En la política municipal de no hace muchos años, los fontaneros de los partidos entendían que un candidato a la Alcaldía tenía que foguearse y darse a conocer al menos un año antes de las elecciones. El objetivo era que los ciudadanos le conocieran, que le diese tiempo a visitar la mayor parte de la ciudad, el mayor número de barrios, asociaciones, peñas, plataformas, clubes y lobbys. En mayo de 2011, José Antonio Nieto logró una gran mayoría absoluta para el PP en las elecciones locales de Córdoba. Fue elegido candidato cinco años antes, en 2006. Ya en 2007 ganó las elecciones, pero lejos de sumar mayoría. De 2007 a 2011 tuvo tiempo de recorrer casi cada esquina de la ciudad, hacerse una foto en cada bache, en cada desconchón y casi con cada vecino.

La política local de la actualidad avanza a toda velocidad con un nuevo factor que lo cambia todo: las redes sociales. Ya no solo vale con estar sino con que te vean a través de la pantalla vertical de un teléfono móvil. Que se inunden los reels de las actualizaciones de políticos haciendo cosas. Es por eso que los tiempos han cambiado y que en los puestos de mando de los partidos se considera que ya no hace falta tanta antelación para elegir a un candidato. Y que hacerlo con mucho tiempo corre el riesgo de quemarlo.

Quizás por eso, todos los partidos se han ido ya de vacaciones y solo hay uno que tiene candidato a la Alcaldía: el PP. José María Bellido es alcalde de Córdoba desde 2019 y aspira a repetir en el cargo en la primavera de 2027, cuando se vuelvan a celebrar las elecciones municipales. Su candidatura se daba por hecha desde hacía meses, a pesar de los rumores que lo situaban en un futuro gobierno de Juanma Moreno en la Junta. Bellido, que es el concejal más veterano del Ayuntamiento, una institución en la que es concejal desde 2004 a pesar de sus 48 años.

En el resto de partidos, el mecanismo se ha puesto en marcha, pero aún no hay nada decidido. El PSOE tiene previsto elegir a sus candidatos a la Alcaldía de las capitales de provincia en septiembre. En Córdoba, Antonio Hurtado no repetirá como número uno. Y es Victoria Fernández, nueva parlamentaria socialista, la que apunta a ser la candidata. Fernández ya fue concejala y presidenta de Vimcorsa durante el mandato de Rosa Aguilar, con experiencia posterior en el gobierno de la Junta de Andalucía y en el de la Nación, donde ha sido la jefa de gabinete del ministro de Agricultura, Luis Planas. En 2022, Hurtado venció en primarias a Carmen Victoria Campos, que se presentó por sorpresa. No es probable aunque tampoco descartable que Fernández tenga que presentarse también a unas primarias.

A la izquierda del PSOE

A la izquierda del PSOE está la coalición Hacemos Córdoba, en la que se integraron Izquierda Unida y Podemos Andalucía, además de otras formaciones ecologistas. IU ha iniciado ya su propio proceso y ha puesto en marcha su maquinaria para elegir a sus candidatos. Esos candidatos tendrían que discutir, posteriormente, sus puestos en una futura coalición, de la que poco se sabe. Hacemos, en principio, no sufre como otras coaliciones de izquierdas de grandes desavenencias. Y en Córdoba es bastante probable que de nuevo el candidato o candidata sea una figura que proceda de la militancia de IU. Pero esas negociaciones, de momento, no han trascendido.

Y también en la izquierda habrá un nuevo actor: Adelante Andalucía. Su éxito en las últimas elecciones andaluzas le da opciones reales de entrar en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. La formación andalucista ya se ha movido y, de momento, ha elegido a dos coportavoces locales en la capital: Carmen Sánchez y Jordi Vidal, muy presentes en la vida local, social y política de la ciudad en los últimos meses.

Por su parte, Vox es una incógnita. Su proceso, como siempre, no arranca hasta que no se convocan las elecciones oficialmente, algo para lo que faltan aún muchos meses. Además, se trata de un partido muy centralizado, con decisiones que se toman en la cúpula y prácticamente nunca en el ámbito local. La marcha al Parlamento de Paula Badanelli, actual presidenta, deja el camino expedito a nuevos candidatos. Pero de momento nadie se atreve a hacer quinielas. La propia elección del exparlamentario Alejandro Hernández como delegado provincial de la Junta en Córdoba ha sido una sorpresa que nadie se esperaba. Por eso, vaticinar quién será el candidato de Vox a la Alcaldía de Córdoba en 2027 es hacer ciencia ficción.

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali) y la Asociación de Mujeres Gitanas Upre Romnja, conmemoró en la noche de ayer la Gran Redada del Pueblo Gitano con una acción cultural y de memoria histórica celebrada en la Plaza de la Corredera para reivindicar la memoria de las víctimas y la lucha contra el antigitanismo.

La iniciativa convirtió este emblemático espacio de la ciudad, también conocida como Prisión General de Gitanos, en un escenario de recuerdo de la Gran Redada que supuso la detención simultánea de miles de personas gitanas en 1749. La elección de la plaza respondió también a su significado histórico, ya que allí se encontraba la antigua Cárcel Real de Córdoba.

La actividad, planteada como una acción sorpresa, sorprendió a las personas que se encontraban disfrutando de la noche en la emblemática plaza e invitó a vecinos y visitantes a reflexionar sobre este episodio de la historia del Pueblo Gitano.

La acción comenzó a las 23:00 y recreó una celebración tradicional gitana que se vio interrumpida por la irrupción de la Gran Redada, evocando el momento en el que, en la madrugada del 30 de julio de 1749, miles de hombres, mujeres, niños y niñas gitanos fueron detenidos.

Tras la escenificación, desde los balcones del Centro Cívico Centro, ubicado en el edificio que albergó la antigua cárcel de la ciudad, se interpretaron varias piezas musicales vinculadas a la memoria y la libertad del Pueblo Gitano. La representación contó con las actuaciones de los cantaores Rafa Calli, Lourdes Pastor y Diego Patato, acompañados por los guitarristas Pablo Torres y Lolo Plantón, y el percusionista Manuel Arango.

El acto concluyó con la lectura de un manifiesto elaborado por las entidades participantes, en el que se hizo un llamamiento a preservar la memoria como una responsabilidad colectiva, renovando el compromiso con la igualdad, la justicia social, los derechos humanos y la lucha contra el antigitanismo.

La teniente de alcalde y delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha afirmado que “con esta iniciativa hemos querido acercar a la ciudadanía un episodio tan desconocido como la Gran Redada, pero entendíamos que debía hacerse dando la voz a quienes mejor podían contar esta historia”. Bustos ha destacado que “seguiremos impulsando iniciativas que utilicen la cultura, la memoria y la participación juvenil como herramientas para fomentar la convivencia, el conocimiento de nuestra historia y el respeto mutuo”.

Durante dos años, el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado en varias ocasiones el inminente final del avión de Miraflores. Ha prometido retirarlo, ha intentado devolverlo a su propietario, ha estudiado su desmantelamiento e incluso ha culminado los trámites para asumir definitivamente su propiedad. Sin embargo, el desenlace sigue sin llegar. El viejo Douglas DC7-C continúa inmóvil sobre la colina del parque de Miraflores, convertido en uno de los símbolos más peculiares de los proyectos fallidos de la ciudad.

Lo que hoy parece un simple mamotreto vandalizado fue, en realidad, una de las grandes apuestas culturales de la Córdoba que aspiraba a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2016. La aeronave llegó a la ciudad para transformarse en un innovador contenedor cultural. Nunca ocurrió. Desde entonces ha sido escenario de ocupaciones, incendios, actos vandálicos y sucesivos anuncios políticos sobre un futuro que siempre parecía inminente, pero que nunca terminaba de materializarse.

