El sindicato Ustea ha denunciado la exposición real y evitable al riesgo de toda la comunidad educativa en la provincia de Córdoba ante la inestabilidad meteorológica grave. La organización ha criticado que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no haya adoptado medidas preventivas claras, a pesar de la activación del Plan de Emergencias Provincial por parte de la Diputación de Córdoba y los avisos oficiales de la AEMET por lluvias intensas y persistentes.

La organización sindical ha recibido desde la noche pasada numerosas comunicaciones de docentes y familias que han trasladado su profunda preocupación ante la imposibilidad de desplazarse con seguridad. Sonia León, responsable de Ustea Córdoba, ha señalado que “hemos trasladado de forma clara y por los cauces oficiales a la Delegación la necesidad de suspender la actividad lectiva presencial, y estamos esperando una respuesta que podamos dar a toda la comunidad educativa. No se puede mantener a familias y profesorado en esta situación de incertidumbre cuando el riesgo es evidente”.

Ustea ha advertido de que el peligro no se limita a las carreteras, sino que se ve incrementado por el estado de muchas infraestructuras educativas de la provincia. El sindicato ha apuntado a la existencia de centros con deficiencias estructurales, cubiertas deterioradas y arbolado sin revisión, elementos que aumentan el riesgo de accidentes en episodios de temporal.

Asimismo, la organización ha denunciado que la inacción de la Administración está trasladando la responsabilidad de la toma de decisiones a las familias y al profesorado. En este sentido, León ha subrayado que “no se puede seguir actuando desde la improvisación ni esperar a que ocurra una desgracia para tomar decisiones. Mantener la actividad presencial en estas condiciones vulnera los principios básicos de prevención y protección de la salud”.

El sindicato ha recordado que la actual normativa de permisos no establece con claridad cómo actuar ante alertas meteorológicas, dejando desprotegido al personal. Por ello, Ustea ha exigido la suspensión inmediata de la actividad lectiva mientras dure la alerta y la incorporación expresa del “permiso climatológico” recogido en el Real Decreto-ley 8/2024. Finalmente, la organización ha reclamado un protocolo automático y homogéneo que priorice, por encima de todo, la seguridad de las personas.

El sindicato Ustea y la organización docente STES han dado a conocer los resultados correspondientes a la provincia de Córdoba del macroestudio estatal sobre las causas del malestar docente, un trabajo que pone de manifiesto el progresivo deterioro del clima de convivencia en los centros educativos públicos. Según los datos provinciales, el 86,75 % del profesorado encuestado en Córdoba asegura percibir un incremento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado, frente a la media estatal, situada en el 83,15 %.

El estudio fue realizado durante el mes de noviembre de 2025 a unos 13.000 docentes de enseñanzas públicas no universitarias de todo el Estado. En el caso de Córdoba, los resultados reflejan una realidad preocupante alineada con la tendencia estatal, con indicadores que confirman un escenario de creciente dificultad para el desarrollo de la labor docente.

Durante la presentación de los datos provinciales se ha subrayado que el 84,77 % del profesorado de Córdoba valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado, en comparación con la media estatal (82,62 %).

En relación con las agresiones por parte del alumnado, el 86,75 % del profesorado de Córdoba percibe un aumento de las agresiones verbales y en algunos casos físicas, percepción que se sitúa frente a la media estatal (83,15 %) y que evidencia un problema estructural que afecta también a los centros educativos de la provincia.

Agresiones por parte de las familias

Asimismo, el estudio indica que el 78,81 % del profesorado de Córdoba considera que se están incrementando las agresiones verbales y/o físicas por parte de las familias, un dato que coincide con el promedio estatal (76,66 %) y que contribuye a incrementar la tensión diaria en los centros educativos de la provincia.

Ustea ha advertido de que este contexto tiene un impacto directo en la salud del profesorado. “Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones u ofensas, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales”, señala. En este sentido, el sindicato añade que “la normalización de estas conductas está generando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales”.

Ratios elevadas, burocracia excesiva y falta de recursos

Otro de los ejes centrales abordados en la encuesta es el impacto de las condiciones estructurales en la labor docente. El 90,07 % del profesorado de Córdoba se muestra en desacuerdo con que las ratios actuales permitan una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso.

A esta situación se suma una sobrecarga burocrática que el 96,03 % del profesorado de Córdoba considera asfixiante y perjudicial para su labor docente. Todos esto datos se asemejan a la media estatal. “La burocracia también está devorando en Córdoba el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado”, ha puntualizado el sindicato, alertando de una situación cada vez más difícil de sostener.

El estudio refleja igualmente una profunda sensación de desvalorización profesional en la provincia. El 46,36 % del profesorado de Córdoba considera que las familias no valoran su trabajo. Además, el 92,72 % afirma que la administración no le respalda lo suficiente.

En el ámbito salarial, el 90,73 % del profesorado de Córdoba considera que su salario no se ha revalorizado lo suficiente conforme al IPC, mientras que el 88,08 % estima que el salario docente actual no es el adecuado. Los datos provinciales en estos aspectos coinciden con la media nacional obtenida en la encuesta.

Como conclusión, Ustea ha advertido de que solo el 60,26 % del profesorado califica su trabajo como digno, lo que evidencia el deterioro global de la profesión docente. La organización sindical ha alertado de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros educativos, el sistema educativo público se enfrenta a un riesgo real de escasez de profesorado, especialmente en Secundaria y Formación Profesional.

Un día antes de las vacaciones de Navidad, el pasado 18 de diciembre, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hizo público el listado de unidades educativas creadas y eliminadas en los centros educativos de este curso escolar. Según ha denunciado USTEA, en la provincia de Córdoba se elevan a 30 las aulas eliminadas tanto en la capital como en diversos municipios, “consolidando así el gobierno del PP su estrategia de los últimos años basada en el desmantelamiento progresivo de la escuela pública”, denuncian desde el sindicato.

Las etapas educativas más afectadas por las supresiones han sido, de manera especialmente significativa, Educación Infantil y Educación Primaria. En el caso de Infantil, se han detectado numerosas eliminaciones de unidades en distintos centros, lo que ha dado lugar a la creación de aulas mixtas que agrupan a alumnado de varios niveles dentro de esta etapa. Esta situación se ha producido en centros como el CEIP Albolafia, CEIP Obispo Osio, CEIP Profesor Tierno Galván (El Arrecife), Nuestra Señora de Guía (Alcaracejos) o CEIP Santa María de Albendín (Baena). Asimismo, se han eliminado aulas de Educación Infantil en el CEIP Maimónides (El Higuerón), CEIP Nuestra Señora de la Sierra (Cabra), CEIP Nuestra Señora de Araceli (Lucena), CEIP Épora (Montoro), CEIP Ginés de Sepúlveda (Pozoblanco), CEIP Santiago Ramón y Cajal (Puente Genil) o CEIP María Moreno (Villanueva de Córdoba), entre otros.

En Educación Primaria, la mayor parte de las supresiones se han concentrado en la capital cordobesa. Centros como el CEIP La Aduana, CEIP Colón, CEIP Los Califas, CEIP Fray Albino, CEIP Santuario, CEIP Juan de Mena, CEIP Albolafia, CEIP Averroes, CEIP Santos Mártires,CEIP San Lorenzo, CEPR San Vicente Ferrer, CEIP Pedagogo García Navarro, CEIP Pablo García Baena, CEIP Concepción Arenal, CEIP Ciudad Jardín, CEIP Mediterráneo o CEIP Hernán Ruiz han visto mermadas sus unidades de esta etapa educativa. A estas eliminaciones se suman las registradas en otros municipios de la provincia, como Hinojosa del Duque, donde se han suprimido aulas tanto en el CEIP Maestro Jurado y como en el CEIP Inmaculada del Voto; o Lucena, con supresiones en CEIP Nuestra Señora del Carmen, CEIP El Valle y CEIP Antonio Machado.

También se han producido recortes en Puente Genil, con dos supresiones en el CEIP Maestro Enrique Asensi y una en el CEIP Miragenil, así como en centros de otras localidades como Baena, el CEIP Juan Alfonso de Baena; y Cabra, en el CEIP Carmen de Burgos, entre muchas otras.

La responsable de Organización USTEA Córdoba, Sonia León, ha puesto sobre la mesa que, “mientras que la educación pública pierde aulas un año tras otro en nuestra provincia, la enseñanza privada-concertada no solo no ha perdido ni un solo aula, sino que sus unidades han renovado sus conciertos por cuatro años más. La educación concertada está blindada mientras la publica es mirada con lupa cada año e incluso antes del período de escolarización en marzo”.

