La patronal agraria Asaja-Córdoba, junto a agricultores cordobeses de otras organizaciones como COAG y UPA, han participado este jueves activamente en la gran manifestación convocada por el Copa-Cogeca en Bruselas, con la asistencia de cerca de 20.000 de agricultores procedentes de 25 países europeos y cuarenta organizaciones agrarias. La protesta ha coincidido con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y con la salida de la presidenta Ursula von der Leyen hacia Brasil para cerrar el acuerdo comercial con Mercosur.

Una delegación de Asaja Córdoba, encabezada por el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, viajó a Bruselas para “hacer oír la voz del campo en un momento decisivo para el futuro de la agricultura europea” tras meses alertando sobre el enfoque erróneo y desconectado de la realidad agraria que está adoptando la Comisión Europea. La propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028–2034 y la reforma de la PAC suponen una “amenaza existencial para el sector agrario europeo”.

Asaja Córdoba alerta de que la propuesta de la Comisión Europea supone dejar en precario a toda la agricultura europea, pues se plantea un recorte del 32 % del presupuesto de la PAC. Además de la desaparición de la estructura de dos pilares (ayudas directas y desarrollo rural) y la integración de la política agraria en un fondo único, compartido con otras políticas, lo que romperá el carácter común de la PAC y abrirá la puerta a desigualdades entre Estados miembros en función de su capacidad financiera.

Las organizaciones del Copa-Cogeca ya habían advertido que la CE ha traspasado todas las líneas rojas que comprometen la seguridad alimentaria de Europa, entre ellas:

Asaja-Córdoba recuerda que estas propuestas “ponen en riesgo los ingresos de los agricultores, la cohesión territorial, la capacidad de modernización, la competitividad del sector, así como la soberanía alimentaria europea y la capacidad para proporcionar alimentos a todos los ciudadanos de la UE a precios asequibles”.

Rechazo al acuerdo con Mercosur

En la manifestación se ha denunciado también la política comercial injusta que la Comisión Europea está impulsando y que culmina con el acuerdo con Mercosur.

Este tratado “permitirá la entrada masiva de productos agroalimentarios que no cumplen los estándares europeos, generando competencia desleal y poniendo en situación crítica a sectores sensibles como el arroz, el vacuno y los cítricos”.

La tercera gran reivindicación de Asaja-Córdoba en Bruselas es la necesidad de una auténtica simplificación normativa en la UE. El sector vive asfixiado por un volumen creciente de requisitos, controles y nuevas obligaciones que dificultan la gestión diaria de las explotaciones.

“La Comisión Europea sigue hablando de apoyo al sector agrario mientras multiplica normas, cargas burocráticas y requisitos imposibles, alejados del día a día del campo”, denuncia la organización.

“Es el momento de decir alto y claro que sin una PAC fuerte, común y bien financiada no habrá seguridad alimentaria para Europa. Y no habrá futuro para nuestras explotaciones”, afirma la organización.

A partir del 1 de diciembre de 2025, los sopladores de vidrio, los alfareros, los cuchilleros, los joyeros y otros artesanos europeos podrán registrar los nombres de sus productos bajo un nuevo sistema de indicaciones geográficas (IG) de la UE. Por primera vez, esta protección —que hasta ahora se usaba solo para alimentos y bebidas— incluirá productos artesanales e industriales, completando así el mercado único de las IG. El sector de la joyería de Córdoba ha mostrado desde hace tiempo su interés por optar a conseguir este sello distintivo.

El nuevo sistema protegerá productos emblemáticos como el cristal de Bohemia, la porcelana de Limoges, los artículos de cuchillería de Solingen y el tweed Donegal, cuya fama y calidad provienen de su lugar de origen. De esta forma se protegerán las técnicas tradicionales, se fomentará el empleo local y se ayudará a los consumidores a reconocer productos de gran calidad y genuinamente europeos. Al convertir el patrimonio en una oportunidad, el sistema fortalecerá las economías regionales, protegerá la identidad cultural europea y luchará contra la falsificación, tanto en línea como fuera de línea, dentro de la Unión Europea y en todo el mundo.

Los productores pueden solicitar la protección bien mediante una asociación reconocida, o bien de forma individual, en caso de que sean el único productor de un producto determinado.  Las solicitudes deben incluir un «pliego de condiciones», en el que se detalle el nombre, los procesos de producción y la región geográfica de origen y deben presentarse ante la autoridad nacional competente.

El proceso de registro consta de dos fases. La fase nacional: primero, la autoridad competente revisa la solicitud y lleva a cabo un procedimiento nacional de oposición; la fase de la Unión: una vez completada la primera fase, la solicitud se remite a la EUIPO, que administra el procedimiento de oposición a nivel europeo y determina la protección y el registro del nombre de la IG de productos artesanales e industriales.

Dinamarca, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y Suecia han obtenido una excepción para la fase nacional por lo que los productores podrán solicitar el registro directamente a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que gestiona todo el procedimiento.

La Comisión Europea mantiene la facultad para intervenir en casos específicos en los que la protección y el registro puedan afectar a la política pública o a las relaciones comerciales y exteriores de la Unión.

En el CIGI Hub, gestionado por la EUIPO, se ofrecen indicaciones adicionales, plantillas y la lista de los puntos de contacto. En el mismo sitio también se puede consultar información sobre el apoyo financiero y técnico.

Contexto

Las indicaciones geográficas son derechos de propiedad intelectual que vinculan las cualidades, la reputación o las características de un producto a su lugar de origen.

El Reglamento (UE) 2023/2411 introduce la protección de las indicaciones geográficas a nivel de la Unión para productos artesanales e industriales. Se sustenta en más de 30 años de éxito del sistema de IG para productos agrícolas, que protege más de 3 600 denominaciones y genera cerca de 75 000 millones de euros en ventas anuales, lo que representa casi el 15 % de las exportaciones europeas de alimentos y bebidas.

El Reglamento, adoptado el 18 de octubre de 2023, establece un título europeo unificado para estas IG, que permite a los productores proteger sus nombres frente a usos indebidos y garantizar su protección a nivel internacional. Las IG nacionales de productos artesanales e industriales vigentes dejarán de estar en vigor un año después de la entrada en aplicación del nuevo Reglamento, en diciembre de 2026.

