La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número dos de Córdoba ha declarado nulo el cambio de puesto de trabajo de un empleado de Hitachi Energy, “al que la empresa tendrá que indemnizar por una vulneración de derechos fundamentales, al haber modificado sustancialmente sus condiciones de trabajo”, según ha informado CCOO a través de una nota de prensa.

El trabajador, que viene prestando servicios en Hitachi Energy desde 2004, desempeñaba la función de verificador de juntas dentro de la sección de terminación, en turno de mañana y de lunes a viernes. Este puesto, con funciones de recepción, inspección y de fabricación, era ocupado solo por este trabajador al presentar una limitación física reconocida.

El empleado fue uno de los 76 sancionados por la empresa en diciembre de 2025 con 60 días de suspensión de empleo y sueldo, sanción que ha sido impugnada judicialmente y que se encuentra pendiente de juicio, según el comunicado de CCOO. Al hacerse efectivas las medidas cautelares dictadas por el juzgado sobre dicha sanción, el trabajador se incorporó a su puesto de trabajo, pero la empresa le informó verbalmente que, desde ese momento, pasaba a ocupar el puesto de montador dentro de la citada sección de terminación, puesto que tiene dificultades para desempeñar por sus limitaciones físicas.

Ahora, el juzgado afirma en la sentencia que “se entiende que existe una modificación sustancial que se evidencia ante las nuevas funciones dentro de la misma sección de terminación vinculada a las reclamaciones legítimas ejercidas por el trabajador y a su estado de salud” y que dicha modificación sustancial de las condiciones de trabajo es consecuencia del ejercicio del derecho de huelga por parte del trabajador. En concreto, el fallo judicial indica que el cambio de puesto “solo puede obedecer desde el sentido común a la represalia y a la vulneración del derecho a la salud en su vertiente de no discriminación e igualdad”.

Por todo ello, el juzgado estima la demanda interpuesta por el trabajador declarando nula la modificación sustancial de las condiciones de trabajo producidas y, en consecuencia, que se le reponga en sus anteriores condiciones de trabajo con todos los efectos que deriven en Derecho condenando a la demandada al abono de una indemnización al trabajador de 10.000 euros.

El 18 de diciembre de 2025, CCOO y la empresa llegaron a un acuerdo en el que se comprometían a abrir un proceso de negociación entre el 22 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 con al menos cuatro reuniones. Durante ese espacio de tiempo, según establecía el acuerdo, Hitachi suspendía la ejecución de las sanciones que había impuesto a 76 trabajadores que no debían incorporarse a sus puestos de trabajo por decisión de la empresa, que adujo “circunstancias organizativas y productivas”. Sin embargo, la empresa remitió un comunicado a los trabajadores afectados para indicarles que los días en los que no se estaba aplicando la sanción serían compensados con vacaciones, días de libre elección y horas a compensar, en total 11 días.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número cuatro de Córdoba entiende que los esos días no tienen que ser compensados. “La no incorporación efectiva de los trabajadores a sus puestos obedeció a una causa no imputable a la voluntad de estos sino a las necesidades de organización de la empresa lo que nos remite a lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto de los trabajadores a cuyo tenor si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador este conservará el derecho a su salario sin que pueda hacerse recompensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo”, indica el fallo del juzgado.

De esta forma, los trabajadores afectados podrán disfrutar de los días de vacaciones, días de libre elección y horas que les hayan sido denegados para compensar los días que no trabajaron por decisión de la empresa. 

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, se congratula de los últimos fallos judiciales, que “vienen a corroborar los abusos que Hitachi ha venido llevando a cabo desde que se convocó la huelga en noviembre de 2025, una huelga que, cabe recordar, sigue convocada, dada la falta de avance en las negociaciones sobre el convenio colectivo”. No obstante, el responsable sindical lamentó que “la empresa nos obligue a judicializar cada una de sus decisiones”.

Este miércoles se ha celebrado un Sercla por el calendario laboral del 2026, “al que no se ha personado la empresa, por lo que CCOO y USO tendrán que volver a los juzgados para reclamar su nulidad, ya que no ha sido válidamente acordado con la representación legal de las personas trabajadoras”. “Otro ejemplo más de la continua vulneración de derechos laborales que viene soportando la plantilla de Hitachi”, remarcó Jiménez, quien hace un llamamiento a la empresa para “reconducir su actitud y dejar de tomar decisiones que sabe que van a tener consecuencias judiciales y económicas”.

“Lo único que queremos es llegar a un acuerdo y que la paz social vuelva a la fábrica pero, desde luego, mientras se sigan vulnerando los derechos laborales de la plantilla CCOO seguirá defendiendo a los trabajadores y trabajadoras”, apostilló el responsable de Industria.

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba se ha concentrado este mediodía en dos turnos (antes de la entrada del turno de tarde y a la salida del turno de mañana, con 15 minutos de diferencia) para mostrar su respaldo a la compañera que la semana pasada sufrió una grave agresión verbal y amenazas por parte del que era chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica.

Cabe recordar que el personal de Hitachi estaba llamado a concentrarse el pasado viernes durante su tiempo para el bocadillo, pero la Dirección de la planta impidió a los trabajadores salir y, por ello, se volvió a convocar una concentración hoy, en el cambio de turnos, por expreso deseo del personal.

Durante la movilización, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva (CCOO), dio lectura a un manifiesto en el que se dejaba claro que “estamos aquí para mostrarle nuestro apoyo a la compañera tras la agresión sufrida el pasado miércoles. Queremos trasladarle públicamente nuestro respaldo, nuestro cariño y nuestro compromiso para que no se sienta sola ante unos hechos tan graves. Lo ocurrido no tiene cabida en ningún entorno de trabajo. La violencia, las amenazas o cualquier comportamiento agresivo son absolutamente incompatibles con los valores de respeto, convivencia y dignidad que deben regir las relaciones entre las personas”.

“Queremos dejar claro un mensaje firme y rotundo: No vamos a tolerar ninguna agresión de este tipo contra nadie de la fábrica de Córdoba, independientemente de su puesto, función o responsabilidad”, leyó García Leiva quien remarcó que “todas las personas tenemos derecho a desarrollar nuestro trabajo en un entorno seguro, libre de violencia y de cualquier forma de intimidación”.

Pero además, “este acto no es solo una muestra de apoyo a la compañera, es también una declaración colectiva de principios. La plantilla debe permanecer unida frente a cualquier conducta que atente ante la integridad física o moral de cualquier compañero o compañera”, dijo el responsable sindical.

La plantilla confía en que las medidas legales adoptadas permitan “garantizar la protección de las personas trabajadoras y evitar situaciones como esta para que no vuelvan a repetirse” y, en cualquier caso, “seguiremos defendiendo el respeto, la seguridad y la dignidad de todas las personas que formamos parte de este centro de trabajo”. 

Miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba se han concentrado hoy a las puertas de la fábrica para mostrar su repulsa a la agresión que el pasado miércoles sufrió una delegada de CCOO por parte del chófer del jefe de Recursos Humanos de la firma, un trabajador de la empresa de seguridad contratada por Hitachi.

El presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva (CCOO), señaló que “nos hemos concentrado para mostrar nuestro respaldo y nuestro apoyo a la compañera delegada que el miércoles sufrió una grave agresión verbal y amenazas por parte de un trabajador de la empresa de seguridad que ejercía como chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica”.