“Estos recortes contrastan frontalmente con la apuesta presupuestaria del Gobierno andaluz por la educación privada concertada. Los presupuestos educativos aprobados el pasado diciembre destinan más de 1.101 millones de euros a la concertada, lo que supone 38 millones más que el curso anterior”, continúa el sindicato.

Desde USTEA consideran “imprescindible” que la ciudadanía andaluza conozca estos datos, que evidencian un claro trasvase de recursos públicos hacia la enseñanza privada en detrimento de la escuela pública. USTEA recuerda que estas cifras corresponden únicamente a Educación Infantil y Primaria, ya que la Consejería no hace públicos los datos de cierre de líneas en Secundaria, a pesar de haber sido solicitados reiteradamente por el sindicato.

El sindicato ha anunciado que comenzará el año 2026 intensificando la denuncia pública y sindical frente a esta política de recortes, defendiendo una educación pública, laica, inclusiva y de calidad, como pilar fundamental de la igualdad y la cohesión social en Andalucía.

El sindicato de enseñanza Ustea ha alertado de que en la provincia de Córdoba existen más de medio centenar de aulas con ratios ilegales en Primaria y Secundaria y ha denunciado la supresión de unidades en todas las etapas educativas. En el CEIP Profesor Tierno Galván, en El Arrecife, se ha suprimido un aula de infantil y se ha dejado un aula mixta de 3 y 4 años en situación de ratio ilegal, con 16 niños y niñas. En el CEIP Poeta Molleja de Villa del Río, en el CEIP Nuestra Señora de Gracia (Benamejí) o en el CEIP Carlos III (La Carlota) sigue habiendo clases de primaria con 27 alumnos y alumnas, mientras que se registran aulas con 26 alumnos en CEIP Joaquín Tena Artigas, CEIP Enríquez Barrios, CEIP Eduardo Lucena y CEIP Noreña en Córdoba capital, entre otros.

En un comunicado, señala que la situación se repite en secundaria y bachillerato: En el IES Gran Capitán, en Córdoba, hay cuatro grupos de tercero de ESO con 32 estudiantes, mientras que en el IES Miguel Crespo de Fernán Núñez existen dos grupos con la misma ratio. En bachillerato, el IES Ángel de Saavedra cuenta con una clase con 36 alumnos y alumnas, superando el máximo legal de 35. USTEA ha recordado que muchas de estas ratios ya eran ilegales en junio, por lo que no pueden justificarse como consecuencia de matriculaciones tardías.

A estas cifras se suma la supresión de medio centenar de aulas en la provincia en centros como CEIP Albolafia, CEIP Obispo Osio, CEIP Enrique Asensi, CEIP Miguel de Cervantes, CEIP Nuestra Señora de Guía, CEIP Maestro Juan Hidalgo, CEIP Villaralto, CEIP Virgen de la Salud, CEIP Ginés Sepúlveda, CEIP Andalucía y CEIP Nuestra Señora del Carmen, entre otros.

Ustea ha hecho un llamamiento a profesorado, familias, AMPAs, estudiantes y a toda la sociedad para que se sumen a las acciones programadas desde el sindicato y defiendan la educación pública andaluza.

El sindicato reitera que solo con un incremento de las plantillas, una bajada real de ratios y una financiación sostenida y estable para la enseñanza pública se podrá garantizar el derecho de todo el alumnado a una educación de calidad. Asimismo, exige la mejora de las condiciones laborales del profesorado, la recuperación de los auxiliares de conversación en centros bilingües, la estabilidad del personal interino y recursos suficientes para la atención a la diversidad, la formación profesional, las enseñanzas artísticas y el resto de enseñanzas de régimen especial.

Ustea ha concluido que la situación actual supone un maltrato continuado a la educación pública y ha advertido que no cesará en sus movilizaciones hasta que se atiendan estas reivindicaciones y se garantice el derecho a una educación pública digna en Andalucía. En ese sentido, ha denunciado públicamente “el grave deterioro que sufre la educación pública” andaluza en el inicio del curso 2025/2026 y se ha concentrado hoy a las puertas de la Delegación Territorial de Educación bajo el lema 'El futuro se construye con inversión, no con improvisación'.

Ustea ha anunciado el inicio de un proceso de escucha dirigido a toda la comunidad educativa que ha comenzado con esta concentración, junto a FAMPA, Plataforma Niñxs del Sur y AMPA y AFA afectadas de la provincia, y que continuará con una concentración y asamblea en Sevilla el próximo sábado 27.

En este acto han reivindicado, desde Ustea, que el acuerdo presentado por la Consejería y firmado por otras organizaciones sindicales no resuelve los problemas estructurales del sistema educativo. “Estamos ante uno de los inicios de curso más complicados de los últimos años. Las medidas anunciadas por la Consejería son insuficientes, llegan tarde y suponen una sobrecarga para el profesorado y los equipos directivos. Sin un aumento real de plantillas y una bajada efectiva de ratios es imposible garantizar una educación pública de calidad”, ha declarado Ana Ferrando de USTEA Córdoba.

El Área de Salud Laboral de Ustea ha denunciado que el segundo episodio de calor del curso 2024/25 vuelve a golpear con fuerza en la provincia de Córdoba sin que se hayan adoptado medidas estructurales que garanticen unas condiciones térmicas seguras en los centros educativos.

Además del incumplimiento sistemático de la Ley de Bioclimatización aprobada hace cinco años (solo un 6,14% de los centros públicos andaluces cuenta con climatización adiabática), la Junta ha trasladado la responsabilidad del mantenimiento de los equipos a los propios centros. Estos deben contratar a empresas certificadas sin recibir una partida presupuestaria adicional para ello, lo que resulta inasumible para la mayoría.

A través de una encuesta promovida por Ustea, se han recogido multitud de denuncias en todo el territorio andaluz que reflejan una realidad repetida y generalizada: centros sin climatización efectiva, instalaciones que no funcionan o no se activan, ventiladores insuficientes, toldos improvisados o aulas que superan los 30 grados desde primeras horas de la mañana… Como consecuencia, alumnado, profesorado y personal laboral de los centros educativos están siendo sometidos a un nivel de estrés térmico innecesario.

Entre los testimonios recogidos destacan los siguientes casos: IES Maimónides (Córdoba capital) “Hay máquinas aunque no en todas las aulas, algunas no funcionan y no saben cuándo se revisarán”, en el IES Juan de la Cierva (Puente Genil) “La instalación existe, pero está pendiente de revisión. Hay zonas del centro donde no se puede dar clase por el calor.”, en el CEIP Ramón y Cajal (El Carpio) “Hay instalación pero no se ha hecho el mantenimiento necesario que se solicitó en noviembre”, en el IES Aljanadic (Posadas) “Hay máquinas, pero muchas están averiadas o no tienen mantenimiento. El aire no llega a todas las aulas.”

En el IES Florencio Pintado (Peñarroya) “Al no tener presupuesto para el mantenimiento de la climatización adiabática, estamos sin aire en la mayoría de las aulas”, en el CEIP Al-Ándalus (Córdoba) “Hay instalación de bioclimatización, pero por avería de alguna máquina no funciona en varias aulas.”, en el CEIP Poeta Molleja (Villa del Río) “Solo hay ventiladores en las aulas y máquinas de manera puntual.”, en el CEIP Eduardo Lucena (Córdoba) “El CEIP cuenta con tres máquinas de bioclimatización y solo funcionan dos” o en el CEIP Mediterráneo (Córdoba) “Hay instalación de bioclimatización que no funciona, las clases no bajan de 30º”

Desde Ustea reiteran que la exposición continuada a altas temperaturas suponen un riesgo para la salud física y mental del personal y del alumnado.

Sostienen que las respuestas de la administración son, como cada año, parches tardíos e ineficaces, como permitir la reducción de la jornada lectiva a partir de las 12:00. Esta medida, lejos de solucionar el problema, dicen, vulnera el derecho a la educación del alumnado de las zonas más afectadas y sigue dejando al profesorado y a parte del alumnado expuesto a temperaturas que superan ampliamente los límites recomendados por los expertos en salud laboral.

Estas decisiones improvisadas se han tomado sin tener en cuenta el sentir de los equipos directivos ni de las comunidades educativas y , por supuesto, sin informar a los Comités de Seguridad y Salud Docentes.

Desde Ustea exigen el cumplimiento inmediato y efectivo de la Ley de Bioclimatización, una dotación presupuestaria específica para el mantenimiento de equipos de climatización ya instalados, la integración de los Comités de Seguridad y Salud Docentes en las decisiones que afectan a los centros, un plan de auditorías térmicas urgentes y públicas en los centros educativos de la provincia con un cronograma público de actuaciones en los centros más afectados y el reconocimiento del estrés térmico como riesgo laboral.