El sistema de IG para productos artesanales e industriales está gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) bajo la supervisión la Comisión Europea. que conserva la facultad para intervenir en casos específicos en los que la protección y el registro puedan afectar a la política pública o a las relaciones comerciales y exteriores de la Unión.

El compromiso de la Diputación de Córdoba con la divulgación de asuntos comunitarios le ha merecido el reconocimiento de la Unión Europea, que ha declarado a la institución provincial, a través de la Oficina Europe Direct, como 'Embajadora de la Ciudadanía Europea', lo que desde el 11 de julio aparece recogido en la web del Ejecutivo comunitario. Una distinción que, a nivel nacional, ostentan cuatro entidades, de las que dos son administraciones públicas, la Diputación y el Gobierno de Canarias.

“Pocos podrían pensar en los avances logrados en los 75 años transcurridos desde la Declaración de Schuman del 9 de mayo de 1950, en la que se llamaba a la unidad de los países europeos. Ha sido necesaria la firma de varios acuerdos y tratados hasta llegar al de Lisboa de 2009 para alcanzar la creación de facto de la mayor unidad transnacional, no sólo económica como se vio en sus inicios, sino también social y política. Los avances en los instrumentos democráticos europeos han sido, sin duda, uno de los mayores logros. Y, entre ellos, cabe destacar la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), recogida en el artículo 11 del Tratado de Lisboa y con el que se da la posibilidad de la participación de la ciudadanía en la creación de la legislación comunitaria”, ha explicado la Diputación en una nota.

“Estamos hablando --continúa la institución provincial-- de un importante instrumento de democracia participativa que permite que aquellas propuestas que nazcan de la inquietud de la ciudadanía y reúnan al menos un millón de apoyos de personas de al menos siete países, puedan ser estudiadas por la Comisión para su tramitación legislativa”, ha explicado Sara Alguacil, delegada de Juventud de la Diputación de Córdoba, Área a la que se adscribe la Oficina Europe Direct. Desde la incorporación de este derecho en la llamada Constitución Europea, se han atendido diez peticiones, entre las que se encuentran la protección de las abejas para garantizar un futuro agrícola, la consideración del agua como un bien público y la petición sobre la utilización de pesticidas como el glifosato.

Sobre la ICE, Alguacil ha afirmado que “la Unión Europea dio un paso de gigante al incluir esta posibilidad, que estaba reconocida en las constituciones nacionales, pero no a nivel comunitario”. Sin embargo, ha añadido, “también es cierto que existe un gran desconocimiento sobre este mecanismo y su transcendencia, de ahí el compromiso de la Diputación a través de la oficina Europe Direct en la sensibilización a la población sobre este mecanismo de participación”, cuya utilización se hizo más accesible a partir de 2020, cuando se aprobó el Reglamento 788 que la regula.

La responsable de la Oficina Europe Direct ha recordado que “hasta el momento, han sido once los proyectos que, nacidos de la iniciativa popular, han llegado al corpus legislativo continental con propuestas muy importantes”. Las entidades incluidas como embajadoras de la Iniciativa Ciudadana Europea “contribuimos a su difusión, fomentando el debate y capacitando a los ciudadanos para actuar en las causas que les preocupan”, ha aclarado Alguacil.

Entre las funciones que se les atribuyen se encuentran “difundir contenidos de las ICE en nuestros canales de comunicación, acercar a los ciudadanos los mensajes de la ICE, apoyo en la identificación y captación de líderes de opinión o apoyo al diseño en el diseño y promoción de eventos”, ha detallado la delegada. Precisamente, una de las campañas de difusión creada por la Diputación de Córdoba ha sido seleccionada por la Unión Europea como una buena práctica. “Estamos muy satisfechos con este reconocimiento europeo a nuestro trabajo de difusión, una línea que queremos seguir impulsando, puesto que es necesaria la implicación de las administraciones en la construcción de la identidad europea”, ha concluido Alguacil.

El reciente acuerdo comercial firmado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense Donald Trump ha encendido todas las alarmas en la provincia de Córdoba. La imposición de un arancel del 15 % sobre productos agroalimentarios e industriales amenaza con poner en jaque a uno de los mercados exteriores más dinámicos para la economía cordobesa: Estados Unidos.

Según los últimos datos consolidados por Extenda y la Cámara de Comercio de Córdoba, en 2024 la provincia alcanzó un récord histórico de 313,3 millones de euros en exportaciones al mercado estadounidense, lo que representó un aumento del 35 % respecto al ejercicio anterior y consolidó a EE. UU. como el tercer destino no europeo de las ventas cordobesas, solo por detrás de Marruecos y China.

Sin embargo, la aplicación inmediata de los nuevos aranceles —centrados en productos agroalimentarios, metálicos y componentes eléctricos— podría provocar un efecto dominó similar al vivido en 2019, cuando la administración Trump anterior impuso cargas impositivas del 25 % a productos españoles como el aceite de oliva, quesos, vino o aceitunas.

En aquella ocasión, las exportaciones de aceite cordobés a Estados Unidos —uno de los principales motores del comercio provincial— cayeron en más de un 40 % en apenas un año. Basándose en esa experiencia, los analistas consultados por este medio estiman que la provincia podría perder entre 60 y 65 millones de euros anuales en exportaciones, lo que representa aproximadamente una quinta parte del volumen actual con ese país.

“La elasticidad del mercado estadounidense es muy alta. Ante un encarecimiento del 15 %, muchos compradores optan por productos de otros orígenes como Túnez, Turquía o incluso California, que ya compite con fuerza en el mercado del aceite”, explica un técnico de comercio exterior del sector oleícola.

El aceite, epicentro de la preocupación

El aceite de oliva virgen extra representa el grueso de las ventas cordobesas a Estados Unidos, con más de 197 millones de euros exportados en 2024, según datos del Observatorio de Precios de Andalucía. A eso se suman componentes eléctricos, maquinaria agrícola, cobre refinado y productos cerámicos.

