El Juzgado de lo Social número dos de Córdoba ha declarado nulo el plan de externalización parcial (PEP) que Hitachi Energy Córdoba ha implantado “de forma unilateral sin la preceptiva negociación en el marco del convenio colectivo” y ha condenado a la multinacional “a pagar 30.000 euros por vulnerar derechos fundamentales”, según ha informado el sindicato CCOO a través de una nota de prensa. De esta forma, el fallo declara la nulidad de las decisiones de la empresa de marzo a mayo de 2026 y de todas sus ejecuciones (cartas individuales, reubicaciones o movilidades) “al entender que la empresa actuó al margen de la ley, eludiendo el periodo de consultas obligatorio y vulnerando el derecho de información de los trabajadores”.

Las secciones sindicales de CCOO -sindicato con la mayoría absoluta en el comité de empresa- y USO entienden que la sentencia “no solo frena la externalización unilateral, sino que aclara de forma contundente los puntos de controversia que se han generado en los últimos meses: la vigencia de la negociación del convenio colectivo y la representatividad legítima de las personas trabajadoras”.

La sentencia ratifica en sus hechos probados que “el convenio colectivo de empresa está denunciado y la mesa negociadora válidamente constituida (con sus correspondientes reuniones y actas). La decisión unilateral de la empresa de imponer externalizaciones se produjo precisamente en este contexto de negociación, utilizando maniobras unilaterales para dinamitar el marco convencional”.  

Asimismo, la resolución judicial deja constancia formal y probada de que “la plantilla ha ejercido sus derechos legítimos mediante concentraciones, reclamaciones y la convocatoria legal de huelga en el marco del conflicto de la negociación colectiva”. El juez vincula “el actuar de la empresa con una conducta de represalia e interferencia en el conflicto laboral, condenándola a pagar 30.000 euros de indemnización por vulnerar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva”.  

Al certificar la continuidad de la mesa negociadora, la vigencia del comité de empresa legítimamente constituido y la plena legalidad de las medidas de conflicto (como la huelga) e indemnizar por vulneración de la libertad sindical, queda jurídicamente desarticulada cualquier maniobra o asamblea de “revocación” promovida para debilitar la representación legal. “La sentencia deja claro quiénes son los representantes legítimos reconocidos por la ley y la injusticia de las trabas impuestas por la empresa durante la negociación”, según la nota de prensa.  

CCOO y USO exigen a la Dirección de Hitachi Energy que acate de inmediato la resolución judicial, detenga las externalizaciones, revierta cualquier cambio forzoso y se siente a negociar de buena fe el Convenio Colectivo con la representación legal y legítima de la plantilla.  

En este sentido, CCOO y USO reclaman a la empresa “la paralización inmediata de la pretensión de iniciar un periodo de consultas sobre el Plan Parcial de Externalización que, hay que recordar, debe llevarse a cabo en el marco de la negociación del convenio colectivo”. Ambas secciones sindicales tachan de “incongruente y fraudulento que la empresa pretenda” iniciar un periodo de consultas alegando hacerlo “en cumplimiento de la sentencia” cuando el acatamiento de la resolución judicial exige, de forma previa e ineludible, devolver a toda la plantilla afectada a sus puestos y condiciones originales, dejando sin efecto las movilidades, reubicaciones y subcontrataciones nulas.

Ambos sindicatos recuerdan a Hitachi que pretender negociar sobre hechos consumados que siguen desplegando efectos ilegítimos contraviene el Estatuto de los Trabajadores y las Disposiciones Final Octava y Adicional del Convenio Colectivo de Empresa, además de persistir en la falta de entrega de la información previa y detallada requerida en la normativa convencional.

Por ello, la mayoría del Comité de Empresa de Hitachi Energy en Córdoba exige la reposición de la plantilla a sus puestos de origen, la entrega de toda la documentación sobre subcontratación y el reconocimiento de la negociación del convenio colectivo como requisito indispensable para iniciar el periodo de consultas, cuyo inicio ha fijado la empresa para mañana viernes.

De seguir adelante, CCOO y USO advierten que se reservan ejercer acciones legales, administrativas y judiciales —incluida la denuncia ante la Inspección de Trabajo y la solicitud de ejecución provisional de la sentencia— a los únicos efectos de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación si “¿intervendrá el Ministerio de Economía ante las autoridades japonesas para que estas pidan a la empresa Hitachi que respete los derechos laborales y atienda las justas reclamaciones de la plantilla de su fábrica en Córdoba?”.

Así lo recoge la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha registrado Santiago en el Congreso de los Diputados, a la espera de que el Ejecutivo central se pronuncie, también por escrito, sobre el conflicto laboral abierto en la factoría de Hitachi Energy en la capital cordobesa ante la falta de acuerdo entre empresa y sindicatos respecto al convenio colectivo y por las contrataciones externas que realiza la multinacional japonesa.

En este contexto el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados también ha preguntado al Gobierno de la Nación “¿cómo valora la actuación de vulneración de los derechos labores de los trabajadores de Hitachi Córdoba por la empresa?”, y “¿qué medidas adicionales planea tomar el Gobierno para que Hitachi devuelva cualquier subvención o exención fiscal recibida?”.

A este respecto y en la exposición de motivos de la pregunta registrada por Santiago esta misma semana, los trabajadores de Hitachi “se encuentran en una tensa situación tras una huelga indefinida que se suspendió a 7 de marzo” pasado, reivindicando “mejores condiciones, creación de empleo, renovación de convenio y mejor trato para la plantilla” y, “en medio de estas reivindicaciones, la empresa sancionó a 76 huelguistas” con “suspensión de empleo y sueldo” durante cuatro meses, si bien los juzgados de lo Social “ordenaron la suspensión de las medidas disciplinarias” y “cuestionaron la proporcionalidad de estas”.

Tras ello, según el relato de Santiago, “CCOO en el comité de empresa pidió un ejercicio de reflexión, tras los distintos reveses judiciales que están dejando claro que las actuaciones de la firma estaban vulnerando los derechos laborales de los trabajadores, infringiendo el derecho a huelga mediante sanciones abusivas y presiones que obligan a la plantilla a renunciar a este derecho constitucional para evitar castigos económicos”.

El “largo conflicto laboral”, según ha lamentado el diputado de Sumar por Córdoba, “que acumula 21 meses en la planta de Hitachi por la negociación del convenio colectivo, vuelve a escalar tras un periodo en primavera en el que dio visos de poder encauzarse. Lo que empezó como un conflicto contra diferencias salariales se ha transformado en una situación en la que se sanciona directamente a los representantes de la plantilla y en el que se sustituyen trabajadores y empleos, externalizando tareas mediante subcontratas”.

Por ello, entiende Santiago que “se deben seguir realizando las gestiones necesarias para que no se perciba ninguna de las subvenciones millonarias pendientes por parte de la Administración del Estado, destinadas a la ampliación de su factoría en Córdoba, mientras no se respeten las leyes y la Constitución y no se cese la represión sindical”.

A su juidio, “es fundamental que se condicione el mantenimiento de estas ayudas a que la empresa atienda las resoluciones de la Inspección de Trabajo y de los juzgados de 1o Social y lo Penal, los cuales están dando la razón a la plantilla y al sindicato CCOO frente a las denuncias y sanciones interpuestas por la dirección durante el actual conflicto laboral”.

