecto audiovisual inmersivo de entre nueve y diez minutos que permitirá “caminar” por la Córdoba romana. Habrá además cuatro vídeos dentro de la propia muestra.

Vaquerizo explicó que el proyecto lleva casi dos años de trabajo previo y que surgió de forma espontánea, cuando presentó la obra Córdoba Romana. La ciudad oculta, y fue el alcalde quien consideró que aquello merecía una exposición pensada para los cordobeses. El comisario ha dicho que se trata de una muestra didáctica, accesible para todos los públicos, divertida para niños y mayores, pero también atractiva para los especialistas.

Una exposición orientada a los cordobeses

Bellido ha destacado el trabajo de Vaquerizo y ha asegurado que la ciudad va a aprovechar su vasto conocimiento para ofrecer a los cordobeses esta gran exposición, que, ha subrayado, nació al revés: primero el contenido científico y después la muestra. El regidor ha conectado el proyecto con la primera gran exposición de la ciudad, Mediterráneo cristiano, y ha afirmado que las cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial obligan a Córdoba a buscar siempre el máximo nivel cultural.

También ha señalado que esta muestra tiene un matiz distinto, al estar más orientada a los cordobeses, y que vuelve a demostrar la capacidad de la ciudad para situarse en el circuito internacional de exposiciones. Según el alcalde, el objetivo es ofrecer un relato espacial de la Córdoba romana, para lo que se empleará tecnología de vanguardia.

Por su parte, Isabel Albás ha afirmado que Córdoba tiene una agenda cultural cada vez más completa y que figura entre las ciudades culturales de referencia. La delegada ha explicado que la muestra desentierra un pasado desconocido a pesar de ser tan nuestro, de ahí el concepto de “ciudad oculta”. La exposición, con un presupuesto de 503.000 euros, ha sido diseñada y ejecutada por la empresa Studio Etérea.

El programa complementario incluye doce conferencias, que arrancarán el próximo 27 de octubre en el salón de actos del Centro de Interpretación de la Mezquita, sede también de las dos siguientes. Las ocho restantes se celebrarán en el salón de actos de la Diputación, institución que colabora y patrocina además una gincana educativa y competitiva en noviembre y diciembre dirigida a alumnos de Primaria y Secundaria. Se organizarán asimismo seis viajes a yacimientos de la provincia.

La exposición, de entrada gratuita, abrirá a partir del 20 de noviembre de miércoles a sábado, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas, y los domingos hasta el mediodía.

Este martes, ha habido brindis y celebraciones en buena parte del movimiento ciudadano de Córdoba. Se festejaba una decisión administrativa que, hasta hace unas horas, no estaba nada clara: que la Junta de Andalucía ejerciera el derecho de retracto para que el Ayuntamiento de Córdoba adquiera los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia a un precio casi de saldo.

Son tres espacios históricos en los que la proyección de películas en las calurosas noches estivales se mantuvo ininterrumpida desde los años 80 hasta la muerte de su anterior propietario, Martín Cañuelo, en el año 2023. Entonces, estos tres solares destinados a la cultura, entraron en un periodo nuevo, en el que su futuro como cines de verano nunca ha estado asegurado del todo, como tampoco lo ha estado su protección contra posibles operaciones especuladoras (hablamos de tres espacios que suman miles de metros en pleno Centro Histórico de Córdoba, con una protección ligada un plan especial).

En los tres años transcurridos desde la muerte de Martín Cañuelo hasta este pasado verano, nunca llegó a haber una apuesta clara de las administraciones públicas para garantizar la continuidad de las proyecciones estivales. Ahora, con el órdago lanzado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, buena parte de la ciudadanía de Córdoba sabe que, al menos, existe un futuro (o un multiverso, por usar un símil cinematográfico) en el que los cines de verano sean un patrimonio etnográfico en manos del pueblo de Córdoba.

Para ello, no obstante, es posible que quede mucho tiempo. E incluso es posible que queden algunos veranos sin cine en el Fuenseca, el Delicias y el Olimpia, puesto que, lo que se ha oficializado este martes es el más que probable inicio de un capítulo judicial para despojar de la propiedad al actual dueño, el empresario Antonio Amil, que ya ha anunciado, en exclusiva para Cordópolis, que irá a los tribunales a defender su adquisición de los tres cines de verano la pasada primavera.

La negación

Lo que todos los actores tienen claro -lo digan en público o en privado- es que no se podría haber llegado hasta aquí sin la movilización ciudadana: una serie de protestas que ya arrancaron en la primavera de 2024 -cuando todo apuntaba que ese verano no habría proyecciones al aire libre-, pero que se mantuvieron en discreto segundo plano hasta el 25 de mayo de este año, cuando este periódico publicó los pormenores de la compraventa de los tres cines por parte de Amil y, muy especialmente, cuando con ello se supo que el Ayuntamiento de Córdoba había renunciado expresamente a ejercer su derecho de tanteo hasta en dos ocasiones (una primera, en 2025, por 400.000 euros, y otra en marzo de 2026, por el precio final de 300.000 euros).

Aquella publicación hizo que los colectivos culturales y vecinales comenzaran a organizarse para reclamar una intervención pública que hiciera que los cines pasaran a manos del Ayuntamiento. Mientras tanto, sus responsables, especialmente el alcalde, José María Bellido, y el presidente de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, no parecía medir bien la intensidad del movimiento en los primeros compases. Tanto es así que, a mediados de junio, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo dio unas declaraciones que, leídas hoy, resultan tragicómicas: “Al Ayuntamiento no le interesa mantener la actividad de cine de verano. Así de claro”. Un poco menos directo resultó el discurso que dio al día siguiente el alcalde, que se mostró dispuesto a adquirir “los solares” pero aclarando que esa posible operación no tendría como objetivo mantener la actividad cinematográfica.

Para entonces, el Gobierno municipal defendía que disponía de dos informes que respaldaban su posición: uno sobre la renuncia al derecho de tanteo y otro sobre las dificultades para que el Ayuntamiento asumiera directamente la explotación cinematográfica. Este último, según pudo comprobar este periódico, dejaba abiertas otras vías para evitar que se perdiera la actividad.

Aquellas dos declaraciones de mediados de junio, sin embargo, encendieron los ánimos del personal, que comenzó a movilizarse. Nació la Coordinadora SOS Cines de Verano, mientras otro grupo anónimo comenzó a organizar proyecciones simbólicas en plazas al aire libre, y los partidos de la oposición se lanzaban contra el equipo de Gobierno -al que acusaba de querer dejar morir una tradición centenaria- y contra la Junta de Andalucía -a la que acusaban de no querer iniciar el expediente de protección de esta actividad como Bien de Interés Cultural-.

El cambio de postura

El cambio de postura comenzó a hacerse visible a finales de junio y se concretó el 1 de julio, cuando el Gobierno municipal anunció que estaba dispuesto incluso a expropiar los cines que había renunciado a comprar mediante el derecho de tanteo. Además, ese mismo día, dos asociaciones reclamaron de manera oficial a la Junta la incoación del expediente para proteger como Bien de Interés Cultural tanto los inmuebles de los cines de verano como la propia actividad de las proyecciones estivales por su valor etnológico.

Tan solo una semana después, era el Ayuntamiento de Córdoba el que solicitaba formalmente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que valorara el ejercicio del derecho de retracto sobre la compraventa. Ya entonces mencionaba el escrito firmado por el alcalde el resquicio por el que entendían que podían frustrar la adquisición: según la información que venía en la escritura de compraventa, la transacción se habría formalizado sin que se hubiera realizado la notificación previa a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, un trámite exigido por el artículo 17 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía cuando se transmiten inmuebles protegidos.

La Junta de Andalucía, que hasta ese momento había hecho caso omiso a todas las preguntas que le había planteado este periódico sobre esa misma cuestión, de repente se activó. Tanto es así que, a finales de mes, la misma consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ya fijó un plazo para recuperar los cines: octubre.

Mientras tanto, la movilización traspasó pronto las fronteras de Córdoba. La campaña impulsada por SOS Cines de Verano recibió el respaldo de actores, cineastas, escritores, músicos y periodistas, entre ellos Antonio de la Torre, Alberto San Juan, Macarena Gómez y Benito Zambrano. La cineasta Isabel Coixet también se sumó a la defensa de estos espacios, mientras la reivindicación llegaba a medios de comunicación nacionales.

