Tras más de tres años de elaboración y diálogo con los colectivos de la ciudad, el delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha presentado este martes el borrador de la que será la primera Ordenanza Municipal de la Feria Real en la historia de la ciudad, un articulado histórico compuesto por 53 artículos estructurados en seis títulos que pasa de inmediato a fase de consulta pública.

En este proceso de elaboración abierta, el Ayuntamiento ha recibido un total de “35 aportaciones solo por escrito formal, de las cuales 26 se han asumido totalmente y 9 se han rechazado de manera parcial”, agradeciendo expresamente la colaboración del Movimiento Ciudadano, la Federación de Peñas de Córdoba, Córdoba Ecuestre, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, la Asociación de Casetas Tradicionales, la Asociación de Casetas Populares y la Agrupación de Hermandades y Cofradías. La gran novedad del texto radica en el Título II, donde aparece la creación de la figura jurídica del casetero. Con este cambio, el Consistorio busca poner fin a las prácticas de cesión irregular en El Arenal.

A partir de la entrada en vigor de la ordenanza, se permitirá que una entidad delegue o comparta la explotación del espacio con un profesional hostelero siempre que este quede debidamente identificado con nombre y apellidos ante el Ayuntamiento en el periodo de solicitud, fijado de forma permanente entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. De este modo, la titularidad del espacio seguirá siendo de la asociación u organismo adjudicatario, pero la responsabilidad técnica, sanitaria y operativa de la barra, la cocina y los espectáculos recaerá sobre la persona del casetero. Además, las instalaciones se autorizarán “por cuatro años para agilizar los trámites y evitar presentar doble documentación”.

En este Título II también se han incluido los cinco tipos de casetas (institucionales, tradicionales, populares, jóvenes y de restauración), tal y como ya aparecía en las bases reguladoras de la Feria, pero la nueva ordenanza “primara económicamente las tradicionales y populares”. No obstante, Urbano no ha explicado de cuánto será la cuantía y según qué. Asimismo, se han fijado plazos estrictos de montaje y desmontaje para dotar de seguridad jurídica, agrupando todas las características técnicas en el Artículo 13.

Paseo de caballos, atracciones y régimen sancionador

El Título III regula el paseo de caballos y actualiza las normas de tránsito. Como novedad destacada, “los caballos de montura podrán transitar por todas las calles del recinto ferial, entrando por la calle Guadalquivir y saliendo en un único sentido por la calle de en medio”.

Por su parte, el Título IV regula las atracciones y negocios (incluyendo parcelas, horarios, sonido y el día de la infancia), el Título V aborda la administración electrónica, y el Título VI detalla el procedimiento sancionador. Sobre este último, el edil ha matizado que la normativa “solo regula las infracciones administrativas del recinto ferial”, y no los delitos penales, contemplando infracciones leves, graves y muy graves con sus correspondientes sanciones, apercibimientos y medidas cautelares para actuar con rapidez.

El texto afronta ahora un periodo de exposición pública de diez días hábiles para recibir aportaciones. Tras esta fase, el anteproyecto se remitirá para su aprobación a la Junta de Gobierno Local, pasará al Consejo Social y al Consejo del Movimiento Ciudadano para su informe, y continuará su tramitación con la aprobación inicial del pleno, la resolución de alegaciones y la posterior aprobación definitiva.

Debido a los plazos administrativos preceptivos, el concejal ha confirmado que “esta ordenanza entrará en vigor para la Feria de 2028, ya que por plazos es imposible para 2027”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha acordado la adopción de distintas medidas preventivas ante los avisos meteorológicos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para mañana, miércoles 11 de noviembre, que contemplan alerta amarilla por fuertes lluvias y rachas de viento, como consecuencia del paso de la borrasca Charles.

Con el objetivo de garantizar la seguridad, el Ayuntamiento ha decidido cerrar, a partir de las 12:00 de mañana miércoles, los parques y jardines de la ciudad, así como el Centro de Conservación Zoológico de Córdoba, la Ciudad de los Niños y las Niñas, el Jardín Botánico y los jardines del Alcázar. Estas instalaciones permanecerán cerradas hasta que finalicen los avisos meteorológicos y se hayan completado las correspondientes las labores de revisión para garantizar que reúnen las condiciones adecuadas para su reapertura.

Asimismo, se ha establecido la restricción de las actividades al aire libre durante el periodo de vigencia de los avisos meteorológicos, con especial atención a aquellas que se desarrollen en espacios arbolados o zonas expuestas a las fuertes rachas de viento. En este sentido, el Ayuntamiento está trasladando a los centros educativos de la ciudad las recomendaciones preventivas para este episodio meteorológico, con el objetivo de que puedan tenerlas en cuenta en el desarrollo de su actividad.

De igual modo, se está informando a las instalaciones deportivas municipales y a las entidades deportivas de la situación meteorológica y de las recomendaciones correspondientes para que adopten las medidas necesarias, teniendo en cuenta que no deben desarrollarse actividades al aire libre mientras se mantenga la situación de riesgo. El Ayuntamiento mantiene la activación de la fase de preemergencia local a partir de las 9:00 de mañana miércoles, con un refuerzo de la vigilancia y la coordinación de los distintos servicios para anticiparse a posibles incidencias derivadas de las precipitaciones y, especialmente, de las fuertes rachas de viento.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones y recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Asimismo, recomienda contactar con el 112 ante cualquier situación de emergencia.

Este miércoles 11 de noviembre está convocada una jornada de huelga general en todo el país por el derecho al acceso a una vivienda, un paro que, en la medida del seguimiento que hagan los trabajadores, puede alterar el discurrir habitual de los servicios para la ciudadanía. Ante ello, como establece la normativa, las administraciones han decretado los servicios mínimos que deberán prestarse en esa jornada, como es el caso del transporte o la asistencia sanitaria, entre otros.

A continuación, se muestra qué servicios mínimos se han establecido para la jornada de huelga.

Servicios sanitarios:

El Servicio Andaluz de Salud ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) los siguientes servicios mínimos para el 11 de noviembre, en el ámbito sanitario tanto público como privado, incluyendo el personal de transporte, limpieza y mantenimiento.

Atención Primaria: todos los Centros de Atención Primaria en los que se ubique un SUAP y el horario de asistencia del centro coincida con el horario de asistencia SUAP, no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos. 

- En los Centros de Atención Primaria que sean Centros de Salud o Consultorios Locales donde no se ubique un SUAP y en aquellos en los que sí se ubique un SUAP, pero no coincidan ambos en su horario de apertura, se designará, como servicios mínimos, un médico/a para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro.

- Los Centro de Atención Primaria que sean consultorios auxiliares no tendrán servicios mínimos asignados, debiendo acudir los usuarios al CAP o SUAP de referencia, como se hace los sábados, domingos o festivos.

Atenciónn hospitalaria: el 100% de aquellos servicios que habitualmente se presten en un domingo o festivo. Mantener la actividad asistencial de un día festivo, y en las urgencias, los cuidados críticos y los partos, como mínimo, la actividad propia de un domingo o festivo.

Se garantizará el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo.

Se garantizará el tratamiento de pacientes sometidos a procesos que no admiten interrupción por los perjuicios graves para la salud que pueden ocasionarse, tales como radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica, diálisis, oxigenoterapia o hemodinámica.  Así mismo, se garantizará la atención a los pacientes que se encuentren en un ciclo de tratamiento ya iniciado de punción ovárica para la obtención de ovocitos dentro de un ciclo de estimulación en curso.

En hospitalización debe garantizarse el tratamiento a pacientes hospitalizados afectados por procesos que, por su morbilidad, requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8:00-15:00 h.

Servicios de Urgencias Hospitalarias: los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de Urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo. Adicionalmente a lo anterior, se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de Médicos de las unidades de Urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana o festivo.

Emergencias 061: funcionarán íntegramente los equipos móviles, la coordinación de urgencias, los equipos aéreos y los traslados de pacientes críticos. Los centros coordinadores contarán con el 90% de la plantilla de teleoperación por turno, ampliable al 95% en situaciones de alta demanda o emergencia; y con el 50% del personal técnico.

