La huelga general convocada por el derecho a la vivienda el próximo 11 de noviembre se está organizando en Córdoba, además de por los sindicatos convocantes, por parte de la plataforma Stop Desahucios, que desde hace años representa la lucha por el acceso a la vivienda para toda la ciudadanía. La pasada semana, de hecho, se constituyó su comité general de huelga tras una asamblea abierta a colectivos y personas particulares, a partir del cual articular todo el trabajo que van a desarrollar para impulsar la huelga en Córdoba.

Una parte importante del trabajo se va a desarrollar en los distritos y barrios de la capital cordobesa, para llevar la concienciación sobre el 11N a los vecinos y el comercio local. Así, se han constituido comités de barrio para la huelga en el distrito Sur, Levante y Fuensanta, Centro y casco Histórico, Las Moreras, Tablero y Huerta de la Reina.

A lo largo de toda esta semana se van a llevar a cabo reuniones de estos comités de barrio, abiertos a la ciudadanía que quiera implicarse en impulsar el paro general del 11 de noviembre, para realizar acciones de difusión y otras actividades. “Se han formado comités por toda la ciudad y te puedes sumar al que te pille cerca”, indican desde Stop Desahucios.

“Cada distrito y cada comité de barrio van a llevar a cabo sus propias acciones”, explica a este periódico Cati Ortega, portavoz de la plataforma. “Pero la idea general es trabajar de cerca con los vecinos y el pequeño comercio, hacerles ver que el precio de la vivienda también les afecta porque con lo que queda de salario, el vecino no les puede comprar tanto como querría”, pone como ejemplo.

Mesas informativas y trabajo de calle

Junto a ello, también el tejido asociativo vecinal está presente en estos comités por barrios, que van a “recoger sus reivindicaciones y a hacer ver cómo nos afecta a todos” el problema de acceso a la vivienda.

Por ello, la organización de la huelga por parte de Stop Desahucios pasa por hacer “mucha calle, mucho hablar con el pequeño comercio, establecer mesas informativas en los barrios, hacer mucho trabajo con las asociaciones vecinales que están en los comités” y, en paralelo, coordinar esa labor con los sindicatos CCOO, UGT y otros como CNT que convocan el paro laboral para ese día.

La previsión es que los distintos barrios aporten ideas sobre las acciones que se realizarán ya el día previo a la jornada de huelga y se recojan también en la asamblea general de seguimiento que hará Stop Desahucios el 3 de noviembre, apenas una semana antes.

El fin de semana anterior al 11N, el sábado 7 de noviembre, habrá un encuentro festivo que servirá para crear “una caja de resistencia” para el 11N y también para “calentar motores” entre todos los colectivos implicados en impulsar la huelga general en Córdoba.

La clave de todo el trabajo previo va a ser “la concienciación sobre cómo nos afecta, porque la huelga general se hace para luchar por los derechos y, en este caso, es el derecho a la vivienda que pensábamos que ya estaba conquistado, pero hemos visto que no, además de por los servicios públicos y los salarios”, concluye Ortega.

La Gerencia de Municipal de Urbanismo de Córdoba tramitará en su próxima comisión de licencias la solicitud para construir un edificio de 102 viviendas, con local comercial, 138 plazas de aparcamiento, 75 trasteros y piscina junto al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) y el Parque Joyero.

El proyecto figura como propuesta de urgencia en el punto 13 del orden del día de este martes, 27 de octubre, dentro de las propuestas procedentes de la Oficina de Obras. El inmueble se levantará en la avenida de la Alameda, esquina con la avenida de Mirasierra, en la parcela 3 del Plan Parcial O-6. Es decir, se ubicará frente al barrio de Las Palmeras y junto a la gasolinera Petroil.

La solicitud de licencia de obra fue presentada el pasado 30 de junio por la sociedad Artelie Gestiona. El proyecto está firmado por los técnicos Rafael Castelló Pérez y Soledad García Domenech.

Además de las viviendas y las plazas de garaje, la promoción contempla un local comercial en el edificio y una zona de piscina para uso de los residentes. El expediente es el más llamativo entre la relación de licencias de obra que se tramitan por urgencia este martes.

Más de un centenar de personas han participado este jueves 22 de octubre en la asamblea celebrada en el centro social Rey Heredia, convocada por Stop Desahucios y con el fin de impulsar la creación del Sindicato de Inquilinas en Córdoba y organizar la acción para la huelga general por la vivienda prevista para el 11 de noviembre.

A la asamblea se había invitado a participar a colectivos y personas particulares para preparar tanto los trabajos previos al día de la huelga como los del mismo 11 de noviembre, unas tareas sobre las que la plataforma Stop Desahucios ya ha mantenido reuniones de trabajo con los sindicatos convocantes, con los que forma parte del comité de huelga.

Así, este jueves, los promotores de la acción señalan la huelga para “transformar la indignación en organización y la rabia en lucha colectiva”, reivindicando “viviendas para vivir, no para especular; salarios que permitan vivir dignamente; y servicios públicos para todas las personas”, teniendo en el pensamiento siempre el ejemplo de Maricarmen -la anciana de 87 años desahuciada de su vivienda por un fondo buitre y fallecida días después-.

“Para que nadie más tenga que sufrir un desahucio. Porque nuestras vidas valen más que sus negocios”, han señalado tras la reunión en la que se hace un llamamiento a la participación de los cordobeses en la huelga general.

Familias o personas solas en situación de vulnerabilidad social de Córdoba podrán acceder a las 16 viviendas protegidas que la Fundación Vimpyca -entidad sin ánimo de lucro ligada a la Iglesia-, ha construido en Santa Marina y que tendrán un alquiler social de 150 a 160 euros.

Bajo el nombre de 'Alojamientos protegidos Santa Marina' han sido inaugurados este miércoles en un acto oficial en el que se ha dado a conocer las características de estas 16 viviendas, distribuidas en alojamientos de una o dos habitaciones, alguno para personas con movilidad reducida y con zonas comunes como patios, sala de convivencia y lavandería, entre otros.

La Fundación Vimpyca ha sido la promotora de la construcción de este edificio a las espaldas de la iglesia de Santa Marina, en un solar cedido gratuitamente por el Ayuntamiento por un periodo de 50 años, y ha contado también con la subvención de la Junta de Andalucía para la edificación, además de la colaboración de entidades como la Obra Social de La Caixa para el equipamiento de las viviendas.

El proyecto de construcción de estos alojamientos tuvo que rehacerse al hallar restos arqueológicos, como una columna con una basa de época romana del siglo I. D.C. que habría pertenecido al pórtico de entrada a Córdoba por esa parte de la ciudad, además de otros restos de casas solariegas del siglo XIX, que han quedado conservados en un patio terrizo dentro de la edificación.

“El derecho fundamental a una vivienda para la dignidad humana”

En el acto oficial de inauguración de estas viviendas han estado presentes el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el obispo, Jesús Fernández, además de la delegada de Fomento de la Junta, Carmen Granados, y el presidente de la Fundación Vimpyca, Fernando Cruz-Conde. El obispo ha puesto estos alojamientos como ejemplo del “reconocimiento del derecho fundamental a una vivienda para la dignidad humana en un contexto como el actual”, en referencia a la crisis en el acceso a la vivienda que ha provocado manifestaciones y la convocatoria de una huelga general el 11N tras el desahucio de Maricarmen en Madrid.

Fernández ha dicho que estas viviendas son “una solución urgente para personas para las que el acceso a una vivienda sería muy difícil” y permiten con las zonas comunes, “la construcción de una vecindad de ayuda” mutua en un espacio en el que confía que sus inquilinos puedan desarrollar su vida personal y familiar.

Por su parte, Fernando Cruz-Conde ha expuesto que estos 16 alojamientos forman parte del desarrollo de viviendas que realiza Vimpyca y que suma unas 3.100 actualmente en Córdoba. Estas se distribuyen entre las 131 entregadas ya en este año, otras 256 que están en construcción y 2.692 que se encuentran gestión de trámites, de las 1.620 se ubicarán en las zonas de expansión urbanística O-2 y O-4 junto a los barrios de Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos.

“Viviendas para que personas que duermen en la calle tengan una mejor vida”

El presidente de Vimpyca ha destacado que los 16 alojamientos de Santa Marina van destinados a personas vulnerables, muchas de ellas que “duermen en la calle” y tendrán aquí una oportunidad para “tener una mejor vida”, como “un escalón para ir progresando” revertir la situación de vulnerabilidad.

La gestión de estas viviendas correrá a cargo de Cáritas, que seleccionará a las personas que se alojarán en ellas entre quienes, estando en situación de vulnerabilidad o riesgo de caer en ella, acuden a esta entidad en busca de ayuda. Técnicos y voluntarios de Cáritas evaluarán la situación de cada persona, para ofrecerles la posibilidad de acceder a una de estas viviendas, según ha explicado el director de Cáritas en Córdoba, Darío Reina.