La campaña se ha mantenido durante todo el verano, incluso después de que, ya de manera oficial, la Junta de Andalucía iniciara el 10 de septiembre de manera oficial el procedimiento administrativo para ejercer el derecho de retracto. Ese día puso fecha: el 6 de octubre, día en el que se cumplían seis meses desde que el Gobierno Andaluz se había enterado de la compraventa. El propietario, por su parte, negaba en todo momento que la Junta tuviera ese derecho y confiaba en que no podría justificarlo.

El 6 de octubre llegó, pero con una sorpresa. La Junta comunicó una ampliación de diez días del plazo para resolver el procedimiento. Posteriormente aclaró que se trataba de días hábiles, de modo que la fecha límite pasaba al 21 de octubre. Sin embargo, un día antes, este martes 20, la Consejería de Cultura publicó en un boletín extraordinario la orden por la que ejerce el derecho de retracto sobre los tres inmuebles y resuelve las impugnaciones planteadas por el propietario, en los términos que recoge la propia resolución.

La orden extraordinaria

La noticia comenzó a motivar brindis y a rular por los grupos de Whatsapp. El primero en celebrarla fue el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que se mostró satisfecho de que la Junta y el Ayuntamiento hubieran dado los pasos necesarios para recuperar estos espacios. Pero el siguiente capítulo ya estaba anunciado: Antonio Amil acudirá a los tribunales para que un juez determine si la Administración podía ejercer el retracto en las condiciones en las que lo ha hecho.

La resolución, en cualquier caso, supone un golpe de timón respecto a la posición que habían mantenido hasta hace unos meses las dos administraciones gobernadas por el PP. Por eso, por encima de la incertidumbre, buena parte de quien celebraba este martes la resolución, lo que festejaba era que la movilización ciudadana hubiera logrado algo tan impensable como que dos gobiernos del PP -uno de ellos con mayoría absoluta- intervinieran desde lo público en una compraventa de inmuebles y fueran contra la sacrosanta ley del mercado.

Como fin de la primera parte, hoy hay pocas voces que no lo vean como un happy end. Otra cosa es que la segunda parte vaya a ser una película de juicios. Pero ya habrá tiempo para que se escriba.

La asociación vecinal Miguel Hernández del Veredón de los Frailes ha remitido un escrito a la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba para reclamar la limpieza integral del arroyo Guadarromán.

En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se dirigen “al Departamento de Mantenimiento de Arroyos” y hacen constar “la situación que llevamos padeciendo los vecinos sobre el arroyo Guadarromán durante muchos años y que aún no se ha resuelto”.

Sobre ello, argumentan que el arroyo, entre el tramo de las vías de tren de Adif que limita con la carretera de Palma del Río hasta el tramo del puente que pasa la carretera CH-2, según el texto legal del Artículo 28.4 de la Ley 10/2001 del 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional que establece la competencia de mantenimiento y limpieza sobre ríos y arroyos en su paso por tramos urbanos “es exclusivamente competencia en este caso del Ayuntamiento de Córdoba”.

Los vecinos cuentan que “dicho arroyo lleva padeciendo varias etapas de dejadez, sin hacerle una limpieza integral desde el año 2005 donde se percibe mucha maleza, sedimentos y escombreras en todo el tramo”, además de que la zona también ha sufrido varias situaciones de desbordamientos, cortes y también los desalojos que se produjeron por Emergencias en febrero de 2026, durante las borrascas que azotaron a la provincia y la capital.

“Hemos tenido algunas conversaciones con este Departamento y con su propio técnico al frente, y siempre han expresado tener la voluntad de actuar en dicho tramo del Arroyo Guadarromán, pero todo se ha quedado en palabras y no en hechos hasta el día de hoy”, denuncian.

Por todo ello “y viendo la situación en el cual los vecinos no vemos voluntad para que el Ayuntamiento de Córdoba actúe en el arroyo Guadarromán, hemos determinado solicitar expresamente por escrito esta solicitud”, al haber conocido que el Ayuntamiento ha solicitado 94 millones de euros al Gobierno Central para la reparación de daños de borrascas y prevención de inundaciones en los tramos urbanos de Córdoba.

Así las cosas, los vecinos solicitan “expresamente la limpieza Integral del tramo mencionado anteriormente por parte del Departamento de Mantenimientos de Arroyos del Ayuntamiento de Córdoba en la mayor brevedad posible y que no tengamos que sufrir episodios de años anteriores por no tener una conservación y mantenimiento preventivo” del mismo conforme a ley 6/2024 que recogen las medidas urgentes de respuesta, reconstrucción, ayudas directas ante situaciones de emergencias causadas por Danas.

La asociación vecinal señala que estudiará las acciones legales pertinentes junto al Consejo de Distrito de Villarrubia “si no vemos voluntad por parte del Ayuntamiento de Córdoba en realizar dichas actuaciones en el arroyo Guadarromán que son de su expresa competencia”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha celebrado este martes la orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que notifica la ejecución del derecho de retracto sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, que el consistorio aspirar a poseer tras depositar 300.000 euros.

Bellido ha reaccionado a la noticia en el Ayuntamiento, insistiendo en su alegría en el hecho de que la Junta haya culminado su parte del procedimiento con la publicación este martes en el BOJA de la orden por la que se ejercita el derecho de retracto en beneficio del Ayuntamiento. Según ha señalado, esta decisión se suma al apoyo unánime a la declaración de estos espacios como Bien de Interés Cultural (BIC), aprobado tanto en el Pleno municipal como en el Parlamento andaluz.

El regidor ha explicado que el siguiente paso es aceptar la cesión y dar los pasos administrativos necesarios para proveer el presupuesto y ejecutarlo. Ha indicado que lo ideal sería iniciar la ejecución para poder disponer de los inmuebles lo antes posible. La orden fija en 300.000 euros el precio de adquisición, el que consta en la escritura de compraventa, y establece que el Ayuntamiento asumirá íntegramente su coste.

No obstante, tras el anuncio del propietario de que acudirá a los tribunales, el alcalde ha reconocido que era una posibilidad que ellos esperaban, y ha reconocido que Antonio Amil “está en su legítimo derecho”.

“Nosotros prisa no tenemos”, ha señalado el alcalde, que ha confiado en las posibilidades de victoria de la administración pública, teniendo en cuenta la advertencia que hizo el notario y con la resolución de la Junta, que, según ha dicho, sus técnicos y expertos jurídicos han justificado “al detalle”.

Antonio Amil Corredera, que adquirió los inmuebles junto a su esposa, ha anunciado que acudirá a los tribunales para defender un proceso de adquisición que, según ha afirmado, se hizo “con toda la legalidad y las garantías”. La orden, fechada el 18 de octubre, pone fin a la vía administrativa y puede recurrirse en reposición en el plazo de un mes o ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el de dos meses.

Nueva condena para el Ayuntamiento de Córdoba por deficiencias en el mantenimiento de la vía pública. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Consistorio a indemnizar con 3.171,50 euros, más los intereses, a una vecina que sufrió una aparatosa caída en la vía pública debido al mal estado de la acera.

Los hechos se produjeron durante la noche del 4 de octubre de 2024, sobre las 23:30, a la altura del número 44 de la calle Hermano Juan Fernández. Según consta en la resolución, la mujer tropezó y cayó al suelo repentinamente tras abandonar la terraza de un establecimiento de hostelería cercano. Como consecuencia del impacto, sufrió diversas lesiones, perjuicios personales y secuelas que un dictamen pericial valoró en un total de 6.343 euros.

Frente a la reclamación de la perjudicada, el Ayuntamiento y su aseguradora se opusieron al pago argumentando que el desperfecto era visible y conocido. Asimismo, un informe del Jefe de la Unidad de Mantenimiento de la Vía Pública intentó sostener que la caída se debió únicamente a una baldosa partida y suelta con un desnivel de apenas dos centímetros.

Sin embargo, el magistrado ha tumbado esta versión técnica a la luz de las pruebas fotográficas aportadas al expediente. De esta forma, en el fallo se señala explícitamente que la acera presentaba huecos y losas partidas y sueltas en un tramo continuo y defectuoso que ocupaba casi toda la zona de paso. Por tanto, el deterioro era amplio e irregular, por lo que la caída pudo producirse por cualquiera de las deficiencias o por el conjunto de todas ellas, agravado por la escasez de luz nocturna que provocaba el ramaje de los árboles de gran porte sobre las farolas.

Pese a este incumplimiento de las competencias de mantenimiento de la vía pública, el juzgado no ha atribuido la responsabilidad en exclusiva al Ayuntamiento. De este modo, razona que la propia viandante incurrió en una omisión de diligencia al no extremar la atención en su caminar por una zona cuyo mal estado le era conocido y en un horario de visibilidad reducida.

