Comisiones Obreras (CCOO) ha aceptado firmar parcialmente el Plan de Igualdad de Hitachi Energy, que será de aplicación en todos los centros de la compañía japonesa en España -Córdoba, Vizcaya, Zaragoza, Barcelona y Madrid- si bien rechaza el veto de la empresa a dos miembros de la comisión negociadora, dos delegados de la planta de Córdoba que fueron vetados por la empresa, que entiende que han sido revocados.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha recordado que la revocación del colegio de oficinas de Hitachi Energy Córdoba no ha sido admitida a registro por la autoridad laboral, por lo que esta queda sin efecto y, por ello, entiende que estos dos delegados están plenamente legitimados para formar parte del proceso de firma del Plan de Igualdad.

CCOO ha reiterado ante la dirección de la empresa que su posicionamiento se centra exclusivamente en su propia actuación, evitando valorar las decisiones de otras organizaciones sindicales minoritarias. Asimismo, ha insistido en que la comisión negociadora debe mantener su composición original, advirtiendo de que cualquier modificación podría ser contraria a la legalidad vigente.

La organización sindical ha recordado que, según la normativa aplicable, únicamente una comisión válidamente constituida tiene capacidad para negociar y firmar un plan de igualdad. En este sentido, ha subrayado que anteriores intentos de deslegitimar a sus delegados fueron anulados por la administración, por lo que respetará la resolución emitida el pasado 17 de marzo de 2026, que rechaza la citada revocación.

Pese a las discrepancias, CCOO ha optado por una firma parcial, argumentando que no quiere ser responsable de los efectos negativos derivados de la ausencia de un Plan de Igualdad en la empresa. Esta decisión, han señalado, responde a la realidad de los distintos centros de trabajo en el conjunto del país.

No obstante, el sindicato ha decjado claro que esta firma no implica la aceptación de los cambios en la composición de la comisión ni limita sus futuras acciones legales, que podrán ejercerse para defender su participación y garantizar el cumplimiento de la legalidad.

El sindicato UGT FICA ha anunciado que recurrirá ante la jurisdicción social la decisión “arbitraria” de la Junta de Andalucía sobre la asamblea de revocación realizada por los trabajadores y trabajadoras en Hitachi Energy.

La administración laboral ha vuelto a dar la razón a CCOO tras el rechazo por parte de la Delegación territorial de Empleo de la Junta en Córdoba del registro del acta de revocación de los miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en representación del colegio de oficinas.

Ahora, el sindicato UGT, que impulsó esta revocación, ha denunciado “una injerencia administrativa contraria a la legalidad vigente, que vulnera la voluntad mayoritaria del 80 % la plantilla y quiebra el principio de seguridad jurídica al aplicar un criterio desigual respecto a precedentes análogos en la provincia de Córdoba”.

No obstante, la Junta lo que precisó es que no procede el registro del acta de revocación porque no puede revocarse a los miembros del comité de empresa “durante la tramitación de un convenio colectivo”, como es el caso.

A pesar de ello, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) de Córdoba ha anunciado que interpondrá un recurso ante la jurisdicción social frente a la resolución de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía por la que se inadmite a trámite la revocación del comité del colegio de Técnicos y Administrativos de Hitachi Energy.

Desde UGT FICA subrayan que dicha resolución constituye “una injerencia ilegítima de la administración en la autonomía colectiva, al arrogarse funciones que exceden sus competencias y que corresponden en exclusiva al ámbito jurisdiccional”. Según los ugetistas, la actuación administrativa no solo carece de la debida cobertura legal, sino que, además, “contraviene frontalmente la voluntad soberana de los trabajadores, expresada de forma inequívoca en asamblea válidamente convocada y constituida, que nunca ha sido cuestionada o recurrida por nadie”.

La pasada semana, en una asamblea convocada por los trabajadores de Hitachi para tal efecto, el 80% de las personas trabajadoras del colegio de Técnicos y Administrativos acordó la revocación de la totalidad de los miembros del comité en “un ejercicio legítimo del derecho de participación reconocido en la normativa laboral y amparado por el principio de libertad sindical, por lo que la negativa de la Junta a admitir dicha decisión supone, en la práctica, vaciar de contenido un mecanismo democrático esencial en la representación de los trabajadores”, señalan desde UGT FICA.

Los ugetistas critican que la Administración autonómica haya optado por intervenir activamente en este supuesto cuando, destacan, “en casos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba ha mantenido una posición de abstención y neutralidad, una aplicación selectiva y arbitraria del criterio administrativo que vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la norma (artículo 14 de la Constitución) y genera una evidente quiebra de la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), incompatible con los estándares exigibles a cualquier poder público”.

Proceso de elecciones sindicales abierto

Por otra parte, UGT FICA ha desmentido “las manifestaciones vertidas por otras organizaciones sindicales” y ha zanjado que “el preaviso electoral promovido por este sindicato, debidamente registrado ante la autoridad laboral competente, no ha sido objeto de impugnación alguna, por lo que mantiene plena validez y eficacia jurídica, y el proceso de elecciones sindicales se materializará el próximo 13 de abril del 2026 con la constitución de la mesa electoral”. Del mismo modo, ha aclarado que “el proceso electoral de renovación de la representación de los trabajadores continuará su curso conforme a derecho, sin perjuicio de lo que, en su caso, resuelva la jurisdicción social, único órgano competente para dirimir este tipo de controversias para otorgar validez a los procesos electorales”.

UGT FICA ha denunciado, además, “la existencia de una doble vara de medir intolerable, ya que en supuestos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba la propia Administración ha optado por no intervenir, una actuación selectiva que podría ser constitutiva de arbitrariedad descrita por el artículo 9.3 de la Constitución, quebrando la confianza legítima de los trabajadores en la actuación imparcial de los poderes públicos”.

Consecuencias y causas del conflicto abierto en Hitachi

Desde la federación ugetista han lanzado un mensaje de “nueva oportunidad para reconducir un conflicto que, hasta el momento, sólo se ha traducido en pérdidas para las personas trabajadoras, enquistamiento del problema y falta de solución real, suponiendo, además, la pérdida para Córdoba de cerca de 200 puestos de trabajo y más de 30 millones de inversión, por la forma en la que ha actuado CCOO en el conflicto”. Este sería, según fuentes del sindicato, una de las razones principales que llevaron a la plantilla a la revocación del comité de empresa con mayoría de este otro sindicato.

Los ugetistas denuncian, además, que CCOO habría planteado este conflicto para ocultar que no presentaron la correspondiente denuncia del convenio en su debido tiempo, por lo que el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) dio por prorrogado el convenio de Hitachi en Córdoba hasta diciembre de 2026.

Para UGT FICA esta situación “de bloqueo” en las negociaciones de los representantes de los trabajadores con la empresa ha supuesto “un duro golpe para el futuro de fábrica en Córdoba que los trabajadores han entendido que debe ser reconducida lo más inmediatamente posible, algo que también deberían de entender desde la Administración autonómica, para así poder paliar lo antes posible el golpe e intentar recuperar, mediante una negociación acorde y estratégicamente diseñada, tanto los derechos de las personas trabajadoras como la posición privilegiada que Hitachi Córdoba ha tenido a nivel mundial”. 

La administración laboral vuelve a dar la razón a CCOO tras el rechazo por parte de la Delegación territorial de Empleo de la Junta en Córdoba del registro del acta de revocación de los miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en representación del colegio de oficinas.

Tal y como ha comunicado CCOO en uan nota de prensa, un grupo de trabajadores -encabezados por los delegados de UGT- decidieron revocar a los delegados del colegio de oficinas (los que reprsentan a los trabajadores) y sometieron la revocación a votación a pesar de las advertencias por parte de los delegados de CCOO de que dicha revocación no podía llevarse a cabo porque se estaba negociando el convenio colectivo. Dado que solo fue a votar la mitad de los trabajadores adscritos al mencionado colegio, “curiosamente, la mayoría de ellos empleados que no están afectados por el convenio colectivo en conflicto”, la votación salió favorable a la revocación. No obstante, CCOO siguió manteniendo la ilegalidad de la misma.

