El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comparecido en la mañana de este 30 de octubre en Urda para admitir que existe una “confianza quebrada” en la alta velocidad española, tal y como ha recogido elDiario.es. Y es que dos siniestros de esta índole en apenas nueve meses han dejado más de 100 muertos. Las localidades que han sufrido esto han sido Adamuz y Urda, que se separan únicamente 270 kilómetros por carretera. Un hecho ha traído muchas respuestas por parte de la sociedad y de la oposición política, pero que no elimina el dolor de los familiares de las víctimas, de las que cuatro son de la provincia de Córdoba, mientras que se mantiene una desaparecida.

Detrás de las cifras globales que ha traído consigo ambos descarrilamientos y, en esta última ocasión colisiones, afloran las historias humanas de cinco personas que están unidas por sus raíces cordobesas. Vecinos que viajaban para celebrar un cumpleaños, regresar a sus puestos de trabajo o reencontrarse con sus familias durante un puente festivo. Todo se vio truncado de forma dramática en el interior de un tren.

Adamuz: el dolor desde Córdoba

En la tragedia sucedida en Adamuz el pasado 18 de enero, uno de los nombres propios fue el de María del Carmen Abril Vega, vecina del municipio de Bujalance. María del Carmen había viajado a la capital cordobesa para disfrutar de una fiesta sorpresa por su 50 cumpleaños organizada por sus amigos. Tras la celebración, tomó el tren Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid, en el que perdió la vida tras el descarrilamiento. Su fallecimiento fue confirmado oficialmente por el Ayuntamiento de Bujalance, que transmitió su apoyo y condolencias a los familiares.

Aunque María del Carmen no fue la única. Mario Jara era cordobés de nacimiento y vivía en Huelva. Regresaba en el tren Alvia desde Madrid tras haberse presentado a unas oposiciones junto a compañeros y profesores. El siniestro ocurrió el 18 de enero, el mismo día en que cumplía años y en el que sus allegados le esperaban en tierras onubenses para celebrarlo. Según relataron sus familiares, el joven se levantó en mitad del trayecto para acudir a la cafetería del convoy con otros opositores, momento en el que les sorprendió el trágico accidente.

La tercera víctima cordobesa del siniestro fue un agente de la Policía Nacional. Álex, natural de Córdoba, se encontraba destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid. Aquel 18 de enero tomaba el tren de regreso a la capital de España para reincorporarse a sus labores profesionales. Su fallecimiento fue comunicado por el sindicato policial Jupol y confirmado posteriormente por las autoridades, sumándose al luto de las fuerzas de seguridad tras la catástrofe.

Urda: una situación trágica y parecida

Cuando todo parecía que era un hecho aislado, nueve meses después el alta velocidad dejó una tragedia que volvió a golpear de lleno a España, y Córdoba también iba a tener víctimas mortales. El accidente de Urda (Toledo) ocurrió el miércoles 28 de octubre tras un choque entre un AVE y un Iryo en el que ha dejado, por el momento, 69 víctimas mortales. Entre los fallecidos se encontraba Francisco José Barbero Liébanas, un joven de 32 años nacido en Córdoba. Francisco José, que había estudiado en la Universidad de Jaén y residía en Madrid, ocupaba la plaza 18D del vagón 7 del AVE para viajar a la capital cordobesa a pasar el puente con sus padres.

Tras la colisión en Urda, la familia de Francisco José emprendió una búsqueda solicitando colaboración ciudadana a través de redes sociales y medios de comunicación. Sus padres se desplazaron hasta Toledo a la espera de noticias mientras las autoridades trabajaban en la identificación de los afectados en centros hospitalarios. Finalmente, familiares del joven confirmaron la localización de su cuerpo sin vida.

Aunque la esperanza aún se mantiene con la desaparición de la joven Mari Carmen García, de 26 años y natural de Rute. Mari Carmen, que vivía y trabajaba en Madrid, viajaba en el vagón 7 del AVE siniestrado con destino a Sevilla por motivos laborales, acompañada por una compañera de trabajo y dos fotógrafos. Era la única de los cuatro integrantes del grupo laboral de la que no se tenía noticias tras el impacto, lo que movilizó a sus allegados. Aún se busca su paradero.

Por tanto, ambos accidentes ferroviarios ha dejado, por el momento, cuatro fallecidos cordobeses en apenas nueve meses. Una desgracia sin precedentes que golpea a España y a Córdoba, a la provincia en especial después de lo sucedido en Adamuz.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), Mario Samper, ha señalado este jueves que han “duplicado el dolor” tras el accidente de Urda (Toledo), toda vez que ha incidido en la “inseguridad del sistema ferroviario español”

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, ha indicado que este miércoles “fue un día de recordar otra vez toda la tragedia”. “Duplicamos el dolor por lo que nos pasó a nosotros, por recordarlo y por saber que todas estas personas están pasando y van a pasar por lo mismo que hemos pasado nosotros con casi total inseguridad. Es tremendo, el grupo estaba ayer impactado y vamos a terminar por colapsar”.

En este sentido, Samper ha criticado que con “tres accidentes ferroviarios con víctimas mortales en este 2026”, haya responsables del del Ministerio de Transportes que “siguen diciendo que el ferrocarril goza de buena salud”.

“Por ello, no es que sintamos que no se nos escucha, es que se nos ningunea. El problema de esto es que nos encontramos con lo que ha ocurrió ayer. Pero siguen los trenes circulando por España y siguen los ciudadanos montándose en un tren que es inseguro”, ha aseverado.

Al respecto, el presidente de la asociación ha remarcado que “no solo es la línea Huelva-Sevilla-Madrid es la peligrosa”, sino que “la deficiencia en inversión e infraestructura es en toda España”, por lo que “este problema puede darse en cualquier punto de la geografía nacional”. “Nosotros recomendamos a la ciudadanía que no se monte en el tren, que se está jugando la vida”.

Asimismo, Samper ha señalado que “no se han cumplido ninguno de los compromisos”. “Nosotros mantuvimos una reunión con el ministro de Transportes, le trasladamos una serie de puntos con necesidades que teníamos las víctimas, nos dijo que lo iba a estudiar, y a día de hoy, ni una de ellas se ha cumplido”.

Por ello, ha indicado que están informando a las víctimas que contacten con la asociación porque “van a ofrecer algo de asesoramiento, por lo menos, qué es lo que tienen que hacer en estos primeros días, en estas primeras 72 horas, fundamental”.

La Guardia Civil de Córdoba presta ayuda a los agentes de la Benemérita de Toledo para “agilizar trámites” en la gestión del siniestro ferroviario de la localidad toledana de Urda, con la colisión entre los dos trenes AVE e Iryo, con 69 personas fallecidas y 110 heridas, todo ello tras la experiencia de Adamuz, donde hace nueve meses, el domingo 18 de enero, se registró el descarrilamiento del tren Iryo y posterior colisión con el Alvia, causando la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Francisco Ruiz, ha explicado que desde la Comandancia se han puesto a disposición de los compañeros de Toledo, “porque de la experiencia de Adamuz se recogieron unas enseñanzas, una forma de actuar y unas recomendaciones”, de manera que están “en todo momento en contacto con ellos, asesorando en lo que pueden y ayudando con la experiencia que los agentes adquirieron en Adamuz”.