Precisamente, el jefe de Recursos Humanos ha impedido hoy que la plantilla de la fábrica se sumase a la concentración de repulsa y rechazo a cualquier tipo de violencia en su tiempo para el bocadillo, pero como “muchos compañeros nos han expresado su deseo de mostrar públicamente su apoyo a la compañera, que hay que recordar que tuvo de ser atendida por los servicios médicos de la empresa, primero, y luego en Urgencias, nos volveremos a concentrar el próximo lunes a la salida del turno de mañana, para que los trabajadores puedan expresar su repulsa a la agresión sufrida por la compañera”, explicó García Leiva.

Por su parte, el secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, recordó que “nunca habíamos vivido situaciones tan lamentables en esta fábrica, y no comprendemos la agresividad de esta persona contra una trabajadora con la que no tiene relación alguna. Esta situación viene generada por el clima de tensión que se ha venido generando por parte de la empresa y que ha desembocado, por desgracia, en una agresión que, de no haber intervenido varios compañeros allí presentes, así como hasta cuatro vigilantes de seguridad, podría haber sido mucho más grave de lo que fue”. 

A la concentración se sumó la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, así como el delegado de USO y un responsable de CTA, que no tiene representación en el comité de empresa.

La compañía Hitachi ha abierto una investigación interna sobre los hechos denunciados por una de sus trabajadoras cuando, este pasado jueves, fue agredida verbalmente presuntamente por un empleado de una subcontrata que trabajaba como chófer de un directivo.

Fuente de la empresa han confirmado a este periódico la apertura de la investigación interna, que se sirve del visionado de las imágenes de las cámaras de la empresa, y han precisado que el presunto autor de la agresión no es empleado de Hitachi sino de una subcontrata que hacía el servicio de chófer. Sobre ello, señalan que tras los hechos se procedió a expulsar del lugar al presunto autor de la agresión verbal y que se ha solicitado que este no trabaje más en el servicio que la subcontrata presta a Hitachi.

Asimismo, la empresa ha transmitido su “apoyo” a la trabajadora agredida, que tuvo que ser atendida por sanitarios dado el estado de ansiedad que le produjo lo ocurrido. El sindicato CCOO denunció los hechos, en los que el chófer “increpó” a la trabajadora -que es delegada sindical-, “y llegó a amenazarla con que tuviera cuidado en la calle”. Según ha informado el sindicato, “la agresividad mostrada por el chófer fue tal que dos vigilantes de seguridad tuvieron que retenerlo y sacarlo varias veces de las instalaciones al tiempo que otros cuatro trabajadores de la planta se interponían en defensa de la trabajadora”.

El sindicato denunció que “la agresividad fue tal que cuatro vigilantes de seguridad tuvieron que intervenir para contener al conductor del jefe de Recursos Humanos y expulsarlo varias veces del recinto mientras profería insultos y amenazas a la delegada”. Por ello, la trabajadora “requirió atención médica y medicación, ante el estado de ansiedad generado por la violencia verbal utilizada”. Posteriormente, se interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. que también investiga lo ocurrido.

Recabando información

Fuentes de Hitachi han confirmado que agentes de la Policía Nacional acudieron a la fábrica ante los hechos ocurridos y que también investigan lo sucedido. Mientras, la empresa ha enviado una comunicación interna al conjunto de la plantilla en la que explican que están “recabando informaciones sobre lo ocurrido con el fin de conocer todos los hechos con la debida diligencia. La empresa continuará atenta a cualquier situación que pueda afectar al adecuado desarrollo de la actividad y al bienestar de las personas en el entorno laboral”.

Asimismo, reitera su “compromiso con los valores que guían nuestra actividad, en particular la integridad, el respeto entre las personas y la creación de entornosde trabajo seguros y profesionales” y recuerda “la importancia de mantener en todo momento comportamientos acordes a estos principios, contribuyendo entre todos a un clima laboral basado en la confianza, la convivencia y el respeto mutuo”.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha condenado este jueves “la agresión sufrida ayer por una delegada del sindicato en Hitachi Energy, por parte del chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica”, lo cual, según ha precisado el sindicato, ocurrió “a mediodía de ayer, cuando el conductor, miembro del equipo” de una empresa de seguridad contratado por Hitachi, “increpó a la delegada y llegó a amenazarla con que tuviera cuidado en la calle”.

Según ha informado el sindicato en una nota, “la agresividad mostrada por el chófer fue tal que dos vigilantes de seguridad tuvieron que retenerlo y sacarlo varias veces de las instalaciones al tiempo que otros cuatro trabajadores de la planta se interponían en defensa de la trabajadora”.

El secretario general del Sindicato de Industria, Agustín Jiménez, presente en el altercado, ha relatado que “varios delegados del comité de empresa, entre ellos la trabajadora agredida y él mismo, estaban hablando sobre cuestiones de carácter sindical. La delegada se despidió de los compañeros para ir a por su almuerzo, momento en que el conductor se acercó a ella y le increpó porque consideraba que le había hecho un gesto feo, cuando ella en ningún momento se había dirigido al chófer, que llevaba un rato deambulando por los alrededores, haciendo como que hacía fotos y hablaba por teléfono”.

Jiménez ha afirmado que “la agresividad fue tal que cuatro vigilantes de seguridad tuvieron que intervenir para contener al conductor del jefe de Recursos Humanos y expulsarlo varias veces del recinto mientras profería insultos y amenazas a la delegada”.

La trabajadora “requirió atención médica y medicación, ante el estado de ansiedad generado por la violencia verbal utilizada” por el trabajador de la empresa de seguridad, y acompañada por otros delegados de CCOO, el propio Agustín Jiménez, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, “interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, que ya se había personado en la fábrica para levantar atestado”.

Agustín Jiménez ha lamentado que “el jefe de Recursos Humanos de Hitachi, Pedro Anguita, no se haya dirigido aún a la delegada para interesarse por su estado, y se haya limitado a echar balones fuera, diciendo que el presunto agresor no es trabajador de Hitachi y que se produjo una discusión, cuando lo que hubo fue una agresión”.

El comité de empresa de Hitachi Energy Córdoba, conformado por CCOO, UGT y USO, ha acordado este miércoles con la dirección de la empresa la creación de una comisión técnica que estudiará distintas cuestiones relacionadas con el convenio colectivo con el objetivo de presentar propuestas consensuadas a la comisión negociadora para tratar de poner fin al conflicto y alcanzar un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo.

Tras la suspensión de la huelga indefinida que se inició el pasado noviembre, los sindicatos y la representación de la empresa han mantenido varias reuniones en las que se ha puesto de manifiesto la necesidad de desescalar el conflicto y crear el clima propicio que permita retomar la negociación y el diálogo en un marco de respeto mutuo.

En este sentido, tanto la parte social como empresarial consideran que la creación de esta comisión técnica, que trasladará sus conclusiones a la comisión negociadora a mediados de junio, es una herramienta que puede acercar posturas y despejar el camino hacia la firma de un nuevo convenio colectivo. 

El Gobierno de la Nación ha aclarado al portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que, “en cuanto a la posibilidad de facilitar información sobre actuaciones inspectoras concretas en la empresa Hitachi Energy, debe subrayarse que, en relación con actuaciones en curso o ya finalizadas, rige el deber de sigilo”.