Ahora, la Delegación de Empleo da la razón al sindicato e informa que no procede el registro del acta de revocación porque no puede revocarse a los miembros del comité de empresa “durante la tramitación de un convenio colectivo”. CCOO entiende que, al no admitirse la revocación de los delegados, tampoco cabe el preaviso electoral realizado por UGT que, no obstante, ha sido impugnado por CCOO.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba remarca, además, que el reconocimiento por parte de la Delegación de que se está negociando un convenio colectivo pone de manifiesto que “el convenio no se encuentra prorrogado, como mantiene la empresa y UGT, sino en ultraactividad en tanto se culmina la negociación”. CCOO recuerda que la revocación “ha tenido efectos muy graves”, ya que los delegados revocados (tanto de CCOO como de UGT) “no han podido ejercer sus funciones en la comisión negociadora del Plan de Igualdad porque la empresa consideraba que ya no estaban en funciones, cuando sí lo estaban”.

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, lamenta “tener que judicializar cada paso que da la empresa en contra de la plantilla, que sigue más unida que nunca en defensa de su convenio colectivo”. En este sentido, Jiménez explica que este lunes se remitió un escrito a la empresa, firmado por las tres organizaciones sindicales con representación en el comité -CCOO, UGT y USO- para reclamar a la empresa información sobre el Plan de Externalización Parcial (PEP) que presentó la firma japonesa el pasado día 2 de marzo sin abrir el correspondiente periodo formal de consulta y sin que se haya facilitado la documentación necesaria para un examen efectivo por parte de la representación legal de los trabajadores.

De hecho, los sindicatos están convocados a una reunión con la empresa el próximo día 26 en la que, además del convenio colectivo, se planteará también la mencionada externalización porque es materia de negociación dentro del convenio colectivo. Precisamente para llegar a dicha reunión en un clima de cordialidad, CCOO y USO han suspendido el calendario de movilizaciones previsto, empezando por la manifestación y el perol solidario que estaba previsto para el próximo sábado.

Un incendio registrado a primera hora de la mañana en un depósito de la fábrica de Hitachi en Córdoba ha requerido la intervención del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

El aviso se recibió a las 7:26 horas, tras detectarse fuego en uno de los depósitos de las instalaciones. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque central del SEIS, que actuaron para controlar y extinguir el incendio.

En el operativo participaron ocho bomberos, dos conductores y el sargento de guardia. Para la intervención se movilizaron un camión cisterna y un vehículo bomba urbana.

Los equipos de emergencia permanecieron trabajando en la zona hasta aproximadamente las 8:50 horas, momento en el que el incendio quedó controlado.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del fuego ni sobre posibles daños personales.

El inicio de 2026 para Córdoba capital y provincia está siendo muy duro para cientos de trabajadores. Liquidación de empresas, Expediente de Regulación de Empleo (ERE), juicios y huelgas han sido los protagonistas para siete empresas -que se ha dado a conocer de manera pública- en los primeros tres meses del año. El último en sumarse de nuevo en este sentido ha sido el Restaurante El Caballo rojo, quienes sus profesionales harán un parón en su labor cada sábado del mes de marzo y Semana Santa incluida.

Comisiones Obreras (CCOO) emitió un comunicado en la jornada del miércoles explicado que la plantilla de este restaurante irá a la huelga por los impagos de las nómicas de enero y febrero. 21 trabajadores de este establecimiento están llamados a una concentración el próximo sábado de 13:00 a 14:00. Una movilización que llega tras una serie de problemas que ya datan desde el pasado mes de diciembre. El personal anunció una huelga que después suspendió por el compromiso de la empresa a abonar las cantidades que adeudaba. Sin embargo, no cumplió con este acuerdo y volverán a esta manifestación.

El colapso de Oteros

Otro de los casos de Córdoba, pero que traspasa fronteras provinciales es el de Oteros. Lo que comenzó como un proyecto nacido en Lucena en 1993 y que llegó a contar con 80 tiendas en toda España, se encuentra hoy en una situación crítica. Tras un concurso de acreedores en 2022 del que parecía haber salido, la empresa comunicó el cierre de todas sus tiendas en diciembre. Ahí parte de sus empleados continúan en un limbo legal.

Actualmente, más de 200 trabajadores -repartidos entre Córdoba, Cádiz, Sevilla y Málaga- acumulan cerca de tres meses sin cobrar sus nóminas. El proceso se ha tornado especialmente complejo tras un ERE fallido; mientras que una parte de la plantilla ha comenzado a recibir sus cartas de despido para regularizar su situación a través del Fogasa, otros 70 empleados de sociedades como Azahara Online SL o Global Retail permanecen a la espera de resoluciones judiciales.

La huelga de gruistas

El sector de la construcción tampoco se ha librado de esta problemática. Los operadores de grúas-torre mantienen una huelga que ha logrado paralizar más de 60 obras en toda la provincia. El conflicto se centra en una mejora salarial: los trabajadores exigen un incremento de 25 euros para equipararse a otros profesionales del sector, alegando la enorme responsabilidad penal que conlleva su labor.

Por su parte, la patronal Construcor mantiene una postura de firmeza, calificando la situación de “intransigencia” por parte de los sindicatos. Según la patronal, las pretensiones de los gruistas superan los límites fijados en el Convenio General de la Construcción y han asegurado en una nota enviada a los medios de comunicación que ya se aplicó una subida transitoria del 100% en el plus de gruista. El bloqueo es tal que los trabajadores han solicitado la mediación del alcalde de Córdoba para intentar desatascar la negociación.

Para responder a la patronal, el portavoz de los trabajadores, Antonio Herencia, ha criticado a este periódico en este sábado la falta de voluntad negociadora de la empresa -con solo dos reuniones en tres meses- y ha calificado de “incoherentes” las cifras sobre las demandas salariales difundidas, asegurando que las peticiones se ajustan al marco provincial y son inferiores a las penalizaciones por retrasos en la construcción.

Correos, MRW y Mensajería Guadalquivir

Por otro lado, estas últimas semanas también ha llegado esta inestabilidad laboral a empresas de correos. Primeramente, el sindicato CSIF ha denunciado la “enorme incertidumbre” de una veintena de trabajadores de la empresa Mensajería Guadalquivir que, al acudir a sus puestos, se encontraron sin órdenes de trabajo ni instrucciones. La empresa se encuentra en concurso de acreedores desde hace un año y la plantilla denuncia una falta total de información sobre su futuro contractual.

Asimismo, CCOO se ha quejado contra lo que considera un “recorte de plantilla” estructural en la provincia por parte de Correos, citando la supresión de puestos en localidades como Rute, Cabra, Montilla y la propia capital. El sindicato advirtió a principios de marzo que muchas unidades operan al 60% de su capacidad, lo que provoca retrasos en citas médicas y notificaciones legales. Correos, sin embargo, defiende que la asignación de personal se ajusta estrictamente al volumen de envíos actual para garantizar la eficiencia.

La situación de Hitachi y una huelga que ha terminado -de momento-

Los trabajadores de Hitachi mantenían hasta el pasado fin de semana una huelga desde el pasado noviembre. Tras 14 meses de conflicto y con la reincorporación de los miembros del comité sancionados, los sindicatos CCOO y USO buscan retomar la negociación del convenio colectivo. El objetivo es asegurar el futuro de una empresa que consideran “estratégica para Córdoba” sin necesidad de precarizar el empleo.

Este conflicto data por no lograr un acuerdo para la renovación del convenio colectivo, que cumplió el 31 de diciembre de 2024. Este acuerdo continúa vigente actualmente por ultraactividad y regula las condiciones de trabajo de los 440 empleados de la fábrica. Los trabajadores quieren que se actualice y ahora como “gesto de buena voluntad” han suspendido sus movilizaciones para solucionar un problema que está alargando más de lo previsto.

Pharmex despide a 32 personas

La empresa Pharmex, que tiene su fábrica en Almodóvar del Río retomando la actividad de la antigua Calmante Vitaminado de Laboratorios Pérez Giménez, despidió a principios de marzo a casi tres cuartas partes de su plantilla. La compañía anunció una decisión que afecta a 32 personas, dejando en la fábrica cordobesa a 12 empleados.

Desde CCOO denunciaron la falta de información a este respecto y abrieron un proceso para asesorar a los trabajadores expulsados para afrontar esta situación. Por otro lado, el sindicato señaló que la preocupante situación que se da ahora, no solo para los trabajadores despedidos, sino para la continuidad de la fábrica con un tercio de la plantilla que tenía.