Por ejemplo, ha citado que “se han facilitado todos los contactos y estructura de las empresas ferroviarias”, así como “toda la experiencia que los compañeros de Policía Judicial y Policía Científica adquirieron en ese momento”, de forma que “los responsables de la investigación del siniestro de Adamuz adquirieron una serie de contactos de personal de seguridad de Renfe y una serie de conocimientos y de buenas prácticas, que están sirviendo para agilizar todos los trámites que se tienen que hacer en el siniestro de Urda”.

Por el momento no se ha trasladado ningún agente del Instituto Armado de Córdoba a la zona, aunque están “en contacto permanente”, ha destacado Francisco Ruiz, quien también ha informado de la oficina Ante Mortem en la Comandancia “a disposición de todos los familiares y conocidos de las posibles víctimas, donde se recogen denuncias por desaparición y muestras de ADN y demás objetos y evidencias que ayuden a identificar posibles personas desaparecidas”.

Al respecto, ha comentado que está abierta desde las 8:00 hasta las 22:00, y “hasta ahora no se ha personado ningún familiar a presentar ningún tipo de denuncia”, si bien “sí se han personado algunos conocidos de personas desaparecidas para comunicar esos hechos, que al hacer las gestiones y al comprobarlo ya habían presentado las respectivas familias la pertinente denuncia por desaparición de esas víctimas”, ha indicado.

En concreto, el acceso a la misma es por la entrada de Avenida de los Mozárabes, frente a los Jardines de la Agricultura, y a ella pueden dirigirse familiares de personas que pudieran viajar en los trenes accidentados, para recogida de muestras biológicas o cualquier otro indicio o prueba que permita la identificación de su familiar.

El siniestro

El siniestro se ha registrado a las 8:54 de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante y ha causado el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo.

Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

Además, en el centro de control de Adif en Atocha se vigila la ubicación de todos los trenes. Cuando uno se para, aparece en la pantalla que ese tren está ocupando un tramo en concreto, por lo que no debería de ser ocupado por otro tren que viene por detrás.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha pedido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil que “a la vista del estado de las actuaciones” ponga a disposición judicial “en el plazo más breve posible” las grabaciones realizadas de la inspección de las rodaduras de los trenes precedentes que circularon por el mismo tramo en el que se produjo el siniestro, y que se efectuaron en la visita de sus investigadores técnicos al taller Santa Catalina el día 20 de febrero de 2026.

Así se recoge en la providencia de la jueza fechada el día 23 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que le pide a la Benemérita que recabe de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes en el Transporte (Aitat) dichas grabaciones.

Además, ha acordado que se una a la causa el reportaje fotográfico efectuado por las investigadoras de la Aitat durante la práctica de la diligencia de inspección del tren Iryo siniestrado, así como de la primera búsqueda de los registradores Deuta instalados en el tren Alvia siniestrado.

Igualmente, tras un escrito presentado por Adif el día 21 de octubre informando de los peritos/técnicos de los que la parte pretende valerse para que intervengan en la diligencia de inspección del tren Iryo solicitada, la jueza ha acordado unirlo a la pieza separada y tener por cumplimentado el requerimiento efectuado por providencia de fecha 15 de octubre, a la vez que ha requerido nuevamente a Adif que en el plazo de dos días aclare al órgano judicial quiénes son los peritos de los que pretende valerse para la elaboración de su informe pericial.

Todo ello a la vista de que hay peritos inicialmente anunciados en su escrito del 29 de septiembre que no aparecen en su escrito del día 21 y peritos nuevos no anunciados inicialmente, así como una vez designados determine cuáles de aquellos quieren que intervengan en la práctica de la diligencia.

Nuevas actuaciones de mantenimiento de Adif

Por otra parte, la jueza ha pedido dar traslado a los peritos judiciales del escrito presentado por la representación procesal de Adif el día 20 de octubre, por el que solicita autorización judicial para la ejecución de actuaciones de mantenimiento en la vía.

En este sentido, el Juzgado ha solicitado a los referidos peritos que informen en el plazo de tres días ante esta actuación de Adif, teniendo en cuenta que en marzo la jueza requirió al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que se “abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria” en el tramo de Adamuz, sin preaviso al órgano judicial con 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial.

La jueza acordó esta medida después del correo remitido por Adif el día 2 de marzo por el que informaba sobre la realización de tareas de mantenimiento de la red ferroviaria en el citado tramo previstas para la noche del día 3 al 4 de marzo, “consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 (sentido Madrid)”.

En concreto, en el escrito de Adif se detallaba que estos trabajos de mantenimiento se localizan a “más de un kilómetro del lugar donde el 18 de enero se produjo el accidente ferroviario entre el Iryo 6189 y el Alvia 2384, si bien son tareas que se van a desarrollar en una zona próxima al área del Puesto Banalizado de Adamuz”.

Ante ello, Adif puso en conocimiento del Juzgado, a los efectos oportunos, la realización de estos trabajos, con aviso un día antes de los mismos, señalando que “el carril que se retire quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir”.

Este requerimiento se produjo después de que la propia jueza requirió a Adif que se abstuviera de “realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa” sobre el siniestro ferroviario. Así lo expuso la instructora en una providencia el día 10 de febrero, después de que la Guardia Civil le avisara días antes en un oficio de que personal de Adif se llevó material de la zona en la madrugada cuatro días después del suceso y practicó distintas pruebas “sin advertirlo, ni solicitarlo”.

Declaración de la investigadora de la AITAT

En otro orden de cosas, la jueza considera respecto a la declaración testifical interesada de la investigadora de la Aitat, sobre las incongruencias advertidas en una documentación sobre las soldaduras de las vías en la zona del suceso, que “no ha lugar por ahora a lo solicitado, a la vista de que la documentación obra en las actuaciones”.

Al hilo, destaca que “la presente instrucción tiene como objeto presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes y daños y no un presunto delito de falsedad documental y la investigación efectuada por la Aitat es una investigación técnica independiente a la instrucción judicial, ello sin perjuicio de su valoración con todas las garantías una vez avance la instrucción”.

En este caso, después de los escritos presentados por la representación procesal de Vox solicitando incorporación a autos de informaciones publicadas en prensa y la declaración testifical de la investigadora técnica de la Aitat, así como el escrito presentado por la representación procesal del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) y el de la Asociación Víctimas de los Políticos.

Ante ellos, la jueza ha acordado tener por efectuadas las manifestaciones de disconformidad y adhesión contenidas en los escritos presentados por estas dos acusaciones populares, “haciendo constar que las mismas alegan no haber sido consultadas ni haber prestado su conformidad a la solicitud de toma de declaración formulada por la representación común”, Vox.

Y da traslado de dichos escritos a la representación de Vox y resto de acusaciones populares, a efectos de que en el plazo de tres días “manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con las discrepancias expuestas”. Asimismo, da traslado al Ministerio Fiscal para que informe a los efectos oportunos.

De igual modo, requiere a la representación común, para que “en lo sucesivo, procure la debida coordinación e información de las acusaciones populares agrupadas respecto de iniciativas procesales relevantes, especialmente cuando puedan suscitar discrepancia sustanciales sobre la orientación de la investigación”.