Así ha respondido el Gobierno de España, en respuesta escrita a la que ha accedido Europa Press, después que Santiago preguntase al Gobierno “¿qué mecanismos de seguimiento y control de la actividad inspectora se van a activar para garantizar que no se produzcan despidos como represalia por el ejercicio del derecho a huelga en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba?”, en el marco del conflicto laboral abierto respecto a la negociación del convenio colectivo, sobre el que aún no hay acuerdo, si bien ahora las jornadas de huelga están suspendidas.

Junto a ello, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados preguntó al Gobierno de la Nación si “se tiene previsto realizar una fiscalización específica sobre el pago de los salarios retroactivos que la justicia ha ordenado, tras las suspensiones cautelares de las sanciones” de empleo y sueldo que la empresa impuso a 76 trabajadores por “haber participado en una asamblea pacífica en la fábrica”.

Ante ello, el Ejecutivo central ha respondido que, respecto a facilitar información sobre las actuaciones que la Inspección de Trabajo haya llevado a cabo o esté realizando en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba “rige el deber de sigilo”, tal y como está “regulado en el artículo 10 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, que impone a los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social el deber de sigilo con un alcance muy amplio”.

Tanto es así, que dicho deber de sigilo se extiende, “tanto al origen de cualquier queja de la que tenga conocimiento sobre incumplimientos de las disposiciones legales, como a cualquier tipo de datos, informes o antecedentes de los que haya tenido conocimiento la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Por ello, “se considera que los datos solicitados, por afectar a una empresa en concreto, están comprendidos en el ámbito de reserva acotada por el artículo 10 de la Ley 23/2015, de 21 de julio y, por tanto, no se puede facilitar información al respecto”.

Junto a esto, según ha añadido el Gobierno de España en su respuesta a Enrique Santiago, “en el supuesto que nos ocupa, cabe indicar además que el ejercicio de acciones contra despidos se deben interponer ante la Jurisdicción Social, por ser el órgano competente para conocer sobre ellos”.

En cualquier caso, el Gobierno ha recordado “el derecho” que, por Ley, tiene “la persona trabajadora a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida”, de forma que, “en caso de incumplimiento que sea puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en caso de ser comprobado, dará lugar a la comisión de una infracción grave”, en base a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, señalando que, “en los casos de impagos y retrasos reiterados del salario debido, será una infracción muy grave” la cometida.

Por último, el Ejecutivo central ha señalado que, “sin perjuicio de lo indicado, en relación con la posible presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que conllevarían el inicio de las actuaciones de comprobación correspondientes, se debe indicar que la ya referida Ley 23/2015, de 21 de julio, establece que la Inspección actuará de oficio siempre, como consecuencia de orden superior, de orden de servicio derivada de planes o programas de inspección, también a petición razonada de otros órganos, o por propia iniciativa de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social”.

CCOO ha anunciado este martes que, “justo el mismo día en que UGT constituía la mesa electoral del colegio de oficinas de Hitachi Energy, un árbitro ha emitido un laudo que viene a reiterar la ilegalidad de las elecciones promovidas por UGT, después de que la Delegación de Empleo de la Junta en Córdoba rechazara registrar el acta de revocación de los miembros del comité de empresa, en representación del colegio de oficinas, rechazo a pesar del cual UGT insistió en convocar unas elecciones para renovar a los representantes de dicho colegio”.

Según ha recordado CCOO en una nota, este sindicato solicitó “la nulidad del preaviso de UGT, a la que se adhiere también USO, sobre la base de que no existe causa para convocar elecciones parciales, pues no consta vacante alguna en el órgano de presentación existente, dado que en medio de la negociación del convenio colectivo no puede revocarse a las personas representantes sindicales, lo que motivó el rechazo de la Delegación de Empleo a registrar la revocación”.

Así, en la comparecencia ante el árbitro, CCOO aportó el certificado actualizado de la Oficina Pública de Registros (OP) sobre la situación de los representantes en el órgano unitario y donde se hace constar que “todos los miembros del comité de empresa están con mandato vigente y que no consta ninguna revocación”.

A este respecto, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha afirmado, tras conocer el laudo arbitral, que “la resolución del árbitro viene a corroborar lo que venimos defendiendo, que los miembros del comité no pueden ser revocados porque estamos en plena negociación del convenio” y por eso, “pedimos a UGT que haga un ejercicio de responsabilidad y acate las resoluciones de la autoridad laboral y del arbitraje”, pidiendo CCOO también a la empresa “que se mantenga al margen de cuestiones que solo competen a la representación sindical, acatando que el actual comité de empresa sigue vigente y con todas sus funciones intactas”.

Comisiones Obreras (CCOO) ha aceptado firmar parcialmente el Plan de Igualdad de Hitachi Energy, que será de aplicación en todos los centros de la compañía japonesa en España -Córdoba, Vizcaya, Zaragoza, Barcelona y Madrid- si bien rechaza el veto de la empresa a dos miembros de la comisión negociadora, dos delegados de la planta de Córdoba que fueron vetados por la empresa, que entiende que han sido revocados.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha recordado que la revocación del colegio de oficinas de Hitachi Energy Córdoba no ha sido admitida a registro por la autoridad laboral, por lo que esta queda sin efecto y, por ello, entiende que estos dos delegados están plenamente legitimados para formar parte del proceso de firma del Plan de Igualdad.

CCOO ha reiterado ante la dirección de la empresa que su posicionamiento se centra exclusivamente en su propia actuación, evitando valorar las decisiones de otras organizaciones sindicales minoritarias. Asimismo, ha insistido en que la comisión negociadora debe mantener su composición original, advirtiendo de que cualquier modificación podría ser contraria a la legalidad vigente.

La organización sindical ha recordado que, según la normativa aplicable, únicamente una comisión válidamente constituida tiene capacidad para negociar y firmar un plan de igualdad. En este sentido, ha subrayado que anteriores intentos de deslegitimar a sus delegados fueron anulados por la administración, por lo que respetará la resolución emitida el pasado 17 de marzo de 2026, que rechaza la citada revocación.

Pese a las discrepancias, CCOO ha optado por una firma parcial, argumentando que no quiere ser responsable de los efectos negativos derivados de la ausencia de un Plan de Igualdad en la empresa. Esta decisión, han señalado, responde a la realidad de los distintos centros de trabajo en el conjunto del país.

No obstante, el sindicato ha decjado claro que esta firma no implica la aceptación de los cambios en la composición de la comisión ni limita sus futuras acciones legales, que podrán ejercerse para defender su participación y garantizar el cumplimiento de la legalidad.

El sindicato UGT FICA ha anunciado que recurrirá ante la jurisdicción social la decisión “arbitraria” de la Junta de Andalucía sobre la asamblea de revocación realizada por los trabajadores y trabajadoras en Hitachi Energy.

La administración laboral ha vuelto a dar la razón a CCOO tras el rechazo por parte de la Delegación territorial de Empleo de la Junta en Córdoba del registro del acta de revocación de los miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en representación del colegio de oficinas.