Salud Responde: tendrá el 75% de la plantilla.

Trenes:

El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para los trenes de Renfe en la jornada de huelga general.

-En Cercanías, los servicios mínimos quedan establecidos en función de diferentes franjas horarias. En horario punta quedan establecidos en el 75% del servicio habitual, y en el resto del día, en el 50% del servicio habitual. La hora punta va de 6:00 a 9:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30.

-En los trenes de Media Distancia se establece una media de 65%

-En los trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, queda establecido en un 73% de los servicios habituales.

-En Mercancías, se establece un porcentaje 26% del servicio programado.

Gasolineras

En el caso de las gasolineras, el Boletín Oficial del estado (BOE) ha publicado una orden que establece una serie de servicios mínimos en el sector de los hidrocarburos. Esto incluye, en su anexo IV, la relación completa de las estaciones de servicio que permanecerán operativas en cada provincia.

Juzgados

Se determinan los siguientes servicios esenciales, con carácter de mínimos, a prestar de forma presencial, durante el paro de jornada completa convocado el día 11 de noviembre de 2026:

a) En el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, por cada una de las Salas; así como una persona del Cuerpo de Auxilio Judicial para las Salasde lo Civil y Penal y otra persona del mismo cuerpo para el resto de Salas.

b) En las Audiencias Provinciales: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada una de sus Secciones; así como una persona del Cuerpo de Auxilio Judicial para las Secciones de lo Civil y otra persona del mismo cuerpo para las secciones de lo Penal.

c) En las Fiscalías de las capitales de provincia: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, dos personas del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y una persona del Cuerpo de Auxilio Judicial, siendo una de las personas Tramitadoras para la realización de las funciones de las Fiscalías de Menores.

d) En el resto de Fiscalías: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, y una persona más de uno de esos dos cuerpos donde existan plazas judiciales de Menores.

e) Para los Servicios Comunes Generales (Servicios Generales) de Málaga y Sevilla: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y una persona del Cuerpo de Auxilio Judicial. Los Servicios Comunes Generales (Actos de Comunicación): una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y una persona del Cuerpo de Auxilio Judicial.

f) El resto de los Servicios Comunes Generales de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y una persona del Cuerpo de Auxilio Judicial.

g) Sección de Primera Instancia e Instrucción: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal para el orden civil; y una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal para el orden penal. En cada partido judicial, una persona del Cuerpo de Auxilio Judicial por cada cuatro plazas judiciales de Primera Instancia e Instrucción.

h) Sección de Primera Instancia: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en cada plaza judicial y una del Cuerpo de Auxilio Judicial cada cuatro plazas judiciales.

i) Secciones de Instrucción: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada plaza judicial y una del Cuerpo de Auxilio Judicial cada cuatro plazas judiciales.

j) Sección de lo Mercantil: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada plaza judicial y una del Cuerpo de Auxilio Judicial cada cuatro plazas judiciales.

k) Sección de Violencia sobre la Mujer exclusivos: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada plaza judicial y una del Cuerpo de Auxilio Judicial cada cuatro plazas judiciales.

l) Sección de lo Penal: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada plaza judicial y una del Cuerpo de Auxilio Judicial cada cuatro plazas judiciales.

m) Sección de lo Contencioso-Administrativo: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada plaza judicial y una del Cuerpo de Auxilio Judicial cada cuatro plazas judiciales.

n) Sección de lo Social: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada plaza judicial y una del Cuerpo de Auxilio Judicial cada cuatro plazas judiciales.

o) Sección de Vigilancia Penitenciaria: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y una del Cuerpo de Auxilio Judicial.

p) Sección de Menores: una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada plaza judicial y una del Cuerpo de Auxilio Judicial cada cuatro plazas judiciales.

q) Oficinas de Justicia del Municipio: una persona de cualquiera de los Cuerpos.

r) Institutos de Medicinal Legal: una persona funcionaria de los Cuerpos de Gestión o Tramitación Procesal y Administrativa en cada uno de ellos.

s) Médicos Forenses: Una persona del Cuerpo Especial de Médicos Forenses en cada Servicio de Patología Forense.

t) Guardias: las guardias de 24 horas o 48 horas y las de permanencia, la totalidad del personal de los distintos Cuerpos que esté de guardia, incluido el Cuerpo de Médicos Forenses. Para aquellas guardias de disponibilidad sus servicios serán prestados por dos personas funcionarias, entendiéndose la disponibilidad fuera del horario normal.

u) El personal que está desarrollando actuaciones derivadas de procesos electorales en aplicación de la legislación electoral general y de la legislación electoral sindical.

Servicios Generales de la Junta de Andalucía

Estos son los servicios mínimos del personal funcionario para la huelga general de 11 de noviembre de 2026:

-Registros de recepción de documentos: en los turnos de mañana y de tarde, una persona funcionaria del servicio de Registro e Información en cada Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

- Seguridad: Controles de acceso: Un/a Coordinador/a o Agente de Seguridad en cada edificio público sede de Consejería, por cada turno ordinariamente atendido por el Cuerpo de Auxiliares de Seguridad.

En cada Delegación del Gobierno: Un Agente de Seguridad por cada turno ordinariamente atendido por el Cuerpo de Auxiliares de Seguridad.

-Servicio de Publicaciones y BOJA. Una persona funcionaria que ocupe el puesto de negociado de tramitación en turno de mañana.

-Unidad de Policía: una persona funcionaria que ocupe puesto de Jefatura de Servicio de Gestión y Coordinación UPA, y otra que ocupe puesto de Jefatura de Negociado.

-Servicios relativos a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía: servicios mínimos en Incendios Forestales (INFOCA/SEIF) Subdirección de Gestión de Incendios Forestales –Agencia de Emergencias de Andalucía–. Se establece la presencia/localización de los siguientes perfiles:

- Personal técnico en turno de disponibilidad regional (según cuadrante, guardia presencial o no presencial): Técnicos de operaciones y de participación social; Técnicos facultativos; Jefaturas de departamento y área; Encargados de emergencia; Conductores VEI y conductores UMMT; Jefes de grupo y especialistas de prevención y extinción; Jefes de grupo BRICA y especialistas BRICA; Especialistas forestales y vigilantes; Directores de Centros Operativos Provinciales (COP) y Subdirector de Gestión de Incendios Forestales.

Servicios mínimos del Ayuntamiento de Córdoba

El área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba ha determinado los servicios mínimos que proceden en el ámbito de competencia municipal en los distintos servicios y áreas municipales, indicando el número de trabajadores que deberán permanecer en horario laboral en todos los puestos:

1. ÁREA DE PRESIDENCIA Y POLÍTICAS TRANSVERSALES

ALCALDÍA: 2 empleados públicos

ÓRGANO DE ASESORÍA JURÍDICA: 1 empleado público

SECRETARÍA PLENO Y ÓRGANO APOYO J.G.L. 1 empleado público y 1 empleado público

DELEGACIÓN DE IGUALDAD: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE MODERNIZACIÓN DIGITAL: 1 empleado público- telefonía; 2 empleados públicos- sistemas y comunicaciones; 1 empleado público- desarrollo; 1 empleado público- explotación; 2 empleados públicos- soporte usuario; 1 empleado público- administración electrónica.

DELEGACIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SALUD LABORAL: 1 empleado público en salud laboral; .2 empleados públicos en capitulares

DELEGACIÓN DE GESTIÓN: 1 empleado público — Servicios Centrales; 1 empleado público — Gran Capitán; 1 empleado público — Capitulares; 1 empleado público — Informador/a Gestor/a (registro); 1 empleado público — Telefonista

DELEGACIÓN DE CONTRATACIÓN: 1 empleado público

INTERVENCIÓN GENERAL: 1 empleado público

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE SALUD: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE CONSUMO: 1 empleado público

ÁREA DE DERECHOS SOCIALES: en cada Centro de Servicios Sociales Comunitarios: una persona ordenanza, para atender las funciones de apertura y cierre del centro, un/a trabajador/a social, un/a educador/a social y un/a auxiliar administrativo para el tratamiento de situaciones de emergencia y tratamiento de posibles registros de entradas para tratar de solicitudes de emergencia.