Por ello, el juez ha aplicado el criterio habitual de concurrencia de culpas al 50%, fijando la condena en 3.171,50 euros. La resolución es firme.

La concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha exigido este lunes la dimisión del delegado de Seguridad, Jesús Coca, por “su gestión de las autorizaciones de eventos en la ciudad”, al considerar que “permite celebraciones sin que estén resueltas todas las garantías administrativas y de seguridad, mientras la falta de efectivos policiales dificulta la atención a las necesidades cotidianas de los barrios”.

En una rueda de prensa, Moya ha criticado que “la gestión del responsable municipal evidencia una preocupante falta de planificación y de prioridades”. “La seguridad consiste en planificar, comprobar que se cumplen las normas, garantizar los medios necesarios y proteger a las personas”, ha aseverado, para apuntar que “lo que estamos viendo son problemas para garantizar la seguridad de los eventos que autoriza el Consistorio y falta de recursos policiales para atender las necesidades de la ciudad”.

La edil socialista ha puesto como ejemplo “la autorización del Sound Project, que, según la documentación, se firmó pese a las advertencias de distintos servicios municipales”. En concreto, ha señalado que “faltaba el informe técnico de Vía Pública, calificado por la propia TAG como preceptivo y vinculante; que el seguro presentado cubría a 3.000 personas frente a las 4.000 solicitadas; que no constaba la contratación de una ambulancia, sino únicamente un presupuesto; que Protección Civil había detectado deficiencias en el plan de autoprotección, y que la Policía Local había establecido las 2,00 horas como hora máxima de finalización”.

“Pese a todas estas advertencias, el delegado firmó una autorización que permitía prolongar el evento hasta las 4:00, en contra del límite horario señalado por la Policía Local en su propio informe”, ha afirmado Moya, quien ha reclamado “explicaciones sobre los motivos de esta decisión y las comprobaciones realizadas antes y durante la celebración”.

La concejal ha recordado que “las consecuencias de esta autorización las sufrieron los vecinos de Córdoba”, asegurando que “durante la madrugada del 3 de octubre se recibieron más de cien llamadas de quejas por el ruido en distintos puntos de la ciudad, desde El Naranjo hasta Parque Cruz Conde”. “Finalmente, la Policía Local tuvo que intervenir y cerrar el espectáculo pasadas las 3,00 horas”, ha apuntado la edil.

“Los vecinos no pudieron dormir y la Policía tuvo que intervenir cuando el daño ya estaba hecho”, ha lamentado Moya, quien ha declarado que “los cordobeses tienen derecho a saber por qué se autorizó el evento en esas condiciones y qué controles se llevaron a cabo”.

También ha criticado que, cuando preguntó al delegado por esta autorización durante el último Pleno municipal, “éste derivara la responsabilidad hacia la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo”. Para la concejal socialista, “el responsable de Seguridad debe asumir las decisiones que firma y dar las explicaciones correspondientes ante la ciudadanía”.

“Falta de efectivos”

La edil ha reprochado también “la política de Recursos Humanos del área de Seguridad y, en particular, la presentación del Grupo Rayo como una herramienta para reforzar la protección en uno de los barrios con mayores necesidades”, cuando, según ha afirmado, “no se destinó ningún policía específicamente al grupo y su funcionamiento dependía exclusivamente de agentes voluntarios que realizaban horas extraordinarias”.

“No se puede estafar a la ciudad con anuncios de refuerzos policiales que no se corresponden con la realidad”, ha criticado Moya, quien ha señalado que, “cuando los agentes dejaron de realizar esas horas extraordinarias al no cobrarlas, el grupo se eliminó para anunciar otro con una denominación diferente”. “Cambiarle el nombre a un grupo no soluciona la falta de efectivos ni devuelve la confianza a los ciudadanos”, ha añadido.

A esta situación se suma, según el PSOE, “el deterioro de Protección Civil”, un servicio sobre el que los socialistas han denunciado “en reiteradas ocasiones la falta de dirección durante meses, el malestar de los voluntarios, las carencias organizativas y de planificación y el deterioro del material disponible”. Moya ha alertado de que, “en las últimas semanas, sus integrantes se han visto obligados a regular el tráfico, una circunstancia que considera reveladora de las deficiencias en la coordinación de los servicios municipales”.

“No se puede hablar de seguridad mientras se debilitan los servicios que deben prevenir riesgos y responder ante las emergencias”, ha insistido.

“La seguridad como derecho”

Para la concejal, “el conjunto de estos episodios demuestra que Jesús Coca no atiende adecuadamente las responsabilidades de su Delegación”, de modo que ha dicho que “Córdoba necesita un responsable que esté al frente de su área, que planifique, coordine los servicios y asuma las consecuencias de sus decisiones”. “Necesita dedicación al cien por cien, no autorizaciones bajo sospecha, servicios esenciales debilitados y vecinos obligados a soportar las consecuencias de una mala gestión”, ha remarcado.

Así, la edil ha reclamado “un cambio de rumbo que garantice una presencia policial suficiente en los barrios, las calles, las entradas y salidas de los centros educativos y los espacios públicos, sin depender de la disponibilidad voluntaria de los agentes para realizar horas extraordinarias”.

“No se puede organizar la seguridad de una ciudad a base de privilegios, improvisación y horas extraordinarias”, ha manifestado, para apostillar que “tampoco puede quedar supeditada a la agenda de eventos del gobierno municipal”.

Además, Moya ha insistido en que “el Ayuntamiento debe garantizar que todos los espectáculos cumplen los requisitos administrativos y de seguridad antes de conceder las autorizaciones, y que los servicios municipales cuentan con los medios necesarios para proteger a la ciudadanía”, a lo que ha agregado que “Córdoba necesita un delegado que garantice que los eventos cumplen las normas y que los ciudadanos cuentan con seguridad en la calle”. “No puede haber barra libre para organizar espectáculos mientras los servicios públicos trabajan al límite”, ha aclarado, para enfatizar que “la seguridad es un derecho de los cordobeses, no una cuestión de prioridades políticas”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado al Gobierno central 94.851.999,35 euros para ejecutar 120 actuaciones de reparación de infraestructuras y prevención de inundaciones tras las borrascas de finales de 2025 y principios de 2026. De ellas, 72 corresponden al propio Consistorio y 48 a la empresa municipal de aguas, Emacsa.

Para agilizar su puesta en marcha, la Junta de Gobierno Local ha aprobado por vía de urgencia delegar en el área de Infraestructuras la competencia en los expedientes de contratación incluidos en estas ayudas. Así podrán redactarse los proyectos y licitarse las obras en cuanto llegue la resolución, que aún no se ha recibido.

El teniente de alcalde de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha explicado en rueda de prensa que las ayudas se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero. Esta norma adoptó medidas urgentes por los daños de las borrascas, sobre todo en Andalucía y Extremadura, y prevé dos líneas: reparación y reconstrucción de infraestructuras dañadas, y prevención de daños por avenidas e inundaciones.

Córdoba no figuraba en la primera orden ministerial, pero fue incluida tras una segunda orden que corrigió el listado. Ruiz Madruga ha detallado que los proyectos municipales se dividen en cinco bloques. El primero es la reconstrucción y reparación de las instalaciones del invernadero municipal, sobre todo de su umbráculo, por 198.094 euros. El segundo es la restauración del ecosistema fluvial y la limpieza del cauce del Guadalquivir, afectado por la sedimentación, con 2,85 millones.

El tercer bloque, el más voluminoso, es el asfaltado, con unos 27 millones para 42 actuaciones. El edil ha precisado que más de 9 millones irán a polígonos industriales como Las Quemadas, Torrecilla-Amargacena, El Granadal y Chinales, y que también se actuará en grandes avenidas como Campo de la Verdad, Cádiz, Gran Capitán, Gran Vía Parque y Menéndez Pidal, así como en la carretera de las Ermitas. El proyecto de mayor cuantía, de 8,08 millones, asfaltará por completo la N-IV desde la glorieta Lubier hasta la salida por la autovía.

Los dos últimos bloques son la reparación de 20 caminos rurales, con 3,5 millones, y el arreglo de tejados, cubiertas y muros perimetrales en ocho colegios públicos, con 1 millón.

Las 48 actuaciones de Emacsa: 60,3 millones

La presidenta de Emacsa, Cintia Bustos, ha explicado que el dinero se destinará a reparar y mejorar infraestructuras hidráulicas ya existentes y a construir otras nuevas para prevenir los daños de avenidas torrenciales e inundaciones como las del pasado invierno. Ha indicado que las 48 actuaciones se reparten en seis tipologías, dentro de lo que ha definido como una estrategia de protección “multicapa”.