El sindicato anima a los centros cordobeses a seguir denunciando estas situaciones y a presentar comunicaciones de riesgo térmico “porque no vamos a parar hasta que se garantice un entorno educativo digno y saludable”.

La Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Andalucía (USTEA) ha presentado una denuncia formal ante la Unidad de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Córdoba, alertando sobre el grave riesgo higiénico-sanitario que enfrentan los centros educativos de la provincia. Esta situación se debe a la prolongada falta de servicio de limpieza, que pone en peligro la salud de estudiantes y personal docente, según denuncian a través de una nota de prensa.

Rafael Reyes, responsable de salud laboral en el sindicato, ha expuesto que “en USTEA hemos recibido numerosas quejas de docentes y familias que han expresado su preocupación por las condiciones de higiene en las aulas y espacios comunes.”

USTEA ha advertido que la falta de recursos y personal adecuado para llevar a cabo estas tareas de limpieza ha llevado a una situación insostenible que requiere atención inmediata por parte de las autoridades competentes. “La falta de limpieza adecuada no sólo afecta el bienestar del alumnado, sino que también puede contribuir a la propagación de enfermedades, especialmente en un contexto donde la salud pública es más importante que nunca”, apunta Reyes.

USTEA lleva “reclamando y luchando contra la privatización de los servicios públicos desde que se inició esta tendencia que se ha agravado, especialmente, desde que el actual gobierno de la Junta de Andalucía ha recrudecido esta dinámica. En lo educativo, medidas como la externalización de servicios de limpieza, comedores escolares u otros servicios provoca que la comunidad educativa se vea afectada en el normal desarrollo del propio centro”, aseguran.

“Actualmente, las condiciones en aulas, aseos, pasillos y espacios comunes presentan acumulación de polvo, residuos y suciedad generalizada; riesgo de proliferación de ratas o cucarachas, habituales en entornos donde se acumula suciedad; malos olores persistentes en baños y zonas cerradas; falta de reposición de productos de higiene (papel, jabón, etc.) y ambiente insalubre incompatible con el desarrollo de la actividad educativa”, según describen.

Según su denuncia, esta situación está poniendo en riesgo la salud del alumnado, del personal docente y no docente, especialmente en lo relativo a riesgos biológicos y respiratorios. Desde USTEA han considerado que se están vulnerando las condiciones mínimas de seguridad y salud exigidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Son 31 centros los afectados en la provincia de Córdoba: IES Don Diego de Bernuy (Benamejí), IES Dionisio Alcalá Galiano e IES Felipe Solís Villechenous (Cabra), IES Mencía López de Haro (Doña Mencía), IES Mirador del genil (Iznájar), IES Albenzaide (Luque), IES Álvarez Cubero e IES Carmen Pantión (Priego de Córdoba), IES Cárbula (Almodóvar), IES Colonial (Fuente Palmera), IES Duque de Rivas (Hornachuelos), IES Nuevas Poblaciones (La Carlota), IES Antonio Gala (Palma del río), IES Aljanadic (Posadas), IES Arcelacis (Santaella) e IES La Escribana (Villaviciosa).

En Córdoba capital, los afectados son: IES Villarrubia, IES Alhaken II, IES Blas Infante IES Casiana Muñoz Tuñón, IES El tablero, IES Zoco, IES Fidiana, IES Gran capitán, IES Grupo Cántico, IES Guadalquivir, IES López Neyra, IES Rafael de la Hoz, IES Santa Catalina de Siena, IES Santa Rosa de Lima e IES Trassierra.

USTEA ha exigido a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Córdoba que tome medidas urgentes y efectivas que garanticen la limpieza y desinfección de los centros educativos. La organización sindical se compromete a seguir vigilando esta situación y a trabajar en conjunto con las autoridades para encontrar soluciones que beneficien a toda la comunidad educativa. Asimismo, ha pedido a la Junta de Andalucía que se resuelva este problema inmediatamente para que las personas afectadas cobren sus sueldos, penalicen y denuncien a la empresa adjudicataria por incumplimiento de contrato y recupere la gestión de la limpieza de los centros escolares con personal propio de la Junta de Andalucía, repensándose la política de externalización de los servicios dados los problemas que ocasiona.

El sindicato de enseñanza Ustea ha denunciado la presencia de representantes de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular en los centros educativos de Priego de Córdoba, donde han accedido a las aulas para promocionar un concurso de debate organizado por su formación política, colocando en los tablones de anuncios, del centro y de las aulas, cartelería publicitando esta organización.

Según informa Ustea en una nota, “el tema propuesto para este debate nos ha preocupado especialmente por su sesgo ideológico: ¿Es justificable la censura en el arte y entretenimiento en ciertos casos?, lo que refuerza nuestras sospechas sobre la intención adoctrinadora de esta iniciativa que contrasta”, aseguran.

Para el sindicato, “es inaceptable que un partido político acceda a los espacios educativos, por lo que consideramos que podríamos estar ante una posible vulneración del principio de neutralidad política en el ámbito educativo, recogido en la LOMLOE. Si el concurso está claramente vinculado a la promoción de la imagen, ideas o valores de un partido político, podría interpretarse como proselitismo político, lo que sería contrario a la neutralidad ideológica que exige la legislación educativa”.

Ustea recuerda que esta situación ya se denunció el año pasado y han comprobado que se ha vuelto a repetir este año. Por lo tanto, consideran que no se han implementado las medidas oportunas.

Por ello, desde Ustea, exige a la Delegación Territorial de Córdoba y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que “se esclarezca este asunto, se aporte a la comunidad educativa las explicaciones necesarias y se tomen las medidas disciplinarias oportunas con las personas responsables de esta situación, garantizando de esta forma que los centros educativos públicos continúen siendo espacios libres de injerencias políticas y asegurando que este hecho no se vuelva a repetir”.

“En Ustea defendemos una educación pública libre de injerencias partidistas, laica y democrática. Reivindicamos el respeto absoluto a los espacios educativos y el derecho del alumnado a recibir una educación crítica, plural y libre de manipulaciones partidistas”, concluyen.

El sindicato Ustea ha denunciado que la escolarización en la provincia de Córdoba de cara al próximo curso 2025/2026 comienza con el recorte de plazas públicas, 35 clases menos y ratios ilegales de partida. A ese número suman unas 80 más que se perdieron en cursos anteriores y critican que la enseñanza concertada mantenga sus aulas mientras la pública sufre supresiones.

Ustea indica en un comunicado que, de esta manera, la red de centros públicos en la provincia de Córdoba sumará la pérdida el próximo curso más de cien clases, según los datos recabados por el sindicato, mientras que la enseñanza concertada continúa su avance, manteniendo sus aulas tras la renovación de los conciertos que ha tenido lugar en diciembre de 2024 y que los “blinda” durante cuatro años más; cuatro años en los que no perderán una sola unidad mientras la escuela pública lo hace año tras año.

Sonia León, responsable de Organización de Ustea Córdoba, lamenta “los reajustes con los que comienza la planificación para el próximo curso en la escuela pública en la que, lejos de mantener las unidades que ya existen, se eliminan de manera anticipada ofreciendo una oferta de plazas a la baja. Aunque el proceso de escolarización termina en octubre, la mayoría de las unidades que se suprimen en febrero, acaban siendo supresiones reales”, afirma.

En provincia de Córdoba, Ustea ha detectado que, para el curso 25/26, se ofertan casi 300 plazas escolares menos para el alumnado de tres años que el curso anterior. El 98% de estas plazas se han perdido en centros públicos y tan solo el 2% en centros privado-concertados. “Este es un claro ejemplo de la impunidad que tiene la escuela concertada ante la bajada de la natalidad, que solo es asumida en la escuela pública”, apunta la responsable de Ustea Córdoba.

Algunas de las nuevas supresiones de Infantil (3 años) se encuentran en la localidad de Puente Genil, donde los centros públicos CEIP Ramón y Cajal y CEIP José María Pemán pierden una unidad cada uno. Lo mismo ocurre en el CEIP María Coronel (Aguilar de la Frontera) CEIP Andalucía (Posadas), CEIP Virgen de la Salud (Castro del río) y en Pozoblanco, donde el CEIP Ginés Sepúlveda pierde una unidad de 3 años, mientras los centros privado-concertados de la localidad mantienen sus clases.