El sector industrial también teme que los aranceles se extiendan a bienes transformados como componentes eléctricos y bienes de equipo, donde Córdoba exporta cada año más de 40 millones de euros, especialmente desde el eje de Lucena‑Cabra‑Puente Genil.

La provincia ha vivido en los últimos cinco años un impulso exportador sostenido, con cifras récord: en 2024 superó por primera vez los 3.300 millones de euros en exportaciones totales, y Estados Unidos se consolidó como mercado de alto valor añadido.

Ahora, el giro proteccionista adoptado por Washington pone a prueba la resiliencia del modelo exportador provincial, que podría verse obligado a reinventarse.

El sector del aceite, a la espera

Organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA se han mostrado entre prudentes y tranquilas ante el anuncio del acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y EEUU para resolver su disputa comercial sobre el aumento de aranceles, con el establecimiento de gravámenes del 15 por ciento para productos europeos, entre ellos el aceite de oliva.

Para el portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, la imposición de este 15 por ciento es “totalmente negativo para nuestros intereses”, si bien es cierto que “hay que esperar a ver realmente cómo se aplican esos aranceles”. Valero ha recordado que España ya tuvo aranceles al aceite de oliva con el anterior gobierno de Trump, pero solo afectó al aceite envasado.

Tal y como ha apuntado Valero a Europa Press, si los aranceles es al aceite de oliva envasado, la incidencia será “mínima”, porque “ya la inmensa mayoría de los exportadores que van a Estados Unidos tienen situadas allí las envasadoras y se lleva a granel, por lo tanto, estaríamos exentos de ese arancel”.

Desde Asaja se ha puesto el acento es que todavía es “muy pronto” y “hay que esperar a ver realmente en qué queda esto, en cómo se aplica ese 15 por ciento”, de ahí que Valero se haya mostrado partidario de “esperar al detalle de la negociación”, aunque sin dejar a un lago que los aranceles el algo “totalmente negativo para los intereses de los olivareros españoles y eropeos”.

Desde UPA han valorado “con prudencia” los aranceles del 15 por ciento a cualquier producto que entre en EEUU. En este punto, el secretario general de UPA en Andalucía, Jesús Cózar, ha apuntado a Europa Press que “no todos los productos se van a ver afectados de la misma manera”. En el caso del aceite de oliva español, Cózar ha manifestado que “entra en las mismas condiciones de igualdad que otros países ya productores, como puede ser Túnez, Marruecos o Turquía”.

Esto, según Cózar, lleva a pensar que “no debe de afectar mucho el mercado de aceite de oliva en EEUU”, aunque “hay otros productos que sí pueden ser más perjudicados, como puede ser la aceituna de mesa, concretamente la aceituna negra, o puede ser el vino o algunos otros productos”.

“Desde la UPA vemos que cada vez que se firma un acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno norteamericano nos perjudica también de manera indirecta, porque hace que se destine más dinero a armamento y a defensa, y a comprar armas norteamericanas, quitándonos dinero, por ejemplo, de la PAC, como ya ha anunciado la Comisión de Agricultura Europea”, ha manifestado Cózar.

Por su parte, el secretario general de Organización de COAG Jaén y responsable de Olivar en la ejecutiva de COAG Andalucía, Francisco Elvira, ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante los nuevos aranceles y su efecto en el aceite de oliva.

“Queremos mandar un mensaje de tranquilidad. En la fecha que estamos, tenemos comercializada gran parte de la producción del año pasado y de los estocajes que teníamos de años anteriores. Con los precios que tenemos en origen, cabe más que de sobra ese arancel que se ha negociado entre la Unión Europea y Estados Unidos”, ha dicho Elvira a Europa Press.

Ha añadido que el mercado de EEUU es “muy exigente y exige aceite de muchísima calidad” y España “es uno de los pocos países que tiene todavía algo de esa producción para poder servirle”. “Con los precios que tenemos en origen, hay más que de sobra para abastecer y asumir esos aranceles”, ha asegurado Elvira.

Por otro lado, al igual que UPA, ha manifestado que hay que preguntar a la sociedad “si realmente es lo que queremos que nuestros políticos negocien con Estados Unidos, cambiar alimentos y seguridad alimentaria por armas” y que esto haya tenido su efecto en un recorte en la propuesta del presupuesto para la PAC (2028-2034).

El eurodiputado de IU y candidato de Sumar a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Manu Pineda, ha defendido este martes desde Córdoba una “PAC social para combatir la despoblación”, frente a la actual Política Agraria Común (PAC), “reformada en el Parlamento Europeo con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos” y que está “triturando” a los agricultores tradicionales.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas junto al coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha señalado que, “frente a una PAC diseñada para los grandes propietarios”, la que se precisa es “una PAC social que ponga en el centro a la agricultura extensiva y familiar, a la que vertebra el territorio, combate la despoblación y garantiza la soberanía alimentaria”.

En concreto, el candidato de Sumar ha propuesto reformar la PAC para “reconocer la figura del agricultor profesional, limitar las ayudas a los grandes propietarios y dar un impulso económico especial a pequeños y medianos propietarios”.

Pineda ha afirmado que “la crisis del campo que se ha vivido este último año tiene como una de sus causas principales la reforma de la PAC, aprobada en noviembre de 2021 con los votos favorables del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox”, es decir, “los mismos que hoy intentan encabezar las protestas son los que aprobaron una reforma de la PAC injusta y están apoyando los tratados de libre comercio que maltratan a nuestros productores”.

El eurodiputado, que ha visitado junto a Pérez en Montalbán (Córdoba) a la empresa Ajos Bascón Roldán, ha avisado que las próximas elecciones europeas serán “trascendentales para llevar a Bruselas voces que defiendan a los productores, y no a los especuladores”.

Por su parte, el coordinador de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha destacado la “excelente defensa” hecha por Pineda durante esta legislatura europea de los intereses de la provincia de Córdoba. En este sentido, ha recordado que Pineda ha presentado diversas iniciativas relacionadas con la agricultura y la ganadería, especialmente necesarias para una provincia que enfrenta “la mayor pérdida de población en España”.

