La juez de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro ha desestimado la recusación promovida por una de las partes contra dos de los peritos designados judicialmente. En un auto fechado este miércoles, 10 de junio, la instructora de la causa señala que la recusación de peritos en el procedimiento penal exige la concurrencia de interés concreto, objetivable y jurídicamente relevante, según han informado fuentes jurídicas.

En este sentido, indica que uno de los peritos fue recusado por ser socio de una mercantil dedicada, entre otras labores, a la ejecución de trabajos de peritaje y certificados de calidad de diferentes proyectos, siendo uno de ellos las obras de los ramales de acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores de Cádiz, reforma que en su día resultó adjudicada a la mercantiles Ferrovial y Azvi. Pero la jueza indica que finalmente realizó trabajos para una empresa que no fue adjudicataria de dicho proyecto.

Pese a ello, explica que “no se puede entender en ningún caso que una intervención y/o relación eventual o puntual del perito, a través de empresas de las que ostenta su representación legal o resulta accionista, con empresas vinculadas a las obras llevadas a cabo en la vía férrea afectada por el siniestro, puede conllevar la certeza en la afirmación de la existencia de su interés directo o indirecto que pueda afectar a su imparcialidad como técnico especialista en una materia”. Así, incide en que no consta acreditada relación de subordinación laboral o de dependencia económica respecto de tales empresas.

También recuerda que una de las exigencias impuestas para la formación de las listas de peritos de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para su posterior insaculación, fue exigir a los peritos más de 15 años de ejercicio profesional y conocimientos específicos en el ámbito ferroviario, “resultando, por propia lógica, extremadamente complicado que tales peritos a lo largo de su carrera profesional no hayan mantenido algún tipo de relación puntual con las empresas que normalmente intervienen en la realización de este tipo de obras y proyectos de gran envergadura”.

Por lo que respecta al segundo perito, “la pretensión de la recusante se basa exclusivamente en lo manifestado por el perito el día que se llevó a cabo la aceptación del cargo, sin que, al igual que en el caso anterior, resulte acreditado por la recusante la existencia de parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta o interés directo o indirecto del perito”.

El perito manifestó que es funcionario de la Junta de Castilla la Mancha y en su relación de prestación de servicios como funcionario público y como jefe de la sección de explotación de carreteras ejerce labores de coordinación en la reparación de un puente de la Consejería de Fomento sobre un ferrocarril de ADIF, ello deja claro que “no ostenta relación de dependencia o subordinación económica, estatutaria, profesional o laboral alguna respecto de esta empresa pública como se sostiene por la recusante”.

La jueza concluye que “no toda relación puntual, eventual y absolutamente tangencial con entidades que intervinieron en la reforma del tramo afectado por el accidente determina por sí la existencia de un interés directo o indirecto que puede suponer una pérdida de imparcialidad objetiva”.

La cesión gratuita de un inmueble y la proximidad con Madrid han sido dos de los factores que han pesado más en la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de este martes de elegir Córdoba para acoger la sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat).

La localidad de Córdoba se ha impuesto a la candidatura de Málaga, la otra aspirante, en un procedimiento que se ha tramitado por la vía de urgencia con el objetivo de lograr el despliegue efectivo del organismo durante el segundo semestre de 2026.

Según consta en el dictamen para la elección de Córdoba publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la decisión del Ejecutivo central se ha fundamentado principalmente en razones de sostenibilidad económica a largo plazo, conectividad e infraestructuras, así como en las facilidades para la cohesión territorial, superando la propuesta malagueña tras la valoración técnica.

En concreto, entre los principales motivos que han propiciado la elección de Córdoba por parte del Gobierno destaca el factor económico y patrimonial.

El Ayuntamiento de Córdoba ha ofrecido la cesión gratuita de un inmueble por un plazo máximo de 75 años mediante una mutación demanial, lo que se alinea con la vocación de permanencia que requiere la nueva Autoridad.

Por el contrario, expone el dictamen, la oferta de Málaga descartaba la cesión gratuita e implicaba un contrato de alquiler por un máximo de ocho años con un coste anual de 293.208 euros (más IVA), lo que suponía un “riesgo” para la estabilidad a medio y largo plazo del organismo, además de obligar a una compleja negociación con la Dirección General de Patrimonio del Estado que habría demorado los plazos.

La conectividad ferroviaria también ha inclinado la balanza hacia Córdoba. Dado que el Estatuto de la entidad establece que las direcciones de investigación técnica y la unidad de apoyo técnico permanecerán en Madrid, el Consejo de la Autoridad deberá reunirse semanalmente, obligando al personal a desplazarse de forma recurrente.

El Gobierno entiende que Córdoba ofrece una posición estratégica a 392 kilómetros de la capital y una parrilla de más de 35 frecuencias diarias de AVE que conectan ambas ciudades en apenas dos horas. Por contra, Málaga, a 537 kilómetros de Madrid, requería más de tres horas de trayecto en tren y presentaba tan sólo un promedio de 12 frecuencias diarias de AVE.

Mejores telecomunicaciones y amplia red hotelera

En el plano de las telecomunicaciones, el edificio de oficinas anexo al Nuevo Estadio el Arcángel --espacio propuesto por Córdoba para acoger la sede física de la Aitat-- cuenta ya con una infraestructura operativa de conexión a banda ancha a través de fibra óptica de 10Gbps.

En contraposición, el edificio 'Rosalind' de Málaga propuesto, ubicado en el Málaga TechPark, solo disponía de una preinstalación técnica, lo que obligaba a contratar y desarrollar la conectividad con el operador desde cero.

En el dictamen también se ha evaluado de forma equitativa el impacto de ambas ciudades en la cohesión social, la mejora del desempleo y la dotación de servicios.

En este sentido, se destaca que Córdoba cuenta con una red hotelera de más de 7.700 plazas, un sistema educativo con tres universidades y un centro sanitario de referencia regional y nacional como el Hospital Universitario Reina Sofía, además de un dinamismo cultural idóneo para la integración familiar del personal.

A pesar de la designación de Córdoba, el acuerdo del Consejo de Ministros incluye un condicionante de peso respecto a la infraestructura.

El Ayuntamiento cordobés propuso inicialmente un edificio de oficinas anexo al Nuevo Estadio el Arcángel. Los informes técnicos desvelaron que la adecuación definitiva de su séptima planta requerirá una importante inversión de unos 3 millones de euros y un mínimo de dos años de obras al encontrarse la estructura en bruto.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, representada por Administrativando Abogados, ha presentado una solicitud formal ante la Presidencia del Gobierno, el Consejo de Ministros y varios departamentos ministeriales para reclamar una reforma urgente del sistema de indemnizaciones aplicable a las víctimas de accidentes ferroviarios.

El escrito, firmado por el abogado Antonio Benítez Ostos, ha sido remitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con el objetivo de actualizar el baremo recogido en el Real Decreto 627/2014, basado a su vez en el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros aprobado en 1989.

La asociación sostiene que la experiencia derivada del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 ha evidenciado las carencias del sistema actual, al considerar que las compensaciones previstas resultan insuficientes para reconocer la totalidad de los daños sufridos por las víctimas.

Según explica el colectivo, la normativa vigente centra la protección en las lesiones físicas más graves, pero deja fuera numerosas secuelas que pueden tener un fuerte impacto en la vida de los afectados, como los trastornos psicológicos, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, las alteraciones del sueño o el miedo persistente a volver a utilizar el tren.