Por del Departamento de Atención a la Dependencia, Familia e Integración se deberá contar con un/a auxiliar administrativo y una persona técnica Trabajadora Social del Departamento para atender posibles incidencias derivadas de la prestación del servicio.

Por la Unidad de Programas, un/a auxiliar administrativo.

Por la Unidad de Menores y familia, un técnico de uno de los equipos de tratamiento familiar.

Respecto a las funciones de atención a las personas sin hogar, para atender situaciones de urgencia que puedan producirse el día de la huelga a estas personas, se designará como servicios mínimos a la persona técnica que realiza las funciones de tratamiento de las personas sin hogar, en coordinación con la Casa de Acogida y el Centro de Emergencia Habitacional.

DELEGACIÓN DE FAMILIA, EDUCACIÓN E INFANCIA: 1 empleado público por cada centro escolar.

DELEGACIÓN DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Un ordenanza por la mañana y otra por la tarde en cada centro cívico

DELEGACIÓN DE TURISMO: 1 empleado público

DELEGACIÓN CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE FIESTAS Y TRADICIONES: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE: 1 empleado público como taquillera en horario de mañana; 4 oficiales de segunda cuidadores en horario de mañana.

DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS: 33 empleados públicos distribuidos en los distintos servicios que presta este área.

DELEGACIÓN DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE LA VIVIENDA: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DE CÓRDOBA: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, SPEIS: servicios mínimos operativos de conformidad con la legislación vigente

DELEGACIÓN DE VÍA PÚBLICA: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE MOVILIDAD: 1 empleado público

DELEGACIÓN DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD: 1 empleado público

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha criticado este lunes que el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) “necesite externalizar la valoración de las ofertas presentadas para el Pabellón de la Juventud por falta de personal y de capacidad para gestionarlo”.

Así, según ha informado el PSOE en una nota, se ha referido al decreto de 3 de noviembre, que convalida la contratación de dos asesorías externas para valorar las ofertas, lo que a su juicio “evidencia las dificultades del organismo para afrontar con medios propios un procedimiento de esta envergadura. Las entidades contratadas son Lidera Sport Consulting y BM2Plus SLP”.

“Llevamos todo el mandato denunciando el debilitamiento de la plantilla del Imdeco y ahora comprobamos que, para una decisión tan importante, la Presidencia y la Gerencia tienen que recurrir a empresas externas. Es legítimo contar con asistencia especializada, pero lo preocupante es que no se hayan fortalecido previamente los recursos humanos necesarios para gestionar adecuadamente los servicios públicos”, ha lamentado Ortiz.

El expediente 01/26COP contempla una inversión integral estimada de 3,86 millones de euros, con una aportación municipal máxima de 1,25 millones, y una concesión de hasta 21 años. Además, el valor estimado del contrato asciende a 24,64 millones de euros. Pero “solo concurrió una empresa, Gestión y Dinamización de Espacios Deportivos SL, del grupo Ágora Meeting Sport Place, pese a tratarse de una infraestructura fundamental para el Distrito Sur”.

El edil socialista ha recordado también que “la Oficina Nacional de Evaluación cuestionó la justificación de una concesión superior a 15 años en su informe de 2025, aprobado con el voto contrario de los representantes del Imdeco”. A ello se suma que el alcalde, José María Bellido (PP), “anunció en septiembre una adjudicación para finales de ese mes o principios de octubre, un calendario que no se ha cumplido”.

“Estamos hablando de una infraestructura cuya recuperación acumula años de espera, de una inversión sometida al encarecimiento de la construcción y de una concesión que comprometerá la gestión deportiva durante más de dos décadas. No podemos permitir que las prisas por cerrar el expediente estén por encima de la seguridad jurídica, la viabilidad económica y el interés general”, ha advertido.

Ángel Ortiz ha reclamado “que se hagan públicos el decreto íntegro, el coste de ambas asistencias, sus encargos concretos y los informes de valoración”. Como alternativa, propone “reforzar la plantilla técnica del Imdeco, constituir un equipo multidisciplinar con apoyo especializado debidamente justificado y fiscalizado, y someter la adjudicación a una revisión independiente de su viabilidad económica y de las condiciones de explotación”.

El Comité de Emergencias del Ayuntamiento de Córdoba, presidido por el alcalde de la localidad, José María Bellido, ha mantenido en la mañana de este lunes una sesión extraordinaria ante la previsión meteorológica de los próximos días, según la cual la capital podría verse sometida a intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento como consecuencia de la Borrasca Charles. Como medida anticipatoria, se ha acordado la activación de la fase de preemergencia local desde las 9:00 del próximo miércoles, 11 de noviembre; y con carácter indefinido.

Durante la reunión, se ha analizado la información disponible por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del servicio meteorológico propio contratado por el Consistorio cordobés, a fin de establecer los periodos donde se espera mayor riesgo de precipitación y analizar el dispositivo pertinente que debieran activar los distintos servicios municipales.

Con base en este riesgo, se ha establecido un despliegue específico de vigilancia por parte de la Policía Local en arroyos y en pasos a nivel, al igual que en las zonas con más riesgo de anegaciones. De igual modo, se ha implementado durante las últimas semanas el protocolo de comprobación de vehículos y sistemas de iluminación portátil; similar al que ha aplicado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) con sus remolques específicos y sistemas de bombeo y achique de agua.

Por otra parte, la sesión ha servido para repasar los servicios ordinarios que han realizado las diferentes delegaciones y empresas municipales a fin de prevenir posibles incidencias por episodios de fuertes lluvias. En este sentido, destacan especialmente las labores de limpieza y acondicionamiento en los distintos arroyos del término municipal para evitar el desbordamiento de los cauces.

Hasta la fecha, los técnicos de la delegación de Infraestructuras han finalizado la intervención en varios tramos críticos que suman cerca de 5.000 metros de cauces adecentados. Entre ellos se encuentran el arroyo Fuente la Lancha -donde se ha intervenido hasta su práctica desembocadura en el Guadalquivir, a la altura de la urbanización de Las Cigüeñas-, el arroyo Guadalbarbo, el arroyo Huerta Mayorga en la zona de Majaneque, el arroyo Llano del Mesonero o el arroyo Montón de Tierra, entre otros.

En paralelo a este bloque de actuaciones ya finalizadas, el Ayuntamiento mantiene desplegados a sus equipos para completar acciones en los arroyos Llanos del Mesonero y en el arroyo Llanos del Alamillo, donde se está cooperando en las labores de limpieza con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Por otra parte, las empresas municipales Sadeco y Emacsa han venido desarrollando múltiples servicios para evitar la anegación de zonas urbanas de Córdoba y sus barriadas. Las intervenciones de Sadeco se han concentrado en 25 calles con alta densidad de arbolado para evitar que la acumulación de hojas bloquee la evacuación de agua a través de la red de alcantarillado; una secuencia de trabajo que completan los técnicos de Emacsa al revisar y limpiar el interior de estos sumideros.

De hecho, durante el año 2026, Emacsa ha mantenido un programa de revisión de la red de saneamiento que ya ha certificado 36.500 actuaciones sobre imbornales y la limpieza de 115 kilómetros de la red de colectores de Córdoba capital. Una coordinación que se verá reforzada durante los días en que se prolongue la fase de preemergencia, pues se mantendrán servicios de vigilancia activa para dar respuesta a cualquier necesidad, al igual que se ha previsto en la empresa pública de autobuses de Córdoba, Aucorsa.

El Comité de Emergencias del Ayuntamiento de Córdoba ha recordado, igualmente, los protocolos existentes para el cierre de parques y jardínes, así como de ciertas instalaciones municipales como el zoológico o la Ciudad de los Niños. Una labor para la que ya se encuentra en preaviso personal de la delegación de Infraestructuras, en caso de considerarse necesario su activación.