Además, estas personas tendrán un acompañamiento por parte de Cáritas para su inserción laboral y otro tipo de ayudas que puedan hacer que salgan de la situación de vulnerabilidad. Cáritas tiene ya seleccionadas y adjudicadas las viviendas a familias y personas solas con las que vienen trabajando desde hace tiempo, para que puedan vivir en estos alojamientos de alquiler social. Está previsto que puedan estar allí por un tiempo de unos dos años, para que puedan salir de la situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha aplaudido “el fin en sí mismo” de estos alojamientos, como es ayudar a personas en situación de vulnerabilidad gracias a la colaboración de instituciones públicas y privadas en este proyecto. Y ha destacado que, no obstante, más allá de esta solución habitacional de urgencia, “la aspiración es reducir la brecha de desigualdad y pobreza” en la sociedad cordobesa.

Desde la Junta, Carmen Granados también ha puesto en valor que estas viviendas contribuyan a “mejorar las condiciones de vida de quienes las habiten”, ofreciendo una solución a su situación para tener una vida digna en un entorno de especial valor como esta zona del casco histórico de Córdoba.

Con menos tensión que en la sesión de la mañana, el Pleno monográfico sobre vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba en la tarde de este jueves fue también intenso. La sesión se convocó a instancias de los concejales del PSOE y de Hacemos Córdoba, y se convirtió en un cruce de reproches y acusaciones. Los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba acusaron al gobierno local de no haber construido ni una vivienda pública ni de alquiler en estos ocho años de gobierno del PP. Los populares se defendieron asegurando que ni el PSOE ni IU hizo vivienda pública alguna durante su mandato entre 2015 y 2019. Y el PP y Vox coincidieron en acusar al gobierno de Pedro Sánchez de ser el culpable de la situación de la vivienda en España, de la crisis de precios y la vulnerabilidad de los inquilinos y propietarios.

El debate sirvió para reflejar dos visiones totalmente contrapuestas de cómo tiene que ser el mercado de la vivienda en España. Protegido y regulado, para el PP y Hacemos. O libre, sin trabas burocráticas y mucha más construcción para el PP y Vox. Finalmente se aprobó la enmienda a la totalidad que presentó el PP, gracias a la mayoría absoluta de sus concejales y a la abstención de Vox. Hacemos y el PSOE votaron en contra.

La primera intervención del Pleno corrió a cargo de Catalina Ortega, portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, que puso el foco en las familias que sufren dificultades para acceder a una vivienda o que viven bajo la amenaza de perderla. Ortega recordó que detrás de las cifras hay personas, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que viven con la angustia de recibir una notificación de desahucio.

“La vivienda no es un negocio, es un derecho”, defendió, antes de cuestionar el argumento de que la solución pasa exclusivamente por construir más casas. La portavoz recordó que España ya atravesó un boom inmobiliario en el que se construyeron numerosas viviendas sin que eso garantizara el acceso a un hogar digno para toda la población.

Ortega apuntó que Andalucía cuenta con más de medio millón de viviendas vacías y que en la provincia de Córdoba hay más de 50.000. A su juicio, el problema no se puede abordar sin afrontar la especulación inmobiliaria y el uso de la vivienda como activo de inversión, una práctica que, según denunció, acaba expulsando del mercado a quienes no pueden asumir los precios.

Por ello, reclamó que el Ayuntamiento impulse más vivienda pública en alquiler, mejore las condiciones de las viviendas destinadas al alquiler social y desarrolle políticas que permitan movilizar las casas vacías hacia el alquiler asequible.

La portavoz de Stop Desahucios también dirigió sus críticas a la Oficina Municipal de la Vivienda, que, según afirmó, se encuentra desactivada y carece de presupuesto y personal suficientes para desarrollar una actuación efectiva. Ortega exigió que este servicio intervenga antes de que se produzcan los desahucios, para evitar que las familias lleguen a perder su hogar sin recibir una respuesta de las administraciones.

Entre sus demandas figuraron la puesta en marcha de un plan municipal de emergencia habitacional, el incremento del parque público de alquiler asequible, un programa eficaz para movilizar viviendas vacías y la publicación de datos transparentes sobre la situación de la vivienda en Córdoba.

“Ninguna familia debería acabar en la calle porque las administraciones no han podido acudir a tiempo”, advirtió. Ortega cerró su intervención con un mensaje dirigido al Ayuntamiento: dentro de un año, dijo, no quieren volver a escuchar promesas sobre miles de viviendas que se construirán en el futuro, sino comprobar qué soluciones se han puesto en marcha para quienes necesitan una casa ahora.

Hacemos Córdoba acusa al PP de desactivar la Oficina de la Vivienda

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, recogió buena parte de las reivindicaciones de Stop Desahucios y centró sus críticas en la gestión del gobierno municipal. El concejal reivindicó el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y reprochó al PP que no defienda ese principio desde las instituciones.

Hidalgo sostuvo que el debate extraordinario se había convocado junto al PSOE precisamente porque, a su juicio, el gobierno municipal evita abordar la vivienda como un derecho y como una responsabilidad de las administraciones públicas. “El PP no quiere hablar de lo público ni de derechos”, resumió.

El edil denunció que la Oficina de la Vivienda lleva siete años desactivada y consideró que podría desempeñar un papel relevante frente a los fondos de inversión que, según su diagnóstico, están expulsando a familias de sus hogares. También vinculó el problema del acceso a la vivienda con la proliferación de apartamentos turísticos y acusó al gobierno municipal de favorecer la conversión de la ciudad en un negocio inmobiliario.

En este punto, afirmó que se habían concedido más de 200 licencias para apartamentos turísticos en los nueve meses anteriores. Asimismo, cifró en un 32% el incremento de los desahucios respecto al año pasado y aseguró que se habían producido más de 70 en la ciudad durante el año, sin que el Ayuntamiento hubiera ofrecido una respuesta suficiente. Hidalgo citó expresamente a Loli y Maricarmen como ejemplos de personas a las que, según denunció, el Consistorio no está defendiendo ante sus problemas de vivienda.

El concejal de Hacemos Córdoba amplió sus críticas a la política autonómica del PP y a la gestión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que acusó de no atender adecuadamente a sus inquilinos. También censuró la gestión de Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda, al considerar que ha dejado de cumplir el papel que debería desempeñar en la promoción de vivienda asequible.

Vox responsabiliza al Gobierno central y reclama más construcción

La portavoz de Vox, Marta León, cuestionó que PSOE y Hacemos Córdoba plantearan el debate y acusó a la izquierda de ser responsable de buena parte de los problemas que denuncia. Su intervención se centró en las dificultades de los propietarios, la reducción de la oferta de alquiler y la necesidad de agilizar la construcción.

León defendió que el problema afecta tanto a los jóvenes que no pueden encontrar una vivienda a un precio asumible como a los propietarios que han trabajado durante décadas para adquirir una casa. En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a estos últimos en sospechosos y no ha ofrecido soluciones después de años en el poder.

La concejala aseguró que, entre 2020 y 2025, la oferta de viviendas en alquiler había caído un 53%, mientras los precios seguían aumentando. A su juicio, la reducción de la oferta y el encarecimiento de los alquileres constituyen una realidad que sufren los vecinos de Córdoba.

Frente a las propuestas de la izquierda, León reclamó facilitar la construcción de nuevas viviendas, agilizar las licencias y revisar las trabas administrativas que, según sostuvo, pueden mantener una promoción paralizada durante años. También defendió una mayor seguridad jurídica y el impulso de vivienda protegida para quienes realmente la necesitan.

La edil de Vox acusó al PSOE de ofrecer “propaganda y anuncios” en lugar de soluciones y rechazó que se responsabilice a los propietarios de las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, durante la réplica reconoció que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tienen responsabilidades en esta materia.

El PSOE denuncia que la Junta no ha construido vivienda social en Córdoba

El concejal socialista José Antonio Romero rechazó los argumentos del PP y Vox y defendió que la vivienda debe abordarse desde las obligaciones que establece el marco constitucional. En su intervención, recordó el artículo 47 de la Constitución y el reparto de competencias entre administraciones, con especial atención a las atribuciones de las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Romero citó el artículo 148.1 de la Constitución y el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía para subrayar la responsabilidad de la Junta en la ordenación del territorio, el urbanismo y la promoción pública de viviendas.

A partir de ese marco, preguntó al Gobierno andaluz cuántas viviendas sociales había construido durante los ocho años de mandato del PP. Su respuesta fue tajante: según afirmó, en Córdoba no se había construido ninguna vivienda social ni de protección pública durante ese periodo.

El edil socialista también denunció un incremento del 40% en el precio máximo por metro cuadrado de la vivienda protegida en Andalucía y cuestionó el destino previsto para el inmueble de Manríquez 2, que, según señaló, se utilizará como hotel en lugar de destinarse a un uso público.

Romero preguntó además qué había hecho la Junta con los 1.600 millones de euros que, según indicó, habían llegado del Gobierno de España para políticas de vivienda y cuánto se había invertido en Córdoba en la construcción de casas sociales o públicas.