También ha agradecido el compromiso de Pineda “con los pequeños y medianos productores, abogando por una PAC más justa, que contribuya a la industrialización de la provincia”, a la vez que alabado la apuesta de Pineda por la defensa de los derechos humanos y su denuncia pública de “las políticas genocidas del Gobierno de Israel contra el pueblo palestino”.

Por último, Pérez ha hecho hincapié en la necesidad de “fortalecer la izquierda ante el avance de la ultraderecha”, pues es precisa “una izquierda fuerte que defienda los intereses de los pequeños productores, de la gente normal y corriente, de la clase trabajadora y que, sobre todo, también defienda los derechos humanos”, por lo que ha dado el “pleno apoyo de IU Córdoba a Pineda y a la candidatura de Sumar” para las próximas elecciones europeas.

Media tonelada de naranjas gratis, directas a las manos de los consumidores. En el campo cordobés, se paga el kilo a 24 céntimos, cuando los costes para producirlo suponen 30 céntimos. Y por ello, con esta acción han protestado este miércoles en Córdoba las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias para reclamar a Europa, el Gobierno central y la Junta de Andalucía medidas que permitan la supervivencia del campo.

“El gran problema es la falta de rentabilidad del campo y ahí se resume todo lo demás”, sintetizaba el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, Rafael Sánchez de Puerta. Como él, los representantes de las tres organizaciones convocantes, han desgranado la situación que viven agricultores y ganaderos, señalando las medidas que reclaman a las administraciones europea, estatal y autonómica.

Las organizaciones ven “insuficiente” la propuesta del Ministerio de Agricultura para abordar la situación del campo. “No resuelve los problemas, pone parches y algunos los retrasa a futuro”, en palabras del presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa. Desde COAG, Carmen Quintero también considera “insuficiente” el plan propuesto desde el Gobierno, con acciones “imprecisas” que “no solucionan en absoluto la problemática del sector”.

“Esta situación tan difícil nos viene de Europa y nos machacan desde el Ministerio”, han indicado desde Asaja, mientras COAG también ha apuntado a la Junta de Andalucía a la hora de tomar medidas para paliar las consecuencias que sufren los agricultores y ganaderos por la sequía. “Hay que mirar a todas las administraciones, también a la Junta para que tome medidas y el presupuesto llegue a los agricultores y ganaderos”. Y han apuntado la falta de rentabilidad del campo como obstáculo principal para asegurar el relevo generacional.

La reforma de la Política Agraria Común (PAC) de la UE ha sumado también las críticas de las organizaciones agrarias, señalando que es “nociva y empeora la situación” del sector, en palabras de Quintero. “por primera vez, Andalucía ha perdido de manera sustancial con la PAC este año”, ha asegurado Sánchez de Puerta.

Los organizadores de la protesta han hablado también del cambio climático como “un factor de pérdida de competitividad” del campo y han preguntado “dónde están las medidas para paliar las consecuencias de la sequía y la subida de temperaturas” en provincias como Córdoba. “Hay que crear nuevas estructuras para aumentar los regadíos”, piden Cooperativas Agro-Alimentarias. “Hacen falta obras hidráulicas, porque el agua es vida y sin regadío en la provincia de Córdoba estamos abocados a desaparecer”. Mientras, Asaja ha apuntado que la “presión medioambiental” hace que “no nos dejen practicar la agricultura tradicional”, quejándose de “más trabas y más costes”.

Igualmente, han reclamado más inspecciones a los productos que llegan de terceros países fuera de la UE. “Está en juego la salud del consumidor, porque llevan sustancias prohibidas aquí desde hace veinte años”, asegura Quintero. “Exigimos las mismas condiciones, para que esos países no hagan competencia desleal”.

CCOO por el Salario Mínimo Interprofesional en el campo

Junto al reparto de naranjas que han llevado a cabo las organizaciones agrarias como protesta, el sindicato CCOO también ha llevado su voz, con una manifestación en la que han pedido a la patronal “condiciones dignas de trabajo en el campo”.

En ese sentido, han reclamado que se actualicen las tablas salariales del sector conforme al Salario Mínimo Interprofesional, denunciando que no está así reflejado aún para los trabajadores del campo.

Además, se está en plena negociación del convenio colectivo del campo, donde han reclamado sus legitimidad para reivindicar mejoras salariales para los 70.000 trabajadores que tiene el sector en la provincia de Córdoba.

Izquierda Unida (IU) llevará al Parlamento Europeo el problema de la contaminación del agua en el norte de la provincia, que provoca que haya 80.000 vecinos que no tienen agua potable en el grifo desde hace más de diez meses.

Una delegación conformada por cargos públicos de IU en la provincia viajarán a Bruselas el próximo 6 de marzo y expondrán la realidad que vive el norte de Córdoba ante el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea. La delegación cordobesa estará formada por la portavoz de IU en la Diputación Provincial de Córdoba, Irene Ruiz, y por concejales de este partido en pueblos del norte como Hinojosa del Duque, Añora, Cardeña, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Pozoblanco.

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha explicado que explicarán en Bruselas “el problema de contaminación, de vertidos contaminantes que llegan a La Colada y que hacen que el agua sea catalogada como potencialmente tóxica”, de manera que los vecinos llevan más de diez meses sin poder beber agua del grifo y surtiéndose a través de garrafas y camiones cisterna. “Desde IU fuimos los primeros en denunciar esta contaminación y hoy estamos viendo cómo aún no hay ninguna acción para pararla”, ha denunciado.

Los cargos públicos de IU en Córdoba serán recibidos por el grupo parlamentario de la Izquierda Europea, antes de entablar un encuentro con el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea y funcionarios del Parlamento, “para trasladarles la realidad de lo que se está permitiendo en esta tierra. Una tierra que se está viendo afectada por unos vertidos contaminantes, por unas aguas que son contaminantes, donde la ciudadanía se asea y hace sus quehaceres diarios con ese agua, que ya veremos qué consecuencias tiene”.