También, acuerda deducir testimonio del escrito por el que se solicitó la declaración testifical, de los escritos de disconformidad y adhesión y de la presente resolución para su incorporación a la pieza separada de acusaciones populares.

A fin de mantener debidamente ordenada la documentación obrante en las actuaciones relativa a la personación, organización, dirección y representación procesal de las acusaciones populares, así como las incidencias que se susciten en relación a su actuación conjunta, recuerda a las acusaciones populares que “los escritos que versen sobre tales cuestiones se presenten en la pieza separada”.

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno (PSOE), ha expresado este miércoles su dolor y su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), una tragedia que, según ha reconocido, le ha devuelto de forma inmediata a la que vivió su municipio el pasado 18 de enero. El choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo ha dejado, según el último balance del Gobierno de Castilla-La Mancha, al menos 68 fallecidos y alrededor de medio centenar de heridos graves, una cifra que ya supera la de Adamuz.

“Hoy es uno de esos días en los que cuesta encontrar las palabras”, ha comenzado el regidor en su mensaje publicado en redes sociales en el que ha asegurado que las noticias procedentes de Los Yébenes y Urda le han llevado “de golpe” a aquellos primeros minutos tras llegar al lugar del siniestro, “llenos de incertidumbre, miedo y angustia”. Moreno ha subrayado que hay imágenes y recuerdos “con los que aprendemos a convivir, pero que siguen ahí”, y que “hoy, inevitablemente, todo vuelve”.

El alcalde ha dirigido sus primeros pensamientos a las familias que viven “las horas más difíciles de sus vidas”, a quienes esperan noticias de sus seres queridos, a quienes ya han perdido a alguien y a todas las personas que están trabajando para ayudar. “Hace apenas unos meses fuimos nosotros quienes recibimos el cariño, la solidaridad y el apoyo de tantísimas personas. Hoy nos toca estar al otro lado, acompañando, aunque sea desde la distancia, a quienes están sufriendo”, ha afirmado.

En su mensaje, Moreno ha trasladado su “abrazo más sincero” a las familias de las víctimas, a los heridos y a quienes participan en las labores de rescate. “Hoy duele especialmente. Porque sabemos lo que se está viviendo allí. Porque hay heridas que todavía están abiertas”, ha escrito, antes de cerrar con un mensaje de cercanía: “Toda mi fuerza y todo mi cariño. Desde Adamuz, estamos con vosotros”.

El Ayuntamiento de Adamuz ha difundido además un comunicado en el que traslada su más sentido pésame y su solidaridad a las familias y personas afectadas por el accidente ocurrido en la zona de Los Yébenes-Urda, y en el que expresa su pensamiento para quienes trabajan en el rescate, la atención a los heridos y la gestión de la emergencia. El consistorio se suma al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se celebrará esta tarde, a las 20:00 horas, en la puerta del Ayuntamiento.

El accidente de Adamuz se produjo el 18 de enero, cuando un tren de Iryo descarriló y colisionó con un Alvia de Renfe, con un balance de 46 fallecidos. Nueve meses después, la investigación judicial sigue abierta y apunta cada vez más a un posible fallo en la infraestructura, con una cita clave el 12 de noviembre para analizar los datos de las cajas negras de ambos trenes.

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento Adamuz ha emitido este miércoles un comunicado oficial para trasladar su más sincero cariño, apoyo y absoluta solidaridad a las víctimas y familiares del trágico accidente ferroviario acontecido esta mañana en la localidad toledana de Urda.

En un emotivo mensaje, la plataforma cordobesa ha expresado que su pensamiento y corazón están al lado de quienes han perdido a sus seres queridos, así como de las personas heridas y las familias que se encuentran viviendo “momentos de enorme angustia e incertidumbre”.

Desde la asociación han remarcado la fuerte carga emocional que supone este suceso para el colectivo, subrayando que esta nueva tragedia “desgarra unas heridas que todavía permanecen abiertas” y que les hace sentir especialmente cerca de quienes este miércoles están sufriendo el golpe de un siniestro en las vías.

Conscientes de la importancia del respaldo humano en los primeros momentos tras una catástrofe de estas características, la entidad ha puesto su estructura, experiencia y cercanía a la entera disposición de todos los afectados. Paralelamente, han querido hacer público su agradecimiento a la labor desempeñada por los servicios de emergencia y por todos los profesionales sanitarios y de seguridad que atienden a las víctimas en la zona.

Lo ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) obliga a replantear una pregunta que Adamuz había abierto en enero: hasta qué punto puede darse por segura una red de alta velocidad que presumía de serlo. El choque por alcance entre un AVE de Renfe y un convoy de Iryo deja un balance todavía provisional y contradictorio. Las informaciones iniciales hablan, por el momento, de 64 fallecidos y 50 heridos graves.

La coincidencia es difícil de ignorar. El pasado 18 de octubre se cumplieron nueve meses del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas tras el descarrilamiento de un Iryo y su posterior colisión con un Alvia de Renfe. Que dos tragedias de esta magnitud se produzcan en tan poco tiempo, y en la misma línea Madrid-Andalucía, va a alimentar un debate que las autoridades todavía no habían logrado cerrar. 

Conviene, eso sí, no anticipar conclusiones sobre Urda y no equiparar ambos accidentes, ya que las causas de la tragedia de este miércoles están por determinar. Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que el accidente que ha provocado el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo pudo deberse a un error humano precedido de un fallo técnico de un operario del centro de control de Atocha que habría dado la orden de continuar al maquinista del tren de Renfe a pesar de que el Tren Iryo obstaculizaba la vía y a que la señal era roja-.

Lo que sí se sabe de Adamuz es cuánto ha cambiado el rumbo de la investigación. Las primeras hipótesis, abiertas, han ido dejando paso a una línea cada vez más sólida que señala a la vía, en concreto a la posible rotura de un carril o a un fallo en una soldadura. Se trata de una explicación planteada desde los primeros días y que ha ganado peso con cada nuevo dato, aunque sigue sin ser concluyente. La instrucción judicial avanza además entre reproches cruzados, y su próxima prueba relevante llegará el 12 de noviembre. Ese día están citados técnicos de Iryo y Renfe, de otras empresas y los peritos judiciales para acceder, descifrar e interpretar en sede judicial los datos de los registradores jurídicos de ambos trenes, las cajas negras.

Uno de los elementos que mejor explican la gravedad de Adamuz es el factor tiempo. El descarrilamiento del Iryo y la posterior colisión con el Alvia se produjeron en apenas 14 segundos, sin margen de reacción para los maquinistas. El del Iryo sobrevivió; el del Alvia murió en el impacto. Los testimonios de la tripulación del Iryo, recogidos por la Guardia Civil en la madrugada del 19 de enero, refuerzan esa idea de un suceso casi imperceptible desde dentro. Los seis trabajadores supervivientes declararon que no llegaron a notar que habían chocado con otro tren. El maquinista pensó que se había enganchado el pantógrafo con la catenaria, y el segundo maquinista, que iba dentro del convoy, solo percibió una sacudida inexplicable. Una auxiliar sintió que el tren comenzaba a “bandear” hasta detenerse a oscuras; otra creyó haber atropellado a un jabalí; la azafata de la cafetería tuvo que agarrarse a la barra porque “pensaba que iba a salir volando” en un movimiento “raro, no conocido”.