Ahora, el sindicato UGT, que impulsó esta revocación, ha denunciado “una injerencia administrativa contraria a la legalidad vigente, que vulnera la voluntad mayoritaria del 80 % la plantilla y quiebra el principio de seguridad jurídica al aplicar un criterio desigual respecto a precedentes análogos en la provincia de Córdoba”.

No obstante, la Junta lo que precisó es que no procede el registro del acta de revocación porque no puede revocarse a los miembros del comité de empresa “durante la tramitación de un convenio colectivo”, como es el caso.

A pesar de ello, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) de Córdoba ha anunciado que interpondrá un recurso ante la jurisdicción social frente a la resolución de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía por la que se inadmite a trámite la revocación del comité del colegio de Técnicos y Administrativos de Hitachi Energy.

Desde UGT FICA subrayan que dicha resolución constituye “una injerencia ilegítima de la administración en la autonomía colectiva, al arrogarse funciones que exceden sus competencias y que corresponden en exclusiva al ámbito jurisdiccional”. Según los ugetistas, la actuación administrativa no solo carece de la debida cobertura legal, sino que, además, “contraviene frontalmente la voluntad soberana de los trabajadores, expresada de forma inequívoca en asamblea válidamente convocada y constituida, que nunca ha sido cuestionada o recurrida por nadie”.

La pasada semana, en una asamblea convocada por los trabajadores de Hitachi para tal efecto, el 80% de las personas trabajadoras del colegio de Técnicos y Administrativos acordó la revocación de la totalidad de los miembros del comité en “un ejercicio legítimo del derecho de participación reconocido en la normativa laboral y amparado por el principio de libertad sindical, por lo que la negativa de la Junta a admitir dicha decisión supone, en la práctica, vaciar de contenido un mecanismo democrático esencial en la representación de los trabajadores”, señalan desde UGT FICA.

Los ugetistas critican que la Administración autonómica haya optado por intervenir activamente en este supuesto cuando, destacan, “en casos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba ha mantenido una posición de abstención y neutralidad, una aplicación selectiva y arbitraria del criterio administrativo que vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la norma (artículo 14 de la Constitución) y genera una evidente quiebra de la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), incompatible con los estándares exigibles a cualquier poder público”.

Proceso de elecciones sindicales abierto

Por otra parte, UGT FICA ha desmentido “las manifestaciones vertidas por otras organizaciones sindicales” y ha zanjado que “el preaviso electoral promovido por este sindicato, debidamente registrado ante la autoridad laboral competente, no ha sido objeto de impugnación alguna, por lo que mantiene plena validez y eficacia jurídica, y el proceso de elecciones sindicales se materializará el próximo 13 de abril del 2026 con la constitución de la mesa electoral”. Del mismo modo, ha aclarado que “el proceso electoral de renovación de la representación de los trabajadores continuará su curso conforme a derecho, sin perjuicio de lo que, en su caso, resuelva la jurisdicción social, único órgano competente para dirimir este tipo de controversias para otorgar validez a los procesos electorales”.

UGT FICA ha denunciado, además, “la existencia de una doble vara de medir intolerable, ya que en supuestos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba la propia Administración ha optado por no intervenir, una actuación selectiva que podría ser constitutiva de arbitrariedad descrita por el artículo 9.3 de la Constitución, quebrando la confianza legítima de los trabajadores en la actuación imparcial de los poderes públicos”.

Consecuencias y causas del conflicto abierto en Hitachi

Desde la federación ugetista han lanzado un mensaje de “nueva oportunidad para reconducir un conflicto que, hasta el momento, sólo se ha traducido en pérdidas para las personas trabajadoras, enquistamiento del problema y falta de solución real, suponiendo, además, la pérdida para Córdoba de cerca de 200 puestos de trabajo y más de 30 millones de inversión, por la forma en la que ha actuado CCOO en el conflicto”. Este sería, según fuentes del sindicato, una de las razones principales que llevaron a la plantilla a la revocación del comité de empresa con mayoría de este otro sindicato.

Los ugetistas denuncian, además, que CCOO habría planteado este conflicto para ocultar que no presentaron la correspondiente denuncia del convenio en su debido tiempo, por lo que el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) dio por prorrogado el convenio de Hitachi en Córdoba hasta diciembre de 2026.

Para UGT FICA esta situación “de bloqueo” en las negociaciones de los representantes de los trabajadores con la empresa ha supuesto “un duro golpe para el futuro de fábrica en Córdoba que los trabajadores han entendido que debe ser reconducida lo más inmediatamente posible, algo que también deberían de entender desde la Administración autonómica, para así poder paliar lo antes posible el golpe e intentar recuperar, mediante una negociación acorde y estratégicamente diseñada, tanto los derechos de las personas trabajadoras como la posición privilegiada que Hitachi Córdoba ha tenido a nivel mundial”. 

La administración laboral vuelve a dar la razón a CCOO tras el rechazo por parte de la Delegación territorial de Empleo de la Junta en Córdoba del registro del acta de revocación de los miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en representación del colegio de oficinas.

Tal y como ha comunicado CCOO en uan nota de prensa, un grupo de trabajadores -encabezados por los delegados de UGT- decidieron revocar a los delegados del colegio de oficinas (los que reprsentan a los trabajadores) y sometieron la revocación a votación a pesar de las advertencias por parte de los delegados de CCOO de que dicha revocación no podía llevarse a cabo porque se estaba negociando el convenio colectivo. Dado que solo fue a votar la mitad de los trabajadores adscritos al mencionado colegio, “curiosamente, la mayoría de ellos empleados que no están afectados por el convenio colectivo en conflicto”, la votación salió favorable a la revocación. No obstante, CCOO siguió manteniendo la ilegalidad de la misma.

Ahora, la Delegación de Empleo da la razón al sindicato e informa que no procede el registro del acta de revocación porque no puede revocarse a los miembros del comité de empresa “durante la tramitación de un convenio colectivo”. CCOO entiende que, al no admitirse la revocación de los delegados, tampoco cabe el preaviso electoral realizado por UGT que, no obstante, ha sido impugnado por CCOO.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba remarca, además, que el reconocimiento por parte de la Delegación de que se está negociando un convenio colectivo pone de manifiesto que “el convenio no se encuentra prorrogado, como mantiene la empresa y UGT, sino en ultraactividad en tanto se culmina la negociación”. CCOO recuerda que la revocación “ha tenido efectos muy graves”, ya que los delegados revocados (tanto de CCOO como de UGT) “no han podido ejercer sus funciones en la comisión negociadora del Plan de Igualdad porque la empresa consideraba que ya no estaban en funciones, cuando sí lo estaban”.

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, lamenta “tener que judicializar cada paso que da la empresa en contra de la plantilla, que sigue más unida que nunca en defensa de su convenio colectivo”. En este sentido, Jiménez explica que este lunes se remitió un escrito a la empresa, firmado por las tres organizaciones sindicales con representación en el comité -CCOO, UGT y USO- para reclamar a la empresa información sobre el Plan de Externalización Parcial (PEP) que presentó la firma japonesa el pasado día 2 de marzo sin abrir el correspondiente periodo formal de consulta y sin que se haya facilitado la documentación necesaria para un examen efectivo por parte de la representación legal de los trabajadores.