Para Sebastián Pérez, “el Gobierno de la Junta y la Diputación niegan la realidad, son unos auténticos negacionistas de la contaminación, que está haciendo que 80.000 personas no tengan agua potable”. Por eso, ha advertido, tras la reunión en Bruselas, “si el Gobierno andaluz y la Diputación se han negado a actuar frente a la contaminación, vamos a obligarles a través de la Comisión Europea -que tiene directamente competencias en materia de aguas y medio ambiente-, a que actúen frente a la contaminación”.

Asimismo, desde IU anuncian una batería de preguntas parlamentarias e iniciativas una vez tengan el encuentro y las resoluciones de Bruselas sobre este asunto, dirigida desde el grupo de la Izquierda Europea hacia la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.

“La única solución para tener agua potable es parar la contaminación y hacer las inversiones necesarias. Hay que detectar y evitar la contaminación, hay que instalar una potabilizadora de última generación; y hay que ver las depuradoras porque las peores de la provincia están en Pozoblanco y Peñarroya, y habría que ver si es necesaria nueva depuradora en la entrada de La Colada, porque es notorio que la contaminación viene por el arroyo Guadamatilla”, ha propuesto IU.

El Ayuntamiento de Córdoba ha renunciado a un total de 15,6 millones de fondos europeos para diversos proyectos en la ciudad, después de que le fueran concedidas subvenciones por dicho importe pero los proyectos no se vayan a ejecutar.

Los grupos de la oposición han ido dado cuenta de la pérdida de estos fondos, que provienen de los programas Next Generation y Feder, a los que el gobierno municipal del PP ha presentado distintos proyectos, parte de los cuales no se ejecutarán y, por tanto, renuncia a dichas subvenciones. Se trata de proyectos y fondos concedidos tanto en el actual mandato municipal como en el anterior.

En ese listado de renuncias en el mandato actual se encuentra una primera subvención por una cuantía de 11millones de euros a cargo de los fondos Next Generation con los que se iba a renovar parte de la flota de Aucorsa, además de comprar siete baldeadoras eléctricas y cinco barredoras de aspiración eléctricas.

Asimismo, tampoco se recibirán 700.000 euros de los Next Generation para un proyecto de rehabilitación en el circuito del Parque Cruz Conde, ni los 476.634 euros de este mismo programa, concedidos para un proyecto de accesibilidad visual.

A ello hay que sumar los 119.000 euros a los que se renuncia por no ejecutar el proyecto presentado a los fondos Feder para hacer de Córdoba un 'Destino Inteligente'.

Mientras, en el mandato anterior ocurrió lo mismo con otros dos proyectos que consiguieron subvención de la Unión Europea (UE) pero que no se ejecutaron y, por ello, el Ayuntamiento renunció al dinero concedido. Los fondos Next Generation destinaban 3 millones de euros a un proyecto para fomentar la actividad comercial en las zonas turísticas y, por otro lado, otros 300.000 euros a la elaboración de la Agenda Urbana.

Todos estos proyectos suman, concretamente, 15.595.634 euros, cantidad concedida al Consistorio cordobés para desarrollarlos pero a los que se ha renunciado por no ejecutarlos.

Proyectos que no se ejecutan pero el dinero va a otras iniciativas

En otro apartado se encuentran los proyectos que no se van a ejecutar pero cuya subvención no se ha perdido porque se puede destinar a otras iniciativas. La última, en este caso, es la de convertir el antiguo camping municipal en un centro cicloturista o establecer un nuevo sistema de alquiler de bicicletas en Córdoba, dentro de un paquete de proyectos de turismo sostenible que contaba con una subvención concedida de 2,9 millones de euros de fondos Next Generation.

En esta situación también están los proyectos de creación de una manzana verde en la margen derecha del Guadalquivir, la puesta en valor de la margen izquierda del río, la creación de un camino ciclista entre Medina Azahara y Cerro Muriano o la promoción de senderos en la Sierra.

El gobierno municipal ha renunciado a llevar a cabo esos proyectos, si bien en este caso los ha sustituido para mantener la ayuda europea por otras iniciativas como una campaña de prevención de incendios, la compra de papeleras de reciclaje y baldeadoras eléctricas.

Los grupos del PSOE y de Hacemos Córdoba han sido muy críticos con esta gestión del gobierno municipal sobre los fondos europeos, apuntando a la pérdida de los mismos y también a la falta de proyectos para recabar más ayudas en las distintas convocatorias abiertas.

Este periódico ha requerido información al respecto al gobierno municipal, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.

Córdoba es la tercera gran ciudad de España con más polución en el aire que respiran sus habitantes. Así lo establece un informe elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, sobre la contaminación en un total de 375 ciudades del continente.

El estudio establece los niveles de partículas contaminantes en suspensión en el aire -en ug/m3- y, respecto a 33 ciuades de España analizadas, Córdoba ocupa el tercer puesto. En el ranking del total de municipios europeos analizados, la capital cordobesa se sitúa como la 271 con peor polución de las 375 registradas.

En concreto, los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente consultados por este periódico indican que en Córdoba se registran 13,6 ug/m3 de contaminación en el aire, un nivel alto entre los considerados “moderado” en este listado.

La ciudad con peor polución de España es Castellón -con 15,3-, mientras que Granada ocupa el segundo puesto con 14,1. Tras Córdoba en el tercer puesto, ocupa el cuarto lugar A Coruña -con 13,4- y cierra el top five la ciudad de Alicante, con 13,2.

El listado de las 33 ciudades españolas donde se ha analizado su polución lo cierra Santiago de Compostela, con apenas 7,5 ug/m3, dentro del nivel “bajo” considerado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Este organismo sostiene que las políticas para reducir la contaminación del aire han mejorar la calidad del aire en Europa durante las últimas tres décadas. “Sin embargo, en algunas ciudades europeas la contaminación del aire todavía supone riesgos para la salud”.

Recuerda que “la contaminación atmosférica perjudica la salud humana y el medio ambiente”. Y afirma que las concentraciones de contaminantes atmosféricos siguen siendo muy elevadas y persisten problemas de calidad del aire en distintas ciudades y zonas. “Buena parte de la población europea vive en zonas -especialmente urbanas-, donde se rebasan los niveles de calidad del aire: la contaminación por ozono, dióxido de nitrógeno y partículas (PM) comporta graves riesgos para la salud”.