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación varios contratos para proporcionar material y equipos a la Policía Local, entre ellos chalecos antibalas, varios vehículos y kits para control de drogas al volante.

El delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha informado de la contratación de 300 chalecos de protección antibalas, antipunzón y anticuchillo para los agentes, adaptados a hombres y mujeres. De otro lado, se suministrará por renting seis vehículos para patrulla de la Policía Local y otro para atestados.

Y un tercer contrato encargará el suministro de kits para los controles de droga. Hasta ahora, la Policía Local contaba con algunos, pero solía proporcionárselos la Dirección General de Tráfico (DGT), según ha explicado Coca. Los agentes realizan estos controles junto a los de alcohol y, de cara a las fiestas navideñas, se extenderán por distintos puntos de la ciudad.

Junto a ello, el Ayuntamiento también encarga la compra de 450 taquillas metálicas para los agentes, así como suministro de uniformes con ropa y calzado. El gobierno municipal no ha proporcionado el presupuesto con el que salen a licitación estos contratos.

Facua Córdoba ha pedido, a través de una nota de prensa, cautela a los usuarios que estén valorando comprar billetes de avión con Volotea para la nueva ruta entre Córdoba y Madrid que empezará a operar el 4 de diciembre y advierte de que la aerolínea se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración financiera.

La asociación emite este aviso por las expectativas que ha generado la nueva conexión y por la promoción que se está haciendo de ella. Asimismo, señala que la inauguración de rutas y la venta de billetes no significa que los problemas económicos de la empresa estén resueltos, ni que exista garantía de que vaya a seguir operando.

Como ya señaló Facua el pasado 30 de septiembre, Volotea se acogió al preconcurso de acreedores para renegociar su deuda y evitar un posible concurso. La propia compañía ha reconocido un impacto de unos 150 millones de euros por el encarecimiento del combustible y prevé cerrar 2026 con pérdidas. Además, sus cuentas arrojan un patrimonio neto negativo de 77,5 millones de euros, lo que a efectos mercantiles la sitúa en causa de disolución.

Volotea asegura que mantiene su actividad con normalidad y confía en alcanzar un acuerdo. Sin embargo, su viabilidad depende de esas negociaciones, y el hecho de que siga operando o vendiendo billetes no garantiza su estabilidad, según Facua.

Riesgo de no recuperar el importe de los billetes

En caso de insolvencia de una aerolínea, los pasajeros pueden encontrar serias dificultades para recuperar el dinero de los billetes que no lleguen a utilizar, detalla Facua. La normativa europea reconoce derechos en caso de cancelación, pero no establece una garantía general de reembolso efectivo cuando la compañía carece de recursos para afrontarlo. Por ello, Facua Córdoba mantiene su recomendación de no adquirir billetes de Volotea hasta que se aclare si logra superar sus problemas económicos y evitar la quiebra.

La posición del Ayuntamiento

Facua Córdoba quiere trasladar también esta advertencia al Ayuntamiento de la capital cordobesa. El alcalde, José María Bellido, ha calificado públicamente de buena noticia la llegada de Volotea al aeropuerto y ha agradecido a la compañía su disposición y sensibilidad ante las dificultades de comunicación que atraviesa la ciudad.

La asociación comparte la necesidad de recuperar y reforzar las conexiones, especialmente con Madrid tras la interrupción del servicio ferroviario por la tragedia de Urda, pero subraya que ello no debe llevar a ignorar la situación económica de las empresas que vayan a prestarlas.

En consecuencia, solicita prudencia al Consistorio a la hora de respaldar la iniciativa y reclama transparencia sobre los compromisos, acuerdos o apoyos que se hayan podido establecer con la aerolínea.

Facua Córdoba entiende que recuperar las conexiones es una necesidad para la ciudad, pero no puede hacerse pidiendo a los consumidores una confianza que hoy la situación de la compañía no justifica.

El sindicato CGT ha denunciado en un comunicado que la Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba ha remitido a las organizaciones sindicales una propuesta de servicios mínimos para la huelga general del próximo miércoles 11 de noviembre que “contempla unas dotaciones extraordinariamente superiores a las establecidas en anteriores convocatorias” y que, a juicio de CGT, “representa uno de los ataques más graves al derecho fundamental de huelga que hemos presenciado en los últimos años en esta administración”.

“Lo verdaderamente preocupante no es solamente el extraordinario incremento de efectivos, sino que hay colectivos profesionales a los que se pretende restringir drásticamente el ejercicio del derecho de huelga, llegando incluso, en determinadas dependencias, a establecer servicios mínimos equivalentes al 100 % del personal disponible. Todo ello sin que, a nuestro juicio, se aporte una motivación suficiente y concreta de los perjuicios que la interrupción de esas actividades podría ocasionar a los derechos y bienes constitucionalmente protegidos de la ciudadanía, ni se justifique adecuadamente la necesidad y proporcionalidad de semejantes restricciones”. argumenta CGT.

En ese sentido, añaden, “resulta especialmente difícil de comprender que se pretendan garantizar durante una huelga actividades y dotaciones de personal que, en condiciones ordinarias, ni siquiera se mantienen durante domingos y festivos, sin que ello comprometa necesariamente los servicios esenciales de la comunidad. ¿Desde cuándo una actividad que puede interrumpirse durante un festivo se convierte en imprescindible precisamente cuando las personas trabajadoras deciden ejercer un derecho fundamental?”.

Para el sindicato, “conviene recordar algo elemental: una huelga no está concebida para que todo siga funcionando como si no ocurriera nada. Los servicios mínimos tienen como finalidad garantizar exclusivamente las necesidades esenciales de la ciudadanía, no mantener la actividad ordinaria de la administración ni neutralizar los efectos de una huelga. Así lo ha establecido reiteradamente el Tribunal Constitucional. Y las cifras de la propuesta municipal resultan especialmente reveladoras”.

Comparativa con 2012

Según la comparativa realizada por CGT, los servicios mínimos podrían pasar de 52 asignaciones en la huelga general del 29 de marzo de 2012 a aproximadamente 226 en la convocatoria actual, excluyendo bomberos de ambos cálculos. “Esto supondría un incremento estimado del 334,6 %, pendiente de confirmar el número exacto de centros afectados”, sostienen.

En Infraestructuras, donde las cifras están directamente documentadas, se pasa de 7 a 33 efectivos, un incremento del 371,4 %. “Y hay una circunstancia especialmente significativa: en marzo de 2012 también gobernaba el Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, entonces con José Antonio Nieto como alcalde. Aquel gobierno estableció dotaciones sensiblemente inferiores en numerosas actividades municipales. ¿Qué ha cambiado en estos catorce años para que ahora se pretendan imponer restricciones de semejante magnitud? ¿Se han multiplicado las necesidades esenciales de la ciudadanía o ha cambiado la actitud de quienes gobiernan ante el derecho de huelga?”, cuestionan.

Para CGT, la Dirección General de Recursos Humanos “ha pretendido justificar las diferencias mediante adaptaciones del organigrama municipal, una explicación que consideramos manifiestamente insuficiente ante una propuesta de estas características”.

“Especialmente grave resulta también la forma en que Recursos Humanos está gestionando este asunto. Mientras que en la huelga general de marzo de 2012 se celebraron hasta tres reuniones con las organizaciones sindicales para abordar los servicios mínimos, y en 2015 se alcanzó incluso un acuerdo ante la Junta de Andalucía, en esta ocasión ni siquiera hemos sido convocados a una reunión para tratar una cuestión que afecta directamente al ejercicio de un derecho fundamental. En lugar de ello, la Delegación de Recursos Humanos se ha limitado a remitir una propuesta, concediéndonos menos de 22 horas para presentar observaciones”, denuncian.

“A día de hoy seguimos esperando que se nos convoque para abordar los servicios mínimos de la huelga del próximo 11 de noviembre. ¿En qué momento ha decidido el Gobierno de Bellido que una cuestión de semejante trascendencia puede despacharse mediante el envío de un documento y un plazo contrarreloj, prescindiendo del diálogo directo con la representación sindical? Para CGT, esta forma de proceder constituye otra muestra del preocupante deterioro de las relaciones laborales municipales. Resulta especialmente significativo que, precisamente cuando está en juego un derecho fundamental, Recursos Humanos ni siquiera haya mantenido las reuniones que sí se celebraron en anteriores convocatorias”.