El balance humano de Adamuz da la medida de lo que está en juego. De quienes requirieron atención médica, 126 fueron hospitalizados: 121 adultos y 5 niños. Solo una persona murió después en el hospital, mientras que las otras 45 víctimas mortales fallecieron en las vías. Esa proporción habla de la violencia del impacto más que de las carencias de la respuesta posterior.

Las víctimas, por su parte, no han esperado a las conclusiones técnicas para hacerse oír. La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, representada por el abogado Antonio Benítez Ostos, ha mantenido una actividad constante, tanto para exigir una investigación que determine las causas del siniestro como para reclamar una “intervención urgente” del sistema ferroviario por el alto número de incidencias registradas.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Adamuz se ha trasladado este miércoles el pésame y su solidaridad a las familias y personas afectadas por el accidente ocurrido en la zona de Los Yébenes-Urda, y ha expresado su pensamiento para quienes trabajan en las labores de rescate, la atención a los heridos y la gestión de la emergencia. El consistorio ha anunciado que se suma además al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se celebrará hoy a las 20:00 horas en la puerta del Ayuntamiento.

“¿Cómo que ha habido un accidente de tren? ¿Cómo lo de Adamuz?”. Así empezaba esta mañana el trayecto en autobús urbano en Córdoba en la línea 3 de Aucorsa, la que hace su parada en la Estación Córdoba-Julio Anguita. La preocupación era palpable, y no era para menos, porque el choque de dos trenes en Toledo había provocado un nuevo accidente ferroviario. El suceso ha interrumpido la circulación de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, por lo que el caos estaba siendo el protagonista en la estación de la capital cordobesa y entre quienes se dirigían hacia allí.

Al llegar a la estación Córdoba - Julio Anguita había más preocupación que otra cosa. De hecho, este periódico llegó a las instalaciones ferroviarias tan solo 30 minutos después del accidente e incluso se desconocía qué había pasado entre los pasajeros afectados. Muchos se preguntaban por qué tanto retraso en sus trenes con dirección Madrid, Sevilla o Barcelona. A la par, desde el lugar del accidente se confirmaba que el choque había dejado hasta esa hora, al menos, una treintena de muertos y numerosos heridos.

En la estación había todo tipo de pasajeros. Unos iban a Madrid, otros a Málaga y muchos a Barcelona. Era hora punta y también acudían a reuniones de trabajo, aunque otros simplemente querían disfrutar de unas vacaciones. Tanto es así, que un grupo de brasileñas esperaban noticias a las puertas de la atención al cliente de Renfe. “Solo queríamos ir a Madrid para continuar nuestras vacaciones”. Era tal su desconocimiento que, incluso, no sabían lo que había pasado con Adamuz. “¿En serio esto en un año? Qué pena, sobre todo por los afectados”, señalaban a este periódico.

Entre los pasajeros españoles, quienes tan solo querían volver a sus casas después de pasar unos días en Córdoba. Una ciudadana de Barcelona estaba preguntando a toda persona que pasaba por allí para saber la situación de su tren. “Es que no sabemos qué está pasando. Me gustaría saber, al menos, si tendría que pasar una noche aquí y pillarme un hotel”, apunta.

Más adelante, Rosario también va para la comunidad catalana. Su preocupación es la misma. “Me han dicho que tengo que ponerme en esta cola para devolver el billete, pero, ¿después qué? Nadie nos dice nada”.

Y, como era de esperar, muchos cordobeses también en la estación a la espera de qué hacer. Miguel quería ir a Tarragona para hacer una entrevista y volver el mismo día a Puente Genil. No será posible. “Para una cosa que funcionaba bien, y ahora también lo estropean. Algo hay que hacer, porque incluso en el Avant que me ha traído a Córdoba había muchos desperfectos”, comenta a Cordópolis.

Con Adamuz inevitablemente en el recuerdo, la incertidumbre es aún mayor. La estación de Córdoba continúa descongestionándose poco a poco al salir trenes en dirección Sevilla, Málaga o Granada, pero la preocupación se mantiene.

La Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Adamuz ha sido galardonada con el Premio Estatal Extraordinario al Voluntariado, según lo publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Este reconocimiento distingue la destacada intervención y entrega del equipo de voluntarios en las labores de auxilio y atención a las víctimas tras el trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero en el municipo; tragedia en la que fallecieorn 46 personas y se produjeron centenares de heridos.

El fallo responde a la propuesta efectuada por la Comisión de Valoración de los Premios Estatales al Voluntariado y ratificada por la Subdirección General de Promoción del Tercer Sector y del Voluntariado. La entrega oficial del premio tendrá lugar en Santander, donde se rendirá homenaje a este voluntariado en el marco del Congreso Estatal del Voluntariado 2026.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha citado para el día 12 de noviembre a técnicos de Iryo y Renfe, así como de otras empresas y los peritos judiciales, para la práctica de la diligencia de acceso, descifrado e interpretación en sede judicial de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes, las cajas negras.

Según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha pedido al departamento de Informática que los técnicos dispongan de los medios necesarios solicitados por Hasler Rail --fabricante de los equipos-- el día señalado para la práctica de la diligencia.

Previamente, todos los intervinientes citados, a salvedad de los peritos judiciales, deberán jurar el cargo de perito señalándose a tal fin el día 29 de octubre, realizándose la misma vía telemática a través de una aplicación.

En los días previos a dicha comparecencia telemática, cada uno de los intervinientes recibirá en el correo electrónico que han designado, un enlace para conectarse al acto de juramento del cargo sin tener que desplazarse físicamente a la sede judicial.

En concreto, las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogieron el día 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizó el día 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las mismas, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.

Así, la jueza autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”. El proceso de volcado, extracción y análisis se realizó en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantaron acta del procedimiento, “obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos”, conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial.

Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa.

Más de 2.000 euros

A mediados de mayo, la jueza libró oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, a fin de que, “con carácter urgente”, por el órgano administrativo competente se adoptaran las medidas necesarias para facilitar a este órgano judicial, “a la mayor brevedad posible”, acceder a aplicaciones informáticas y contar con personal de la empresa fabricante para descifrar las cajas negras de los dos trenes.

En una providencia, la jueza tomó esta decisión ante “el estado de las actuaciones”, de modo que pidió el acceso a las aplicaciones informáticas --'softwares'-- denominadas Multirec-SG y Husler-SG de los registradores jurídicos del tren Iryo y del Alvia, de cuyas licencias de instalación y uso es propietaria Hasler Rail, así como “personal de la empresa fabricante que permita el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos, todo ello por estimarse necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción”.

A principios de junio, la Junta de Andalucía resolvió aprobar por un total de 1.980 euros más IVA el coste de la práctica de la pericia solicitada por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, de cara a tener los medios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes.

Según se recoge en la resolución de la Secretaria General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba, se trata de un software de cuya licencia de instalación y uso es propietaria la empresa Hasler Rail, de manera que la “pericia sólo puede realizarse por esta”.

El escrito detalla que “el citado gasto no se encuentra entre los que pueden ser realizados por el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia o por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos, los cuales se recogen en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Córdoba de 1 de marzo de 2018, dictada en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 4/2018, de 16 de enero (BOJA 16, de 3 de enero), por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes”.