De hecho, los sindicatos están convocados a una reunión con la empresa el próximo día 26 en la que, además del convenio colectivo, se planteará también la mencionada externalización porque es materia de negociación dentro del convenio colectivo. Precisamente para llegar a dicha reunión en un clima de cordialidad, CCOO y USO han suspendido el calendario de movilizaciones previsto, empezando por la manifestación y el perol solidario que estaba previsto para el próximo sábado.

Un incendio registrado a primera hora de la mañana en un depósito de la fábrica de Hitachi en Córdoba ha requerido la intervención del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

El aviso se recibió a las 7:26 horas, tras detectarse fuego en uno de los depósitos de las instalaciones. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque central del SEIS, que actuaron para controlar y extinguir el incendio.

En el operativo participaron ocho bomberos, dos conductores y el sargento de guardia. Para la intervención se movilizaron un camión cisterna y un vehículo bomba urbana.

Los equipos de emergencia permanecieron trabajando en la zona hasta aproximadamente las 8:50 horas, momento en el que el incendio quedó controlado.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del fuego ni sobre posibles daños personales.

El inicio de 2026 para Córdoba capital y provincia está siendo muy duro para cientos de trabajadores. Liquidación de empresas, Expediente de Regulación de Empleo (ERE), juicios y huelgas han sido los protagonistas para siete empresas -que se ha dado a conocer de manera pública- en los primeros tres meses del año. El último en sumarse de nuevo en este sentido ha sido el Restaurante El Caballo rojo, quienes sus profesionales harán un parón en su labor cada sábado del mes de marzo y Semana Santa incluida.

Comisiones Obreras (CCOO) emitió un comunicado en la jornada del miércoles explicado que la plantilla de este restaurante irá a la huelga por los impagos de las nómicas de enero y febrero. 21 trabajadores de este establecimiento están llamados a una concentración el próximo sábado de 13:00 a 14:00. Una movilización que llega tras una serie de problemas que ya datan desde el pasado mes de diciembre. El personal anunció una huelga que después suspendió por el compromiso de la empresa a abonar las cantidades que adeudaba. Sin embargo, no cumplió con este acuerdo y volverán a esta manifestación.

El colapso de Oteros

Otro de los casos de Córdoba, pero que traspasa fronteras provinciales es el de Oteros. Lo que comenzó como un proyecto nacido en Lucena en 1993 y que llegó a contar con 80 tiendas en toda España, se encuentra hoy en una situación crítica. Tras un concurso de acreedores en 2022 del que parecía haber salido, la empresa comunicó el cierre de todas sus tiendas en diciembre. Ahí parte de sus empleados continúan en un limbo legal.

Actualmente, más de 200 trabajadores -repartidos entre Córdoba, Cádiz, Sevilla y Málaga- acumulan cerca de tres meses sin cobrar sus nóminas. El proceso se ha tornado especialmente complejo tras un ERE fallido; mientras que una parte de la plantilla ha comenzado a recibir sus cartas de despido para regularizar su situación a través del Fogasa, otros 70 empleados de sociedades como Azahara Online SL o Global Retail permanecen a la espera de resoluciones judiciales.

La huelga de gruistas

El sector de la construcción tampoco se ha librado de esta problemática. Los operadores de grúas-torre mantienen una huelga que ha logrado paralizar más de 60 obras en toda la provincia. El conflicto se centra en una mejora salarial: los trabajadores exigen un incremento de 25 euros para equipararse a otros profesionales del sector, alegando la enorme responsabilidad penal que conlleva su labor.

Por su parte, la patronal Construcor mantiene una postura de firmeza, calificando la situación de “intransigencia” por parte de los sindicatos. Según la patronal, las pretensiones de los gruistas superan los límites fijados en el Convenio General de la Construcción y han asegurado en una nota enviada a los medios de comunicación que ya se aplicó una subida transitoria del 100% en el plus de gruista. El bloqueo es tal que los trabajadores han solicitado la mediación del alcalde de Córdoba para intentar desatascar la negociación.

Para responder a la patronal, el portavoz de los trabajadores, Antonio Herencia, ha criticado a este periódico en este sábado la falta de voluntad negociadora de la empresa -con solo dos reuniones en tres meses- y ha calificado de “incoherentes” las cifras sobre las demandas salariales difundidas, asegurando que las peticiones se ajustan al marco provincial y son inferiores a las penalizaciones por retrasos en la construcción.

Correos, MRW y Mensajería Guadalquivir

Por otro lado, estas últimas semanas también ha llegado esta inestabilidad laboral a empresas de correos. Primeramente, el sindicato CSIF ha denunciado la “enorme incertidumbre” de una veintena de trabajadores de la empresa Mensajería Guadalquivir que, al acudir a sus puestos, se encontraron sin órdenes de trabajo ni instrucciones. La empresa se encuentra en concurso de acreedores desde hace un año y la plantilla denuncia una falta total de información sobre su futuro contractual.

Asimismo, CCOO se ha quejado contra lo que considera un “recorte de plantilla” estructural en la provincia por parte de Correos, citando la supresión de puestos en localidades como Rute, Cabra, Montilla y la propia capital. El sindicato advirtió a principios de marzo que muchas unidades operan al 60% de su capacidad, lo que provoca retrasos en citas médicas y notificaciones legales. Correos, sin embargo, defiende que la asignación de personal se ajusta estrictamente al volumen de envíos actual para garantizar la eficiencia.

La situación de Hitachi y una huelga que ha terminado -de momento-

Los trabajadores de Hitachi mantenían hasta el pasado fin de semana una huelga desde el pasado noviembre. Tras 14 meses de conflicto y con la reincorporación de los miembros del comité sancionados, los sindicatos CCOO y USO buscan retomar la negociación del convenio colectivo. El objetivo es asegurar el futuro de una empresa que consideran “estratégica para Córdoba” sin necesidad de precarizar el empleo.

Este conflicto data por no lograr un acuerdo para la renovación del convenio colectivo, que cumplió el 31 de diciembre de 2024. Este acuerdo continúa vigente actualmente por ultraactividad y regula las condiciones de trabajo de los 440 empleados de la fábrica. Los trabajadores quieren que se actualice y ahora como “gesto de buena voluntad” han suspendido sus movilizaciones para solucionar un problema que está alargando más de lo previsto.

Pharmex despide a 32 personas

La empresa Pharmex, que tiene su fábrica en Almodóvar del Río retomando la actividad de la antigua Calmante Vitaminado de Laboratorios Pérez Giménez, despidió a principios de marzo a casi tres cuartas partes de su plantilla. La compañía anunció una decisión que afecta a 32 personas, dejando en la fábrica cordobesa a 12 empleados.

Desde CCOO denunciaron la falta de información a este respecto y abrieron un proceso para asesorar a los trabajadores expulsados para afrontar esta situación. Por otro lado, el sindicato señaló que la preocupante situación que se da ahora, no solo para los trabajadores despedidos, sino para la continuidad de la fábrica con un tercio de la plantilla que tenía.

Y mientras tanto... el paro aumenta

El pasado 3 de febrero salieron los datos del Servicio Público de Empleo Estatal y Córdoba no vuelve a salir bien parada. La provincia ha arrancado este año con casi 1.000 personas más en las listas del paro. Pese a este dato negativo, el análisis que realizó este periódico daba motivo para el optimismo, ya que la subida registrada en este 2026 es menos pronunciada que la experimentada en el mismo mes, pero de 2025. Por tanto, Córdoba presenta un escenario notablemente mejor que hace doce meses: el paro ha descendido en más de 5.000 personas que en enero de 2025.