Por último, el portavoz de IU en el Congreso ha afirmado en la exposición de motivos de su pregunta que “s imprescindible que la dirección” de la empresa “acceda a negociar de manera inmediata y comience a reconocer los derechos laborales de los trabajadores”, y a la vez “el Ministerio de Economía debería advertir mediante un mensaje claro a las autoridades competentes de Japón, para que tomen medidas para que una multinacional de esa nación respete los derechos de los trabajadores de su planta en Córdoba y cambie de actitud”.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha mantenido este lunes un encuentro con representantes del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba, encabezados por su presidente, Álvaro García (CCOO), para conocer la situación de la plantilla y abordar el conflicto laboral abierto con la dirección de la compañía japonesa, anunciando Santiago que hará gestiones ante los ministerios de Trabajo y de Economía.

Según ha informado IU en una nota, en el encuentro, que ha contado con la participación del secretario general de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, y de medio centenar de trabajadores de Hitachi, se ha informado sobre la situación actual de la planta cordobesa, tras “la nueva ruptura de las negociaciones por parte de la empresa” y, ante ello, Santiago ha avanzado que planteará al Ministerio de Economía que traslade a las autoridades de Japón la situación de la planta cordobesa, y que gestionará una reunión del comité de empresa con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha señalado que el conflicto ha incorporado nuevas cuestiones desde su inicio, vinculado a las diferencias salariales. “Lo que empezó como un conflicto contra las diferencias salariales, contra la clara discriminación salarial, se ha transformado en un conflicto en el que se sanciona directamente a los representantes de los trabajadores, y en donde se sustituyen trabajadores y puestos de trabajo externalizando mediante subcontratas”, ha explicado.

“Hitachi ha traspasado demasiadas líneas rojas”, ha afirmado Santiago, quien ha señalado que se trata de una empresa con beneficios y que recibe ayudas públicas. En este sentido, ha defendido que la compañía debe respetar los derechos de los trabajadores.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Álvaro García, ha explicado la situación de 32 trabajadores que, según ha señalado, se encuentran actualmente en sus domicilios mientras una empresa subcontratada está desempeñando trabajos en la fábrica. “La subcontrata ha entrado en la fábrica por la puerta de atrás sin negociarlo con el comité de empresa y a día de hoy están trabajando en nuestros puestos de trabajo”, ha criticado.

García ha insistido en que la representación de los trabajadores mantiene su disposición a alcanzar un acuerdo con la empresa y, para ello, quieren “seguir negociando con la empresa”, si bien ha avisado que la plantilla contempla llevar a cabo movilizaciones y huelga ante la continuidad del conflicto, aunque ha remarcado que la voluntad del comité es evitar llegar a ese escenario.

Por su parte, la concejala de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha reclamado al alcalde, José María Bellido (PP), que intervenga ante la situación de la plantilla y ha puesto el foco en los beneficios fiscales que, según ha señalado, recibe Hitachi por parte del Ayuntamiento de Córdoba, además de las ayudas públicas procedentes de distintas administraciones.

“Lo que recibe esta empresa se tiene que traducir en respeto de los derechos de la clase trabajadora”, ha defendido Ruiz, quien ha reclamado que las administraciones hagan valer las medidas de apoyo concedidas a la compañía y favorezcan la recuperación de la negociación colectiva.

La concejala ha recordado que, cuando comenzó el conflicto, el comité de empresa y la plantilla facilitaron la negociación rebajando el nivel de movilización y, por eso, ahora “vamos a exigir a las administraciones que hagan valer los beneficios que se ha llevado esta empresa para que repercuta directamente en la clase trabajadora, en respetar sus derechos y en obligarles a que se sienten para volver a recuperar la negociación colectiva”, ha concluido.

Finalizado el periodo de prórroga acordado por la Comisión Técnica para intentar alcanzar puntos de encuentro en materia del convenio colectivo y el proceso de externalizaciones de Hitachi Energy de Córdoba, la empresa ha rechazado continuar con dicho espacio de trabajo, “incumpliendo los compromisos adquiridos y frustrando cualquier posibilidad de avance efectivo”, han trasladado desde CCOO --sindicato con mayoría absoluta en el comité de empresa-- y USO, que dan por extinguida la prórroga y el compromiso de no movilización, “al no haberse cumplido ninguna de las condiciones pactadas”.

Así, ambos sindicatos han anunciado en una nota que se plantean “retomar el calendario de movilizaciones ante la ausencia de avances reales en la negociación del convenio colectivo y la actitud de bloqueo mantenida por la dirección de la firma japonesa”.

El comité de empresa había convocado una asamblea informativa dirigida exclusivamente al personal de talleres para explicar la situación del convenio y del plan de externalización. Sin embargo, “mandos intermedios y personal de oficina --no convocados-- irrumpieron por la fuerza en la sala, impidiendo su celebración e increpando e insultando a los delegados sindicales”, han explicado desde CCOO y USO, que han exigido a la empresa “la apertura inmediata de una investigación interna por estos hechos, que constituyen una obstrucción a una reunión legalmente convocada y un ataque directo a la representación sindical”.

Para ambos sindicatos, “lo ocurrido en la asamblea es una consecuencia directa del clima antisindical que se vive en la planta”, al tiempo que han advertido de que “la Dirección de Recursos Humanos mantiene una actitud de mala fe, bloqueando la negociación colectiva y adoptando decisiones unilaterales que vulneran la normativa laboral y los compromisos adquiridos en la Comisión Técnica”.

Además, han señalado que “la empresa continúa ejecutando su plan de externalización, incurriendo en cesión ilegal de trabajadores, mientras compañeros que desempeñaban esas funciones están siendo enviados a sus casas durante dos semanas”.

“Subcontrataciones y externalizaciones”

En este sentido, CCOO y USO han criticado que “la empresa ha continuado con subcontrataciones y externalizaciones pese al compromiso de paralización, obstaculiza la labor del comité de empresa y de la comisión negociadora, intentando negar la representatividad del colectivo técnico e ignora resoluciones de la autoridad laboral, laudos arbitrales y sentencias firmes que confirman la ultraactividad del convenio y la imposibilidad de convocar elecciones en puestos ya cubiertos”.

Igualmente, han remarcado que “Hitachi aplica movilidad arbitraria, impone cambios de puesto y desvía carga estructural a contratas externas, incumple la garantía de ocupación efectiva, la promoción profesional interna y la obligación de impartir formación adecuada por no hablar de que desatiende obligaciones preventivas y de vigilancia de la salud en puestos de alta peligrosidad”.

“Este escenario evidencia un acoso sistemático, infracciones reiteradas y una inacción voluntaria por parte de la Dirección de RRHH de la empresa”, han apuntado desde CCOO y USO, que trasladarán a la asamblea de trabajadores la propuesta de “retomar movilizaciones y activar todas las vías sindicales y legales disponibles”.

No obstante, ambos sindicatos han reiterado su “disposición al diálogo de buena fe, siempre que la empresa rectifique, abandone el bloqueo unilateral y se siente a buscar soluciones reales y consensuadas para el conflicto que atraviesa la planta de Córdoba”.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número dos de Córdoba ha declarado nulo el cambio de puesto de trabajo de un empleado de Hitachi Energy, “al que la empresa tendrá que indemnizar por una vulneración de derechos fundamentales, al haber modificado sustancialmente sus condiciones de trabajo”, según ha informado CCOO a través de una nota de prensa.

El trabajador, que viene prestando servicios en Hitachi Energy desde 2004, desempeñaba la función de verificador de juntas dentro de la sección de terminación, en turno de mañana y de lunes a viernes. Este puesto, con funciones de recepción, inspección y de fabricación, era ocupado solo por este trabajador al presentar una limitación física reconocida.