En este sentido, desde el Gobierno autonómico andaluz se ha solicitado presupuesto a la empresa Hasler Rail, que lo ha emitido de forma detallada por un importe de 1.980 euros, IVA excluido.

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) ha pedido a la jueza que deje sin efecto su inclusión en la representación y defensa comunes de las acusaciones populares, que lleva el partido de ultraderecha Vox, en la causa por el accidente ferroviario de Adamuz. El sindicato ha mostrado además su discrepancia con la solicitud de Vox de citar como testigo a la investigadora Isabel López López, de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT).

En un escrito presentado ante la Plaza nº 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, el sindicato sostiene que la petición de Vox, fechada el 16 de octubre, se formuló en nombre de “la actuación común de las acusaciones populares” sin que SEMAF fuera consultado. Según su escrito, tampoco participó en la definición de su contenido ni dio su conformidad a la citación o al objeto del interrogatorio propuestos. El sindicato subraya que no se pueden presentar escritos en nombre de todas las acusaciones populares cuando ni siquiera han sido consultadas.

SEMAF considera prematuro acordar la citación en los términos planteados, porque podría afectar a la investigación técnica en curso. El sindicato aclara que no pide que se prohíba la declaración ni que la AITAT tenga un veto o una autorización vinculante, y reconoce que la pertenencia de la investigadora al equipo técnico no le impide declarar.

Eso sí, advierte de que el interrogatorio propuesto por Vox va más allá de reconocer la autoría de una comunicación. Incluye preguntas sobre comprobaciones del equipo, documentos y versiones examinados, verificaciones de autenticidad y trazabilidad, inferencias técnicas y la relevancia de las discrepancias para identificar soldaduras, además de una cláusula abierta sobre cualquier otra cuestión relacionada con los hechos. A su juicio, ello podría obligar a revelar información de una investigación técnica aún abierta y exigiría distinguir entre hechos conocidos personalmente por la investigadora y valoraciones técnicas. El sindicato no se opone a que el tribunal disponga de las comunicaciones pertinentes, pero pide que se compruebe su incorporación íntegra a la causa, evitando duplicidades y respetando la reserva cuando proceda.

En el segundo apartado del escrito, SEMAF afirma que el episodio evidencia una discrepancia concreta de orientación procesal, y no una diferencia ideológica. Sin sostener que toda decisión común requiera unanimidad, cita la doctrina del artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que exige una convergencia suficiente de intereses y de orientación procesal. Según el sindicato, coincidir en esclarecer el accidente no implica que todas las acusaciones deban solicitar las mismas diligencias ni compartir las decisiones de la dirección común.

Así, entienden que el auto de 8 de octubre de 2026 mantuvo a SEMAF como parte, pero canalizó su actuación a través de los profesionales designados por Vox, sin prever un mecanismo para expresar posiciones discrepantes. El sindicato, que ya ha interpuesto recurso de reforma y subsidiario de apelación contra esa resolución, pide que se deje sin efecto la unificación respecto de SEMAF, permitiéndole continuar con sus profesionales designados. Subsidiariamente, solicita que se mantenga provisionalmente su postulación propia hasta que se resuelva la incidencia y el recurso pendiente.

En el resto de sus peticiones, SEMAF pide que se haga constar que no se le puede atribuir conformidad con la solicitud de Vox y que no se acuerde por ahora la citación de la investigadora. Si la declaración alcanzara información reservada, solicita que se comunique previamente a la AITAT y que el tribunal resuelva de forma motivada sobre la necesidad, el momento y el alcance del interrogatorio, delimitando en su caso las materias.

Dos laboratorios verificarán si “cumplían con las exigencias mínimas requeridas para su uso” el balasto y traviesas de las vías de la zona de Adamuz (Córdoba) donde el domingo 18 de enero la fractura del carril provocó el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior colisión con un tren Alvia causando la muerte de 46 personas y más de 120 heridos. Para ello realizarán ensayos estudio.

Según recoge el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, dentro de las labores de investigación en relación al siniestro ferroviario, se encuentra la de comprobación del estado real en el que se encontraba diverso material de la superestructura ferroviaria, como es la práctica de pruebas en laboratorio, tanto del balasto como de las traviesas existentes en la zona del accidente, al objeto de verificar “si, en el momento de producirse este siniestro, ambos elementos cumplían con las exigencias mínimas requeridas para su uso”.

Al respecto, desde la Benemérita han consultado a los laboratorios Cetex, Cedex e Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja si disponen de capacidades de estudio y emisión de informes periciales relativos a balasto -ensayos geométricos (granulometría, contenido de finos, etc), ensayos mecánicos (desgaste y fragmentación) y composición- y a traviesas de hormigón -flexión, fatiga-estructural, composición, etc.-.

Ante ello, desde Cetex han contestado que su laboratorio no dispone del conocimiento ni los medios adecuados para ese tipo de mediciones e informes, dado que su enfoque de ensayos es “en los trenes y no en la infraestructura en sí”.

Sin embargo, desde Cedex han contestado que sí pueden efectuar “todos los ensayos que se indican, tanto en el balasto como en las traviesas”.

Y desde el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja han comunicado que sí tienen “capacidad para realizar estudios y ensayos sobre material ferroviario y emitir informes con los resultados, informes que pueden tener carácter pericial en procesos judiciales”, a lo que han añadido que cuentan con “un laboratorio acreditado por ENAC para hacer los ensayos”.

Vox, persona como acusación popular en la causa que investiga el accidente de Adamuz, ha pedido a la jueza de Montoro que instruye la causa que cite a declarar como testigo a Isabel López López, investigadora encargada del caso en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en alusión a las “incongruencias” en los informes de Adif y a los que ella se habría referido.

Según consta en el escrito presentado ante el Juzgado de Montoro y al que ha tenido acceso Cordópolis, las dudas no se refieren al expediente de la obra en general, sino a la coherencia de la documentación técnica entregada por Adif. En concreto, la investigación pone la lupa sobre los partes de soldaduras, las actas de neutralizaciones y homogeneizaciones, el informe final de soldaduras aluminotérmicas y sus notas aclaratorias posteriores.

Las sospechas se originan en una comunicación oficial remitida el 6 de febrero de 2026 por la propia investigadora al presidente de la CIAF, Ignacio Barrón de Angoiti. Posteriormente, esta presidencia remitió un oficio de ampliación de información a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba en el que se detallaban dudas concretas sobre tres cuestiones.

En primer lugar, se detectaron desfases entre la versión inicial del informe técnico (fechada a 25 de junio de 2025) y diversos documentos anexos firmados con fecha posterior (28 de junio de 2025), sin que las notas aclaratorias explicaran con claridad qué se modificó y cuándo.

En segundo lugar, Vox duda sobre las firmas insertadas y, en tercer lugar, el partido político hace referencia a contradicciones directas entre una nota aclaratoria -elaborada tras el accidente- y la documentación técnica preexistente, incluyendo la rectificación de puntos kilométricos (como los PK 318+681 y 318+479) y datos sobre las cargas del carril (R260 y R350).

En este escrito de petición de interrogatorio, Vox ha aclarado que “estas observaciones justifican su aclaración judicial”, pero que esta solicitud no presupone “la existencia de falsedad documental” ni atribución de “responsabilidad penal a persona alguna”.