Y mientras tanto... el paro aumenta

El pasado 3 de febrero salieron los datos del Servicio Público de Empleo Estatal y Córdoba no vuelve a salir bien parada. La provincia ha arrancado este año con casi 1.000 personas más en las listas del paro. Pese a este dato negativo, el análisis que realizó este periódico daba motivo para el optimismo, ya que la subida registrada en este 2026 es menos pronunciada que la experimentada en el mismo mes, pero de 2025. Por tanto, Córdoba presenta un escenario notablemente mejor que hace doce meses: el paro ha descendido en más de 5.000 personas que en enero de 2025.

Por otro lado, y en cuanto a la contratación se refiere, durante el mes de enero se firmaron un total de 29.360 contratos en Córdoba, de los que 11.855 fueron indefinidos. Aun así, la situación laboral en la provincia y en la capital ha comenzado este 2026 con más problemas de los previstos. A falta de soluciones, los empleados continúan ejerciendo su derecho a la huelga.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha animado este lunes a la empresa Hitachi Energy España a que “reconsidere su posición” en cuanto a la inversión prevista en la planta de Córdoba y que “intente llegar al acuerdo” y con la “interlocución de la parte social”, teniendo en cuenta que la fábrica emplea a unas 440 personas.

En una atención a los medios tras reunirse con el country manager director de la entidad, Alfredo García-Borreguero, y posteriormente con el comité de la citada empresa, con la asistencia de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, Montero ha declarado que “el ánimo del Gobierno de España es que la representación de los trabajadores y la empresa puedan llegar a un acuerdo y que fruto de ese acuerdo se recupere la inversión que en un primer momento la empresa iba a hacer sobre esta instalación, que estaba en torno a 87 millones de euros”.

En este caso, ha lamentado que dicha inversión “se ha reducido casi a la mitad, justamente para posibilitar, según la empresa, que haya continuidad y en algún caso recuperación de la productividad y la competitividad que durante el último año, según la empresa, se ha perdido”.

Ante ello, tanto la subdelegada como ella han hecho llegar “la voluntad de trabajar en esa dirección y de explorar los instrumentos que tenemos, entre ellos la concesión de dos subvenciones, incentivos regionales, que concede el Ministerio de Hacienda a través de los fondos regionales, en los que la empresa iba a tener una subvención de casi 12 millones de euros”, pero “queda cuestionada, porque el total de lo que la empresa va a destinar a la actividad se baja casi a la mitad de lo que en un primer momento se tenía previsto, con lo cual eso obliga a explorar diferentes situaciones”.

Tras animar a que “los trabajadores y la propia empresa lleguen a un acuerdo”, la ministra ha comentado que “el acuerdo estaba en el marco de la negociación del convenio colectivo y que tiene que garantizar, como cualquier convenio colectivo, las condiciones laborales y la viabilidad del propio plan industrial, que la empresa tiene presentado y preparado de aquí a unos cuantos años”.

“No perder ni un puesto de trabajo”

Entretanto, Montero ha indicado que “el CEO se ha mostrado bastante firme en la parte que había transmitido la propia empresa y a la representación de la empresa”, si bien le ha hecho “un llamamiento a que reconsidere la posición y actitud porque esta empresa es muy importante para la ciudad, no solamente por lo que implica del número de empleos, sino también, y lo que es fundamental, porque forma parte del ecosistema industrial que hay en Córdoba y en Andalucía”. “Un ecosistema que tiene que aspirar a ir a más, no a menos”, ha remarcado.

Además, ha afirmado que “sí ha comprometido el CEO que no se va a perder un solo puesto de trabajo”, sino “todo lo contrario”, de modo que “consideran que van a aumentar el número de trabajadores, en este caso indirecto, que estén asociados a la empresa”, ha destacado Montero.

No obstante, ve “fundamental que haya un acuerdo en el marco del convenio colectivo, del diálogo social”, y que “la inversión de 87 millones, que significa mucha modernización de la totalidad del tejido productivo, se pueda mantener y replantear”.

El papel de mediación

En cuanto a las declaraciones de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, al calificar de “falta de lealtad entre instituciones” el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno haya “convocado una reunión” este lunes con el CEO apenas “dos horas antes” de la reunión programada “desde la semana pasada” por parte del Gobierno andaluz y el Ayuntamiento, y en la que, según la consejera, “tenía que estar también la Subdelegación del Gobierno”, Montero ha manifestado que no puede “entender cómo alguien puede pensar que hay una falta de lealtad”.

En este sentido, ha subrayado que “el Gobierno de España, entre otras cosas, está dando subvenciones a esta empresa en particular, se preocupa y se ocupa de que la empresa mantenga la inversión inicialmente prevista porque eso supone una mayor fortaleza de esa industria, una mejor sostenibilidad para el futuro y, por tanto, una apuesta por Andalucía y Córdoba”.

“También cuando uno está intentando mediar en un conflicto que se prolonga por un año entre los trabajadores y la empresa para que lleguen a unas condiciones adecuadas que permita que el clima laboral, el clima social de la empresa, favorezca el avance y el desarrollo de esta empresa”, ha enfatizado, para señalar que “deslealtad sería no intentar nada cuando hay una situación de este tipo”.

A su juicio, “da la impresión de que utilizan los adjetivos mal, no es que piensen que es deslealtad, es que parece que les da coraje que el Gobierno de España intervenga en los asuntos que son importantes para Andalucía”. “Es que parece que hay que pedir permiso permanentemente para hablar con alguien, como si Andalucía le perteneciera a una institución, en este caso a la Junta de Andalucía”, ha expuesto Montero, quien ha insistido en que no puede “entender cómo se puede acusar de deslealtad a alguien que está intentando solucionar el problema y el conflicto”.

Al hilo, ha defendido que todas las administraciones se tienen que reunir con esta empresa, aseverando que le parece muy bien que “la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y todo el mundo se reúna, porque hay que llevar al ánimo de la empresa la importancia que tiene esta fábrica”. Si bien, ha expresado que ella no acusa a “nadie de deslealtad”. “Me parece gratuito, poco oportuno y poco deportivo que se puedan hacer esas acusaciones”, ha dicho.

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba ha decidido en asamblea suspender la huelga indefinida que mantiene desde el pasado noviembre para favorecer la recuperación de la negociación del convenio colectivo, bloqueada desde el pasado enero.

De esta forma, la manifestación prevista para el próximo jueves ha quedado suspendida como gesto de buena voluntad de la parte social de cara a recuperar el diálogo perdido con la empresa. En este sentido los sindicatos CCOO, mayoritario en el comité, y USO han mostrado su esperanza de que la dirección de la empresa “no deje pasar una nueva oportunidad de desescalar el conflicto” y que se siente a negociar con una verdadera intención de llegar a un acuerdo que favorezca a todas las partes.

Así, los sindicatos convocarán a la empresa a una reunión para intentar acercar posturas y acabar después de 14 meses con una situación que no beneficia a ninguna de las partes. Ya se han incorporado a la empresa todos los miembros del comité que fueron sancionados gracias a las medidas cautelares dictadas por distintos juzgados, por lo que la parte social entiende que hay una oportunidad de sentarse a negociar en igualdad de condiciones con la empresa. Además, CCOO y USO esperan que UGT reconsidere su postura y se una a la negociación.

CCOO y USO están convencidos de que el acuerdo es posible y dejan clara su apuesta por la empresa y por su futuro. Cabe recordar que Hitachi es una empresa estratégica para Córdoba y los sindicatos quieren “que lo siga siendo”, además de estar “seguros de que podemos sentar las bases de una empresa competitiva y fuerte sin necesidad de precarizar el empleo. Hitachi es un referente y queremos que lo siga siendo y para ello no hay otro camino que sentarse a negociar. Por ello, esta parte sindical vuelve a pedir a la empresa un ejercicio de responsabilidad y que se siente a negociar hasta que se llegue a un acuerdo”, han concluido las organizaciones.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha afirmado este miércoles que el “recorte” que ha anunciado Hitachi Energy, de 80 a 47,6 millones de euros, en la inversión que había previsto hacer en su planta de Córdoba, “es un fraude a los acuerdos alcanzados por la empresa con las administraciones públicas para obtener exenciones tributarias y subvenciones” directas.