Por ello, la asociación reclama la creación de nuevas categorías indemnizatorias que contemplen de forma expresa los daños psicológicos y emocionales derivados de este tipo de siniestros, así como las limitaciones laborales y funcionales que puedan sufrir las víctimas aunque sus lesiones no sean catalogadas como graves.

Una ley de cuantías mínimas

Entre las medidas propuestas también se incluye la fijación de cuantías mínimas orientativas y el reconocimiento automático como víctimas, a efectos indemnizatorios, de todas las personas que viajen en un tren siniestrado, con el fin de evitar interpretaciones restrictivas que puedan dejar desprotegidos a algunos afectados.

La petición va acompañada de un informe técnico titulado Revisión de la evidencia científica para los criterios de valoración neuropsicológica y psicopatológica en víctimas de catástrofe colectiva, trauma agudo y estrés postraumático complejo, elaborado por una psicóloga general sanitaria especializada en trauma complejo y neuropsicología clínica.

El documento revisa la evidencia científica y clínica existente sobre las secuelas neuropsicológicas, cognitivas, emocionales y conductuales que presentan las víctimas de accidentes ferroviarios de carácter catastrófico. El informe concluye que los daños psicológicos derivados de experiencias traumáticas extremas constituyen lesiones reales, objetivables y susceptibles de valoración pericial.

Entre las consecuencias analizadas figuran las alteraciones de memoria, los fenómenos intrusivos asociados al trastorno de estrés postraumático, las conductas de evitación, la rigidez cognitiva, las alteraciones persistentes del estado de ánimo y los cuadros de hiperactivación fisiológica, todos ellos ampliamente reconocidos por la literatura científica internacional.

Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados y coordinador de la defensa jurídica de la asociación, asegura que “la normativa cuya modificación solicitamos está completamente desfasada y no responde de forma real, coherente y efectiva a las secuelas que padecen las víctimas de un siniestro como el de Adamuz”.

“Ninguna persona afectada por una tragedia de esta magnitud debe quedar desprotegida por la existencia de normas obsoletas o sistemas de valoración que no reflejen la realidad médica y humana de los daños sufridos”, añade.

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha reunido este lunes con el comisionado para la atención a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Jaime Mora, tras la convocatoria de las ayudas de la Junta para las personas heridas en el siniestro residentes en Andalucía y las familias de los fallecidos.

Estas ayudas, compatibles con las estatales, se convocaron la semana pasada y el plazo para solicitarlas es de tres meses, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Así, ambos han coincidido en que las víctimas “necesitan un apoyo económico” para afrontar gastos destinados a la adaptación de sus viviendas a los problemas de movilidad que sufren algunos heridos, terapias psicológicas o de rehabilitación complementarias a las que reciben en el sistema sanitario público o los desplazamientos al juzgado de Montoro que instruye la causa, ya que muchas de las víctimas eran de provincias como Huelva.

De esta manera, la Junta “mantiene su compromiso de estar al lado de las víctimas del grave accidente en el que fallecieron 46 personas y que reveló la coordinación y capacidad de actuación de los servicios de emergencias andaluces y la solidaridad del pueblo cordobés de Adamuz”.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha informado sobre la adjudicación provisional de los contratos con los laboratorios metalúrgicos para el análisis de los carriles fracturados en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde en la tarde del domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Según recoge el oficio de la CIAF a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press y trasladado al Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que lleva la causa, el proceso de selección y contratación de laboratorios “se halla en su última fase”, una vez reunida la Junta de Contratación el día 20 de mayo. Se ha tramitado como contrato de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad (según el artículo 168 b) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) y por tramitación de urgencia.

No obstante, habida cuenta de que “las muestras a ensayar han sido encomendadas a la CIAF por el juzgado al cargo de la investigación, la adjudicación definitiva y la ejecución del contrato con los laboratorios queda supeditada a la validación y permiso por parte de la autoridad judicial, que deberá asimismo conceder su permiso para el traslado de las muestras, su entrega a los laboratorios, la extracción de las probetas y los ensayos a realizar”.

Dichos condicionantes han sido incluidos en las prescripciones del contrato. Para el procedimiento negociado han sido invitadas tres empresas de laboratorios metalúrgicos previamente seleccionadas por la CIAF en base a “su acreditación, solvencia técnica y ausencia de conflictos de intereses”, si bien una de ellas desistió antes de la Junta de Contratación, por lo que el procedimiento ha sido negociado con Cenim, entidad pública adscrita al CSIC, con sede en Madrid, y Aimen, empresa privada con sede en O Porriño (Galicia).

Al respecto, se asegura que “ambas empresas cuentan con los medios, la acreditación y la experiencia necesaria y no incurren en ningún conflicto de intereses con las entidades y empresas involucradas en el accidente, ni tampoco relacionadas con las obras de renovación de la línea afectada”.

En este sentido, el objetivo del contrato es “contar con dos laboratorios independientes que realicen los ensayos necesarios en paralelo, de modo que se refuerce la independencia de los análisis y la fiabilidad de los resultados”. Sin embargo, se puntualiza que “algunas de las pruebas y trabajos a realizar están condicionados inevitablemente por el hecho de que sólo hay un lote de muestras sobre el que trabajar, por lo que sólo las podría ejecutar un laboratorio”.

Se trata, por una parte, de las pruebas no destructivas iniciales, “a realizar sobre las muestras inalteradas, sin tampoco alterarlas --inspección visual, toma de fotografías, escaneo--”, y por otra parte, de la extracción de probetas a partir de las muestras, algo que “implicará corte y mecanización, y, por lo tanto, alterará las muestras de manera inevitable e irreversible”.

Aún con todo, la CIAF explica que “en ambos casos puede estar presente un técnico del segundo laboratorio que supervise la ejecución”. Asimismo, el segundo laboratorio recibirá una copia de las imágenes u otras inspecciones realizadas por el primero para analizarlas por separado. Una vez extraídas las probetas por el primer laboratorio, el segundo dispondrá de un lote de probetas con las que realizar el resto de ensayos, “de manera paralela e independiente”.

Las labores

Por este motivo y con las premisas expuestas, el contrato licitado ha sido dividido en dos lotes para su ejecución, de forma que el Lote 1, del primer laboratorio, incluirá la realización de pruebas no destructivas sobre las muestras de carril, “sin alterarlas”, para lo cual estará presente como observador un representante del segundo laboratorio, “al que se hará entrega de una copia de las imágenes o lecturas obtenidas”.

También, se encuentra la extracción de probetas a partir de las muestras para la realización de ensayos, en lo que estará presente como observador un representante del laboratorio y se extraerán dos lotes probetas para los siguientes ensayos, y uno de esos lotes será entregado al segundo laboratorio. Asimismo, la realización de pruebas sobre las probetas extraídas y la realización de informes sobre los trabajos y resultados de las fases anteriores.

Y en el Lote 2, del segundo laboratorio, se incluye la supervisión de las pruebas no destructivas realizadas por el primer laboratorio sobre las muestras de carril, ante lo cual se recibirá copia de las imágenes o lecturas obtenidas por el primer laboratorio, para su estudio e interpretación.