En el interrogatorio que el mismo partido ha propuesto en su escrito, la acusación popular pretende que la investigadora aclare qué comprobaciones realizó de forma directa sobre los originales e informes de ADIF, la razón por la que las notas aclaratorias no permitían auditar los cambios en las versiones y si las discrepancias detectadas afectan a la trazabilidad de las soldaduras investigadas.

Por último, el escrito solicita que, si aún no figura en la causa, se incorporen tanto la comunicación de la investigadora de febrero de 2026 como el oficio de ampliación remitido a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha señalado este jueves en el Parlamento que la Junta “avanza” en la tramitación de las ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ya que, “de las 191 solicitudes, 23 expedientes se han resuelto y otros 77 se encuentran casi finalizados”.

En Comisión parlamentaria, el consejero, a pregunta de Vox, ha empezado su intervención “recordando a quienes perdieron la vida en Adamuz, a su familia y a todas esas personas que todavía sufren las consecuencias de aquella tragedia”.

Seguidamente, Gavira ha señalado que la Junta “avanza” en la tramitación. Así, ha explicado que se han presentado 191 solicitudes, 125 de víctimas directas y 66 de familiares de personas fallecidas. Además, hasta el momento “se han resuelto 23 expedientes y otros 77 se encuentran en una fase ya casi de remate de tramitación”.

Además, de estos 77 en vía de resolución, “58 ya están en una fase contable previa al pago, que es la fase final”, mientras que los 19 restantes están “pendientes de la firma de resolución”. Además, ha señalado que cuentan con “un crédito suficiente con las previsiones actuales”. No obstante, Gavira ha remarcado que hay otros 71 expedientes “pendientes de documentación o informes necesarios para continuar su tramitación”, ya que “la amplia mayoría está esperando la baremación que tiene que hacer el Gobierno de España”.

“Desde luego nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad y no vamos a buscar excusas. Vamos a cumplir con nuestro compromiso. Pero no vamos a esconder ni vamos a tapar a quienes también tienen que hacer su trabajo para que estas familias puedan recibir cuanto antes las ayudas que les corresponden”, ha aseverado.

Al respecto, ha enfatizado que mientras que su consejería trabaja “para atender a las víctimas”, pues “otros tendrán que responder de cómo gestionaron las infraestructuras ferroviarias que ocasionaron esa catástrofe”. “Nosotros vamos a estar con las víctimas, vamos a cumplir con nuestra promesa, vamos a gestionar, vamos a resolver y vamos a pagar. Pero, evidentemente, el Gobierno de España tendrá que dar explicaciones sobre lo que pasó y darnos la información necesaria para poder cerrar los expedientes que quedan pendientes”, ha finalizado.

Por su parte, el parlamentario de Vox Ricardo López Olea, durante su intervención, ha remarcado que la tragedia de Adamuz es “una de esas cuestiones graves que nunca se van a olvidar”, ya que “las víctimas merecen verdad, justicia y sobre todo buscar a los responsables”.

Al respecto, el parlamentario ha apuntado que el tren “no descarrila por arte de magia” cuando llevan “años denunciando averías, incidencias y unas infraestructuras que se caen a pedazos”. “Y la indignación que comparte toda España mientras los andaluces se jugaban la vida en vías sin mantenimiento, en el Ministerio de Transporte se estaba montando una trama de corrupción”.

“Pero ahora Vox está en el Gobierno de Andalucía, y gobernar significa que mientras en Madrid están tuiteando, a nosotros nos toca dar la cara, ser escudo de esta familia”, ha finalizado.

El acto en Córdoba por la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, ha estado profundamente marcado este año por el recuerdo, el respeto y la emoción al rememorar el episodio más dramático de este año -y, sin duda, de la historia reciente- en la provincia: el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Tanto el jefe de la Comandancia, el coronel Ramón María Clemente, como la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, han situado esta catástrofe en el centro de sus discursos institucionales, ensalzando el espíritu de servicio y la entrega incondicional de los agentes desplegados en la zona cero.

El relato de los hechos, expuesto por el coronel, ha devuelto a los asistentes a una fría noche de domingo de mediados del pasado mes de enero. A esa hora se recibía en la central una noticia “difusa” sobre el posible descarrilamiento de un tren en Adamuz con la existencia de personas heridas. Según ha explicado este mando, el “sentido común” dictó el envío inmediato de la patrulla más cercana -la de El Carpio- para localizar el punto exacto y evaluar el alcance del siniestro.

Sin embargo, guiados por “un trágico presentimiento o por nuestra patrona”, la Comandancia decidió ir un paso más allá prealertando y posicionando de inmediato a las patrullas más próximas. Mientras las unidades se desplazaban a toda velocidad, los agentes de El Carpio confirmaron la peor de las realidades: la aparición de los primeros fallecidos y decenas de pasajeros atrapados entre los restos de los trenes Alvia e Iryo. A partir de ese momento, tal como ha descrito Clemente visiblemente emocionado, se vivieron “horas de angustia, incertidumbre y trabajo intenso” en un camino oscuro rodeado de personas desorientadas.

El jefe de la Comandancia ha rememorado la extrema dureza de aquellos instantes, subrayando que “la situación que allí nos encontramos al llegar, lo que vieron nuestros ojos y escucharon nuestros oídos, desgraciadamente quedará en nuestra memoria para siempre”. Asimismo, ha querido poner en valor el esfuerzo de los primeros guardias civiles que pisaron el lugar de los hechos: “Hicimos todo lo que pudimos con los medios que estaban a nuestro alcance, realizando el acarreo de heridos a mano al no tener habilitado aún un acceso para vehículos”, ha insistido.

Una vez concluida la urgente evacuación de las personas con vida, los efectivos no tuvieron descanso y enlazaron la noche con la madrugada del día siguiente para abordar la dolorosa tarea de rescate y recuperación de los cadáveres. A las 5:00 ya se habían completado 31 levantamientos con el objetivo prioritario de acelerar la identificación legal y mitigar en la medida de lo posible el sufrimiento de los familiares. Las labores de rastreo entre el amasijo de hierros se prolongaron durante casi cinco días de trabajo ininterrumpido, hasta que el mediodía del jueves 22 de enero se logró recuperar el cuerpo de la última persona desaparecida. Por todo ello, el coronel ha elogiado la “impecable coordinación entre nuestros equipos de Policía Judicial y el Servicio de Medicina Legal, que sin descanso y sin perder la rigurosidad científica, consiguieron mitigar el sufrimiento de las familias”.

Con las víctimas mortales también en la memoria, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha ensalzado la respuesta rápida y la constante presencia del cuerpo en los momentos más complicados. “Allí estuvo la Guardia Civil una vez más, llegando la primera y marchándose la última, abriendo paso a los servicios de emergencia, auxiliando a los heridos, garantizando la seguridad de la zona y, después, acompañando y apoyando a las familias en los momentos más difíciles”, ha descrito la subdelegada

Por último, Clemente ha destacado que gracias “a una impecable” coordinación entre las patrullas de tráfico, los servicios sanitarios, los bomberos, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Instituto de Medicina Legal, se logró abrir vía hasta el tren Alvia afectado, excarcelar a los heridos y completar su evacuación hacia los distintos centros de salud antes de las 23:30 de esa misma noche.