A este respecto y en rueda de prensa, Santiago ha recordado que dichas ayudas o exenciones “se conveniaron dentro de un plan de desarrollo y de incremento de la inversión de esta compañía”, de modo que, “si Hitachi amenaza con el recorte de las inversiones ya comprometidas, no cabe más que pedirle a las administraciones públicas, no ya que cesen las subvenciones sino que incluso obliguen a Hitachi a devolver las exenciones fiscales que ya ha disfrutado y las ayudas que haya recibido”.

Además, a juicio de Santiago, “los argumentos de la empresa son realmente lamentables”, pues ha alegado “baja productividad o pérdidas cuando han sido 23 las horas de huelga” de los trabajadores, mientras que la falta de “respeto de los derechos laborales de la empresa, mediante sanciones y cierres patronales, han hecho perder 22.000 horas”, lo que evidencia “quién es el responsable de ese posible descenso de productividad que alega Hitachi”.

Junto a ello, Santiago ha señalado que su formación ya presentó una pregunta “hace dos semanas en el Congreso de los Diputados, dirigida al Ministerio de Transición Ecológica, sobre las subvenciones o las ayudas comprometidas con Hitachi”, y está a la espera de respuesta.

Entre tanto, Santiago ha hecho “un llamamiento a la sensatez a la dirección de Hitachi, para que deje de coaccionar a los trabajadores, que permita que vuelva la normalidad al centro de trabajo de Córdoba y que se normalice la situación, para que Hitachi siga siendo, gracias a su plantilla, una de las empresas más productivas y que aporta mayor desarrollo económico a la provincia”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido este martes su “tristeza” por la decisión de Hitachi Energy de reducir de 80 a 47 millones de euros la inversión prevista en su planta cordobesa, una revisión que llega en pleno conflicto sindical con la plantilla.

“No es algo positivo. Es tristeza porque una historia de éxito que estaba siendo Hitachi en Córdoba con inversiones de 80 millones, ahora se ve que la apuesta es de 47 millones y no llega al máximo anunciado. No es una buena noticia y eso es obvio”, ha señalado el regidor, a preguntas de los periodistas.

La compañía comunicó este lunes una revisión de su Plan Industrial para “adecuarlo a las actuales circunstancias de la planta en un contexto industrial exigente que requiere prudencia financiera, eficiencia productiva y estabilidad en la ejecución de los compromisos”. El plan inicial contemplaba una inversión de 80 millones de euros para duplicar el volumen de producción anual, un objetivo que ahora se rebaja hasta los 47 millones.

El anuncio se produce en medio del conflicto laboral abierto en la fábrica cordobesa. Desde CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, han rechazado que la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo sea la causa de la remodelación del plan industrial. El secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha criticado la “hipocresía” de la firma japonesa y ha asegurado que la huelga indefinida iniciada en noviembre solo ha supuesto la pérdida de 23 horas de trabajo, frente a las más de 22.000 que, según el sindicato, se han perdido por sanciones y cierres unilaterales de la fábrica por parte de la dirección.

Inversiones sí, pero no a cualquier coste

Ante este escenario, Bellido ha insistido en que el Ayuntamiento quiere que la multinacional mantenga su apuesta por la ciudad, pero no a cualquier precio. “Queremos que Hitachi invierta en Córdoba y queremos que el conflicto laboral se reconduzca porque no nos merece la pena que haya inversiones, pero a costa de que las familias cordobesas lo pasen mal”, ha afirmado, recordando que esta idea la viene repitiendo desde que estalló el conflicto laboral.

El alcalde ha reconocido que “hay trabajadores que en estos momentos lo están pasando mal”, puesto que llevan meses sancionados, y ha asegurado que el Consistorio está tratando de mediar para acercar posturas. “Buscamos un nuevo encuentro al máximo nivel con la empresa y todas las administraciones y los trabajadores. Hay libertad de empresa y sindical, por lo que nosotros solo podemos aportar labor de mediación”, ha añadido.

En paralelo, el delegado provincial de la Junta, Adolfo Molina, ha anunciado que la administración autonómica reducirá sus ayudas en función del nuevo volumen de inversión. En la misma línea, Bellido ha confirmado que el Ayuntamiento también ajustará las bonificaciones fiscales previstas.

“Es automático. Hay unas condiciones de creación de empleo que dan acceso a la bonificación y si no lo cumple no hay; y si son parciales habrá reducción gradual”, ha explicado el regidor, dejando claro que los incentivos municipales están vinculados al grado de ejecución del proyecto y al cumplimiento de los compromisos de empleo.

CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa de Hitachi Energy Córdoba, ha criticado la hipocresía de la firma japonesa al achacar a la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo la remodelación de su plan industrial. “No vamos a aceptar de ninguna manera que se culpabilice a los trabajadores y trabajadoras y a quienes les representan legítimamente de lo que Hitachi denomina ‘caída de la eficiencia operativa’ cuando la huelga indefinida que se inició en noviembre solo ha supuesto la pérdida de 23 horas de trabajo, frente a las más de 22.000 que se han perdido por culpa de las sanciones y los cierres unilaterales de la fábrica por parte de la dirección de la misma”, sentenció el secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez.

“En ningún caso se puede achacar a la protesta laboral la producción no ejecutada, que es solo fruto de la pésima gestión empresarial de la dirección de la empresa, con su director, Paco Bolaño, a la cabeza”, afirmó Jiménez quién aseguró “que es una desfachatez que la empresa eche la culpa de su mala gestión a una negociación que no deja de boicotear”.

Además, el responsable sindical asegura que “la actividad no ha dejado en ningún momento de estar normalizada, salvo cuando el señor Bolaño y su equipo se han dedicado a interferir en ella con decisiones poco acertadas, como las 76 sanciones que los juzgados están suspendiendo, obligando a reincorporar a los trabajadores y trabajadoras sancionados, en algunos casos, con carácter retroactivo, lo que implica el pago de los días que hayan cumplido de sanción hasta su reincorporación”.

“Es lamentable que una empresa del calibre de Hitachi Energy achaque la reducción de su inversión a la negociación de un convenio colectivo. Si va a reducir su inversión será por otros motivos, pero desde luego no es por la falta de compromiso de la plantilla con la empresa, que ha seguido haciendo su trabajo a pesar de las políticas de amenazas e imposiciones que viene practicando el señor Bolaño ante su incapacidad de negociar y enfadado como un niño pequeño porque los sindicatos no le dan la razón”, añadió el secretario General de Industria de CCOO de Córdoba.

“La empresa es solvente, la empresa tiene trabajo, y el señor Bolaño la va a hundir con tal de salirse con la suya y decir que ha sido culpa de los trabajadores y trabajadoras. Pues al señor Bolaño hay que decirle que Hitachi tiene un siglo de historia, y le quedan muchos más, pero sin él, que es un cáncer para una empresa que es modelo y buque insignia de la industria cordobesa”, recalcó Jiménez.

“Basta ya de echarle a los trabajadores y trabajadoras y a sus representantes sindicales la culpa de las malas decisiones. Llevamos 14 meses intentando llegar a un acuerdo, hemos rebajado nuestras pretensiones, hemos hecho propuestas, nos hemos sentado a sabiendas de que el señor Bolaño y su equipo se iban a levantar de la mesa para luego vomitar un comunicado lleno de falsedades acusando a la parte social de no querer llegar a un acuerdo cuando en justo lo contrario”, insiste Agustín Jiménez quien lamenta que “Hitachi nos esté engañando con las cifras, porque unas veces dice que iba a hacer una inversión de 80 millones, otras de 30 y ahora es de 47”.

Jiménez volvió a hacer un llamamiento a la cordura a la dirección de la empresa. “Si los malos resultados son fruto de la falta de acuerdo, lo que tiene que hacer es sentarse con voluntad de llegar a un acuerdo de una vez por todas, y no marear más la perdiz con dimes y diretes que no hacen bien a nadie”.

Hitachi Energy ha llevado a cabo una revisión del Plan Industrial de la planta de Córdoba para “adecuarlo a las actuales circunstancias de la planta en un contexto industrial exigente que requiere prudencia financiera, eficiencia productiva y estabilidad en la ejecución de los compromisos”, según ha informado la compañía a través de una nota de prensa. 