El que parecía último capítulo de esa historia comenzó el 7 de agosto de 2024. Ese día, la entonces concejala de Juventud, Cintia Bustos, anunció en calidad de alcaldesa accidental que el Ayuntamiento había decidido retirar definitivamente el avión después de reconocer abiertamente que el proyecto cultural había fracasado. El procedimiento previsto era sencillo sobre el papel: requerir al propietario para que lo desmontara en el plazo de un mes y, si no respondía, licitar su retirada con cargo al Ayuntamiento.

El anuncio tuvo un importante impacto mediático, pero nunca llegó a traducirse en actuaciones materiales. El avión siguió exactamente donde estaba, porque, por muy veraniego que fuera el anuncio, no se pudo localizar al propietario hasta finales de ese año.

La dificultad de encontrar al propietario

Fue en diciembre de 2024, y el Ayuntamiento confirmó que había conseguido contactar con los titulares mediante un burofax. El propio alcalde, José María Bellido, explicó en un Pleno que los propietarios ya conocían la intención municipal de retirar el aparato, aunque reconoció que desconocía los detalles concretos de la tramitación.

El avión había sido cedido gratuitamente al Ayuntamiento por Francisco Agulló, piloto suizo de origen español y apasionado de la aviación histórica, que previamente había adquirido dos antiguos Douglas DC7-C localizados en el aeropuerto. Uno terminó en un museo francés y el otro viajó a Córdoba. Aquella donación, formalizada el 8 de octubre de 2009, incluía una condición fundamental: la aeronave debía destinarse a un uso cultural y, si ese proyecto no llegaba a desarrollarse en el plazo previsto, el aparato podría revertir nuevamente a su propietario.

La historia dio un giro definitivo en febrero de 2025, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó iniciar el procedimiento para revertir la donación y devolver el avión a su propietario. La respuesta, sin embargo, llegó meses después. En un correo electrónico remitido al Ayuntamiento, Francisco Agulló dejó claro que no tenía el menor interés en recuperar la aeronave.

El piloto recordaba que la había donado para un proyecto cultural que nunca llegó a desarrollarse y lamentaba el estado en el que había quedado tras años de abandono. “No puede volar, está vandalizado y dañado por el público, y no fue desmontado para volver a volar”, explicaba. Además, advertía al Ayuntamiento de que, si finalmente se le obligaba a recuperar el aparato, reclamaría daños y perjuicios. Su posición era clara: el Consistorio podía hacer con él lo que considerara oportuno. “El Ayuntamiento puede disponer del avión como quiera: donarlo a un museo o a quien esté interesado en recuperarlo o, si prefieren, convertirlo en chatarra, no tengo problema con eso”, trasladó.

Aquella respuesta despejaba el principal obstáculo jurídico. La donación había sido gratuita y era necesaria la renuncia expresa del propietario antes de poder decidir definitivamente el destino del aparato. La Junta de Gobierno Local acabó archivando el procedimiento de reversión e inició otro distinto para declarar el avión como bien patrimonial municipal.

El desguace sigue esperando

Con la cuestión jurídica resuelta parecía que únicamente quedaba iniciar el procedimiento para venderlo como chatarra o licitar su desmantelamiento. Pero tampoco ha ocurrido. En febrero de este año, en un Pleno del Ayuntamiento, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, aseguró que estaban ya con el procedimiento de desguace y que, para ello, habían pedido un informe a un ingeniero aeronáutico, previo a redactar el pliego de condiciones para, al fin, una empresa externa retire el avión y pueda procesarlo como chatarra.

Sin embargo, seis meses después, aún no se ha elaborado el pliego. Fuentes municipales han confirmado que ese expediente administrativo ni siquiera se ha iniciado todavía y descartan que se tramite durante el verano.

El resultado es paradójico: dos años después del anuncio de su retirada, el avión continúa exactamente en el mismo lugar donde fue instalado hace más de una década. La campaña de firmas que se inició cuando se anunció su retirada funcionó pero no porque en Capitulares tuvieran sensibilidad hacia el movimiento, sino por la tardanza en impulsar administrativamente los sucesivos expedientes.

Hoy, trece años después de su instalación y dos años después de que el Ayuntamiento anunciara que iba a convertirlo en chatarra, el avión de Miraflores sigue resistiendo al paso del tiempo y a las decisiones políticas. Convertido en un icono involuntario del paisaje urbano de Córdoba, continúa esperando un último destino que, por ahora, sigue sin despegar.

Daniel García-Ibarrola, concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de la empresa Emacsa dejará el Ayuntamiento y será delegado territorial de la Junta de Andalucía en Córdoba. El todavía edil, que entró en el Ayuntamiento tras las elecciones de 2023 como fichaje de la candidatura de José María Bellido, pasará a tener un alto cargo vinculado al nuevo Gobierno Andaluz.

Ha sido el Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, el que ha dado a conocer el salto de García Ibarrola a la Junta. El alcalde, José María Bellido, le ha agradecido su trabajo en el Consistorio en estos tres años, en los que también ha sido responsable de Turismo. Poco después se ha hecho público su nombramiento como delegado provincial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

José María Bellido ha querido transmitir su felicitación a Daniel García-Ibarrola, a quien ha mostrado su agradecimiento “por estos años de dedicación y trabajo para la mejora de los servicios públicos”. En este sentido, ha destacado algunos de los logros conseguidos por el hasta ahora presidente de EMACSA, “como son la activación definitiva del programa de naturalización de fuentes o la consecución de proyectos de mejora, digitalización y prevención de fugas de agua en la red de abastecimiento de nuestra ciudad”.

El alcalde de Córdoba ha expresado su deseo de que “ese compromiso de hacer una Córdoba mejor, más verde y sostenible se extienda ahora a una administración superior”. Al respecto, se ha mostrado “totalmente convencido de que la colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía en materia de políticas medioambientales seguirá siendo tan impecable como en los últimos años”, al tiempo que reconocía que la misma “se verá beneficiada por contar con un delegado territorial que también conoce nuestra administración local”.

Sale García Ibarrola, entra Marien Pozanco

Nacido el 19 de abril de 1969 en Ciudad Real. Daniel García Ibarrola es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA, además de tener un Máster en Marketing y Gestión Comercial por ESIC y un Curso Superior en Habilidades Gerenciales. Durante buena parte de su carrera profesional ha sido directivo de El Corte Inglés. Concretamente, desde el año 1995 hasta 2023, cuando abandonó su puesto como responsable de Comunicación, Marketing, Relaciones Públicas y Sostenibilidad de Córdoba, para entrar en el Ayuntamiento.

La salida de García Ibarrola coloca a María Encarnación Pozanco López, actual consejera en Mercacórdoba, como nueva concejala del PP en el Ayuntamiento, toda vez que era la número 16 de la plancha. Pozanco 一número 16 de las listas del Partido Popular (PP) a las elecciones municipales del año 2023一 es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA. Cuenta con experiencia laboral en entidades como Cajasur o el Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21.

De igual forma, ha trabajado en dos grandes cadenas hoteleras de Córdoba y se ha formado en materias como el Marketing o la dirección de entidades deportivas. Su toma de posesión quedará fijada para la sesión ordinaria del Pleno municipal del mes de septiembre. Por ello, de forma provisional, Miguel Ruiz Madruga tomará las responsabilidades que corresponderán a la nueva concejala.

Cintia Bustos presidirá EMACSA y Miguel Ruiz Madruga será noveno teniente de alcald

Tras el anuncio de la Junta de Andalucía de proponer a Daniel García-Ibarrola Díaz como futuro delegado territorial en Córdoba de la Consejería de Sostenibilidad y Medioambiente, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha anticipado los cambios que supone este movimiento en el seno del Gobierno Municipal.

De forma inmediata, ha comunicado Bellido, la presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A (EMACSA) pasará a ser responsabilidad de Cintia Bustos, segunda teniente de alcalde y delegada de Recursos Humanos, Salud Laboral, Gestión, Contratación, Salud, Consumo y Juventud. Asimismo, el concejal delegado de Infraestructuras y presidente de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba, S.A. (SADECO), Miguel Ruiz Madruga, ocupará el puesto de noveno teniente de alcalde.