Aulas mixtas y pérdidas en Infantil

Otra casuística denunciada por Ustea es la creación anticipada de aulas mixtas en Infantil, las cuales agrupan al alumnado de 3, 4 y 5 años en un solo aula. Esta estrategia ha conllevado la pérdida de una unidad en infantil, antes del inicio del proceso de escolarización, en CEIP Ntra. Sra. de Guía (Alcaracejos), CEIP Maestro Juan Hidalgo (Cardeña), CEIP Villaralto (Villaralto) y CEIP CEIP Obispo Osio (Córdoba capital). La organización sindical ha manifestado que esta imposición de aulas mixtas no se aplica nunca en centros concertados ni siquiera tras el período de escolarización aún teniendo un número muy reducido de alumnado, como es el caso de los CDP San Rafael y CDP Virgen de la Fuensanta, en la capital, los cuales, además, han visto renovados sus conciertos este pasado diciembre y sus unidades están “blindadas” por cuatro años más.

Son varios los colegios de Córdoba capital donde se encuentran las nuevas supresiones en educación primaria el curso 2025/26. Se trata del CEIP Fernán Pérez de Oliva, CEIP Colón, CEIP La Aduana y CEIP José de la Torre y del Cerro. En la provincia, CPR Tiñosa (Priego de Córdoba) pierde dos unidades. Suprimen una clase de primaria en el CEIP Doña María Coronel (Aguilar de la Frontera), CEIP Monte Albo (Montalbán), CEIP Miguel de Cervantes (Villanueva del Rey), CEIP Juan Díaz del Moral (Bujalance) y CEIP Nelson Mandela (La Carlota), que suprime una unidad de 3º de Primaria, quedando solo dos clases a 28 e impidiendo que alumnado de este nivel que desee el centro no pueda ser admitido en este período de admisión.

Supresiones en Secundaria y Bachillerato

En la etapa de Secundaria, Ustea ha concretado las supresiones en el IES Averroes (Córdoba), donde se suprime un grupo de 1º ESO; IES Ipagro (Aguilar de la frontera); IES Sauce (La Carlota); IES Nuestra señora de la Estrella (Villa del río) e IES Clara Campoamor (Lucena). También se han encontrado supresiones en Bachillerato en el IES Manuel Reina (Puente Genil) y el IES Antonio Gala (Palma del Río).

A estas nuevas 35 supresiones, detectadas por Ustea, hay que sumar unas 80 que se suprimieron el curso anterior, puesto que, la mayoría, continúan. Por ejemplo, el CEIP Santuario suprime una unidad de Primaria este curso (tras haber perdido una unidad de Infantil en cada uno de los tres cursos anteriores). Otros ejemplos de centros que pierden una unidad “arrastrada” son: CEIP Concepción Arenal, CEIP San Lorenzo, CEIP Al-Ándalus, CEIP Juan de Mena, CEIP Los Califas, CEIP Alonso de Aguilar (Aguilar de la Frontera), CEIP Juan Valera (Cabra), CEIP Andrés de Cervantes (Cabra), CEIP Nuestra señora del Carmen (Lucena) o CEIP Ángel Carrillo (Priego de Córdoba).

Desde Ustea señalan su preocupación ante el “modus operandi” en varios centros de difícil desempeño donde la administración apuesta por la creación de aulas mixtas. Es el caso del CEIP Pedagogo García Navarro donde se eliminan 2 unidades respecto al curso actual; CEIP Albolafia en el cual se suprime 1 unidad en primaria; y el CEIP Obispo Osio que pierde, de nuevo, una unidad de infantil pasando de tres a unidades de infantil a tan solo una en dos años. Igualmente, en la provincia, otro centro de difícil desempeño CEIP Enrique Asensi (Puente Genil) ve suprimidas dos unidades de un plumazo. Ustea ha trasladado esta situación a la Delegación Territorial solicitando la revisión de esta planificación en estos entornos socioeconómicos más vulnerables.

Ratios por aula

La supresión de aulas públicas se realiza partiendo de una planificación a la baja por parte de la administración, es decir, el menor número de clases posible en cada centro y la ratio máxima permitida por la normativa en cada grupo: 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Ustea ha detectado que la Consejería planifica la escolarización incluso con “ratios ilegales de partida” y no se autoriza una nueva clase hasta que se superan las 29 matrículas en grupos de Infantil y Primaria, 34 en Secundaria y 37 en Bachillerato. El resultado es un recorte masivo de clases públicas, antes incluso de que comience la escolarización.

Por ejemplo, en el CEIP Hernán Ruiz (Córdoba), se planifican tan solo dos unidades de segundo para 55 niños/as, lo que les llevaría a tener unas ratios de 27 y 28; y en el CEIP Carmona Sosa (Palma del río) se prevé un sexto con 27 niños/as. 

Ante este panorama, la Junta ha renovado hace unos meses todos sus conciertos con la escuela privada-concertada para los próximos cuatro cursos, no suprimiendo ni uno solo  y habiendo justificado esta prórroga en la presunta «demanda de escolarización», “demanda que también existe en los centros públicos pero que parece no ser suficiente para dejar de cerrar clases y colegios en la pública andaluza”.

Cabe añadir que ya la Junta de Andalucía eliminó, en el curso 24/25, 57 aulas públicas en la provincia de Córdoba frente a tan solo 2 en los centros privado-concertados. Son 258 unidades netas las suprimidas en centros públicos en la provincia de Córdoba y 2402 en Andalucía desde que gobierna el PP en Andalucía. Estos datos arrojan el modelo ideológico del gobierno andaluz y conlleva la pérdida directa de puestos de trabajo.

Para Ustea, el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos que ganan progresivamente terreno en Andalucía. Frente a este modelo, USTEA reclama la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio en todos los centros y en todos los niveles educativos.

Desde el sindicato han advertido que seguirán con sus acciones reivindicativas ante los cierres masivos de aulas y en su lucha por una educación pública y de calidad y han convocado concentraciones en todas las Delegaciones provinciales de Andalucía el próximo miércoles 19 de marzo bajo el lema “Salvemos la educación pública”.

El sindicato Usteda ha denunciado en un comunicado que el Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI) “no ha funcionado estas navidades, lo que ha supuesto que el segundo trimestre comience con la falta de 192 profesionales en los centros educativos” de la provinica de Córdoba. Asegura que, de estos, tan solo las 50 personas docentes que este jueves han obtenido un puesto de trabajo hasta final de curso, se incorporarán el lunes 13 de enero.

Sonia León, responsable provincial de Ustea Enseñanza Córdoba, señala que “la gravedad de lo ocurrido radica en que, en la primera convocatoria de SIPRI, tan solo se han ofrecido 50 vacantes, dejando sin cubrir 142 sustituciones en colegios e institutos, según pudimos comprobar una vez publicada la segunda convocatoria de SIPRI del año, y que llegarán a los centros, nada más y nada menos, que el miércoles 15 de enero. Esto es, una semana después del comienzo de las clases cuando algunas de ellas son bajas de larga duración sin suplir desde diciembre”.

Ustea ha apuntado la mala gestión y falta de planificación por parte de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba que bajo la directriz de la Consejería de Educación, no ha realizado una convocatoria que cubra las necesidades reales de los centros educativos en la que se oferten, desde primera hora, todos puestos del profesorado que estaba de baja. Ello ha supuesto un ahorro de cientos de sueldos durante una semana.

Algunos ejemplos con falta de personal docente son: IES Galán Acosta e IES Santos Isasa (Montoro), IES Jerez y Caballero (Hinojosa del Duque), IES Aljanadic (Posadas), IES Felipe Solís Villechenous (Cabra), IES Luis Carrillo de Sotomayor (Baena), IES Colonial (Fuente Palmera), CEIP Noreña (Córdoba), CEIP Los Califas (Córdoba), IES López Neyra (Córdoba), IES La Fuensanta (Córdoba), CEIP Carlos III (La Carlota), CEIP Eduardo Lucena (Córdoba) CEIP Doña María Coronel (Aguilar de la Frontera), IES Álvarez Cubero (Priego de Córdoba)...

Eliminación de aulas

A esta grave situación se ha unido la eliminación de 57 aulas en la escuela pública en la provincia de Córdoba respecto al curso pasado. Esta información se ha comprobado en un BOJA publicado en los últimos días de diciembre. Según estos datos, se han creado 31 aulas pero se han suprimido 88. Ustea ha señalado la gravedad de que tan solo haya 10 aulas más en modalidades de atención a la diversidad en la provincia de Córdoba, número muy insuficiente teniendo en cuenta las necesidades actuales de los centros educativos.  

Ustea ha exigido a la Delegación Territorial de Educación de Córdoba que solucione con urgencia este tipo de prácticas descritas y apueste por una educación pública de calidad que cubra todas las necesidades reales.