El plan inicialmente establecido preveía una inversión de 80 millones de euros para duplicar el volumen de producción anual. Su puesta en marcha conllevaba “un gran esfuerzo inversor y requería, entre otros aspectos, adecuar el modelo productivo y laboral a las necesidades presentes y futuras de la actividad del centro. Con esta finalidad, en el marco de la negociación del Convenio Colectivo, la empresa propuso adaptar los sistemas actuales de trabajo a la producción estimada, acorde con el crecimiento previsto de la planta”, expone. Los trabajadores de Hitachi llevan movilizándose varios meses y rechazando la propuesta de convenio de la empresa, con la que se han sentado en varias ocasiones sin alcanzar un acuerdo.

Hitachi asegura que “a pesar de los esfuerzos realizados por la empresa durante más de 14 meses, el acuerdo no ha sido posible. A la constatación de la distancia existente entre las partes se ha unido una caída de la eficiencia operativa de la planta resultado de una baja productividad a la que, en los últimos meses, se ha sumado el efecto de paros y huelgas. Esta situación ha tenido un impacto negativo en los resultados económicos del centro, que actualmente reflejan pérdidas. En los dos últimos años, la planta de Córdoba ha acumulado más de un 36 % de producción no ejecutada, situándose entre las menos eficientes dentro del Grupo”.

Esto ha llevado a la compañía a adaptar el plan Industrial y, tras analizar diversas alternativas, se ha tomado la decisión de reducir las inversiones previstas, que ascendían a 80 millones de euros, y mantener finalmente una dotación de 47,6 millones de euros.

“Esta inversión, que continúa siendo relevante, permitirá consolidar las mejoras estructurales necesarias, asegurar la actividad y eficiencia de la planta, así como mantener nuestro compromiso con Córdoba y con la región. Adicionalmente, esta revisión de nuestro plan incluye medidas organizativas orientadas a mejorar la productividad y la eficiencia de la planta mediante la externalización de determinadas operaciones de menor valor añadido o carácter más variable. Los profesionales que se encargan actualmente de estas tareas asumirán nuevas funciones dentro de la planta para lo que se desarrollará un plan de formación específico”, agregan.

Hitachi sostiene que estas medidas supondrán una estimación de 60 nuevos puestos de trabajo de carácter indirecto, que se suman a los más de 100 profesionales que la organización ya ha incorporado a la planta desde que presentó el primer expediente del plan de inversiones en 2023.

La Dirección de Hitachi ha asegurado en el comunicado que reitera “su voluntad de trabajar con la representación legal de los trabajadores, siempre que se retome un contexto de normalidad de la actividad, para continuar siendo un actor relevante de la industria cordobesa, trabajando para preservar la actividad industrial en la provincia y buscando la competitividad y viabilidad de la planta que le permita afrontar con solidez sus retos actuales y futuros”.

Los trabajadores de Hitachi continúan luchando por sus derechos y este miércoles ha continuado una huelga que no parece tener visos de una solución tras más de tres meses de movilizaciones. En una última comparecencia ofrecida por los representantes de los trabajadores a los medios de comunicación, se ha denunciado un bloqueo sistemático por parte de la dirección y una preocupante fractura en la unidad sindical que está dificultando el avance de las negociaciones del convenio colectivo.

El presidente del comité de empresa, Álvaro García, ha comparecido para actualizar la situación tras la última convocatoria de huelga, lamentando que la empresa mantenga la misma postura de que la semana pasada. El representante ha sido especialmente crítico con la irrupción de un nuevo conflicto interno: la solicitud de revocación de los miembros del comité del colegio de técnicos por parte del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT).

“Entendemos que esto es otra baza más para seguir alargando la situación que tenemos”, ha afirmado García, calificando el movimiento de UGT como una “apuñalada hacia los defensores de los trabajadores y del comité de empresa” con el único fin de debilitar la posición de Comisiones Obreras (CCOO).

Además, el presidente del comité ha denunciado la falta de humanidad de la empresa en el proceso de incorporación de los trabajadores sancionados. Según sus declaraciones, la dirección ha retrasado intencionadamente la entrada de compañeros cuyas parejas estaban a punto de dar a luz, esperando a que se produjera el parto para darlos de alta y así “alargar la agonía” de las familias, a pesar de existir medidas cautelares que permitían su reincorporación previa. Actualmente, todavía quedan unas 50 personas pendientes de regresar a sus puestos una vez cumplan las sanciones la próxima semana.

Agustín Jiménez: “La estrategia de la empresa es de puro desgaste”

Por su parte, Agustín Jiménez, responsable de Industria en CCOO, ha hecho hincapié en que la voluntad de negociación por parte de los trabajadores es total, habiendo ofrecido incluso la congelación de las huelgas si la empresa se sentaba a dialogar, algo que la dirección ha rechazado.

El dirigente ha denunciado que la empresa dio por concluidas las negociaciones de forma unilateral y que ha incumplido sistemáticamente los acuerdos alcanzados ante el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). “Ni siquiera nos hemos llegado a reunir, no hay incumplimiento posible”, ha señalado, subrayando que existe una estrategia de desgaste dirigida contra el comité de empresa y los sindicatos CCOO y USO.

Respecto a la ruptura de la unidad entre sindicatos, el representante de CCOO ha lamentado que UGT se “alineó con la empresa” en un momento tan crítico. Esta postura habría provocado que más 40 afiliados de UGT se hayan pasado a las filas de CCOO en señal de protesta por la gestión de su sindicato. “Cuando afiliados con más de 20 años de carnet se borran, es que algo no se está haciendo bien”, ha sentenciado el responsable de Industria, recordando que dicho sindicato ha liderado las condiciones laborales de la antigua ABB durante los últimos 35 años.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha registrado varias preguntas dirigidas al Gobierno de España para saber “si tiene previsto suspender o revisar la concesión de las subvenciones millonarias destinadas a la ampliación de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba, dado que la Inspección de Trabajo y los tribunales han constatado infracciones legales y vulneraciones de derechos fundamentales en su gestión laboral”.

Junto a ello y según recoge en la iniciativa registrada, a la que ha accedido Europa Press, Santiago también espera respuesta escrita del Ejecutivo central “¿qué mecanismos de seguimiento y control de la actividad inspectora se van a activar para garantizar que no se produzcan despidos como represalia por el ejercicio del derecho a huelga en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba?”.

Además, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha preguntado al Gobierno de la Nación si “se tiene previsto realizar una fiscalización específica sobre el pago de los salarios retroactivos que la justicia ha ordenado, tras las suspensiones cautelares de las sanciones” de empleo y sueldo que la empresa impuso a 76 trabajadores, por “haber participado en una asamblea pacífica en la fábrica”, según ha informado CCOO, en el marco del conflicto laboral abierto respecto a la negociación del convenio colectivo.

En relación con todo ello y en la exposición de motivos de la pregunta escrita presentada, Santiago ha señalado que “CCOO ha solicitado recientemente a la dirección de Hitachi Energy en Córdoba la retirada inmediata de las sanciones impuestas a su plantilla. Esta petición se fundamenta en las suspensiones cautelares que los Juzgados de lo Social están decretando respecto a dichas sanciones mientras se juzga su legalidad”.

Además, según ha aclarado Santiago, “la suspensión de las sanciones no solo implica la inmediata incorporación de los trabajadores afectados al trabajo, sino que también los tribunales están decretando el carácter retroactivo de la medida, lo que supone que los afectados tendrán que cobrar los salarios correspondientes a los días que han cumplido de sanción hasta el momento”.

La representación de CCOO en el comité de empresa, según ha asegurado el portavoz de IU en el Congreso, “pide un ejercicio de reflexión tras los distintos reveses judiciales” para Hitachi, “que están dejando claro que las actuaciones de la firma, hasta la fecha, están vulnerando los derechos laborales de los trabajadores, e infringiendo el derecho a huelga mediante sanciones abusivas y presiones que obligan a la plantilla a renunciar a este derecho constitucional para evitar castigos económicos”.