Bustos ha detallado que se construirán seis tanques de tormenta y retención, entre ellos el del parque Joyero, y 21 nuevos aliviaderos con sistemas antirretorno para evitar que el río introduzca agua en la red. A ello se suman las estaciones de bombeo de emergencia y bypass, como la de La Golondrina, para evacuar el agua cuando la crecida del Guadalquivir impide hacerlo por gravedad, cinco actuaciones de nuevos colectores y mayor capacidad hidráulica, una de drenaje urbano sostenible y dos de protección de instalaciones críticas.

Según la relación de ayudas remitida al Gobierno, las mayores partidas hidráulicas son el bombeo de emergencia y bypass de la EDAR La Golondrina, con 8,59 millones, y el tanque de tormentas del aeropuerto, con 6,88 millones. La presidenta de Emacsa ha señalado que la estrategia busca reducir la escorrentía en origen, almacenar temporalmente los excesos y mantener el servicio de saneamiento en episodios extremos. El objetivo final, ha añadido, es disminuir la frecuencia y la gravedad de las inundaciones urbanas.

Según la Subdelegación del Gobierno, la resolución llegará pronto. Desde entonces, el Ayuntamiento tendrá tres años (36 meses) para ejecutar y justificar las actuaciones. Ruiz Madruga ha subrayado que el Consistorio se ha anticipado para poner en marcha los trámites y llegar a tiempo, y ha apuntado que abordar estas inversiones con fondos propios llevaría varios ejercicios.

Preguntado por la relación con el plan de asfalto municipal, el edil ha indicado que la segunda fase terminará en noviembre y que el plan de 2027 prevé 90 actuaciones, que irán en paralelo a las financiadas con esta subvención. Ha precisado que se trata de una licitación distinta y que el Ayuntamiento intentará minimizar el impacto en la movilidad. Ruiz Madruga ha considerado esta subvención “una gran oportunidad” para amortiguar los problemas de asfalto de la ciudad.

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha denunciado que el presupuesto del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) para 2027 evidencia, a su juicio, la falta de ambición del Gobierno de José María Bellido en materia cultural. Aunque las cuentas aumentan un 5,1%, no incorporan nuevas inversiones ni recuperan las ayudas a las pequeñas salas de música, al tiempo que mantienen pendientes obras y mejoras que siguen dependiendo de la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores.

“Bellido vuelve a gestionar mal la cultura de Córdoba, con unos presupuestos que crecen sobre el papel, pero que no apuestan por mejorar la vida cultural de la ciudad, generar oportunidades para nuestros creadores y conseguir que la cultura llegue a más público”, ha señalado Bernal.

La edil socialista ha recordado que el presupuesto anterior contemplaba 150.000 euros para inversiones, mientras que las cuentas de 2027 no reservan ni un euro para nuevas actuaciones. Sin embargo, siguen pendientes intervenciones necesarias, como las reparaciones de las cubiertas del Teatro Góngora y del Gran Teatro, así como el proyecto de reforma integral de este último equipamiento. Estas actuaciones suman más de 456.000 euros y se prevé abordarlas mediante la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores.

“Es difícil hablar de una apuesta por la cultura cuando no se contempla ni un euro para nuevas inversiones y siguen pendientes actuaciones necesarias. Córdoba no necesita proyectos que se arrastran de un año para otro, sino planificación, obras ejecutadas y equipamientos en condiciones”, ha subrayado.

En este sentido, Bernal ha puesto como ejemplo lo ocurrido el pasado jueves 15 de octubre durante la inauguración de la temporada de la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro, cuando el concierto tuvo que detenerse al apagarse la mitad de las luces del escenario. Aunque ha calificado el incidente de anecdótico, considera que pone de manifiesto la conveniencia de revisar la instalación eléctrica y acometer las mejoras que resulten necesarias.

Sin ayudas para las pequeñas salas de música

Otra de las principales críticas del PSOE se dirige a la política de subvenciones del IMAE. El presupuesto mantiene 600.000 euros para festivales musicales de gran formato y 100.000 euros para entidades sin ánimo de lucro, pero no incluye la línea de ayudas a pequeñas salas de música recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de 2026.

“¿Qué hace Bellido por mejorar la cultura de Córdoba más allá de mantener los grandes espectáculos? ¿Qué hace por las pequeñas salas, los músicos que empiezan y las empresas culturales que generan empleo? Una ciudad que aspira a ser referente no puede dar la espalda a quienes crean cultura durante todo el año”, ha afirmado la concejala socialista.

Para Bernal, la política cultural municipal no puede limitarse a la celebración de grandes eventos, sino que debe fortalecer el tejido cultural de proximidad, facilitar el acceso de la ciudadanía a las distintas manifestaciones artísticas y ofrecer oportunidades a los artistas cordobeses.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista reclama recuperar las ayudas a las pequeñas salas de música e impulsar una estrategia estable de apoyo a la creación y producción cultural local, que permita dar continuidad a los proyectos y reforzar a las empresas y profesionales que mantienen viva la actividad cultural durante todo el año.

Más gasto, pero sin objetivos concretos ni inversiones

El PSOE también cuestiona que el incremento presupuestario no venga acompañado de objetivos concretos que permitan evaluar los resultados de la gestión del IMAE. Los gastos de personal aumentan un 6%, hasta alcanzar los 2,67 millones de euros, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios crecen un 7,7%, hasta los 3,78 millones.

“Bellido no puede presumir de unos presupuestos que crecen si después ese incremento no se traduce en mejoras reales. Gobernar es ejecutar, cumplir los compromisos y responder a las necesidades de la ciudadanía y de la cultura cordobesa”, ha defendido Bernal.

La concejala ha insistido en que las cuentas públicas deben servir para mejorar los equipamientos, respaldar a los creadores y ampliar las oportunidades de acceso a la cultura, en lugar de limitarse a mantener la programación existente sin afrontar las necesidades pendientes.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista reclama al Gobierno de Bellido que recupere las ayudas a las pequeñas salas de música, planifique y ejecute las inversiones pendientes y refuerce el apoyo a la producción cultural cordobesa: “Córdoba merece más cultura de proximidad, más apoyo a nuestros creadores y más oportunidades para quienes hacen posible la actividad cultural de la ciudad. Necesitamos menos presupuestos que crecen sobre el papel y más resultados para la gente”.

La dirección local de Izquierda Unida Córdoba-Ciudad ha solicitado a la Junta de Andalucía que amplíe el Monumento Natural Sotos de la Albolafia hasta el Puente del Arenal para incluir la Pajarera del Molino de Martos, donde se encuentra actualmente una de las principales colonias de cría y dormideros de aves acuáticas de Córdoba. La organización considera que “los límites actuales deben adaptarse a la evolución del río y a la distribución de su biodiversidad”.

El coordinador local de IU Córdoba-Ciudad, Francisco Javier Quijada, defiende que “la protección debe acompañar a la propia evolución del Guadalquivir y de las especies que viven en él”. La colonia de aves se ha desplazado progresivamente aguas arriba y se ha consolidado en el entorno del Molino de Martos, por lo que IU considera “necesario actualizar la delimitación del espacio protegido en lugar de dejar fuera una parte importante de los valores naturales que justificaron su declaración”.

La relevancia de este enclave se aprecia en las especies que lo utilizan para reproducirse, invernar o descansar durante sus desplazamientos migratorios. En la Pajarera del Molino de Martos se ha constatado la presencia de garcilla bueyera, garceta común, martinete, morito y avetorillo, entre otras aves. Las estimaciones de naturalistas locales apuntan a unas 300 parejas reproductoras de garcilla bueyera, 30 de martinete y 10 de garceta común. En invierno, el entorno ha llegado a acoger dormideros de alrededor de 2.300 garcillas bueyeras y 100 garcetas comunes, además de otras especies.

A estos datos se suma el valor del conjunto del tramo fluvial, donde los registros de ciencia ciudadana recogen 155 especies de aves, más de 18.000 observaciones y más de 136.000 individuos. Para IU, estas cifras “refuerzan la necesidad de ampliar la protección y estudiar de forma rigurosa la situación de la fauna y sus hábitats”.

Por ello, la organización reclama a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente que el procedimiento incluya un estudio científico actualizado con censos, cartografía, evaluación de amenazas y propuestas de gestión, así como la participación de administraciones, entidades científicas, organizaciones ecologistas y colectivos sociales. También pide medidas preventivas mientras se tramita la ampliación, ante amenazas como el tránsito desordenado de personas y perros, los residuos, las molestias por ruido y los fuegos artificiales durante periodos sensibles para las aves.