El empleado fue uno de los 76 sancionados por la empresa en diciembre de 2025 con 60 días de suspensión de empleo y sueldo, sanción que ha sido impugnada judicialmente y que se encuentra pendiente de juicio, según el comunicado de CCOO. Al hacerse efectivas las medidas cautelares dictadas por el juzgado sobre dicha sanción, el trabajador se incorporó a su puesto de trabajo, pero la empresa le informó verbalmente que, desde ese momento, pasaba a ocupar el puesto de montador dentro de la citada sección de terminación, puesto que tiene dificultades para desempeñar por sus limitaciones físicas.

Ahora, el juzgado afirma en la sentencia que “se entiende que existe una modificación sustancial que se evidencia ante las nuevas funciones dentro de la misma sección de terminación vinculada a las reclamaciones legítimas ejercidas por el trabajador y a su estado de salud” y que dicha modificación sustancial de las condiciones de trabajo es consecuencia del ejercicio del derecho de huelga por parte del trabajador. En concreto, el fallo judicial indica que el cambio de puesto “solo puede obedecer desde el sentido común a la represalia y a la vulneración del derecho a la salud en su vertiente de no discriminación e igualdad”.

Por todo ello, el juzgado estima la demanda interpuesta por el trabajador declarando nula la modificación sustancial de las condiciones de trabajo producidas y, en consecuencia, que se le reponga en sus anteriores condiciones de trabajo con todos los efectos que deriven en Derecho condenando a la demandada al abono de una indemnización al trabajador de 10.000 euros.

El 18 de diciembre de 2025, CCOO y la empresa llegaron a un acuerdo en el que se comprometían a abrir un proceso de negociación entre el 22 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 con al menos cuatro reuniones. Durante ese espacio de tiempo, según establecía el acuerdo, Hitachi suspendía la ejecución de las sanciones que había impuesto a 76 trabajadores que no debían incorporarse a sus puestos de trabajo por decisión de la empresa, que adujo “circunstancias organizativas y productivas”. Sin embargo, la empresa remitió un comunicado a los trabajadores afectados para indicarles que los días en los que no se estaba aplicando la sanción serían compensados con vacaciones, días de libre elección y horas a compensar, en total 11 días.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número cuatro de Córdoba entiende que los esos días no tienen que ser compensados. “La no incorporación efectiva de los trabajadores a sus puestos obedeció a una causa no imputable a la voluntad de estos sino a las necesidades de organización de la empresa lo que nos remite a lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto de los trabajadores a cuyo tenor si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador este conservará el derecho a su salario sin que pueda hacerse recompensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo”, indica el fallo del juzgado.

De esta forma, los trabajadores afectados podrán disfrutar de los días de vacaciones, días de libre elección y horas que les hayan sido denegados para compensar los días que no trabajaron por decisión de la empresa. 

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, se congratula de los últimos fallos judiciales, que “vienen a corroborar los abusos que Hitachi ha venido llevando a cabo desde que se convocó la huelga en noviembre de 2025, una huelga que, cabe recordar, sigue convocada, dada la falta de avance en las negociaciones sobre el convenio colectivo”. No obstante, el responsable sindical lamentó que “la empresa nos obligue a judicializar cada una de sus decisiones”.

Este miércoles se ha celebrado un Sercla por el calendario laboral del 2026, “al que no se ha personado la empresa, por lo que CCOO y USO tendrán que volver a los juzgados para reclamar su nulidad, ya que no ha sido válidamente acordado con la representación legal de las personas trabajadoras”. “Otro ejemplo más de la continua vulneración de derechos laborales que viene soportando la plantilla de Hitachi”, remarcó Jiménez, quien hace un llamamiento a la empresa para “reconducir su actitud y dejar de tomar decisiones que sabe que van a tener consecuencias judiciales y económicas”.

“Lo único que queremos es llegar a un acuerdo y que la paz social vuelva a la fábrica pero, desde luego, mientras se sigan vulnerando los derechos laborales de la plantilla CCOO seguirá defendiendo a los trabajadores y trabajadoras”, apostilló el responsable de Industria.

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba se ha concentrado este mediodía en dos turnos (antes de la entrada del turno de tarde y a la salida del turno de mañana, con 15 minutos de diferencia) para mostrar su respaldo a la compañera que la semana pasada sufrió una grave agresión verbal y amenazas por parte del que era chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica.

Cabe recordar que el personal de Hitachi estaba llamado a concentrarse el pasado viernes durante su tiempo para el bocadillo, pero la Dirección de la planta impidió a los trabajadores salir y, por ello, se volvió a convocar una concentración hoy, en el cambio de turnos, por expreso deseo del personal.

Durante la movilización, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva (CCOO), dio lectura a un manifiesto en el que se dejaba claro que “estamos aquí para mostrarle nuestro apoyo a la compañera tras la agresión sufrida el pasado miércoles. Queremos trasladarle públicamente nuestro respaldo, nuestro cariño y nuestro compromiso para que no se sienta sola ante unos hechos tan graves. Lo ocurrido no tiene cabida en ningún entorno de trabajo. La violencia, las amenazas o cualquier comportamiento agresivo son absolutamente incompatibles con los valores de respeto, convivencia y dignidad que deben regir las relaciones entre las personas”.

“Queremos dejar claro un mensaje firme y rotundo: No vamos a tolerar ninguna agresión de este tipo contra nadie de la fábrica de Córdoba, independientemente de su puesto, función o responsabilidad”, leyó García Leiva quien remarcó que “todas las personas tenemos derecho a desarrollar nuestro trabajo en un entorno seguro, libre de violencia y de cualquier forma de intimidación”.

Pero además, “este acto no es solo una muestra de apoyo a la compañera, es también una declaración colectiva de principios. La plantilla debe permanecer unida frente a cualquier conducta que atente ante la integridad física o moral de cualquier compañero o compañera”, dijo el responsable sindical.

La plantilla confía en que las medidas legales adoptadas permitan “garantizar la protección de las personas trabajadoras y evitar situaciones como esta para que no vuelvan a repetirse” y, en cualquier caso, “seguiremos defendiendo el respeto, la seguridad y la dignidad de todas las personas que formamos parte de este centro de trabajo”. 

Miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba se han concentrado hoy a las puertas de la fábrica para mostrar su repulsa a la agresión que el pasado miércoles sufrió una delegada de CCOO por parte del chófer del jefe de Recursos Humanos de la firma, un trabajador de la empresa de seguridad contratada por Hitachi.

El presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva (CCOO), señaló que “nos hemos concentrado para mostrar nuestro respaldo y nuestro apoyo a la compañera delegada que el miércoles sufrió una grave agresión verbal y amenazas por parte de un trabajador de la empresa de seguridad que ejercía como chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica”.

Precisamente, el jefe de Recursos Humanos ha impedido hoy que la plantilla de la fábrica se sumase a la concentración de repulsa y rechazo a cualquier tipo de violencia en su tiempo para el bocadillo, pero como “muchos compañeros nos han expresado su deseo de mostrar públicamente su apoyo a la compañera, que hay que recordar que tuvo de ser atendida por los servicios médicos de la empresa, primero, y luego en Urgencias, nos volveremos a concentrar el próximo lunes a la salida del turno de mañana, para que los trabajadores puedan expresar su repulsa a la agresión sufrida por la compañera”, explicó García Leiva.