El sindicato USTEA Córdoba ha emitido un comunicado de denuncia ante la grave situación de la Formación Profesional (FP) pública en la provincia, evidenciando un desajuste alarmante entre la alta demanda de plazas y la escasa oferta en centros públicos, en contraste con una mayor disponibilidad en centros privados y concertados. Esta situación, aseguran, coloca en desventaja a numerosas familias que, ante la falta de opciones en la pública, se ven obligadas a acudir a centros privados, asumiendo costes adicionales por una educación que debería ser accesible para todos.

En la capital cordobesa, donde predominan los centros de titularidad privada, los problemas de oferta insuficiente son especialmente visibles. Por ejemplo, el único centro público que ofrece plazas para los ciclos de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, cuenta con solo 120 plazas, mientras que ha recibido hasta 475 solicitudes. Esto significa que al menos 355 estudiantes deberán matricularse en centros privados o concertados si desean continuar sus estudios en su primera opción.

La situación es similar en los ciclos de Grado Medio y Superior en Informática y Comunicaciones, donde solo uno de cada tres solicitantes obtiene una plaza en los centros públicos disponibles, mientras que los centros privados y concertados absorben la demanda insatisfecha en la FP pública. La oferta en la familia de Sanidad también presenta estas deficiencias: solo dos centros públicos imparten estos ciclos frente a los 12 centros privados o concertados que cubren la demanda.

El área de Imagen Personal tampoco escapa a estos problemas de oferta. En toda la provincia solo se imparte el título de Técnico en Estética y Belleza en un centro público, con una capacidad de 30 plazas frente a cinco centros privados o concertados. Con más de 100 solicitudes en la capital, el profesorado ha solicitado durante años la implantación de este ciclo en otros centros de la provincia, aunque sin éxito.

Además, USTEA señala que el proceso de matriculación de la FP pública provoca que queden plazas libres, ya que los plazos de inscripción se cierran mientras las listas de espera no se han resuelto. Esta dinámica, afirman, hace que muchas familias tomen decisiones apresuradas y opten por matricular a sus hijos en centros privados para asegurar su formación. Para el sindicato, esta falta de transparencia en el proceso de matriculación es una ventaja competitiva para los centros privados.

El problema, según USTEA, es aún más severo en las zonas rurales, donde la escasa oferta de FP impone a los jóvenes aceptar ciclos poco adecuados a la realidad económica de la zona y de bajo coste para la administración. Esta situación limita gravemente las oportunidades educativas y profesionales en los municipios rurales, lo que incrementa las desigualdades y reduce las perspectivas de desarrollo local.

USTEA Córdoba exige a la administración una revisión inmediata de las políticas de FP para mejorar la oferta pública y permitir que los estudiantes que deseen acceder a esta modalidad educativa puedan hacerlo sin depender de la oferta privada. Asimismo, el sindicato considera imprescindible que la próxima negociación con la oferta privado-concertada tenga en cuenta estas desigualdades de acceso y se invierta en fortalecer la oferta pública, recordando que la función de los centros concertados es de apoyo y no de protagonismo en el sistema educativo.

El sindicato Ustea Córdoba ha denunciado ante el Defensor del Pueblo “el trato discriminatorio y desigual” que la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía “impone a los centros públicos en comparación con los concertados en la provincia”, pues “obliga a crear aulas mixtas en colegios públicos, una medida que jamás se aplica en los centros concertados, ni antes ni después del período de escolarización”, mientras que fuentes de Desarrollo Educativo han dicho a Europa Press que la creación de aulas mixtas es necesaria para “garantizar la continuidad de los centros ante la falta de demanda”.

Así y en primer término, el sindicato ha señalado a través de un comunicado la mencionada situación, de crear aulas mixtas en los centros educativos públicos y no en los concertados, “constituye una grave vulneración de los derechos educativos, un trato de favor a la educación privada-concertada, afectando negativamente la calidad en los centros públicos, generando recortes de personal docente y limitando los recursos destinados a la educación pública. Esta injusticia repercute especialmente en el alumnado más vulnerable, como aquellos con necesidades educativas especiales”.

En concreto y durante el último período de escolarización para 2024/25, Ustea ha asegurado que “se han fusionado aulas mixtas en, al menos, cinco centros públicos en Córdoba, suprimiendo unidades antes de la fecha de inicio oficial de escolarización, el 1 de marzo de 2024. Los centros afectados fueron CEIP Miralbaida, CEIP Albolafia, CEIP Obispo Osio y CEIP Federico García Lorca en Córdoba capital, y el CEIP Miguel de Cervantes en Villanueva del Rey. En algunos de estos centros, la Junta intentó agrupar alumnado de los tres niveles de Infantil (3, 4 y 5 años) en la misma aula, alcanzando la ratio máxima y provocando un deterioro significativo en las condiciones de enseñanza”.

Por el contrario y según el sindicato, “esta imposición de aulas mixtas no se realiza en centros concertados, donde incluso cuando existe la posibilidad de formar estas aulas, debido a un número reducido de matrículas, no se aplica esta medida ni tras el período de escolarización”. Como ejemplo, Ustea ha documentado dos casos en centros concertados de Córdoba capital, “el CDC San Rafael y el CDP Virgen de la Fuensanta, en los que se podían haber creado aulas mixtas debido a un bajo número de estudiantes por nivel, pero la Delegación optó por no aplicarla”.

Respuesta de la Junta

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba han argumentado a Europa Press que “la creación de aulas mixtas cuando hay muy pocos alumnos es una forma de garantizar la continuidad de los centros ante la falta de demanda”.

Junto a ello, las mismas fuentes han señalado que “la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está demostrando el esfuerzo por mantener aulas con poco alumnado”. Por ejemplo, “en Infantil y Primaria, el 43% de las aulas tiene menos de 20 alumnos” y, “a día de hoy, hay 3.000 aulas más con menos de 20 alumnos que en 2018”.

El sindicato Ustea ha detectado que existe, un mes después del comienzo de las clases, “un déficit brutal” de especialistas de atención a la diversidad y al alumnado con necesidades educativas (NEAE) en la provincia, puesto que centros educativos han visto recortadas sus plantillas respecto al curso anterior, haciendo muy difícil la labor de atender las necesidades del alumnado.

La Delegación Territorial de Educación de Córdoba vuelve a suspender en atención a diversidad, pues la provincia carece de los recursos mínimos necesarios para atender al alumnado censado, a la espera de que lleguen los fondos europeos para “parchear” el problema existente.

“Hemos detectado falta de profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT). Actualmente, cada profesional de PT atiende a una gran cantidad de alumnado NEAE. Por ejemplo, en el IES Fidiana tan solo hay una profesional de PT para cada 82 estudiantes censados/as; y en el CEIP Poeta Molleja (Villa del Río), una única PT para 57 alumnos/as censados/as, 34 de los cuales de necesidades educativas especiales. Algo similar encontramos en el CEPR Federico García Lorca (Fuente Palmera), CEIP Ferrobús (Palma del Río), en el CEIP Andalucía (Posadas) o en el CEIP Victoria Díaz (Hornachuelos), donde una sola profesional de PT atiende a casi 50 estudiantes. Ello supone, en muchos de los casos, que el alumnado apenas pueda recibir media hora semanal de atención individualizada”, indican.

Lo mismo ocurre, apuntan, con el profesorado de Audición y Lenguaje (AL) que llega a compartir hasta tres centros educativos, como el caso de la AL que comparte la Escuela Infantil Purísima Concepción (Fuente Palmera), el CEIP Antonio Gala (Silillos) y el CEIP Blas Infante (Fuente Carreteros), con un censo elevadísimo. Eso, si reciben este recurso, porque hay centros, como el CEIP Juan Ramón Jiménez (Cañada de Rabadán, Fuente Palmera) o el CEIP Elena Luque (Santa Cruz), en los que hay alumnado que necesita este recurso de logopedia y no ha llegado.

También ocurre que los profesionales de la Orientación tienen ratios elevadísimas, las cuales triplican la recomendada por los organismos educativos, tanto en los centros educativos como en los Equipos de Orientación (EOE), que en la mayoría de los casos se encuentran desbordados con numerosos protocolos de diagnósticos abiertos o pendientes y con menos personal que el curso anterior, como es el caso del EOE de Montoro que tan solo cuenta con 4 profesionales en su equipo de zona, uno menos respecto al curso pasado.

Asimismo, ha disminuido el personal que atiende al alumnado con trastorno grave de conducta. Centros con alumnado vulnerable se encuentran totalmente sobrepasados por la falta de este recurso, puesto que la profesional que atiende a este alumnado tan solo va un día en semana (como ocurre en el CEIP Albolafia) o un par de días (como ocurre en CEIP Mirasierra) o tres (CEIP Antonio Gala), siendo un recurso que resulta imprescindible que se encuentre a diario en los centros para atender a este alumnado.