La supervisión de extracción de probetas por parte del primer laboratorio, de modo que se recibirá uno de los lotes para la realización de los siguientes ensayos. La realización de pruebas sobre las probetas --recibidas del primer laboratorio--, y la realización de informes sobre los trabajos y resultados de las fases anteriores. La parte referente a los ensayos no destructivos de la primera fase se realizará a partir de la información entregada por el primer laboratorio.

“Solvencia y capacidad”

Teniendo en cuenta estas condiciones se ha elaborado el expediente de contratación con arreglo a la Ley de Contratos del Sector Público --incluyendo las correspondientes memorias justificativa y económica, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas--.

En este caso, desde la CIAF se subraya que “acreditada y validada la plena solvencia y capacidad técnica de ambos laboratorios para la realización de todos los trabajos requeridos”, la Junta de Contratación ha valorado las ofertas y en ambos lotes la mayor puntuación, según las fórmulas aplicadas, ha sido obtenida por Aimen. De acuerdo con las cláusulas del expediente de contratación, “no es posible adjudicar al mismo licitador los dos lotes --para cumplir el objetivo de que ambos sean realizados por laboratorios diferentes--”.

En previsión de dicha eventualidad se requirió, al inicio del procedimiento, que los licitadores expresasen un orden de preferencia sobre los lotes, resultando que ambos --Aimen y Cenim-- manifestaron su preferencia por el primer lote. En consecuencia, en aplicación de las cláusulas de contratación y la legislación establecida, correspondería la adjudicación del Lote 1 a Aimen y del Lote 2 a Cenim.

Se pone todo esto en conocimiento del Tribunal --a través del presente oficio a la Policía Judicial-- con el objeto de que “pueda valorar la idoneidad de la adjudicación y conceder, si así lo considera, su visto bueno para la adjudicación definitiva del contrato”. En caso de que el Tribunal lo considere necesario para hacer su valoración, se le podrá facilitar la documentación pertinente del expediente de contratación.

Al hilo de ello, desde la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado se ha acordado enviar a la pieza separada dicho oficio del día 22 de mayo presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita para que la jueza acuerde lo procedente.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha propuesto a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó 46 muertos y más de 120 heridos el domingo 18 de enero, instalar cuatro contenedores de acero en su Base de Mantenimiento de Hornachuelos para introducir en ellos el material depositado en la base y bajo custodia de Adif, de cara a “mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación”.

Así lo expone Adif en un escrito al juzgado del día 22 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se apunta que mediante providencia de 18 de marzo, notificada el día 20 de marzo, se designó a Adif como depositaria del material recogido, precintado y trasladado a la Base de Hornachuelos, “con las responsabilidades legales procedentes para el caso de incumplimiento de sus deberes, encontrándose los efectos en todo momento a disposición judicial”.

Al respecto, pone en conocimiento del órgano judicial que la Base de Mantenimiento de Hornachuelos se encuentra ubicada dentro de la Línea 010 Madrid-Sevilla, que tiene un único acceso desde la carretera A-431 y se encuentra perimetralmente cerrada mediante un cerramiento con muro, así como las zonas laterales con malla galvanizada.

En relación con los contenedores que proponen, explican que quedarán instalados en la misma ubicación donde se encuentra el material depositado actualmente para emplear el mismo sistema de videovigilancia implantado y estarán cerrados con candados.

En este sentido, Adif detalla que dispone de una vigilancia interna con tres cámaras IP de alta resolución conectadas en tiempo real con el Centro de Protección y Seguridad (CPS) de Sevilla. Todas las imágenes captadas por estas cámaras se grabarán en un equipo digital que permitirá su recuperación con una antigüedad de hasta 30 días.

Ante ello, indican que si la jueza autoriza esta propuesta, bajo las medidas que estime oportunas, Adif informará con carácter previo al órgano judicial y a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil del momento exacto del traslado del material ya acopiado al interior de los contenedores, por si se estimara necesaria la presencia de los agentes en este acto.

Como respuesta, la Letrada de la Administración de Justicia del citado juzgado ha remitido a la pieza separada el escrito presentado por la procuradora en representación de Adif del día 22 de mayo, por el que se proponen estas medidas para mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación del material acopiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos, con el fin de que la jueza acuerde lo procedente.

La Junta de Andalucía ha resuelto aprobar por un total de 1.980 euros más IVA, el coste de la práctica de la pericia solicitada por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, que lleva la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó 46 muertos y más de 120 heridos el pasado mes enero, de cara a tener los medios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes.

Según se recoge en la resolución de la Secretaria General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba, al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de un software de cuya licencia de instalación y uso es propietaria la empresa Hasler Rail, de manera que la “pericia solo puede realizarse por esta”.

El escrito detalla que “el citado gasto no se encuentra entre los que pueden ser realizados por el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia o por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos, los cuales se recogen en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Córdoba de 1 de marzo de 2018, dictada en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 4/2018, de 16 de enero (BOJA 16, de 3 de enero), por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes”.

En este sentido, desde el Gobierno autonómico andaluz se ha solicitado presupuesto a la empresa Hasler Rail, que lo ha emitido de forma detallada por un importe de 1.980 euros, IVA excluido.

Por otro parte, la letrada de la Administración de Justicia del citado juzgado ha remitido a la pieza separada el escrito presentado por la procuradora en representación de Adif del pasado 22 de mayo, por el que se proponen medidas para mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación del material acopiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos, con el fin de que la jueza acuerde lo procedente.

Asimismo, a acordado enviar a la pieza separada el oficio del pasado 21 de mayo presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, adjuntando oficio de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) informando sobre la contratación de los laboratorios para la práctica de los análisis metalúrgicos, para que la jueza acuerde lo procedente.

La Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha rechazado la personación del Abogado del Estado en representación del Ministerio de Transportes.

Según recoge la diligencia de ordenación del juzgado del día 20 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, “no ha lugar a la personación del Abogado del Estado en nombre de la Administración del Estado-Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y en calidad de actor civil, debiendo ejercer las acciones que puedan corresponderle en el procedimiento civil y/o administrativo pertinente”.

Al respecto, se podía interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia, mediante escrito presentado en la Oficina judicial en el plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación, expresando la infracción cometida a juicio del recurrente.

Así, la Abogacía del Estado ha presentado recurso y ha sido admitido a trámite el día 26 de mayo, al amparo de una supuesta subrogación en la posición de las víctimas del accidente como consecuencia de los anticipos de responsabilidad civil reconocidos por el Real Decreto Ley 1/2026 de 27 de enero de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

Frente a ello, representantes de familiares de víctimas han realizado alegaciones para impugnar el referido recurso en base a “la inexistencia de causa que legitime a la Abogacía del Estado para personarse como actora civil”, porque “nada acredita la Abogacía del Estado sobre presuntos anticipos reconocidos en el Real Decreto Ley, ya que, hasta la fecha, salvo error u omisión de esta parte, las ayudas que han sido concedidas, que no abonadas, son las reconocidas en los artículos 1 a 8 de la mencionada norma, las cuales nada tienen que ver con las posibles indemnizaciones que por responsabilidad civil puedan reconocerse a las víctimas en el presente procedimiento”.

Por el contrario, agregan, “ninguna resolución ha recaído respecto a los anticipos de indemnizaciones civiles que pretenden dar amparo a la personación, anticipos, que, a pesar de haber sido reclamados por los afectados, sin embargo no han sido incluidos, sino excluidos expresamente de las resoluciones que se han dictado en ejecución del Real Decreto Ley”.