Por su parte, el secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, recordó que “nunca habíamos vivido situaciones tan lamentables en esta fábrica, y no comprendemos la agresividad de esta persona contra una trabajadora con la que no tiene relación alguna. Esta situación viene generada por el clima de tensión que se ha venido generando por parte de la empresa y que ha desembocado, por desgracia, en una agresión que, de no haber intervenido varios compañeros allí presentes, así como hasta cuatro vigilantes de seguridad, podría haber sido mucho más grave de lo que fue”. 

A la concentración se sumó la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, así como el delegado de USO y un responsable de CTA, que no tiene representación en el comité de empresa.

La compañía Hitachi ha abierto una investigación interna sobre los hechos denunciados por una de sus trabajadoras cuando, este pasado jueves, fue agredida verbalmente presuntamente por un empleado de una subcontrata que trabajaba como chófer de un directivo.

Fuente de la empresa han confirmado a este periódico la apertura de la investigación interna, que se sirve del visionado de las imágenes de las cámaras de la empresa, y han precisado que el presunto autor de la agresión no es empleado de Hitachi sino de una subcontrata que hacía el servicio de chófer. Sobre ello, señalan que tras los hechos se procedió a expulsar del lugar al presunto autor de la agresión verbal y que se ha solicitado que este no trabaje más en el servicio que la subcontrata presta a Hitachi.

Asimismo, la empresa ha transmitido su “apoyo” a la trabajadora agredida, que tuvo que ser atendida por sanitarios dado el estado de ansiedad que le produjo lo ocurrido. El sindicato CCOO denunció los hechos, en los que el chófer “increpó” a la trabajadora -que es delegada sindical-, “y llegó a amenazarla con que tuviera cuidado en la calle”. Según ha informado el sindicato, “la agresividad mostrada por el chófer fue tal que dos vigilantes de seguridad tuvieron que retenerlo y sacarlo varias veces de las instalaciones al tiempo que otros cuatro trabajadores de la planta se interponían en defensa de la trabajadora”.

El sindicato denunció que “la agresividad fue tal que cuatro vigilantes de seguridad tuvieron que intervenir para contener al conductor del jefe de Recursos Humanos y expulsarlo varias veces del recinto mientras profería insultos y amenazas a la delegada”. Por ello, la trabajadora “requirió atención médica y medicación, ante el estado de ansiedad generado por la violencia verbal utilizada”. Posteriormente, se interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. que también investiga lo ocurrido.

Recabando información

Fuentes de Hitachi han confirmado que agentes de la Policía Nacional acudieron a la fábrica ante los hechos ocurridos y que también investigan lo sucedido. Mientras, la empresa ha enviado una comunicación interna al conjunto de la plantilla en la que explican que están “recabando informaciones sobre lo ocurrido con el fin de conocer todos los hechos con la debida diligencia. La empresa continuará atenta a cualquier situación que pueda afectar al adecuado desarrollo de la actividad y al bienestar de las personas en el entorno laboral”.

Asimismo, reitera su “compromiso con los valores que guían nuestra actividad, en particular la integridad, el respeto entre las personas y la creación de entornosde trabajo seguros y profesionales” y recuerda “la importancia de mantener en todo momento comportamientos acordes a estos principios, contribuyendo entre todos a un clima laboral basado en la confianza, la convivencia y el respeto mutuo”.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha condenado este jueves “la agresión sufrida ayer por una delegada del sindicato en Hitachi Energy, por parte del chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica”, lo cual, según ha precisado el sindicato, ocurrió “a mediodía de ayer, cuando el conductor, miembro del equipo” de una empresa de seguridad contratado por Hitachi, “increpó a la delegada y llegó a amenazarla con que tuviera cuidado en la calle”.

Según ha informado el sindicato en una nota, “la agresividad mostrada por el chófer fue tal que dos vigilantes de seguridad tuvieron que retenerlo y sacarlo varias veces de las instalaciones al tiempo que otros cuatro trabajadores de la planta se interponían en defensa de la trabajadora”.

El secretario general del Sindicato de Industria, Agustín Jiménez, presente en el altercado, ha relatado que “varios delegados del comité de empresa, entre ellos la trabajadora agredida y él mismo, estaban hablando sobre cuestiones de carácter sindical. La delegada se despidió de los compañeros para ir a por su almuerzo, momento en que el conductor se acercó a ella y le increpó porque consideraba que le había hecho un gesto feo, cuando ella en ningún momento se había dirigido al chófer, que llevaba un rato deambulando por los alrededores, haciendo como que hacía fotos y hablaba por teléfono”.

Jiménez ha afirmado que “la agresividad fue tal que cuatro vigilantes de seguridad tuvieron que intervenir para contener al conductor del jefe de Recursos Humanos y expulsarlo varias veces del recinto mientras profería insultos y amenazas a la delegada”.

La trabajadora “requirió atención médica y medicación, ante el estado de ansiedad generado por la violencia verbal utilizada” por el trabajador de la empresa de seguridad, y acompañada por otros delegados de CCOO, el propio Agustín Jiménez, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, “interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, que ya se había personado en la fábrica para levantar atestado”.

Agustín Jiménez ha lamentado que “el jefe de Recursos Humanos de Hitachi, Pedro Anguita, no se haya dirigido aún a la delegada para interesarse por su estado, y se haya limitado a echar balones fuera, diciendo que el presunto agresor no es trabajador de Hitachi y que se produjo una discusión, cuando lo que hubo fue una agresión”.

El comité de empresa de Hitachi Energy Córdoba, conformado por CCOO, UGT y USO, ha acordado este miércoles con la dirección de la empresa la creación de una comisión técnica que estudiará distintas cuestiones relacionadas con el convenio colectivo con el objetivo de presentar propuestas consensuadas a la comisión negociadora para tratar de poner fin al conflicto y alcanzar un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo.

Tras la suspensión de la huelga indefinida que se inició el pasado noviembre, los sindicatos y la representación de la empresa han mantenido varias reuniones en las que se ha puesto de manifiesto la necesidad de desescalar el conflicto y crear el clima propicio que permita retomar la negociación y el diálogo en un marco de respeto mutuo.

En este sentido, tanto la parte social como empresarial consideran que la creación de esta comisión técnica, que trasladará sus conclusiones a la comisión negociadora a mediados de junio, es una herramienta que puede acercar posturas y despejar el camino hacia la firma de un nuevo convenio colectivo. 

El Gobierno de la Nación ha aclarado al portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que, “en cuanto a la posibilidad de facilitar información sobre actuaciones inspectoras concretas en la empresa Hitachi Energy, debe subrayarse que, en relación con actuaciones en curso o ya finalizadas, rige el deber de sigilo”.

Así ha respondido el Gobierno de España, en respuesta escrita a la que ha accedido Europa Press, después que Santiago preguntase al Gobierno “¿qué mecanismos de seguimiento y control de la actividad inspectora se van a activar para garantizar que no se produzcan despidos como represalia por el ejercicio del derecho a huelga en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba?”, en el marco del conflicto laboral abierto respecto a la negociación del convenio colectivo, sobre el que aún no hay acuerdo, si bien ahora las jornadas de huelga están suspendidas.

Junto a ello, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados preguntó al Gobierno de la Nación si “se tiene previsto realizar una fiscalización específica sobre el pago de los salarios retroactivos que la justicia ha ordenado, tras las suspensiones cautelares de las sanciones” de empleo y sueldo que la empresa impuso a 76 trabajadores por “haber participado en una asamblea pacífica en la fábrica”.

