La Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación presentado por un hombre condenado por varios delitos de violencia de género, ratificando una pena total de 52 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y cuatro meses.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera de lo Penal, confirma la resolución del Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba, que declaró al acusado culpable de varios delitos de amenazas en el ámbito de la pareja y de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Ahora, el tribunal ratifica las penas individuales impuestas por el juzgado: tres condenas de diez meses de prisión y dos condenas de once meses, que suman un total de 52 meses de cárcel.

Además, se mantienen las medidas de protección acordadas a favor de la víctima, entre ellas la prohibición de acercarse a ella, a su domicilio o a su lugar de trabajo a menos de 500 metros durante tres años, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo. Estas medidas se controlarán mediante dispositivos telemáticos, salvo oposición expresa de la denunciante. Asimismo, se confirma la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de tres años por el delito de malos tratos.

“Te voy a matar”

Según los hechos probados en la sentencia, facilitada a este periódico, la relación sentimental entre el acusado y la víctima, que se prolongó durante seis años, estuvo marcada por episodios continuados de violencia física y psicológica. La sentencia detalla varios incidentes de especial gravedad. Entre ellas que, durante una discusión en un parque y en presencia de la hija menor de la pareja, el hombre profirió insultos y amenazas de muerte hacia la mujer, con expresiones como “te voy a matar” o “entiendo por qué asesinan a las mujeres”. La menor, al presenciar la escena, suplicó “papá, no mates al abuelo”, tras escuchar al acusado amenazar con matar al padre de la víctima.

También que, durante otra discusión motivada por los celos, el condenado insultó a su pareja, la golpeó en el costado y la empujó contra un mueble, todo ello en presencia de su hija; que rompió con unas “tijeras un bikini de la víctima para impedirle volver a usarlo; que lanzó un cuchillo que impactó contra el frigorífico o que empuñó una navaja mientras mostraba una fotografía del padre fallecido de la mujer, diciéndole ”vamos a jugar a un juego“, en un claro gesto de intimidación, entre otros episodios recogidos por el auto judicial.

La Audiencia Provincial rechaza los motivos de apelación planteados por la defensa. En primer lugar, desestima la alegación de error en la valoración de la prueba y considera que la jueza de instancia actuó con plena corrección, sin incurrir en razonamientos ilógicos ni arbitrarios. El tribunal avala la credibilidad del testimonio de la víctima, corroborado por declaraciones testificales, informes periciales y documentación que desvirtúan la presunción de inocencia.

En segundo lugar, descarta la aplicación de circunstancias atenuantes como las dilaciones indebidas, la adicción a sustancias o el arrebato u obcecación. Sobre este último punto, la Sala recuerda que los celos o las emociones violentas derivadas de ellos no pueden considerarse estímulos suficientes para atenuar la responsabilidad en casos de violencia de género, al ser comportamientos rechazados por las normas sociales y jurídicas.

Por último, la Audiencia rechaza aplicar el delito continuado al entender que los episodios de violencia fueron independientes entre sí y se produjeron con un distanciamiento temporal apreciable, lo que impide considerarlos como una sola acción prolongada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha ratificado la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Córdoba a un empleado municipal procesado por y condenado por dos delitos contra la intimidad, desestimando íntegramente el recurso interpuesto por el éste y confirmando la suspensión de funciones durante dos años por la comisión de una falta grave.

Según recoge el fallo judicial, el funcionario —que desempeñaba labores de conserje en el CEIP Mirasierra de Córdoba— fue condenado penalmente por dos delitos contra la intimidad. Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando el empleado instaló una minicámara de videograbación en el aseo de uso exclusivo para profesoras, situado en la planta baja del centro educativo, con el objetivo de vulnerar la intimidad de las afectadas.

Las investigaciones determinaron que el conserje colocó el dispositivo el 22 de febrero de 2021, grabando a una docente, y que posteriormente lo trasladó a otro aseo para realizar una segunda grabación ese mismo día. Repitió la conducta el 23 de febrero, hasta que una de las profesoras descubrió la cámara. Como consecuencia de los hechos, una de las víctimas sufrió un trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad que requirió tratamiento médico durante 126 días.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba dictó el 27 de diciembre de 2024 el acuerdo sancionador que calificó la conducta como falta grave, al constituir un delito doloso directamente vinculado con el servicio público.

El magistrado avala la decisión municipal, destacando el “evidente grado de intencionalidad” del funcionario, así como el “daño al interés público” derivado del descrédito causado tanto al centro educativo como a la imagen institucional del Ayuntamiento, citando las repercusiones mediáticas del caso.

La sanción de dos años de suspensión se ajusta al límite legal previsto para las faltas graves, que no puede superar los tres años. Además, la resolución municipal impuso al empleado una sanción económica de 60.260 euros.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla.

El Sindicato de Enfermería SATSE ha comunicado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla que reconoce el derecho de una enfermera cordobesa que presta sus servicios en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar a disfrutar de una reducción de jornada del 99% para cuidar a su hijo menor con enfermedad grave, y condena al Servicio Andaluz de Salud (SAS) al abono de las retribuciones correspondientes, además de imponerle las costas judiciales.

SATSE califica en un comunicado de “vergonzoso, cruel e incomprensible” que el SAS haya obligado a esta profesional sanitaria a judicializar un derecho tan básico y protegido como es el cuidado de un hijo con una patología grave, cuando los informes médicos aportados eran claros, contundentes y avalaban, sin lugar a duda, la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente por parte de su madre.

La organización sindical denuncia que la Administración sanitaria actuó con una falta absoluta de sensibilidad y humanidad, denegando la reducción solicitada sin motivación suficiente y contradiciendo informes médicos de especialistas en pediatría, neonatología, neuropediatría y oftalmología, que acreditaban la situación de gran dependencia del menor y la imposibilidad de ser escolarizado o acudir a una guardería.

“La Enfermera se vio obligada a solicitar una excedencia sin sueldo para atender las necesidades vitales de su hijo, renunciando a su salario en el momento en el que más lo necesitaba. Esta situación no solo vulnera sus derechos laborales, sino que atenta directamente contra el bienestar de un menor gravemente enfermo”, ha denunciado SATSE Córdoba.

Además, el Sindicato subraya que el SAS había reconocido inicialmente una reducción de jornada del 99%, para después rebajarla de forma repentina al 66,66%, sin justificación ni cambios en el estado clínico del menor. “¿Qué cambió? Nada. Simplemente, el SAS decidió recortar derechos de forma arbitraria”, denuncian.

El fallo judicial no solo estima íntegramente la demanda, sino que impone las costas al SAS, lo que evidencia, en opinión de SATSE, “la temeridad de su actuación” y “el uso irresponsable de recursos públicos para pleitear contra los derechos más elementales del personal sanitario”.

Desde SATSE Córdoba exigen al SAS que cese inmediatamente estas prácticas injustificables, que rectifique su actitud hacia sus profesionales y que establezca criterios claros y humanos en la tramitación de reducciones de jornada por cuidado de menores con enfermedad grave. “Ningún profesional sanitario debería tener que pisar un juzgado para cuidar a su hijo enfermo. Es intolerable”, concluyen.