A los efectos de poder incluso plantearse la posibilidad de personación, apuntan que “la Abogacía del Estado debió, cosa que no ha realizado, acreditar el pago a los perjudicados en el presente procedimiento, ya que la jurisprudencia mencionada por el propio recurso que ahora se impugna, exige como requisito necesario para la personación como actor civil en subrogación de las víctimas del hecho delictivo, que el abono se haya hecho de manera efectiva y no meramente ideal o, por haber sido reconocida, como en este caso, en una norma legal que hasta el momento no ha sido llevada a efecto”.

Por otro lado, por la aseguradora de Adif, se ha procedido a ingresar en la cuenta de consignaciones del Tribunal, para que se haga pago a los afectados, “las cantidades que, de manera provisional, pero en importes muy superiores a los anticipos establecidos en el Real Decreto Ley 1/2026, se han calculado para satisfacer las responsabilidades civiles derivadas del delito, por lo que al haber consignado el pago de dichas cantidades no resulta ya posible esa supuesta subrogación recogida en la norma, pues las responsabilidades han sido abonadas para su abono a las víctimas, sin perjuicio de que por parte del Tribunal no se ha procedido aún al abono a las víctimas”, según indican.

La Junta personada como actor civil

Entretanto, la jueza sí aceptó a principios del mes de abril la personación de la Junta de Andalucía en la causa como actor civil, según confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que explicaron que es una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia en la que se recoge dicha personación como actor civil.

En este sentido, precisaron que solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero “no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción”, detallaron las fuentes.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, reclamó en este sentido que “se llegue hasta el final de la investigación”, una aspiración sobre la que aseguró que “se lo debemos a las víctimas, a sus familiares”, sobre quienes ha sostenido que “siempre” el Gobierno andaluz “estará a su lado”, por lo que ha reivindicado “acompañarles aquí y en los tribunales”.

“Lo importante y lo urgente es que se conozca toda la verdad”, se ratificó la consejera y portavoz, quien sostuvo como “dos caminos paralelos” el trabajo legal de la Junta con la creación de la figura del Comisionado de atención a las víctimas que anunció y ratificó en el Consejo de Gobierno de 18 de marzo, celebrado en el propio municipio cordobés.

Denegación de otras administraciones

Esta iniciativa procesal de la Junta de Andalucía sobre el accidente ferroviario de Adamuz se suma al rol que han asumido otras administraciones, como han sido los casos de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, cuya legitimación procesal para asumir la acusación popular se cuestionó el Juzgado de Montoro y se las denegó.

Ese rechazo llevó a ambos municipios a elevar un recurso de reforma ante el propio juzgado, como ya hizo el de Punta Umbría, un paso previo a la posibilidad de recurrir esa negativa ante la Audiencia Provincial de Córdoba dentro de un planteamiento de “agotar todas las vías legales”.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes 1 de junio la resolución de 27 de mayo de 2026, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se convocan las ayudas económicas a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Las cuantías de las ayudas previstas en este decreto para las personas que sufrieron lesiones físicas en el siniestro oscilan entre 16.828 y 481 euros, mientras que las familias de los fallecidos percibirán 14.424 euros.

El plazo de presentación de la solicitud de concesión de la ayuda económica será de tres meses contados desde el día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, es decir, desde este martes 2 de junio.

Por el Decreto-ley 8/2026, de 12 de mayo, de ayudas económicas y fiscales a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, se regula la concesión de ayudas económicas a las víctimas del accidente ferroviario acaecido el día 18 de enero de 2026, que queda abierta con esta convocatoria.

Requisitos para beneficiarios

Los requisitos de las personas beneficiarias indican que podrán ser beneficiarias de las ayudas las víctimas de los trenes siniestrados en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en la línea 14-010-Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes-Sevilla Santa Justa, de la Red Ferroviaria de Interés General, el día 18 de enero de 2026.

A estos efectos, de conformidad con el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, tendrá la consideración de víctima toda persona que, como resultado de encontrarse involuntariamente involucrada de forma directa en el accidente ferroviario, resulte herida o fallecida.

En los casos de fallecimiento podrán ser beneficiarias de estas ayudas, a título de víctimas indirectas, las personas que reúnan las condiciones que se indican a continuación:

-El cónyuge de la persona fallecida, no separada legalmente, o la persona que hubiera venido conviviendo con la fallecida de forma permanente con análoga relación de afectividad a la del cónyuge, durante al menos los dos años anteriores a la fecha del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la convivencia en el periodo inmediatamente anterior al fallecimiento.

-Los hijos de la persona fallecida, con independencia de su edad y filiación o de su condición de póstumos.

-Los hijos que no fueran de la persona fallecida, pero lo fueran de alguna de las personas previstas anterioremente, siempre que sean menores de edad o, si fueran mayores de edad, cuando concurriera el requisito de dependencia económica de la persona fallecida. Se entenderá que una persona depende económicamente del fallecido cuando viva total o parcialmente a expensas de éste y no perciba, en cómputo anual, rentas o ingresos de cualquier naturaleza, superiores al 150% del IPREM vigente, también en cómputo anual.

-En defecto de las personas mencionadas en los párrafos anteriores, los padres de la persona fallecida. e) En defecto de las personas citadas en los párrafos anteriores, los ascendientes de segundo grado.

-Cuando no existan personas relacionadas en los párrafos anteriores, los hermanos o hermanas de la persona fallecida. De concurrir varias personas beneficiarias como víctimas indirectas, el importe de la ayuda por fallecimiento se repartirá entre ellas por partes iguales.

Así, para ser beneficiaria de las ayudas, la víctima o víctima indirecta deberá tener la condición política de andaluz o andaluza, en los términos previstos en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en la fecha del accidente.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales impulsado por el Senado frente al acuerdo del Gobierno que rechazaba un requerimiento de la Cámara Alta por la no celebración de una comparecencia en enero del presidente del Gobierno ante el Pleno para dar cuenta de los accidentes ferroviarios mortales de Adamuz (Córdoba) y de Rodalies en Cataluña.

Así lo ha comunicado este jueves la corte de garantías, que precisa en una nota que la Cámara Alta alegaba en su demanda que la no comparecencia de Sánchez impedía el ejercicio de la función de control del Senado establecido en la Constitución.

La Cámara Alta también apuntaba a la supuesta vulneración de los artículos que prevén que las Cortes y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno y formular preguntas.

A ello añadía en su nuevo choque con el Ejecutivo de Sánchez que no celebrar una comparecencia ante el Pleno del Senado podría vulnerar el ejercicio de la función parlamentaria de los senadores.

La mayoría absoluta del PP aprobó acudir al TC argumentando que Sánchez no acudió a un Pleno extraordinario pese a que estaba citado para hablar sobre esos accidentes. El presidente del Senado, Pedro Rollán, llegó a mandar una carta al jefe del Ejecutivo en la que le advertía de “consecuencias jurídicas” si se ausentaba.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, ha pedido este lunes la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, por el accidente ferroviario de Adamuz, que provocó el fallecimiento de 46 personas y decenas de heridos.

“Ha habido un suceso, hay 46 personas que ya no están y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho”, ha declarado Samper, quien ha señalado que la culpa no es “de una sola persona”, sino que hubo “una cadena de despropósitos”, y que la asunción de responsabilidades “algo de paz daría” a las víctimas.