Denunciamos que existen aulas específicas de trastornos del espectro autista (TEA) con ratio por encima de la legalidad, como son la del CEPR Federico García Lorca (Fuente Palmera) y CEIP Salvador Vinuesa (Córdoba).

Mención aparte merece el abandono administrativo en el que se encuentra el CEIP Mirasierra, en Córdoba capital. El curso pasado la Consejería de Educación decidió de forma unilateral y repentina, rompiendo el diálogo con las organizaciones sindicales, el cierre de los colegios públicos CEIP Duque de Rivas y CEIP Alfonso Churruca. El daño colateral de esta medida lo está padeciendo la comunidad educativa del CEIP Mirasierra. Este centro ha recibido entre 20 y 30 alumnos procedentes de centros de especial dificultad, con dotaciones extra de personal para atender sus necesidades educativas, que ahora, en el CEIP Mirasierra, no tienen, puesto que, aún teniendo más alumnado y más vulnerable, ha visto recortado su personal en tres profesionales, lo que no permite atenderlos adecuadamente.

Toda esta situación fue transmitida por Ustea en reunión mantenida con el Delegado Territorial el pasado 3 de octubre. Lamentamos profundamente la mala gestión de la administración al respecto. Prueba de ello es que, el puesto de la Jefatura del Servicio de Ordenación Educativa (que se encarga de organizar y distribuir estos recursos) se encuentra aún vacante pese a la magnitud de la gravedad de las situaciones que se están viviendo en los centros de la provincia.

El sindicato Ustea ha avanzado que denunciará a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales las condiciones deplorables de limpieza en las que tiene que trabajar el profesorado del CEIP Pablo García Baena -que ha iniciado el curso a la vez que siguen las obras de reforma del centro-, algo que “supone un claro riesgo para la salud”.

En una nota, Ustea critica “los graves inconvenientes que supone el hecho de que tanto el alumnado como el profesorado se vean obligados a convivir a diario y de forma continua con una gran cantidad de suciedad y polvo en todas las dependencias, producto de una obra de gran calibre. Esta situación afecta directamente a la salud y el bienestar de la comunidad educativa”.

Ante esta situación, Ustea considera “inadmisible” la respuesta del Ayuntamiento que, de manera incomprensible, ha reducido el personal de limpieza al mínimo, dejando solo una persona para atender las necesidades del centro en un momento en el que es más necesario que nunca para garantizar un entorno seguro y saludable.

Junto a ello, el sindicato ha denunciado la “absoluta falta de previsión y coordinación por parte del Ayuntamiento y de la Delegación de Educación y la incapacidad demostrada para establecer en tiempo y forma un plan alternativo a la hora de gestionar las obras de reforma llevadas a cabo en el CEIP Pablo García Baena”.

Así, desde Ustea, se critica la falta de previsión que, en su opinión, ha derivado en una serie de consecuencias graves para el desarrollo del curso. Entre esas consecuencias enumeran que el patio ha quedado inhabilitado durante, al menos, la primera semana de clases; el profesorado no ha podido preparar el inicio del curso de manera efectiva, lo que ha afectado a la planificación educativa; la comunidad educativa ha atravesado un periodo de incertidumbre y estrés innecesario, sin recibir ningún tipo de información por parte de Delegación; y se ha proyectado una imagen pésima de la educación pública ante las familias y la sociedad.

Inicio de la obra en julio

Ustea recuerda que el pasado 8 de julio se anunció el inicio de una gran obra de reforma integral en este centro. “Desde ese mismo momento, la falta de comunicación y coordinación entre Ayuntamiento y Delegación de Educación ha sido más que evidente”. Esta obra se planificó en tres fases y la empresa encargada de llevarla a cabo estimó una duración de 5 meses aproximadamente. La primera fase del proyecto se centró en todos los aspectos relacionados con la eficiencia energética y tenía como fecha límite el 30 de septiembre. En la segunda y tercera fase se trabajaría en los aseos y en las cubiertas del edificio, finalizando el proyecto en el mes de noviembre. “Con esta planificación ya se podía saber que no se llegaría al inicio de curso con las zonas internas y aseos terminados”.

Denuncian que, durante el verano, en ningún momento se ha informado al equipo directivo del centro de la evolución de la obra. Por este motivo, Ustea quiere “poner en valor la profesionalidad y compromiso del director del centro que ha hecho todo lo que está en su mano para que las instalaciones estuvieran en las mejores condiciones posibles para la llegada del alumnado y ha supervisado personalmente el avance de la obra, tarea que debería haberse llevado a cabo por personal cualificado del Ayuntamiento y, coordinado y supervisado por Delegación”.

Añaden que “en septiembre, el estado del centro es tan deplorable que el profesorado tiene que comenzar la preparación del curso trabajando desde casa. Queremos reconocer públicamente la actitud del profesorado que, pese a las dificultades, ha demostrado una gran capacidad de adaptación ante esta situación tan desastrosa que no les ha permitido preparar el trabajo de inicio de curso en las condiciones que se merece tanto el profesorado como el alumnado de este centro. El 4 de septiembre, viendo que la situación del centro no iba a permitir la entrada del alumnado, Delegación plantea como alternativa el traslado del alumnado al CEIP Alfonso Churruca, pero este planteamiento es tan improvisado que cae por su propio peso debido a la cantidad de inconvenientes que supone”.

Finalmente, agradecen la labor y la implicación del jefe de obra, “quien ha improvisado y acelerado los trabajos a contrarreloj para minimizar el impacto de la situación y ha conseguido terminar prácticamente el 70% de la obra y ha puesto todo de su parte para proporcionar un entorno seguro tanto para el profesorado como para el alumnado del centro”.

Desde Ustea exigen la ampliación inmediata del personal de limpieza para garantizar un entorno seguro y saludable, además de una mejora sustancial de la coordinación y planificación entre Ayuntamiento y Delegación para evitar estas situaciones en futuros proyectos.

Un total de 187 docentes menos, ratios superadas en seis colegios, reducción de unidades en la capital de Córdoba y dos colegios menos. Este ha sido el mapa que ha dibujado el sindicato Ustea a través de una nota de prensa en la que ha denunciado “el caos al que se enfrente el alumnado y profesorado cordobés” en la vuelta al cole por “la mala gestión y la falta de planificación por parte de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba”. Según Ustea, se prevé que la incorporación de los 187 docentes se produzca el lunes 16 de septiembre.

En primer lugar, el curso en la capital comenzará con dos colegios menos, ambos en el barrio de Las Palmeras: los CEIP Duque de Rivas y Alfonso Churruca. En segundo lugar, Ustea ha cifrado en 21 los docentes que faltan en este nuevo curso escolar. Así, según sus datos, habrá dos profesores menos en cada uno de los siguientes colegios: CEIP Carmen Romero (Aguilar de la Frontera), CEIP Nelson Mandela (La Carlota), CEIP Fernán Pérez de Oliva, CEIP Noreña y CEIP Eduardo Lucena (Córdoba capital), CEIP Juan Alfonso de Baena (Baena), CEIP Maestro Jurado (Hinojosa del Duque) y CEIP Épora (Montoro).

También falta un docente en CEIP Fuente del Moral (Rute), CEIP Al-Ándalus (Córdoba), CEIP Fernández Grilo (Ochavillo del Río), CEIP Ramón Hernández Martínez (Cañete de las Torres) y CEIP Juan Ramón Jiménez (Cañada del Rabadán), por poner algunos ejemplos. Según ha podido conocer Ustea, muchas de estas bajas son del curso pasado, sustituciones de larga duración e incluso vacantes (para todo el curso).

A esta situación se suma “la existencia de clases con ratio ilegal”. La máxima permitida en Primaria es de 25 niños por aula, 30, en Secundaria, y 35, en Bachillerato. Estas ratios pueden verse incrementadas, de manera excepcional, hasta en un 10%, por alumnado que acuda al centro, una vez comenzado el curso 2024/2025, por situaciones imprevistas. Sin embargo, Ustea ha detectado que hay decenas de aulas que superan ya la ratio legal máxima permitida desde 2º de Primaria hasta 2º de Bachillerato. En esta situación se encontrarían en el CEIP Concepción Arenal, CEIP Noreña y CEIP Los Califas, con aulas de 27 alumnos; de 33 menores en 2º ESO en el IES La Soledad (Villafranca de Córdoba); de 32, en 1º ESO en el IES Santos Isasa (Montoro); y llegando a 41 el alumnado que se encuentra, a día de hoy, matriculado en un 2º de bachillerato en el IES Averroes (Córdoba).