Para CGT, “esta actuación constituye un nuevo y peligrosísimo paso en la deriva antisindical que venimos denunciando en la gestión de Recursos Humanos del Gobierno de Bellido, una política de relaciones laborales cada vez más alejada de la negociación y del respeto efectivo a los derechos de la plantilla. Y no deja de resultar indignante la contradicción que supone que cuando se trata de restringir el derecho de huelga, prácticamente toda la actividad municipal parezca imprescindible, mientras que para cumplir los acuerdos, reconocer derechos o abonar las cantidades pendientes a los trabajadores y trabajadoras, las obligaciones pueden seguir esperando indefinidamente. Desde CGT consideramos que los servicios mínimos no pueden convertirse en una herramienta para garantizar una apariencia de normalidad durante la huelga, ni mucho menos en una prohibición encubierta de su ejercicio para determinados colectivos”.

Por ello, advierten de que, “si finalmente se aprueban servicios mínimos que vulneren este derecho fundamental, CGT acudirá a los tribunales por las vías legalmente procedentes y exigirá las responsabilidades que correspondan”.

De los 233 cruces de vías en Córdoba que cuentan con semáforos para peatones y vehículos, 180 han contado hasta ahora con una configuración en la que el ámbar intermitente que permite el paso de vehículos coincidía con el verde para que también pasen los peatones. Pero, desde la entrada en vigor de las nuevas normas de tráfico el pasado 1 de octubre, esta coincidencia no puede darse y, por eso, el Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado la modificación de esos semáforos, de manera que no se dé esta situación que puede conllevar riesgo para las personas que cruzan una calle.

La reforma de las normas de tráfico ya en vigor lo deja claro e incluye en el apartado 4.2 del anexo I que, “como norma general, en los pasos para peatones con semáforo reservado para peatones, la luz amarilla intermitente para vehículos no podrá coincidir con la luz verde no intermitente para peatones”.

Ante eso, fuentes del gobierno municipal explican que actualmente se está “en proceso de cambio de las indicaciones semafóricas”, trabajos de los que se encarga la empresa de mantenimiento de semáforos -Acisa.

En ese sentido, señalan que estas labores de modificación en los semáforos se están realizando “de forma paulatina”. De hecho, aún quedan por modificar un buen número de esos 180 cruces semafóricos repartidos por la ciudad que peatones y vehículos pasan a diario.

Evitar la simultaneidad de paso de peatones y vehículos

La nueva norma establece que no coincidan la luz ámbar intermitente para los vehículos con la luz verde no intermitente para los peatones con la intención de evitar situaciones de conflicto e inseguridad en las que un peatón puede cruzar al disponer de una señal verde mientras los vehículos reciben simultáneamente una indicación que también les permite pasar, en este caso al ser ámbar intermitente, con precaución.

El fin último de la adaptación es que, desterrando esa coincidencia en los cruces semafóricos de autorización al paso simultáneo de peatones y vehículos, no se produzcan posibles atropellos y otras situaciones de inseguridad vial.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha facilitado el número de semáforos que ya se han modificado ni el plazo en el que se completará el cambio de los 180 cruces que requieren esta modificación, obligatoria ya por la normativa de tráfico.

Un grupo de vecinos de La Axerquía ha vuelto a colocar este domingo la pancarta reclamando la rehabilitación de la Ermita de la Aurora, cerrada al uso público desde 2019. La asociación vecinal exige soluciones reales, presupuestos firmes y plazos concretos, y advierte de que no dará “ni un paso atrás” para evitar que pasen otros siete años sin avances.

Gestionada desde 1999 por la asociación vecinal La Axerquía con el patrocinio de Vimcorsa, la ermita fue durante dos décadas un espacio cultural abierto al barrio. El Ayuntamiento decretó su cierre preventivo tras el desplome parcial de un muro en 2019.

En abril de 2025, el alcalde, José María Bellido, y responsables técnicos municipales se comprometieron a licitar las obras de forma inminente, con inicio en un máximo de tres meses, y a devolver la gestión del espacio a la asociación una vez finalizadas. Ante la falta de avances, los vecinos se concentraron en febrero de 2026 y colgaron una primera pancarta.

La obra se adjudicó en marzo, con un presupuesto de más de 43.142 euros financiados por la Delegación del Casco Histórico y con la previsión de acabar en verano. Los vecinos retiraron entonces la pancarta. Sin embargo, en junio supieron por los medios que los trabajos se retrasaban “sin fecha”: un informe de la Gerencia de Urbanismo alegaba “deterioros mayores” de los previstos, explican los residentes.

También aseguran que el director general de la Oficina del Casco Histórico, Agustín Requena, confirmó a la asociación que será necesario licitar un nuevo proyecto y que el espacio no podrá reabrirse hasta que se ejecute. “Después de siete años estamos otra vez en el principio”, lamentan los vecinos, que reclaman un nuevo presupuesto y un calendario claro.

La plataforma ciudadana Auditorio para Córdoba ha decidido volver a movilizarse en la vía pública tras cumplirse casi doce meses sin respuesta formal por parte del Aytuntamiento. El colectivo, surgido a finales de la temporada pasada y que logró reunir casi 6.000 firmas, exige una comunicación directa con el Consistorio.

El portavoz de la plataforma, Daniel Egido, lamenta a este periódico la falta de avances tras un año de espera continuada. “El correo electrónico y la carta se mandaron en octubre de 2025 y seguimos esperando a que el Ayuntamiento consiga reorganizar la agenda para atendernos”, denuncia Egido, quien ha subrayado que, durante este tiempo, “no ha habido un contacto real” por parte del alcalde José María Bellido ni de la delegada de Cultura Isabel Albás. “Simplemente queremos sentarnos en la mesa con la corporación para informarlos de nuestras necesidades como artistas y músicos de esta ciudad”.

La plataforma agrupa a integrantes de la Orquesta de Córdoba, docentes, coros y diversos colectivos ciudadanos que reivindican una infraestructura adecuada para la actividad musical de la capital. Según ha explicado el portavoz, la ciudad requiere un espacio con acústica específica para música sinfónica que responda a las exigencias del sector. “El Gran Teatro tiene todas sus buenas cualidades de teatro, pero es un teatro y no es un auditorio; una orquesta profesional como la Orquesta de Córdoba necesita, igual que el resto de las más de treinta orquestas en España, disponer de un auditorio”.

Desde el colectivo han rechazado además las propuestas provisionales planteadas con anterioridad, como el traslado de la sede de la orquesta a las instalaciones del cine. “No era una solución porque al final es tapar un agujero, crear problemas a los vecinos y no dar la solución de una sala de conciertos”, enfatiza Egido.

En cuanto a la viabilidad económica del proyecto, la plataforma ha sostenido que el presupuesto no constituye un obstáculo. Egido ha recordado que el Ayuntamiento “no tendría que poner ni el 20% del montante total”, dado que existen partidas europeas y disposición manifestada por la Junta de Andalucía para cofinanciar la obra. Sin embargo, el colectivo critica que tras consultas escritas tramitadas en el Senado se haya constatado que el Ministerio de Cultura no ha recibido ningún requerimiento ni proyecto formal por parte del Ayuntamiento de Córdoba.

El Circo Quiros no pasará este año por Córdoba. Según el documento al que ha accedido este periódico, el Ayuntamiento no ha autorizado su instalación junto al centro comercial El Arcángel después de que la empresa promotora no haya atendido en tiempo y forma la amplia batería de subsanaciones técnicas y de seguridad exigidas por la Delegación de Seguridad Ciudadana y Vía Pública.