En concreto, ha señalado como “últimos responsables” al ministro de Transportes y al presidente de Adif. Por un lado, ha compartido que ya en su momento le dijo a Óscar Puente que debía dimitir, a lo que el titular de la cartera le habría respondido que él no soldó el raíl sobre el que se produjo el descarrilamiento. “Nos quedamos estupefactos con la respuesta”, admite Samper.

Por otro, cuenta que el presidente de Adif, “el único que ha pedido perdón”, afirmó que no iba a dimitir hasta que hubiese resolución judicial. Sin embargo, la asociación no considera necesario que “haya que esperar” a que se concluya la investigación.

Además, ha mostrado su sorpresa por la retirada de material por parte de Adif, ha criticado que “hay evidencias más que claras de que el carril llevaba roto más de 22 horas” y ha exigido que se trabaje como prioridad en el desarrollo de sistemas que permitan detectar las roturas de carriles: “Es fundamental; que se haga ya”.

Mario Samper ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, para informar sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

Durante la misma, ha sostenido que no le parece “seguro” el transporte ferroviario español en la actualidad y ha lamentado que “la marca España ahora mismo en relación al ferrocarril no tiene mucho que decir”.

Asimismo, ha enfatizado que las víctimas necesitan “saber la verdad ya” y “de forma transparente” y que tienen “mucho miedo de que esto se olvide”, y ha demandado indemnizaciones económicas más rápidas y para la totalidad de los viajeros de los trenes impactados, pues considera que todos son víctimas y heridos: “No nos podemos perder en la burocracia, debería ser algo mucho más ágil”, advierte.

Por último, ha avisado de que “las instituciones han llegado muy tarde” y ha llamado a los partidos políticos a que “trabajen conjuntamente, pero conjuntamente, con el Gobierno que esté, para mejorar el ferrocarril”.

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado este viernes, con los votos a favor de los cinco grupos con representación -PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía-, el decreto-ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno para conceder ayudas a las víctimas andaluzas directas e indirectas del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba).

A solicitud del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, la Diputación Permanente ha votado también una petición para que el decreto, una vez convalidado, se tramite como proyecto de ley, si bien esta iniciativa ha sido rechazada por los votos de PP-A y Vox, y pese a haber sido respaldada por los diputados del PSOE-A y Por Andalucía.

Las cuantías de las ayudas previstas en este decreto para las personas que sufrieron lesiones físicas en el siniestro oscilan entre 16.828 y 481 euros, mientras que las familias de los fallecidos percibirán 14.424 euros.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública en funciones, José Antonio Nieto, ha sido el encargado de defender ante la Diputación Permanente este decreto, con ayudas cuya concesión fue propuesta por el Comisionado creado por la Junta de Andalucía para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente ferroviario, al considerar “necesario complementar las medidas de apoyo económico del Estado con las que no son incompatibles”.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de tramitar y resolver las solicitudes, según aclaró el Consejo de Gobierno tras la aprobación de esta norma que fija que estas ayudas estarán exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF y se abonarán en un pago único en un plazo máximo de dos meses desde que se presente la solicitud.

Ésta se podrá presentar tanto por Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía como de forma presencial. El plazo para solicitarlas será de tres meses desde que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria, algo que el Decreto establece que debe hacerse “en los 15 días siguientes a su entrada en vigor”.

Desde el Gobierno andaluz consideran que, transcurridos cuatro meses desde el accidente, las víctimas “se siguen enfrentando a multitud de gastos necesarios para intentar adaptarse a su situación”, como “la adecuación de sus viviendas para garantizar la accesibilidad que necesitan tras las secuelas del accidente, tratamientos psicológicos, rehabilitación”.

Además, algunos afectados, al no estar dados de alta en la Seguridad Social en la fecha del accidente, no cobran prestaciones, y “por la gravedad de las lesiones pueden tener dificultad de acceder al mercado laboral a corto y medio plazo”, advierten desde la Junta, desde donde también han llamado la atención acerca de que víctimas y familiares, la mayoría de ellos de la provincia de Huelva, deben también afrontar gastos de desplazamiento al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) encargado del caso.

En el caso de las ayudas destinadas a las familias de las personas fallecidas, podrán ser beneficiarios los cónyuges --o relación análoga-- e hijos, con independencia de su edad y filiación, incluidos póstumos. En caso de no existir pareja ni hijos, serán beneficiarios los progenitores y, en ausencia de estos, los ascendientes de segundo grado o hermanos. De concurrir varias personas beneficiarias como víctimas indirectas, el importe de la ayuda por fallecimiento se repartirá entre ellas a partes iguales.

Posicionamiento de los grupos

En el turno de posicionamiento de los grupos, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha dado la enhorabuena al consejero de Justicia por este decreto en el que “las ayudas llegan hasta 16.828 euros para algunos afectados”, y ha justificado que “los daños psicológicos no se incluyen” en esta iniciativa porque no van “en el decreto del Estado” que serviría de “normativa básica” con el que quiere alinearse.

No obstante, ha puntualizado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “tiene una línea preferente para la atención a víctimas”, incluidas quienes “tengan daño psicológico”. Además, ha acusado al PSOE-A de haber realizado una “utilización partidista” del accidente valiéndose para ello del alcalde de Adamuz, el socialista Rafael Moreno Reyes, durante la campaña electoral de los comicios del pasado 17 de mayo, según ha denunciado.

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Rafael Recio ha defendido que su grupo ha apoyado la convalidación de este decreto “por responsabilidad, porque las víctimas lo merecen todo”, pero ha opinado que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, “llega tarde”. “Estamos prácticamente a finales de mayo”, y el Gobierno de España tardó “poco más de 15 días” para abrir, “el 3 de febrero”, la posibilidad de que “las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz pudieran presentar sus solicitudes” de ayudas, de las que “ya hay 136 canalizadas”, según ha puesto de relieve.

De igual modo, ha señalado que el accidente de Adamuz “tiene que servir para poner ya el foco” en “la inexistencia de un servicio público de salud mental fuerte en Andalucía”, así como ha animado a Vox a aprovechar el papel que pueda tener en el “futuro Gobierno” andaluz de la nueva legislatura --en la que el PP-A no tendrá mayoría absoluta-- para “obligar a que haya una comisión de investigación para saber lo que ocurrió con la gestión del 112” en el marco de este siniestro.

El diputado de Vox Rodrigo Alonso ha avisado de que su grupo no va a “parar hasta que se sepa toda la verdad y que los culpables de este desgraciado accidente paguen por todo el daño que han causado”, y en esa línea ha sostenido que “esta tragedia tiene culpables”, y “el principal foco de atención está en un Gobierno --en referencia al de Pedro Sánchez-- que decidió colocar amigos enchufados y prostitutas en la empresa que debía garantizar la seguridad de las vías”, algo que “tiene consecuencias nefastas y trágicas”, según ha apostillado.

Dicho esto, ha opinado que las ayudas que contempla el decreto son “insuficientes”, y “tiempo habrá de mejorarlo”, ha avisado antes de trasladar que “hubiese sido más conveniente indemnizar de una manera más digna y no manosear tanto la tragedia”.