IU defiende que “proteger los Sotos de la Albolafia no significa cerrar el río a la ciudadanía, sino ordenar sus usos para hacer compatible el disfrute del entorno con la conservación de su biodiversidad”. Una protección que, a su juicio, “debe ir acompañada de una apuesta por divulgar el patrimonio natural e histórico del Guadalquivir”.

En este sentido, la organización reclama al alcalde que repare y abra el Centro de Interpretación del Molino de San Antonio, que permanece cerrado tras las inundaciones. IU critica que “el gobierno municipal no acometa las actuaciones necesarias para recuperar este espacio, que permitiría acercar a vecinos y visitantes la historia del río, sus molinos y la riqueza ambiental de los Sotos de la Albolafia”. “El Guadalquivir es uno de los grandes tesoros de Córdoba. Hay que proteger su biodiversidad, conservar su patrimonio y facilitar que la ciudadanía lo conozca”, concluye Quijada.

Facua Córdoba denuncia que el gobierno municipal del PP ha encarecido en torno a un 52% la tasa de basura en la capital desde 2023, con subidas sucesivas del 35%, el 10% y el 2,2% aprobado definitivamente para 2026. En determinados hogares, el recibo anual ha pasado de algo menos de 100 euros a unos 156, lo que supone un incremento considerable para las economías familiares sin que se haya percibido una mejora equivalente en la limpieza urbana. La asociación aclara que el aumento acumulado se debe a que cada subida se aplica sobre la tarifa resultante del incremento anterior, y no a la suma directa de los tres porcentajes.

Facua Córdoba reclama al Ayuntamiento que detalle los motivos económicos que justifican estas subidas y el destino de los ingresos adicionales. Asimismo, exige a Sadeco un balance de las actuaciones anunciadas y ejecutadas, con información sobre los barrios afectados, los plazos, las frecuencias de limpieza y recogida, y los resultados obtenidos.

La asociación lleva meses denunciando la acumulación de basura, los malos olores y la falta de limpieza en distintos barrios, situaciones que generan molestias y problemas de salubridad para los vecinos. Aunque considera necesarias las medidas anunciadas por Sadeco, los resultados deben verse en la calle, con una retirada regular de residuos, contenedores en buen estado y espacios públicos limpios.

Por otra parte, Facua Córdoba recuerda que las tasas deben contar con la correspondiente justificación económica y ajustarse a la normativa aplicable. En particular, la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que la tasa o prestación específica vinculada a la gestión de los residuos debe reflejar su coste real, en los términos previstos por la propia ley.

Tras un incremento acumulado de alrededor del 52% desde 2023, Facua Córdoba considera que el consistorio cordobés no puede limitarse a aprobar nuevas tarifas. De este modo, debe garantizar una prestación adecuada y corregir las deficiencias del servicio. Para ello, reclama que el mayor esfuerzo económico exigido a los hogares se corresponda con mejoras efectivas y comprobables en la recogida de residuos y la limpieza viaria.

FACUA Córdoba lleva tiempo denunciando las deficiencias del servicio

En septiembre de 2025, FACUA Córdoba cuestionó las declaraciones de la entonces presidenta de Sadeco sobre la excelencia del servicio de limpieza, al considerar que esa valoración no se correspondía con los problemas denunciados por la ciudadanía.

En junio de 2026, la asociación volvió a alertar del deterioro de la limpieza urbana, la acumulación de residuos junto a los contenedores, los malos olores y la proliferación de ratas. Ante esta situación, reclamó medidas extraordinarias para reforzar la limpieza, mejorar la recogida de residuos y garantizar unas condiciones adecuadas de salubridad en los espacios públicos.

A estas denuncias se suman las dificultades comunicadas por vecinos para utilizar determinados contenedores. Las actuaciones anunciadas por Sadeco en los últimos meses, entre ellas la prueba de nuevas tapas en 174 contenedores y las medidas para reforzar la limpieza viaria, se producen en un contexto de quejas vecinales y denuncias públicas de FACUA Córdoba sobre el funcionamiento del servicio.

La asociación considera que estas actuaciones son necesarias para corregir los problemas existentes y que su anuncio no constituye, por sí solo, una mejora efectiva, ya que los resultados deben apreciarse en las calles.

Tras un encarecimiento acumulado de alrededor del 52% de la tasa de basura desde 2023, FACUA Córdoba exige al Ayuntamiento que demuestre, con resultados verificables, que las sucesivas subidas se traducen en una recogida eficaz de los residuos y una limpieza viaria adecuada. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de los recursos que aportan y a exigir un servicio público que responda a sus necesidades.

El CEIP Santos Mártires de Córdoba gana la tercera edición de Flora Mini con una instalación artística inspirada en el concepto de lo 'Efímero', en el marco del proyecto impulsado por la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba y el Festival Flora, para acercar el arte floral y la creación artística a los centros educativos de la ciudad, habiendo reconocido el jurado en este caso “la fuerza atmosférica y expresiva de su instalación, su planteamiento teatral y su capacidad para generar una experiencia envolvente, así como la sensibilidad artística de la propuesta”.

Según ha informado el Consistorio cordobés en una nota, el segundo premio ha recaído en el Colegio Santa Victoria, por la originalidad con la que ha interpretado el lema de esta edición, 'Efímero', mediante la utilización de CD como material artístico. El jurado ha destacado “la capacidad de transformar estos elementos en una propuesta creativa con un nuevo significado”, además de “la solidez estructural de la instalación, su coherencia estética y el cuidado de la composición”.

Por su parte, el tercer premio ha sido para el CEIP Noreña, cuya instalación aborda el universo de las emociones. La propuesta “establece una conexión entre la experiencia humana y la naturaleza transitoria de las cosas, trasladando una idea abstracta a un lenguaje artístico cercano y expresivo, cargado de significado”.

Con estos reconocimientos, Flora Mini culmina una nueva edición en la que el alumnado y el profesorado de ocho centros educativos han trabajado conjuntamente para transformar sus espacios cotidianos en instalaciones artísticas, acercando a la comunidad educativa el espíritu de un festival que convierte la ciudad en un espacio de encuentro entre arte y naturaleza.

La tercera edición de Flora Mini ha ampliado por primera vez la participación a todos los centros de Educación Primaria de la ciudad. La apertura territorial ha permitido que ocho centros educativos formen parte de esta experiencia: el Colegio Nuestra Señora de la Piedad, el CEIP Santos Mártires, el CEIP Al-Ándalus Córdoba, Montessori Córdoba International School, el Colegio Santa Victoria, el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, el CEIP Juan de Mena y el CEIP Noreña.

Para la delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento, Narci Ruiz, “el proyecto busca que el trabajo realizado en los colegios pueda compartirse con las familias y con la ciudadanía, dando visibilidad al talento de los escolares reconocimiento el esfuerzo de las comunidades educativas. De este modo, los centros se convierten en espacios culturales abiertos y sus instalaciones permiten descubrir el potencial creativo de los niños y niñas cordobeses”.

La coordinadora del Festival Flora, Elena Moreno, ha agradecido la participación de todos los colegios y ha destacado la calidad y creatividad de las instalaciones. Moreno ha afirmado que “para el jurado ha sido muy difícil elegir al ganador, ya que el nivel de este año ha sido muy alto”.

El próximo martes 3 de noviembre, podrás saber si te ha tocado o no estar en una mesa electoral el próximo 29 de noviembre. Ese es el domingo en el que se celebrarán las elecciones generales, que necesitan del dispositivo habitual para los comicios.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha indicado este jueves, durante el Pleno Ordinario, que, dado que el plazo para hacer el sorteo va del 31 de octubre -sábado- al 4 de noviembre, lo cual coincide con un domingo y un festivo -el lunes, 2-, el martes 3 de noviembre será el día más idóneo para llevar a cabo la sesión de elección de cordobeses que participarán en la fiesta de la democracia.

Por cada mesa se elegirán a un presidente y dos vocales, además de sus respectivos suplentes, que serán dobles. Por ley, el ciudadano está obligado a acudir a la mesa electoral. De hecho, si no lo hace puede enfrentarse hasta ser considerado el autor de un delito.

Están llamados a formar mesa todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70, aunque los mayores de 65 pueden renunciar al puesto. El requisito indispensable para todos ellos es que sepan leer y escribir. Además, el presidente de la Mesa debe tener el Graduado Escolar o título de Bachiller.

Los presidentes y los vocales de cada mesa electoral, al igual que los suplentes que resulten finalmente como titulares recibirán una dieta de 70 euros por colaborar en las elecciones, además de tener derecho a una reducción de jornada laboral de cinco horas el día posterior a las elecciones.