A pesar de todo esto, Santiago ha resaltado que “CCOO reitera su disposición a suspender el conflicto colectivo si se producen avances tangibles en la negociación del convenio”, a la vez que exige “la retirada de las sanciones para evitar una judicialización innecesaria que solo genera tensión”, opinando el sindicato que “los reiterados rechazos de la dirección a negociar podrían estar ocultando deficiencias en la gestión interna de la empresa”.

Junto a ello, según ha recordado Santiago, “se ha instado a la multinacional Hitachi Energy al cese inmediato de lo que se califica como 'represión sindical' y al cumplimiento estricto del marco constitucional y legal vigente” y, “ante el conflicto laboral derivado del bloqueo en la negociación del convenio colectivo, se ha advertido que se realizarán todas las gestiones necesarias para vincular la recepción de subvenciones públicas millonarias, destinadas a la ampliación de la factoría cordobesa, al respeto efectivo de los derechos laborales”.

Por eso, a juicio del diputado de Sumar por Córdoba, “se deben realizar las gestiones necesarias para que no se perciban ninguna de las subvenciones millonarias pendientes por parte de la Administración del Estado, destinadas a la ampliación de su factoría en Córdoba, mientras no se respeten las leyes y la Constitución y no se cese la represión sindical”.

“Es fundamental --ha proseguido-- que se condicione el mantenimiento de estas ayudas a que la empresa atienda las resoluciones de la Inspección de Trabajo y de los Juzgados de lo Social y lo Penal, los cuales están dando la razón a la plantilla y al sindicato CCOO frente a las denuncias y sanciones interpuestas por la dirección durante el actual conflicto laboral”.

Por último y antes de formular al Gobierno de España las preguntas ya indicadas, Santiago ha considerado que es “imprescindible que la dirección” de la empresa “acceda a negociar de manera inmediata y comience a reconocer los derechos laborales de los trabajadores”.

Unido a ello, Santiago cree “urgente la necesidad de un plan de industrialización para Córdoba que revise las políticas actuales y apueste por inversiones productivas y suelo industrial en sectores estratégicos. La creación de empleo estable y de calidad resulta imprescindible para evitar la pérdida de población y ofrecer un futuro a los jóvenes de la provincia, garantizando que Córdoba cuente con una industria sólida que evite su deterioro económico y social”.

Los representantes de CCOO y USO en el comité de empresa de Hitachi Energy, acompañados por los secretarios generales de Industria de CCOO de Córdoba y Andalucía, Agustín Jiménez y José Hurtado, respectivamente, y la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, mantuvieron este jueves por la tarde una reunión con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana Mª López, y la delegada de Empleo de la Junta en Córdoba, María Dolores Gálvez, para abordar la situación actual del conflicto generado por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo.

En la reunión, a la que también asistieron la primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Economía y Empleo, Blanca Torrent, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, los responsables de las tres administraciones reiteraron su apoyo a la plantilla de Hitachi y mostraron su incredulidad por el cariz que ha tomado el conflicto después de 14 meses de negociaciones del convenio colectivo, según expone CCOO en un comunicado.

En este sentido, la representación sindical puso de manifiesto que su único deseo es negociar y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes, pero hasta el momento, la empresa no ha mostrado un deseo real de diálogo ni una verdadera predisposición a negociar. Baste mencionar que, desde que se inició la huelga en noviembre, la plantilla ha llevado a cabo 18 horas de huelga, una cifra que contrasta con las casi 22.000 horas de trabajo perdidas por las sanciones y cierres impuestos por la empresa.

Con el objetivo de tratar de encontrar una vía de diálogo que permita retomar la negociación y alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, Ayuntamiento, Subdelegación y Junta de Andalucía han acordado dirigirse al CEO de Hitachi España, Alfredo García Borreguero, para tener una reunión en Madrid con el objetivo de buscar una salida a la situación de bloqueo que vive la fábrica cordobesa por la negociación del convenio colectivo.

Los representantes de CCOO y USO han recordado que el pasado 3 de febrero, se acordó en el Sercla un nuevo calendario de reuniones y la constitución de una comisión técnica que aportara asesoramiento sobre algunas cuestiones, pero, la víspera a la primera reunión, que debía haberse celebrado el pasado día 10, la empresa anunció que no acudiría a la reunión porque CCOO no había cumplido el acuerdo, aunque por el momento, no ha explicado cuál ha sido el supuesto incumplimiento del acuerdo, que ni siquiera había empezado a ejecutarse.

En cuanto al Sercla celebrado hoy, y que se ha cerrado sin avenencia, la parte social (CCOO, UGT y USO) ha defendido que la huelga es legal y han vuelto a instar a la empresa a que se siente a negociar en un clima de respeto mutuo y en base a la realidad de la industria cordobesa y de la fábrica de Hitachi Energy, en particular.

CCOO y USO vuelven a reiterar su disposición a sentarse a negociar pero se han negado a suspender la huelga hasta que no se produzcan avances reales en la negociación.

Más de un centenar de vehículos se han sumado hoy a la caravana de coches por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo de Hitachi Energy por parte de la empresa, que sigue negándose a sentarse a negociar. De hecho, la empresa ha tratado de boicotear la convocatoria de huelga de CCOO y USO mandando a teletrabajar a todo el personal de oficinas. A pesar de ello, la plantilla de Hitachi ha mostrado su unidad y se ha sumado masivamente a la huelga de cinco horas convocada por CCOO, sindicato mayoritario en el comité, y USO.

El presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, señaló al inicio de la caravana que “la negociación está parada. Nosotros no nos hemos levantado nunca de la mesa de negociación, pero siempre que intentamos llegar a un acuerdo o una desescalada del conflicto, la empresa suspende la reunión. Así pasó la semana pasada. Habíamos acordado reunirnos el día 10 y el 9 por la tarde se inventó que habíamos incumplido el acuerdo y dijo que no se iba a reunir. Y desde entonces seguimos esperando por parte de la empresa sentarnos a negociar porque este conflicto no viene bien para ninguna de las partes” recalcó el representante sindical quién mostró su esperanza de que la de hoy sea la última movilización pero “si la empresa sigue en su actitud de bloqueo seguiremos con la huelga”.

Por su parte, el secretario General de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, remarcó que “la situación en la que estamos la ha provocado la empresa. Son los trabajadores los que ponen propuestas encima de la mesa y soluciones. Incluso la mediación de la Junta de Andalucía se ha ofrecido a mediar en el conflicto proponiendo reuniones que la empresa suspende de forma unilateral y queriendo despistarnos del problema real, que es el convenio, con sanciones a los compañeros, denuncias por lo penal de asambleas que se hacen dentro de la propia empresa o ahora que se quieren inventar que estamos en una huelga ilegal cuando es una huelga que se generó en noviembre pasado, que solo se han hecho 13 horas de huelga precisamente para no hacer daño a la producción de la empresa, que responde con denuncias, con sanciones y negándose a negociar”.

“La única salida es que la empresa se siente a negociar. No entendemos que por un convenio, y con unas inversiones con las que estamos de acuerdo, no queremos que se lleven las inversiones fuera de Córdoba, estemos en esta situación”, apostilló García Leiva.

Esta tarde, representantes del comité de empresa se reunirán con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, y el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, para poner en común las distintas acciones que se están llevando a cabo desde las distintas partes para tratar de desbloquear el conflicto y tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. “Sería muy indeseable que la empresa terminara perdiendo inversiones por no subir el IPC+1 % y reusar a que los nuevos trabajadores y trabajadoras que se incorporen a la empresa cobren menos que sus compañeros y compañeras”, añadió el secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado este miércoles, respecto al conflicto laboral abierto en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba, que su consejería sigue dispuesta “a prestar asistencia técnica, cuando la empresa y los trabajadores quieran sentarse” a negociar el convenio colectivo, en el marco de un “un conflicto que se sale de todo lo que hemos conocido hasta ahora” y que se viene arrastrando desde 2024.

Así lo ha asegurado la consejera, al responder en la Comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo del Parlamento de Andalucía a las preguntas que, sobre la intervención de la Junta en dicho conflicto, le planteado la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio, quien ha señalado que al Gobierno andaluz “presume de que Andalucía es un paraíso para la actividad económica y especialmente para la industria, y el caso de Hitachi es un buen ejemplo”, pues “se viajó a Japón y hay una foto del presidente de la Junta con el responsable de Hitachi, para recibir una subvención de 3,2 millones de euros”.