El concejal también criticó la gestión del bono de alquiler joven, cuya tramitación por parte de la Junta, aseguró, había permanecido paralizada durante meses pese a contar con financiación estatal.

Las críticas socialistas se dirigieron igualmente al alcalde, José María Bellido, y a Vimcorsa. Romero sostuvo que el Ayuntamiento tampoco había construido vivienda pública durante el mandato del actual gobierno municipal y puso en cuestión que los anuncios realizados por los populares se hayan traducido en promociones terminadas.

Torrico defiende la gestión municipal y acusa a la izquierda de dejar cero proyectos

El presidente de Vimcorsa y concejal del PP, Miguel Ángel Torrico, respondió a las críticas apelando a la necesidad de abordar el problema con “responsabilidad y empatía”, además de con rigor y datos. El edil popular rechazó que Córdoba pueda analizarse de manera aislada del contexto nacional y responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez y a las fuerzas de izquierda de la crisis de vivienda.

Torrico afirmó que el encarecimiento de la vivienda en Córdoba había sido del 27% en los últimos cuatro años y destacó que la ciudad se encontraba entre las capitales españolas donde menos había subido el precio, al situarla en el puesto 46 de un total de 50. Sostuvo que los precios habían aumentado en todas las capitales, con independencia del partido que gobernara.

El concejal también reprochó al anterior gobierno municipal de PSOE e IU que, entre 2015 y 2019, retirara suelo residencial y no pusiera en marcha ningún proyecto de vivienda pública. Según su versión, aquel mandato terminó sin promociones municipales de este tipo.

En relación con el mercado del alquiler, Torrico aseguró que la oferta había caído un 15% en Córdoba tras los decretos impulsados en esta materia y defendió que la solución pasa por incrementar el número de viviendas disponibles mediante la construcción.

Frente a las acusaciones de Stop Desahucios sobre la Oficina Municipal de la Vivienda, el edil popular sostuvo que el servicio existe y trabaja en coordinación con los servicios sociales. Según los datos que aportó, se habían realizado 389 actuaciones para evitar desahucios y 124 familias habían sido propuestas para recibir una solución habitacional.

Torrico añadió que el Ayuntamiento había concedido 3.496 ayudas al alquiler y que el PP había destinado 9,6 millones de euros a estas políticas, con 1,5 millones adicionales previstos para 2026. En su comparación con el anterior gobierno municipal, afirmó que el Ejecutivo de Isabel Ambrosio había destinado 1,2 millones.

El concejal defendió que la construcción de nuevas viviendas es la principal vía para responder a la demanda y rechazó que el gobierno municipal haya permanecido inactivo en materia residencial.

El PSOE cifra en más de 8.000 los demandantes de vivienda asequible

En el turno de réplica, Romero insistió en que el PP debía demostrar con resultados sus anuncios de nuevas promociones. Preguntó cuántas viviendas había construido Vimcorsa durante el actual mandato y respondió que ninguna.

El socialista recordó que en el consejo de administración de la empresa municipal se había planteado la construcción de 60 viviendas en el Campo de la Verdad y San Rafael de la Albaida, en su mayoría en régimen general y con precios máximos regulados. Sin embargo, denunció que esas promociones no se habían materializado.

Romero también cuestionó que los presupuestos municipales incluyeran recursos suficientes para cumplir los compromisos anunciados por el gobierno local. A su juicio, las promesas de construir 2.000 viviendas en alquiler por 300 euros al mes y en venta por 90.000 euros tampoco se habían traducido en resultados.

Para ilustrar la dimensión de la demanda, el concejal aportó las cifras de 4.048 solicitantes de vivienda en alquiler y 4.074 interesados en comprar una vivienda asequible. En total, más de 8.000 demandantes a los que, según denunció, el Ayuntamiento no había ofrecido una solución.

El socialista reprochó al alcalde que no estuviera respondiendo a las dificultades de los cordobeses para llegar a final de mes y vinculó esa situación con las subidas de las tarifas municipales del agua y la basura.

También contrapuso la política andaluza de vivienda protegida con la aplicada en Dos Hermanas, donde, aseguró, el PSOE había rebajado un 12% el precio máximo de este tipo de viviendas, frente al incremento del 40% que atribuyó a la Junta de Andalucía.

Hacemos Córdoba acusa al PP de convertir Vimcorsa en una inmobiliaria

La réplica de Juan Hidalgo volvió a poner el foco en las competencias autonómicas y municipales. El portavoz de Hacemos Córdoba reprochó a Vox su planteamiento sobre el reparto de responsabilidades y sostuvo que la vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas.

Hidalgo acusó a la derecha y a la ultraderecha de no querer defender la vivienda como un derecho y dirigió sus críticas tanto a AVRA como a Vimcorsa. Sobre la primera, aseguró que se había convertido en “el peor casero de Andalucía”, por el estado de las viviendas y la atención a sus inquilinos. En cuanto a la empresa municipal, consideró que había abandonado su función de promoción pública para comportarse como una inmobiliaria más.

El concejal popular Torrico había señalado que el anterior gobierno de PSOE e IU no dejó proyectos preparados para su desarrollo. Hidalgo rechazó esa versión y recordó que las 308 viviendas de Huerta de Santa Isabel se iniciaron en 2015, mientras que el proyecto de las viviendas de Sama Naharro databa de 2017.

Con estos ejemplos, el edil de Hacemos Córdoba cuestionó que el PP pudiera atribuir la falta de promociones a la ausencia de trabajo previo y reiteró que, a su juicio, el gobierno municipal no había impulsado nuevas viviendas públicas suficientes.

El PP anuncia 784 alojamientos para jóvenes y defiende las promociones previstas

En su última intervención, Torrico volvió a cargar contra la gestión de los anteriores gobiernos municipales y aseguró que durante el mandato de PSOE e IU se registraron 249 desahucios, frente a una cifra que, según afirmó, se ha reducido un 90% con el actual gobierno.

El concejal popular negó que el anterior Ejecutivo hubiera dejado preparadas las promociones que ahora se están desarrollando y citó distintas actuaciones, entre ellas las de San Jerónimo, con 104 viviendas en una primera fase y 103 en una segunda, además de Sama Naharro y los alojamientos para mayores de Don Rodrigo.

Torrico anunció asimismo que el lunes 26 de octubre se llevaría a la Junta de Gobierno Local una encomienda de gestión para licitar 784 alojamientos para jóvenes en Córdoba. La actuación, según explicó, forma parte de los proyectos con los que el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta residencial.

El edil también comparó los compromisos de construcción del Gobierno central con los del Ayuntamiento y afirmó que Pedro Sánchez había anunciado la construcción de 183.000 viviendas sin haber levantado ninguna. En el ámbito local, aseguró que el Consistorio pondrá en carga dos millones de metros cuadrados de suelo y citó los 200.000 metros cuadrados previstos en el sector O-4 de Córdoba.

Mientras Torrico intervenía, los activistas de Stop Desahucios abandonaron el salón de plenos entre acusaciones de que el concejal estaba diciendo “mentiras”. La salida de los representantes de la plataforma evidenció el malestar de quienes habían reclamado al comienzo de la sesión una respuesta inmediata a las familias que atraviesan una situación de emergencia habitacional.

En la última réplica, Romero calificó de “demagogia barata” las afirmaciones del concejal popular y volvió a poner el acento en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. “El precio de la vivienda sube dos veces más rápido que los sueldos”, sostuvo.

El PP saca adelante su enmienda con la abstención de Vox

El debate concluyó con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y el PP. La propuesta de Vox contó con el apoyo de la propia formación, pero fue rechazada por los votos contrarios de Hacemos Córdoba y el PSOE y la abstención del PP.

A continuación, el Pleno aprobó la enmienda a la totalidad presentada por los populares. La mayoría absoluta del PP permitió sacar adelante el texto, con la abstención de Vox y los votos en contra de los dos grupos de izquierda.

El resultado cerró una sesión marcada por las diferencias sobre el papel de las administraciones, la regulación del mercado inmobiliario y la eficacia de las políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda asequible.

Mientras PSOE y Hacemos Córdoba reclamaron más promoción pública y acusaron al Ayuntamiento de no haber construido vivienda social durante los ocho años de gobierno popular, el PP defendió las ayudas municipales, las actuaciones realizadas para evitar desahucios y los proyectos previstos. Vox coincidió con los populares en atribuir al Gobierno central buena parte de la responsabilidad por el encarecimiento de la vivienda, aunque defendió que también deben actuar la Junta y el Ayuntamiento.

La sesión dejó así sin resolver el principal desacuerdo político: si la respuesta a la crisis residencial debe pasar prioritariamente por ampliar el parque público y regular el mercado o por aumentar la oferta mediante nuevas construcciones, agilizar los trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.