Además, en este curso que comienza “son varios los centros que arrancan con menos aulas dada la política de supresión que está llevando a cabo la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía”. Algunas de las supresiones que Ustea ha podido conocer se han producido en el CEIP Épora (Montoro) y CEIP Albolafia, CEIP Miralbaida, CEIP Obispo Osio, CEIP Guillermo Romero Fernández, IES Alhaken II, IES Averroes, IES Maimónides o IES Grupo Cántico, todos ellos en la capital cordobesa.

Una de las consecuencias directas que ha provocado este panorama ha sido “el desplazamiento de centro de cientos de docentes cordobeses, quienes se encuentran más alejados de su destino que en cursos anteriores, no habiendo podido beneficiarse de las comisiones de servicio por conciliación familiar concedidas ya que, la reducción de profesorado, ha sido brutal”. “La bajada de natalidad, tal y como ha declarado el delegado Francisco José Viso, la cual tan solo recae en la escuela pública, no es el problema. Existe una intencionalidad claramente política por denigrar la escuela pública. A modo de ejemplo, el CEIP Albolafia cuenta este curso con tres docentes menos que el curso anterior y un aula mixta de 1º y 2º de Primaria en ratio máxima permitida cuando el global de alumnado del centro es prácticamente el mismo que el curso anterior”, expone el sindicato en la ntoa de prensa.

En la provincia, la situación es crítica “por la falta de recursos humanos para la Educación Especial, ya que los programas financiados con fondos europeos (Transfórmate, PROA+ y las unidades de acompañamiento escolar) han desaparecido de un plumazo y han dejado a cientos de centros huérfanos de docentes de pedagogía terapéutica y audición y lenguajes y profesionales de la orientación”.

Por otro lado, cabe destacar “las pésimas condiciones” en las que va a comenzar el curso la comunidad educativa del CEIP Pablo García Baena, de Córdoba capital, situación que el sindicato relaciona con “la falta de coordinación entre ayuntamiento y Delegación, que casi supone el desplazamiento de todo el centro a otras instalaciones”. “Empiezan el curso en un centro lleno de escombros y al que el profesorado aún no ha podido entrar para conocer ni tan siquiera las aulas. Desde Ustea denunciamos la absoluta falta de previsión ante unas obras que, ya se había advertido, tendrían una duración estimada de cinco meses y empezaron el 8 de julio. Desde entonces, la administración ha tenido el tiempo suficiente para establecer un plan B de cara al comienzo de este curso y que profesorado y alumnado pudieran empezar el curso en condiciones dignas”.

En coordinación con la Plataforma cordobesa de AMPA Niñ@s del Sur, el sindicato también ha constatado “las pésimas condiciones y falta de intervención por parte de la administración responsable para que el alumnado y el profesorado puedan ejercer sus funciones en óptimas condiciones tal y como recoge la ley en cuanto a climatización, sombras en los colegios y adecentamiento de instalaciones”.

Por ello, desde USTEA han exigido a la Delegación Territorial de Educación de Córdoba “que solucione con urgencia este tipo de prácticas descritas y apueste por una educación pública de calidad, aumento de las plantillas y bajada de ratio en todas las etapas educativas”.

Desde el sindicato de enseñanza Ustea han manifestado su “sorpresa y malestar con la actitud de opacidad” del delegado de Educación en Córdoba, José Francisco Viso, ante la posible creación de un Centro Rural Agrupado que afectaría a Pedroche, Torrecampo y El Guijo.

“Una vez más en este curso, información de calado que afecta de manera directa al profesorado y a la planificación educativa de nuestra provincia no es trasladada a las organizaciones sindicales”, denuncian.

Recuerdan que el pasado 10 de junio, tuvo lugar una reunión del delegado de Educación con las organizaciones sindicales que conforman la Junta de Personal Docente no Universitario de Córdoba de la que Ustea forma parte. “Esta reunión fue un momento ideal en el que podría haber dado información sobre esta cuestión ya que, la conversión de tres colegios en uno solo de tipo rural, implica la modificación de la plantilla docente y la desaparición de dos centros educativos públicos”.

Ustea constata que “esta manera de proceder también se está dando en el centro de Pedroche, donde el profesorado se siente ignorado y menospreciado al no estar siendo informado. Esta política de opacidad y hechos consumados se viene aplicando durante todo este curso escolar, como ha ocurrido en Córdoba capital con el cierre de los colegios públicos Alfonso Churruca y Duque de Rivas o la conversión del IES Galileo Galilei en un Centro Integrado de Formación Profesional, perdiendo la educación secundaria obligatoria”.

Para el sindicato “preocupa la deriva que está tomando la planificación educativa en la provincia de Córdoba, como demuestra este caso, basada en movimientos internos que solo maneja el delegado de Educación, haciendo pensar que solo responden a intereses partidistas”.

Por ello, Ustea exige que se cite e informe con urgencia a las organizaciones sindicales sobre la intención de crear un colegio rural agrupado que afectaría a Pedroche, Torrecampo y El Guijo.

El sindicato Ustea Córdoba ha denunciado la “falta de planificación y el caos generado” por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP debido a la eliminación de las enseñanzas de FP a distancia en dos institutos públicos de Córdoba. La centralización de estos programas en un único centro por ciclo formativo para toda Andalucía resultará en la pérdida de puestos de trabajo docentes.

La Consejería ha eliminado tres programas de FP a distancia en Córdoba: Técnico en Gestión Administrativa, Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Esta centralización, que afecta la accesibilidad a la formación para muchos ciudadanos, fue anunciada en la oferta formativa publicada el 14 de junio, sin previo aviso a las organizaciones sindicales.

Durante la Mesa Técnica celebrada el 13 de junio, Ustea solicitó información específica sobre la oferta formativa, sin obtener respuesta que indicara estos recortes. La Directora General de Formación Profesional, Ma Ángeles Rodríguez Peralta, informó sobre el estado de la normativa, mientras que el Director General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada no asistió, pese a que su servicio comunicó estos cambios a los centros educativos.

La eliminación de estos programas en el IES Trassierra y el IES Maimónides obligará al desplazamiento de más de una docena de docentes, muchos de los cuales obtuvieron sus vacantes este curso a través del Concurso General de Traslados. Además, se desconocen las garantías para la continuidad formativa del alumnado afectado.

Ustea critica la falta de transparencia y seriedad en la implementación de la nueva Ley de Formación Profesional, que favorece la escolarización privada en detrimento de la pública. Exigen que la Consejería revierta esta decisión y convoque urgentemente una Mesa Sectorial con la presencia de los directores generales implicados para discutir las repercusiones de esta oferta formativa.

Desde Ustea se espera que se tome en cuenta la voz del profesorado y se asegure la calidad y accesibilidad de la formación profesional en Córdoba.

Este martes 14 de mayo tendrá lugar una huelga general de los docentes andaluces, para protestar por la ruptura de las negociaciones por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, a quien reclaman un aumento de las plantillas docentes y la mejora en las condiciones del profesorado.

El paro ha sido convocado por los sindicatos presentes en la mesa de negociación: ANPE, Ustea y CCOO. Además, se ha convocado una manifestación que comenzará a las 12:00 en los Jardines de la Agricultura de la capital cordobesa.

El responsable de junta docente de CCOO, José Enrique Guerra, ha explicado que la Consejería de Educación rompió las negociaciones el pasado 1 de abril “por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado 2024”, lo que ha catalogado como una “excusa”, ya que “las competencias están cedidas a la Junta”, y ha señalado que “el Estatuto de Autonomía obliga a las instituciones públicas a mantener el servicio público independientemente de los Presupuestos Generales del Estado”.

Guerra ha asegurado que la situación es una “falta de respeto y consideración hacia las necesidades propias del sistema educativo andaluz y hacia el derecho de negociación colectiva”, y ha acusado a la consejera de Educación de “gobernar a golpe de tuit”. En este sentido, ha señalado que “la Consejería ha ido utilizando las redes sociales y los medios de comunicación con la burda intención de desactivar esta huelga”. Y ha acusado a la consejera de Educación de “mentir”, cuando “salió hablando de una oferta de 14.000 plazas, que no son de nueva creación sino plazas de reposición”, además de que la cifra “es discutible”.

Finalmente, Guerra ha exigido “la reapertura de las negociaciones reales”, ya que ha asegurado que, hasta ahora, la negociación ha sido “superficial, sin intención de que suponga un aumento de las plantillas”. Finalmente, ha asegurado que esperan un “seguimiento masivo”, porque los docentes andaluces “están hartos de las trabas burocráticas, de tener excesivos alumnos, de tener que cubrir bajas y de terminar a las doce de la noche de corregir exámenes y preparar las clases”. Y ha asegurado que la Consejería de Educación está intentando contraprogramar la huelga con “servicios mínimos abusivos” y “noticias falsas”.