Por otro lado, y en cuanto a la contratación se refiere, durante el mes de enero se firmaron un total de 29.360 contratos en Córdoba, de los que 11.855 fueron indefinidos. Aun así, la situación laboral en la provincia y en la capital ha comenzado este 2026 con más problemas de los previstos. A falta de soluciones, los empleados continúan ejerciendo su derecho a la huelga.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha animado este lunes a la empresa Hitachi Energy España a que “reconsidere su posición” en cuanto a la inversión prevista en la planta de Córdoba y que “intente llegar al acuerdo” y con la “interlocución de la parte social”, teniendo en cuenta que la fábrica emplea a unas 440 personas.

En una atención a los medios tras reunirse con el country manager director de la entidad, Alfredo García-Borreguero, y posteriormente con el comité de la citada empresa, con la asistencia de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, Montero ha declarado que “el ánimo del Gobierno de España es que la representación de los trabajadores y la empresa puedan llegar a un acuerdo y que fruto de ese acuerdo se recupere la inversión que en un primer momento la empresa iba a hacer sobre esta instalación, que estaba en torno a 87 millones de euros”.

En este caso, ha lamentado que dicha inversión “se ha reducido casi a la mitad, justamente para posibilitar, según la empresa, que haya continuidad y en algún caso recuperación de la productividad y la competitividad que durante el último año, según la empresa, se ha perdido”.

Ante ello, tanto la subdelegada como ella han hecho llegar “la voluntad de trabajar en esa dirección y de explorar los instrumentos que tenemos, entre ellos la concesión de dos subvenciones, incentivos regionales, que concede el Ministerio de Hacienda a través de los fondos regionales, en los que la empresa iba a tener una subvención de casi 12 millones de euros”, pero “queda cuestionada, porque el total de lo que la empresa va a destinar a la actividad se baja casi a la mitad de lo que en un primer momento se tenía previsto, con lo cual eso obliga a explorar diferentes situaciones”.

Tras animar a que “los trabajadores y la propia empresa lleguen a un acuerdo”, la ministra ha comentado que “el acuerdo estaba en el marco de la negociación del convenio colectivo y que tiene que garantizar, como cualquier convenio colectivo, las condiciones laborales y la viabilidad del propio plan industrial, que la empresa tiene presentado y preparado de aquí a unos cuantos años”.

“No perder ni un puesto de trabajo”

Entretanto, Montero ha indicado que “el CEO se ha mostrado bastante firme en la parte que había transmitido la propia empresa y a la representación de la empresa”, si bien le ha hecho “un llamamiento a que reconsidere la posición y actitud porque esta empresa es muy importante para la ciudad, no solamente por lo que implica del número de empleos, sino también, y lo que es fundamental, porque forma parte del ecosistema industrial que hay en Córdoba y en Andalucía”. “Un ecosistema que tiene que aspirar a ir a más, no a menos”, ha remarcado.

Además, ha afirmado que “sí ha comprometido el CEO que no se va a perder un solo puesto de trabajo”, sino “todo lo contrario”, de modo que “consideran que van a aumentar el número de trabajadores, en este caso indirecto, que estén asociados a la empresa”, ha destacado Montero.

No obstante, ve “fundamental que haya un acuerdo en el marco del convenio colectivo, del diálogo social”, y que “la inversión de 87 millones, que significa mucha modernización de la totalidad del tejido productivo, se pueda mantener y replantear”.

El papel de mediación

En cuanto a las declaraciones de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, al calificar de “falta de lealtad entre instituciones” el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno haya “convocado una reunión” este lunes con el CEO apenas “dos horas antes” de la reunión programada “desde la semana pasada” por parte del Gobierno andaluz y el Ayuntamiento, y en la que, según la consejera, “tenía que estar también la Subdelegación del Gobierno”, Montero ha manifestado que no puede “entender cómo alguien puede pensar que hay una falta de lealtad”.

En este sentido, ha subrayado que “el Gobierno de España, entre otras cosas, está dando subvenciones a esta empresa en particular, se preocupa y se ocupa de que la empresa mantenga la inversión inicialmente prevista porque eso supone una mayor fortaleza de esa industria, una mejor sostenibilidad para el futuro y, por tanto, una apuesta por Andalucía y Córdoba”.

“También cuando uno está intentando mediar en un conflicto que se prolonga por un año entre los trabajadores y la empresa para que lleguen a unas condiciones adecuadas que permita que el clima laboral, el clima social de la empresa, favorezca el avance y el desarrollo de esta empresa”, ha enfatizado, para señalar que “deslealtad sería no intentar nada cuando hay una situación de este tipo”.

A su juicio, “da la impresión de que utilizan los adjetivos mal, no es que piensen que es deslealtad, es que parece que les da coraje que el Gobierno de España intervenga en los asuntos que son importantes para Andalucía”. “Es que parece que hay que pedir permiso permanentemente para hablar con alguien, como si Andalucía le perteneciera a una institución, en este caso a la Junta de Andalucía”, ha expuesto Montero, quien ha insistido en que no puede “entender cómo se puede acusar de deslealtad a alguien que está intentando solucionar el problema y el conflicto”.

Al hilo, ha defendido que todas las administraciones se tienen que reunir con esta empresa, aseverando que le parece muy bien que “la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y todo el mundo se reúna, porque hay que llevar al ánimo de la empresa la importancia que tiene esta fábrica”. Si bien, ha expresado que ella no acusa a “nadie de deslealtad”. “Me parece gratuito, poco oportuno y poco deportivo que se puedan hacer esas acusaciones”, ha dicho.

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba ha decidido en asamblea suspender la huelga indefinida que mantiene desde el pasado noviembre para favorecer la recuperación de la negociación del convenio colectivo, bloqueada desde el pasado enero.

De esta forma, la manifestación prevista para el próximo jueves ha quedado suspendida como gesto de buena voluntad de la parte social de cara a recuperar el diálogo perdido con la empresa. En este sentido los sindicatos CCOO, mayoritario en el comité, y USO han mostrado su esperanza de que la dirección de la empresa “no deje pasar una nueva oportunidad de desescalar el conflicto” y que se siente a negociar con una verdadera intención de llegar a un acuerdo que favorezca a todas las partes.

Así, los sindicatos convocarán a la empresa a una reunión para intentar acercar posturas y acabar después de 14 meses con una situación que no beneficia a ninguna de las partes. Ya se han incorporado a la empresa todos los miembros del comité que fueron sancionados gracias a las medidas cautelares dictadas por distintos juzgados, por lo que la parte social entiende que hay una oportunidad de sentarse a negociar en igualdad de condiciones con la empresa. Además, CCOO y USO esperan que UGT reconsidere su postura y se una a la negociación.