Ello, le parece “correcto” a la parlamentaria socialista, pero le preocupa el que “no se le exija a la empresa que cumpla con todas las condiciones que tienen que ver con la recepción de este incentivo, que es mantener y crear más empleo. Esa es nuestra duda, y el Grupo Socialista no le va a pedir en ningún momento que imponga un acuerdo”, pero sí “le va a exigir que le exija” a Hitachi “que cumpla las cláusulas laborales. Es su responsabilidad”.

Ante ello, la consejera ha recordado a Ambrosio que se ha implicado personalmente para facilitar la resolución del conflicto y que, para ello, ha hablado “varias veces con el CEO de Hitachi nacional, para que se sienten” a negociar, porque “lo que queremos es que se sienten”, ya que “lo que hay, no es un bloqueo no de negociación, sino un bloqueo de mesa, que es que no se terminan de sentar a negociar”.

De hecho, según ha relatado Rocío Blanco, los encuentros y también los desencuentros, entre empresa y trabajadores, a cuenta de buscar un acuerdo sobre el convenio colectivo, se vienen produciendo desde 2024, con la intervención de la Junta, a través del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) y con la implicación también del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).

En este punto, ha recordado como, cuando ella presidió un encuentro entre la empresa y los representantes de los trabajadores en Sevilla el pasado diciembre, “por parte de la empresa vinieron los asesores de Madrid, y decían que cómo una consejera se implicaba tanto en un conflicto como este, y le dijo el presidente del Consejo de Relaciones Laborales que esto era Andalucía, y aquí nos implicábamos todos al máximo, al máximo de lo que podíamos”.

La cuestión, según ha añadido, es que “el 3 de diciembre se acordó retomar la negociación del convenio a principios de febrero, manteniéndose, no obstante, las sanciones” de la empresa a 76 trabajadores, manteniendo las movilizaciones el comité de empresa, donde tiene mayoría CCOO. Sin embargo, el pasado enero “se celebraron nuevos” encuentros vía Sercla “sobre las sanciones impuestas a estos 76 trabajadores, que concluyeron sin avenencia”.

De esta forma, según ha precisado Rocío Blanco, “llegamos al actual mes de febrero, cuando, a iniciativa del CARL, el día 3 se convocó de nuevo a las partes la sede del Sercla de Córdoba y, tras más de cinco horas de mediación, se alcanzó un preacuerdo” para celebrar “reuniones técnicas para los días 10, 17 y 26 de febrero”.

A pesar de esto, el pasado “9 de febrero la dirección de Hitachi comunicó que no iba a acudir ni el 10, ni el 17, que fue ayer, que no compareció, diciendo que hasta que no concurran las condiciones necesarias para un diálogo sosegado”, mientas que “la parte de CCOO le ha trasladado al presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que están dispuestos a seguir negociando”.

Ante todo esto, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha dicho que, desde su consejería, van a seguir “reiterando nuestra disposición a prestar asistencia técnica, cuando la empresa y los trabajadores quieran sentarse” a negociar el convenio colectivo, en el marco de un “un conflicto que se sale de todo lo que hemos conocido hasta ahora”.

Los representantes de CCOO en el Comité de Empresa de Hitachi Energy piden a la dirección de la firma japonesa que retire las sanciones a trabajadores y trabajadoras tras la cascada de suspensiones que los Juzgados de lo Social están decretando como medida cautelar en tanto se juzga su legalidad. En este sentido, la representación legal de los trabajadores considera que, con ello, se daría un paso importante para tratar de generar un ambiente propicio para recuperar la negociación sobre el convenio colectivo.

Los primeros autos judiciales no solo ordenan la suspensión de las sanciones, sino que indican que si la empresa realmente tuviera problemas de producción no habría impuesto sanciones desproporcionadas de hasta 120 días (cuatro meses). Además, los autos también reconocen que las sanciones pueden ocasionar un considerable quebranto económico a los trabajadores y trabajadoras sancionados y a sus familias, mientras que a la empresa no le supone ningún perjuicio aguantar hasta la firmeza de la sentencia.

La suspensión de las sanciones no solo implica la inmediata incorporación de los trabajadores y trabajadoras afectados al trabajo, sino que también los tribunales están decretando el carácter retroactivo de la medida, lo que supone que los afectados tendrán que cobrar los salarios correspondientes a los días que han cumplido de sanción hasta el momento. Desgraciadamente, las personas que se han sumado al “acuerdo de la vergüenza” -que es como coloquialmente llama la mayoría de la plantilla al acuerdo que la empresa firmó con UGT por cercenar un derecho fundamental como es el derecho a huelga-, no pueden beneficiarse de la medida de los juzgados y seguirán sin poder ejercer su derecho a huelga -ni siquiera manifestarse o movilizarse-.

Por ello, la representación de CCOO en el Comité de Empresa, pide a la empresa un ejercicio de reflexión tras los distintos reveses judiciales y de la autoridad laboral que están dejando claro que las actuaciones de la firma, hasta la fecha, están vulnerando los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, que lo único que han hecho hasta el momento es reclamar una negociación justa, equilibrada y respetuosa.

CCOO pide a la empresa que deje de agrandar un conflicto que en nada beneficia a ninguna de las partes y que deje de lanzar bulos e informaciones falsas. Ayer aseguró que solo 50 personas habían secundado la huelga, cuando solo los trabajadores y trabajadoras sancionados que no se han incorporado al acuerdo que la empresa firmó con UGT, suman 68. Además, la huelga solo duraba cinco horas, que coincidían con el horario de mañana, es decir, que la plantilla de tarde, aunque se haya sumado a la huelga, ha ido a trabar en su turno. Pero, además, presume que los afiliados a UGT no secundaron la huelga, cuando UGT es un sindicato minoritario en la empresa que, además, ha sufrido un duro revés con la baja de 45 afiliados, que han decidido afiliarse a CCOO a raíz de la firma del citado acuerdo. Tampoco han podido ejercer su derecho a huelga las 8 personas que se han acogido a dicho acuerdo, porque rehusaron a este derecho por tal de que no se les aplicara la sanción que ahora suspenden los tribunales sin obligar a los afectados a renunciar a su derecho a la huelga. También afirma la dirección de Hitachi Energy que la Sección Sindical de CCOO no tiene apoyos, cuando ayer, en el Pleno del Ayuntamiento, quedo patente el respaldo a la plantilla de los Grupos Municipales y del Gobierno municipal, e incluso del resto de asistentes al Pleno. 

Este tipo de afirmaciones, con las que la empresa pretende socavar la confianza de la plantilla en su representación sindical -que ellos mismos eligieron-, no solo no nos desaniman, sino todo lo contrario, nos dan mayor impulso para seguir luchando por los derechos de nuestros compañeros y compañeras, afirma CCOO.

CCOO sigue dispuesta a negociar y, si se avanza en la negociación, a suspender la convocatoria de huelga, pero desde un compromiso real por el diálogo, desde el respeto mutuo y la buena fe, a lo que en nada contribuye demandas como la presentada por la empresa, que pretende que la huelga convocada en noviembre de 2025 por el comité de empresa (incluida UGT, que entonces aún no había roto la unidad de acción), cinco meses después sea ilegal. La representación de CCOO está muy tranquila porque sabe que la huelga no solo es legal, sino que es un derecho que seguiremos ejerciendo en tanto no se desbloquee por parte de la empresa la negociación del convenio y se normalicen las relaciones laborales. 

En cualquier caso, CCOO espera que la empresa reconsidere su postura y atienda las muchas y reiteradas llamadas a la negociación porque sus ya incontables rechazos empiezan a hacer sospechar que el conflicto le interesa para ocultar los problemas de gestión que se vienen sucediendo desde que Paco Bolaño se hizo cargo de la dirección de la empresa.

La representación de CCOO en el Comité de Empresa mantiene sus propuestas: Está dispuesta a suspender la huelga si se producen avances tangibles en la negociación del convenio y para ello ya aceptamos la constitución de una comisión técnica que arrojara luz sobre algunas cuestiones y, por supuesto, seguimos pidiendo la retirada de las sanciones para evitar un proceso judicial que genera una tensión innecesaria.