La Fundación Vímpyca, vinculada a la Iglesia Católica, ha presentado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba un estudio de detalle para reordenar la volumetría y las alturas de una parcela de su propiedad en Huerta de Santa Isabel Oeste. Esta iniciativa permitirá aprovechar el marco legal establecido por el reciente Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, incrementando en 63 las viviendas de protección oficial (VPO) proyectadas en el suelo, hasta alcanzar un total de 382 inmuebles.

El planeamiento previo fijaba para esta gran parcela de 13.387,60 metros cuadrados un tope de 319 viviendas y una edificabilidad máxima de 32.866,56. Sin embargo, la aplicación del Decreto-ley 1/2025 de la Junta de Andalucía autoriza un incremento del 20% en la densidad residencial y un 10% en el techo edificable para parcelas no edificadas destinadas a vivienda protegida. Con esta actualización, la edificabilidad máxima permitida en la finca pasa a ser de 36.153,22 metros cuadrado techo, capacitando a la promotora para aumentar la oferta de pisos protegidos en el sector.

Para materializar el aumento de edificabilidad sin sobrepasar la ocupación máxima del suelo (fijada en el 40% sobre rasante) ni mermar la calidad de los espacios libres del conjunto, el estudio rediseñado por los arquitectos Rafael Castelló Pérez y Soledad García Domenech plantea adaptar los parámetros de altura.

La propuesta amplía la altura regulada, pasando de la previsión original de planta baja más seis plantas (22,50 metros) a una configuración idéntica más un ático. Según justifica el equipo técnico, el cómputo de las terrazas voladas (que computan al 100% en ocupación y al 50% en edificabilidad) habría generado una asimetría volumétrica si se intentaba agotar el nuevo techo en solo siete plantas, lo que habría obligado a sacrificar equipamientos comunitarios en planta baja o la amplitud de las terrazas.

El proyecto incorpora severas condiciones de diseño para garantizar que la nueva planta ático se integre armónicamente en el entorno y no proyecte sombras perjudiciales hacia los viales o parcelas colindantes: Las plantas áticos deberán retranquearse al menos 5 metros respecto a las fachadas que dan a la calle; el ático no podrá ocupar más del 50% de la superficie de la planta inmediatamente inferior y se resolverá mediante piezas discontinuas; se prohíbe taxativamente construir cualquier elemento por encima de los 25,60 metros de altura máxima, lo que impide incluso la colocación de casetones o castilletes para escaleras y ascensores sobre la planta ático.

El delegado de Urbanismo y Vivienda, Miguel Ángel Torrico, ha valorado como “muy positivos” los últimos datos sobre el precio de la vivienda y del alquiler actualizados esta semana por el portal especializado Idealista y correspondientes al mes de septiembre, así como el crecimiento de las compraventas en la ciudad, según la estadística hecha pública el pasado 1 de octubre por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, correspondientes al segundo trimestre de 2026, último periodo disponible en la estadística ministerial.

“Los datos que hemos conocido esta semana ponen de manifiesto que Córdoba sigue resistiendo mejor la crisis de la vivienda”, ha indicado Torrico que ha destacado que esta contención en los precios “se basa en la apuesta por políticas para liberar suelo, garantizar la existencia de oferta e impulsarla gracias a ventajas fiscales impulsadas desde hace años por este Gobierno Local”, según ha precisado el Consistorio cordobés en una nota.

Acerca de los datos del portal inmobiliario Idealista, el precio anunciado de venta en Córdoba se sitúa en 1.850 euros por metro cuadrado, frente a los 2.952 euros de Andalucía y los 2.930 euros de España. Esto supone un nivel un 37,3% inferior a la media andaluza y un 36,9% inferior a la nacional. Durante septiembre, la variación publicada por Idealista para Córdoba fue del cero por ciento frente a incrementos del 0,5% en Andalucía y del 0,2% en España.

La contención a la que alude el delegado de Urbanismo y Vivienda también se aprecia en la evolución trimestral. En concreto, el precio en Córdoba disminuye un 0,1% respecto a junio, mientras aumenta un 1,7% en Andalucía y un 0,5% en España. En la comparación interanual, el crecimiento cordobés es 1,5 puntos inferior al nacional, un 10,3% frente al 11,8%. Además, el ritmo anual de encarecimiento se modera respecto al 11,0% registrado en agosto.

Según los datos publicados en Idealista, el mercado del alquiler en Córdoba también presenta un buen comportamiento, puesto que mantiene un precio de 9,6 euros por metro cuadrado al mes, frente a los 14,1 euros de Andalucía y los 15,1 euros de España. El alquiler anunciado en la capital resulta así un 31,9% inferior a la media autonómica y un 36,4% inferior a la nacional. En este sentido, la evolución mensual del alquiler muestra también una mayor moderación que en Andalucía, un 0,1% en Córdoba frente al 0,3% autonómico. En términos interanuales, el crecimiento cordobés es del 5,2%, por debajo del 5,6% nacional.

Junto estos datos, esta semana también se han conocido los datos sobre la compraventa de viviendas que ofrece el Ministerio y que corresponden al segundo trimestre de 2026. Según la estadística del Ministerio, Córdoba registra 1.520 operaciones entre abril y junio de 2026, frente a las 1.398 del mismo trimestre de 2025, 122 compraventas más y un crecimiento interanual del 8,7%. Este avance contrasta con las caídas del 4,1% en Andalucía y del 7,1% en España.

Acerca de estos datos, Torrico ha destacado que estos datos avalan el trabajo desarrollado por el Gobierno Local y demuestran que “en materia de vivienda hace falta menos ruido y más trabajo serio para responder a la que, sin duda, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”.

Torrico ha destacado que los datos del Ministerio indican que vivienda nueva impulsa este crecimiento en Córdoba. Sus compraventas pasan de 94 a 250 operaciones, un incremento del 166%, muy superior al 33,1% de Andalucía y al 24,3% nacional. Así, Córdoba multiplica por más de dos y medio las operaciones de vivienda nueva respecto al mismo trimestre del año anterior.

Junto a esto, también aumenta la compraventa de vivienda protegida, que pasa de 26 a 46 operaciones, un 76,9% más, frente a los crecimientos del 8,1% en Andalucía y del 18,7% en España. Estas operaciones forman parte del total de compraventas e incluyen viviendas protegidas nuevas y usadas. En este sentido, Torrico ha indicado como muy positivo “el dinamismo de las compraventas, especialmente de vivienda nueva y el menor coste por metro cuadrado registrado en Córdoba respecto a las medias andaluza y nacional”.

Córdoba cuenta con 15.745 contratos de alquiler que podrían acogerse a la prórroga extraordinaria que pretende aprobar el Gobierno para los arrendamientos de vivienda habitual cuyo vencimiento se produzca antes del 31 de diciembre de 2028. La cifra, facilitada por la Delegación del Gobierno en Andalucía, sitúa a la provincia como la sexta de la comunidad con mayor número de contratos potencialmente afectados por una medida que entraría en vigor este jueves, 1 de octubre.

El volumen de contratos cordobeses supone aproximadamente el 6% de todos los que podrán acogerse a la medida en Andalucía, donde el Gobierno calcula que son 263.222. Por delante de Córdoba aparecen Málaga, con 74.050 contratos; Sevilla, con 54.866; Granada, con 40.069; Cádiz, con 35.757, y Almería, con 20.876. Por detrás quedan Huelva, con 11.359, y Jaén, con 10.500.

La estimación permite hacerse una idea del alcance territorial de la medida. Si se aplica la referencia de 2,5 personas por hogar utilizada por el Gobierno a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los 15.745 contratos cordobeses representarían alrededor de 39.400 personas potencialmente beneficiarias. Se trata, en todo caso, de una estimación: el número de hogares que finalmente utilicen la prórroga dependerá de que sus contratos cumplan las condiciones establecidas y de que los arrendatarios soliciten la extensión.

Una prórroga de hasta dos años

La medida afecta a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que se encuentren vigentes y cuyo periodo de prórroga obligatoria o tácita finalice antes del 31 de diciembre de 2028. La norma establece una prórroga extraordinaria por periodos anuales y hasta un máximo de dos años, durante los cuales se mantienen los términos y condiciones del contrato vigente.

Hay un matiz importante: la prórroga no se activa automáticamente sin intervención del inquilino. La persona arrendataria debe solicitarla y, para poder acogerse a ella, tiene que estar al corriente del pago del alquiler y haberlo estado durante los ocho meses anteriores. Si cumple las condiciones, el arrendador está obligado a aceptar la solicitud, salvo las excepciones previstas en la norma.

Esto significa que un contrato que estuviera llamado a terminar en 2026 podría prolongarse durante dos años adicionales y uno cuyo vencimiento se produzca en 2028 podría llegar, en función de las circunstancias y de la aplicación de la prórroga, hasta 2029 o 2030. El objetivo inmediato de la medida es evitar que los hogares afectados tengan que abandonar su vivienda al llegar el vencimiento y afrontar un nuevo contrato en las condiciones del mercado existente en ese momento.