El hasta ahora noveno teniente de alcalde deberá renunciar próximamente a su acta como concejal del Ayuntamiento en la próxima sesión del Pleno. Su espacio será ocupado por María Encarnación Pozanco (1969), quien según ha informado el alcalde de Córdoba, tomará el relevo de García-Ibarrola tanto en la delegación de Medioambiente y Sostenibilidad como en la presidencia del IMGEMA.

Por otra parte, José María Bellido ha querido felicitar a Marina Montes, hasta ahora asesora en el gabinete de alcaldía, quien se hará cargo de la delegación territorial en Córdoba de la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de la consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

Un evento que recordarán para toda su vida, porque finalmente se dedicarán a lo que han luchado por tanto tiempo. Ahora toca defender y proteger al ciudadano. Los 30 nuevos policías locales han realizado su pertinente toma de posesión en un evento celebrado en la mañana de este jueves en el Teatro Góngora. En dicho acto ha estado presente el flamante nuevo jefe del cuerpo, José Luis Delgado, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Durante el acto de toma de posesión, el alcalde ha dado la bienvenida a los 30 nuevos efectivos, destacando que, tras finalizar una etapa de “sacrificios y espíritu de superación”, comienza ahora su verdadera labor de servicio público. Bellido ha subrayado que, más allá de hacer cumplir las ordenanzas municipales, la prioridad absoluta de los agentes debe ser “el cuidado y la protección de los ciudadanos”. Según el regidor, esta ampliación de la plantilla no solo aporta talento y nuevas ideas, sino que garantiza una mayor seguridad y sensación de protección tanto para los cordobeses como para quienes visitan la ciudad.

Asimismo, el alcalde ha resaltado el proceso de modernización y transformación que está viviendo el cuerpo, mencionando las recientes mejoras en infraestructuras, vehículos patrulla, sistemas de comunicación satelital y la creación de nuevas unidades. En el marco del ascenso de nueve subinspectores y dos inspectores, Bellido les ha instado a dirigir con “humildad” y experiencia, reafirmando el compromiso del gobierno local por mantener condiciones laborales dignas y justas que permitan alcanzar la excelencia en el servicio.

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación un contrato para buscar a una empresa experta que le ayude a integrar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su forma de gobernar y organizar la ciudad.

Bajo el nombre “Impulso 2030 Agenda Córdoba”, este contrato cuenta con un presupuesto de 164.300 euros (IVA incluido) y está respaldado económicamente por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España. El objetivo es que la empresa ganadora ofrezca consultoría para adaptar la gestión del Ayuntamiento a las metas de sostenibilidad, midiendo el progreso de la ciudad y haciendo partícipes a los vecinos.

La empresa de consultoría que gane la licitación tendrá de plazo hasta abril de 2027 para ejecutar diversas actuaciones clave. Entre ellas, destaca el diseño de un Plan de Gobernanza, una estrategia para enseñar a los propios trabajadores y directivos municipales a integrar la Agenda 2030 en sus presupuestos, planificaciones y políticas del día a día.

Además, se encargará de crear un “Observatorio Web”, un portal de internet transparente donde cualquier cordobés podrá ver de forma sencilla, a través de indicadores, el avance de las políticas de sostenibilidad en la ciudad.

Por otro lado, la adjudicataria tendrá que redactar un Informe de Progreso, un documento público que servirá como examen para evaluar y rendir cuentas sobre cómo está avanzando Córdoba en el cumplimiento de los retos del futuro.

Para asegurar que los ciudadanos sean los protagonistas, el contrato prevé la puesta en marcha de un laboratorio de ideas, creando reuniones y espacios participativos para que los vecinos, asociaciones y empresas propongan soluciones creativas a los problemas locales. Todo esto irá acompañado del diseño de campañas de comunicación para que la población conozca y entienda estas medidas.

Finalmente, el proyecto incluye la organización de un Foro Internacional que se celebrará en Córdoba. Este gran encuentro permitirá intercambiar conocimientos y compartir experiencias con otras ciudades, posicionando al municipio como un referente en el cumplimiento de la Agenda 2030.

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que personarse en un procedimiento judicial tras la demanda presentada por una mujer que reclama una indemnización por las lesiones que sufrió al caerse en el Puente del Arenal. La demandante atribuye el accidente al mal estado de la calzada, al asegurar que introdujo el pie en un socavón existente en la vía, lo que provocó su caída.

La Asesoría Jurídica municipal ha informado a la Junta de Gobierno Local de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 1 de Córdoba ha emplazado al Consistorio para comparecer en el procedimiento contencioso abreviado número 205/26. La demanda se dirige contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial que la afectada presentó previamente ante el Ayuntamiento.

Según recoge el expediente, la reclamante sostiene que las lesiones fueron consecuencia directa de la caída sufrida al introducir el pie en un socavón existente en la calzada del Puente del Arenal. Sobre esa base, considera que el Ayuntamiento debe responder por el estado de conservación de la vía pública.

Ante el emplazamiento judicial, la Asesoría Jurídica municipal ha comunicado que procederá a personarse en el procedimiento para defender los intereses del Ayuntamiento, en cumplimiento de la obligación legal de las entidades locales de defender sus bienes y derechos, salvo que reciba instrucciones en sentido contrario.

El Córdoba CF ha presentado este martes un escrito ante el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este periódico, para precisar el alcance de su reclamación por las inundaciones de El Arcángel después de que la Junta de Gobierno Local la rechazara el pasado 20 de julio. El club sostiene que en ningún momento solicitó una indemnización ni que el Consistorio asumiera reparaciones dentro del estadio, sino una actuación en la zona exterior que da acceso al TV Compound de LaLiga.

El propio consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio, lo explicó este martes durante la presentación de DIGI como nuevo patrocinador. “Ha habido un malentendido. No se ha entendido”, resumió el dirigente, que negó que la entidad estuviera planteando una reclamación patrimonial. “Nosotros no estábamos haciendo ninguna reclamación patrimonial ni indemnizatoria al Ayuntamiento, estábamos explicando los gastos que habíamos tenido con dos inundaciones y las medidas que había que realizar para que no volviéramos a tener una tercera inundación”, añadió.

Monterrubio situó además la actuación reclamada fuera del recinto y con nombre y apellidos. “Lo que nosotros solicitamos al Ayuntamiento es que arregle la parte exterior. No le estamos diciendo que nos pague nada de lo que se ha dañado”, señaló, antes de concretar el punto exacto: “Es en la pradera que conocéis, que sabéis que es de tierra y no drena”.

Dos episodios en menos de seis meses

El conflicto arranca con las lluvias de los días 15 y 16 de noviembre de 2025, que anegaron la bocana de acceso al Fondo Sur, la zona en la que se ubican el TV Compound y la sala del Nodo Perimetral de Transmisión de LaLiga. El club ya reclamó entonces una intervención urgente. El 29 de abril de 2026, un segundo episodio de características similares repitió el escenario, esta vez con el agua por encima del metro de altura y con daños en servidores, sistemas de comunicaciones y equipos de alimentación ininterrumpida.

El acceso se sitúa unos cinco metros por debajo de la cota de la calle. La rampa es de tierra y zahorra, la ladera presenta riesgo de desprendimientos y, cuando llueve, el agua arrastra barro, tierra y restos vegetales que terminan obstruyendo los desagües, mientras la bomba de achique instalada carece de capacidad para evacuar el agua en esas condiciones, según el informe técnico encargado por el club. El 5 de mayo el Córdoba presentó dos presupuestos de reposición del material dañado, que oscilaban entre los 56.134 y los 71.137 euros, IVA incluido, cifras que el club aportó para acreditar la gravedad del problema y no como solicitud de pago. A esos gastos se ha sumado una sanción económica de LaLiga por los desperfectos.