Decenas de agentes de Policía Nacional han custodiado el entorno de la Mezquita Catedral de Córdoba ante la concentración de centenares de ganaderos y agricultores, que desde toda España, se han concentrado en una protesta este martes en la plaza del Triunfo. El campo y la ganadería han estallado para mostrar sus quejas ante las políticas que se están tomando para el sector desde la Unión Europea.

Autobuses desde todos los puntos de la geografía española se han desplazado hasta la capital cordobesa para aprovechar la cumbre de ministros de Agricultura de la UE que se está llevando a cabo en la ciudad. Desde Burgos, Murcia, Granada o Sevilla se han movilizado en Córdoba para pedir soluciones ante la extrema sequía que arrasa con el sector, y ante la subida incontrolable de precios.

Los carteles en los que se podían leer frases como “Más recursos a la Ley de mejora de la cadena alimentaria. Precios justos para el agricultor” o “Más control aduanero con países terceros. Juguemos con las mismas cartas”, se han alzado acompañados de gritos, con el objetivo de ser escuchados por los ministros europeos. Gritos como el de “con el campo no se juega” han inundado el entorno de la Plaza, acompañados de abucheos. Hasta se han dividido en dos para hacer “una competición” y alzar cada vez más sus voces, guiados por el megáfono de uno de los agricultores.

Hombres, mujeres, jóvenes, y algún que otro menor -que acompañaba a sus padres- se han dejado ver en la manifestación. Un reflejo de las familias que dependen, no solo en Andalucía, si no en toda España del campo. Algunos llevan toda su vida trabajado la tierra o con animales, otros apenas llevan unos años, pero el futuro del sector en estas condiciones, según han contado algunos de ellos a este medio, peligra. “Mi hijo no quiere saber nada del campo”, ha manifestado Rafael, que ha venido acompañado del mismo desde Posadas.

Entre los gritos y abucheos los representantes de las asociaciones que han convocado la movilización (Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias) han intentado pronunciar unas palabras a los medios. El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha expresado la necesidad de “unas políticas totalmente lícitas”. Además, se ha dirigido exclusivamente al ministro español, Luis Planas para pedir “estructuras en materia de agua en todo el territorio nacional”. Barato lo ha dejado claro, “no queremos más leyes, queremos que se cumplan las que tenemos”.

Un tractor ha puesto el ruido y el humo, mientras que algunos de los asistentes se han subido en bacas de paja bajo la mirada de policías que han controlado la zona. El director general de COAG en Andalucía ha señalado que el mismo ministro “ha dejado fuera al olivar, el sector más importante de Andalucía” y en las ayudas para la sequía. Además, ha denunciado que por los escasos controles alimentarios a los productos que llegan de otros países y que utilizan productos prohibidos a los agricultores europeos, se producen “más de 300 alertas sanitarias todos los años López ha manifestado de manera contundente que ”lo que tenemos en juego es la alimentación“.

Las banderas de las distintas asociaciones han ondeado también, para dejar claro de dónde vienen. A pesar de la concentración frente a los ministros europeos, Miguel Padilla Campoy, secretario general de COAG a nivel nacional ha indicado que “no estamos en contra de Europa, estamos en contra de las políticas que se hacen en Europa con respecto a la actividad agraria”. Y es que entre las denuncias de los trabajadores del sector, se encuentra la “asfixia” por las normativas que se les impone. Una protesta, que según ha indicado Barato, al menos desde Asaja será el comienzo de otras muchas y esperan conseguir “juntos” todo “lo que el campo necesita”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha defendido este martes “mejorar la respuesta” ante la sequía que los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) “están apreciando estos días” con la Reunión Informal de Ministros (RIM) en Córdoba, siendo un tema que “se va a discutir” en el plenario europeo que se desarrolla en la mañana de esta jornada en la capital cordobesa.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio del mismo, Planas ha remarcado que ante la sequía “no hay una varita mágica, pero sí que tenemos instrumentos para responder a ello”, a lo que ha agregado que “cuando hablamos de cambio climático, de altas temperaturas, de falta de agua, de cómo respondemos ante ello, estamos hablando de la sequía”, entre otros aspectos.

“Por eso es tan importante esta reunión, que tenga lugar en Córdoba en este momento, porque lo que estamos hablando no sólo es del tema de escribirlo, mencionarlo y que hace falta agua”, ha señalado el ministro, quien ha cuestionado si “la aprovechamos mejor, utilizamos fuentes alternativas como las aguas recicladas o regeneradas o utilizamos la desalación”. “¿Cómo respondemos ante todo esto?”, ha preguntado.

En este sentido, ha manifestado que “la sequía constituye uno de los elementos fundamentales de esta reunión y de este debate”, puesto que “es una característica de esta franja geográfica de la Unión Europea y del norte de África”. “Estamos en una de las zonas de mayor riesgo desde el punto de vista del cambio climático”, ha apostillado.

Seguridad alimentaria y cambio climático

Por otra parte, Planas ha comentado que en la reunión se aborda “la seguridad alimentaria”, precisando que “estamos en un momento en el cual hay unas necesidades crecientes de producción alimentaria en el mundo”, de ahí que apunte a “la provisión de alimentos en cantidad y en calidad suficientes”.

También, ha mencionado “el cambio climático”, en el sentido de “cómo conseguir resistir al incremento de temperaturas”, con “extremos que son cada vez más recurrentes”. Como ejemplo, “por desgracia”, ha lamentado “mucho” los fallecimientos que se han producido en las últimas horas en Toledo con motivo de la DANA y ha resaltado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Protección Civil, “que han permitido minorizar en las últimas 72 horas esta DANA sufrida en la Península”.

Por tanto, ha defendido “limitar el crecimiento de las temperaturas”, con el objetivo del Acuerdo de París, que “continúa siendo más actual que nunca en este momento de emergencia climática”, pero “además de ello tenemos que adaptarnos, conseguir responder también bajo el ángulo de la producción alimentaria a estos nuevos retos”, ha indicado el titular de Agricultura español en funciones.