“Asunto urgentísimo”

El presidente provincial de ANPE en Córdoba, Francisco Luque, ha asegurado que los tres sindicatos “vienen señalando desde hace años la necesidad de aumentar las plantillas docentes de la educación pública en Andalucía”, que es un “asunto urgentísimo”.

Luque ha explicado que “el comienzo de las negociaciones comenzó siendo ilusionante”, pero que la administración ofrecía “mejoras a largo plazo”, por lo que la situación se enquistó hasta la ruptura final por parte de la administración. Y ha anunciado “movilizaciones en todas las provincias”, con las que “exigimos la renovación de las negociaciones y un cambio de actitud de la Consejería que se traduzca en mejoras en las condiciones del profesorado”.

La responsable de organización de Ustea, Sonia León, ha asegurado que la ruptura de las negociaciones “no es un caso aislado”, y que la Consejería lleva años llevando a cabo “políticas que desgastan la educación pública”. León ha explicado que la principal reivindicación de los docentes es el aumento de las plantillas, para “la bajada de ratios en todas las etapas educativas”.

Pero también otras como la mejora a la atención a la diversidad, ya que “hay un déficit brutal de profesionales en esa área”. O la disminución de las trabas burocráticas y la reducción del horario lectivo. Además, ha denunciado “la política de supresiones que está llevando a cabo la Junta de Andalucía con las escuelas públicas, mientras que en la concertada no hace más que aumentar”.

León ha asegurado que son “más de 2.000 aulas las suprimidas desde la llegada al cargo de Moreno Bonilla”, y que estiman que se suprimirán 600 más para el próximo curso. Y ha señalado que esto “ha elevado al máximo las ratios, incluso partiendo de ratios ilegales de cara a la escolarización del año que viene”.

Andalucía Laica y el sindicato Ustea han denunciado “reiterados incumplimientos” de la normativa en las visitas del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, a centros escolares de la provincia. Ambas entidades señalan las visitas ya realizadas en los últimos días a colegios públicos del municipio de Rute y a las anunciadas para próximos días en centros de Benamejí y Lucena.

En un comunicado, Andalucía Laica y Ustea denuncian que los días 10, 11 y 12 de enero, el obispo de Córdoba visitó los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la localidad de Rute - CEIP Ruperto Fernández Tenllado y CEIP Fuente del Moral-, “incumpliendo nuevamente las instrucciones educativas de la Delegación de Córdoba al respecto, para garantizar que dicha visita se realizara respetando los derechos de todo el alumnado, que vio cómo sus horas lectivas de clase quedaban interrumpidas por la visita del obispo”.

Las instrucciones educativas de 9 de noviembre de 2010 de la Delegación de Córdoba establecen que dicha actividad se realizará respetando la planificación y funcionamiento del centro, recuerdan.

Asimismo, indican que en las visitas a los centros públicos, “el obispo sólo podrá asistir a la clase de Religión, a la hora de Religión y exclusivamente con el alumnado que en ese momento imparta la asignatura de Religión. Sin embargo en muchas ocasiones, como en esta que nos ocupa,  no se está haciendo así. Durante la visita que ha realizado a la localidad de Rute, se ha alterado el normal desarrollo de la actividad docente durante el tiempo que duró la visita, pues no se limitó al alumnado con horario conincidente de la asignatura de religión”.

Añaden, sobre ello, que el artículo A 4.2 de las disposiciones generales de la LEA, donde se recogen los principios del sistema educativo andaluz, establece que “la enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica”.

Por ello, desde Ustea y Andalucía Laica exigen al delegado Provincial de Educación, como representante de la administración en la provincia, que “vele por el cumplimiento de la legalidad vigente, por los derechos del alumnado y por el principio de laicidad en la escuela”.

Y exponen que “episodios como los protagonizados por el obispo de Córdoba en estos centros públicos educativos de Rute no pueden volver a repetirse y directivas de los centros, inspección educativa, Ampas y demás instancias debemos velar por el cumplimiento de la normativa, que es, en este caso, manifiestamente clara y precisa”.

Andalucía Laica y Usteda denuncian “la permisividad de la administración educativa ante las continuas y constantes transgresiones de su propia normativa, en concreto, la que establece el protocolo que regula cómo deben desarrollarse las visitas del obispo a los centros educativos”.

En este sentido, recuerdan que la norma “establece de forma taxativa que éstas no pueden alterar el habitual desarrollo de la jornada escolar. ¿Por qué se incumple, entonces, una norma tan meridianamente clara? Muy sencillo, por la desidia en su cumplimiento, la pasividad de unos, la complicidad de otros y el mirar para otro lado de los responsables educativos”, critican. Y advierten que estos hechos no son nuevos -“porque los incumplimientos vienen desde antiguo”, citando la visita del obispo a dos colegios de Pozoblanco hace varios años donde también denunciaron el incumplimiento de la normativa.

Procedimiento para familias y profesorado laico ante estos casos

Sobre cómo proceder por parte de las familias y profesorado laico ante visitas del obispo que vayan contra la normativa, Ustea y Andalucía Laica ofrecen una serie de consejos: si el Consejo Escolar aprueba la visita (es preceptivo su visto bueno), hay que dejar claro las condiciones antes señaladas; si se propone organizarla sin respetar dichas instrucciones, se debe denunciar a la administración educativa, centro, inspección educativa, sindicatos, mm.cc, etc; y observar el desarrollo de la actividad y, en su caso, denunciar las irregularidades: El señor obispo está en un espacio público, algo que ni él ni nadie debe olvidar. 

Por último las organizaciones firmantes hacen constar que “en la página de Facebook de la Parroquia Catalina Mártir de Rute se ha publicado numeroso material gráfico de esta visita, contraviniendo también la privacidad y la imagen de menores de edad y, doblemente grave, en un espacio escolar. El señor obispo no puede olvidar cuando visita un espacio público que está obligado, como los demás, al estricto cumplimiento de los protocolos establecidos”.

Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial han impulsado el inicio de negociaciones con la Consejería para el necesario y urgente aumento de las plantillas docentes. CCOO y Ustea consideran que no es posible la negociación sin movilización, sobre todo, tras conocer las medidas parciales y coyunturales que ha planteado la Consejería en los primeros contactos, mantenidos en la reunión de la Mesa celebrada el 15 de noviembre, “que no solucionarán los problemas estructurales de plantilla que tiene Andalucía”, aseguran a través de un comunicado conjunto.

Por eso, ambos sindicatos se han concentrado este miércoles en todas las delegaciones provinciales de Educación como arranque de una campaña de movilizaciones que haga partícipe al profesorado, la comunidad educativa y a la ciudadanía de esta reivindicación.

CCOO y Ustea entienden que la Educación Pública andaluza necesita imperiosamente un aumento muy significativo de sus plantillas docentes. “La realidad de los últimos años ha demostrado que es cada vez más urgente un cambio de modelo educativo que se adapte a las necesidades del profesorado y, sobre todo, del alumnado. La bajada de ratios en todos los niveles educativos es un auténtico clamor de toda la comunidad educativa, imprescindible para una atención individualizada que responda a la diversidad del alumnado. La atención a la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales (NEAE), desde parámetros de inclusión educativa, sólo será realmente posible con un crecimiento considerable de la plantilla de profesionales de Audición y Lenguaje, Orientación Educativa y Pedagogía Terapéutica, además del establecimiento de ratios adecuadas para este alumnado en las aulas ordinarias y, particularmente, en las aulas específicas”, señalan.

Además, los sindicatos remarcan que el profesorado necesita tiempo de coordinación y para la preparación de sus clases, “por lo que es imprescindible la reducción del horario lectivo abusivo que soportamos en todas las enseñanzas, rebajando además la carga burocrática docente”.

“Ante la intención de la administración de acallar estas justas reivindicaciones con un ligero arreglo meramente cosmético, no se entiende que la respuesta unánime de la totalidad de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial no sea la movilización para amplificar la reivindicación del profesorado. Para lograr un aumento realmente significativo de las plantillas, es imprescindible la participación activa del profesorado, de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto”, agregan.

Por eso, Ustea y CCOO inician una campaña de movilizaciones para lograr el aumento de las plantillas docentes y hacen un llamamiento al profesorado, para que se unan activamente a esta reivindicación. Solo así, podrán alcanzarse acuerdos en las mesas de negociación, dicen.