Casi 1,9 millones de contratos en España

El alcance de la medida es nacional. Los cálculos manejados por el Gobierno sitúan en 1.895.676 los contratos de alquiler potencialmente prorrogables en España. De ellos, 751.166 tienen su vencimiento previsto en 2026, otros 809.899 en 2027 y 334.611 en 2028.

Es decir, más de ocho de cada diez contratos incluidos en la estimación concentran su vencimiento entre 2026 y 2027. La medida pretende actuar precisamente sobre ese volumen de contratos que, sin la modificación normativa, irían llegando a su fecha de finalización durante los próximos meses y años.

Andalucía, con 263.222 contratos, representa alrededor del 13,9% del total estatal calculado por el Gobierno. Dentro de la comunidad, Córdoba queda lejos de los volúmenes de Málaga y Sevilla, pero por delante de Huelva y Jaén. En términos absolutos, los 15.745 contratos de Córdoba representan aproximadamente uno de cada 17 contratos andaluces incluidos en la estimación.

El alquiler llega a la medida en un escenario de precios al alza

La prórroga llega además en un mercado en el que el alquiler ha experimentado un incremento significativo durante la última década. El análisis de elDiario.es a partir de los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda del Ministerio de Vivienda señala que el precio mediano del alquiler en España acumuló hasta 2024 una subida del 43% respecto a 2015. Los datos proceden de alquileres declarados en el IRPF y cruzados con la información catastral.

En Córdoba capital, el incremento acumulado es menor que la media nacional, pero también resulta significativo. Un análisis publicado por Cordópolis a partir de la misma fuente cifra en un 30,3% la subida media del alquiler en la ciudad y sus barriadas durante la última década, con un alquiler promedio de 557 euros mensuales en los datos correspondientes a 2024.

La evolución más reciente de los precios de oferta también refleja incrementos. Según los datos de idealista, en agosto de 2026 el alquiler en la provincia de Córdoba se situaba en 9 euros por metro cuadrado, un 4,4% más que un año antes. En la capital, el valor alcanzaba los 9,6 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 4,9%. Son datos de oferta del portal inmobiliario y, por tanto, no son directamente comparables con la estadística del Ministerio, que se basa en alquileres declarados y no en anuncios de viviendas disponibles.

Esta diferencia entre las fuentes es relevante. La estadística del Ministerio utilizada por elDiario.es recoge contratos declarados fiscalmente y permite observar la evolución de los alquileres existentes, mientras que los datos de portales como idealista reflejan los precios de las viviendas que salen al mercado. No miden exactamente lo mismo.

Córdoba, ante un doble escenario normativo

La prórroga extraordinaria forma parte de uno de los dos reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre. El segundo decreto introduce cambios de mayor alcance sobre la continuidad de los contratos de vivienda habitual.

El Real Decreto-ley 27/2026 modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para establecer un nuevo régimen de continuidad de los contratos una vez agotado el periodo mínimo de cinco años —o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica—. La nueva regulación contempla prórrogas sucesivas de la misma duración salvo que alguna de las partes comunique su voluntad de poner fin al contrato, con nuevos plazos de preaviso.

Ambas normas deben distinguirse. La prórroga extraordinaria de hasta dos años funciona como una medida transitoria para los contratos que vencen antes de 2029, mientras que el segundo decreto plantea una modificación más estructural del régimen de continuidad de los alquileres.

En el caso de Córdoba, por tanto, los 15.745 contratos calculados por el Gobierno constituyen el universo potencial de la primera medida. No significa que los 15.745 vayan a prorrogarse necesariamente: son contratos identificados como susceptibles de acogerse a la extensión extraordinaria. Además, el decreto debe ser ratificado por las Cortes este mismo viernes.

En las crisis económicas más recientes, la vivienda ha tenido un protagonismo especial. Entre 2008 y 2012, el estallido de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante sectores enteros y destruyó miles de empleos. Por eso, en provincias como Córdoba, con una enorme importancia del sector de la construcción, lo que ocurre en el mercado del ladrillo es siempre visto con mil ojos.

Julio ha sido el primer mes desde hace cuatro años en el que se han frenado las operaciones de compraventa de viviendas, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que publicó este viernes. No es un retroceso tan notable como el que se registra en Andalucía y en el resto de España, pero sí que es un primer síntoma de enfriamiento.

En concreto, en Córdoba se registraron 994 compraventas de viviendas durante el pasado mes de julio, siete menos que en el mismo mes de 2025. El descenso es, por tanto, del 0,7% interanual, muy lejos de las caídas del 5,5% en Andalucía y del 5,1% en el conjunto de España.

El dato tiene además una particularidad importante: aunque las operaciones bajan ligeramente respecto al excepcional julio de 2025, cuando se alcanzaron las 1.001 compraventas, el nivel de actividad continúa siendo extraordinariamente elevado. De hecho, julio de 2026 es el segundo mejor mes de julio de toda la serie histórica disponible, solo por detrás del registrado un año antes. En julio de 2007, en plena expansión previa al estallido de la burbuja, se contabilizaron 803 operaciones.

La comparación con los años inmediatamente anteriores permite observar con mayor claridad el cambio de tendencia. En julio de 2022 se realizaron 614 compraventas; en 2023 fueron 670; en 2024, 798; y en 2025 se alcanzó el máximo de 1.001. En cuatro años, por tanto, el mercado pasó de algo más de seiscientas operaciones mensuales a superar el millar.

Ahora, por primera vez desde 2022, la cifra deja de crecer en términos interanuales. El retroceso es pequeño, pero rompe una secuencia de tres años consecutivos de fuertes incrementos: +9,1% en julio de 2023, +19,1% en 2024 y +25,4% en 2025.

El acumulado del año todavía crece

El dato mensual, además, debe ponerse en contexto con lo ocurrido durante todo 2026. Y aquí la fotografía es bastante diferente. Entre enero y julio se han contabilizado 6.788 compraventas de viviendas en Córdoba, frente a las 6.386 del mismo periodo de 2025.

Eso supone un incremento del 6,3% interanual, con 402 operaciones más que hace un año. El mercado cordobés, por tanto, mantiene todavía un crecimiento significativo en el acumulado, pese al pequeño retroceso registrado en julio.

La distancia con los años anteriores es incluso mayor. Las 6.788 operaciones acumuladas hasta julio superan en un 24,5% las registradas en el mismo periodo de 2024 y en un 32,3% las de 2023. Si la comparación se realiza con 2021, el incremento alcanza el 53,8%.

Los datos muestran así una situación que todavía está lejos de parecerse a la que precedió a la anterior gran crisis inmobiliaria. Lo que aparece en julio es, por ahora, más una pérdida de velocidad después de varios años de fuerte crecimiento que un desplome de las operaciones.

El enfriamiento se concentra en la vivienda nueva

La evolución por tipos de vivienda ofrece, sin embargo, una señal más clara de dónde puede estar produciéndose ese cambio de tendencia. La vivienda nueva es la que registra el mayor retroceso. En julio se vendieron 181 viviendas de nueva construcción, frente a las 229 del mismo mes de 2025. Son 48 operaciones menos, lo que supone una caída del 21%.

El descenso no se limita al mes de julio. En los siete primeros meses del año se han vendido 1.293 viviendas nuevas, frente a las 1.383 del mismo periodo de 2025. La caída acumulada es del 6,5%.

La situación es distinta en la vivienda usada. En julio se realizaron 813 compraventas de segunda mano, frente a las 772 del mismo mes del año anterior. Son 41 operaciones más y un incremento del 5,3%.

De esta manera, la vivienda usada está compensando buena parte del retroceso de la obra nueva y explica que el resultado global de julio sea prácticamente plano.

El cambio también se aprecia en el peso que tiene cada segmento. En julio de 2025, las viviendas usadas representaban alrededor del 77% de todas las operaciones y las nuevas, el 23%. Un año después, la segunda mano concentra casi el 82% de las compraventas, mientras que la vivienda nueva se queda en poco más del 18%.

Córdoba resiste mejor que Andalucía y España

El comportamiento de la provincia también contrasta con el registrado en los ámbitos territorialmente superiores. En Andalucía, julio cerró con 12.239 compraventas de viviendas, un 5,5% menos que un año antes. Aun así, la comunidad registró su tercer mejor mes de julio de la serie histórica.

En el conjunto de España, las operaciones ascendieron a 61.417, un 5,1% menos interanual. La caída nacional fue especialmente visible en la vivienda usada, con un descenso del 6,1%, mientras que la vivienda nueva retrocedió un 1,4%.

Córdoba, con una caída del 0,7%, presenta por tanto una evolución menos negativa que Andalucía y España durante julio. La provincia, además, mantiene un crecimiento del 6,3% en el acumulado de los siete primeros meses, frente al retroceso acumulado registrado en el conjunto nacional.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado inicialmente este jueves la modificación de las normas reguladoras del Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida de Vimcorsa por el que se recupera el sorteo para la adjudicación de inmuebles y, asimismo, se cambian criterios para dicha adjudicación.