La justicia ha comenzado a forzar la reincorporación de trabajadores sancionados en la planta de Hitachi en Córdoba, en el marco del conflicto laboral que la plantilla mantiene con la dirección desde hace meses. Las primeras medidas cautelares favorables están permitiendo el regreso progresivo de empleados a sus puestos por orden judicial.

Según ha explicado el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, las resoluciones están llegando de forma escalonada, ya que las denuncias interpuestas son tanto individuales como colectivas. El comité considera estas decisiones judiciales un “respiro” para las familias afectadas, algunas de las cuales acumulaban hasta dos meses sin percibir salario, con casos que alcanzan incluso los 120 días sin cobrar.

El conflicto afecta a cerca de 80 empleados de una plantilla total de 480 personas. Desde la representación sindical sostienen que la exclusión de este número de trabajadores está teniendo un impacto directo en la productividad de la fábrica. “Si no estamos casi ochenta personas dentro de fábrica, es normal que haya una merma en la producción. No porque no queramos trabajar, sino porque la empresa ha decidido dejarnos fuera”, ha señalado García Leiva.

Además de las medidas cautelares, el comité ha destacado otra resolución judicial relevante: el archivo de la causa abierta por el encierro celebrado el pasado 19 de diciembre en las instalaciones de la planta. El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba no apreció ilegalidad, daños ni alteraciones del proceso productivo, descartando que se produjera el “motín” al que aludía la empresa.

Una manifestación que llega al Pleno del Ayuntamiento 

García Leiva ha hecho estas declaraciones tras una nueva movilización de la plantilla ante la negativa de la compañía a mantener las reuniones previstas en el marco del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CAR) en la Subdelegación del Gobierno. Así, tras una marcha por las calles del centro, decenas de trabajadores han desembocado en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba, donde se celebra este jueves el Pleno Ordinario de Febrero.

Ya en el interior, los trabajadores han interrumpido la sesión para pedir al Ayuntamiento que presione a la empresa para que atienda a la plantilla, recordando a los concejales que hay empleados que llevan meses sin poder cobrar la nómina. De hecho, uno de los lemas coreados, era “inversión de primera, condiciones de tercera”, en referencia al hecho de que Hitachi ha recibido 3,2 millones de la Junta para ampliar su capacidad productiva en Córdoba, mientras que la Gerencia de Urbanismo bonificará a la empresas Hitachi el 95% del ICIO de la obra.

Y todo ello mientras que, según contaba el portavoz, Hitachi no quiere avanzar en la negociación y comunicó la cancelación de los encuentros el día anterior a su celebración, alegando que no se cumplían las condiciones necesarias para avanzar en una “desescalada” del conflicto. En este ámbito, desde el comité sostienen que en ningún momento han incumplido los acuerdos alcanzados en el CAR y recuerdan que habían mostrado su disposición a no secundar la huelga si se producían avances reales en la mesa negociadora.

“Nosotros nunca nos hemos levantado de la mesa. Si no hemos visto avances es porque no se nos ha dado la oportunidad”, ha afirmado el presidente del comité, quien considera que la compañía ha dejado “tirado al CAR y a los trabajadores”, ha manifestado, acompañado de la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego.

El conflicto laboral, que se prolonga desde hace meses, ha derivado en sanciones que afectan a cerca de 80 empleados de una plantilla total de 480 personas. García Leiva ha denunciado además que algunos trabajadores no han podido secundar la huelga tras un acuerdo firmado entre la empresa y el sindicato UGT, que —según el comité— limita la participación en los paros y vulnera un derecho constitucional.

Respecto al ambiente dentro de la planta, García Leiva ha reconocido que el clima es complejo. Aunque parte de la plantilla continúa trabajando, la ausencia de casi 80 empleados sancionados está teniendo impacto en la productividad.

“Si no estamos casi ochenta personas dentro de la fábrica, es normal que haya una merma en la producción. No porque no queramos trabajar, sino porque la empresa ha decidido dejarnos fuera”, ha afirmado.

Desde el comité insisten en que siguen abiertos al diálogo y reiteran su voluntad de retomar las negociaciones para poner fin a un conflicto que afecta a una de las industrias de referencia en la ciudad de Córdoba.

Hitachi destaca el “escaso seguimiento” del paro parcial

Por su parte, la empresa ha informado de los datos de seguimiento del paro parcial de cinco horas convocado para este jueves en la planta. Según sus cuentas, de las 440 personas trabajadoras del centro, 50 han secundado el paro. Además, aseguran que del personal de taller, el seguimiento ha sido inferior al 50% de su personal y que el seguimiento del personal de oficina ha sido prácticamente inexistente.

A juicio de la empresa, este escaso seguimiento refleja que la mayoría de las personas trabajadoras no han respaldado la posición de confrontación mantenida por CCOO ni la convocatoria de huelga. “Según ha podido saber la empresa, UGT y sus afiliados tampoco han secundado la huelga”, afirma Hitachi, que considera que esta huelga, “además de no estar justificada, presenta importantes quiebras de legalidad al tratarse de una huelga de carácter novatorio -pretende cambiar el contenido del convenio vigente- y por llevarse a cabo practicando acciones ilegales, como la ocupación por la fuerza del centro de trabajo”.

Por ello, la empresa ha presentado una demanda legal para que sea desconvocada por CCOO o, en su defecto, declarada ilegal por los tribunales. A tal efecto, afirma que se realizará una reunión de mediación con los sindicatos el próximo día 20 de febrero en el SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía). Hitachi Energy reitera su llamamiento a avanzar dentro del marco legal y a priorizar el diálogo como vía para encontrar soluciones negociadas.

La Dirección de la planta de Córdoba de Hitachi Energy ha comunicado al Centro Andaluz de Resolución de Conflictos (CARL) su decisión de no asistir a las reuniones fijadas el pasado martes 3 de febrero en la sede del Sercla en Córdoba. En estas reuniones, que estaba previsto se celebraran los días 10, 17 y 26 de febrero, se convino establecer una Comisión Técnica que tenía la finalidad de desescalar el conflicto laboral y crear las condiciones adecuadas para una nueva negociación del convenio colectivo. Según Hitachi, entre los compromisos se contemplaba “la paralización, e incluso la desconvocatoria, de las movilizaciones y huelgas previstas”.

“Tras constatar el incumplimiento del compromiso y la falta de buena voluntad de CCOO, que mantiene su estrategia de presión más allá de los ámbitos de la negociación, la empresa considera que no se dan las condiciones para avanzar en el marco de las reuniones definidas para la Comisión técnica”, asegura la empresa, a través de una nota de prensa.

El convenio colectivo actual está en vigor y se encuentra prorrogado en situación de ultraactividad hasta diciembre de 2026, tal y como consta en el Registro Oficial de Convenios.

“La empresa mantiene su voluntad de establecer un marco negociador siempre que este se realice en un clima que favorezca la misma, algo que, en estos momentos no sucede”, asegura.

La sede del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) en Córdoba ha acogido este martes una reunión técnica entre miembros de dicho organismo, representantes de los sindicatos con presencia en el comité de empresa de Hitachi y responsables de la empresa. El propósito de la reunión ha sido desbloquear la negociación del convenio colectivo que se prolonga desde hace meses.

Como resultado de la reunión, ha sido posible llegar a un acuerdo para retomar la negociación del convenio colectivo de la empresa sobre la base de un calendario de reuniones a celebrar los días 10, 17 y 26 de febrero para que una comisión técnica, asistida por el CARL, defina y prepare las condiciones previas. Este proceso culminará con la convocatoria de la comisión negociadora del convenio, para cerrar la negociación.

Desde el CARL se ha destacado la disposición constructiva de las partes en la búsqueda de soluciones y su confianza en que finalmente pueda llegarse a un cierre de convenio que ponga fin a una situación que genera incertidumbre y preocupación tanto en el tejido industrial de la provincia como en el conjunto de la sociedad cordobesa.

Integrado en la estructura de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales es un órgano colegiado de naturaleza tripartita constituido por representantes de la Junta de Andalucía y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma. Entre las funciones que tiene atribuidas figura el impulso a la negociación colectiva entre los agentes económicos y sociales como instrumento de diálogo y de ordenación de las relaciones laborales, así como la mediación en los conflictos laborales, en especial a través del SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía), un instrumento de acuerdo alternativo a la vía judicial.