Cuatro peticiones sin importe

Sobre esa base, la entidad blanquiverde ha trasladado al Ayuntamiento cuatro solicitudes concretas y en ninguna figura una cantidad. Reclama que los técnicos municipales inspeccionen con urgencia el estado de los terrenos colindantes, los accesos, los taludes y los sistemas de drenaje de la zona, y que de ahí salga una solución definitiva que corrija el problema en el exterior del recinto.

Pide también que se fije el marco administrativo y técnico para acometer esas obras conforme a las obligaciones derivadas de la concesión demanial y, por último, un calendario preciso de actuación con identificación del órgano municipal responsable. El club recuerda que la segunda inundación se produjo cuando el Consistorio ya conocía la primera y ya había recibido una petición de intervención urgente que nunca llegó a ejecutarse.

Y es que la preocupación de fondo que el Córdoba traslada al Ayuntamiento es una sola: evitar que se produzca una tercera inundación. Los dos episodios anteriores se registraron en el mismo punto y con un origen prácticamente idéntico, la entrada de agua, barro, tierra y restos vegetales desde el exterior, la obstrucción de los desagües y la insuficiencia del sistema de achique. Con independencia de quién deba asumir los daños ya causados, sostiene el club, hace falta determinar y ejecutar una solución técnica que reduzca el riesgo.

Un informe municipal a dos caras

La posición del Córdoba encuentra un apoyo parcial en la documentación del propio Ayuntamiento. El informe técnico municipal reconoce que los terrenos colindantes al Fondo Sur carecen de una urbanización completa y de una infraestructura adecuada de evacuación de aguas pluviales, relaciona los daños con la falta de recogida de esas aguas en el acceso y aconseja adoptar medidas preventivas.

Por otra parte, ese mismo expediente sostiene la negativa municipal. La Junta de Gobierno Local se apoyó en dos informes técnicos y en el pliego que rige la concesión demanial para recordar que el estadio se levanta en zona de flujo preferente del Guadalquivir, que la concesionaria conocía la realidad física del inmueble cuando asumió la cesión y que la explotación se efectúa a riesgo y ventura del club. El Córdoba queda ahora a la espera de respuesta.

El PSOE defenderá en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción para que la ciudad se adhiera al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, una iniciativa impulsada por el Gobierno de España para reforzar la capacidad de respuesta de las administraciones ante fenómenos extremos derivados del cambio climático y mejorar la protección de la ciudadanía frente a sus consecuencias. Además, exigirá al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que asuma responsabilidades por la contaminación del aire generada por el humo de los incendios de Ávila y Madrid.

En primer lugar, la propuesta, avanzada por el concejal Joaquín Dobladez, llega tras el incendio de Cerro Muriano y el episodio de contaminación atmosférica que ha afectado a Córdoba por el humo y las cenizas procedentes de los grandes incendios forestales del centro de la Península. Dobladez ha criticado la actuación del alcalde al considerar que “ha vuelto a llegar tarde ante una situación que afectaba directamente a la salud pública”.

“Desde el pasado domingo ya eran perfectamente visibles en Córdoba los efectos del humo. El cielo de la ciudad presentaba una densa bruma y una importante reducción de la visibilidad que preocupó a miles de vecinos. Además, las previsiones meteorológicas ya advertían de que las condiciones atmosféricas favorecerían el desplazamiento del humo procedente de los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo hasta las provincias de Jaén y Córdoba. Con esa información sobre la mesa, lo que no puede hacer un alcalde es comparecer el martes para preguntarse públicamente si tiene que hacer algo”, ha afirmado Dobladez.

El PSOE ha recordado que el propio 112 alertó de que la presencia de humo podía provocar molestias, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, personas mayores, niños y otros colectivos sensibles.

Ante este episodio, neumólogos ya habían advertido que el humo actúa como un irritante bronquial inespecífico y puede provocar síntomas respiratorios, sobre todo en pacientes con asma o EPOC. El servicio de emergencias ya recomendó mantener puertas y ventanas cerradas cuando el humo se percibiera de forma intensa y evitar la realización de actividades físicas prolongadas al aire libre mientras persistiera este episodio.

“Si otras admistraciones ya estaban trasladando recomendaciones preventivas a la ciudadanía, no se entiende que el Ayuntamiento de Córdoba permaneciera en silencio. Bellido tenía la obligación de informar con rapidez, coordinar la respuesta municipal y difundir esas recomendaciones para proteger especialmente a los colectivos más vulnerables. Gobernar es anticiparse, no preguntarse dos días después si hay que actuar”, ha señalado el edil socialista.

Ante esta situación, el PSOE defenderá en el Pleno la adhesión del Ayuntamiento al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, un marco de colaboración entre administraciones cuyo objetivo es preparar a las ciudades frente al incremento de fenómenos extremos asociados al cambio climático.

Este Pacto persigue reforzar la coordinación entre administraciones, mejorar la prevención y la planificación frente a incendios forestales, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos; desarrollar protocolos para proteger la salud pública durante episodios de contaminación atmosférica; fortalecer los sistemas de protección civil y alerta temprana; impulsar la adaptación de los municipios al cambio climático y garantizar que la ciudadanía reciba información clara, rápida y rigurosa cuando se produzcan situaciones de emergencia.

Para Dobladez, la adhesión al Pacto supondrá un compromiso para que Córdoba disponga de mecanismos de prevención, coordinación e información mucho más eficaces ante futuras emergencias climáticas.

El Ayuntamiento de Córdoba pagó durante el ejercicio de 2024 un total de 1.288.800,86 euros a los miembros de la corporación municipal entre retribuciones, asistencias e indemnizaciones. Sin embargo, el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de estas percepciones económicas concluye que, pese a que con carácter general los pagos se ajustaron a la normativa, persisten importantes deficiencias en materia de control interno, transparencia, publicidad de los acuerdos e incompatibilidades que obligan al Consistorio a introducir cambios.

El informe, aprobado dentro de una fiscalización realizada sobre seis grandes ayuntamientos españoles, sitúa a Córdoba entre las administraciones locales que presentan “amplios márgenes de mejora” tanto en la regulación como en el control de las percepciones económicas de sus cargos electos. Entre las incidencias detectadas figura desde la celebración de dos plenos extraordinarios separados únicamente por cinco minutos, cuyos asistentes cobraron dos indemnizaciones distintas, hasta la falta de publicación de declaraciones de bienes de varios concejales o la ausencia de autorización expresa para la acumulación de cargos en empresas municipales.

El órgano fiscalizador recuerda que el Ayuntamiento de Córdoba está integrado por 29 concejales. Al cierre del ejercicio había 16 ediles con dedicación exclusiva, cinco con dedicación parcial y ocho sin régimen de dedicación, estos últimos remunerados mediante el sistema de asistencias a órganos colegiados.

Casi 1,3 millones de euros en un año

La mayor parte del gasto correspondió a las retribuciones fijas de alcalde y concejales con dedicación exclusiva o parcial, que ascendieron a 1.161.247,25 euros. A ello se sumaron 102.036,18 euros por asistencias a órganos colegiados y 25.517,43 euros en indemnizaciones por desplazamientos, manutención y otros gastos de servicio, que el Tribunal considera, en términos generales, correctamente justificados.

El Pleno municipal aprobó en 2024 un incremento retributivo del 8%, elevando el salario anual del alcalde hasta 69.578,46 euros. Además, las empresas y entidades municipales —entre ellas Aucorsa, Sadeco o Emacsa— abonaron otros 84.510,96 euros en concepto de asistencias a los consejos de administración en los que participaban distintos concejales. A ello se añade que siete miembros de la corporación percibieron igualmente retribuciones de la Diputación de Córdoba al ejercer simultáneamente como diputados provinciales.