Las nuevas normas reguladoras sustituyen el actual método del baremo de méritos por el del sorteo por cupos, a través de un número aleatorio asignado al demandante. Diez días hábiles antes del sorteo se publicará la relación de participantes inscritos, el acto se hará con un fedatario público y después se publicará la lista completa en el orden resultante.

Además, se mantendrán criterios socioeconómicos pero no el de llevar más años inscrito como demandante de vivienda para tenerlo en cuenta en el orden de las personas que requieren una VPO.

Actualmente, Córdoba ha superado ya las 7.000 inscripciones como demandantes de vivienda protegida -ya sea de alquiler o compra-, según los últimos datos facilitados por Vimcorsa, muestra de la presión que existe sobre el acceso a la vivienda en la ciudad.

Tras la aprobación del Pleno, se abre un periodo de información pública, después del cual está prevista la aprobación ya definitiva de las nuevas normas. En la votación, la modificación del reglamento ha contado con el voto a favor del PP, PSOE y Vox y la abstención de Hacemos Córdoba.

Suelo para 600 futuras viviendas

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la asignación del uso de vivienda o alojamiento dotacional a suelos calificados como equipamiento comunitario público. Con esta acción, que ya había sido aprobada en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), el gobierno local prevé que se puedan construir unas 600 viviendas tipo apartamento para jóvenes en distintos barrios donde ya se planifica la edificación de inmuebles.

Según ha explicado el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, estas 600 viviendas se distribuirían en los barrios de Chinales -de 51 a 60-, Parque Azahara -de 110 a 138-, El Tablero -102-, Santuario -de 98 a 119-, Carlos III -de 74 a 89-, otras 65 en el Pretorio y casi 70 en Miraflores. Sobre estas proyecciones se tendrán que concretar los proyectos para saber el número exacto en cada una de las zonas.

Se trata de una iniciativa que contempla el Plan Vives, que prevé cambiar el uso de solares públicos sin edificar para que pase de equipamiento comunitario público a vivienda o alojamiento dotacional, en base a lo que permita la ley Lista autonómica.

“Alquilamos varias habitaciones en un piso totalmente reformado y realmente grande. El precio por habitación es de 500 euros con gastos incluidos”. Este anuncio de un piso para estudiantes en la avenida del Aeropuerto de Córdoba es una muestra de lo que los jóvenes que aún están buscando vivienda para compartir de cara al curso universitario se pueden encontrar en la capital cordobesa.

En un vistazo a las últimas ofertas que aún hay en páginas como Mil Anuncios o Idealista sobre pisos para compartir por estudiantes, la horquilla de precios se mueve desde los 175 euros hasta los que llegan cerca o igualan los 500 euros, aunque la medida suele estar en torno a los 250 o 300 euros, en distintos barrios de la ciudad.

Los precios de habitaciones por 500 euros, además del ejemplo citado al inicio, se encuentran en casas del casco histórico donde se arrienda la habitación con baño ya sea para estudiantes o profesionales trabajando. Y también se dan precios cercanos a esa cifra en casas de zonas como El Brillante, donde se ofrece el alojamiento con zonas privadas de uso exclusivo por el arrendatario.

Precios y barrios

Mientras, en barrios de la ciudad, la media de los precios de alquiler de pisos para estudiantes dejan las habitaciones en una horquilla de 200 a 300 euros en la mayoría de los casos consultados por este periódico. Por ejemplo, en la avenida de Barcelona se ofertan habitaciones en pisos para estudiantes por 220 o 300 euros, y en Ciudad Jardín también se encuentran por esos precios, en distintos anuncios de Mil Anuncios.

En la web inmobiliaria de Idealista los precios más baratos están sobre los 170 euros en La Viñuela o 190 euros junto a la estación de tren, mientras que en Levante se ofrecen por 250 euros, por 220 en la avenida de Barcelona, por 245 en Doce de Octubre, en Alfaros por 275 euros, en Vistalegre por 270 euros o hasta 400 euros en un piso de la avenida Medina Azahara, todos ellos en los últimos anuncios publicados de cara al inminente inicio de curso.

Los distintos anuncios señalan las características de las habitaciones y suben o bajan su precio en función de si es interior, del tipo de cama que tiene, de si cuenta con baño privado o debe ser compartido, entre otras cuestiones. Asimismo, la cercanía a facultades en la ciudad o bien a la estación de trenes para conectar con el Campus de Rabanales es otro de los factores que se exponen para sumar puntos positivos en los anuncios.

Y, como siempre, hay quien no renuncia a los anuncios más directos, en carteles de papel cerca de las facultades y en sus tablones de anuncios, o a través de redes sociales que utilizan los estudiantes como mensajes de WhastApp, 'tuits' o 'stories' para buscar piso.

La Diputación de Córdoba continúa avanzando en el desarrollo de un parque público de viviendas protegidas en régimen de alquiler mediante la incorporación de parcelas de suelo urbano cedidas por un total de nueve ayuntamientos de la provincia, “lo que permitirá poner en carga 35 nuevas viviendas”.

Así lo ha destacado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda, Marta Siles, y los alcaldes de esos nueve ayuntamientos, ha firmado la formalización de la escritura pública que sustenta dichas cesiones.

Salvador Fuentes ha detallado que “esta rúbrica es un paso necesario para que la Diputación continúe impulsando las nuevas promociones de vivienda protegida en los municipios firmantes”.

De este modo, ha subrayado que desde la Diputación colaboran con los ayuntamientos de la provincia “para poner suelo público a disposición de una política de vivienda orientada a ampliar la oferta de viviendas protegidas en régimen de alquiler en la provincia”.

“Esta firma supondrá la puesta en carga de tres viviendas en Aguilar de la Frontera, tres en Dos Torres, una en El Viso, tres en Fuente Carreteros, tres en Fuente Palmera, siete en Hornachuelos, cinco en Iznájar, cuatro en La Carlota y seis en Posadas”, según ha precisado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha recordado que “estas actuaciones se integran en el Programa de Inversiones para la Promoción de Viviendas Protegidas en Alquiler 2023-2026, iniciativa dotada con 5,5 millones de euros y que permitirá construir 46 viviendas en once localidades de la provincia”.

Fuentes ha hecho hincapié en la importancia de este tipo de acciones, “para seguir avanzando de nuestro objetivo de fijar la población a nuestro entorno más rural y facilitar el acceso a una vivienda asequible”.

Con esta firma, ha concluido, “reforzamos nuestra cooperación con nuestros pueblos, al mismo tiempo que avanzamos en una estrategia provincial para la creación de un parque de vivienda protegida que permita atender las necesidades residenciales que se nos plantean desde nuestros pueblos”.

La compraventa de viviendas en la provincia de Córdoba continúa acelerándose y aproximándose a los datos que había antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Según los datos publicados este viernes en el Instituto Nacional de Estadística (INE), el primer semestre de 2026 se ha cerrado con 5.794 operaciones, un 7,6% más que en el mismo periodo del año anterior y el mejor registro para los seis primeros meses del año desde 2007.

Aquel año se contabilizaron 6.038 transacciones entre enero y junio. Eran los tiempos previos a la caída de Lehmann Brothers, que tuvo lugar en septiembre de 2008, y la posterior crisis inmobiliaria. Los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman así que el mercado residencial cordobés mantiene una tendencia de crecimiento sostenido.

Las 5.794 compraventas formalizadas entre enero y junio suponen 409 operaciones más que en el primer semestre de 2025, cuando se registraron 5.385. El incremento consolida la recuperación del mercado inmobiliario y sitúa a la provincia en niveles que no se alcanzaban desde hace casi dos décadas.

La comparación con los años de la burbuja inmobiliaria refleja, sin embargo, que el máximo histórico todavía queda cerca. En el primer semestre de 2007 se formalizaron 6.038 compraventas de viviendas, apenas 244 más que en la actualidad, una diferencia del 4%. Desde entonces, ningún ejercicio había logrado acercarse tanto a aquel volumen de operaciones.

La evolución reciente también pone de manifiesto el dinamismo del mercado. Junio fue además el mes con mayor actividad del semestre, al contabilizar 1.141 compraventas, por delante de febrero (1.016) y marzo (981). En el lado contrario, abril fue el mes con menos operaciones, con 852 transmisiones por compraventa.

Las compraventas continúan siendo el principal motor del mercado inmobiliario cordobés. En el conjunto del semestre representaron el 63,5% de todas las transmisiones de viviendas inscritas en la provincia, una proporción superior a la del mismo periodo de 2025, cuando suponían el 60,5%. En total, entre enero y junio se registraron 9.118 transmisiones de viviendas por cualquier título de adquisición, incluidas herencias, donaciones, permutas y otros negocios jurídicos.

Es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía española, con un precio de la vivienda que no para de subir. De hecho, el mercado inmobiliario en Córdoba continúa al alza, aunque es verdad que a menor ritmo que en eotras zonas de país. Según el reciente informe de IMIE Mercados Locales de Tinsa correspondiente al segundo trimestre de 2026, el acceso a la vivienda en la capital cordobesa se ha encarecido, lo que obliga a los ciudadanos a disponer de una solvencia financiera cada vez mayor.