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha mostrado su apoyo a la propuesta de ayudas, aunque se ha hecho eco de los “problemas” que vivieron los trabajadores de emergencias que acudieron al accidente, entre ellas “un bloqueo de información” ante el nivel de llamadas, y ha pedido medidas para “corregir” dichas incidencias de cara a futuros siniestros.

“Junto a las ayudas, las víctimas necesitan que les cuenten lo que ha pasado y garantizar que a futuro no nos vemos envueltos en una situación en la que estemos mal pertrechados para afrontarlas”, ha señalado, a la par que ha calificado de “insuficiente” el decreto, y ha criticado “el uso electoral” de las víctimas por parte del Gobierno andaluz.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, también ha mostrado su apoyo al decreto a pesar de señalar que “se queda corto y que llega tarde”. En este sentido, ha lamentado que “quedan fuera” las personas con “afecciones psicológicas” a consecuencia del siniestro, y ha invitado a la Junta a poder modificar las ayudas para incluir a los afectados.

Por otro lado, García ha pedido una investigación “sin ningún tipo de control partidista” para saber las causas del accidente.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha solicitado a la titular del juzgado de Instancia número dos de Montoro personarse “en calidad de actor civil” en la causa que instruye el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y resultaron heridas 155.

El escrito, firmado por la Abogacía del Estado, sostiene que la solicitud de personación se hace al amparo del decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). El decreto anticipón las eindemnizaciones por responsabilidad civil. La norma contempla que “el Estado se subrogará en la titularidad de los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones que en su caso se declaren en favor de los beneficiarios previstos” en el decreto.

La personación tendrá ahora que ser admitida por la jueza, Cristina Recover, que instruye una causa que acumula ya varios tomos y que avanza muy lentamente por su complejidad. También por la gran cantidad de personaciones que ha tenido que resolver.

Un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han sido ya aprobadas desde que el 3 de febrero el Gobierno central abriera el plazo de solicitud de ayudas destinadas a ofrecer un respaldo económico no reembolsable e inmediato a las víctimas y a familiares de fallecidos. De las 136 peticiones aprobadas, 18 ya han sido abonadas y 118 están aprobadas provisionalmente -72 corresponden a familiares de fallecidos y 46 a heridos-, pendiente de que finalice el plazo de diez días otorgado a los solicitantes para que presenten alegaciones a las mismas, según datos oficiales.

Los beneficiarios son personas que viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario que se encontraba a bordo (maquinistas, personal de a bordo o en formación) y que resultaron heridos; y los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con el orden y los criterios establecidos en la normativa aplicable. El procedimiento prevé una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Representantes de los distintos servicios y entidades que participaron en las labores de auxilio y atención tras el accidente ferroviario de Adamuz serán los encargados de encender esta noche, a las 22:00, el alumbrado de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

Con esta decisión, “el Ayuntamiento de Córdoba quiere reconocer públicamente la profesionalidad, coordinación y entrega demostradas por los efectivos que intervinieron en las tareas de rescate, asistencia y acompañamiento a las víctimas y familiares durante unos días especialmente complejos y difíciles”, ha informado el Consistorio.

Al acto acudirán miembros de los diferentes cuerpos y dispositivos que formaron parte del operativo de emergencias activado tras el siniestro, entre ellos efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Centro de Emergencias Sanitarias 061, del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de Cruz Roja Española, de los Servicios Sociales y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, de Emergencias 112 Andalucía y GREA, así como Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local de Córdoba y Adamuz, Protección Civil, ADIF, el Instituto de Medicina Legal de Córdoba y la Audiencia Provincial.

El homenaje pretende poner en valor la importancia de la coordinación entre administraciones, servicios públicos y profesionales de distintos ámbitos ante situaciones de emergencia, así como destacar el compromiso, la capacidad de respuesta y la vocación de servicio demostrados por todos los efectivos implicados.

Entre las entidades representadas estará también el Hospital Universitario Reina Sofía, que este año conmemora su 50 aniversario, una efeméride que coincide con este reconocimiento y que permite poner en valor a uno de los grandes referentes sanitarios y de investigación a nivel nacional, pieza clave en la atención hospitalaria en Córdoba durante las últimas cinco décadas.

Este jueves, en la Caseta Municipal de Adamuz (Córdoba), el alcalde del pueblo, Rafael Moreno, le estrechaba la mano y saludaba afectuosamente a Mario Samper. Él viajaba en el coche 4 del tren Alvia que, junto al Iryo, protagonizó el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en esta localidad cordobesa. Samper preside ahora la asociación que representa a víctimas y familiares afectados por aquella tragedia y, hoy, su voz ha vuelto a Adamuz y a estar junto a los vecinos que les socorrieron el día de la tragedia.

Adamuz ha acogido una edición muy especial de ‘Imbatibles’, un evento creado por el periodista Fernando Díaz de la Guardia sobre historias personales de superación que, en esta ocasión, ha querido homenajear a los vecinos de este pueblo cordobés que atendieron a las víctimas del accidente ferroviario. Y para ello, Mario Samper ha trasladado su testimonio en primera persona, junto a los mensajes que han enviado a través de vídeos otros afectados que, de esa manera han querido dar las gracias y volver a reunirse -de alguna manera-, con los vecinos que les atendieron aquel trágico día.

“Este es el momento de poder daros las gracias, de daros mil veces las gracias”. Samper ha contado que, hace un mes, estuvo en Adamuz. “Estuve en la zona cero, lo necesitaba”. Y hoy, de nuevo aquí, ha recordado cómo la noche del accidente “nos sorprendió vuestra solidaridad, vuestra humanidad, nos disteis de comer, nos disteis mantas...”. Y, más allá de las heridas físicas, el presidente de la asociación de víctimas ha puesto el foco en la ayuda psicológica que aún necesitan las personas afectadas.

A los vecinos de Adamuz también les ha llegado el agradecimiento de Ana, junto a su padre y su perro Boro -que en aquellos días se rescató tras perderse después del accidente-. Mientras, su hermana sigue aún hospitalizada, la única víctima que permanece ingresada actualmente. Su agradecimiento, emocionado, ha llegado hasta los vecinos que les ayudaron.

Y también el de María Eugenia que, en vídeo, contaba cómo aquel 18 de enero viajaba en uno de los trenes con su marido, que murió mientras ella salió malherida. “Quiero mandar un mensaje a quienes me ayudaron y me sacaron del vagón”. Y ahí, había un nombre propio en su recuerdo: “Sebastián, de Protección Civil me dio su mano y le dije que no lo soltaba. Muchas gracias al pueblo de Adamuz por cómo se volcaron con todos nosotros”. Y Sebastián, ese vecino, estaba hoy en el acto, emocionado, escuchando por sorpresa su nombre en boca de aquella mujer a la que ayudó a salir del tren.

O el mensaje de Cristina, que viajaba junto a su madre aquel día: “Dentro de ese caos aparecisteis vosotros, el pueblo de Adamuz con vuestra solidaridad y humanidad”. A ella, el alcalde de este pueblo la “llevó en peso desde el Alvia hasta el Iryo”, recuerda de aquella noche del accidente y para darle las gracias personalmente a Rafael Moreno.

Como José María. que también iba en el Alvia y destaca cómo “entre los equipos de rescate y vosotros nos disteis el aporte de humanidad que necesitábamos”. O cómo Pablo e Irene, familiares de una víctima mortal del accidente, se unían para dar las gracias a todos los efectivos que trabajaron aquel día y destacaban “la solidaridad de ese pueblo que llenó su pabellón de mantas o el caldo que nos dieron en el hogar del pensionista.” “A nosotros nos salvó el pueblo, gracias Adamuz”.