Tras elogiar las visitas de este lunes, como en la Finca Experimental de Rabanales y en los viñedos de Montilla, Planas ha dicho que se han expuesto aspectos para hacer frente al cambio climático, a la vez que ha apuntado a “la agricultura de precisión, la utilización no sólo del agua, sino de productos fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos de una forma más controlada, más dosificada para la producción alimentaria”.

Nuevas tecnologías y rentabilidad

Además, se ha referido a “las nuevas tecnologías en el uso del agua, conseguir maximizar y además hacerlo en relación con algunas prácticas, como la agricultura de conservación o las cubiertas vegetales, que son absolutamente necesarias”, al tiempo que ha afirmado que discutirán “las nuevas técnicas de edición genómica (NTG)” ante las que “la actitud de los ministros, de Presidencia y la Comisión, después de la propuesta de reglamento que se efectuó en julio, es que se haga de una forma absolutamente transparente y con absolutas garantías para que esta producción vegetal, tanto de semillas como de plantas, redunde en beneficio de la producción alimentaria”.

Asimismo, Planas ha calificado como “clave” la rentabilidad de las explotaciones, dado que “no cabe la sostenibilidad, si no hay rentabilidad”. “La sostenibilidad competitiva es un elemento clave”, ha enfatizado el ministro español, para remarcar que “hay que incrementar la productividad de la producción agroalimentaria precisamente para que la renta de los agricultores y ganaderos, y en general, el modo de vida del medio rural pueda mantenerse y mejorarse”.

En definitiva, ha resumido que estos son “los tres ángulos bajo los cuales se sitúa la discusión de este martes”, en la que se va a escuchar “a cada una de las delegaciones, a cada uno de los ministros, a la Comisión Europea y al Parlamento”. Así, ve “muy importante poder sacar unas conclusiones”.

Al respecto, ha subrayado que la pregunta que le hace a los ministros en esta reunión es: “¿Qué técnicas de lucha contra el cambio climático y de la producción alimentaria se entienden como más eficaces y preferentes, por tanto, aquellas que deben ser apoyadas por la Unión Europea y el conjunto de los ministros?”.

En concreto, el plenario ha comenzado en torno a las 9,30 horas tras los saludos entre ministros en el Palacio de Congresos de Córdoba, con la presencia del comisario de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski.

En estos primeros días de septiembre, coincidiendo con el encuentro en Córdoba de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, activistas de más de una veintena de organizaciones de distintos puntos del país que trabajan por la soberanía alimentaria se van a movilizar y mostrar sus reivindicaciones. Con un Campamento de formación y activismo del movimiento por la Soberanía Alimentaria, su agenda contempla exigir a los responsables políticos que trabajen por un modelo agroalimentario sostenible

“Queremos hacer saber a los ministros y ministras de Agricultura de la Unión Europea que necesitamos un cambio radical de las políticas públicas para apoyar un modelo de producción de alimentos basado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental, que se guíen en los principios de la agroecología. Necesitamos producciones agroalimentarias que pongan en el centro el cuidado y la calidad de vida de las personas productoras y consumidoras, el medio ambiente, el clima, el bienestar animal y la sociedad en su conjunto”.

Con una concentración para manifestar sus reivindicaciones prevista para este domingo 3 de septiembre ante el lugar de reunión de los ministros de la UE, los activistas también reclaman “más agricultores y agricultoras en Europa, apostando por modelos familiares y sostenibles, con políticas que faciliten el relevo generacional y la incorporación de la juventud en la agricultura, que mantienen vivos nuestros pueblos y conservan nuestros ecosistemas, frente al modelo de ganadería y agricultura industrial, al que se le debe poner fin”.

Las peticiones de los activistas también pasan por que se fomente desde las instituciones por la alimentación sana, sostenible y agroecológica a través de la compra pública y se ponga en el centro de las políticas la defensa de la biodiversidad y del territorio rural, y se priorice a las personas que viven en él, frente a la expansión de la ganadería y la agricultura industriales, la minería, los proyectos fósiles, las malas prácticas en la implantación de las energías renovables y la creación de otros macroproyectos que atentan contra la integridad y la soberanía del territorio.

Y, junto a ello, reclaman que se desarrollen políticas que favorezcan entornos sociales, de producción y consumo inclusivos con perspectiva feminista y respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras agrícolas, además de apostar por ofrecer servicios públicos y de calidad en el medio rural, y, en definitiva, “que se fomenten los entornos alimentarios saludables que mantienen con vida nuestros pueblos y ecosistemas y que se fortalezcan los procesos de deliberación desde una ciudadanía informada y responsable para afrontar los retos que aquí planteamos”.

Las organizaciones SEO/BirdLife y WWF han reclamado a los ministros de Agricultura que asisten al Consejo informal de Agricultura que ha comenzado en Córdoba que tengan “lealtad” con el Pacto Verde Europeo y no den “ni un paso atrás” en el compromiso de alcanzar un sistema agroalimentario verde y justo.

En un comunicado conjunto, piden al Consejo de Agricultura que se celebra en la capital cordobesa en el marco de la Presidencia Española de la UE que se mantenga la hoja de ruta fijada en el Pacto Verde Europea para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, lo que requerirá transforma el actual sistema alimentario europeo para hacerlo “viable” para los productores, los consumidores y la naturaleza.

En concreto, reclaman a los titulares de Agricultura de los Veintisiete que apuesten claramente por sistemas alimentario sostenibles, una agricultura y alimentación sin tóxicos y una Política Agraria Común (PAC) que no ceda en su ambición ambiental.

Además, ante la reunión de Agrifish, SEO/BirdLife y WWF insisten en la importancia de acelerar los compromisos establecidos en el Pacto Verde Europeo para que se ponga en marcha una transición agroecológica justa que no deje a nadie atrás.

En concreto, piden a los mandatarios que agilicen las negociaciones europeas en tres puntos relevantes: el futuro reglamento de plaguicidas, que debe mantener el compromiso de reducción de al menos la mitad de aquí a 2030; una PAC alineada con objetivos ambientales y climáticos ambiciosos, que acompañe a los productores en la transformación de los modelos productivos a otros de alto valor social y ambiental.