CCOO y USO están convencidos de que el acuerdo es posible y dejan clara su apuesta por la empresa y por su futuro. Cabe recordar que Hitachi es una empresa estratégica para Córdoba y los sindicatos quieren “que lo siga siendo”, además de estar “seguros de que podemos sentar las bases de una empresa competitiva y fuerte sin necesidad de precarizar el empleo. Hitachi es un referente y queremos que lo siga siendo y para ello no hay otro camino que sentarse a negociar. Por ello, esta parte sindical vuelve a pedir a la empresa un ejercicio de responsabilidad y que se siente a negociar hasta que se llegue a un acuerdo”, han concluido las organizaciones.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha afirmado este miércoles que el “recorte” que ha anunciado Hitachi Energy, de 80 a 47,6 millones de euros, en la inversión que había previsto hacer en su planta de Córdoba, “es un fraude a los acuerdos alcanzados por la empresa con las administraciones públicas para obtener exenciones tributarias y subvenciones” directas.

A este respecto y en rueda de prensa, Santiago ha recordado que dichas ayudas o exenciones “se conveniaron dentro de un plan de desarrollo y de incremento de la inversión de esta compañía”, de modo que, “si Hitachi amenaza con el recorte de las inversiones ya comprometidas, no cabe más que pedirle a las administraciones públicas, no ya que cesen las subvenciones sino que incluso obliguen a Hitachi a devolver las exenciones fiscales que ya ha disfrutado y las ayudas que haya recibido”.

Además, a juicio de Santiago, “los argumentos de la empresa son realmente lamentables”, pues ha alegado “baja productividad o pérdidas cuando han sido 23 las horas de huelga” de los trabajadores, mientras que la falta de “respeto de los derechos laborales de la empresa, mediante sanciones y cierres patronales, han hecho perder 22.000 horas”, lo que evidencia “quién es el responsable de ese posible descenso de productividad que alega Hitachi”.

Junto a ello, Santiago ha señalado que su formación ya presentó una pregunta “hace dos semanas en el Congreso de los Diputados, dirigida al Ministerio de Transición Ecológica, sobre las subvenciones o las ayudas comprometidas con Hitachi”, y está a la espera de respuesta.

Entre tanto, Santiago ha hecho “un llamamiento a la sensatez a la dirección de Hitachi, para que deje de coaccionar a los trabajadores, que permita que vuelva la normalidad al centro de trabajo de Córdoba y que se normalice la situación, para que Hitachi siga siendo, gracias a su plantilla, una de las empresas más productivas y que aporta mayor desarrollo económico a la provincia”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido este martes su “tristeza” por la decisión de Hitachi Energy de reducir de 80 a 47 millones de euros la inversión prevista en su planta cordobesa, una revisión que llega en pleno conflicto sindical con la plantilla.

“No es algo positivo. Es tristeza porque una historia de éxito que estaba siendo Hitachi en Córdoba con inversiones de 80 millones, ahora se ve que la apuesta es de 47 millones y no llega al máximo anunciado. No es una buena noticia y eso es obvio”, ha señalado el regidor, a preguntas de los periodistas.

La compañía comunicó este lunes una revisión de su Plan Industrial para “adecuarlo a las actuales circunstancias de la planta en un contexto industrial exigente que requiere prudencia financiera, eficiencia productiva y estabilidad en la ejecución de los compromisos”. El plan inicial contemplaba una inversión de 80 millones de euros para duplicar el volumen de producción anual, un objetivo que ahora se rebaja hasta los 47 millones.

El anuncio se produce en medio del conflicto laboral abierto en la fábrica cordobesa. Desde CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, han rechazado que la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo sea la causa de la remodelación del plan industrial. El secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha criticado la “hipocresía” de la firma japonesa y ha asegurado que la huelga indefinida iniciada en noviembre solo ha supuesto la pérdida de 23 horas de trabajo, frente a las más de 22.000 que, según el sindicato, se han perdido por sanciones y cierres unilaterales de la fábrica por parte de la dirección.

Inversiones sí, pero no a cualquier coste

Ante este escenario, Bellido ha insistido en que el Ayuntamiento quiere que la multinacional mantenga su apuesta por la ciudad, pero no a cualquier precio. “Queremos que Hitachi invierta en Córdoba y queremos que el conflicto laboral se reconduzca porque no nos merece la pena que haya inversiones, pero a costa de que las familias cordobesas lo pasen mal”, ha afirmado, recordando que esta idea la viene repitiendo desde que estalló el conflicto laboral.

El alcalde ha reconocido que “hay trabajadores que en estos momentos lo están pasando mal”, puesto que llevan meses sancionados, y ha asegurado que el Consistorio está tratando de mediar para acercar posturas. “Buscamos un nuevo encuentro al máximo nivel con la empresa y todas las administraciones y los trabajadores. Hay libertad de empresa y sindical, por lo que nosotros solo podemos aportar labor de mediación”, ha añadido.

En paralelo, el delegado provincial de la Junta, Adolfo Molina, ha anunciado que la administración autonómica reducirá sus ayudas en función del nuevo volumen de inversión. En la misma línea, Bellido ha confirmado que el Ayuntamiento también ajustará las bonificaciones fiscales previstas.

“Es automático. Hay unas condiciones de creación de empleo que dan acceso a la bonificación y si no lo cumple no hay; y si son parciales habrá reducción gradual”, ha explicado el regidor, dejando claro que los incentivos municipales están vinculados al grado de ejecución del proyecto y al cumplimiento de los compromisos de empleo.

CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa de Hitachi Energy Córdoba, ha criticado la hipocresía de la firma japonesa al achacar a la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo la remodelación de su plan industrial. “No vamos a aceptar de ninguna manera que se culpabilice a los trabajadores y trabajadoras y a quienes les representan legítimamente de lo que Hitachi denomina ‘caída de la eficiencia operativa’ cuando la huelga indefinida que se inició en noviembre solo ha supuesto la pérdida de 23 horas de trabajo, frente a las más de 22.000 que se han perdido por culpa de las sanciones y los cierres unilaterales de la fábrica por parte de la dirección de la misma”, sentenció el secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez.

“En ningún caso se puede achacar a la protesta laboral la producción no ejecutada, que es solo fruto de la pésima gestión empresarial de la dirección de la empresa, con su director, Paco Bolaño, a la cabeza”, afirmó Jiménez quién aseguró “que es una desfachatez que la empresa eche la culpa de su mala gestión a una negociación que no deja de boicotear”.

Además, el responsable sindical asegura que “la actividad no ha dejado en ningún momento de estar normalizada, salvo cuando el señor Bolaño y su equipo se han dedicado a interferir en ella con decisiones poco acertadas, como las 76 sanciones que los juzgados están suspendiendo, obligando a reincorporar a los trabajadores y trabajadoras sancionados, en algunos casos, con carácter retroactivo, lo que implica el pago de los días que hayan cumplido de sanción hasta su reincorporación”.

“Es lamentable que una empresa del calibre de Hitachi Energy achaque la reducción de su inversión a la negociación de un convenio colectivo. Si va a reducir su inversión será por otros motivos, pero desde luego no es por la falta de compromiso de la plantilla con la empresa, que ha seguido haciendo su trabajo a pesar de las políticas de amenazas e imposiciones que viene practicando el señor Bolaño ante su incapacidad de negociar y enfadado como un niño pequeño porque los sindicatos no le dan la razón”, añadió el secretario General de Industria de CCOO de Córdoba.