El expediente administrativo, sustentado en sucesivos informes desfavorables de este departamento, pone de manifiesto una concatenación de deficiencias que impedían certificar la seguridad del recinto. El primer gran obstáculo detectado por los técnicos municipales fue la presentación de un proyecto genérico y desvinculado de la realidad física del terreno. Ante ello, la administración municipal exigió de manera reiterada la entrega de una planimetría exacta sobre el levantamiento topográfico real que delimitara con precisión la implantación del circo, reflejando el mobiliario urbano, el alumbrado público, los accesos existentes y la ordenación de elementos auxiliares como taquillas y caravanas. Según los informes, la distribución propuesta generaba “zonas muertas” e interfería negativamente en los flujos de evacuación y en el uso habitual del espacio como aparcamiento de autobuses.

El capítulo más crítico de las objeciones municipales recae sobre la seguridad estructural del circo. En su informe, los técnicos concluyeron que la empresa no acreditó la estabilidad de las gradas ni la resistencia de la carpa principal frente a la acción del viento. Respecto a lo primero, el Ayuntamiento rechazó de plano las alegaciones de la promotora, recordando que la simple manifestación por escrito del proyectista asegurando que las estructuras eran estables no posee validez técnica si no se acompaña de cálculos de cargas, planos detallados de la estructura o certificados del fabricante.

Asimismo, el expediente constató una falta de coherencia entre los textos justificativos y los planos presentados, omitiéndose los cálculos de cimentación y contrapesos exigidos para garantizar que la carpa soportara rachas de viento.

La negativa municipal responde también a serias deficiencias en materia de prevención de incendios, suministros y accesibilidad. Según esta misma documentación, el proyecto presentado por la empresa promotora del circo no subsanó los reparos formulados por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) en lo relativo al cumplimiento del código de protección contra incendios y trazado de vías de evacuación. De igual modo, la empresa aportó únicamente una estimación somera de la potencia eléctrica requerida, omitiendo el proyecto de instalación exigido por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que debía precisar la ubicación del punto de acometida general, el trazado de la red de distribución y las características de postes y gálibos.

A ello se sumó la falta de justificación técnica sobre la protección frente a la acción del rayo, la ausencia de planos de la red de agua potable y saneamiento para los aseos, y la falta de acreditación del cumplimiento de las exigencias de accesibilidad universal que fija la legislación andaluza para eventos temporales en la vía pública.

Tras un primer requerimiento notificado el 25 de septiembre de 2025 y un segundo aviso concedido el 16 de octubre con la advertencia expresa de archivo, la nueva documentación entregada por el circo el 20 de octubre volvió a ser examinada y calificada como insuficiente por los servicios de Vía Pública. Al no quedar acreditadas las condiciones técnicas de seguridad, higiene y confortabilidad que exige la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y el Decreto 195/2007, la resolución municipal ha declarado concluso el expediente, imposibilitando el levantamiento de las carpas del circo.

Según las redes del circo, este iba a llegar a Córdoba desde el 30 de octubre hasta el 8 de noviembre. Posteriormente, la apertura se retrasó a este mismo jueves, aunque finalmente no se llevará a cabo. Este periódico ha contactado con la empresa promotora, aunque sin éxito.

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha invitado al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), a “participar en la manifestación convocada el próximo 11 de noviembre a las 17:30, en el marco de la huelga general, para reivindicar el derecho a la vivienda, mejores salarios y condiciones laborales dignas”.

Se trata, según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, de “una movilización que pone en el centro a las personas y reclama que los derechos estén por encima de la especulación y los intereses económicos”, y la coalición considera que “el alcalde tiene motivos más que suficientes para sumarse a esta convocatoria, si realmente le preocupa la situación que atraviesan miles de cordobeses y cordobesas”.

En este sentido, desde Hacemos Córdoba han recordado que “tenemos tres de los barrios más pobres de España”, que “cada vez es más difícil acceder a una vivienda” y que “hay familias que, pese a trabajar, no llegan a final de mes”. Por eso, invitan a Bellido “a que salga de su despacho, escuche a la gente y compruebe de primera mano una realidad que parece no estar entre sus prioridades”.

De hecho, Hacemos Córdoba ha criticado al gobierno municipal del PP por “su falta de respuesta ante la emergencia habitacional”, pues, pese a las reiteradas peticiones de la coalición, “Bellido sigue sin ampliar la moratoria de apartamentos turísticos y, mientras tanto, en lo que llevamos de 2026, se han sumado más de 200 nuevos apartamentos turísticos en la ciudad”.

Además, el gobierno local del PP “tampoco está haciendo los deberes en materia de vivienda pública, sin impulsar una política ambiciosa de construcción de viviendas en régimen de alquiler, ni poner en marcha una oferta suficiente de pisos a precios asequibles”.

“Vimcorsa debería ser una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda, pero la política del gobierno municipal la está convirtiendo en una mala inmobiliaria, que que no promueve lo que necesita esta ciudad, que son viviendas en régimen de alquiler”, según han señalado.

En Hacemos Córdoba consideran que “la vivienda, el empleo y los salarios dignos son cuestiones que deben estar en el centro de las políticas públicas”, y Córdoba “no necesita un alcalde instalado en su despacho, rodeado de asesores y ajeno a lo que ocurre en sus barrios”, pero sí que precisa “un Ayuntamiento que se implique y utilice sus recursos para mejorar la vida de la gente, que no permanezca de brazos cruzados mientras cada vez más personas ven cómo se alejan sus posibilidades de construir aquí un proyecto de futuro”.

La coalición ha insistido en que el 11 de noviembre es “una oportunidad para defender derechos que afectan directamente a la vida de la ciudadanía”, y desde Hacemos Córdoba invitan “al alcalde a participar en la manifestación y a ponerse del lado de quienes reclaman una vida digna. Córdoba necesita políticas que garanticen que trabajar permita vivir, que acceder a una vivienda no sea un lujo y que nadie tenga que renunciar a su futuro por falta de oportunidades”.

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura, ha iniciado el proceso de restauración del Triunfo de San Rafael ubicado en la Plaza de Aguayos, junto a la iglesia de San Pedro, una iniciativa que forma parte del proyecto de mejora y conservación de estos monumentos y que ya se ha materializado en el San Rafael de la plaza del Cristo de Gracia.

Los primeros trabajos que han desarrollado los técnicos han sido la toma de muestras de la piedra para determinar las patologías que presenta este Triunfo de la Plaza de los Aguayos. Ese es el paso previo y necesario para la posterior redacción del proyecto de remodelación en base a las necesidades que se detecten.

Este proyecto no solo busca la restauración física del Triunfo, sino también su puesta en valor como uno de los principales baluartes del patrimonio cultural de la ciudad. Por su importante valor cultural, en el año 2009 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía procedió a la inscripción colectiva de los Triunfos de San Rafael como bienes de Catalogación General en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Esta declaración, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 133, de 10 de julio de 2009), incluyó un total de 14 triunfos repartidos tanto por la capital como por algunos municipios de la provincia, reconociendo así su “valor histórico, etnológico y artístico”.

En total son 11 los que tienen la titularidad municipal y en ellos es en los que se va a actuar conforme al proyecto aprobado el pasado año, con la determinación de salvaguardar y realzar este legado de valor incalculable. En definitiva, se trata de un programa de investigación, diagnóstico, conservación, restauración y difusión de los valores artísticos y etnográficos de estos monumentos clave de Córdoba

La plataforma por la Comisión de la Verdad ha protagonizado este jueves una concentración ante el Ayuntamiento de Córdoba “por la dignidad y la memoria de las víctimas del franquismo” y ha denunciado “la parálisis, la desatención, el bloqueo institucional y la desidia administrativa” por parte del gobierno municipal del PP para proseguir con las exhumaciones de represaliados en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael.

“Nos han estado engañando diciendo que estaban comprometidos, pero es mentira”, ha dicho a la prensa la portavoz de la plataforma, Carmen Sánchez, recordando la “multitud de reuniones” y contactos con el gobierno municipal en las que mostraban su “compromiso” pero, sin embargo, no se hace efectivo retomando los trabajos de las exhumaciones de restos en las fosas. “Las víctimas no pueden seguir siendo rehenes de su falta de voluntad política”, ha señalado en el manifiesto que se ha leído en la concentración.