Una de las incidencias más llamativas recogidas por el informe se produjo el 3 de octubre de 2024. Ese día el Ayuntamiento celebró dos sesiones plenarias extraordinarias consecutivas separadas únicamente por cinco minutos. Al tratarse de dos convocatorias diferentes, los concejales sin dedicación percibieron dos asistencias independientes, de 407,57 euros cada una, por lo que cobraron 815,14 euros entre ambas sesiones. Aunque el Tribunal no cuestiona la legalidad formal del pago, sí destaca este hecho como una incidencia dentro de su análisis de las asistencias económicas percibidas por los miembros de la corporación.

Dedicaciones que incumplían el reglamento

El informe también detecta varias irregularidades relacionadas con el régimen de dedicación de los concejales. Así, el Ayuntamiento concedió una dedicación parcial del 80% a dos tenientes de alcalde y a un concejal delegado, cuando el Reglamento Orgánico del Pleno vigente entonces establecía un límite máximo equivalente a dos tercios de la jornada, es decir, aproximadamente el 67%.

Asimismo, cuatro concejales que fueron nombrados diputados provinciales con dedicación exclusiva pasaron a figurar oficialmente sin dedicación en el Ayuntamiento, pese a mantener responsabilidades de gobierno como concejales delegados, una situación que el Tribunal considera que no estaba prevista en la regulación municipal.

A ello se suma otro incumplimiento de carácter formal: el decreto de Alcaldía que asignaba nominativamente los distintos regímenes de dedicación no fue publicado ni en el Boletín Oficial de la Provincia ni en la página web municipal, como exige la legislación.

Errores contables y datos incompletos

El Tribunal aprecia además diversas deficiencias en la gestión administrativa y contable. Entre ellas figura la contabilización de determinados trienios en partidas presupuestarias destinadas a altos cargos en lugar de imputarlos al concepto correspondiente de antigüedad. También detectó que algunos pagos por asistencias fueron registrados en un grupo funcional presupuestario incorrecto.

Otra incidencia afecta a la información remitida al sistema estatal ISPA, utilizado para elaborar estadísticas sobre salarios públicos. El Ayuntamiento omitió comunicar el importe correspondiente a las pagas extraordinarias de los concejales, dejando fuera de la información oficial más de 150.000 euros percibidos durante el ejercicio. Otro de los aspectos cuestionados afecta a la participación de los concejales en los consejos de administración de empresas y organismos dependientes del Ayuntamiento.

El Tribunal señala que 14 concejales con dedicación exclusiva y dos con dedicación parcial fueron designados para formar parte de más de dos consejos de administración, una circunstancia para la que la normativa exige una autorización expresa del Pleno. Sin embargo, el órgano municipal se limitó a tomar conocimiento de esos nombramientos sin aprobar formalmente la autorización excepcional prevista por la ley.

Declaraciones de bienes con importantes lagunas

La fiscalización también pone el foco sobre el control de las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos. Según el Tribunal, el Ayuntamiento realiza únicamente un control formal, sin desarrollar comprobaciones materiales sobre el contenido de las declaraciones. Entre las incidencias detectadas figura que tres concejales sustitutos incorporados durante el mandato no vieron publicadas sus declaraciones en el Portal de Transparencia ni en el BOP. Además, una concejala que abandonó la corporación no presentó la declaración final de bienes pese a haber sido requerida para ello.

El informe añade otro caso concreto: una concejala con dedicación parcial, consejera delegada de una empresa agrícola familiar, omitió inicialmente esa actividad en su declaración de incompatibilidades, aunque posteriormente procedió a su subsanación.

El Tribunal considera igualmente insuficiente la información ofrecida por el Portal de Transparencia municipal. Entre otras cuestiones, señala que no existe un apartado específico donde consultar las retribuciones anuales de los cargos electos, remitiéndose simplemente al presupuesto municipal, y que la información relativa a los ceses de concejales no se encontraba correctamente actualizada.

Paridad en el Pleno, pero no en las empresas municipales

En materia de igualdad, el informe ofrece una valoración más positiva respecto a la composición de los órganos políticos municipales.

El Pleno estaba integrado por 13 mujeres (45%) y 16 hombres (55%), mientras que la Junta de Gobierno Local presentaba incluso una mayoría femenina, con seis mujeres y cuatro hombres. También entre las tenencias de Alcaldía predominaban las mujeres, con seis frente a tres hombres.

No obstante, la situación cambia al analizar las entidades dependientes del Ayuntamiento.

De las 13 empresas y organismos municipales, nueve incumplían el principio de presencia equilibrada, bien por exceso de representación masculina o femenina. Además, ocho estaban presididas por hombres y cinco por mujeres.

Recomendaciones del Tribunal

El Tribunal de Cuentas concluye que los ayuntamientos fiscalizados, entre ellos Córdoba, deben reforzar los mecanismos de control interno, mejorar la publicidad activa de la información, revisar la regulación de incompatibilidades y establecer procedimientos más rigurosos para supervisar las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos.

El organismo considera que estas medidas permitirán incrementar la transparencia y reforzar las garantías sobre el uso de recursos públicos destinados a retribuir a los representantes municipales.

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha reclamado al alcalde “que aproveche las vacaciones de verano para desarrollar un plan integral de actuaciones en los colegios públicos de la ciudad”, con el objetivo de que “el próximo curso escolar comience con los centros plenamente acondicionados y preparados para recibir al alumnado”.

Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, su portavoz, Juan Hidalgo, ha explicado que los colegios públicos “constituyen uno de los principales servicios públicos municipales y desempeñan una función esencial en la igualdad de oportunidades, la conciliación familiar y la vida de los barrios”.

Para Hidalgo, “cuidar nuestros colegios es cuidar a miles de niños y niñas, a sus familias y a toda la comunidad educativa. Los centros educativos deben ser una prioridad para cualquier Ayuntamiento” y, en este caso, “los meses de verano representan la ”mejor oportunidad para ejecutar actuaciones de mantenimiento sin interferir en la actividad lectiva“.

Entre ellas, la revisión y limpieza de canalones y cubiertas para prevenir filtraciones y humedades, la reparación de goteras, la puesta a punto de los sistemas de climatización para afrontar con garantías las altas temperaturas de los primeros meses del curso, el desbroce de patios y zonas verdes, la limpieza de alcorques, así como trabajos de carpintería y conservación general de los edificios.

La coalición de izquierdas también considera “imprescindible” aprovechar este periodo para acondicionar los aseos de los centros educativos, mejorando su estado de conservación, funcionamiento e higiene. “Los aseos forman parte de la dignidad de un colegio. Son espacios que utilizan a diario cientos de niños y niñas y deben encontrarse siempre en condiciones adecuadas de limpieza, mantenimiento y accesibilidad”, ha destacado Hidalgo.

Además, ha argumentado que “el mantenimiento preventivo evita averías más costosas y permite que los problemas se solucionen antes de que afecten al normal desarrollo de las clases. No podemos esperar a que lleguen las primeras lluvias para encontrarnos con goteras o a las primeras olas de calor para comprobar que una climatización no funciona. El mantenimiento debe planificarse y el verano ofrece el mejor momento para hacerlo”.

El portavoz de Hacemos Córdoba también ha subrayado la importancia de “adaptar progresivamente los colegios a las nuevas condiciones climáticas que vive Córdoba, garantizando espacios confortables y seguros, tanto para el alumnado, como para el profesorado”.

Por último, ha reiterado que “invertir en la conservación de los colegios públicos no supone únicamente mantener edificios, sino reforzar un servicio público esencial que contribuye al desarrollo educativo, social y comunitario de la ciudad. Queremos que el próximo curso empiece con colegios mejor preparados, mejor conservados y con unas instalaciones a la altura de lo que merecen nuestros niños y niñas. Aprovechar el verano para hacerlo no es una opción; es una responsabilidad del Ayuntamiento”, han concluido.

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha trasladado a Vimcorsa la necesidad de actualizar las ayudas de rehabilitación en todos sus aspectos, pero muy especialmente en el capítulo del apoyo a la ciudadanía frente a las Inspecciones Técnicas de Construcción y Edificación (ITCE), las conocidas como las 'ITV de los edificios', cuyo plazo de aplicación obligatoria se fue prorrogando, pero que ya tiene como último plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para que los inmuebles con más de 50 años se hagan con esta certificación.