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, Cristina Pastor, encargada de la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero, ha comunicado a las diferentes acusaciones populares representadas en el caso que deja en manos de los abogados de Vox la representación legal de todas.

Según ha confirmado a este periódico la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, y ha adelantado la Cadena SER Radio Córdoba, la jueza ha comunicado su decisión este viernes por la mañana. Este colectivo y el Sindicato Español de Maquinistas (Semaf), también presente en la causa, han anunciado que van a recurrir esta decisión.

Este tipo de resoluciones judiciales son normales por “eficiencia procesal”. Normalmente, las diferentes acusaciones suelen ponerse de acuerdo y nombrar al abogado de una de las partes en concreto como representante. Pero ante la falta de acuerdo, la jueza de Montoro ha optado por seguir la doctrina del Tribunal Supremo, en un fallo judicial del año 2024, en el que señala que la representación se quedará en manos de la primera acusación que la haya pedido, en este caso Vox.

Además de Vox, en la causa están representados como acusación popular Hazte Oír y la Asociación Víctimas de los Políticos. La jueza dejó fuera de la causa a los ayuntamientos de Huelva o de Punta Umbría, que pretendían defender los intereses de las víctimas de sus municipios afectadas en el siniestro. Tampoco ha podido personarse la Junta de Andalucía, que igualmente mostró interés en conocer de este sumario.

Al respecto, Vox se opuso a la unificación, manifestó “la falta de concurrencia de los presupuestos exigidos para la imposición de una unificación automática y la falta de motivación y/o fundamento”, a la vez que ha defendido que “la acción popular está configurada como un derecho fundamental por su reconocimiento constitucional en el artículo 125, lo que determina que queden afectos dos derechos a equilibrar, por un lado, la garantía de un derecho de defensa y la garantía de la tutela judicial efectiva”, y ha alegado “la inexistencia de riesgo de dilaciones indebidas ni alteración del orden del proceso, la inexistencia de intereses que converjan y la incompatibilidad de las acusaciones”.

Por su parte, la Asociación Víctimas de los Políticos se opone a la unificación, alegando “la improcedencia en la imposición automática de la unificación, al ser una facultad excepcional y que debe se motivada por el órgano judicial, en la que deben concurrir identidad sustancial de intereses y ausencia de conflicto material entre las distintas posiciones procesales, existiendo en el supuesto de autos posiciones procesales diferenciadas, propias y con estrategias procesales diversas, imponiendo la defensa única una restricción en el derecho de acción que supeditaría a la parte su estrategia procesal a decisiones ajenas”.

Igualmente, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) se opuso a la unificación, alegando “la falta de motivación de la unificación pretendida, deduciendo que la única razón en la imposición de la medida toma como base el número de acusaciones populares personadas, sin que ésto pueda justificar la unificación”, a la vez que ha manifestado “vulneración de los principios de proporcionalidad y falta de ponderación de los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y defensa, los que ostentan un rango superior a los principios de economía procesal y buena ordenación del procedimiento”.

También, se ha opuesto a “la aplicación automática de la medida”, haciendo mención a “la especial cualificación y conocimiento técnico” del que dispone, “lo que redunda en beneficio del procedimiento para el esclarecimiento de los hechos”. Además, ha expuesto que en la parte “concurren intereses específicos y diferenciados del resto de acusaciones populares, que se encuentran vinculados con la seguridad laboral y la protección de la vida e integridad de los trabajadores ferroviarios, ya que los hechos también pudieran ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, ejercitando acción no sólo en búsqueda de la verdad y por la acción de la Justicia, sino que ejercita acción desde la perspectiva de satisfacción de los intereses colectivos laborales de los trabajadores de conducción ferroviaria”.

La Fiscalía

Mientras, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha alegado “la falta de concurrencia de presupuestos materiales de acumulación, la lesión del derecho a la defensa y derecho a la tutela judicial efectiva por generar indefensión”, remarcando que “los fines perseguidos por las distintas acusaciones populares son distintos”, y creen que “existe trato discriminatorio si se aplica el criterio de prioridad temporal en la personación”. Y han subrayado que sus fines son “la defensa de los intereses de las víctimas, búsqueda de la verdad y la justicia a diferencia de las restantes acusaciones populares que tienen otros motivaciones que trascienden de la defensa de las víctimas”.

Y tras ello, el Ministerio Fiscal ha informado “a favor a la unificación de las acusaciones populares bajo una misma representación y defensa”, al considerar “cumplidos en el caso de autos los requisitos que se exigen para hacerla efectiva”, manifestando que “el número elevado de acusaciones tanto particulares como populares afecta al buen orden del procedimiento o el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas y existe identidad de intereses”. Así, ha pedido que “la unificación se haga efectiva dando prioridad a la defensa y representación de la primera de las personaciones como criterio objetivo seguido por el Tribunal Supremo (TS)”.

Por todo lo expuesto, y a la vista de “la fecha de los escritos de solicitud de personación, la falta de acuerdo entre las acusaciones populares acerca de quién debe asumir la representación y defensa comunes según sus escritos de alegaciones y no existiendo oposición por el Ministerio Fiscal”, la jueza ha determinado que “corresponde a la representación procesal y dirección letrada de Vox asumir la representación y defensa comunes de las restantes acusaciones populares agrupadas”.

Una investigadora de la tragedia ferroviaria de Adamuz en la que fallecieron 46 personas ha denunciado este jueves en el Congreso que “en muchas ocasiones” los informes técnicos realizados para descubrir las causas del accidente se modifican cuando llegan a instancias “superiores”. Actualmente, la tragedia está siendo investigada principalmente por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), a la espera de que se constituya un nuevo organismo de investigación de accidentes que congregue a las comisiones encargadas de investigar accidentes de trenes, marítimos y de aviación. El presidente de esta comisión, Julián Guillén Espejo Saavedra, ha negado las acusaciones.

Durante un encuentro en el Congreso de las asociaciones de víctimas y familias en los modos de transporte, donde se han congregado víctimas de Adamuz, el accidente de Angrois, el del YAK-42 o el de Spanair, una investigadora adscrita a la CIAF, Isabel López López, ha querido comparecer en público y en nombre del resto de investigadores del accidente para denunciar falta de “transparencia” en la investigación de Adamuz.

López ha lamentado que, pese a tragedias anteriores como el caso del Alvia en Angrois (Galicia) en 2013, la investigación de Adamuz se ha hecho desde la “falta” de “transparencia” e “independencia” y ha denunciado “opacidad” en los informes técnicos que se van elaborando.

A renglón seguido, la investigadora ha aseverado que “en muchas ocasiones” esos informes se modifican cuando llegan a instancias “superiores”, por lo que ha reclamado que “se respete” el criterio técnico de los investigadores.

“Por eso desde aquí yo quiero hacer una petición para que se respete completamente el criterio técnico de los investigadores. Es la única garantía de que nuestro trabajo no está al servicio de nadie, al servicio de ninguna entidad”, ha dicho López desde la Cámara Baja.