Cuatro mociones sobre distintas infraestructuras para Córdoba que dependen del Gobierno central y cuatro acuerdos aprobados por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento este jueves, con la vista puesta en que estas reivindicaciones se le hacen ahora al Ejecutivo actual pero se trata de asuntos que tendrá que ver el próximo Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre.

Los cuatro asuntos los había planteado inicialmente el grupo del PP pero, finalmente, se han aprobado cuatro mociones conjuntas firmadas por de PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox, que atañen a la autovía A-4, a la Variante Oeste, a los apeaderos de tren en la capital y a los terrenos de la antigua cárcel de Fátima. Aunque el grupo de Hacemos no se encontraba en el Pleno para este punto del orden del día al haber abandonado la sesión en protesta por el desalojo vivido al inicio de la mañana, la moción ya contaba con su respaldo y firma.

Así, sobre la Autovía del Sur A-4, el Pleno ha aprobado instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España a impulsar, sin más demoras, la redacción de los correspondientes proyectos de construcción de las actuaciones contempladas en el anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la A-4 que afectan al término municipal de Córdoba y a los principales accesos de la capital, especialmente las comprendidas entre los puntos kilométricos 383 y 407. Y solicitar al Gobierno que remita un calendario concreto y detallado de las actuaciones que afectan al término municipal de Córdoba y a los principales accesos a la capital, indicando para cada una de ellas su situación administrativa, previsión para la redacción y aprobación del proyecto de construcción, fecha prevista de licitación y calendario estimado de ejecución de las obras, de manera que la aprobación del anteproyecto de 2025 se traduzca en compromisos concretos y verificables.

Mientras tanto, sobre los apeaderos del tren de cercanías, se insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España y a Adif a formalizar, con carácter prioritario, el correspondiente convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, recogiendo el compromiso de prestación del servicio ferroviario con parada en el futuro apeadero del Parque Joyero una vez esté ejecutada la infraestructura por parte del Ayuntamiento.

Y, junto a ello, se solicita al Gobierno y a Adif que concreten y comuniquen al Ayuntamiento de Córdoba la ubicación definitiva del futuro apeadero del Este de la ciudad, así como las condiciones de prestación del servicio ferroviario y un calendario cierto para la redacción, aprobación y ejecución de la actuación.

En cuanto a los terrenos de la antigua prisión en el barrio de Fátima, el Pleno ha aprobado instar al Gobierno de España a agilizar los trámites para ejecutar la urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, ya que es un paso previo y necesario para que Vimcorsa pueda acometer la posterior promoción municipal de viviendas. Y se insta también al Ejecutivo central a remitir al Ayuntamiento, en un plazo de tres meses, el estado de cada expediente, presupuesto actualizado, financiación por anualidades y calendario de licitación, inicio y terminación, con información trimestral de cumplimiento.

Por último, sobre la Variante Oeste, todos los grupos políticos han dado luz verde a instar al Gobierno de España a que establezca un calendario cierto para la ejecución de la Variante Oeste y un compromiso firme de llevarlo a efecto. Y a que fije la financiación necesaria para el desarrollo de esta infraestructura viaria, de manera que no haya incertidumbre en el plano económico. Asimismo, le piden al Ejecutivo que agilice la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para cerrar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la Variante Oeste.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado hoy con el voto unánime de todos los grupos políticos presentes -PP, PSOE y Vox-, la consideración como personajes ilustres de la ciudad de Córdoba para el pintor y escritor Ginés Liébana Velasco -fallecido en 2022-, y al compositor Lorenzo Martínez Palomo, fallecido en 2024. Esta distinción se realiza de conformidad al Reglamento de los Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Córdoba.

Liébana murió a los 101 años el último día de 2022, dejando su legado como artista, el que fuera último superviviente del Grupo Cántico, un creador total, que estuvo hasta el último día pintando y escribiendo en su estudio de Madrid donde residía. Llegó a Córdoba siendo un niño, ciudad en la que se formó y comenzó a estudiar Bellas Artes. Tras conocer a Pablo García Baena (compañero de colegio en La Asunción), Juan Bernier, Ricardo Molina y el resto de poetas cordobeses, se convirtió en el ilustrador de la revista Cántico, una publicación literaria esencial en la historia de la poesía española, desde la que se iluminó una ciudad gris por la posguerra y el franquismo.

Liébana fue, además, un viajero empedernido. En los 50 se marchó a vivir a París como “un exiliado alegre” y allí comenzó a organizar sus primeras exposiciones. En esta época, gracias a un trabajo en el Instituto de Cultura, también logró viajar a Brasil y Portugal, y recorrió Italia, donde llega a abrir un estudio en Venecia. De todo el grupo, Liébana siempre destacó como el bon vivant, un artista total entregado a la vida, el arte y sus placeres, a partir de una filosofía en la que el humor, la fina ironía y la alegría impregnaban todo lo que acometía.

En los años 60 se instaló en Madrid, comienza a destacar por su pintura elaborada, miniaturista, mágica, simbólica y donde se refleja su sensibilidad andaluza y sensual. Pasados los sesenta años, ya en los años 90, Liébana comienza a publicar libros de poemas y teatro. Con la llegada del nuevo siglo, Ginés Liébana comenzó a recoger premios y reconocimientos. En 2005 fue galardonado con la Medalla de Oro de Bellas Artes por su magna trayectoria creativa. El 24 de octubre de 2010 fue elegido Hijo Adoptivo de Córdoba y el 28 de Febrero de 2011 recibió la medalla de Andalucía.

Lorenzo Martínez Palomo

Por su parte, Lorenzo Martínez Palomo, fallecido en 2024 a los 86 años, fue uno de los compositores españoles contemporáneos de mayor proyección internacional, creó composiciones que han interpretado desde Montserrat Caballé a Ainhoa Arteta y las mejores orquestas en escenarios de todo el mundo.

Lorenzo Martínez Palomo se trasladó a Córdoba siendo muy joven y estudió piano y armonía en el Conservatorio. A los veinte años ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, donde estudió composición con Joaquín Zamacois y piano con Sofía Puche de Mendlewicz. Más tarde, becado por la Fundación Juan March, estudió dirección de orquesta con Boris Goldovsky en Nueva York.

En 1973 fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica de Valencia, compaginándolo con el cargo de principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Manila, Filipinas. En esta época dirigió tanto conciertos como representaciones de ópera. En 1976 fue invitado a dirigir el concierto conmemorativo del Centenario de Manuel de Falla en Ginebra con la Orquesta de la Suisse Romande.

Su música ha sido interpretada en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, entre ellas Carnegie Hall (Nueva York), Symphony Hall (Boston), Verizon Hall (Kimmel Center, Filadelfia), Covent Garden (Londres), Suntory Hall (Tokio), Auditorium Tschaikowsky (Moscú), Philharmonie (Berlín), Konzerthaus (Berlín), Victoria Hall (Ginebra), Auditorio Nacional (Madrid), L’Auditori (Barcelona), Palau de la Música (Valencia), Teatro de la Maestranza (Sevilla), Palacio Euskalduna (Bilbao), Auditorio Manuel de Falla (Granada) y muchas otras.

Así mismo sus composiciones han sido interpretadas por muchas de las orquestas más importantes del mundo, entre ellas las Orquestas Sinfónicas de Boston, Filadelfia, Pittsburgh, Cincinnati, Sinfónica de Londres, Sinfónica de la Radio de Berlín, Ópera de Berlín, Filarmónica de Dresde, Sinfónica y Filarmónica de Hamburgo, Yomiuri Nippon de Tokio, Suisse Romande de Ginebra, Accademia Santa Cecilia de Roma, Filarmónicas de Bergen y Oslo, Sinfónica de la Nueva Rusia de Moscú, Nacional de España y Sinfónicas de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Euskadi, Sevilla, Castilla y León etc.

El Rey Juan Carlos I condecoró a Lorenzo Palomo con la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica por llevar con su música el nombre de España por el mundo. Después de vivir 38 años en Berlín, donde fue miembro estable de la Ópera de la capital alemana (Deutsche Oper Berlin) desde 1981 a 2004, Lorenzo Palomo residió en Madrid desde 2019 hasta su fallecimiento.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde definitiva este jueves a la aprobación de la subida de las tasas de las empresas municipales Sadeco y Emacsa para el presente ejercicio, lo que supone la tercera subida de los recibos de la basura y del agua en este mandato del gobierno municipal del Partido Popular. En el Pleno, el gobierno local del PP se ha quedado solo para aprobar estas subidas, al sumar en contra los votos de la oposición: PSOE y Vox -Hacemos Córdoba ha abandonado la sesión plenaria en protesta por el desalojo del salón de Plenos-, tanto en el punto sobre Emacsa como en el de Sadeco.