Ante ello, el Ejecutivo central ha respondido que, respecto a facilitar información sobre las actuaciones que la Inspección de Trabajo haya llevado a cabo o esté realizando en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba “rige el deber de sigilo”, tal y como está “regulado en el artículo 10 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, que impone a los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social el deber de sigilo con un alcance muy amplio”.

Tanto es así, que dicho deber de sigilo se extiende, “tanto al origen de cualquier queja de la que tenga conocimiento sobre incumplimientos de las disposiciones legales, como a cualquier tipo de datos, informes o antecedentes de los que haya tenido conocimiento la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Por ello, “se considera que los datos solicitados, por afectar a una empresa en concreto, están comprendidos en el ámbito de reserva acotada por el artículo 10 de la Ley 23/2015, de 21 de julio y, por tanto, no se puede facilitar información al respecto”.

Junto a esto, según ha añadido el Gobierno de España en su respuesta a Enrique Santiago, “en el supuesto que nos ocupa, cabe indicar además que el ejercicio de acciones contra despidos se deben interponer ante la Jurisdicción Social, por ser el órgano competente para conocer sobre ellos”.

En cualquier caso, el Gobierno ha recordado “el derecho” que, por Ley, tiene “la persona trabajadora a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida”, de forma que, “en caso de incumplimiento que sea puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en caso de ser comprobado, dará lugar a la comisión de una infracción grave”, en base a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, señalando que, “en los casos de impagos y retrasos reiterados del salario debido, será una infracción muy grave” la cometida.

Por último, el Ejecutivo central ha señalado que, “sin perjuicio de lo indicado, en relación con la posible presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que conllevarían el inicio de las actuaciones de comprobación correspondientes, se debe indicar que la ya referida Ley 23/2015, de 21 de julio, establece que la Inspección actuará de oficio siempre, como consecuencia de orden superior, de orden de servicio derivada de planes o programas de inspección, también a petición razonada de otros órganos, o por propia iniciativa de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social”.

CCOO ha anunciado este martes que, “justo el mismo día en que UGT constituía la mesa electoral del colegio de oficinas de Hitachi Energy, un árbitro ha emitido un laudo que viene a reiterar la ilegalidad de las elecciones promovidas por UGT, después de que la Delegación de Empleo de la Junta en Córdoba rechazara registrar el acta de revocación de los miembros del comité de empresa, en representación del colegio de oficinas, rechazo a pesar del cual UGT insistió en convocar unas elecciones para renovar a los representantes de dicho colegio”.

Según ha recordado CCOO en una nota, este sindicato solicitó “la nulidad del preaviso de UGT, a la que se adhiere también USO, sobre la base de que no existe causa para convocar elecciones parciales, pues no consta vacante alguna en el órgano de presentación existente, dado que en medio de la negociación del convenio colectivo no puede revocarse a las personas representantes sindicales, lo que motivó el rechazo de la Delegación de Empleo a registrar la revocación”.

Así, en la comparecencia ante el árbitro, CCOO aportó el certificado actualizado de la Oficina Pública de Registros (OP) sobre la situación de los representantes en el órgano unitario y donde se hace constar que “todos los miembros del comité de empresa están con mandato vigente y que no consta ninguna revocación”.

A este respecto, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha afirmado, tras conocer el laudo arbitral, que “la resolución del árbitro viene a corroborar lo que venimos defendiendo, que los miembros del comité no pueden ser revocados porque estamos en plena negociación del convenio” y por eso, “pedimos a UGT que haga un ejercicio de responsabilidad y acate las resoluciones de la autoridad laboral y del arbitraje”, pidiendo CCOO también a la empresa “que se mantenga al margen de cuestiones que solo competen a la representación sindical, acatando que el actual comité de empresa sigue vigente y con todas sus funciones intactas”.

Comisiones Obreras (CCOO) ha aceptado firmar parcialmente el Plan de Igualdad de Hitachi Energy, que será de aplicación en todos los centros de la compañía japonesa en España -Córdoba, Vizcaya, Zaragoza, Barcelona y Madrid- si bien rechaza el veto de la empresa a dos miembros de la comisión negociadora, dos delegados de la planta de Córdoba que fueron vetados por la empresa, que entiende que han sido revocados.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha recordado que la revocación del colegio de oficinas de Hitachi Energy Córdoba no ha sido admitida a registro por la autoridad laboral, por lo que esta queda sin efecto y, por ello, entiende que estos dos delegados están plenamente legitimados para formar parte del proceso de firma del Plan de Igualdad.

CCOO ha reiterado ante la dirección de la empresa que su posicionamiento se centra exclusivamente en su propia actuación, evitando valorar las decisiones de otras organizaciones sindicales minoritarias. Asimismo, ha insistido en que la comisión negociadora debe mantener su composición original, advirtiendo de que cualquier modificación podría ser contraria a la legalidad vigente.

La organización sindical ha recordado que, según la normativa aplicable, únicamente una comisión válidamente constituida tiene capacidad para negociar y firmar un plan de igualdad. En este sentido, ha subrayado que anteriores intentos de deslegitimar a sus delegados fueron anulados por la administración, por lo que respetará la resolución emitida el pasado 17 de marzo de 2026, que rechaza la citada revocación.

Pese a las discrepancias, CCOO ha optado por una firma parcial, argumentando que no quiere ser responsable de los efectos negativos derivados de la ausencia de un Plan de Igualdad en la empresa. Esta decisión, han señalado, responde a la realidad de los distintos centros de trabajo en el conjunto del país.

No obstante, el sindicato ha decjado claro que esta firma no implica la aceptación de los cambios en la composición de la comisión ni limita sus futuras acciones legales, que podrán ejercerse para defender su participación y garantizar el cumplimiento de la legalidad.

El sindicato UGT FICA ha anunciado que recurrirá ante la jurisdicción social la decisión “arbitraria” de la Junta de Andalucía sobre la asamblea de revocación realizada por los trabajadores y trabajadoras en Hitachi Energy.

La administración laboral ha vuelto a dar la razón a CCOO tras el rechazo por parte de la Delegación territorial de Empleo de la Junta en Córdoba del registro del acta de revocación de los miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en representación del colegio de oficinas.

Ahora, el sindicato UGT, que impulsó esta revocación, ha denunciado “una injerencia administrativa contraria a la legalidad vigente, que vulnera la voluntad mayoritaria del 80 % la plantilla y quiebra el principio de seguridad jurídica al aplicar un criterio desigual respecto a precedentes análogos en la provincia de Córdoba”.

No obstante, la Junta lo que precisó es que no procede el registro del acta de revocación porque no puede revocarse a los miembros del comité de empresa “durante la tramitación de un convenio colectivo”, como es el caso.

A pesar de ello, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) de Córdoba ha anunciado que interpondrá un recurso ante la jurisdicción social frente a la resolución de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía por la que se inadmite a trámite la revocación del comité del colegio de Técnicos y Administrativos de Hitachi Energy.

Desde UGT FICA subrayan que dicha resolución constituye “una injerencia ilegítima de la administración en la autonomía colectiva, al arrogarse funciones que exceden sus competencias y que corresponden en exclusiva al ámbito jurisdiccional”. Según los ugetistas, la actuación administrativa no solo carece de la debida cobertura legal, sino que, además, “contraviene frontalmente la voluntad soberana de los trabajadores, expresada de forma inequívoca en asamblea válidamente convocada y constituida, que nunca ha sido cuestionada o recurrida por nadie”.