El presidente de la comisión lo niega

En el encuentro, celebrado en el Congreso, el presidente de la nueva comisión de investigación de accidentes de trenes, aviones y barcos ha negado la falta de “independencia” que denuncia la investigadora ferroviaria. “Por supuesto que somos independientes y el consejo es independiente; también son independientes los investigadores. Lo que dijo Isabel no tiene razón”, ha dicho Guillén Espejo, quien se ha enfrentado a diferentes reproches de las asociaciones de víctimas.

Asimismo, el presidente de la nueva comisión que estará adscrita al Ministerio de Transportes ha recalcado que las investigaciones también tienen que mantener la independencia de las víctimas. “Aunque las víctimas participen de las investigaciones, también tenemos que ser independientes”, ha dicho.

Críticas a gobiernos de PSOE y PP

El presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, Mario Semper, ha explicado que la idea del encuentro de las diferentes asociaciones pasa por compartir las diferentes experiencias y detectar qué situaciones es necesario corregir, especialmente desde las administraciones centrales, que durante la jornada han sido criticadas bien sea a gobiernos del PSOE o del PP.

“Nosotros ya lo hemos sufrido y nosotros, de las lecciones aprendidas, queremos ponerlas a favor del bien común y queremos, sobre todo, a los próximos que vendrán que los traten de una manera diferente que nos trataron a nosotros”, ha dicho Semper en referencia al futuro Gobierno que resulte de las elecciones generales.

Durante las jornadas han comparecido las diferentes asociaciones de víctimas de las diferentes tragedias en medios de transportes. El representante de la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, ha lamentado que por no haber hecho “bien las cosas” en la investigación de ese accidente ha ocurrido después lo acontecido en Adamuz. “Es una consecuencia”, ha apostillado.

También han denunciado el trato recibido y la falta de transparencia los portavoces de la asociación YAK 42, Miguel Ángel Sencianes; de la asociación A3 Julio Metro Valencia, Rosa Garrote; la asociación de afectados del vuelo JK5022, Pilar Vera; la de víctimas del vuelo 5017 de Swiftair, Águeda Rueda; y la del tren Bejis-Valencia, Isabel Irlandés.

Iryo ha asegurado que no existe ningún indicio que apunte a que el tren involucrado en el accidente ferroviario del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) tenga responsabilidad sobre el suceso, tras todas las comprobaciones realizadas desde ese momento.

Así lo ha trasladado su consejero delegado, Fabrizio Favara, durante su comparecencia este lunes en la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado para debatir sobre el estado de la red ferroviaria en España y los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida (Barcelona) a principios de año.

El directivo ha afirmado que la investigación interna del estado del tren, así como del mantenimiento al que era sometido, no ha identificado ningún elemento que le otorgue responsabilidad sobre lo sucedido, algo que también corrobora la respuesta de los tripulantes, incluido el maquinista, que no detectaron ninguna anomalía durante la operación.

Favara ha detallado que el 15 de enero, tres días antes del accidente, el tren fue sometido a una revisión, y que el 31 de diciembre previo también se le realizó una perfilatura de ruedas. También ha descartado que el peso del tren tenga algo que ver con el accidente, al argumentar que ya había trenes de mayor peso operando en la red.

A preguntas de los senadores, el consejero delegado de Iryo ha confirmado que la investigación externa detectó tras el accidente varias muescas en las ruedas de dos trenes de la compañía que circularon inmediatamente antes del tren accidentado.

Sobre esto, ha señalado que el maquinista del último de esos dos trenes notó un golpe, pero no lo comunicó a Adif porque no lo vinculó a un problema grave en la infraestructura. Finalmente, los primeros cinco vagones del tren accidentado pudieron recorrer la vía, hasta que el sexto descarriló.

Falta de calidad pero no de seguridad

De igual forma que hicieron los representantes de Ouigo ante esta misma comisión, Favara ha insistido en que las advertencias que hizo la compañía a Adif antes del accidente se referían a la falta de calidad y confort de la infraestructura, pero en ningún caso a la seguridad.

En concreto, en marzo de 2025 Iryo advirtió del impacto del balasto en los trenes o de los problemas vinculados al arrollamiento de animales y, según Favara, Adif comenzó a tomar medidas y la incidencia de casos relacionados con esos temas se ha reducido.

Por último, el directivo ha indicado que el comité de investigación interna de la empresa, tras analizar todo lo ocurrido, no ha concluido por el momento que tenga que tomar medidas adicionales que puedan evitar accidentes como este.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero de este año causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha autorizado la asistencia de peritos y técnicos de Adif en la inspección ocular y reportaje fotográfico iniciado este martes de los vagones 1 a 8 del tren Iryo siniestrado, en las inmediaciones de la estación técnica de Adamuz hasta su conclusión en la estación de Villanueva de Córdoba.

Según recoge la providencia de la jueza, a la que ha tenido acceso Europa Press, dichos peritos y técnicos participan “exclusivamente en calidad de observadores, a fin de que puedan conocer y documentar las circunstancias que estimen relevantes” para la elaboración de un informe pericial de parte, a lo que añade que la intervención autorizada no comporta “facultad alguna de dirección o ejecución de la diligencia, ni habilita para la realización de pruebas, fotografías y demás actuaciones de carácter técnico sobre los vagones, conforme lo solicitado”.

Al respecto, se ha acordado dar traslado de la resolución a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba, a los efectos oportunos para que una vez practicada la diligencia, remita al órgano judicial la correspondiente acta, en la que se haga constar las circunstancias de su desarrollo, así como copia íntegra del reportaje fotográfico realizado para su unión a autos.

En concreto, los peritos judiciales han sido convocados este martes y miércoles, y el jueves si hiciera falta, para la inspección ocular y realización del reportaje fotográfico de los vagones: este martes, del 6 al 8, y el miércoles, del 1 al 5, con la posibilidad de extenderse también al día 1 de octubre.

En este sentido, participan investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para dar cumplimiento a lo establecido en la providencia de la jueza en la que se les autorizaba al acceso al interior de esos vagones a efectos de realizar reportaje fotográfico.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero de este año causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha convocado a los peritos judiciales la próxima semana, desde el día 29 de septiembre para la inspección ocular y realización de reportaje fotográfico de los vagones 1 a 8 del tren Iryo siniestrado.

Así se recoge en la providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista del oficio, derivado de las actuaciones principales, presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba del día 18 de septiembre por el que se da cumplimiento de lo ordenado por providencia del día 12 de agosto, informando al órgano judicial de las fechas previstas.

En dicho oficio se transmite que una vez puestos en contacto con las partes que han de participar en tal actuación, se ha previsto que la misma se lleve a cabo los días 29 --los vagones 6, 7 y 8-- y el día 30 de septiembre --de los vagones 1 a 5--, con la posibilidad de extenderse también al día 1 de octubre.

Al respecto, está prevista la participación de investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en ese acto, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la providencia de la jueza en la que se les autorizaba al acceso al interior de esos vagones a efectos de realizar reportaje fotográfico.

Por otra parte, la UOPJ ha presentado un oficio el día 21 de septiembre aportando copia de las grabaciones recopiladas por dicha unidad perteneciente el proyecto 'TrainData' de la operadora ferroviaria Renfe, para que se una al caso y se dé traslado de las grabaciones a los peritos a los efectos oportunos.