Según ha detallado el Consejo en una nota, “ello afecta directamente a miles de inmuebles, que en total sumarían unas 45.000 viviendas, principalmente en el distrito Centro, pero también en los primeros barrios de expansión de la ciudad en el siglo XX, entre ellos numerosos edificios de Ciudad Jardín, Levante, Santa Rosa-Valdeolleros, Campo de la Verdad y Sector Sur”.

Así, han recordado que “no contar con el preceptivo informe podría tener consecuencias administrativas y jurídicas en el futuro para las comunidades y propietarios, aunque por ahora la administración no esté incidiendo en este aspecto ni contempla imponer sanciones de forma inmediata”.

En todo caso, han propuesto que “se vayan incrementando las ayudas a rehabilitación, ya que, derivados de esos informes de las ITCE, muchos propietarios tendrán que verse obligados después, en un plazo no muy largo, a solucionar las deficiencias que se detecten ya sean en seguridad, estructura, fachadas, instalaciones de agua y luz, accesibilidad o eficiencia energética”.

Al respecto, el CMC ha apuntado que “en este capítulo Vimcorsa sólo contempló en el pasado ejercicio un centenar de ayudas, a todas luces insuficientes para el volumen que se espera en los próximos meses y años”, a la vez que ha anunciado que también hará llegar “estas inquietudes y propuestas al nuevo equipo de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, tanto como administración directamente competente en vivienda --recordándole la necesidad de que se trasladen fondos al Ayuntamiento para dotar las ayudas de Vimcorsa-- como a la hora de agilizar sus propios programas de subvenciones a la rehabilitación, que apenas han llegado en la ciudad a unas 15 en año y medio”.

Otras ayudas “necesarias” son las que se reclaman para instalar ascensores en edificios antiguos y, ahora, para adaptar los elevadores existentes a la nueva instrucción de seguridad y accesibilidad de obligado cumplimiento desde principios de año. Incluso, el CMC ha alertado de “las consecuencias de la imposición de la Unión Europea de retirar todo el amianto --material presente en uralita tan usada hace décadas-- en un plazo de cinco años, lo que originará también importantes gastos para muchas comunidades y propietarios”.

En un último capítulo, el Consejo ha planteado crear una línea de ayudas para comunidades a cargo de espacios de propiedad privada y uso público que, aunque ya se pueden beneficiar de convenios para su mantenimiento con la Delegación de Infraestructuras, “en ocasiones necesitan pequeñas inversiones para adaptarse a los requisitos mínimos que se piden”.

Prioridades por distritos y barrios

El CMC también ha reflejado todas estas inquietudes territorialmente, en consonancia con las demandas de los consejos de distrito y demás entidades y colectivos ciudadanos. Así, para Parque Figueroa ha citado “la necesidad de que el Ayuntamiento mantenga su compromiso, e implicar en ello a la Junta, para la tercera fase del programa de rehabilitación energética, además de recuperar proyectos pendientes de la primera y segunda fase”.

Igualmente, el Consejo ha señalado a Ciudad Jardín como “un barrio prioritario a la hora de la rehabilitación de edificios”; además de “ir preparando intervenciones específicas en el Distrito de Levante y en otros barrios como Valdeolleros, sin olvidar mantener las líneas de ayudas para el casco histórico que permitan frenar los casos de inmuebles notablemente deteriorados e incluso con riesgo de derrumbe”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes una batería de expedientes que movilizan más de 840.000 euros en inversiones y contratos relacionados con la promoción cultural, la conservación del patrimonio y el refuerzo de la seguridad ciudadana.

El acuerdo económicamente más relevante corresponde al contrato privado de patrocinio publicitario, cultural y turístico que el Consistorio suscribirá con Zizai Cultura SL para promocionar la ciudad durante la octava edición del festival Flora. La aportación municipal asciende a 400.000 euros, la misma cantidad destinada en ediciones anteriores del certamen.

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde a la contratación de las obras para construir nuevos módulos de aseos en los jardines bajos del Alcázar de los Reyes Cristianos y restaurar el petril situado en el lienzo oriental del monumento. El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 199.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, prorrogable en caso de ser necesario.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato para el suministro de 300 chalecos de protección externa antibala, antipunzón y anticuchillo destinados a la Policía Local. El contrato, valorado en aproximadamente 243.000 euros, incluye equipamiento con diseño específico tanto para hombres como para mujeres.

Entre los acuerdos aprobados también figura la ejecución del pago de los premios correspondientes a la decimotercera edición del certamen de música joven Dinamo Music. El importe destinado a los galardones asciende a 7.200 euros y pone el cierre administrativo a una edición celebrada durante los meses de junio y julio en la ciudad.

El Ayuntamiento de Córdoba ha desestimado la práctica totalidad de las alegaciones presentadas por la asociación Córdoba Ecuestre al pliego que regula la concesión demanial de las Caballerizas Reales, al considerar que muchas de ellas responden a interpretaciones erróneas del documento o son incompatibles con la legislación vigente y con la finalidad que persigue el proyecto.

La viceportavoz del Gobierno municipal, Cintia Bustos, explicó tras la Junta de Gobierno Local que el Consistorio mantiene las condiciones de la concesión aprobada el pasado mes de abril para un periodo inicial de 25 años, prorrogable por otros dos periodos de igual duración, y únicamente acepta estudiar la viabilidad de un acceso compartido entre el Ayuntamiento y la asociación al edificio desde el Alcázar. Para ello, se ha ordenado la elaboración de un informe técnico que analice la posibilidad de compatibilizar ambos usos.

Entre las alegaciones rechazadas figura la petición de modificar las condiciones relativas a las cuadras que ocupa la Unidad de Caballería de la Policía Local. Bustos aseguró que el pliego solo exige que estas instalaciones se mantengan tal y como se encuentran en la actualidad, sin imponer nuevas ampliaciones o requisitos, por lo que el Ayuntamiento entiende que no existe el problema planteado por Córdoba Ecuestre.

El Gobierno municipal también ha descartado que la asociación pueda destinar el ala este del edificio a dependencias administrativas, al considerar que ese espacio debe reservarse para el futuro Centro Internacional del Caballo, objetivo principal de la concesión. Del mismo modo, mantiene las condiciones relativas a la pista central y aclara que únicamente será necesario utilizar elementos móviles cuando el Ayuntamiento necesite hacer uso del recinto, sin alterar las dimensiones del picadero.

Uno de los aspectos sobre los que el Ayuntamiento se muestra más firme es el rechazo a incorporar un uso hostelero al inmueble. La asociación había solicitado que la galería sobre el picadero y el espacio situado sobre el Guadarnés pudieran albergar una zona de restauración y eventos, una propuesta que el Consistorio rechaza tanto por la incompatibilidad con la normativa patrimonial como por entender que desvirtúa el destino de las Caballerizas Reales.

“La finalidad es que se haga un uso ecuestre, un uso donde se ponga en valor el caballo andaluz, pero en ningún caso un uso hostelero”, resumió Bustos, quien recordó además que la legislación impide instalar una cocina industrial en un edificio protegido como este.

La Junta de Gobierno también ha desestimado las alegaciones de carácter económico. Entre ellas, la solicitud para que el Ayuntamiento asumiera de oficio determinadas exenciones tributarias, algo que, según explicó la viceportavoz, deberá tramitarse caso por caso a petición de la asociación. Tampoco prospera la petición para utilizar de forma automática las infraestructuras municipales de suministro, ya que cualquier conexión deberá someterse previamente a estudios técnicos y autorizaciones sectoriales, además de asumir Córdoba Ecuestre los costes derivados de su uso.

Igualmente, el Ayuntamiento mantiene la reserva de uso de las pistas durante un máximo de treinta días al año. No obstante, el pliego garantiza que esa utilización municipal nunca interferirá con actividades que generen ingresos a la asociación, una circunstancia que, según Bustos, ya queda recogida expresamente en las condiciones de la concesión.