La pasada semana, en una asamblea convocada por los trabajadores de Hitachi para tal efecto, el 80% de las personas trabajadoras del colegio de Técnicos y Administrativos acordó la revocación de la totalidad de los miembros del comité en “un ejercicio legítimo del derecho de participación reconocido en la normativa laboral y amparado por el principio de libertad sindical, por lo que la negativa de la Junta a admitir dicha decisión supone, en la práctica, vaciar de contenido un mecanismo democrático esencial en la representación de los trabajadores”, señalan desde UGT FICA.

Los ugetistas critican que la Administración autonómica haya optado por intervenir activamente en este supuesto cuando, destacan, “en casos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba ha mantenido una posición de abstención y neutralidad, una aplicación selectiva y arbitraria del criterio administrativo que vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la norma (artículo 14 de la Constitución) y genera una evidente quiebra de la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), incompatible con los estándares exigibles a cualquier poder público”.

Proceso de elecciones sindicales abierto

Por otra parte, UGT FICA ha desmentido “las manifestaciones vertidas por otras organizaciones sindicales” y ha zanjado que “el preaviso electoral promovido por este sindicato, debidamente registrado ante la autoridad laboral competente, no ha sido objeto de impugnación alguna, por lo que mantiene plena validez y eficacia jurídica, y el proceso de elecciones sindicales se materializará el próximo 13 de abril del 2026 con la constitución de la mesa electoral”. Del mismo modo, ha aclarado que “el proceso electoral de renovación de la representación de los trabajadores continuará su curso conforme a derecho, sin perjuicio de lo que, en su caso, resuelva la jurisdicción social, único órgano competente para dirimir este tipo de controversias para otorgar validez a los procesos electorales”.

UGT FICA ha denunciado, además, “la existencia de una doble vara de medir intolerable, ya que en supuestos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba la propia Administración ha optado por no intervenir, una actuación selectiva que podría ser constitutiva de arbitrariedad descrita por el artículo 9.3 de la Constitución, quebrando la confianza legítima de los trabajadores en la actuación imparcial de los poderes públicos”.

Consecuencias y causas del conflicto abierto en Hitachi

Desde la federación ugetista han lanzado un mensaje de “nueva oportunidad para reconducir un conflicto que, hasta el momento, sólo se ha traducido en pérdidas para las personas trabajadoras, enquistamiento del problema y falta de solución real, suponiendo, además, la pérdida para Córdoba de cerca de 200 puestos de trabajo y más de 30 millones de inversión, por la forma en la que ha actuado CCOO en el conflicto”. Este sería, según fuentes del sindicato, una de las razones principales que llevaron a la plantilla a la revocación del comité de empresa con mayoría de este otro sindicato.

Los ugetistas denuncian, además, que CCOO habría planteado este conflicto para ocultar que no presentaron la correspondiente denuncia del convenio en su debido tiempo, por lo que el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) dio por prorrogado el convenio de Hitachi en Córdoba hasta diciembre de 2026.

Para UGT FICA esta situación “de bloqueo” en las negociaciones de los representantes de los trabajadores con la empresa ha supuesto “un duro golpe para el futuro de fábrica en Córdoba que los trabajadores han entendido que debe ser reconducida lo más inmediatamente posible, algo que también deberían de entender desde la Administración autonómica, para así poder paliar lo antes posible el golpe e intentar recuperar, mediante una negociación acorde y estratégicamente diseñada, tanto los derechos de las personas trabajadoras como la posición privilegiada que Hitachi Córdoba ha tenido a nivel mundial”. 

La administración laboral vuelve a dar la razón a CCOO tras el rechazo por parte de la Delegación territorial de Empleo de la Junta en Córdoba del registro del acta de revocación de los miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en representación del colegio de oficinas.

Tal y como ha comunicado CCOO en uan nota de prensa, un grupo de trabajadores -encabezados por los delegados de UGT- decidieron revocar a los delegados del colegio de oficinas (los que reprsentan a los trabajadores) y sometieron la revocación a votación a pesar de las advertencias por parte de los delegados de CCOO de que dicha revocación no podía llevarse a cabo porque se estaba negociando el convenio colectivo. Dado que solo fue a votar la mitad de los trabajadores adscritos al mencionado colegio, “curiosamente, la mayoría de ellos empleados que no están afectados por el convenio colectivo en conflicto”, la votación salió favorable a la revocación. No obstante, CCOO siguió manteniendo la ilegalidad de la misma.

Ahora, la Delegación de Empleo da la razón al sindicato e informa que no procede el registro del acta de revocación porque no puede revocarse a los miembros del comité de empresa “durante la tramitación de un convenio colectivo”. CCOO entiende que, al no admitirse la revocación de los delegados, tampoco cabe el preaviso electoral realizado por UGT que, no obstante, ha sido impugnado por CCOO.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba remarca, además, que el reconocimiento por parte de la Delegación de que se está negociando un convenio colectivo pone de manifiesto que “el convenio no se encuentra prorrogado, como mantiene la empresa y UGT, sino en ultraactividad en tanto se culmina la negociación”. CCOO recuerda que la revocación “ha tenido efectos muy graves”, ya que los delegados revocados (tanto de CCOO como de UGT) “no han podido ejercer sus funciones en la comisión negociadora del Plan de Igualdad porque la empresa consideraba que ya no estaban en funciones, cuando sí lo estaban”.

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, lamenta “tener que judicializar cada paso que da la empresa en contra de la plantilla, que sigue más unida que nunca en defensa de su convenio colectivo”. En este sentido, Jiménez explica que este lunes se remitió un escrito a la empresa, firmado por las tres organizaciones sindicales con representación en el comité -CCOO, UGT y USO- para reclamar a la empresa información sobre el Plan de Externalización Parcial (PEP) que presentó la firma japonesa el pasado día 2 de marzo sin abrir el correspondiente periodo formal de consulta y sin que se haya facilitado la documentación necesaria para un examen efectivo por parte de la representación legal de los trabajadores.

De hecho, los sindicatos están convocados a una reunión con la empresa el próximo día 26 en la que, además del convenio colectivo, se planteará también la mencionada externalización porque es materia de negociación dentro del convenio colectivo. Precisamente para llegar a dicha reunión en un clima de cordialidad, CCOO y USO han suspendido el calendario de movilizaciones previsto, empezando por la manifestación y el perol solidario que estaba previsto para el próximo sábado.

Un incendio registrado a primera hora de la mañana en un depósito de la fábrica de Hitachi en Córdoba ha requerido la intervención del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

El aviso se recibió a las 7:26 horas, tras detectarse fuego en uno de los depósitos de las instalaciones. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque central del SEIS, que actuaron para controlar y extinguir el incendio.

En el operativo participaron ocho bomberos, dos conductores y el sargento de guardia. Para la intervención se movilizaron un camión cisterna y un vehículo bomba urbana.

Los equipos de emergencia permanecieron trabajando en la zona hasta aproximadamente las 8:50 horas, momento en el que el incendio quedó controlado.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del fuego ni sobre posibles daños personales.

El inicio de 2026 para Córdoba capital y provincia está siendo muy duro para cientos de trabajadores. Liquidación de empresas, Expediente de Regulación de Empleo (ERE), juicios y huelgas han sido los protagonistas para siete empresas -que se ha dado a conocer de manera pública- en los primeros tres meses del año. El último en sumarse de nuevo en este sentido ha sido el Restaurante El Caballo rojo, quienes sus profesionales harán un parón en su labor cada sábado del mes de marzo y Semana Santa incluida.