Actualmente, las exhumaciones en los cementerios de La Salud y San Rafael están paradas. Las fosas, que se empezaron a abrir en octubre de 2023, se volvieron a cerrar en enero de 2026 al concluir el contrato con el que una empresa se había hecho cargo de los trabajos en ese periodo, había exhumado los restos de un millar de personas y había certificado que 189 eran represaliados. Al no tramitar el Ayuntamiento en tiempo y forma un nuevo contrato para proseguir los trabajos, estos quedaron paralizados y, desde hace meses, asegura que está ya redactado dicho contrato por 150.000 euros cedidos por el Gobierno central para estas labores y que, de no ejecutarse antes del 31 de diciembre, se perderán. Asimismo, tampoco hay noticia del nuevo convenio anunciado para firmar entre todas las administraciones que debería dar seguimiento al que rubricaron Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central para los trabajos que se llevaron a cabo desde 2023 hasta volver a cerrar las fosas.

La plataforma por la Comisión de la Verdad recuerda que en julio de 2026, el propio PP presentó y aprobó una enmienda en el Pleno del Ayuntamiento por la que se comprometía a agilizar por vía de urgencia el expediente de contratación dotado con los 150.000 euros del Gobierno, a la vez que a firmar a la mayor brevedad un nuevo convenio con la Diputación para garantizar la continuidad de los trabajos tanto en La Salud como en San Rafael.

Y, junto a ello, también a iniciar contactos con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía para que se incorporara al convenio, así como incluir la financiación de la Oficina de Atención a las Víctimas en dicho convenio.

“Inadmisible falta de respeto hacia las víctimas y sus familiares”

El manifiesto que se ha leído en la concentración de este jueves señala que “es inadmisible la falta de respeto hacia la memoria de las víctimas y sus familiares. El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha incumplido el deber de memoria que corresponde al estado y, como parte del mismo, el compromiso respecto a la reanudación de los trabajos”. “Tampoco ha tenido nunca la decencia de visitar las fosas de nuestros cementerios ni asistir personalmente a ninguna actividad de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe de estado y posterior dictadura franquista”.

Ante la actual situación de parálisis, denuncian que “a pesar de que los fondos del Estado están garantizados desde 2025, el Ayuntamiento ha permitido que las fosas vuelvan a taparse”. Y añaden que “hoy nos enfrentamos al riesgo inminente e imperdonable de perder 150.000 euros de financiación pública por pura ineficiencia administrativa”.

Con todo, el colectivo memorialista y los familiares recuerdan que “en nuestra ciudad, la tierra aún guarda el eco de esa injusticia. Las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael han escondido y aún siguen escondiendo después de 90 años los restos de más de 4.000 víctimas del terror franquista. La barbarie tuvo unas dimensiones que aún hoy estremecen”.

Por ello, reclaman que la administración local cumpla con su deber y se reanuden los trabajos de exhumaciones de las fosas. “La memoria democrática no es una opción, es un mandato legal y un principio democrático fundamental”, señalan para denunciar que “Córdoba no puede ser una ciudad plenamente democrática mientras miles de sus vecinos sigan enterrados en el olvido de las fosas comunes”.

En la concentración han estado presentes cargos públicos del PSOE y Hacemos Córdoba, así como integrantes de sindicatos como CCOO, UGT y CNT.

El Ayuntamiento de Córdoba ha destacado este miércoles que la capital es la séptima española con menor subida del precio anunciado de la vivienda en venta desde enero de 2019 y la segunda andaluza, según el informe de precios de octubre de 2026 publicado por Idealista, uno de los principales portales inmobiliarios de España.

Según ha detallado el Consistorio, Córdoba registra un encarecimiento acumulado del 32,32%, una evolución que contrasta con la del conjunto de España, donde el precio anunciado de la vivienda ha aumentado un 70,71% desde enero de 2019, y con la de Andalucía, donde el incremento alcanza el 96,56%. De este modo, la subida acumulada en Córdoba es menos de la mitad de la contabilizada a escala nacional y representa aproximadamente un tercio de la registrada en el conjunto de la comunidad autónoma.

Esta diferencia también se refleja en el nivel actual de los precios. La vivienda en venta anunciada en Córdoba capital alcanzó en octubre los 1.863 euros por metro cuadrado, frente a los 2.955 euros de media nacional y los 2.968 euros de Andalucía. Esto supone que el precio en Córdoba es un 36,95% inferior al del conjunto de España y un 37,23% inferior al de Andalucía. En consecuencia, la capital cordobesa mantiene unos precios de oferta considerablemente más bajos que los de sus principales referencias territoriales.

En cuanto a esta evolución más reciente, el precio anunciado en Córdoba aumentó un 0,70%, respecto a septiembre, frente al 0,85% registrado en España y el 0,54% en Andalucía. En términos interanuales, el incremento en la capital cordobesa fue del 9,98%, por debajo del 11,17% nacional, aunque ligeramente por encima del 9,80% andaluz.

Los datos de octubre confirman que el precio anunciado de la vivienda también sube en Córdoba, al igual que en España y Andalucía, pero su encarecimiento acumulado desde 2019 es notablemente más moderado. Esta evolución sitúa a la capital cordobesa entre las ciudades españolas donde menos ha aumentado el precio de la vivienda en venta en los últimos años.

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha mostrado este miércoles su “satisfacción” por la última actualización de datos sobre paro que ha distribuido el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según los mismos, la provincia de Córdoba se sitúa en la cabeza de la disminución del paro a nivel nacional.

“La estadística refleja una economía dinámica y un tejido productivo en el que conviven pequeñas y medianas empresas grandes compañías de renombre que ya está en Córdoba o deciden instalarse aquí”, ha señalado Torrent en una nota, en la que ha señalado como “especialmente positivos” los datos registrados en la capital cordobesa, que cerró octubre con 23.746 personas inscritas en el paro, 301 parados menos que en septiembre.

Esta cifra representa una disminución del 1,25% en tan solo un mes, lo cual sitúa a Córdoba como la capital andaluza donde más baja el paro en términos porcentuales durante octubre. Su descenso del 1,25% encabeza la comparación entre las ocho capitales de provincia, por delante de Jaén, donde se anota una reducción del 1,15%; Sevilla, que registra una reducción del 0,68%, y Huelva, donde el paro ha bajado un 0,51% frente al mes anterior.

La evolución interanual en Córdoba también es positiva. Frente a las 26.816 personas paradas registradas en octubre de 2025, Córdoba tiene ahora 3.070 menos desempleados, lo cual representa un descenso del 11,45%. Al respecto, Torrent ha insistido en que “supone una reducción de más de una décima parte durante los últimos 12 meses, lo cual permite deducir que el mercado laboral de la ciudad empieza a reducir progresivamente su nivel de dependencia a la estacionalidad o a campañas de contratación puntuales, aunque el sector servicios siga siendo una parte fundamental de nuestro tejido productivo”.

La delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento ha admitido que “el ecosistema de crecimiento económico generalizado que los datos muestran en Andalucía favorece también a Córdoba”, pero se ha congratulado porque la capital cordobesa lidere la reducción del desempleo. En este sentido, ha insistido en “la necesidad de mantener y reforzar la colaboración institucional a todos los niveles, a fin de continuar mejorando las cifras y seguir reforzando tanto a los emprendedores como a los empresarios ya consolidados”.

Además, la concejal ha recordado “la importancia de conservar acciones estratégicas de apoyo al tejido económico desde la administración local, como la formación para el empleo, pues necesitamos que las organizaciones sean capaces de encontrar en Córdoba a los perfiles profesionales que requieren, sin tener que irse fuera”.

Con todo, la teniente de alcalde ha mostrado “prudencia, a la espera de conocer la evolución de las cifras de desempleo de los meses venideros”. En este caso, Torrent teme que “la desconexión ferroviaria de Andalucía con el resto de España pueda frenar la tendencia de creación de empleo que hoy lidera la ciudad, pues las consecuencias económicas que tendrá la lamentable catástrofe de Urda son todavía imposibles de cuantificar”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado el primer paso para hacerse con la propiedad de la antigua Farmacia Militar. La Junta de Gobierno Local aprobó este martes la propuesta de la Delegación de Presidencia para iniciar el expediente de adquisición del inmueble, situado junto a la Biblioteca Antonio Gala, y que usa el consistorio desde el año 2022.