En la ciudad de Córdoba, el valor de la vivienda terminada -tanto nueva como usada- se ha situado en los 1.774 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento interanual del 8,5%. Solo en el último trimestre, los precios en la capital cordobesa han repuntado un 3,5%. De hecho, dicho informe destaca que esta ciudad es una de las que maás se nota la diferencia de precios, registrando valores medios que son más de un 50% superiores a los de la provincia.

Lo que necesita hipotecarse un ciudadano en Córdoba

Por otro lado, para un cordobés medio la compra de su vivienda se traduce en una hipoteca de unos 114.098 euros -este es el dato medio provincial-, lo que supone un pago de una cuota mensual de 547 euros. Si se aplica el criterio de que el esfuerzo financiero no debería superar el 30%-35% de los ingresos netos, un ciudadano de Córdoba necestiaría percibir un salario neto mensual que supere ampliamente los 1.700 euros para poder costear una vivienda sin comprometer su estabilidad económica.

A nivel provincial, el comportamiento del mercado es más moderado. El precio medio en la provincia de Córdoba alcanzó los 1.173 euros por metro cuadrado, con una subida anual del 6,8 %. Esta cifra sitúa a la provincia como una de las zonas con crecimientos más contenidos dentro de Andalucía, lejos de las fuertes tensiones que sufren Málaga (+14,9 %) o Granada (+15,0 %).

El esfuerzo teórico anual que realiza un hogar en la provincia de Córdoba para pagar el primer año de hipoteca se sitúa en el 24,7 % de su renta disponible. Aunque este dato parece alejado del “nivel crítico” del 45 % que ya sufren ciudades como Sevilla o Málaga, la realidad en la capital cordobesa es distinta, donde la tasa de esfuerzo es significativamente superior debido a la brecha de precios con la provincia.

Lejos aún de la burbuja inmobiliaria

Pese a las subidas actuales, el informe de Tinsa ha subrayado que los precios en Córdoba aún se encuentran lejos de los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007. En concreto, la capital todavía está un 22,5 % por debajo de aquellos récords históricos, mientras que la provincia mantiene una distancia negativa del 27,9 %. No obstante, desde los mínimos registrados tras la crisis financiera, el valor de los pisos en la ciudad ha recuperado ya un 39,1 %.

La coyuntura económica general no facilita el escenario. El informe ha señalado, además, que el incremento del coste hipotecario y la pérdida de poder adquisitivo por la inflación (que se mantiene por encima del 3 %) han derivado en una subida de los tipos de interés por parte del BCE. Este endurecimiento del crédito financiero afecta directamente a los compradores cordobeses, quienes ven cómo el acceso a la financiación se vuelve más estricto.

Está siendo un verano donde el turismo está repuntando, y la inflación, entre otras, ha hecho que la opción rural sea tomada en cuenta por lo españoles. La incertidumbre internacional y el encarecimiento de los precios han llevado a un fuerte aumento de la demanda de clientes nacionales, que crece un 30% respecto al mismo periodo del año anterior, según las previsiones de Ruralidays.com.Junto a ello, los principales mercados emisores internacionales también han repuntado o se mantienen este verano.

La ocupación media para el mes de agosto en Córdoba se elevará por encima del 85%, siete puntos más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone una de las subidas porcentuales más fuertes en Andalucía. Además, se trata del cuarto mejor dato a nivel provincial, sólo por detrás de Cádiz (al 90%), Málaga y Granada (empatadas al 87%). La media andaluza será del 86%, tres puntos más que en 2025. “Con las reservas de última hora, este mes de agosto podemos alcanzar cifras históricas para el turismo rural en la provincia”, afirma Félix Zea, cofundador de Ruralidays.

En la provincia de Córdoba, los pueblos con una mayor ocupación son Puente Genil, Hornachuelos, Priego de Córdoba e Iznájar. El precio medio de las reservas asciende a casi 48,3 euros por persona y noche, lo que supone un aumento cercano al 7% con respecto al año anterior. Así, la reserva tipo tiene un coste de 2.368 euros, con una ocupación media de casi seis personas y un periodo de estancia superior a las siete noches.

“Es cierto que las cifras son muy buenas, pero se nota que sigue habiendo bastante incertidumbre internacional, por eso muchos turistas han elegido destinos cercanos para sus vacaciones”, explica Félix Zea. En cuanto a la evolución de los precios, “una subida cercana al 7% en el mes con más demanda del año es moderada, y fuera del periodo de verano las tarifas se mantienen más o menos estables”.

Principales mercados

En cuanto al origen de la demanda, las nacionalidades que más casas rurales reservan en el mes de agosto están claramente lideradas por España, que supone un 28% del total. Le siguen, por este orden: Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos. En su mayoría han tenido crecimientos leves (del 3 al 5%), o bien se mantienen estables.

En cuanto a los mercados emergentes, los casos más llamativos son los de Dinamarca, Italia y Suecia, con aumentos por encima del 40%. En cambio, los países con un peor comportamiento en agosto con respecto al año anterior han sido Irlanda, Suiza y Estados Unidos, con descensos superiores al 15%.

Perfil del cliente

El perfil mayoritario del cliente que reserva en agosto es el de una familia con niños (72%); seguido de un grupo de varias familias (11%), parejas (9%) y grupos de amigos (7%), según las encuestas a los usuarios que lleva a cabo Ruralidays.

Las principales motivaciones para viajar a una casa rural en Andalucía son el descanso (83%); seguido del clima (45%), la posibilidad de visitar ciudades (30%), la cultura y las tradiciones (24%) y la playa (23%). Le siguen la buena relación calidad-precio (18%), la naturaleza (14%), la gastronomía (12%) y la seguridad (6%).

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene previsto aprobar la próxima semana el Plan de Reforma Interior SC 2-b, promovido por la empresa Pogacor, para la construcción de unas 140 viviendas junto a la avenida de las Ollerías de Córdoba.

La actuación se centra en una superficie de 6.871,23 metros cuadrados de suelo urbano, situada entre el eje estructurador de la Avenida de las Ollerías y la calle San Juan de la Cruz. El objetivo fundamental del documento, redactado por el equipo de Giménez Soldevilla Asociados S.L.P., es la renovación de este espacio donde actualmente coexisten edificaciones de tipo industrial con viviendas de tipologías obsoletas.

El plan propone sustituir estas estructuras por un desarrollo residencial moderno bajo la ordenanza de Manzana Cerrada (MC-1), similar a la del entorno circundante, facilitando así la puesta en servicio y mejora de esta porción de la ciudad.

Uno de los puntos clave del diseño es la volumetría de los nuevos edificios. La ordenación establece diferentes alturas para armonizar con el entorno y, especialmente, para lograr el “sellado” o tapado de las medianeras vistas presentes en los límites sur y este del ámbito. En las zonas de mayor porte (denominadas zonas 3 y 4), el proyecto permite alcanzar una altura de planta baja más seis (PB+6), mientras que otras áreas se limitan a tres o dos plantas.

Además, el plan garantiza la conectividad peatonal con la calle Bailén. Esta comunicación se resolverá mediante la creación de un pasaje en planta baja dentro del volumen edificatorio, lo que permitirá una integración total del nuevo sector con las calles colindantes de la zona consolidada.

Nuevos espacios verdes y viales

La reforma no solo contempla viviendas, sino una cesión de suelo para uso público. En total, se destinan 1.236 metros cuadrados a zonas verdes, concebidas como una extensión del Jardín del Santo Cristo. Estos espacios libres se han diseñado para dar continuidad espacial al parque ya existente al otro lado de la avenida de las Ollerías.

En cuanto a la infraestructura vial, el proyecto incluye el ensanchamiento de la Avenida de las Ollerías y la creación de nuevos viales interiores que sumarán 1.692 metros cuadrados. Estas mejoras buscan optimizar la accesibilidad y la articulación de toda la pieza urbana.

La propuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, fechada en julio de 2026, contempla una aprobación inicial que dará paso a un periodo de información pública de veinte días. Durante este proceso se solicitarán informes a diversos organismos, como la Consejería de Vivienda, Salud y empresas suministradoras como Emacsa y Endesa.

Cabe destacar que la actuación no requiere una Evaluación Ambiental Estratégica. El equipo redactor y la Administración han justificado que, al tratarse de una reforma en un área ya urbanizada de escasa entidad (menos de una hectárea) y sin presencia de flora o fauna de interés, no se prevén impactos significativos sobre el medio ambiente.

La compraventa de viviendas sigue encontrando respaldo en la financiación bancaria en la provincia de Córdoba. Lejos de dar síntomas de agotamiento, el mercado hipotecario mantiene una trayectoria ascendente y encadena otro mes de crecimiento, en contraste con el comportamiento registrado a nivel nacional, donde la firma de préstamos para la compra de vivienda ha puesto fin a casi dos años consecutivos de subidas.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en mayo de 2026 se constituyeron 630 hipotecas sobre viviendas en la provincia de Córdoba, frente a las 603 del mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento interanual del 4,5%. Además, respecto al mes de abril, cuando se firmaron 594 operaciones, el aumento alcanza el 6,1%, confirmando el buen momento que atraviesa el mercado residencial cordobés.