En tercer lugar, insisten a los ministros para que aceleren la propuesta de Reglamento de Sistemas Alimentarios Sostenibles que incorpore una visión de conjunto e incluya elementos novedosos como los entornos alimentarios saludables y el papel de la industria y la distribución para ofrecer precios justos y asegurar la legalidad en toda la cadena de suministro.

En definitiva, urgen a los titulares de Agricultura a no ceder a las presiones partidistas y de la agroindustria y mantengan su lealtad al Pacto Verde Europeo. De ese modo, apoyan el movimiento de ONGs por la soberanía alimentaria y la agroecología que durante este fin de semana celebrará diversas actividades en Córdoba, coincidiendo con la reunión informal de los Veintisiete.

La responsable del programa de Alimentos de WWF España, Celsa Peiteado, ha expresado la preocupación por “la deriva” que están tomando las negociaciones de algunos elementos esenciales de la estrategia de la Granja a la Mesa, como el futuro Reglamento sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles o la actualización de la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas.

“No nos podemos permitir que las instituciones europeas, desde la inercia y un enfoque cortoplacista, hagan suyo el discurso abanderado desde algunas esferas políticas y económicas interesadas, que contrapone el cuidado de la salud de las personas y de la naturaleza frente a la seguridad alimentaria”, advierte.

En la misma línea, la responsable de Programas de Conservación de SEO/BirdLife, Ana Carricondo, ha lamentado la gran oportunidad que existía con la nueva PAC para adaptar los sistemas agroalimentarios hacia los objetivos de la UE en materia de medio ambiente, salud o justicia socioeconómica.

Sin embargo, denuncia que se han producido “constantes reducciones” en su ambición ambiental, con excepciones y derogaciones en normas obligatorias como las prácticas de rotación de cultivos y el mantenimiento de barbechos, beneficiosos tanto desde el punto de vista agronómico como de la biodiversidad. “Necesitamos un compromiso ambicioso con estas políticas y es lo que pedimos en este Agrifish”, defiende.

El Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos de Córdoba (SIPLB) ha denunciado en un comunicado lo que considera “falta de información e incompetente previsión” sobre el papel de los agentes de cara a la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) en Córdoba este domingo 3 de septiembre.

En su escrito, el sindicato recuerda que el próximo domingo nuestra ciudad se verá afectada por la reunión de ministros de la Unión Europea, “un hecho de cuya existencia se tiene conocimiento efectivo desde antes del verano por parte del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Cómo es posible que la Policía Local de Córdoba viva en la absoluta desinformación? O ¿lo dejan todo para última hora?”, cuestionan.

En ese sentido, afirman que este sindicato “no puede aceptar que la incopetente previsión en la gestión del evento por parte de la Policía Local se traduzca en cambios de servicios a la desesperada, mediante llamadas telefónicas a muchos agentes desde la unidad de control de presencia a última hora de un viernes y en las cuales se les obliga a aceptar la modificación de su turno de trabajo. Todo ello a tan sólo 48 horas del evento y bajo veladas presiones de carácter disciplinario si no se cumplen con las exigencias”, advierten.

En su comunicado, el Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos de Córdoba manifiesta su “hartazgo ante la continua gestión mediocre, improvisada, torpe y pendenciera a la que está sometida la Policía Local de Córdoba. Los responsables policiales de esta institución se empeñan en hacer visible su incompetencia trasladando continuamente a los agentes la responsabilidad de suplir su falta de capacidad organizativa en la gestión del servicio”.

Y, asimismo, critican al delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, “sin aparecer en la escena pública”. “Lamentablemente y desde hace ya mucho tiempo, la Policía Local de Córdoba ha experimentado una gran involución, generando una completa desafección de los agentes tanto a la propia Institución como a los responsables de la misma”.

Agricultores y ganaderos de todo el territorio nacional se concentrarán el martes, 5 de septiembre, ante los ministros de la Unión Europea que se reunirán ese día en Córdoba, en un acto de protesta contra los continuos ataques que recibe el sector.

La movilización tendrá lugar a las 11:00 en la Puerta del Puente (Plaza del Triunfo), en Córdoba, y está convocada por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias debido a “la situación de indefensión que padecen los agricultores y ganaderos ante las políticas que se están llevado a cabo desde Bruselas”, “junto a la desidia y entrega a ciertos lobbies que actúan contra el mundo rural”.

El campo español “clamará por tener el mismo trato que reciben terceros países”, aseguran en la convocatoria. Consideran fundamental que se “exija a las producciones que vengan de terceros países los mismos requisitos a los que se obliga dentro de la UE”, igualdad de condiciones laborales, de uso de productos fitosanitarios y controles rigurosos en las fronteras.  

Asimismo, las organizaciones agrarias destacan que, en estos momentos, “existe una situación ruinosa” para todos los sectores productivos del país debido a los altos costes de los inputs necesarios para producir, la falta de mano de obra, mayores requisitos laborales, la falta de reciprocidad con las importaciones y una ley de la Cadena Alimentaria que, pese a suponer una carga administrativa insoportable al sector, no soluciona los problemas al no contar con recursos suficientes para garantizar unos precios que cubran los costes de producción.

A ello, hay que añadir que, en Bruselas, se aprobó una reforma de la PAC “desenfocada y fuera de la realidad que exige más con menos recursos, que ha incrementado la burocracia de forma brutal, y que exige nuevas obligaciones sin rigor científico que conllevan mayores costes y menores producciones”, exponen.

Los agricultores y ganaderos españoles reclamarán a los ministros de Agricultura de la UE que “consideren a la alimentación como un asunto de máxima prioridad”, cambiando el rumbo de la política agraria para que ésta garantice la soberanía alimentaria europea. Para ello, es fundamental proteger al tejido productivo, es decir, a los agricultores y ganaderos europeos, de forma que éstos puedan cumplir con su principal función: la seguridad alimentaria tanto en cantidad como en calidad para el conjunto de los ciudadanos españoles y europeos.