Comisiones Obreras (CCOO) emitió un comunicado en la jornada del miércoles explicado que la plantilla de este restaurante irá a la huelga por los impagos de las nómicas de enero y febrero. 21 trabajadores de este establecimiento están llamados a una concentración el próximo sábado de 13:00 a 14:00. Una movilización que llega tras una serie de problemas que ya datan desde el pasado mes de diciembre. El personal anunció una huelga que después suspendió por el compromiso de la empresa a abonar las cantidades que adeudaba. Sin embargo, no cumplió con este acuerdo y volverán a esta manifestación.

El colapso de Oteros

Otro de los casos de Córdoba, pero que traspasa fronteras provinciales es el de Oteros. Lo que comenzó como un proyecto nacido en Lucena en 1993 y que llegó a contar con 80 tiendas en toda España, se encuentra hoy en una situación crítica. Tras un concurso de acreedores en 2022 del que parecía haber salido, la empresa comunicó el cierre de todas sus tiendas en diciembre. Ahí parte de sus empleados continúan en un limbo legal.

Actualmente, más de 200 trabajadores -repartidos entre Córdoba, Cádiz, Sevilla y Málaga- acumulan cerca de tres meses sin cobrar sus nóminas. El proceso se ha tornado especialmente complejo tras un ERE fallido; mientras que una parte de la plantilla ha comenzado a recibir sus cartas de despido para regularizar su situación a través del Fogasa, otros 70 empleados de sociedades como Azahara Online SL o Global Retail permanecen a la espera de resoluciones judiciales.

La huelga de gruistas

El sector de la construcción tampoco se ha librado de esta problemática. Los operadores de grúas-torre mantienen una huelga que ha logrado paralizar más de 60 obras en toda la provincia. El conflicto se centra en una mejora salarial: los trabajadores exigen un incremento de 25 euros para equipararse a otros profesionales del sector, alegando la enorme responsabilidad penal que conlleva su labor.

Por su parte, la patronal Construcor mantiene una postura de firmeza, calificando la situación de “intransigencia” por parte de los sindicatos. Según la patronal, las pretensiones de los gruistas superan los límites fijados en el Convenio General de la Construcción y han asegurado en una nota enviada a los medios de comunicación que ya se aplicó una subida transitoria del 100% en el plus de gruista. El bloqueo es tal que los trabajadores han solicitado la mediación del alcalde de Córdoba para intentar desatascar la negociación.

Para responder a la patronal, el portavoz de los trabajadores, Antonio Herencia, ha criticado a este periódico en este sábado la falta de voluntad negociadora de la empresa -con solo dos reuniones en tres meses- y ha calificado de “incoherentes” las cifras sobre las demandas salariales difundidas, asegurando que las peticiones se ajustan al marco provincial y son inferiores a las penalizaciones por retrasos en la construcción.

Correos, MRW y Mensajería Guadalquivir

Por otro lado, estas últimas semanas también ha llegado esta inestabilidad laboral a empresas de correos. Primeramente, el sindicato CSIF ha denunciado la “enorme incertidumbre” de una veintena de trabajadores de la empresa Mensajería Guadalquivir que, al acudir a sus puestos, se encontraron sin órdenes de trabajo ni instrucciones. La empresa se encuentra en concurso de acreedores desde hace un año y la plantilla denuncia una falta total de información sobre su futuro contractual.

Asimismo, CCOO se ha quejado contra lo que considera un “recorte de plantilla” estructural en la provincia por parte de Correos, citando la supresión de puestos en localidades como Rute, Cabra, Montilla y la propia capital. El sindicato advirtió a principios de marzo que muchas unidades operan al 60% de su capacidad, lo que provoca retrasos en citas médicas y notificaciones legales. Correos, sin embargo, defiende que la asignación de personal se ajusta estrictamente al volumen de envíos actual para garantizar la eficiencia.

La situación de Hitachi y una huelga que ha terminado -de momento-

Los trabajadores de Hitachi mantenían hasta el pasado fin de semana una huelga desde el pasado noviembre. Tras 14 meses de conflicto y con la reincorporación de los miembros del comité sancionados, los sindicatos CCOO y USO buscan retomar la negociación del convenio colectivo. El objetivo es asegurar el futuro de una empresa que consideran “estratégica para Córdoba” sin necesidad de precarizar el empleo.

Este conflicto data por no lograr un acuerdo para la renovación del convenio colectivo, que cumplió el 31 de diciembre de 2024. Este acuerdo continúa vigente actualmente por ultraactividad y regula las condiciones de trabajo de los 440 empleados de la fábrica. Los trabajadores quieren que se actualice y ahora como “gesto de buena voluntad” han suspendido sus movilizaciones para solucionar un problema que está alargando más de lo previsto.

Pharmex despide a 32 personas

La empresa Pharmex, que tiene su fábrica en Almodóvar del Río retomando la actividad de la antigua Calmante Vitaminado de Laboratorios Pérez Giménez, despidió a principios de marzo a casi tres cuartas partes de su plantilla. La compañía anunció una decisión que afecta a 32 personas, dejando en la fábrica cordobesa a 12 empleados.

Desde CCOO denunciaron la falta de información a este respecto y abrieron un proceso para asesorar a los trabajadores expulsados para afrontar esta situación. Por otro lado, el sindicato señaló que la preocupante situación que se da ahora, no solo para los trabajadores despedidos, sino para la continuidad de la fábrica con un tercio de la plantilla que tenía.

Y mientras tanto... el paro aumenta

El pasado 3 de febrero salieron los datos del Servicio Público de Empleo Estatal y Córdoba no vuelve a salir bien parada. La provincia ha arrancado este año con casi 1.000 personas más en las listas del paro. Pese a este dato negativo, el análisis que realizó este periódico daba motivo para el optimismo, ya que la subida registrada en este 2026 es menos pronunciada que la experimentada en el mismo mes, pero de 2025. Por tanto, Córdoba presenta un escenario notablemente mejor que hace doce meses: el paro ha descendido en más de 5.000 personas que en enero de 2025.

Por otro lado, y en cuanto a la contratación se refiere, durante el mes de enero se firmaron un total de 29.360 contratos en Córdoba, de los que 11.855 fueron indefinidos. Aun así, la situación laboral en la provincia y en la capital ha comenzado este 2026 con más problemas de los previstos. A falta de soluciones, los empleados continúan ejerciendo su derecho a la huelga.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha animado este lunes a la empresa Hitachi Energy España a que “reconsidere su posición” en cuanto a la inversión prevista en la planta de Córdoba y que “intente llegar al acuerdo” y con la “interlocución de la parte social”, teniendo en cuenta que la fábrica emplea a unas 440 personas.

En una atención a los medios tras reunirse con el country manager director de la entidad, Alfredo García-Borreguero, y posteriormente con el comité de la citada empresa, con la asistencia de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, Montero ha declarado que “el ánimo del Gobierno de España es que la representación de los trabajadores y la empresa puedan llegar a un acuerdo y que fruto de ese acuerdo se recupere la inversión que en un primer momento la empresa iba a hacer sobre esta instalación, que estaba en torno a 87 millones de euros”.

En este caso, ha lamentado que dicha inversión “se ha reducido casi a la mitad, justamente para posibilitar, según la empresa, que haya continuidad y en algún caso recuperación de la productividad y la competitividad que durante el último año, según la empresa, se ha perdido”.

Ante ello, tanto la subdelegada como ella han hecho llegar “la voluntad de trabajar en esa dirección y de explorar los instrumentos que tenemos, entre ellos la concesión de dos subvenciones, incentivos regionales, que concede el Ministerio de Hacienda a través de los fondos regionales, en los que la empresa iba a tener una subvención de casi 12 millones de euros”, pero “queda cuestionada, porque el total de lo que la empresa va a destinar a la actividad se baja casi a la mitad de lo que en un primer momento se tenía previsto, con lo cual eso obliga a explorar diferentes situaciones”.