Una vez notificada la resolución, Córdoba Ecuestre dispondrá ahora de diez días para comunicar si acepta las condiciones de la concesión y presentar la garantía correspondiente. Posteriormente contará con otros quince días para formalizar definitivamente la concesión demanial.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado que el perímetro global afectado por el incendio forestal que se declaró el pasado viernes se sitúa en torno a las 200 hectáreas. A pesar de la extensión de este perímetro, el máximo dirigente del Consistorio ha matizado que el daño no ha sido uniforme en toda la zona, indicando que existen “vacíos” o partes dentro de esa área que no han llegado a arder por completo gracias a la rapidez con la que avanzaron las llamas en ciertos puntos.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha detallado la evolución de los trabajos de extinción, confirmando que el dispositivo del Plan Infoca continúa desplegado en el terreno. Según los datos facilitados en una comparecencia ante los medios de comunicación, el incendio se dio por estabilizado a las 20:00 del pasado sábado y, posteriormente, se logró dar por controlado durante la mañana del domingo, entrando ahora en la fase de extinción total.

Molina ha querido destacar la eficacia del “fuego técnico”, una maniobra estratégica que, aunque llamó la atención, resultó fundamental para contener el avance del incendio. Esta labor fue dirigida por la nueva unidad del Infoca bajo la supervisión del cordobés Carlos Revilla, subdirector del centro operativo provincial, cuyo trabajo ha sido calificado como un ejemplo de profesionalidad por parte de las autoridades locales.

Por otro lado, el incendio ha dejado su paso por otro problema que está siendo denunciado por los cordobeses. El alcalde Bellido ha señalado que la ciudad se ha visto afectada por la llegada de humo procedente de otros incendios de gran magnitud activos en el centro de España, concretamente en Castilla y León y Madrid. Este fenómeno, perceptible desde el pasado domingo por la tarde, ha impactado notablemente en la calidad del aire de la capital cordobesa, evidenciando la gravedad de los siniestros que ocurren incluso a cientos de kilómetros de distancia.

Ante esta situación ambiental, el Ayuntamiento, por medio de José María Bellido, ha explicado que evaluará la situación en los próximos días y valorará si es necesario publicar recomendaciones oficiales de autoprotección para la ciudadanía. De hecho, el dirigente ha indicado que consultará con los servicios sanitarios para determinar si las concentraciones de humo requieren medidas específicas, especialmente para los colectivos más vulnerables, durante los próximos días de calor.

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba iniciará este lunes los trabajos de retirada del adoquín de las calles Eduardo Lucena, Conde de Robledo y Góngora, una intervención que es el paso previo al posterior asfaltado de dichas vías.

Según ha informado el Consistorio, la actuación, que se realizará por fases, está previsto que se prolongue hasta el día 31 de julio, según la previsión inicial, y forma parte de la planificación del Plan Asfalto 2026 que el Ayuntamiento desarrolla desde el mes de junio por distintas zonas de la ciudad.

Estas obras van a conllevar un cambio en la circulación del entorno durante los mismos días en los que se realizará la intervención. De este modo, el plan de tráfico contempla que el acceso se mantendrá desde Ronda de los Tejares por la zona de plataforma única de la avenida Gran Capitán (Bulevar), si bien quedará en sentido único de entrada, dado que se va a proceder a realizar labores de mantenimiento en dicha calzada para hacer coincidir ambas actuaciones.

Dado que los trabajos previstos se han organizado por fases, en todo momento se permitirá el acceso a cocheras y aparcamientos. La salida de los vehículos se habilitará, según los planes de tráfico establecidos para cada fase, bien por la calle Cruz Conde --entrando por Góngora o por Conde de Robledo-- bien por la calle Concepción-calle José Zorrilla, o por ambos itinerarios.

Puesto que el entorno en el que se realizan los trabajos tiene prioridad peatonal, desde el Área de Movilidad se ruega a los conductores que atiendan la señalización provisional instalada y las indicaciones de la Policía Local y de los operarios, extremando las precauciones con los transeúntes y resto de usuarios de la vía pública. Del mismo modo, se ruega a los peatones que eviten el tránsito por las calles afectadas por las obras y que tengan en cuenta la posible circulación de vehículos por zonas peatonales.

El Ayuntamiento de Córdoba rechazará oficialmente las alegaciones presentadas por la Asociación Córdoba Ecuestre contra las condiciones de la concesión demanial de parte de las Caballerizas Reales. La desestimación figura en el orden del día de la Junta de Gobierno Local prevista para el próximo lunes 27 de julio, en la que el gobierno municipal aprobará la propuesta elaborada por la Delegación de Gestión y Contratación.

El expediente contempla la desestimación de las alegaciones recibidas en relación con la concesión demanial, a favor de la Asociación Córdoba Ecuestre, del uso privativo de determinados espacios del inmueble de titularidad municipal y naturaleza demanial Caballerizas Reales. Para ver qué parte de las alegaciones censura el equipo de Gobierno habrá que esperar al lunes.

No obstante, la decisión supone la confirmación oficial de la postura que ya había avanzado públicamente el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien aseguró que el Ayuntamiento no aceptaría todas las alegaciones presentadas por la entidad y que algunas de ellas respondían, a juicio del gobierno municipal, a una interpretación errónea del pliego de condiciones.

La asociación presentó un amplio documento de alegaciones al proyecto de concesión demanial de las Caballerizas Reales en el que cuestionaba algunos de los elementos centrales del modelo diseñado por el Ayuntamiento para el futuro del monumento. Entre todas las objeciones destacaba una especialmente significativa: la entidad reclamaba que una galería situada sobre el picadero, prevista como espacio expositivo, pueda convertirse en una zona de restauración y celebración de eventos con cocina propia (algo que se prohibía en el pliego). Además, cuestionaba la distribución de espacios y reclamaba la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el acceso a las infraestructuras municipales de suministro eléctrico, agua y saneamiento.

La reacción de Bellido

Tras la presentación del escrito, Bellido llegó a afirmar que le había sorprendido tanto el contenido como el tono, al entender que trasladaba un planteamiento de “si no se hace esto, nosotros no firmamos”. El alcalde defendió entonces que el Ayuntamiento está obligado a regularizar la situación jurídica de las Caballerizas Reales, un inmueble que durante años ha funcionado bajo una situación de precariedad administrativa.

El regidor también dejó claro que existen aspectos que el Consistorio considera irrenunciables por responder al interés público. Entre ellos citó la permanencia de la caballería de la Policía Local en el recinto y la posibilidad de compatibilizar otros usos culturales, por encima de las pretensiones de la entidad concesionaria.

Durante su comparecencia pública, Bellido ya advirtió de que, si finalmente la asociación rechazaba firmar la concesión en los términos fijados por el Ayuntamiento, el gobierno municipal abriría un concurso público para adjudicar el uso de las Caballerizas Reales a cualquier otra entidad interesada que presentara un proyecto compatible con las condiciones establecidas por el Consistorio.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado la situación vivida durante una de las actividades del programa 'Noches en la Terraza', promovido por el Ayuntamiento en el Centro de Recepción de Visitantes, como un nuevo ejemplo de la “falta de mantenimiento” de las infraestructuras públicas municipales.

Según ha podido conocer la coalición, durante la celebración de una de las actividades el ascensor del edificio “no se encontraba operativo”, lo que impidió que personas con discapacidad o movilidad reducida pudieran acceder al espacio y disfrutar del espectáculo. Además, los aseos permanecieron cerrados, generando “malestar” e “incomodidad” entre las personas asistentes.

Desde Hacemos Córdoba señalan que “no se trata únicamente de una incidencia puntual”, sino de una muestra más de un problema que vienen denunciando desde hace tiempo, el “abandono” del mantenimiento de los espacios públicos municipales. “No podemos permitir que instalaciones que están al servicio de la ciudadanía no reúnan las condiciones necesarias para acoger actividades culturales o prestar un servicio adecuado a los vecinos y vecinas”, han señalado.