Así, de un lado la subida en la tasa de basuras que ya aprobó el consejo de administración de Sadeco y la Junta de Gobierno Local será de un 2,2%, después de que en el año 2023 se subiera un 35% y en 2024 un 10%. Con el incremento para este año 2026, la previsión de la empresa municipal es que cada vecino pague una media de 0,63 euros más al mes y 7,56 euros al año en el recibo de la basura. Con las subidas en este mandato, desde 2023 el recibo medio se habrá encarecido en 55,03 euros al año, unos 4,58 euros cada mes.

Por su parte, el incremento en la tarifa de Emacsa será del 2,1%, lo que supone unos treinta céntimos al mes por usuario medio. Anteriormente, el recibo del agua subió un 5% en 2024 y un 10% en 2025. Sí se mantiene la gratuidad para las personas que se beneficien del bono social por su situación de vulnerabilidad.

Debate en el Pleno sobre las subidas en Emacsa y Sadeco

En la sesión plenaria, la presidenta de Emacsa, Cintia Bustos, ha defendido que la actualización de las tasas buscan mantener el servicio esencial del suministro del agua para que sea “seguro y sostenible garantizando el equilibrio financiero de la entidad”. Así, las cuentas previstas para la empresa prevén la “continuidad del servicio, el mantenimiento y mejora de las instalaciones -12,7 millones en inversiones- y el servicio para la ciudadanía”.

Bustos ha destacado las bonificaciones sociales y para personas con discapacidad reconocida que recogen las tarifas, así como las inversiones en obras en redes y colectores, la transformación digital de Emacsa y la obra del tanque de tormenta. Asimismo, ha dicho que se trata de “una tasa bastante ajustada” que busca el equilibrio financiero de la empresa municipal. Finalmente, ha defendido las inversiones para ofrecer “un servicio de calidad” en la actualización de la ordenanza “pensando en el correcto servicio que hay que prestarles a los ciudadanos de Córdoba”.

El concejal del PSOE, José Antonio Romero, ha afeado la subida de las tarifas “casi un 20% en los últimos tres años” y ha criticado que el gobierno municipal “justifique la subida de la tarifa por las inversiones: nada tiene que ver con eso” y ha señalado que Emacsa vuelva a “tocar el bolsillo de los cordobeses”.

Vox, en boca de su edil Marta León, ha trasladado su oposición a que “las familias, los comerciantes y los autónomos paguen más aunque mantengan el mismo consumo”. “Aumenta el precio del agua consumida pero también la parte fija por la parte del servicio”, ha criticado y ha destacado que la ordenanza “encarece el servicio”.

Mientras, en cuanto a la subida de la tasa de Sadeco, su presidente, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido que “esta subida sirve para financiar mejoras” en medios materiales como la compra de nuevos camiones e instalaciones de la empresa municipal y, en medios humanos, para las contrataciones realizadas para refuerzo de servicios o cubrir vacaciones. El edil ha señalado que la subida de la tarifa busca “darle el músculo financiero que la empresa necesita”.

Desde el PSOE, el portavoz, Antonio Hurtado, ha criticado que el gobierno municipal justifique la subida de la tarifa en las inversiones y ha recordado que esta es el tercer incremento en el mandato del gobierno del PP. También ha afeado que no se haya establecido un sistema para que “pague más quien más contamine” y ha señalado que la gestión financiera de Sadeco no se puede basar en “un sistema incrementalista” en cuanto a sus tasas.

Por parte de Vox, la concejala Marta León ha cuestionado “¿por qué pagamos cada vez más cuando la ciudad está cada vez más sucia?”, y ha señalado cómo “los cordobeses juzgan lo que ven: la suciedad, la basura acumulada en los acerados y los malos olores”. Por eso, ha criticado la gestión de la empresa municipal -“la responsabilidad política”- y ha pedido resolver las incidencias que se detectan.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado provisionalmente las ordenanzas fiscales para 2027 que contemplan la congelación del paquete de impuestos municipales para ese año, el último del actual mandato antes de las elecciones locales en mayo. El gobierno municipal del PP en solitario ha dado luz verde al documento, con el voto en contra de PSOE y Vox, mientras Hacemos no ha estado presente tras abandonar la sesión por el desalojo del salón de Plenos ordenado por el alcalde por las protestas de trabajadores.

La votación en el Pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad de las ordenanzas presentadas por el PSOE y también por Hacemos Córdoba, así como a las 21 enmiendas parciales del PSOE y las cinco de Vox. El expediente ha salido adelante tal y como lo traía al Pleno el PP, solo con sus votos a favor.

El documento aprobado prevé congelar los tributos municipales, aunque aplicará nuevas bonificaciones y reducciones de cuotas. En conjunto, supondrán una reducción real ponderada del 0,12% de la fiscalidad municipal, afecta a 19 ordenanzas fiscales, además de la Ordenanza Fiscal General, e incorpora modificaciones de carácter técnico, adaptaciones normativas y cambios tarifarios, junto a nuevas medidas de gasto.

El cálculo de la reducción global del 0,12% procede de la suma del efecto de las distintas medidas fiscales incorporadas al proyecto, entre ellas las relacionadas con el ICIO y la vivienda protegida, las licencias de determinados locales comerciales y las bonificaciones vinculadas a los vehículos menos contaminantes. Así, entre las principales novedades se encuentra el refuerzo de las medidas relacionadas con la vivienda protegida. El proyecto contempla una bonificación del 50% en el ICIO para la construcción de viviendas protegidas, tanto destinadas al alquiler como a la compra, además de mantener las reducciones asociadas a los programas de rehabilitación.

La propuesta también mantiene las bonificaciones en el IBI para las familias numerosas, que pueden alcanzar el 90%, así como diferentes beneficios fiscales relacionados con la eliminación de barreras arquitectónicas y determinadas actuaciones dirigidas a personas con discapacidad.

En materia de actividad económica y empleo, el Ayuntamiento mantiene las bonificaciones existentes en los diferentes tributos y tasas municipales, que pueden llegar hasta el 95% en función de la creación de empleo indefinido y de la declaración de especial interés o utilidad municipal. Otra de las medidas destacadas afecta a la movilidad. El documento de ordenanzas fiscales mantiene una reducción del 50% de la tasa de autorización anual para carga y descarga cuando se trate de vehículos con distintivo ambiental Cero o Eco.

Debate en el Pleno

La aprobación provisional de las ordenanzas ha sido debatida en el Pleno por los grupos políticos presentes, que han mantenido su posición ya expuesta en la aprobación inicial del documento. El PP ha expuesto las bonificaciones que se incluyen en el documento, así como la congelación de impuestos, mientras que PSOE y Vox han criticado -cada uno según su punto de vista-, la política fiscal de los populares.

La delegada de Hacienda, Blanca Torrent (PP), ha defendido que el documento presentado mantiene el rumbo marcado en estos años por el gobierno local y que la fiscalidad propuesta beneficia al tejido empresarial, comercial y a la ciudadanía en general. “La fiscalidad municipal tiene que ser responsable con las cuentas del Ayuntamiento y sensible con los ciudadanos”, ha dicho, tras enumerar los porcentajes de impuestos y bonificaciones. Y ha dicho que “se continúa una política construida desde hace años para generar más empleo y oportunidades”.

Desde el PSOE, el concejal José Antonio Romero, ha tachado de “mentira” la “política del relato” del PP sobre bajada de impuestos en estos años de mandato que “solo beneficia a quien más tiene”, mientras “sube las tasas de basura y agua a todos los mortales”. “¿Cuál es la bajada real de impuestos? ¿En qué va a redundar en los vecinos?”, ha preguntado.

Y finalmente, desde Vox, la concejala Marta León ha tachado de “poco valiente” al gobierno del PP: “Se podría hacer mucho más por el bolsillo de los cordobeses” ha dicho para cuestionar si “de verdad creen que los cordobeses necesitan pagar más para recibir servicios que dejan mucho que desear”.

Tras la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales en el Pleno, se abrirá el periodo legal de exposición pública y presentación de alegaciones. Una vez concluido ese plazo, el Ayuntamiento deberá analizar y resolver las reclamaciones antes de llevar de nuevo el expediente al Pleno para su aprobación definitiva, que el equipo de gobierno espera esté listo antes de que arranque el 2027 para su aplicación a partir de entonces.

“¿Quién se fía de José María?”. Este ha sido el grito coreado por las personas que llenaban el Salón de Plenos al inicio de la sesión de este jueves 15 de octubre en el Ayuntamiento de Córdoba, en referencia al alcalde, José María Bellido.