Tras animar a que “los trabajadores y la propia empresa lleguen a un acuerdo”, la ministra ha comentado que “el acuerdo estaba en el marco de la negociación del convenio colectivo y que tiene que garantizar, como cualquier convenio colectivo, las condiciones laborales y la viabilidad del propio plan industrial, que la empresa tiene presentado y preparado de aquí a unos cuantos años”.

“No perder ni un puesto de trabajo”

Entretanto, Montero ha indicado que “el CEO se ha mostrado bastante firme en la parte que había transmitido la propia empresa y a la representación de la empresa”, si bien le ha hecho “un llamamiento a que reconsidere la posición y actitud porque esta empresa es muy importante para la ciudad, no solamente por lo que implica del número de empleos, sino también, y lo que es fundamental, porque forma parte del ecosistema industrial que hay en Córdoba y en Andalucía”. “Un ecosistema que tiene que aspirar a ir a más, no a menos”, ha remarcado.

Además, ha afirmado que “sí ha comprometido el CEO que no se va a perder un solo puesto de trabajo”, sino “todo lo contrario”, de modo que “consideran que van a aumentar el número de trabajadores, en este caso indirecto, que estén asociados a la empresa”, ha destacado Montero.

No obstante, ve “fundamental que haya un acuerdo en el marco del convenio colectivo, del diálogo social”, y que “la inversión de 87 millones, que significa mucha modernización de la totalidad del tejido productivo, se pueda mantener y replantear”.

El papel de mediación

En cuanto a las declaraciones de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, al calificar de “falta de lealtad entre instituciones” el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno haya “convocado una reunión” este lunes con el CEO apenas “dos horas antes” de la reunión programada “desde la semana pasada” por parte del Gobierno andaluz y el Ayuntamiento, y en la que, según la consejera, “tenía que estar también la Subdelegación del Gobierno”, Montero ha manifestado que no puede “entender cómo alguien puede pensar que hay una falta de lealtad”.

En este sentido, ha subrayado que “el Gobierno de España, entre otras cosas, está dando subvenciones a esta empresa en particular, se preocupa y se ocupa de que la empresa mantenga la inversión inicialmente prevista porque eso supone una mayor fortaleza de esa industria, una mejor sostenibilidad para el futuro y, por tanto, una apuesta por Andalucía y Córdoba”.

“También cuando uno está intentando mediar en un conflicto que se prolonga por un año entre los trabajadores y la empresa para que lleguen a unas condiciones adecuadas que permita que el clima laboral, el clima social de la empresa, favorezca el avance y el desarrollo de esta empresa”, ha enfatizado, para señalar que “deslealtad sería no intentar nada cuando hay una situación de este tipo”.

A su juicio, “da la impresión de que utilizan los adjetivos mal, no es que piensen que es deslealtad, es que parece que les da coraje que el Gobierno de España intervenga en los asuntos que son importantes para Andalucía”. “Es que parece que hay que pedir permiso permanentemente para hablar con alguien, como si Andalucía le perteneciera a una institución, en este caso a la Junta de Andalucía”, ha expuesto Montero, quien ha insistido en que no puede “entender cómo se puede acusar de deslealtad a alguien que está intentando solucionar el problema y el conflicto”.

Al hilo, ha defendido que todas las administraciones se tienen que reunir con esta empresa, aseverando que le parece muy bien que “la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y todo el mundo se reúna, porque hay que llevar al ánimo de la empresa la importancia que tiene esta fábrica”. Si bien, ha expresado que ella no acusa a “nadie de deslealtad”. “Me parece gratuito, poco oportuno y poco deportivo que se puedan hacer esas acusaciones”, ha dicho.

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba ha decidido en asamblea suspender la huelga indefinida que mantiene desde el pasado noviembre para favorecer la recuperación de la negociación del convenio colectivo, bloqueada desde el pasado enero.

De esta forma, la manifestación prevista para el próximo jueves ha quedado suspendida como gesto de buena voluntad de la parte social de cara a recuperar el diálogo perdido con la empresa. En este sentido los sindicatos CCOO, mayoritario en el comité, y USO han mostrado su esperanza de que la dirección de la empresa “no deje pasar una nueva oportunidad de desescalar el conflicto” y que se siente a negociar con una verdadera intención de llegar a un acuerdo que favorezca a todas las partes.

Así, los sindicatos convocarán a la empresa a una reunión para intentar acercar posturas y acabar después de 14 meses con una situación que no beneficia a ninguna de las partes. Ya se han incorporado a la empresa todos los miembros del comité que fueron sancionados gracias a las medidas cautelares dictadas por distintos juzgados, por lo que la parte social entiende que hay una oportunidad de sentarse a negociar en igualdad de condiciones con la empresa. Además, CCOO y USO esperan que UGT reconsidere su postura y se una a la negociación.

CCOO y USO están convencidos de que el acuerdo es posible y dejan clara su apuesta por la empresa y por su futuro. Cabe recordar que Hitachi es una empresa estratégica para Córdoba y los sindicatos quieren “que lo siga siendo”, además de estar “seguros de que podemos sentar las bases de una empresa competitiva y fuerte sin necesidad de precarizar el empleo. Hitachi es un referente y queremos que lo siga siendo y para ello no hay otro camino que sentarse a negociar. Por ello, esta parte sindical vuelve a pedir a la empresa un ejercicio de responsabilidad y que se siente a negociar hasta que se llegue a un acuerdo”, han concluido las organizaciones.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha afirmado este miércoles que el “recorte” que ha anunciado Hitachi Energy, de 80 a 47,6 millones de euros, en la inversión que había previsto hacer en su planta de Córdoba, “es un fraude a los acuerdos alcanzados por la empresa con las administraciones públicas para obtener exenciones tributarias y subvenciones” directas.

A este respecto y en rueda de prensa, Santiago ha recordado que dichas ayudas o exenciones “se conveniaron dentro de un plan de desarrollo y de incremento de la inversión de esta compañía”, de modo que, “si Hitachi amenaza con el recorte de las inversiones ya comprometidas, no cabe más que pedirle a las administraciones públicas, no ya que cesen las subvenciones sino que incluso obliguen a Hitachi a devolver las exenciones fiscales que ya ha disfrutado y las ayudas que haya recibido”.

Además, a juicio de Santiago, “los argumentos de la empresa son realmente lamentables”, pues ha alegado “baja productividad o pérdidas cuando han sido 23 las horas de huelga” de los trabajadores, mientras que la falta de “respeto de los derechos laborales de la empresa, mediante sanciones y cierres patronales, han hecho perder 22.000 horas”, lo que evidencia “quién es el responsable de ese posible descenso de productividad que alega Hitachi”.

Junto a ello, Santiago ha señalado que su formación ya presentó una pregunta “hace dos semanas en el Congreso de los Diputados, dirigida al Ministerio de Transición Ecológica, sobre las subvenciones o las ayudas comprometidas con Hitachi”, y está a la espera de respuesta.

Entre tanto, Santiago ha hecho “un llamamiento a la sensatez a la dirección de Hitachi, para que deje de coaccionar a los trabajadores, que permita que vuelva la normalidad al centro de trabajo de Córdoba y que se normalice la situación, para que Hitachi siga siendo, gracias a su plantilla, una de las empresas más productivas y que aporta mayor desarrollo económico a la provincia”.