La coalición recuerda que esta situación se suma a “otros problemas detectados en diferentes equipamientos municipales”, como centros cívicos que han sufrido averías durante meses, lo que evidencia una “falta de planificación” y una “escasa atención” a la conservación de las instalaciones públicas.

Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde que adopte las medidas necesarias para garantizar que los espacios municipales se encuentren en las condiciones adecuadas de funcionamiento, accesibilidad y mantenimiento. “La ciudadanía merece unos edificios públicos cuidados, seguros y preparados para el uso al que están destinados”, han defendido.

El grupo municipal ha recordado además que “la cultura debe disfrutarse como un derecho” y que los programas culturales impulsados desde el Ayuntamiento deben desarrollarse en espacios que ofrezcan todas las garantías. “No es de recibo que quienes acuden a una actividad cultural encuentren problemas en servicios básicos de una infraestructura municipal”, han concluido.

Hace poco más de un mes, el Ayuntamiento de Córdoba aprobó en fase inicial un plan de acción para proteger a los vecinos cuando la calidad del aire que respiran empeore gravemente. El plan aún no está en vigor, a la espera de superar el trámite definitivo y que se publique en todos los boletines oficiales. Pero con el documento en la mano, la ciudad lleva respirando durante tres días un aire muy perjudicial a causa de la calima y el polvo en suspensión. Tan perjudicial es que según el propio plan el Ayuntamiento estaría obligado a limitar el tráfico en la ciudad para cuidar de la salud de los vecinos.

En Córdoba hay tres estaciones de medición del aire respirado: en la Asomadilla, en Lepanto y en la avenida Al Nassir (Vial Norte). Estos días, solo esta última estación está ofreciendo valores por horas y concretos sobre la calidad del aire. Y los datos no son buenos.

El contaminante más perjudicial para los ciudadanos es el relacionado con las partículas PM 10. Su nivel se mide en en microgramos por metro cúbico de aire respirado. El plan aprobado inicialmente por el Ayuntamiento establece tres umbrales de superación: a partir de 40 microgramos, un segundo por encima de los 50 y un tercero en los 80.

El plan establece un sistema de gestión basado en tres niveles de actuación según la gravedad del episodio. El primero es el umbral de activación, que se dispara cuando la media diaria de PM10 supera los 40 µg/m³ durante tres días consecutivos, sirviendo para preparar los medios necesarios. El segundo es el umbral de información, que se activa con 50 µg/m³ de PM10 o 200 µg/m³ de NO₂, obligando a informar de inmediato a la población y adoptar medidas de atenuación. Finalmente, el umbral de alerta representa la situación más grave, activándose con 80 µg/m³ de PM10 o 400 µg/m³ de NO₂, lo que requiere medidas excepcionales e inmediatas.

Un aire contaminado desde el miércoles

La ciudad lleva superando los 40 microgramos de PM10 desde las 19:00 del miércoles de esta semana. A las 21:00 del jueves se superaron ya los 50 microgramos. Y a las 2:00 de la madrugada de este viernes se han superado los 60 microgramos. Desde ese momento, no se ha bajado de esa cifra.

Con el plan en la mano, el documento contempla medidas drásticas en el tráfico. En caso de superarse los umbrales de información, se limitará temporalmente el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y ejes viarios principales, permitiendo solo el paso a residentes, transporte público, emergencias y vehículos “cero emisiones”. Si se alcanza el nivel de alerta, la restricción de acceso se ampliará incluso a los residentes y al transporte de mercancías que no cuente con etiqueta de cero emisiones.

Además, se prevé la reducción de la velocidad máxima permitida en las vías de la zona urbana y el refuerzo de las líneas de transporte público para ofrecer alternativas a los ciudadanos. Otra medida innovadora es el fomento del teletrabajo; el plan insta a las empresas a promover que sus empleados realicen la jornada desde casa cuando se prevea la superación de los umbrales de contaminación. También se establecerán limitaciones horarias estrictas para la carga y descarga de mercancías en función de las etiquetas ambientales de los vehículos.

De momento, no se ha activado ninguna de estas medidas. Tampoco se ha avisado a la población de que tenga cuidado, de que limite sus actividades al aire libre, especialmente a las personas en situación de riesgo o con afecciones respiratorias. El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que debilita el sistema inmunológico y fue responsable de 4.100 muertes prematuras en España en 2023. Los grupos de riesgo, como personas con asma o enfermedades cardíacas, recibirán recomendaciones específicas, como reducir actividades enérgicas al aire libre o seguir estrictamente sus planes de medicación durante los picos de contaminación.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha desvelado que es “factible” que el Ayuntamiento de Córdoba cumpla este año con la regla de gasto, situándose por debajo de la tasa de referencia del 3,5 % según el informe de la institución al que ha podido acceder este periódico. De hecho, los datos técnicos sitúan a la capital en una senda de crecimiento fiscal para finales de 2026.

La Airef estima que el Consistorio capitalino cerrará el presente ejercicio con un superávit de 39 millones de euros, lo que representa un 9,4% de sus ingresos no financieros. Asimismo, se prevé que el crecimiento del gasto computable se contenga en un 1,8%.

Una mejora tras un 2025 de desequilibrio

Esto supone un balón de oxígeno para un Ayuntamiento de Córdoba que sufrió un 2025 irregular en sus cuentas públicas. Al cierre del curso pasado, el Consistorio incurrió en una necesidad de financiación de 6 millones y un incumplimiento de la regla de gasto, que se disparó hasta el 16,5%. Una situación que obligó al gobierno municipal a reaccionar de forma inmediata para evitar bloqueos financieros.

De hecho y como antecedente directo, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó el pasado mes de junio un Plan Económico Financiero (PEF) para el periodo 2026-2027. Este documento, que salió adelante con el voto a favor del PP y la abstención de Vox, fue diseñado para recuperar la estabilidad marcada por la ley tras las alertas emitidas por Intervención. El plan contemplaba medidas de ahorro y redistribución de liquidez.

Tanto es así que entre las medidas clave de este plan de ajustes destaca la transferencia de fondos desde las empresas municipales, como puede ser la Gerencia Municipal de Urbanismo que aportará unos 6 millones de euros, mientras que el Instituto Municipal de Artes Escénicas transferirá algo más de un millón de euros. Por otro lado, el Instituto Municipal de Turismo, el Instituto de Gestión Medioambiental y el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba han visto reducida su liquidez, sumando cerca de 2,5 millones de euros.

Un ratio de deuda más bajo

Asimismo, el Consistorio también ha recortado la previsión de nuevos préstamos de los 22 millones inicialmente presupuestados a tan solo 12,3 millones. Esta contención ha hecho que la Airef estime que la ratio de deuda de Córdoba se sitúe en el 36% al cierre de 2026.

Paralelamente, la Autoridad espera que Córdoba experimente un crecimiento de sus ingresos tributarios superior al 10% en este ejercicio, impulsado por la notable recaudación de impuestos vinculados a la actividad económica y la construcción, como el ICIO y las plusvalías.

A pesar de las perspectivas, la aprobación del plan de ajuste no estuvo exento de polémicas políticas en el Pleno de junio. La oposición criticó la gestión del equipo de gobierno, calificándola de “desastre” y advirtiendo de que las transferencias desde las empresas municipales podrían suponer recortes encubiertos en servicios públicos. Por su parte, la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, defendió que las medidas solo suponían “ajustes técnicos” necesarios para cumplir con la contabilidad nacional sin renunciar a proyectos inversores, como es el caso del Córdoba Arena.

Tras el visto bueno inicial del Pleno, el documento fue remitido a la Junta de Andalucía, órgano de tutela financiera encargado de su supervisión definitiva. La AIReF confirma ahora que Córdoba ya cuenta con un plan de ajuste financiero aprobado por incumplimiento de reglas fiscales en 2025.