La multa urbanística más alta jamás impuesta en España y una de las más grandes de toda Europa (solo superada recientemente por el beach club Principote de Mykonos, en Grecia) es bastante probable que no se cobre jamás. El Ayuntamiento de Córdoba ha incluido en un informe todas las deudas “de dudoso cobro” que viene arrastrando desde el año 2000. En total, son 55 millones de euros pendientes de cobro que el Área de Hacienda entiende que es muy difícil que algún día lleguen a liquidarse.

Dentro de esos 55 millones de euros destaca los 20 millones de multa que el Ayuntamiento de Córdoba impuso al constructor Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán. En el año 2005, el empresario amplió las instalaciones de una antigua cooperativa láctea de Córdoba (Colecor) junto a las ruinas de Medina Azahara. El suelo ya estaba catalogado como de especial protección y era no urbanizable. Aún así, Sandokán levantó 40.000 metros cuadrados de naves industriales con el objetivo de abrir una enorme superficie comercial en la que pretendía vender productos importados de China con una marca propia.

Las obras no se llegaron a precintar pero el Ayuntamiento sí que impuso una enorme sanción urbanística. La multa alcanzó los 24 millones de euros pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajó el importe a los 20 millones. Sandokán se negó a pagar la multa. No solo esta, sino el resto de sanciones que le impuso el Ayuntamiento por numerosas obras irregulares en toda la ciudad: Carrera del Caballo o Villarrubia, entre otros lugares. En total, se llegó a estimar que Rafael Gómez, a través de sus múltiples empresas, le debía al Ayuntamiento unos 40 millones de euros por multas urbanísticas. No consta que haya abonado euro alguno.

Empresario, constructor y político

Rafael Gómez Sánchez ha sido un empresario, constructor y joyero muy conocido. Su apodo se lo debe a su parecido físico con el actor Steve Reeves, protagonista de las dos películas sobre Sandokán, el personaje de Emilio Salgari, que se llevó al cine en los años sesenta. Gómez se llegó a presentar a las elecciones, después incluso de haber sido detenido en la operación Malaya y de saberse que le debía 40 millones en multas al Ayuntamiento y prácticamente otros 200 millones más a Hacienda por impagos a la Agencia Tributaria. Se convirtió en líder de la oposición y recibió más de 25.000 votos, superando incluso a Izquierda Unida, que hasta entonces gobernaba la ciudad.

Sandokán tuvo un imperio inmobiliario previo a la crisis del ladrillo en el que dio empleo a miles de trabajadores. Construyó en la Costa del Sol hasta que estalló el caso Malaya. Antes del estallido de la crisis del ladrillo y a causa de Malaya, vendió parte de su patrimonio inmobiliario al grupo Tremón, con quien sigue litigando por la titularidad de grandes bolsas de suelo, como las del famoso Tívoli. Fue condenado, pero no entró en prisión por esta sentencia, sino por otra instalada por la propia Agencia Tributaria, por un impago también de unos 20 millones de euros. La condena fue a cinco años de cárcel, de los que estuvo en prisión algo más de un año. El resto fue en libertad vigilada.

El grueso de las sanciones de “dudoso cobro” del Ayuntamiento de Córdoba son las que se incluyeron en el ejercicio fiscal de 2014. Ese año se declaró firme la multa de Colecor. En total, son 26 millones las pendientes de 2014. Sanciones urbanísticas, algo más de 21 millones.

Hasta el año 2012, las multas urbanísticas del Ayuntamiento de Córdoba iban a una caja común. El objetivo, según un informe del propio Ayuntamiento, era evitar transferencias y gastos financiados con unos recursos que pudieran no llegar a recaudarse, como el caso de la multa por la construcción de las naves, aunque no solo. Durante los años de la eclosión del fenómeno parcelista se acumularon las sanciones, que en muchos casos nunca se llegaron a cobrar.

Así, hace justo diez años se estableció un sistema por el que año a año se transfería a la Gerencia desde el Ayuntamiento el dinero efectivamente recaudado. El dinero recaudado se destinaba a financiar la compra de suelo. Pero desde ese cambio, se ha recaudado poco.

Según el informe de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, desde 2000 se han impuesto multas que han generado deudas “pendientes de cobro” por un importe total de 117 millones de euros. De ese total, se considera que son de “dudoso cobro” 55,5 millones de euros. El documento da por perdidos los pagos de todas las sanciones “pendientes de cobro” previas al ejercicio de 2019.

Con este documento, el equipo de gobierno tendrá que tomar una decisión. Si se considera que ese dinero no se va a poder cobrar, habrá que ajustar los presupuestos del Ayuntamiento, aunque probablemente para los próximos ejercicios fiscales.

El 26 de enero del año 2017, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló dos artículos del plan especial de la carretera de Palma del Río, el que iba a legalizar parte de las naves de Colecor. El Tribunal Supremo le dio la razón al TSJA a finales de año y desde entonces la Gerencia ha tenido el plan guardado en un cajón. Hasta ahora, que la entidad Proyectos Urbanísticos SL ha pedido al TSJA que obligue al Ayuntamiento a cumplir la sentencia. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que acata la sentencia, algo que no había hecho en siete años. Con esta publicación, la Gerencia tiene seis meses para rehacer el plan especial y hacer cumplir lo dispuesto.

Las naves de Colecor se construyeron en 2005 sin permiso municipal alguno, en el particular Algarrobico cordobés. 12 años después, los más de 40.000 metros cuadrados de almacenes levantados en pocos meses por el entonces imperio de Arenal 2000, propiedad Rafael Gómez Sánchez, siguen en pie. Pero ya tienen sus meses (o años) contados.

Desde 2005, Córdoba ha tenido seis equipos de gobierno en el Ayuntamiento diferentes, y cinco alcaldes. Todos se han enfrentado al mismo problema: qué hacer con esta mole gigantesca construida en un suelo de especial protección como es el entorno de Medina Azahara. El caso de las naves y su adaptación a la legalidad han entrado y salido en los juzgados. Los jueces han anulado la tramitación municipal varias veces y ahora se llega a la recta final de este larguísimo camino judicial que solo puede concluir de una manera: con que la piqueta acabe demoliendo parte de lo construido ilegalmente.

La sentencia original era de 2014, el fallo del Supremo de 2016. En primavera, el TSJA volvió a decir lo que ya decía en 2014: demolición. En 2014, la sentencia tumbó varios puntos del plan especial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. El equipo de gobierno (del PP) finalmente no adaptó el plan especial a lo que marcaba la sentencia y el documento quedó anulado sin poder ejecutarse. Ahora, el plan podría culminar obligando a la demolición de buena parte de las naves de Colecor, construidas sin permiso municipal en el año 2005 y que ocupan una superficie de un suelo de especial protección de 40.000 metros cuadrados.