Reencuentro en la Caseta Municipal que fue hospital de campaña

Precisamente, el reencuentro de este jueves se ha producido en la Caseta Municipal de Adamuz, el mismo lugar que los vecinos habilitaron rápidamente y surtieron de mantas, agua y comida para atender a los viajeros de los trenes siniestrados aquella fría noche de enero. Y esa ayuda la prestaron quienes hoy llenaban este pabellón municipal.

Sobre el escenario, como protagonistas homenajeados, una representación de quienes socorrieron a los heridos de los trenes: desde el alcalde, Rafael Moreno, a otros vecinos como José Moreno, los jóvenes amigos Julio y José, y Raquel y Julia, integrantes de Protección Civil en el municipio.

Han recordado lo que sintieron y vivieron en aquellos días, como José Moreno, que socorrió a algunas víctimas de los trenes. “Dolor y tristeza, lloraba”, le inundaron esos días. O el alcalde, que rememoraba cómo “fue muy duro todo” pero, “ante una situación tan grave, la reacción del pueblo fue primordial”.

Julio, a sus 16 años, volvía a repetir que “lo que hicimos fue ayudar, todo lo que pudimos”. También contaban su experiencia Raquel y Julia, de Protección Civil, que recibieron a los heridos que llegaban a esta misma caseta municipal y hoy recordaban aquella noche y la labor de los vecinos. “Todo el pueblo estaba aquí volcado”, descargando mantas, comida, colchones, agua...“. ”El pueblo fue uno“. O Sandra, enfermera, que se retrotraía a la noche del accidente y aseguraba que ”se ha demostrado que cuando la gente se une, se hacen cosas muy grandes“.

Sobre ‘Imbatibles’: ejemplos de superación

‘Imbatibles’, el evento de charlas motivacionales que ideó el periodista Fernando Díaz de la Guardia al sufrir en primera persona una enfermedad, donde se comparten experiencias, se aportan herramientas para salir adelante y se entrevista a personas que son un ejemplo de superación. Como dos de esos ejemplos, en Adamuz han estado este miércoles Pedro García Aguado y José Peña.

García Aguado fue campeón olímpico con el equipo español de waterpolo en los juegos de 1996 y campeón mundial en 1998. Cayó en la adicción al alcohol y otro tipo de drogas y resurgió como orientador de jóvenes con problemas de integración en el popular programa de televisión ‘Hermano mayor’. Acumula éxitos notables en la televisión como su victoria en el concurso de superación de Telecinco, ‘Supervivientes’, en su edición de 2024. García Aguado es Educador Parental y experto en intervención en violencia filioparental por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es uno de los conferenciantes más demandados de España como símbolo contra el acoso escolar entre otras lacras sociales.

José Peña es el único boxeador totalmente ciego del mundo. Natural de Isla Cristina, su testimonio y sus exhibiciones pugilísticas expresan la capacidad humana para afrontar los golpes de la vida. Peña ya ha encabezado el cartel de Imbatibles en Huelva y Sevilla y realizará junto a su hija y preparadora una exhibición de boxeo adaptado, es decir, boxeará ‘de oído’. Perdió la visión mientras opositaba a policía nacional debido a una enfermedad hereditaria y degenerativa. Sus intervenciones públicas son un ejemplo de presentismo y apego a la vida así como la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad en una sociedad que con frecuencia no quiere ver, nunca mejor traído, realidades que pueden sucederle a cualquiera.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (Córdoba) ha difundido un vídeo en el que refleja los “miedos” y secuelas emocionales que siguen sufriendo algunos afectados cuatro meses después del accidente ferroviario ocurrido el pasado mes de enero, en el que fallecieron 46 personas. La entidad insiste en que, transcurrido este tiempo, las víctimas y sus familias continúan “sin saber exactamente qué pasó ni quién fue el responsable”.

En el vídeo, consultado por Europa Press, la asociación señala que para muchas víctimas “viajar en tren puede significar muchas cosas, pero ya no vuelve a ser lo que era”. Una de las afectadas relata que, desde hace cuatro meses, “la sola idea de permanecer entre estos asientos despertaba en mí el miedo más primitivo”.

“Al acercarme a Adamuz, ese miedo se ha hecho tan intenso que no he podido soltar la mano de quien me acompañaba”, relata la afectada, que también lamenta que en la zona del siniestro solo queden ahora materiales de obra, “como si restablecer el funcionamiento fuera suficiente”. Asimismo, recuerda que “hoy hemos llegado a destino, pero es inevitable pensar que aquella noche eterna y trágica 46 personas no llegaron, ni llegarán nunca”.

Por último, la asociación incide en que, tras el accidente, algunas personas han optado por aplazar sus viajes, recurrir al coche pese a la mayor duración de los trayectos o, incluso, renunciar por completo a volver a viajar. “Sí, viajo con miedo, porque si me ocurrió una vez, ¿quién me garantiza que no vuelva a pasar?”, concluye el testimonio.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, comparecerá el próximo 25 de mayo a las 10,30 horas en la Comisión de Investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se está desarrollando desde el pasado 27 de abril en el Senado, e impulsada por el PP, después de solicitarlo en reiteradas ocasiones.

Tras varias solicitudes cursadas, el Senado ha acordado citar a su presidente, que irá asistido de Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que coordina la defensa de la Asociación, para comparecer en la Comisión de Investigación que analiza ambos accidentes de ferroviarios.

El Sindicato Manos Limpias ha presentado un escrito ante el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, para comunicar que desiste como acusación popular ante “el inmenso” número de personaciones en el caso, además del Ministerio Público.

Según expone el sindicato en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, “el proceso tiene las suficientes garantías” ante las acusaciones populares personadas y solicita al juzgado que admita el desistimiento y que proceda a la devolución de la fianza de 3.000 euros.

Al respecto, la jueza dictó hace menos de un mes sendas providencias en las que requería tanto a las acusaciones particulares personadas, que suman 142, como a las acusaciones populares, un total de seis, para que, en el plazo de 15 días procedieran a “unificarse bajo una sola representación y dirección letrada, designando al efecto procurador y letrado comunes, con indicación expresa de quien asumirá la representación unificada”.

Además, apercibía expresamente a las referidas acusaciones particulares de que, transcurrido el plazo concedido sin haberse alcanzado acuerdo, “este órgano judicial procederá a su unificación de oficio”, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En una providencia posterior --fechada el 23 de abril-- indicaba que “a fin de salvaguardar el principio de contradicción, la igualdad de las partes personadas y la adecuada ordenación del procedimiento”, acuerda dar la opción a las partes personadas para que formulen las alegaciones que “estimen pertinentes en relación a la procedencia y alcance de la unificación interesada” en un plazo de diez días.

También suspendió el cómputo del plazo de 15 días, que “quedará en suspenso hasta en tanto en cuanto recaiga resolución resolviendo sobre la cuestión de la unificación una vez formuladas las alegaciones, reanudándose el cómputo una vez se dicte la oportuna resolución, y sin perjuicio de que a la vista de lo resuelto se pueda dejar sin efecto o modificar la providencia del día 22 de abril”.