El edificio unos 4.621 metros cuadrados y dispone de ocho grandes espacios. Es propiedad del Estado y adscrito al Ministerio de Defensa, y permaneció con ese uso hasta 2018. El Consistorio lo tiene cedido desde hace cuatro años mediante una concesión demanial de cinco años, y su objetivo es que acoja ahora un proyecto más estable: un centro de participación activa de mayores.

En cumplimiento del pliego de condiciones que regula la concesión, la Junta de Gobierno Local ha acordado iniciar el expediente de adquisición con la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) del Ministerio de Defensa. Asimismo, ha instado a este organismo a tramitar la desafectación del inmueble y las demás actuaciones necesarias para posibilitar su transmisión al Ayuntamiento. Por su parte, la Delegación de Gestión municipal se encargará de recabar la documentación y los informes necesarios para determinar las condiciones de la compra.

El acuerdo se comunicará también a la Comisión Mixta de Seguimiento en su próxima sesión, prevista para noviembre de 2026. Además, se notificará a la Dirección General de Infraestructura de la Secretaría de Estado de Defensa y se trasladará a la Delegación de Gestión para su conocimiento y efectos.

El pliego de condiciones vigente fijaba una duración de cinco años improrrogables y un canon anual de 50.000 euros, compensable con las inversiones que realice el Ayuntamiento en el edificio. Preveía además que el Consistorio iniciara las negociaciones para la compra, como muy tarde, cuando falte un año para el fin de la concesión. Esa fecha se acerca en 2026.

El precio de venta lo fijará mediante tasación el Instituto para la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), y las obras o mejoras que haga el Ayuntamiento no lo incrementarán. Previamente, el inmueble deberá ser desafectado por Defensa. Si ambas administraciones no lograsen acordar la valoración, el pliego contempla que el Ayuntamiento estudie la expropiación forzosa, que el Ministerio facilitaría.

La concesión establece además que el inmueble debe destinarse a usos culturales, sociales o educativos y, en general, a usos públicos de competencia municipal que redunden en beneficio de la ciudadanía, un marco en el que encaja el futuro centro para mayores.

Las secciones sindicales de CSIF, SIPLB, UGT y CCOO en la Policía Local de Córdoba han emitido un durísimo comunicado en el que acusan directamente al alcalde, José María Bellido, de recurrir al “trilerismo” y a las “medias verdades” para tratar de contener el malestar del cuerpo y “salvar la foto del patrón”. Esta contestación sindical estalla tras las declaraciones del regidor el pasado 23 de octubre -coincidiendo con la festividad de la Policía Local-, cuando anunció el abono de parte de las deudas pendientes de la nómina de octubre, un gesto que los representantes de la plantilla tildan de “cortina de humo mediática” mientras ratifican el bloqueo de los servicios extraordinarios en la ciudad bajo la consigna de que no realizarán más horas fuera de turno mientras no se pague lo adeudado.

En esa comparecencia, el alcalde aseguró ante los medios de comunicación que el Ayuntamiento se ponía, en parte, al día con la nómina de octubre, anunciando el abono de los dispositivos correspondientes al Magno Vía Crucis y la Semana Santa. Una versión de los hechos que los sindicatos tildan de “cortina de humo mediática y de un cinismo que roza la desfachatez”.

Sobre el dispositivo del Magno Vía Crucis, los representantes sindicales aclaran que el Ayuntamiento ha tardado un año entero en abonar un servicio prestado el 11 de octubre del año pasado. Además, denuncian que el pago se ha realizado aplicando un recorte en el precio por hora acordado, lo que consideran un incumplimiento directo del Acuerdo de Funcionarios. Según recogen textualmente en su escrito, “nos han aplicado un recorte del precio/hora, meándose descaradamente en el tan cacareado Acuerdo de Funcionarios, ese mismo que vendieron a los cuatro vientos como un hito histórico de negociación y que, a la hora de la verdad, no es más que una gran mentira”.

En relación con la liquidación de la Semana Santa, frente a lo anunciado por el equipo de gobierno, los sindicatos afirman que únicamente se ha pagado el turno ordinario de los agentes que ya se encontraban de servicio. En el comunicado manifiestan que “lo que han liquidado es única y exclusivamente el turno ordinario de los compañeros que ya estaban de servicio. De los servicios extraordinarios, ni un solo euro. Cero”. Asimismo, añaden que “vender a la prensa que han saldado la Semana Santa cuando han dejado fuera las horas extra que sostuvieron las procesiones en la calle es de una vergüenza”.

Junto a estos dos eventos, los sindicatos señalan una extensa lista de impagos que la administración municipal continúa arrastrando. Entre las cuantías pendientes se encuentran las diferencias del Vía Crucis Magno hasta alcanzar el precio pactado, los días festivos de los meses de julio y agosto, la nocturnidad y festivos de los agentes en prácticas, los festivos del primer semestre de 2026 y la totalidad de los servicios ordinarios y extraordinarios pendientes de la Feria y las Cruces. A esto se suma el impago de la Noche Blanca del Flamenco celebrada en junio, los días de vacaciones disfrutados fuera del periodo estival en el primer semestre, el incremento salarial del 1,5% pendiente desde enero, el 20% de las horas extraordinarias ejecutadas durante los episodios de inundaciones en enero y febrero, las horas extra del mes de agosto y el cumplimiento de diversas sentencias judiciales firmes referidas a festivos trabajados en vacaciones y abonos de nocturnidad durante periodos de baja laboral acumulados en los últimos cuatro años.

Ante esta situación, los representantes del cuerpo han querido pedir disculpas a la ciudadanía cordobesa por las molestias e inconvenientes que el conflicto pueda provocar en el día a día de las calles. Sin embargo, insisten en que la indignación y el hartazgo son generalizados en toda la plantilla. Dirigiéndose al equipo de gobierno, subrayan que “la discrepancia no es con los sindicatos; la indignación y el hartazgo es de toda la plantilla, que está harta de que jueguen con el pan de sus familias”.

Finalmente, la representación sindical ratifica que no dará ni un paso atrás y mantendrá firme la consigna No pagáis, no trabajamos extraordinarios, advirtiendo de que el conflicto amenaza con prolongarse en el tiempo.

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha activado desde el pasado 1 de noviembre el Plan Ola de Frío, un dispositivo destinado a ofrecer alojamiento nocturno y atención a las necesidades básicas de las personas en situación de sinhogarismo durante los meses de invierno.

El plan, según ha precisado el Consistorio en una nota, contempla un total de 55 plazas extraordinarias, distribuidas entre distintos recursos municipales y entidades sociales de la ciudad. En concreto, la Casa de Acogida Municipal, ubicada en la avenida Campo Madre de Dios, habilita 20 plazas extraordinarias, que se suman a las 48 plazas habituales.

Este recurso ofrece alojamiento nocturno y servicios de atención básica, como duchas, cena, desayuno y consigna para guardar las pertenencias personales. El dispositivo incluye también 25 plazas de alojamiento en el refugio nocturno de Proyecto Hombre para personas sin hogar, ubicado en la calle Abderramán III, y diez plazas gestionadas por la Asociación de Encuentro y Acogida a Toxicómanos (ADEAT) en su Centro de Encuentro, situado en la calle Motril.

El Plan Ola de Frío se complementa con la intervención de la Unidad Social Móvil Municipal y los equipos de atención en calle de las entidades sociales que trabajan con personas sin hogar. Estos equipos realizan labores de detección, atención y acompañamiento, informan sobre los recursos de alojamiento disponibles y facilitan el acceso a estos recursos.

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Eva Contador, ha afirmado que “la activación del plan permite coordinar los recursos municipales y los de las entidades sociales participantes para atender a las personas en situación de sinhogarismo en Córdoba y cubrir sus necesidades básicas, durante los meses de invierno”.