La evolución de los primeros cinco meses del año también dibuja un escenario claramente positivo. Entre enero y mayo se han formalizado 3.194 hipotecas, frente a las 2.824 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento acumulado del 13,1%. La media mensual se sitúa ya en 638,8 préstamos hipotecarios, es decir, muy por encima de las 600 operaciones mensuales, una cifra que confirma la recuperación del mercado inmobiliario provincial.

El dato de marzo, con 742 hipotecas, constituye además el mejor registro de lo que va de año, mientras que mayo consolida esa tendencia al alza y mantiene el nivel de actividad en cotas que no eran habituales hace apenas unos años.

Un mercado cada vez más sólido

La evolución de Córdoba refleja una recuperación sostenida desde 2024. Tras varios ejercicios marcados por el endurecimiento de las condiciones de financiación y la subida de los tipos de interés, el mercado ha recuperado dinamismo y encadena dos años con una actividad hipotecaria muy superior a la registrada durante la década anterior.

Los datos muestran que 2025 ya fue un ejercicio especialmente positivo y que 2026 no solo mantiene ese ritmo, sino que lo mejora. La provincia continúa muy lejos de los máximos alcanzados durante el boom inmobiliario previo a la crisis de 2008, cuando se llegaron a superar ampliamente las 1.500 hipotecas mensuales, pero sí consolida niveles que no se observaban de forma estable desde entonces.

Andalucía sigue creciendo

El comportamiento cordobés se enmarca en una evolución igualmente favorable del conjunto de Andalucía. Durante mayo se constituyeron 8.367 hipotecas sobre viviendas, un 6,7% más que un año antes, recuperando el crecimiento tras el leve retroceso del mes anterior. Respecto a abril, el incremento mensual fue del 12,2%.

El capital prestado para financiar estas operaciones ascendió a 1.276 millones de euros, un 14% más que en mayo de 2025, reflejando tanto el incremento del número de operaciones como el aumento del importe medio financiado.

Mientras Andalucía mantiene el crecimiento y Córdoba continúa mejorando sus cifras, el conjunto del país ofrece un escenario diferente. En España se firmaron en mayo 42.213 hipotecas sobre viviendas, un 0,1% menos que hace un año, rompiendo así una racha de 22 meses consecutivos de incrementos interanuales.

Pese a esa ligera caída, las condiciones de financiación siguen siendo relativamente favorables. El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas se situó en el 2,98%, ligeramente por encima del registrado en abril (2,9%), aunque continúa por debajo del 3% por decimosexto mes consecutivo. El plazo medio de los préstamos hipotecarios para vivienda permanece en 25 años.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha informado este jueves de que ha hecho llegar a los responsables municipales una propuesta “para aumentar este mismo año las ayudas que gestiona la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, a través de un convenio con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba”, además de otras medidas para proteger el derecho a una vivienda digna en el municipio, particularmente para un sector de la población más desprotegida y en especial el de los jóvenes.

Según ha señalado el CMC en una nota, “la pérdida del 'escudo social' que el Gobierno central tenía establecido hace aún más necesario este apoyo del Ayuntamiento para el acceso a viviendas de alquiler, cuyas ayudas municipales previstas para el 2026 están ya cubiertas a mitad del año”. Sin embargo, el consejo también propone otras iniciativas como el tomar medidas para un “mayor margen de rotación” en el más de un millar de viviendas en alquiler de Vimcorsa.

El objetivo es “evitar, entre otros efectos, que este recurso público quede casi como un bien hereditario en lugar de responder a las necesidades de un sector de la población que precisa con urgencia una solución habitacional”.

Capitulo aparte, el CMC reclama que “se negocie y consensúen los pormenores del plan Vives con los consejos de los distritos afectados por el fuerte impacto que tiene en las distintas zonas de la ciudad”. Esto incluiría los actuales proyectos de Vimcorsa en El Pretorio y en el barrio del Guadalquivir, que tienen la misma relevancia para sus correspondientes distritos a pesar de haber salido del Plan Vives y tener otro desarrollo por parte de la Administración local.

Por otro lado, el CMC plantea que el convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados para atender casos de ocupación ilegal de inmuebles “se extienda también a otros aspectos del problema de la vivienda mucho más frecuentes y acuciantes, como el de las familias desahuciadas, de las que sí consta que tienen una gran necesidad de apoyo municipal”.

“Esta atención al obligado a desalojar su vivienda supondría un importante respaldo por parte del Ayuntamiento, que ahora solo recibe el afectado, en unos duros momentos de particular indefensión y debilidad, por parte de colectivos ciudadanos, entre ellos Stop Desahucios”, han señalado.

Para el órgano de participación, el convenio con el Colegio de Abogados tendría “mayor eficacia si, como propone, también ayuda a familias desahuciadas, ya que es una realidad mucho mayor y preocupante en el tema de la vivienda que el de las ocupaciones”.

Casco histórico

El CMC también llama la atención sobre el caso particular del Casco Histórico, para el que propone “retomar iniciativas de recuperación de inmuebles para destinarlos a su alquiler”. Aunque el Consejo reconoce que estas acciones tienen una “dimensión limitada”, destaca que su efecto es “siempre muy positivo en el entorno por lo que supone de rejuvenecimiento de la población y reactivación de la vida social, así como para la propia conservación del parque inmobiliario del Casco”.

Según han remarcado, “así fue hace más de una década en el programa de casas-patio compradas, readaptadas y cedidas a sus antiguos inquilinos, o recientemente en la zona de Don Rodrigo, además de la que está desarrollando Vimpica en Santa Marina”, unas iniciativas que “deben multiplicarse y centrarse particularmente en los sectores más jóvenes de la población”, en opinión del CMC.

El panorama turístico en Córdoba ha experimentado un crecimiento notable en los últimos siete años, impulsando por el auge de las viviendas de uso turístico (VUT). Según datos analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network de Eurostat, las pernoctaciones en alojamientos de corta estancia contratados a través de plataformas como Airbnb, Booking o Expedia han pasado de las 643.311 registradas en 2018 a un volumen proyectado de 1.792.521 en 2025. Este incremento supone que la demanda en estos canales se ha triplicado en menos de una década.

Un crecimiento en Córdoba que sobresale especialmente cuando se compara con la media nacional. En el conjunto de España, las reservas en este tipo de plataformas se han duplicado en el mismo periodo, pasando de 94 millones en 2018 a los 189 millones de pernoctaciones previstos para el cierre de 2025. Mientras que el país muestra un crecimiento del 100%, la escalada cordobesa roza el 180%.

A nivel regional, Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma que lidera la tabla en toda Europa, con más de 50 millones de pernoctaciones anuales en viviendas turísticas. Dentro de esto, Córdoba ha logrado hacerse un hueco. Aunque haya provincias como Málaga que ha pasado a tener 26 millones de pernoctaciones en 2025 o Sevilla que ha tenido 7,3 millones, el ritmo de aceleración de córdoba demuestra que el turismo está captando una cuota cada vez mayor.

Como viene siendo habitual, este aumento ha sido gracias, en parte, al turismo extranjero. En 2018, las pernoctaciones de residentes fuera de España en VUT cordobesas apenas rozaban las 300.000; para 2025, esta cifra se ha disparado hasta alcanzar las 1.164.968 pernoctaciones. Por su parte, el turismo nacional también ha crecido con fuerza, duplicando sus cifras desde las 346.556 noches iniciales hasta superar las 804.000.

Por otro lado, y según ha informado elDiario.es, el alquiler vacacional en Córdoba se enmarca en un cambio estructural del sector en toda España. Mientras las reservas en plataformas digitales se han duplicado a nivel estatal desde 2018, las pernoctaciones en hoteles apenas han crecido un 8% en el mismo periodo. Además, el Banco de España ha advertido recientemente que el agua de la vivienda turística ejerce una presión directa sobre el mercado del alquiler residencial.

Tanto es así que en ciudades como Sevilla o Málaga, donde el fenómeno está más consolidado en el día a día de la sociedad, las VUT ya representan cuotas cercanas al 10% del mercado del alquiler un escenario que Córdoba empieza a vislumbrar.

Por otro lado, y a pesar de que la creación de registros únicos y los intentos de control municipal, las regulaciones llegan tarde frente al aumento de la demanda. Tanto es así que en zonas de Andalucía y en otros puntos del Mediterráneo existe un descontento social por la situación ha provocado protesta.

A nivel climático, Córdoba también se enfrenta a multitud de dudas. Mientras el norte de España está experimentando crecimientos de hasta el 260% al ser percibido como un “refugio climático” frente al calor extremo del sur, la provincia cordobesa ha logrado mantener su atractivo turístico a través de estas plataformas.