“La empresa es solvente, la empresa tiene trabajo, y el señor Bolaño la va a hundir con tal de salirse con la suya y decir que ha sido culpa de los trabajadores y trabajadoras. Pues al señor Bolaño hay que decirle que Hitachi tiene un siglo de historia, y le quedan muchos más, pero sin él, que es un cáncer para una empresa que es modelo y buque insignia de la industria cordobesa”, recalcó Jiménez.

“Basta ya de echarle a los trabajadores y trabajadoras y a sus representantes sindicales la culpa de las malas decisiones. Llevamos 14 meses intentando llegar a un acuerdo, hemos rebajado nuestras pretensiones, hemos hecho propuestas, nos hemos sentado a sabiendas de que el señor Bolaño y su equipo se iban a levantar de la mesa para luego vomitar un comunicado lleno de falsedades acusando a la parte social de no querer llegar a un acuerdo cuando en justo lo contrario”, insiste Agustín Jiménez quien lamenta que “Hitachi nos esté engañando con las cifras, porque unas veces dice que iba a hacer una inversión de 80 millones, otras de 30 y ahora es de 47”.

Jiménez volvió a hacer un llamamiento a la cordura a la dirección de la empresa. “Si los malos resultados son fruto de la falta de acuerdo, lo que tiene que hacer es sentarse con voluntad de llegar a un acuerdo de una vez por todas, y no marear más la perdiz con dimes y diretes que no hacen bien a nadie”.

Hitachi Energy ha llevado a cabo una revisión del Plan Industrial de la planta de Córdoba para “adecuarlo a las actuales circunstancias de la planta en un contexto industrial exigente que requiere prudencia financiera, eficiencia productiva y estabilidad en la ejecución de los compromisos”, según ha informado la compañía a través de una nota de prensa. 

El plan inicialmente establecido preveía una inversión de 80 millones de euros para duplicar el volumen de producción anual. Su puesta en marcha conllevaba “un gran esfuerzo inversor y requería, entre otros aspectos, adecuar el modelo productivo y laboral a las necesidades presentes y futuras de la actividad del centro. Con esta finalidad, en el marco de la negociación del Convenio Colectivo, la empresa propuso adaptar los sistemas actuales de trabajo a la producción estimada, acorde con el crecimiento previsto de la planta”, expone. Los trabajadores de Hitachi llevan movilizándose varios meses y rechazando la propuesta de convenio de la empresa, con la que se han sentado en varias ocasiones sin alcanzar un acuerdo.

Hitachi asegura que “a pesar de los esfuerzos realizados por la empresa durante más de 14 meses, el acuerdo no ha sido posible. A la constatación de la distancia existente entre las partes se ha unido una caída de la eficiencia operativa de la planta resultado de una baja productividad a la que, en los últimos meses, se ha sumado el efecto de paros y huelgas. Esta situación ha tenido un impacto negativo en los resultados económicos del centro, que actualmente reflejan pérdidas. En los dos últimos años, la planta de Córdoba ha acumulado más de un 36 % de producción no ejecutada, situándose entre las menos eficientes dentro del Grupo”.

Esto ha llevado a la compañía a adaptar el plan Industrial y, tras analizar diversas alternativas, se ha tomado la decisión de reducir las inversiones previstas, que ascendían a 80 millones de euros, y mantener finalmente una dotación de 47,6 millones de euros.

“Esta inversión, que continúa siendo relevante, permitirá consolidar las mejoras estructurales necesarias, asegurar la actividad y eficiencia de la planta, así como mantener nuestro compromiso con Córdoba y con la región. Adicionalmente, esta revisión de nuestro plan incluye medidas organizativas orientadas a mejorar la productividad y la eficiencia de la planta mediante la externalización de determinadas operaciones de menor valor añadido o carácter más variable. Los profesionales que se encargan actualmente de estas tareas asumirán nuevas funciones dentro de la planta para lo que se desarrollará un plan de formación específico”, agregan.

Hitachi sostiene que estas medidas supondrán una estimación de 60 nuevos puestos de trabajo de carácter indirecto, que se suman a los más de 100 profesionales que la organización ya ha incorporado a la planta desde que presentó el primer expediente del plan de inversiones en 2023.

La Dirección de Hitachi ha asegurado en el comunicado que reitera “su voluntad de trabajar con la representación legal de los trabajadores, siempre que se retome un contexto de normalidad de la actividad, para continuar siendo un actor relevante de la industria cordobesa, trabajando para preservar la actividad industrial en la provincia y buscando la competitividad y viabilidad de la planta que le permita afrontar con solidez sus retos actuales y futuros”.

Los trabajadores de Hitachi continúan luchando por sus derechos y este miércoles ha continuado una huelga que no parece tener visos de una solución tras más de tres meses de movilizaciones. En una última comparecencia ofrecida por los representantes de los trabajadores a los medios de comunicación, se ha denunciado un bloqueo sistemático por parte de la dirección y una preocupante fractura en la unidad sindical que está dificultando el avance de las negociaciones del convenio colectivo.

El presidente del comité de empresa, Álvaro García, ha comparecido para actualizar la situación tras la última convocatoria de huelga, lamentando que la empresa mantenga la misma postura de que la semana pasada. El representante ha sido especialmente crítico con la irrupción de un nuevo conflicto interno: la solicitud de revocación de los miembros del comité del colegio de técnicos por parte del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT).

“Entendemos que esto es otra baza más para seguir alargando la situación que tenemos”, ha afirmado García, calificando el movimiento de UGT como una “apuñalada hacia los defensores de los trabajadores y del comité de empresa” con el único fin de debilitar la posición de Comisiones Obreras (CCOO).

Además, el presidente del comité ha denunciado la falta de humanidad de la empresa en el proceso de incorporación de los trabajadores sancionados. Según sus declaraciones, la dirección ha retrasado intencionadamente la entrada de compañeros cuyas parejas estaban a punto de dar a luz, esperando a que se produjera el parto para darlos de alta y así “alargar la agonía” de las familias, a pesar de existir medidas cautelares que permitían su reincorporación previa. Actualmente, todavía quedan unas 50 personas pendientes de regresar a sus puestos una vez cumplan las sanciones la próxima semana.

Agustín Jiménez: “La estrategia de la empresa es de puro desgaste”

Por su parte, Agustín Jiménez, responsable de Industria en CCOO, ha hecho hincapié en que la voluntad de negociación por parte de los trabajadores es total, habiendo ofrecido incluso la congelación de las huelgas si la empresa se sentaba a dialogar, algo que la dirección ha rechazado.

El dirigente ha denunciado que la empresa dio por concluidas las negociaciones de forma unilateral y que ha incumplido sistemáticamente los acuerdos alcanzados ante el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). “Ni siquiera nos hemos llegado a reunir, no hay incumplimiento posible”, ha señalado, subrayando que existe una estrategia de desgaste dirigida contra el comité de empresa y los sindicatos CCOO y USO.

Respecto a la ruptura de la unidad entre sindicatos, el representante de CCOO ha lamentado que UGT se “alineó con la empresa” en un momento tan crítico. Esta postura habría provocado que más 40 afiliados de UGT se hayan pasado a las filas de CCOO en señal de protesta por la gestión de su sindicato. “Cuando afiliados con más de 20 años de carnet se borran, es que algo no se está haciendo bien”, ha sentenciado el responsable de Industria, recordando que dicho sindicato ha liderado las condiciones laborales de la antigua ABB durante los últimos 35 años.