El salón municipal se ha llenado de las reivindicaciones de policías locales, delegados sindicales, personal municipal, funcionarios jubilados y otras protestas que, antes de que se iniciara el Pleno, han gritado contra el alcalde. “Paga tus deudas si no quieres guerra”, le han espetado, por los retrasos en los pagos.

Las interrupciones de los manifestantes han jalonado la primera parte del Pleno, entre gritos dirigidos al alcalde, que ha llamado en dos ocasiones al orden para requerir silencio, advirtiendo de que la siguiente vez desalojaría el Salón y, asimismo, que el reglamento contempla sanciones económicas. Finalmente, sobre las 11:25 y ante nuevas protestas que hacían imposible seguir con el debate, Bellido ha ordenado a la Policía Local que desalojara el Salón de Plenos. La sesión ha quedado interrumpida mientras tanto.

Antes, ante los gritos y pitos de los asistentes, el alcalde había recordado que el artículo 56 del Reglamento de Pleno prohíbe las interrupciones y ha requerido que dejaran continuar la sesión. Tras varios minutos de gritos, de nuevo se había reanudado el orden del día, aunque poco después han vuelto a interrumpir: “Bellido, alcalde, esto está que arde”.

Poco después, se ha vuelto a seguir el ritmo de la sesión con el debate de los grupos políticos, aunque el salón de Plenos permanece lleno con las reivindicaciones, que han ido interrumpiendo las intervenciones. “Moroso, moroso”, ha sido otro de los calificativos dedicados a Bellido.

De hecho, el testigo de las protestas lo han recogido en sus intervenciones los concejales de Hacemos Córdoba y el PSOE. Desde Hacemos, la edil Irene Ruiz ha señalado que los trabajadores presentes en el Salón de Plenos lo hacían “en defensa de sus derechos” y ha criticado el “despliegue de seguridad” ordenado por el gobierno municipal ante estas protestas.

Ruiz ha afeado “las promesas continuas, que no cumplen” con el personal municipal al que se les debe la actualización de los salarios, los premios por jubilación o las horas extras en el caso de los agentes de la Policía Local. “Se han cansado de promesas vacías. Escúchelos y atiéndalos”, ha pedido al alcalde.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado ha afirmado que el clima de protestas de este Pleno es “consecuencia de las sucesivas mentiras del gobierno municipal” y “consecuencia de su populismo, que le ha estallado en las narices”. Ha reclamado la actualización de los salarios -que en otras administraciones se ha hecho a inicios de año- para los trabajadores del Ayuntamiento, así como que se paguen los atrasos por horas extras en servicios especiales a la Policía Local.

Por parte del gobierno municipal, la responsable de Recursos Humanos, Cintia Bustos, ha tomado la palabra para tratar precisamente el punto del orden del día que abordaba un suplemento de crédito por importe de 1.452.571,99 euros para el abono de retribuciones y costes asociados al personal del Ayuntamiento de Córdoba. Y ha argumentado que se hacía uso de un mecanismo legal para afrontar esos pagos pendientes. Todos los grupos municipales han votado a favor de este punto, a excepción de la abstención del PSOE.

Reanudación del Pleno: Hacemos abandona la sesión en protesta

El Pleno se ha reanudado tras el desalojo de los manifestantes, si bien los grupos políticos han participado en una Junta de Portavoces previa y han tomado la palabra sobre lo sucedido. Por parte de Hacemos Córdoba, han explicado que abandonaban la sesión “por coherencia” con la defensa de los derechos de los trabajadores que habían protestado y ante lo que consideraban “criminalización de la actividad sindical” y “coacciones” por mencionar el alcalde que se podía identificar a los responsables de la alteración del Pleno.

Ante ello, Bellido ha repetido que en la orden de desalojo leyó el reglamento textualmente citando que “cuando legalmente proceda se identifique a los responsables” de la protesta, pero aclarando que, finalmente, “no se ha identificado a nadie, porque no procedía legalmente”. Asimismo, ha querido señalar su “respeto máximo a la actividad sindical, protesta, discrepancia, pero en los espacios donde corresponde, según el reglamento y la ley”. Ha recordado que las sesiones del Pleno son abiertas al público, si bien este no puede interrumpir el normal desarrollo de la sesión. “Ha habido margen de tolerancia y bastante”.

Por parte del PSOE, el portavoz, Antonio Hurtado, ha explicado que su grupo se quedaba en el Pleno por la importancia de los debates que iba a haber, si bien criticaba al alcalde por no tener “un gesto de empatía con los trabajadores y sus reivindicaicones”. “La respuesta no puede ser una amenaza”. Asimismo, ha creído que no procedía “la identificación” de nadie “porque no ha pasado nada especial”, en referencia a las protestas y a la interrupción del Pleno.

Facua Córdoba ha cuestionado, mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, los criterios que está aplicando el Ayuntamiento de Córdoba para conceder reservas de estacionamiento de uso exclusivo para personas con movilidad reducida. Lo hace después de que varios afectados hayan recibido resoluciones desfavorables en las que el Consistorio justifica la denegación de sus solicitudes en la necesidad de ordenar este tipo de estacionamientos ante el incremento de peticiones y la limitada oferta de aparcamiento en la vía pública.

En las resoluciones notificadas, el Departamento de Movilidad rechaza conceder las plazas exclusivas solicitadas y plantea como alternativa instalar plazas genéricas para movilidad reducida en las inmediaciones de los domicilios de las personas afectadas. Sin embargo, no concreta la ubicación de estas plazas ni la distancia a la que se encontrarán de las viviendas, por lo que se desconoce si estarán a cinco, diez o cincuenta metros, o incluso en otra calle de la zona. Facua Córdoba considera que esta información es relevante para poder valorar si la alternativa ofrecida responde adecuadamente a las necesidades de accesibilidad de cada persona solicitante.

Por otro lado, la asociación no ha cuestionado que el Ayuntamiento deba ordenar el uso del espacio público y compatibilizar los distintos usos de la vía. Sin embargo, ha apuntado que la limitación de plazas disponibles no debería sustituir la valoración de las necesidades particulares de accesibilidad de cada solicitante ni justificar, por sí sola, una respuesta que no explique por qué la alternativa ofrecida resulta adecuada en cada caso.

Más transparencia sobre los criterios municipales

Facua Córdoba considera necesario que el Ayuntamiento aclare si ha modificado su política de concesión de estas reservas, desde cuándo aplica el cambio y qué razones justifican que unas solicitudes se autoricen y otras se denieguen.

La asociación recuerda que el artículo 97.1.a de la Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de Córdoba contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento otorgue reservas específicas de estacionamiento a personas con movilidad reducida. La asociación es consciente de que el término “podrá” no reconoce un derecho automático a obtener una plaza exclusiva, pero considera necesario conocer cómo ejerce el Consistorio esa facultad y qué circunstancias tiene en cuenta para resolver cada petición.

Asimismo, ha añadido que el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, reconoce en sus artículos 22 y 23, el derecho a la accesibilidad universal y establece la obligación de garantizar condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Este marco debe tenerse presente al valorar las medidas municipales que afectan a la movilidad y al acceso al entorno urbano de las personas con discapacidad.

Dudas sobre el acceso al procedimiento municipal

Facua Córdoba ha explicado que también es relevante que la web municipal mantenga publicada la ficha informativa del procedimiento denominado “Solicitud de reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida”, destinado a solicitar una plaza de uso exclusivo próxima a la residencia habitual y en el que se detallan los requisitos y la documentación necesaria.

No obstante, al intentar acceder a la página de la sede electrónica el 14 de octubre de 2026, la asociación ha comprobado que aparece un mensaje de “Acceso denegado”, por lo que no ha podido verificar si actualmente es posible tramitar estas solicitudes por esa vía.

La asociación considera necesario que el Ayuntamiento aclare la situación del procedimiento y los canales habilitados para presentar estas peticiones, así como los criterios que aplica para resolverlas.

Facua Córdoba también ha instado a comprobar que las plazas genéricas anunciadas para las inmediaciones de los domicilios de las personas afectadas se instalan efectivamente y que su ubicación y características responden a sus necesidades de accesibilidad.

La asociación continuará defendiendo que las políticas municipales de movilidad y accesibilidad deben atender a las necesidades reales de las personas con movilidad reducida, con criterios claros, transparentes y debidamente justificados. Por ello, ha reclamado que las resoluciones estén suficientemente motivadas y expliquen por qué la solución alternativa propuesta responde a las circunstancias concretas de la persona afectada.