Alegaciones en contra de la unificación

Al hilo, distintas partes personadas en la causa han presentado alegaciones ante ello, entre ellas la representación procesal de la familia Morillo, afectada por la muerte de Mario Jara Morillo, quien falleció en el siniestro, que interpuso ante el Tribunal de Instancia de Montoro un recurso de reforma, defendiendo “la libre elección de abogado frente a la unificación impuesta”.

Según explicaron desde la dirección letrada, con Luis Romero Santos, abogado penalista y Doctor en Derecho, se produce “vulneración de derechos fundamentales”, dado que “la medida judicial vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, en su vertiente de tutela judicial efectiva y derecho de defensa, al restringir la facultad de las víctimas de elegir libremente a su abogado”.

En este sentido, remarcaron que “la imposición de una dirección letrada única supone una restricción directa de este derecho fundamental, al obligar a las perjudicadas a someter su estrategia procesal a un letrado no elegido por ellas”.

Adamuz se convirtió en el protagonista inesperado en los últimos días de campaña de las elecciones andaluzas de este 17 de mayo. El candidato a la reelección por parte del Partido Popular (PP), Juanma Moreno, sacó a la palestra en el debate de Canal Sur el accidente ferroviario que dejó 46 víctimas mortales durante el pasado mes de enero. Eso provocó la reacción de su alcalde, Rafael Moreno, que defendió a su partido (PSOE) y criticó que el servicio de emergencias no funcionase como es debido. Esto ha provocado una reacción en sus ciudadanos que se ha convertido en una respuesta en las urnas.

El PP ha conseguido el 53,64% de los votos en la localidad de Adamuz, o lo que es lo mismo: 1.272 votos y una diferencia positiva de 6,18% con respecto a los comicios celebrados en 2022. Además, estos números duplican a los que han conseguido el PSOE, que pierde más de un 6% en votos y se queda muy lejos de que todos los partidos sumen más que el bloque de derechas. Por Andalucía se convierte en tercera fuerza, seguida muy de cerca de Vox y de Adelante Andalucía.

Un resultado muy diferente a las municipales de 2023

El PSOE se ha llevado un auténtico jarro de agua fría en este municipio en tan solo tres años. En 2023, el partido dirigido por Rafael Moreno logró mantener la alcaldía después de la moción de censura realizada en 2021 y consiguió pactar con Izquierda Unida para mantener el poder de cara a los próximos cuatro años. Por aquel entonces, el grupo socialista logró más de 1.200 votos, el doble de lo que tienen ahora.

Un resultado que, además, viene precedido de lo que ha ocurrido en los últimos días de campaña. Como se ha mencionado anteriormente, el presidente Juanma Moreno sacó a relucir el trabajo realizado por la Junta de Andalucía en la catástrofe ferroviaria donde murieron 46 personas. Es por ello que, como reacción, Rafael Moreno, actual alcalde de Adamuz, rompió el pacto de silencio para criticar arduamente a la poca coordinación de los servicios de emergencia desde el minuto uno.

Esta reacción provocó un nuevo debate a las puertas del Parlamento de Andalucía, donde unos reivindicaban el trabajo de los vecinos de Adamuz y de los pueblos aledaños, mientras que Juanma Moreno ponía el foco en una posible presión por parte del PSOE a Rafael Moreno. Finalmente, ha resultado una victoria notable del PP en la localidad cordobesa.

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, encargado de la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero, ha librado oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, a fin de que, “con carácter urgente, por el órgano administrativo competente se adopten las medidas necesarias para facilitar a este órgano judicial, a la mayor brevedad posible”, acceder a aplicaciones informáticas y contar con personal de la empresa fabricante para descifrar las cajas negras de los dos trenes, que se abrieron el 5 de marzo.

En una providencia de este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza toma esta decisión ahora ante “el estado de las actuaciones”, de modo que ha pedido el acceso a las aplicaciones informáticas --'softwares'-- denominadas Multirec-SG y Husler-SG de los registradores jurídicos del tren Iryo y del tren Alvia, de cuyas licencias de instalación y uso es propietaria Hasler Rail --fabricante de los equipos--, así como “personal de la empresa fabricante que permita el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos, todo ello por estimarse necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción”.

Al respecto, expone que el oficio será remitido por correo electrónico oficial con acuse de recibo, “debiendo quedar constancia en autos de su efectiva remisión y recepción”, a la vez que requiere al órgano destinatario para que “acuse recibo del requerimiento, dando cuenta directa a este órgano judicial de su recepción y de su cumplimiento”.

Contra dicha providencia cabe recurso de reforma mediante escrito presentado en la citada oficina judicial en el plazo de tres días contados desde su notificación.

Apertura de las cajas negras el 5 de marzo

Las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogieron el día 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en la localidad cordobesa de Adamuz. El Tribunal de Instancia de Montoro autorizó el 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.

En concreto, la juez autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”.

El proceso de volcado, extracción y análisis se realizó en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantaron acta del procedimiento, “obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos”, conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial.

Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa. Así, la instructora indicó en su auto que “para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos” veía justificado que se realizara en el lugar en el que se encontraban.

Un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han sido ya aprobadas desde que el 3 de febrero el Gobierno central abriera el plazo de solicitud de ayudas destinadas a ofrecer un respaldo económico no reembolsable e inmediato a las víctimas y a familiares de fallecidos. De las 136 peticiones aprobadas, 18 ya han sido abonadas y 118 están aprobadas provisionalmente -72 corresponden a familiares de fallecidos y 46 a heridos-, pendiente de que finalice el plazo de diez días otorgado a los solicitantes para que presenten alegaciones a las mismas, según datos oficiales consultados por Europa Press. Tras ello, se resolverán y se procederá al pago de las mismas.

El 3 de febrero el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible abrió el plazo de solicitud de estas ayudas destinadas a las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en el marco de lo previsto en el Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, aprobado por el Consejo de Ministros, con el objetivo de respaldar económicamente a los afectados, reducir la incertidumbre económica derivada de los accidentes y facilitar una tramitación ágil y accesible.

Los beneficiarios son personas que viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario que se encontraba a bordo (maquinistas, personal de a bordo o en formación) y que resultaron heridos; y los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con el orden y los criterios establecidos en la normativa aplicable. El procedimiento prevé una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Estas ayudas son compatibles con el Seguro Obligatorio de Viajeros, con las futuras indemnizaciones por responsabilidad civil y con otras ayudas o seguros públicos o privados que pudieran corresponder. El trámite para presentar la solicitud se estableció inicialmente hasta el 4 de mayo, si bien posteriormente el Ministerio de Transportes amplió un mes más para dos supuestos: personas que resultaran heridas como consecuencia de los accidentes ferroviarios; personas que reúnan la condición de víctimas indirectas de las personas fallecidas en los accidentes ferroviarios siempre y cuando para la misma persona fallecida no se hubiera presentado en plazo alguna solicitud por parte de otro beneficiario.

Así, los potenciales beneficiarios que cumplan las condiciones establecidas en la resolución de ampliación podrán presentar las solicitudes hasta el 4 de junio de 2026. Las personas que ya hayan presentado su solicitud no deben realizar ninguna acción adicional. La tramitación de las solicitudes podrá continuar realizándose, tanto de forma presencial como en la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde está disponible toda la información relativa a las ayudas, una guía y los formularios para realizar la solicitud, así como un documento de preguntas y respuestas.